DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 240, de 15/03/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 240
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 222
celebrada el jueves, 15 de marzo de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
-Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las
Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia
financiera de determinadas empresas. "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie A, número 85-1, de 12 de mayo de 2006. (Número de expediente
121/000085.) ... (Página 12091)
-Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales. (Número de expediente
121/000087.) ... (Página 12092)
-Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
(Número de expediente 121/000092.) ... (Página 12098)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (Número de
expediente 127/000006.) ... (Página 12110)
-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Número de expediente
121/000060.) ... (Página 12131)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales:
-Canje de Cartas, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2006, entre España
y las Naciones Unidas para la celebración del XVI Seminario de Naciones
Unidas/Federación Astronáutica Internacional (FAI) sobre utilización de
la tecnología espacial para la gestión del agua (Valencia, 29 y 30 de
septiembre de 2006). (Número de expediente 110/000189.) ... (Página 12145)
-Acuerdo entre España y la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en
Madrid el 16 de septiembre de 2003. (Número de expediente 110/000190.)
... (Página 12145)
-Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el
Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el
12 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000192.) ... (Página 12145)
-Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania
relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas
condenadas, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006. (Número de
expediente 110/000193.) ... (Página 12145)
-Convenio de extradición entre el Reino de España y la República Islámica
de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006. (Número de
expediente 110/000194.) ... (Página 12145)
-Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil
entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en
Madrid el 12 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000195.)
... (Página 12145)
-Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de
2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972,
el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 y Declaración que
España va a formular en el momento de su ratificación. (Número de
expediente 110/000197.) ... (Página 12145)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)
... (Página 12145)
Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las
administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia
financiera de determinadas empresas ... (Página 12091)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Grau i Buldú,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Utrera Mora, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y señora Malaret García, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales ... (Página 12093)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias;
Herrera
Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); señor Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Coello Fernández-Trujillo, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
... (Página 12098)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras García Suárez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Oliva i
Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Pigem i
Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Camarero
Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Monteserín
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
La señora Camarero Benítez pide la palabra, por considerar que el señor
Presidente del Gobierno ha reabierto el debate.
El señor Presidente deniega dicha petición, por entender que el señor
presidente del Gobierno se ha limitado a defender el proyecto de ley, sin
reabrir el debate.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 12110)
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón ... (Página 12110)
Interviene la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la
Presidencia y Portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Labordeta
Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del
Grupo Parlamentario de-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà
i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias;
Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página 12131)
Interviene el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).
A favor de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban
Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Astarloa Huarte-Mendicoa,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y
Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones
públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de
determinadas empresas.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de la
red de parques nacionales.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 192 votos a favor y 119 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales ... (Página 12145)
Canje de Cartas, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2006, entre España
y las Naciones Unidas para la celebración del XVI Seminario de Naciones
Unidas/Federación Astronáutica Internacional (FAI) sobre utilización de
la tecnología espacial para la gestión del agua (Valencia, 29 y 30 de
septiembre de 2006) ... (Página 12145)
Acuerdo entre España y la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en
Madrid el 16 de septiembre de 2003 ... (Página 12145)
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino
de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de
septiembre de 2006 ... (Página 12145)
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania
relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas
condenadas, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006 ... (Página 12145)
Convenio de extradición entre el Reino de España y la República Islámica
de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006 ... (Página 12145)
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil
entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en
Madrid el 12 de septiembre de 2006 ... (Página 12145)
Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de
2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972,
el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 y Declaración que
España va a formular en el momento de su ratificación ... (Página 12145)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por
asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)
... (Página 12145)
Se someten a votación las enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón, así como el texto del dictamen.
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 296 votos a favor, uno en contra y 13
abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, así como el texto del dictamen.
-PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, Y DE TRANSPARENCIA
FINANCIERA DE DETERMINADAS EMPRESAS. (Número de expediente 121/000085.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto VIII del orden del día: Proyecto de ley de transparencia de las
relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas
públicas y de transparencia financiera de determinadas empresas.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds?
(Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió)? Señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Como bien sabrán, nuestro grupo parlamentario formuló una enmienda a la
totalidad del proyecto, que retiramos porque el grupo que da apoyo al
Gobierno manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo. Esta manifestación
se transfirió a su tramitación en el Senado, pero muy a nuestro pesar no
ha sucedido. La normativa comunitaria no nos dice qué modelo debe
implementarse en una sede estatal y el modelo que proponía Convergència i
Unió es tan posible como el contenido en el proyecto y mucho más acorde
con las competencias que ostentan las comunidades autónomas. La lectura
del proyecto de ley continúa poniendo de manifiesto que no contempla
correctamente las competencias autonómicas que en materia financiera y de
fiscalización ostentan los órganos competentes de las diferentes
administraciones públicas. Al continuar previendo el texto únicamente la
participación de la intervención general de la Administración del Estado
en el cometido de mantener a disposición de la Comisión Europea la
información prevista, considerando a los órganos autonómicos competentes
como simples transmisores, continúa laminando y dejando sin contenido las
funciones de carácter financiero y de fiscalización de los entes locales
y del sector público, autonómico y local que ostentan los órganos
autonómicos competentes. Por ello, desde nuestra perspectiva, hemos
perdido una oportunidad. Además, debemos votar en contra de la supresión
de la disposición adicional segunda, que previene el respeto de las
competencias compartidas y exclusivas reconocidas en los Estatutos de
Autonomía de acuerdo con la Constitución.
En relación con la enmienda sobre el pago de las deudas aplazadas de
instituciones sanitarias con la Seguridad Social, este aplazamiento se
remonta a una disposición adicional de la Ley 41/1994 de Presupuestos
Generales del Estado para el año 1995, es decir, se remonta a las deudas
que mantenía un conjunto de instituciones sanitarias cuya titularidad
correspondía a instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro y que
a causa de los problemas de financiación que mantenían se les concedió
una moratoria de diez años, posteriormente ampliada año a año por las
siguientes leyes de presupuestos. La nueva disposición adicional
incorporada en el Senado viene justificada por el Grupo Socialista en la
propia enmienda por las dificultades económicas de las instituciones
sanitarias, que ha obligado a algunas de ellas a solicitar de la
Tesorería General de la Seguridad Social aplazamientos de pago. La
disposición permite condonar recargos e intereses, condicionándolo a la
amortización inmediata del principal. Nuestro grupo no comprende cómo, a
través de esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se pretende
forzar la devolución de una deuda a unas instituciones sanitarias
públicas o privadas sin ánimo de lucro en el mismo momento que destaca
que dichas instituciones atraviesan dificultades económicas. Por ello,
vamos a solicitar la votación separada de dicha disposición, ya que
consideramos que lo que realmente corresponde con estas deudas es su
definitiva condonación. El origen de las mismas se remonta a más de
veinte años, corresponde a instituciones sanitarias públicas y privadas
sin ánimo de lucro, mal financiadas ayer y mal financiadas hoy, y a las
que el Estado hace 18 años que les reconoce una moratoria. En
consecuencia, no creemos oportuno incorporar una decisión tan
trascendente para las instituciones afectadas.
Respecto a las votaciones, nuestro voto será positivo a la exposición de
motivos, que alude a la trasposición de la directiva de referencia. En
cuanto a la disposición adicional primera, en la que se incluye la
mención de Navarra y su régimen foral, tendrá nuestro apoyo. Respecto a
la supresión de la disposición adicional segunda, que respetaba las
competencias compartidas y exclusivas de las comunidades autónomas, como
he dicho anteriormente, votaremos en contra. A la disposición adicional
nueva, en la que se establece la posibilidad de solicitar la condonación
de los recargos de mora, apremio e intereses desde enero de 2007, siempre
que antes de tres meses desde la publicación de la ley se amortice el
principal de las deudas a la Seguridad Social por parte de las
instituciones sanitarias, nuestro voto será negativo porque creemos que
necesita otro tratamiento y no el de esta ley. En cuanto a la disposición
adicional nueva, el reembolso de la Seguridad Social al Banco de España
de los créditos concedidos entre los años 1990 y 1991, nuestro voto será
afirmativo. A la
disposición final segunda, relativa al ajuste de referencia de la
directiva que se traspone, también le daremos nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Popular. Señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace seis meses, cuando se debatió una enmienda de totalidad a este
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, tuvimos ocasión de
manifestar cuál era nuestra posición respecto al proyecto de ley en su
conjunto y a los contenidos específicos del mismo. Nosotros decíamos que
la interlocución única ante la Unión Europea, que corresponde al Estado,
debía preservarse en cualquier caso y que, por otro lado, debían
reflejarse de forma manifiesta las responsabilidades en que incurrirían
los gestores de aquellas empresas públicas o privadas que prestan
servicios contratados por las administraciones ante el incumplimiento del
trasvase de información a que quedaban obligados por la misma. Hemos
podido comprobar que después del trámite del Senado la primera cuestión,
la interlocución única, ha quedado perfectamente fijada con la
desaparición de esta disposición adicional segunda, que fue una
componenda que aquí se hizo entre varios grupos parlamentarios,
desaparición que apoyaremos porque solamente crea confusión, al tiempo
que constatamos negativamente que no ha sido incorporado ese régimen
sancionador, o por lo menos la cautela sancionadora, por el
incumplimiento de las obligaciones de información que prevé la ley.
En cuanto a las modificaciones que se han introducido en el Senado, la
principal es la incorporación de la directiva 2006/111, que aún no se
había publicado cuando debatimos este proyecto en el Congreso de los
Diputados. Se incluye también la directiva 2000/52 y la correspondiente
al año 2005 relativa a otras empresas, por lo que todos los cambios,
tanto en el preámbulo como en algunas de las disposiciones, tienen pleno
significado y nosotros lo apoyaremos.
Nos ha sorprendido la inclusión de dos adicionales nuevas, que no tienen
absolutamente nada que ver con el proyecto de ley que estamos tratando y
que ya han sido mencionadas por el portavoz que me ha precedido en el uso
de la palabra. Una se refiere al pago de deudas aplazadas de
instituciones sanitarias a la Seguridad Social. Nosotros hemos indagado
sobre esta cuestión y parece que afecta a un par de ellas. Es un traje
hecho a la medida de casos muy singulares y la solución que se le da nos
parece razonable. La otra disposición adicional nueva que se incluye se
refiere a la amortización de créditos concedidos a la Seguridad Social.
Quizá esta forma de legislar sea poco ortodoxa. Nosotros entendemos que
no deberían incluirse disposiciones de esta naturaleza en un proyecto de
ley que tiene unos contenidos muy tasados porque crea confusión. No
obstante, apoyaremos ambas cuestiones puesto que así se nos ha
solicitado.
En definitiva, señor presidente, señorías, nosotros vamos a apoyar todas
las modificaciones incluidas en el debate en el Senado, por cuanto no
alteran la esencia del proyecto de ley tal como salió del Congreso y
tampoco los conceptos que nosotros propusimos y defendimos en el debate
de totalidad. Eso sí, lamentamos que no se establezca un régimen más
preciso sancionador a la hora de valorar los incumplimientos en la
transmisión de información que, no olvidemos, viene impuesta, es obligada
por la normativa comunitaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Utrera.
Grupo Socialista. Señora Malaret García.
La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista votará afirmativamente el texto del
proyecto de ley sobre transparencia entre las administraciones públicas y
las empresas que nos llega del Senado. En primer lugar, lo haremos por
coherencia política con nuestra posición mantenida en el Senado puesto
que, como se ha podido inferir de las intervenciones de los
representantes de los otros grupos parlamentarios, las enmiendas que
vienen del Senado fueron introducidas a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado. Como se ha puesto de relieve,
estas enmiendas no inciden sobre el contenido, la estructura de la ley,
sobre el articulado de las mismas, sino que se limitan a dos cuestiones
muy puntuales. En primer lugar, modificar la exposición de motivos para
dar cuenta del texto concreto del que el proyecto trae ahora causa,
puesto que, durante la tramitación del mismo, se ha publicado la versión
codificada de la directiva que está en el origen del proyecto. Esto es lo
que se traduce en la enmienda que se ha introducido en la exposición de
motivos. En segundo lugar, se trata de dos adicionales que explicitan, en
relación con dos supuestos muy concretos, singulares y específicos, las
relaciones de transparencia que el derecho comunitario exige. Por eso,
porque se trata de dos cuestiones que introdujimos en el Senado y porque
no afectan al contenido de la ley, que es la transposición de la
directiva citada, vamos a votar afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.
-PROYECTO DE LEY DE LA RED DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente
121/000087.)
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del
Senado, con dos excepciones que haremos llegar a los servicios de la
Cámara a los efectos de pedir su votación separada en el momento en que
el procedimiento de la Cámara lo fije.
Mi grupo hace una valoración positiva de este proyecto de ley que nos
llega de la Cámara Alta, después del amplio trabajo realizado en el
Congreso de los Diputados, porque entendemos que era necesario actualizar
con este nuevo proyecto de ley la Red de parques nacionales, tema
altamente sensible en la Comunidad Autónoma de Canarias, que
tradicionalmente, desde hace muchos años, ha sido la comunidad autónoma
con mayor número de parques nacionales. En este momento tenemos en
nuestro archipiélago los parques nacionales del Teide, en Tenerife;
Caldera de Taburiente, en La Palma; los de la isla de Gomera, y el Parque
Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. Por tanto, la sensibilidad de
nuestra comunidad autónoma está de sobra justificada.
Era necesaria también una ordenación de lo que se entiende como una
potestad de la Ley de bases de la Administración General del Estado,
perfectamente compatible con las competencias que a través de los
estatutos de autonomía como leyes orgánicas tienen las comunidades
autónomas afectadas o que tengan dentro de sus territorios uno o más
parques nacionales, junto a la cuestión de espacios protegidos, etcétera.
Por tanto, hay que mantener aquí el exquisito sentido de respeto mutuo en
las competencias administrativas de los parques nacionales. Con este
proyecto se produce un sustancial avance que mejora y aclara las
competencias administrativas, respetando las competencias de la comunidad
autónoma en cuanto al entramado administrativo por cuanto los parques
nacionales afectan a zonas económicas de los municipios donde están
ubicados. Es necesario conseguir aunar voluntades en el mantenimiento del
patrimonio ecológico y de la naturaleza que tienen los parques nacionales
en este momento.
Las enmiendas que nos llegan del Senado van en la línea del
perfeccionamiento. Algunas son puramente cuestiones técnicas y
garantistas. Por ejemplo, la que se refiere al artículo 9.1.c), suprime
las superficies mínimas para que un espacio pueda ser declarado parque
nacional. Este es un tema con el que nos encontramos en Canarias en las
limitaciones de las superficies. En el trámite de Comisión, Coalición
Canaria presentó sus observaciones en cuanto a las superficies mínimas
para que un espacio pueda ser declarado parque nacional, porque si no nos
podríamos encontrar que algún parque de Canarias quedase fuera del ámbito
de aplicación de esta ley por un criterio restrictivo que hubiera
suprimido su condición de parque nacional, lo que hubiera sido un
auténtico disparate en todos los órdenes (ecológico, jurídico, social,
económico, etcétera.)
Valoramos positivamente las enmiendas que nos llegan del Senado, sobre
todo las del artículo 13, relativas a modificar las precisiones que hay
de actividades de control de población y restauración de hábitat que no
quedarían afectadas por las prohibiciones que se establecen en la ley.
Nos sentimos satisfechos con el carácter de protección máximo que tiene
este proyecto y lo vamos a votar favorablemente, con la excepción de las
dos enmiendas que he señalado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ya en el trámite
parlamentario en el Congreso dijimos que esta era una ley con la que
coincidíamos desde el punto de vista de la protección del medio ambiente,
pero sobre la que teníamos dudas desde la perspectiva competencial. Sus
señorías saben de una sentencia de 2004 que clarificaba y limitaba las
competencias de cada uno: Estado y comunidad autónoma. Nosotros dijimos
que en el trámite del Senado lo que queríamos era mejorar sustancialmente
la ley, entendiendo que se tenía que ajustar a la sentencia del Tribunal
Constitucional. Tengo que decir que aquellas enmiendas que no pudimos
presentar en el trámite en el Congreso las presentamos en el Senado, y
después de haber repasado las actas con tiempo y detalle, aquellas
condiciones que poníamos para la ley de parques nacionales no se han
incorporado. Esto no significa que no veamos con buenos ojos la ley,
porque desde el punto de vista ambiental vemos que avanza, incluso desde
el punto de vista competencial aquellos elementos que no nos gustan son
los menos. Entendemos que son más los elementos positivos, pero hay
aspectos que nos sorprende que no se hayan mejorado en el trámite del
Senado porque no salieron bien del trámite del Congreso. Esto es lo que,
en definitiva, nos hace manifestar que nuestro voto a las enmiendas que
se han incorporado será precisamente para que se avance en
este proceso de ajuste a la Constitución y a la distribución
competencial.
Les voy a poner algunos ejemplos. La letra c) del artículo 5, cuando habla
de las funciones de la Administración General del Estado, cita el
desarrollo del programa específico de actuaciones comunes de horizonte de
la red incluido en el plan director. Este es un elemento que no se ha
corregido y que nosotros criticamos. En el artículo 6 pedíamos una
adición que hablase de la representación designada por la asociación de
municipios de cada comunidad autónoma en la que se encuentre el parque
nacional. Este elemento sí se ha corregido y, por tanto, ahí sí hemos
avanzado. En el artículo 7.1. a) se habla de los objetivos estratégicos
de la red de parques nacionales durante la vigencia del plan director,
así como de la programación de las actuaciones que desarrollará la red
para alcanzarlos. Este es un elemento que nosotros discutíamos. En la
letra e) de ese mismo artículo se habla, por poner un ejemplo, de
seguimiento continuo y evaluación. Con una lectura no muy restrictiva,
sino todo lo contrario, de la sentencia del Constitucional, sorprende que
ese artículo 7.1 e) haya quedado como ha quedado, pese a que nosotros
presentamos enmiendas en el Senado y nuestra voluntad era que finalmente
se incorporasen. De igual manera, nosotros planteábamos un artículo 10
bis que se ajustase al bloque constitucional, incorporando lo que ya se
ha introducido en los estatutos de autonomía de Cataluña y de Andalucía,
es decir, el informe preceptivo de la comunidad autónoma. Podría poner
varios ejemplos más. En mi intervención del 28 de noviembre de 2006,
explicaba que el artículo 16.2 debería tener una mejor redacción en
cuanto a la participación de las comunidades autónomas, pese a que se
mejoró con la enmienda 151 en el trámite del Congreso.
Dicho esto, entendemos que la ley es globalmente positiva, pero también
decimos claramente que a partir de las enmiendas que pretendíamos
incorporar en el Congreso y posteriormente en el Senado, no ha recorrido
todo el camino que nosotros querríamos. Esta última noche he podido hacer
el repaso de aquello que habíamos presentado en el Senado y he visto que
solo se ha incorporado una enmienda, pero no las que pretendíamos
introducir desde el punto de vista competencial. Nuestro grupo dijo
-pueden repasar nuestra intervención en el debate de la ley en el
Congreso- que para nosotros eran importantes estos puntos, pero, por lo
que veo, se ha hecho caso omiso de lo que era nuestra voluntad.
Vamos a apoyar la ley, porque sería un contrasentido que no lo hiciésemos
después del análisis que he efectuado de todos aquellos elementos en los
que se avanza desde la perspectiva competencial. Dicho de otra manera, el
Grupo Socialista en el Senado no tuvo la voluntad de incorporar las
enmiendas que nosotros presentamos, excepto una, que además creo recordar
que no se aprobó con el voto del Grupo Socialista, por lo que actuaremos
en consecuencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la
señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señorías, de las enmiendas que llegan del Senado, Esquerra Republicana
aceptará las técnicas al artículo 9.b), al 10.3.8º, a los apartados 3 y 5
del artículo 13, a la disposición adicional quinta, a la disposición
final primera y al anexo. Votaremos también a favor de la disposición
adicional segunda, por la que, con la creación de la agencia estatal de
red de parques nacionales, se articulará la presencia de las comunidades
autónomas en cuyo territorio exista algún parque nacional y que la sede
se ubique en una de ellas. Conocemos lo refractaria que es la
Administración Central a descentralizar las sedes; lo fácilmente que se
desmantelan agencias cuando se encuentran en la periferia, como ocurrió
con el Centro Europeo del Consumidor -que no se dudó un instante en
dilapidar el saber hacer de diez años y supuso desaprovechar una
experiencia adquirida-; la resistencia numantina del funcionariado cuando
debe trasladarse a la periferia y cómo se acepta con naturalidad que
desde la periferia tenga que trasladarse a la capital del Reino. Estamos
en contra de la enmienda al artículo 6, apartado 3, porque supone su
supresión.
Señorías, este proyecto de ley se justifica por los artículos 35,
149.1.23ª de la Constitución española y por el artículo 45, según el cual
todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y los
poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos
naturales. El artículo 149, ya por todos bien conocido, establece que el
Estado tiene competencias exclusivas sobre la legislación básica y sobre
la protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
comunidades autónomas de establecer normas adicionales y protección.
Celebramos que el poder público, la Administración General del Estado,
asuma sus responsabilidades y se proponga con este proyecto de ley la
protección de los recursos naturales, para lo cual promulga una
legislación básica. En la búsqueda de ese objetivo siempre tendrán a
Esquerra Republicana al lado del Gobierno.
La Ley 41/1997, de 5 de noviembre, que modificaba la Ley 4/1999, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres,
establecía un régimen de gestión compartida para los parques nacionales
entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 4 de
noviembre de 2004, establece la inconstitucionalidad de diversos
artículos. El Tribunal Constitucional declara que la gestión ordinaria
habitual de los parques nacionales es competencia exclusiva de las
comunidades autónomas en régimen de autoorganización, incluso en aquellos
supuestos de parques nacionales que se extiendan por dos o más
comunidades autónomas. Por tanto, señorías, la elaboración, aprobación y
desarrollo de los planes rectores de uso y gestión de los parques
nacionales debe corresponder al órgano competente de la comunidad
autónoma. Sabiendo esto, este proyecto de ley dispone en el artículo 6 la
creación del consejo de red como órgano meramente consultivo, si bien en
el apartado 2 del artículo 6 dice que la composición y el funcionamiento
del consejo de red se determinarán previa consulta con las comunidades
autónomas implicadas. El punto 4 del proyecto de ley establece que
formarán parte de ese consejo, además de la Administración General del
Estado y las comunidades autónomas, los municipios, los patronatos, las
asociaciones agrarias, los pescadores, los propietarios, los sindicatos,
las ONG. Es decir, el proyecto de ley relega el papel de las comunidades
autónomas al mismo nivel que una asociación pesquera.
Las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana pretendían la creación de
un comité permanente ejecutivo del Gobierno del que formarán parte el
Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas en las que
existan parques nacionales, y otro comité plenario con carácter colegiado
y consultivo abierto a toda la sociedad implicada, de forma que las
administraciones gestoras tuvieran un papel más relevante, que es el que
les corresponde. No se aceptó, pero introdujimos el punto 3, por el que
se creaban dos grupos de trabajo -uno formado por las administraciones
gestoras- que ahora el Senado pretende eliminar. Por tanto, no nos vale
el argumento de que la constitución del consejo no debe reglamentarse en
esta ley, porque la ley ya determina que forma parte de él, es decir,
existe una incoherencia en la ley puesto que en el apartado 2, como he
dicho antes, ya se determina la composición.
Señorías, como he dicho al principio, el Estado debe obedecer el mandato
constitucional de proteger los recursos naturales, pero les confesamos
que este proyecto de ley nos crea cierta incomodidad. Si son las
comunidades autónomas las responsables de la gestión, ¿debe ser el
Ministerio de Medio Ambiente el que formule el plan director de la red y
sus revisiones? ¿También los criterios comunes de gestión? La respuesta
puede ser que sí, ya que se trata del plan director de la red, pero no
deja de ser inquietante que las autoridades gestoras no intervengan. ¿Es
una cuestión de desconfianza? ¿Es una cuestión de armonización, que
siempre se aduce? ¿Hasta que punto es aceptable que el Gobierno del
Estado deba aprobar un nuevo plan director mientras siga vigente el Plan
director de la red de parques nacionales, aprobado por el Real Decreto
1803/1999? Recordamos a SS.SS. que este real decreto contiene aspectos
muy relevantes que han sido considerados inconstitucionales por el
Tribunal Constitucional relacionados con el uso público, la atención a
los visitantes, directrices relacionadazs con la investigación,
organización administrativa, etcétera. ¿No sería más respetuoso,
competencialmente hablando, que las competencias asignadas al Ministerio
de Medio Ambiente en el artículo 5 las llevara a cabo un organismo
multilateral de comunidades autónomas y Estado? Otra pregunta: ¿la
representación internacional debe ser siempre exclusiva del Gobierno
central? ¿Por qué no crear un organismo multilateral entre los diversos
patronatos gestores de los parques nacionales y/o las diversas
comunidades autónomas con parques nacionales?
Esquerra Republicana entiende que una red debe consistir precisamente en
una unión multipolar de diversos agentes implicados en la defensa y
conservación del patrimonio natural. Por eso, compartimos plenamente los
objetivos de la red pero no es procedente centralizar las funciones más
significativas de planificación y control en la Administración General
del Estado. En ese sentido, nuestra propuesta fue que las funciones que
la ley reserva a la Administración General del Estado se atribuyan a un
órgano realmente representativo de los diversos nudos de la red, es decir
un órgano representativo de las diversas comunidades autónomas, que son
las competentes en materia de conservación de la biodiversidad. Ya
sabemos a estas alturas de la legislatura que nuestra propuesta de
transformar España en un Estado moderno multipolar ha fracasado. Estén
tranquilos, señorías del Grupo Popular, la nave del Estado navega por el
cauce que siempre ha navegado, sin ninguna desviación. El presidente del
Gobierno nos manifestó una vez que los independentistas nos sentiríamos
muy cómodos en el nuevo Estado al que se iba a llegar. Pero, señorías, no
estamos cómodos en este Estado y no lo estaremos nunca. Vamos a colaborar
en la protección del medio ambiente, vamos a colaborar en lo que haga
falta para que de nuestros parques naturales puedan seguir disfrutando
las futuras generaciones pero sepan, como ha dicho antes el portavoz de
Izquierda Unida, que estamos profundamente incómodos con estas
transformaciones legislativas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo ya reiteró en los debates de esta Ley de Parques Nacionales
la satisfacción porque en definitiva era la consolidación de la situación
del Parque Nacional de Aigües Tortes, que se había considerado como un
díscolo dentro de la gestión de la Red de parques nacionales del Estado.
En definitiva, los principios de gestión que se habían aplicado durante
veinte años se han recogido en muchos puntos de la ley que hoy
aprobamos.
No podemos negar la predisposición del Gobierno y del grupo que lo
sustenta para llegar a entendimientos importantes para que esta ley
pudiera llegar a término y tuviera el más amplio consenso posible para
que fuera un buen útil de trabajo para el funcionamiento posterior.
Esperamos que así sea. Esta generalización de una situación ya
experimentada en Cataluña será positiva y promoverá que haya una mejor
gestión y coordinación. La competencia autonómica sobre los parques
nacionales tendría que haber sido mejor tratada. Estamos de acuerdo con
las manifestaciones del anterior portavoz de Esquerra Republicana sobre
el tema competencial. Nos queda la duda de que no tenga que acudirse, en
la aplicación de la ley en las comunidades autónomas, al Tribunal
Constitucional, como ha sucedido anteriormente. Por eso nuestro grupo
acepta determinadas enmiendas que se han producido en el informe valorado
que nos ha remitido el Grupo Parlamentario Socialista y que ha permitido
correcciones gramaticales en la redacción y después en la tramitación: en
el artículo 10, donde sí queda respetado el derecho competencial, porque
en definitiva será la comunidad autónoma la que instará la determinación
de parque nacional, y la supresión de la referencia al acuerdo favorable
de la Asamblea como paso previo, pues existe un informe en vez del paso
por el Parlamento autonómico respectivo, y que por tanto será en el
trámite final. Dado el espíritu de las aprobaciones iniciales, una
aprobación inicial del Parlamento autonómico correspondiente no hubiera
sido negativo y en este caso posiblemente hubiera permitido la celeridad
en la aprobación, porque conocer o plantear de entrada esta situación era
positivo, pero la redacción final tampoco es una resta de situaciones
competenciales. Por eso nuestro grupo se abstendrá en esta situación,
porque como digo tampoco resta.
En el artículo 13.b), entendiendo las necesidades de las personas
discapacitadas y las dificultades de brindarles accesos determinados,
tiene que existir una priorización respecto al sistema natural, a los
sistemas establecidos. Nuestro grupo también se abstendrá en este tema no
por desconsideración o no aceptación de las necesidades de mejora en
determinados accesos, pero las incidencias o actuaciones de mejora o de
obras de accesos en primer lugar tienen que ser de acuerdo con el consejo
rector y en segundo lugar posiblemente limitando. Es decir hay que verlo
con una doble vertiente: un tema de seguridad, de acceso, y un tema de
respeto. Como esto es compatible, por eso nos abstenemos en este punto,
porque dejamos a criterio del consejo rector el respeto a estas personas
con discapacidad, que tienen absolutamente el derecho y nuestro respaldo
en la cobertura. Nuestra experiencia en Aigües Tortes así lo demuestra.
Las gestiones que se han realizado en este parque en cuanto a las
personas con discapacidad les han permitido llegar a determinados puntos
de acceso al menos para usar ese parque nacional. Este es el modelo en el
cual nos basamos.
Finalmente nuestro grupo dará su apoyo en el tema de la Agencia Estatal
tal como se propone en la enmienda del Senado. Por ello, aunque
mantenemos en cierto punto el acuerdo con el Grupo Parlamentario
Socialista en el sentido de que la Ley de Agencias Estatales posiblemente
se vea alterada con esta propuesta, por la especificidad o por la
sensibilidad del tema y también por la descentralización -dicho sea de
paso, nuestro grupo está favoreciendo esta descentralización sobre todo
en este tema específico-, también le daremos soporte.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la votación de las enmiendas procedentes del Senado finaliza
hoy el trámite parlamentario que nos va a dotar de una ley básica sobre
la Red de parques nacionales; una ley, señorías, necesaria tras la
sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la gestión de los
parques nacionales es competencia exclusiva de las comunidades autónomas
e implica que los gobiernos autónomos gestionarán los fondos que los
Presupuestos Generales del Estado asignen a cada uno de los parques
nacionales, aprobarán los planes rectores de su gestión, nombrarán al
director conservador del parque y un largo etcétera que obligaba a
modificar la legislación vigente en la materia. La ley que va a salir hoy
de esta Cámara establece, señorías, el régimen jurídico básico de la Red
de parques nacionales cuyos objetivos se declaran de interés general de
la nación. Compartimos, señorías, el objetivo del proyecto de ley y, como
representante del Grupo Popular, consideramos esencial mantener la
coherencia y la excelencia de la Red de parques nacionales como un
sistema que integra las muestras más representativas de los sistemas
naturales españoles, por ello, es importante la norma básica que hoy
vamos a votar, cuyos contenidos compartimos de manera mayoritaria.
Dicho esto, señorías, quiero resaltar uno de los aspectos que, por
supuesto, no compartimos. Me refiero al capítulo de las prohibiciones
establecidas en el artículo 13.a), que dice textualmente que se prohíbe
la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como
la tala con fines comerciales. Estamos de acuerdo, señorías, con el
enunciado del artículo 13.a), pero el Grupo Popular presentó dos
enmiendas; una de ellas indicaba: No quedan afectadas por la prohibición
anterior las actividades que la Administración gestora del parque nacional
programe y organice en materia de control de poblaciones de acuerdo con
las determinaciones del plan director y del plan rector de uso y gestión.
Esta enmienda, aprobada en el Congreso y encaminada a mantener el control
de poblaciones en los parques nacionales -no nos engañemos, señorías, el
control poblacional se está realizando en todos los parques nacionales y
en muchos de ellos de manera inadecuada-, ha sido modificada en el
Senado, y lo que antes se consideraba exceptuado ahora, con la enmienda
socialista, se convierte en podrá, lo que quiere decir que podrá o no
podrá porque todos sabemos lo que la palabra podrá significa en una
norma. Quiero denunciar, señorías, y que conste en el "Diario de
Sesiones", que la enmienda del Grupo Popular, tal y como les he leído a
ustedes, es idéntica a lo que se ha aprobado hace escasamente quince días
en la Ley que crea el Parque Nacional de Monfragüe. El texto de la
enmienda del Grupo Popular que hoy quieren modificar es el que viene
reflejado en la Ley del Parque Nacional de Monfragüe. En el Parque
Nacional de Monfragüe el Grupo Socialista exceptúa de las prohibiciones
el control poblacional y no lo hace en el resto de los parques
nacionales. Lo mismo sucede, señorías, con la prohibición de la tala con
fines comerciales. Estamos de acuerdo con el enunciado, pero nuestra
enmienda, la que presentamos y se rechazó, indicaba que debía permitirse
un aprovechamiento ordenado y sostenible de la madera cuyo fin fuera el
mantenimiento y mejora de la masa arbolada. De nuevo, señorías, esa
enmienda, que se rechazó, esa prohibición para todos los parques
nacionales, no se mantiene en la Ley del Parque Nacional de Monfragüe, en
la que se indica que la Administración gestora del parque nacional
establecerá la oportuna regulación en lo referente a la saca de corcho y
a otros tratamientos suberícolas.
Esta es, señorías, la coherencia y la política de un Gobierno que según
las circunstancias, según las presiones y según las conveniencias de cada
momento permite o prohíbe una serie de actividades, por cierto apoyado
por sus socios parlamentarios. Con quince días de diferencia se van a
aprobar dos leyes, la que crea el Parque Nacional de Monfragüe, ya en
vigor, en la que se autoriza el control poblacional y el aprovechamiento
ordenado de los recursos de los montes, y la Ley básica de parques
nacionales, que hoy vamos a aprobar en esta Cámara, que prohíbe ambas
actuaciones. El Grupo Popular está de acuerdo, por supuesto, con lo
establecido en la Ley de Monfragüe y no con lo que establece en estos
aspectos la Ley de Parques Nacionales que hoy vamos a votar. Me pregunto,
señorías, si la señora Narbona, si la ministra de Medio Ambiente, tenía
algo que decirnos sobre la actuación que se plantea con estos criterios
dispares, porque, con la aprobación de esta ley, la ley aprobada la
semana pasada no se adapta a la norma básica. Esto es una muestra,
señorías, señores diputados, de las incoherencias socialistas, a las que
nos van acostumbrando por desgracia cada vez más, como siempre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista. Señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante el último trámite de esta ley de carácter básico,
que regulará las condiciones necesarias para el mantenimiento y la
conservación de la Red de parques nacionales, integrada por todos los
parques ya declarados y los que se declararán en el futuro. Todos ellos
son los representantes más significativos de todos los ecosistemas más
valiosos, que destacan por su alto valor ecológico y cultural, por la
belleza de sus paisajes o por su espectacular singularidad. Esta nueva
ley pretende adecuar el régimen jurídico de los parques nacionales a la
sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004-2005, la cual otorga
las competencias de la gestión a las comunidades autónomas y delimita la
distribución competencial de la Administración General del Estado a las
acciones que regula el plan director de la red que contiene la misma. En
el marco de su finalidad primordial, que es garantizar como legado para
las generaciones venideras la conservación de una muestra representativa
de los principales sistemas naturales españoles, la red debe asegurar un
marco adecuado para la conservación de los parques nacionales por la vía
de la cooperación interadministrativa. Partiendo de las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas para la gestión debe facilitar el
cumplimiento de los objetivos de cada parque nacional en el conjunto de
la red, tanto en el ámbito técnico como social o patrimonial, de manera
que se logren sinergias entre las distintas administraciones públicas. La
propia ley establece las condiciones necesarias para la consecución de la
condición de parque nacional, pero también establece mecanismos para
asegurar que las causas declarativas perduren en el tiempo, estableciendo
mecanismos que permitan evaluar el grado de mantenimiento o de mejora de
las condiciones exigidas para la declaración del mismo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, se oyen mucho los murmullos. Cuando haya
alguien en la tribuna, por favor, respeten al orador. Gracias.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Mecanismos que permitan asegurar que
el reconocimiento internacional de la Red de parques nacionales no sea
puesto en peligro.
