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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 255, de 10/05/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 255
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 237
celebrada el jueves, 10 de mayo de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de Suelo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 96-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000096.)... (Página 12734)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 165-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 122/000144.)... (Página 12745)

- Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 93-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000093.)... (Página 12758)

- Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 115-1, de 1 de diciembre de 2006. (Número de expediente 121/000115.)... (Página 12768)

Página 12732


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 121-1, de 15 de enero de 2007. (Número de expediente 121/000121.)... (Página 12782)

Avocación por el Pleno:

- Proyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. (Número de expediente 121/000128.)... (Página 12793)

Enmiendas del Senado. (Votación.)... (Página 12793)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.):

- Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 165-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 122/000144.)... (Página 12794)

Votación de conjunto... (Página 12794)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación de las votaciones.):

- Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 93-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000093.)... (Página 12794)

- Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 115-1, de 1 de diciembre de 2006. (Número de expediente 121/000115.)... (Página 12796)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 12797)

Avocación por el Pleno:

- Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 121-1, de 15 de enero de 2007. (Número de expediente 121/000121.)... (Página 12797)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado... (Página 12734)

Proyecto de Ley del Suelo... (Página 12734)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene el señor presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


El señor Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, solicita el uso de la palabra, sobre la base del artículo 73.1 del Reglamento, por entender que el señor presidente del Gobierno ha vuelto a abrir el debate y contradicho

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algunos de los argumentos del Grupo Parlamentario Popular, solicitud que le es denegada.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 12745)

Proposición de Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos... (Página 12745)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Interviene de nuevo el señor Del Burgo Tajadura, invocando el artículo 72.2 del Reglamento, en relación con las que considera afirmaciones falsas de la señora Lasagabaster Olazábal, para dar lectura al artículo 4.1 de la proposición de Ley orgánica sobre financiación de partidos políticos publicada el día 5 de enero de 1998.


Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención de los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte... (Página 12758)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y señora Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.


Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo... (Página 12768)

Interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interviene el señor Membrado Giner.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Campuzano i Canadés.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 12782)

Proyecto de Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso... (Página 12782)

Presenta el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos Matheu), en nombre del Gobierno. Manifiesta que con esta ley se trata de impedir el tráfico ilícito y la proliferación de armamentos y tecnologías sensibles a favor de Estados o actores no estatales, susceptibles de actuar contra la paz y la seguridad o susceptibles de involucrarse en actividades terroristas. Con ella, el Gobierno trata de responder a una demanda política y social del control del comercio de material de defensa y doble uso, sin perjuicio de

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las legítimas exigencias de la defensa nacional y de las actividades de la seguridad.


Finaliza incidiendo en los aspectos más destacables del proyecto de ley.


En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Suárez González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.)

Avocación por el Pleno... (Página 12793)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, lo que se aprueba por asentimiento.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 12793)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley del Suelo.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)...
(Página 12794)

Se someten a votación las enmiendas a la proposición de Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto... (Página 12794)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 188 votos a favor, 94 en contra y dos abstenciones.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, los votos particulares y el texto del dictamen.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, el voto particular y el texto del dictamen.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votaciones.)... (Página 12797)

Se someten a votación las enmiendas de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.


Avocación por el Pleno.... (Página 12797)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, lo que se aprueba por asentimiento.


Se levanta la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY DE SUELO. (Número de expediente 121/000096.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Antes de empezar les comunico que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, la votación relativa al carácter orgánico de la proposición de Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos no tendrá lugar, en cualquier caso, antes de las trece horas.


Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado, Proyecto de Ley de Suelo. Fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios.
Grupo Mixto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar las enmiendas que vienen del Senado y lo va a hacer por los siguientes motivos. En primer lugar, porque algunas,

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aunque tienen un sentido técnico gramatical, inciden en una mayor precisión a la hora de describir cuál es el contenido de esta ley, que debe ir dirigido a un desarrollo del suelo urbano sostenible. En segundo lugar, porque hay otras enmiendas que contemplan formas de acceso a la vivienda que sean distintas a la de la propiedad y en concreto contempla el alquiler, el derecho de superficie o la concesión administrativa; por tanto, se trata de contemplar aspectos que, aunque no son seguramente los más generalizados, son formas de acceso algunas de las cuales incluso debían ir en aumento. En tercer lugar, porque tiene en cuenta la especial protección de los espacios naturales incluidos en la Red Natura y da una serie de pautas de comportamiento en caso de que puedan desgajarse de esos espacios protegidos, con qué condiciones se puede hacer, e incluso con las comunicaciones oportunas de carácter administrativo y con estudios científicos que deben ser rigurosos y previos a cualquier tipo de nueva consideración del suelo que estuviese afectado por esta declaración. En cuarto lugar, vamos a votar favorablemente porque el proyecto tiene en cuenta que en el caso de escrituras de declaración de obra nueva se debe acreditar -lo que para nosotros es fundamental- documentalmente el otorgamiento de autorización administrativa. En quinto lugar, el aspecto de la valoración del suelo rural, que inicialmente pensamos que no estaba suficientemente bien contemplado, mejora sensiblemente, aunque queda lejos de lo que se debía tener en cuenta en las distintas casuísticas que se pueden producir. Por último, el tan debatido tema de cómo afecta la ley a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de suelo y urbanismo queda mejor perfilado con las aclaraciones que se hacen particularmente en la disposición final primera, apartados 1 y 2.


Aunque la ley no va a ser la varita mágica que solucione los graves problemas que tiene hoy la ordenación del territorio del suelo y el urbanismo en el Estado español, pensamos que es un marco legal que, aunque está dentro de una concepción liberal y economicista en gran manera, acaba con una desregulación que resultaba abusiva por lo menos en sus principios generales. Este marco legal solamente podrá funcionar correctamente si el sector de la construcción tiene un papel distinto y no tan determinante en la economía del Estado español, si se abre paso otro acceso a la vivienda que no sea exclusivamente el de la propiedad, y en especial el alquiler, con la rehabilitación y la recuperación de espacios urbanos, especialmente de los núcleos urbanos de las grandes ciudades. Por tanto, deseamos que estos cambios se produzcan para que el marco legal pueda funcionar a pleno rendimiento, con la consabida conclusión de que tendrán que ser especialmente las autoridades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos conjuntamente las que hagan fructífero un marco que sea más armonioso y menos escandaloso que el que estamos sufriendo en estos momentos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Señor Mardones, por Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos llegan del Senado a este proyecto de Ley de Suelo. Tengamos un recuerdo para la legislación presente, cuyos orígenes están en los debates parlamentarios en el año 1992, que es cuando se hace un gran documento en cuanto a promulgar el texto refundido estatal de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Es el gran hito en los debates parlamentarios, el último de los cuales se celebró, como he dicho, en 1992, con la aprobación de esta ley, y hoy estamos haciendo unas observaciones a cuestiones derivadas de la misma, sobre todo porque se recogen sentencias del Tribunal Constitucional de los años 1997 y 2001, con lo que se llega al documento que hoy justifica la fijación de posiciones en un sentido positivo. ¿Por qué? El objeto de esta ley está muy bien expresado en el artículo 1, que viene a regular, aunque ha sido en el Senado, en una acción correctora para dar entrada a otras formas de acceso a la vivienda distintas del régimen de compraventa o de alquiler, las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Por tanto, competencias del Estado. Quiero decirle a la señora ministra que ha sido muy acertada esta iniciativa porque viene a resguardar una competencia estatal respetando, como se hace en las disposiciones finales de este proyecto de ley, las facultades de aquellas comunidades autónomas que tienen reconocidas en sus estatutos por ley orgánica las competencias de ordenación del suelo, competencia también municipal, así como de la ordenación del territorio. Es el caso del archipiélago canario, donde, por la fragmentación del mismo, es muy importante esta ordenación del acceso al suelo para que no haya oscuridad administrativa en cuanto al uso de suelo rústico y su valoración y que se puedan establecer bases económicas y medioambientales de régimen jurídico. Es importante dar cabida a una serie de directivas de la Unión Europea en cuanto a la protección medioambiental. Hay que tener en cuenta el régimen jurídico del suelo, su valoración y las responsabilidades patrimoniales de las administraciones públicas en la materia, es decir, tanto las responsabilidades de la Administración General del Estado como las competencias de las comunidades autónomas.


La mayoría de las enmiendas que vienen de la Cámara se refieren, como se dice en cinco o seis de ellas, a otras formas de acceso a la propiedad.
Aunque sean fórmulas muy reducidas, es importante que se puedan subsanar en cuanto a que haya una acción de la Administración que fomente en estos problemas de acceso, que han sido debatidos en todas las legislaturas y en todos los periodos de sesiones, las fórmulas para flexibilizar el acceso al

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mercado de alquiler, el acceso a las viviendas protegidas, etcétera, y ahora también otras fórmulas que pueden ser por concesión administrativa o similares, que aunque sean poco usadas en lo consuetudinario del derecho de la vivienda en España, al amparo constitucional, es necesario potenciarlas para que aporten, aunque sea en porcentajes mínimos, la solución a las rigideces del mercado de la vivienda en España. Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas del Senado a este proyecto de Ley de Suelo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario también va votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado, porque suponen la continuidad de lo que pactamos durante el trámite en el Congreso. Lo que hemos hecho ha sido mejorar la ley en aspectos en los que también nosotros habíamos planteado que era necesario mejorarla. Digo esto porque para nosotros esta ley supone una reorientación de las leyes de suelo que hemos tenido hasta el momento, sobre todo de la Ley 98, aunque aún no supone un cambio de paradigma.
Como dije durante el debate en el Congreso, para nosotros es fundamental que en España consigamos, en definitiva, que se reivindique el planeamiento y que el aprovechamiento sea público, puesto que durante años y años -aún hoy es vigente esta filosofía- el aprovechamiento acababa en manos privadas. Dicho de otra manera, si de lo público depende que cambiemos las potencialidades del suelo, resulta absolutamente insólito que esa decisión pública tenga un aprovechamiento básicamente privado, y para nosotros esta nueva ley va a suponer precisamente un cambio de orientación en esta filosofía. ¿Qué nos hubiese gustado? Lo que existe en otros países de nuestro entorno, donde el aprovechamiento es público y la excepción es que sea privado. No obstante, somos conscientes de cuáles son las correlaciones de fuerzas y las tendencias históricas, por lo que valoramos de manera positiva esta ley porque supone un cambio de orientación. Por otra parte, quiero reiterar que la ley va a reivindicar el planeamiento y aparcar la tesis de la Ley 98 que daba como solución al acceso a la vivienda la liberalización en materia de suelo, lo cual se ha demostrado que es falso. En este sentido, hay experiencias de una profunda liberalización del suelo en comunidades como la valenciana que ha supuesto una depredación del territorio y más dificultades en el acceso a la vivienda. Por tanto, este es un elemento importante. Asimismo, quiero reiterar algunos de los elementos que hemos incorporado en el trámite previo a la presentación de la ley -cuando tuvimos una negociación con el Gobierno y con el Grupo Socialista- así como en el trámite parlamentario, como el informe determinante de la autoridad ambiental; que la reserva de suelo ascienda hasta el 30 por ciento; el hecho de que las viviendas protegidas tengan un precio de referencia, valorando positivamente los aspectos que se incorporan en el Senado y que pueden incorporar también elementos más allá del alquiler o de la compra, como el derecho al realojo, etcétera, y no me voy a extender en este sentido porque las aportaciones que hizo nuestro grupo están recogidas en el "Diario de Sesiones". También consideramos positivo -sé que otros portavoces harán lo mismo- que haya artículos en los que teníamos reservas competenciales, los artículos que hacían referencia a las reservas de suelo. Nosotros valorábamos positivamente lo que se establecía en dichos artículos, pero entendíamos que también existían competencias exclusivas en esta materia, y en este sentido creo que en el texto que se incorpora en el Senado, fruto de un debate previo que tuvimos durante la negociación en el Congreso y que finalmente no se pudo incorporar aquí, se da un paso adelante para llegar a un mayor respeto competencial, lo que hace que esta ley sea mucho más exigente y más adecuada a la distribución competencial.


Para terminar, porque estamos en un debate que reproduce los que se produjeron en el Pleno del 1 de marzo, quiero destacar un elemento. Con esta Ley de Suelo ustedes eligieron una opción en materia de vivienda.
Todos sabemos que esta ley no va a solventar los problemas de vivienda.
Quien diga eso está haciendo demagogia, electoralismo, mintiendo en definitiva. Esta ley es un factor más. En las políticas sobre vivienda influyen muchos factores: el plan de vivienda, la política hipotecaria, etcétera, y esta ley supone un paso adelante. Igual que en materia anticorrupción, las enmiendas que incorporamos son positivas pero insuficientes. Tendríamos que elaborar mucha más legislación para llegar a tener una política exigente desde el legislador contra los casos de corrupción que se puedan producir. En cualquier caso, hay que decir que las medidas que hemos incorporado son claramente positivas. Digo esto porque esta no va a ser la única ley que tengamos que aprobar para incrementar las políticas en materia de vivienda y para que en este país haya políticas que permitan acceder a la vivienda. Está en trámite la Ley del Mercado Hipotecario, que se está tramitando con carácter de urgencia, y no nos gustaría que se pactase desde los parámetros tradicionales y con la política de pactos tradicional con que se pactan las leyes económicas.
Hemos pactado una Ley de Suelo para hacer política de vivienda con la que hemos avanzado con un instrumento más, pero tenemos otra ley, la del Mercado Hipotecario. A esta ley ya hemos presentado enmiendas, pero es una ley que está muy pensada para las entidades financieras y poco para los usuarios. Les pongo un ejemplo: las subrogaciones en los créditos, en un momento en que los tipos de interés están subiendo. Ustedes saben perfectamente que se va a necesitar la subrogación de créditos, ¿y qué plantea la

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Ley del Mercado Hipotecario? Que la subrogación sea a partir de ahora pero no con efecto retroactivo. Pues bien, la coherencia del pacto que hemos establecido en la Ley de Suelo se tiene que trasladar también a la Ley del Mercado Hipotecario. ¿Qué planteamos nosotros? Que la subrogación sea retroactiva; que no hagamos una ley pensando solo en las entidades financieras y en qué van a hacer estas entidades financieras cuando suban los tipos de interés y tengan problemas de liquidez; que incrementemos los instrumentos de transparencia, de información; que incorporemos elementos de la legislación francesa en la Ley del Mercado Hipotecario, que permite, como en los contratos comerciales, valorar quince días antes del acto notarial si se ha hecho bien o no se ha hecho bien. ¿Por qué digo todo esto? Podría entrar mucho más en detalle en la Ley del Mercado Hipotecario, pero no lo voy a hacer porque creo que para ser coherentes en los pactos en materia de vivienda, en el pacto que hemos establecido en la Ley de Suelo tenemos también que pactar la Ley del Mercado Hipotecario. Nos da pavor que cuando estemos tramitando la Ley del Mercado Hipotecario cambiemos la orientación de la ley y pensemos que esta es una ley exclusivamente económica y que, por tanto, se pacta con los socios habituales en materia de leyes económicas, es decir, con Convergència i Unió, para decirlo claro. Por eso he querido subir a la tribuna, para decir que el pacto en torno a la Ley de Suelo tiene una segunda parte que se llama Ley del Mercado Hipotecario y que no valdría hacer un buen pacto en la Ley de Suelo que nos permita avanzar y la Ley del Mercado Hipotecario la hagamos pensando solo en las entidades financieras sin pensar en los usuarios, en las personas hipotecadas y sin establecer instrumentos de garantía y de transparencia. En definitiva, durante estos años las que han hecho mucho negocio del alto endeudamiento de las familias han sido las entidades financieras. Como decía Antón Costas -economista destacado y no afín a nuestras tesis, sino a las de otras fuerzas políticas- en un artículo reciente: Hoy la Ley del Mercado Hipotecario lo que tiene que hacer es garantizar que el negocio que han hecho las entidades financieras a partir del endeudamiento familiar y a partir de la vivienda tenga un retorno al conjunto de la sociedad. Y eso dependerá de hacia dónde pactemos la Ley del Mercado Hipotecario. Si he querido subir a la tribuna y no intervenir desde el escaño es porque creo que el pacto de esta ley tiene una segunda parte: la Ley del Mercado Hipotecario. Traslado al Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista la necesidad de pactar esta ley y de reorientarla hacia garantías para el usuario, el consumidor, haciendo que las subrogaciones sean retroactivas y, en definitiva, haciendo que esta ley sea un elemento más a favor de las políticas de vivienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Grupo Vasco, señor Beloki, por favor.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, también mi grupo va a votar a favor de las enmiendas que han sido incorporadas en el trámite del Senado, y lo va a hacer básicamente porque van en la línea del texto que fue del Congreso al Senado, de forma que nos devuelven un texto mejorado y en algunos casos más explicitado, lo cual nunca viene mal; por ejemplo, más explicitado en el ámbito competencial a través de la disposición final primera y más explicitado también en los artículos en los que se regula el derecho de superficie, como el artículo 36. Pero vamos a votar a favor sobre todo porque ya votamos a favor en este Congreso y porque queremos transmitir un mensaje claro a la sociedad en determinadas direcciones. Queremos transmitir con claridad que la actuación urbanística no puede ir en beneficio exclusivo, ni siquiera ventajosamente exagerado, de nadie, porque es a la sociedad, a través de sus representantes políticos, a la que le toca recoger el fruto de lo que siembra a través de la actuación urbanística. De forma que estamos a favor de que la comunidad participe con claridad en los beneficios derivados de dicha actuación en sus diversas formas: abanico de cesiones, reserva de suelo, etcétera. Queremos también transmitir un segundo mensaje, y es que tenemos que mejorar nuestra cultura urbanística. Hay que entrar en serio en este tema. No se trata simplemente de hacer casas, ni siquiera de hacer muchas casas. No se trata solo de eso. Se trata de hacer casas asequibles en ciudades y pueblos urbanísticamente bien desarrollados, equilibradamente desarrollados. Este es el segundo mensaje que a través de esta ley quisiéramos transmitir con claridad a la sociedad. Los intereses de la sociedad tienen que desarrollarse a través de unos hábitats humanos, sociales, ecológicos y medioambientales de desarrollo sostenible. Esta es una cultura que debe impulsar esta ley, porque hay necesidad. En tercer lugar, queremos también transmitir en este tema y de forma especial un mensaje claro, el de la concertación de las políticas públicas a la hora de hacer las leyes, como es el caso, y también a la hora de diseñar y llevar a cabo las políticas de vivienda. ¿Por qué? Por una doble razón: en primer lugar, porque estamos obligados a ello en virtud de la distribución competencial que tenemos y, en segundo lugar, porque estamos ante un problema mayor que requiere de forma muy especial que el conjunto de las administraciones se coordinen. Queremos transmitir un cuarto mensaje: no a la corrupción. Ya está bien. Este es un mensaje que hay que transmitir con toda claridad. Se ha incorporado en esta ley un artículo a este respecto y queremos que este mensaje, en este momento, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, se transmita con rotunda claridad. Son cuatro razones que sumamos al conjunto de las que del análisis del articulado del texto se puedan derivar.


Al mismo tiempo, tenemos que decir sí con mucha modestia cuando aprobamos esta ley. Esta ley, como dice su título, es sobre el suelo, pero todos sabemos que

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quiere incidir sobre todo en la problemática de la vivienda. Esta ley entró en la Cámara, si no recuerdo mal, el 14 de julio del pasado año, es decir, hace diez meses. ¿Qué ha ocurrido en estos diez meses en el capítulo de la vivienda y en el capítulo del sector inmobiliario? ¿Qué ha ocurrido mientras no teníamos esta ley? Han ocurrido algunas cosas significativas que voy a citar muy brevemente. Hemos empezado a escuchar en serio lo de las crisis inmobiliarias, aquí y también fuera, y más de uno ha puesto sus barbas a remojar, a diversificar o como se quiera decir. Eso ha ocurrido mientras no teníamos esta ley. Ha ocurrido también que mucha gente ha tenido que empezar a aterrizar, dicen que suavemente -ya veremos en qué queda-, porque estaban volando con excesiva alegría, algunos sufriendo mucho y otros disfrutando en exceso, pero es cierto que al parecer el mercado ha empezado a aterrizar. Unos y otros, los que estaban disfrutando en exceso y los que estaban sufriendo en exceso porque tenían unos créditos hipotecarios terriblemente gravosos, nos hemos dado cuenta de que volar sobre este campo es tener mucho peso en las alas. Este es otro hecho que ha ocurrido -insisto- mientras nosotros estábamos en el trámite de esta ley. Ha ocurrido también, por fortuna, que alguna gente que había volado con excesiva alegría ya está en la cárcel. Ya era hora de que a la corrupción se le dijera que no y de que se empezaran a tomar medidas, como en el caso de Marbella. Cito todo esto en este momento porque creo que hay que tener en cuenta que algunas cosas ocurren independientemente de lo que nosotros regulemos aquí o al mismo tiempo. No sé qué grado de relación tiene una cosa con la otra, pero el mercado inmobiliario tiene sus propias dinámicas. No vayamos a creer que con políticas muy a corto plazo vamos a resolver las cosas, porque en la sociedad hay dinámicas que van caminando. Uno va actuando con la mejor intención, pero el mercado inmobiliario tiene sus propias dinámicas.


En segundo lugar, algunas cosas han ocurrido a veces no por falta de leyes, sino por falta de aplicación de las mismas. Esta es una lección que tendremos que sacar para que una vez aprobada esta ley no nos quedemos de brazos cruzados. Tenemos que aprobarla sabiendo que el mundo es más complejo de lo que esta ley, con su complejidad, abarca. Por esta razón, vamos a emitir una serie de mensajes claros y vamos a establecer unos mecanismos, a través de la ley, hacia la sociedad, para ir abordando este problema enormemente complejo, teniendo en cuenta sobre todo que nos queda la prueba del nueve. La prueba del nueve no es hacer una ley, sino hacer que la ley se cumpla y que produzca los efectos bienintencionados que suelen estar en las exposiciones de motivos. Evidentemente, esto no es aplicable solo a esta ley. En alguna ocasión, cuando me ha tocado referirme a ella, he dicho que si el tema urbanístico en el conjunto del Estado no está mejor ordenado de lo que está no es exactamente por falta de leyes. Hay muchas leyes, hay leyes autonómicas que entran en este ámbito competencial y ahora tenemos esta ley, pero a todas les queda la prueba del nueve, y es que estas leyes bienintencionadas se tienen que cumplir. Insisto, este es un mensaje que, en su globalidad, es de especial utilidad recordar en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas con un objetivo claro: hacer votos para que las nuevas corporaciones municipales y autonómicas -como es el caso, porque ahora no lo es del conjunto del Estado- se apunten a estos objetivos mayores, que son los de esta ley y los que acabo de enunciar y que en el fondo se concretan en que todos los ciudadanos, de acuerdo con el derecho que nos asiste, podamos disponer de viviendas y podamos hacerlo en unos marcos de convivencia, en pueblos y ciudades construidos de forma equilibrada y sostenible. Mi grupo ha jugado durante todo el proceso parlamentario a favor de que se disponga de esta ley. Ya la tenemos. Ahora toca todo menos cruzarnos de brazos -como decía-, y no será por nuestro grupo, municipio a municipio, comunidad autónoma a comunidad autónoma y en el conjunto del Estado, por lo que esta ley no se aplique. Esperemos que con su aplicación se mejore y se consiga ese gran objetivo: que todos los ciudadanos puedan ejercer ese derecho, mal asistido, mal correspondido, de disponer de viviendas dignas y a precios asequibles en unas ciudades convivenciales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, después del desvío neoliberal que en los último años del Gobierno del Partido Popular se había dado al tema del suelo, no hay duda de que las fuerzas de ideario de izquierdas teníamos la necesidad de modificar la Ley de Suelo, sobre todo por las consecuencias que sobre el acceso a la vivienda comportaban las anteriores leyes. La declaración del 13 de julio de 2006 de diversas fuerzas políticas de este Parlamento plasma esta voluntad inequívoca de hacer una Ley de Suelo progresista y que procurara por encima de todo el acceso a la vivienda de las más amplias capas de la sociedad. Creo que se ha conseguido. Con esta ley se incrementarán la transparencia y participación en los procedimientos urbanísticos, se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad y se fomentarán las políticas de vivienda protegida, actualmente casi desaparecidas. Además, se introduce -esto es muy importante- una modificación sobre el sistema de valoración del suelo, que nos había llevado a una situación realmente complicada, tanto por los ayuntamientos como por las diversas administraciones.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no solo tenía la encomienda de mejorar la Ley de Suelo en el sentido social, sino también la obligación de defender las competencias del autogobierno catalán. En su día,

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dijimos que si no fuera porque como catalanes teníamos que defender estas competencias exclusivas, estábamos muy cerca de suscribir la ley en su conjunto. Ahora, con la negociación que se ha llevado a cabo tanto en el Congreso como en el Senado -felicitamos la sensibilidad que en este tema autonómico ha tenido el Ministerio de la Vivienda- y con las incorporaciones hechas a la ley, podemos decir, y no tan solo como partido de izquierda sino como catalanes defensores a ultranza del autogobierno de Cataluña, que suscribimos la totalidad de la ley, más aún con las modificaciones que se han introducido en el Senado.


Destacaría cuatro aspectos en la última fase del debate, especialmente las incorporaciones habidas en el Senado. A través del artículo 149.5 b) han quedado diáfanas las competencias de las comunidades autónomas sobre los patrimonios públicos de suelo y vivienda. En los criterios de valoración se han incorporado los valores paisajísticos y el valor social, complementarios con la renta agraria; se ha vinculado la sostenibilidad ambiental y económica a los planteamientos y su desarrollo, y finalmente hemos dado un mandato para promover la construcción de vivienda protegida en suelo público, que era una cuestión importantísima que casi había desaparecido en la actual política de vivienda en este país. Realmente, después de estos diez meses de negociación, el Grupo de Ezquerra Republicana está plenamente satisfecho del trabajo desarrollado y compartido. Hemos podido incorporar total o parcialmente, mediante negociación, cerca de 26 enmiendas. El texto final resulta para nuestro grupo plenamente satisfactorio. Por eso, nuestro voto, igual que ya lo fue en el Congreso y en el Senado, será a favor.


Para finalizar solo quisiera decir, como ha dicho el anterior ponente, que las leyes están para cumplirlas; esperemos que la nueva Ley de Suelo se cumpla con carácter inmediato. Queremos destacar que se ha conseguido un endurecimiento de la transformación de rústico en urbano, dando garantías de transparencia, rigurosidad e información; que se ha entrado en un nuevo concepto en el suelo residencial en relación con el derecho a la vivienda, contemplando este derecho como un derecho social de la población, en línea con el nuevo proyecto de ley del derecho a la vivienda que está desarrollando el Parlamento de Cataluña, y que hemos consagrado que, como mínimo, un 30 por ciento de la edificabilidad residencial sea para vivienda protegida. Como hemos dicho, realmente estamos satisfechos del resultado final de la Ley de Suelo y nuestro voto será afirmativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Andreu.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señora ministra de Vivienda, señoras y señores diputados, dentro de pocas horas lo que es un proyecto de ley se va a convertir en ley final, la nueva Ley de Suelo, aprobada por las Cortes Generales. Y la ley, tras su paso por las Cortes Generales -lo sabe bien la señora ministra-, es una ley distinta del proyecto de ley que entró. Nuestro grupo parlamentario, que se ha implicado a fondo en lo que es la negociación de enmiendas -y lo ha hecho a través de un arma inicial que era la enmienda de totalidad, para demostrar que si realmente no cambiaban aspectos, para nosotros troncales, en lo que era la distribución competencial no la hubiésemos podido aprobar-, hoy la puede aprobar, está satisfecho y hace un balance positivo de lo que ha sido la tramitación de esta ley en las Cortes Generales. Nuestro grupo ha contabilizado hoy la aprobación de veinticinco enmiendas de Convergencia i Unió en el trámite del Congreso y de tres enmiendas en el trámite del Senado, veintiocho modificaciones que redundan en que hoy consideremos más próxima esta ley de lo que podíamos considerar el proyecto de ley inicial. Ha habido una negociación y agradecemos al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios el esfuerzo realizado. Toda negociación requiere renuncias y esfuerzos, siempre, pero vale la pena intentarlo si el resultado final es más positivo, y hoy esta ley es más positiva.


Aspectos que el ciudadano quiere conocer. En primer lugar, y podía parecer que era un tema de matiz -lo estuvimos discutiendo con la propia ministra de Vivienda en una reunión en su ministerio-, nuestro grupo le pidió que pusiéramos el 1 de julio como fecha clara para su entrada en vigor. Pues bien, hoy podemos dar una noticia al conjunto de la ciudadanía: hay una nueva Ley de Suelo y sabemos qué día entrará en vigor, el 1 de julio próximo. ¿Era esta una fecha al azar? No. Era una fecha que no suponía ninguna demora real en la entrada en vigor porque estamos ya a finales de mayo y esta ley aún tiene que ser sancionada por el rey y enviarse al BOE antes de su entrada en vigor, el 1 de julio. ¿Qué mensaje damos? Elecciones locales y, tras las elecciones locales, primera quincena de junio, constitución de los nuevos ayuntamientos. No hubiese sido positivo que la entrada en vigor hubiese caído justo el día en que, a lo mejor, se constituye una nueva corporación local, porque esta ley les va a afectar.
Por tanto, damos un plazo prudencial, hasta el 1 de julio, para que todas las corporaciones se preparen, para que los nuevos equipos de alcaldes y concejales que salgan elegidos sepan cuál es el nuevo marco, un marco más exigente. Un marco más exigente también en un aspecto que nuestro grupo parlamentario considera positivo -sabe la señora ministra que ya lo expusimos en el debate de totalidad-, lo que se ha venido ya a bautizar como medidas contra la corrupción. Señora ministra, señorías, esto no va a ser una varita mágica; no porque se apruebe una nueva ley van a parar los procesos de especulación urbanística, de corrupción en el ámbito del suelo; no nos engañemos, no será así, pero da nuevas medidas y nuevos instrumentos, lo que es positivo. Nuestro grupo, que se dirigió al Gobierno al

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inicio de este trámite diciéndole que por mucho que la presentaran como la ley anticorrupción no veíamos nada que expresamente se dirigiera hacia ese objetivo, presentó una enmienda con el objetivo de realizar un pacto de Estado contra la corrupción y, a través de dicha enmienda, se pudo consensuar, junto con otros grupos parlamentarios, lo que va a ser en la nueva ley la disposición adicional novena, una disposición adicional en la que nuestro grupo quiere destacar aspectos de gran importancia. El Pleno del ayuntamiento deberá aprobar cualquier convenio que tenga por objeto la alteración del instrumento de ordenación urbana. Es el Pleno, no va a ser la Comisión de Gobierno, sino el Pleno; tiene que pasar por el Pleno. Como tiene que pasar por el Pleno -y tenemos el caso de Marbella como un caso muy significativo- cualquier permuta; cualquier permuta de inmuebles debe acordarse en Pleno. Esto también es una garantía, como lo es, entiende nuestro grupo -esta fue una enmienda de Convergència i Unió-, el hecho de que cuando se altere la ordenación urbanística, incrementando la edificabilidad, alterando los usos del suelo, en el expediente deba constar de quién era la propiedad o cualquier otro derecho real sobre esa finca que, de repente, tiene mayor edificabilidad o, a lo mejor, tenía un uso rural y pasa a tener un uso urbano. ¿A quién ha beneficiado esto? En la nueva ley vamos a saber quién era el propietario durante los cinco años anteriores de esa finca que ha visto alterada su calificación. Esto evita los, mal llamados, pelotazos urbanísticos. A lo mejor, si existe la necesaria publicidad de a quién va a beneficiar esa operación, la simple publicidad, se evita lo que puede ser una operación de especulación urbanística. Por tanto, bienvenida sea esta medida y nuestro grupo, que la propuso, se siente hoy satisfecho de que finalmente se pueda haber incorporado.


Por lo que respecta a las enmiendas que vienen del Senado, nuestro grupo ha conseguido que se aprobaran tres de especial importancia. Una de ellas es competencial. Teníamos razón, señora ministra, y como teníamos razón insistimos hasta el final. Fuimos el único grupo que en el Senado presentó un veto, que se retiró tras el acuerdo, por un tema competencial. ¿Cómo podíamos en este proyecto de ley regular el patrimonio público de suelo? Regulación a la que mi grupo no tiene objeciones desde un punto de vista material, de contenido, porque coincidimos con el contenido de esa regulación, pero no podía ser una regulación para todo el territorio cuando el Estatuto de Cataluña expresamente establece como competencia exclusiva de la Generalitat -artículo 149- la regulación de los patrimonios públicos de suelo.
Teníamos una colisión normativa: una ley estatal regulaba esos patrimonios para todo el territorio y el Estatuto dice que debe regularlos la Generalitat. ¿Cómo resolvíamos esa colisión? Era grave y hemos encontrado un punto de acuerdo. Hay una nueva enmienda que hoy vamos a aprobar, que espero que aprueben todos los grupos, también el Grupo Parlamentario Popular, porque si no se altera una norma vigente que es el Estatuto de Cataluña. Les guste o no, es una colisión normativa que deberíamos resolver. Se va a modificar la disposición final primera en su apartado segundo. Se dice, de manera expresa, que los artículos 33 y 34, en lo relativo a patrimonios públicos de suelo, se aplican sin perjuicio -sin perjuicio, se dice- de las competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo que tengan atribuidas las comunidades autónomas. Cataluña las tiene asumidas en este caso y, por tanto, se aplicará la ley sin perjuicio de la competencia estatutaria catalana. Un aspecto importante en este caso. También hay otra enmienda de Convergència i Unió en cuanto a valoración del suelo rural que no se ha aprobado tal y como nos hubiera gustado, pero que introduce mayores criterios para no perjudicar en exceso a los propietarios de suelo rural; no solo se atiende al rendimiento sino al uso y disfrute -me estoy refiriendo al artículo 22- e, incluso, a la hora de buscar la compensación no se tiene en cuenta solo la rentabilidad económica sino la ubicación, el entorno singular, el valor ambiental o paisajístico. Creemos que estos nuevos criterios también pueden ayudar. Finalmente, del Senado viene también una tercera enmienda al artículo 19 en relación con las escrituras de declaración de obra nueva. Seguimos considerando, señora ministra, que en este aspecto debíamos haber llegado más allá en el trámite del Senado para no perjudicar al vendedor y al adquiriente en momentos en los que la lentitud de la Administración pueda dificultar esa escritura de declaración de obra nueva. Entendemos que, al final, también es una mejora, gracias a Convergència i Unió, haber introducido aquí el otorgamiento de las oportunas autorizaciones expreso o por silencio administrativo; creemos que la introducción del silencio administrativo puede redundar en la línea que nuestro grupo defendía para no dificultar con esta nueva regulación el proceso de adquisición de una vivienda u obra nueva.


Señora ministra, señorías, termino. Hemos dado un paso adelante en la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y en el Senado y en Convergència i Unió nos sentimos satisfechos de las aportaciones que hemos podido realizar. Pedimos a los poderes públicos que se pongan las pilas. Tenemos un nuevo instrumento, una nueva Ley de Suelo. Que se aplique y que se aplique con rigor. Muchas veces las leyes están en el BOE y no se tiene en cuenta su aplicación, pero esta ley va a afectar -mensaje claro- a todos los ayuntamientos, a todas las corporaciones locales, que tienen aquí también una nueva herramienta de trabajo para conseguir mejorar un objetivo compartido por todos: un mejor acceso a la vivienda. Ojalá que esta ley pueda servir también para dinamizar suelos, para tener mayor oferta pública de suelo y para ayudar a tantos ciudadanos que quieren el derecho a una vivienda digna que la Constitución les reconoce. No es una varita mágica, pero puede ser un instrumento que vaya en la dirección adecuada. Por tanto, Convergència i Unió espera que, con la implicación positiva, con el respeto competencial y con todas

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las administraciones que deben actuar en este ámbito se puedan conseguir esos objetivos que todos deseamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Popular, señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señora ministra, señorías, mi grupo parlamentario va a votar a favor o, en su caso, abstenerse en relación con todas las enmiendas introducidas por el Senado a este proyecto de ley. Todas menos dos obedecen a razones técnicas y esas dos, la correspondiente al apartado 4 del artículo 13, relativo a dotar de una mayor protección a los espacios naturales, y la correspondiente a la disposición final primera, que introduce un mayor respeto a las competencias de las comunidades autónomas en relación con los patrimonios públicos de suelo, nos parecen oportunas.


Algunas de esas enmiendas no obtuvieron el respaldo de mi grupo en el Senado sencillamente porque apoyábamos otras enmiendas, nuestras propias enmiendas, cuyo texto considerábamos más adecuado. Fueron 57 enmiendas, de las cuales todas fueron rechazadas menos una que se consensuó. Pero seguimos manteniendo nuestro total y frontal rechazo a este proyecto de Ley de Suelo que, sin duda, se convertirá en ley tras la votación del día de hoy. Por mucho que la ministra haya recorrido todos los foros justificando los motivos y fines que persigue su proyecto, lo cierto es que el texto que hoy aprobamos solo tiene un objetivo: abaratar el precio de las expropiaciones y aniquilar por completo el principio del justiprecio; es decir, que a un ciudadano que tiene la mala fortuna de que sobre un terreno de su propiedad se inicie un procedimiento de expropiación para hacer una vía, un colegio o cualquier otra infraestructura, no se le pague lo que su suelo vale y, así, le salga más barato a la Administración. Y los más afectados por este sistema son los propietarios de suelo rústico, los agricultores. Hasta la fecha, cuando a un propietario de suelo rústico se le expropiaba su terreno se valoraba por el sistema de comparación con compraventas de fincas análogas en la zona de las que se tuviera referencia. A partir de ahora, el valor del terreno se calculará por el sistema de capitalización de renta, por el valor de lo que se pueda plantar o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de las fincas colindantes o incluso inferior al precio por el que se adquirió. Es más, extienden este sistema de valoración al suelo urbanizable que todavía no esté urbanizado. Por eso manifesté en el debate en el que se aprobó el dictamen de Comisión que lo que se pretende es que se pague lo mismo, al precio de la renta de una finca de plátanos o de boniatos, por la expropiación de un espacio protegido que por aquel calificado para albergar un plan parcial de viviendas o de naves industriales. Y, señorías, no hay otro motivo para que a un propietario afectado por un proceso de expropiación no se le pague lo que su terreno vale que el que a la Administración le salga más barato; a la Administración, señorías, y también a los grandes promotores inmobiliarios, porque este sistema de valoración también se aplica cuando un promotor inmobiliario inicia un procedimiento de expropiación de los terrenos de propietarios no adheridos al plan parcial o utiliza la figura del agente urbanizador. Es decir, en esos casos que he citado un promotor inmobiliario pagará el suelo donde va a edificar viviendas o naves industriales a precio de plátanos o de boniatos. Este sistema de valorar un terreno por lo que se pueda plantar en él, independientemente del precio de los terrenos colindantes o de lo que se pueda construir en él, es tan injusto que el propio texto, en el último párrafo del apartado 1.a) del artículo 22, dice: El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica. ¿Pero no quedábamos en que lo correcto es valorar todo el suelo igual? No se puede ser más contradictorio ni más incoherente. Lo dicho; un sistema tremendamente injusto. Esperamos que los tribunales de justicia sigan aplicando como hasta ahora el principio del justiprecio.


