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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 262, de 14/06/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 262
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 244
celebrada el jueves, 14 de junio de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:

- Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2008-2010 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2008. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 560, de 1 de junio de 2007.
(Número de expediente 430/000004.)... (Página 13056)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 86-1, de 12 de mayo de 2006. (Número de expediente 121/000086.)... (Página 13075)

Página 13052


Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 100-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000100.)... (Página 13081)

- Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 102-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000102.)... (Página 13085)

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 103-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000103.)... (Página 13085)

- Proyecto de Ley de investigación biomédica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 104-1, de 22 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000104.)... (Página 13092)

- Proyecto de Ley sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 106-1, de 28 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000106.)... (Página 13102)

- Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 112-1, de 24 de noviembre de 2006. (Número de expediente 121/000112.)... (Página 13105)

- Proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 116-1, de 15 de diciembre de 2006. (Número de expediente 121/000116.)... (Página 13112)

- Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 129-1, de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 121/000129.)... (Página 13120)

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.)...
(Página 13123)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 13124)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

- Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino de España relativo a la celebración de la VI reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, hecho en Santiago de Chile el 20 de septiembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 364, de 30 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000213.)...
(Página 13128)

- Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se constituye el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología y su Estatuto, hecho en Badajoz el 25 de noviembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 369, de 20 de abril de 2007. (Número de expediente 110/000214.)... (Página 13128)

- Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, por el que se modifica el Acuerdo Interno de 18 de septiembre de 2000 relativo a las medidas y los procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE, hecho en Luxemburgo el 10 de abril de 2006. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 370, de 20 de abril de 2007.
(Número de expediente 110/000215.)... (Página 13128)

- Acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores de edad senegaleses no acompañados, su protección, repatriación y reinserción, hecho en Dakar el 5 de diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 371, de 20 de abril de 2007. (Número de expediente 110/000216.)... (Página 13128)

Página 13053


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria... (Página 13056)

Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2008/2010 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2008... (Página 13056)

Presenta el acuerdo el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno.
Manifiesta que, de acuerdo con las previsiones del Gobierno, las cuentas de las administraciones públicas van a presentar superávit en el período 2008-2010. Los presupuestos para 2008 van a mantener por cuarto año consecutivo la senda del superávit que lograron por primera vez las administraciones públicas en el año 2005.


Desglosa por organismos el objetivo de estabilidad presupuestaria y señala que el acuerdo del Consejo de Ministros que fija el objetivo de estabilidad para el trienio determina también el límite de gasto no financiero del Estado para el próximo ejercicio, una vez realizadas las adecuadas previsiones de ingresos para el año 2008.


Finaliza señalando que los ingresos no financieros previstos para el año 2008 son, en términos presupuestarios, de 156.837 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7 por ciento respecto a las cifras previstas en el presupuesto del año 2007, y pide el voto favorable para la aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2008-2010 con el fin de seguir en la misma línea de consecución de los objetivos que ha reflejado.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Acuerdo relativo al Fondo Fiduciario de cooperación técnica entre las Naciones Unidas y el Reino de España para el establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción, "El agua, fuente de vida, 2005-2015", hecho en Nueva York el 19 de septiembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 374, de 27 de abril de 2007. (Número de expediente 110/000217.)...
(Página 13128)

- Acuerdo de Seguridad de la OCCAR entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Bélgica, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en París el 24 de septiembre de 2004. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 375, de 27 de abril de 2007. (Número de expediente 110/000218.)...
(Página 13128)

- Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, hecha en Badajoz el 11 de octubre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 376, de 27 de abril de 2007. (Número de expediente 110/000219.)...
(Página 13128)

Página 13054


Interviene el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


Enmiendas del Senado... (Página 13075)

Proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea... (Página 13075)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia... (Página 13081)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural...
(Página 13085)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad... (Página 13085)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Tomás García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley de investigación biomédica... (Página 13092)

Interviene la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa... (Página 13102)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Maldonado i Gili; Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas... (Página 13105)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència

Página 13055


i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas... (Página 13112)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro... (Página 13120)

En turnos de fijación de posiciones intervienen los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación.)...
(Página 13123)

Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2000, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el período 2008-2010 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2008, se aprueba por 161 votos a favor, 118 en contra y 16 abstenciones.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 13124)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de investigación biomédica.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página 13128)

Página 13056


Página

Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Reino de España relativo a la celebración de la VI reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, hecho en Santiago de Chile el 20 de septiembre de 2006... (Página 13128)

Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se constituye el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología y su Estatuto, hecho en Badajoz el 25 de noviembre de 2006... (Página 13128)

Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, por el que se modifica el Acuerdo Interno de 18 de septiembre de 2000 relativo a las medidas y los procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE, hecho en Luxemburgo el 10 de abril de 2006... (Página 13128)

Acuerdo entre la República de Senegal y el Reino de España sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración de menores de edad senegaleses no acompañados, su protección, repatriación y reinserción, hecho en Dakar el 5 de diciembre de 2006... (Página 13128)

Acuerdo relativo al Fondo Fiduciario de cooperación técnica entre las Naciones Unidas y el Reino de España para el establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción, "El agua, fuente de vida, 2005-2015", hecho en Nueva York el 19 de septiembre de 2006... (Página 13128)

Acuerdo de Seguridad de la OCCAR entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Bélgica, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en París el 24 de septiembre de 2004... (Página 13128)

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, hecha en Badajoz el 11 de octubre de 2005... (Página 13128)

Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.


Se levanta la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.


- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL APARTADO SEIS DE LA LEY 15/2006, DE 26 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERIODO 2008-2010, Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2008. (Número de expediente 430/000004.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, iniciamos la sesión del día de hoy con el punto V, debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria, y en particular con el debate del acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el

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periodo 2008-2010, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2008. Para la presentación de este acuerdo tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, de acuerdo con lo establecido en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, comparezco ante esta Cámara para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el trienio 2008-2010 y el límite de gasto no financiero del Estado para 2008, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros del pasado día 25 de mayo. Las cuentas de las administraciones públicas van a presentar, de acuerdo con las previsiones del Gobierno, superávit en el periodo 2008-2010. El año pasado les decía que era la primera vez que el Gobierno traía a esta Cámara un objetivo de superávit de la Administración del Estado para el ejercicio siguiente. Este año, de nuevo con superávit, es la primera ocasión en que se aplican íntegramente las leyes de estabilidad en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. En el marco previsto en las nuevas leyes de estabilidad, el 28 de marzo el Ministerio de Economía y Hacienda presentó el informe sobre la posición cíclica de la economía española. El informe elaborado, teniendo en cuenta las previsiones de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y los últimos datos de contabilidad trimestral y habiendo consultado al Banco de España, prevé unas tasas de crecimiento superiores al 3 por ciento para los tres años del periodo 2008-2010, que es el umbral máximo fijado en las leyes de estabilidad. Por tanto, los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo deben ser necesariamente de superávit para la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Los presupuestos para 2008 van a mantener por cuarto año consecutivo la senda de superávit que lograron por primera vez las administraciones públicas en el año 2005. El rigor del Ejecutivo en esta materia se ha visto también reflejado en el cumplimiento holgado de los objetivos de estabilidad marcados tanto para el ejercicio 2005 como para el 2006, años en los que las administraciones públicas españolas lograron superávits históricos. En la misma línea, los datos de la ejecución del presupuesto del presente ejercicio hasta el mes de abril nos permiten ya afirmar que cerraremos 2007 mejorando notablemente los objetivos que nos marcamos hace ahora un año. Estos resultados se deben a la buena marcha de los ingresos públicos y a los positivos resultados de la Seguridad Social, potenciados por el fuerte crecimiento del empleo y las cotizaciones sociales. El control del gasto público y la disciplina fiscal también han contribuido a estos datos. Esta situación se está aprovechando para mantener unas cuentas públicas saneadas y reducir el peso de la deuda del Estado, así como para aumentar de forma significativa la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.


Señorías, la determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria del techo de gasto para el año 2008 tiene su fundamento en el entorno macroeconómico de la economía española. En el primer trimestre del año 2007 el crecimiento alcanzó el 4,1 por ciento en términos anuales, el mayor desde el tercer trimestre del año 2001. Este dinamismo económico está dando continuidad a un proceso de creación de empleo que está posibilitando que aumentos en la tasa de actividad sean compatibles con descensos apreciables del desempleo. Esperamos que esta caída del desempleo pueda venir acompañada en el futuro por un dinamismo cada vez mayor de la productividad. El sector exterior está siendo también fuente de algunos datos esperanzadores puesto que su aportación negativa al crecimiento viene disminuyendo a lo largo de los últimos trimestres. Así, en el primer trimestre de este año el sector exterior restó al crecimiento del PIB solo 0,7 puntos en términos interanuales, datos muy lejanos ya de los dos puntos que detrajo en el primer trimestre del año 2005. Para los próximos trimestres esperamos además una ligera desaceleración de la demanda nacional. Ello contribuirá a reequilibrar nuestro patrón de crecimiento sin ser un obstáculo para el mantenimiento de un fuerte ritmo inversor, sobre todo en bienes de equipo. Un ritmo más sosegado de aumento de la demanda interna es condición necesaria para la estabilidad de precios, pero no es una condición suficiente. Para garantizar niveles de inflación razonables a medio plazo es esencial que podamos seguir contando con la responsabilidad de los agentes sociales y con el activo que para nuestro país supone la moderación salarial. El Gobierno es consciente de su responsabilidad de contribuir a que los precios se mantengan bajo control, por lo que se presenta un escenario presupuestario plurianual ambicioso con un doble objetivo: por un lado, garantizar una orientación neutral de la política fiscal que sea compatible con la actuación de los estabilizadores automáticos, y que ayude por tanto a mantener bajo control tanto la inflación como el déficit por cuenta corriente; y por otro lado, priorizar aquellos componentes del gasto público, como son el I+D+i, la educación o las infraestructuras, capaces de incidir positivamente sobre el crecimiento potencial de nuestra economía. Además, como resultado de esta estrategia, que permite la continuidad del proceso de crecimiento económico, en 2008 será posible también seguir incrementando el gasto social que se concretará especialmente en la atención de las situaciones de dependencia.


Señorías, el objetivo de estabilidad acordado por el Consejo de Ministros para el conjunto de las administraciones públicas, y que hoy les presento, contempla un superávit presupuestario que se mantiene a lo largo de todo el periodo de un 1,15 por ciento del PIB. Por administraciones, el objetivo se desagrega de la forma siguiente. La Administración central, es decir, Estado y organismos autónomos, mantendrá un superávit presupuestario

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de un 0,3 por ciento en todo el periodo. La Seguridad Social mantiene su favorable posición financiera en todo el periodo también y en el año 2008 el superávit se situaría en un 0,6 por ciento, manteniéndose en los años 2009 y 2010, recogiendo una ligera moderación, pero manteniendo el tono positivo gracias al impacto de la fuerte creación de empleo y la incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo en este periodo. Para las comunidades autónomas se establece un objetivo de superávit del 0,25 por ciento para los tres años, pero este objetivo es obviamente independiente del posible déficit para inversiones que está previsto en las leyes de reforma de las leyes de estabilidad y fue informado favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión del 24 de abril del año 2007. Obviamente, si todas las comunidades utilizaran el máximo del margen disponible, este 0,25 por ciento tendería a cero. Por último, las entidades locales presentan una situación de equilibrio presupuestario para el trienio 2008-2010, objetivo que fue informado favorablemente por la Comisión Nacional de Administración Local en su reunión del pasado 25 de abril.