Señorías, a continuación paso a explicarles la postura de mi grupo en las
enmiendas incorporadas en el trámite del Senado. Desde su debate en
Comisión hasta la incorporación de las enmiendas en el Senado esta ley ha
sido objeto de un gran consenso por todos los partidos políticos. De las
catorce enmiendas incorporadas al texto en el trámite del Senado, en las
que está incluida una modificación
gramatical, hemos decidido admitir once, porque se trata de enmiendas que
mejoran o enriquecen el texto inicial, añadiendo mayor claridad al mismo
e incluso mejorándolo técnicamente. En definitiva, se ha intentado llegar
a acuerdos con todos los grupos políticos, con el fin de dar cabida a
todas las sensibilidades pertenecientes a una ley de parques nacionales
de amplio consenso que perdure y permita mantener la calidad de nuestra
red de parques. En este sentido debo decirle, haciendo referencia a una
de las enmiendas al respecto, que la ley también determina la superficie
que debe tener un parque, tanto en territorio peninsular como en
territorio insular, además del espacio marítimo que debe cubrir para ser
declarado. El Grupo Popular ha presentado una enmienda que dice que las
dimensiones de un parque tendrán una superficie continua y no fragmentada
suficiente. Tengo que anunciarles que no estamos de acuerdo ni con la
filosofía ni con los argumentos de dicha enmienda, encaminada a eliminar
la referencia a la superficie mínima. Es evidente que en la actualidad
hay más de cinco parques con menos de 15.000 hectáreas, pero la ley
establece en su disposición adicional primera que los parques nacionales
ya declarados formarán parte de la red aunque no se adapten a las
dimensiones, con lo cual no existe ningún tipo de problema. No existe
ningún riesgo para los parques que tengan menos de 15.000 hectáreas,
porque se garantiza en esta disposición adicional primera y,
posteriormente, en la disposición adicional segunda, en la que el Grupo
Parlamentario Popular consiguió transaccionar este aspecto para adecuarse
a la presente ley, y en los actuales parques nacionales no se incluirá
este requisito de la superficie mínima.
En las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y de Izquierda Unida al
artículo 13.3 apartado b), que hace referencia a la prohibición de los
aprovechamientos hidroeléctricos y mineros, vías de comunicación, redes
energéticas y otras infraestructuras, salvo circunstancias excepcionales
debidamente justificadas por razones de protección ambiental e interés
social, añaden lo siguiente: como la necesidad para la accesibilidad y la
no discriminación de las personas con discapacidad y siempre que no
exista una solución satisfactoria. No vemos la conveniencia de que en
este apartado que hace referencia a las prohibiciones se determine ya de
entrada un tratamiento de excepción, máxime teniendo en cuenta que el
artículo 8, que hace referencia a los objetivos del parque, dice así: La
declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la
integridad de sus valores naturales, representativos del sistema natural
español por los que ha sido declarado, así como ordenar su uso y disfrute
y fomentar el conocimiento de sus valores sin excluir a quienes presentan
algún tipo de discapacidad. Si ya en los objetivos de la declaración se
hace hincapié no solo en el uso y disfrute, sino también en el fomento de
su conocimiento, sin excluir a los que presentan discapacidad, no vemos
conveniente volver a incluirlo por ser reiterativo. Por otra parte, la
enmienda del señor Labordeta a la disposición adicional segunda, mediante
la cual se autoriza la creación de la agencia estatal de parques
nacionales, tenemos que rechazarla, ya que la Ley de Agencias Estatales,
que fue aprobada en esta Cámara establecía que la sede de las mismas
sería determinada por el Gobierno, previa aprobación de sus estatutos.
Asimismo, los estatutos de la agencia estarán determinados por las causas
que justifican la creación de la propia agencia. Decir que se crea la
agencia en alguna comunidad autónoma que tenga un parque nacional no
determinará en todo caso su sede, por lo tanto no avanzamos nada; en
cambio, le estamos quitando una competencia que la propia Ley de Agencias
Estatales ya atribuía al Estado. Señorías, no podemos hacer leyes que
contradigan otras leyes. Por tanto, votaremos en contra de esta enmienda
por entender que va contra el fundamento mismo de la Ley de Agencias
Estatales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Coello.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
(Número de expediente 121/000092.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley
orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quería dar la bienvenida a las mujeres,
entidades y asociaciones que asistiesen a este Pleno, pero como está
yendo muy rápido no les ha dado tiempo a llegar muchas de ellas.
(Rumores.)
Si quiere intervenir primero el señor ministro...
El señor PRESIDENTE: Señorías, el debate no se dirige desde las bancadas,
porque entonces esto se convertiría en una broma.
Señora García, usted continúe. El señor ministro tiene derecho a
intervenir en cualquier momento del debate y además sin límite de tiempo;
está bien servido. Le ruego que continúe.
La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar, quería hacer un reconocimiento a
todas las entidades, asociaciones de mujeres, mujeres en particular y
sindicatos de nuestro país que desde el inicio de esta ley han trabajado
de manera participativa, codo a codo, para llegar al momento en que hoy
nos encontramos, la fase final del debate de la Ley de Igualdad. Por fin
hoy se verán los resultados no solamente de un año de trabajo, sino de
largos años de lucha y reivindicación en aras de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. Quizá
algunas de estas asociaciones y algunos grupos políticos, el mío por
ejemplo, pueden pensar que es una ley que se ha quedado corta, pues no
llega a resolver todos los problemas que tiene nuestra sociedad, pero lo
cierto, señorías, es que hemos aprobado una ley que avanza en modificar
las estructuras sociales, económicas y jurídicas que han hecho posible la
discriminación social de las mujeres y los estereotipos de género por los
que históricamente se nos han negado derechos a las mujeres. Lo cortés no
quita lo valiente y, a pesar de que como siempre toda ley puede ser
mejor, finalmente aprobamos una buena ley. El debate de hoy es el último
del trámite parlamentario para poner en marcha esta Ley de Igualdad.
Debatimos el texto que nos envía el Senado con mejoras -nos alegramos-
del texto que aprobamos en diciembre pasado en esta sede. Daremos nuestro
apoyo a la mayoría de los cambios introducidos, salvo a dos enmiendas que
vamos a rechazar y a una en relación con la cual nos vamos a abstener.
Más tarde me referiré a ello.
Sobre políticas de igualdad, como en otras políticas, existen diversos
enfoques y prioridades. Mi grupo parlamentario llegó incluso a plantear
una enmienda a la totalidad al inicio del trámite parlamentario de esta
ley. Pretendíamos y considerábamos necesario entonces un giro radical del
contenido del proyecto de ley que incluyera de forma transversal los
distintos campos de la vida social, política y laboral en que las mujeres
nos encontramos en situación de desigualdad. Queríamos también una
dotación presupuestaria, adecuada, concreta, con compromisos anuales y
con una garantía de efectividad y aplicación real de la ley en su
conjunto y, cómo no, con una gestión descentralizada y respetuosa con las
competencias de las comunidades autónomas. Asimismo, queríamos que
garantizara la efectividad de la ley, trasladando a los diferentes
ámbitos territoriales, como digo, sus competencias. No obstante, desde la
presentación de aquella enmienda a la totalidad, desde el inicio del
debate del anteproyecto de ley para que pasara a proyecto de ley, hasta
hoy ha habido un camino de mejoras muy sustanciales en esta ley. Esto
está siendo bastante usual en esta legislatura. Los anteproyectos de ley
llegan de una determinada manera y es el trabajo de todos los grupos
parlamentarios, el consenso y la necesidad de llegar a acuerdos y pactos
lo que hace que se mejoren las leyes que llegan del Gobierno de una
manera importantísima. En el texto del dictamen que aprobamos en el
Congreso el 21 de diciembre pasado se introdujeron cambios importantes.
Mi grupo llegó a presentar 113 enmiendas, de las cuales casi el 35 por
ciento fueron recogidas. Se introdujeron cambios muy importantes: El
permiso de paternidad -pasar de siete a quince días con la aprobación de
la ley-; planes de igualdad; políticas de cooperación internacional para
el desarrollo; ampliación de derechos en igualdad para mujeres que tienen
una situación singular de dificultad; el compromiso de la creación de los
agentes de igualdad en las administraciones públicas; la mejora de la
prestación por riesgo de embarazo; la mejora de las cotizaciones en
periodos de reducción de jornada; la reforma de la Ley Electoral, que
garantiza un equilibrio de sexos en las candidaturas del 60 por ciento y
del 40 por ciento; la titularidad compartida en las explotaciones
agrarias y también el desarrollo de los planes de organización del
tiempo, aunque sea como recomendación, pero en todo caso esa filosofía la
ley ya la recoge y nos parece muy importante. Por tanto, como digo, aun
no siendo todo lo ambiciosa que hubiéramos querido, con el trabajo
conjunto de todos los grupos recuerdo de nuevo que esta ley ha mejorado,
lo cual no significa que precisamente a partir de este momento las
comunidades autónomas no desarrollen sus propias leyes, que podrán
ampliar después en este marco general.
De los aspectos introducidos por el Senado, que sin duda contribuyen a
mejorar el texto de la ley, vamos a votar a favor, en primer lugar, de la
ampliación del permiso para el cuidado de prematuros mientras dure la
hospitalización y en aquellos en que por cualquier otra causa el recién
nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. También
vamos a votar a favor la salvaguarda de las competencias autonómicas del
artículo 25.1, relativo a la igualdad en la educación superior. Asimismo,
vamos a votar a favor, cómo no, de la reducción de ocho a seis años para
la negociación de la ampliación del permiso de paternidad de cuatro
semanas. Hay que recordar que nuestro grupo parlamentario presentó una
transaccional para llegar a este acuerdo de los seis años y en aquel
momento lo que conseguimos en el Congreso fue llegar hasta los ocho años.
En el Senado, junto con otros grupos, volvimos a presentar esta enmienda
para rebajar a los seis. Nos felicitamos de que al final aprobemos una
ley en la que las cuatro semanas van a ser una realidad en los próximos
seis años, y esto ha sido fruto de todos los grupos. Quiero destacar
otros aspectos como el mandato al Gobierno para posibilitar los permisos
de maternidad y paternidad de personas que ostentan un cargo electo; la
inclusión del principio de coeducación en el artículo 24; la eliminación
de la discriminación múltiple -se hace más hincapié en el artículo 3 y en
el 14- y mejoras a lo largo del texto para eliminar el lenguaje sexista.
Por último, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la enmienda
que plantea la reorganización de la planta judicial y la creación de 27
nuevos juzgados exclusivos de violencia de género. El motivo de nuestra
abstención no tiene nada que ver con el fondo de lo que se plantea, sino
con la forma y con un planteamiento de rigurosidad parlamentaria. Esta
disposición adicional no corresponde a la Ley de Igualdad, sino a la Ley
de Violencia, y además no ha sido debatida en el Congreso por los grupos
parlamentarios y tampoco tenemos constancia de que en el Senado haya
habido este debate. Entendiendo, pues, que el planteamiento del Gobierno
es acelerar este proceso, no vamos a discutirlo, pero queremos que quede
constancia de que debemos intentar que la norma sea lo más respetada
posible. No estamos en condiciones de
votar a favor esta disposición adicional; por tanto, vamos a abstenernos,
ya que modifica la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para crear
estos nuevos juzgados. Esto tiene una envergadura importantísima y tenía
que haberse discutido en otra ley o, como mínimo, si es en esta, haberlo
podido hacer con la suficiente tranquilidad y rigurosidad en el Congreso.
Tampoco entendemos por qué no se ha contemplado en todos los supuestos
necesarios la inclusión de la figura del acogimiento simple contemplada
en el Código Civil catalán. Aún peor, en el Senado se ha aprobado una
enmienda del Grupo Popular que lo hace desaparecer en el artículo más
importante, en el relativo al Estatuto de los Trabajadores. Por eso,
nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda para volver al texto
original del Congreso. Igualmente, se ha quedado sin incluir el
acogimiento simple en las disposiciones adicionales décimo primera y
décimo segunda, que modifican los dos artículos que regulan la excedencia
para el cuidado de los hijos. Por tanto, en estos casos nuestro voto va a
ser negativo; creemos que de esta manera saldrá con el texto original del
Congreso que garantizaba los derechos al acogimiento simple que en el
caso de Cataluña en concreto afecta de manera muy particular.
Para finalizar, he de decir que el objeto fundamental de esta ley es
alcanzar una sociedad en la que las mujeres y los hombres puedan
desarrollar su vida en igualdad de derechos y en libertad. Para ello, sin
duda, es necesario una transformación política, pero también una
transformación social y económica, que sea capaz de reconocer el papel
social y económico de las tareas familiares domésticas y del cuidado. El
trabajo productivo y reproductivo, en definitiva, tienen que ser
redistribuidos, porque es la única manera, la única posibilidad y el
único camino real y efectivo de garantizar el desarrollo de la igualdad
entre el hombre y la mujer. Por eso, nuestro grupo se congratula de que
hoy demos ya luz verde a esta ley. Agradecemos y felicitamos el trabajo
de equipo realizado aquí en el Congreso, al Grupo Parlamentario
Socialista, a sus portavoces, igual que a todos los portavoces del resto
de los grupos, y pensamos que es una ley que sale en muy buenas
condiciones y que es, repito, el trabajo de todos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría, por favor.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señorías, cuando el
lehendakari, don Juan José Ibarretxe, el día 17 de febrero del año 2005,
presentaba en el Parlamento vasco la Ley para la igualdad de hombres y
mujeres, manifestó que era el momento más importante de su vida política
y es que, como dice Butros Ghali -consideraba él-, el proyecto de la
igualdad entre hombres y mujeres es el proyecto de este siglo; y yo creo
que es así, entre comillas. Por eso, es un gran honor para mí presentar
esta ley en representación del Gobierno vasco. Para mí también, señorías,
es un honor participar como ponente en esta ley, que espero que marque un
antes y un después, y que, desde nuestro punto de vista, ha constituido
una tramitación muy grata. Agradezco la labor de impulso que se ha
ejecutado desde el Gobierno con la presentación del proyecto y con el
seguimiento tenaz. Agradezco, sobre todo, el impulso desde los
movimientos sociales y desde el feminismo, que tanto tiene que ver con la
lucha pacífica por los derechos humanos. Se olvida -y la profesora
Valcárce, hoy consejera de Estado, lo recuerda constantemente- el impulso
que tuvieron los movimientos feministas para que pudiera llegar a ser
realidad la propia Declaración de Derechos Humanos, cuando, lideradas por
Eleanor Roosevelt, obligaron a que fuese una realidad y fuese aprobada
por Naciones Unidas.
No analizaré yo en este momento su contenido, lo van a hacer las demás
formaciones políticas, sin ninguna duda lo hará el señor ministro en su
intervención, citaré las aportaciones del Grupo Vasco, de las que me
siento particularmente orgullosa. Permítanme, como nacionalista que soy,
que cite primero lo competencial. El texto salva, en lo electoral, las
normativas que pudieran tener las comunidades autónomas que propiciasen
mayor presencia de las mujeres en sus listas. Así pues, en el caso vasco,
puesto que ya existe Ley de Igualdad, las elecciones que se van a
celebrar ahora, las locales, se regirán, como es preceptivo, conforme a
la ley estatal. Sin embargo, las forales, competencia de la normativa de
la comunidad autónoma, se regirán por la ley propia de la Comunidad
Autónoma vasca y propiciarán una mayor presencia de mujeres, ya que allí
no rige el 60-40, sino que es perfectamente posible que las listas sean
íntegramente de mujeres, cuando menos tiene que haber un 50 por ciento de
mujeres. Desde el punto de vista humanitario, agradezco especialmente que
fuese aceptada por todos los grupos la introducción de lo que ahora es la
disposición adicional vigésimo sexta, en la que se añade una disposición
adicional tercera a la Ley reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado en los siguientes términos. Se dice que lo
dispuesto en el apartado primero del artículo 3 será de aplicación a las
mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen debido a un temor
fundado a sufrir persecución por motivos de género. A mi compañera, la
senadora doña Inmaculada Loroño, se le debe que se haya introducido en el
Senado la referencia específica como sector especialmente vulnerable el
de las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas
y las mujeres víctimas de la violencia de género. La mención de las
mujeres viudas y las mujeres mayores podría abrir paso, señor ministro,
en un futuro, a una reconsideración de las pensiones que perciben;
justicia que les debemos todos y que en algún momento deberá hacerse
efectiva.
Señorías, agradezco especialmente las aportaciones que se han hecho desde
el Senado, que vamos a votar en su integridad, excepción hecha de dos
puntos: Cuando
en el artículo 3 se menciona la situación de discapacidad de las mujeres,
nos parece redundante, puesto que ya está salvada en general en otros
apartados de la ley, y también cuando en la disposición adicional décimo
primera, apartado siete, se ha hecho desaparecer el acogimiento simple,
figura existente en el derecho propio de la comunidad catalana. Nos
parece que la adición, tal y como salió del Congreso, es mucho más
correcta. En lo demás, votaremos la totalidad de esta ley, que es una ley
que se mueve en el ámbito de la acción positiva. Se viene entendiendo por
tal, señorías, aquellas prácticas encaminadas a impulsar y promover la
igualdad real y, en consecuencia, tendentes a eliminar las diferencias
fácticas entre hombres y mujeres a través del mandato que se recoge en el
artículo 9.2 de la Constitución y que propugna dicha igualdad real. En la
doctrina, la igualdad de oportunidades se suele identificar con medidas
de acción positiva admitidas sin recelo, mientras que la igualdad de
resultado, donde se ubican la cuota y el trato preferente, sufre un
rechazo de parte de la doctrina que identifica estas medidas con la
denominada discriminación positiva. Sin embargo, la constitucionalidad de
una medida de acción positiva en su acepción global dependerá de la
proporcionalidad de la finalidad perseguida y de la efectividad de la
medida. En este sentido, lo que se propugna es la inclusión de hombres y
mujeres en todos los aspectos de la vida social y personal, la percepción
de la igualdad como integración. No se está buscando la sustitución del
género masculino por la del género femenino, sino la coexistencia de
ambos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Las medidas de
acción positiva se establecen en función del concepto de
interrepresentación, verdadero punto de partida que legitima el uso de
estas medidas. Estamos ante un concepto de igualdad de oportunidades que
incluye tanto el punto de partida como el resultado garantizado, no de un
resultado igual privilegiado, sino de la posibilidad de que se pueda
llegar a producir ese resultado final. En definitiva, si en el concepto
de igualdad de oportunidades no se incluye la igualdad de resultados, se
corre el riesgo de quedarse corto en la consecución de la igualdad real y
efectiva. Concluyo, señorías, con palabras del profesor Rodríguez Piñero
cuando manifiesta que la única medida para comprobar la igualdad efectiva
de oportunidades es la comprobación de los resultados. No hay igualdad de
oportunidades si no se logra una igualación en los resultados. Aprobemos,
pues, hoy esta norma, señorías -mi grupo lo va a hacer-, y luego ya
iremos comprobando los resultados efectivos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana la señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.
En primer lugar, doy la bienvenida a esta Cámara a las asociaciones de
mujeres de todo el Estado español que están hoy aquí presentes
demostrando la importancia y el impacto social que esta ley que aprobamos
hoy, tiene. Se trata de un paso adelante en la consecución de la
equiparación de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres,
extendiendo esta igualdad en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad,
el ámbito laboral, los medios de comunicación, la educación, la salud, la
organización de las administraciones públicas, la paridad en las listas
electorales, etcétera. La Ley de Igualdad, pues, pretende acabar con las
discriminaciones que llevamos sufriendo las mujeres desde hace muchos
años, y solo por este objetivo tan honroso desde Esquerra Republicana le
vamos a dar nuestro apoyo; de hecho, hemos trabajado duro con el resto de
partidos políticos para mejorar día a día el articulado y, por lo tanto,
los derechos que de él se desprenden, pensando siempre en las mujeres y
en la reparación de las injusticias y en la profundización de su
bienestar en igualdad de condiciones que los hombres. Fruto de este
trabajo, que ha contado con una buena disposición por parte de la ponente
del Grupo Socialista -a la que quería agradecérselo-, desde el
independentismo catalán de izquierdas hemos logrado, entre otros
aspectos, unas muy buenas condiciones para las trabajadoras autónomas,
para las mujeres jóvenes por lo que respecta al acceso a las prestaciones
por maternidad, para las mujeres de los ámbitos rurales y pesqueros, para
las familias monoparentales encabezadas por mujeres y, en general, para
todas las mujeres trabajadoras o no por lo que respecta a la
universalización del subsidio de maternidad. En este sentido, valoramos
muy positivamente algunas de las enmiendas que se han introducido en la
ley por su trámite en el Senado, como son, concretamente, aquellas que
sustituyen la expresión padres y madres por progenitores, tal y como mi
grupo ya pedía en las enmiendas durante el trámite por esta Cámara, o la
extensión del permiso de paternidad y maternidad para los cargos
públicos. Valoramos también positivamente aquellas enmiendas introducidas
que incorporan la necesidad de salvaguardar las competencias autonómicas
en diversos ámbitos, como la educación, la creación y producción
artística e intelectual, los contratos de las administraciones públicas y
las subvenciones públicas, entre otros, preservando así el margen de
maniobra y de autogobierno que deben tener los gobiernos autonómicos en
la aplicación de la Ley de Igualdad en aquellas áreas que son de su
competencia. Finalmente, celebramos la introducción de aquellas enmiendas
que consideran que, en caso de nacimiento de niños y niñas prematuros, el
periodo de descanso de maternidad empezará a contabilizar a partir del
alta hospitalaria, una medida realmente acertada y que equipara los
derechos de las mujeres que se encuentran en esta situación con el
resto.
Por el contrario, hemos pedido varias votaciones por separado, algunas de
ellos para corregir lo que, a nuestro modo de entender, son errores de
carácter técnico, como
por ejemplo el tema de las adopciones y acogimientos salvaguardando los
reglamentos civiles de las comunidades autónomas. Vamos a votar en contra
para recuperar el texto inicial. También hemos pedido una votación
separada para que no se elimine el artículo que hace referencia a la
necesidad de reconocer la diversidad y la diferencia existentes entre el
colectivo de mujeres, ya que una de las premisas con las que trabaja mi
grupo es la consideración de que no todas las mujeres somos iguales,
tenemos unas necesidades comunes por compartir unas reivindicaciones
históricas por lo que respecta a la lucha por la igualdad de condiciones
con los hombres, pero a partir de ahí tenemos necesidades, demandas,
ilusiones y proyectos vitales distintos, y tener en cuenta esta
diversificación dentro del colectivo de mujeres ayuda a enfocar
eficazmente las políticas públicas en nuestro beneficio. Otra votación
separada que hemos pedido se refiere a la inclusión de una nueva
disposición adicional que pretende modificar la Ley de Demarcación y
Planta Judicial. Entendemos y compartimos -y me gustaría que esto quedase
claro- el objeto de esta modificación, que no es otro que la creación de
nuevos juzgados exclusivos de violencia doméstica. Desde Esquerra
Republicana siempre hemos defendido la necesidad de crear este tipo de
juzgados especializados por el bien de la mujer que acude a ellos, pero
también para disminuir la saturación de los juzgados de instrucción
ordinaria y no entorpecer más los procesos judiciales de la ciudadanía,
pero no compartimos las formas ni algunos contenidos concretos de este
propuesta. Creemos que se trata de una propuesta que realmente hace falta
llevar a cabo, pero que debe partir de un debate en profundidad entre
todos los agentes sociales, judiciales, asociaciones de mujeres,
servicios sociales, etcétera. A nuestro modo de entender, estas no son
formas de actuar y nos parece que no van en la línea con la que hemos
trabajado a lo largo de la elaboración de esta ley. Es más, creemos que
este gesto se trata de una maniobra para tapar la mala gestión de la
aplicación de la Ley de la violencia ejercida contra las mujeres,
queriendo poner parches a una situación que no se arregla creando deprisa
y corriendo unos juzgados que, aunque todos estamos de acuerdo en que son
necesarios, hoy por hoy no cuentan con la financiación necesaria para su
desarrollo. Lo que realmente cabe hacer es desplegar eficazmente la Ley
de violencia, y si para ello es necesario modificar la Ley de Demarcación
y Planta Judicial estamos de acuerdo y nos van a encontrar... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere, por favor. El murmullo de las bancadas está
molestando a la oradora. Les ruego que mantengan silencio y, si no son
capaces de mantenerlo, por lo menos hablen bajito. Gracias. Continúe.
La señora OLIVA I PEÑA: Nos van a encontrar en la modificación de esta
ley, pero siguiendo los cauces naturales e implicando a todos los
sectores.
Para acabar, como he dicho al principio, me parece una buena ley y estamos
contentas y contentos de que por fin tengamos una ley que ponga a las
mujeres en el centro de la discusión política, pero, como ustedes
comprenderán, no nos parece hoy ya suficiente. Creemos que la Ley de
Igualdad es un paso hacia delante, pero no supondrá la erradicación de
las discriminaciones contra las mujeres, porque creemos que con una ley
no vamos a poder resolver todas las injusticias y porque creemos también
que estas injusticias no se resuelven con simples modificaciones
normativas. Ayuda, es cierto, pero no transforma. Lo que las mujeres
necesitamos, lo que realmente nos hará libres y lo que nos permitirá
desarrollar nuestro propio proyecto vital en igualdad de condiciones que
los hombres, es el cambio social, la transformación del paradigma
patriarcal que contamina cada una de las diferentes esferas de nuestra
sociedad. Lo realmente importante, más allá de la paridad, es un nuevo
contrato social entre hombres y mujeres para que todos podamos vivir en
igualdad de derechos, pero también de oportunidades, respetando las
diferencias existentes entre mujeres y hombres y respetando también la
libertad del otro. Un nuevo contrato social que parta de una nueva
configuración de la sociedad y de la organización de los tiempos que
permita la inclusión de nuestro punto de vista y de nuestras experiencias
como mujeres en la forma de hacer política, en las relaciones
internacionales, en la estructuración de la economía. En fin, un contrato
social cívico, igualitario y emancipador para todas y cada una de
nosotras. Hoy, sin el trabajo que todas las asociaciones de mujeres
presentes o no, de todas las mujeres anónimas que han trabajado para
cambiar las estructuras patriarcales para mejorar nuestro bienestar, esta
ley creo que no vería la luz. A ellas gracias por su lucha y ánimo por lo
que aún queda por hacer. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente. Señor
ministro, señora ministra, señora vicepresidenta del Gobierno, señorías,
quiero, en primer lugar, saludar a las representantes de asociaciones de
mujeres que hoy nos acompañan desde la tribuna y reconocer que sin su
trabajo continuado, sin su tesón y sin sus demandas quizás esta ley hoy
no hubiera sido posible. Un proyecto de ley orgánica para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres que entra hoy en la recta final de su
tramitación parlamentaria porque, tras el voto de las enmiendas
introducidas en el Senado, podrá ir ya camino del BOE y entrar en vigor
en su práctica totalidad al día siguiente de su publicación. Un voto que
desde Convergència i Unió anunciamos ya sin mayor preámbulo que va a ser
globalmente positivo, con la salvedad, a la que me referiré más adelante,
referida a las modalidades de acogimiento que se recogen en la ley, que
se aprobaron en esta Cámara por unanimidad y que seguramente,
por un error, ha sufrido en el Senado una mutilación que desnaturaliza lo
que aquí se aprobó.
Este es un proyecto de ley, señorías, que creemos ha ido mejorando
sensiblemente a lo largo de su tramitación parlamentaria. Se mejoró ya en
esta Cámara, donde el esfuerzo de todos los grupos por llegar a acuerdos
permitió cambios importantes especialmente en lo que a nuestro juicio
afecta en mayor medida a la ciudadanía, que son todos los aspectos que se
refieren a la conciliación y a la protección del embarazo, porque todos
los datos que tenemos nos indican que no es el sexo lo que se penaliza,
sino la maternidad y la asunción de las responsabilidades familiares.
Ello es así porque a los ojos de los empleadores las mujeres siguen
representando todavía todas las desventajas de la conciliación. Poder
armonizar la biografía laboral y familiar de las personas e implicar a
los hombres en las responsabilidades familiares son, a nuestro juicio,
absolutas prioridades políticas si queremos que la igualdad, más allá de
un ideal de justicia, sea una realidad porque, si no lo conseguimos,
sabemos de antemano que son las mujeres en un altísimo porcentaje quienes
se ven compelidas a esta doble o triple jornada de trabajo, lo que le
supone, en muchas ocasiones, el tener que acogerse a una reducción de la
jornada laboral, con merma de sus ingresos y de su protección social; en
otras ocasiones las lleva incluso a la expulsión del mercado de trabajo
formal, y en casi todas les supone una peor remuneración por trabajos del
mismo valor y serias dificultades en las promoción profesional y laboral.
Corregir los efectos de la desigualdad, listas paritarias, presencia en
los consejos de administración, está muy bien, pero erradicar las causas
supone, a nuestro modo de ver, que mujeres y hombres tengan en el futuro
una auténtica igualdad de oportunidades. Esto forzosamente pasa por
articular medidas de conciliación. A este objetivo se han dirigido
mayoritariamente las enmiendas de mi grupo parlamentario, tanto en el
Congreso, como en el Senado. Pues bien, hoy puedo decir con satisfacción
que mi grupo se ve reconocido en el texto, tanto con la aceptación de
muchas de nuestras enmiendas, ya en el trámite del Congreso, como con las
modificaciones introducidas en el Senado, una por aceptación incluso
literal de nuestras enmiendas, y otras las introducidas por transacciones
y aceptaciones de enmiendas de los otros grupos, porque hemos de
reconocer que todos hemos trabajado en este esfuerzo común.
Con respecto a las enmiendas del Senado, quisiera subrayar algunas de las
que, a nuestro entender, tienen especial relevancia. Niños y niñas
prematuros. Anunciamos ya en nuestra intervención en el Pleno de esta
Cámara el olvido que, a nuestro juicio, habíamos tenido en esta ley con
la situación que afecta a las familias de los niños y niñas prematuros.
Hoy podemos decir con satisfacción que este olvido ha quedado subsanado
en el trámite del Senado porque el texto del proyecto dice que en estos
casos la suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Bien
es cierto que remite a los términos en que un reglamento lo desarrolle,
pero esperamos y confiamos en que esta remisión reglamentaria no sea una
excusa para dilatar la entrada en vigor de una medida que es
absolutamente necesaria. En todo caso, anuncio ya que mi grupo velará con
todos los instrumentos parlamentarios a su alcance para que entre en
vigor y sea cuanto antes una realidad, que es lo que esperan todas las
familias afectadas por esta situación. Nos alegra también el que el
permiso de paternidad independiente de cuatro semanas tenga que ser una
realidad un poco antes, en seis años y no en ocho, que era tal como salió
propuesto de esta Cámara. Seguimos sintiendo que no se haya podido llegar
a un permiso inicial de cuatro semanas, pero dos semanas iniciales con un
desarrollo progresivo hasta cuatro en seis años, nos parece un primer
paso importante. Valoramos también positivamente, como no podía ser de
otra manera, el que el texto recoja iniciativas largamente defendidas por
mi grupo parlamentario. Me estoy refiriendo a la obligación de
desarrollar reglamentariamente en lo que queda de 2007 la Ley de impacto
de género, una iniciativa aprobada la pasada legislatura a impulso de mi
grupo parlamentario que se considera, y así lo hace el Consejo de Estado
en el informe que acompaña este proyecto de ley, un instrumento
importante y que con decepción hemos visto cómo hasta ahora los
gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, no lo
han utilizado con provecho porque han despachado dicho informe con una
simple afirmación genérica de: no hay impacto de género. Deseamos que un
reglamento que precise los indicadores que deben tomarse en cuenta para
poder concluir si hay o no hay impacto de género, restituya la utilidad
de este instrumento para que así pueda desplegar toda su virtualidad. Me
refiero también a la obligación que asume el Gobierno de promover el
acuerdo necesario para modificar la legislación vigente, con el fin de
posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de los cargos
electos. Hay muchas personas que ostentan un cargo electo, no solo en
esta Cámara, sino también en los parlamentos autonómicos y en los
ayuntamientos, que están esperando a que se resuelva una situación que
obliga en muchas ocasiones a tener que acudir a las votaciones, incluso
durante el descanso obligatorio después del parto. Me refiero
especialmente a la obligación de convertir en una realidad en lo que
queda de año 2007, el tan esperado fondo de garantía de alimentos. Un
fondo que ya se previó a instancia de Convergencia i Unió en la
modificación de la mal llamada Ley de divorcio, y que ha sido dotado
presupuestariamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2007. Faltaba únicamente ponerlo en marcha para contribuir a paliar
situaciones de auténtica necesidad a la que se ven abocadas personas con
hijos a cargo, a quienes no se les pagan las pensiones para los hijos
estipuladas en resoluciones matrimoniales, y a ello iba encaminada la
enmienda que mi grupo presentó y que, repito, nos alegramos especialmente
de que haya sido
aprobada. Nos gusta también la introducción de enmiendas técnicas que
mejoran y precisan el lenguaje del texto, la mención a lo largo de todo
él del necesario respeto competencial, la creación de nuevos juzgados
exclusivos de violencia contra la mujer, aunque en este punto comparto
las manifestaciones que ha realizado la portavoz de Esquerra Republicana,
especialmente en cuanto a la falta de formas parlamentarias por
introducir este tema sin el necesario debate. Nos agrada especialmente la
introducción en el articulado de la mención nominal de las mujeres
mayores y de las mujeres viudas dentro de los colectivos de especial
vulnerabilidad, así como el que se especifique la posibilidad de adoptar
medidas de acción positiva también para estos colectivos. Por último,
dentro de este apartado de somero análisis, quiero manifestar, tal como
he apuntado al inicio de mi intervención, que estamos obligados a votar
en contra del inciso introducido en el Senado en la disposición adicional
décimo primera, apartado 7, porque, insistimos, creemos que por error,
queriendo mejorar el léxico en el tratamiento de las personas con
discapacidad, con lo que estamos absolutamente de acuerdo, se ha mutilado
y ha caído del texto el que cuando el Estatuto de los Trabajadores habla
de acogimiento, se incluyan todas las tipologías de acogimiento, también
las recogidas en las legislaciones forales.
Este fue un acuerdo de la Cámara adoptado por unanimidad y para mantenerlo
en el trámite en el que estamos nos vemos, como digo, obligados a votar
en contra de lo introducido en el Senado para mantener en la ley los
derechos de las familias acogedoras. Estamos seguros, por otra parte, de
la comprensión de las personas con discapacidad.
Finalizo, señor presidente, señorías, reiterando nuestro apoyo a la ley y
realizando una consideración final, y es la de que desde Convergència i
Unió repetimos una vez más que ningún triunfalismo ha de caber en la
aprobación de un instrumento para lo que, en definitiva, no es solo una
reforma legal puntual sino algo más, algo que se ha de traducir en un
cambio de mentalidades. Todos y todas sabemos que esto no se consigue
solo con una ley, pero sinceramente confiamos en que esta ley sea un buen
instrumento para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Esta es, a nuestro entender, una ley necesaria y por ello le
damos nuestro voto favorable. No sabemos si será suficiente, pero en
cualquier caso es un avance y un intento serio de poner encima de la mesa
la necesidad de la igualdad real como requisito de democracia plena. Que
entre en vigor y tiempo habrá para ampliarla o corregirla si se ve que en
su aplicación no se alcanzan los efectos que hoy todos y todas esperamos
de ella.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención saludando a la directora general de la
Mujer, que hoy nos acompaña, y a las asociaciones de mujeres que nos ven
desde la tribuna. Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular hoy tenemos
la amarga sensación de que una vez más el Gobierno no está a la altura de
las circunstancias y de que hoy se va a aprobar una ley poco ambiciosa,
muy poco ambiciosa, que no cumple ni las expectativas creadas ni las
necesidades que todavía tenemos las mujeres españolas. (Rumores.)
Señorías, se lo hemos dicho durante todo el trámite parlamentario: esta no
es la ley que necesitamos las mujeres, esta es una ley hecha a medida del
Partido Socialista; es una ley de paridad para las élites, basada en una
trasnochada política centrada en la paridad, en la imposición de
porcentajes en las empresas y en las listas electorales, que choca
frontalmente con el modelo de igualdad del Partido Popular, que se basa
en la mejora de la conciliación y en la corresponsabilidad.