Todos los demás argumentos empleados por la ministra son rotundamente falsos. ¿Cómo se puede decir que esta ley va a posibilitar una mayor promoción de vivienda protegida solo por establecer una reserva de suelo para ella del 30 por ciento cuando Madrid tiene establecido el 50 por ciento -20 puntos porcentuales más-, Navarra también el 50 por ciento, Valencia entre el 25 y el 40 por ciento y la mayoría de las comunidades autónomas entre el 20 y el 30 por ciento? ¿Cómo se puede decir, sin ponerse colorada, señora ministra, que la culpa del incremento del precio de la vivienda se debe a la liberalización del suelo del Partido Popular, lo que la ministra llama el todo urbanizable, cuando la ley ni siquiera toca la clasificación de suelo urbanizable de la ley anterior? Lo decía también el señor Andreu. Mire, señor Andreu, esta ley lo único que le ha dado a la izquierda es que a las administraciones gobernadas por la izquierda, y también por el Partido Popular, les va a salir más barato, y la literatura que meten en la ley; absolutamente nada más. Digo literatura, por ejemplo, a lo del artículo 2.2, que dice que esta Ley de Suelo persigue la igualdad de trato, de oportunidades, entre mujeres y hombres. Eso es lo que le ha dado a la izquierda y, a cambio, ustedes han tragado con la clasificación del todo urbanizable del Partido Popular y con que los promotores inmobiliarios puedan expropiar un terreno a precio agrícola, como dije antes, a precio de plátanos. Si de verdad quieren contribuir a facilitar el desarrollo de los patrimonios públicos de suelo, los destinados a vivienda protegida, lo que tienen que hacer es modificar la Ley de Haciendas Locales, que permita a los ayuntamientos una financiación suficiente para constituir y desarrollar urbanísticamente los suelos destinados a vivienda protegida. Y si de verdad quieren

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frenar de una vez el incremento del precio de la vivienda libre, además de facilitar el desarrollo para suelos de vivienda protegida se deben agilizar los trámites para la conversión de suelos urbanizables en solares aptos para la edificación y también incentivar de una vez el mercado de alquiler, flexibilizando y dotando de mayor seguridad jurídica la relación contractual entre propietario e inquilino, con reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, creando los juzgados de vivienda, iniciativas que hemos presentado y que han sido, una a una, rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno. ¿Cómo se puede decir que el Partido Popular apostaba por la cultura del ladrillo y este Gobierno por la de la vivienda protegida cuando el ratio de vivienda protegida respecto al total de viviendas iniciadas en 2003 era del 11,65 por ciento y en 2006 del 12,52 por ciento? Una variación de 87 décimas en tres años de Gobierno. Y le voy a dar los datos, aunque usted siempre me los corrige. Según los datos del ministerio, en el año 2003, viviendas protegidas, 72.619; libres, 550.465. Un total de 623.084; por tanto, el 11,65 por ciento. En el año 2006, viviendas protegidas, 95.245; viviendas libres, 664.924; 130.000 libres más. Un total de 760.000 viviendas. Por tanto, vivienda protegida sobre el total de viviendas iniciadas, el 12,53 por ciento; 87 décimas en tres años.


Señorías, estamos en una sesión pública, nos están viendo y oyendo todos los medios de comunicación. Espero que algún socialista, la ministra o el portavoz, me conteste a las preguntas que voy a hacer. La ministra dice que esta ley va a acabar con la especulación urbanística. Yo afirmo que no, y lo han dicho también otros grupos parlamentarios. Yo digo que el único instrumento que contempla la ley para luchar contra la retención especulativa del suelo es la figura del agente urbanizador, establecida en el artículo 6, ninguna más. Y este instrumento ya lo recogen el 80 por ciento de las legislaciones de las comunidades autónomas. Si hay alguna medida más, le invito a que suba a esta tribuna, diga en qué artículo y lo lea. La ministra también dice que la ley contribuirá a frenar la corrupción urbanística. Yo digo que es falso, y también lo han dicho otros grupos parlamentarios. Las únicas medidas que se contemplan en este proyecto de ley son las recogidas en la disposición adicional novena, aprobada por todos los grupos de la Cámara, por la que se modifica la Ley de Bases de Régimen Local. Por tanto, es la Ley de Bases de Régimen Local -y las reformas que se hagan del Código Penal y los medios que se den a la fiscalía y a la policía-, y no la Ley del Suelo, la que contribuirá a frenar los casos de corrupción. Si no es así, suba a esta tribuna y diga el artículo de esta ley que contemple otra medida para frenar la corrupción y, por favor, léalo. Señorías, he hecho preguntas concretas a cuestiones concretas que constantemente proclama la ministra y que yo he tachado de falsas. He pedido que se nos diga públicamente en qué artículo se contemplan y que además se lean. De no hacerlo, la ministra tendrá menos credibilidad que aquellos que están intentando convencer a los españoles de que De Juana Chaos sale habitualmente del hospital, que está lleno de médicos, para ir al médico. (Protestas.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.


Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señora ministra de Vivienda, señorías, de más del 90 por ciento de la intervención del Partido Popular es "propietario" prácticamente, y en cambio, el buque insignia de la ley es: "ciudadanos". Ahí ya hay una diferencia importante en lo que significa la ley que hoy aprobamos en esta sesión. Esta ley es una respuesta a problemas trascendentales de nuestro tiempo, la lucha contra el cambio climático y el derecho a la vivienda y al alojamiento, dos problemas muy importantes. Lo expresa muy bien Al Gore en el documental Una verdad incómoda. Hoy estamos ya en un periodo de consecuencias. Existe un conflicto entre nuestra civilización y la tierra. La parte más vulnerable de nuestro planeta es la atmósfera, y en ello tiene mucho que ver el modelo de desarrollo urbano. Pues bien, una de las formas más determinantes de luchar contra el cambio climático es el nuevo modelo de crecimiento sostenible de nuestras ciudades.
También lo dice Naciones Unidas en el informe Hábitat, el estado de las ciudades: La vivienda es un gran problema de la humanidad. La población chabolista alcanza en el planeta en estos momentos los mil millones de personas. Esto pone de manifiesto, señorías, que en un mundo dual, con ciudades en las que hay una exclusión estructural, el urbanismo, el suelo, la vivienda y el crecimiento sostenible es clave para la integración y la convivencia. Este es un conjunto de valores y de respuestas que aparecen en la filosofía de la Ley de Suelo. Pero esta ley plantea un modelo de política de suelo claramente diferente a la etapa del Gobierno anterior, porque ¿qué hizo el Gobierno anterior? ¿Qué modelo desarrolló la derecha? No solamente hay que hablar de la Ley de 1998, también está el Real Decreto 4/2000, decreto que fue presentado aquí a bombo y platillo por el señor Álvarez-Cascos el 29 de junio del año 2000, con las siguientes palabras -escuchen, señorías-: La reforma que se introduce habrá de incrementar la oferta de suelo, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios. ¿Efecto positivo para quién? ¿Para la especulación? ¿Para el dinero negro? ¿Ese era el efecto positivo, señorías? (El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!-Aplausos.) Decían que iban a bajar los precios, y el precio de la vivienda ha crecido cinco veces más que los salarios, un 120 por ciento entre 1996 y 2001. Cada año crecía por encima del 17 por ciento. La vivienda protegida pasó de representar el 40 por ciento en el año 1996 a menos del 10 por ciento de los pisos que se construían con posterioridad, entre 1996 y 2001, en un país -fíjense ustedes- que construía por encima del 40 por

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ciento de lo que se construía en la Unión Europea. (El señor Campos Arteseros: ¡Qué fuerte!) Los planes de vivienda no se ejecutaban, los planes de vivienda en alquiler brillaban por su ausencia, y este año están en marcha, en construcción -cifra histórica-, más de 95.500 viviendas de promoción pública, en una apuesta decidida por la vivienda de promoción pública. Además, el Gobierno del Partido Popular suprimió todo lo que estorbaba a la especulación del suelo, señorías. Primero, suprimieron las garantías y la regulación anterior. Segundo, suprimieron la construcción de la vivienda social. Y tercero, los fiscales que combatían el delito urbanístico, limitando también los medios de la Fiscalía Anticorrupción. Ese fue el saldo, y el Gobierno del Partido Socialista ha puesto importantes barreras contra la corrupción urbanística. Primero, con un conjunto de medidas que pasaron por reforzar los medios de la Fiscalía Anticorrupción: Designación de 25 fiscales para perseguir el delito urbanístico, creación de 200 unidades especiales en la Guardia Civil, lucha contra el fraude fiscal y contra el blanqueo de capitales, creación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, Plan de sostenibilidad de las costas, proyecto de reforma del Código Penal, etcétera. Segundo instrumento de lucha contra la corrupción también, esta ley contra la especulación (El señor Campos Arteseros: ¡Sí, señor!), esta ley que es un auténtico código de conducta para ayuntamientos y comunidades autónomas, para el propio Estado. Esta ley, señorías. (Aplausos.) Esta es una reflexión que merecería más tiempo, pero les ruego que la tengan en consideración. No hay que olvidar, señorías, que detrás de los pelotazos, de la especulación (Rumores.), hay a veces situaciones terribles, situaciones que hay que combatir de manera radical. No hay que olvidar que, detrás de los pelotazos y la especulación, hay vinculación al blanqueo del dinero negro y que, detrás del dinero negro, en muchas ocasiones está el crimen organizado. Esta ley también es un instrumento de lucha contra el crimen organizado.
(Aplausos.) Esta ley, señor presidente, sitúa a los ciudadanos por delante. Este es el gran principio informador de esta ley, estatuto de los ciudadanos; un conjunto de derechos a favor de la ciudadanía, obligación de gestionar el suelo con transparencia, con unos estándares mínimos de transparencia, de participación ciudadana real y no meramente formal. No a la opacidad que hay detrás de muchas de sus gestiones urbanísticas en los ayuntamientos. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores y protestas.-Aplausos.) Esta ley garantiza reserva de suelo residencial, es garantía de una oferta mínima de suelo para vivienda asequible, sencillez y claridad... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Dejen de interrumpir el orden de una sesión.
(Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Escuchen porque les interesa escuchar. Aprendan lo que significa un modelo de luchar contra la especulación con un texto legal. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores.-Aplausos.) Señorías, esta ley garantiza elementos de publicidad, supone evaluación y seguimiento de la sostenibilidad en el desarrollo urbano, significa perspectiva de género. Es también una contribución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres...
(Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, por favor. Guarden silencio. No hagan comentarios desde la bancada, de modo y manera que podamos tener una mañana lo más pacífica posible. Les ruego, pues, que se abstengan de hacer comentarios desde la tribuna.


Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Esta ley, señor presidente, mejora también la protección ambiental de los espacios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000. Ya no van a ser posible actuaciones como las que algunos han promovido en La Zerrichera, Murcia. Ese tipo de comportamientos no van a ser posibles con esta ley... (Rumores.-El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Cuesta. Señor Matarí, le ruego que deje de gritar. Si continúa gritando tendré que llamarle al orden. Se lo ruego, por favor. No se viene a la Cámara a gritar. Gracias.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Esta ley, señor presidente, recoge también, la propia ley, y se refiere a otras leyes, una reforma importante del nuevo Gobierno local, con instrumentos de transparencia, de incompatibilidades, de declaración pública de actividades y bienes, una mejor regulación del registro de intereses. Crea barreras, crea elementos preventivos, precisamente para que desaparezcan tentaciones de un mal uso de las políticas de suelo.


Señor presidente, quiero finalizar mi intervención felicitando a los ponentes del Grupo Socialista, señores Santamaría y Contreras, y muy especialmente a la ministra de Vivienda, a la ministra de las ciudades (Risas.), a todo su equipo y a todos cuantos han contribuido en el trabajo para lograr un gran consenso. (Aplausos.) Señorías, esta ley recoge conceptos modernos que miran al futuro y resuelven los problemas del siglo XXI. Cada vez más se está hablando de las funciones sociales de la ciudad, del estatuto de la ciudad, se sitúa en el primer lugar del estatuto de la ciudad garantizar el derecho a ciudades sostenibles, entendido como el derecho a suelo urbano, viviendas, entornos con condiciones sanitarias, participación, sostenibilidad,

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solidaridad con las futuras generaciones. Hoy, señor presidente, señorías, se habla del municipio del bienestar, del derecho a la ciudad para contrarrestar la exclusión estructural sobre todo ante la negación del derecho a la vivienda. Se dice que el futuro de la humanidad se juega en la ciudad. Pues bien, esta es una buena ley, un buen instrumento, una muy buena respuesta a nuestro futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.


El señor presidente del Gobierno ha solicitado la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señorías, en la actividad política se suceden con frecuencia los días en los que, por unas razones u otras, se reclama intensamente la atención pública. No siempre coinciden esos días con los momentos en los que se toman decisiones que reparan aspectos de la vida social que funcionan mal, en los que se abren escenarios para solucionar aquellos problemas que más intensamente preocupan a la gran mayoría de la gente. Hoy es un día en el que, por medio de una clara voluntad parlamentaria, de una clara mayoría parlamentaria, vamos a adoptar una decisión que cambiará las condiciones en las que hasta ahora se ha desarrollado una actividad de gran impacto para la economía de nuestro país; una actividad del mayor interés para la vida cotidiana actual y futura de las familias españolas; una actividad en la que los rumbos equivocados o los errores difícilmente tienen vuelta atrás; una actividad en la que nos jugamos, además, irreversiblemente, el uso racional de nuestro entorno, el dominio sobre la ordenación de nuestro crecimiento, la sostenibilidad de los recursos de los que disponemos, la integración social de amplios sectores de la población. En buena medida, del éxito de la reforma que emprendemos con la aprobación de la Ley de Suelo, depende el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer una vivienda digna y adecuada a todos los ciudadanos. Esta nueva Ley de Suelo aumenta el número de viviendas protegidas, conduce el crecimiento urbano, protege el patrimonio paisajístico y medioambiental de nuestras ciudades y pueblos, aumenta la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el ámbito urbanístico. (Aplausos.) En efecto, esta es una ley que, además de ampliar la reserva para vivienda protegida, proteger la ordenación medioambiental y paisajística, promueve un urbanismo cívico; una ley, por tanto, que trata de ser una ley a la medida de los ciudadanos; una ley que no solo tiene en cuenta la vertiente económica, que es importante; una ley que integra el legítimo interés particular en el necesario interés general; una ley, eso sí, que se confronta al egoísmo especulador; una ley que da voz a todos los que deben tenerla, que refuerza con ello la transparencia y el control, que es la primera garantía para la limpieza de la actuación en el ámbito público. También una ley que habla de los ciudadanos y no solo de los propietarios; una ley que pone el acento en los ciudadanos, en la vivienda, en el medio rural. Con los instrumentos de esta ley tenemos que frenar una espiral de precios desorbitados de la vivienda que se ha vivido en los últimos años, aun cuando ya empezamos a ver cómo se ralentiza su crecimiento. Tenemos que revertir una etapa de decrecimiento de la vivienda protegida que hemos vivido. Tenemos que concluir con la anomalía de la gran cantidad de viviendas desocupadas. Tenemos que conducir el aumento del suelo urbanizado. Tenemos que preservar nuestro patrimonio paisajístico y medioambiental. Tenemos que plantar cara a la corrupción. Cumpliendo con el sentido social del urbanismo y del suelo, esta ley obliga a reservar el 30 por ciento del suelo residencial para vivienda protegida, es decir, para que puedan acceder a ella más familias con rentas medias o bajas.
(Aplausos.) Cumpliendo con el principio de urbanismo participativo y transparente, la ley también incluye un amplio conjunto de medidas de control público y anticorrupción en la gestión. Cumpliendo con el principio medioambiental, la ley proclama que el suelo es un recurso natural, escaso y no renovable. Somete el urbanismo a dotaciones de agua y de otros servicios que lo hagan sostenible y refuerza la protección de los espacios naturales, poniendo fin al principio del todo urbanizable que acaba siendo el desorden en todo el urbanismo y la mayor tentación para la especulación y para las irregularidades urbanísticas.
(Aplausos.)

La nueva ley mejorará también la eficiencia de los mercados del suelo, con el establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones que desincentivará la especulación. Ya no se valorarán expectativas, sino la situación real del suelo. La nueva ley aportará, como ya he señalado, transparencia y control, permitirá saber a quiénes benefician las decisiones que toman nuestros representantes en los ayuntamientos. Someterá a información pública todos los planes y convenios urbanísticos. Otorgará más competencias decisorias a los plenos municipales. Aplicará un régimen más estricto de incompatibilidades a concejales y directivos municipales.
Todos los instrumentos previstos en la Ley de Suelo se han introducido para que usemos las administraciones a favor de los ciudadanos, para que todos juntos construyamos ciudades mejores, preservemos paisajes cuidados, ofrezcamos precios de vivienda asequibles y aseguremos honestidad en la gestión del urbanismo, que es lo que reclaman los ciudadanos mayoritariamente, para que multipliquemos las oportunidades para los jóvenes. Como saben SS.SS., la ley entrará en vigor el 1 de julio, justo cuando esté concluyendo el proceso de constitución de nuevos gobiernos autonómicos y municipales. Ellos tendrán un papel trascendental en la aplicación de los instrumentos que la nueva ley pone a su disposición.


Señorías, no quiero terminar sin recordar que esta ley se ha aprobado con el mayor consenso hoy posible. El

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Gobierno agradece a todos los grupos parlamentarios que han participado de manera constructiva en la búsqueda de ese consenso. Lo merecían los ciudadanos y lo merecen también los que se identifican con la fuerza política que le ha negado su apoyo con toda legitimidad, por supuesto. Ha sido una tramitación compleja, también enriquecedora, de la que sale, a juicio del Gobierno, una buena ley para abordar uno de los retos más importantes que tiene nuestro país. Un país que crece económicamente, y ello representa el crecimiento de nuestras ciudades, el crecimiento de nuestras posibilidades, pero un país que tiene que crecer respetando una ordenación racional de las ciudades, respetando un patrimonio natural, que es uno de los grandes valores de España y, ante todo, tiene que crecer facilitando, en la medida de lo posible, que los ciudadanos puedan acceder a la adquisición de una vivienda. Por ello, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a hacerla posible con su esfuerzo y con su sentido de ciudadanía. No debemos olvidar que a pesar de que estamos hablando de suelo, de ordenación urbanística, de vivienda, de patrimonio natural, esta es ante todo también una ley de ciudadanía; una ley que ante todo ha de estar hecha a la medida de los ciudadanos, de sus necesidades básicas, de sus aspiraciones y de sus intereses, y también de los ciudadanos futuros, que tienen el derecho -aunque hoy no lo puedan reclamar- a recibir unas ciudades dignas donde prime el interés general y el interés social por encima de cualquier otro.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Dígame, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, a mi también me parecía, como al señor presidente, que no existía relación entre tanto aplauso y la intervención del presidente (Protestas.), pero al hilo de la misma, y sobre la base del artículo 73.1, me gustaría solicitar el uso de la palabra por entender que el presidente del Gobierno con su intervención ha vuelto a abrir el debate (Protestas.-Rumores.) y ha contradicho algunos de los argumentos del Grupo Parlamentario Popular.
(Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zaplana, pero este presidente ya tiene suficientemente acreditado en esta legislatura que si el presidente del Gobierno hubiera reabierto el debate introduciendo elementos controversiales atacando la posición de lo dicho por el señor Matos, no le quepa ninguna duda de que incluso tratándose del presidente del Gobierno, le hubiera dado la réplica. No ha sido el caso. El presidente del Gobierno lo que ha hecho lógicamente ha sido defender, desde su punto de vista, un proyecto de ley de una manera bastante descriptiva e incluso agradeciendo a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo que ha realizado. En consecuencia, le deniego lo que me pide porque en el día de hoy no está en absoluto justificado. (Aplausos.-Rumores y protestas.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000144.)

El señor PRESIDENTE: Seguimos, pues, con el siguiente punto del orden del día: Punto VII. Proposición de Ley orgánica sobre financiación de partidos políticos. Comenzamos con el debate. En primer lugar, turno a favor de las enmiendas presentadas, que son tres, Coalición Canaria, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y finalmente Grupo Popular.


Por favor, abandonen rápido el hemiciclo porque el debate continúa. Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Después del debate en Comisión de este proyecto de Ley sobre financiación de los partidos políticos, mi grupo había solicitado el mantenimiento para la votación en el Pleno de la enmienda número 3. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, disculpe. Lo siento de verdad. Por favor, no hagan corrillos. Señora vicepresidenta, por favor, no hagan corrillos porque el debate continúa.


Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias por su amparo, señor presidente.


Decía que para este trámite ante el Pleno se había solicitado el mantenimiento de la enmienda número 3. Después de cómo ha quedado el texto tras el informe de la Comisión, mi grupo anuncia a los servicios de la Cámara que retiramos la enmienda número 3, que hacía referencia a cómo se dividían las subvenciones a los partidos políticos, bien en tercios, que es lo que establecía la ley vigente de 1987, o por mitades y no por tercios, que era el fundamento de nuestra enmienda, pero vista la postura que se tomó en la Comisión, mi grupo retira esta enmienda número 3. Añado solamente, señor presidente, que vamos a pedir votación separada de la enmienda número 38 del Grupo Parlamentario Popular, porque como la primera parte de nuestra enmienda número 4 en Comisión fue retirada por una transaccional, entendíamos que se podía mantener la segunda parte, que hace referencia a que los créditos concedidos por las entidades financieras a los partidos políticos en ningún caso serían condonables.
Dado que el contenido de la enmienda 38 del Grupo Parlamentario Popular coincide con una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición

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Canaria-Nueva Canarias, nosotros votaremos favorablemente porque entendemos que debería mantenerse dentro del texto de la ley el criterio de que los créditos concedidos por las entidades financieras a los partidos políticos en ningún caso serán condonables, porque podría haber un presunto fraude de ley y que por esa vía de condonación de créditos se estuviera haciendo una financiación espuria a los partidos políticos.
Señor presidente, mi grupo considera conveniente y necesaria esta nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, y el que los créditos financieros no puedan ser condonados es un avance frente a la legislación actual, e introduce una serie de requisitos que, bajo la supervisión y auditoría del Tribunal de Cuentas, buscan una mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos. Por eso, mi grupo considera positivo este nuevo proyecto de ley y votará favorablemente. Espero que esto sea un motivo de satisfacción para los sistemas democráticos por la transparencia de la institución más fundamental y representativa de la soberanía del pueblo español que son las Cortes y, concretamente, este Congreso de los Diputados a través de los procesos electorales.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Turno a favor de la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere mostrar su apoyo a este proyecto de Ley sobre financiación de los partidos políticos. No queremos separar esta ley de otras leyes que en nuestro país en los últimos meses pretenden objetivos, en nuestra opinión, muy importantes. Esta ley tiene algo que ver también con la que acabamos de aprobar, con la Ley de Suelo, y también debería tener que ver con la Ley de Gobiernos Locales. Ley de Financiación de Partidos, Ley de Suelo, Ley de Gobiernos Locales, medidas todas ellas, en nuestra opinión, preventivas de un riesgo que corren las sociedades no democráticas pero que también corren las sociedades democráticas: el riesgo de la corrupción. Pues bien, esta iniciativa, la que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos, está orientada a que esa financiación sea fundamentalmente pública, porque públicas son las funciones democráticas de los partidos políticos, pero también a la transparencia de la financiación que puede venir de entidades privadas y al control y las sanciones a los partidos políticos cuando vulneren esas obligaciones de financiación pública y transparencia democrática.
Hubiéramos deseado que junto a esta ley se hubieran puesto en marcha otras medidas que van en el mismo sentido, una de ellas la del control del gasto electoral, que creemos debe ser mayor del que existe en estos momentos. El gasto electoral es la demanda que más influye sobre el gasto de los partidos políticos y, por tanto, el control de esa demanda es imprescindible para la mejora en la transparencia y el control de la financiación de los partidos. Hubiéramos deseado también que en la propia ley se incorporasen medidas más duras, incluso de carácter penal, para la vulneración de la financiación regular de los partidos. En todo caso, a falta de un conjunto de medidas anticorrupción, que hemos demandado del Gobierno y que creemos necesarias, y a falta de estas medidas también en el régimen electoral y en el Código Penal, nos parece que la actual ley avanza de manera muy importante en el control público de la financiación de los partidos y en la transparencia en la financiación de uno de los pilares de nuestro sistema democrático.


Es bueno que se reconozca que la financiación de partidos ha sido y es insuficiente y que por ello se mejore la financiación pública de los partidos. No podemos seguir engañándonos: en la financiación de los partidos una parte importante es la de sus afiliados, pero otra parte importante, porque sus funciones son públicas, es la de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, saludamos la mejora en la financiación pública de los partidos y que se acabe con la hipocresía de financiar de manera cicatera a los partidos y luego exigir pulcritud, al mismo tiempo que proponer modelos electorales que suponen un gran gasto para los partidos políticos. Por tanto, saludamos ese avance. Sin embargo, tenemos una diferencia con respecto a la financiación o a las subvenciones públicas de los partidos. De nuevo aparece en la subvención pública a los partidos no solamente el criterio de voto sino la restricción del criterio de escaño. Nosotros, que compartimos que en la financiación de carácter electoral se tenga en cuenta el criterio de escaño, no compartimos que en la subvención a los partidos se cree un criterio escabinado entre el criterio de voto y el criterio de escaño. Hemos intentado modificarlo y hemos llegado a un acuerdo que lo modifica de manera sustancial, pero todavía creemos que sería mejorable y, por tanto, mantenemos la enmienda de que la subvención a partidos sea subvención por voto y no subvención por escaño, porque para ello existe otra vía, que es la financiación electoral y que se produce como consecuencia de los escaños de los concejales o de los cargos públicos. Esta es la primera de nuestras valoraciones críticas con respecto a esta ley.


Otra valoración crítica con respecto a la ley -primero voy a decir lo positivo- es que no llega tan lejos como nosotros queríamos en el sentido de controlar la financiación privada. Señorías, es muy importante que en esta ley ya no haya donaciones anónimas a los partidos políticos y que, por tanto, ese modelo anglosajón de los lobbys controlando a los partidos no exista en nuestro país. Nos parece muy importante porque significa prevenir no solamente la corrupción sino la privatización de los partidos políticos, que tienen funciones públicas indelegables. También nos parece positivo que se produzca un límite a la financiación de los sujetos privados. Sin embargo, señorías, a pesar de que hay un límite a la

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financiación de los partidos y de las fundaciones por parte de sujetos privados, no hemos logrado establecer un determinado porcentaje del conjunto de la financiación que no pueda ser superado por la financiación privada. Me explico. A nosotros no nos gustaría -no ocurre en este momento- que, merced a financiación privada individual de sujetos jurídicos, se pudiera producir una financiación mayoritaria a un partido por parte de entidades privadas, o que se pudiera producir una financiación mayoritaria a una fundación y, como consecuencia, a un partido por parte de entidades privadas. Estaríamos ante la privatización de la financiación de los partidos y ante la ruptura de la lógica democrática de representación política. En nuestra opinión, no debe ser así, y por tanto mantenemos nuestra enmienda, que propone que haya un límite porcentual al conjunto de la financiación de los partidos en relación con la financiación privada, tanto a partidos como a fundaciones, que en estos momentos es nominal, conocida y controlada, pero le falta un último elemento, que sería -en nuestra opinión- la no privatización de los partidos y el carácter eminentemente público de la financiación de entes privados que tienen funciones públicas, como son los partidos políticos. Esta es la segunda gran enmienda que presentamos a esta ley.


Por otra parte, en nuestra opinión, esta ley avanza de manera muy importante en la transparencia y en el control democrático de la financiación de los partidos. Seguimos prácticamente todas las orientaciones que nos han dado el Tribunal de Cuentas y otros tribunales con respecto a las irregularidades y dificultades en la financiación de los partidos políticos. Por tanto, saludamos los avances que se producen en transparencia, en control y en sanciones, si bien -como decía antes- echamos de menos que haya mecanismos en el Código Penal que endurezcan claramente las irregularidades o los delitos en relación con la financiación de los partidos políticos. Este trípode que conforman, por una parte, la financiación pública, por otra, el control de la financiación privada y la supresión de cualquier financiación anónima y, por otra, la transparencia y las sanciones por la vulneración de la Ley de Financiación de Partidos, justifica sobradamente esta ley, que nos parece muy importante para la lucha contra la corrupción, para el funcionamiento de los partidos políticos, pilares de la democracia, y para la regeneración democrática de nuestro país.


Nuestro grupo parlamentario sabe que a esta iniciativa le sucederán críticas, todas ellas legítimas. Algunas vendrán por la insatisfacción por hasta dónde ha llegado la ley -yo ya he explicado nuestras insatisfacciones-; otras vendrán de aquellos que consideran que el modelo de financiación de los partidos, aunque no lo digan, debe ser menos transparente; otros considerarán que el modelo de financiación de los partidos debe ser un modelo mixto en el que la financiación privada tenga cada vez un mayor papel que la financiación pública -no lo compartimos, pero nos parece legítimo-; y con toda seguridad vendrán críticas extemporáneas que intentarán lanzar esta ley al círculo de la política antiterrorista. Nosotros, señorías, creemos que esta ley no tiene nada que ver, pero como en otras ocasiones hemos visto cómo la política antiterrorista se enseñorea de todas las leyes, incluso de aquellas constitucionales, como la Ley de Partidos, también veremos hoy aquí cómo la política antiterrorista se enseñorea de la Ley de Financiación de Partidos, porque no se sabe qué voluntad política habrá en ella de financiar a partidos políticos ilegales o de buscar mecanismos oscuros para permitir la financiación de los mismos. Nada más lejos de la voluntad de la ley, que es la voluntad de financiación pública, de transparencia y de control de la financiación de los partidos políticos.
Nosotros saludamos este avance democrático que significa la actualización de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Consideramos que debería haberse incluido esta modificación en todo un bloque de lucha contra la corrupción en nuestro país o de prevención de la corrupción en nuestro país, de regeneración democrática, que debería incluir -lo decía antes- la Ley de Suelo que acabamos de aprobar, que es muy importante desde el punto de vista de la oferta porque producen la especulación y el dinero fácil. Por otro lado, la Ley de Gobiernos Locales debería de profundizar en las incompatibilidades de los cargos municipales, en general de los cargos públicos, con respecto a su posible colisión con actividades privadas y, finalmente, en la financiación de los partidos políticos para que prevalezca la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas. De eso se trata hoy aquí, de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas. Con esta norma y con las enmiendas que nosotros hemos propuesto avanzamos en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas, aunque veamos con estupor en las encuestas cómo una parte importante de los ciudadanos no tiene una preocupación excesiva por el debate político, no tiene una preocupación por la reflexión política, tiene que ver con nuestra propia historia, pero también tendrá que ver con nuestros propios errores. Estas medidas, entre otras cosas, avanzan en la búsqueda de una mayor confianza de los ciudadanos con sus instituciones democráticas, en este caso con una institución que se puede denominar privada de interés público en la representación de los ciudadanos y en la organización de las instituciones tan importante como es el partido político.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Corresponde ahora al Grupo Popular, señor Del Burgo, defender su enmienda.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la financiación de los partidos políticos ha estado siempre en el ojo del huracán. La opinión pública tiene la percepción de que detrás de ella se encuentra la madre de todas las corrupciones. Hoy podría haber sido

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un gran día para la democracia española. Por fin, la Cámara tiene la oportunidad de pronunciarse sobre una nueva Ley de Financiación que debería estar basada en los principios de transparencia y control. Por desgracia, no es así. Esta ley vuelve a romper la regla de oro del consenso entre los dos grandes partidos nacionales a la hora de desarrollar las normas básicas de nuestro sistema democrático. Y la rompe porque el Grupo Popular no está dispuesto a aceptar un texto escandaloso que confiere a la actividad económica y financiera de los partidos una mayor opacidad y reduce las facultades de fiscalización y control por parte del Tribunal de Cuentas. Nuestro grupo solo puede congratularse de que por fin, después de más de diez años de insistir en ello, se supriman las donaciones anónimas.


Sin embargo, este aspecto positivo de la ley queda oscurecido ante preceptos como los que a continuación voy a exponer. Primer escándalo.
Los partidos tienen organizaciones a escala nacional, autonómica, provincial y local. En consecuencia, deberían estar obligados a presentar al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales consolidadas de todos los ámbitos de su actuación. No va a ser así, de esta obligación la nueva ley excluye a las organizaciones locales. Es decir, con la nueva ley la actividad económica de una organización local como la del Partido Socialista de la capital de Ibiza o de Ciempozuelo, por citar alguna de las localidades de moda, quedará inmune al control del Tribunal de Cuentas. ¿Es esta una manera de luchar contra la corrupción?

Segundo escándalo. La ley vigente prohíbe que los partidos puedan aceptar o recibir donaciones de empresas privadas que sean contratistas de obras y servicios de las administraciones públicas y similares, y eso está muy bien. Pero ¿cuál es la razón por la que la mayoría gubernamental se ha opuesto a prohibir que los constructores y promotores de viviendas puedan hacer donaciones a los partidos políticos? Hace unos instantes hemos oído al presidente del Gobierno hablar de control, de transparencia, de viva el urbanismo participativo y democrático. ¿Cómo es posible que se oponga la mayoría gubernamental a prohibir que los constructores y promotores de viviendas puedan hacer donaciones a los partidos políticos? ¿Acaso no es cierto que los protagonistas de los grandes escándalos de corrupción son en muchos casos constructores y promotores de viviendas que buscan fraudulentamente la aprobación de planes de urbanismo, recalificaciones -palabra maldita- (Aplausos.) y licencias municipales? ¿Cómo no escarmienta la bancada socialista de esta Cámara y se niega a introducir esta prohibición a la vista del escándalo de Ibiza, a pesar de estar transitoriamente amparado por el manto protector del fiscal general del Estado hasta después de las elecciones, como si la ley y los juzgados pudieran quedar en situación durmiente a voluntad de la fiscalía? (Aplausos.) Ya sabemos que la corrupción es como la hiedra de las mil cabezas, pero, al menos, hagamos que la ley, al prohibir las donaciones de promotores y constructores, transmita a la sociedad entera que si un alcalde o concejal de Urbanismo -sin ponerse colorado- pide una aportación para el partido -entre comillas- como contraprestación a un favor político, solo busca su enriquecimiento personal mediante la utilización abusiva de su cargo.


Tercer escándalo. En todos los textos elaborados en las legislaturas anteriores -que no llegaron a aprobarse- se establecía que las donaciones otorgadas a las fundaciones creadas por los partidos políticos quedarían sometidas a los mismos límites establecidos para las aportaciones privadas sin exclusión alguna. Pues bien, de acuerdo con la nueva ley, las empresas contratistas de las administraciones públicas no podrán hacer donaciones a los partidos, pero sí a las fundaciones creadas por los propios partidos. ¡Es una barbaridad, señores del Partido Socialista, es un escándalo, no cabe mayor hipocresía!

Cuarto escándalo. La mayoría que sustenta al Gobierno se niega a prohibir la condonación de créditos a los partidos por parte de las entidades financieras. En consecuencia, asuntos tan escabrosos y rayanos en la corrupción como el llamado montillazo, con una condonación de más de 6 millones de euros, y otros similares descubiertos por el Tribunal de Cuentas van a recibir un espaldarazo legal. Para defender tal despropósito, se alegó por el portavoz socialista en Comisión la insólita doctrina jurídica de que los partidos son instituciones que se rigen por el derecho privado, razón por la que pueden alcanzar los pactos que estimen convenientes con las entidades bancarias como si fueran una empresa cualquiera. Pero este argumento no se sostiene, los partidos son asociaciones regidas por dos leyes orgánicas singulares, y ello es así por su especial relevancia constitucional. Para evitar operaciones sospechosas de corrupción y, en todo caso, contrarias al principio de igualdad y a la libre concurrencia entre los partidos, la ley debe prohibir las condonaciones por no ser otra cosa que donaciones gigantescas. Una persona física o jurídica podrá donar como máximo 100.000 euros anuales; en cambio, un banco o una caja puede beneficiar a un partido con una condonación de millones de euros, y aquí no pasa nada.
Escandaloso, señores del Partido Socialista.


Quinto escándalo. La mayoría gubernamental se niega a introducir un precepto que prohíba a los partidos tener acciones y participaciones en empresas privadas ajenas a su actividad política, o sea, que un partido puede ser accionista de un banco, de una constructora o de cualquier otra empresa lucrativa. ¿No les parece que esto es algo extraño, señorías?

Sexto escándalo. La subida del 20 por ciento de las asignaciones para el funcionamiento de los partidos para el año 2008 carece, a nuestro juicio, de justificación objetiva y, por tanto, es manifiestamente arbitraria.


Séptimo escándalo. El texto aprobado en Comisión contiene un precepto que impone al tribunal y a sus funcionarios el más estricto y completo sigilo respecto de datos, informes o antecedentes que afecten a la intimidad

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de las personas. Pues bien, a renglón seguido se establece que los partidos podrán cumplir con la obligación de aportar los datos requeridos para la fiscalización poniendo a disposición del tribunal la información que precise en la sede o dependencia que los mismos designen. Bastaría con que un partido argumentara desconfianza sobre las garantías de confidencialidad para que la actualización fiscalizadora pudiera quedar afectada por la decisión unilateral del partido y el tribunal se vería obligado a aceptar.


Octavo escándalo. Para más inri, la imposición de sanciones a los partidos infractores de la Ley de Financiación no es imperativa para el Tribunal de Cuentas, sino potestativa. He aquí otra válvula de escape, pues ya sabemos que la soberanía nacional es al final la que elige a los miembros de los tribunales de cuentas y, por tanto, a lo mejor tienen que reflejar esa mayoría parlamentaria. Aquí hay otra válvula de escape para eludir las consecuencias de la fiscalización, porque cuando se obtenga un dato de infracción, no es obligatorio que el tribunal ponga en marcha el procedimiento sino potestativo, lo cual es algo verdaderamente insólito.


Noveno escándalo. La nueva ley introduce una sustancial mutilación del texto acordado en el año 2003 para evitar que los partidos ilegales por formar parte del entramado etarra puedan obtener fondos públicos. No tenemos la menor duda de que, de no ser por el proceso de claudicación en el que están empeñados, el vigente precepto no se hubiera modificado ni un ápice.