Como saben, señorías, el acuerdo del Consejo de Ministros que fija el objetivo de estabilidad para el trienio determina también el límite de gasto no financiero del Estado para el próximo ejercicio, una vez realizadas las adecuadas previsiones de ingresos para el año 2008. Los ingresos tributarios antes de cesión a las comunidades autónomas en el año 2008 registrarán un crecimiento del 5,6 por ciento en relación con el avance de liquidación. Es una previsión prudente, ajustada a la evolución de cada una de las figuras impositivas. Para su explicación aludiré a las tasas de crecimiento de la recaudación total antes de detraer las cantidades correspondientes a las comunidades autónomas y a las haciendas locales, ya que como he comentado en otras ocasiones es la variable que refleja mejor la evolución de las magnitudes macroeconómicas. El próximo año la recaudación del IRPF registrará una tasa de crecimiento del 5,2 por ciento sobre el avance de liquidación, por debajo del crecimiento nominal del PIB, debido, por una parte, al efecto derivado de la deflactación de la tarifa y, por otra, al crecimiento estable de las bases del impuesto, unido al menor aumento del tipo efectivo, fundamentalmente como resultado del mayor peso que dentro del impuesto han ido adquiriendo las rentas que tributan a tipo fijo así como el impacto de la reforma fiscal. El impuesto sobre sociedades mantendrá una tasa del 6 por ciento respecto a las cifras del avance de liquidación, ligeramente por debajo del crecimiento previsto del PIB nominal, también por el efecto de la reforma fiscal, si bien se mantiene la solidez de los beneficios empresariales. La evolución esperada en la recaudación del IVA y de los impuestos especiales se fundamenta también en la evolución de las variables macroeconómicas. En el IVA la recaudación registrará un crecimiento del 6,3 por ciento sobre el avance de liquidación, mientras que los impuestos especiales presentarán un crecimiento más modesto -en torno al 3,3 por ciento- sobre el avance de liquidación, debido al perfil de la evolución de los consumos de hidrocarburos y de las labores del tabaco. En resumen, los ingresos no financieros previstos para el año 2008 son en términos presupuestarios de 156.837 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7 por ciento respecto a las cifras previstas en el presupuesto del año 2007. Teniendo en cuenta el objetivo de superávit presupuestario establecido para el Estado en el año 2008, el límite del gasto no financiero para el Estado para el ejercicio 2008, una vez realizados los ajustes para la equivalencia entre las magnitudes en contabilidad nacional y en términos presupuestarios, asciende a 152.560,69 millones de euros. Este techo de gasto incluye el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria y representa un crecimiento del 6,7 por ciento respecto al límite de gasto del año 2007. Por tanto, señorías, el gasto crecerá en línea con el PIB nominal, en cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno.


Señorías, quiero aprovechar esta intervención para anticiparles que los Presupuestos Generales del Estado para 2008, en este marco que les he descrito, van a continuar apostando por una orientación del gasto público hacia la solidaridad y el gasto social, destacando especialmente la atención que recibirá la dependencia, así como hacia aquellas políticas que fortalecen la productividad y el dinamismo de nuestra economía.
Señorías, los objetivos que hoy les presento consolidan la política presupuestaria que llevamos aplicando en toda esta legislatura y que ha girado en torno a cinco ejes básicos: crecimiento y productividad, gasto social, solidaridad, estabilidad presupuestaria y mejora de los servicios públicos. Estos cinco ejes han contribuido de forma importante a prolongar nuestro crecimiento económico, siendo una clara muestra de nuestro compromiso con el bienestar y progreso económico y social de nuestros ciudadanos. Por todo ello espero, señorías, que con su voto aprueben el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2008-2010 que les hemos presentado y podamos seguir en la misma línea de consecución de los objetivos que acabo de señalar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, comenzamos con el turno de fijación de posiciones. Lo haremos en primer lugar con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en particular con la señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor vicepresidente segundo del Gobierno, quisiera comenzar mi intervención agradeciéndole en nombre del Grupo Parlamentario Popular la presentación del objetivo de estabilidad para el periodo 2008-2010 con la fijación del límite del techo de gasto no financiero del presupuesto para el año próximo. Como hemos señalado

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en los debates anteriores y en coherencia con la política que desarrollamos durante los gobiernos del Partido Popular, defendemos la estabilidad presupuestaria como un instrumento indispensable de la política económica que ha hecho posible el mantenimiento de elevadas tasas de crecimiento del PIB y de la creación de empleo. Sin embargo, a esto habría que añadir la necesidad de introducir reformas estructurales importantes que parece que ustedes no quieren llevar a cabo, aunque se lo estén demandando continuamente los diferentes organismos internacionales.
Señor Solbes, si renunciamos a pedalear y nos dejamos llevar por la inercia de los últimos diez años, llegará un momento, más pronto que tarde, en que la bicicleta se frene poco a poco hasta pararse completamente. Por eso le pedimos desde el Partido Popular una política fiscal coherente y reformas estructurales. Lo hacemos con esa convicción porque no solo es bueno para la economía española sino imprescindible en estos momentos en que empiezan a saltar algunas alarmas.


El plan de reformas del Gobierno de España es un conjunto de buenas intenciones de su Gobierno que, por cierto, coordinó la Oficina Económica del presidente pero que se ha quedado en un desiderátum. No han puesto en marcha ninguna de las reformas importantes que allí vendieron y eso, en términos económicos, lo pagaremos todos los españoles. Señor Solbes, esto que le reclamo en nombre del Partido Popular se lo reclaman también los organismos internacionales más importantes. El informe del directorio del Fondo Monetario Internacional nos advierte que el crecimiento sostenido del endeudamiento del sector privado se refleja en un creciente déficit por cuenta corriente y supone riesgos a futuro. En particular apuntan que una reducción de balances mayor de la esperada, una posible corrección de las valoraciones inmobiliarias y la necesidad de volver a ganar competitividad en la Unión Europea pueden, dadas las persistentes rigideces económicas, oponer la posibilidad de un periodo de bajo crecimiento. Para evitar este escenario, los directores hacen hincapié en salvaguardar la estabilidad presupuestaria. Además, el directorio afirma que el superávit público fue debido a fuertes incrementos de ingresos y que el gasto primario ha estado creciendo constantemente. Por tanto, el directorio pidió una posición fiscal contracíclica basada en el gasto más resuelta. Pero la OCDE, señor vicepresidente, ha sido todavía más explícita. La política fiscal debe ser restrictiva para ayudar a moderar las sustanciales presiones de la demanda interna y prepararse para las grandes cargas a largo plazo sobre las finanzas públicas procedentes de una población que envejece. Además, nos insisten en impulsar la competencia de los mercados de productos, por ejemplo en la distribución al por menor, que reduciría el diferencial de inflación con la zona euro evitando mayor erosión de la competitividad. La reforma de la legislación para la protección del empleo ayudaría a mejorar el crecimiento de la productividad, según señalan. En fin, señor vicepresidente, con una falta de crecimiento en términos de convergencia real, con esas incertidumbres sobre el futuro de la economía española y con unas recomendaciones tan coincidentes de los organismos económicos internacionales y de los expertos, nos encontramos con un Gobierno que hace todo lo contrario a lo que impone el sentido común y recomienda el consenso de los expertos.