A pesar de esto, desde el Grupo Parlamentario Popular, señorías, les
trasladamos nuestro interés en apoyar al Gobierno en esta ley, siempre
que la misma, en lugar de centrarse en la paridad, priorizase las medidas
de conciliación y la concesión de nuevos y mejores derechos a las mujeres
y a los hombres españoles. Pero ustedes no han tenido la más mínima
voluntad de acercar posturas con el Grupo Popular, de buscar consensos y,
a pesar de compartir la finalidad, durante este trámite parlamentario nos
hemos alejado en el camino a seguir para alcanzar esta igualdad. Y no
vamos a permitir, señorías, ni que se nos den lecciones de igualdad ni
que se nos acuse de no querer trabajar por las mujeres, cuando en los
ocho años de Gobierno del Partido Popular las mujeres logramos los
avances más importantes en materia de igualdad; años en los que las
políticas de incentivos y bonificaciones llevaron a que dos millones y
medio de mujeres se incorporaran al mercado laboral; a reducir la tasa de
paro en 8 puntos, frente a los 6 que ustedes han conseguido en el mismo
período; a reducir la brecha salarial y al crecimiento de contratos
indefinidos para mujeres que de los años 2000 a 2004 crecieron un 21 por
ciento, frente al 14 por ciento que crecen con su Gobierno; también a
introducir medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral
y, sobre todo, su permanencia en el mismo, con la primera ley que incide
en los problemas reales de las mujeres, que no es otra que la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral. Además, quiero recordar en
este momento las leyes de igualdad de las comunidades autónomas a las que
ustedes desprecian cuando mantienen que esta es la primera ley de
igualdad. En esta Ley de conciliación, entre otras medidas, se introdujo
por primera vez al padre como beneficiario del permiso de maternidad,
permitiendo aproximarnos a la corresponsabilidad. Pero no nos quedamos
ahí, señorías, sino que además logramos visibilizar a las mujeres. No
solo se
incrementó el número de ministras, sino que por primera vez en la historia
tuvimos una mujer como presidenta del Congreso; tuvimos una presidenta
del Senado, una presidenta de la Federación Española de Municipios y
Provincias, alcaldesas de capitales importantes, y además contamos con la
única mujer presidenta de una comunidad autónoma. Todo ello sin necesidad
de cuotas ni cambiando leyes para imponer a otros nuestras políticas.
Aunque tal vez, señorías, podíamos haber aprobado por ley que el Congreso
y el Senado estuvieran presididos por mujeres; así hoy se mantendrían
estos logros.
Señorías, recuperando la seriedad que requiere el debate, quiero insistir
en la tristeza que al Grupo Popular le produce que el sectarismo del
Partido Socialista no les permita ser flexibles y mejorar sus leyes con
nuestras propuestas. Hemos mantenido dos discrepancias importantes con el
texto del Gobierno: una, la imposición de la paridad tanto en las listas
electorales como en las empresas, y dos, la ausencia de nuevos derechos
en materia de conciliación. Respecto a la modificación de la Ley
Electoral para establecer porcentajes de representación, desde el Grupo
Popular mantenemos una discrepancia absoluta no solo, como manifesté en
el debate anterior, porque ustedes han roto de manera unilateral una
tradición por la que todas las reformas de esta ley medular de nuestro
ordenamiento jurídico se han realizado siempre con el consenso de los
grupos mayoritarios, sino porque estamos convencidos de que este no es el
camino y mucho menos la solución. Desde el convencimiento de la necesidad
de mejorar la representación de las mujeres en las listas electorales
-porque no nos podemos perder el talento del 50 por ciento de la
población-, pero también desde la confianza en la voluntad de los
partidos políticos, creemos que España no se encuentra en el momento de
necesitar esta medida cuando nos situamos en cuarto lugar a nivel europeo
y el séptimo a nivel mundial en cuanto a representación femenina en el
Parlamento. Nos parece una medida anticuada e innecesaria. Señorías, para
nosotros no se trata solo de estar sino de ser. Por eso queremos ser
muchas, pero sobre queremos ser visibles; no solo tener voto, sino tener
voz, y además, queremos evitar la rotación. Y no queremos que nos limiten
porque, aunque no suceda en el Partido Socialista y necesiten de cuotas,
hay municipios gobernados por el Partido Popular donde vamos a tener que
prescindir de mujeres para cumplir esta ley. (Rumores.-Aplausos.) ¿No les
parece triste? Además, señorías, parece contradictorio que el Partido
Socialista quiera obligar a los demás, tanto a partidos políticos como a
empresas, a cumplir con la paridad cuando ellos mismos no son capaces de
hacerlo. Porque, señorías, díganme dónde están las candidatas del Partido
Socialista a las comunidades autónomas. ¿Dónde están las mujeres en el
Gobierno catalán? ¿Por qué no hay delegadas del Gobierno, directoras
generales, secretarias de Estado o embajadoras? Esta es la verdadera cara
del feminista presidente Rodríguez Zapatero y de su Gobierno. La paridad
para el PSOE tristemente es pura propaganda. Como dice el señor Rodríguez
Zapatero, dime de qué presumes y te diré de qué careces. (Aplausos.)
En cuanto a las medidas de conciliación y de corresponsabilidad, desde el
Partido Popular hemos pretendido mejorar nuestra ley de conciliación
durante esta legislatura e introducir nuevos derechos para adaptarlos a
los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. Con este objetivo, al
comienzo de la legislatura presentamos una proposición de ley de
conciliación de la vida familiar, laboral y personal, aprobada en el
Senado con el rechazo del Grupo Socialista, que pidió enmarcar este
debate en la Ley de Igualdad. Confiados en su buena voluntad,
transformamos las medidas de nuestra iniciativa en enmiendas a este
proyecto de ley, con la penosa sorpresa de que el Grupo Socialista ha
rechazado todas y cada una de nuestras enmiendas, todas ellas medidas
útiles para las mujeres y los hombres españoles. Porque, señorías, ¿quién
puede negar que sería positivo aumentar en dos las horas de lactancia
pudiéndolas disfrutar padre o madre? ¿Quién puede negar que sería
positivo incrementar el permiso de maternidad a veinte semanas para el
segundo hijo y veinticuatro para el tercero y siguientes; o incentivar la
retribución por objetivos; o establecer un cheque guardería o bono
residencia para el cuidado de menores o mayores o dependientes; o
establecer guarderías en centros laborales; o ampliar la ayuda de los
cien euros a las madres de hijos menores de 3 años, de la que ya han
disfrutado más de un millón de mujeres? ¿Quién puede negar que sería
positivo establecer a través de convenio colectivo una bolsa de horas
para incidencias o un permiso retribuido para acompañar a menores o
dependientes a centros médicos? ¿Alguien cree de verdad que con estas
medidas se empeoraría o perjudicaría una ley que dice llamarse de
igualdad? ¿No les parece, señorías, que son medidas que, sin duda,
mejoraría y facilitarían la vida de las mujeres españolas, que inciden en
los problemas cotidianos de nuestras mujeres? Al Gobierno y al Partido
Socialista, no se lo parece. No han apoyado ninguna de estas medidas,
quizá por considerarlas innecesarias o quizá solo por venir del Partido
Popular, poniendo por delante su voluntad de marcar diferencias con el
Partido Popular sobre los intereses de las mujeres y demostrando, sobre
todo, que el poder les ha alejado de la realidad, que sus políticas de
igualdad están a años luz de las necesidades de las mujeres. Y si no,
señorías, salgan a la calle y pregunten a las mujeres qué problemas
tienen, qué necesidades tienen. Les puedo garantizar que sus respuestas
estarán lejos de lo que recoge esta ley. Seguro que sus prioridades no
serán ni paridad en listas electorales ni en consejos de administración.
Señores y señoras socialistas, escuchen más a la calle y dejen de
gobernar de espaldas a la sociedad. Porque para acabar con la
discriminación que subyace no bastan ni buenas intenciones ni palabras
floridas ni demagogia; son necesarias políticas activas y eficaces.
Entrando en las enmiendas introducidas en el Senado, el Grupo
Parlamentario Popular ha manifestado su respaldo
y apoyo a todas las que han supuesto una mejora de la ley, porque nosotros
no actuamos con sectarismo, a pesar de que solamente se nos han recogido
unas pocas enmiendas que eliminan el lenguaje sexista que imperaba en
todo el texto de la ley. A pesar de la oposición inicial del Gobierno, se
ha mejorado la ley con la enmienda de Convergència i Unió dirigida al
incremento de permisos para padres de hijos prematuros que, el Grupo
Popular, no solo ha apoyado, sino posibilitado su aprobación. También nos
parece adecuado incorporar en la ley un llamamiento para regular el
permiso de maternidad y paternidad de los cargos públicos, asignatura
pendiente desde hace años, difícil de solucionar pero que requería una
respuesta. En cuanto al permiso de paternidad, nos mantenemos firmes en
la defensa de un permiso de cuatro semanas. Creemos que no se puede
escatimar en estos nuevos derechos. Un permiso de trece días es un tímido
avance, poco valiente y muy poco comprometido con la corresponsabilidad.
Por eso, aunque reconociendo que en el Senado se ha mejorado la posición
inicial al reducir en seis años la incorporación de este permiso hasta
llegar a las cuatro semanas, esta demora en su aplicación va a traer
consigo un evidente retraso en la mejora de la corresponsabilidad y, con
ello, dificultades en la conciliación de la vida familiar, laboral y,
especialmente, de la personal de las mujeres, que van a seguir soportando
la carga del cuidado de los hijos. Otra ocasión perdida de hacer bien las
cosas desde el principio. Es otra muestra evidente de la falta de
sensibilidad de este Gobierno con la conciliación y con la
corresponsabilidad. Una pena. A pesar de haber votado favorablemente a la
modificación de la Ley de Planta para permitir la puesta en marcha de
nuevos juzgados de violencia, debo decirles que lo hacemos por la
responsabilidad que tenemos contraída en la lucha contra la violencia de
género. Como han dicho otros portavoces, nos parece un disparate que en
una ley de igualdad se introduzca esta modificación, sobre todo cuando
rechazaron esta iniciativa en los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, hacen ustedes leyes chapuceras, con una técnica legislativa
deficiente y dando la sensación de que las leyes se convierten en cajones
de sastre donde todo cabe y nada importa. El despropósito lleva a aprobar
una ley donde se consagran desigualdades entre el ámbito privado y el
público, donde el Gobierno está tolerando y auspiciando diferencias de
derechos entre los trabajadores y trabajadoras que se rigen por el
Estatuto de los Trabajadores de los que lo hacen por la Ley de la Función
Pública, con diferencias en el permiso de paternidad, de lactancia,
reducción por guarda legal o en el tiempo de disfrute de excedencias; una
barbaridad que debería ser corregida. Señorías, al Grupo Parlamentario
Popular le hubiera gustado poder apoyar esta ley pero en esta ocasión no
va a ser posible y por ello nos abstendremos. Porque no podemos ni
queremos apoyar una ley que no se enfrenta a los problemas reales de las
españolas; una ley centrada en la imposición y la obligación; una ley de
paridad vestida con el traje de igualdad; una ley incompleta, poco
comprometida y menos eficaz; una ley donde el ánimo de consenso con
nuestro grupo ha brillado por su ausencia. Pero por responsabilidad y,
sobre todo, por convencimiento vamos a seguir trabajando por la igualdad
de oportunidades de las mujeres y para mejorar las condiciones de vida de
las españolas. Por ello, vamos a seguir insistiendo en las medidas de
conciliación y corresponsabilidad. Mientras, señorías del Partido
Socialista, ustedes sigan anclados en el pasado, sin dar respuesta a las
necesidades de las españolas. Es su elección y su responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camarero.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras en esta tribuna sean para el presidente
del Gobierno, con el permiso de todos, por sus acciones, porque me siento
orgullosa de poder decir, en nombre de muchas (Una señora diputada: En mi
nombre no.), que está cumpliendo con la palabra dada y que está
cumpliendo con las mujeres de este país. Muchas gracias, señor
presidente. (Aplausos.-Rumores.)
Señorías, organizaciones sociales y organizaciones de mujeres, sindicatos,
directora general de Unicef -que hoy nos acompaña- y mujeres
comprometidas que habéis querido hoy compartir este debate desde esta
tribuna en esta noble casa, todos los jueves debatimos en esta Cámara
leyes y normas con las que vamos tejiendo nuestro ordenamiento jurídico y
mejorando nuestro marco de convivencia. Sin embargo, hay leyes y leyes, y
hoy debatimos una de esas leyes que hacen historia porque además de
resolver problemas de la gente supone un importante instrumento de avance
social. No es una ley más, por tanto, la que hoy aprobamos aquí y creo
que no exagero nada si digo que además de necesaria es probablemente la
ley que en términos de progreso más influirá en el futuro de nuestro
modelo social y de convivencia y la que más nos van a agradecer las
generaciones más jóvenes. Es, además, de esas leyes que restituyen
justicia social, y puedo hablar en nombre de muchas, de muchísimas, si
afirmo que es de esas leyes que nos hacen sentirnos orgullosos y
orgullosas del trabajo que hacemos desde el Parlamento. Señorías, quiero
recordar precisamente hoy a todas las organizaciones de mujeres y a todas
las mujeres que han hecho posible el avance que hoy hemos conseguido,
algunas luchando frente a las instituciones, otras junto a las
instituciones, pero siempre con medios pacíficos empujando para que todas
avanzáramos. (Aplausos.) Porque es justo reconocer que en general los
avances de las mujeres casi nunca han beneficiado a las que lucharon por
ellos pero han sido un legado imprescindible para las que nos hemos
beneficiado después.
Señorías, seguro que hoy muchos se preguntarán por qué es necesario en el
año 2007 aprobar una Ley de Igualdad cuando la Constitución española
otorga ya el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de
sexo en su artículo 14. Hay muchas razones que justifican por qué es
importante esta ley hoy, aunque yo solo me voy a detener en tres:
primero, porque no es cierto que esa igualdad jurídica y formal que la
Constitución consagra sea hoy una igualdad real; segundo, porque hay que
tomarse en serio ese mandato constitucional y hacer real y efectivo el
principio de igualdad, y tercero, porque la igualdad es un valor en sí
mismo, señorías, y las sociedades en su conjunto se benefician del
concurso de todo el potencial que representan hoy las mujeres en el
mundo, que son, somos, más del 50 por ciento de ese potencial. Aún no
hemos avanzado lo suficiente en los cambios estructurales necesarios para
construir otro modelo social que erradique la cultura y las conductas de
un mundo hecho y pensado para hombres. La desigualdad y la discriminación
aún persisten aunque se muestren de diferente manera, por eso hoy el
desempleo y la precarización en el mercado laboral siguen teniendo rostro
de mujer, por eso las más jóvenes tienen que renunciar a tener los hijos
que desearían porque la maternidad las penaliza en sus carreras
profesionales.
Señorías, el Partido Socialista llevamos en el programa electoral la
aprobación de una Ley de Igualdad. Con esta ley el Gobierno cumple una
vez más un compromiso electoral pero, sobre todo, todas y todos cumplimos
con las demandas que las mujeres nos vienen haciendo desde hace tiempo.
Las mujeres nos piden oportunidades, nos piden garantías para que sus
derechos estén cubiertos, nos reclaman pedagogía social, complicidades en
sus batallas cotidianas. Son muchas cosas las que las ciudadanas reclaman
a sus gobernantes y muchas cosas las que los políticos podemos hacer para
cubrir las demandas. Y con esta ley lo hacemos.
Esta ley parte de un buen diagnóstico de la realidad de las mujeres
españolas de hoy en sus principales problemas y en sus principales
obstáculos, y todas las medidas que se incluyen están dirigidas a
resolver problemas reales de discriminación aún existentes. Aborda la
igualdad en todos los ámbitos: en el empleo, en la educación, en el medio
rural, en la sanidad, en los medios de comunicación, en la participación
política y social, y también en la cooperación internacional, abordando y
teniendo en cuenta la realidad de las mujeres que han tenido la desgracia
y la poca fortuna de vivir en países menos desarrollados y menos
democráticos que el nuestro. Garantiza la perspectiva de género en todas
las políticas públicas, previene conductas discriminatorias y protege la
maternidad para que no penalice a las jóvenes que se incorporan al
mercado de trabajo. Pero, además, garantiza nuevos derechos muy
importantes de protección social para las mujeres y mejora notablemente
las condiciones de trabajo y los derechos de colectivos de trabajadoras
como las autónomas. Es una ley que cuenta con un gran respaldo político y
quiero aquí agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios,
especialmente de sus portavoces: señora García, señora Pigem, señora
Oliva, señora Fernández Davila, señora Uría, señora Barkos y también de
la señora Camarero y, cómo no, de mis compañeros de ponencia, Carmen
Hermosín y Jesús Membrado. Entre todos creo que hemos contribuido a
mejorar notablemente el proyecto inicial. También quiero agradecer el
trabajo que se ha hecho en el Senado. Señorías, ante la preocupación por
la creación de nuevos juzgados de violencia, quiero decirles que la
disposición para la creación de los juzgados exclusivos no debería
conllevar la eliminación de ninguno de los actuales juzgados compatibles,
como por error se establece en el apartado tres del anexo 13 que modifica
la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Me comprometo a intentar
corregir en la votación esta misma mañana ese error.
Es, también, señorías, una ley valiente, con medidas valientes y
decididas, como la modificación de la Ley Electoral para conseguir
candidaturas con representación equilibrada de ambos sexos. Me van a
permitir detenerme en este apartado que es, prácticamente al final del
proceso, el único punto donde parece que no nos pondremos de acuerdo
todos los grupos. Respeto profundamente los principios y las convicciones
del Grupo Parlamentario Popular para oponerse a esta medida, pero tengo
que manifestar el mayor rechazo de mi grupo y de las mujeres socialistas
a los argumentos que han venido utilizando para oponerse. Señora
Camarero, la diferencia entre su discurso y el nuestro es que usted en un
tiempo lo leerá y lo lamentará, lamentará lo que ha dicho aquí, lamentará
la huella que deja hoy en el "Diario de Sesiones", lo lamentará.
(Aplausos.) Yo les digo que no se queden solas, señorías -y digo solas
porque están hoy muy poco acompañadas de sus compañeros de grupo-
(Aplausos.), no se queden solas y reflexionen porque es ridículo a día de
hoy e insultante para las mujeres seguir acudiendo al argumento de la
valía y la capacidad. El mérito y la capacidad no están reñidos con ser
hombre o mujer. ¿Acaso un país donde más del 50 por ciento de los
universitarios son mujeres, con más de 15.000 profesoras universitarias,
con más de mil catedráticas, con un Poder Judicial que cuenta con un 42
por ciento de mujeres puede hablar de tener mujeres que no valen?
Señorías, no es una cuestión de capacidad, sino de voluntad, de
imparcialidad y de principios democráticos. Concepción Arenal, Emilia
Pardo Bazán, Carmen de Burgos, fueron, lo quisieran o no, la excepción
femenina, pero como dice la filósofa feminista Amelia Valcárcel, en la
dinámica de las excepcionales hay un componente perverso porque nunca son
tan escasas como aparecen y la verdad es que cada una de ellas destaca
sobre un suelo en el que siempre abundan mujeres de parecida talla. La
elección de Clara Campoamor será siempre digna de alabanza y respeto,
precisamente por su valentía contra la dinámica de las excepcionales, no
teme declararse mujer sujeta a todos y los mismos lazos y cadenas que
humillan a las demás
mujeres y no se siente por encima de ellas a pesar de su formación y su
condición política.En su libro Mi pecado mortal dice muy claramente:
Defendí en las Cortes constituyentes los derechos femeninos, deber
indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo. (Aplausos.) El
principio de paridad busca precisamente garantizar equilibrio, justicia,
oportunidad de acceso para todas e imparcialidad, porque todas valen como
todos valen. Busca restituir una democracia incompleta, porque incompleta
es una democracia que desperdicia el saber y buen hacer de sus mujeres.
Señorías, estamos en condiciones de dar un gran salto hacia delante para
que las generaciones jóvenes no tengan que soportar la carga de
discriminación que hemos tenido que soportar otras antes.
Quiero terminar mi discurso con una frase también de Clara Campoamor. Ella
decía, el 1 de diciembre, aquí, para justificar el derecho al voto de las
españolas: Me enorgullezco de que sea mi España la que alcance esa
bandera de la liberalización de la mujer. Esta frase me sirve para
cerrar. La reivindico porque cuando viajamos a Europa o a Naciones Unidas
da gusto que nos feliciten por nuestras leyes de progreso y ampliación de
derechos. Todos y todas somos conscientes de que hay problemas no
resueltos y tendremos que resolverlos estos años. Señor presidente,
señora vicepresidenta, sigamos dando ejemplo en Europa y en mundo, con
normas y leyes que nos hacen más grandes como país y más dignos como
compatriotas. Gracias, señorías. (Aplausos.) Las mujeres hemos utilizado
la palabra para defender derechos. (Aplausos.) Con la palabra he
pretendido defender esta ley. (Aplausos de las señoras y señores
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Monteserín.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente,
señoras y señores diputados, hoy es el primer día de una sociedad
distinta. El germen de una justicia que aguardaba el momento de aparecer
y de instalarse definitivamente entre nosotros brota en el Parlamento
español poco más de 75 años después de que se oyera aquí, por primera vez
en nuestra historia, la voz de una mujer pidiendo la palabra. (Aplausos.)
Clara Campoamor inauguraba para España en 1931 la posibilidad legal de
abandonar temores y viejas costumbres nacidas del miedo y la ignorancia,
nacidas de una triste manera de entender la libertad como un privilegio.
En su solitaria defensa del derecho al voto de las mujeres entregaba el
mayor tesoro que la razón democrática permite, la posibilidad de
construir la historia con voz propia, con ideas propias, con sentimientos
propios, desde la aceptación de que la historia es siempre un quehacer
compartido, porque convivir significa que nuestra vida hasta en lo más
íntimo está siempre abierta a los demás y de ellos depende. Clara
Campoamor dirá que la libertad solo se aprende ejerciéndola, ejerciéndola
al lado de los otros, que reconocemos, porque así lo son, como nuestros
iguales. A Clara Campoamor y a todas las mujeres que han entregado el
fruto de su noble convencimiento a las mejores páginas de la dignidad,
incluso cuando tales páginas las desconozcan o ignoren, hemos de
dedicarle este 15 de marzo de 2007. (Aplausos.) A ellas y a las que se
quedaron en el camino; a ellas y a todas aquellas a las que la historia
quiso robar los sueños; a ellas y a todas las que no saben todavía,
porque sus circunstancias personales así se lo imponen, que esa libertad
plasmada en el derecho a ser ciudadanas también les pertenece.
Señorías, para el Gobierno hoy es uno de los días más importantes de la
legislatura, es también uno de los más felices. Hoy aprobamos una de as
normas más comprometidas con la igualdad de las que se conocen en el
mundo. Hoy el Parlamento español aprueba la Ley orgánica para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Es una norma llamada a transformar, a
transformar para bien, a transformar radicalmente y para siempre la
sociedad española. Es una nueva norma de ampliación de derechos, de
garantía de la efectividad de derechos. Hay quien ha dicho que con la
aprobación de dos leyes -la de promoción de la autonomía personal y de
atención a las personas en situación de dependencia- y esta que hoy
votamos -la de igualdad entre mujeres y hombre- se justifica toda una
legislatura. Es verdad que ambas estas llamadas a incidir muy
significativamente en nuestro modelo de convivencia. Con ellas nuestra
convivencia será más solidaria, será más justa, será más sensible con las
oportunidades de realización personal de todos los ciudadanos, de todas
las ciudadanas. Con estas dos leyes nuestro Parlamento hace honor de la
mejor manera posible y como pocas veces a lo largo de estos treinta años
de democracia al mandato del artículo 9.2 de la Constitución, que
encomienda a los poderes públicos la doble tarea de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean
reales y efectivas y de remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud. Señorías, a pesar de que la Constitución consagra la plena
igualdad entre mujeres y hombres, treinta años después de su aprobación
los datos sobre el número de mujeres que ocupan puestos de
responsabilidad en cargos públicos o en las empresas, sobre las
retribuciones que reciben a igual trabajo en relación con los hombres,
sobre el reparto de las cargas familiares o sobre la composición del
desempleo por sexos son pertinazmente elocuentes: a la sociedad española
le queda todavía un buen trecho para alcanzar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres; recorrerlo exige tomarse definitivamente en serio este
derecho constitucional. Esto es lo que hace la Ley de Igualdad que hoy
comienza a andar. Lo hace gracias a todos, no es solo un mérito del
Gobierno. Quiero atribuírselo igualmente a todas SS.SS, como hay que
hacerlo con calor y reconocimiento a los interlocutores sociales -CEOE,
Cepyme, UGT y Comisiones Obreras- y,
sobre todo, hay que hacer un homenaje a las asociaciones de mujeres y, aun
más que a ellas, a las generaciones de mujeres que con tesón, con
sufrimiento y con paciente impaciencia han luchado para ganar su derecho
a la independencia, al trabajo, al trato igual, a su propia, exclusiva e
independiente dignidad. (Aplausos.) Han logrado finalmente convencernos a
los hombres, habéis logrado finalmente convencernos a los hombres no solo
de que ellas estaban en lo justo, sino también de que era imprescindible
reconocéroslo para ganar en nuestra propia estima y en nuestra propia
dignidad. (Aplausos.)
Señorías, en consonancia con las modernas tendencias del derecho
antidiscriminatorio, la ley presenta una dimensión transversal, que le
permite proyectar su influencia sobre todos los ámbitos de la vida social
donde persiste la desigualdad de hecho para tratar de combatirla y
eliminarla. Ello explica que se trate de una ley que ha rastreado el
conjunto del ordenamiento jurídico para incidir sistemáticamente sobre él
modificando aquellas normas que regulan aspectos relevantes para la
igualdad. Es verdad -me apresuro a decirlo- que mi Gobierno y este
Parlamento, con el apoyo unánime de sus miembros, ya se había ocupado al
principio mismo de la legislatura de la discriminación de las mujeres. Lo
primero que hicimos fue, en efecto, ocuparnos de la discriminación más
odiosa que cabe imaginar, la que representa la violencia de género. Hemos
vuelto sobre ello a lo largo de la legislatura, desarrollando la Ley de
Violencia de Género mediante medidas de muy diverso orden, y quiero decir
una vez más que no cejaremos en nuestra determinación de luchar con todos
los medios necesarios contra esa lacra, contra la lacra del machismo
criminal.
La Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres pretende
actuar preventivamente sobre la desigualdad y reaccionar de un modo
operativo, efectivo y eficaz sobre aquellos ámbitos tradicionalmente
reacios a la presencia y al protagonismo de las mujeres. Para apreciar en
su justa dimensión la trascendencia social de esta ley basta con repasar
siquiera sumariamente algunas de las medidas que prevé. En ella se
contienen medidas para la igualdad en el empleo, tanto en el acceso como
en la formación y promoción profesionales, en las condiciones de trabajo
y en la Seguridad Social, con la previsión de adopción por parte de las
empresas de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral en el marco de la negociación colectiva, que en las empresas de
más de 250 trabajadores deberán ser el resultado de un plan de igualdad
negociado con los trabajadores. Asimismo, se consagran medidas
específicas sobre los procesos de selección para la provisión de puestos
de trabajo y en los procesos formativos en el seno de la Administración
del Estado. La proyección de la igualdad se extiende a las Fuerzas
Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se incluye
entre los derechos de los trabajadores y funcionarios la protección
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y se considera a las
mujeres como grupo de población prioritario para las políticas activas de
empleo.
La ley contiene igualmente medidas para la igualdad en la atribución de
las cargas familiares y de fomento de la corresponsabilidad de hombres y
mujeres para la conciliación del trabajo y de la vida personal y
familiar, con importantes mejoras de la protección de la maternidad y del
régimen de licencias y permisos y con el reconocimiento del permiso de
paternidad por quince días. Estas mejoras se introducen igualmente para
los trabajadores autónomos y de otros regímenes especiales de la
Seguridad Social. Además, la ley persigue la integración del objetivo de
la igualdad en todas las políticas públicas y con tal fin procura la
implicación de los poderes públicos en todos sus ámbitos de actuación.
Así, la ley contiene medidas específicas de actuación en materia de
educación, sanidad, sociedad de la información, desarrollo rural,
vivienda, contratación y subvenciones públicas. Como prueba de que el
compromiso más exigente con la igualdad efectiva es el que tienen que
asumir los propios poderes públicos y en particular la Administración
General del Estado, se prevé la creación de una estructura administrativa
y de coordinación institucional para garantizar la perspectiva de género
en todas las actuaciones de la Administración del Estado. Operarán la
Comisión interministerial de igualdad para la coordinación de las
políticas de igualdad de todos los departamentos ministeriales, las
unidades de igualdad dentro de cada ministerio para el desarrollo de las
funciones relacionadas con la igualdad y el Consejo de participación de
la mujer, que tiene como fin servir de cauce para la participación de las
mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y
de oportunidades. Instrumento básico en este sentido será el Plan
estratégico de igualdad de oportunidades.
Por último, pero no menos importante, la ley incluye medidas para lograr
la igualdad efectiva en la participación en el poder público y social,
que vienen de la mano de la adopción del llamado principio de la
presencia o composición equilibrada. Es un principio que va a operar en
órganos o puestos de responsabilidad, modulando su grado de eficacia en
función del ámbito privado o público al que pertenezcan, con unos límites
suficientemente flexibles del 60/40 por ciento. Se pretende alcanzar un
reparto equitativo entre mujeres y hombres en el protagonismo político y
social; en suma, que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad en
cargos públicos o en las empresas de este país. Destaca la proyección de
este principio en el ámbito de la participación política, mediante su
aplicación a las listas electorales, tanto en el nivel estatal, como en
el autonómico y en el local, así como en los consejos de administración
de las sociedades mercantiles, en términos razonables y previendo en este
último caso un proceso de adaptación de ocho años; pero los cambios en
las sociedades mercantiles, en la composición de sus consejos, serán, sin
duda alguna, cambios que originarán un mejor funcionamiento de nuestras
grandes corporaciones mercantiles. Es, pues,
una ley ambiciosa, es una ley que, en consecuencia, exigirá un esfuerzo
continuado para hacerla efectiva. Por ello, les anuncio que tengo el
propósito de encargar específicamente el seguimiento constante de estas
actuaciones, que los poderes públicos y los privados deberemos cumplir
con lealtad a lo que hoy aprobamos.
Señorías, la ley que hoy aprobamos contiene estas y otras medidas a favor
de la igualdad efectiva de las mujeres, y lo hace bajo la convicción de
que no son solo ellas las beneficiarias de esta importante acción
normativa, que lo es el conjunto de la sociedad, que lo somos todos. Como
objetivo primero está la pretensión de hacerlas justicia, a ellas, a las
mujeres, una justicia elemental e inaplazable, pero está también muy
presente en la ley la apuesta decidida por un modelo social sustentado en
el equilibrio, en el reconocimiento de las mismas posibilidades de
disfrute de libertad para todos, con independencia de la condición, con
independencia del sexo. Es realmente una ley de plena ciudadanía, una ley
para todos, una ley que pretende derogar cualquier dominación de los
ciudadanos y ciudadanas de este país.
Señorías, las sociedades solo alcanzan verdadera madurez democrática
cuando nadie se siente ajeno, extraño, marginado, cuando ser mujer no
significa ni renuncias forzadas ni frustrantes sentimientos de
culpabilidad, que acaban reproduciendo comportamientos dolorosos e
injustos y destruyen las herramientas individuales o colectivas que
pudieran impedirlo. Estoy convencido de que las sociedades solo
alcanzarán una verdadera grandeza democrática cuando los hombres y las
mujeres que las formen y las hacen mejor cada día son iguales. Por eso la
aprobación de la Ley de Igualdad debe ser una celebración. Los españoles
y las españolas hemos soñado un futuro y ahora lo tenemos en las manos,
en el pensamiento y en el corazón, lo tenemos en la palabra igualdad y en
las acciones que van a poder, sin más demora, acompañarla. Tenemos ante
nosotros el rostro más sincero de la esperanza y un camino por recorrer,
donde colaborar, compartir, cooperar van a constituir en términos
cotidianos el poder transformador que posee todo logro social, todo
restablecimiento de la justa dignidad. Delante de nosotros tenemos, a
partir de hoy, un espejo del que sentirnos tan orgullosos como
responsables. Esta ley acepta el compromiso de consolidar y crear, si así
es necesario, una estructura social nueva, de ensayar y aprender una
convivencia nueva. Esta ley hace de España un país mejor, porque desde
hoy los españoles y las españolas somos por ley absolutamente iguales.
He trabajado -decía Clara Campoamor- para que en este país los hombres
encuentren a las mujeres en todas partes y no solo donde ellos vayan a
buscarlas. Hoy sin duda aquel deseo se hace realidad, por lo que pensando
en todas las mujeres que no pudieron cumplir sus sueños, su autonomía
personal, su dignidad, ser respetadas, ser vistas por todos los hombres
en todas partes y pensando en toda esa historia de dignidad, me siento
profundamente orgulloso de representar a un grupo y a un Gobierno que ha
impulsado una ley tan hermosa para la igualdad.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de los señores y señores diputados
del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Un señor diputado:
¡Bravo!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Continuamos con el debate. (Rumores.) Por favor, continuamos con el
debate. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.) Señora Camarero,
dígame.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor presidente, evidentemente, aunque el
Gobierno tiene la potestad de cerrar los debates, el presidente del
Gobierno ha introducido elementos nuevos en este debate (Varios señores
diputados: ¡No!), y lo ha reabierto, por lo que le pediría un breve turno
de intervención. (La señora Sánchez Díaz: ¡Esto es increíble!)
El señor PRESIDENTE: No. Señora Camarero, usted sabe perfectamente bien, y
este presidente lo tiene suficientemente acreditado en esta legislatura,
que si el presidente del Gobierno hubiera realizado alguna alusión o
algún elemento de referencia contradictorio con la posición que usted
hubiera mantenido, esta Presidencia hubiera reabierto el debate. No ha
sido el caso. El presidente del Gobierno se ha limitado a defender el
proyecto del Gobierno.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor presidente, no le pido el turno...
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, no puedo atender su demanda.
Continúa el debate. (Varios señores diputados: ¡El debate!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Convenios
internacionales. Se votarán conjuntamente.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. (Número de
expediente 127/000006.)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón. Antes de comenzar el debate quiero
saludar la presencia en las tribunas de la delegación del Parlamento y
del Gobierno aragonés en el que, sin duda, es un día importante para su
comunidad autónoma. Comenzamos con el turno a favor de las enmiendas
presentadas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Labordeta. (La señora vicepresidenta primera del
Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Fernández de
la Vega Sanz, pide la palabra.)
Señorías, la señora vicepresidenta ha solicitado intervenir antes de la
defensa del turno de enmiendas y anuncio que, al tener la anterior ley
carácter orgánico, la votación no se va a celebrar en ningún caso antes
de la una de la tarde. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.
(Rumores.) Señora vicepresidenta, es una de mis peleas permanentes
respecto a lo que le ocurre siempre al primer diputado o diputada que
interviene y al último diputado que interviene. (Rumores.) Por favor, va
a intervenir la señora vicepresidenta. (Pausa.) Adelante, señora
vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención con un afectuoso saludo de
bienvenida una vez más a los representantes de las instituciones
aragonesas que hoy nos acompañan -presidente, buenos días, bienvenidos
usted y todos los miembros de esta comunidad- y también con una merecida
felicitación a las diputadas y diputados que han trabajado en la Comisión
Constitucional y a su presidente, quien, como siempre, ha dirigido con
maestría los debates. Una vez más nos ofrecen el sentido y el valor del
acuerdo parlamentario como clave de la democracia constitucional. Estoy
convencida de que la VIII Legislatura será recordada como un periodo
central en el avance y la consolidación del Estado de las autonomías
diseñado por el constituyente de 1978. Nos encontramos ante la quinta
votación de una propuesta de Estatuto de Autonomía y aún nos resta
deliberar al menos sobre otras tres iniciativas que ya están en la
Cámara. Queda, por tanto, sobradamente acreditada la necesidad de
reformar los estatutos y de adaptarlos a la realidad de la España del
siglo XXI. Imagino que ya nadie se atreverá a ponerla en duda, aunque
también intuyo que algunos nunca reconocerán su error de percepción y la
inquietud que tan en vano suscitaron en la ciudadanía mediante un
infundado y desmesurado alarmismo. Afortunadamente, el transcurso del
tiempo no solo constata la generalización de las reformas sino el acierto
democrático del modo elegido para afrontarlas. Por primera vez, señorías,
la reformas estatutarias no son reformas teledirigidas desde el centro;
su impulso brota de las mismas comunidades autónomas y son ellas las que
invitan a las Cortes Generales a reflexionar sobre la necesidad y
oportunidad del cambio. Este es el camino previsto por la Constitución y
que algunos han querido desconocer ofreciendo como remedio sustitutivo un
acuerdo entre los dos grandes partidos del Estado. Sin embargo, los
estatutos de autonomía son por mandato constitucional la manifestación
normativa de un pacto entre los representantes políticos de la comunidad
autónoma y los del Estado presentes en estas Cortes Generales.
