DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 252, de 26/04/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 252
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 234
celebrada el jueves, 26 de abril de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por desbordamientos en la cuenca del do Ebro durante la última semana del
mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007 ("BOE" núm. 90, de 14
de abril de 2007). (Corrección de errores en "BOE" núm. 95, de 20 de
abril de 2007.) (Número de expediente 130/000043.)... (Página 12628)
- Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio ("BOE" núm. 90, de 14 de abril de 2007). (Número
de expediente 130/000044.)... (Página 12638)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votaciones.):
- Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana
del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007 ("BOE" núm. 90, de
14 de abril de 2007.) (Corrección de errores en "BOE" núm. 95, de 20 de
abril de 2007). (Número de expediente 130/000043.)... (Página 12644)
- Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio ("BOE" núm. 90, de 14 de abril de 2007.) (Número
de expediente 130/000044.)... (Página 12644)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales:
- Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo al
establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al decenio
internacional para la Acción "El agua, fuente de vida, 2005-2015". "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, núm. 354, de 9 de marzo de 2007.
(Número de expediente 110/000205.)... (Página 12645)... (Página )
- Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de
la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual
para el período 2008-2013, de conformidad con el Acuerdo de Asociación
ACP-CE, y a la asignación de ayuda financiera a los países de ultramar a
los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE, hecho en Bruselas el 17
de julio de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 358, de
23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000207.)... (Página 12645)
- Acuerdo Multilateral entre la República de Albania, Bosnia y
Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la
Comunidad Europea, la República de Islandia, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, el Reino de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumania
y la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la
creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), hecho en
Luxemburgo el 9 de junio de 2006, y Declaración que España va a formular
ante el Secretario General del Consejo de la Unión Europea. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, núm. 359, de 23 de marzo de 2007.
(Número de expediente 110/000208.)... (Página 12645)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Praia el
26 de junio de 2006, e Intercambio de Notas Verbales de fechas 15 de
enero y 9 de febrero de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A,
núm. 360, de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000209.)... (Página 12645)
- Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Asociación entre los
Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra parte, firmado en
Cotonú el 23 de junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de
2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 361, de 23 de marzo
de 2007. (Número de expediente 110/000210.)... (Página 12645)
- Acuerdo sobre la Seguridad de la Información entre las Partes en el
Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 362, de 23 de marzo de
2007. (Número de expediente 110/000211.)... (Página 12645)
- Convenio relativo a la extradición entre la República Argelina
Democrática y Popular y el Reino de España, hecho en Argel el 12 de
diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 363,
de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000212.)... (Página 12645)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes... (Página 12628)
Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana
del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007... (Página 12628)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) expone las razones que
han obligado al Gobierno a la promulgación de este real decreto-ley. Tras
hacer unas consideraciones generales, hace una breve descripción del
texto del real decreto-ley, que contempla un amplio catálogo de medidas
que buscan restaurar la normalidad en las comunidades autónomas afectadas
y que abarcan el conjunto de los intereses afectados por este suceso, que
son de naturaleza distinta: administrativas, fiscales, laborales y ayudas
y medidas de coordinación general.
Finaliza manifestando que no es un real decreto-ley excepcional puesto que
se ha aplicado en otros casos, aunque sí lo es en la medida en que afecta
a un hecho excepcional como es la crecida del río Ebro.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y
el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Beloki Guerra,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oliva i Peña, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
la señora Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio... (Página 12638)
La señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) expone las razones que
han obligado al Gobierno a la promulgación de este real decreto-ley.
Manifiesta que este es un decreto-ley que no supone innovación jurídica
alguna, puesto que se trata de restaurar un régimen de funcionamiento
previsto en la Ley de Aguas de 1985 y ratificado en la legislación
vigente, que se ha visto alterado por una sentencia de la Sala quinta del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del pasado 18 de octubre de
2006.
Finaliza recordando que en España existen 8.000 municipios y que en ellos
a su vez hay miles de vertidos de distintas empresas que no vierten
directamente al cauce de los ríos o al dominio público hidráulico, sino a
través del alcantarillado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta
Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora De Lara
Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Mas i
Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Medio Ambiente.
Interviene la señora De Lara Carbó.
Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.
Por la señora secretaria primera se procede a dar lectura de una
declaración institucional con ocasión de la I Semana Mundial de las
Naciones Unidas sobre Seguridad Vial.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votaciones.)... (Página 12644)
Sometido a votación el Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro
durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril
de 2007, se aprueba por 258 votos a favor.
Sometido a votación el Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que
se modifica el texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, se aprueba por 260 votos a favor.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales... (Página 12644)
Acuerdo sobre la seguridad de la información entre las partes en el
Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997... (Página 12644)
Sometido a votación el acuerdo sobre la seguridad de la información entre
las partes en el Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de
marzo de 1997, se aprueba por 253 votos a favor, cuatro en contra y tres
abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo al
establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al decenio
internacional para la Acción "El agua, fuente de vida, 2005-2015"... (Página 12645)
Acuerdo interno entre los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de
la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual
para el período 2008-2013, de conformidad con el Acuerdo de Asociación
ACP-CE, y a la asignación de ayuda financiera a los países de ultramar a
los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE, hecho en Bruselas el 17
de julio de 2006... (Página 12645)
Acuerdo multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina,
la República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea,
la República de Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el
Reino de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumania y la Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una
Zona Europea Común de Aviación (ZECA), hecho en Luxemburgo el 9 de junio
de 2006, y
Declaración que España va a formular ante el Secretario General del
Consejo de la Unión Europea... (Página 12645)
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Praia el
26 de junio de 2006, e Intercambio de Notas Verbales de fechas 15 de
enero y 9 de febrero de 2007... (Página 12645)
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Asociación entre los Estados
de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por otra parte, firmado en Cotonú el 23
de junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de 2005... (Página 12645)
Convenio relativo a la extradición entre la República Argelina Democrática
y Popular y el Reino de España, hecho en Argel el 12 de diciembre de
2006... (Página 12645)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre los convenios internacionales reproducidos, se aprueban
por asentimiento.
Se levanta la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
REAL DECRETO-LEY 3/2007, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS
POR DESBORDAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RÍO EBRO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA
DEL MES DE MARZO Y LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL DE 2007. (Número de
expediente 130/000043.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, iniciamos la
sesión en el punto VI del orden del día, referente a la convalidación o
derogación de reales decretos-leyes y, en particular, lo hacemos con el
Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana
del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007. Comenzaremos,
señorías, con la exposición de las razones que han obligado a la
promulgación de este real decreto-ley por parte de un miembro del
Gobierno, en particular, por el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, entre los días 28 de marzo y 9 de abril del presente año se
produjo un incremento inusitado del caudal del río Ebro y de sus
afluentes motivado tanto por el deshielo como por las fuertes lluvias que
se repitieron durante este largo periodo de tiempo. Es un fenómeno que
originó el desbordamiento del río con episodios de crecidas que afectaron
a la práctica totalidad de los territorios que se encuentran situados en
el cauce del Ebro, empezando por Navarra, continuando por Zaragoza y
terminando por Tarragona. A pesar de que desde el primer momento la
Confederación Hidrográfica del Ebro actuó para minimizar el efecto de la
crecida, principalmente mediante la regulación del agua embalsada, no
pudieron evitarse efectos del enorme caudal que transcurría por los
cauces fluviales, en concreto la inundación de miles de hectáreas de
cultivo, con los consiguientes daños en explotaciones agrícolas y
ganaderas, los daños en infraestructuras agrícolas y en las vías
secundarias, así como en distintas infraestructuras municipales tales
como colegios públicos o redes de saneamiento. Ante estos hechos, el
Gobierno, bajo el principio constitucional de la solidaridad y al igual
que en otros episodios de inundaciones que han devenido en desastres
naturales, tenía que dar una respuesta para paliar de manera eficaz las
graves repercusiones que se produjeron como consecuencia de estas
crecidas, básicamente en el ámbito personal y humano, también lógicamente
en el orden económico en cuanto que se han visto afectadas las
explotaciones agrícolas, que suponen el medio principal de subsistencia
de una buena parte de los damnificados.
Quisiera, antes de presentar el real decreto-ley que expresa en términos
jurídicos la solidaridad a la que vengo refiriéndome, hacerles algunas
consideraciones generales, una primera en relación con la urgencia. El
Gobierno optó por actuar de manera urgente. Los hechos a los que me vengo
refiriendo finalizaron el 9 de abril y cuatro días más tarde, el 13 de
abril, se aprobó en el Consejo de Ministros el real decreto-ley cuya
convalidación presento ante esta Cámara. Dado que el objetivo principal
del Gobierno era dar una respuesta inmediata, algunos aspectos técnicos
relativos al real decreto-ley, como la concreción de los créditos
necesarios, se dejaron para un momento posterior y por tanto van a ser
objeto de desarrollo reglamentario del texto que hoy discutimos aquí y
ello además porque este tipo de inundaciones no permite una evaluación
adecuada hasta que las aguas vuelven a su cauce normal, algo que sucede
bastantes días después de producida la tragedia.
Tras estas consideraciones generales, paso a hacer una breve descripción
del texto del real decreto-ley, que contempla un amplio catálogo de
medidas que lógicamente buscan restaurar la normalidad en las comunidades
autónomas afectadas y que abarcan el conjunto de los intereses afectados
por este suceso, que son de naturaleza distinta: administrativa, fiscal,
laboral, ayudas y medidas de coordinación en general. Realizaré un
brevísimo análisis de los aspectos esenciales de las medidas contempladas
empezando por señalar que su ámbito de aplicación, como es lógico, se
circunscribe a las comunidades autónomas que han sufrido los daños
mayores, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña, y se concreta en términos
municipales cuyo desarrollo se hará a través de una orden del Ministerio
del Interior en la que ya estamos trabajando. Las ayudas excepcionales a
las que vengo refiriéndome se dirigen en primer lugar a los daños en las
infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones
provinciales. En este caso, las ayudas se concretan a través del
Ministerio de Administraciones Públicas mediante los oportunos convenios
con las administraciones implicadas. Incluye el real decreto también
ayudas para daños producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, así
como para daños producidos en viviendas y enseres. En este supuesto se
consignan las ayudas ya establecidas recientemente por un decreto de hace
algunas semanas, que como SS.SS. probablemente conocerán incrementa las
que había previstas en decretos anteriores para estos supuestos. Se
incluyen también ayudas a corporaciones locales, en concreto subvenciones
para gastos de emergencia con carácter inmediato que hayan tenido que
desarrollar para salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. En
este marco, hay convenios específicos que suscribirá la Administración
tanto con las comunidades autónomas como a través del Ministerio de
Agricultura con las entidades implicadas. El real decreto formula también
medidas fiscales, básicamente beneficios fiscales, exenciones de cuotas
del impuesto sobre bienes inmuebles, reducciones en el impuesto sobre
actividades económicas y exenciones de tasas de tráfico, así como
reducciones fiscales especiales para algunas actividades agrarias. Se
incluyen medidas laborales y relativas a la Seguridad Social,
concretamente las referidas a los expedientes de regulación de empleo,
algunas exoneraciones del abono de las cuotas a la Seguridad Social y
algunas moratorias en el pago de las correspondientes cotizaciones.