Señor vicepresidente, acaba de señalar usted que el límite de gasto del Estado para 2008 supone, en términos de contabilidad nacional, 153.920 millones de euros. Se trata de un crecimiento del gasto del 6,8 por ciento, ligeramente superior al PIB nominal de la economía española, que se estima en el 6,6 por ciento, lo que significa una política de expansión del gasto público, gasto público que crece más que la economía.
Si además tenemos en cuenta que el consumo público está creciendo en términos reales del orden de 1,5 puntos por encima del conjunto de la economía, no parece lo más sensato seguir por la misma senda y recalentar la economía con más gasto. En consecuencia, tendremos más participación del sector público en la economía a cambio de menos iniciativa privada.
Señor vicepresidente, estas son recetas del pasado y como usted sabe perfectamente solo sirven para el corto plazo, ya que a largo plazo los aumentos del gasto público tienen un efecto negativo sobre el crecimiento. Además, ustedes defendieron que querían garantizar el equilibrio a lo largo del ciclo y, si estamos en época de bonanza como pregonan, no parece lógico que los gastos crezcan por encima de la economía, porque ¿qué haremos entonces en etapas de recesión según su propia teoría? Por otro lado, los españoles nos creímos que lo importante para su Gobierno era el largo plazo, al menos eso es lo que se desprendía del informe triunfalista que presentó el presidente del Gobierno en la Bolsa de Madrid. Pensamos que habían cambiado su filosofía y ahora resulta que nos volvemos a encontrar como en años anteriores con lo mismo, con políticas expansivas de gasto. ¿Pero no habíamos quedado en que, como señalaba el informe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno citando a Clark, un político piensa en la próxima elección y un estadista en la próxima generación? La frase me parece muy acertada, pero han equivocado a las personas a las que pretenden aludir. Con todos mis respetos, señor vicepresidente, a diferencia de lo que el informe de la Oficina Económica decía, el presidente del Gobierno señor Rodríguez Zapatero es un político y el jefe de la oposición señor Rajoy un estadista; estoy segura de que pronto podrán comprobarlo todos los españoles. (Risas.-Aplausos.-El señor Campos Arteseros: ¿Estás segura?)

Señorías, una segunda cuestión que considero relevante tiene que ver con los ingresos. Estamos hablando de un crecimiento de los ingresos en términos de contabilidad nacional del 6,8 por ciento, lo que supone, si las previsiones son correctas, que se continuará con un aumento de la presión fiscal, aumento que vendrá de la mano de la tasa de inflación puesto que no se han realizado cambios fiscales relevantes que puedan justificar

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ese aumento de los ingresos. Vuelven ustedes a utilizar el impuesto más injusto y que principalmente soportan las rentas más bajas de este país y los asalariados. Según la Intervención General del Estado, la presión fiscal sube dos puntos con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. De nuevo nos encontramos con un punto de conflicto entre lo que había prometido el presidente del Gobierno y la situación real de la economía española. La presión fiscal no ha dejado de aumentar desde el año 2004 y además ha superado la barrera del 40 por ciento; en el año 2006 se sitúa en el 40,3 por ciento, según datos de Eurostat, cuando en el año 2003 estaba en el 38,2 por ciento según esa misma fuente estadística. Además, el ejercicio de presentación del techo de gasto ha sido poco transparente -perdóneme que se le diga así, señor vicepresidente-, porque se han dado menos datos que en otros años en términos de contabilidad nacional, que es lo que importa, y no se dice nada respecto a los ajustes que permiten presentar y pasar de contabilidad nacional a contabilidad presupuestaria.
Es muy poco transparente, por no decir que podría llegar a ser incluso un engaño, la cifra de superávit que usted acaba de dar del conjunto de las administraciones públicas, el famoso 1,15 por ciento -el dato real es el 0,9 por ciento-, porque establece 0,25 puntos de superávit de las comunidades autónomas que no son reales porque se gastarán en inversiones en esas mismas comunidades autónomas, y como todos sabemos este ha sido uno de los elementos más importantes de relajación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su última reforma. Es visible la falta de ambición del Ejecutivo y su postura claramente electoralista dado que la Administración central, según el Gobierno, tendrá un superávit del 0,3 por ciento del PIB viniendo de un superávit del 0,8 por ciento en el año 2006, lo que supone nada más y nada menos que una reducción de medio punto del PIB, más de 5.000 millones de euros. Esto es cuanto menos sospechoso en año electoral. Así también el conjunto de las administraciones públicas alcanzaron un 1,8 por ciento de superávit y para este año plantean un superávit del 0,9 en términos homogéneos. Es un presupuesto por tanto menos estricto, más expansivo y que contribuirá al aumento del déficit exterior.