Décimo escándalo. Además del incremento previsto del 20 por ciento, la ley asegura a los partidos la revisión automática de las asignaciones conforme al IPC, sin tener en cuenta la situación económica del país en cada ejercicio.


Hasta aquí el decálogo de los escándalos amparados por esta nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos. Estos diez escándalos normativos se resumen en uno solo: La voluntad de cuantos se han sumado a este espurio consenso para asegurar su interés particular y tapar vergüenzas inconfensables en contra del interés general. He repasado toda la historia de esta ley, desde que empezamos a trabajarla, señor Marugán, usted y yo, hace ya muchos años, y estoy seguro de que en algunos de los aspectos de esta ley usted habrá sentido sonrojo cuando ha tenido que aceptar ciertas transacciones de los socios que apoyan al Gobierno. Por eso, señorías, si no quieren ser responsables de este despropósito legislativo, súmense al consenso que ofrece nuestro grupo en torno a ese decálogo que acabo de exponer. No podemos aceptar que la historia se repita, entre el escándalo de Filesa y el escándalo de Ibiza han transcurrido veinte años. El ex presidente, don Felipe González, acaba de recordar que la corrupción de su tiempo era calderilla comparada con la de ahora. Estamos aviados si con esta ley pretendemos acabar con la corrupción en la financiación de los partidos políticos. Esta ley y la que pretende reabrir la devolución del patrimonio incautado a los partidos en 1939 revelan una clamorosa falta de respeto a los valores democráticos. Ni los grupos parlamentarios ni los diputados podemos actuar como si representar la soberanía popular nos diera patente de corso para entrar a saco en el erario público. Debemos recordar en todo momento y ocasión que no somos más que meros administradores del esfuerzo fiscal de los ciudadanos y además hemos de poner todo nuestro empeño en luchar contra la corrupción. Un partido financiado ilegalmente es un jugador de ventaja que atenta contra la igualdad de oportunidades de los partidos y, por tanto, contra el principio de representación basado en el sufragio igual y libre.


Señorías, esta ley es una gran oportunidad perdida. Quede constancia de que el día en que los ciudadanos -y está muy cercano, lo van a ver- vuelvan a darnos su confianza, habrá una nueva ley que no hará trampas a las exigencias de transparencia y de control que la sociedad española exige a los partidos políticos y que el presidente del Gobierno, tan ufano, predicaba de la ley que acababa de aprobarse anteriormente.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.


Pasamos a la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Señora Lasagabaster, comparte su tiempo con el señor Rodríguez, tienen diez minutos.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Simplemente quería manifestar, en nombre de Eusko Alkartasuna, nuestra posición de apoyo a esta proposición de Ley orgánica sobre financiación de partidos políticos, un texto sobre una cuestión que nos parece tremendamente importante en una sociedad que pretende ser democrática, no solamente desde el punto de vista formal sino desde el punto de vista real, porque, en definitiva, los partidos políticos son un instrumento básico de funcionamiento democrático y también es así desde el punto de vista de la conservación del ordenamiento jurídico. Es verdad que es un tema que llevábamos persiguiendo desde hace ya muchísimo tiempo, que en la anterior legislatura ni se tocó, pero que en la anterior a esa, en la VI Legislatura, fue objeto de un debate y un trabajo importantísimo que, al final, no dio un resultado claro porque no pudo ver la luz. Es un tema que se ha perseguido por todos los grupos parlamentarios. Probablemente, este resultado no sea el resultado ad hoc para todos los grupos parlamentarios, no sea la ley que cada uno de nosotros hubiéramos hecho si hubiésemos tenido la posibilidad de hacerla, pero sí es un producto positivo porque es el producto de un consenso y de aportaciones desde distintas visiones. Lo único que lamentamos es que el Partido Popular, por razones que no se pueden explicar -y no se han explicado, la verdad, de ninguna manera-, no esté dentro de este consenso que es muy razonable y lógico desde el punto de vista de los objetivos que se pretenden. Hemos escuchado la

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intervención del señor Del Burgo y son inadmisibles algunas de las cosas que ha dicho. La verdad es que no es comprensible que se diga que es un escándalo que se aumenten las asignaciones de un partido político. Podrá no ser del gusto del Partido Popular porque no necesitan tener financiación pública ya que probablemente tienen toda la financiación privada o tienen tantos amigos millonarios, al estilo Sarkozy, que no necesitan ningún tipo de financiación pública, y eso será porque habrán puesto en su época de gobierno a sus amigos millonarios al frente de empresas que han sido privatizadas y no sabemos si realmente muy bien.
(Rumores.) Estilo Sarkozy, es decir, que no necesitan financiación pública porque ya tienen a todos los amigos que les dejan el dinero. No es escándalo, señor Del Burgo; será que no les gusta, pero no es escándalo que los representantes de los ciudadanos, de manera pública, controlada y fiscalizada, tengan una asignación razonable. (El señor Hernando Fraile: Estás haciendo imputaciones.) No me grite, señor Hernando, que estoy tratando de explicar mi posición y yo he escuchado atentamente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, por favor, le ruego que respete usted a quien está en el uso de la palabra. (El señor Hernando Fraile: Que respete ella también.) Le ruego que respete usted a quien esté en el uso de la palabra. Si continúa molestando, le llamaré al orden.


Continúe, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí, señor presidente, continúo.


Simplemente creo que no les gusta, pero desde luego no es un escándalo que vayamos a tener una asignación razonable como tienen en los Presupuestos Generales del Estado otros muchos representantes de asociaciones y representantes de los ciudadanos. En todo caso, lo que decía -y a eso voy porque es lo importante- es que se han conseguido los objetivos que se pretendían con esta proposición de ley orgánica, que son dos claramente: uno, conseguir la transparencia. Es fundamental que en una materia como es la financiación de partidos políticos haya transparencia, que toda la ciudadanía conozca exactamente cuál es la financiación, tanto desde el punto de vista público como privado. Hay un segundo objetivo, unido al tema de la transparencia, que es el control y la fiscalización. Los dos grandes objetivos del funcionamiento de una sociedad democrática es que se conozca la financiación, que se conozca cómo funciona un partido político, que se sepa claramente quién dona, qué financiación recibe y, en este sentido, es muy positivo que el artículo 5 no permita esa financiación anónima que en un principio algún partido -incluso el Partido Popular, que ahora dice que no-, en algún momento, en el año 1997, defendía las posibles financiaciones anónimas. (El señor Hernando Fraile: ¡Qué mentira, es que no es verdad!) Por tanto, creo que es fundamental, en primer lugar, que la financiación sea transparente y, en segundo lugar, que esté fiscalizada por el Tribunal de Cuentas o por los tribunales correspondientes en los respectivos ámbitos. Estos son los dos grandes temas que se han conseguido y sobre los que ha habido aportaciones por parte de todos. Quisiera agradecer a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones, que creo que todos hemos hecho vía enmiendas -así lo ha hecho, desde luego, Eusko Alkartasuna- y quisiera agradecer vivamente desde aquí también el papel del señor Fernández Marugán porque, aunque esta vez no he podido asistir a todas las sesiones de la ponencia, por razón de tener que asistir a diversas comisiones -sí lo hice con mayor contundencia desde luego en el año 1997-, nos ha tenido informados del desarrollo y devenir de toda esta tramitación que hace que sea una buena ley, que no sea una ley de nadie sino una ley de todos.
Lamentamos muy profundamente que algún grupo de la Cámara no quiera entrar en el consenso en un tema que es realmente importante y que los ciudadanos, aunque no lo vean de forma directa, lo van a ver de manera indirecta porque será importante para todos cómo financiar un instrumento, que es la representación de los ciudadanos, a través de los partidos políticos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Para el representante de una organización política como el Bloque Nacionalista Galego esta ley es muy importante de una manera incluso, si ustedes quieren, limitada. Pero a pesar de ser limitada, la consideramos muy importante porque nosotros somos de los que vivimos y funcionamos gracias a la subvención pública. A pesar del esfuerzo de las cuotas de los militantes que tenemos, e incluso la contribución de algunas personas privadas a las campañas electorales, para el Bloque Nacionalista Galego es importante en relación y en proporción sobre todo a las características de la base social que representamos. No tengo empacho en reconocer que la financiación pública para nosotros es vital y estamos contentísimos de que se haya aumentado la subvención estatal para el funcionamiento de los partidos políticos. Es más, si por nosotros fuera, lo hubiésemos aumentado más de los 78 millones de euros, y esperamos que anualmente esta cifra se vaya subiendo en función del IPC. Si queremos tener unos partidos políticos medianamente democráticos, saneados, con suficiencia financiera, con cierta regularidad en ese funcionamiento financiero y con transparencia, o la financiación es pública o realmente los problemas seguirán siendo constantes. Por tanto, no tenemos más que alabar este principio de la subvención estatal, su aumento, y esperemos que anualmente se tenga en cuenta la subida del IPC en relación con los gastos de los partidos políticos.


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También tenemos que alabar -hay que mencionar el caso de Galicia con esas limitaciones políticas que siempre nos caracterizan en función de lo que hacen en el Estado español- que en la ley figure la posibilidad de que las comunidades autónomas den también subvenciones a los partidos políticos representados en sus parlamentos. Primero, porque muchas veces no coinciden en su totalidad los partidos representados en el Congreso de los Diputados con los partidos representados en su globalidad en las comunidades autónomas. Segundo, y también muy importante, porque esto se convierte en una fuente de ingeniosidad y de suficiencia para aquellas organizaciones que a lo mejor son pequeñas en el Congreso de los Diputados pero que son muy importantes en el territorio de la comunidad autónoma, incluso llegando a gobernar esas comunidades autónomas. Por tanto, sin poner nada, está claro que muchos de los gobiernos de esas comunidades optarán por hacer una subvención pública a sus partidos políticos; en el caso de Galicia estamos sin esta financiación pública a nivel de la comunidad autónoma. Tercero, y por último, se pueden poner muchos reparos a esta ley, pero está claro que es un paso adelante en la transparencia no solamente en la dación de cuentas de cómo se gasta el dinero y el control por el Tribunal de Cuentas, sino también en las responsabilidades que tienen los partidos en el cumplimiento de esta ley.
Incluso diría que es interesante que los esfuerzos de los militantes con sus cotizaciones y contribuciones a las campañas electorales puedan ser por lo menos mínimamente compensados en la declaración de la renta.


Señorías, el mundo que vivimos es desigual, está claro que las campañas electorales son un factor de desigualdad tremenda en función del papel que cada uno ocupa en los grandes medios de comunicación, pero no podemos pedir a una ley de financiación que arregle sus problemas. Dentro del pluralismo político y la diferencia cuantitativa que hay en los resultados electorales en el Estado, es importante que la ley haya optado por estos principios de suficiencia, regularidad, transparencia y aumento de la subvención estatal, que celebramos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Grupo Vasco, señor Esteban. (El señor del Burgo Tajadura pide la palabra.) Dígame.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Con invocación del artículo 72.2, quiero decirle que me gustaría...


El señor PRESIDENTE: ¿Sobre qué punto exactamente?

El señor DEL BURGO TAJADURA: En relación con las afirmaciones falsas que ha hecho la señora Lasagabaster. Me gustaría que se leyera un precepto que es muy breve, el artículo 4.1 de la proposición de Ley orgánica sobre financiación de partidos políticos, publicada el día 5 de enero de 1998, que lleva la firma, en primer lugar, de Jaime Ignacio del Burgo porque era el ponente del Grupo Popular, que en aquellos momentos tenía la mayoría.


El señor PRESIDENTE: ¿Solicita usted la lectura?

El señor DEL BURGO TAJADURA: Si no le importa, puedo leerlo. Son dos párrafos.


El señor PRESIDENTE: Tiene perfectamente derecho a pedirlo. Haga usted la lectura.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Artículo 4, aportaciones privadas a partidos políticos, federaciones de partidos y coaliciones electorales. Uno, los partidos políticos podrán recibir aportaciones no finalistas, nominativas en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley. No había lugar, señor presidente, para las aportaciones anónimas.


El señor PRESIDENTE: Gracias por su colaboración.


Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


El inicio de la discusión de este texto, que muy probablemente va a convertirse en ley como proposición de ley por parte del Grupo de Esquerra Republicana a la Cámara, estuvo rodeado de un escepticismo profundo en la opinión pública en general, en los medios de comunicación, e incluso viéndose con cierta prudencia por los diferentes grupos políticos de esta Cámara el éxito que pudiera cosechar. Sin embargo, se ha demostrado que la voluntad de los partidos políticos era trabajar verdaderamente este asunto, llegar a un consenso, eliminar diferencias y también puntos polémicos -en algunas casos, una polémica quizá no justificada- que, en teoría, según los medios de comunicación al inicio de este debate, iban a constituir las donaciones anónimas. Como se ha visto después en la discusión, en el tratamiento y en los acuerdos a los que se ha llegado, ese punto no ha supuesto un problema por parte de los partidos políticos y ha sido fácilmente superado. Por tanto, una de las pegas principales que se señalaban respecto a la ley actualmente vigente ha sido superada sin exceso de polémica. Quiero señalar, porque es de justicia, el papel importantísimo que el señor Fernández Marugán ha jugado en todo este proceso, intentando aunar voluntades, limar dificultades y buscar soluciones en la discusión de una ley realmente muy complicada. Hacía falta que alguien intentara coordinar el esfuerzo de todos los grupos políticos y, en ese sentido, ha tenido una responsabilidad

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importante. Es de justicia decirlo y me gustaría señalarlo aquí públicamente.


Nosotros ya dijimos en nuestra intervención en la toma en consideración que una de las premisas básicas para dar nuestra aprobación a la ley era que se generara un consenso lo más amplio posible. Y verdaderamente se ha generado un consenso lo más amplio posible, porque a uno le surgen muchas dudas de si en esta Cámara, por parte de alguna posición política, no se ha buscado el consenso, sino que se ha intentado utilizar también esta materia como arma arrojadiza en la batalla política diaria. No voy a convertir en el centro de mi alocución la beatífica intervención del señor Del Burgo, señalando a su grupo como el ángel salvador de la limpieza democrática y al resto de los grupos como los demonios políticos oscurantistas que quieren aprovecharse de un texto de la ley que, por lo demás, no es en absoluto nada oscuro. No voy a darle el protagonismo, pero desde luego esa regla de oro del consenso PP-PSOE no sé dónde está escrita ni por qué tiene necesariamente que existir. El consenso es amplísimo y, además, esa regla de oro -que usted llama así- se ha intentado llevar a cabo para que también el Partido Popular entrara, pero lo que no ha habido desde el principio, y se ha visto claramente, ha sido voluntad. Repito que no voy a entrar en ello, pero sí me ha sorprendido.
Dentro de los diez pecados capitales que ha expuesto, yo voy a señalarle dos que corresponden a algunas enmiendas nuestras -el séptimo y el octavo- con referencia al Tribunal de Cuentas, que me he visto sorprendido cuando los ha mencionado aquí, porque tanto en ponencia como luego en Comisión, donde se aprobaron algunas de estas enmiendas referidas al Tribunal de Cuentas, obtuvieron una loa por su parte -léase el "Diario de Sesiones"-, y no solo eso, sino que el Partido Popular votó a favor. Por tanto, estoy sorprendidísimo de algunas afirmaciones que se han hecho aquí. Dicho esto, no voy a entrar más en las calificaciones que usted ha hecho de la ley.


Nosotros creemos que realmente se ha hecho un esfuerzo. Las donaciones a las empresas privadas que contraten con administraciones o con empresas públicas se han prohibido totalmente y otras empresas que hagan donaciones a partidos políticos aparecerán de manera específica -podrá verse la conexión o no, la cercanía o no que pueda haber de un partido político con determinadas empresas- y además hay un límite claro en cuanto a la aportación de las donaciones. No se trata de convertir el sistema -hay algún grupo político que sí lo buscaba pero que ha entrado en el consenso- en un sistema de financiación pública única y exclusivamente, sino que estamos por la defensa de un sistema de financiación de tipo mixto, pues el hecho de que haya aportaciones privadas no significa que la democracia vaya a funcionar peor. Tenemos ejemplos claros de democracias muy consolidadas en las que hay modelos únicos de financiación privada, en las que no existe la financiación pública. Es el caso de Estados Unidos, que no lo defiendo, pues no creo que sea aplicable ni conveniente para la democracia española, pero creo que el punto intermedio está en un equilibrio entre la financiación pública y la privada. Las donaciones, a partir de ahora, van a ser claras, no solo de personas jurídicas o físicas, sino también de los afiliados. En este sentido, quiero decir que nosotros hemos mantenido una cierta prevención en cuanto a que los ingresos tengan que realizarse necesariamente en cuentas corrientes de manera nominativa, entendiendo que podríamos estar en el límite de infringir el principio de libertad ideológica; el cuidado para que esa información no sobrepase las instancias en las que deba ser de conocimiento a tenor de la ley debe ser máximo y exquisito. A eso han ido también encaminadas nuestras enmiendas en el ámbito del Tribunal de Cuentas, sujeto bancario, efectivamente. Por otro lado, en algunas partes del Estado la adscripción ideológica de algunas personas a determinadas opciones políticas, a veces, puede ser utilizada por terceros para obtener información y adoptar actitudes que no se ajustan a la legalidad. Me estoy refiriendo concretamente al caso del País Vasco. De ahí nuestra prevención respecto a cómo ha quedado la ley, entendiendo que el principio de libertad ideológica debe ser intocable y un valor que se coloque por encima, pero también hemos intentado, comprendiendo la necesidad de otros partidos de que la información apareciera de manera más clara, buscar formas de asegurar que esa libertad ideológica no fuera dañada. En todo caso, la limitación de la financiación trae como consecuencia que la subvención pública se actualice de manera automática. Es algo necesario y hay que hablar claro a la ciudadanía. El dinero público invertido en democracia es un dinero positivo, no negativo, y si lo que queremos es poner límite a las donaciones privadas hay que equilibrar la balanza con las donaciones públicas. Eso se ha hecho de manera responsable, somera y nada alocada en el texto de la ley. También se ha conseguido -era nuestro interés como grupo político- que realidades que se estaban dando por parte de financiaciones de comunidades autónomas se vean reflejadas en el texto de la ley, como así ha sido. Era simplemente poner en el ordenamiento jurídico hechos que se estaban produciendo.


También teníamos interés en que la participación del Tribunal de Cuentas fuera lo más clara posible, asegurando todas las garantías jurídicas en su funcionamiento. Me estoy refiriendo a que, por primera vez -y este es un paso importante-, hay una potestad sancionadora clara a los partidos políticos. En la Ley de 1988, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los procedimientos que había se referían a caudales públicos y además con intervenciones de, por ejemplo, figuras como la del abogado del Estado.
Cuando vamos a discutir financiación de partidos políticos, que en muchos casos va a ser financiación privada que haya podido rebasar límites, ni tiene ningún sentido la intervención de estas figuras ni el procedimiento precisado en esa ley era de aplicación. Hemos tratado de asegurar las garantías jurídicas haciendo un procedimiento ad hoc para que

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esas sanciones puedan llevarse a cabo en su caso, pero asegurando todas las garantías de defensa.


Todos sabemos que la Ley de financiación de los partidos políticos es complicada y en la que se refleja de una manera evidente los equilibrios que se han tenido, pero es un acuerdo político en su pleno sentido. Nos parecía que el plan de cuentas que pueda realizar el Tribunal de Cuentas tendría que ajustarse estrictamente a la ley y, en ese sentido, era necesario el previo análisis, como así se ha aprobado, por parte de la Comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas. Los términos que se han acordado son los que son y es a lo que debe ceñirse el Tribunal de Cuentas.


Me gustaría añadir algunas cosas más, pero solo voy a decir una que me parece importante. Como es lógico, de acuerdo con el ordenamiento jurídico establecido, las disposiciones del título III de esta ley, que se refieren a asuntos fiscales, quedan excepcionadas en el caso de la Comunidad Autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra, que tienen su propio concierto económico y su propio convenio, de manera que son estas las que regularán esas modificaciones de impuestos. Me gustaría señalar que, además del título III, con estos cambios que hemos introducido en el articulado de la ley, se entienden incluidas -quizá en el Senado podría hacerse un apunte modificatorio- las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, porque también se refieren a modificaciones impositivas que en su caso tendrán que aplicar a través del Parlamento Foral de Navarra y de las Juntas Generales de cada uno de los territorios históricos en el caso de la Comunidad Autónoma vasca. Eso será a través de la disposición adicional nueva que se ha incorporado.
Por tanto, no se referiría solo esa disposición adicional nueva que hace referencia al concierto al título III, sino a las disposiciones adicionales desde la primera hasta la quinta. Creemos que ha sido una ley trabajada, una ley que mejora lo que había hasta el momento y en la que creo que todos los grupos políticos hemos intentado poner nuestra mejor buena voluntad para intentar llegar a un consenso. Votaremos favorablemente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Cerdà, de Esquerra Republicana.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Señorías, el pasado 27 de septiembre el Pleno del Congreso admitió a trámite, por unanimidad, la proposición de ley de nuestro grupo parlamentario, Esquerra Republicana. No era la primera vez que se intentaba acometer una reforma de esta ley, ya se había iniciado en 1997 sin ningún éxito, pero sí que es la única proposición de ley presentada por nuestro grupo parlamentario en esta legislatura que ha llegado a buen puerto y no ha sido reconvertida en un proyecto de ley ni ha quedado en el cajón del olvido, prorrogándose indefinidamente, como tantas otras leyes. Ha llegado hasta aquí y déjenme que manifieste mi orgullo y satisfacción por que una ley de este calado y de esta importancia haya llegado a buen puerto con una proposición que presentó mi grupo parlamentario.


En la toma en consideración de la proposición de ley, todos los grupos coincidimos en la necesidad de reformar la financiación de los partidos políticos, en el fondo de la proposición de ley, en la oportunidad y en la necesidad de consensos y, evidentemente, de acuerdos. Todos los grupos parlamentarios hemos cedido para ello, aunque ustedes, señorías del Partido Popular, se limiten a oponerse, se trate de lo que se trate, y esto me lo tendrá que reconocer.


Se trata de la reforma de una propuesta que, como dijimos en la toma en consideración, no iba contra nadie. Es una reforma que apuesta claramente por mejorar la credibilidad de los partidos políticos y de las personas que formamos parte de ellos, de su dignificación ante la opinión pública y también para nuestro funcionamiento. La financiación de los partidos políticos, más exactamente la financiación pública de estos es una constante en todos los países democráticos consolidados, como reconocimiento incluso de su actividad a favor del sistema político democrático de partidos. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) No es casual -y creo que todos lo sabemos- que la primera actuación de cualquier régimen autoritario sea justamente ilegalizar los partidos políticos y sindicatos.


Señorías, para nosotros, no hay partidos honestos ni partidos corruptos; existen personas cuya responsabilidad o ejercicio puede ser honesto y personas cuyo ejercicio en su actividad política puede ser corrupto, pero no existen partidos políticos en sí de este tenor o de esta calaña. No.
Son actuaciones determinadas de personas concretas las que pueden ensuciar y entorpecer el normal funcionamiento de los partidos políticos.
No debemos redundar por ahí porque entendemos que mina de alguna manera toda credibilidad del sistema democrático. Tenemos que suponer que todos los partidos nacen con la mejor intención de servir a la sociedad desde su punto de vista y desde su ideología, y es a partir de estas premisas que el Grupo Parlamentario de Esquerra mantiene su posición. Entendemos que la financiación pública o privada no puede limitar la independencia de los partidos políticos. Por ello, el objetivo de la proposición de ley era dotar a la financiación de los partidos políticos de mayor transparencia y control. Transparencia y control son las líneas maestras que creemos que han tenido importancia capital en todo su recorrido, en toda su tramitación y en toda su negociación. En consecuencia, garantizar la mayor independencia de los partidos políticos y transmitir a la ciudadanía mayor confianza en el sistema democrático de partidos como es la democracia española.


Entendemos que la aprobación de esta reforma clarifica el sistema de financiación de los partidos políticos

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como importante instrumento de la sociedad mediante un sistema mixto, como ya han dicho alguno de los anteriores portavoces, de financiación pública y privada. Desde Esquerra Republicana apostamos por limitar únicamente a las cuotas de militantes y simpatizantes recursos propios y las donaciones de personas físicas a la financiación privada. Con ánimo de consenso se ha acordado incrementar el límite de las donaciones a las personas físicas, estableciendo, de hecho, un límite. El límite de las donaciones privadas ha sido uno de los objetos de las diferentes enmiendas. En la toma en consideración, desde nuestro grupo parlamentario, ya manifestamos que en este aspecto no íbamos a poner problemas. Lo importante para nosotros era que se fijaran unos límites a las cantidades que pueden ser aportadas por los ciudadanos y también por las empresas. Lo importante -lo hemos destacado y ha sido nuestra línea argumental y nuestra línea maestra- era dotar al sistema de financiación de los partidos políticos de una mayor transparencia interna y de cara a la ciudadanía; de quitar, por tanto, todo atisbo de opacidad y de oscurantismo en lo que es la vida económica de los partidos políticos.
Entendemos que ello quedó bien perfilado en esta ley. Toda donación por una persona física deberá ser nominal y las empresas podrán realizar aportaciones a partidos políticos, pero en ningún caso de manera anónima, como estaba pasando hasta el momento. Cualquier donación deberá realizarse por acuerdo del órgano social competente y haciendo constar los requisitos fijados en la reforma.


Señorías, otro de los aspectos importantes de esta reforma es la clarificación e inclusión de la financiación en el objeto y ámbito de la ley de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, vinculadas orgánicamente a los partidos. Porque los partidos políticos también son, más allá de las campañas electorales, estudios y programas. Los partidos políticos son también fundaciones para la elaboración de ideas y de pensamientos. Y no reconocer exactamente esto es no ponerse al día de lo que han sido los veintitantos años de democracia y cómo hemos ido evolucionando los diferentes partidos políticos. Son, por tanto, fundaciones para la elaboración de ideas y pensamientos, para la formación de su cuadros, de sus militantes, de sus representantes. Por ello, la financiación de asociaciones y fundaciones debe ser sometida prácticamente a los mismos límites y requisitos que a los partidos políticos de los que dependen orgánicamente, con la finalidad de evitar evasiones de la ley de financiación. Como venimos reiterando, uno de los principales objetivos de Esquerra Republicana era dotar de transparencia la financiación, prohibiendo las donaciones anónimas tanto a los partidos como a las fundaciones vinculadas. Podemos estar satisfechos porque es uno de los principales logros de esta reforma. Para analizar los objetivos de estudio -intercambio de información, adaptación a las nuevas tecnologías, elaboración de propuestas, relación con la sociedad civil- los partidos y fundaciones necesitamos financiación mayoritariamente pública. Los partidos ejercen claramente una función social y para ello requieren los recursos públicos, que deben ser tratados como tales, otorgados a partir de criterios racionales, objetivos, proporcionales y sujetos, como toda financiación pública, a su fiscalización. Por ello, entre los principales objetivos de Esquerra Republicana está mejorar la financiación y el control de la financiación de los partidos políticos y con ello la transparencia y la seguridad, dotando al Tribunal de Cuentas y a los órganos de fiscalización de las comunidades autónomas de mayor potestad controladora y fiscalizadora, así como de posibilidades de sanción. ¿Para qué, si no, fijamos límites y requisitos si el órgano fiscalizador no puede después imponer sanciones? Era necesario, tal y como ha reiterado el propio tribunal en los diferentes informes y en las propias conclusiones y propuestas de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas a la que alude la exposición de motivos, mejorar los mecanismos de fiscalización, control y sanción del Tribunal de Cuentas y el Sindic de Greuges, en nuestro caso, cuando sean competentes, como es el caso de Cataluña y del País Valenciano.


Debo reconocer la aportación del señor Esteban, del Grupo Nacionalista Vasco, que presentó una enmienda estableciendo un procedimiento garantista a los partidos políticos y regulador de distintos recursos ante las propuestas y sanciones del Tribunal de Cuentas; propuesta aceptada e incorporada que, quiero reconocer aquí, mejora sustancialmente y redondea la propuesta inicial. Creo que es de justicia reconocerlo.
Igualmente, es de justicia reconocer el buen hacer y el trabajo constante y firme del señor Marugán y todo su equipo de colaboradores, que ha hecho posible la suma de voluntades para que salga esta ley. En definitiva, entre todos los grupos parlamentarios hemos sido capaces de detectar y subsanar las deficiencias de la financiación de los partidos políticos para evitar cualquier sospecha de falta de legitimidad en nuestras decisiones. Desde Esquerra Republicana entendemos que la regeneración del sistema democrático es un imperativo que todos debemos plantearnos diariamente. Hoy tenemos una oportunidad para sumarnos a esta regeneración democrática, por ello, votaremos favorablemente el dictamen de la Comisión, entendiendo que con esta ley hemos mejorado el sistema democrático y la percepción que la ciudadanía tiene de los partidos políticos como instrumentos al servicio de la sociedad. No es la ley de partidos que a nosotros nos hubiera gustado y tampoco creo que sea una ley de partidos que le haya gustado a ningún partido en concreto. Es la ley que, como pocas, es fruto del diálogo, del consenso, de la búsqueda trabajosa de acuerdos que hacen posible que una ley compleja haya podido llegar a buen puerto y ser aprobada por una mayoría aplastante en esta Cámara. De los diez escándalos que se resumen en uno, podrían decirlo de esta manera: se trata de que me voy a oponer. Ustedes ya tenían previamente fijada la posición antes de saber cómo iba a terminar la ley y han hecho el paso contrario: Nos vamos a oponer, y ahora

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vamos a ver con qué tipo de argumentos. Ese decálogo bonito se podría resumir diciendo: se trata de que me opongo. Después han vestido su discurso, no exento de un cierto aliño demagógico, pero es su justificación. Saben que se pueden sumar a una ley que mejora la que ya teníamos y que creemos que es la mejor de las leyes posibles aquí y ahora. Les invitamos a que rectifiquen y se sumen al consenso. Para nosotros sería muy gratificante que una proposición de ley hecha por Esquerra Republicana contara con la unanimidad de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclá.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición en esta recta final de la tramitación en primera lectura en el Congreso de los Diputados de la actualización de una ley muy importante, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que no se ha actualizado en veinte años, y que en estos momentos aún se rige por una normativa del año 1987, situación y cuadro normativo que sin duda requerían de una actualización a la luz de los cambios y las nuevas realidades que se han producido durante estos últimos veinte años. Portavoces de otros grupos parlamentarios han apuntado la importancia de esta ley, que sin duda forma parte del bloque de constitucionalidad, que en el juego democrático básico, juntamente con la Ley Electoral, requiere, si es posible -después volveré a hacer referencia a ello-, de un amplio consenso de la Cámara. Es una ley que desarrolla aquello que informa el artículo 6 de la Constitución española al dar un papel protagonista a los partidos políticos en la formación y en la transmisión de la opinión pública y de la configuración de la voluntad popular. Pues bien, el mandato del artículo 6 de la Constitución española debe tener distintas concreciones, y, como les decía, una fundamental es que haya una ley de financiación de los partidos políticos.


Señorías, esta ley ha sido fruto de un amplio ejercicio de consenso en el cual ninguna de las partes se puede sentir satisfecha al cien por cien, pero todas nos sentimos muy satisfechas y bastante orgullosas de nuestra capacidad de transacción para llegar a un acuerdo. Casi todos hemos cedido y todos hemos aportado normas que mejoran la financiación de los partidos políticos a partir de un criterio básico que informa esta ley, el criterio de más transparencia en las cuentas de los partidos políticos; no obstante, señorías, una mayor transparencia de las cuentas de los partidos políticos también tiene que ir acompañada de un discurso valiente sobre la suficiencia financiera de la financiación de los partidos políticos. Es indudable que ningún grupo de esta Cámara cuestiona que la democracia es el mejor sistema, pero también que es más caro que otros sistemas de funcionamiento político; la democracia requiere, a través de una correcta financiación de los partidos políticos, de una actualización de los mecanismos, tal y como hemos contemplado en esta ley. Esta actualización considera vías de financiación que algunos partidos políticos no contemplaban en el inicio de la tramitación. En este sentido, es de justicia reconocer el impulso inicial de Esquerra Republicana de Catalunya en la tramitación de esta ley, pero permítanme que diga también que esta ley hoy es de consenso porque ha sufrido notabilísimas modificaciones respecto al planteamiento inicial de Esquerra Republicana. La ley contempla, por ejemplo, las dos vías de financiación de los partidos políticos: la pública y la de personas físicas y jurídicas, posición que por cierto no estaba en el inicio del debate ni de la proposición de ley del grupo proponente. La filosofía de mi grupo parlamentario es estar a favor desde la transparencia; nosotros en ningún momento de la discusión de esta ley hemos hecho cuestión de las donaciones anónimas, que quedan suprimidas en la actualización de esta ley, pero tampoco hemos querido cuestionar la importancia de que un partido político reciba fondos públicos, siempre que también de forma transparente pueda recibir fondos privados de personas físicas y jurídicas. Esta es una expresión de mayor transparencia y de ajustar la legalidad a la realidad, y desde un punto de vista de modelo de sociedad estamos a favor de las donaciones de personas físicas y jurídicas.


Durante la tramitación de la ley hemos mejorado bastante los mecanismos de control de los partidos políticos y el papel y las funciones del Tribunal de Cuentas a través de algunos artículos muy garantistas. Hay respeto a la intervención del Tribunal de Cuentas y respeto también a la protección de datos de las personas a través de unas enmiendas planteadas básicamente por el Grupo Vasco, a las que ha hecho referencia el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra pero que es muy importante subrayar.


Señorías, al lado de estos aspectos positivos quiero referirme a los argumentos del único grupo parlamentario de la Cámara que hoy se va a oponer a la actualización de la ley de 1987. En política, y cada vez más en esta legislatura, una cosa es la literalidad de la ley y otra los relatos políticos que se construyen no sobre la ley, sino alrededor de las leyes. Esta mañana, señorías, estamos presenciando un caso casi de manual de un relato político alrededor de la ley y no sobre su literalidad. Hoy en el decálogo de las diez mentiras o los diez presuntos errores de esta ley hemos escuchado argumentos que no se ajustan para nada a su literalidad ni a la voluntad de los grupos que la apoyamos. Les decía al principio que esta ley es importante, por lo que esta ley debería contar también con el apoyo del primer grupo de la oposición. La Ley Electoral y la Ley de Financiación de Partidos Políticos son dos leyes que se deben afrontar desde el consenso. Entre las conclusiones del

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grupo de trabajo de los años 1997 y 1998, entre lo que planteaba el Grupo Popular en esos grupos de trabajo y lo que hoy declara como su decálogo de oposición a esta ley, vemos que el Grupo Popular tiene un doble discurso sobre esta ley. Si me permiten, el Grupo Parlamentario Popular se ha puesto en esta ley, en la cual debería haber consenso con el primer grupo de la oposición, en la posición de que otros hagan el trabajo para beneficiarse ellos también de la necesaria actualización de la Ley de Partidos Políticos.


Señorías, no se puede construir un relato sobre la facilitación de la financiación de grupos políticos ilegales porque aquello que estaba redactado en tres artículos en el acuerdo del año 2002 ahora lo esté en uno solo. Señorías, la calidad de los controles democráticos no se cuenta por el número de artículos, sino por su sustancia, por su contenido. No se puede hacer un discurso sobre la condonación de deudas cuando es evidente y lógico, desde un criterio de transparencia absoluta, que en el tráfico mercantil se pueden renegociar las deudas entre particulares y también entre partidos políticos, además con un gran control público y con una gran valoración política de la ciudadanía. Es una aportación que raya en la demagogia decir que los promotores y constructores podrán hacer donaciones a los partidos políticos cuando todos los ponentes de esta ley sabemos perfectamente que ella prohíbe la donación de cualquier persona jurídica mercantil que tenga contratos con las administraciones públicas. El grupo que se opone a esta ley podría extender este discurso fácil sobre promotores y constructores, por ejemplo, a otras empresas emergentes con unas capacidades económicas tan o más potentes que las de los promotores o constructores, que se han convertido en el latiguillo de oposición a esta ley.


Antes del debate de esta ley hemos escuchado argumentos francamente excesivos. Hemos escuchado declaraciones de diputados del primer partido de la oposición hablando literalmente de -lo cito-: asalto a las arcas del Estado. Señorías, hoy aprobamos una ley de mayor transparencia y calidad democrática y que está en las antípodas de la arbitrariedad, en las antípodas de lo que alguien ha llamado asalto a las arcas del Estado.
Ahora hay mayor transparencia, mayor control, mayor protagonismo del Tribunal de Cuentas y el reconocimiento de que la democracia es el mejor sistema de convivencia entre los ciudadanos, que requiere una financiación pública y también la aportación privada de personas físicas y jurídicas.


Mi grupo parlamentario se siente especialmente satisfecho de sus aportaciones y de este consenso compartido de todos los ponentes en una ley que no es patrimonio de ninguno, sino del conjunto. Por ello quiero felicitar a todos los ponentes, empezando por el señor Fernández Marugán, por la gran capacidad de transacción y de paciencia que han demostrado.
Hoy tenemos una ley mejor que la de hace veinte años. Hoy el sistema democrático sale reforzado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.


Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el señor Esteban ha hecho la sugerencia de que se incorpore una breve modificación a una disposición adicional de esta ley. Mi grupo estaría de acuerdo en que se incorporara en su condición de corrección técnica. A partir de ahí podemos resolver la cuestión que él plantea.


Señorías, mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento a toda la Cámara y de satisfacción porque hoy podamos cerrar un periplo largo en el tiempo y, como consecuencia, se haya podido alcanzar un consenso político importante. Agradezco a Coalición Canaria, a Esquerra, al Grupo Vasco, a CiU y a IU que hayan posibilitado el acuerdo que hemos logrado a lo largo de muchas horas de debate y de negociación. Señor Del Burgo, compañero diputado con el que empezamos a hablar de estas cuestiones hace más de diez años aquí, buscar en las decisiones de los demás las causas del aislamiento del Grupo Popular no nos parece que sea adecuado ni se ajusta a la realidad. La sociedad española entiende que este era el momento en el que esta cuestión tenía que ser abordada. Constituimos una Comisión de investigación que presidió hace muchos años don Luís Mardones y todos los grupos hicimos múltiples proposiciones de ley, incluso una ponencia conjunta, pero de ahí no pasó, hasta que Esquerra diez años después nos recordó que este era un tema que no estaba resuelto y deberíamos resolverlo. Como era así, tiene razón el señor Xuclà cuando dice que lo que ha pervivido ha sido el marco jurídico de una legislación ineficaz y desacreditada.