Además, el real decreto-ley prevé algunas líneas preferenciales de
crédito que se instrumentarán a través del Instituto de Crédito Oficial.
Finalmente, quisiera señalar antes de acabar esta intervención que, como
es habitual en este tipo de
decretos-leyes, se incluye un instrumento de coordinación, una comisión
interministerial que se encarga de examinar exhaustivamente los daños
producidos, de fijar los créditos necesarios, en la que se incluyen bajo
la dirección de Protección Civil los departamentos ministeriales
afectados y que en concreto ha empezado a trabajar el pasado martes 24 de
abril para culminar y desarrollar los trabajos necesarios con el fin de
que el real decreto-ley tenga virtualidad completa.
Señorías, este es, en resumen, el real decreto-ley, que, como decía al
principio, no es un real decreto-ley excepcional, puesto que se ha
aplicado en otros casos, aunque sí lo es en la medida en que afecta a un
hecho excepcional, en este caso la crecida a la que vengo refiriéndome.
Desde el Gobierno hemos tratado de responder, como siempre, de un modo
inmediato y sobre todo eficaz a las necesidades producidas por estas
inundaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro,
muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra de la
convalidación de este decreto? (Pausa.) Comenzaremos con la fijación de
posiciones. Lo haremos con la del Grupo Mixto y en primer lugar con el
turno de la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Nafarroa Bai se va a posicionar a favor del real decreto-ley de ayudas por
los daños producidos como consecuencia de estas inundaciones y que nos ha
presentado el ministro del Interior esta mañana. Lo hacemos observando
algunos puntos que creemos deben ser recogidos con mayor atención
respecto a algunos de los daños que se han producido. Nos referimos en
concreto al artículo 4, que está referido a las ayudas en relación con el
porcentaje y la cobertura de los seguros en determinados cultivos.
Señorías, hay que tener en cuenta que en la circunscripción que yo
represento, en Navarra, cultivos emblemáticos, extendidos y de
importancia como son los del espárrago o la alcachofa no es que no tengan
una penetración importante de contratación de seguros, es que es
exactamente un cero por ciento la que se produce en este sector. Por
tanto, nos parece -lo dijimos ya en su día con reales decretos de ayudas
similares en este sentido- que es importante superar esta tendencia a
relacionar las ayudas en el caso de inundaciones, como es el que nos
ocupa, con el porcentaje de seguros contratados en los cultivos.
No es solo este artículo del real decreto que hoy votamos el que nos
preocupa; nos preocupa enormemente también el artículo 2, que se refiere
a las ayudas de hasta el 50 por ciento destinadas al arreglo de bienes
materiales en las entidades locales afectadas. Fundamentalmente nos
preocupa el hecho de que ante una catástrofe de estas características,
haya algunas zonas de Navarra, en concreto dos poblaciones, Castejón y
Milagro, en que los daños que se han producido son de enorme entidad.
Entiendo, por tanto, que el Gobierno debiera ser enormemente flexible en
la aplicación de este real decreto para atender las necesidades de
algunas poblaciones que han sufrido unos daños de entidad; flexibilidad,
por tanto, para poder superar en algunos casos estos porcentajes
impuestos. Sí nos satisface -y he de reseñarlo así- el hecho de que en
este real decreto se recoja la situación como desastre natural, algo en
lo que ya insistimos en un caso similar que se produjo en septiembre del
año 2004. Insistíamos en que las directivas europeas permitían en casos
como estos una denominación que nos posibilitaba claramente poder
conceder con mayor premura, con mayor holgura y con mayor potencia ayudas
económicas recogidas -como digo- para atender a una situación de desastre
natural. Nos congratulamos de que en esta ocasión se haya producido así.
Entendemos que es absolutamente necesario trabajar en estos términos. Por
tanto, a excepción de estos dos puntos que reseñaba, votaremos a favor
del real decreto. En cualquier caso, nos gustaría escuchar de la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista el compromiso y tener el
convencimiento de que, lógicamente, estas ayudas atenderán por igual, por
descontado teniendo en cuenta las especificidades del régimen fiscal de
la Comunidad Foral, a los afectados en la Comunidad Foral de Navarra, con
la misma intensidad y con la misma capacidad -sin perjuicio lógicamente
de las competencias propias- que a los afectados del resto del curso del
río Ebro, que dejó los daños reseñados a su paso por Navarra, Aragón y
Cataluña, además de por La Rioja. Esperando que así sea votaremos sí,
como decíamos al inicio, al real decreto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Barkos.
En el mismo turno del Grupo Mixto tomará la palabra, señorías, también
para fijar posición sobre este real decreto-ley el señor Labordeta.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, desde Chunta Aragonesista consideramos necesario este real
decreto de medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas por el desbordamiento en las cuencas del río Ebro
durante las últimas semanas de marzo y la primera del mes de abril. Vamos
a apoyarlo pero dejando constancia de una serie de demandas agrupadas en
cuatro bloques. En primer lugar, pediríamos al Gobierno central y a todos
los organismos públicos implicados mayor ambición a la hora de aumentar
las correspondientes ayudas para los afectados. Los agricultores sin
seguro, como decía mi compañera, doña Uxue Barkos, vuelven a quedar
excluidos y es un problema que venimos arrastrando
sin solución. Organizaciones como UAGA han estimado ya en unos 40 millones
de euros las pérdidas. No escatimen recursos, porque estamos hablando de
situaciones difíciles y duras para los perjudicados. Los artículos 2 y 4
de este real decreto son dos ejemplos que sirven para demostrar que se
puede hacer más, y desde Chunta Aragonesista tenemos razones para elevar
el tono reivindicativo en este marco general de ayudas, exigiendo más y
mayor rapidez en su tratamiento.
En segundo lugar, aprovechando que este real decreto pasa por el Congreso
quisiera referirme a la necesidad de establecer cuanto antes un protocolo
de actuaciones, a firmar por todas las partes implicadas, capaz de
racionalizar la gestión ante sucesos de este tipo. Me comentaba el
alcalde de una de las zonas afectadas la angustia sufrida por él y por
muchos compañeros suyos ribereños cuando agricultores y afectados iban a
sus ayuntamientos a preguntar qué es lo que tenían que hacer en aquellas
fechas de las riadas. Esta propuesta que enunciamos serviría para lograr
que afectados, organizaciones sociales y administraciones públicas
supieran a qué atenerse ante este tipo de desastres, porque la falta de
coordinación supone en más de una ocasión un gran problema.
En tercer lugar, otra propuesta es para lograr la colaboración del
Gobierno central y exigir la agilidad al Gobierno de Aragón para poner en
marcha un plan medioambiental del Ebro que sirva para prevenir
inundaciones. Se ha tardado más de tres años en ser redactado y aún no se
ha puesto en marcha. Este documento es clave para no seguir hablando
alegremente de actuaciones preventivas ante desbordamientos del río que
poco o nada tienen que ver con una gestión sostenible del cauce y de las
riberas y, por tanto, muy alejadas de los principios rectores de la nueva
cultura del agua.
Quiero recordar para concluir que en junio de 2005 en este mismo Pleno
estábamos debatiendo un decreto sobre las sequías en Aragón y que dos
años antes, en febrero concretamente, se produjeron unas riadas del Ebro
con una envergadura igual o más importante, lo que demuestra la doble
cara de nuestro territorio y de nuestros ríos. Realizo esta introducción
para aclarar uno de los puntos que más tristeza me producen cuando tienen
lugar estos desbordamientos: tener que oír como algunos vuelven a
resucitar el fantasma del trasvase del Ebro justificándolo en estas
crecidas. Es entonces cuando algunos hablan muy poco de solidaridad con
los afectados, justo cuando más se necesita, pero sí oímos muchos ecos de
palabras cargadas de egoísmo, de demagogia barata, lanzadas cuando más
duelen a los aragoneses. Señorías, el pasado 11 de febrero de 2003, en
este mismo hemiciclo preguntamos al Gobierno central su opinión acerca de
si una riada podía justificar el trasvase del Ebro contemplado ya
entonces en el anterior Plan Hidrológico Nacional. La respuesta del
anterior Gobierno, fue: "Los sucesos de crecidas son aleatorios y se
presentan con una cierta probabilidad en todos los ríos en función de las
condiciones meteorológicas y del estado de las cuencas de los mismos. Los
caudales extraordinarios producidos por una avenida son difícilmente
almacenables en su totalidad." Esperemos que esto quede claro para
siempre en este país. Vamos, que no hay ni pantano ni tubería que lo
soporte. Y, repito, esta es una respuesta del anterior Gobierno español.
Esperamos que la ayuda llegue muy pronto a las zonas afectadas, a los
campesinos y a los agricultores afectados por este desastre natural, que
tiene que ver con los aragoneses, con los navarros, con los riojanos y
con los catalanes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.
Continuamos con el turno de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor
Mardones, adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo, en la exposición que ha hecho el señor ministro del
Interior, ve plenamente justificadas tanto la urgencia como la necesidad
de abordar con este real decreto-ley una compensación a los afectados por
los daños catastróficos que aquí se han citado. Desde Coalición Canaria,
dado que otras veces también hemos tenido que recurrir a ello por daños
catastróficos de accidentes naturales ocurridos en nuestro Archipiélago,
quiero poner por delante siempre el principio de solidaridad y de
reciprocidad con todas aquellas comunidades autónomas y con aquellas
partes de España que se puedan ver afectadas tanto en sus sistemas
productivos como en sus sistemas de habitabilidad y de agricultura o en
cualquiera de las insuficiencias que haya. Como digo, la urgencia está
plenamente justificada y coincidimos en su totalidad con la exposición
que ha hecho el señor ministro, está amoldada a la forma que hay de
atender todas estas catástrofes naturales y de ahí que mi grupo vaya a
votar favorablemente, señora presidenta, señor ministro, la convalidación
de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Señora Navarro, continuamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente este es un decreto necesario y urgente que viene a paliar
una situación de emergencia que afecta a agricultores, ganaderos,
administraciones locales, industrias y a particulares de las riberas del
Ebro, con especial incidencia, como se ha señalado, en La Rioja, Navarra
y Aragón. Los efectos no han seguido cauce abajo puesto que los grandes
embalses de Mequinenza y Ribarroja han terminado de paliar los efectos de
la crecida. Señorías, en cualquier caso, antes de entrar a
valorar el decreto hay que hablar de responsabilidades. No vamos a negar
que el río Ebro es un río mediterráneo y, como tal, sometido a un régimen
hídrico irregular que alterna duras sequías con crecidas y avenidas.
Precisamente por ello hay que gestionarlo adecuadamente. Es el momento de
pedir responsabilidades a quien tiene la competencia en el gestión y es
el momento también de reclamar, una vez más, que se informe del estado de
ejecución del plan ambiental del Ebro, de su plan de riberas, prometido y
comprometido con ocasión de las inundaciones de hace cuatro años, informe
del nivel de ejecución de las infraestructuras hidráulicas acordadas por
toda la sociedad aragonesa en la Comisión del Agua y que han sido
aceptadas por la Ministra de Medio Ambiente en dos reuniones en la
Comisión de seguimiento del Pacto del Agua, en febrero de 2004 y en marzo
de 2007. De hecho, si hubieran estado activas obras como las del
recrecimiento de Yesa y la regulación del río Gállego, los efectos de
esta última avenida habrían sido inapreciables. Se debe informar también
por parte del Gobierno de qué medidas tiene previsto adoptar para
garantizar el pago de las indemnizaciones a los afectados por las
avenidas del Ebro de hace cuatro años, al parecer todavía sin cobrar.