El Estatuto que hoy se somete a votación es un buen ejemplo de ello. En
efecto, a las comunidades autónomas, señorías, les corresponde el impulso
de la reforma. Así ha sido; han sido las instituciones autonómicas las
que han explicado a los ciudadanos inicialmente la razón del cambio, el
porqué del esfuerzo colectivo que embarca a toda la ciudadanía de una
comunidad en una reflexión política sobre su pasado, su presente y su
futuro, y han sido debates que se han realizado con talento, con sosiego
y con proyección histórica. El Gobierno siempre ha confiado en las
comunidades autónomas porque durante todos estos años han acreditado con
creces su madurez política y su responsabilidad institucional. De hecho,
es indiscutible que las propuestas autonómicas han servido para
enriquecer y consolidar los cimientos del Estado constitucional y han
vuelto a alimentar, siguiendo las trazas de nuestra historia, la propia
idea de España, pero de España como pluralidad dentro de la unidad y de
la solidaridad.
En este contexto reformista la propuesta aragonesa es una contribución
fundamental. Lo es porque explica perfectamente la necesidad de la
reforma y la articula con rigor técnico y responsabilidad política,
coadyuvando así al bienestar de los aragoneses y aragonesas y a la mejora
del estatuto autonómico en su conjunto. El debate habido en las Cortes de
Aragón y la defensa llevada a cabo por sus representantes ante esta
Cámara permiten identificar con facilidad el objetivo principal que animó
a la decisión de iniciar la reforma estatutaria. Sí, no era otro que el
de dar continuidad al progreso e incrementar su compromiso democrático.
Creo que la redacción final del preámbulo refleja con precisión la razón
central de la reforma. Dice: El presente Estatuto dota a la comunidad
autónoma de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el
progreso social, cultural y económico de los hombres y mujeres que viven
y trabajan en Aragón, comprometiendo a sus poderes públicos en la
promoción y en la defensa de la democracia.
Señorías, aquellos que durante la transición soñábamos con otro modelo de
convivencia teníamos claro que el sostén del progreso solo podía ser la
democracia y que la democracia solo se consolidaría con un proceso
general de reconocimiento del derecho a la autonomía política que
acogiera el ser plural de España. Es verdad que ahora vuelven a surgir
voces que quieren quebrar esa cadena labrada en la transición y que
ensambla en una sola pieza las palabras democracia, autonomía y progreso,
pero estoy convencida de que son voces minoritarias, en las que todavía
permanece latente una clara desconfianza hacia el título VIII de la
Constitución y una concepción de España trasnochada. Reformas tan
ejemplares como la aragonesa nos muestran, sin embargo, que la ciudadanía
de 2007 participa plenamente del espíritu constitucional de 1978. La
historia de los veinticinco años de autonomía aragonesa es el relato de
un
cambio profundo, de una transformación radical. La libertad para formular
políticas públicas propias y adaptadas a la realidad de Aragón, la
proximidad y participación en el debate público a través de instituciones
de autogobierno y finalmente la lealtad para con la Constitución y el
Estado son las piezas claves para comprender el desarrollo del pueblo
aragonés, un pueblo que es consciente de que la historia no se detiene,
de que en el año 2007 se plantean retos y demandas sencillamente
inimaginables en 1982 y de que las nuevas circunstancias exigen nuevas
soluciones jurídicas que actualicen el autogobierno para seguir
labrándose un futuro de progreso y bienestar. Ese es el pensamiento y ese
es el impulso que han llevado a cabo los aragoneses y las aragonesas
trayéndonos hoy aquí el Estatuto que vamos a votar.
La Comunidad Autónoma de Aragón, a través de sus representantes, ha
elaborado una propuesta de singular rigor técnico. El texto sobre el que
esta Cámara ha deliberado se caracteriza por la austeridad de su
articulado, que sin embargo diseña un marco muy potente para el
desarrollo de la autonomía. Ya lo dijimos en la toma en consideración,
Aragón ha propuesto a esta Cámara la aprobación de un excelente Estatuto
de autonomía sin renunciar a nada. Contiene un amplio y moderno elenco de
derechos que marcan las expectativas de futuro de la ciudadanía aragonesa
y los objetivos preferentes a los que ha de servir la acción de sus
poderes públicos, integra en la norma institucional básica las relaciones
de Aragón con el Estado y las demás comunidades autónomas y tiene
presente la dimensión territorial de la política europea y los procesos
internacionales de globalización. En fin, mejora sus competencias de
autogobierno y moderniza su aparato institucional. Señorías, la
iniciativa de las Cortes de Aragón aúna rigor técnico y ejercicio de
responsabilidad política, y las Cortes Generales así lo han percibido y
así lo han entendido. De hecho, la tramitación parlamentaria de la
iniciativa ha servido para consolidar el acuerdo y aquilatar la
iniciativa de Aragón al interés general de todos los españoles
representados en esta Cámara, porque si a las comunidades les corresponde
el impulso de la autonomía, es responsabilidad de estas Cortes incardinar
esa autonomía en el marco de la unidad y la solidaridad, que también son
principios fundamentales que por designio constitucional han de informar
la estructura territorial del Estado.
En esa perspectiva es justo celebrar el resultado final que hoy nos
presenta la Comisión Constitucional. Merece la pena que nos detengamos
muy brevemente en subrayar aquí algunas de sus aportaciones. Así, la
importante adición del artículo 6.3. Se trata de una cláusula de vital
importancia que se ha introducido en todos los estatutos y que despliega
un doble y muy conveniente efecto jurídico: por una parte, separa las
competencias de los derechos; por otra, se garantiza que los derechos
estatutarios de los aragoneses nunca podrán alterar el disfrute de los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales suscritos por España. Por tanto, los derechos
estatutarios son plenamente compatibles con los derechos fundamentales,
garantizándose así la existencia de un estatuto jurídico igual y común a
todos los españoles, sin perjuicio de aquellos otros derechos que se
reconocen en el Estatuto de Aragón y cuya observancia corresponde a los
poderes públicos de la comunidad autónoma. También han recibido una
precisa respuesta normativa las dudas que para algunos suscitaba la
redacción del artículo 61.2, referido a la Administración ordinaria. El
precepto definitivo despeja cualquier malentendido, pues el texto surgido
de la Comisión Constitucional sienta con claridad la posición
institucional de la Administración autonómica y su responsabilidad para
con los ciudadanos en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Asimismo, no puedo dejar de celebrar la mejor técnica que en sede
de Cortes se ha realizado en el título V, relativo a las competencias de
la comunidad autónoma. En ningún caso se ha menoscabado el quántum
competencial que proponían las Cortes de Aragón. En cambio, sí se ha
propiciado una reorganización de algunos títulos competenciales y una más
precisa delimitación de sus contenidos, que otorga certidumbre y
ahorrará, seguro, conflictividad en el futuro. En todo caso, la claridad
en la regulación de las competencias siempre revierte en la eficacia de
los poderes públicos y en la calidad y eficiencia de los servicios que
deben prestar los ciudadanos. En este sentido son también muy relevantes
las sucintas matizaciones introducidas en algunos artículos del título
VII, relativo a la cooperación institucional y la acción en el exterior,
que cumplen la función capital de concretar el ámbito de cooperación,
fijando su nervio precisamente en aquello que es de especial interés para
Aragón, para la comunidad autónoma.
Pero ante todo quiero detenerme, señorías, en el importantísimo acuerdo
alcanzado en materia de agua. Todos los miembros de esta Cámara son
conscientes del innegable valor de este preciado bien, de su carácter
limitado y de su importancia para el progreso colectivo. A nadie de esta
Cámara se le escapa la especial sensibilidad de los aragoneses en esta
cuestión. La organización del agua, señorías, requiere medidas complejas
y a largo plazo. Pero en este caso de lo que se trataba era de definir
las competencias y las facultades que los poderes públicos de Aragón
asumen en su Estatuto sobre esta materia. El Gobierno nunca puso en duda
la capacidad de esta Cámara para encarar esta cuestión con perspectiva y
ofrecer respuestas consensuadas que armonizasen las legítimas
aspiraciones de los aragoneses a disponer de agua suficiente para sus
necesidades con el respeto a las igualmente legítimas necesidades de
otras comunidades autónomas. Y una vez más, el diálogo, el trabajo bien
hecho y la confianza en la política como medio de resolución de
conflictos ha permitido encauzar las dificultades y hacerlas desembocar
en el mar del acuerdo. Sin duda, la apuesta aragonesa a favor de la
sostenibilidad,
la solidaridad intergeneracional y la compatibilidad de la prioridad de
aprovechamiento con el principio de unidad de cuenca facilitaron el
encuentro. Los miembros de la Comisión Constitucional de esta Cámara han
sabido cohonestar el interés de Aragón con el interés general mediante
una solución jurídica válida para todos. Quiero agradecer desde aquí la
generosidad a todo el mundo, especialmente a los aragoneses. En el
artículo 19 del Estatuto se reconoce a los aragoneses el derecho a
disponer de abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad
suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, y se hace
en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la
utilización eficaz y eficiente del recurso. En la disposición adicional
quinta se establece que será la planificación hidrológica la que
concretará las asignaciones y las reservas necesarias para hacer efectivo
el principio de prioridad del aprovechamiento de los recursos y para
garantizar los derechos reconocidos en el artículo 19, teniendo en cuenta
lo acordado al respecto por las Cortes de Aragón. Creo sinceramente que
el acuerdo alcanzado en este punto es encomiable y ejemplifica, acaso
como ningún otro, la posibilidad de atender los intereses y
reivindicaciones legítimas de una comunidad y al tiempo construir una
España más solidaria y más unida. Les felicito por ello y me congratulo
porque, además, por su contenido se incardina perfectamente en la
política del agua que viene impulsando el Gobierno desde el inicio de la
legislatura. Una política que toma en consideración tanto su valor
económico como su valor social y ambiental, con el objetivo de optimizar
su uso y garantizar la disponibilidad del agua en todos los territorios.
Porque, señorías, en contra de lo que algunos piensan, hablar de las
comunidades autónomas y de sus problemas es hablar de España. Sí, hablar
de España y no hablar contra España, examinar sus pretensiones,
debatirlas en estas Cortes Generales y ofrecer, finalmente, soluciones
compartidas es dar respuestas a necesidades tan reales de los españoles
como las concernientes al aprovechamiento individual y colectivo del
agua. Eso es gestionar la pluralidad y reforzar al tiempo los lazos de
solidaridad y cohesión entre todos los españoles, para alcanzar un Estado
más eficaz, más unido y más fuerte. Más Estado. Estos estatutos
contribuyen a la fortaleza del Estado. Por eso este Gobierno y el Grupo
Parlamentario Socialista nunca han contemplado con recelo las iniciativas
de reformas estatutarias procedentes de las comunidades autónomas.
Siempre hemos confiado en el diálogo político y en la fuerza de nuestras
instituciones democráticas. Y, señorías, una España consciente de su
diversidad que escucha y comprende será siempre una España más unida que
aquella que confronta y divide.
Señorías, no me cansaré de repetir que ha sido y es una máxima de este
Gobierno afrontar todas estas reformas estatutarias con el mayor respeto
institucional; respeto por las instituciones autonómicas que las proponen
y respeto por los grupos parlamentarios con los que debemos fraguar y
hemos fraguado el consenso final. Siempre estuvimos convencidos de que el
sentido de Estado nos obligaba a soslayar nuestros intereses partidistas
y buscar el acuerdo hasta el final. En la regla 148 de su Oráculo manual
y arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, español y aragonés
universal, se recomendaba tener el arte de conversar en que se hace
muestra de ser persona. En ningún ejercicio humano se requiere más la
atención, por ser el más ordinario del vivir. Aquí es el perderse o el
ganarse. Señorías, los aragoneses, sus instituciones, han hecho gala del
arte de conversar y ustedes han sabido sentarse a su lado y trabajar con
ellos. Con su nuevo Estatuto, Aragón continuará su senda de progreso y
esperanza y con Aragón toda España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Ahora sí, abrimos turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, tiene
la palabra el señor Labordeta. Como saben ustedes, el tiempo del turno
establecido para este tipo de debate es de 20 minutos.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero dar la bienvenida a las autoridades aragonesas y
decir que subo a esta tribuna fundamentalmente a defender las sesenta
enmiendas parciales de Chunta Aragonesista a esta propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón que se mantiene para el debate y
votación en el Pleno del Congreso. Ha querido la casualidad que la fecha
de aprobación del dictamen de la Comisión sea precisamente un 15 de
marzo. En el calendario romano... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, espere. El problema se repite.
El señor LABORDETA SUBÍAS: ¡Hala, callaros!
El señor PRESIDENTE: El problema se repite.
El señor Labordeta está en el uso de la palabra.
Adelante.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Decía que en el calendario romano los idus de marzo caían en el 15 del mes
de martius y eran días de buenos augurios; sin embargo, pasaron a la
historia por la famosa frase de Shakespeare en su obra Julio César, en
1599, que lo citaba al escribir: Guárdate de los idus de marzo, guárdate.
Eso habrá que decirles a los aragoneses y aragonesas con este Estatuto,
porque vamos a tener un Estatuto excluyente en las formas y claramente
insuficiente en el fondo. En cuanto a las formas, no han aceptado ni
siquiera la posibilidad de sentarse a negociar las enmiendas con Chunta
Aragonesista, y eso que el histórico Reino de Aragón, aunque ahora lo
silencien en el
preámbulo, fue el país del pacto. Y en cuanto al fondo, quieren aprobar un
Estatuto pacato a la hora de asegurar inversiones del Estado; un Estatuto
timorato a la hora de asegurar nuestros recursos hídricos ante la amenaza
de nuevos trasvases; un Estatuto incapaz de asegurarse competencias que
otros territorios sí tienen; un Estatuto de Autonomía ignorante de
nuestra historia y de nuestra identidad. Y es que hablando de fechas y de
casualidades de la historia, hace tres años y un día las urnas dieron un
vuelco electoral y como resultado del mismo se conformó un nuevo Gobierno
que se quería de izquierdas y con sensibilidad federal. Desde esta misma
tribuna y en la sesión de investidura, indicamos al que iba a ser
presidente del Gobierno que colaborase en la aprobación de un nuevo
Estatuto de Autonomía de Aragón que colmase las aspiraciones de
autogobierno y dotase a nuestro territorio de un verdadero poder político
y económico. Tres años y un día después, este Estatuto, de no
incorporarse nuevas enmiendas, supondrá una nueva decepción a estas
aspiraciones; nos condenará, veinticinco años después, a una nueva
autonomía de segunda, en un año -y va de conmemoraciones- en el que se
cumple el 300º aniversario de los Decretos de Nueva Planta, que acabaron
con la personalidad política de Aragón. ¿Será por eso por lo que han
eliminado este episodio clave de nuestra historia en el preámbulo?
Hemos explicado por activa, pasiva y hasta por reflexiva las carencias de
este nuevo Estatuto. No hemos obtenido hasta la fecha por parte de los
otros grupos que han acordado el texto ninguna explicación convincente
que refutara nuestros argumentos. Lo que sí era bueno para Cataluña,
Baleares o Andalucía no lo era para Aragón. Lo que sí conseguían otros
territorios en materia de inversiones aseguradas del Estado, vía
presupuestos generales, no lo conseguía Aragón. La deuda histórica que se
tiene con nuestro territorio no se reconoce, pero sí a otros lugares.
¿Esto es acabar con la España de las dos velocidades? En los albores de
la democracia, algunos, con sus maniobras políticas, nos metieron en la
vía lenta de las autonomías, a pesar de la histórica manifestación del 23
de abril de 1978, que ahora parece molestar a algunos y se elimina
también del preámbulo. Ahora quieren que sigamos el mismo camino.
¿Cuántas veces tenemos que manifestar nuestra voluntad de autogobierno?
¿Cuántas veces tenemos que seguir diciendo que los aragoneses no queremos
estar en el vagón de cola, sino en la primera fila? Esta tercera reforma
de un estatuto de segunda consagra la asimetría que tanto gusta a algunos
para consolidar sus privilegios y tanto nos disgusta a los que hemos
luchado siempre contra las desigualdades sociales y territoriales. (La
señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
Decíamos al comienzo de esta intervención que había fallado en las formas.
El pasado 3 de octubre de 2006, durante el debate de totalidad de esta
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, decíamos que
queríamos ser más ambiciosos para lograr el mejor Estatuto no para 2007
ni para la Expo de 2008, sino para los aragoneses que todavía no han
nacido, para los que todavía no han llegado a estudiar o a trabajar a
nuestra tierra. Tendíamos la mano para lograr acuerdos porque creíamos
que un estatuto fuerte tenía que contar con el que es el tercer partido
en número de votos de Aragón ya desde el año 2000 en todas y cada unas de
las elecciones que han existido. Creo que es bueno recordar este dato.
Sin embargo, desde ese 3 de octubre no se ha querido invitar ni siquiera
a participar en una mesa a Chunta Aragonesista. No hablamos de si hubiera
sido o no posible llegar a acuerdos; sencillamente decimos que su acuerdo
ha llegado cerrado y bloqueado, impidiendo el sano y deseable debate
democrático, por mucho que ahora se empeñen en decir públicamente que no
ha sido así. No dicen la verdad y ustedes lo saben. Han fallado en las
formas, pero también -y eso es lo más importante- en el fondo.
Hemos reiterado nuestras diferencias, que afectan básicamente a cinco
aspectos: las inversiones del Estado en Aragón; las competencias no
incluidas o ahora excluidas; la defensa del Ebro frente a los trasvases;
las lenguas propias de Aragón, y el preámbulo. Vayamos por partes. Hay
una cuestión básica y fundamental de la que depende el futuro de Aragón y
que por sí sola tendría fuerza suficiente para decir no a este Estatuto
si no se mejora: la cuestión de las inversiones, de la deuda en
infraestructuras que históricamente mantiene el Estado con Aragón. Mis
paisanos de Teruel, del Alto Aragón, del Bajo Aragón, de la comunidad de
Calatayud y demás comarcas rurales de Zaragoza saben como nadie de la
precaria situación de sus carreteras, de sus estaciones de tren, de sus
pasos fronterizos, de la despoblación y el abandono que si no lo
remediamos dejará un territorio sin futuro. Sabemos que con perricas
chufletes, como decimos por allí, o lo que en lenguaje político significa
que sin inversión suficiente no hay autogobierno que valga, porque ¿cómo
podremos construir un futuro de prosperidad? En relación con este tema
presentamos nuestra enmienda número 49, para la que pedimos el voto
favorable de esta Cámara, porque, a fecha de hoy, ¿han incorporado en
nuestro Estatuto la obligación del Estado de destinar a Aragón un
porcentaje concreto y determinado del total de las inversiones en
infraestructuras? No. Estamos peor que antes porque otros estatutos, en
otros territorios, sí garantizan inversiones estatales superiores a las
que se han venido realizando hasta el momento. Y es que mientras en
Cataluña, por ejemplo, la inversión estatal se equiparará a su porcentaje
del producto interior bruto, en Andalucía será equivalente a su
población, en Baleares se establecerá atendiendo a la inversión media per
cápita y de momento en Canarias no será inferior al promedio del conjunto
de las comunidades autónomas, o en Castilla-La Mancha será al menos
equivalente a una media de tres factores más el 1 por ciento de su
producto interior bruto regional, es decir un 9,3, en Aragón quedamos a
la intemperie con las migajas que nos quieran repartir una vez que el
Estado haya cumplido sus compromisos con esas otras comunidades. El texto
aprobado en las Cortes de Aragón decía que se tendrá en consideración, y
ahora dirá que se ponderarán, refiriéndose a tres factores de los que dos
ni siquiera son cuantificables: la orografía y la condición de comunidad
fronteriza. ¿Ese es el gran cambio, sustituir una palabra por su
sinónima, ya que considerar significa, según la Real Academia de la
Lengua, reflexionar algo con atención y cuidado, y ponderar es examinar
con cuidado algún asunto? Otros Estatutos aprobados hasta la fecha y
otros que vendrán a esta Cámara fijan con carácter imperativo para el
Estado que se garanticen inversiones superiores hasta tres puntos en las
que recibían, en algunos casos superiores al doble, y Aragón, pudiendo
asegurarse el 9,5 por ciento equivalente a su superficie, como propone
Chunta Aragonesista, no se asegura ni un euro de inversión estatal en el
futuro. ¿Se garantiza Aragón con este Estatuto una compensación de 5.000
millones de euros por el déficit acumulado de inversión, como propone
Chunta Aragonesista en la enmienda 53 que hoy defendemos? No, por
supuesto. Pero ya lo ha conseguido Baleares y el otro día escuchamos al
ministro Sevilla, que está aquí presente, cómo van a acelerar el pago de
la deuda histórica a Andalucía, reconocida en su Estatuto. Muy bien,
enhorabuena. De acuerdo con que luego se fijará en una comisión
específica, pero ¿no negociará mejor el Gobierno autonómico que cuente
con el respaldo de lo que diga una ley orgánica? Incluyamos esta cifra de
compensación por el déficit acumulado por la insuficiencia de inversiones
en Aragón por un valor de 5.000 millones de euros a lo largo de siete
años, y luego ya intentaremos que se cumpla o todo o una parte.
Cualquiera puede entender que es así de sencillo y práctico para defender
nuestros intereses.
Hay otro tema en Aragón con nombre de río, sentimiento y razón: el agua,
el Ebro. ¿Cómo se defiende en este Estatuto de Autonomía de Aragón este
recurso frente al derecho al trasvase que el Estado reconoce a los
valencianos en la Ley Orgánica 1/2006? ¿Emitirá Aragón un informe
determinante o vinculante ante cualquier propuesta de trasvase, como
exigen Chunta Aragonesista y los políticos del PSOE y del PP de
Castilla-La Mancha? No. Lo de los 6.550 hectómetros cúbicos no tiene
desperdicio. Aunque se hubiera mantenido tal cual, nada nuevo aportaría
puesto que esa reserva ya está recogida en el Pacto del Agua, en el Plan
de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. Precisamente esta ley casi
consumó el trasvase, luego es evidente que la reserva no sirve en
absoluto para impedirlo. Ahora, tras las enmiendas incorporadas en la
Comisión, la reserva ya no se establecerá con carácter vinculante en una
ley orgánica como es el Estatuto, sino que este se limitará a recordar
que un día, el 30 de junio de 1992, las Cortes de Aragón consideraron en
una resolución que haría falta esa reserva. Por si queda alguna duda, la
misma adicional comienza diciendo que la planificación hidrológica -esto
es el Estado- concretará las reservas. Proponemos en nuestras enmiendas
47 y 48 un texto más ambicioso para defender el aprovechamiento de
nuestros recursos frente al trasvase del Ebro.
El tercer ámbito de nuestras quejas son las competencias no incluidas y
que otros territorios sí van a disfrutar. ¿Han incluido, como pide Chunta
Aragonesista, las doce competencias que habían quedado excluidas en
Aragón pero que se les incluyen a Cataluña, Andalucía y Baleares y que
hoy defendemos otra vez en las enmiendas 24 a 32? No. Se trata de todos
los casos de competencias que no pueden entenderse incluidas en otros
títulos competenciales genéricos y que incluyen aspectos tan actuales
como la autorización de trabajo de los extranjeros o tan de futuro como
las comunicaciones electrónicas. ¿Me quiere decir dónde está recogida en
el Estatuto esta posibilidad tan importante como son las comunicaciones
electrónicas? ¿Dónde está? Además, mediante las enmiendas pactadas entre
los cuatro partidos han rebajado el techo competencial aragonés, porque
los medios materiales de la Administración de Justicia y el régimen
estatutario de los funcionarios no serán competencia exclusiva y se
pierde la participación en los órganos de administración de, por ejemplo,
los paradores de turismo.
Para acabar, cuestiones de identidad. Todos los Estatutos, tanto los ya
reformados o en proceso de reforma como el resto, expresan en su texto el
nombre de las lenguas de su territorio, gallego, bable, euskera o
vascuence, catalán o valenciano, aranés. Incluso la reforma del Estatuto
castellano-leonés incluye junto al gallego al leonés. También el Estatuto
andaluz incluye la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes
hablas. Aragón no. Se han negado a decir expresamente el nombre de las
lenguas propias de Aragón, que junto con el castellano son el aragonés y
el catalán. Lo podría resolver una ley de lenguas, pero llevamos décadas
de gobiernos PSOE-PAR-PP, en sus distintas versiones y combinaciones de
elementos tomados de dos en dos, y la ley no llega. En temas de identidad
se despoja a los emigrantes aragoneses -un 20 por ciento de la población
está en la diáspora madrileña, catalana o valenciana- de poder participar
en la vida política aragonesa. Podrá hacerlo el inmigrante que venga a
nuestro territorio, pero al que se ha ido se le olvida, artículo 4.3. El
preámbulo que han dejado es un menosprecio evidente a nuestra historia. A
partir de ahora estaremos reconocidos como nacionalidad histórica. Ya lo
éramos aunque no lo dijera una norma estatal, pero no se sabrá por qué:
han borrado de un zarpazo nuestra historia colectiva. No decimos que se
haga en el preámbulo una compilación erudita, pero se sorprenderá
cualquiera que compruebe que al hablar de un territorio con más de mil
años de historia -de los cuales fue independiente durante 700-, en su
norma básica, en su Estatuto de autogobierno, se suprimen directamente
las referencias al condado creado en el sigo IX, al reino constituido en
el año 1035 y al juramento de los reyes de Aragón a las Cortes y
Diputación General históricas, a que Aragón fue la cabeza de
la Corona de Aragón, a los Decretos de Nueva Planta de 1707, a la II
República, al Estatuto de Caspe de 1936, a la histórica manifestación del
23 de abril de 1978 -naturalmente a algunos no les interesa participar
porque ese día no se manifestaron en la calle y se fueron a hacer una
misa para rezar por la unidad de España, claro, les da vergüenza decir
que hubo una manifestación de miles de aragoneses pidiendo la autonomía,
la verdadera autonomía-. En triste coherencia con este menosprecio a
nuestra historia también han suprimido en el preámbulo la referencia a
los derechos históricos del pueblo aragonés como fundamento de nuestro
autogobierno, y ello a pesar de que estos derechos históricos están
reconocidos en nuestro Estatuto desde 1982. Hay que recordar que somos
los únicos, junto con Navarra y País Vasco, que los tenemos reconocidos,
y en virtud de este derecho pedimos en varias de nuestras enmiendas
parciales, como por ejemplo en la número 33, un sistema propio de
financiación plasmado en un convenio económico con el Estado. Y no solo
tienen miedo de nuestra historia sino que también pretenden limitar
nuestro futuro. ¿Por qué han suprimido en el preámbulo la referencia a
los valores de igualdad, pluralismo, paz, solidaridad, cohesión social,
equidad de género y desarrollo sostenible o el compromiso de Aragón con
todos los pueblos para constituir un orden mundial pacífico y justo? ¿Por
qué no se quiere aprobar en el Estatuto de Autonomía el derecho a que la
educación pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, sea
laica, o el derecho a morir dignamente? Deberían explicar esta mutilación
a los aragoneses y aragonesas.
Para concluir, pedimos el voto favorable de esta Cámara a estas enmiendas
de Chunta Aragonesista -aunque sé que es imposible- y anunciamos que de
no ser corregidas las graves carencias del Estatuto tendremos que decir
no en la votación final, por las razones que hemos dicho, a esta
propuesta de reforma. No podremos apoyarlo por una cuestión que quizá no
está entre los principios que más se practican últimamente en política
pero que para algunos utópicos luchadores sí son importantes: la
dignidad, la coherencia y el compromiso con nuestro territorio de Aragón.
Antes de acabar quisiera leer unas líneas de un ex diputado
constituyente, diputado en varias legislaturas en este Congreso, ex
presidente del Gobierno de Aragón y fundador del Partido Aragonés
Regionalista, quien ha manifestado públicamente en un artículo de El
Periódico de Aragón, el día 11 de marzo, lo siguiente: Asimismo es
insólito -son palabras de él- lo que sucede con la reforma estatutaria de
Aragón. Porque si la vez anterior las enmiendas al texto de reforma se
aprobaron en La Aljafería por unanimidad en junio de 1994, esta vez
cuentan con el inestimable apoyo del PAR y de Izquierda Unida, que
también las suscriben, esto es, se pasaron al bando de PSOE y PP, que si
no se concilian ni para combatir el terrorismo, en perjuicio nuestro
siempre se han entendido. Comprendo la actitud de Ibarra y no la que
prevalece en Aragón con la casi unánime mansedumbre de sus partidos o
solo de sus líderes, no se sabe. Opino que incluso por mera dignidad
debería retirarse de las Cortes el proyecto estatutario y esperar a que
el Tribunal Constitucional nos diga si valen o no las reformas
recurridas. Porque si declara que se ajustan a derecho, Aragón podría
exigir lo mismo, en vez de pasar ahora por la vergüenza de conformarse
con ser menos, algo que más que fidelidad a España parece simplemente
estupidez. Repito, estas palabras son del ex presidente de Aragón
Hipólito Gómez de las Roces, el pasado domingo 11 de marzo, en El
Periódico de Aragón.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta,
muchísimas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y será doña Isaura Navarro quien
tome la palabra en su nombre.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Quiero iniciar mi intervención saludando a la delegación de parlamentarios
que ha venido de las Cortes de Aragón y darles la enhorabuena por el
trabajo desarrollado. (Rumores.)
Desde mi profunda discrepancia con la intervención que me ha precedido,
intervengo en nombre de Izquierda Unida y de Izquierda Unida de Aragón
para defender el resultado de este trabajo, de esa negociación en la que
he estado presente y que ha sido la prueba de la posibilidad de llegar a
un acuerdo en el que todos estemos cómodos. Fuerzas políticas con
ideologías antagónicas como Partido Popular e Izquierda Unida vamos a
votar favorablemente este texto. Para ello, para generar este clima de
trabajo, es necesario que ningún partido aspire a hacer oportunismo
político, algo a lo que algunos partidos aquí presentes nos tienen muy
acostumbrados. Con esa actitud, impropia de la responsabilidad que
desempeñamos y su relevancia, generan desconfianza en la sociedad hacia
nuestro trabajo. La reforma del Estatuto de Aragón nace del acuerdo
plural y ampliamente mayoritario de la Cámara aragonesa, donde no obtuvo
ningún voto en contra, y ha sido mejorado tras su paso por el Congreso,
concretamente en la ponencia se han incorporado 38 enmiendas, pactadas
entre los grupos políticos de Aragón y los grupos parlamentarios del
Congreso.
Señorías, no existe el texto perfecto, pero sí el mejor posible y ese ha
sido el trabajo de los representantes y ponentes del Estatuto de Aragón.
Hoy afirmamos que el texto resultante es un Estatuto que mira hacia el
futuro y es respetuoso con el marco constitucional pues no aspira a hacer
demagogia, como sí hizo el texto valenciano en cuanto al agua recogiendo
ilegalidades obvias para ganar votos; demagogia que ha provocado una
escalada absurda en las propuestas estatutarias, pues todo
el mundo se apunta fácilmente al oportunismo político barato, cosa que
este texto no ha hecho. Los que inventaron el conflicto del agua dicen
que llegan a acuerdos entre sus representantes de las distintas
comunidades y después escuchamos discursos totalmente discrepantes. La
que han montado con el agua, señores del Partido Popular, ya no la pueden
domar desde la dirección de su partido y lo peor es cuando algunos
dirigentes del Partido Socialista se apuntan a ello. Pero, volviendo al
texto que nos ocupa, este texto da alternativas reales a las necesidades
de autogobierno y al desarrollo máximo del marco competencial. Además, es
acorde con las necesidades de la ciudadanía y sus inquietudes y es un
modelo de consenso que, hasta la fecha, ningún otro estatuto de los que
hemos debatido en esta Cámara ha conseguido. Para Izquierda Unida este
texto es especialmente trascendente en el momento que vivimos, en primer
lugar porque es realista y ello es de agradecer. Aunque los distintos
barómetros de opinión nos recuerdan que la mayoría de la población no
contempla entre sus principales preocupaciones la reforma de los
estatutos de autonomía -y no se les culpa-, esta circunstancia no quita
que no tengamos la obligación de hacer nuestro trabajo legislador lo
mejor posible. Por cierto, la realidad es que pocas leyes despiertan
pasiones entre la ciudadanía y estas, las reformas estatutarias, no
tienen por qué ser una excepción, pero recordemos que quienes impulsan
las reformas legislativas son los gobiernos autonómicos, de todos los
colores: Baleares, Partido Popular; País Valenciano, Partido Popular;
Cataluña, multicolor; Andalucía recibió el voto incluso del Partido
Popular; es más, el Partido Popular ha votado todos los textos, todas las
reformas, menos la del catalán, y da la impresión de que finalmente
ustedes comparten plenamente con el grupo mayoritario, con el que han
votado estos textos, su modelo de España que después tanto cuestionan.
Son, señorías, las comunidades autónomas las que llevan años, previos
incluso al cambio de Gobierno, negociando reformas estatutarias porque ya
tocaba que nuestros textos se adaptaran a una realidad incuestionable de
descentralización de nuestro autogobierno. El Estado español es el Estado
de las autonomías y los estatutos vigentes son de cuando la movida
madrileña, pura nostalgia, y, por tanto, tocaba reformarlos y, como digo,
no es una obsesión personal de nadie sino una demanda de las comunidades
autónomas. En cuanto a este texto, su tramitación ofrece una imagen de la
política que se aleja de los lamentables espectáculos que protagoniza la
intolerancia reaccionaria de la derecha extrema o extrema derecha, una de
las actividades públicas peor valoradas. Estoy hablando de su conocido
trabajo de crispación de la sociedad que espero que provoque un voto
masivo rechazando esa actitud política de enfrentamiento social. Es, por
tanto, el Estatuto de Aragón un ejemplo claro de ejercicio de
responsabilidad política que se aparta de ese trabajo que ustedes
desempeñan con tesón. Solo desde una posición responsable, respetuosa con
las diferentes posiciones políticas y desde el afán imprescindible de
hacer el Estatuto de todos y no de una parte, ni siquiera de la mayoría,
se entiende el buen texto que ha salido. Un texto que tan solo es
rechazado por quienes, con toda legitimidad, por supuesto, no han querido
ceder, cuando todos sabemos que ceder es necesario para alcanzar un
acuerdo. El Estatuto no puede ser ni el Estatuto de la mayoría, ni el
Estatuto de una minoría, ni el Estatuto de Izquierda Unida, ni el
Estatuto del Partido Popular, debe ser un reflejo de la pluralidad
política y cultural de Aragón, y ese ha sido el trabajo desempeñado por
Izquierda Unida. Señorías, recordemos que los estatutos no son fotocopias
unos de otros, son el reflejo de cada una de las comunidades autónomas a
las que van dirigidos, son la norma que las define. Pretender que el
Estatuto de Aragón sea una copia del Estatuto catalán, como pretenden
algunos, sería negar la realidad aragonesa, su idiosincrasia, sus
características, sus gentes y confundirlos con sus vecinos catalanes, y
eso no es lo que quiere Izquierda Unida de Aragón para su gente. El
Estatuto de Aragón ha de mirar a Aragón. Por ello el texto es el fruto de
un largo trámite de negociación y cesiones por parte de todos los actores
políticos y pretende recoger todo aquello que importa a Aragón: garantía
de financiación, máximas restricciones para evitar trasvases y un largo
etcétera en el que están todas las inquietudes de un pueblo que merece el
mejor Estatuto, el suyo, el de Aragón. Así, el texto recoge, en materia
de empleo, el objetivo impuesto a los poderes públicos: la consecución de
pleno empleo de calidad en condiciones de seguridad, la igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo y la conciliación de la vida
familiar y laboral. La palabra público es omnipresente en la calificación
de todos los derechos, hecho relevante desde una perspectiva de defensa
de los servicios públicos y en el contexto de globalización neoliberal
que padecemos. En materia económica sostiene que toda la riqueza, en sus
distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al
interés general. Además, establece que la comunidad autónoma, mediante
ley, podrá aprobar planes económicos generales en el territorio aragonés,
con el fin de atender las necesidades colectivas y equilibrar y armonizar
el desarrollo territorial. Igualmente, la reforma del texto abre espacios
a la democracia participativa. Se contempla la regulación jurídica de
distintos instrumentos de consulta popular: encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y otros a disposición de la comunidad
autónoma y de los entes locales. Por primera vez se establece un
mecanismo de referéndum para la ratificación de las futuras reformas
estatutarias. Además, el nuevo Estatuto marca la definitiva mayoría de
edad política para la Comunidad Autónoma de Aragón, que sale del bloque
de comunidades de vía lenta en los procesos electorales, completa el
entramado institucional, introduciendo el Consejo Consultivo, el Consejo
de Justicia y la Cámara de Cuentas, y abre la puerta de una acción
exterior y una presencia directa junto al Estado en la Unión Europea.