Algunas formaciones políticas creemos que esto era relevante. Nos parecía que la opinión pública había formado un criterio que deberíamos ser capaces de aclarar. No podía entenderse de una manera un tanto extraña que aquí no había acuerdo, porque alguien podía pensar que en esta Cámara había una colusión de intereses, y no precisamente santos, para impedir la modificación de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Una sociedad como la nuestra que en diez años ha hecho múltiples modificaciones, múltiples cambios, de la mano de combinaciones políticas en un momento lideradas por el Partido Popular y en otro por el Partido Socialista, difícilmente toleraba el enquistamiento que algunos querían establecer en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Por tanto, era el momento, el lugar y la circunstancia para abordar esta cuestión. Respecto a esto en lugar de mirar a los demás coincido con las intervenciones de otros grupos parlamentarios cuando manifiestan que el Grupo Popular debería someter a escrutinio sus propias actitudes; debería tratar de averiguar si no ha sido él quien ha dado la espalda a los planteamientos

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del resto de la Cámara y si no ha sido él quien, deliberadamente, ha desconocido cualquier solución, cualquier compromiso que pudiera involucrarle en esta cuestión.


Quiero dar un paso más. Sinceramente, ustedes se han equivocado, y lo han hecho en tres cuestiones que me parecen relevantes. En primer lugar, ustedes han confundido el consenso con el veto y han tratado de asumir una primacía que ya les ha caducado. En segundo lugar, ustedes han creído que amplios sectores de la opinión pública tomarían nota de su posición política, proporcionándole una difusión y una publicidad inauditas, pero no ha sido así. Las críticas que ustedes han formulado han quedado sepultadas por el fuego amigo, por el fuego que ustedes todos los días de una manera monotemática realizan contra la acción del Gobierno, negándole incluso los títulos elementales para gobernar. En tercer lugar, ustedes se han dejado capturar por un populismo radical. Eso se lo dijimos en el debate en Comisión. Reconocemos que la base social del Partido Popular es moderada, pero el tridente orgánico que hoy la dirige se siente profundamente halagado por esa pléyade de congéneres extremistas que tanto abundan en la sociedad española, gentes conocidas por su sistemático asalto a la razón de democrática, gentes que con fruición viven del vilipendio de quienes estamos en la política. Ese colectivo de congéneres ha escogido como adversario predilecto de su acción a los partidos políticos, a los de cualquier color y de cualquier lugar. Como consecuencia de ese hecho, todo su afán ha consistido en limitar, en perjudicar, en reducir el protagonismo de los partidos políticos. La vida tiene a veces paradojas extrañas. Los custodios de la virtud en su análisis político, queriendo perjudicar a todos los partidos políticos, a quien de verdad han hecho perder ha sido al Partido Popular, que está dilapidando en este momento el activo que tenía la derecha política española desde 1977, luchando con el resto de las fuerzas políticas de esta sociedad por lograr una identidad democrática.


Nosotros tenemos una percepción, y es que ustedes decidieron abandonar en lugar de tratar de resolver el problema de la financiación de los partidos políticos. Eso se nota incluso en las enmiendas que han presentado, enmiendas que me van a permitir que les diga, en la tranquilidad y en el sosiego que en este momento tiene el hemiciclo, que eran negativas y perezosas y que lo único que hacían era acarrear, amontonar argumentos sin ser capaces de dotarse de una razón suficiente -por decirlo en términos kantianos- y, como consecuencia de ello, proponer un conjunto de prohibiciones a los partidos políticos. Ahí chocaron con nosotros, porque nosotros somos gentes poco partidarias de prohibir. Queremos prohibir poco y, en cambio, queremos saber mucho.
Nosotros no queremos prohibir que los partidos políticos hagan determinadas cosas, queremos saber qué es lo que hacen. Aquí ha aparecido lo contrario: ustedes prefieren prohibir antes que saber, y esa refracción al conocimiento ha abierto una confrontación entre la mayor parte de la Cámara y el Grupo Popular. Voy a poner un ejemplo. Señor Del Burgo, el dinero es como el agua y siempre encuentra un camino, porque es un líquido, es un fluido. En el caso de las fundaciones, que es el leitmotiv de esta cuestión, vinculadas a los partidos políticos se producía un fenómeno hidrológico que era que desde el mundo del dinero iban recursos a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos y esos recursos que iban a las fundaciones después se trasvasaban a los partidos sin ningún tipo de control, eludiendo la fiscalización, la transparencia y el control parlamentario. En este tema no podían encontrar nuestro apoyo ni nuestro voto favorable; ese ha sido el elemento final, la última razón, en el último momento. No voy a ser más indiscreto, pero todos sabemos cómo se ha generado esa actitud del Grupo Popular, que nos ha llevado a una situación en virtud de la cual ustedes no quieren que el Tribunal de Cuentas controle las aportaciones privadas a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos. Yo no voy a utilizar fuego graneado porque no me gusta utilizarlo, pero hay algo de hipocresía en su planteamiento. Esto es lo que denominan los institucionalistas un problema de conducta. Sinceramente, ustedes deberían aclararle al conjunto de las formaciones políticas españolas y al conjunto de los españoles qué razones tienen para que se mantengan celosías en el mundo de la política al margen de la transparencia; qué razones, qué ventajas tiene, para algunos o para ustedes, el sistema político español para que se mantenga el secreto de algunas actuaciones.


Por lo demás, señor presidente -termino-, como tantas veces han dicho otros portavoces, esta es una ley para la política, para que los partidos políticos puedan realizar mejor las funciones que la Constitución española les tenía atribuidas. Esta es una ley que establece -lo han dicho los señores Cerdà, Xuclà, Esteban y Llamazares- un sistema mixto de financiación pública y de financiación privada, que es esencialmente distinto del sistema que había en la vieja Ley de 1987. ¿Por qué? Porque en la vieja Ley de 1987 habiendo financiación privada, era fundamentalmente financiación de la cual se desconocían sus donantes.
Aquí hay un criterio fundamental, la bóveda del cierre del sistema que hemos establecido es el de la transparencia. Ya no va a haber opacidad, nadie estará protegido por la opacidad, ya no será necesario el silencio.
Ahora es el momento en el que nosotros debemos decir a los ciudadanos, lo que ellos llevan esperando tanto tiempo que diga el Parlamento en un determinado momento: que todos sus recursos son conocidos, que todos esos recursos se aplican a finalidades honestas, que quedan suprimidos cualquier ámbito y cualquier territorio de tentación y que, como consecuencia de ello, han surgido nuevas reglas que van a servir para tener partidos mejores y más transparentes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


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PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día: proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Para ejercer el turno a favor de la enmienda presentada tiene la palabra durante diez minutos, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario en relación con el proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte presentó un total de 12 enmiendas, que perseguían la finalidad de otorgar más garantías al objeto de la ley, mejorar determinados aspectos conceptuales y, por otro lado, salvaguardar las competencias autonómicas.
En la fase de ponencia se incorporaron tres enmiendas: la 3, la 7 y la 9; las dos primeras afectan a los artículos 16 f) y 21 y pretenden conseguir una mayor garantía para evitar cualquier tipo de violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte y la otra, de tipo conceptual, ha sido presentada a la disposición final segunda segunda. Respecto a las enmiendas transaccionales, se aceptaron las números 1, 2, 4, 8, 12, 13 y 14 que afectaban principalmente al artículo 1, en el que se recoge la descripción y la definición de racismo y discriminación racial directa e indirecta; al artículo 9, al que se le añade un nuevo apartado orientado a prohibir el apoyo, cobertura, dotación de infraestructura o cualquier tipo de recursos a grupos que no estén inscritos en el libro de registro; al artículo 16 para la creación de la figura del defensor del deportista; y, por último, al artículo 35.b) relativo a las infracciones graves. No hemos aceptado la transacción que en aquel momento se propuso a nuestra enmienda número 15, por tanto queda viva, puesto que era necesario...
(Rumores.)

Perdón, pero entre que tengo poca voz y...


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tiene razón, señora diputada.
Por favor, ruego al grupo de diputados que está en la zona central resolviendo temas importantísimos que deje de hacerlo o lo haga en otra parte.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Como decía, puesto que era necesario e importante introducir una cláusula general de salvaguarda, por ejemplo, a través de una disposición adicional. Finalmente, al no ser así, hemos mantenido viva esta enmienda, lo que va a dar lugar a que nuestro grupo se abstenga en la votación de esta ley.


Señorías, queremos dejar constancia de que es una buena ley porque contiene aspectos positivos, a los que nosotros hemos contribuido, por ejemplo dota de instrumentos y medidas dirigidos a la erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; fomenta realmente el juego limpio en una sociedad pluralista y democrática y -lo más necesario- intenta eliminar el racismo, la discriminación racial en toda su amplitud. A pesar de que decimos que realmente es positiva esta ley y de que también nosotros hemos mejorado, lamentamos que, una vez conocido en profundidad el contenido del dictamen, que incorporó otras enmiendas que hemos podido estudiar realmente en profundidad y leídos los informes de asesoramiento en cuanto a los aspectos competenciales de esta ley, mi grupo no tenga más remedio que abstenerse por los siguientes argumentos. De todo, lo primero que destacamos son cuatro aspectos del reciente Estatuto catalán que quedan invadidos o, como mínimo, resentidos por el proyecto de ley: el artículo 134.1 relativo a la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de deporte, que incluye textualmente la regulación en materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos respetando las facultades reservadas al Estado en materia de seguridad pública; el artículo 141.3 relativo a la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de espectáculos y actividades recreativas, incluyendo la ordenación del sector y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos; el artículo 164 relativo a la competencia ejecutiva en seguridad pública con remisión a la legislación estatal; y el artículo 174 relativo a la competencia exclusiva sobre vídeovigilancia y control de sonido y registro en espacios públicos. También es oportuno recordar en este punto que la Generalitat promovió en su día un conflicto positivo de competencia contra el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo. No puedo extenderme en los ejes principales en que se sustentaba el conflicto, pero puedo resaltar que ya en la sentencia de fecha 1 de junio de 2000 el Tribunal Constitucional aceptó la tesis defendida por la Generalitat y concluyó que la Generalitat ya disponía de un título específico desde donde dictar las normas de seguridad material, espectáculos y también era competente para prestar servicios de seguridad pública en aquellos espectáculos porque ya disponía de su propio cuerpo de Policía. Señorías, si alguna cosa ha cambiado desde aquel momento al actual ha sido precisamente la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía que ha ampliado y aclarado esas competencias, como ya he comentado antes. Entendemos que el Estado es competente, en virtud de la Ley 10/1990, para regular el deporte estatal y la seguridad pública, atendiendo al artículo 149.1.29ª de la Constitución española. Resumiendo, creemos que el Estado puede regular el deporte de ámbito estatal y la seguridad pública del deporte autonómico, pero las competencias exclusivas nuevas por parte de la Generalitat, principalmente la relativa a la prevención y al control de violencia en

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espectáculos deportivos y los requisitos funcionales de una nueva policía que asuma tareas ejecutivas y que está implantándose progresivamente en todo el territorio, deberían haber sido mejor valoradas e introducidas a la hora de redactar este proyecto de ley.


El proyecto de ley no delimita con la nitidez suficiente qué preceptos tienen su justificación en seguridad pública, dónde tiene competencia el Estado y, en cuanto al deporte, en cuáles tiene competencia exclusiva la Generalitat. Así, al no incorporar una cláusula general de suficiente salvaguarda de competencias, determinados artículos dan pie a aperturas, es decir, no delimitan ni son lo suficientemente garantistas. Esto pasa en algunos de los artículos, por ejemplo en el artículo 1, cuyo último inciso abre la puerta a la invasión de competencias en lo referente a la Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que no compartimos en absoluto; el artículo 11, a pesar de concretar el ámbito estatal, entra en contradicción con el artículo 3, que extiende la medida a otras competencias deportivas; en el artículo 12 se habilita al delegado del Gobierno para imponer medidas especiales en competiciones o encuentros específicos y en la disposición adicional séptima no se hace referencia a la competencia autonómica sobre videovigilancia.


Lamentamos profundamente haber llegado a esta situación, que hemos intentado consensuar hasta el último momento con una transaccional a la enmienda número 132, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), a la número 174, de Esquerra Republicana y en nuestro caso hubiera sido a la número 15, pero no nos sentimos suficientemente representados. En todo caso, debido a esta transaccional, no vamos a votar en contra de la ley y nos vamos a abstener. Reconocemos que esta transaccional mejora en parte todos estos problemas que acabo de reseñar y eso hace que nos abstengamos. Nos vamos a abstener con la esperanza de que en su paso por el Senado se mejoren estos aspectos que ahora he mencionado y que a su vuelta podamos votar a favor de este proyecto de ley. En caso de que no sea así y de que en su paso por el Senado no se mejoren estos aspectos o que incluso llegue la ley en peores condiciones, nosotros votaremos en contra de la misma. En estos momentos lo que vamos a hacer, ya que no hemos llegado a acuerdos suficientemente garantistas desde nuestro punto de vista, es abstenernos. Quiero manifestar que la ley ha mejorado en cuanto a la prevención de la xenofobia y de la violencia en el deporte, pero es una ley que una vez más pasa por el Congreso sin la garantía suficiente, sin tener en cuenta los cambios estatutarios que se han ido produciendo no solamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino también en otras comunidades autónomas. Eso nos preocupa enormemente, pues nos deja en una situación en la que no podemos dar nuestro apoyo a esta ley y, por tanto, nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.


Para ejercer su turno a favor de las enmiendas presentadas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


La verdad, señora ministra, es que estoy decepcionado en esta materia porque, ciertamente, desde nuestro grupo hemos llegado con su ministerio a acuerdos importantes y hemos tenido coincidencias básicas en educación gracias al impulso político que le dio a raíz de su llegada al mismo, pero no estamos teniendo tanto éxito en el ámbito deportivo. Nos estamos encontrando con una fiebre legisladora del ministerio en lo referido al deporte muchas veces con una base de título competencial muy endeble y que, inevitablemente, una y otra vez está incidiendo en el ámbito competencial de las comunidades autónomas.


El título de la ley es ya lo suficientemente complicado como para oponerse a él porque si uno lee Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo primero que puede pensar cualquier observador mal informado es que quienes voten en contra de esto están a favor del racismo, la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Evidentemente, no lo estamos, pero tampoco podemos dar nuestro visto bueno al texto de la ley tal y como se nos presenta en el proyecto y después de las modificaciones que ha habido. También podría pensarse que hasta ahora no se ha estado haciendo nada en aquellas administraciones con competencias en el deporte para luchar contra la violencia, contra el racismo y contra la xenofobia y, sin embargo, sí se ha estado haciendo. Hay legislación de algunas comunidades autónomas e incluso se han creado comités contra la violencia en el deporte en algunas comunidades autónomas que llevan un tiempo funcionando y que tienen una experiencia. Por lo tanto, las administraciones autonómicas han estado capacitadas y lo están, han trabajado ya sobre este tema y son, creo yo, las que tienen la competencia en primera instancia. Lo resume todo una de nuestras enmiendas que propone un nuevo párrafo a la disposición adicional primera para que la ley fuera de aplicación solo en defecto de regulación por las comunidades autónomas con competencia en la materia, porque es evidente que hay algunas -caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco- que ya han regulado sobre esto.


Evidentemente, estamos a favor de fomentar el juego limpio, mantener la seguridad ciudadana y hay cosas que hacer por parte de la Administración, pero sorprende que, a la hora de defender un título competencial para redactar esta ley, el proyecto no sea capaz de formularlo, porque la disposición final primera dice que se dicta la presente ley al amparo de los títulos competenciales que corresponden al Estado en relación con la organización del deporte federado estatal en su conjunto y , asimismo, al

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artículo 149.1.29ª, que es seguridad ciudadana con respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Si hay títulos competenciales que correspondan al Estado en relación con la organización del deporte federado estatal en su conjunto, dígasenos cuáles son, especifíquense y escríbanse en la ley. Lo hubieran hecho si los hubieran tenido, pero es que lo nos tienen. Están construyendo todo un edificio jurídico en cuanto al deporte en España sin el soporte necesario de la base constitucional y del desarrollo legislativo que ha habido hasta ahora. Lo están construyendo ahora forzando normas ya aprobadas y malinterpretando el reparto competencial. Además, cuando se transfiere el deporte, se transfiere todo. No solo entra en medidas contra la violencia, el racismo o la xenofobia; no, el artículo 16 contiene medidas de fomento de convivencia e integración en el deporte que se supone que han sido siempre de las comunidades autónomas y con un punto que deja abierto y que dice: Todas aquellas que fomenten los valores formativos del deporte.
De manera que es una espita abierta a la intervención del Estado en asuntos reservados clarísimamente a las comunidades autónomas, incluso creando una figura del defensor del deportista, que evidentemente seguro que no se va a limitar en sus actuaciones al deporte federado de ámbito estatal.


No estamos en presencia en este caso, y en otros más que aparecen en la ley, de una previsión conectada a la materia de seguridad ciudadana, sino a la materia deportiva que corresponde regular a las comunidades autónomas. Nos encontramos con artículos como, por ejemplo, el 12.1 de la ley por el que efectivamente se modifica quién es el que puede instar a realizar, ordenar o tomar medidas especiales en competiciones o encuentros específicos y ahora se habla de autoridad gobernativa. Se ha modificado ese artículo 12.1, pero nos vamos a la disposición adicional séptima y nos vamos a encontrar con que se sigue hablando del delegado del Gobierno, cuando en unas comunidades autónomas estas medidas no corresponden al delegado del Gobierno, sí en otras, pero no en algunas.
¿Por qué no se deja el término de autoridad gobernativa en todo el texto? Por cierto, que si se va a introducir, como parece que se va a hacer, la enmienda número 126, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de nuevo va a hacer mención, ahora ya sí directamente en el artículo 12.1, al delegado del Gobierno. Para nosotros es otro ejemplo claro de ruptura en el ámbito competencial de las comunidades autónomas que tienen competencias específicas en materia de seguridad ciudadana.


Tanto en el preámbulo como en el artículo 2.2.d) y el 3.2.d) se habla de los valores constitucionales. Por ejemplo, en el artículo 2.2.d), ¿cuáles serán los actos racistas y xenófobos? Hace un listado y dice que son la exhibición de pancartas, banderas, símbolos y señales con mensajes intimidatorios con origen racial o étnico, etcétera, pero se concluye diciendo: o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución. Si hubiera acabado en derechos y libertades proclamados en la Constitución nos hubiera parecido correcto.
¿Cuáles son los valores proclamados en la Constitución? Porque si se hubiera dicho valores superiores quizá podría haber estado acotado el término. Por tanto, Derechos y libertades, Título I, y valores superiores, artículo 1.1 de la Constitución. Sin embargo, en cuanto a los valores de la Constitución, estamos acostumbrados en estos últimos años a oír determinados discursos sobre valores constitucionales en sentido genérico, no valores superiores o derechos o libertades que es lo que dice que la Constitución dice, sino valores constitucionales. ¿Entraría también el artículo 1.2 de la Constitución? ¿Qué tiene que primar? ¿Ese artículo 1.2? ¿La libertad ideológica? Cuidado que con respecto a quién tome las decisiones puede interpretar este artículo de una manera o de otra y nosotros entendemos que habría que haber sido cuidadoso en ese punto porque puede haber manifestaciones públicas en eventos deportivos que no supongan actitudes racistas ni xenófobas, sino que simplemente sean expresión de una ideología o una idea. Estas, tal y como está la redacción, insisto, tanto del preámbulo como de los artículos 2 y 3, podrían, atendiendo a determinadas interpretaciones, ser reprimidas.


En cuanto a la comisión estatal, no sé si se debe a un error en la redacción, simplemente lo digo porque, tal y como ha sido publicado, parece que el 20 b) 2º está repetido o al menos en parte y, si no, parece que son contradictorios -habría que darle una vuelta-, cuando se refiere a la elaboración de informe o participación en la formulación de políticas generales por parte de la comisión estatal y de informar preceptivamente las disposiciones de las comunidades autónomas. La redacción es excesiva y esa obligación de ser informada por la comisión estatal la legislación de las comunidades autónomas no es correcta.
Quiero llamarles la atención porque hay dos puntos 2º en ese artículo 20.


No se sabe, porque se hará por desarrollo reglamentario -veo que el tiempo va corriendo y el señor vicepresidente parece que tampoco se entera mucho-, la composición de la comisión. En un ámbito en el que las competencias en el deporte son tan amplias por parte de las comunidades autónomas, al menos la representación debería ser paritaria en ese órgano estatal. Además, algunas de las competencias, como la declaración de alto riesgo de un evento deportivo que corresponde según la ley a la comisión estatal, deberían corresponder a las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad.


Tenemos una discrepancia muy importante en cuanto a los títulos II, III y IV de la ley, y sobre todo respecto al III, que se refiere al régimen disciplinario deportivo, que es competencia de las comunidades autónomas.
Nosotros teníamos una enmienda que lo justificaba completamente. El régimen disciplinario deportivo es uno de los elementos que configuran el deporte como competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En la medida en que esas conductas se quieren reprimir,

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se han de producir en el ámbito estricto de la práctica deportiva, su regulación y aplicación efectiva, resulta también competencia de las comunidades autónomas en el ámbito deportivo el régimen disciplinario que se va a aplicar a los deportistas. En cuanto al régimen sancionador general para espectadores, que aparece en el título II, no se dice en ningún momento que sea sin perjuicio de la normativa autonómica sobre deporte y espectáculos públicos, porque hay un régimen sancionador que existe ya en el ámbito autonómico que debe ser respetado.


El ámbito objetivo de la ley, tal y como ha quedado finalmente el artículo 12, es demasiado amplio. Nosotros proponíamos una enmienda en la que debía acabar el párrafo únicamente con la mención a la Ley del Deporte.
Sin embargo, se han incluido otros supuestos que también pudieran entrar.
A nosotros nos parece que ese ámbito objetivo, que en el inicio del proyecto ni siquiera estaba definido, ahora, cuando se ha hecho a través de una enmienda, la número 69 del Grupo Socialista, es demasiado amplio.


Voy a concluir, porque se me ha acabado al tiempo, aunque el presidente no me ha requerido por el momento.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Lo estoy haciendo ahora.


El señor ESTEBAN BRAVO: Todavía tendría algunas cosas más que decir respecto al Registro central de sanciones pero, en cualquier caso, me gustaría añadir una última cosa, señor presidente, y es respecto a unas enmiendas y a la disposición adicional quinta.


Hay unas enmiendas que nuestro grupo plantea como modificación de la Ley del Deporte y que hacen referencia a una reivindicación que hacemos cada vez que se plantea una materia relacionada con el deporte. Se trata de la voluntariedad de la integración de las federaciones autonómicas en las federaciones españolas y, como consecuencia, la posible existencia de selecciones de comunidades autónomas que puedan competir a nivel internacional de manera oficial. Eso está ahí y está unida también a la disposición adicional quinta, porque en ella se modifica el artículo 32.2, y lo que conlleva es la obligatoriedad, a través de los presidentes de las federaciones autonómicas, de integración dentro de las federaciones españolas. Tal y como queda, es obligatorio y, por tanto, también manifestamos nuestro rechazo a este punto. Habría algunos puntos más en los que entrar, pero ya he rebasado el tiempo considerablemente, por lo que solo quiero señalar que, como pueden ver, nuestro apoyo a la ley es imposible. Eso sí, también indico que no compartimos que el ámbito de la seguridad ciudadana -como se ha manifestado o así he creído entender a la representante de Izquierda Unida- en competencias de nivel autonómico deba ser regulado por el Estado. No estamos de acuerdo en absoluto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.


Para un turno a favor, por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, debo confesar que llegamos a este último trámite un poco fatigados, porque aun cuando es cierto que quizá por la buena predisposición de los diputados socialistas -el señor Benzal y la señora Gómez- y también por la predisposición del resto de los grupos parlamentarios, hemos hecho un buen recorrido, uno se pregunta si hacía falta tanto trabajo para llegar adonde deberíamos haber estado en los inicios del proceso.


El proyecto de ley que salió del Consejo de Ministros de entrada obviaba una lectura atenta del Estatuto vigente, y me refiero al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero es también extensible a otros estatutos de autonomía. Esto dio lugar a la presentación de una enmienda a la totalidad de mi grupo parlamentario, motivo por el que tuvo lugar aquí un debate profundo, también en Comisión, y ahora nos ahorraremos volver a repetir cuál fue el argumentario. Entonces nos sorprendíamos de cómo éramos capaces de entendernos en leyes que tenían un mayor calado, lo que no significa que quiera desmerecer este proyecto de ley, y cómo incluso en sus argumentaciones constitucionales se acogían a capítulos y a artículos en relación con los cuales teníamos poco que reivindicar desde el punto de vista competencial. En cambio, en este proyecto ley, donde las competencias exclusivas de las comunidades autónomas están mucho más delimitadas, nos encontramos con este gran escollo porque, repito, salía del Consejo de Ministros con muchos déficits.


Dicho esto, porque todo queda abierto a que cualquier gobierno autonómico pueda entender que hay que llevar la ley al Tribunal Constitucional, una vez que esta Cámara rechazó la enmienda a la totalidad, entramos en el proceso de presentación de enmiendas. Mi grupo presentó nada menos que 43, de las cuales debo decir que 18 han merecido ya un sí por parte del Grupo Socialista, lo cual es de reconocer. Incluso algunas de nuestras enmiendas que fueron aceptadas introducían elementos no contemplados en la ley, lo que, si me permiten que lo diga, no deja de ser motivo de satisfacción para mi grupo parlamentario. Por ejemplo, una innovadora, la disposición adicional nueva -así queda recogido en el dictamen-, que mandata que en el plazo de un año el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales los proyectos de ley o las modificaciones de las ya existentes para que de una manera definitiva quede reflejada la responsabilidad civil en el ámbito del deporte, en el ámbito de los espectáculos deportivos y en todo el mundo que se desprende de una actividad que genera grandes beneficios económicos y grandes inversiones de capital y que está expuesta a una casuística extraordinaria. Me refiero a todo aquello que queda englobado en

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el mundo de los seguros, en el mundo del aseguramiento de los espectáculos deportivos y de la misma actividad de los deportistas. Es un ámbito muy novedoso y hoy día nadie puede negar que en el deporte del que hablamos, el deporte profesional y de ámbito estatal, es decir, aquel que es susceptible de interés por los grandes medios de comunicación y los grandes contratos publicitarios, todo lo que afecta a la violencia tiene mucho que ver con el negocio y el negocio con la violencia. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) De ahí nuestro interés en introducir en la exposición de motivos una enmienda -también aceptada- de reflexión sobre el deporte y la violencia, porque no seamos hipócritas y reconozcamos -lo hace la exposición de motivos- que sin violencia no habría espectáculo. En todo caso, esto forma parte de la filosofía y la exposición de motivos hace muy bien en introducir estos términos. En definitiva, que se acepte un buen número de enmiendas de entrada hace que nos sintamos satisfechos.


Hace unos días en la Comisión nosotros saludábamos la existencia de un invento que nosotros hemos bautizado como la cláusula Sevilla. El señor ministro de Administraciones Públicas, por su buen interés y su buen hacer, pero también porque necesitaba los votos de Esquerra Republicana -todo hay que decirlo-, tuvo a bien aceptar una disposición final segunda en el trámite parlamentario que nos llevó a aprobar el Estatuto del empleado público en la que quedaba salvaguardada la competencia de la Generalitat de Catalunya y, por extensión, del resto de comunidades autónomas. Nosotros, a partir de ahora, intentaremos universalizar la cláusula Sevilla, con lo cual, además de pasar a la historia como un buen ministro de Administraciones Públicas, lo hará como el inventor de una cláusula que como mínimo permite frenar según qué invasiones competenciales.


¿Qué hemos hecho? Inspirados en la cláusula Sevilla, que pactamos con el ministro, Esquerra Republicana presentó dos enmiendas de salvaguarda: una dura y otra para que ustedes entraran al trapo -si me permite la expresión-. La dura, evidentemente, ya sabíamos que no la iban a aceptar -quizá algún día será posible-, dice: Esta ley no es de aplicación en Cataluña en la medida que... Ya sabíamos que esto hoy por hoy es un brindis al sol. Sin embargo, la enmienda número 174 pretende blindar las competencias autonómicas en cuanto a los temas relacionados con el motivo y objeto de la ley. Debo decir que incluso hemos mejorado nuestra enmienda 174, lo cual también es de agradecer en lo que podamos los unos a los otros. Voy a leerla porque creo que vale la pena, ya que en el fondo se trata de celebrar que hayamos llegado a este acuerdo. Dice así: En todo caso, la vigente ley será de aplicación respetando las competencias que las comunidades autónomas puedan tener en el ámbito del deporte y, específicamente, sobre la regulación en materia de prevención de la violencia en los espectáculos públicos deportivos. A su vez, la aplicación de las medidas de seguridad previstas en la presente ley se ejecutará respetando las competencias en materia de seguridad pública -esto es muy importante- conferidas a las comunidades autónomas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir, durante el trámite parlamentario, en el intervalo que va desde la discusión en la Comisión, cuando dijeron que no era posible, hasta hoy, no solamente se acepta, sino que se mejora la enmienda número 174, con el texto que ayer hicimos llegar al Grupo Socialista y que esta mañana nos han confirmado que están de acuerdo, con lo cual miel sobre hojuelas. Prueba superada.


Ahora bien, tenemos todavía algún agujero negro. Por ejemplo, en cuanto a la enmienda transaccional a su enmienda 69, referida al artículo 1.2, y que correspondería a la número 142 de Esquerra, sinceramente, no estamos de acuerdo con ella y les emplazamos a que en el trámite del Senado sean capaces de mejorarlo. Se trata de regular las competiciones de carácter profesional y de ámbito estatal, y ustedes han añadido también aquellas otras competiciones organizadas por las federaciones deportivas. Es cierto que cualquier actividad organizada por una federación acaba teniendo la característica de oficial, pero luego han añadido una coletilla que es infumable. Todavía queda camino para trabajar en la redacción del punto 1.2, en tanto en cuanto aquí todavía queda algo con lo que no estamos de acuerdo.


Finalmente, y termino, señora presidenta, en el artículo 2, apartado 2, letras c) y d) nosotros mantenemos una posición radicalmente contraria; se corresponden también a dos enmiendas de Esquerra Republicana, la 150 y la 151, y no tiene ningún sentido que aquí apelemos a la Constitución.
Creo que introducir aquí la Constitución distorsiona el proceso. Nosotros estamos completamente de acuerdo con el objetivo de la ley. Compartimos los valores, por supuesto, pero no entendemos que se tengan que introducir de esta manera. Estaríamos de acuerdo en decir que compartimos los principios fundamentales, los principios de libertades consagrados por la Constitución española, por supuesto, porque estamos hablando de las libertades democráticas. Ahora bien, hablar de valores ya es otra cuestión, porque nosotros -y es honrado decirlo- siempre hemos acatado la Constitución, aun cuando usted sabe perfectamente que acatarla no significa legitimarla, aunque compartimos los principios fundamentales que contiene la Constitución. Hablar de esto es incluso absurdo y un atentado a la inteligencia. Ustedes ya saben de qué hablo. A esto hay que darle una vuelta porque, si no, podemos distorsionar el contenido.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: En definitiva, nosotros mantenemos un conjunto de enmiendas vivas para el Senado. Creo que mejoraremos la ley y en principio no nos oponemos al dictamen de esta ley.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardà.


Continuamos, señorías, en el turno de defensa de las enmiendas. El señor Maldonado será el siguiente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, comparezco en nombre de Convergència i Unió y como portavoz de deportes del Grupo Parlamentario Catalán para anunciar el voto de mi grupo ante esta ley. Comparezco ante una ley que, por desgracia, es necesaria, y comparezco, aprovechando el título de una canción de Alejandro Sanz que hizo furor entre los jóvenes en su día, con el corazón partío. Puestos a hacer símiles, diría aún más, que comparezco con mal cuerpo, porque el corazón me pide un no, la cabeza me pide un sí y por ello me encuentro ante una diatriba. El corazón me pide un no porque esta es una ley que invadía -y digo invadía- claramente las competencias autonómicas catalanas en materia deportiva, de seguridad, etcétera. Ya en su día no dimos apoyo a la enmienda a la totalidad porque visualizamos una voluntad del Gobierno de que esta ley tuviera un cambio de tono y una mejora susceptible de ser apoyada o al menos no rechazada. La cabeza me pide un sí porque hay que erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y un partido con sentido común, con seny, debe hacer los máximos esfuerzos posibles para apoyar una ley o al menos no oponerse. Ante esta diatriba, Convergència i Unió hace un esfuerzo, racionaliza su sentido político y se pregunta: ¿qué es mejor: votar en contra de una muy mala ley o aportar, enmendar, transaccionar, apedazar -no se si es correcta la palabra- una ley para intentar que sea mejor y más correcta desde el punto de vista autonómico, político, etcétera? El sentido común nos ha hecho hacer esta valoración, aplicar este raciocinio a pesar de que en los momentos electorales actuales habría tenido más respuesta electoral una actitud en contra radicalizada, politizada, partidista, pero nuestro grupo cree que este no es el sitio para venir a radicalizar y politizar, sino que hay que ver la política en su contexto general, y esta es una ley importante. En este hemiciclo hemos de visualizar qué es lo que queremos para el mundo del deporte, qué queremos que se produzca en los estadios deportivos.


A esta mentalización de Convergencia i Unió para querer una buena ley y no entrar en otros aspectos políticos, de partido, etcétera, hay que añadir un esfuerzo muy importante del Gobierno y del partido que le da apoyo para aceptar enmiendas nuestras y de otros grupos para pactar, transaccionar y consensuar. Un ejemplo de voluntad política de acuerdo es la transacción que se presenta a la enmienda 132, que salvaguarda en parte las competencias catalanas en materia de seguridad. Y como a Convergencia i Unió no le duelen prendas y no se le caen los anillos cuando tiene que dejar constancia de actitudes políticas positivas, queremos agradecer el importante esfuerzo del secretario de Estado para el Deporte, don Jaime Lissavetzky, por su actitud de negociación intensa, hasta última hora, positiva, dialogante, aceptadora de aquellas propuestas enmendantes, también de Convergencia i Unió, que podían mejorar y dar un aspecto más positivo también desde Cataluña. Por tanto, queremos agradecer el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo del partido que apoya al Gobierno, a sus portavoces, en la persona de Jaime Lissavetzky, que ha querido que Convergencia i Unió no se descolgara de esta ley con el no, que nos hubiera sido fácil, que hubiera sido posible, porque muchas de las expresiones del señor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, las corroboramos, nos preocupan, estamos en ellas y por ello pedimos que en el Senado se corrijan los aspectos a los que se refería.
Creemos que el artículo 2, apartado 2, letras c) y d) tiene que ser enmendado en el Senado, y lo pedimos desde aquí, porque si no el voto puede variar. No creemos que los sentimientos y los ideales tengan que ser recogidos en esta ley, máxime cuando se puede entender por sentimiento llevar a una pancarta que diga que Cataluña no es España. Si esto puede ser motivo de tensión y de represión, nosotros no podemos estar en este debate y en este diálogo. Esperamos que por la voluntad política del Gobierno y de su partido estos aspectos sean modificados en el Senado.


Quiero dejar constancia, como decía antes, de que por desgracia esta ley hay que hacerla, pero también es importante no visualizar que es en el deporte donde hay violencia, racismo, xenofobia e intolerancia. No es cierto. La violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia están, por desgracia, en la sociedad en que vivimos y nos encontramos con aspectos de este tipo, pero la sociedad no es mayoritariamente violenta, racista, intolerante ni xenófoba. Son minorías. En el deporte pasa igual.
En un estadio de 100.000 personas que van a ver un partido de fútbol, en uno de baloncesto de 10.000 o en uno de balonmano de 5.000, ni los 100.000 ni los 10.000 ni los 5.000 son racistas, xenófobos o intolerantes, sino que son pequeños grupos de cincuenta, cien o doscientas personas. Por tanto, hay que dejar claro que esta ley es necesaria porque la sociedad presenta esta composición minoritaria formada por algunos elementos que introducen aspectos de radicalismo social, pero el deporte no es violento ni radical ni xenófobo ni intolerante, y esto hay que dejarlo claro. Se trata de minorías que hay que apartar del deporte, incluso habría que apartarlas de la sociedad, ya sea mediante prevención o mediante determinado tratamiento desde el punto de vista social, más allá de lo que comporta una simple ley. Pero no queremos entrar en el debate social sino en el deportivo. Este debate debe dar instrumentos políticos, instrumentos de marco jurídico, y esta ley es un instrumento para luchar hoy contra la violencia, los xenófobos, los racistas, los intolerantes, y ayer contra el dopaje -ley que también se ha aprobado-, porque estamos construyendo una pirámide en la que el deporte tenga

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aquello que se merece, que es un juego limpio desde todos los puntos de vista, aquello de mens sana in corpore sano. Aprovechando esta expresión, quiero hacer un alegato a favor de la mente sana patriótica catalana, del sentimiento de país que tiene Convergència i Unió, y según he hecho llegar a los servicios jurídicos pido la votación separada de la enmienda 133 de Convergència i Unió por la salud mental patriótica que queremos tener en Cataluña, sobre todo como recordatorio. Convergència i Unió no cejará en su particular cruzada de recordar permanentemente que la inmensa mayoría de catalanas y catalanes queremos selecciones nacionales deportivas catalanas. Alguien podrá decir que en esta ley la enmienda 133 no toca, aprovechando expresiones del honorable Jordi Pujol, que a veces decía: hoy no toca. Pues sí, hoy toca porque Convergència i Unió cuando tenga el uso de la palabra en este hemiciclo no desperdiciará nunca la posibilidad de pedir una vez más selecciones deportivas catalanas.
Creemos que la expresión (Pronuncia palabras en catalán.) ha de estar permanentemente en el debate político, y este es un debate político deportivo, de ahí que pidamos votación aparte de esta enmienda que mantenemos viva porque esta es una petición que el pueblo de Cataluña sigue haciendo. Por otra parte, la anestesia de sentimiento patriótico que está impregnando al Gobierno tripartito dos en Cataluña también está alcanzando al máximo nivel a las selecciones nacionales deportivas, llegando al extremo de que el máximo responsable deportivo del tripartito, el vicepresidente del Govern català, no solo baja el listón sino que incluso lo aparta y elimina el debate anunciando los juegos deportivos amistosos de tercera regional, con lo cual hay una clara renuncia a luchar por las selecciones nacionales deportivas catalanas.
Por tanto, Convergència i Unió seguirá reivindicando esta cuestión desde este hemiciclo -sobre todo ahora con la preocupación de que en Cataluña este debate haya quedado anestesiado desde el Govern català- para que Cataluña pueda seguir compitiendo internacionalmente; y digo pueda seguir porque hace poco en Macao estuvo compitiendo hasta que una actuación institucional estatal nos apartó de aquel reconocimiento.