Pero, señorías, existe hoy una preocupación real y creciente en nuestro país sobre lo que serán los próximos presupuestos. Estamos, por un lado, ante la incertidumbre de lo que terminará siendo la votación del día de hoy del techo de gasto y los apoyos parlamentarios que tenga el Gobierno, pero por otro lado, señor vicepresidente, estamos ante el famoso sudoku que usted anticipó hace meses y que parece no tener solución. (Rumores.) Permítame una licencia, señor vicepresidente, si el sudoku el año pasado era de los facilitos, este año es para expertos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Sí, señorías, es una situación complicada en la que nos encontramos como consecuencia de la inacción, del dontancredismo del Ministerio de Economía ante los comportamientos erráticos del presidente del Gobierno. Si no, ¿cómo piensa el vicepresidente cuadrar el próximo presupuesto cumpliendo los compromisos previos establecidos en los distintos estatutos de autonomía aprobados en esta Cámara? Hasta los técnicos de su ministerio, del Instituto de Estudios Fiscales, denuncian que los pactos bilaterales con determinadas comunidades autónomas no son el mecanismo más idóneo para salvaguardar la equidad territorial, porque ese bilateralismo acaba generando distorsiones desde el punto de vista de los principios de igualdad y de solidaridad que inspiran el sistema; se lo dicen sus propios técnicos, señor Solbes. Sean pues responsables, resuelvan ese sudoku con sentido común, pero sobre todo pensando en España y en la igualdad de los españoles, y aparquen sus intereses particulares o los intereses del Partido Socialista. Además, señor vicepresidente, a este sudoku se le añade una nueva variable, la revisión o la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, como usted ha anunciado, para el año próximo. Yo solo quiero hacerle una petición con el máximo respeto y desde la responsabilidad. La negociación de la actualización del sistema debe realizarse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se debe aprobar por unanimidad, como única garantía de la estabilidad y permanencia del sistema que se diseña. La solidaridad debe ser irrenunciable. Cualquier modelo que pudiera aprobarse debería asegurar recursos suficientes a las regiones para prestar los servicios transferidos con independencia de su capacidad fiscal. Y como pieza de cierre del sistema debería aumentarse el Fondo de Compensación Interterritorial revisando sus actuales criterios de distribución, ponderando con mayor intensidad la superficie de cada territorio, la dispersión, el envejecimiento de su población y la inversa de su renta, y aumentando el porcentaje de participación de Ceuta y Melilla con el fin de que puedan cumplir sus compromisos constitucionales. Usted ha hablado hoy de la Ley de Dependencia y me gustaría recordarle una cosa. Es insuficiente el desarrollo financiero que el Gobierno ha dado a esta ley y, además, pone en cuestión el principio de lealtad institucional. Los convenios y la aplicación de las cuantías insuficientes ponen de manifiesto que el Gobierno quiere trasladar de alguna manera a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas el sostenimiento de la dependencia. Una vez más, señor vicepresidente, se aprueban leyes sin respaldo presupuestario riguroso; algo que no debería ocurrir en el futuro pero que debería usted corregir en el presente. (Rumores.)

Por último, señor vicepresidente, vuelvo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y a las previsiones de crecimiento que los sustentan para referirme en concreto, y para terminar, al crecimiento del PIB. Según la documentación que usted nos adjunta sobre el techo de gasto, el crecimiento del PIB previsto está en el 3,3 por ciento. Sin embargo, los organismos internacionales no parecen tener esa visión y empiezan a rebajar esa previsión de la economía para el año próximo, por lo que parece del comportamiento del sector inmobiliario y la repercusión

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que va a tener el mismo en la economía española, situación que se va a ver perjudicada por el comportamiento del sector exterior. El Banco Central Europeo, esta misma semana, ha dejado constancia de la pérdida de competitividad de la economía española y la necesaria mejora de su productividad. Teniendo además en cuenta los costes laborales unitarios españoles, que crecen por encima de la media de la Unión Europea, el futuro no parece tan halagüeño. Señor vicepresidente, parece que los números se le empiezan a volver en contra y que las tasas de crecimiento por encima del 3 por ciento podrían ser cada vez más difíciles. Le animo, por tanto, a un cambio en la política económica con objetivos claros en el largo plazo y deberían comenzar utilizando la política presupuestaria para mejorar la economía de verdad y no únicamente para hacer electoralismo.


Señor vicepresidente, este es el último techo de gasto de la legislatura.
Hagan algo serio y no dejen para el Gobierno siguiente una situación complicada. En cualquier caso, si los ciudadanos decidieran en esas elecciones dar la confianza al Partido Popular, estoy segura de que no decepcionaríamos y conseguiríamos, como ya sucedió en el pasado, poner a España donde se merece.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Báñez.


Señor Sánchez i Llibre, es su turno en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Si lo desea puede usted intervenir y, si no, me lo comunica tranquilamente que no pasa nada. Adelante.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, señoras y señores diputados, este portavoz estaba confundido porque creía equivocadamente que los turnos de fijación de posiciones eran de menor a mayor y pensaba que efectivamente había existido un turno en contra por parte del Grupo Popular, cosa que no había planteado Convergència i Unió. De todas formas, como es lógico, nosotros no podemos dejar de intervenir en un debate tan importante como es el debate sobre estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el periodo 2008-2010 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2008.


Señorías, señor vicepresidente, en cuanto al objetivo planteado por el Gobierno sobre el techo de gasto y ligado lógicamente al superávit previsto para el cuadro macroeconómico de los próximos tres años, que es alrededor de 1,15 por ciento de superávit, Convergència i Unió lo encuentra desproporcionado. Le explicaré, señor vicepresidente, por qué nosotros calificamos este superávit de desproporcionado y, en consecuencia, por qué tampoco consideramos positivo que ustedes planteen un techo de gasto como el que han mencionado en este debate presupuestario.


Nosotros nos vamos a abstener. Esta va a ser la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Con esta abstención probablemente vamos a dejar que esta iniciativa se pueda plantear posiblemente en los Presupuestos Generales del Estado y es ahí donde nosotros vamos a intentar consensuar o buscar la complicidad por parte del Gobierno para llegar a acuerdos positivos si es posible.