En cuanto a la tramitación parlamentaria que ha tenido en esta casa, el
texto que llegó desde la Cámara aragonesa ha sido enmendado por nuestro
grupo parlamentario, igual que por el resto de grupos que lo apoyan,
mediante enmiendas negociadas con los grupos aragoneses, y por tanto ha
sido mejorado profundamente. La tercera parte de esas enmiendas tiene un
componente técnico que, respetando el texto inicial, clarifica los
conceptos, mejora redacciones, ubica más adecuadamente las competencias y
eleva el nivel técnico del texto que remitieron las Cortes de Aragón. Por
tanto, se atiende a las mejoras propuestas, cosa que otros textos
anteriores, como el valenciano, no hicieron.
Hay otro importante bloque, referido a las competencias exclusivas,
compartidas y ejecutivas, que acondiciona en positivo, y ampliando los
horizontes competenciales al máximo, el Estatuto de Aragón. La enmienda
de modificación del preámbulo dota al Estatuto de una introducción más
concisa y clara, al haber desaparecido el exceso de referencias
historicistas e identitarias, fruto del intento de consenso en Aragón,
que recogía el texto originario. Igualmente, reseño y valoro
especialmente como nueva aportación de Izquierda Unida la inclusión de la
garantía del derecho de las personas a no ser discriminadas por su
orientación sexual. Ese derecho, señorías, lo estamos incluyendo -es
nuestra aspiración- en todas las reformas estatutarias, con el objetivo
de que se incorpore al bloque de constitucionalidad una referencia
explícita a la prohibición y rechazo de actitudes discriminatorias hacia
un colectivo tan castigado históricamente. Otras dos enmiendas resuelven
la conflictiva cuestión del agua ajustando su gestión al desarrollo
sostenible, a los criterios ecológicos y adaptando los preceptos
estatutarios al principio de unidad de cuenca, como deberían hacer todos
los estatutos. Igualmente, enmarca en los criterios de la sostenibilidad
y la gestión eficaz y eficiente los derechos presentes y futuros de la
ciudadanía aragonesa sobres sus recursos hídricos. El ámbito financiero
ha sido también enmendado para reforzar la participación en la gestión de
la Comunidad Autónoma de Aragón, sentar las bases para el desarrollo del
ente propio de gestión compartido con el Estado y avanzar en la
federalidad y solidaridad interterritorial, afirmando el derecho de
Aragón a que las inversiones del Estado ponderen las circunstancias
diferenciales de Aragón, como pueden ser su territorio, su dispersión
geográfica o su población, una demanda histórica del pueblo de Aragón,
todo ello sin renunciar al proceso judicial pendiente.
Tras este proceso, señorías, apoyaremos con nuestro voto afirmativo el
Estatuto de Aragón, respetando así la voluntad de la Cámara aragonesa,
que sin ningún voto en contra lo remitió al Congreso, y atendiendo y
celebrando las mejoras que ha sufrido el texto. En definitiva, es un buen
Estatuto, un Estatuto de esperanza y de futuro; un Estatuto para Aragón,
un Estatuto que vamos a apoyar con convicción. Enhorabuena a Aragón por
esta reforma estatutaria.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora
Navarro.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). En este turno de defensa de enmiendas será el señor Esteban
quien tome la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente, y como es tradicional en nuestro grupo parlamentario ante
los planteamientos de modificación y aumento de competencias autonómicas
de los diversos parlamentos autonómicos existentes en el Estado, nuestra
posición va a ser favorable. De hecho -lo dije el día de la toma en
consideración y lo he repetido también en Comisión-, no encontrarán en el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) un obstáculo a la hora de asumir
nuevas competencias, en la medida en que su voluntad así lo decida, para
su territorio, para Aragón o para cualquier otro territorio del Estado
español. Nos congratulamos de algunos cambios que ha habido en el proceso
del texto estatutario, por ejemplo, de que la exposición de motivos ya no
haga referencia a otros estatutos y a la vía, cómo y de qué supuestas
maneras se habían planteado aquellos, frente a la adecuada, al parecer,
vía y forma en que se presentaba el Estatuto de Aragón. Definirse en esa
exposición de motivos en referencia frente a otros no era algo positivo
ni adecuado en un texto legal, y menos en un texto estatutario. Nos
congratulamos de que sigan adelante artículos que en el caso de otras
comunidades autónomas se tomarían como auténticos ataques incluso hasta a
la unidad constitucional del Estado, como, por ejemplo, la posibilidad no
ya de que enclaves municipales, sino municipios que tengan frontera con
Aragón y que pertenezcan a otras comunidades autónomas puedan, en el caso
de que la voluntad de sus ciudadanos sea favorable, incorporarse al
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estamos perfectamente de
acuerdo con ellos y nos congratulamos de que, al parecer, este sea un
tema pacífico.
Sí tenemos que mostrar nuestras reticencias en cuanto a cómo ha quedado el
artículo 7, que se refiere a las lenguas y modalidades lingüísticas
propias, según reza el encabezado del mismo. Hubiera sido más positivo
que se hubiera podido avanzar más. No ha sido posible llegar a un
consenso, pero ciertamente no deja de ser llamativo que en un Estatuto en
el que se habla de que esas lenguas y modalidades lingüísticas son parte
y manifestación destacada del patrimonio histórico-cultural aragonés,
luego no se defina cuál es ese patrimonio histórico y cultural.
Sinceramente, creemos que ese miedo, esa reticencia a decir cuál es la
realidad, la existencia de dos lenguas, aparte del castellano, en la
comunidad autónoma, como el catalán y el aragonés, no es comprensible.
Nos quedamos al albur de lo que una ley de las Cortes de Aragón vaya a
regular cuando lo regule y hubiera sido un paso importante para ambas
lenguas que
el Estatuto hubiera asegurado esa presencia con nombres directamente.
Además, lo sentimos mucho más -quiero que se entienda el porqué- con el
aragonés, porque el catalán es una lengua que en otra comunidad autónoma
está siendo apoyada y protegida y tiene una amplia base de hablantes, por
lo que los hablantes del catalán en Aragón siempre podrán encontrar ahí
una referencia lingüística. Sin embargo, con el aragonés se sigue sin
avanzar. Cuando se habla de modalidades lingüísticas, a uno le entra la
duda de si no se pretenderá por parte de algunos perpetuar la división
localista en hablas, por decirlo de alguna manera, de ese idioma, cuando
las propias instituciones, a nuestro modo de ver, deberían impulsar, si
se cree en esa lengua y se quiere que sea viable, una unificación
estándar, a pesar de que se mantengan y se promuevan las hablas locales
como ocurre en todos los idiomas del mundo, pero que se apoye una
estandarización del idioma. Hace unos meses se ha celebrado un congreso
en Zaragoza y desde nuestro punto de vista se echa de menos un impulso
más decidido por parte de las instituciones. Por eso hubiera sido
importante que apareciera en el Estatuto el aragonés como lengua y no
simplemente: lenguas y modalidades lingüísticas. ¿En la futura Ley de
Lenguas va a quedar el aragonés en meras modalidades lingüísticas
dispersas? Sinceramente, sería hacer un gran daño al patrimonio aragonés
y al patrimonio español, pues todas las lenguas del Estado son un acervo
valiosísimo. En este sentido, al no definirse ni regularse brevemente y
remitirse a una ley, tenemos reticencias con respecto a este artículo,
pues, como digo, se podía haber ido un poco más allá.
Como saben, mi grupo presentó una enmienda a la disposición adicional
tercera. La disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía
aragonés dice que la aceptación del régimen de autonomía que se establece
en el Estatuto no implica renuncia del pueblo aragonés a los derechos que
como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los
que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la
disposición adicional primera de la Constitución. Es una copia o al menos
transcribe literalmente la disposición adicional correspondiente del
Estatuto vasco. Lo expliqué con mucho más detalle en la toma en
consideración, por lo que hoy no me voy a detener tanto. Además, mis
argumentos no fueron contradichos en aquella sesión ni en la reunión de
la ponencia, ni en la de la Comisión celebrada. En este sentido, quiero
señalar que el origen de la disposición adicional primera es una enmienda
del Grupo Vasco, continuaron varias enmiendas in voce de mi grupo y,
cuando se discute sobre esta disposición -así lo interpretará quien lea
los diarios de sesiones y lo ha interpretado la doctrina-, se está
hablando de los derechos forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava,
aquellos lugares en los que aún en el siglo XIX, después de los decretos
de nueva planta, existía un derecho público diferente al del Estado
español, cosa que no ocurre en el ámbito aragonés, como es bien conocido.
Sí en cuanto al derecho foral privado, pero no en cuanto al derecho foral
público. Además, esta disposición adicional primera iba unida en su
discusión -de hecho, en la enmienda inicial el texto iba en un solo
artículo- con la disposición derogatoria, disposición que lo que hace es
derogar las leyes abolitorias de 1839 y 1876, que se refieren al caso de
Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, como es bien conocido. De hecho, en
sentencias posteriores al propio Estatuto de Autonomía el Tribunal
Constitucional ha ido ratificando este criterio y, desde luego, queda
meridianamente claro en el texto de la Sentencia 76/1988, que no voy a
volver a leer hoy, pero que consta en el "Diario de Sesiones" en el
momento de la toma en consideración. Nosotros no nos vamos a oponer a las
peticiones de Aragón; en absoluto. Lo que creemos es que no pueden
basarse en la disposición adicional primera de la Constitución, que tiene
un ámbito concreto y circunscrito muy claro, no solo a la hora de su
aprobación en las Cortes, sino también en la definición que el Tribunal
Constitucional ha ido haciendo del mismo. En ese sentido, quiero sacar a
colación, porque a la hora de nuestro posicionamiento con respecto al
Estatuto tiene su importancia, lo que se afirma en el "Diario de
Sesiones" de la Comisión Constitucional por parte del portavoz
socialista. Habíamos tenido ya una discusión sobre este tema en la
ponencia, en la que no se habían contradicho nuestras posiciones, y, en
la Comisión, el señor Jáuregui, dice literalmente: Por cierto, tengo que
contestar también a una aportación en clave de enmienda que ha hecho el
Grupo Nacionalista Vasco para establecer cuál es nuestro punto de vista
sobre la referencia que en el Estatuto de Aragón se hace a los derechos
históricos. En este caso, puedo hacerlo casi también en nombre del Grupo
Parlamentario Popular porque recuerdo una intervención en ponencia de
doña Soraya Sáenz de Santamaría a este respecto, que creo que voy a ser
capaz de interpretar fielmente. Y continúa el señor Jáuregui: En
concreto, nosotros enmarcamos esa disposición final tercera del Estatuto
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como no puede ser de
otra manera. Nuestro grupo lo acepta en su actual redacción precisamente
interpretándola a la luz y con arreglo a esa jurisprudencia, más
concretamente a la Sentencia 76/1988, de 26 de abril, 159/1993, de 6 de
mayo, y 123/1984.
Tomamos en consideración esos términos que se manifiestan expresamente
desde los dos grupos mayoritarios y, en ese sentido, consideramos
importantes las manifestaciones del portavoz Socialista. De ello va a
depender nuestro voto en este Estatuto, que -insisto- nunca va a querer
ser limitador de las competencias que en un momento dado ustedes quieran
tener, sino simplemente viene a delimitar claramente cuál es el contenido
de esa disposición adicional primera, sobre todo teniendo en cuenta que a
posteriori, en las reformas que se hicieron en todas las comunidades
autónomas con los temas de sanidad y educación, que fue una especie de
troquel en las modificaciones autonómicas, y después en las que han hecho
referencia a cuestiones económicas
no se tocaba este punto, pero sí el Tribunal Constitucional ha cifrado
cuál podría ser el valor de ese texto. En ese sentido, ahora que
acometemos una reforma global, era el momento de plantearlo, y así lo
hemos hecho.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban,
muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana y será el señor Tardà quien tome la palabra en su nombre.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Benvinguts, representantes de las Cortes de Aragón y del Gobierno
aragonés, al Parlamento del Estado. Con el debate de hoy serán cuatro los
nuevos textos estatutarios aprobados por el Congreso de los Diputados, a
la espera de la discusión del de Canarias -el quinto-, que se halla ya en
trámite. Por ello, es conveniente tener presente unas consideraciones que
no por recurrentes son menos necesarias. No todas las modificaciones
llegadas al Parlamento del Estado desde los distintos parlamentos
nacionales o regionales gozaron del mismo respeto por parte de los
partidos políticos españoles. Tanto el Partido Popular como el Partido
Socialista, en su día, no permitieron que el texto llegado del Parlamento
de Euskadi ni tan siquiera fuese debatido: portazo y punto; eso fue lo
que ocurrió. Conviene recordarlo, como también es necesario tener
presente el incumplimiento por parte del presidente del Gobierno, señor
Rodríguez Zapatero, del compromiso que adquirió en su día de respetar el
texto estatutario que aprobara el Parlamento nacional de Cataluña,
deshonor que inevitablemente se adjuntará a su trayectoria política por
muchos años. Pero es cierto que somos conscientes de que ya estamos
situados en otro contexto, en una coyuntura distinta y ante unos retos de
otra índole, más relacionados con la voluntad de desplegar los estatutos
a la velocidad y con la intensidad que se requiere. Pero vale la pena
dejar las cosas claras, no vaya a ser que ya se nos esté construyendo
otro mito más sobre el momento actual, asociándolo al momento histórico,
al gran salto hacia delante del modelo federal. Ya se construyó otro gran
mito desde posiciones acríticas en relación con la transición política y
ya ven cómo nos va al cabo de treinta años: amenazados por la derecha
nostálgica, en un ambiente de máxima crispación que no augura nada bueno
para la intensificación de las libertades democráticas y nacionales de
los pueblos y naciones del actual Estado español.
Ustedes ya conocen cuál es el posicionamiento de nuestro partido político
ante las reformas estatutarias. Ante todas aquellas que no afectan al
ámbito de nuestra nación, es decir, a los Països Catalans, o al dominio
lingüístico de la lengua catalana, optamos por, en términos generales, no
enmendar. Lo prioritario y fundamental se halla en el respeto a la
voluntad saliente de los parlamentos nacionales que las redactaron y
aprobaron. No es el caso de Aragón, en tanto en cuanto compartimos como
mínimo -digo como mínimo- el ámbito lingüístico, por un lado, y, por otro
lado, legados históricos de estructura político-administrativa
compartidos y circunstancias de orden natural, que ciertamente exigen
posicionamientos enmendantes por parte del independentismo y del
republicanismo catalán. En más de una ocasión también hemos manifestado
que para Esquerra Republicana las soberanías legítimas, que en el Estado
español no se corresponden con las legalidades vigentes, se hallan en los
parlamentos de las naciones y nacionalidades. Aquí se halla la razón
profunda de nuestra negativa a rechazar el texto que nos proponen, a
pesar de no compartirlo en muchos términos.
En coherencia, hemos enmendado el texto. Tres han sido las enmiendas
presentadas, las tres fueron rechazadas en Comisión y hoy de nuevo
volverán a ser debatidas y presentadas a votación. Es más, su no
aceptación condiciona nuestra actitud final, que será la de abstención al
texto final. El reconocimiento del concepto de nacionalidad histórica, la
apelación a los derechos históricos del pueblo aragonés, que puede
conllevar el reconocimiento de una posición singular de Aragón en el
Estado expresada en el preámbulo, así como la inclusión de referencias a
la entidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales de derecho
foral y su cultura en el título preliminar, afirman una mayor ambición
que sin duda alcanzaría su plenitud si fueran aceptadas las enmiendas de
los compañeros de la Chunta Aragonesista, que por supuesto recibirán
nuestro apoyo.
Anteriormente les he hablado de las enmiendas de Esquerra. Les he
recordado que son tres. Tres reclamaciones del republicanismo catalán que
hoy les pedimos que voten favorablemente. En primer lugar, la relacionada
con la necesidad de suprimir el punto uno de la disposición adicional
primera relativa al Archivo de la Corona de Aragón. No entendemos las
razones de tal redactado, sino es en clave del mantenimiento por parte de
algunas fuerzas políticas derechistas aragonesas de imaginarios agravios
absurdos e irracionales. Frente a este redactado, que nos habla de
preeminencias en el patronazgo del Archivo, permítanme que les recuerde
la disposició addicional tretzena, titulada Fons propis i comuns amb
altres territoris, del Estatut vigente de Cataluña, que mandata a la
Generalitat de Catalunya a colaborar con el Patronato del Archivo de
Aragón, con las otras comunidades autónomas que tienen fondos depositados
compartidos y con el Estado por medio de mecanismos que se establezcan de
mutuo acuerdo. Colaboración, paridad y acuerdo, y no preeminencia de
ninguna de las partes, entendemos que este es el camino correcto.
En cuanto a la segunda enmienda, hay que destacar que estamos a la espera
de conocer los resultados del Plan integral de protección del Delta del
Ebro. En consecuencia, se desconoce el caudal que se decidirá como
necesario para el desarrollo de las funciones ecológicas
del río, del delta y del ecosistema marino próximo, además de desconocer
cuál será el caudal adicional que se aportará, la periodicidad y las
magnitudes de forma que se asegure la correcta satisfacción de los
requerimientos medioambientales de dicho sistema. Nos parece racional la
planificación sin hipotecas previas, atendiendo a las necesidades del
conjunto de las que se definan también como imprescindibles para
salvaguardar el Delta de su recesión y a la vez atendiendo a la variable
de no fijar cifras exclusivas para Aragón sin tener en cuenta el régimen
hidrológico de cada año.
En tercer lugar, diferimos del Partido Popular y del PSOE en cuanto al
tratamiento de las lenguas. ¿Qué supone que el nuevo Estatuto no
reconozca la oficialidad de las lenguas catalana y aragonesa? Sin duda,
mantener a las comarcas de la Francha -por ejemplo, en el caso del
catalán- y a sus ciudadanos en la condición de damnificados. La delicada
situación de la lengua catalana en ese territorio en buena medida es
producto de la historia y en buena parte culpa de los que han tenido
responsabilidades políticas en los últimos decenios. Pero no se engañen,
las dificultades para hacer de la lengua catalana una lengua normal de
uso, lengua digna y de prestigio, se ha agravado en los últimos tiempos,
justamente cuando la presión de la lengua más fuerte es más evidente en
un medio adverso, ya que los medios de comunicación son en castellano,
incluso la televisión pública aragonesa es exclusivamente en castellano,
así como la lengua de la Administración, la lengua del ocio, etcétera, y,
por supuesto, cuando las autoridades desertan de sus responsabilidades.
El caso de la Francha no es ninguna curiosidad etnográfica ni ningún
fenómeno extraordinario propio de estudiosos, aunque puede llegar a
serlo. El catalán en la Francha es una lengua empobrecida hasta límites
muy peligrosos, de regresión galopante, que hace que muchas personas no
la reconozcan o directamente renieguen de ella al no querer entender que
se trata de su lengua y que es tan importante como cualquier otra,
incluso como la gran lengua vecina, la castellana. Por ello, es
fundamental el reconocimiento estatutario de la lengua catalana que dé el
rango que corresponde a la lengua que se habla en las comarcas de la
Francha. Ello también permitiría valorar la necesidad de trabajar de
acuerdo con los otros territorios de dominio lingüístico de la lengua
catalana, entendiendo que la reivindicación del catalán, de su
normalización, es la misma en Aragón que en el resto de los países que
tienen la lengua catalana como lengua propia. Precisamente estas
comarcas, en tanto que pertenecientes a la administración aragonesa, son
las únicas de todo el Estado español que no tienen ni tendrán reconocida
la oficialidad de su lengua y, en consecuencia, después de veinticinco
años de Constitución y de más de veinte de Estatuto de Autonomía, el
catalán de la Francha se encuentra en una total situación de desamparo, a
pesar de la demanda social que tuvo su expresión en la Declaración de
Mequinenza, sin duda el punto más álgido y relevante de reivindicación
del catalán en la Francha. No obstante, sean sinceros y autocríticos. No
ha tenido apenas efectos positivos en relación con su contenido, excepto
en la introducción optativa de la lengua catalana en el sistema de
enseñanza.
Teniendo en cuenta estas circunstancias y considerando que no se puede
prolongar más el desamparo en el que se encuentra la lengua catalana en
las comarcas catalanohablantes de Aragón, pedimos para el catalán de la
Francha la declaración de oficialidad porque ello es de justicia, porque
lo que se demanda es una reparación histórica que ahora, con nuestra
reclamación de oficialidad en el Estatuto, se contribuiría a restituir.
La omisión de la declaración de oficialidad y el argumento que ya es
suficiente para la regeneración de la lengua con las prácticas del día a
día, no dejará atrás ni superará el estadio de una política de limosnas y
declaraciones de buenas intenciones que no comportan otra cosa que
paternalismo vacío y efectos regresivos, tal como se constata a la vista
de la situación sociolingüística de estas comarcas.
Recuerden o sepan que la Francha cuenta con una población que se sitúa en
un 70 por ciento de catalanohablantes, según una encuesta realizada en el
año 2005 por el Gobierno de Aragón, muy lejos del porcentaje idílico que
acostumbraba a situarlo en más del 90 por ciento en los años setenta y
ochenta del siglo pasado. Sin duda convendrán con nosotros que la
situación de la lengua propia necesita, sin dilación, de un impulso que
provenga de un compromiso de la Administración, fundamentado en el valor
jurídico y normativo que debería haber posibilitado este nuevo Estatuto;
un impulso que alcanzase todos los ámbitos, que fuese más allá de lo que
se ha hecho hasta hoy en el ámbito de la educación. Son unas comarcas que
han sufrido un proceso de minoración de su lengua propia, comarcas
olvidadas por las distintas administraciones, que deberían haber velado
por la salud cultural de sus gentes, olvidadas o simplemente negadas de
su personalidad a partir de una política aniquiladora. Reivindicamos,
pues, la declaración de la oficialidad para hacer frente a la miseria
cultural a la que quisieron condenar a la Francha, objetivo no alcanzado,
no obstante, ante la capacidad de resistencia de sus habitantes y de sus
asociaciones culturales, decididas a recuperar la lengua y su cultura
propia.
Ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, siguen empeñados hasta el
día de hoy, aquí, en esta Cámara, en hablarnos de lenguas y modalidades
lingüísticas, remitiendo su enseñanza y el derecho de los hablantes a la
forma que establezca una futura ley de lenguas de las Cortes de Aragón.
En definitiva, condenan a los catalanohablantes a una situación de
minoración lingüística que ustedes nunca aceptarían para los
castellanohablantes. ¿Cuántos de ustedes, ciudadanos españoles
castellanohablantes, no saldrían a la calle -todos saldrían a la calle-
si alguien pretendiera incluso no reconocer el nombre de su lengua en
alguno de los textos estatutarios? Una vez más nos anuncian una futura
ley que en alguna ocasión nos garantizará la enseñanza y el
derecho de los hablantes en las zonas que se determinen. Mientras, se
manifiesta que no hay ninguna garantía, y por tanto se entiende un
incumplimiento flagrante de aquello que sí es vigente en otros
territorios del ámbito lingüístico catalán del Estado. Y decimos
incumplimiento en el sentido que considera la Carta Europea de las
lenguas regionales o minoritarias, que el Estado español suscribió el 2
de febrero del año 2001, donde se establece como objetivo y principio
-cito textualmente- el respeto del área geográfica de cada lengua
regional o minorizada, de manera que se asegure que la divisiones
administrativas ya existentes o nuevas no constituyan ningún obstáculo a
la promoción de esta lengua. Artículo 7.1.b). Sin embargo, estamos ante
una decepción anunciada por el comportamiento miedoso y timorato, y a
nuestro entender irresponsable, de los socialistas de Aragón. En dos
legislaturas, con el presidente Marcelino Iglesias, catalanohablante de
Bonansa -Alta Ribagorza-, los socialistas no han sido capaces de cumplir
la promesa de la ley de lenguas. Si triste es la situación de la lengua
catalana en Aragón, indignante nos parece que permitan que la única y
exclusiva aportación al acervo universal de los aragoneses, es decir, la
lengua aragonesa, no merezca figurar en el nuevo Estatuto. Ustedes hoy
aquí entierran la lengua aragonesa.
Finalmente, desearía aprovechar este momento solemne de aprobación del
nuevo Estatuto de Aragón para manifestar desde Esquerra Republicana de
Catalunya nuestro reconocimiento, respeto y estima al diputado de la
Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, por su trayectoria de lucha
antifranquista durante la negra noche fascista y en las libertades
democráticas a favor de una sociedad aragonesa más justa y nacionalmente
más libre, y sobre todo gracias, compañero Labordeta, por tu compromiso
activo frente a quienes siempre han pretendido alejar y enfrentar
Cataluña y Aragón, en favor del compromiso de la fraternidad republicana
entre los pueblos aragonés y catalán. Gracias en nombre de Esquerra
Republicana, en nombre del independentismo catalán, en nombre del
republicanismo catalán. Estoy convencido de que en Cataluña son muchos
los ciudadanos y las ciudadanas que comparten este sentimiento. Como dijo
aquel que tú conoces bien, habrá un día en que todos, al levantar la
vista, veremos una tierra que ponga libertad. Salud.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Tardà.
Tiene la palabra el señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) como último grupo que utiliza el turno de defensa
de enmiendas.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), quiero saludar a la delegación del Parlamento y del Gobierno de
Aragón, especialmente a su presidente, en este trámite final en el
Congreso de los Diputados de aprobación de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón.
Voy a empezar expresando una máxima que siempre ha guiado la actuación, la
actitud y el posicionamiento del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en la tramitación de los estatutos de autonomía,
una máxima que es la de respeto a las propuestas de los otros parlamentos
autonómicos, tal como nosotros queremos en el futuro y hemos querido en
el pasado que sea respetado el Estatuto que proponga el Parlamento de
Cataluña. Por ello, en el marco general de la propuesta inicial del
Parlamento de Aragón y después de la tramitación parlamentaria, de los
trabajos en la Comisión Constitucional, en el marco de la naturaleza de
lo que es un estatuto, que es una ley paccionada entre un parlamento
autonómico y las Cortes Generales con naturaleza de ley orgánica,
nosotros vamos a dar el voto favorable al conjunto de esta ley, aun
teniendo algunas consideraciones y reservas que expresé en Comisión y que
voy a reproducir en Pleno.
Señorías, al revés de lo que hice en otras intervenciones en esta segunda
gran ola de reformas estatutarias que estamos viviendo en esta
legislatura -que empezó con el Estatuto valenciano, continúo con el de
Cataluña, el de Baleares y el de Andalucía-, esta vez no voy a dedicar
parte de mi tiempo a hacer un ejercicio comparativo entre el Estatuto que
vamos a aprobar hoy y algunos otros que se han tramitado durante esta
legislatura y que tienen puntos de conexión evidentes con el Estatuto que
se aprueba hoy o con otros estatutos que se han aprobado durante esta
legislatura y que curiosamente han recibido el voto favorable por parte
de un grupo parlamentario, concretamente el primer grupo de la oposición,
el partido Popular, y en cambio han recibido una durísima crítica cuando
hacía referencia al Estatuto de Cataluña. Crítica a la cual uno llega a
la conclusión de que se basaba más en elementos y en la lógica de
desgaste entre Gobierno y oposición y en la utilización de la propia
vocación de profundización del autogobierno de Cataluña, que no en la
letra misma del Estatuto. Este acto de incoherencia que es evidente tiene
un punto de inflexión muy explícito en la aprobación, con el voto
favorable del Partido Popular, del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Pero, señorías, como les decía, hoy no quiero hacer, como he hecho en
algunos otros debates de estatutos durante esta legislatura, un estudio
comparativo entre aquello que parecía muy malo con la aprobación de
diversos contenidos de un Estatuto y que, en cambio, ha sido recepcionado
favorablemente en la redacción de otros estatutos.
En este trámite final quiero expresar, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán, lo que podían haber sido y no han sido reservas en dos aspectos
y lo que sí es una reserva en la única enmienda que ha presentado este
grupo parlamentario, la 220, que pasaré a defender dentro de un momento.
Señorías, la redacción del Estatuto de Aragón habla de una posición
preeminente de la Comunidad Autónoma de Aragón en el patronato del
Archivo de Aragón. Esto invita a una interpretación jurídica y política
sobre la posición preeminente de una comunidad autónoma respecto a otra
en lo que ha de ser una relación de igual a igual en un patronato de un
archivo en el cual participan distintas comunidades autónomas. Con todo
el respeto hacia la redacción del Parlamento de Aragón, la expresión
posición preeminente nos parece una expresión de concepto jurídico
indeterminado que, a la hora de la verdad, se tendrá que concretar a
través de un acuerdo de relación de igual a igual entre las distintas
comunidades autónomas implicadas que están directamente vinculadas a este
patronato. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
simplemente quiere que esto conste en acta. Creemos que esta expresión de
posición preeminente no tiene, ni debería tener, consecuencias jurídicas
en una relación que debe ser fraternal entre territorios y comunidades
autónomas.
Otro aspecto controvertido en las relaciones entre comunidades autónomas
es el del agua. En este aspecto ha habido demasiados despropósitos en
esta legislatura y en la anterior. Este grupo parlamentario celebra que,
al final, se haya alcanzado un acuerdo razonable para superar esos
desencuentros, esos despropósitos y esas guerras entre territorios en
materia de agua.
El tercer punto sobre el cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tenía que hacer consideraciones en la tramitación de este
Estatuto es en materia de lengua. Como bien podrán apreciar SS.SS., no
soy el primer portavoz que hago referencia al tema de la lengua. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una sola
enmienda, la 220, que intentaré argumentar con coherencia, que pretende
complementar la redacción del artículo 7 del proyecto de Estatuto de
Autonomía de Aragón. En honor a la verdad, se tiene que decir que desde
la aprobación del primer Estatuto hasta ahora ha habido una pequeña
evolución, aunque absolutamente insuficiente. Por primera vez, señorías,
nos encontramos con que este estatuto habla de lenguas en plural. Esto se
tiene que valorar en sus justos términos. Pero igual que se tiene que
valorar en sus justos términos esta referencia a las lenguas en plural,
también resulta extraordinariamente chocante que este sea el único
estatuto de autonomía en el Estado español que habla de lenguas oficiales
sin explicitar cuáles son estas. Por ello, en un ejercicio de coherencia,
no de este grupo parlamentario, sino de coherencia con lo que aprobaron
las Cortes de Aragón, este grupo parlamentario ha presentado una enmienda
que hace referencia al artículo 7 y que literalmente traslada lo que
aprobó la Ley de patrimonio de Aragón el año 1999, que dice literalmente:
Las lenguas minoritarias de Aragón -el catalán y el aragonés-, así como
la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades
lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de/y en la lengua
propia como en la plena normalización del uso de estas lenguas en sus
respectivos territorios. En el año 1999, las Cortes de Aragón, a través
de la Ley del patrimonio, expresaban su voluntad política de protección
de las lenguas catalana y aragonesa en el ámbito de la enseñanza y en el
ámbito de la plena normalización donde estas lenguas son utilizadas. El
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no ha hecho más que
presentar esta redacción, que fue aprobada por unanimidad en las Cortes
de Aragón. Fue aprobado por todos los grupos políticos que están de
acuerdo con esta tramitación del Estatuto de Aragón. Pero en un acto
evidente de incoherencia, aquello que fue posible en 1999, aprobado por
el Partido Socialista, por el Partido Popular, por el Partido Aragonés
Regionalista, por Izquierda Unida y por la Chunta, aquello que fue
posible en 1999 en las Cortes de Aragón, parece que no lo es hoy en la
tramitación de este Estatuto a través de un simple ejercicio de
reconocimiento, de autorreconocimiento de la riqueza, de la pluralidad
del patrimonio de Aragón y también, si me permiten, de una expresión de
autoestima ante lo que supone la riqueza lingüística de Aragón. Pero es
que, además, señorías, durante la tramitación del Estatuto de Aragón, ha
entrado en el registro de esta Cámara la reforma del Estatuto de Castilla
y León, que viene a avalar la oportunidad de que los estatutos reconozcan
explícitamente la riqueza lingüística de los distintos territorios.
Señorías, el proyecto, porque aún no se ha celebrado el debate de
totalidad, remitido por las Cortes de Castilla y León, con el acuerdo del
Partido Socialista y del Partido Popular, en su artículo 5, hace mención
específica y explícita al leonés y al gallego. Me permito leerles, muy
brevemente, esta referencia. Artículo 5.2: El leonés será objeto de
protección específica por parte de las instituciones por su particular
valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Punto 3: Gozará
de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que
habitualmente se utilice. Pues bien, este reconocimiento explícito en el
proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
acordado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, es posible
para dicho Estatuto pero no es posible explicitarlo en la reforma del de
Aragón. Por este motivo nosotros mantenemos viva la enmienda 220, porque
no podemos entender, sinceramente, cómo aprobaremos un Estatuto que habla
de lenguas oficiales sin especificar cuáles son estas y que no quiere
reconocer la riqueza de la existencia del aragonés y de una comunidad,
como mínimo y a la baja, de 70.000 personas catalanohablantes en una
comunidad autónoma que tiene 1.300.000 habitantes.
Señorías, voy terminando y lo hago continuando con el hilo de conducta de
este grupo parlamentario, que es el de respeto a las propuestas de otras
comunidades autónomas; de respeto, pero también de deseo de que cada
comunidad autónoma haga propuestas y exprese su ambición de autogobierno
en función de sus propios intereses y no en función de la afirmación en
comparación con otras comunidades autónomas. Durante esta legislatura
hemos tenido ejemplos constructivos de
reformas estatutarias en función de las necesidades y de los intereses
concretos de los ciudadanos, pero también hemos tenido debates en los
cuales la redacción de un Estatuto de Autonomía ha estado muy
condicionada por otros que se han aprobado. Hoy mismo, en el debate de
este Estatuto de Autonomía, también se han invocado otros. Creemos que es
positivo que no se practique el mimetismo y que cada uno de los
territorios exprese la ambición de su autogobierno en función de sus
necesidades, afirmándose por sí mismo y no por comparación con otros.
El que fuera ministro de Hacienda de UCD desde el año 1979 hasta el año
1982, por cierto, aragonés, Jaime García Añoveros, a luz de las reformas
estatutarias, escribió en el año 1996 un artículo en el que venía a
decir: Estamos construyendo un Estado de las autonomías expresión de la
voluntad de los distintos territorios, pero también estamos construyendo
un Estado de las autonomías con una vocación autonomista por arrastre.