Volviendo a la ley, quiero decir que Convergència i Unió presentó 32 enmiendas relacionadas con tres aspectos: mejoras técnicas -algunas semánticas-, mejoras de incorporación de conceptos -por ejemplo, el antisemitismo, etcétera- y blindaje competencial autonómico en competencias exclusivas. Hay que decir que la mayoría de estas enmiendas han sido aceptadas y/o transaccionadas, de ahí mi agradecimiento inicial por la voluntad del Gobierno de dialogar y de pactar diferentes aspectos, pero nos preocupa -lo ha dicho también el señor Esteban- que el Gobierno socialista, con la presión antiautonómica del PP, esté elaborando permanentemente leyes que laminan poco a poco el techo competencial autonómico de Cataluña, del País Vasco, etcétera.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Maldonado, por favor.


El señor MALDONADO I GILI: Voy a acabando, señora presidenta. Decía que se va laminando poco a poco el techo competencial de Cataluña, de Euskadi, de Galicia, etcétera; techo competencial ganado legalmente a través de los trámites parlamentarios pertinentes. Claro ejemplo es el nuevo Estatut de Catalunya que se aprobó en el Parlamento de Cataluña, que se aprobó aquí, que se aprobó en el Senado, que se refrendó por el pueblo de Cataluña y que aún está en el inicio de su desarrollo e incluso parece que ahora puede estar cuestionado jurídicamente.


En resumen, esta es una ley necesaria, en la que nos abstenemos pero que podríamos votar favorablemente -no digo que no- si no tuviera estos flecos que esperamos que en el Senado queden modificados, como los del artículo 2, apartado 2, letras c) y d), ya que no creemos que la ideología forme parte de los sentimientos que pueden ser reprimidos en un estadio. Esta ley empezó mal pero acaba mejor y aún puede mejorar.
Nosotros pedimos un último esfuerzo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista para poder mejorar la ley y para que este sentimiento de corazón partío entre el no y la abstención sea un sentimiento entre el no y el sí. El sí en el Senado dependerá de estos flecos, que no dejan de ser importantes en el ámbito competencial catalán. Agradezco la labor de los equipos redactores de la ley, agradezco los contactos permanentes con el Grupo Parlamentario Socialista para mejorar las enmiendas y espero que el segundo tramo parlamentario nos permita estar más en el sí que en la abstención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Maldonado.


Señor González Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, es su turno para defender las enmiendas presentadas a este proyecto de ley.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nos trae aquí un texto que ha tenido una larga trayectoria, porque no hay que pensar que ha sido en esta última etapa en la que hemos estado debatiendo internamente -en los propios grupos- y externamente -con el resto de los grupos- un texto que entró en el Congreso de los Diputados como proyecto de ley y que va a salir como ley claramente cambiado cuando termine su debate definitivo. Hay que reconocer que las aportaciones que han hecho los distintos grupos parlamentarios han mejorado sustancialmente el texto inicial no solo en el ámbito de lo técnico -que también-, sino además en el afianzamiento jurídico que, según nuestra opinión, se ha llevado a cabo con nuestras aportaciones.


El Grupo Parlamentario Popular presentó 67 enmiendas a este texto normativo, de las cuales queda

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solamente viva una para este Pleno, la enmienda número 49, que hace referencia a un apartado concreto de la ley y que en este mismo momento anuncio que retiramos. No la someteremos a votación porque entendemos que después de los cambios que se han realizado queda recogido el espíritu de la misma que nosotros deseábamos. Pero sí tengo que decir que estamos satisfechos porque de las 66 enmiendas aproximadamente el 60 por ciento fueron aceptadas tal y como las propuso el Grupo Parlamentario Popular y las otras fueron transaccionadas, buscando, lógicamente, el apoyo no solamente del grupo en el Gobierno, sino también el del resto de los grupos, que es lo que se pretendía con esta negociación que hemos mantenido desde hace meses, porque es una ley que se ha tramitado no en el Congreso sino en los pasillos -como digo yo- durante meses. Esto ha llevado a que al final el texto sea aceptable, que mejore la ley respecto a la violencia, al racismo y a la xenofobia -habrá que incluir la palabra antisemitismo, que ha sido una aportación de Convergència y Unió en esta última etapa de transacción- y a que afiance la situación. Además, después de este trámite, a pesar de lo que han dicho algunos grupos, afianza claramente los valores constitucionales. Para nosotros era fundamental para apoyar este proyecto de ley -es lo que vamos a hacer; vamos a apoyar el dictamen definitivo- afianzar los valores constitucionales. La Constitución es la norma básica sobre la que se desarrollan todas las demás, incluidos los estatutos de autonomía. Nos parece ilógico e irracional que se hable de la Constitución como norma aceptada pero no legitimada y, sin embargo, se utilicen los recursos anticonstitucionales para afianzarse en las posiciones respecto a las denuncias que se hacen al Tribunal Constitucional. Ahí hay un juego un tanto cínico, pero es el juego democrático y como tal lo aceptamos, aunque nos vemos en la obligación de ponerlo encima de la mesa y denunciarlo ante la opinión pública y ante esta Cámara.


Esta es mi cuarta legislatura, y he vivido momentos intensos y momentos apócrifos en debates de leyes, pero he percibido ahora un elemento nuevo, y es que un grupo puede modificar sustancialmente su posición de la Comisión, donde se debaten las enmiendas, al Pleno, donde se debate el conjunto de la ley. Un grupo ha anunciado una abstención que no entendemos porque en la Comisión votó favorablemente el dictamen de la ley. Lo que se consiguió en la Comisión fue mejorar el texto, afianzándolo y aceptando enmiendas. Ha sido un trabajo en conjunto entre los dos grupos mayoritarios, que han pretendido sumar además las posiciones del resto de los grupos. De hecho, ha habido y va a haber en este Pleno transacciones que se van a aprobar porque el Grupo Popular, junto con la oferta que hace el Grupo Socialista y desde las posiciones del Gobierno, entiende que es necesario y que van a mejorar a última hora aquellos aspectos que podían quedar como flecos dentro de esta ley. No entendemos que durante ese tiempo haya habido mejoras y que al final, en dos semanas, sin haber habido ninguna modificación, y si las ha habido ha sido para mejorar precisamente las reivindicaciones y las posiciones que se hacían desde estos grupos, se convoque a un cambio de voto. No lo entendemos. Tendré una anécdota más que contar cuando deje el escaño, cuando mis obligaciones no sean estrictamente las parlamentarias. Contaré cómo los grupos pueden cambiar de posición sin haber habido una modificación clara en este sentido.


Espero que esta ley consiga solucionar una situación que me resultó muy vergonzosa hace poco tiempo. En la final de un campeonato europeo de baloncesto en España un presidente internacional tuvo que llamar la atención a las fuerzas de seguridad de una comunidad autónoma para que retirara pancartas que atentaban contra los valores constitucionales. Que lo tenga que hacer una persona de nacionalidad griega en un partido en el que están jugando equipos españoles y en el que hay personas que supuestamente tienen responsabilidades dentro del ámbito de España nos parece vergonzoso. Esperemos que esta ley venga a poner en su sitio este tipo de situaciones; que no veamos letreros que atenten contra los valores constitucionales con la permisividad de las autoridades que en este caso tendrían que defender esos valores constitucionales de los que emana precisamente toda la legislación global. En este caso somos muy claros: delante de nosotros puede haber una aguja, pero esa aguja no va a impedir que veamos el panorama global. No vamos a ser como otros que solamente ven a través del ojo de la aguja. Pretendemos que todos colaboremos y, sin invasión de competencias, como aquí se ha dicho, sino todo lo contrario, respetando los textos constitucionales y los textos autonómicos -en este caso de comunidades autónomas-, consigamos mejorar la legislación y en líneas generales todo aquello que nos afecta a nosotros y a los ciudadanos en general. Eso solamente se consigue siendo capaces de ver alrededor de la aguja, no a través de su ojo. Respetamos las peticiones que se hacen desde otros grupos. Hemos aceptado algunas posiciones, lo que ha demostrado nuestra flexibilidad. También se está demostrando en este Pleno, como en el Pleno en el que se presentó esta ley, que el Partido Popular no pretende la confrontación sino sumar.
Tanto es así que esta ley va a salir inicialmente con el apoyo del 90 por ciento de los parlamentarios de esta Cámara, lo que significa una inmensa mayoría de españoles. Lo que vemos habitualmente en esta Cámara es que las leyes salen con el 54 ó 58 por ciento de apoyo, lo que supone al fin y al cabo el apoyo del 58 por ciento de españoles. Fíjense si es importante la colaboración del Grupo Popular cuando por parte del Gobierno hay receptividad a la hora de entender que no solo los escaños de la izquierda o los escaños nacionalistas están en posesión de la verdad, sino que nosotros hacemos propuestas sensatas, y no solamente sensatas sino que contribuyen a mejorar sustancialmente textos que entran aquí con un dictamen y salen con otro. Esa

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es nuestra labor: intentar conseguir entre todos que las leyes mejoren.


Nosotros entendemos que no hay invasión en los temas de seguridad. Hay enmiendas transaccionales que se van a aprobar en este Pleno que si había alguna duda, la despejan. Lo que no podemos entender es que, aceptando despejar esas dudas frente a los que inicialmente las mantienen, seamos al final los demás los que aprobemos un texto y los otros, aquellos que reivindican, consigan avanzar y al final voten en contra o se abstengan.
No lo entendemos. No entendemos cómo es posible que trabajando en conjunto y aceptando posiciones que no son netamente del Grupo Popular y del Partido Popular, porque nuestra misión también es aceptar las propuestas de los de enfrente, al final seamos siempre los que defendemos los valores constitucionales los que tengamos menos proporcionalidad en el éxito, si cabe, de aquellas cosas, cuando además las apoyamos y los demás no las apoyan.


No quiero terminar esta intervención sin agradecer profundamente el trabajo realizado por el Grupo Socialista, el realizado por mis compañeros de grupo parlamentario y, fundamentalmente, el realizado por el equipo del Consejo Superior de Deportes, con el secretario de Estado a la cabeza. Hoy sí puedo decir que se ha trabajado en aras del consenso y del talante.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor González.


Finalizamos el turno a favor de las enmiendas con la intervención del Grupo Socialista y en particular de la señora Gómez Santamaría.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Señorías, prácticamente todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que esta es una ley necesaria y oportuna. Estamos de acuerdo en que debemos tomar medidas para que los hechos definidos en general como violentos o intolerantes no formen parte del espectáculo deportivo. Esto queda claramente definido en las primeras líneas del preámbulo, donde se dice que existe una radical incompatibilidad entre deporte y violencia, incluidas la verbal y aquella otra más sutil fundamentada en la trampa, el engaño o el desprecio al juego limpio. Esta es una ley que, además de necesaria, ha sido calificada en ocasiones a lo largo del trámite parlamentario como progresista o como el mejor texto que existe en el mundo sobre esta materia. Sin duda, las aportaciones de los grupos parlamentarios, a través de las enmiendas aceptadas y las que finalmente se incorporen, la harán mejor aún si cabe. Compartimos la necesidad y la oportunidad, y por tanto el objeto de esta ley, que no es otro que, a través de un conjunto de medidas, erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Los objetivos están claramente definidos en la ley. Fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración en una sociedad democrática y pluralista, así como los valores humanos que se identifican con el deporte. Mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos con ocasión de la celebración de competiciones y espectáculos deportivos.
Establecer, en relación con el deporte federado de ámbito estatal, el régimen disciplinario deportivo aplicable a la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Asimismo, determinar el régimen administrativo sancionador contra actos de violencia, racismo, xenofobia o intolerancia, en todas sus formas, vinculados a la celebración de competiciones y espectáculos deportivos y eliminar el racismo, la discriminación racial y garantizar el principio de igualdad de trato en el deporte. En resumen, señorías, se trata de fomentar el juego limpio, mantener la seguridad ciudadana y establecer un régimen disciplinario deportivo, así como un régimen disciplinario sancionador contra estos actos y garantizar la igualdad de trato en el deporte. En definitiva, de lo que se trata es de ordenar y actualizar en una sola ley toda la normativa existente. Pero esta ley no se limita solamente a recoger y actualizar toda la normativa existente, sino que -como ya dije en el debate de totalidad- contiene elementos novedosos, como son reconocer el carácter educativo del deporte o su importante labor integradora. Junto a estas dos cuestiones tan importantes aparecen otras que también lo son, como la posibilidad de imponer sanciones a la realización de declaraciones públicas que inciten a la violencia o la realización de acciones que fomenten o den soporte a los comportamientos violentos.


Otra novedad a destacar en esta ley es la creación de la Comisión nacional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que sustituirá a la Comisión nacional para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos y que realizará actuaciones dirigidas a la prevención de las actuaciones violentas en los acontecimientos deportivos, además de realizar actuaciones de información, de elaboración de estadísticas y de evaluación de situaciones de riesgo.


Señorías, con esta ley damos un paso más y avanzamos en la línea de los países de nuestro entorno. Organizaciones internacionales como el Comité Olímpico Internacional, la FIFA o la UEFA están muy satisfechas con el interés demostrado por nuestro país en la lucha contra la violencia y la intolerancia. Como ha dicho la señora ministra, a este proyecto de ley se han presentado 176 enmiendas. De esas 176 enmiendas, si sumamos las incorporadas en ponencia, las incorporadas en Comisión y las transaccionadas, nos da un total de 130 enmiendas de todos los grupos parlamentarios recogidas en el dictamen de la Comisión. A estas enmiendas, lógicamente tendremos que incorporar las

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que hoy sean aprobadas. Creo que es una muestra de la voluntad de acercamiento y de consenso por parte de mi grupo parlamentario, una muestra de lo dicho reiteradamente: la voluntad de diálogo para llegar a acuerdos. Por tanto, el proyecto de ley ha sido mejorado con las aportaciones que, a través de enmiendas, se han incorporado, enmiendas que mejoran el texto de forma sustancial, como ocurre con la exposición de motivos, con la definición en el título preliminar de los actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte o con las recogidas en título II en el régimen sancionador.


En el debate de totalidad, las dos enmiendas presentadas lo fueron por una supuesta invasión de competencias no solo en el ámbito estrictamente deportivo, también en materia de espectáculos y en el de la seguridad pública. Decíamos entonces que en ningún caso se producía una extralimitación competencial y que en ningún momento el Gobierno ha tenido la menor intención en la presentación de este proyecto de ley de invadir competencias que estén reguladas en los diferentes estatutos de autonomía. Hoy hemos vuelto a escuchar desde esta tribuna similares argumentos por parte de algunos portavoces para no dar su voto afirmativo a la ley o abstenerse.


Me van a permitir, señorías, que me detenga especialmente en la enmienda presentada por mi grupo parlamentario. Es cierto que era necesario introducir en el proyecto de ley una definición clara, para que no quedasen dudas, del ámbito de aplicación de la ley. En este sentido, la enmienda número 69, transaccionada con numerosas enmiendas de otros grupos parlamentarios, ha permitido introducir con claridad cuál es el ámbito de aplicación, que no es otro que el correspondiente al deporte de ámbito estatal, dando así continuidad al modelo que ya definió la Ley del Deporte de 1990 y que corroboró la sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de junio de 2000. Esta sentencia dilucidó un conflicto de competencias sobre el reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, aprobado por real decreto de 21 de mayo de 1993, de desarrollo de la ley.


Como les decía, una vez más hemos oído hablar desde esta tribuna de la supuesta invasión competencial. Sinceramente creemos que la enmienda presentada por mi grupo, aceptada en Comisión a modo de transacción, disipa todas las posibles dudas. Por otra parte, tanto la redacción de la disposición adicional octava del proyecto de ley como la disposición final primera, que ha sido objeto de transacción, se han hecho teniendo en cuenta los Estatutos de autonomía y la Constitución, y ambas despejan dudas tanto sobre el reparto competencial como sobre el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Por este motivo, existe alguna enmienda que abunda en esta cuestión que no vamos a aceptar por considerarla innecesaria. Entendemos que el ámbito de aplicación está definido claramente y las competencias autonómicas salvaguardadas. Las enmiendas que al final no van a ser incorporadas al texto -por cierto, muy pocas- son enmiendas que no contribuyen a mejorar la redacción ni la claridad del texto, incluso en algún caso no son enmiendas que se correspondan con este proyecto de ley.


Desde mi grupo parlamentario y también desde el Gobierno hemos estado trabajando para que el dictamen de este proyecto de ley salga de la Cámara con el mayor apoyo posible. Todos hemos hecho un gran esfuerzo para acercar posturas: los grupos parlamentarios, el Gobierno y el secretario de Estado, que una vez más nos acompaña en esta Cámara, y el número de enmiendas incorporadas así lo acredita. Todos los portavoces han manifestado cuál va a ser el sentido de su voto. Yo quiero darles las gracias a todos por su trabajo; a mi grupo parlamentario tampoco le duelen prendas en reconocer el trabajo de los grupos parlamentarios y de sus portavoces. Gracias, señor González, por su colaboración y por su disposición al diálogo. Partíamos del apoyo de los dos grupos mayoritarios y hemos ido trabajando y poco a poco ampliando, por voluntad de todos, este apoyo. Quiero resaltar también la importante colaboración del Grupo Catalán (Convergència i Unió), del señor Maldonado, a pesar de que aún tenemos que limar algunas asperezas que quedan. Hay que reconocer que ha trabajado para lograr la coordinación y el respeto de las competencias autonómicas y hacerlo además de conformidad con las competencias del Estado; le reconozco su trabajo y, además, se lo agradezco. También tengo que reconocer al señor Tardà, portavoz de Esquerra Republicana, el arduo trabajo realizado; al final, vamos a poder llegar a un acuerdo, mi grupo lo ha deseado así, y usted lo sabe, desde el primer momento. La enmienda transaccional número 174, a la que usted ya ha hecho referencia y que, como muy bien ha dicho, incluso ha sido mejorada en el texto que ustedes presentaron, refleja ese respeto a las competencias de las comunidades autónomas, tanto en el ámbito del deporte como en el de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. También ocurre así en materia de seguridad pública, respetando siempre lo dispuesto en la normativa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Señora García, yo espero que en el Senado cambie el voto de la abstención por uno positivo.


Señorías, el trámite parlamentario continúa en el Senado. Tenemos una oportunidad más para llegar a un acuerdo y sumar más votos positivos. Ese es el deseo de mi grupo parlamentario, se lo merece el deporte, pero también los violentos se merecen que nos pongamos de acuerdo para erradicar este tipo de actitudes. Ponerse de acuerdo es generar instrumentos que permitan que el deporte transmita a la sociedad los valores del juego limpio, de la solidaridad y del respeto. En este sentido, precisamente esta ley es un buen instrumento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias a usted, señora Gómez.


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Abrimos turno de fijación de posiciones, si así lo desean, en este caso, Grupo Mixto y Coalición Canaria-Nueva Canarias. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Coalición Canaria-Nueva Canarias? (Pausa.) Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias se congratula de los altos grados de consenso que hemos visto en este proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el mundo deportivo. Nos sumamos políticamente a las posiciones favorables de todos los grupos y, por tanto, votaremos a favor del proyecto de ley por entender que es necesario y con la esperanza de que con las enmiendas que puedan introducirse, en su caso, en el Senado y, si vuelve, aquí, y el compromiso de todas las entidades imputadas e implicadas en hacer cumplir los principios de sana política que contiene este proyecto de ley, esto sea una realidad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchísimas gracias.


- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 121/000115.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el orden del día, con el punto 39, referido al proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.


Comenzaremos, señorías, con la presentación del mismo por parte de un miembro del Gobierno, por el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Adelante, señor ministro, cuando quiera.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, permítanme que, en primer lugar, salude a varios de nuestros invitados, representantes de los trabajadores autónomos, miembros de las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos: bienvenidos a este importante debate.


Como saben, el 10 de marzo del año 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, sin ninguna duda fue un día histórico ya que ese Estatuto ha rendido importantísimos beneficios a nuestro modelo social. Hoy, veintisiete años después, también es un día importante. Hoy más de tres millones de trabajadores autónomos van a tener por fin -aprobado por esta Cámara- su propio Estatuto y, de ese modo, garantizados y reconocidos plenamente sus derechos. Todos coincidimos en reconocer que hasta ahora ha existido un importante nivel de desprotección y desatención en los autónomos de nuestro país. Espero que esto ya -estoy seguro- formará parte del pasado. Hoy es el tiempo de los autónomos y de reconocer socialmente su esfuerzo, su trabajo y también su contribución a la creación de empleo, a la creación de riqueza y bienestar social para el conjunto de la sociedad española. Este reconocimiento es cosa de todos porque todos los grupos de esta Cámara han hecho sus aportaciones y el texto que hoy sometemos a consideración viene presidido por la unanimidad. También lo han hecho posible, por supuesto, las organizaciones de los autónomos, con quienes el Gobierno acordó, centímetro a centímetro, con diálogo y consenso, los elementos esenciales de este proyecto de ley. Estos elementos, señorías, han sido mejorados en esta Cámara, por lo que quiero agradecerles ese trabajo y ese esfuerzo.


Y quiero poner de manifiesto lo importante que es el consenso; el consenso político nos ha permitido extender y ampliar aún más el reconocimiento social y los derechos de los trabajadores autónomos. A su paso por esta Cámara, el Estatuto del trabajo autónomo ha mantenido sus señas de identidad, pero además, como les decía, se ha visto mejorado. Los avances que contiene son todos ellos de una trascendencia social enorme, sobresalen, en mi opinión, los que se refieren a la protección social, que será por fin prácticamente la misma que hoy tienen los trabajadores asalariados. Por tanto, los autónomos tendrán baja por enfermedad, prestaciones de Seguridad Social por enfermedad profesional y accidente de trabajo, incluido, por voluntad de esta Cámara -se lo agradezco, señorías-, el que se produce in itínere, en los desplazamientos desde el lugar donde se trabaja hasta el domicilio. Podrán jubilarse, como lo hacen los demás trabajadores, de manera anticipada y podrán tener prestación por desempleo o por cese de actividad cuando, pese a todos los esfuerzos, su negocio vaya mal y cierre. Una y otra, la jubilación anticipada y la prestación por desempleo, se combinarán además para que los autónomos de mayor edad tengan una protección exactamente igual a la que tienen los trabajadores asalariados cuando deben cesar en su puesto de trabajo. Se reconoce su derecho a trabajar también a tiempo parcial -esta es una vieja reivindicación del trabajador autónomo que hoy queda satisfecha- y su derecho a disfrutar de permisos de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. En esto, señorías, el Estatuto del trabajo autónomo sigue la senda de la Ley de Igualdad y hace efectivo el derecho de los autónomos a la conciliación de la vida familiar y profesional. Por tanto, todas las demandas de los trabajadores autónomos en materia de Seguridad Social han sido atendidas.
En un país que apuesta por la igualdad, la solidaridad y la justicia social no podíamos consentir por más tiempo que hubiera diferencias tan grandes en el nivel de bienestar de los trabajadores autónomos en relación con los trabajadores asalariados. Si las necesidades de unos y otros en cuanto a vejez, enfermedad, cuidado de hijos o pérdida de empleo son las mismas, la protección garantizada por nuestro sistema también debe ser la misma

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porque nuestro Estado social es igual para todos. Los derechos que reconoce el Estatuto del trabajo autónomo no acaban aquí. Se reconoce y garantiza su derecho a la igualdad y a no ser discriminados en su actividad profesional por motivo alguno, recordando que en ningún caso la discapacidad o el uso de cualquiera de las lenguas oficiales de nuestro país pueden ser causa de discriminación en el trabajo autónomo. Se reconoce también la protección que merece la vivienda habitual del autónomo, de modo que no podrá ser embargada, dejando al autónomo y a su familia sin un lugar donde vivir, para el pago de sus deudas. También se concede la posibilidad de que los autónomos contraten como trabajadores a sus propios hijos, implicándolos, como a cualquier otro trabajador, en el negocio familiar. La salud y la seguridad en el trabajo del autónomo tienen el mismo valor que la salud y la seguridad de los demás trabajadores y por ello han de tener el mismo nivel de protección. El autónomo, por supuesto, debe velar por la seguridad de los trabajadores que tiene contratados, pero él mismo será también a partir de ahora sujeto con derecho a la protección en este ámbito, recibirá la formación adecuada en prevención de riesgos y podrá negarse a seguir trabajando si cree que su vida, su seguridad o su salud están en peligro. Los autónomos van a tener también por primera vez en la historia voz como colectivo, van a poder organizarse para defender por sí mismos sus intereses profesionales y estar presentes en el Consejo del Trabajo Autónomo y en el Consejo Económico y Social. Participarán, por tanto, en la definición de todas las políticas públicas que les afecten y ante todas las administraciones públicas, dejando su huella en todas ellas. Hay un tipo de trabajador autónomo, señorías, que tiene necesidad de que le protejamos con más intensidad, el trabajador autónomo que depende económicamente de un solo cliente. Ni el Gobierno ni los grupos de esta Cámara hemos inventado esta figura sino que ya existía en nuestra realidad productiva, pero hasta ahora era invisible porque no tenía ninguno o tenía muy pocos derechos. Ahora los van a tener y van a ser muy parecidos a los que tienen los trabajadores asalariados, no porque lo sean, que no lo son, son trabajadores autónomos, sino porque la dependencia económica que tienen respecto del cliente para el que trabajan hace que merezcan una protección reforzada. Tendrán así dieciocho días de vacaciones al año, indemnización en caso de despido y podrán negociar sus condiciones de trabajo, no uno a uno sino colectivamente, usando sus fuerzas. Ahí estarán sus organizaciones y los sindicatos para garantizar que estos trabajadores autónomos alcancen las cuotas de calidad en el empleo y bienestar social que hoy tienen, gracias a la negociación colectiva, los trabajadores asalariados.


Finalmente, señorías, el Estatuto del trabajo autónomo apoyará sin tregua la iniciativa empresarial, el espíritu emprendedor, la creación de empleo. Como país, necesitamos más y mejores emprendedores, capaces de desenvolverse en un mundo cambiante y cada vez más competitivo. El Estatuto del autónomo va a estar junto a ellos, va a asegurar, uno a uno, los nutrientes que necesita la pequeña empresa para nacer, desarrollarse y ser competitiva dentro de la economía y el mercado. El Estatuto del trabajo autónomo mejora con ese fin nuestras políticas de fomento del autoempleo. Jóvenes y mujeres tendrán reducciones y bonificaciones en su cuota de la Seguridad Social que les servirán de apoyo económico para poner en marcha su imaginación y sus proyectos, y también los artesanos y quienes inviertan en tecnologías de la comunicación o busquen nuevos yacimientos de empleo.


Señoras y señores diputados, señores representantes de los autónomos de este país, acabo, no sin antes agradecerles a todos ustedes, al sector, a las organizaciones representantes de autónomos, a los grupos políticos, el esfuerzo de consenso que han hecho para que tengamos un Estatuto del trabajo autónomo a la altura de los tiempos, un estatuto poco frecuente en el ámbito de la Unión Europea; pocos países gozan de este nivel de protección que hoy estamos aquí aprobando. Y aprovecho este último momento para rendir, créanme, un muy sentido homenaje a los más de tres millones de autónomos, y a sus familias, que hoy viven y trabajan en España. Les debíamos mucho y desde hace mucho tiempo y hoy creo que saldamos, con la aprobación del Estatuto del trabajo autónomo, la deuda histórica que teníamos pendiente con ellos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro.


Turnos a favor de enmiendas, señorías. Comenzamos por el Grupo Mixto.
Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para defender las enmiendas que nuestro grupo mantiene vivas al proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. En primer lugar, queremos manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que en el día de hoy se vaya a aprobar una ordenación del trabajo autónomo tantos años reclamada por aquellas personas que trabajan en este sector.


En distintas ocasiones nuestro grupo ha traído a esta Cámara iniciativas relacionadas con reivindicaciones de un sector que, entre otras consideraciones, entendía necesario que se regularan sus derechos en materia de Seguridad Social, como la prestación por enfermedad, de manera semejante al régimen general, asunto que después de largo tiempo y diferentes debates ya ha sido resuelto.


Ahora debatimos un proyecto de ley presentado por el Gobierno que sabemos, como acaba de decir el ministro, que llega al Congreso después de un intenso diálogo y negociación con las organizaciones representativas de las trabajadoras y trabajadores autónomos. Por tanto, somos conscientes de que el proyecto presentado

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es consecuencia de las propuestas elaboradas por los propios interesados, de ahí la satisfacción que manifestábamos al principio. Aun así, nuestro grupo ha presentado un total de 21 enmiendas con el propósito de mejorar el texto en los aspectos que desde nuestro punto de vista era conveniente. En este punto queremos decir que, aunque aparecen una serie de enmiendas vivas de nuestro grupo para el debate en Pleno, tenemos que manifestar exactamente lo mismo que ya dijimos en el debate en Comisión, que algunas de las enmiendas presentadas, las cuales voy a enumerar, las consideramos transaccionadas con otros grupos parlamentarios en la negociación de ponencia y en el debate en Comisión y, por tanto, las entendemos incorporadas al texto que llega al Pleno. Son las enmiendas números 1, 2, 5, 7, 12, 17, 18, 19 y 21, que, apareciendo como vivas, vuelvo a repetir, las consideramos incorporadas al texto por haber sido transaccionadas con los otros grupos. Por otro lado, manifestamos la retirada de la enmienda número 10. Por tanto, mantenemos vivas y solicitaremos la votación correspondiente para las enmiendas números 4, 9, 11, 13, 14, 15 y 20.


Señorías, las nueve enmiendas transaccionadas con otros grupos e incorporadas al texto del proyecto de ley, entendemos que mejoran el texto inicial en aspectos que nos parecen realmente importantes para el sector. Por ejemplo, la incorporación al artículo 26.3 regula la acción protectora, el reconocimiento como accidente de trabajo de diferentes lesiones sufridas como consecuencia u ocasión de la actividad laboral por las personas trabajadoras autónomas dependientes, cuestión que inicialmente no se recogía. En la adición que se hace, en este mismo artículo, en el punto 4 en relación con la acción protectora del régimen público de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, adición transaccionada con los otros grupos que se recogió en ponencia, se dice que la acción protectora tendrá que converger en derechos y prestaciones con los existentes en el régimen general. Igual relevancia tiene para nosotros la incorporación de las dos nuevas disposiciones transitorias, segunda y tercera, en relación con los contratos suscritos por los autónomos dependientes antes de la entrada en vigor de la presente ley, orientadas estas nuevas incorporaciones a garantizar los derechos de los trabajadores autónomos dependientes.


Señorías, pasamos ahora a defender las enmiendas que mantenemos vivas, que están relacionadas fundamentalmente con los artículos 11, 14 y 16 y que regulan aspectos relacionados con los trabajadores autónomos dependientes. Aquí tenemos que decir que, si bien en un primer momento incluso llegamos a pensar en la posibilidad de presentar una enmienda de devolución del proyecto de ley presentado por el Gobierno por cómo se contempla la figura del trabajador autónomo dependiente, una segunda reflexión nos ha hecho considerar que es necesario mantener esta figura ya que, si no es así, dejaríamos en total desamparo a estas personas que ejercen su actividad laboral como autónomas dependientes de la contratación de otras personas. La razón por la que nos planteamos la posibilidad de presentar una enmienda de devolución es que entendemos que la figura del trabajador dependiente autónomo realmente es una perversión de las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y una manifestación más de la precariedad laboral que, a nuestro juicio, sería necesario superar. En este sentido, como dije anteriormente, las enmiendas que mantenemos vivas están relacionadas con los artículos 11, 12, 14 y 16, que regulan los aspectos correspondientes al trabajador autónomo dependiente. Tenemos que decir también, como ya explicamos anteriormente, que algunas de las enmiendas que fueron transaccionadas -entre ellas, las nuestras- estaban relacionadas con la mejora de la condición de estos trabajadores. Vamos a empezar a defender la enmienda número 4, que propone que las negociaciones para llegar a acuerdos relativos a intereses profesionales de los trabajadores autónomos dependientes sean llevadas a cabo por asociaciones que actúen en representación de los mismos, sin que aquellos sean representantes de autónomos que no tengan esta condición de dependientes. Tratamos de evitar que en una mesa de negociación confluyan en ambas partes, los que tienen que ceder y los que tienen que asumir unas mejoras de las condiciones profesionales, las mismas asociaciones y, por tanto, que la misma asociación represente a la empresa y, a la vez, al trabajador dependiente.


La enmienda número 9 pretende eliminar la palabra técnico del apartado d) del punto número 2 del artículo 11. Entendemos que, con carácter general, las indicaciones del empresario para una mejor coordinación pueden ser diversas y no solo en el ámbito técnico.


Mantenemos la enmienda número 11, en relación con la realización de actividad por tiempo superior al pactado, porque, aun siendo esta voluntaria, no debe ser superior a los máximos establecidos por la normativa europea. Lo entendemos así porque es necesario establecer límites, sobre todo teniendo en cuenta la precariedad laboral a la que está sometida la persona trabajadora autónoma dependiente.


La enmienda número 13 propone la adición de un nuevo apartado g) al punto 1 del artículo 16, que regula las interrupciones justificadas de la actividad profesional. Consideramos que, dada la condición de autónomo dependiente, que ha de desarrollar su actividad coordinada y conjuntamente con los trabajadores y trabajadoras de la estructura empresarial de la que depende, es necesario reconocer como interrupción justificada la producida por el ejercicio de acciones colectivas de carácter reivindicativo.


Con nuestra enmienda número 15, al punto 1 del artículo 21, tratamos de identificar la especificidad de las organizaciones representativas de autónomos sin confusión con las asociaciones empresariales o sindicales.
Además, el carácter intersectorial de esta actividad obliga a que estas asociaciones deben ser extensivas a

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todos los sectores de actividad propios del trabajo por cuenta propia.


Asimismo, mantenemos la enmienda número 20 a la disposición adicional segunda, porque si bien reconocemos que con la transacción que se hace en relación con las reducciones a la Seguridad Social se mejora el texto inicial, ampliando los supuestos susceptibles de esa reducción, seguimos considerando necesario que se reconozca la posibilidad de la cotización a la Seguridad Social de acuerdo con las actividades económicas autónomas a tiempo parcial que puedan estar realizando trabajadores en este sector.
De ahí que, aun reconociendo una mejora en este sentido por la ampliación de las situaciones que puedan ser susceptibles de reducción de estas cotizaciones, creamos necesario que asimismo se reconozca el trabajo a tiempo parcial y, por tanto, la correspondiente deducción a la Seguridad Social.


Señorías, vuelvo a manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que hoy aprobemos un proyecto de ley tantos años reivindicado por los trabajadores y trabajadoras autónomos. Esperemos que estemos realizando el trabajo que este sector nos viene reclamando a nosotros, sus representantes, durante tantos años.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández Davila.


Continuamos, señorías, con el siguiente turno de defensa de enmiendas. Es el turno del señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Señorías, quiero anunciar las enmiendas que vamos a mantener vivas para el debate de este proyecto de ley, cuya valoración global haré posteriormente, para que tomen nota los servicios de la Cámara para las votaciones. Solamente vamos a mantener vivas las enmiendas números 41, 44, 45 y 47, retirando las restantes, la 42, 43, 46, 48, 49, 50 y 51, algunas de las cuales serán replanteadas por mi grupo en el Senado. Se trata de enmiendas puramente técnicas y no reivindicativas, son enmiendas aclaratorias referidas al área de prevención en cuestiones de aseguramiento de los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Las enmiendas que mantenemos vivas para este trámite hacen especial referencia al sistema RETA en cuanto al concepto y al ámbito subjetivo.
Se trata de cuestiones de seguridad jurídica para todas las personas que estén dentro de ese colectivo.


En cuanto a la enmienda número 45, relativa a los acuerdos de interés profesional, valoramos positivamente el texto del proyecto que trae el Gobierno, pero creemos que deben hacerse salvedades en cuanto a que no puedan establecerse una serie de requisitos sobre honorarios o cualesquiera de los otros conceptos retributivos, puesto que iría en contra de la Ley de Defensa de la Competencia y en perjuicio del trabajador individual no asalariado que estuviera prestando como trabajador autónomo un servicio a otras empresas o entidades de mayor rango, que sí tendrían a veces una prepotencia para imponer contratos lesivos para el trabajador autónomo.


La enmienda número 47 se refiere a la competencia jurisdiccional. Es importante que quede claramente delimitado, como principio de seguridad jurídica del trabajador autónomo, el órgano jurisdiccional correspondiente para la resolución de cualquier conflicto, ya sea contencioso, civil o mercantil. Nosotros hemos justificado esta enmienda que consideramos muy importante por un principio de seguridad jurídica.
Al trabajador autónomo le tendrán que ayudar las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos al amparo de la Ley de Asociaciones y la jurisprudencia laboral emitida por el Tribunal Supremo a lo largo de los años, para conocer qué fuentes de origen y qué destinos pueden adoptarse bien en la jurisdicción civil, bien en la jurisdicción laboral. Nosotros hemos sido partidarios siempre de que en el régimen profesional debe quedar muy clara la naturaleza civil o mercantil de las relaciones jurídicas establecidas entre el trabajador autónomo y la persona o entidad con la que contrate. El proyecto de ley, en cuanto al régimen de lo que denominamos el Trade, ha dejado de tener cualquier similitud con la normativa de trabajadores por cuenta ajena; por tanto, al ratificarse el contenido mercantil de la regulación de su prestación de servicio, es evidente que sus conflictos encontrarán el mejor acomodo en el orden jurisdiccional civil. Esto no menoscaba que el orden jurisdiccional laboral pueda tener también el área competencial al respecto, pero entendíamos que era necesario darle una preeminencia al orden jurisdiccional civil frente al orden jurisdiccional laboral.