Izquierda Unida, tanto a nivel federal como a nivel autonómico, ha pedido
reiteradamente la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente -de
nuevo se ha solicitado hace dos semanas- y todavía no hemos podido
escucharla ni se han dado los informes reglamentariamente solicitados. El
Gobierno deberá dar explicaciones del porqué no se ejecutan las obras
acordadas, presupuestadas y adjudicadas e igualmente de los motivos por
los que Acesa -la empresa pública creada para ejecutar las obras de la
cuenca del Ebro- tiene el dinero en caja y las obras sin hacer. Es
evidente que se ha de dar respuesta a estas cuestiones.
Señorías, también hay que hablar de la demagogia y del oportunismo del
Partido Popular, especialmente en Murcia, País Valenciano, e incluso
hemos escuchado en Madrid, ya que han utilizado la avenida del Ebro de
nuevo -y la utilizarán, me imagino, en esta ocasión- para resucitar el
triste debate del trasvase, una postura que demuestra la relación del
Partido Popular con el medio ambiente, que tratan el río como si fuera
una cañería que pierde agua, cuando en primero de EGB nos explicaban a
todos, incluido a las señorías del Partido Popular, que los ríos
desembocan en el mar y no en los campos de golf; ignorancia del Partido
Popular que le sirve únicamente para regar su huerto de votos. Fíjense,
señorías, que el Gobierno navarro ha llegado a decir que se ha
perjudicado a los navarros para salvar Zaragoza y las obras de la
Exposición Internacional de 2008.
Consideramos igualmente necesario y urgente -y debería servir este debate
para comprometerlo- llegar a un acuerdo social y político, como ya se ha
reclamado en la intervención de otros grupos parlamentarios, que
reconozca que el Ebro está sometido a avenidas, pero que este problema no
se soluciona con motas kilométricas ni dragando el río como pretenden
algunos, ni tampoco regulándolo en su totalidad. Izquierda Unida
considera que el río Ebro, como todos los ríos mediterráneos, debe tener
previsto un plan de gestión que defina zonas de inundación blanda en sus
riberas. Esas zonas previstas deben contar con unas medidas inmediatas de
restauración de infraestructuras y equipamientos, esas zonas deben tener
un riguroso planeamiento urbanístico y un plan rector del uso de las
riberas. Ello solo puede darse mediante el acuerdo con las entidades
locales, con las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, con
los ciudadanos y ciudadanas de las riberas. Ese pacto social debe dar
respuesta a las necesidades sociales, económicas y medioambientales que
surgen con motivo de las crecidas del río y debe venir avalado por todas
las fuerzas políticas. Izquierda Unida ya lo ha propuesto en Aragón, pero
creemos necesario abordarlo también en el Congreso y, por supuesto, en el
Consejo de la Cuenca del Ebro, ya que en ambos lugares estamos
representadas todas las fuerzas políticas y sociales de todas las
comunidades autónomas que comparten el río Ebro.
En relación con el análisis concreto del real decreto, es un real decreto
al uso en situaciones como las que ha vivido evidentemente el Ebro y como
se ha señalado por parte del señor ministro. El real decreto viene a
paliar un problema, pero no lo resuelve ni lo evita en el futuro, es una
medida de urgencia necesaria pero que responde a un gobierno actual y
anterior poco previsores e ineficaces, pero que ahora, como parche y
remedio de urgencia, es evidentemente necesario y, por supuesto, lo vamos
a apoyar. Eso sí, creemos que mejoraría en su eficacia abordar cuestiones
como aumentar, en el artículo 2, las ayudas para la reparación de
infraestructuras y equipamientos, que se cifran en un 50 por ciento del
coste. La normativa europea permite llegar hasta el 75 por ciento y dado
que son infraestructuras y equipamientos públicos, entendemos necesario
llegar hasta el 75 por ciento en la subvención. También en el artículo 6,
donde se habla de las reducciones fiscales especiales, hay que incluir la
exención del pago del canon de regulación a los usuarios del agua
afectados por pérdidas de infraestructuras hidráulicas, exención
proporcional al tiempo que no puedan utilizarlas, pues es evidente que la
pérdida de canales o acequias impide -hasta que estas no sean reparadas-
su utilización. Por ello creemos equitativo que durante este tiempo no se
pague el canon por su utilización. Una sugerencia genérica sería que las
medidas que contempla este real decreto y que requieren una buena
coordinación entre varios municipios y los gobiernos autonómicos se
resuelvan con la máxima eficacia y rapidez. En cualquier caso esperamos
que así sea por parte del Gobierno y, por supuesto, vamos a dar nuestro
voto favorable. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Señor Beloki, continuaremos con usted en nombre del Grupo Vasco
(EAJ-PNV).
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en esta legislatura, si nuestra contabilidad no va errada, deben
ser como 44 los reales decretos aprobados por el Gobierno. De ellos,
deben ser 13, incluido este, los que han sido dictados en relación con
daños causados por inundaciones, por incendios, por sequías, por
movimientos sísmicos o por distintos tipos de adversidades climáticas y
de otro signo. Después de todo esto, es evidente que no estamos ante una
gran innovación sino en línea con una serie de reales decretos que ya
vienen dándose más o menos en los mismos términos de éste. Incluso
estamos ante un real decreto que puede calificarse como prácticamente
calcado de algún otro, por ejemplo, del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de
septiembre, que -recuerdo a SS.SS.-era por incendios e inundaciones
acaecidas en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La
Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana. Se trata este de un real
decreto, insisto, prácticamente calcado de aquel, es decir, con un corta
y pega, con un cambio de mayúsculas y minúsculas, pero también con
selección y borrar algunas cosas, aunque hay diferencias entre los dos,
además lógicamente de la no coincidencia plena en los ámbitos de
aplicación y también de que en aquel caso se trataba no solo de
inundaciones sino de desastres producidos por el fuego. En esta ocasión
hablamos solo de inundaciones y en aquella se produjeron daños personales
que fueron consecuentemente contemplados en el texto del real decreto-ley
al que he hecho referencia, concretamente en el artículo 9, mientras que
al parecer en este no es necesario hacerlo. En todo caso, insisto, es
evidente que estamos ante dos decretos-leyes que se parecen enormemente;
y no lo digo en demérito de este real decreto, más bien en sentido
contrario.
En efecto, tal como varios portavoces ya señalamos con ocasión del debate
del real decreto al que me he referido anteriormente, es deseable que
ante este tipo de desgracias, a la hora del tratamiento por la
Administración, estemos ante esquemas ya establecidos y que no se
improvisen en cada ocasión, de forma que exista una especie de prototipo
básico de respuesta que se aplique a las distintas situaciones, y este es
el caso. Ello seguramente facilita que todos aceptemos el real decreto y
mi grupo lo va a aceptar sin mayor discusión. En todo caso, para que esto
ocurra sería deseable que el ministro de turno -y el señor ministro de
turno porque si no estoy equivocado en aquella ocasión fue la ministra de
Agricultura quien expuso el real decreto mientras que en este caso es el
ministro del Interior- no dedicara su tiempo tanto a la exposición
genérica de las medidas -que, insisto, son prácticamente idénticas en una
y otra ocasión-, sino a explicar en su caso las diferencias que puede
haber entre uno y otro, porque hay diferencias, y casi es más interesante
saber por qué se producen diferencias entre un real decreto y otro ante
situaciones semejantes que saber que las mismas medidas que entonces se
aplicaban se vuelven a aplicar ahora. Eso es lógica pura. No le voy a
hablar de todas las diferencias que existen pero quiero citarle algunas,
como ha hecho la representante de Nafarroa Bai, porque me interesa saber
por qué. En concreto, en el artículo 3 se incluyen dos términos: el de
indispensables, referido a las obras que se declaran de emergencia y que
no estaba en el real decreto anterior, y el adverbio directamente,
referido a los daños causados y que tampoco estaba en el real decreto
anterior. Ustedes introducen estos dos términos, un calificativo y un
adverbio, y los dos evidentemente limitativos. Me pregunto por qué. En el
artículo 4, refiriéndose al periodo de contratación de seguros de
siniestros, en esta ocasión se refiere a casos de producciones que en las
fechas del siniestro no hubiera finalizado -este es el término que
utiliza este real decreto-, mientras que en el anterior se refería a
producciones que en las fechas del siniestro no se hubiera iniciado. ¿Por
qué esta diferencia? En este mismo artículo -y esto lo ha citado ya Uxue
Barkos, de Nafarroa Bai-, hablando de indemnizaciones de daños en
producciones agrícolas y ganaderas se establece que irán destinadas a
titulares que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento, dice
este real decreto, y aquel decía superiores al 20 ó al 30 por ciento.
Esta es otra modificación que sería bueno que explicaran. Y sobre todo,
señor ministro, ha desaparecido la disposición adicional primera de aquel
real decreto referida a las competencias de las comunidades autónomas y
que decía que lo establecido en el mismo se entendía sin perjuicio de las
competencias que corresponden a las comunidades autónomas al amparo de lo
establecido en sus estatutos de autonomía. Esto decía la disposición
adicional primera del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre; este
no lo dice. ¿Por qué? ¿Significa algún cambio de actitud por parte del
Gobierno respecto a las competencias de las comunidades autónomas? ¿Por
qué aquí se hace un borrado de esta disposición adicional primera?
Voy terminando refiriéndome a diversos extremos del real decreto. Es
evidente que en esta ocasión hay una mayor manga ancha que en aquel real
decreto. Es decir, se deja más en manos del Gobierno, desde esa
perspectiva es más discrecional, lo cual a mi grupo no le extraña ni le
supone ningún problema a la hora de aceptarlo porque seguramente
constituye una notable temeridad, dada la urgencia con la que se quieren
hacer estos reales decretos, que en los mismos figuren detalles que
luego, a la vista de la evaluación de las desgracias producidas, pueden
suponer más un problema que una solución. Es lógico que el Gobierno de
turno tenga un cierto margen, amplio, para que en función de los
criterios establecidos haga después la aplicación más conveniente. Y esto
me lleva a otra reflexión. Sería muy deseable que no solo aprobáramos
estos reales decretos en los términos de discrecionalidad que quedan para
el Gobierno, sino que el Gobierno se comprometiera luego a darnos cuenta
de cómo se aplican realmente. Aprovechando este real decreto, que es,
insisto, muy semejante a aquel, hoy me hubiera gustado saber con
detalle qué resultados dio aquel real decreto, cómo se ejecutó finalmente,
porque aquí dejamos todo o mucho en manos del Gobierno. Sería lógico que
a la hora de aprobar un real decreto en el que otra vez vamos a dejarles
la ejecución de las medidas que aquí se proponen sepamos cuántos fueron
los que finalmente resultaron beneficiados, en qué términos, cuánto
tiempo tardó en ejecutarse, etcétera. Si el decreto número 14 -que
seguramente vendrá en esta misma legislatura, aunque no lo deseo- se va a
parecer a los anteriores, yo animaría al Gobierno, en primer lugar, a que
nos explique en su caso por qué introduce determinadas diferencias, si
las introduce, y, en segundo lugar, a que nos explique también cómo
ejecutó el anterior, para que sigamos dándole la confianza en la
ejecución de este.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Beloki.