Señorías, sería muy bueno que no avanzáramos por el camino de lo que
García Añoveros definía como el autonomismo por arrastre; autonomismo por
arrastre que tiene su expresión..., quería decir sublime, pero no tiene
nada de sublime, sino seguramente bastante dolosa jurídicamente, la
llamada cláusula Camps, aquella que dice que lo que aprueben otras
comunidades autónomas automáticamente se tiene que incorporar en las
competencias de la Comunidad Autónoma Valenciana. Insisto, no nos
afirmemos en nuestra vocación de autogobierno en función de los otros
sino por la propia vocación de autogobierno. Intentemos alejarnos de lo
que García Añoveros definía como el autonomismo por arrastre porque esto,
al final, no es bueno para la construcción sensata del Estado de las
autonomías.
Señorías, en el debate inicial de la toma en consideración del Estatuto,
los tres comisionados que intervinieron en nombre del Parlamento de
Aragón, entre ellos el propio presidente del Parlamento de Aragón,
expresaban el deseo de que con la aprobación de este Estatuto, Aragón
consiguiera tener un Estatuto de primera. Expresaban una voluntad
política, pero también algo que va más allá, casi un sentimiento de que
Aragón tuviera un Estatuto de primera. Pues bien, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que no va a negar nunca a otras
comunidades autónomas aquello que ha pedido para Cataluña o aquello que
es la expresión de vocación de autogobierno para Cataluña, desea y espera
que con la aprobación de este Estatuto los aragoneses y las aragonesas
tengan ese sentimiento de tener un Estatuto de primera.
Nosotros vamos a votar afirmativamente el conjunto del texto, pero también
es cierto, señorías, que vamos a pedir votación separada del artículo 7,
que vamos a votar en contra como una expresión, creo que bastante
sensata, de la excepcionalidad de la aprobación de un Estatuto que habla
de lenguas oficiales pero que no explicita cuáles son estas. El Partido
Socialista, el Partido Popular y otros partidos que han conseguido llegar
a un acuerdo para explicitar el leonés o el gallego en la reforma del
Estatuto de Castilla y León, parece que no han tenido -si se me permite
la expresión- el coraje de llegar a este acuerdo en la redacción de este
Estatuto. Y no queremos generar ningún tipo de tensión territorial ni de
anticatalanismo ni de confrontación entre territorios, pero no queremos
pensar que ningún partido político de las Cortes de Aragón o de las
Cortes Generales haya expresado algún tipo de veto a la aprobación de
esta enmienda número 220, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
En todo caso, nuestro voto será favorable al conjunto del texto.
Felicitamos a la gente de Aragón por la aprobación de esta profundización
en el incremento de su autogobierno en el marco de esta segunda gran ola
de reformas de los estatutos que se está viviendo durante esta
legislatura.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà. Muchas
gracias.
Señorías, pasamos a abrir el turno de fijación de posiciones. Comenzaremos
con el señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, señoras y
señores representantes de las instituciones autonómicas de Aragón, su
Gobierno y sus Cortes, mis respetos desde mi Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, grupo ultraperiférico, como nos define la Unión
Europea en el Tratado de Ámsterdam, pero en este caso muy cercano e
íntimamente ligado a los legítimos y democráticos intereses de Aragón y
de todos sus ciudadanos en el debate que hoy nos reúne aquí.
Comenzaré por dar una explicación de por qué el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, a pesar de la distancia geográfica, que no política,
pero sí entrañablemente humana y respetuosa, suscribió plenamente las
enmiendas coincidentes que entraron en la Cámara tanto del Grupo
Socialista como del Grupo Popular y del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. A eso se sumó con gran complacencia
y comodidad el Grupo de Coalición Canaria porque quisimos dar una muestra
de aprecio y de identidad al Partido Aragonés y a la petición que su
senador, el señor Mur, nos hizo. Nos sentimos orgullosos de haberlo
asumido porque hubiera sido una intromisión improcedente que desde una
comunidad autónoma con las peculiaridades ultraperiféricas e insulares de
nuestro archipiélago, allá en el Atlántico, se hubiera enmendado la plana
a una institución autonómica del Reino de Aragón.
Fue un motivo de satisfacción dar nuestro voto favorable a las enmiendas
comunes que presentamos en ponencia y en Comisión. Hemos dado una muestra
de
solidaridad en este sentido; en el sentido de una doctrina que muchas
veces hemos compartido los que procedemos de la transición, como el
presidente de la Comisión Constitucional, don Alfonso Guerra, en esa para
nosotros importante memoria histórica, no tan solo la de hace setenta
años sino también la de hace treinta, la de la transición, en la que se
fraguó el instrumento inicial que tuvo Aragón en su Ley 8/1982, su primer
Estatuto de Autonomía aprobado en ese año también de transición, en el
que se pasó del Gobierno de UCD al Gobierno del Partido Socialista. Hoy
tenemos la satisfacción de estar aprobando un Estatuto compuesto de 115
artículos y disposiciones complementarias.
Quiero fijarme en aspectos no solamente competenciales -eso ya lo hicimos
en los trámites de ponencia y de Comisión-, con la comodidad de estar
compartiendo enmiendas con el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el
Grupo de Izquierda Unida, salvo las que han presentado hoy aquí, a las
que mi grupo votará en contra por coherencia con lo que ha permitido la
comodidad que también sentía con el Partido Aragonés de estar actuando
como un conciliador entre las dos grandes fuerzas políticas estatales
-PSOE y Partido Popular- y que ahí se sumara un partido de ámbito
exclusivamente regional como es el Partido Aragonés. Habiendo esta
coincidencia de textos, hay que resaltar fundamentalmente aquellos
valores que incardinan la armonía que hemos buscado en la Comisión
Constitucional, como bien sabe usted, señor presidente, señor Guerra, que
es compaginar el título VIII de la Constitución, que reserva para las
comunidades autónomas la España autonómica con los derechos generales de
los ciudadanos españoles y la armonización en la base fundamental
constitucional. Apoyando el Estatuto de Autonomía de Aragón, al sustituir
no solamente al originario, el de 8/1982, sino las modificaciones que por
ley orgánica se hicieron en 1994 y 1996 y en las disposiciones quinta y
sexta de esta legislación orgánica, veníamos a reconocer unos principios
fundamentales, que se han escalonado muy bien en el Estatuto de Autonomía
de Aragón que hoy debatimos: el nivel de la comunidad autónoma, iniciado
por supuesto en los municipios de Aragón; el nivel de la Constitución
española; el nivel del territorio nacional común y el nivel europeo,
haciendo una manifestación de pertenencia a la unidad de la Unión
Europea. Esto da un valor de actualización de estos principios
fundamentales.
Entramos en la definición fundamental que por un lado está en la base, en
los ciudadanos: a quiénes se les define como aragoneses. Había subido a
la tribuna solamente para hacer la referencia literal e histórica de lo
que se incluye fundamentalmente en el artículo 4, condición política de
aragonés, que es cualquier ciudadano español que resida en Aragón. Es una
compatibilidad fundamental, es un binomio que define el todo y la parte
de que son aragoneses quienes están residenciados, a través de un
municipio, en el territorio de la comunidad de Aragón. Aquellos españoles
con cualquier procedencia de nacimiento que figure en su documento
nacional de identidad en el acto de la relación territorial con el
empadronamiento municipal adquieren esta condición y los derechos que en
el artículo 6, derechos y libertades, se reconoce a los aragoneses,
basándonos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en el
respeto a los derechos humanos y todo el acervo de valores legislativos
que hay en la Unión Europea. Queda la gran definición, la definición
política y constitucional de Aragón, de lo que muchas veces en la
historia hemos llamado el Reino de Aragón y ahora llamamos Comunidad
Autónoma de Aragón, es decir su nacionalidad histórica. Desde el primer
momento que preparaba las notas y haciendo un gran repaso de la memoria
histórica general, cómo le vamos a discutir a Aragón un concepto de
nacionalidad histórica en esta sala. Al amparo de esta gran estatua del
rey don Fernando de Aragón y en unas placas que había en el siglo XIX -se
perdió la costumbre y faltan dos laterales en la iconografía de este
extraordinario Hemiciclo- cómo se le va a negar una personalidad
histórica, una nacionalidad histórica a quien tiene en su historia al
general Palafox -en esa placa que está ahí- y a don Juan de Lanuza, el
quinto Justicia de Aragón, el hombre que tuvo que sufrir la mayor de las
injusticias, que lo decapitara el rey don Felipe II. Hay que recordar la
gran defensa que Juan de Lanuza hizo de los Fueros de Aragón, cuando de
Madrid huyó el secretario del rey, Antonio Pérez, refugiándose al amparo
del derecho foral aragonés, frente a un pueblo aragonés que fue el
primero que trató de impedir la salida del ex secretario del rey por una
cuestión de fuero pero anticipadísima de derechos humanos. El poder
imperial metió al ejército porque, al utilizar la artimaña de declarar a
su ex secretario remiso a la doctrina católica -un auténtico hereje-, el
rey hacía una superposición de poderes, ya que interpretaba - estaba en
la ley de entonces- que el Tribunal de la Inquisición -con el que quería
Felipe II juzgar a su ex secretario- era de categoría y de rango superior
al del Tribunal de Justicia Mayor de Aragón. Juan de Lanuza pagó con su
vida tras la entrada de los ejércitos imperiales. Que en la historia de
España no vuelva a haber más entrada de ejércitos imperiales ni de otro
tipo para sojuzgar las libertades de nuestro pueblo, que quiere tener ese
aforamiento en la base constitucional, en la base de los derechos
humanos, en la base del reconocimiento histórico.
Desde mi modesto partido de Coalición Canaria, pero con la misma igualdad
de derechos y obligaciones en el sistema democrático español, va nuestro
voto de apoyo a esas ilusiones de hoy, y tanto la Administración
autonómica como la Administración General del Estado -representada aquí
hoy por nuestro presidente de Gobierno y la señora vicepresidenta-
transmiten una imagen muy sensata y muy tranquilizadora, que ojalá una y
otra vez la tuviéramos todos los días en nuestro debate político. Valga
por la democracia para España y para Aragón.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos, señorías, con el turno de fijación de posiciones. Señor
Pintado en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.
Expreso una salutación especial para la delegación aragonesa que hoy nos
acompaña, con el presidente de las Cortes y el presidente del Gobierno de
Aragón a la cabeza, y un saludo también para el presidente de la Comisión
Constitucional que ha trabajado en la reforma del Estatuto Aragón. Quiero
agradecer a los ponentes de las Cortes de Aragón que hoy se encuentran
entre nosotros el trabajo desarrollado durante toda la fase de ponencia
tanto en Aragón como en las negociaciones previas que se han desarrollado
en el marco de este Parlamento, negociaciones que han adquirido el
marchamo de una autonomía del artículo 151 en aras del trabajo que se ha
realizado. También lógicamente deseo agradecer los trabajos de todos los
miembros de la ponencia del Congreso de los Diputados, de la propia
Comisión Constitucional, del señor letrado que nos ha asistido en los
trabajos y de los miembros del Gobierno que participaron en las
negociaciones previas a la fase de ponencia.
Señorías, un estatuto no es un fin en sí mismo, es un instrumento de
trabajo para dotar a los poderes públicos de la facultad de ejecutar una
acción política basada en el marco de las competencias reconocidas. Esa
acción debe venir marcada por el interés de los ciudadanos y estos deben
exigir a los responsables políticos el esfuerzo, rigor y voluntad
política plasmada en hechos concretos que busquen permanentemente el
interés general, el cual debe dedicarse especialmente a la protección en
mayor medida de aquellos que más dificultades tienen en la solución de
sus problemas cotidianos. Un elemento a destacar, labor perenne de todo
gobernante, es la búsqueda de la convivencia. Desde el Partido Popular
deseamos y esperamos que ese Estatuto contribuya de forma neta a la
armonía de las instituciones con todos los ciudadanos aragoneses. El
valor del consenso es una de las grandes virtudes de este Estatuto. Quizá
su proceso de elaboración y negociación posterior, sin sobresaltos, sin
acciones rocambolescas, le ha mermado presencia pública, pero este es un
buen dato ya que permite englobar a una gran mayoría dentro de lo que es
un proyecto cómodo. Consenso en el marco del Estatuto no supone cheque en
blanco a la acción del Gobierno que todavía, como es el caso, tiene
muchas asignaturas pendientes, tal como se comprueba por las
preocupaciones de los aragoneses cuando ya está próximo el fin de esta
legislatura. Este es un Estatuto que huye del modelo intervencionista, es
un Estatuto que cree en la libertad de los ciudadanos, un Estatuto para
los aragoneses dentro del marco de la Constitución, dentro de España; un
Estatuto que se ajusta al modelo de descentralización que emana de
nuestra Carta Magna. Quizá sea este sea un buen día para hacer alguna
reflexión de carácter interno. ¿Tienen verdadero interés los ciudadanos
por la reforma de los estatutos? A tenor de los datos de que disponemos,
parece ser que los ciudadanos de nuestro país y también lógicamente los
aragoneses no han visto en las reformas estatutarias una necesidad de
primer orden. Las preocupaciones de los aragoneses están mucho más
próximas a las necesidades reales de cada día: empleo, comunicaciones,
sanidad, educación, siguen siendo verdaderos elementos de preocupación.
Corremos el riego, señorías, de iniciar debates y trabajos que resulten
estériles desde el punto de vista de la ciudadanía, y en esto elevo una
crítica al Gobierno de la nación cuando de forma reiterada y machacona
hace referencia a las demandas de los ciudadanos en esa dirección. Los
argumentos utilizados responden a la necesidad de una justificación y
caen por sí mismos al ver la participación en los referéndums convocados
o en las necesidades que apuntan las últimas encuestas realizadas.
Sobre las virtudes de este Estatuto quisiera destacar el esfuerzo hecho
por todas las fuerzas políticas para conseguir acuerdos. Han sido muchas
horas de reunión que han dado su fruto con este texto que hoy sometemos
al Pleno del Congreso. Debemos reconocer de nuevo el trabajo elaborado
por los representantes de las Cortes de Aragón que han facilitado el
entendimiento desde planteamientos rigurosos y no exentos de fortaleza.
Esto se ha traducido en la asunción de la mayoría de preceptos propuestos
por el Parlamento de Aragón. Lógicamente se han introducido
modificaciones, como es labor de esta Cámara, que afectan al ajuste del
régimen competencial, la conciliación de alguna disposición a nuestra
Constitución y la adecuación del sistema de financiación, en un intento
de homogeneización entre las comunidades autónomas. Esta posición de
coherencia en la propuesta que emana de las Cortes de Aragón, ha hecho
posible el trabajo final que hoy presentamos. ¿Se puede denominar como
trato de favor? No, más bien rigor y profesionalidad. Considero muy
importante el papel de las fuerzas políticas aragonesas, pero permítanme
destacar la lealtad del Partido Popular en Aragón como labor
imprescindible en la canalización de los acuerdos conseguidos.
Señorías, la historia de Aragón es rica en acontecimientos. Quisiera hoy
destacar el amplio legado de nuestras costumbres reflejadas en el derecho
civil; asuntos de familia, de contratos entre partes, han supuesto un
acuerdo que hoy se mantiene y que supone una clave de identidad para los
aragoneses. No es cuestión menor, habida cuenta de las materias que
estamos regulando en esta reforma de Estatuto. Tal como se manifiesta en
el preámbulo del nuevo Estatuto de Aragón, su derecho foral es seña de su
identidad y de su historia -ya decía Costa que Aragón se define por su
derecho-, tradición histórica que marca el carácter pactista de los
aragoneses y que hunde sus raíces en la protección de los derechos de las
personas en relación con la familia. Aragón, tierra abierta y nexo de
unión
entre pueblos de España, ha jugado un papel preponderante que ahora aspira
a consolidar en su situación privilegiada como punta de lanza de la
integración europea. Les recuerdo que Aragón linda con seis comunidades
autónomas de España y con Francia. Somos miembros de una comunidad
internacional en continuo progreso donde las barreras económicas,
culturales y políticas se van desmantelando. Es una necesidad urgente que
las barreras naturales, propiciadas por el impresionante Pirineo, puedan
abrirse. Para ello se necesita toda la voluntad del Gobierno de la
nación, no solo en materia de esfuerzo económico para desarrollar las
diversas infraestructuras ya diseñadas, sino a través de una política
exterior que sea capaz de convencer y poner en valor las oportunidades
que para el conjunto de los ciudadanos representan estas acciones. La
vocación europeísta se refleja en este Estatuto no como un símbolo por su
frontera, sino como un vector de trabajo que debería estar en la agenda
permanente de los políticos aragoneses y en las mesas de negociación del
Estado. El Partido Popular ha trabajado y seguirá en esta misma dirección
para aunar criterios y poner en juego toda la presión política en la
obtención de este objetivo que es irrenunciable. Señorías, existen
razones históricas de buena vecindad que pretendemos mantener y potenciar
en el futuro. Muchos hijos aragoneses, por circunstancias de la época,
emigraron a otros territorios vecinos. Cataluña, Valencia o Madrid fueron
el destino de gentes que tuvieron oportunidades de reorientar su vida
para crear una familia y hacer su vida en los nuevos territorios, no como
un apéndice, sino integrados, miembros de un cuerpo social y económico
que ha respetado el carácter, tradición y cultura de los aragoneses.
Estos aragoneses -es justo recordarlo- han contribuido al crecimiento
económico y social de su tierra de acogida, cooperando mano a mano en el
fortalecimiento económico, cultural y social de los pueblos de España.
Esta es la concepción que debería sobresalir y que nos debería servir
como acicate diario en la brega por unir voluntades. La convivencia entre
los pueblos y sus gentes es un valor en sí mismo, deber de todo
gobernante que tiene que combinar las legítimas aspiraciones de los
ciudadanos en armonía con el marco de actuación que nos da nuestra
Constitución. Señorías, desde la aprobación de nuestra Constitución se
han dado pasos significativos en el proceso de descentralización previsto
en ella. El Grupo Popular entiende que ese proceso descentralizador
necesita su traslado real a los ciudadanos. No podemos obviar la
necesaria descentralización hacia las competencias municipales como
institución más próxima al ciudadano. En el caso aragonés, territorio
amplio y poco poblado, este es un factor que recoge esta reforma
estatutaria para ponderar los costes diferenciados derivados de su propia
orografía. Se hace preciso establecer una verdadera descentralización de
servicios que materialice la atención ciudadana y dote de poder de
decisión a estas administraciones. Rompemos una lanza en aras de la
participación y de la apertura a nuevas fórmulas de gestión desde el
papel de la iniciativa privada que puedan dar solución real y duradera a
problemas endémicos a los que la Administración no es capaz de dar
solución.
Libertad y responsabilidad. El Partido Popular cree en la persona. Este
planteamiento choca con quienes piensan que las administraciones públicas
deben dar solución a todos los problemas de la población. Este Estatuto
establece un mandato a los poderes públicos en esa dirección; buena
oportunidad para desarrollarlo. Una nueva mentalidad abierta a la
participación de la sociedad civil, armonizada con la irrenunciable
actuación de los poderes públicos como garantía de derechos y libertades,
debe conseguir la mayor eficacia en el desarrollo de nuestros pueblos y
en la búsqueda de soluciones. Los deberes y derechos recogidos en el
Estatuto que hoy sometemos al Pleno del Congreso son los establecidos en
la Constitución, los reseñados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los establecidos en el ámbito de la comunidad autónoma por este
Estatuto. Los derechos de la persona a vivir con dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad y capacidad, conjugados con los derechos a
la cultura, salud y participación constituyen un buen elenco en el que
los poderes públicos necesitan estar vigilantes, al tiempo que promueven
las condiciones básicas para su libre ejercicio.
Quisiera detenerme, señorías, aun de forma breve, en el aspecto de la
familia. Los derechos derivados de la concepción del derecho propio
aragonés hacen referencia explícita a los postulados que vienen de
antaño. Nunca se ha hablado tanto de familia como en los últimos años. La
concepción como célula básica de nuestra sociedad viene avalada por el
papel que siempre ha jugado en la estabilidad de nuestros pueblos.
Apoyemos decididamente esa cadena de solidaridad que es la familia. Más
persona y menos intervencionismo, más familia y menos Estado.
En el capítulo de educación, necesitamos una educación de calidad. El
esfuerzo, la motivación y la exigencia se muestran claves para recuperar
el prestigio de este sector fundamental en el desarrollo de las gentes de
un país. El papel de los padres como principales educadores de sus hijos,
la libertad de elección de centro educativo y la necesaria autoridad de
los profesores en las aulas se hacen imprescindibles en la acción del
nuevo gobierno. Este planteamiento que el Grupo Popular defiende encierra
una concepción de la educación desde un prisma de la calidad educativa,
basada en el respeto, en el esfuerzo y en la motivación de alumnos y
profesores. Los jóvenes que hoy tenemos en estas aulas son los
constructores de la nación del mañana. En este sentido, desde el Grupo
Popular apelamos a la responsabilidad, apostando por la puesta en marcha
de los mecanismos de los que nos dota el presente Estatuto, para que
prime la pluralidad y el compromiso firme de salvaguardar los derechos y
deberes de los padres con relación a la educación de sus hijos, al tiempo
que se restablece la autoridad y el respeto en las aulas.
Sobre el empleo y el trabajo, promover el mismo como pleno empleo es
objetivo importante de este Estatuto. Toda acción de Gobierno en materia
de empleo debe estar encaminada a la mejora de las condiciones para la
libre iniciativa de los ciudadanos. Los esfuerzos en investigación y
desarrollo se muestran vitales para asumir los cambios que nuestra
economía precisa. En este sentido, la universidad debe esta orientada a
una verdadera transferencia tecnológica en la aplicación de los programas
a desarrollar, reto importante para el devenir de nuestro futuro próximo.
Un riesgo actual es la acción pública fiscalizadora, con un
intervencionismo desmedido que expulsa continuamente a los emprendedores,
que contemplan con impotencia el cúmulo de requisitos administrativos en
la labor cotidiana en el mundo empresarial. Esa mentalidad
intervencionista empequeñece la acción de las personas y hace perder
innumerables esfuerzos, especialmente de gente joven que abandona su
proyecto y busca refugio en actividades sin riesgo cuando no al calor de
la Administración. Dice un aforismo chino que gobierna mejor quien
gobierna menos. En definitiva, no solo con dinero se crea riqueza, sino
con ideas y capacidad de trabajo. Ese es nuestro reto, y el Partido
Popular ha sido capaz de demostrarlo cuando ha tenido la responsabilidad
de Gobierno.
Señorías, este Estatuto contempla la realidad de la despoblación
aragonesa. Consideramos que merece la pena hacer todos los esfuerzos
necesarios en pro de un verdadero equilibrio territorial. En ese sentido,
apelamos al necesario apoyo a nuestra agricultura, que atraviesa por una
crisis de relevo generacional debida en muchos casos a las incertidumbres
generadas. No se puede tirar por la borda el sacrificio de miles de
familias, que son las que mantienen el mundo rural y el medio ambiente,
que ven mermadas sus posibilidades de crecimiento económico ante la falta
de garantías en las inversiones necesarias para el mantenimiento de sus
explotaciones.
Me detendré, señorías, en las enmiendas que en la actualidad quedan vivas
y que han defendido anteriormente distintos portavoces. Sobre la materia
de lenguas, este Estatuto recoge las lenguas y las modalidades
lingüísticas de Aragón, aunque no las desarrolla, tal y como pretende
algún grupo de la Cámara remitiendo su desarrollo a una ley de lenguas en
las Cortes de Aragón. Las lenguas en Aragón son y han sido un tema
pacífico. Todos conocemos que la lengua forma parte de la identidad de
los pueblos. En Aragón han convivido pacíficamente los distintos usos que
con el tiempo se han consolidado. El respeto y protección es un deber de
los poderes públicos aragoneses, que han creado disposiciones para dotar
de medios materiales y humanos que garantizan su uso correcto. El Grupo
Popular entiende, tal y como reflejamos anteriormente, que la convivencia
también en materia de lengua debe estar garantizada entre las personas
que viven en los distintos territorios que conforman el Estado.
Concebimos la diversidad lingüística en el marco de la unidad de un rico
patrimonio común, de una herencia cultural por la que seguimos trabajando
para garantizar el uso y protección. Señorías, el Partido Popular
considera que hoy no cabe forzar situaciones que a buen seguro tendrán
respuesta a través de los mecanismos previstos en este Estatuto.
El Archivo General de la Corona de Aragón, tras varios años de reclamación
de su constitución, hoy es una realidad. La garantía de participación de
las comunidades autónomas y del Estado ha de promover el mantenimiento de
la unidad del legado de nuestro historia común. Juzgamos que este paso
supone la aceptación de unas reglas de juego que permitan un normal
desarrollo de la gestión del archivo. De todos es conocida la pretensión
de deslindar documentos en función de su procedencia, provocando su
separación, que de hecho supone no servir al interés general, que debe
presidir toda gestión de un archivo. ¿Qué sucederá? No pretendemos ser
pesimistas y apelamos vivamente a la responsabilidad y grandeza de la
visión de la historia en unión de voluntades que permitan valorar en su
verdadera medida el alcance de este archivo, que no solo pertenece a
Aragón, a Cataluña, a Valencia y a Baleares, sino al conjunto de todos
los españoles. Como podrán comprobar SS.SS., especialmente el señor Tardà
-aunque no nos acompaña en estos momentos-, el espíritu que preside esta
intervención es de mano tendida y de vocación de pacto; ahora bien, no se
equivoquen en su actuación, ya que consideraríamos que en estos tiempos
de globalización, de apertura al mundo, a otras culturas, la mejor
garantía de salvaguardar nuestro pasado común es la defensa conjunta de
nuestra identidad dentro del marco de la lealtad constitucional.
Sobre el aspecto de la financiación, en cuanto a la eficacia de la
aplicación y los criterios acordes con las características de Aragón, se
va a determinar por su esfuerzo fiscal, por su estructura territorial,
poblacional, especialmente en cuanto al envejecimiento, la dispersión y
la baja densidad de población, así como por los desequilibrios
territoriales. Todos somos conscientes de esta diversidad de factores,
que hacen necesario contar con ellos a la hora de programar los diversos
planes que hagan efectiva la obtención de los objetivos establecidos.
Sobre los derechos históricos, como manifestamos en fase de ponencia y de
Comisión, es una disposición heredera del Estatuto de 1982 y que, tal y
como manifestamos en esa fase, nuestra posición se enmarca en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nosotros hemos asumido y
cuya modificación no es necesaria.
Me referiré ahora al agua en Aragón y en este Estatuto. A quién no
preocupa hoy el agua; no es un asunto que afecte exclusivamente a nuestro
país. El buen uso del recurso agua es una exigencia en la que se
determina el futuro de nuestros territorios. Hemos conseguido en fase de
ponencia mejorar el texto original que las Cortes aragonesas habían
remitido. El Partido Popular nunca ha renunciado a desarrollar un
aprovechamiento racional del recurso agua. La mención a una reserva
estratégica no es un capricho, una invención de los aragoneses; es el
fruto de la planificación hidrológica que determina las
necesidades de utilización del agua. El señor Labordeta ha pasado en pocas
semanas de decir que la reserva estratégica era un error a decir ahora
que no sirve para nada. Los ríos no son fábricas de producción de agua.
Los condicionamientos de su aprovechamiento efectivo descansan en la
aplicación de la vigente Ley de Aguas, donde se refiere a la
planificación como elemento sustancial de crecimiento económico y
medioambiental de los territorios y sus gentes. Señorías, nuestra nación
necesita regular sus ríos. Ya nos gustaría poder hacer política
hidráulica como en el norte de Europa. Ustedes deberían ser conscientes
de que las características de nuestros ríos son muy diferentes a las de
aquellos. Las aportaciones al régimen natural de los ríos en Europa
permiten un aprovechamiento directo casi durante todo el año, lo que en
nuestro país es prácticamente imposible al dotarse las aportaciones en
periodos muy cortos. Si no somos capaces de retener el agua durante las
épocas en que discurren por nuestros ríos, no podremos usarla y estará
depositada en el mar. Hablando de agua y de Aragón, hay una cuestión que
preocupa sobremanera a los aragoneses, independientemente de la
aprobación de este Estatuto, y sería interesante que el Gobierno en el
trámite oportuno diera explicaciones de lo que puede suponer que
sucedería si al final se aprueba una nueva regulación para los vertidos
ecológicos medioambientales en el delta del Ebro. Esas propuestas que
hasta ahora están llegando a través de filtraciones a los medios de
comunicación de multiplicar por tres o por cuatro la actual dotación de
3.150 hectómetros cúbicos hipotecaría necesariamente toda la gestión,
toda la planificación de la cuenca del Ebro. También se rompería con el
principio de unidad de cuenca, por lo que el Partido Popular va a estar
muy atento a la salvaguarda de los intereses de la concepción de la
cuenca como tal.
Señorías, termino diciendo que el Grupo Popular cree que hemos elaborado
un Estatuto importante, que refleja sin ambages la lealtad constitucional
y la solidaridad con todos los españoles es garantía de su crecimiento
económico. Aragón no es solo miembro de nuestra nación española, sino
parte inseparable de ella. Reitero mi agradecimiento a todas las fuerzas
políticas que hoy se suman a este Estatuto, reconociendo a todos las
aportaciones que han realizado. Señorías, el Grupo Popular asumió el
trabajo de reformar el Estatuto de Aragón con vocación de servicio, en la
defensa de los valores y principios universales que comparte con todos
los españoles, como son la libertad, la igualdad, la justicia, el
pluralismo, la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales.
Deseamos que este Estatuto sirva para hacer más Aragón dentro de España.
Confiamos haberlo conseguido en aras de la convivencia y de un mejor
futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted,
señor Pintado.
Finalizamos, señorías, con el turno de fijación de posición del Grupo
Parlamentario Socialista. Será el señor Membrado quien en su nombre tome
la palabra.
Cuando quiera, señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, en primer lugar,
quiero dar la bienvenida a la delegación aragonesa, al presidente del
Gobierno de la comunidad autónoma, al presidente de las Cortes, a la
vicepresidenta y a las distintas autoridades que han querido acompañarnos
hoy, un día importante para nuestro territorio, para nuestra comunidad,
ya que un nuevo Estatuto va a ser la base sobre la cual vamos a ir
trabajando en los próximos años; un nuevo Estatuto de autonomía, no una
reforma del mismo, que arranca del mandato que en marzo de 2003 tomaron
las Cortes de Aragón, asumiendo por unanimidad la necesidad de elaborar
un texto que nos permitiera profundizar en nuestro autogobierno. Pues
bien, tras casi 25 años de la aprobación del primer Estatuto, que nos
permitió a los aragoneses recuperar las instituciones de autogobierno, el
Estatuto que hoy aprobamos viene avalado por un alto consenso, ya que no
tuvo en su tramitación en Aragón ningún voto en contra y contó con el
apoyo de 58 diputados y diputadas y nueve abstenciones. Los cambios para
mejorar que se han producido a lo largo del debate previo en Comisión y
en ponencia parece que han impulsado a algunos a cambiar la abstención
por un rechazo del mismo; no lo entendemos. En estos veinticinco años
hemos transitado en el Estado de las autonomías por el camino más lento,
teniendo que esperar durante mucho tiempo competencias que veíamos se
estaban desarrollando en otros territorios, situación que generó no pocas
frustraciones en la sociedad aragonesa. Ahora bien, a pesar de ello,
señorías, nuestra región ha experimentado un cambio profundo en todos los
cambios y ha revalorizado su papel político en el conjunto del país.
Podemos decir que para los aragoneses hablar de autonomía significa
hablar de bienestar, puesto que en este periodo multiplicamos por nueve
el producto interior bruto. Tenemos pleno empleo masculino frente al 10
por ciento de paro en aquella época, tenemos 200.000 empleados más, en
los últimos diez años se ha doblado la renta per cápita en nuestros
territorios y hay el doble de mujeres ocupadas hoy en Aragón. Por eso
decimos que tenemos unas expectativas de desarrollo importantes para
nuestra tierra, a pesar de la vía lenta de nuestro antiguo Estatuto.
Señorías, la autonomía política sienta bien a los aragoneses, porque nos
ha permitido mejorar nuestra calidad de vida. Han sido años de
crecimiento económico en el país, en todo el país, lo que nos puede dar
la lectura de cómo el Estado autonómico no separa a los pueblos de
España, sino que ha aproximado rentas y derechos de ciudadanía comunes a
todos los españoles, como nunca se había hecho hasta ahora. La imagen de
que estas reformas no interesan y la consecuencia podría ser el que no
hay que seguir con ellas, creo que está en contradicción con el
crecimiento y con el papel que juegan las
autonomías en el conjunto del Estado. El debate que tanto en ponencia como
en Comisión hemos realizado ha tenido como objetivo respetar al máximo la
voluntad de las Cortes aragonesas para aprovechar el trabajo de consenso
y respeto constitucional que se desarrolló en su seno. El debate ha sido
positivo y en gran parte enriquecedor. El texto que hoy tenemos se ha
mejorado en el contenido y también en su estructuración. Sin duda,
señorías, la labor de la delegación aragonesa en las distintas reuniones
mantenidas con la representación de los grupos de la Cámara, ha sido
determinante para ello. Su permanente constancia en la defensa de los
textos traídos de Aragón nos ha permitido incluso mejorarlos, como les
decía anteriormente.
Señorías, este es un Estatuto de plena autonomía, de primer nivel y del
máximo autogobierno; un Estatuto que refleja la expresión de nuestra
manera de ser, aragoneses y españoles, sin complejos, que nos sentimos
cómodos en España y en Europa, que poseemos nuestra identidad cultural e
histórica como parte del ser aragonés. Este es el Estatuto que garantiza
a los aragoneses el autogobierno que estábamos necesitando para asegurar
el futuro de Aragón. Son muchos los argumentos y razones para realizar
estas afirmaciones y, entre otras que quisiéramos resaltar para
revalorizar el papel del nuevo Estatuto del que nos vamos a dotar hoy,
simplemente voy a hacer referencia a diez de ellas, pero se podría hacer
a otras muchas.
La primera, el Estatuto recoge una definición precisa de nuestros aspectos
históricos e identitarios, tanto en el preámbulo como en el artículo 1.
La historia de nuestras instituciones y el papel que como reino jugamos
en los avatares de este país queda sintetizado en él. No necesitamos
hacer una relación de la lista de los reyes godos en el preámbulo para
decir que tenemos historia, porque la historia que tenemos en nuestro
territorio está marcada por la defensa de las libertades y por la defensa
de la dignidad.
La segunda, porque mejora el autogobierno. Esto significa mejorar las
competencias que, distribuidas en función de su relación con el Estado,
nos dice que tenemos 63 competencias exclusivas, 12 compartidas y 14
ejecutivas. El modelo competencial reflejado en este Estatuto nos iguala
con cualquier otra comunidad o Estatuto recientemente reformado, porque
las competencias no son más o menos en función del listado que se ponga,
sino del derecho a su aplicación, a su desarrollo que el propio Estatuto
nos confiere. Decir que faltan 12, señor Labordeta, ¿por qué 12 y no 18,
ó 32 ó 43? En estos momentos no estamos debatiendo sobre el número de
competencias que tenemos o echamos a faltar, sino que estamos debatiendo
sobre el derecho de desarrollar aquellas competencias que sean necesarias
para nuestras comunidad autónoma, y eso lo determina perfectamente el
Estatuto.
La tercera, porque el Estatuto recoge una amplia regulación de nuestros
derechos y de nuestros deberes, que sin alterar los derechos de todos los
españoles, reflejan el sentir de nuestra sociedad; una sociedad moderna,
que quiere ver plasmado en su Estatuto los deberes y los derechos
respecto de la cultura, respecto de la salud, como consumidores y
usuarios y en relación con el medio ambiente o con el agua.
La cuarta, porque define una organización territorial e institucional, en
consonancia con nuestra realidad aragonesa. Por un lado, las comarcas, el
Consejo Local de Aragón y la Ley de Capitalidad, demanda del Ayuntamiento
de la ciudad de Zaragoza, donde la CHA forma parte del Gobierno. Por otro
lado, clarificando las competencias y atribuciones de las Cortes de
Aragón, las del presidente, la posibilidad de la moción de censura y la
posibilidad de la disolución de las Cortes. Todas ellas son mejoras y
competencias no contempladas en anteriores estatutos.
La quinta, una organización de la justicia más autonómica y más eficiente
con la creación del Consejo de Justicia de Aragón.