Ustedes plantean un gran superávit básicamente con el objetivo de reducir la deuda pública española. Ustedes ligan superávit presupuestario con una rebaja del endeudamiento de la economía española, con lo cual nos encontramos con un gran superávit en España que va en la dirección de que la deuda pública española sea solamente un 35 por ciento del PIB, lo que plantea que España sea de los países de la Unión Europea que tiene una deuda pública más baja, cuando la media en la Unión Europea está alrededor de un 70 por ciento. Con lo cual, aquí ya topamos con una cuestión que no vemos tal como el Gobierno plantea. Por tanto, el techo de gasto, los Presupuestos Generales del Estado, el superávit que nosotros entenderíamos correcto buscarían la estabilidad. Convergència i Unió apuesta por la estabilidad, pero plantea menos superávit, excepto en el tema de la Seguridad Social, ya que estamos de acuerdo con que esté orientado básicamente a prever que se puedan pagar las pensiones en el futuro. Para Convergència i Unió sería necesario plantear un ligero superávit, en torno al 0,15 por ciento, pues así sería posible liberar alrededor de 10.000 millones de euros, los cuales intentaríamos dirigir hacia un incremento de la inversión productiva, hacia un incremento de la inversión social, básicamente en infraestructuras para la dependencia. Si hiciéramos caso de algunas declaraciones del señor vicepresidente y del mismo secretario de Estado llegaríamos a la conclusión de que en España todavía existe un cierto margen interesante para plantear una rebaja impositiva para las familias y para las empresas. Son dos conceptos totalmente diferentes. Ustedes apuestan por la estabilidad y plantearán un gran superávit presupuestario para rebajar la deuda pública española y Convergència i Unió propone otro objetivo, quizás menos ambicioso en cuanto a la reducción de la deuda pública, y un ligero superávit, con el fin de liberar, si es posible, alrededor de 10.000 millones de euros y enfocarlos hacia la inversión productiva, hacia la inversión en I+D+i y hacia la inversión en infraestructuras sociales, algo que nosotros creemos muy importante, básicamente para atender los aspectos negativos de la Ley de Dependencia, la cual votamos en contra cuando se debatió en el Congreso de los Diputados. Se trata de importantes necesidades, que muchas comunidades no podrán atender, relacionadas con aquellos aspectos que hacen referencia a la dependencia.


Si hacemos un ligero repaso de lo que ha sucedido en los años 2005 y 2006, nos daremos cuenta de que se han dado una serie de resultados que van en la misma dirección que acabo de mencionar y que intentaremos corregir en el debate presupuestario. Por ejemplo, el Plan de

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estabilidad previsto para el año 2005 preveía un superávit de las administraciones públicas del 0,1 por ciento y la liquidación se cerró en el 1,1 por ciento, esto es, diez veces superior, alrededor de 3.854 millones de euros. En el año 2006, señor vicepresidente, la evolución fue parecida para el Estado. Sin empresas y entes, las comunidades autónomas deberíamos haber tenido un superávit de unos 1.000 millones de euros; sin embargo, el superávit previsto para el año 2006 fue de alrededor de 7.000 millones de euros. Sea cual sea la cifra, el superávit alcanzado es el más alto de toda la historia de la democracia. Mi grupo parlamentario considera que este reiterado incumplimiento en las previsiones al alza en cuanto al superávit tampoco responde a los principios de estabilidad y de mejora de la productividad que requiere nuestra economía. Por otra parte, el secretario de Estado de Hacienda ha manifestado recientemente que la reforma fiscal aprobada va a aportar un ahorro fiscal a los contribuyentes inferior a las previsiones iniciales del Gobierno. Si esto es así, también deberíamos reconducirlo -hay margen suficiente para ello- y prever una nueva reducción impositiva orientada única y exclusivamente a las familias y a las empresas. A esta misma conclusión deberíamos llegar cuando en el periodo 2004-2006 la presión fiscal aumentó dos puntos porcentuales, del 34,53 por ciento al 36,52 por ciento del PIB.
Esta es otra cuestión, pero estos resultados abonan la opinión de Convergència i Unió de que todavía existe en la economía española un pequeño margen de maniobra para poder implementar una rebaja de los tipos impositivos.


Señor vicepresidente, nuestro grupo parlamentario es partidario, a la vista de la magnitud del superávit de las cuentas del Estado durante el año 2006, muy superior al inicialmente previsto, de que se pudiera estudiar la aprobación de un crédito extraordinario -les instamos a ello- destinado principalmente a dotar nuevos proyectos de inversión en 2007 y a mejorar la financiación del nuevo sistema de atención a la dependencia, que es una demanda muy importante de toda la sociedad española. En este caso, no se trata, señor vicepresidente del Gobierno -no quisiera que se malinterpretaran mis afirmaciones-, de incrementar el gasto ordinario, sino de proveer mejor el elevadísimo esfuerzo inversor que debe efectuar el país para poner en marcha el nuevo sistema de dependencia.


Nosotros siempre hemos abogado por la estabilidad, pero creemos que esta no está reñida con invertir parte de estos excedentes, que es el superávit, en necesidades que plantea igualmente nuestra sociedad, como podría ser la investigación, el desarrollo, la innovación para hacer realmente una economía competitiva, así como en infraestructuras de transporte y comunicaciones o en infraestructuras para la atención de la dependencia. Además, hay otra cuestión que abona lo que anteriormente había planteado, debemos tener en cuenta que nuestro nivel de endeudamiento, actualmente el 35 por ciento del PIB, es prácticamente la mitad del endeudamiento medio de los países del área euro, que está alrededor del 70 por ciento del PIB. Como los tipos de interés todavía están bajos, lo que nos corresponde, a nuestro juicio, señor vicepresidente, es invertir y ser más competitivos y en ningún caso nos corresponde reducir más nuestro endeudamiento. Son dos visiones diferentes, dos planteamientos distintos, pero dos posiciones que podrían ir en la misma dirección si pudiéramos llegar a consensuar algunos de los criterios y de las cifras que nosotros le hemos subrayado. Sinceramente, pensamos que buscar un entendimiento en esta misma dirección lograría un planteamiento serio, moderno, que no está reñido con la estabilidad presupuestaria y que probablemente acarrearía más inversión y más estabilidad a nuestra economía y más creación de puestos de trabajo.


Señor vicepresidente, para concluir mi intervención quiero que tenga usted presente que nuestro grupo parlamentario apuesta por la estabilidad, pero no por el superávit excesivo, excepto en el caso de la Seguridad Social, en el que la obtención de superávit resulta importante para garantizar el futuro de nuestras pensiones. Nuestro objetivo global para el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales es la obtención de un déficit cero o un superávit del 0,15 por ciento, pero nada de superávits excesivos, ya que consideramos que España tiene unos déficits de inversión productiva y social que no admiten demora y no hay ningún motivo especial para retrasarlos en los próximos ejercicios cuando realmente hoy disponemos de recursos para poder implementar estas inversiones. Este planteamiento de Convergència i Unió podría ser efectivo porque los tipos de interés todavía están bajos y creemos que es un buen momento para la inversión. Otra consideración que avala el planteamiento de Convergència i Unió es que nuestro endeudamiento es prácticamente la mitad de la media europea. No tiene sentido, señor vicepresidente, reducirlo más. Finalmente, hay dos temas concretos vinculados a la inversión del Estado y es básico afrontarlos en el año 2007, si fuera prudente y necesario, mediante la aprobación de un crédito extraordinario. En primer lugar, la corrección del déficit de infraestructuras que padece Cataluña y otras comunidades autónomas -de acuerdo con el desarrollo del nuevo Estatuto precisamos incrementar nuestra inversión- y, en segundo lugar -sobre lo que he hecho mucho hincapié en mi intervención-, la puesta en marcha de un nuevo sistema de dependencia, por lo que vamos a necesitar grandes recursos orientados hacia esta inversión. Por todo ello, señor vicepresidente, Convergència i Unió exigirá en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 un destino de este superávit no presupuestado hacia estas inversiones que le acabo de mencionar.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