Continuaremos con el turno de la señora Oliva, en nombre del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Ebro y
algunos de sus afluentes, durante la última semana de marzo y la primera
de abril, han causado daños graves en diversos municipios de las
comunidades autónomas de Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. El
desbordamiento del río Ebro ha provocado que miles de hectáreas de
cultivo hayan quedado anegadas, la evacuación de residentes en algunas de
las zonas inundadas, el corte de carreteras y caminos por
desprendimientos e inundaciones, daños en infraestructuras tales como
acequias, alcantarillado o colegios, así como diversos daños en otros
bienes tanto públicos como privados. La magnitud de este desastre natural
y de sus consecuencias obligan, desde el respeto al principio de la
solidaridad, a la adopción de una respuesta rápida de las autoridades
públicas. Por este motivo consideramos acertado que el Gobierno proponga
a la Cámara la convalidación de un real decreto-ley con la finalidad de
impulsar medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones, restablecer los servicios dañados y habilitar las
indemnizaciones que correspondan. La urgencia con la que hay que
responder ante tales daños justifica la figura adoptada.
La propuesta contempla un grupo equilibrado de medidas relevantes en casos
de actuación urgente por causa de desastre natural, como son las
subvenciones a entidades locales para la reparación de infraestructuras,
la indemnización por determinados daños en producciones agrícolas y
ganaderas, la previsión de beneficios fiscales sobre diferentes tributos,
la reducción del pago de cuotas a la Seguridad Social, diversas medidas
relacionadas con el mantenimiento del empleo, así como ayudas por daños a
la vivienda, entre otros. Ante un real decreto-ley de corte eminentemente
económico, como el que se presenta hoy, consideramos sin embargo que
hubiera sido deseable conocer una primera estimación por parte del
Gobierno del coste que implicará su aplicación. Parece razonable disponer
de esta información para poder valorar adecuadamente la idoneidad del
paquete de medidas propuesto. Por otro lado, nos queda la duda sobre
cuánto de lo acaecido se hubiera podido prevenir, no tanto por una mejor
gestión de la catástrofe cuanto por un mayor control de las actividades
que se llevan a cabo dentro del área de la inundación natural del río.
Esto es relevante ahora y lo será en el futuro, puesto que los modelos
climáticos predicen en general, y particularmente en la península
Ibérica, un incremento de la variabilidad en las precipitaciones. Ante la
amenaza real de que fenómenos como el que nos ocupa hoy se repitan con
mayor frecuencia, es razonable exigir al Gobierno que, en aras de
minimizar el riesgo de que se repitan daños similares en el futuro, ponga
un mayor énfasis en el control de las actividades e infraestructuras que
se permita realizar en áreas afectadas.
La obligada urgencia de esta medida no debería restar atención a los
problemas de largo alcance que afectan y van a afectar en el futuro al
Ebro. Nos referimos en particular a algunos episodios graves de
contaminación, siendo el de Flix sin duda el más importante, y sobre todo
a la gravísima amenaza de subsistencia que sufre el delta, agudizada por
el pronosticado aumento del nivel del mar a consecuencia del cambio
climático. Este enfoque preventivo y más a largo plazo debería presidir
las actuaciones del Gobierno y a buen seguro minimizaría los costes que
en el futuro vaya a tener que afrontar de nuevo en concepto de
actuaciones reparadoras de daños que hubieran podido evitarse o, como
mínimo, reducirse. En definitiva, y a pesar de las dudas que planteaba en
el tramo final de mi exposición, Esquerra Republicana va a votar a favor
de la convalidación del real decreto-ley presentado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Oliva,
muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Guinart en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo va a posicionarse también favorablemente ante la
convalidación de este real decreto, como no podía ser de otra forma, en
tanto en cuanto así lo ha hecho en todos los que se han presentado ante
esta Cámara. Es lógico que el Estado implemente, y cuanto antes mejor,
una serie de medidas, un catálogo de estipulaciones para compensar los
daños producidos por estas catástrofes naturales, como lo ha hecho
anteriormente cuando se han producido incendios o inundaciones por
tormentas tropicales, movimientos sísmicos u otro tipo de catástrofes
naturales. Nuestro grupo lo ha
hecho siempre así y también ha insistido en la necesidad de plantearse
algún mecanismo que diera una mayor agilidad a ese tipo de decisiones y
que no sea cada vez un real decreto-ley con su trámite parlamentario, sin
sustraerlo de la soberanía popular que esta Cámara representa, sino por
pura agilidad y eficacia que en este caso se ha dado en tanto en cuanto
pocos días después ya se había aprobado este real decreto-ley que se está
aplicando, como en otras ocasiones. Si hubiera un mecanismo más ágil que
encuadrara este inventario de medidas, muy parecidas en todos los casos,
se daría mayor seguridad y tranquilidad a los ciudadanos al ver que en
catástrofes de este tipo hay previsto un catálogo de medidas de ayudas a
las administraciones locales y provinciales, beneficios o incentivos
fiscales, de Seguridad Social, laborales, créditos privilegiados o
créditos blandos, que en este caso también se dan. Además, así se
sustraería este mecanismo habitual de real decreto-ley a convalidar del
uso partidista de esas catástrofes naturales, porque siempre existe la
posibilidad de utilizar la ocasión para hablar de temas colaterales
críticamente o de culpar a una administración u otra, bien del Estado o
las autonómicas, de su mayor o menor eficacia en la actuación preventiva
o ante cada una de las crisis que se produzcan.
Para nosotros es una novedad en este real decreto-ley que se planteen para
un ulterior desarrollo reglamentario aquellos campos de actuación cuyo
detalle es necesario conocer con mayor intensidad respecto a los daños
producidos, lo que justifica todavía más no aceptar la tramitación de
este real decreto-ley como proyecto de ley en cuanto se prevé que se
pueda ajustar su aplicación por vía reglamentaria, a diferencia de alguna
ocasión anterior en que sí apoyó nuestro grupo su tramitación como
proyecto de ley para incluir algunas zonas no previstas en el real
decreto, que era mucho más preciso y minucioso en su descripción, por lo
que nuestro grupo va a apoyar el real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias señor Guinart.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
señor Pintado. Cuando quiera.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, muchas gracias por su exposición de un nuevo decreto en
cuanto a paliar los daños acaecidos por las inundaciones del río Ebro. A
juicio de este portavoz y del Grupo Parlamentario Popular este no es un
acto solamente de solidaridad sino también de justicia. Todo esto se
deriva de los criterios de la directriz básica de la planificación de
Protección Civil. Aquí se ha dicho por algún portavoz que habría que
establecer mecanismos y protocolos, pero estos mecanismos y protocolos
existen hace bastantes años. De hecho, la Administración General del
Estado, en este caso el Ministerio del Interior junto con los ministerios
de Medio Ambiente y de Agricultura, lógicamente, son los que en
combinación con las comunidades autónomas tratan de mitigar los efectos
de las riadas. Esos criterios son, por orden de importancia, salvaguardar
la integridad de las personas, salvaguardar la afección a los núcleos
urbanos y salvaguardar las infraestructuras agrarias, de carreteras e
industriales. Estamos lógicamente de acuerdo con estos criterios. De aquí
se deriva claramente esa necesidad de hacer justicia, no solamente
solidaridad, con las indemnizaciones a los agricultores, con la
reparación de los daños de las infraestructuras afectadas y con la
reposición de los cauces también afectados.
El decreto-ley que hoy nos presenta el Gobierno podríamos denominarlo
decreto ley tipo -se ha referido a ello el señor Beloki- en cuanto que
uno hace unas referencias a los decretos firmados durante los últimos
diez o doce años y prácticamente todos son del mismo tenor, salvo alguna
variación introducida con motivo de la reforma de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, la reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, del régimen especial del IVA y especialmente las modificaciones
introducidas con el Decreto 307, de 2005, en que se regulan las
subvenciones a situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica. Este
es el debate que hoy nos ocupa: celeridad en la tramitación de las
ayudas, ejecución de las acciones encaminadas a subsanar las afecciones y
el cálculo de las afecciones provocadas. Por cierto, señor ministro, en
cuanto a su ámbito de aplicación en este real decreto aparecen Navarra,
La Rioja, Aragón y Cataluña. A este diputado, a fecha de hoy -por eso
estaría de acuerdo con lo que planteaba el señor Beloki-, no le consta
que en la Comunidad Autónoma de Cataluña haya habido ninguna afección. En
cualquier caso, nos gustaría conocer con todo detalle, en el momento que
se pongan en marcha los distintos mecanismos para hacer la valoración
definitiva, en qué queda ese asunto. Lo digo porque a veces tirando de
tipex, de pegar y cortar, se puede pasar de un sitio a otro sin tener en
cuenta exactamente las afecciones.
Quisiera introducir hoy un nuevo elemento en la convalidación de este
decreto porque, señorías, la prevención es un aspecto fundamental para
evitar las afecciones por las riadas. Lógicamente, como han dicho
distintos portavoces no solo en esta Cámara sino fuera de ella, es
difícil de predecir cuándo se va a producir una riada. Ahora bien, sí que
es fácil de predecir qué es lo que ocurre con los ríos pirenaicos. Para
eso, señorías, me gustaría que ustedes se hicieran con un documento del
Centro Meteorológico Territorial de Cataluña que explica con todo detalle
qué es lo que ocurre con los ríos pirenaicos y por qué se produce este
tipo de aportaciones; aportaciones que en régimen natural si no existiera
ningún embalse podríamos aprovechar aproximadamente el 10 por ciento.
¿Qué quiere decir esto? Yo quisiera decir a algunos portavoces que han
hecho uso de la palabra anteriormente, cuando se empeñan en denostar
las regulaciones de los embalses, que me gustaría que hoy el ministro del
Interior o la ministra de Medio Ambiente que nos acompaña nos pudieran
informar, y de hecho así se lo solicitamos ayer al secretario general de
Ordenación del Territorio en su comparecencia en la Comisión de Medio
Ambiente, qué es lo que hubiera pasado con Zaragoza, qué es lo que
hubiera pasado con Tortosa, qué es lo que hubiera pasado con todos los
municipios de la ribera navarra o del centro de Aragón que hoy están
afectados sin la labor de laminación tan importante, fundamental, que
hacen los embalses a la hora de evitar catástrofes mayores. En este
sentido, el Partido Popular ha apostado y sigue apostando por continuar
con las regulaciones. Ayer, en el debate que se originaba en la Cámara,
en la Comisión de Medio Ambiente, el secretario general de Ordenación del
Territorio decía que en España tenemos 1.200 presas. Pero no son por
casualidad sino porque en aras a las aportaciones que tienen nuestros
ríos, no solo la vertiente del Mediterráneo en el caso del Ebro, sino en
el resto de las cuencas hidrográficas, si no hubiera embalses
difícilmente podríamos hacer un aprovechamiento racional. Nadie está
hablando de hacer regulaciones para secar los ríos y hacer un
aprovechamiento total, pero sí estamos hablando de hacer regulaciones
para hacer un aprovechamiento hacia abastecimientos, aprovechamientos
hidroeléctricos y medioambientales para establecer cauces, para regadíos
por supuesto, y en el caso que hoy nos ocupa para las laminaciones de
avenidas. Hay un mapa de la página web de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, que les aconsejo que miren, donde aparecen los embalses de la
cuenca del Ebro. Este diputado vive en este territorio y les puedo
garantizar que durante los últimos quince o veinte años en las zonas
donde existe más regulación no hay problemas de inundaciones. Es decir,
las zonas donde todavía se pueden hacer regulaciones, donde hay
pendientes regulaciones, donde el Ministerio de Medio Ambiente tiene el
compromiso de ir hacia adelante con ciertas regulaciones,
independientemente de los problemas que pueda haber, señora ministra, de
carácter administrativo, de carácter medioambiental, cuando nos lleguen
riadas de este tipo seremos capaces de trabajar con mayor perfección.