La sexta, una nueva regulación del derecho de la comunidad en la
participación de los asuntos de la Unión Europea, a través del marco de
relaciones con la Unión. Señorías, Aragón es la comunidad autónoma que
tiene en estos momentos una frontera natural con Francia que no tiene la
permeabilidad necesaria que sería buena para nuestra comunidad autónoma y
para el conjunto del territorio. Estamos esperanzados de que esta nueva
relación con Europa, a través del Gobierno de España, nos permita, nos
posibilite solucionar un problema que indudablemente para los aragoneses
es un problema muy sentido.
La séptima, con la participación nueva del Gobierno de Aragón en las
tareas del Estado, a través de la Comisión bilateral de cooperación, y
con la participación en instituciones y organismos estatales. Para
nosotros eso es un impulso a la participación de Aragón en el ámbito del
Estado y eso revaloriza el papel de nuestra comunidad autónoma, porque
los aragoneses, señorías, somos pocos -lo sabemos-, pero no poco.
La octava, una nueva regulación económica y financiera, que ampliará
nuestros recursos, posibilitando una Agencia Tributaria; estableciendo
mecanismos de nivelación vinculados a los servicios públicos esenciales
en el Estado del bienestar; potenciando el acuerdo bilateral
económico-financiero; vinculando las inversiones estatales de
infraestructura a la ponderación del territorio, la orografía y la
situación fronteriza; planteando mecanismos para resolver deudas
pendientes del Estado con Aragón y marcando un plazo de seis meses para
la constitución de la Comisión mixta de asuntos económicos-financieros
Estado-Comunidad Autónoma de Aragón. Señorías, las vías de financiación,
sintéticamente reflejadas aquí, son semejantes a las de cualquier otra
comunidad autónoma. La nuestra ha planteado sus criterios, al igual que
otras, lo que en ningún caso significa una vinculación porcentual
estricta o una cuantía que obligue al Estado, como algunos están
diciendo. Para nosotros, señorías, la opción planteada a través de 30
enmiendas
de Chunta Aragonesista, reivindicando el cupo y una deuda histórica de
5.000 millones de euros, nos parece más un brindis al sol, una
justificación del rechazo del Estatuto, que una creencia en que eso es
operativo, viable y posible en estos o en cualquier momento.
La novena, este Estatuto da un tratamiento especial a las políticas
hidráulicas y las pone en valor como uno de los elementos fundamentales
de nuestro desarrollo económico, garantizando nuestros derechos en
relación con el agua y con la administración de la misma, así como el
mantenimiento de una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos en la
planificación hidrológica de la cuenca. Este Estatuto garantiza que no
podrán realizarse trasvases en contra de la voluntad de los aragoneses.
Se mire como se mire, esta es la verdad, la única verdad que dice el
Estatuto que nos vamos a dotar hoy. Cualquier otra interpretación tiene
como objetivo la confusión. No podrá haber ningún trasvase en contra de
la opinión de los aragoneses, algo que hemos venido reivindicando,
pidiendo y batallando en la calle y en las distintas instituciones a lo
largo de los últimos años.
La décima, la lengua y las modalidades lingüísticas propias quedan
salvaguardadas, señorías. Yo sé que hay una especial sensibilidad con
este tema, no sé si por la labor de vecindad de algunos de los partidos
que han intervenido anteriormente o, como para algunos, es esto una parte
fundamental. Para nosotros, nuestras lenguas forman parte de nuestro
patrimonio cultural e histórico, y no solamente eso, sino que estamos
orgullosos de ello. Lógicamente, el desarrollo de la política lingüística
en nuestra comunidad autónoma se hace, igual que el refrendo en el
artículo 7 del Estatuto, sobre la base del máximo acuerdo posible para
consensuar unos derechos salvaguardados por el artículo 7 que garantizan
la obligación de desarrollar una futura ley de lenguas. Hoy, señorías, al
igual que hace veinte años, estamos haciendo políticas lingüísticas para
salvaguardar y potenciar nuestras lenguas. Hay buenos resultados, pero
aquí, como casi todo lo que afecta a la cultura y a la tradición, es más
importante avanzar con acuerdos que correr sin ellos. Señor Tardà, estoy
seguro de que su sensibilidad por las lenguas, y en este caso por la
lengua catalana en la Francha, le ha movido a hacer la intervención
anteriormente escuchada. Quiero decirle que nosotros avanzamos
lentamente, pero el consenso que tenemos responde fundamentalmente al
sentido común. No nos fuerce a dejar de tenerlo con intervenciones como
la que ha tenido anteriormente.
Señorías, aquí hay una norma estatutaria con 115 artículos fundamental
para Aragón, con un alto grado de consenso, respetuosa con nuestra
Constitución pero firme en sus competencias y contenidos, que dignifica a
nuestro pueblo alcanzando una autonomía plena, que apuesta por nuestro
futuro sin renunciar a nuestra historia y nuestro pasado, que pide más
protagonismo en España aceptando su diversidad plural, y lo hacemos
porque los aragoneses queremos una España en un siglo XXI que siga siendo
democrática, descentralizada, abierta, europea y moderna, que siga los
pasos de estos 25 años del Estado de las autonomías tan fructíferos para
nuestro país y, por supuesto, para nuestra región.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted,
señor Membrado. Muchas gracias a todos.
Les recuerdo, señorías, que la votación se realizará al final del debate
de la última de las iniciativas del día de hoy.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979,
DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente
121/000060.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Proyecto de Ley Orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Muchas gracias,
presidenta.
Señorías, es para mí un honor proceder en nombre del Gobierno a la
presentación de este proyecto antes de la aprobación del dictamen de la
Comisión por parte del Pleno de la Cámara, agradeciendo a los grupos
políticos el trabajo realizado en la fase de negociación de las enmiendas
y congratulándome muy especialmente del acuerdo alcanzado en la Comisión.
Es un proyecto cuyo objetivo, ayudar al Tribunal Constitucional a
realizar mejor su trabajo, crucial para la propia vida de la Constitución
y para la defensa de los derechos de los ciudadanos, justifica el
esfuerzo realizado. Vamos a dotar al Tribunal Constitucional de mejores
herramientas para la realización de su trabajo y al ciudadano más
garantías para recibir respuesta en aquellos conflictos en que la
Constitución está implicada. En definitiva, es un proyecto de un enorme
contenido para que todo ese trabajo del Tribunal Constitucional tenga al
final el fruto que todos deseamos. Todas ellas son medidas necesarias
para paliar los problemas a los que ya en la actualidad se enfrenta el
Tribunal. Reitero, por ello, nuestro agradecimiento por el buen trabajo
realizado y por el esfuerzo negociador para llegar a acuerdos que todas
las fuerzas políticas han mantenido.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
ministro.
Comenzamos con los turnos a favor de las distintas enmiendas presentadas.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Como señalaba el ministro, lo que hace este importante proyecto de ley es
modificar la ley que regula el Tribunal Constitucional y más
sustancialmente una cuestión muy sensible porque afecta a los derechos de
los ciudadanos, la regulación del recurso de amparo. A lo largo de muchos
años se había producido una situación difícil para el Tribunal
Constitucional con relación a una constante presentación de recursos de
amparo que requería quizás una mejor regulación para que, de forma clara
y garantista, se pudiera conocer de estos recursos de amparo pero que el
Tribunal Constitucional pudiera reordenar algunas de sus funciones con
relación a esta cuestión y cumplir adecuadamente en este tema, como
señala la exposición de motivos, su propia misión constitucional. Es
verdad que a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley algunos
grupos parlamentarios -me atrevo a decir que casi todos- entendíamos que
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1979 requería una
serie de enmiendas o aportaciones, o al menos así lo entendíamos desde
Eusko Alkartasuna, con relación a otra serie de cuestiones más allá del
tema que se nos planteaba, temas muy importantes sobre la relación con
las comunidades autónomas en sus distintas perspectivas o respecto al
nombramiento o elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Dicho esto, todos los grupos parlamentarios planteamos una serie de
iniciativas de distintas naturaleza. En nuestro caso -y son las enmiendas
que quiero defender- había una cuestión que nos preocupaba tremendamente,
lo que se regulaba en virtud del artículo 64, donde entendíamos que el
hecho de que el Gobierno del Estado planteara un recurso y solicitara la
suspensión de forma cuasi automática, se avenía realmente a esa
suspensión cautelar, de alguna manera se puede interpretar de forma clara
y en la práctica como un veto a cualquier norma autonómica que fuera
objeto de un recurso; sin analizar cuál era la necesidad de esa
suspensión, a continuación se efectuaba la suspensión casi automática y,
por tanto, producía y sigue produciendo unos efectos y unos perjuicios
importantes y un desequilibrio que no es necesario con relación a las
distintas administraciones e instituciones, tanto Gobierno del Estado
como las instituciones de las cuales se deriva la aprobación de una norma
autonómica. Entendíamos que este es un tema que ya ha generado demasiados
problemas a lo largo de muchos años y que había un momento de oportunidad
para presentar una serie de enmiendas que resolvieran esta cuestión. Esta
ha sido nuestra aportación. Es verdad que ha habido otros grupos
parlamentarios que entendían que en la regulación de este proyecto de ley
tenían que entrar otra serie de temas, como el conflicto negativo de
competencias o la iniciativa a la hora de sugerir determinados candidatos
para magistrados del Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a votar
afirmativamente esta serie de iniciativas. Ha habido dos iniciativas más;
una, que no vamos a votar a favor, que eran las aportaciones en enmiendas
planteadas por el Grupo Popular con relación a los recursos previos a los
estatutos, con lo que no coincidimos, y unas enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco que, sin ningún lugar a dudas, vamos a votar
positivamente porque responde a una unanimidad total y absoluta que ha
habido y sigue habiendo en las juntas generales por parte de todos los
grupos parlamentarios. Si uno mira lo que ha pasado en las juntas
generales de Guipúzcoa observará que, curiosamente, lo mismo que hoy se
pide por parte del Partido Nacionalista Vasco y que votamos algunas
formaciones políticas en la Comisión Constitucional era pedido por la
juntera del Partido Popular en Guipúzcoa, o lo mismo fue aprobado en
Álava o en otros territorios, con lo cual uno no entiende cuál es el
rechazo en la Comisión y en esta Cámara en este momento de tramitación
parlamentaria de algunos grupos parlamentarios, singularmente el Grupo
Socialista y el Grupo Popular, que hoy no estarían dispuestos a aprobar
estas enmiendas. No es nada distinto de lo que piden todos los grupos
parlamentarios en las distintas instituciones vascas, tanto en el
Parlamento vasco como en las juntas generales de los distintos
territorios. Además, y entrando en lo que ha sido el procedimiento y el
proceso de tramitación de esta ley, algo que nos explico hace unos días
el señor Jáuregui, agradeciéndole su explicación, no se entiende; le
agradecemos su explicación, pero es incomprensible. Porque al
interesarnos por cómo iba a ser el resultado final de este proyecto de
ley -y lo digo claramente porque yo no he intervenido en esta negociación
como portavoz de Eusko Alkartasuna ya que no eran mis enmiendas-, sí
hemos trasladado desde el principio que, en la medida en que esta
cuestión estaba planteada por parte de un grupo parlamentario en
negociación con el grupo parlamentario mayoritario y también por parte de
las instituciones y gobiernos correspondientes, era obvio que esta era
una cuestión determinante para la votación y el voto que podríamos
ofrecer al resultado final, al carácter orgánico de esta ley. A lo largo
de la tramitación se nos ha ido diciendo que había voluntad política, que
este tema iba a salir adelante, que solo quedaban pendientes unos flecos
técnicos -que llamamos en argot parlamentario- pero que se iban a
resolver, y así ha ido sucediendo a lo largo de los últimos meses. No
entraré en una cuestión que también se nos escapa, por no decir que
tenemos nuestras propias creencias, como es el parón de los meses de
noviembre y diciembre por otras razones. En definitiva, lo que ha
ocurrido es que teniendo la firme convicción, porque así se nos ha ido
trasladando constantemente, de que este era un tema resuelto desde el
punto de vista político, de que había voluntad política para que este
tema saliera adelante, que realmente era un tema muy importante,
sustantivo, en la medida en que lo que se está tratando de hacer es que
las normas forales no sean objeto de constante persecución judicial, y
digo persecución judicial, con relación a intereses que en algunos casos
no tienen nada que ver con el contenido de las normas, sino con intereses
de otro tipo, entendíamos
que las normas forales tenían que tener la misma connotación
constitucional para que no fueran objeto de esa especie de persecución y
peregrinaje judicial en todas las instancias judiciales, como ocurre en
otro territorio que, aunque no es similar, es coincidente en cuanto a la
idiosincrasia y la naturaleza de esta cuestión, como podían ser las leyes
del Parlamento de Navarra en relación a cuestiones tributarias
dependientes de un convenio económico, en nuestro caso concierto
económico. Estando en la creencia de que se iba a resolver esta cuestión,
en el último minuto en la Comisión se produjo una inexplicable situación
en la que no se entiende que se pueda resolver. Se nos dice que no son
cuestiones técnicas, sino que simplemente no quieren entrar en este tema
y que, por tanto, no va a haber ninguna solución a esta situación de las
normas forales, absolutamente inexplicable e injusta, y no entendemos que
no se pueda resolver. A lo largo de toda la tramitación la ley iba bien.
La ley tenía unos visos de ser una buena ley no solo por el procedimiento
seguido, por las transacciones y por el interés de abordar temas que,
aunque algunos quedaran fuera y tendremos que abordarlos, hay otros que
se han podido incorporar, sin embargo el resultado final, al no
abordarlo, por no querer tener esa voluntad política, hace que nuestro
voto con relación a la ley cambie de manera clara y contundente y sea
diametralmente distinto nuestro sentido de voto. Por tanto, nuestro voto
será a las enmiendas que he señalado anteriormente que van en la
dirección de los temas que he dicho antes, tanto las nuestras, con el
tema de la suspensión automática, como en el conflicto negativo de
competencias, como las enmiendas relativas a ese carácter constitucional,
o al menos que sea sólo el Tribunal Constitucional el que pueda conocer
de esa posible inconstitucionalidad de las normas forales, y lo que no
votaremos, en ningún caso, será al carácter orgánico de la ley, dado que
nos deja en una situación francamente difícil, francamente inadmisible.
La verdad, no sé como lo harán, señorías del Partido Popular, del Partido
Socialista y miembros del Gobierno, para explicar a sus propios miembros
del Partido Socialista en los distintos territorios, por qué no han
querido abordar esta cuestión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora
Lasagabaster. Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que
también tiene enmiendas presentadas a este proyecto de ley. Será el señor
Gaspar Llamazares quien, en nombre de su grupo, tome la palabra para
defenderlas.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo
parlamentario va a votar favorablemente la reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional porque considera que si bien en algunas materias,
y hemos presentado enmiendas para ello, la ley se queda corta, sin
embargo aborda los problemas fundamentales que en estos momentos aquejan
a nuestro Tribunal Constitucional. Hay un relato de Dino Buzzati en
relación a un hospital donde entra un enfermo leve y va bajando de planta
y se encuentra cómo su situación cada vez es más grave, y si no sale del
hospital probablemente se encuentre en la morgue. Es muy parecido a otros
relatos de Kafka. Con relación al Tribunal Constitucional viene a cuento
este relato kafkiano porque nos encontramos ante una situación complicada
que se ha visto agravada por lo que podríamos denominar la
desestabilización política del Tribunal Constitucional. Teníamos un
problema crónico que era y es el colapso del Tribunal Constitucional, que
no puede ejercer sus funciones con garantías porque se encuentra con
12.000 recursos de amparo, porque tarda 6 ó 7 años en resolverlos, y con
ello cuestiona en buena parte su buena labor, pero, además, porque en el
resto del sistema judicial no se han producido las medidas para repartir
este tipo de recursos y conseguir que el Tribunal Constitucional ejerza
su importantisima función y que se garanticen los derechos de los
recurrentes también, bien en salas del Tribunal Constitucional, bien a
través de otros mecanismos del Poder Judicial. Creemos que ese era el
principal problema del tribunal que colapsaba, paralizaba la acción del
Tribunal Constitucional, y esa era nuestra intención en las primeras
negociaciones. Incluso, pensábamos que algunas cosas que habíamos venido
planteando con anterioridad y que eran cuestiones muy importantes, aunque
tenían poco que ver con el colapso y más con la legitimación del
tribunal, podían abordarse. Me refiero a todo lo relativo al carácter
plurinacional del Estado, a la presencia de las propuestas de las
comunidades autónomas en el tribunal, al equilibrio en el propio tribunal
de las iniciativas del Estado, pero también de las iniciativas de las
comunidades autónomas, incluso de las administraciones locales. Algunas
de estas medidas se han recogido en las enmiendas a esta ley. Ahora bien,
podemos decir que en esta materia los avances han sido mucho menores.
Pero a todo esto, al colapso y a los problemas de legitimidad nos ha
venido a visitar el grave problema de la desestabilización del Tribunal
Constitucional. ¿Dónde ve nuestro grupo parlamentario esa
desestabilización? Por una parte, en el intento de cambio de naturaleza
del tribunal. En propuestas que pretenden que el tribunal se configure
como una cámara superior a las cámaras de representantes de los
ciudadanos. Para nosotros el recurso previo de inconstitucionalidad no es
otra cosa que intentar que exista un ámbito superior al Parlamento y eso,
en nuestra opinión, es totalmente inaceptable, una de las medidas de
desestabilización del Tribunal Constitucional que hasta ahora y por
suerte no ha salido adelante. ¿Otra medida de desestabilización del
Tribunal Constitucional? La búsqueda de cambios internos en el propio
Tribunal Constitucional. decir, frente al equilibrio, la búsqueda del
desequilibrio en el Tribunal Constitucional, cuestionando con ello
también la propia credibilidad del Tribunal.
Nosotros hemos presentado una enmienda que ha sido transaccionada con
otros grupos parlamentarios y creemos que con ella se reequilibra, aunque
sea parcialmente, se busca de nuevo el equilibrio interno en el Tribunal
Constitucional. Nos parece que la enmienda que falta es aquella que
impida las revocaciones de los miembros del Tribunal Constitucional por
razones como las que se han utilizado recientemente para revocar a uno de
sus miembros, revocación que, en nuestra opinión, tiene muy poco sentido;
segundo aspecto de la desestabilización del tribunal que nosotros creemos
que esta ley evita, que de alguna manera paraliza.
Había una desestabilización in extremis, preparada y comentada en el
ámbito del Tribunal Supremo, y nosotros creemos que esta ley también
intenta evitarla, que era violentar, de alguna manera, a los miembros del
Tribunal Constitucional si estos acordaban algún fallo que no fuera del
agrado del Tribunal Supremo. Pues bien, eso se evita buscando algo que
parece obvio, que es la inviolabilidad de los miembros del Tribunal
Constitucional, porque algunos, en esta Cámara y fuera de ella, no
solamente pretendían ganar el recurso contra el Estatuto de Cataluña en
el tribunal; si no lo ganaban, ganaba en el tribunal y si no ganaba en el
tribunal, impugnaban el tribunal por parte del Tribunal Supremo. Pues
bien, nosotros creemos que eso no es legítimo, que desestabiliza nuestras
instituciones y, por tanto, había que tomar medidas coyunturales además
de tomar medidas frente al colapso del Tribunal Constitucional. En primer
lugar, superación del colapso; en segundo lugar, superación de la
desestabilización, reequilibrio del Tribunal Constitucional con
insuficiencias; y en tercer lugar, donde está nuestra insatisfacción, el
carácter cada vez más descentralizado del Tribunal Constitucional, tanto
en los recursos -que en nuestra opinión deberían ser bilaterales, no
solamente del tribunal hacia las leyes de las comunidades autónomas, sino
que debería haber una mayor facilidad y un mayor equilibrio en los
recursos de las comunidades autónomas e incluso de la Administración
local- como en otras materias, como es el nombramiento de los miembros
del Tribunal Constitucional, si bien ahí se ha avanzado y va a haber
capacidad de propuesta por parte del Senado, cuestión que a nosotros no
solamente no nos parece inconstitucional, como le parece a algún grupo de
esta Cámara, sino que nos parece plenamente constitucional.
Votaremos favorablemente esta reforma de la ley, aunque sabemos que
probablemente no es nuestra ley, la ley del Tribunal Constitucional
federal que nosotros defenderíamos; es una ley que está en el marco de la
Constitución española; en nuestra opinión, tampoco es una ley que avance
lo suficiente en relación con el equilibrio entre las distintas
administraciones, pero conjura los peligros fundamentales: el peligro de
la pérdida de credibilidad del Tribunal Constitucional mediante el
colapso de los recursos de amparo y, por tanto, la pérdida de protección
de los ciudadanos, y también el peligro de desestabilización política y
judicial del Tribunal Constitucional. Creemos, repito, que esos peligros
se conjuran y, por tanto, nuestro grupo parlamentario mantendrá sus
enmiendas, pero considera que este texto merece la aprobación de todos
los grupos de esta Cámara. Desgraciadamente hay un grupo parlamentario
que no votará esta ley, porque tenía decidido no hacerlo. Por parte de
los grupos parlamentarios -y somos conscientes de ello- se han hecho
esfuerzos para llegar a un acuerdo con todos. Algunos de los acuerdos a
los que se ha llegado no nos resultan satisfactorios, pero sabemos que
son fruto de la búsqueda del consenso. Nos hemos quedado con la búsqueda
del consenso, pero sin el consenso, porque hay quien no quiere consensuar
y quiere únicamente desestabilizar. Allá ellos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares,
muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será el
señor Esteban quien tome en su nombre la palabra para defender las
enmiendas que han presentado a este proyecto de Ley Orgánica de reforma
del Tribunal Constitucional.
Adelante.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
Creo que a nadie se le oculta que bajo el velo bienintencionado y, sobre
todo, muy interesado por parte del Tribunal Constitucional de reformar y
mejorar la regulación del recurso de amparo -algo que, efectivamente era
interesante para toda la ciudadanía-, aquí, como en otros ámbitos
jurisdiccionales, se ha librado una batalla entre los dos grandes
partidos de esta Cámara y, en concreto en este caso, en el reforzamiento
de uno u otro tribunal. Me refiero evidentemente al Tribunal Supremo y al
Tribunal Constitucional, porque, no nos engañemos, hay un partido, el
Partido Popular, que considera al Tribunal Supremo más afín a su
ideología, y hay otro partido, el Partido Socialista, que considera
susceptible de aproximación a la suya al Tribunal Constitucional. Tanto
que se ha hablado de blindaje sobre todo desde el País Vasco en cuanto a
normas forales, etcétera, aquí lo que verdaderamente se ha blindado han
sido las resoluciones y el propio Tribunal Constitucional ante el
Tribunal Supremo. Para verlo no hay más que remitirse al artículo 4 o al
40.2 de la ley. Además, el proceso de aprobación se ha desarrollado muy
rápidamente. Dense cuenta de que el proyecto fue presentado a finales de
noviembre de 2005; teóricamente se ha intentado buscar un acuerdo lo más
amplio posible y al final, de repente, se tiene que correr y en semana y
media hacemos el trámite de Comisión y Pleno, llegando -tengo que decirlo
así- a una situación extrema a la hora de tener que pronunciarse con el
voto a los grupos minoritarios y en especial a los catalanes porque, no
nos engañemos, todos tenemos muy presente qué es lo que tiene que
abordar próximamente el Tribunal Constitucional. Esta es la realidad; es
así y así hay que decirlo.
Ustedes saben que el Tribunal Constitucional no tiene la adhesión
incondicional de nuestro grupo desde el comienzo del propio tribunal,
desde el comienzo de la democracia y desde la Constitución. Nuestra
concepción del tribunal siempre ha sido distinta a cómo está conformado
ahora. De hecho, en algunas de nuestras enmiendas -algunas ya
tradicionales- intentamos reflejarlo así. Creemos que debe ser una
instancia neutral y eso no se consigue con la actual conformación en la
que los dos grupos parlamentarios mayoritarios de la Cámara deciden sobre
el nombramiento de los magistrados. Consideramos que en los casos en los
que los estatutos de autonomía lo determinen así debería existir una sala
especial para dirimir los conflictos con esa comunidad autónoma en la que
la mitad de los seis magistrados fueran magistrados del Tribunal
Constitucional y los otros tres magistrados fueran nombrados por el
Parlamento autonómico correspondiente. Estamos en desacuerdo también con
la abusiva interpretación que se hizo ya en el año 1979 del artículo
161.2 de la Constitución a través de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, porque no entendemos que ese artículo de la Constitución
pueda, hablando de disposiciones y resoluciones, interpretarse luego, en
la Ley del Tribunal Constitucional, como que esto también engloba a las
leyes. Por tanto, nos encontramos en una situación de inferioridad de las
leyes autonómicas, que son suspendidas directamente cuando el Gobierno
del Estado ha recurrido, cuando eso no lo dice la Constitución. Por
tanto, en ese ámbito manteníamos nuestras enmiendas y nuestra visión del
Constitucional como lo que ha venido siendo hasta ahora.
En cualquier caso, si en el ordenamiento jurídico actual alguien puede y
debe ser intérprete de los grandes pactos institucionales -estatutos de
autonomía pero también los grandes acuerdos económicos como el Concierto
Económico- ese debe ser, en todo caso, el Tribunal Constitucional. Y en
ello existe unanimidad de todo el arco parlamentario vasco, desde el
Partido Popular hasta el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Todo el
arco parlamentario vasco apoya que esas normas forales se residencien
ante el Tribunal Constitucional, porque en estos momentos se está
cuestionando el Concierto una y otra vez con una apelación tras otra en
los tribunales contenciosos. Si hacemos la comparación con la situación
navarra, el caso es flagrante y claro. Mientras que en Navarra, al
denominarse leyes forales, el recurso es ante el Tribunal Constitucional
y por lo tanto hay una serie de sujetos limitados legitimados para
efectuar ese recurso, en el caso de las normas forales vascas, al
denominarse leyes, el recurso tiene que hacerse ante el Contencioso. Por
tanto, cualquiera que esgrima un interés legítimo puede recurrirlas. Nos
encontramos con que normas tan sustanciales como las de contenido fiscal
pueden ser recurridas por cualquier asociación o cualquier individuo al
que le interese un recurso ante el Tribunal Contencioso. Por lo tanto, no
creemos que una materia tan sensible pueda mantenerse así.
Nos dicen ahora -porque hubo un acuerdo- que el artículo 161 de la
Constitución solo contempla el recurso ante el Tribunal Constitucional en
el caso de leyes; nos lo ha dicho el portavoz socialista. No. El artículo
161.1 d) habilita al Tribunal Constitucional para cualquier otra materia
que así se regule por ley. De hecho se han abierto varias vías
impugnatorias en ese sentido. Además, si era imposible jurídicamente por
qué no nos lo dicen hasta después de un año, porque esta discusión sobre
el blindaje de las normas forales comenzó a principios de 2006 con una
reunión con el presidente del Gobierno. ¿Cómo es posible que ahora surjan
dificultades que no ha habido antes? Si es imposible jurídicamente, ¿cómo
es posible que la gente de Moncloa, el Grupo Socialista y el Grupo Vasco
dieran por hecho el acuerdo? Es más, ese acuerdo se expresa, a través del
portavoz socialista, en la ponencia que se reúne el 29 de noviembre. Se
dice que se admiten las enmiendas de los grupos minoritarios menos las
del PNV pero porque van a ser admitidas en la comisión que se va a
celebrar el 11 de diciembre. Eso ha sido ratificado por otros portavoces
que fueron testigos de ello y, además, lo han hecho públicamente en la
reunión de la Comisión Constitucional. Hay un compromiso, el Grupo Vasco
vota a favor de la admisión de esas enmiendas y después ese compromiso
-expresado incluso ante el resto de los portavoces- queda roto sin más.
Además, saben que las fuentes del Tribunal Constitucional consultadas no
veían ningún inconveniente en que las normas forales se residenciaran
ante el tribunal. Lo veían con buenos ojos. Por tanto, problemas
jurídicos, no. Ahora dicen que sea resuelto en el nuevo Estatuto de
Autonomía de Euskadi. ¿Qué Estatuto de Autonomía, si en la toma en
consideración ya nos lo rechazaron? ¿Eso qué es? ¿Retrasarlo ad calendas
graecas, sine die? Porque desde luego en estos momentos no tenemos fecha
para un nuevo Estatuto de Autonomía. Además, retrasarlo a esas fechas,
sine die, sería una actitud absolutamente irresponsable porque corremos
el peligro cierto de que el Concierto Económico sea irreconocible como no
pongamos coto al cúmulo de recursos y sentencias que se están dando
últimamente, cuando se trata de un pacto institucional que habría que
preservar de manera especial.
También nos dicen que se congele el rango de ley de las normas forales, de
manera que después de que las aprueben los territorios históricos, las
apruebe el Parlamento vasco. Saben que hay una dificultad jurídica
evidente y es el artículo 41 del Estatuto de Autonomía que, sobre la base
de su disposición adicional primera, otorga a los territorios históricos
la capacidad de aprobar las normas y no al Parlamento vasco, que solo
tiene facultades de armonización, y la armonización no entra en la
congelación de este rango. Además, ¿con eso qué pretenden, romper una
práctica consensuada, de muchos años, continuada, que nos ha costado
encontrar entre todas las instituciones y todos los partidos políticos?
Además saben que el procedimiento de reforma de un Estatuto de Autonomía
es, evidentemente, muchísimo más complicado que la reforma de esta ley,
entre otras cosas, porque -aparte de otras dificultades- conlleva
referéndum. Sobre este punto del recurso de las normas forales ante el
Tribunal Constitucional hay, insisto, un consenso unánime en el País
Vasco no solo de los partidos políticos, sino también de los agentes
sociales, del empresariado, de los sindicatos, etcétera. No hay excusa.
Es una grave decisión, sobre todo cuando había un acuerdo en un asunto
cerrado y así se expresó en la ponencia. Creo que se ha abusado de la
buena fe de este grupo; y no solo de este grupo, sino también de la
sociedad vasca. No se puede estar un año y medio negociando este tema
para que al final se resuelva como se ha resuelto.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), cuya posición ha sido
tradicionalmente crítica con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
y la propia estructura del tribunal, no va a votar a favor de esta ley;
tampoco nos vamos a abstener; vamos a votar en contra de la ley. Nosotros
-deme un minuto, señora presidenta, ya estoy concluyendo- intentamos
colaborar presentando enmiendas a todo el contenido de la ley, algunas de
las cuales se han aprobado en el ámbito del recurso de amparo, otras
evidentemente no, aparte de las normas forales. Pero este caso y la
ruptura de confianza que se ha producido es suficientemente grave como
para que este grupo vaya a vota negativamente la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional. Al final no sé qué extraña estrategia se ha
seguido, porque si lo que se quería conseguir era un consenso lo más
amplio posible, se ha conseguido todo menos eso, porque ni lo van a sacar
con el Partido Popular ni con todos los grupos minoritarios. Se ha andado
al albur de la coyuntura, según venían los tiempos y las noticias en la
prensa. Por cierto, no lo he dicho y quiero decirlo también, ese acuerdo
que se manifestó por parte del Grupo Socialista en la ponencia también se
hizo llegar a la prensa, y no se desmintió sino todo lo contrario, y hubo
publicaciones en varios diarios sobre que el acuerdo ya se había
alcanzado. Lo digo para que quede claro. Ha sido una gran estrategia,
dicho entre comillas, y al final tenemos este resultado. No van a sacar
esta ley con un amplio consenso ni con el segundo grupo de la Cámara ni
con todos los grupos minoritarios, y pienso además que no solo va a ser
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el que va a votar negativamente.
Por cierto, les anuncio también que hemos pedido votación separada de
nuestras enmiendas 15, 19 y 32, que hacen relación a este blindaje de las
normas forales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban,
muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y
será don Agustí Cerdà quien en su nombre tome la palabra para defender
las enmiendas presentadas a este proyecto de ley.
El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, señor ministro, el
Tribunal Constitucional es, como todos saben, un órgano judicial que
tiene atribuidas unas funciones, unas competencias, cuya trascendencia a
nadie se le escapan. Es un órgano que tiene encomendada la protección de
la supremacía constitucional y la consiguiente depuración de las normas
contrarias a los mandatos constitucionales, la protección de los derechos
fundamentales y la resolución de los conflictos territoriales. Los tres
ámbitos de actuación -interpretación de la Constitución, la protección de
los derechos fundamentales y la resolución de los conflictos
territoriales- tienen desde el punto de vista de Esquerra Republicana el
mismo peso político y jurídico. El dictamen que ahora debatimos y
votamos, aprobado por la Comisión, se centra básicamente en una de las
competencias que tiene atribuidas el Tribunal Constitucional: la garantía
de los derechos fundamentales y del recurso de amparo. El objetivo que se
argumenta: evitar la elevada carga de trabajo que acumula el tribunal por
lo que se refire a los recursos de amparo y perfilar el recurso como
realmente subsidiario. El grueso de las modificaciones se reduce
básicamente a esto. Las innovaciones son en este caso, a nuestro juicio,
mínimas y entendemos que agilizar los trabajos internos del pleno también
podría conseguirse, replantearse seguramente con la práctica además de
los cambios de la ley orgánica, por ejemplo, haciendo las deliberaciones
por escrito como el Tribunal Europeo, evitando así los largos debates que
se producen al parecer en el seno del mismo.
De todas maneras, esperamos que esta reforma contribuya al menos a
clarificar los conflictos de competencia entre el Tribunal Supremo y el
Tribunal Constitucional; a agilizar el trámite de admisión de los
recursos de amparo; a trasladar a la ley lo que ha sido una práctica
consuetudinaria en lo que se refiere a la prórroga de la presidencia del
tribunal hasta que se produzca la renovación y el nombramiento de los
nuevos magistrados que proceda; a incrementar el equilibrio territorial
del Tribunal Constitucional; a introducir un nuevo apartado en el
artículo 16, en el que se prevé que los magistrados propuestos por el
Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine
el Reglamento de la Cámara.
Señorías, la composición del Tribunal Constitucional es un elemento clave
para Esquerra Republicana. Es evidente que un órgano que tiene entre sus
competencias los conflictos territoriales y de interpretación de la
Constitución, incluido el título VIII, debe ser un órgano heterogéneo, un
órgano independiente, pero también un órgano en el que estén
representadas todas las sensibilidades, identidades y territorios del
Estado; al menos los territorios que lo hayan decidido así, porque desde
Esquerra propusimos, por ejemplo, enmendar el Estatuto valenciano en el
sentido de que las Cortes valencianas pudieran designar miembros del
Tribunal Constitucional y la mayoría de esta Cámara no lo aprobó. Ahora
entendemos
que deben actuar en consecuencia y coherentemente y, por tanto, creemos
que son los territorios cuyo Estatuto de Autonomía lo prevé los que deben
proponer. Esperamos que la reforma del Reglamento del Senado se impulse
con la suficiente agilidad como para permitir que la próxima renovación
de los magistrados del Tribunal Constitucional sea realmente una
representación de aquellas comunidades autónomas que así lo han previsto
en su Estatuto de Autonomía. Confiamos en que sea el tímido inicio de un
reequilibrio territorial en la composición necesaria del Tribunal
Constitucional. Cuestiones de igual o mayor trascendencia, desde nuestro
punto de vista, pueden aún ser tomadas en consideración y debemos
afrontar con decisión una operación reformadora de mucho mayor calado.
Por ello, Esquerra Republicana mantiene las enmiendas 46, 47 y 48 que
coinciden en el fondo con algunas de las presentadas por otros grupos
parlamentarios y sobre las que entendemos que merece la pena
reflexionar.
La Administración del Estado aún sigue prestando servicios que
corresponden a competencias asumidas por las comunidades autónomas, por
falta del acuerdo correspondiente en el traspaso de medios y servicios.