Una vez hecha la presentación de las enmiendas que mantenemos para su votación en este trámite, queremos hacer una valoración genérica de este proyecto de ley del Estatuto del Trabajador Autónomo. La legislación viene muy de atrás, incluso del régimen anterior, dado que los primeros esbozos de una legislación de protección se dan en 1970, cuando hay una toma de contacto a partir del Estatuto de los Trabajadores, cuando se aprueba el Decreto 2530, el 20 de agosto de 1970, y se regula por primera vez el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, como se les denominaba entonces. Creemos que es necesario hacer un avance legislativo -ha sido abundante en estos últimos años- y una de las piezas la ha recordado el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús Caldera, en su intervención hace unos minutos en esta tribuna, cuando ha señalado que una de las piezas fundamentales de este ordenamiento jurídico fue en su día, en el año 1994, el Real Decreto legislativo 1/1994, de texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, verdadera pieza fundamental en la que se asientan las bases de unos derechos que hay que reconocer fundamentalmente. Pero han estado divididas en dos áreas: una, la legislación sobre Seguridad Social y, otra, la prevención

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de riesgos laborales. En este punto quiero hacer un reconocimiento del buen entendimiento, de la buena sintonía que ha habido con los portavoces de los grupos parlamentarios y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del señor Caldera, y quiero señalar el reconocimiento de mi grupo al señor secretario de Estado de la Seguridad Social, don Octavio Granado. Tengo la costumbre parlamentaria desde hace muchos años de juzgar la calidad de muchos proyectos de ley no tanto por su articulado -fundamental, por supuesto- como por su preámbulo o exposición de motivos. La exposición de motivos es imprescindible para que entendamos cuál es el espíritu del legislador y cómo en un Estado de derecho la actividad social debe ocupar un lugar preeminente, no solamente en un genérico entramado del mundo laboral de derechos de trabajadores y empresarios, sino llegar a la parte que significa hoy día en España el trabajador por cuenta propia o autónomos. Hay que tener en cuenta que este proyecto de ley no va a menoscabar las competencias que tienen los colegios profesionales. El trabajador autónomo no es encuadrable ni en la actividad laboral ordinaria ni en la agraria ni en la pesquera o marítima, ni se le puede llevar a un encasillamiento, que no es el estadístico, del que es autónomo por sí mismo con una actividad puramente artesanal, entendiendo un artesano que es un trabajador autónomo y tiene todos los derechos permanentemente reconocidos; pero también es un trabajador autónomo un titulado universitario, o un colegiado que está obligado por ejercer la profesión de médico o de farmacéutico y es considerado un trabajador autónomo en una parte laboral, pero tiene derecho a un colegio profesional. Incluso se introdujo en una enmienda en Comisión que los colegios profesionales no se verán afectados en las competencias y atribuciones que da este estatuto, porque el propio trabajador autónomo podrá formar también sus asociaciones colectivas para esta cuestión. Tengamos en cuenta, como bien recuerda la exposición de motivos de este proyecto de ley, que en este momento hay censados más de 3.300.000 trabajadores en régimen de autónomos, bien sea en el régimen especial agrario, en el genérico o en el de trabajadores del mar. Estamos en presencia, como dice el preámbulo de la ley, de un amplio colectivo que realiza un trabajo profesional arriesgando sus propios recursos económicos y aportando su trabajo personal, que en su mayoría lo hacen sin ayuda de ningún asalariado -dentro de este colectivo de 3.300.000 que he señalado, cerca de 1.700.000 no tiene ningún asalariado-. Se trata, en definitiva, de un colectivo que demanda y exige -y yo creo que hoy le estamos respondiendo desde este Parlamento con todo el sentido de justicia social de nuestro Estado de derecho constitucional en España- un nivel de protección social semejante al que tienen otros trabajadores por cuenta propia. No solamente es seguir en una intensificación, como se hizo en su día, en cuanto a la eliminación del impuesto sobre actividades económicas para los trabajadores autónomos, las medidas de reforma laboral y sobre todo el aspecto de prevención de riesgos laborales. Aquí también tengo que hacer un reconocimiento a la labor que el secretario de Estado de Seguridad Social, señor Granado, viene realizando en cuanto a la prevención de riesgos laborales para poner orden y clarificación en el mundo de las entidades jurídicas que venían prestando los servicios, bien sean la mutuas, contra dinero y presupuesto de la Seguridad Social, bien sean los servicios de prevención ajenos, empresas privadas que tienen dentro de su clientela a miles de trabajadores autónomos en España, que tienen la protección de la prevención de riesgos laborales a través de las nuevas entidades derivadas por la legislación que el Ministerio de Trabajo sacó en real decreto el año pasado y las órdenes ministeriales correspondientes, para llevar adelante este sistema de prevención a todos los efectos. Los derechos que aquí se reconocen como el de la prestación por cese de actividad, las cuestiones relacionadas con el tema de la prevención de riesgos laborales, nos llevan a valorar muy positivamente este proyecto de ley. Creo que es un avance que dignifica a la política social democrática y, por tanto, lo vamos a apoyar favorablemente con nuestro voto positivo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchísimas gracias.


Continuamos con el turno del señor Gaspar Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, saluda favorablemente el proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo.


Señorías, compartimos un acuerdo general sobre lo positivo de otorgar una norma marco a este colectivo, si bien es cierto que no es tan homogéneo como a veces se piensa, al colectivo de trabajadores autónomos. En ese sentido, apostamos, y lo reflejamos en el proyecto de ley, en primer lugar, por una norma básica de derechos y obligaciones en el ámbito civil, laboral y mercantil para este colectivo de trabajadores autónomos.
En segundo lugar, también apoyamos el avance en la homogeneización del sistema de prestaciones del régimen de trabajadores autónomos con el régimen general de la Seguridad Social, de acuerdo a principios de solidaridad, sostenibilidad y suficiencia. También apoyamos el avance en la presentación y representación colectiva de los trabajadores autónomos.
Es cierta, sin embargo, y es preciso considerarlo, la diversidad y heterogeneidad del trabajador autónomo; autónomos con asalariados, sin asalariados o dependientes de un solo cliente. También lo es, de otra parte, la realidad de los llamados falsos autónomos que a efectos prácticos realizan su actividad como trabajadores asalariados bajo una relación mercantil. En este sentido, la regulación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente cobra una gran

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relevancia, al ser una figura fronteriza entre el trabajador asalariado y el trabajador autónomo propiamente. Lo sustantivo es que tiene menos derechos que un trabajador por cuenta ajena, y no es descartable que algunos quieran utilizarlo para presionar a la baja sobre las condiciones laborales en el mercado de trabajo y para deteriorar sus condiciones laborales. Por eso, la regulación del trabajo autónomo no puede permitir que se favorezca el trasvase desde el trabajo asalariado, y ha de procurar un equilibrio, que a veces no es fácil, para proteger a los trabajadores autónomos, pero, al mismo tiempo, para no invadir al trabajo asalariado. Los sindicatos nos han mostrado sus reticencias a la regulación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, al entender que puede suponer la salida del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores de trabajadores que hasta ahora tenían la jurisdicción social y ha venido considerando trabajadores por cuenta ajena. Dicha interpretación jurisprudencial, sostienen, puede variar ante la presencia de una nueva figura jurídica: el trabajador autónomo económicamente dependiente, híbrida entre la regulación civil o mercantil y la regulación laboral. Considerando el menor coste económico que para los empresarios supone vincularse contractualmente con trabajadores autónomos económicamente dependientes, puede producirse una grieta en el ámbito del derecho laboral mediante un trasvase de contrataciones antes amparadas por el Estatuto de los Trabajadores a contrataciones en el ámbito del Estatuto del trabajador autónomo. Hay que reconocer, pues, que el Estatuto del trabajador autónomo debe proteger al trabajador autónomo, que tiene una posición más débil, pero también hay que considerar el riesgo de favorecer un cierto trasvase en relación a los trabajadores por cuenta propia.


Señorías, un problema añadido es la heterogeneidad del trabajador autónomo. Hay realidades distintas y problemas muy diferentes. Pensemos en las siguientes categorías de autónomos, enumeradas en el informe del grupo de expertos que elaboró la propuesta de estatuto: Autónomo, tradicional, emprendedores, autónomos dependientes, agentes mercantiles, socios de cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales, socios trabajadores o administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo de la sociedad, profesionales liberales, transportistas o socios en determinados tipos de sociedades. Se comprenderá que es muy difícil hacer una regulación general de situaciones tan diversas. En todo caso, nuestras enmiendas intentan, considerando lo anterior, por una parte, el carácter híbrido de las propuestas y, por otro lado, la diversidad del trabajador autónomo, mejorar el texto del Gobierno, sobre todo en lo que respecta a los derechos de los trabajadores autónomos, que apoyamos, pero también pretendemos hacer nítidas las diferencias entre trabajador por cuenta ajena y un trabajador autónomo económicamente dependiente. Nuestras enmiendas estaban motivadas suficientemente, pero resalto algunas que consideramos importantes. Primero, para introducir un límite por arriba, en el sentido de considerar asalariado al trabajador que perciba más de un 90 por ciento de sus ingresos de un solo cliente, es un asalariado y no es un trabajador autónomo. Segundo, para hacer más nítidas las diferencias entre un asalariado y un trabajador autónomo económicamente dependiente. Tercero, para reducir un plazo que nos parece muy dilatado, los 18 meses desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias. Cuarto, para presumir relación laboral cuando no hay contrato por escrito entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente. Quinto, para que los acuerdos de interés profesional, una especie de negociación colectiva, no puedan firmarse entre empresarios, o podemos decir entre ellos mismos; o lo que es lo mismo, entre una asociación de autónomos dependientes y una empresa o asociación de empresas, perteneciendo todos a una misma federación de autónomos. En nuestra opinión, un sinsentido. Sexto, para mejorar las condiciones laborales de los autónomos dependientes, y por último, séptimo, valorar el avance social y defender todas aquellas enmiendas que hacen referencia a la mejora de la protección social, considerando los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad o suficiencia del sistema de prestaciones. También hay que señalar que, en nuestra opinión, el proyecto de ley debería modificar las reducciones y bonificaciones en las cotizaciones sociales que se hacen de manera general, y no de manera específica y excepcional. En definitiva, señorías, me gustaría saludar la ley y esperar que las transacciones y el trámite pendiente mejoren el texto aún más, pero en todo caso, saludar esta Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo que nos parece positiva, favorable y necesaria.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares.


Señorías, continuamos con el turno del señor Olabarría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, voy a empezar diciendo que vamos a apoyar favorablemente el dictamen de la Comisión, no vaya a ser que lo que voy a comentar a continuación provoque dudas interpretativas, porque la verdad es que el nuestro es un apoyo sin ningún entusiasmo, con muchas reservas conceptuales, y casi la totalidad de las reflexiones que voy a hacer a continuación van a ser de naturaleza crítica. No obstante, reconozco que el ministerio, los redactores del proyecto de ley, han hecho un esfuerzo por mejorar la protección de este colectivo de trabajadores autónomos, por lo menos de los reales, no de esta híbrida figura, como bien ha sido denominada por el señor Llamazares, vulnerando manifiestamente la máxima platónica de la imposibilidad de ser y no ser al mismo tiempo; o se es autónomo o se es dependiente, porque no se puede ser simultáneamente ambas cosas. Al margen de esta figura, se ha hecho un esfuerzo por

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mejorar en materia de protección de las contingencias que regulan el sistema público de pensiones y el desempleo la situación de los autónomos del Estado español.


Dicho esto, señor ministro, tengo que refutar algunas de las manifestaciones apologéticas que usted ha hecho, como no puede ser de otra manera, en el momento de la presentación de esta ley. En primer lugar, ha hecho una invocación al consenso que me va a permitir que se la discuta. Se ha referido al consenso entre los interlocutores sociales -UGT, Comisiones Obreras, la CEOE y la Cepyme- mediante algo que raya en la usurpación de funciones legislativas, los que están regulando todas las leyes laborales en estas Cortes Generales, y usted sabe cuál es el ámbito de legitimación que prevé la Ley orgánica de libertad sindical y disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores para la interlocución institucional de este tipo de entidades. Estas entidades, UGT, Comisiones Obreras, CEOE y Cepyme, no tienen absolutamente nada que opinar ni nada que decir sobre el trabajador autónomo. Por otra parte, usted ha hecho una segunda invocación a los que califica como grandes acuerdos que se han logrado entre las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos, y realmente no acabo de comprender a qué grandes acuerdos se está refiriendo usted. Yo he tenido contactos y negociaciones con las tres más representativas por su dimensión y por el número de asociados, y sus opiniones no solo son en la mayoría de las ocasiones diferentes o divergentes, sino manifiestamente contradictorias en algunos casos. Usted ha hecho una opción legislativa que representa fundamentalmente los intereses de una de las organizaciones, pero no de otras. Es más, otras son manifiestamente críticas con la opción legislativa que se ha adoptado en la regulación del Estatuto del trabajador autónomo. Por tanto, señor ministro -usted podrá leer posteriormente el "Diario de Sesiones"-, me va a permitir que al menos relativice esas invocaciones al consenso.


Dicho esto, tengo que señalar que hay un primer problema que nos preocupa y que ha sido convenientemente enmendado por mi grupo parlamentario, como es la creación de la figura del trabajador autónomo dependiente, sin perjuicio -y no vamos a hacer aquí reflexiones metafísicas ni recurrir de nuevo al principio platoniano de la imposibilidad de ser y no ser al mismo tiempo- de que esta sea una figura que pervierte por una parte el derecho del trabajo, y a su vez, simultáneamente y por proyección, el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho administrativo. Esto es imposible, y es imposible que esta ley legitime jurídicamente e incardine en nuestro ordenamiento jurídico esta figura. No se puede ser trabajador autónomo y dependiente. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo nació en el contexto de la primera revolución industrial para evitar la existencia de trabajadores autónomos dependientes, en el nomenclátor que en aquella época se pudiera utilizar. ¿Usted sabe cuál es el sentido del derecho del trabajo ontológico e histórico? El derecho del trabajo en el seno de la primera revolución industrial nació porque las relaciones laborales en el mercado de trabajo se articulaban en virtud de contratos civiles, contratos societarios y contratos mercantiles. Esto provocaba una disfunción y una situación de gran injusticia social que llevó al afloramiento de una figura nueva, cual es el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en los contratos civiles, mercantiles y administrativos como la situación entre las partes contratantes, es decir, entre el empleador, por una parte, y el trabajador, por otra, no es una situación de igualdad, carece de los elementos propios del sistema contractual que prevén todos los sistemas normativos que dimanan del orden revolucionario francés, es decir, el principio de igualdad entre las partes y el principio de conmutatividad y el sinalagma, que debe ser un sinalagma correcto y suscrito en unas condiciones razonables de igualdad, se crea una figura nueva que es la del trabajador vinculado por un contrato de trabajo cuyas características fundamentales consistían en establecer elementos tuitivos para el trabajador -la parte más débil de la relación contractual- y dos características que en este momento esta ley pulveriza, esta ley y otras que están descuartizando el derecho del trabajo. Los que nos dedicamos en el ámbito universitario a impartir esta asignatura tendremos que reubicarnos en alguna otra, si nos lo permiten los rectores, porque si seguimos así el derecho del trabajo va a desaparecer como sector del ordenamiento jurídico diferenciado. Hay dos características que identifican al contrato de trabajo, que son la ajeneidad y la dependencia. La dependencia supone que un trabajador está vinculado al poder de dirección de un empresario o empleador. Esto ya se relativiza o se hace desaparecer con la figura híbrida del trabajador autónomo dependiente. La ajeneidad es una especie de reinterpretación marxista que se hace en los albores del derecho del trabajo consistente en que el trabajador pierde los frutos del trabajo material que crea con su esfuerzo, con su trabajo, a cambio de una retribución. ¿De qué estamos hablando con esta figura del trabajador autónomo dependiente si desaparecen las características definidoras del trabajador dependiente, ajeneidad y dependencia? Tampoco se pretende, dada la pretensión utópica, en nuestra opinión, de laboralizar la figura, desvincular -dado que se reconoce la competencia de la jurisdicción laboral- esta figura del trabajador autónomo dependiente de las características de un trabajo contractualmente dependiente y también basado en la ajeneidad, porque también la retribución del trabajador autónomo, desde una perspectiva fraudulenta, es una retribución de naturaleza laboral. Luego se está pervirtiendo la esencia ontológica del derecho del trabajo y se está perturbando notablemente la esencia o se están pervirtiendo las esencias ontológicas del derecho civil, del derecho mercantil y del derecho administrativo. Estas cosas no se pueden hacer -la palabra frivolidad no me gusta usarla con usted porque somos amigos desde hace mucho tiempo- con esta ligereza, señor ministro, si me permite la expresión. Un trabajador o es autónomo o es

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dependiente, y si es dependiente está vinculado por los requerimientos del contrato de trabajo y dimana toda su relación laboral y sus vínculos con el empleador de las características y de los requerimientos del contrato de trabajo. Pero si su vinculación a la actividad productiva se basa en contratos civiles, mercantiles o administrativos, evidentemente no estamos hablando de una relación dependiente en donde la retribución tenga las mismas características que la retribución laboral. Además, esto ustedes lo saben y el señor Membrado lo sabe. En el fondo, ustedes no han tenido el coraje para laboralizar del todo la figura, para aplicar a la figura del trabajador autónomo dependiente la estructura de las fuentes del derecho del trabajo previstas en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores -cosa que nosotros le preconizábamos en una de las enmienda que le presentamos-, sino que han mantenido la estructura de fuentes de la legislación civil, mercantil y administrativa. Eso sí, con la paradoja de que simultáneamente invocan la competencia de la jurisdicción laboral.
¿Pero usted cree que esto se puede hacer sin reformar, además de esta ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Procedimiento Laboral? Es imposible. Los órganos de la jurisdicción social se van a declarar manifiestamente incompetentes en la primera cuestión atinente a la protección o tutela judicial de los avatares dimanantes de un contrato que no se sabe si es laboral, si es administrativo, si es civil, si es mercantil o qué. No se pueden crear figuras que no solo son híbridas, sino que son inexistentes, son deletéreas y contradictorias en sus propios términos. Esto provoca un elemento de inseguridad jurídica notable y va a provocar muchos problemas en la aplicación de la ley. La intencionalidad es buena, pero las buenas intenciones si no van acompañadas de una correcta articulación jurídica causan verdaderos problemas, que luego endosamos a la Administración de Justicia y pasa lo que usted ya presume que va a pasar.


Señor ministro, en el ámbito de esta ley usted pretende corregir una patología -sabe que cuenta con un leal colaborador-, que es la de la subcontratación en cascada, la concatenación de contratos a través de las fórmulas de subcontratación, tan flexibles en nuestro ordenamiento laboral, que llega a la aberración de posibilitar que una persona física, el último subcontratista, después de un empresario principal, un subcontratista primero, uno segundo, etcétera -voy terminando, señora presidenta-, pudiera ser el final de la cascada de subcontrataciones mediante una previsión de carácter reglamentario que desarrollaba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tampoco se corrige esta patología.
Ustedes mantienen la posibilidad de que al final, en el ámbito de la concatenación de subcontratas, que no tienen que estar necesariamente vinculadas por la naturaleza de la actividad entre sí, sea una persona física, que va a ser un trabajador autónomo dependiente, la que acabe con la contrata, con la estructura de subcontrataciones permanentes en cascada, que es una de las patologías de nuestro mercado de trabajo que tenemos que remover.


Por último, quisiera decirle que usted no corrige dos cuestiones, laboralizando la figura: la de las vacaciones -aquí usted está requerido por la Directiva 2003/88/CE, que exige que existan treinta días de vacaciones para cualquier trabajador; si vamos a laborizar, aunque sea tan mal como lo estamos haciendo, vamos a conceder las prestaciones que en virtud de los requerimientos de primacía del derecho comunitario debemos incorporar- y las doce horas de descanso que tiene que haber entre la finalización de una jornada de trabajo y la siguiente. Tampoco prevén la creación de consejos autonómicos, haya donde haya, organizaciones de trabajadores autónomos, que sean equiparables o equivalentes al consejo estatal único que usted crea. Aquí particularmente no manifiesta usted una vocación autonomista, que le ha caracterizado tradicionalmente en otros proyectos de ley.


Por último -de verdad que con esto acabo, señora presidenta-, quisiera decir que la perversión más llamativa de este proyecto de ley es que se permite trabajar a menores de 16 años -en la enmienda 9.2 se lo advertimos- en actividades circenses, lúdicas, artísticas, etcétera.
Usted sabe que la prohibición de trabajar a menores de 16 años es una prohibición de derecho necesario absoluto, indisponible incluso para el legislador. Medite sobre esta cuestión. Esta ley es bienintencionada, se lo voy a reconocer, pero es una ley muy perfectible desde una perspectiva técnico-jurídica e incorpora a nuestro ordenamiento jurídico figuras que van a provocar problemas en la aplicación jurisdiccional de lo que aquí se prevé insolubles para los jueces. Y nuestros pobres jueces bastantes problemas tienen en estos momentos, señor ministro, para que usted les incorpore otras preocupaciones.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y, en particular, con el turno de su portavoz en esta materia, don Joan Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, nuestro grupo va a votar favorablemente el dictamen de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. La ley tiene que ser bienvenida, porque donde había un desierto tenemos un pequeño oasis, pero de momento lo tenemos pequeño. Queda mucho por hacer en referencia al colectivo de los trabajadores autónomos.


Empezaré mi intervención valorando el fondo del proyecto y conjugándolo con las sugerencias que nuestro grupo parlamentario ha aportado mediante las enmiendas, algunas de ellas transaccionadas en el trámite en Comisión y otras que se someterán a votación y que pasaré a defender. La apuesta por una solución global a los problemas

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de los autónomos que prevé el proyecto, de inicio, parece lo más razonable. De hecho, si en algo hemos coincidido todos es en la necesidad de que la reforma de la regulación de este colectivo debió alcanzar a sus derechos laborales de Seguridad Social, de relación con el mercado en el que compiten, de prevención de riesgos. Quizás uno de los primeros déficits que sufre este colectivo es que su definición legal se fundamente en el perfil de trabajador gremial que tanto se estilaba antaño. El perfil del trabajador autónomo ha cambiado en nuestros tiempos, asemejándose cada vez más al perfil de un profesional de los servicios. En el proyecto de ley se ha recogido una definición de trabajo autónomo más acertada que la propuesta en los informes de los expertos, en la línea en la que nuestro grupo parlamentario estaba apostando. Ello va a significar una mejor garantía de seguridad jurídica y laboral para muchos profesionales. Sin embargo, la definición de trabajador autónomo debiera ser más concretada en algunos de sus aspectos, ya que no dejará de generar alguna inseguridad jurídica. Como ya se ha dicho, hemos introducido una enmienda en el sentido de que los derechos que se reconocen a determinados trabajadores autónomos sean irrenunciables, tanto en el texto como en los futuros acuerdos de interés profesional que puedan surgir, para evitar que en el tráfico de las relaciones entre estos y las empresas pueda ser objeto de negociación la renuncia anticipada a estos derechos. De no ser así, el marco de derechos de los que se pretende dotar al colectivo podría quedar en una anécdota. Esto nos parece una necesidad imperativa, una necesidad vital de este proyecto para que no quede en simple anécdota. Por otro lado, el tratamiento procesal de las situaciones de discriminación y vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas en las relaciones de los autónomos con las empresas para las que pudieran prestar servicios debe ser el mismo procedimiento de tutela que recogen las normas para los trabajadores por cuenta ajena. Ello parece necesario para garantizar un procedimiento ágil y con garantías.


En lo que se refiere a los derechos, especialmente para los autónomos dependientes, es decir, aquellos que reúnan determinados requisitos, el marco de derechos mínimos no es demasiado generoso, por cuanto se reconocen únicamente días de interrupción asimilables a vacaciones, pero sin que se reconozca el derecho a que sean retribuidas, así como tampoco a la jornada máxima diaria a realizar. Se trata de derechos que consideramos mínimos. En ese sentido, hemos avanzado tímidamente en el trámite en Comisión. ¿Qué protección puede tener un colectivo que ni tan siquiera tiene reconocido el derecho de jornada máxima legal? Sería bueno recordar a SS.SS. que en esta Cámara el reconocimiento de derechos para la clase obrera se inició precisamente mediante el establecimiento de jornadas máximas, algo que por su significación contribuye a que la explotación laboral por lo menos disminuya. Pero la escasa ambición del proyecto alcanza hasta el punto de obviar esta cuestión tan importante y trascendente. Es lógico que debamos respetar las leyes de libre mercado, pero, sin limitarlas, el reconocimiento de la jornada máxima hubiera sido un avance. También hemos entendido que el derecho a vacaciones debía ser retribuido y no solo reconocido. Por último, se ha propuesto una compensación para la financiación de los contratos de esos trabajadores, consistente en la indemnización de una doceava parte de la retribución anual. Entendemos que la vinculación estrecha en estos casos la hacen necesaria y que el régimen abierto que mantenía el proyecto debía ser concretado.


Por lo que a la figura del autónomo dependiente se refiere, hemos propuesto la reducción del índice de dependencia para que puedan ser considerados como tal al 50 por ciento. Creemos que ello es necesario, por cuanto la necesidad de que se dote a dichos trabajadores con determinados derechos no puede depender exclusivamente de si tienen otros ingresos o no. En todo caso, debe quedar fijado el porcentaje de referencia a los ingresos y actividades económicas y no a todos los ingresos de los que disponga el trabajador, aun cuando lo fueran por cuenta ajena. De no ser así, podríamos encontrarnos con que un trabajador que mantiene un contrato a tiempo parcial con una empresa y además realiza otra actividad por cuenta propia con otra empresa y solo con esa, en función de la distribución de los ingresos, sería autónomo dependiente o no, cuando en realidad, por cantidad de ingresos, realidad personal y demás extremos se hace necesario que se le dote de los derechos de los dependientes. En definitiva, entendemos que la situación personal no debe ser exclusivamente el determinante de la consideración de dependiente o no, sino que debe serlo la relación entre la empresa y el autónomo.


Por lo que a la representatividad se refiere, significa un avance en los derechos de representación colectiva que se reconocen a favor de los autónomos dependientes, así como los derechos y prerrogativas que se reconocen a sus asociaciones, que sin duda darán lugar a un marco futuro de concertación que se hacía necesario por cuanto hasta ahora los autónomos quedaban huérfanos de la negociación colectiva, lo que redundaba en su perjuicio. Sin alcanzar la constitucionalidad de los sindicatos, que sin duda sería interesante, las asociaciones de autónomos van a gozar de un margen de legitimidad. Sin embargo, hemos propuesto las modificaciones necesarias para que dichas organizaciones y asociaciones de trabajadores autónomos sean representativas territorialmente, puedan acceder al diálogo social y a la negociación colectiva. En los parámetros de redacción del proyecto no se estima tan siquiera la actual organización del Estado de las autonomías cuando se habla de representatividad y de diálogo social. Ello ha quedado subsanado en el trámite de Comisión mediante la incorporación de una transacción.


Por lo que a la protección social se refiere, hemos propuesto romper de una vez por todas con el agravio comparativo que han venido sufriendo los trabajadores

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autónomos en el cálculo de sus pensiones. Creemos que este punto es crucial y determinante. Cuando hablamos de agravio no lo hacemos solo por el importe que reciben, que es inferior a la media de las pensiones del régimen general porque cotizan por bases más bajas, sino porque en el cálculo de prestaciones a igualdad de bases se otorguen ciertos beneficios a otros regímenes mientras que a los autónomos no, siendo ello desde nuestro punto de vista discriminatorio por cuanto se está justificando técnicamente. Si bien en el proyecto de ley se reconoce que los trabajadores autónomos, tanto los ordinarios como los dependientes, gozarán de un sistema de protección social suficiente en los términos que recoge el artículo 41 de la Constitución, se trata de una afirmación que no se encuentra recogida en el posterior articulado de la ley. Era de esperar una equiparación, una mejora del régimen de protección, que quizás debía revertir en la subsiguiente fractura del sistema de cotización por cuotas fijas, instituyéndose la cotización por cuotas relacionadas al nivel de ingresos o bien sencillamente un ingreso relacionado con algunas mejoras, pero en la realidad no se ha avanzado.
La mención expresa de que la cotización de los autónomos dependientes podrá realizarse a partir de cuotas diferenciadas, habrá que ver cómo se traslada a la práctica y cómo incide. En ese sentido en Comisión se ha avanzado pero, insistimos, siempre de una manera tímida. En definitiva, en materia de protección social -un ámbito donde se requería de especiales cautelas más allá de las prestaciones que de facto debían haber sido reconocidas por la propia dinámica legislativa, como son las de paternidad y prestaciones de riesgo durante la lactancia- se aporta poco o muy poco. El contenido del debate queda, pues, ridículo, así como los años de preparación de esta gran reforma de los autónomos, años en los que le hemos ido dotando de contenido para llevar a cabo la gran reforma que todos los trabajadores y trabajadoras autónomos esperaban.
También hemos propuesto que se reconozca la prestación por cese de actividad de los autónomos, si bien en la redacción se cita como una proposición de futuro sujeta a las vicisitudes y a las magnificencias del Gobierno, y que en su momento valoremos la sensibilidad o no en este aspecto. Proponemos reconocerla ya en la ley y dejar solo el desarrollo reglamentario para su instauración inminente.


Por otro lado, hemos introducido dos peticiones largamente reclamadas por las diferentes asociaciones de autónomos: la de escoger el régimen de cotización de los familiares que trabajan con ellos y la posibilidad de establecer bonificaciones o reducciones de las cuotas para las épocas de baja o de nula actividad. Por otra parte, la protección del patrimonio personal que se pretendía desde diversas asociaciones y sindicatos no ha quedado recogida del todo. A su vez, entendemos que debería recogerse la creación de un Fondo especial para insolvencias, en la línea del Fondo de Garantía Salarial, reconociendo prestaciones para autónomos dependientes.
En fin, nuestra postura es razonablemente crítica, justificada y amoldada a la realidad de las reformas que está impulsando este Gobierno, las entendemos poco ambiciosas y cautivas de ciertos poderes económicos que no ven con buenos ojos una Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo que plasmase todos sus derechos. Supone un avance, ya lo hemos dicho, tímido.
Tenemos ese pequeño oasis, que aún es pequeño y que necesitaremos ampliarlo en el futuro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puig.


Continuamos con el turno del señor Martínez-Pujalte en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, cuando quiera.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, representantes de las asociaciones de autónomos, mi grupo sube hoy a la tribuna a defender y fijar su posición sobre el proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Como no podía ser de otra manera, nosotros vamos a votar que sí porque así nos comprometimos en nuestro programa electoral. En la página de compromisos del Partido Popular para con los autónomos se recoge que impulsaríamos las iniciativas aprobadas en la Comisión para llevar adelante el Estatuto del trabajo autónomo. Por tanto, de alguna manera se está recogiendo un compromiso del programa del Partido Popular y también sé que era un compromiso del programa de otros partidos políticos que se lleva a efecto.


Estamos ante un colectivo muy importante, y a eso se refería el ministro.
Según el último dato, de marzo de este año, de la Seguridad Social estaban afiliados 3.087.503 -me imagino que en abril serán aún más-, cuando en el año 1995 estábamos hablando de 2.200.000. Es verdad que el porcentaje del régimen ordinario ha crecido más que el del régimen de autónomos, pero también es verdad que es un colectivo que requiere una atención especial, porque los autónomos, las microempresas están contribuyendo de una manera especial al crecimiento económico, a la creación de empleo en España. Nos hubiera gustado que el Estatuto fuera más ambicioso, nos hubiera gustado que el Estatuto avanzara más y nos hubiera gustado -también en la línea de lo que ha dicho el señor Olabarría- que fuera un Estatuto que no planteara en el futuro conflictividad por su interpretación jurídica. El Estatuto se ha limitado un poco a la recopilación de derechos que ya tenían los autónomos previamente, como algunos de los que el ministro ha sacado a la luz: a partir de ahora los jóvenes ya no van a cotizar los cuatro primeros años.
No, eso ya viene de hace bastantes años; ahora se recoge en una ley de manera ordenada, pero ya estaba. Y hay otros derechos a los que el ministro hace referencia de manera extraordinaria. Cuando se lee en los artículos 4 y 5 de la ley que los trabajadores autónomos tienen derecho al

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ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución española, ya se entiende que los trabajadores autónomos lo tienen a partir de hoy y que tenían antes de hoy reconocido el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas: que tienen derecho al trabajo, que tienen derecho al ejercicio de su actividad. Es recoger en una ley unos preceptos un poco huecos, pero también recoge cosas que están bien. Hay un artículo que dice: prestación por cese de actividad. A lo mejor alguien cuando lee que a partir de hoy los autónomos van a tener una prestación por cese de actividad y además oye al ministro decir lo mismo, puede pensar: Pues mañana la pido. Pues no. El Gobierno dice: Siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, es decir, siempre que preveamos que lo pagan los autónomos entre todos, que el sistema va a ser sostenible y que responda a las necesidades y preferencias de los autónomos, entonces, si pasa todo eso, haremos una ley, la traeremos a las Cortes y, en la siguiente legislatura, a lo mejor, se aprueba. Decir que este es un derecho que nace hoy, me parece pretencioso. Entiendo que el ministro tenía que hacerse hoy una foto, qie le gustan las fotos en la escalinata del Congreso, que sale bien en los periódicos al día siguiente y me parece bien. Le felicito porque se haga esa foto, pero de ahí a decir que hoy nace la prestación del derecho por cese de actividad, es avanzar un poquito más de la cuenta y atribuirse algo más de lo que ha hecho.


El Grupo Parlamentario Popular tiene un compromiso con los trabajadores autónomos, un compromiso que ya viene de la legislatura anterior, un compromiso que viene desde 1996. Se hizo una reforma del IRPF que benefició fundamentalmente a los trabajadores autónomos, a las pequeñas empresas y a los ciudadanos de rentas medias y bajas. Se hizo una segunda reforma. Se eliminó el IAE prácticamente para todos los autónomos, lo cual les supuso un beneficio a 2.100.000 autónomos, estamos hablando de casi el cien por cien, en ese momento, del colectivo, que suponía un ahorro de casi 400 euros anuales. En protección social se hizo mucho. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a la baja laboral desde el cuarto día, en vez desde el decimosexto, se hizo en la legislatura anterior. No, como ha dicho aquí el ministro, que es a partir de hoy. No, se hizo en la legislatura anterior. Además con una diferencia abismal con respecto a la ley que hoy aprobamos, y es que eso para los autónomos era gratis. Porque todo lo que nos proponemos hoy aprobar es pagando: si usted quiere algo, pague. No, en la legislatura anterior el IAE se quitó gratis, pasar la baja laboral del cuarto día en vez del decimosexto fue gratis. Esto son prestaciones. (Una señora diputada: ¡Eso no es verdad!-La señora López i Chamosa: ¡Nueve euros!) Nueve euros dice la señora Chamosa; nueve euros.
(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora Chamosa, se lo reconozco, porque usted sabe mucho de eso, nueve euros. Pues nueve euros y tienen la baja desde el cuarto día. Señora Chamosa, se lo reconozco, es verdad. El IAE gratis; el cuarto día, nueve euros. Nueve euros que supusieron un avance notabilísimo. Todo lo que hay hoy en la ley es con coste; hoy con coste.


Hay que avanzar más, sí. Nosotros mantenemos algunas enmiendas y les animo a que las aprueben. Nosotros vamos a apoyar la ley en su conjunto, pero hay algunos artículos que no nos parecen bien y a los que hemos presentado algunas enmiendas. Primero, sobre la jurisdicción. El señor Olabarría ha hecho una intervención muy positiva, que no pretende quitar derechos a nadie. Nosotros creemos que los contratos de los autónomos se tienen que ver en el ámbito mercantil, con gratuidad, con celeridad, con órganos jurisdiccionales ad hoc; nos parece que todo esto se debe hacer.
Pero trasladar un contrato mercantil a la jurisdicción laboral, además para todo, puede crear una conflictividad y producir una inseguridad jurídica que nosotros entendemos que no es adecuada. Tendría que haber unos juzgados de lo Mercantil que entendieran de estos temas con gratuidad, con rapidez, etcétera, pero no trasladarse. Entendemos que el artículo 10 es mejorable. Dice el ministro: No se puede embargar el domicilio familiar de los autónomos. Pues sí, sí se puede embargar con la ley que ahora mismo estamos debatiendo. Si se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, no, pero, si no, sí. Otra posibilidad es aprobar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Es verdad que se avanza en la posibilidad de contratar a hijos, pero también es verdad que, al crear la prestación por cese de actividad, se niega el paro a los hijos de los autónomos que trabajen con éste. Habrá que poner todas las garantías necesarias, pero si cesa la actividad de un autónomo y están contratados su hijo y tres más, tiene poco sentido que los tres puedan acceder a la prestación por desempleo y el hijo no. Les animo a que aprueben nuestra enmienda -me he pasado del tiempo, señora presidente, es una evidencia-. Hoy aprobamos una carcasa. Nos parece bien, estaba en nuestro programa electoral, pero nos hubiese gustado que hubiera sido más ambiciosa. Quiero dar las gracias al Grupo Socialista, que ha estado muy solícito con el Grupo Popular y nos ha tendido la mano para que podamos hablar y llegar a acuerdos. Creo que lo fundamental aquí es el trabajador autónomo dependiente, lo que se regula de verdad en esta ley. Hoy regulamos una figura y le pido al ministro una cosa, que la figura no sea una puerta para mercantilizar las relaciones laborales. Me parece muy bien que creemos la figura del autónomo dependiente, pero me parecería mal caminar por una línea de mercantilización de las relaciones laborales. A los autónomos dependientes hay que darles derechos, hay que tener consideración con ellos, me parece bien que se regulen, pero me parece que hay que estar vigilantes para no mercantilizar el mercado de trabajo porque eso sería negativo para el

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conjunto de los trabajadores españoles. Pero, bienvenida sea esta ley, bienvenidas las medidas que tomó el Partido Popular y, si entre todos somos capaces de ir avanzando, mejor, porque será en beneficio de un colectivo de más de tres millones, cuya aportación a la economía, al crecimiento y al bienestar es muy importante, y toda la sociedad se lo debe agradecer.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor, Martínez-Pujalte, muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Membrado por el Grupo Socialista, para la defensa del voto particular.


El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, nuestro grupo tiene un voto particular y considerábamos que en la fijación de posiciones íbamos a defender el voto particular junto con nuestra posición. No obstante, creo que podemos aprovechar para hacerlo en estos momentos y, de esta manera, marcar nuestra posición.


Señora presidenta, señora ministro, señorías, quiero comenzar la intervención trasladando un saludo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a las distintas organizaciones de autónomos aquí presentes. Su presencia denota el interés que el Estatuto del trabajo autónomo ha despertado en ellos y la expectación que genera un proyecto de ley apoyado por la totalidad del arco parlamentario. Este proyecto, señorías, es importante para el sector, no solo por los millones de trabajadores afectados sino porque, por primera vez, este sector tendrá un marco jurídico global en el que se recojan gran parte de sus demandas y problemáticas.


Señorías, los autónomos del siglo XXI ya no son el sector residual de hace años que surge frente al desempleo o la alternativa rural ante la falta de puestos de trabajo; hoy, los autónomos están presentes en todos los sectores de la actividad económica, son parte esencial en numerosas empresas y, como siempre, su aportación y su capital fundamental no es el dinero, sino el trabajo y el riesgo. Es un sector distinto al que se le ha querido equiparar históricamente, pues tiene tantas diferencias con el empresario clásico como con el clásico trabajador por cuenta ajena.