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Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y, en particular, señorías, con el turno de don Joan Puig. Adelante, cuando quiera.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, nuestro grupo parlamentario va a posicionarse ante el tema que nos ocupa a estas horas de la mañana.


El superávit de las administraciones públicas superará el 1,1 por ciento del PIB durante los tres próximos años. El gasto no financiero del Estado aumentará un 6,7 por ciento en 2008. El Estado tendrá un superávit del 0,3 por ciento del PIB, mientras que las cuentas de la Seguridad Social tendrán un saldo positivo del 0,6 por ciento. El Consejo de Ministros ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria para el trienio 2008-2010 y el techo de gasto no financiero del Estado para 2008. En el último ejercicio de esta legislatura el Gobierno mantendrá una prudente política presupuestaria llevada a cabo desde 2004, lo que permite establecer un objetivo de superávit del conjunto de las administraciones públicas del 1,15 por ciento del PIB. Se cumple lo establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que se aplica por primera vez en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 y que prevé un superávit de las cuentas públicas cuando el crecimiento económico supere el 3 por ciento. En los tres próximos años la Administración Central del Estado registrará un superávit del 0,3 por ciento del PIB y un 0,4 por ciento de los organismos autónomos y el saldo positivo de la Seguridad Social alcanzará el 0,6 por ciento del PIB.
También las comunidades autónomas deberán tener superávit como consecuencia de la aplicación de la Ley de Estabilidad. El objetivo ya aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el 0,25 por ciento del PIB. El objetivo para las corporaciones locales será de equilibrio presupuestario. El Consejo de Ministros ha aprobado el límite del gasto no financiero del Estado para 2008. Dado que los ingresos estimados para 2008 en términos de contabilidad nacional son de 156.807 millones de euros, un 6,8 por ciento más que en 2007, y que el superávit previsto para el Estado es del 0,26 por ciento del PIB, podríamos estar de acuerdo con estas cifras. Nuestro grupo parlamentario podría dar apoyo a la propuesta que hoy nos trae el Gobierno a esta Cámara, pero tenemos nuestras dudas. Tenemos nuestras dudas por las actuaciones que el Gobierno realiza de no cumplimiento de sus compromisos, con lo cual nuestras dudas van in crescendo. Estamos de acuerdo en que la propuesta que nos presenta el Gobierno es mucho más racional que la que se nos presentaba en la época del Gobierno del Partido Popular, pero estas reticencias ante los avatares y ante las circunstancias sobre cómo actúa el Gobierno nos hacen ser temerosos dada la realidad de estas cifras.


En su momento nuestro grupo parlamentario presentó diferentes enmiendas al modelo de estabilidad presupuestaria, algunas fueron acordadas y aprobadas, pero una de ellas, que hacía referencia a evitar el reparto horizontal del déficit o superávit en cada comunidad autónoma, no nos fue aceptada y ahora se confirman nuestras lamentaciones. En el actual modelo de estabilidad presupuestaria no se tiene en cuenta el esfuerzo fiscal de cada comunidad autónoma, lo que ingresan en impuestos sobre el PIB. Es tremendamente injusto lo del café para todos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. No es justo que tengan el mismo margen las comunidades autónomas que se dedican a suprimir impuestos, como el de sucesiones o donaciones, y las comunidades autónomas, como Cataluña, que han de aplicar un recargo en el impuesto sobre hidrocarburos para completar la financiación sanitaria. Nuestro grupo parlamentario, aun estando de acuerdo con la filosofía de la ley a la cual en su momento aportamos algunas enmiendas y que, repito, fueron aceptadas, quiere mostrar su desazón por el incumplimiento de algunos de los parámetros que modifican gravemente nuestro planteamiento. Si los Presupuestos Generales del Estado cumpliesen todos los objetivos a los cuales el Gobierno se comprometió y se aplicase una política equitativa, hoy daríamos el voto afirmativo, pero resulta que los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años -y como ejemplo está el actual presupuesto- han reflejado claramente una falta evidente de voluntad del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero para solucionar los problemas pendientes.


Tenemos demasiados motivos para dar apoyo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Entre estos motivos quisiéramos destacar los siguientes.
Primero. Tenemos pendiente la negociación del nuevo modelo de financiación y es evidente que el Estado tendrá que aumentar los recursos destinados a las comunidades autónomas, a pesar de la obstinación del señor vicepresidente del Gobierno en llevarlo a cabo. Según el Observatorio de financiación de Cataluña, en el año 2005, haciendo una aproximación a la balanza fiscal, Cataluña tenía un déficit de 19.177 millones de euros, 2.704 euros por habitante, el 10,5 del PIB. Por cierto, ¿alguna vez se van a publicar las balanzas fiscales? ¿Van a tener la capacidad para desmentir estos datos? Veo promesas, una tras otra. Veo hoy por un teletipo las promesas de dar publicación a las balanzas fiscales por dos sistemas, a solicitud de una interpelación del portavoz de Convergència i Unió señor Sánchez i Llibre, pero nos tememos que una vez más esto no se vaya a cumplir. Estaremos una vez más ante una falta de consideración hacia este Parlamento, hacia esta Cámara, y nos tememos que las balanzas fiscales continúen siendo el secreto mejor guardado de la historia. Es evidente que la constante negativa a hacer públicas las balanzas fiscales es una prueba irrefutable más de la magnitud de la tragedia. Estamos seguros que ante el silencio que ustedes demuestran el Observatorio de la financiación de Cataluña se queda corto en sus previsiones. Saquen ya del cajón las balanzas fiscales o faciliten los datos para que

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las podamos calcular. Su silencio les delata. Nuestro grupo parlamentario pidió a inicios de esta legislatura los datos para hacer el cálculo de las balanzas fiscales. Nos fueron negados. Se nos entregaron mal y solo en parte, y otros no nos han sido entregados.