Un compañero ha dicho desde esta tribuna que había que variar los
conceptos, y los conceptos iban en la dirección de crear zonas blandas de
inundaciones. Este es un tema bastante peligroso porque antes de
salvaguardar intereses -está ahí la directriz básica de Protección Civil-
se tiene que poner en primer lugar la salvaguarda de la integridad de las
personas, después de los núcleos urbanos y posteriormente de las
cuestiones agrícolas. El hecho de sacar motas para que el agua circule
libremente hacia los sectores agrarios puede ser una solución en un
momento determinado, pero otro aspecto fundamental -que por el poco
tiempo que me queda no podré analizar en profundidad- es el saneamiento
de los ríos desde el punto de vista de los dragados y de las acciones.
Señora ministra, he tenido oportunidad de acceder a la página web de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y valorar y estudiar cuáles son las
actuaciones que en estos momentos está llevando el ministerio en los
distintos ríos de la cuenca del Ebro. Si esto se puede presentar, como
ayer intentó hacer el secretario general de Ordenación del Territorio,
como una labor para dragar ríos, para poder crear cauces que permitan el
paso de las avenidas, suena a broma; se lo digo con toda sinceridad y con
todo respeto. Estamos totalmente de acuerdo con una serie de actuaciones,
pero no se puede presentar la limpieza de barrancos, que conozco
personalmente y por los que puedes pasar sin ningún problema, como una
cuestión básica para evitar las inundaciones. Esa variabilidad tan
importante en las aportaciones de los ríos pirenaicos va a venir
condicionada, según se desprende de los últimos informes del cambio
climático, por el hecho de periodos extensos de grandes sequías con
periodos en los que va a haber un índice de pluviometría mucho más
importante. Habrá que aplicar criterios a la hora de valorar y establecer
los proyectos que hagan remodelar los cauces de los ríos, para dar una
mayor celeridad y una mayor capacidad de desagüe a este asunto tan
importante.
Como conclusión, a juicio del Partido Popular, la previsión es la mejor
herramienta para trabajar en esta dirección. Hay una necesidad clara de
seguir trabajando en las obras de regulación previstas en el plan de la
cuenca del Ebro, en el que aparecen una serie de medidas de lucha contra
las crecidas y las riadas. Sabemos que hace falta una decisión política
clara de acometer la entrada en los ríos. Señora ministra, creo que usted
ha pasado por algún proceso en el que ha tenido que hacer valoraciones
importantes en ese sentido; también a los que hemos tenido
responsabilidades en gobiernos anteriores nos ha tocado bregar con ese
tema; pero hay que encontrarse con un alcalde cuando la crecida está
llegando a su núcleo urbano para poder decir no solamente a los grupos
ecologistas, sino también a algún juez o fiscal que en un momento
determinado ha paralizado algunas de estas obras, qué es lo que se siente
y cuáles son los ríos que ahí se ponen. Respeto medioambiental, por
supuesto, pero si seguimos con la directriz básica de protección de medio
ambiente habrá que tener muy en cuenta los trabajos en los cauces de los
ríos. En ese sentido hay que ir a las causas y no a los efectos. En tanto
en cuanto se produzcan situaciones de este tipo, serán necesarias
acciones rápidas como este decreto-ley y también el suficiente desarrollo
reglamentario. Los poderes públicos tenemos la obligación de velar de
forma continua y eficiente por estas situaciones que tanto daño provocan.
En definitiva, de cara a los ciudadanos de todas esas zonas, a todos los
ciudadanos ribereños del Ebro y de otros ríos en los que se producen
inundaciones, el mejor mensaje que podemos enviar hoy con la aprobación
de este decreto es la certidumbre de que estamos trabajando y que cuando
se produzcan situaciones de este tipo sepan que tienen el apoyo no
solamente del
Gobierno de la nación y de los gobiernos regionales sino también de toda
esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Pintado.
Finalizamos, señorías, con el turno de la señora Castillejo, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro del Interior, señora ministra de Medio Ambiente,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para mostrar el
apoyo a la convalidación de este real decreto-ley que pretende, como se
ha dicho, contribuir a reparar los daños causados por el reciente
desbordamiento producido en la cuenca del río Ebro durante la última
semana de marzo y la primera del mes de abril. El temporal de lluvia y de
nieve que azotó el norte de nuestro país provocó que el río alcanzara
importantes desbordamientos que han otorgado carácter extraordinario a
esta crecida, provocando una situación de desastre natural, como afirma
este real decreto. Ratificaremos en este acto una serie de medidas,
decididas y aprobadas con carácter urgente por el Consejo de Ministros,
destinadas a paliar los daños producidos en varias comunidades -La Rioja,
Navarra, Aragón y Cataluña- que han afectado, como ya se ha dicho, a
carreteras y a distintas redes de abastecimiento y saneamiento, causando
graves pérdidas en cultivos, infraestructuras agrícolas y explotaciones
ganaderas en los márgenes del río Ebro y de sus afluentes. Huelga
expresar en nombre de mi grupo un reconocimiento a todas aquellas
personas, profesionales de los distintos ámbitos y administraciones, que
han formado parte del operativo establecido para evitar males mayores en
las poblaciones afectadas.
Creemos que el Gobierno de España, en el marco de sus competencias, ha
actuado de una manera rápida y eficaz con la remisión de este real
decreto al Congreso que supone un importante catálogo de medidas, en
términos de solidaridad y equidad, que abarca la reparación de daños en
infraestructuras, equipamientos e instalaciones, beneficios fiscales,
indemnizaciones en el ámbito agrícola y ganadero y el resto de medidas
expuestas ya con detalle por el ministro del Interior, medidas todas
ellas que persiguen un objetivo importante, un objetivo nada desdeñable
como es la recuperación de la normalidad en las circunstancias sociales,
geográficas y humanas de las zonas afectadas. Mi grupo también quiere
poner en valor la inmediatez en la actuación del Gobierno, porque estamos
hablando de la aprobación de estas medidas por el Consejo de Ministros
apenas cuatro días después de producirse estas inundaciones. El ministro
del Interior ha hecho un extenso relato del texto que se somete a nuestra
consideración, por lo que no me extenderé en este punto ni replicaré a
algunas de las afirmaciones que fueron objeto de debate en la Comisión de
Medio Ambiente que celebramos en el día de ayer, a la que, por cierto,
señora Navarro, asistimos únicamente tres grupos para hablar de estas
inundaciones y también del Ebro en general, aunque en realidad, señor
Pintado, parece que algunos no estuvieron en esa Comisión en la que
compareció el secretario general en nombre de la ministra, que siempre -y
esto que quede bien claro- está a disposición de esta Cámara, y ustedes
lo saben muy bien.
Quiero detenerme en el hecho de que en estas semanas pasadas, y con motivo
de estos desafortunados acontecimientos, hemos tenido que asistir a las
manifestaciones de distintos representantes políticos que, lejos de
aportar calma y serenidad, han arrimado el ascua a su sardina para hacer
un uso partidario de unos hechos que han perturbado el devenir diario de
miles de ciudadanos que habitamos la ribera del Ebro. Hoy hemos vuelto a
escuchar en este hemiciclo el eco de esas declaraciones de líderes, todos
ellos del Partido Popular, un partido que una vez más en lugar de aportar
soluciones alimenta la crispación y la confrontación. Fíjense que dudan
incluso de la inclusión de Cataluña en este real decreto y elevan además
el tono de sus reivindicaciones en función de quién es el partido que
gobierna en España. Quizás yo les recomiendo que tomen ejemplo de las
actuaciones de los alcaldes de los municipios afectados en mi comunidad,
que han sido capaces de dejar sus diferencias a un lado para formar un
frente común y unirse para buscar soluciones a un hecho, las riadas del
Ebro, que, dicho sea de paso, no es algo que no conozcamos de toda la
vida quienes vivimos en su ribera. En efecto, las inundaciones del Ebro
más o menos importantes, más o menos graves, no son un fenómeno nuevo y
decirlo resulta una obviedad. Lo que sí es nuevo es que un partido acuse
directamente y sin ambages al Gobierno de España poco menos que de causar
estas inundaciones, como hemos podido leer en algún medio de comunicación
y hoy se ha insinuado -no se ha dicho tan claro, pero se ha llegado a
insinuar- en esta tribuna gracias al fundamentalismo medioambiental que,
al parecer, este Ejecutivo practica. Señorías, cuando lo que cabía
esperar era solidaridad y aportación de soluciones, lo que hemos
escuchado en estos días ha sido la resurrección de debates superados,
además de afirmaciones que lo único que pretenden es el enfrentamiento
entre territorios y, en definitiva, el enfrentamiento entre los
ciudadanos de estos territorios. Lo decía la señora Navarro: hemos
asistido atónitos a las declaraciones del señor Sanz, el presidente de mi
comunidad, la Comunidad Foral de Navarra, que ha acusado a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, a su presidente, de actuar
perjudicando a Navarra en beneficio de Aragón. Y hemos escuchado al
Partido Popular de varias comunidades lanzando una vez más acusaciones
sobre el desperdicio del agua del Ebro o, lo que es peor, asegurando que
las inundaciones se deben a la derogación del trasvase del Ebro, ese
trasvase para el cual la Unión Europea denegó todas las peticiones de
financiación por sus efectos tan sumamente negativos en términos de
sostenibilidad medioambiental.
Señorías, desde nuestro grupo creemos que estas acusaciones carecen de
rigor, de sensatez, de sentido común, y parece mentira que provengan de
quienes se definen a sí mismos como garantes de la unidad de España.
Quienes pretendemos aportar mecanismos y herramientas para solucionar
este tipo de catástrofes naturales, lejos de poner el acento en lo que
nos separa, preferimos emplear nuestros esfuerzos en actuaciones de
importancia capital para el futuro de nuestro país; y, lejos de emplear
nuestros recursos hídricos para enfrentar a los ciudadanos, optamos por
situar en el frontis de nuestra actuación no solo elementos y
herramientas eficaces para una política hídrica sostenible, sino además
todas las medidas posibles que puedan contribuir a paliar el cambio
climático, porque no podemos olvidar que los expertos nos están alertando
ya de que el cambio climático traerá más riadas y en periodos de tiempo
más cortos.