Este estatuto que nace con el programa electoral del Partido Socialista y crece con la negociación y el acuerdo permanente de las partes tiene elementos novedosos en cuanto a su contenido. No estoy de acuerdo en que la recogida de derechos individuales y colectivos que son comunes al conjunto de los ciudadanos sean en estos momentos infravalorados porque se considere que por el simple hecho de estar recogidos en la Constitución se pueden practicar por el sector. Hasta ahora, los autónomos no tenían capacidad de negociación, tenían dificultades de asociación y tenían dificultades de interlocución. A partir de ahora esas dificultades se van a suplir y eso es muy importante para el sector, de la misma manera que se recojan cuáles son las prestaciones sociales, aunque consideremos que son limitadas y que deben ser ampliadas en el futuro, porque la ley no resuelve la totalidad de los problemas de los autónomos, no puede resolverlos ya que van a ir incrementándose conforme aumenten en la cantidad y en la cualificación de los mismos.


Además, señorías, este es un texto que recoge un problema fundamental en estos momentos del mercado de trabajo. La enorme competitividad que exige el mercado de trabajo hace que surjan figuras diferentes desde el punto de vista contractual, y ahí es donde surge la existencia de un trabajador que nosotros denominamos en el Estatuto del Trabajo Autónomo como económicamente dependiente. Es un trabajador que, indudablemente, tiene una relación contractual con un empresario que es además su cliente, pero esa relación contractual le da un soporte fundamental a su forma de vida.
Ese trabajador tiene en estos momentos una enorme expansión en el sector de seguros, en el sector del transporte, en los agentes comerciales, en los profesionales, en la construcción y en el sector servicios. La regulación de esa figura es esencial. ¿Por qué? Porque, en caso contrario, ese trabajador se convierte en un elemento de competitividad a la baja, de dumping social sobre el autónomo y sobre el trabajador por cuenta ajena. Nosotros queremos que la regulación de esa figura evite situaciones complejas que indudablemente pueden tener desde el punto de vista jurídico, dificultad de interpretación en algún momento determinado, que es el problema menor porque a lo que tenemos que hacer frente es a un problema de regulación del mercado de trabajo.


Quiero dejar constancia también de que tanto en ponencia como en Comisión ha habido una actitud positiva de todos los grupos parlamentarios tendente a mejorar el texto y converger en los temas fundamentales. Sin duda ha sido un trabajo en el que ha primado el interés general del sector antes que el particular de cada opción, y eso demuestra el gran interés por dotar de un marco jurídico a los autónomos, así como de darles un apoyo considerable que les salvaguarde ante cualquier reforma futura.


Para nosotros, que la primera norma específicamente dedicada al trabajo por cuenta propia sea avalada por todos los grupos parlamentarios es fundamental y en ese sentido viene trabajando el Gobierno a través de la elaboración de un dictamen de la comisión de expertos, de las negociaciones con las organizaciones representativas del sector, de buscar el mayor grado de consenso social con los agentes económicos y empresariales y de trasladar al debate enmiendas y transacciones que nos han permitido avanzar. Porque, señorías, hemos presentado 28 enmiendas transaccionales que han supuesto la eliminación de 152 enmiendas de las 250 existentes. Eso se llama trabajar por el consenso, y lo ha hecho fundamentalmente el Gobierno y los grupos parlamentarios, lo cual nos ha permitido resolver problemas que estaban difícilmente resueltos en el texto del estatuto. Hemos mejorado el texto en temas como la cobertura por accidente de trabajo al ir o volver del lugar donde se desarrolle

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la actividad profesional, los famosos accidentes in itínere. Lo hemos resuelto. Hemos avanzado en el reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, en línea con los avances conseguidos en la Ley de Igualdad, que no existían anteriormente. Hemos ampliado los supuestos y colectivos que tendrán derecho a reducción de bonificaciones. Se garantiza la posibilidad de contratar a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con el autónomo, por parte de los padres, con esa limitación de que no tendrán derecho al desempleo en el caso de que cierre la actividad empresarial.
Pero es necesario poner un límite por el bien de los autónomos y fundamentalmente por el bien de la norma, señor Pujalte. Se limitan las posibilidades de embargo de la vivienda habitual por deudas tributarias y con la Seguridad Social. Se limita pero no se da carta blanca a que se imposibilite ese tipo de embargabilidad. ¿Por qué? Porque luchamos en estos momentos con el Código Civil y porque tenemos una Ley Concursal que no ha sido derogada y que, en este caso, impediría que se avanzase por ahí. Se establece un plazo de adaptación para los contratos vigentes de autónomos. Se deja claro que el régimen especial de los autónomos tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con el de los trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué decimos esto? Porque este es un estatuto que tiene como objetivo que los autónomos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones que los trabajadores por cuenta ajena.
Ese es nuestro objetivo, y lo haremos acompañados de los autónomos cuando ellos estén de acuerdo y en las formas que previamente se pacten y se diluciden. Es así como se trabaja el consenso, señor Pujalte. Se avanza en el reconocimiento de la jubilación anticipada, poquito, pero se avanza. Se mejoran las condiciones de acceso a la medida de pago único de la prestación por desempleo, poco, también. Las reducciones actualmente existentes para autónomos menores de 30 años y menores de 35, en el caso de autónomas, se amplían, lo cual permite el establecimiento de sectores empresariales en esta actividad. Se define la fórmula para poder tener representación en el CES; se define la fórmula, no se dice que vayan a tener representación en el CES, señor Pujalte.


En definitiva, entre todos hemos mejorado un proyecto de ley que era ya un buen estatuto. Por tanto, espero que el dictamen, apoyado por unanimidad, que viene de la Comisión, tenga un apoyo tan importante en este Pleno de hoy. Hay grupos que mantienen algunas enmiendas que vimos la imposibilidad de aceptar tanto en ponencia como en Comisión. ¿Por qué? Porque rompen el equilibrio logrado por el texto de este estatuto y acordado previamente con las representaciones de los autónomos, y en algunos casos devalúan el contenido del mismo. Ahí están las enmiendas del Partido Popular sobre la inembargabilidad, que es un tema sobre el que no se puede avanzar más; sobre la contratación de familiares, que sabemos cuáles son las limitaciones que hay que poner; o la eliminación de la jurisdicción de lo social para los trabajadores económicamente dependientes. Suponen un cambio inaceptable y las vemos más como un brindis al sol que como una opción realista y coherente. No se trata de aparecer como el mayor defensor de los autónomos, sino de haberlo demostrado cuando se ha podido y no ahora.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la base de los acuerdos y el trabajo realizado por los distintos grupos, considera que las enmiendas presentadas al texto distorsionan en parte su contenido y entran en contradicción con algunas de las transaccionales aceptadas.
Nuestro grupo ha introducido un voto particular en la letra d) del apartado 2 del artículo 11.1, que consideramos que es una enmienda puramente técnica, pero que mejora el texto y da en estos momentos solución al problema de la caracterización del trabajador autónomo económicamente dependiente. Por ello, pedimos el apoyo favorable a este voto particular. Pensamos que el texto original era más adecuado que el que tenemos actualmente y, por eso, pedimos su apoyo.


Hoy comienza un proceso para los autónomos importante, porque se equipara este sector con cualquier otro; desde el punto de vista jurídico se le viste de largo y se le da un aval importante desde el punto de vista social y parlamentario. El sector está de enhorabuena y nosotros también por haber estado a la altura de las circunstancias.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Membrado.
Muchas gracias.


Finalizamos con el turno de fijación de posiciones. Queda un solo grupo por intervenir, señorías, el de Convergència i Unió, y será el señor Campuzano quien finalmente tome en su nombre la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero dar la bienvenida a los representantes del amplio tejido del mundo del trabajo autónomo en España y muy especialmente a las organizaciones que vienen desde Cataluña, PIMEC y CTAT. Muchas gracias por su presencia y por acompañarnos en este debate.


Convergència i Unió se posiciona en este trámite del Pleno, en primer lugar, con un punto de satisfacción. Desde esta tribuna, durante muchos años, la única voz que se ha levantado en nombre de los autónomos ha sido la de Convergència i Unió. Me remito a las épocas de Miquel Roca, donde en cada uno de los debates de investidura, en cada uno de los debates de presupuestos, en cada una de las discusiones de política global, la necesidad de que las políticas públicas respondiesen a las necesidades de los autónomos estaba presente. Cuando el tema de los autónomos no era un tema de consenso, cuando no era un tema de moda pero en cambio respondía a la realidad de la sociedad, a la realidad de la economía, a la realidad del tejido económico, Convergència i Unió apostaba por el reconocimiento del trabajo autónomo. Hoy eso es patrimonio de todos, de las organizaciones,

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de todos los grupos políticos y del Gobierno, pero Convergència i Unió está obligada a recordar que hemos estado siempre en los años ochenta en esa defensa, porque estábamos convencidos entonces y estamos convencidos ahora de que una sociedad que prospera, que avanza, que crea riqueza, que crea empleo y que es capaz de generar cohesión social es una sociedad con mucha gente que arriesga, con mucha gente que tiene iniciativas, con mucha gente que es capaz de jugarse sus ahorros para poner en marcha un proyecto empresarial, un proyecto innovador, un proyecto profesional. Por tanto, subimos a esta tribuna con la satisfacción del reconocimiento que nos parece que esta ley da a esa realidad y con la perspectiva histórica de haberlo defendido. Además, lo hacemos convencidos de que este es un nuevo paso importante, significativo, que marca un antes y un después, pero también con un recorrido histórico de mejoras continuadas en relación con el mundo de los autónomos, un recorrido histórico donde la huella de Convergència i Unió ha estado siempre presente; desde la supresión del IAE hasta las mejoras en la pasada legislatura en materia de protección social, que el señor Pujalte ha reivindicado, y ha hecho muy bien, pero es bueno recordar que esas mejoras se inician precisamente en 1996-2000 con las enmiendas que defiende el señor Homs en esta Cámara, planteando la discriminación que los autónomos recibían en relación con los trabajadores del régimen general. Las administraciones de entonces nos negaban que existiese discriminación y en estos diez o doce años hemos recorrido un camino de mejoras. Por tanto, llegamos aquí con la convicción de reconocer esa realidad y el proceso continuado de mejoras, donde la huella de Convergència i Unió ha sido fundamental, y convencidos de que la principal virtud de esta ley es crear un marco legal que suponga un verdadero estímulo a esa capacidad de riesgo, a esa capacidad de iniciativa, convencidos de que nuestra sociedad necesita más personas que estén dispuestas a arriesgar, a jugársela para crear empleo, a hacer posible sus propias ideas. Es una afirmación que desde nuestro país, desde Cataluña, queremos realizar con especial convicción, porque precisamente en Cataluña ese tejido empresarial de microempresarios, de profesionales, de autónomos, ha sido fundamental para entender el éxito colectivo de la sociedad catalana. Hoy, en el mundo en que vivimos, los valores que reivindican el riesgo y la iniciativa son fundamentales para mantener el crecimiento económico y para garantizar la cohesión social.


El texto que el Gobierno envió a la Cámara ha sido mejorado, ampliamente mejorado. Convergència i Unió presentó 73 enmiendas, que ha trabajado con el Gobierno y con el Grupo Socialista, alcanzando un acuerdo global que ha permitido que no mantengamos viva ninguna enmienda para este trámite del Pleno.


Nos parece relevante que todos los grupos hayan optado por apoyar las enmiendas transaccionales y queremos agradecer el buen hacer de los ponentes del Grupo Socialista, que en todo momento han estado abiertos a alcanzar esos acuerdos. Alguien puede decir que se podía haber llegado más lejos. Seguro que se podía haber llegado más lejos. Convergència i Unió, el Grupo Socialista y el Gobierno seguramente también hubieran querido ir más lejos, pero la realidad de nuestro marco jurídico, las dificultades que aún tenemos para cambiar algunas mentalidades de la Administración pública, especialmente en el campo de la Seguridad Social, de la Administración fiscal y en otros ámbitos, continúan dificultando esas mejoras. Pero es evidente que el trámite parlamentario ha mejorado este texto.


Voy a hacer referencia, señorías, a cinco cuestiones que configuran esas mejoras. En el ámbito de la protección social, la referencia del artículo 26.5, fruto de una enmienda de Convergència i Unió, marca un antes y un después en materia de protección social. El artículo 26.5 proclama que la acción protectora del régimen público de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social. Nunca en nuestra normativa habíamos proclamado que en materia de protección social el objetivo era la plena equiparación. Creo que ese es un cambio sustancial, que lógicamente en los próximos años deberá desarrollarse. En este sentido, haber incorporado una referencia a que dentro de un año el Gobierno mandará un estudio sobre la actualización concreta del RETA marca el camino a recorrer en los próximos tiempos. Hemos consolidado las mejoras que la señora Pigem incorporó en los debates de la Ley de Igualdad para garantizar la posibilidad de que los trabajadores autónomos pudiesen conciliar su vida familiar y laboral, hemos recogido una demanda del sector como era el reconocimiento de la actividad in itínere, hemos reforzado las posibilidades de la jubilación anticipada, hemos configurado el mandato al Gobierno para que pueda desarrollar programas de reconversión a sectores del trabajo autónomo afectados de crisis. En definitiva, en materia de protección social, hemos marcado un cambio sustancial en la orientación legal de esta materia y un camino que habrá que desarrollar en los próximos años.


En segundo lugar, hemos regulado una nueva realidad, compleja y difícil.
Algunos nos acusan de laboralizar las relaciones mercantiles y otros de mercantilizar las relaciones laborales. Hemos optado por una vía pragmática. Existe una nueva realidad que emerge en nuestra economía, en nuestro mercado de trabajo y es necesario regular los mínimos derechos que garanticen unas condiciones dignas de trabajo de estos trabajadores autónomos, huyendo de laboralizar ese segmento del mercado de trabajo. No pretendemos laboralizar lo que hoy son relaciones mercantiles, pretendemos que no existan abusos en esas relaciones mercantiles.


En tercer lugar, hemos encajado bien algunos sectores de nuestro mundo económico que tenían preocupación con respecto a la regulación del Trade y hemos formulado enmiendas en el ámbito del transporte y del sector seguros, que razonablemente crean tranquilidad en estos sectores económicos para que en los próximos años

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puedan adaptarse a ese nuevo marco. Además, hemos consolidado que el ámbito del mundo agrario -y ahí nuestro colega, el señor Grau, ha insistido en que defendiésemos esa referencia- viese reconocida su propia regulación y su propia representatividad. Al mismo tiempo, hemos hecho referencia a que los colegios profesionales jueguen su papel, porque no queremos sustituir el papel de los colegios profesionales.


En cuarto lugar, la ley incorpora un capítulo importante de fomento del espíritu emprendedor. Además, la ley integra medidas concretas a través de algunas de las enmiendas que hemos incorporado que refuerzan esa capacidad del espíritu emprendedor. Hemos mejorado la protección de la vivienda habitual del trabajador autónomo, seguramente no en los términos ideales -está claro que no-, sino en los términos que nos posibilita nuestra legislación. Hemos abierto la posibilidad de la contratación de los autónomos a sus hijos por el régimen general, que es una vieja demanda. Se nos ha quedado en el camino la contratación del cónyuge, pero hemos avanzado en la contratación de los hijos. Hemos abierto a nuevos colectivos la posibilidad de beneficiarse de reducciones en bonificaciones sociales, con especial referencia a trabajadores con discapacidad y a personas del ámbito del artesanado, que van a generar en los próximos años la eclosión en la economía formal de sectores seguramente hoy situados fuera.


En quinto lugar, hemos considerado la representación del trabajo autónomo, tanto con ese Consejo estatal del trabajo autónomo que va a tener la presencia de los consejos de ámbito autonómico, como, al mismo tiempo, abriendo el proceso para que el mundo del trabajo autónomo esté presente en el Consejo Económico y Social. Mejoras que el Parlamento ha introducido, todas ellas con el sello de Convergència i Unió.


Señorías, hemos dado un nuevo paso cualitativo y significativo que marca un antes y un después, pero habrá que continuar en los próximos años mejorando las condiciones de aquellas personas que arriesgan, de aquellas personas que tienen capacidad de iniciativa. Habrá que cambiar la mentalidad de muchos funcionarios públicos; superar esa desconfianza congénita de muchos funcionarios públicos a lo que supone el trabajo autónomo. Ojalá también este proyecto de ley sirva para eso, para cambiar la mentalidad de la Administración frente a quienes arriesgan, frente a quienes se la juegan.


Muchas gracias. (Aplausos.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO. (Número de expediente 121/000121.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el siguiente punto del orden del día, referido a los debates de totalidad de iniciativas legislativas y, en particular, del proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.


Comenzaremos con la presentación del proyecto por parte del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Señora vicepresidenta, señorías, como saben ustedes, este proyecto de ley es fruto del trabajo del Gobierno para dar respuesta al acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 13 de diciembre de 2005, por el que se instaba al Gobierno a presentar un anteproyecto de ley con estas características. El acuerdo del 13 de diciembre supuso un paso importante en este campo y vino a refrendar uno de los objetivos esenciales de este Gobierno, que es la mejora permanente de los controles y la transparencia en el comercio de material de defensa y de doble uso. En la ley se han tenido en cuenta todos aquellos aspectos que puedan conducir al perfeccionamiento de los procedimientos de autorización de las operaciones, así como de la calidad de la información suministrada en las estadísticas. Se ha preservado, en todo caso, la confidencialidad de las empresas exportadoras, de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública. Hemos de ser conscientes también de la necesidad de compaginar este ejercicio de mayor transparencia con el compromiso de mantener la confidencialidad necesaria, motivado por el carácter sensible de las ventas y las obvias implicaciones que tienen desde el punto de vista de la defensa y la seguridad, además de consideraciones de política exterior.


Desde una perspectiva de seguridad nacional e internacional, se trata con esta ley de impedir el tráfico ilícito y la proliferación de armamentos y tecnologías sensibles a favor de Estados o actores no estatales, susceptibles de actuar contra la paz y la seguridad o susceptibles de involucrarse en actividades terroristas. El Gobierno trata de responder a una significativa demanda política y social del control del comercio de material de defensa y de doble uso, todo ello sin perjuicio de las legítimas exigencias de la defensa nacional y de las actividades de la seguridad.


Dicho lo anterior, me permitirán SS.SS. que incida en los aspectos más destacables del proyecto de ley. En primer lugar, la legislación española en esta materia pasa a estar constituida por una norma con rango de ley, por lo que se dispone de un instrumento que hará que los controles se ejerzan con mayor eficacia y con una metodología sistemática. En segundo lugar, la ley actualiza la regulación de las transferencias de comercio exterior de material de defensa, de acuerdo con los nuevos compromisos contraídos con España en los foros internacionales de control y no proliferación. En tercer lugar, se incluye por primera vez en esta norma el compromiso del Gobierno consistente en presentar al Parlamento una información completa y detallada sobre las exportaciones

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de dichos productos, con una remisión semestral de las estadísticas y una comparecencia anual del secretario de Estado y de Comercio en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. A este respecto, aprovecho la ocasión que se me brinda para informar a SS.SS. que en el informe de estadísticas del año 2006, el Gobierno ha decidido adelantarse a la aprobación de la ley e incluir información referida al uso final del producto exportado, a la naturaleza del usuario final y a la asistencia técnica. Este compromiso está desarrollado en el artículo 16 de la ley que hoy estamos tratando. De manera singular el Gobierno ha considerado oportuno ofrecer dos documentos adicionales con detalles como los siguientes. En primer lugar, se incluyen las operaciones de leasing, las donaciones y el material de segunda mano y también se incluye la información sobre la producción bajo licencia en el extranjero. El segundo documento recoge el desglose de las exportaciones clasificadas de acuerdo con los programas de cooperación en el ámbito de la defensa en los que participan empresas españolas. El cuarto aspecto más destacado del proyecto de ley es el referido a la ampliación de los controles de todo tipo de armas de fuego. Se incluyen las armas para caza y tiro deportivo y sus componentes y municiones. De esta forma se da cumplimiento a la resolución 55/255, de Naciones Unidas, por la que se aprueba el protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego de piezas y componentes y sus municiones. En quinto lugar, hay que señalar uno de los puntos expuestos en el acuerdo de 13 de diciembre relativo a la necesidad de aplicar los ocho criterios del código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas de forma estricta y escrupulosa. La ley recoge estos criterios, así como los contemplados en la OSCE para las operaciones de armas pequeñas y ligeras.
En sexto lugar, la ley facilitará que los controles se ejerzan de manera más rigurosa, de forma que se prohíban aquellas operaciones a países que incumplan los criterios del código de conducta de la Unión Europea y las directrices emanadas de los foros internacionales de no proliferación.
Asimismo, se denegarán las exportaciones dirigidas a destinos en los que se violen de manera grave los derechos humanos, a los que padezcan conflictos armados y a los que sus gobiernos puedan llegar a emplear estos productos para atentar contra la dignidad humana. Es importante resaltar que esta ley nos va a permitir contar con una herramienta fundamental para ejercer una labor activa en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Por último, el acuerdo de 13 de diciembre instaba también al Gobierno a impulsar y participar en los procesos regionales e internacionales encaminados a un mayor control del comercio de armas.


Este Gobierno ha respaldado siempre todas estas iniciativas. De hecho, España fue uno de los 125 copatrocinadores del acuerdo del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, de 26 de octubre de 2006, en la 61 Asamblea General de Naciones Unidas. Debo señalar que la ley se verá acompañada de un real decreto de desarrollo de los procedimientos de tramitación de las operaciones. Con este conjunto de medidas el sistema español de control de comercio exterior se convierte en uno de los de mayor control, más exigente y riguroso, comparable a los sistemas vigentes en los países más exigentes en la Unión Europea y en la OTAN.
Dichos mecanismos habían sido reforzados ya en la presente legislatura con la adopción del Real Decreto 1782/2004, así como con la resolución de la Secretaría de Estado de Comercio, de 20 de julio de 2006, para el control del comercio de instrumentos de tortura y aplicación de la pena de muerte. Paralelamente a la reforma de los mecanismos de control, las estadísticas españolas de exportación de material de defensa y de control de doble uso ha sido incorporado año a año, con una información más completa y más detallada en línea con los avances experimentados por otros informes internacionales de las mismas materias. No obstante, el Gobierno tendrá en cuenta durante la tramitación parlamentaria de la ley cuál puede ser la manera más adecuada para que se puedan incorporar todos aquellos avances que se traduzcan en una información con un mayor grado de detalle y actualización en el tiempo. Espero que el debate sobre el proyecto de ley que se inicia ahora sirva para progresar en su contenido y que su aprobación suponga un paso adelante decisivo en esta materia. Se trata de un buen texto que tiene como objetivo la mejora permanente de los controles y de la transparencia en el comercio del material de defensa y de doble uso y que sin duda podrá ser aún objeto de perfeccionamiento en las próximas semanas durante el proceso legislativo.
El Gobierno desea mostrar su disposición a encontrar lugares comunes entre todos mediante un diálogo constructivo. Por ello, me gustaría invitar a los dos grupos proponentes de la enmienda a la totalidad a sumarse al esfuerzo de todos los grupos para conseguir un texto final consensuado y que responda a las inquietudes de todos. No duden que haremos todo lo posible por nuestra parte para llegar a este fin.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Señorías, comenzamos con los turnos a favor de las enmiendas a la totalidad. Pasamos en primer lugar a la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que presentará el señor Herrera. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)

El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor Clos, señoras y señores diputados, estamos ante un debate de totalidad porque nosotros, como muchos otros actores sociales que hoy nos acompañan, hemos entendido que el mandato que salió del Congreso en junio de 2005 no se ha cumplido. Señorías, por aquel

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entonces había un mandato unitario del Congreso de los Diputados al Gobierno, fruto de una campaña que ha durado más de diez años, protagonizada principalmente por Amnistía Internacional, Intermón y Greenpeace, por el que se mandataba al Gobierno a que se estableciese un control periódico del Congreso y no solo que se le informase. Se mandataba al Gobierno sobre la necesidad de una información periódica, separando expresamente el papel de la información del papel del control; se hablaba de la aplicación estricta del código de conducta; se hablaba de una información detallada de aquella mínima que se tenía que incorporar y se mandataba al Gobierno a que se incorporasen las mejores prácticas de la Unión Europea. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué hemos presentado una enmienda a la totalidad? No para que se devuelva el proyecto, sino para que haya un texto alternativo sobre el que construir una mejor práctica en materia de comercio de armas. Hoy estamos aquí porque el proyecto que nos presenta el Gobierno es claramente decepcionante y no cumple con los mandatos de la proposición no de ley aprobada en 2005, con lo que le pedía la sociedad civil.


Señorías, después de aprobarse en el Congreso esa proposición no de ley, en la Conferencia del programa de acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en Nueva York, el representante español decía que habría un control periódico del Gobierno español y se comprometía a incorporar las mejores prácticas. Tenemos legislación comparada; nos la han facilitado los promotores de la campaña Comercio de armas en España, una ley con agujeros. Está claro que en la legislación comparada no es que ustedes se hayan quedado a la cabeza o en el pelotón de en medio; ustedes con esta ley se han quedado a la cola; hay que decirlo: se han quedado a la cola.
Hoy en España era necesaria la ley más que nunca porque lo cierto es que España continúa exportando a países tan preocupantes como Colombia, Israel, Marruecos, China, Arabia Saudita, Irán, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Zimbabwe, Sudán y podría continuar. España es el principal país que suministra munición de caza al África subsahariana. La pregunta que nos tenemos que hacer es: en un país que hace esto ¿qué necesitamos? ¿Una ley de mínimos o una ley de máximos? Nosotros entendemos que una ley de máximos. Amnistía Internacional, Intermón y Greenpeace -promotoras entre otras de la campaña Armas bajo control- dicen que no es posible saber qué se ha vendido desde España a un país, cuál será el uso final del producto exportado, cómo se interpretarán los códigos de conducta de la Unión Europea, con qué garantías cuenta el Gobierno al autorizar una venta de que no tenga impacto negativo en el país de destino o en un país tercero porque no se conocen las actas de la Jimddu (la Junta interministerial de material de defensa y de doble uso).
Ante esto la ley que nos propone el Gobierno es claramente insuficiente.
La virtud de la enmienda a la totalidad con texto alternativo -que no de devolución- es que va a poner de manifiesto que es una ley insuficiente.


¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado? En primer lugar, por el método por el que opta el Gobierno a la hora de aprobar esta ley. Señoras diputadas y señores diputados, el Gobierno tomó una opción clara, el Gobierno distribuyó entre la Asociación española de fabricantes de armamento el texto para que opinasen, y nos parecía oportuno que así lo hiciesen porque la Asociación española de fabricantes de armamento debe opinar sobre la materia, pero el texto no se distribuyó entre todos los actores que estaban demandando la ley. Por tanto, primer suspenso con su método, que iba encaminado a una ley poco exigente. ¿Qué queremos en primer lugar? Que cambien de método, que no solo escuchen ahora a todos los actores -porque lo han empezado a hacer cuando habían aprobado la ley en el Consejo de Ministros y no cuando tenían que decidir cuál era el articulado, porque no les pasaron el texto-, sino que queremos que se les haga caso. En segundo lugar, queremos que los ojos que miran esta ley no sean solo los ojos de defensa o, a lo sumo, los ojos de comercio. Los ojos que tienen que mirar esta ley tienen que ser los ojos de exteriores, los ojos de cooperación, en definitiva los ojos de una acción coordinada que vaya más allá de los intereses industriales y comerciales del sector armamentístico español. Una buena muestra de su voluntad la vamos a tener en los portavoces de la ley. Si los portavoces son todos de defensa y, a lo sumo, de comercio tendremos claro cuál es su intención, pero si ustedes son capaces de poner portavoces que sumen sensibilidad de comercio, de cooperación, de exteriores y también de defensa quizás ese sea un signo de que realmente quieren dar un enfoque distinto a la ley.
Por tanto, repito, primera crítica: su método, y primera petición: cambien las formas de hacerlo. Segunda crítica, el contenido ya que es coherente con el método por el que ustedes optan, el de hablar con determinados actores. Al final el proyecto de ley es el mínimo común de las diferentes legislaciones europeas. Pasando país por país lo que hacen es recoger el mínimo de cada país, pero ustedes tenían un mandato muy diferente: coger el máximo de cada país, hacer una legislación ambiciosa.
Al final hacen una compilación legal de las prácticas existentes. ¿Qué es lo que les pedimos? Que realmente incorporen las mejores prácticas. No nos gustaría que el objetivo fuese garantizar que las empresas de armas españolas sean más competitivas a escala internacional o que su principal preocupación a la hora de legislar sea esa. Les pedimos que esos intereses estén supeditados -digo bien, supeditados- a la responsabilidad política, moral y humana para que las armas españolas no vulneren los criterios básicos y fundamentales, por ejemplo los que están establecidos en el Código de conducta de la Unión Europea sobre exportaciones de armas. Por eso no entendemos que en el articulado entre las transferencias que se establecen no se incluyan las donaciones, las cesiones o las asistencias técnicas.


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No incluir eso puede ser una forma de burlar el objetivo de la ley. No entendemos el artículo 8, donde se establecen los motivos para denegar el comercio de armas y se recurre -lo digo así- a fórmulas genéricas. Se habla de indicios racionales, de que podrán ser denegados, como si el hecho de exportar armas a una zona de conflicto donde se vulneran los derechos humanos o donde se desestabiliza una región no debiera dar lugar a un mandato categórico. ¿Por qué no incorporamos la guía del usuario más actualizada del Código de conducta europeo? Porque sería una forma de hacer una aplicación estricta de ese código de conducta aun más categórica que la que está incorporada en el texto. Cómo explicar que demos absoluta discrecionalidad al órgano regulador, a la Jimddu, permitiéndole en dos artículos, el 4 y el 14.4, que pueda eximir de los documentos de control a determinados operadores o que haya casos en los que no sea necesario el certificado de destinatario o uso final o la cláusula de no reexportación. ¿No se dan cuenta que estos agujeros pueden permitir a cualquier Gobierno vaciar radical y absolutamente el contenido de la ley? No entendemos por qué no se hacen públicas las actas de la Jimddu. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? La ley no habla de datos que debe contener la solicitud de licencia de exportación, sin citar por tanto los países de tránsito, el circuito de exportación o el arma en concreto. Es incomprensible que una legislación avanzada, una legislación ambiciosa no incorpore estos elementos básicos que existen en otras legislaciones. El proyecto, por ejemplo, no tiene previsto establecer ningún mecanismo de control para que el Parlamento pueda parar determinadas aberraciones, no de forma generalizada pero sí de forma excepcional. ¿Ustedes no se habían comprometido a hacer la legislación más ambiciosa ante Naciones Unidas? Un buen ejemplo de la falta de instrumentos de control es que la ley se limite a informar de las exportaciones y a que comparezca el secretario de Estado de Turismo y Comercio, es decir poner en la ley aquello que estamos haciendo sin incorporar nuevos elementos, nuevos instrumentos e intervención por el Congreso. Este es el problema de la ley.


La proposición no de ley no solo hablaba de información, hablaba de transparencia. ¿Saben cuál es el problema? Que al final la ley, de aprobarse tal y como se ha presentado, si no la movemos, si no la reorientamos, puede acabar convirtiéndose en un colador. Todos los portavoces hemos recibido este colador que nos han enviado Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón. Nos dicen que la ley puede convertirse en colador. Está en sus manos que no lo sea. Nosotros queremos precisamente que la ley no sea un colador y por supuesto que no sea un embudo; esta es la ley que tenemos y por aquí tienen ustedes que pasar. Está en nuestras manos, especialmente en las manos del Grupo Socialista, que la ley sea claramente exigente, porque hoy no lo es para nada. Si tenemos un problema de método y un problema de contenido, eso supone que no podamos liderar prácticamente nada. ¿Cómo pretendemos liderar algo a nivel global con tan poca ambición? Existe un debate -ustedes lo saben- a nivel global, por eso les pedimos que se sitúen no a la cola sino en el pelotón de salida porque, si no, lo que haremos es no influir en una escala internacional en la que se están debatiendo muchas cosas y en la que queremos que el Gobierno español juegue un papel de liderazgo.


Para ir concluyendo, señor presidente, el objetivo de la enmienda a la totalidad con texto alternativo no es la devolución del texto al Gobierno, sino poner de manifiesto las claras insuficiencias de la ley que nos ha presentado el Gobierno. El objetivo, por tanto, es presentar un texto que es posible y que, de aprobarse, se situaría como una ley que se tramitaría desde un planteamiento inicial claramente de ambición.
Podríamos haber optado por callar, por no decir nada y esperar al trámite de enmiendas, esperar a que ustedes reorientasen la ley en el trámite de enmiendas, pero sabemos que lo mejor sería un debate sobre la materia en este Pleno que evidenciara que el rey va desnudo, que la ley es insuficiente, que la ley hay que reorientarla. En definitiva, lo que queremos con esta enmienda a la totalidad con texto alternativo es que las bases para articular una nueva ley sean distintas. Tienen ustedes la opción de sumarse a nuestro texto, aunque seguro que no lo harán. Tienen la mayoría parlamentaria para no hacerlo, pero también tienen la mayoría parlamentaria para hacer un texto ambicioso. Por supuesto pueden optar por sacar una ley de mínimos que contentará al sector y disgustará mucho a los actores que han reivindicado una nueva ley; seguramente desde un punto de vista de aritmética parlamentaria podrán hacerlo, pero tienen la responsabilidad política -la responsabilidad de una proposición de ley aprobada en la Cámara y la responsabilidad hacia los grupos parlamentarios que les hemos apoyado en multitud de aspectos- de hacer una ley de ambición. Tienen ustedes dos caminos: aprobar nuestra enmienda de totalidad o, en caso contrario, entrar en una negociación, pero en una negociación a fondo para reorientar la ley.


Las ONG impulsoras de la campaña Armas bajo control llevan años reclamando que la ley española sirva como mínimo para igualar la situación española a las mejores prácticas existentes en estos momentos en el resto del planeta. Hoy la ley española debería equipararse a la legislación de países también productores de armas, como las de Italia o el Reino Unido, para hacer evidente el cumplimiento estricto del Código de conducta de la Unión Europea, según experiencias como las de Bélgica, Suecia, Italia, Holanda, etcétera. Ustedes pueden hacerlo; está en sus manos. Me dirán que lo que han presentado es simplemente lo que se está haciendo en la Unión Europea. Tenemos la suerte de disponer de los informes de Amnistía, de Intermón y de Greenpeace, pero los diferentes actores también dicen que en los países de la Unión Europea hay más control, más transparencia y más información que los que contiene este proyecto de ley. Hoy dejamos la puerta abierta, para que se sumen a una ley que se tiene que construir desde la ambición y

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no desde una política de mínimos; mantendremos la puerta abierta para que en el trámite de enmiendas, en el caso de que no se sumen a la ambición que nos gustaría construir a partir de hoy, se concreten los criterios de transparencia, que ustedes dicen que van a aumentar; se concreten los criterios de control; se incorporen las donaciones y cesiones; no existan las válvulas de escape que permite hoy la ley para vaciar su contenido y, en definitiva, para que tengan la ambición que no han mostrado. Se lo decían las organizaciones no gubernamentales: hagamos que esta ley no sea un colador. Tienen ustedes la oportunidad de que sea una ley de ambición, y espero que con humildad, asumiendo los errores, entendiendo que se han equivocado, corrijan el método, escuchen e incorporen las aportaciones y hagan que esta ley sea una ley de ambición que hoy lamentablemente no tenemos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Herrera.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado asimismo una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes estaba el ministro señor Clos y nos ha tendido una mano para hablar de la modificación de este trámite de la ley, pero de momento solo hemos escuchado las palabras, por tanto vamos a mantener la enmienda a la totalidad con texto alternativo que hemos presentado. Es un texto que se ha elaborado a partir de la campaña que han realizado diferentes organizaciones, que nos han hecho llegar propuestas y miles de firmas; una campaña que han iniciado Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam y que nuestro grupo parlamentario ha recogido, presentando esta enmienda a la totalidad con texto alternativo. La ley sobre el control y la transparencia de la venta de armas tendría que haber mejorado más en los países avanzados en Europa. Si no hay control ni transparencia seguirá habiendo opacidad en la venta de armamento restringido o prohibido, permitiendo que esto se produzca y dejando esta ley en papel mojado. En ese sentido la principal novedad de nuestra enmienda es la creación del consejo de control y seguimiento del comercio exterior de armas y productos de doble uso, para que tenga toda la información necesaria y sea competente para autorizar la venta del tipo de armamento o autorizar a los países que el propio consejo decida; es decir, un consejo de control que tenga la capacidad para vetar la venta de armas a países que violan de manera grave y reiterada los derechos humanos como son los casos de Colombia, al cual el Estado español hace años que le vende armamento, o de Sudán, al cual bajo el mandato del Partido Popular se vendieron gran cantidad de armas entre los años 2003 y 2004, a pesar de que sufría una importante crisis humanitaria. A pesar de lo dicho, honestamente reconocemos que el proyecto de ley representa un avance, mínimo, respecto a la situación actual, destacando entre ello la obligación de informar sobre la naturaleza del usuario final de las armas o el control sobre el armamento convencional, como armas de caza y tiro deportivo, así como su munición, de manera que quede en evidencia la venta de este tipo de armas o municiones a países como Ghana, por ejemplo. De todas maneras, que haya transparencia al respecto no significa que exista un filtro o una limitación en las ventas. Esto es absolutamente necesario determinarlo con concreción si pretendemos que sea una ley progresista y coherente, y subrayo la importancia de un control estricto sobre todo tipo de armamento, porque como afirmaba Kofi Annan por su mortalidad las armas ligeras podrían describirse como las verdaderas armas de destrucción masiva. Por ello decimos que, aunque los avances continúen siendo tímidos y ustedes puedan argumentar la existencia de otras mejoras importantes, la formulación de éstas no es tan genérica o ambigua, y ello va a depender de la discrecionalidad y voluntad del Gobierno de turno, lo cual no supone una garantía, y menos aún si tenemos en cuenta que esta ley ha sido presentada después de mantener contactos más con la industria armamentística que con las organizaciones pacifistas que lo reclamaban.