En algunos supuestos, el Estado niega la transferencia de un servicio
porque entiende que es titular de la competencia en la que se inserta el
servicio o función en cuestión o porque existe desacuerdo respecto al
alcance de las competencias respectivas. En otros casos, no existe esta
discrepancia de fondo y, mientras la Comisión mixta no adopta el
preceptivo acuerdo de transferencia, el Estado justifica que sigue
ejerciendo la competencia por el principio de la necesaria continuidad de
la prestación del servicio. Estamos hablando de supuestos como traspasos
que vienen obligados por el propio Estatuto; por ejemplo, en Cataluña las
becas, ayudas de estudios, paradores de turismo, servicio de cercanías de
Renfe, etcétera. Nosotros proponemos establecer un procedimiento para
resolver los dos acuerdos existentes o que se pueda producir en la
Comisión mixta de transferencias entre el Estado y las comunidades
autónomas. Ustedes nos remiten a la misma Comisión, que es un órgano
político, o al Senado, que es una Cámara legislativa, pero nuestra
pregunta es dónde está el control jurisdiccional, por qué no puede el
Tribunal Constitucional enjuiciar los desacuerdos en el seno de la
Comisión mixta de transferencias. Y si no hay acuerdo entre los dos
gobiernos, ¿qué pasa? No puede recurrirse a una instancia de ninguna
parte, a pesar de que la inactividad por la falta de acuerdo, por la
falta de transferencias pueda perjudicar efectiva y contundentemente a la
ciudadanía. Para nosotros es un problema grave que debería abordarse en
el marco de esta reforma. El Tribunal Constitucional podría limitarse a
declarar que se deben transferir los medios pendientes o no, sin entrar
innecesariamente a cuantificar los mismos.
Un segundo problema, que no se ha abordado en el dictamen de la Comisión y
que mantenemos en nuestra enmienda 45, es repensar el régimen de
suspensión automática de las leyes y normas con rango legal de las
comunidades autónomas, desactivar, en definitiva, la interpretación,
porque de eso se trata, que el artículo 30 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional hace del artículo 161.2 de la Constitución
española, que es una de las interpretaciones posibles, pero no la única.
Entendemos que es posible otra interpretación de la suspensión automática
de las normas y por ello mantenemos nuestras enmiendas.
Señorías, son unas reivindicaciones que mantenemos vivas hoy y que no
vamos a abandonar ni aquí ni en el Senado. Parece que por ahora no hay
voluntad de afrontar con decisión estos aspectos. No obstante, vamos a
votar favorablemente el dictamen a la espera de que el trabajo
parlamentario que se pueda realizar en el Senado dé sus frutos.
Mantenemos una puerta abierta al debate y a la negociación en el Senado
que vinculará nuestro apoyo a la aprobación definitiva de la modificación
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia,
señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados debate hoy el dictamen
de una reforma importante, la reforma de una de las leyes troncales de
nuestro ordenamiento constitucional, la reforma parcial de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional. La presidenta del Tribunal
Constitucional, doña Emilia Casas, había mostrado en diversos foros su
inquietud y su deseo de modificar la ley que hoy estamos tramitando ante
la situación de colapso provocada por los muchos asuntos pendientes de
sentencia en el Tribunal Constitucional. Específicamente, hacía
referencia a la realidad de los recursos de amparo y a cómo su número
condicionaba la actividad del tribunal. Por tanto, existía una razón de
fondo para emprender la reforma que hoy estamos debatiendo. Nuestro grupo
parlamentario compartió desde el inicio la finalidad de esta reforma.
Compartíamos y compartimos la necesidad de dar soluciones en el marco de
la Constitución para aligerar esa situación de colapso y de pendencia de
asuntos que afecta al día a día del Tribunal Constitucional. Ante las
funciones constitucionales que debe realizar el máximo órgano de
interpretación de la Constitución -no el único, pero sí el máximo-, que
es el Tribunal Constitucional, esta normativa que hoy estamos debatiendo
puede ayudar, en la medida en que va a permitir que no sean únicamente
las salas las que puedan conocer de los recursos de amparo y de su
admisión, sino que puedan diferirlos a las secciones. Esto puede aligerar
muchísimo ese cúmulo de asuntos pendientes. También pedimos que en el
Tribunal Constitucional exista una cierta unidad doctrinal entre las
distintas secciones de las dos salas, para evitar algo
que iría en contra de las garantías de los recurrentes, que es la
disparidad de criterios existente a la hora de admitir y de enjuiciar
determinados aspectos que iban a ser resueltos como recursos de amparo.
Por tanto, esta reforma es útil desde un punto de vista técnico y también
para amparar los derechos de los recurrentes, de esas personas que
consideran que un derecho fundamental les ha sido lesionado. Para que esa
lesión pueda llegar en amparo ante el Tribunal Constitucional, sería
positivo que hubiera una cierta unidad de criterio entre las distintas
secciones. En el trámite del Senado podríamos reflexionar sobre alguna
mejora técnica de la ley en estos aspectos. También es cierto que la
nueva normativa permite cierta excepcionalidad en los incidentes de
nulidad de actuaciones. Se modifica el artículo 241 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, y se va a permitir que, vía instancia judicial previa
y vía esa excepción al incidente de nulidad de actuaciones, puedan llegar
menos asuntos al Tribunal Constitucional en recurso de amparo. Estos
aspectos -repito- son positivos y concitaron la coincidencia de
Convergència i Unió en la finalidad inicial que el proyecto de ley tenía
cuando se presentó ante estas Cortes Generales. También es cierto que
desde el primer momento nuestro grupo advirtió que, si se reformaba la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, había aspectos pendientes que
Convergència i Unió considera de gran calado y que quería introducir.
Queremos aprovechar la reforma para realizar modificaciones, en algún
caso históricas, que Convergència i Unió viene reclamando en estas Cortes
Generales.
En este ámbito de las modificaciones parciales se ha conseguido, en las
fases de ponencia y de Comisión, una modificación del primer apartado del
artículo 16 que abre una puerta, abre una vía. Para nosotros, esta no es
una redacción definitiva ni es la redacción final que pueda dar
cumplimiento a las previsiones estatutarias que ya se han aprobado en
estas Cortes Generales, pero es cierto que abre una vía, que abre una
puerta, en el sentido de que, de acuerdo con la Constitución, el Senado
tiene la atribución de proponer cuatro magistrados del Tribunal
Constitucional. Para esos cuatro magistrados cuya propuesta y elección
corresponde al Senado, evidentemente habrá que hacer una modificación de
la Constitución. Nuestro grupo entiende que algún día deberemos afrontar
una modificación de la Constitución en un aspecto como el del Senado,
para dotarle de una mayor capacidad en su función de Cámara de
representación territorial, porque conocemos las lagunas del actual
ordenamiento constitucional en cuanto a esa concepción del Senado. En ese
momento, cuando se aborde esa modificación del Senado, podremos incidir
de manera distinta en quién puede proponer magistrados al Tribunal
Constitucional, pero ahora la Constitución es muy clara: cuatro, el
Congreso; cuatro, el Senado; dos, el Gobierno; dos, el Consejo General
del Poder Judicial. Aprovechando que el Senado elige cuatro magistrados,
que esos cuatro lo sean a propuesta de las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas, en los términos que establezca el propio
Reglamento de la Cámara Alta. Este es un paso importante, significativo,
repito, no definitivo para Convergència i Unió -lo dijimos así tanto en
ponencia como en Comisión-, pero que abre una vía, abre una puerta, que
esperamos incluso poder completar en trámites sucesivos, porque sería
positivo que esa capacidad de propuesta de las asambleas legislativas de
las comunidades autónomas pudiéramos bifurcarla, de manera que dos se
eligieran a propuesta de comunidades autónomas que siguieron la vía del
artículo 151 y los otros dos por el resto de las comunidades autónomas,
porque más o menos, a nivel de población, corresponderían a dos mitades
de la población: dos magistrados propuestos por asambleas legislativas de
la vía del artículo 151 y los otros dos por el resto de comunidades
autónomas. Esta sería una vía en la que podríamos llegar a profundizar,
incluso durante su tramitación en el Senado.
Señor presidente, señorías, quedan aspectos pendientes. Queda pendiente un
grave desequilibrio en la actual Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. Los conflictos negativos de competencia pueden
interponerlos el Gobierno del Estado y el Gobierno de las comunidades
autónomas; sin embargo, se impide el conflicto negativo ante una
inactividad del Estado, por ejemplo, que no transfiere una competencia a
una comunidad autónoma. Nosotros queremos buscar una vía de solución a
través de enmiendas que tenemos presentadas y esperamos que, si no es
hoy, por lo menos en el Senado pudieran aprobarse de manera favorable.
También esperamos que llegue a aprobarse la petición del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), porque es cierto lo que ha dicho su
portavoz sobre que había un compromiso ya en ponencia con el fin de
buscar una solución para que pudieran llegar al Tribunal Constitucional
esas normas forales. Había ese compromiso y pedimos también ser
respetuosos con el mismo, de manera que lleguemos a una solución que, si
no es posible hoy, lo sea en el trámite del Senado. También pedimos a
través de nuestras enmiendas superar una consecuencia de la suspensión
automática prevista en el artículo 161.2 de la Constitución y que la ley
orgánica ha dado de manera general. Cuando es el Estado, el Gobierno el
que impugna, aunque sea un recurso de inconstitucionalidad, siempre se
aplica la suspensión automática; en ningún caso se aplica la suspensión
automática si es una comunidad autónoma la que impugna un norma con rango
de ley. Esa situación de desequilibrio -está aquí también el ministro de
Administraciones Públicas- ha sido denunciada por muchas comunidades
autónomas históricamente. Deberíamos ser capaces de encontrar una
solución porque, repito, del actual ordenamiento de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional no necesariamente la solución habría de ser que
siempre haya esa suspensión automática. No debería haberla siempre que es
un recurso de inconstitucional, porque el artículo 161.2 de la
Constitución se refiere a resoluciones, pero no a
normas con rango de ley. Por tanto, aquí también nos queda un camino por
recorrer.
Termino ya, porque mi tiempo ha finalizado. Esperemos, como pretendía la
presidenta del Tribunal Constitucional cuando nos pidió esta reforma, que
sea útil, que realmente contribuya a aligerar ese colapso de asuntos
pendientes, especialmente por lo que se refiere a recursos de amparo.
Esperemos también que en el Senado podamos tener una última oportunidad
para mejorar el proyecto de ley en aspectos importantes para Convergència
i Unió y también para el Grupo Vasco, que ha hecho referencia a la
impugnación de las normas forales. Hoy vamos a dar nuestro voto
afirmativo, pues este es un primer paso en principio positivo. No es el
paso que vaya a dar respuesta final a las previsiones de los estatutos de
autonomía, como el de Cataluña o el de Andalucía, ya aprobados, pero
esperemos que en el Senado podamos perfeccionar esta reforma y sobre todo
cumplir compromisos pendientes de las fases de ponencia y Comisión.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el
señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, la presente
legislatura comenzó con una cacicada legislativa sobre la justicia. Se
aprobó de forma escandalosa una reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial sin consenso, con un contenido inconstitucional y para cambiar
las reglas de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial
durante el partido. Hoy repetimos experiencia y escándalo. Vamos a
reformar parte sustancial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
sin el consenso exigible en una ley de desarrollo directo de la
Constitución, con preceptos inconstitucionales y con sorpresas de última
hora para manipular también las reglas del juego. Esta ruptura del
consenso sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la primera
manifestación de lo que yo llamo el efecto Bermejo -usted lo sabe, señor
ministro- en una legislatura en la que el presidente del Gobierno, señor
Rodríguez Zapatero, que nos acompaña, ha roto los consensos existentes
desde la transición y ahora ha nombrado a un ministro de Justicia para
poner cara jurídica al Tinell y provocar la confrontación en el mundo de
la justicia. Y el ministro ha comenzado a hacer su trabajo, señor
presidente del Gobierno.
Hace dos semanas los dos grupos mayoritarios -usted lo sabe, señor
Zapatero- nos esforzábamos por llegar a un acuerdo sobre la ley y también
sobre otras que están en tramitación en la Cámara y afectan a la
justicia. Digo más, el acuerdo estaba próximo, pero el portavoz
socialista, don Diego López Garrido, me telefoneó para explicarme que se
había despachado el asunto con el señor ministro de Justicia y que la
negociación quedaba rota. Al nuevo ministro le han bastado quince días
para cerrar un acuerdo con sus socios del tripartito y no ha tenido
reparo en aprobar una de las leyes más importantes de nuestro
ordenamiento sin el consenso del Grupo Popular. El resultado es que una
reforma a todas luces necesaria va a aprobarse con una gran
confrontación, muy negativa para el Alto Tribunal, y sin haberse
aprovechado la tramitación parlamentaria, plena de confusión, como ha
recordado algún otro portavoz, para corregir la mayoría de las
insuficiencias y los errores de lo que fue en su día un proyecto
improvisado y cargado de defectos. El Tribunal Constitucional, pieza
clave de la arquitectura constitucional, no está cumpliendo de forma
satisfactoria las diversas funciones que le corresponden, la
impresionante acumulación de recursos, especialmente los de amparo, no ha
podido ser subsanada hasta la fecha y esto está generando unos retrasos
extraordinarios que reclaman desde hace tiempo remedios incisivos y
urgentes. Así se asumió ya -usted lo sabe- en el Pacto de Estado para la
modernización de la Justicia, firmado bajo Gobierno Popular con el
Partido Socialista y se constituyó una comisión paritaria de magistrados
del Constitucional y del Supremo, que avanzó mucho en la búsqueda de
soluciones equilibradas y consensuadas, tanto para los retrasos del
tribunal como para evitar en lo posible los conflictos que han surgido
entre las dos jurisdicciones.
Nada de ello ha merecido el interés de su Gobierno, señor Rodríguez
Zapatero. Ha preferido acometer la cuestión sin diálogo previo alguno con
los afectados o con las fuerzas políticas. Un agosto de 2005 los
periódicos contaron que se aprobaba un proyecto gubernamental. Tiempo
después conocimos los informes preceptivos. Es difícil encontrar un
proyecto, señorías, sobre el que estos informes previos hayan sido tan
demoledores, señor Bermejo. En particular, el informe del fiscal general
del Estado -usted lo sabrá- lo calificaba de proyecto deficiente hasta en
aspectos básicos de su redacción. Al Gobierno no le han afectado estos
juicios y lo mandó a la Cámara, y así va a salir del Congreso con algunos
graves males añadidos. Son innumerables las objeciones que mantenemos a
este proyecto en los términos en que está y que se reflejan en las cuasi
cuarenta enmiendas que mantengo y que defiendo en este trámite. Me
detendré en las fundamentales.
La ley tiene por objeto principal la restricción del recurso de amparo.
Queda a la discrecionalidad del tribunal decidir cuáles son los amparos
que va a examinar sobre la base del criterio de su relevancia
constitucional. Reducido drásticamente el amparo, no se acometen, sin
embargo, las reformas complementarias precisas para desarrollar el amparo
por los jueces ordinarios, previsto en el artículo 53 de la Constitución.
El resultado es un retroceso en nuestro actual sistema de garantías de
los derechos fundamentales. Es cierto que se crea el remedo de un nuevo
incidente de nulidad, pero no lo es menos que se trata de una solución de
emergencia que aplaza
lo constitucionalmente previsto, en un momento en el que se reducen las
garantías y en el que, con el sistema elegido, queda la posibilidad
abierta de 17 sistemas territoriales diferentes de protección de los
derechos fundamentales.
La merma de garantías se produce también en el seno del propio amparo ante
el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, porque el tribunal no está
obligado a motivar su inadmisión, con lo que el eventual recurso habrá de
hacerse sin conocer -fíjese- las razones por las que en unos casos se
aprecia relevancia constitucional y en otros no. Además, se mantiene la
posibilidad de que sea resuelto por las secciones lo que, a nuestro
juicio, resulta incompatible con la exigencia de dicha relevancia
constitucional. No se aprovecha tampoco la ocasión para resolver de forma
equilibrada las posibles crisis entre el Constitucional y el Supremo. El
proyecto ha sentado de antemano la supremacía excluyente del primero y,
aunque se ha eliminado de la ley la impunidad total de sus magistrados
-felizmente-, que era sencillamente inconstitucional, se mantienen las
medidas que le permiten delimitar su ámbito, adoptar medidas para
protegerlo y evitar su enjuiciamiento por nadie. De hecho, el proyecto
acumula una larga lista de viejas inquietudes corporativas, tanto
funcionales como administrativas. Objetamos especialmente dos: el sistema
de reparto y delegaciones entre pleno, sala y secciones, para puramente
aliviar trabajo, y la liquidación de los letrados por concurso que quedan
sustituidos por letrados de confianza de libre designación.
Resta por comentar otras tres cuestiones especialmente polémicas. La
primera es la negativa a reintroducir el recurso previo de
inconstitucionalidad de estatutos de autonomía. La experiencia que
estamos viviendo en esta legislatura muestra nítidamente lo
desaconsejable de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos
estatutos que vulneren la Constitución, especialmente cuando se trata de
la sustitución completa de los mismos con modificaciones
constitucionales, como ocurre con el Estatuto de Cataluña. Por no haber
atendido, ahora hace un año, esta propuesta, el Tribunal Constitucional
se va a ver obligado a pronunciarse sobre tan relevante asunto habiéndose
celebrado incluso un referéndum. No podemos corregir el pasado, señorías,
no podemos corregir el pasado inmediato, pero sí evitar que esto vuelva a
producirse en el futuro.
La mayor novedad que ha introducido esta Cámara en el proyecto es -déjenme
que lo diga con toda claridad- sencillamente inconstitucional. Los
magistrados a proponer por el Senado serán elegidos ahora entre los
candidatos presentados por las comunidades autónomas. Se cede a la vieja
reclamación de los nacionalistas -es muy antigua, ustedes lo saben- y se
restringe así, sin límites, la capacidad del Senado para nombrarlos
prevista en la Constitución; aparte de abrir una polémica sobre cuáles
han de ser las comunidades que primen sobre las demás a la hora de
elegir. Ya ha escuchado usted lo que ha dicho el señor Jané, de entrada
con su Estatuto en la mano, Cataluña ya reclama su cuota. Ya les adelanto
que, igual que recurrimos ante el Tribunal Constitucional el precepto del
Estatuto, vamos a recurrir de inconstitucionalidad este nuevo artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Finalmente, la ley contiene una sorpresa de última hora que la convierte
en la ley Casas, porque por una enmienda presentada directamente en
Comisión, sin conocimiento previo de nadie, se modifica el mandato legal
actual de la presidenta y se blinda sine díe. El Gobierno no quiere
elecciones y me temo que prejuzga, sorprendentemente, deslegitimando
gravemente al Tribunal Constitucional y a la propia presidenta, que puede
ser una aliada segura para evitar que prosperen los diversos recursos que
se han interpuesto en esta legislatura. Es una pura manipulación
oportunista y demuestra el tratamiento instrumental e irrespetuoso que el
PSOE da a la justicia, cuyos nombramientos y funcionamiento son cambiados
sobre la marcha para propiciar su control. (Aplausos.) Todo ello
concuerda con las últimas actuaciones socialistas en relación con el Alto
Tribunal, criticando primero su decisión sobre la recusación del señor
Pérez Tremps, invitando luego a dimitir al magistrado y haciendo,
finalmente, el ridículo con nuevas recusaciones.
Termino, señor presidente. Como hace ahora dos años, como toda esta
legislatura de la ingeniería jurídica y del reequilibrio ideológico sobre
jueces y fiscales, vuelven ustedes a provocar sin rubor el máximo
deterioro a las instituciones; en este caso, al Tribunal que reclama la
confianza de todos por ser piedra angular del sistema constitucional y
máximo intérprete de nuestra Constitución. Es imposible concluir peor la
tramitación de una ley tan importante como esta. Una más de las que
tendremos que cambiar cuando los ciudadanos vuelvan a darnos su
confianza.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Astarloa.
¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Señor Mardones, por Coalición Canaria.
Adelante, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve, porque ya hemos tenido ocasión de debatir, tanto en los
largos trámites de maduración que hemos tenido en conversaciones previas
a la ponencia, como posteriormente en Comisión. Mi grupo no presentó
enmiendas a este proyecto de ley en un principio en razón
fundamentalmente de que estábamos de acuerdo y lo habíamos manifestado
así a los diversos portavoces. Concretamente quiero reconocer el grado de
entendimiento que mi grupo ha mantenido con el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Jáuregui, para que entendiéramos cuáles
eran las prioridades a resolver ante los problemas que se venían
presentando en el ordinario funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Era unánime el clamor para resolver el problema del gran atasco que el
recurso de amparo estaba produciendo. Después de veinticinco años,
aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 nos
encontrábamos con una perversión del propio sistema de garantías
jurídicas y jurisdiccionales debido a que el Tribunal Supremo
prácticamente había quedado superado por una especie de instancia última
en todo el proceso de judicialización ante cualquier problema, ya que una
persona física o jurídica que se considerase afectada por una sentencia
contraria del Tribunal Supremo entendía que todavía le quedaba el derecho
de amparo ante el Tribunal Constitucional. La perversión de la práctica
ha llevado a una situación de estancamiento y de colapso del Tribunal
Constitucional. Por tanto, apoyamos de entrada que se resuelva con todas
las garantías de orden jurisdiccional para quien verdaderamente tenga
derecho al amparo del Tribunal Constitucional de acuerdo con el índice de
la situación del último pronunciamiento que hubiera podido obtener
incluso ante el Tribunal Supremo.
Se presentó también desde hace dos años una confrontación de potestades y
competencias entre los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional. Era necesario pacificar la situación. Estos contenciosos
internos no favorecían un sistema democrático de Estado de derecho al
haber una pugna en cualquier orden jurisdiccional entre el Tribunal
Supremo y el Tribunal Constitucional. Ha habido aportaciones posteriores
y nos parecía de sentido común que se aprovechara también el paso del
proyecto de ley para hacer determinadas aclaraciones, incluso lo referido
al periodo de prórroga del mandato del presidente o presidenta y
vicepresidente o vicepresidenta del Tribunal Constitucional, dada la
peculiar fórmula con que se solventó ya en 1979 de elección de los doce
miembros del Tribunal Constitucional y los relevos, que se tenían que
producir en terceras o cuartas partes. Hecho esto, mi grupo entiende que
estamos ante un proyecto de ley necesario, imprescindible y conveniente
para al menos salir de la situación de marasmo y colapso que actualmente
tenemos y regular otra serie de incidencias como la que he dicho de
confrontación de competencias... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: ... de magistrados del Supremo y del
Constitucional para que esto se pudiera llevar a efecto.
Termino, señor presidente, anunciando nuestro voto de apoyo a la
aprobación de este proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Socialista el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente,
señorías, abordamos hoy una reforma importante de una ley importante. Se
ha dicho con acierto en mi opinión que el Tribunal Constitucional es ese
centro de equilibrio del sistema de poderes separados tanto territorial
como funcionalmente en el que está construida nuestra democracia. Pues
bien, siendo esta una ley importante tengo que empezar por decir que mi
intervención va a ser constructiva, alejada de toda agresividad y de todo
partidismo porque desde el principio nuestro partido ha buscado el máximo
acuerdo para que la reforma de la ley fuera aprobada con el máximo
consenso.
Como se ha dicho, la ley pretende, de una parte, aligerar el trámite del
amparo constitucional sobre todo para que deje de ser un recurso que se
utiliza como una prolongación de la instancia civil y sea de verdad un
recurso de excepcionalidad sin que colapse al tribunal; al mismo tiempo,
se pretende en esta reforma, entre otras cosas, fortalecer el papel
institucional del Tribunal Constitucional, preservando su condición de
jurisdicción única y exclusiva y evitando alguna conflictividad que -por
qué negarlo- se ha producido en tiempos recientes con el Tribunal
Supremo.
La presidenta del Tribunal Constitucional, señorías, ha calificado esta
reforma de absolutamente necesaria y de extraordinariamente urgente, y es
verdad. Quiero que ustedes sepan, señorías, que en este momento el
tribunal tiene más de 12.000 recursos de amparo pendientes de admisión
que, literalmente, le colapsan y le impiden atender otras y muy
importantes funciones.
Se ha dicho por parte del señor Astarloa que esta es una reforma que rompe
el consenso de una ley básica. Yo quiero negar la entidad de esa
acusación porque creo que es conveniente recordar que la naturaleza de
esta reforma no altera la naturaleza del pacto constituyente en torno al
tribunal. No se cambia su naturaleza, no se cambian sus funciones...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Jáuregui, el murmullo que hay en la
sala molesta al orador. Guarden silencio.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias señor Presidente.
Niego esta entidad un tanto melodramática que se ha dado a un disenso del
que luego me ocuparé a la hora de enjuiciar los comportamientos de cada
uno de los partidos. Me apresuro a decir que el Grupo Socialista va a
votar a favor de esta reforma junto a aquellos partidos que han asumido
la responsabilidad de hacerlo porque hemos dejado las legítimas
pretensiones partidarias que había en ella y hemos coincidido en la
necesidad de atender a una petición angustiosa del Tribunal
Constitucional para desbloquear el colapso que sufre. Hemos oído aquí
alegaciones de parte que son muy respetables, pero a la postre lo que
interesa destacar es que algunos partidos hemos decidido dejar de lado
esas proposiciones y enmiendas de parte para asumir un consenso que es
técnicamente posible, que además hemos alcanzado y que resultaba
políticamente obligado.
En primer lugar, quiero expresar a los diputados del Grupo Parlamentario
Vasco y de EA que lamentamos no contar con su apoyo en esta reforma.
Comprendemos las razones que han expuesto, aunque ustedes también
deberían comprender las nuestras. Como se ha dicho en muchas ocasiones,
hay muchas formas de resolver el problema de las normas fiscales, y algo
nos corresponde a los propios diputados o a las propias instituciones
vascas para resolver este problema, porque en nuestras propias normas
institucionales tenemos una vía más propia, más originaria, más de raíz
para resolver este problema. Con todo, sobre el compromiso de resolver en
otro momento y quizás de otra manera el problema de las normas forales
fiscales, yo quiero pedirles, señores del PNV y de EA, el apoyo al
conjunto de la ley. Defiendan sus enmiendas, pero voten la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional.
Algo parecido quiero decirle al Grupo Popular. Nosotros tenemos una
discrepancia con su enmienda principal, la que plantea el recurso previo
a los estatutos, pero la admitimos, y les pido que voten el conjunto de
la ley, porque lo hemos pactado también con ustedes. Es muy fácil hacer
un discurso demonizando al otro y culpándole de toda la responsabilidad
en el desacuerdo, pero, señor Astarloa, le diré que cuando dos quieren
entenderse se entienden, y yo tengo para mí que ustedes hoy y aquí, en
este y en otros temas, francamente no quieren. Hace solo unos meses dos
compañeros suyos, Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría,
negociaron con nosotros el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tenían
ustedes mil enmiendas a ese Estatuto y habían hecho todo tipo de
declaraciones despectivas contra el texto que procedía de Andalucía, pero
al comenzar las negociaciones de las enmiendas, junto al difunto Alfonso
Perales, a Diego López Garrido y a mí mismo nos dijeron: queremos un
acuerdo. Y ese acuerdo se produjo. Esta posición política no la hemos
encontrado en el Partido Popular desde el principio de la tramitación de
esta ley.
Voy a recordarles algunas cosas. La ley lleva en trámite parlamentario un
año y medio; la ponencia se ha reunido siete veces, no una ni dos, como
suele ser habitual en los trámites parlamentarios de ponencia, a lo largo
del año 2006, y hemos preparado textos de transacción en casi todos los
artículos, muchos de ellos por cierto con ustedes, porque una de las
principales reformas se ha establecido a propósito de una enmienda
concreta que exige la aplicación de doctrina previamente establecida en
el aligeramiento del amparo constitucional. Dice el señor Astarloa que
estábamos a punto de lograr un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE
y que ha sido el ministro de Justicia el que lo ha impedido. Ya le dije
en Comisión que no le atribuya al ministro de Justicia tantos poderes. Yo
creo que la única razón de que esta ley tenga que tramitarse es que había
que aprobarla de una vez, y si seguimos hablando con ustedes en los
términos que lo estábamos haciendo esta ley seguiría hoy empantanada. Por
cierto, las condiciones que el Partido Popular nos planteaba para el
acuerdo en esta ley excluían a todo el arco parlamentario.
El Partido Popular plantea las negociaciones de estas leyes sobre dos
bases: que se acepten sus postulados, que se acepten sus enmiendas y que
en ese acuerdo prácticamente no pueda incorporarse ningún otro partido de
la Cámara, lo que este grupo también tiene la legitimidad de buscar
puesto que la ley es una ley para todos. También es importante que muchos
grupos de la Cámara que también dieron su apoyo a esta ley en el bloque
de constitucionalidad lo sigan dando, como hemos, en mi opinión,
conseguido. ¿Por qué no ha sido posible el acuerdo con sus posiciones,
por ejemplo, con el recurso previo? Porque la pretensión de incorporar al
ordenamiento jurídico constitucional español de nuevo el recurso previo
es darle la vuelta a algo que esta misma Cámara decidió hace ya más de 20
años, en el año 1985, que retiró el recurso previo de las leyes. ¿Por qué
lo hizo esta Cámara, señorías? Porque la experiencia demostraba que las
minorías parlamentarias utilizaban ese recurso previo al Constitucional
para bloquear la mayoría parlamentaria, la legítima posición de un
programa legislativo de un Gobierno. Lo hicimos porque se judicializaba
en extremo la política, inclusive las decisiones legislativas -comillas-
en caliente. Lo hicimos porque no queríamos que el Tribunal
Constitucional, propio de de un modelo como el español, el italiano, el
alemán, no el francés, que atribuye al tribunal una función de legislador
negativo, no de legislador positivo, se convirtiera en casi una tercera
Cámara, y lo hicimos porque además, a efectos dialécticos, si
incorporábamos el recurso previo ahora a los estatutos de autonomía, yo
les pregunto, ¿por qué la tramitación de Valencia, Cataluña, Andalucía,
Baleares y Aragón se hace sin el recurso previo, y todos los demás que
vienen después van a tener sobre sí la espada de Damocles de un recurso
previo al Constitucional antes de aprobar esa ley?
Señorías, hemos decidido incorporar al artículo 16 algo que nos parece
elemental, que es la posibilidad de que el tribunal, en su elección por
el Senado, incorpore propuestas de las comunidades autónomas. ¿Por qué?
Porque es congruente con la naturaleza arbitral del Tribunal
Constitucional, que, no lo olvidemos, resuelve conflictos con las
comunidades autónomas; porque es congruente con el modelo autonómico;
porque es lógico en el papel que corresponde al Senado y porque es
congruente con los estatutos de autonomía aprobados en el caso de
Andalucía y Cataluña. Se ha dicho que esa es una medida que asalta, desde
el punto de vista nacionalista, al Tribunal Constitucional. Esto no es
nacionalista porque será una facultad de todas las comunidades autónomas,
y no fractura nada porque será el Senado el que haga ese nombramiento. Se
ha dicho que esta ley tiene un nombre, y es, en mi opinión, una injuria.
Porque lo que hemos hecho al elevar la posibilidad de que el presidente y
el vicepresidente del tribunal se elijan como consecuencia de la
renovación por tercios del tribunal, es simplemente aplicar una norma que
en la práctica se
estaba utilizando siempre, que la utilizó, por ejemplo, Tomás y Valiente,
el recordado presidente, cuando en febrero de 1992 prolongó a julio de
ese mismo año su mandado de presidente, como lo hizo Rodríguez Bereijo en
1998, más de seis meses, desde febrero de 1998 hasta diciembre de ese
mismo año. De manera que lo que hemos hecho ha sido elevar a rango legal
algo que era una práctica habitual en el tribunal y que es una regla
buena que permite elegir al presidente y al vicepresidente quienes
componen el tribunal y no quienes cesan por poco tiempo en el mismo.
Termino, señorías, y quiero hacerlo dando las gracias a los grupos
parlamentarios que han coincidido con nosotros en que la reforma era
necesaria y urgente y que han dejado de lado legítimas pretensiones que
mantienen en sus enmiendas y que se van a votar, con todo respeto lo
digo, pero que han decidido votar una reforma tan importante para este
país. Una reforma que es fundamental para que este organismo básico de
nuestro funcionamiento democrático cumpla su función. Quiero dar las
gracias a Coalición Canaria, al Grupo Mixto, a Convergència i Unió, a
Izquierda Unida, y también a Esquerra Republicana, partidos a los que
algunos les niegan a veces su sentido del Estado, que están demostrando
aquí con esta aprobación el verdadero sentido del Estado y la auténtica
responsabilidad constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jáuregui.
Llamamos a votación. (Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)
-PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, Y DE TRANSPARENCIA
FINANCIERA DE DETERMINADAS EMPRESAS. (Número de expediente 121/000085.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones con las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras
entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de
transparencia financiera de determinadas empresas.
Enmienda a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 304; en contra, ocho; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
-PROYECTO DE LEY DE LA RED DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente
121/000087.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de la red de
parques nacionales.
Enmienda al artículo número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 296; en contra, ocho; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda al artículo 9.1.c).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 122; en contra, 182; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda al artículo 13.3.a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 183; en contra, 120; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmienda al artículo 13.3.b).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 123; en contra, 175; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 30; en contra, 282; abstenciones, dos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 313.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
(Número de expediente 121/000092.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley Orgánica para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Enmienda al artículo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 121; en contra, 190; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda de supresión del apartado 7 del artículo 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 300; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Enmiendas al preámbulo; artículos 12.1, 25.1, 26.1, 33 y 35; disposición
adicional tercera apartados once, catorce, quince y dieciséis;
disposición adicional quinta apartado uno; disposición adicional sexta
apartado uno; disposición adicional undécima apartado once; disposición
adicional decimocuarta apartado dos y disposiciones adicionales
decimoquinta, decimosexta, decimonovena apartado trece y vigesimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 190; en contra, cuatro; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmiendas al artículo 14.4; disposición adicional segunda apartados uno,
dos y cinco y disposición transitoria novena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 193; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Enmienda a la disposición adicional undécima apartado siete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; en
contra, 192; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda por la que se añade una nueva disposición adicional
vigesimoctava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; en
contra, 309; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda de supresión de la disposición transitoria octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 174; en contra, 122; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 310; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Teniendo en cuenta el carácter orgánico de esta
iniciativa legislativa, procedemos a la votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 192; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos de las señoras y señores
diputados, puestos en pie.-Los asistentes a la tribuna de invitados
aplauden, puestos en pie.) Por favor, silencio en la tribuna.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
-CANJE DE CARTAS, HECHO EN VIENA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006, ENTRE ESPAÑA
Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVI SEMINARIO DE NACIONES
UNIDAS/FEDERACIÓN ASTRONÁUTICA INTERNACIONAL (FAI) SOBRE UTILIZACIÓN DE
LA TECNOLOGÍA ESPACIAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA (VALENCIA, 29 Y 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2006). (Número de expediente 110/000189.)
-ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS
QUÍMICAS (OPAQ), SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ, HECHO EN
MADRID EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000190.)
-CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA, HECHO EN MADRID EL
12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000192.)
-CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA
RELATIVO A LA ASISTENCIA DE PERSONAS DETENIDAS Y AL TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de
expediente 110/000193.)
-CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA
DE MAURITANIA, HECHO EN MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de
expediente 110/000194.)
-CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN EL ÁMBITO CIVIL Y MERCANTIL
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA, HECHO EN
MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000195.)
-CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES DE
2 DE DICIEMBRE DE 1961, REVISADO EN GINEBRA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1972,
EL 23 DE OCTUBRE DE 1978 Y EL 19 DE MARZO DE 1991 Y DECLARACIÓN QUE
ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de
expediente 110/000197.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día, relativo a los dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.)
¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada? (Pausa.) En
tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara
la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en
el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En
consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes. Muchas gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. (Número de
expediente 127/000006.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, señor Labordeta Subías. Enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 28; en contra, 282; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 12; en contra, 283; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. Enmienda 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 27; en contra, 285; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 9; en contra, 290; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 17; en contra, 287; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Enmienda 217.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 26; en contra, 284; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda 218.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, nueve; en contra, 286; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Enmienda 219.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, nueve; en contra, 287; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la
enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 27; en contra, 282; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar, artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 284; en contra, 25; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Aprobado.
Disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 289; en contra, 14; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 298; en contra, tres; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Tratándose de una iniciativa legislativa de carácter
orgánico, vamos a proceder a la votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 296; en contra, uno; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Prolongados aplausos.) Muchas
gracias.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979,
DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente
121/000060.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
Grupo Parlamentario Mixto. Señora Lasagabaster. Votación en bloque de las
enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 27; en contra, 279; abstenciones, seis.