No puedo acabar esta intervención sin apelar, como recientemente lo hacía
el Senado por unanimidad de los grupos, a la mayor colaboración posible
entre administraciones para desarrollar con urgencia las medidas de este
real decreto. No me cabe duda alguna de que los esfuerzos del Gobierno de
España ya están encaminados en este sentido, lo reconocía el señor
ministro citando la reunión de coordinación que este mismo martes se
celebraba. Asimismo, quiero hacer un llamamiento para que se abunde en
las medidas necesarias para la regulación y protección de los márgenes
del río Ebro que sean necesarias para prevenir en un futuro las riadas e
inundaciones. No me cabe ninguna duda de que este Gobierno trabaja en ese
sentido y cumplirá con ambas aspiraciones, además de, como decía la
señora Barkos -permítaseme este paréntesis-, cumplir en el marco de sus
competencias con los ciudadanos afectados en la Comunidad Foral de
Navarra.
Acabo manifestando la importancia de la aprobación de estas medidas en el
día de hoy. Cualquier actuación en sentido contrario, como solicitar un
artificial debate tramitando esta iniciativa como proyecto de ley,
supondría un retraso y un perjuicio innecesario para los afectados por
las inundaciones del río Ebro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora
Castillejo.
- REAL DECRETO-LEY 4/2007, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/2001, DE 20 DE JULIO. (Número de expediente 130/000044.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al debate
del último punto del orden del día de hoy, referido al Real Decreto-ley
4/2007, de 13 abril, por el se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Comenzaremos, señorías, en el turno de exposición por parte de un miembro
del Gobierno de las razones que han obligado a la promulgación de este
real decreto-ley, con la intervención de la señora ministra de Medio
Ambiente. Cuando quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, subo a esta tribuna para defender la
convalidación de un decreto-ley que no supone innovación jurídica alguna,
puesto que se trata de restaurar un régimen de funcionamiento, previsto
en nuestra legislación de aguas, en la Ley de Aguas de 1985, y ratificado
en la legislación vigente en esta materia, que se ha visto alterado por
una sentencia de la Sala quinta del Tribunal de lo
Contencioso-administrativo del pasado día 18 de octubre del año 2006. Esa
sentencia, señorías, se refiere a la nulidad de un artículo del
reglamento de dominio público hidráulico, de acuerdo con la redacción
dada a este reglamento en el Real Decreto 606, del año 2003. Se trata del
artículo 245.2, que es el que regula las autorizaciones de vertido
indirecto, es decir, las autorizaciones relativas al vertido no al cauce
de los ríos, no al dominio público hidráulico, sino el vertido a las
redes de alcantarillado, a las redes de saneamiento de nuestras ciudades.
Esas autorizaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas y,
en particular, con lo desarrollado reglamentariamente en el texto del
decreto señalado del año 2003, estaban atribuidas a las autoridades
competentes, sean locales o autonómicas, en razón precisamente de que se
trata de un vertido a las redes de saneamientos y, por tanto, de acuerdo
con las atribuciones que tienen los gobiernos autonómicos y locales en
esta materia, nuestra legislación de aguas atribuía dicha función de
autorización a estas administraciones. Pues bien, la sentencia de la Sala
quinta del Tribunal de lo Contencioso-administrativo ha venido a declarar
nulo este artículo, puesto que conculca la Ley de Bases de Régimen Local
que exige que para atribuir competencias a los entes locales se debe de
utilizar una norma con rango de ley y, en este caso, esa competencia la
teníamos contemplada en una norma con rango de decreto. Por tanto,
señorías, este real decreto-ley pretende restablecer el régimen de
funcionamiento que se ha dado a lo largo de los años y que no debe de ser
alterado, por cuanto los organismos públicos de cuenca no pueden atender
esa función de autorización de vertido porque carecen de los medios
técnicos y materiales que permitan controlar la gestión del saneamiento,
la gestión de las redes, la gestión de los alcantarillados. En el
supuesto de que no aprobásemos este decreto-ley, de que no modificáramos
la Ley de Aguas para incorporar en ella de forma nítida y explícita las
competencias de los entes locales autonómicos en esta materia, nos
encontraríamos en una situación de grave irresponsabilidad
en la gestión de los vertidos de aguas residuales. Por tanto, señorías,
pido la convalidación de este Decreto-ley a la Cámara recordando que en
España existen 8.000 municipios y que en ellos, a su vez, hay miles de
vertidos de distintas empresas y comunidades de producción que vierten no
directamente al cauce de los ríos, no directamente al dominio público
hidráulico, sino a través del alcantarillado, y la sentencia del año
pasado ha provocado una situación que en estos momentos hace peligrar la
buena gestión de las aguas residuales en nuestro país. De hecho, hay
multitud de expedientes en tramitación que han quedado en suspenso o más
bien, de acuerdo con esa sentencia, han pasado a ser competencia de
repente de los organismos públicos de cuenca. Por tanto, teniendo en
cuenta el carácter extraordinario y urgente de la situación que se ha
creado con esta sentencia relativa al Decreto 606/2003, pedimos que se
recupere la situación precedente, esta vez, por supuesto, de acuerdo con
lo que establece la Ley de Bases de Régimen Local.
Señorías, como ven, no se trata de cambiar desde el punto de vista
jurídico nada de lo que hasta ahora ha sido habitual, sino más bien de
que se pueda seguir trabajando en el ámbito competencial en esta materia,
de acuerdo también plenamente con la Ley de Bases de Régimen Local.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.
¿Algún grupo desea ejercer turno en contra? (Pausa.)
Señor Labordeta, comenzamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, haré una intervención muy breve para llamar la atención
sobre la situación en la que quedan los municipios con este decreto que
les devuelve competencias y que, sin embargo, puede suponer que las
confederaciones abandonen a su suerte a muchos ayuntamientos que no
tienen ni formación ni personal para tramitar con corrección técnica esos
asuntos.
En algunos supuestos, ciertas actividades industriales de vertido, sería
necesario el informe de la confederación correspondiente y demandamos al
Gobierno que reflexione sobre esta situación que acerca a la
Administración local más responsabilidades, pero que sin compensación no
hace más que degradar los servicios. Ha pasado con muchas leyes y sigue
pasando con demasiada frecuencia. Nos queda esta duda. Además, la
exposición de motivos me genera más incertidumbre, sobre todo la
afirmación de la primera parte del párrafo cuarto y el final del
penúltimo párrafo.
En fin, este tema del agua necesita recursos y en este sentido pediría más
explicaciones sobre el coste-beneficio de esta decisión. Y una pregunta
que dejo en el aire: ¿era la menos mala de las soluciones posibles este
decreto?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Labordeta.
Señor Mardones, su turno en nombre de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Medio Ambiente, mi grupo va a votar favorablemente la
convalidación de este real decreto-ley porque vemos que se ha tomado la
solución de técnica legislativa y competencial más razonable y de sentido
común. La sentencia de la Sección 5ª de la Sala tercera de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, al tomar la sentencia de
octubre del año pasado en consideración de su aplicación, ha generado
verdaderamente un galimatías jurídico de una doble competencia; una
competencia en los organismos de cuenca, en las confederaciones
hidrográficas, y una competencia que las entidades locales entendían,
fundamentalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, que en el caso de
Canarias o Baleares hubiera sido esperpéntico porque, con la aplicación
directa de la sentencia del Tribunal Supremo en los archipiélagos que no
tienen cuencas hidrográficas, ¿quién hubiera entonces ejercido este tema?
La sentencia es impecable jurídicamente. Señala que se ha conculcado la
Ley de Bases de Régimen Local según la cual un ayuntamiento o una
corporación local no puede ejercer una competencia que se le haya
transmitido por rango inferior al de ley, es decir, por un real decreto,
como es el caso de los aprovechamientos o de la disciplina hidráulica que
anula en ese artículo 245 la sentencia del Tribunal Supremo. Pues bien,
si era necesaria una ley para los ayuntamientos, para las corporaciones
locales y para las comunidades autónomas que no tuvieran reconocida esta
competencia en sus estatutos de Ley orgánica de autonomía, ¿qué ocurre
con Baleares y Canarias? A nosotros esto nos plantea un limbo. No hay
organismos de cuenca; por tanto, ¿quién ejerce esa competencia si el
Tribunal Supremo, entre los ocho mil y pico municipios que ha señalado la
señora ministra que hay en España, dice a los municipios de Baleares y
Canarias que no están incluidos en territorios de cuencas hidrográficas?
Los ayuntamientos canarios concretamente se encuentran con un vacío, en
un auténtico limbo. También es lógico que, si las autorizaciones
administrativas para el vertido de aguas residuales dependen de si son
cauces de dominio público -en este caso las confederaciones se ocupan de
ello- o de si se trata de vertidos a alcantarillados o a colectores,
obras de licencia municipal o competencia autonómica, esto se regule,
pues no se puede llegar al absurdo de exigir a las confederaciones
hidrográficas un vertido de aguas residuales a una red de alcantarillado,
que es municipal, o a colectores
cuya autorización de trazado, obra civil, construcción y mantenimiento
puede ser competencia de la comunidad autónoma. El rigor de la ley no
consiste solo en aplicar una autorización administrativa, sino en tener
los instrumentos técnicos para comprobar la toxicidad del vertido, las
condiciones en que se hace, los diluyentes, los productos tóxicos,
etcétera. Resulta que hay confederaciones que no tienen estos recursos
técnicos y en Canarias, como no existen las confederaciones, no puede
haber un ente abstracto jurídicamente creado por una sentencia del
Tribunal Supremo. Ni siquiera tienen asistencia jurídica para tener los
medios técnicos. ¿Quién tiene los medios técnicos para la comprobación de
los vertidos? Los ayuntamientos, en el archipiélago canario los cabildos
o las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas, que
tienen equipos de funcionarios, de análisis químicos, de análisis
bacteriológico de las aguas residuales que se vierten. La solución que se
da en este real decreto-ley nos parece jurídicamente acertadísima, pues
saca a Canarias y a Baleares del limbo en el que esa sentencia les había
puesto al no tener, como he dicho, organismos hidrográficos de cuencas
correspondientes y ni siquiera los medios técnicos para hacerlo. Se
entiende que la Ley de Aguas que tenemos en este momento es suficiente
para dar salida a la situación creada por la sentencia del Tribunal
Supremo y el correspondiente rango a la transferencia de una competencia
a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas en base a la Ley de
Bases del Régimen Local y que la Ley de Aguas, por tener rango de ley,
con el decreto legislativo que la acompañaba, tiene el valor jurídico
suficiente para atender la indicación del Tribunal Supremo de respeto a
la legislación competencial. Por esta razón nos parece acertadísima la
fórmula. No se podía tener durante más meses a los ayuntamientos de
Canarias y a los de Baleares con esa incertidumbre jurídica, en ese
limbo, por lo que la urgencia para nosotros está plenamente justificada,
señora ministra, y por esta razón vamos a votar favorablemente la
convalidación inmediata de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Continuamos con el turno del señor Herrera en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo también va a dar su apoyo, señora ministra, por lo que han dicho
quienes me han precedido en el uso de la palabra, pues lo que se hace es
dar respuesta, precisamente, a esta resolución de la Sección 5ª de la
Sala de lo Contencioso-administrativo, de 18 de octubre de 2006. Lo que
vamos a hacer es legislar para hacer lo que se hacía. El Gobierno debía
aprobar esta medida, este real decreto-ley, y vamos a continuar haciendo
lo que se hacía.