De hecho, son precisamente estas organizaciones quienes rechazan los términos del presente proyecto de ley. Así, organizaciones de reconocido prestigio estatal e internacional como Amnistía Internacional, Greenpeace o Intermón Oxfam han realizado un informe denominado Comercio de armas en España, una ley con agujeros. En ese sentido, esa enmienda a la totalidad con texto alternativo se basa en esas consideraciones y recomendaciones de estas organizaciones y pretende tapar esos agujeros presentes en la ley. ¿Cuáles son esos agujeros? Permitan que continúe mi intervención con los criterios ya establecidos por estas organizaciones. En primer lugar, no se incluye todo tipo de transferencias de armas. Por un lado, el concepto de transferencia que define a la ley no es suficientemente detallado y no incluye las donaciones u otro tipo de operaciones entre gobiernos. Por otro lado, tampoco se hace referencia a ciertos productos para aplicar pena de muerte o infligir tortura. En ese punto hay que recordar que la legislación española no ha sido adaptada al Reglamento europeo 1236/2005 y las empresas españolas siguen exportando dispositivos de tortura, incluso se exportan grilletes y cadenas para la cintura, cuya producción está prohibida desde 2001. De hecho, según el propio informe anual del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se han exportado dispositivos restrictivos del movimiento de seres humanos con inclusión de grilletes para pies o cintura, con o sin cadena, y los dispositivos inmovilizadores rápidos a distancia, de la misma manera que equipos portátiles y cinturones para provocar descargas eléctricas. Por cierto, el mismo informe también indica la exportación de materias que crean dudas, como ciertas

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sustancias químicas, microorganismos y toxinas. En segundo lugar, la ley no concreta explícitamente las condiciones para la denegación de la venta de armamentos sobre los datos que debe contener la solicitud de licencia; si bien hace referencia al Código de conducta de la Unión Europea o a otro tipo de disposiciones, la formulación es tan genérica que puede estar sujeta a interpretaciones que en el fondo supongan un fraude de ley. Reclamamos una mayor concreción. Por cierto, en la ley se hace referencia al cumplimiento de las disposiciones internacionales relevantes, y nosotros nos preguntamos: ¿Cuáles son relevantes y cuáles no lo son? ¿Acaso las disposiciones internacionales acatadas por el Estado español -al parecer de él- no son relevantes, no son de obligado cumplimiento? Como decíamos, demasiada flexibilidad e inconcreción que conlleva a una inadmisible discrecionalidad, que además está reforzada por la propia ley cuando atribuye a la Junta interministerial reguladora del comercio de exterior en materia de defensa y doble uso la posibilidad de eximir al operador de los documentos de control, lo cual deja en papel mojado las disposiciones sobre control, el informe previo que se establece en la ley. En definitiva, y permitan que haga alusión a un dicho popular: hecha la ley, hecha la trampa, y más trampas si vemos la composición del órgano regulador de la Junta interministerial, donde la mayoría de los miembros son del Ministerio de Industria, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa y solo hay un miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que no es precisamente la secretaria de Estado de Cooperación. En tercer lugar la ley no establece medidas que controlen la actividad de los intermediarios, de manera que en nuestra enmienda a la totalidad hemos completado la definición de corretaje que era insuficiente. Asimismo hemos establecido en la ley el principio de extraterritorialidad con la finalidad de poder aplicarse a la ciudadanía y a los residentes del Estado que operan desde otros Estados. Finalmente la ley no establece la obligatoriedad de facilitar una información completa y detallada respecto a las exportaciones de armamento. En ese sentido hay un déficit de la cantidad y en la calidad de la información que hemos pretendido subsanar en nuestra enmienda. En esta línea, otro de los déficits es que la información sobre las exportaciones realizadas no se incluya en las autorizadas, dificultando el control efectivo que permita impedir aquellas exportaciones que no cumplan fielmente con los criterios establecidos en la presente ley. Es por ello que en nuestra enmienda a la totalidad proponemos, como decíamos al principio, la creación del consejo de control y seguimiento, que debería ser similar en su definición y composición por ejemplo al de seguridad nuclear, que debe tener información detallada e inmediata sobre las exportaciones autorizadas o denegadas y competencia para realizar informes determinantes cuando lo considere oportuno e incluso para autorizar la venta del tipo de armamento a los países que estime necesario. Asimismo establecemos que, mientras que este consejo no sea una realidad, la mayoría de sus futuras competencias sea responsabilidad de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.


Estas son a grandes rasgos las consideraciones que nuestro grupo parlamentario expone: considera que la vía de control de armas es un buen camino para avanzar hacia la limitación de la proliferación de armas y especialmente de las más crueles, por lo tanto es un paso adelante en la consecución de un mundo en paz. Debemos subrayar que si existe verdaderamente la voluntad de que haya diálogo y acuerdo entre civilizaciones y de enmarcarnos en una cultura de la paz, como se afirma en los discursos gubernamentales es necesario complementarlo con una serie de medidas coherentes. La coherencia significa apoyar un proceso de desarme a nivel internacional y estatal. Hemos presentado iniciativas en ese sentido para que puedan demostrar su coherencia, por cierto algunas de ellas ya rechazadas, como aquella que presentamos a favor de una moratoria en todos los ámbitos respecto al uranio empobrecido, así como una investigación profunda sobre sus consecuencias. Coherencia significa también que la venta de armas no sea decidida por los ministerios de Comercio, de Defensa o de Interior, sino que el Ministerio de Asuntos Exteriores, y específicamente Cooperación, tenga mayor relevancia en ello y además exista un órgano de control que lo supervise y decida los casos en los que la venta de armas pueda ser éticamente duda, si es que la venta de armamento se puede considerar ética en algún caso. En definitiva, nuestra enmienda pretende que la ley sea una ley sin trampas, sin agujeros, como reclaman las miles de firmas que hemos recibido todos los grupos parlamentarios; firmas como estas -no sé qué habrán hecho con ellas los otros grupos parlamentarios y el principal grupo de la oposición- de ciudadanos preocupados por el comercio de armas, y que han sido recogidas por Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam.


El ministro, señor Clos, cuando ha intervenido -ahora está ausente- ha dicho que pedía a los grupos parlamentarios que hemos presentado enmienda a la totalidad que las retirásemos y que planteásemos el diálogo. Hasta el momento, por parte del Gobierno, no se ha facilitado este diálogo. Por tanto, mantenemos nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo, esperando que ese diálogo que piden los diversos grupos parlamentarios y los miles y miles de ciudadanos que han presentado esas firmas, sea atendido y que sea el ministro, tal como ha dicho, el que ofrezca realmente diálogo y no solo palabras. Firmas, que son voces, que nos las han hecho llegar a esta Cámara esperando a ser atendidas y que se acompañaban de un colador. Antes, cuando el compañero del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha enseñado este colador, que todos ustedes han recibido, ha habido algunas sonrisas en esta Cámara. Más que sonrisas tendría que ser tristeza por el hecho de que un Gobierno progresista no tenga la valentía de presentar

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una ley que se ponga a la cabeza de los países europeos, que es lo que le pedimos los ciudadanos partidarios de un mundo en paz. El Gobierno socialista otra vez se ha quedado solo en las palabras, otra vez ha faltado a los hechos. Por tanto, les pedimos que sean valientes, que modifiquen y participen del diálogo para que en el trámite en Comisión sea mejorada la ley y podamos dar respuesta a esos miles de ciudadanos que nos han escrito y que nos piden que regulemos con valentía el control sobre el comercio de armas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Puig.


Pasamos al turno de fijación de posiciones, por tiempo de diez minutos, por parte de los grupos parlamentarios que intervengan en el mismo.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias? (Pausa.) Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo se ha dedicado a lo largo del tiempo a tener un conocimiento estricto de este problema de la exportación de armas y componentes de las mismas dentro del contexto mundial. Sobre esta materia siempre hemos sido partidarios de tener un criterio de defensa de los derechos humanos y también del sentido común dentro del comercio internacional. Hemos dicho infinidad de veces que este problema no se podrá nunca resolver unilateralmente por las buenas intenciones que pueda tener cualquier país y por la buena legislación que pueda elaborar al respecto, sino que es un problema general y colectivo en el que España ocupa una posición muy secundaria por la cantidad o intensidad del mercado de armas en cualquiera de sus modalidades, sean armas de guerra, sean armas deportivas, munición, etcétera, y que el marco ideal tiene que ser los grandes organismos internacionales.


Nosotros secundamos las palabras de sentido común que ha dicho el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio al presentar este proyecto de ley y ante las dos enmiendas a la totalidad presentadas. Hay dos escenarios fundamentales para España: uno es la Unión Europea y otro es la Asamblea de las Naciones Unidas. En la Asamblea de las Naciones Unidas estamos todavía pendientes de un tratado internacional sobre el comercio de armas. Este es el foro fundamental, porque ahí están los grandes fabricantes y los grandes exportadores de armas, de sus sistemas correspondientes y de todo el aprovechamiento logístico y de intencionalidad de acción directa en este mercado. Por tanto, en ese marco de Naciones Unidas es en el que España debe mostrar su posicionamiento para no tener ningún demérito y no estar haciendo un hueco más en un comercio, porque otros países lo van a ocupar inmediatamente. El otro escenario es el de la Unión Europea y nosotros entendemos que los distintos gobiernos españoles desde hace años han venido cumpliendo y tratando de adaptarse al Código de conducta de la Unión Europea. Las normas que se señalan en el Código de conducta de la Unión Europea para la exportación de armas a terceros países cumplen, si no sobradamente, sí con un rigor que empieza a tomar carta de naturaleza con procesos de orden legal. Este es el caso de tener en este momento un proyecto de ley en esta Cámara para debatir y para regular estas actuaciones. Por tanto, nosotros no estamos a favor de apoyar estas dos enmiendas a la totalidad. Respetamos los principios, porque aquí no se trata solamente de establecer un principio ético, en el que estamos de acuerdo y conformes por el uso que se hace en contra de los derechos humanos de determinados países, porque no todos los países que reciben armas de este tipo están conculcando derechos humanos, ya que son armas que utilizan los propios servicios de seguridad del Estado o las Fuerzas Armadas, que son instituciones democráticas de cualquier Estado democrático. Un Estado democrático, si tiene unos instrumentos como las Fuerzas Armadas o los Cuerpos de Seguridad del Estado, tendrá que tener los instrumentos de actuación disuasoria frente a las contingencias de su propia actividad de ordenamiento político. A ningún país democrático se le ocurriría tener unas Fuerzas Armadas sin armamento o unas fuerzas de seguridad y orden público sin tener el armamento adecuado correspondiente. Esto es de sentido común y, por tanto, tenemos que actuar dentro de ese sentido común, con un principio ético pero, al mismo tiempo, con un principio de racionalidad y de sentido común en lo que estamos actuando. En este sentido ético está nuestra línea de actuación, pero esto no significa que tengamos que hacer una especie de burbuja de aislamiento de la realidad que hay ahí. Los principios, que se defiendan en estos dos foros internacionales: Unión Europea y Asamblea General de las Naciones Unidas.


Por esas razones, señor presidente, mi grupo va a votar en contra de estas dos enmiendas de totalidad, entendiendo que, con el perfeccionamiento que hagamos en los trámites de ponencia y de Comisión, será mucho más adecuada la terminología que emplee el proyecto de ley que, sobre la situación actual, representa un paso de mejora en este sentido ético y de realismo en todos los órdenes: tecnológico, laboral y de balanza comercial; también en cualquier otro sentido positivo que un Estado democrático hará siempre en el control semestral que efectuamos en esta Cámara con los representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuando vienen a dar cuenta de la estadística y de los destinos u orígenes del comercio de armas por parte de España.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.


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El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.


De todos es conocido que en Naciones Unidas se está trabajando en la elaboración de un tratado de comercio de armas para regular todo el comercio de armamento convencional a escala global. El propio secretario general se ha involucrado en dicha labor y se halla realizando gestiones ante los diversos gobiernos para que sea posible este logro. Por lo tanto, entendemos que es necesario y adecuado que se presente una ley, que se realice un debate serio y sereno sobre este tema y que nos manifestemos en la línea que ya se está preconizando en las Naciones Unidas. Todos los grupos hemos mantenido diversas reuniones de trabajo con diferentes representantes en esta materia y en esta línea -Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam- que se están destacando en la consecución de este logro. Vaya nuestro reconocimiento y apoyo también a su labor.


Hoy es una realidad que se comercia con estas armas desde países con certificados de demócratas y supuestamente respetuosos y hasta adalides en el respeto a los derechos humanos. Y se comercia con países donde se violan estos derechos elementales fortaleciendo regímenes dictatoriales, intensificando conflictos y, fundamentalmente, acentuando y aumentando también las situaciones de miseria y pobreza de dichos países que destinan recursos que les son totalmente necesarios a armamento en vez de ocuparse de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. El Estado español, que ha comerciado desde 1998 por un valor superior a los 2.500 millones de euros y que, como ya se ha comentado en una anterior intervención, solamente en 2006 este comercio supuso 420 millones de euros, tiene también su responsabilidad en que armas fabricadas en este Estado acaben en países distintos a los que se destinan, que violan los derechos humanos y que tienen conflictos importantes en sus fronteras. Se nos manifiesta desde la Junta interministerial que preside el ministro de Industria que desde esa junta se decide si se aceptan o no las exportaciones de armas y que no se comercia con países que incumplen las directivas de las Naciones Unidas y los códigos de conducta de la Unión Europea, pero tan cierto como ello es que han aparecido armas españolas como reexportaciones en países del conflicto. Las actas de dichas exportaciones, por motivos que a veces son entendibles también, son secretas, no existe transparencia en el mercado y dichas decisiones son calificadas como materia reservada, aunque se cumplan los expedientes, y también reconozco que se nos remite periódicamente información sobre las exportaciones.


Hoy de lo que se trata es de debatir si se aceptan o no las enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Unida y Esquerra Republicana. Además, les tengo que felicitar porque coherentemente han presentado un texto alternativo, cosa que no es normal y debería de serlo en todos los textos. También les voy a manifestar que en mi grupo se han estudiado seriamente sus textos alternativos. Sinceramente, la ley es susceptible de mejorar en el debate en Comisión y a través de enmiendas, sobre todo si el Gobierno manifiesta ese espíritu que además permitirá, segundo gran objetivo, que, dado el momento de la legislatura en que nos encontremos, se pueda aprobar una ley. Si encima entre todos hacemos un debate en serio, será una ley coherente para que desde este Congreso demos una respuesta y mostremos una actitud clara en la regulación del comercio de armas convencionales. Por tanto, independientemente de loar la labor de las ONG que antes he citado y también la propuesta que se nos ha presentado por parte de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, adelanto que, por los motivos que también he citado y porque sinceramente creo que va a ser posible, nos vamos a abstener en la votación de las enmiendas a la totalidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Txueka.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero también dar la bienvenida a los amigos de las asociaciones que han impulsado desde hace tantos años la campaña por la transparencia en el comercio de armas y agradecer a Esquerra Republicana y a Iniciativa per Catalunya las enmiendas a la totalidad que plantean porque efectivamente permiten un debate en este Pleno sobre este proyecto de ley. Eso sí, anuncio que Convergència i Unió no va a apoyar estas dos enmiendas a la totalidad y que las vamos a rechazar. El contenido del proyecto de ley en sí mismo no justificaría un voto favorable, una enmienda a la totalidad con texto alternativo.


Ahora bien, señorías, mi grupo quiere empezar esta intervención destacando el largo recorrido de esta Cámara en esta materia. Remontándome a marzo del año 1997, como fruto de una campaña precisamente protagonizada por esas organizaciones que nos acompañan -Intermón, Greenpeace, Amnistía, también Médicos sin Fronteras y con el liderazgo muy personal de Vicenç Fisas- esta Cámara aprobó una primera proposición no de ley por consenso, con un trabajo parlamentario complicado, gracias a la cual se ha iniciado un proceso de control político en ese comercio de armas durante tantos años opaco. En los siguientes años, en diciembre de 2001 y en diciembre de 2005, hemos vuelto a aprobar sendas proposiciones no de ley que han profundizado en esa política de participación del Congreso, en esa política estrictamente gubernamental de envío de información a la Cámara y de debates anuales en la Cámara en relación con esa política. Ese proyecto de ley que el Gobierno ha aprobado es fruto precisamente de esa última proposición no de ley de diciembre de 2005.


El balance global de esta política desde el año 1997 es positivo. Cuando en 1995-1006 se empezaron a plantear

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esas cuestiones, las propias organizaciones humanitarias de desarrollo de derechos humanos que nos pedían esta legislación situaban el objetivo de la existencia de un proyecto de ley muy lejos en el tiempo. Hoy hemos llegado a ese objetivo. Esta política ya no va a ser fruto simplemente de un acuerdo político del Pleno del Congreso o de una reglamentación del propio Congreso, sino que se va a convertir en ley, con todo lo que implica la existencia de un marco legal con ese rango. No va a depender ya tanto de la voluntad del Gobierno en cumplir más o menos lo que es un mandato del Parlamento, con todas las dificultades que sabemos que eso tiene, sino que se convierte en un mandato legal. Por tanto, balance positivo que nos llega con ese proyecto de ley y que debe permitir en los próximos años mejorar esa capacidad de debate político sobre el comercio de armas, con mayor información, mayor transparencia y mayor control parlamentario del mismo. Lo hacemos, señorías, en un contexto internacional suficientemente complejo, con un nuevo entorno derivado de los procesos posteriores de la guerra fría, derivados de los procesos posteriores al 11 de septiembre, con nuevas realidades de conflictos, con nuevas guerras. Nuestro colega, el señor Maldonado, que es uno de los expertos de esta Cámara en asuntos africanos nos podría hablar a fondo de esas consecuencias del comercio de armas en buena parte de los países africanos. Estamos en un contexto internacional en el que se justifica un mayor control y una mayor transparencia en el comercio de armas por parte de los parlamentos, de las opiniones públicas y de las sociedades, y asumiendo las contradicciones de fondo que plantea siempre el comercio de armas. Un negocio que es absolutamente lícito y legítimo, pero que puede tener consecuencias nefastas en sociedades en desarrollo, en sociedades en riesgo de conflicto y, por tanto, un comercio que necesariamente exige un nivel de intervención de la Administración y de intervención política muy considerable. Esa intervención debe tener también en cuenta la opinión política del Parlamento y la opinión ciudadana expresada a través de aquellas organizaciones ciudadanas que articulan otro tipo de valores, otro tipo de intereses. Convergència i Unió entiende que el texto que el Gobierno ha remitido a las Cámaras es un texto mejorable. En el terreno de las mejores prácticas de otros Estados de la Unión Europea o de otros Estados de la OTAN podemos avanzar en mayor información, en mayor control, en mayor capacidad de intervención política. Por ejemplo, entre los elementos a incorporar en el ámbito de esta legislación, podríamos añadir la producción bajo licencia; podríamos incorporar el principio de extraterritorialidad, la legislación existente en la Unión Europea que afecta a material que puede ser utilizado en tortura o en supuestos de pena de muerte; deberíamos incorporar las donaciones o cesiones gratuitas que se efectúan; deberíamos mejorar el certificado de último destinado; deberíamos reforzar en el artículo 8 la vinculación del Código de conducta de la Unión Europea. Deberíamos disminuir el nivel de discrecionalidad que la ley otorga a la Junta interministerial. Existen elementos de mejora de nuestra legislación que nos sitúan en las posiciones cercanas a las mejores prácticas de la Unión Europea. La apuesta de Convergència i Unió en este trámite parlamentario es trabajar mediante enmiendas parciales con todos los grupos y trabajar con el Gobierno para alcanzar mejoras en estas materias.


Queremos también aprovechar este proyecto de ley para reforzar otras dos consideraciones no tan directamente vinculadas al objetivo del mismo. Por un lado, sería importante que este proyecto de ley también sirviese para expresar un compromiso de España en la escena internacional para impulsar un tratado internacional de comercio de armas. Creo que era el señor Mardones quien en su intervención hacía referencia a ello. Esta es una problemática donde es necesario avanzar hacia instrumentos de gobernanza a escala global. España no es de los principales fabricantes de armas, comparativamente se sitúa en cifras modestas. España puede jugar un papel activo precisamente impulsando ese tratado internacional de comercio de armas. Sería importante que esta ley mandatase ese compromiso del Gobierno en este ámbito. En segundo lugar, sería también importante que España participase de manera activa en la coalición internacional que está impulsando el Gobierno de Noruega y las ONG agrupadas en torno a la correspondiente campaña en relación con el uso de las bombas de racimo.
Durante la legislatura 1996-2000 tuvimos ya debates con el señor Marsal y con los ponentes del Grupo Popular de entonces. En aquel momento no fue posible que esa ley de prohibición de las minas antipersonales prohibiese las bombas de racimo. Hoy nos encontramos con la paradoja de que una parte de los esfuerzos que el dispositivo español está realizando en el Líbano tiene que ver con la desactivación de esas bombas de racimo. En la comunidad internacional se está consolidando la idea de que los efectos nocivos de las bombas de racimo tienen nefastas consecuencias para la población civil y muy significativamente para las niñas y los niños. Mi grupo va a defender en este trámite parlamentario la modificación de la Ley de Minas Antipersonas para que se prohíban las bombas de racimo. Se trata de dos cuestiones que, aprovechando este marco regulatorio que el Gobierno pone en marcha, deberíamos plantear, convencidos de una cuestión, que precisamente en este ámbito el Estado español puede tener la capacidad de jugar un papel similar al que están jugando otros gobiernos de nuestro entorno. El proceso de Ottawa, que nos llevó a la prohibición de las minas antipersonas, fue iniciado por el Gobierno canadiense y por una serie de gobiernos europeos que coparticiparon con Canadá en esa iniciativa. El proceso de las bombas de racimo fue iniciado por el Gobierno noruego, acompañado por el Gobierno belga, que ha aprobado una legislación en esa misma materia. España puede decidir apuntarse a ese club de sociedades avanzadas, de sociedades modernas, de sociedades que deciden asumir su responsabilidad internacional con un compromiso efectivo

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en el control del comercio de armas. Mi grupo apostará para que este trámite legislativo sirva para ese compromiso y lo va a hacer desde el sentido común, desde la responsabilidad, conociendo las contradicciones que existen en este ámbito, pero convencido de que en aquello que hoy el Gobierno nos ha trasladado hay un importante camino que recorrer para mejorar las cosas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular la señora Oltra tiene la palabra.


La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señor presidente.


Señora ministra de Cultura, gracias por su solidaridad y por su asistencia a este debate.


Señorías, comienza hoy el trámite parlamentario de la Ley sobre el comercio de armas y material de doble uso y me dispongo a fijar la posición del Grupo Popular en este debate de totalidad sobre los textos alternativos presentados a este proyecto de ley. Como recordaba en su intervención el ministro de Industria, ausente en estos momentos del Pleno, este proyecto de ley es consecuencia del acuerdo adoptado por unanimidad por los grupos parlamentarios de esta Cámara mediante la propuesta conjunta de una proposición no de ley cuyo debate tuvo lugar el pasado día 13 de diciembre de 2005. Este acuerdo, que era el tercero que adoptaba esta Cámara en materia de control y transparencia del comercio de material de defensa y de doble uso, venía precedido por otros dos acuerdos, de fecha 18 de marzo de 1997 y 11 de diciembre de 2001 respectivamente, que pusieron en marcha un proceso de concienciación sobre la importancia del control sobre las exportaciones de armas, de transparencia en la información y de compromiso con la sociedad de dotarnos de unas normas de conducta que impidan que las armas no lleguen adonde no deben llegar. El primero de estos acuerdos dio pie a la aplicación en España del que se ha llamado Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. En cumplimiento de esos dos acuerdos parlamentarios cada año se elabora y se remite a esta Cámara un informe sobre las exportaciones de material de defensa y de doble uso que desde España se efectúan, que año tras año van ganando en detalle y por ello en transparencia. También en cumplimiento de esos dos acuerdos parlamentarios cada año debe comparecer el Gobierno ante la Comisión de Defensa para explicar los pormenores de ese informe y esas estadísticas.
Así, pues, podemos decir que hoy damos un paso más en el camino del control del comercio de armas y de material de doble uso, elevando a rango de ley la normativa que regulará el control sobre las exportaciones y la transparencia y control por parte de este Parlamento de dichas transacciones, como se solicitaba en el acuerdo de 2005 al que antes he hecho referencia.


El Grupo Popular celebra que se siga avanzando en la senda del mayor control y la transparencia. Este proyecto de ley avanza en algunas cuestiones, aunque es mejorable en otras y entendemos que esas mejoras pueden hacerse por la vía de enmiendas parciales que mi grupo tiene preparadas para su debate en Comisión. Por tanto, no creemos que tengan justificación suficiente los textos alternativos presentados hoy. Dicho esto, me gustaría hacer algunas reflexiones que estimo pertinentes en este momento.


La primera es la importancia de la armonización en la legislación no ya en el plano internacional, que sería lo deseable, sino en el ámbito de la Unión Europea. Señorías, a la vez que en diciembre de 2005 solicitábamos al Gobierno que elaborase un proyecto de ley afirmábamos nuestro convencimiento de que la mayor transparencia y control tenía que darse en el ámbito internacional. Así instábamos al Gobierno a participar e impulsar los procesos regionales e internacionales encaminados a un mayor control del comercio de armas en el mundo, como son el proceso para la posible adopción de un tratado internacional sobre el comercio de armas, los que tengan lugar en el seno de la Unión Europea o las iniciativas de Naciones Unidas. Mi grupo quería aprovechar la asistencia a este debate del ministro -quiero que conste en el "Diario de sesiones" su ausencia- para resaltar la importancia de que desde el Gobierno se trabaje para que el código de conducta sea jurídicamente vinculante para los países miembros, para que se apliquen de igual manera los criterios del Código de conducta de la Unión Europea y que se siga trabajando en el ámbito de la ONU, de modo que después del fracaso del pasado mes de julio de 2006 se puedan reabrir otras vías de trabajo que favorezcan el avance en el control del tráfico de armas, en especial de las armas pequeñas y ligeras, que tantas muertes producen en todo el mundo.


La segunda reflexión es el valor del consenso en esta materia. Si para cualquier tema es importante el consenso, para la cuestión que hoy nos ocupa es necesario. Por eso no nos hubiese gustado que hoy estuviésemos debatiendo la devolución del proyecto de ley y, aunque la presentación de las dos enmiendas haya favorecido el debate en Pleno, consideramos que existen otras vías para que hubiésemos podido debatir aquí. Quizá, si el Gobierno hubiese tenido esa misma sensibilidad, hubiese favorecido un consenso básico previo a la aprobación del texto, un consenso con todos los grupos que hubiese evitado este debate de totalidad y que el Grupo Popular hubiese aplaudido en cualquier caso. Espero que estas diferencias que hoy se ponen de manifiesto en este debate se reconduzcan en el trámite de Comisión y podamos llegar a buen puerto todos juntos. En este punto puedo estar de acuerdo con el señor Herrera, pero quiero decirle como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Defensa y miembro de la Comisión de Industria que no es S.S. quien expide los

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certificados de sensibilidad de los distintos miembros de esta Cámara.


Por último, señorías, no puedo dejar de decir que no es suficiente legislar o favorecer acuerdos si esos acuerdos después no se cumplen o la ley se convierte en papel mojado. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que, a nuestro juicio, son incumplimientos de este Gobierno. Respecto a la elaboración de estadísticas anuales y a la comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados del secretario de Estado de Turismo y Comercio, debo manifestar que son habituales los retrasos y no se facilita que los grupos parlamentarios puedan analizar con detenimiento estos datos para llevar un verdadero control en un asunto y en el otro. Si hablamos de estadísticas, las últimas recibidas tienen fecha de registro de entrada en esta Cámara el día 26 de febrero de 2007 y corresponden al primer semestre de 2006, sin que tengamos ninguna noticia de cuándo vamos a tener disponibles las del ejercicio completo. Por otra parte, si SS.SS. consultan la base de datos del Congreso, comprobarán que el Gobierno solo ha comparecido en la Comisión en esta legislatura para presentar el informe de estadísticas de 2003 y de 2004. El Gobierno mantiene que también presentó las de 2005, pero lo hizo en la misma comparecencia en la que presentó las estadísticas de 2004 y sin que los grupos tuviésemos en nuestro poder la documentación previamente ni con tiempo suficiente como sería deseable, ni siquiera en ese mismo momento, con lo que no pudimos fijar la posición sobre las mismas. Por eso, señores del Gobierno, en la recta final de esta legislatura esperamos que no solo hagan declaraciones de intención, sino que cumplan con lo que este Parlamento, además del texto legal que hoy debatimos, le viene exigiendo al Gobierno desde 1997. Otro ejemplo de mala práctica lo protagonizó al aciago asunto de la venta de material a Venezuela, tan debatido en esta Cámara y cuyos extremos no voy a reproducir, pero que evidenció hasta qué punto un miembro del Gobierno desconocía, o en peor caso, no estaba dispuesto a seguir las normas de procedimiento de la Jimddu. Ver a un ministro del Gobierno de España aseverando que una determinada operación cumplía o no determinados criterios del código de conducta de la Unión Europea fue sencillamente lamentable, como lamentable fue asistir atónitos a la aseveración por parte de la vicepresidenta del Gobierno, en su reciente viaje a China, de que este Gobierno iba a pedir a la Unión Europea que levantase el embargo de armas a China. El pasado día 7 de abril decía la vicepresidenta De la Vega, que nuestra posición era ampliamente conocida y se basaba en la creencia de que lo que en un momento determinado tuvo razón de ser, hoy no la tiene. Señores del Gobierno, en las dos comparecencias del secretario de Estado a las que he hecho referencia anteriormente le he interpelado por este asunto y he tenido la callada por respuesta. Por tanto, es falso que la postura de este Gobierno sea ampliamente conocida; al menos no se conoce en el foro en que debería conocerse, que es la Comisión de Defensa, y con ocasión del debate sobre las exportaciones de material de defensa y de doble uso. Por otra parte, habría que preguntarle al Gobierno qué avances en derechos humanos se han producido en China para sostener la afirmación de que hoy el embargo no tiene razón de ser.


Señor presidente, concluyo haciendo un reconocimiento del trabajo de las organizaciones no gubernamentales que hoy nos acompañan en esta sesión para mejorar este texto, y en general del impulso de campañas que ayudan sin ninguna duda a la concienciación de la sociedad y de su presencia en los ámbitos en los que se trabaja por eliminar la lacra de tantas muertes causadas por armas que nunca deberían haber llegado a manos de quien las utilizó.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Oltra.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Suárez tiene la palabra.


El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para hablar sobre la ley -y no sobre otras cosas- que ha presentado el Gobierno, ley que tiene un impulso inicial muy importante en ONG tan relevantes como Intermón Oxfam, Amnistía Internacional o Greenpeace, organizaciones que se reunieron con la mayoría de los grupos parlamentarios -no estaban todos los portavoces- para tratar de llegar a un acuerdo amplio que impulsase avances significativos en nuestro país en materia de control de armas. El tráfico ilícito de armas y de productos y tecnologías de doble uso, su llegada a países donde no se respetan los derechos humanos, es un problema muy grave, y las nefastas consecuencias que ello genera en términos de violencia, en términos de muerte, en términos de quiebra de la paz y de la seguridad, en términos de medios al terrorismo, desde luego es una de las grandes lacras en los tiempos en los que vivimos. Por dar dos cifras, más de 300.000 personas mueren al año como consecuencia de armas provenientes del tráfico ilegal, y una cifra aún mayor es la que se produce de heridos. Por tanto, controlar el comercio de armas y acabar con el tráfico ilícito es un objetivo de gran magnitud.


Con esta ley pretendemos avanzar de manera significativa en nuestro país con relación al control de armas, dándole al marco normativo rango de ley. Con esta ley nos colocamos entre los países que más tratan de combatir el tráfico ilícito de armas. Como se suele decir, abrimos camino. Este proyecto de ley incorpora el Código de conducta de la Unión Europea, incorpora los criterios de la OSCE; es un proyecto de ley en el que tienen gran importancia los derechos humanos; es un proyecto de ley que amplía los niveles de información y de transparencia; es un proyecto de ley que impulsa la

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necesidad de un tratado mundial sobre comercio de armas o una mayor coordinación a nivel mundial en materia de control del tráfico de armas.


Para ir acabando -por las horas que son-, me gustaría hacer dos reflexiones, que ya las han hecho también representantes de otros grupos parlamentarios. Es importante que en nuestro país avancemos en el control de armas, pero también lo es, y mucho más, que se avance en el control de armas en todos los ámbitos, en el ámbito mundial, a través de la ONU, a través de la OSCE o a través de la Unión Europea. Es cierto que hay muchos intereses en conflicto pero, por ejemplo, en estos momentos es un gran reto para la Unión Europea y un objetivo de gran importancia que su código de conducta, del que tanto estamos hablando aquí, que es meramente indicativo, pase a ser jurídicamente vinculante, es decir, que sea algo que obligue al conjunto de países que forman la Unión Europea; y tan importante como esto es la decisión histórica que tomó la Unión Europea el pasado mes de octubre de crear un grupo gubernamental que avance en la elaboración de un tratado mundial para controlar el comercio ilícito de armas. Es fundamental que se avance en todos los ámbitos.


Un tratado mundial para controlar el comercio de armas, como el que intenta impulsar la Unión Europea y nuestro Gobierno viene impulsando desde siempre, es difícil, hay que ser realistas, y encuentra muchas resistencias -la asamblea que fracasó el pasado mes de julio-; hay realidades muy distintas a la hora de analizar este problema, pero en los últimos años se han conseguido avances importantes en este sentido. Me gustaría recordar cómo fue posible que el conjunto de los países del mundo se pusieran de acuerdo para elaborar un tratado de prohibición de las minas antipersonas, que conllevó la destrucción de millones de minas contra las personas. Es necesario avanzar en paralelo en el mundo, en Europa y en España para que el control sea de verdad eficiente porque si no, podemos hacer una legislación muy avanzada en España o en otros países europeos, pero nos quedaremos a medias a la hora de prohibir porque en otros países van a poder seguir exportando armas de forma ilícita. Y hay que garantizarle a la industria -hay que decirlo también- una situación de igualdad de condiciones a la hora de vender sus productos. No nos engañemos, hay que avanzar en lo que es el control de armas, pero hay que hacerlo sobre la base de medidas que cada vez sean jurídicamente más vinculantes.


Este Parlamento ha venido impulsando -y acabo- iniciativas en materia de control de armas basándose en el consenso. Se aprobaron proposiciones no de ley en el año 1997, en diciembre del año 2000; se ha hablado mucho de la iniciativa que se aprobó aquí el pasado mes de diciembre, fruto del acuerdo de todos los grupos, a iniciativa de Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace. Esa es la idea del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de iniciar el debate de esta ley, si hoy es tomada en consideración, en la ponencia correspondiente de la Comisión de Defensa, hacer esfuerzos ímprobos para tratar de llegar a un acuerdo amplio con el conjunto de grupos parlamentarios y con las organizaciones no gubernamentales. En este sentido, somos conscientes de que es posible avanzar mejorando la ley en materia de control, de eficacia o de niveles de información y de transparencia. Ese va a ser nuestro objetivo y desde esa premisa nosotros apoyamos el proyecto de ley del Gobierno y vamos a rechazar las enmiendas de totalidad presentadas.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Suárez.
Y gracias a todos los señores diputados por su larga paciencia a través de esta interminable sesión.


Quiero despedirme de todos ustedes hasta el próximo lunes, que tengan una buena semana. (Aplausos.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)

AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- DEL PROYECTO DE LEY DE CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y A LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIONES.
(Número de expediente 121/000128.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, un aviso a la Cámara. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

- PROYECTO DE LEY DE SUELO. (Número de expediente 121/000096.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos a votar. Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Suelo. Enmiendas al enunciado del contenido del artículo 2; al artículo 19, apartado 1, párrafo segundo; al artículo 22, apartado 1, epígrafe a), párrafo tercero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 191; en contra, uno; abstenciones, 93.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos el resto de las enmiendas.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 271; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000144.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. En primer lugar, votación en bloque de los votos particulares del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 101; en contra, 175; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Mi grupo pide votación separada, aparte de la enmienda 38, de la enmienda 21 de mi grupo, que prohíbe la donación a partidos políticos de promotores y constructores. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Hay alguna otra solicitud? (Pausa.) Comenzamos.


Enmienda número 38.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 98; en contra, 187.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 99; en contra, 186.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 97; en contra, 186; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación del dictamen. Artículos 3.5, 5.2, 6.3, 10.2, apartados d) y e), 11.1 y 11.2, 15.4, 18.1, disposiciones adicionales quinta a séptima, disposición adicional nueva referida al límite cuantitativo previsto en el artículo 5.2 de la proposición de ley y disposición transitoria nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 187; en contra, 97; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 279; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Tratándose de ley orgánica procede votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 188; en contra, 94; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 12; en contra, 258; abstenciones, 14.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco. Enmiendas 70, 77 a 80, 82 a 87, 89 a 94 y 97 a 100.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 21; en contra, 259; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 21; en contra, 263.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra. Enmiendas 140, 141, 153, 154, 156, 171, 173.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 21; en contra, 257; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 142.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 21; en contra, 257; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 150 y 151.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 21; en contra, 258; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda transaccional a la enmienda 174 que también lo es respecto de la enmienda 132 del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 187; en contra, 96.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 20; en contra 258; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió. Enmienda 105.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 20; en contra, 260; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 126.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda 133.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 22; en contra, 258; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda transaccional a las enmiendas 102 y 103.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 275; en contra, dos; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 127.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 276; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 129.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de las enmiendas.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 20; en contra, 262.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Voto particular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 268; en contra, dos; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del dictamen. Apartado IV, párrafo 10º del preámbulo; artículos 1.2; 2.2.c) y d); 3.2. d); 10.2; 13; títulos II, III y IV; disposiciones adicionales quinta y séptima y disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 266; en contra, siete; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 265; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 121/000115.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo. Grupo Parlamentario Mixto. Señora Fernández Davila. Enmienda número 14.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 13; en contra, 171; abstenciones, 99.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 15; en contra, 173; abstenciones, 93.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 96; en contra, 172; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmiendas 53 a 56; 66 a 69; 73, 81, 82, 84 a 87 y 90 a 91.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 12; en contra, 270; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, cuatro; en contra, 274; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco. Enmienda 97.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 112; en contra, 167; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 107; en contra, 172; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, cinco; en contra, 265; abstenciones, 13.


Página 12797


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Enmienda 189.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 95; en contra, 179; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 96; en contra, 187.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista. Voto particular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 206; en contra, tres; abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votación del dictamen. Artículos 10, 17 y 21 y disposición adicional primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 186; en contra, 91; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 281; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO. (Número de expediente 121/000121.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar los debates de totalidad y les advierto que al final tenemos que aprobar una avocación.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 12; en contra, 258; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Segunda votación. Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya al proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 13; en contra, 260; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)

AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO. (Número de expediente 121/000121.)

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la propuesta de avocación.
(Rumores.)

¡Váyanse en paz!

Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


Corrección de error: En el "Diario de Sesiones" número 254, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, miércoles 9 de mayo, en la pregunta formulada por la diputada del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) señora Cañigueral Olivé -página 12702, segunda columna-, las primeras palabras "Esquerra y la GER..." deben ser sustituidas por "Esquerra y las JERC..."

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