Quiero aprovechar la oportunidad en la que vamos a modificar una parte de
este texto refundido de la Ley de Aguas para preguntarle cuándo vamos a
modificar dicha ley, pero de verdad. Digo esto porque todos hemos
escuchado a multitud de grupos que han trabajado con ustedes y muy bien
para modificar la Ley de Aguas. Precisamente hoy existe una demanda para
que esta ley se modifique y avanzar hacia la nueva cultura del agua, como
usted ha planteado en multitud de ocasiones y nosotros también.
Entendemos que, si bien era fundamental dar respuesta a esta resolución
del Supremo, tan importante como esto es aprobar una nueva Ley de Aguas
en la que se introduzcan esas medidas, usted sabe el caso de Adena y de
otras organizaciones ecologistas. Existe una gran preocupación por que,
finalmente, en esta legislatura no veamos la Ley de Aguas. Nosotros
creemos que o se presenta de forma inmediata ese proyecto de ley o lo que
nos vamos a encontrar, en definitiva, es que vamos a acabar la
legislatura habiendo hecho los deberes en las grandes infraestructuras,
es decir, derogando el trasvase del Ebro y abordando esa nueva cultura de
la energía en lo que se refiere a materia de infraestructuras, y nosotros
coincidimos con ello, pero no habremos hecho las modificaciones
legislativas oportunas, con las que además me consta que usted está de
acuerdo. Por tanto, nuestra preocupación es esa.
Yo quería aprovechar la oportunidad para decir cuándo. Lo digo porque
incluso, en el caso de que decidiésemos aprobar el real decreto-ley y
tramitarlo como ley -sé que no va a ser así-, podríamos introducir todas
las modificaciones en el trámite parlamentario que nosotros queremos
introducir en la Ley de Aguas. La verdad es que voy a estar atento a una
respuesta, porque para nosotros un elemento fundamental es no ya la
aprobación de este real decreto, sino la aprobación de una modificación
sustancial de la Ley de Aguas hoy vigente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera,
muchas gracias.
Señor Txueka, adelante, en nombre del Grupo Vasco.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta, señora ministra.
Evidentemente, como el resto de los grupos mi grupo también va a apoyar el
real decreto-ley que se nos propone y que viene a atribuir a los entes
autonómicos o locales la competencia para autorizar vertidos indirectos,
aguas superficiales y a solventar la falta de rango normativo del real
decreto que fue apreciado por el Tribunal Supremo. La precisión para
ello, como nos ha explicado la señora ministra, una ley que de acuerdo
con la Ley de Bases de Régimen Local modificara esta cuestión. La
anulación de este artículo llevó a que fuera el organismo
de cuenca el único competente para autorizar los vertidos, generando
graves problemas de gestión. El real decreto-ley nos parece correcto y
adecuado y volvemos a una situación que era la que debía de ser.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Txueka.
Señor Guinart, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
tiene usted la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Intervengo para mostrar nuestro apoyo a la convalidación de este real
decreto-ley, porque supone la solución técnica a una voluntad política
que en momento ya fue mayoritaria que era la de atribuir por coherencia,
por lógica y por eficacia en la gestión las autorizaciones para que las
aguas residuales vayan a los alcantarillados de los municipios o a la
distribución de menor capilaridad de aquella Administración que le es más
próxima, como pueden ser los ayuntamientos y las comunidades autónomas,
con lo cual con este real decreto se supera lo que fue en su momento
probablemente un desliz jurídico al no tener en cuenta la Ley de Bases
del Régimen Local que prevé que a los municipios o a las autonomías se
les atribuían las competencias con normativas con rango de ley. En este
caso, lo que se hace es superar esta circunstancia. De esta forma se
consigue una unidad de acción por parte de quien gestiona posteriormente
los alcantarillados y la misma Administración es la que debe autorizar y,
en consecuencia, controlar con medios técnicos y humanos esta actuación,
que es básica para la calidad de vida de los ciudadanos.
Por otro lado, entendemos que esto se pueda tramitar vía real decreto ley,
por tanto, con un cierto carácter de urgencia, porque se están
produciendo colapsos en las autorizaciones de este tipo que en nada
contribuyen a una mejora de la calidad de vida en este caso de las aguas
residuales o de los abocaments -no me sale la palabra en castellano- a
los alcantarillados.
Anuncio que votaremos a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Señora De Lara, en nombre del Grupo Popular, el turno es suyo.
La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular apoyará el real decreto que hoy nos ha presentado
la señora ministra por entender que la sentencia del Tribunal Supremo, de
18 de octubre de 2006, supuso que la competencia para autorizar los
vertidos indirectos a aguas superficiales pasa a ser de los organismos de
cuenca, al igual que el control y el cumplimiento de las condiciones de
la correspondiente autorización. Ello supone, señorías, como ya se ha
dicho aquí, disociar esa competencia de los entes que gestionan las redes
de conducción de aguas residuales en las que se producen tales vertidos,
tal y como indica el texto del real decreto. Indudablemente eso es una
competencia que debe corresponder a la Administración autonómica y a las
entidades locales, que son las que disponen de los elementos técnicos
indispensables para su control, seguimiento y adecuación a la normativa
vigente, a la vez que presta agilidad al proceso. Por consiguiente,
reitero nuestro voto favorable al real decreto.
Aquí, señorías, podía haber terminado mi intervención, si no quisiera
denunciar ante esta Cámara un hecho, en mi opinión, extremadamente grave
que se ha producido. Se ha dicho ya -y yo reitero- que, a raíz de la
sentencia, las competencias para autorización y control de los vertidos
han pasado automáticamente a los organismos de cuenca. Hoy, al aprobar el
real decreto, pasarán de nuevo a las comunidades autónomas y entidades
locales, es decir, señorías, entre octubre de 2006 y abril de 2007 las
competencias eran de los organismos de cuenca. Denuncio ante esta Cámara,
señorías, la actuación del presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir que el pasado mes de febrero anunció a bombo y platillo
que retiraba las competencias de control de vertidos al Ayuntamiento de
Morón de la Frontera, del Partido Popular, dada la pasividad del
ayuntamiento. Creo, señorías, que esto es intolerable, porque o bien el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desconocía
la sentencia y desconocía que ya él ostentaba estas competencias -algo
impensable que desconociera la sentencia y, de ser así, merece, por
supuesto, ser inhabilitado- o bien, como nos tiene acostumbrados el
Partido Socialista, utilizó las instituciones para mentir, manipular y
engañar, ya que indudablemente en el mes de febrero no puede quitarle
unas competencias al Ayuntamiento de Morón, que usted sabe, señora
ministra, que no poseía. No podía quitárselas ni al Ayuntamiento de
Morón, del Partido Popular, ni a ningún ayuntamiento de España.
(Rumores.) Las competencias ya eran de los organismos de cuenca. También
usted, señora ministra, en Andalucía se refirió a la retirada de
competencias del Ayuntamiento de Morón. Señorías, la consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía compareció en sede parlamentaria el 8
de marzo para valorar la retirada de competencias en control de vertidos
al Ayuntamiento de Morón, del Partido Popular, por parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, afirmando que habían tenido
que tomar la decisión, que había sido una decisión muy dolorosa, pero que
la habían tenido que tomar. Es decir, la consejera de Medio Ambiente
mintió en sede parlamentaria, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir mintió, sabiendo que el ayuntamiento no
ostentaba estas competencias, que decían ellos que se las quitaban.
Señorías, que desde las instituciones se utilice la mentira, el engaño y
la manipulación con fines políticos, en este caso contra un alcalde del
Partido Popular, creemos que es algo inadmisible y que, haciéndolo
reiteradamente
como lo está haciendo el Partido Socialista, están ustedes dañando la
democracia. Que el presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir haya engañado y haya mentido a los andaluces con finalidad
política es algo reprobable y que, en mi opinión, no puede quedar impune.
Espero, señora ministra, que usted utilizará hoy su turno de réplica -que
tiene si desea- en sede parlamentaria para pedir disculpas en su nombre,
porque usted también se refirió a esta mentira, en nombre del presidente
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del
Ministerio de Medio Ambiente, y en nombre de la consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía del Partido Socialista y, en su nombre,
le pedirá usted disculpas ante esta Cámara a los andaluces y a todos los
españoles, porque aunque estemos en época electoral, señora ministra, no
vale esta mentira continuada a la que nos tienen acostumbrados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora De Lara.
Finalizamos, señorías, con el turno del señor Mas, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, hoy consideramos la convalidación del Real Decreto-ley
4/2007. Esta real decreto surge de la situación creada por la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 18
de octubre de 2006, que declara nulo el último inciso del artículo 245.2
del reglamento del dominio público hidráulico, en la redacción dada por
el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se otorgaba la
competencia para emitir las autorizaciones relativas a vertidos
indirectos a aguas superficiales al organismo autonómico o local
competente. Señoras y señores diputados, estamos prácticamente debatiendo
una línea de texto normativo.
La sentencia del Tribunal Supremo recuerda que la atribución de
competencias a los entes locales, según la Ley reguladora de las bases
del régimen local, solo puede determinarse por una norma de rango de ley,
y no por disposición reglamentaria, hecho este que cualquier
municipalista ha defendido siempre. Frente a esta sentencia, el Gobierno
nos propone, en el real decreto-ley que hoy consideramos, incluir aquella
pretensión prevista en el reglamento del dominio hidráulico en el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, corrigiendo de esta forma la causa de nulidad del
inciso en cuestión. El Grupo Parlamentario Socialista considera adecuada
esta propuesta, ya que estaba en la idea prevista inicialmente en el
reglamento. Se reafirma además en la conveniencia de que esta competencia
esté radicada en la administración que mejor conoce la problemática que
comporta y, al mismo tiempo, gestiona la infraestructura donde se produce
este vertido indirecto, y en tercer lugar, como ya he dicho antes, esta
propuesta resuelve la causa de nulidad determinada por la sentencia del
Tribunal Supremo.
El ministerio podría haber considerado mantener la adscripción al ámbito
de las confederaciones hidrográficas, las entidades gestoras de cuenca,
pero esto hubiera sido un absurdo, ya que estas hubieran tenido que
cargar con una responsabilidad que les es lejana y desconocida, al tiempo
que disociada con el ente gestor de la infraestructura y el ente
autorizador del vertido. Señorías, estamos hablando de autorizaciones de
vertidos a alcantarillas.
No creo que haya que extenderse demasiado en la consideración del carácter
extraordinario del tema; solo quiero resaltar la necesidad del correcto y
de sentido común reparto de competencias. Señor Labordeta, no se
preocupe, las corporaciones locales tienen entidades de apoyo de segundo
grado que pueden ayudar a realizar estas tareas. Asimismo, creo que
tampoco hay que debatir el carácter de urgencia, toda vez que una
tramitación de una disposición legal ordinaria comportaría un periodo
dilatado, en el que nos encontraríamos con la disociación entre los
organismos gestores de cuenca y los organismos gestores de las
infraestructuras. Por tanto, el voto del Grupo Parlamentario Socialista
será favorable a la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-La señora ministra de Medio
Ambiente, Narbona Ruiz, pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted,
señor Mas.
Señorías, la señora ministra me pide la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias,
señora presidenta.
Voy a hacer uso de un brevísimo turno final, en primer lugar, para
agradecer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios el apoyo a
la convalidación de este real decreto-ley, que como se ha señalado lo
único que hace es restituir la situación de responsabilidades y de
competencias que ha existido hasta el momento de esa sentencia, y que
obligaba a ayuntamientos y a comunidades autónomas a ejercer
adecuadamente sus competencias. Debemos partir de ese reconocimiento,
porque de lo contrario tendríamos que decir que, desde la aprobación de
la Ley de Aguas y del reglamento del dominio público hidráulico,
comunidades autónomas y ayuntamientos estaban actuando sin tener
competencia para ello. Entendemos que hoy se repara esta situación en el
plano efectivamente formal, tal como nos exige el cumplimiento adecuado
de la Ley reguladora de las bases del régimen local, pero, señoría, las
responsabilidades han sido, durante todo este tiempo, antes y después de
esa sentencia, en la práctica, de los entes locales y de las comunidades
autónomas.
Quiero contestar al portavoz, señor Herrera, que preguntaba sobre cuándo
se aprobará la reforma de la Ley de Aguas. Quiero decirle, señoría, que
tenemos la
voluntad de que se pueda aprobar la reforma de la Ley de Aguas dentro de
esta legislatura, y querríamos hacerlo con el máximo acuerdo social
posible. Por eso, señoría, ante la reacción que determinados sectores
representantes de los regantes, en particular, han tenido cuando se
estaba preparando la reunión del pleno del Consejo Nacional del Agua,
ante los últimos artículos que no habían sido todavía objeto de análisis
por ese órgano, cuyo informe tiene carácter preceptivo para una reforma
de la Ley de Aguas, hemos considerado oportuno que se estableciera un
cauce de diálogo directo con ese sector, cauce que ha tenido ya su
primera manifestación en una reunión conjunta, tanto del secretario
general para el Territorio y la Biodiversidad como del secretario general
de Agricultura los días pasados, con representación de los usuarios del
agua, y, gracias a ello, hemos vuelto a encontrar el hilo conductor de un
posible acuerdo amplio sobre el contenido básico de esa reforma de la Ley
de Aguas. Por tanto, señorías, espero que podamos culminar cuanto antes
el proceso -que es necesario- de consulta y de informe del Consejo
Nacional del Agua.
Por último, señora de Lara, creo que usted estará de acuerdo conmigo en
que, en el caso de Morón de la Frontera, de acuerdo con la información
disponible, se habían producido numerosísimos incumplimientos en lo que
se refiere precisamente a la calidad de los vertidos indirectos,
competencia del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Eso es lo
relevante, señoría, porque, sin perjuicio de que, efectivamente, haya
habido una sentencia, mucho antes de esa sentencia el Ayuntamiento de
Morón de la Frontera era uno de los que acumulaba el número más alto de
denuncias, de expedientes abiertos por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Lo que interesa a los ciudadanos es que
los ayuntamientos y que todas las administraciones cumplamos cada una con
nuestra obligación. Por supuesto, cualquier error de carácter formal que
se haya podido producir -cuando efectivamente ya estábamos en un periodo,
al menos, que requería el acto que hoy estamos realizando- por parte de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo asumo en primera
persona, pero, señoría, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera tiene que
corregir, y de manera muy radical, su comportamiento, que ha sido
manifiestamente irresponsable durante demasiado tiempo y ha sido el que,
efectivamente, ha producido una contaminación al cauce del río
Guadalquivir, en concreto, al Guadaira, que debe de ser efectivamente
corregida. Espero que, a partir de la convalidación de este real
decreto-ley, ni el Ayuntamiento de Morón de la Frontera ni ningún otro
ayuntamiento en nuestro país, gobierne quien gobierne, dejen de cumplir
adecuadamente con sus funciones.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Tres minutos, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, aquí no venimos a valorar el cumplimiento o
incumplimiento del Ayuntamiento de Morón, especialmente en una fase en la
que no tenía las competencias para el control de los vertidos. Yo, por
supuesto, me manifiesto a favor de que todos los ayuntamientos, todas las
comunidades autónomas cumplan los temas ambientales que son de su
competencia. Aquí lo que yo he denunciado ha sido el engaño, la
manipulación y la mentira del presidente de la Confederación de
Guadalquivir, la mentira de sus palabras corroborando que habían quitado
las competencias, y la mentira de la consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, que el 8 de marzo -las competencias eran del
organismo de cuenca- fue a sede parlamentaria a valorar por qué habían
quitado unas competencias que indudablemente no podían quitar. Aquí
valoramos las mentiras, señora ministra: suyas, del presidente de la
confederación, y de la consejera de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora De Lara.
Cerrará el debate, señorías, la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señorías, me alegro
de que el Partido Popular quiera en esta sede parlamentaria hablar de
mentiras, pero, si queremos hablar de mentiras, llevaría mucho tiempo
esta mañana. Insisto en que lo importante es que los ayuntamientos, y el
de Morón de la Frontera en particular, cumplan con las responsabilidades
y con las competencias que tienen atribuidas. Ya le he dicho, señoría,
que cualquier error formal que se haya producido lo asumo en primera
persona, como ministra, y por lo tanto no hay nada más que añadir a mis
palabras esta mañana. Si quieren hablar de mentiras, podemos abrir otro
turno, señoría. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a dar
lectura a la declaración institucional del Congreso de los Diputados con
ocasión de la Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre
Seguridad Vial.
Será la secretaria primera de la Mesa quien dé lectura a dicha
declaración.
La señora SECRETARIA PRIMERA (Sainz García): Del 23 al 29 de abril de 2007
tiene lugar la Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre
Seguridad Vial. Sumándose a esta iniciativa de Naciones
Unidas, la Comisión Europea ha constituido el día 27 como el Día Europeo
por la Seguridad Vial. En el marco de las mismas, el Congreso de los
Diputados quiere sumarse a las actuaciones de apoyo en la prevención de
accidentes de tráfico, y de manera especial mostrar la solidaridad con
las víctimas y sus familiares.
Cada año mueren en el mundo alrededor de un millón doscientas mil personas
como consecuencia de los accidentes de tráfico, y en nuestro país siguen
suponiendo la primera causa de mortalidad de jóvenes menores de 39 años.
Ante esta realidad, el Congreso de los Diputados quiere reafirmar su
voluntad de seguir trabajando, desde el máximo consenso, tanto en medidas
de concienciación y formación como en la mejora de las infraestructuras
viales y las medidas de atención a las víctimas. En este sentido,
reafirmamos también nuestra voluntad de modificar el Código Penal, en la
línea ya acordada, desde un amplio consenso, en la Comisión de Seguridad
Vial del Congreso de los Diputados, y nos comprometemos a seguir
impulsando el necesario cumplimiento del objetivo europeo de reducir, en
un 50 por ciento en el año 2010, la tasa de mortalidad como consecuencia
de accidentes de tráfico.
En esta misma línea, y para cumplir estos objetivos, desde el Congreso de
los Diputados consideramos necesario continuar de manera decidida con los
esfuerzos en la detección y supresión de los tramos de concentración de
accidentes; revisión permanente de la señalización; recubrimiento de las
barreras agresivas IPN, y mantenimiento constante del asfalto.
Todas estas medidas, junto con la presencia de la educación vial en las
diferentes etapas del sistema educativo, deben contribuir a mejorar la
prevención de accidentes de tráfico, sumándonos a las actuaciones que en
diciembre de 2005 quedaron ya reflejadas en la Resolución A/60/5 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre mejora de la seguridad vial
en el mundo. Pleno del Congreso de los Diputados de 26 de abril de 2007.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora
secretaria. (Aplausos.)
Llamamos a votación.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIONES.):
- REAL DECRETO-LEY 3/2007, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS
POR DESBORDAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RÍO EBRO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA
DEL MES DE MARZO Y LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL DE 2007. (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 130/000043.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Procedemos a iniciar las
votaciones, que serán un mínimo de tres. En primer lugar, la referida al
Real Decreto-Ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana
del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a
favor, 258.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Los votos emitidos han sido
258 y todos ellos se han emitido a favor. Por tanto, queda convalidado el
real decreto-ley.
¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia? (Denegaciones.)
- REAL DECRETO-LEY 4/2007, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/2001, DE 20 DE JULIO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 130/000044.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Procedemos a la segunda
votación, la del Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a
favor, 260.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Han sido 260 los votos
emitidos, todos ellos a favor. Queda, por tanto, convalidado el real
decreto-ley.
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia? (Denegaciones.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- ACUERDO SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS PARTES EN EL
TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE, HECHO EN BRUSELAS EL 6 DE MARZO DE 1997.
(Número de expediente 110/000211.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Último punto del orden del
día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Pues pasamos a la tercera y última votación, que tiene que ver con los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales, y en particular a la votación separada del dictamen
relativo al siguiente acuerdo: acuerdo sobre la seguridad de la
información entre las partes en el Tratado del Atlántico Norte, hecho en
Bruselas el 6 de marzo de 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a
favor, 253; en contra, cuatro; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda, por tanto, aprobado
el referido dictamen.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO AL DECENIO
INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN, "EL AGUA, FUENTE DE VIDA, 2005-2015".
(Número de expediente 110/000205.)
- ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE
LA AYUDA COMUNITARIA CONCEDIDA CON CARGO AL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
PARA EL PERIODO 2008-2013, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
ACP-CE, Y A LA ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA A LOS PAÍSES DE ULTRAMAR A
LOS QUE SE APLICA LA PARTE CUARTA DEL TRATADO CE, HECHO EN BRUSELAS EL 17
DE JULIO DE 2006. (Número de expediente 110/000207.)
- ACUERDO MULTILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ALBANIA, BOSNIA Y
HERZEGOVINA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, LA REPÚBLICA DE CROACIA, LA
COMUNIDAD EUROPEA, LA REPÚBLICA DE ISLANDIA, LA ANTIGUA REPÚBLICA
YUGOSLAVA DE MACEDONIA, EL REINO DE NORUEGA, SERBIA Y MONTENEGRO, RUMANIA
Y LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN KOSOVO SOBRE LA
CREACIÓN DE UNA ZONA EUROPEA COMÚN DE AVIACIÓN (ZECA), HECHO EN
LUXEMBURGO EL 9 DE JUNIO DE 2006, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR
ANTE EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de
expediente 110/000208.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE SOBRE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN PRAIA EL
26 DE JUNIO DE 2006, E INTERCAMBIO DE NOTAS VERBALES DE FECHAS 15 DE
ENERO Y 9 DE FEBRERO DE 2007. (Número de expediente 110/000209.)
- ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS
ESTADOS DE ÁFRICA, DEL CARIBE Y DEL PACÍFICO, POR UNA PARTE, Y LA
COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA PARTE, FIRMADO EN
COTONÚ EL 23 DE JUNIO DE 2000, HECHO EN LUXEMBURGO EL 25 DE JUNIO DE
2005. (Número de expediente 110/000210.)
- CONVENIO RELATIVO A LA EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGELINA
DEMOCRÁTICA Y POPULAR Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN ARGEL EL 12 DE
DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000212.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Sometemos finalmente a
votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación del resto
de los dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerdo así la
Cámara? (Asentimiento.)
Sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión.
Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
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