Segundo. Una parte importante del superávit del Estado, ese que el vicepresidente del Gobierno dice que existe, se debe sin lugar a dudas al déficit fiscal de algunas comunidades autónomas, entre otras Cataluña, País Valencià e Illes Balears, debido a la insuficiente financiación. El déficit fiscal de Cataluña, País Valencià o Illes Balears continúa aumentando y no se ha planteado públicamente una fecha concreta para la reforma de la Lofca, sino todo lo contrario. Desde el Ministerio de Economía prevén un retraso considerable de carácter electoral e injustificable de la nueva Lofca.


Tercero. La incorrecta interpretación de la disposición adicional tercera del Estatut, referida a las inversiones en infraestructuras, ha provocado que durante el año en curso Cataluña haya dejado de recibir 1.057 millones de euros en inversiones para infraestructuras.


Cuarto. Los presupuestos no ejecutados garantizan al Estado parte de este superávit. Actualmente, más de un 25 por ciento de promedio de lo presupuestado en Cataluña no se ejecuta en los últimos años, es decir, cada tres años Cataluña le sale gratis al Estado. Lamentablemente seguimos sin poder fiarnos. No existe la corresponsabilidad entre nuestro grupo parlamentario y su Gobierno. No existe -repito- correspondencia entre la lealtad de nuestro grupo parlamentario y la del Gobierno.
Cataluña sufre un déficit en infraestructuras, lo estamos viendo estos días. No lo dice nuestro grupo parlamentario, lo dice la propia sociedad civil, la propia Cámara de Comercio de Barcelona. Hemos visto, ante la sorpresa de muchos pero no de todos, que la llegada del tren de alta velocidad a la frontera francesa se retrasa tres años más, hasta el 2012, veinte años después de la llegada del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla. Me parece injusto que en un Estado moderno estos retrasos, estos incumplimientos por parte del Gobierno, sea quien sea el Gobierno de turno, sigan afectando a Cataluña y, en definitiva, a la modernidad de este Estado. Por eso lamentamos profundamente que entre los compromisos del Gobierno siga sin cumplirse la ejecución presupuestaria.


Quinto. Esta situación podría mejorar si el Gobierno actuase con verdadera lealtad, por ejemplo, destinando este falso superávit del Estado a rescatar los abusivos e injustos peajes existentes en Cataluña y en el País Valencià.


Sexto. Destinar los fondos existentes, el superávit, para hacer frente al Fondo de Inmigración, fondo creado en esta legislatura a propuesta de nuestro grupo parlamentario, en el que ustedes han estado de acuerdo, pero que se ha quedado corto y hay que aumentar ante la necesidad de hacer frente a la inmigración.


Séptimo. Destino de parte del superávit a la mejora de las pensiones más bajas, que aún lo son más en algunas comunidades autónomas debido al diferencial de inflación. Es una verdadera injusticia, y no lo decimos nosotros, lo dicen los pensionistas; los pensionistas dicen que el diferencial de inflación en las pensiones más bajas provoca todavía más injusticia social.


Octavo. El Gobierno tendría que ser más generoso con la financiación de la Ley de la Dependencia. Existe dinero, existe superávit del Estado y por tanto entendemos que la apuesta del Gobierno socialista por la Ley de la Dependencia se tiene que complementar con una mayor aportación de dinero para su cumplimiento.


Noveno. La reforma del IRPF, pactada por cierto por los compañeros de Convergència i Unió, ha resultado poco eficiente. Lo dijimos en su momento. Nuestro grupo se opuso a la reforma del IRPF planteada por el Grupo Socialista con el acuerdo con Convergència i Unió. (Rumores.) Ahora se demuestra que es una reforma injusta, que ha beneficiado poco a las clases medias de este Estado. El propio señor Sánchez i Llibre reconocía anteriormente en esta tribuna que la reforma del IRPF ha sido un fracaso.
Señor Sánchez i Llibre, bienvenido al club. Se lo advertimos en su momento y hoy usted lo acaba de reconocer. (El señor Sánchez i Llibre hace signos negativos.-El señor Maldonado i Gili pronuncia palabras que no se perciben.) Lo reconoce el propio Gobierno. Fue falta de valentía para apoyar una reforma del IRPF que hubiese sido más justa para las clases medias y también para la pequeña y mediana empresa. Señor Sánchez i Llibre, ustedes pactaron la reforma, la aprobaron con el Grupo Socialista y ahora se dan cuenta de que fueron como mínimo engañados.
(Los señores Sánchez i Llibre y Maldonado i Gili hacen signos negativos.) Nosotros lo advertimos en su momento y por tanto pedimos más valentía, que el superávit se destine a la mejora de las clases medias de este Estado, a la mejora de las inversiones, que se reduzca el impuesto sobre sociedades y que se estimule a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa. El Estado tiene dinero y ese superávit exagerado que ustedes destinan no hace frente a estas necesidades.


Por todo ello y hasta que no nos demuestren que este techo de gasto para 2008 es compatible con el avance en una solución de los problemas que hemos planteado, nuestro grupo no apoyará el objetivo de estabilidad presupuestaria. Para terminar, repito que si esas mejoras no tienen repercusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado, nuestro grupo no los va a apoyar. Pedimos el cumplimiento de los compromisos, pedimos el cumplimiento de la adicional tercera del Estatut, y a partir de ahí nos podremos entender. Si no existen estos compromisos de cumplimiento de la ejecución presupuestaria, de recuperación del déficit de infraestructuras que ha tenido el Estado hacia Cataluña, nuestro grupo parlamentario no va a poder apoyar los Presupuestos Generales del Estado.
Por eso hoy nuestro grupo ha decidido no apoyar el límite de gasto que se establece en este objetivo de estabilidad presupuestaria.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Puig.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y en particular, con el turno del señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, hoy una vez más, como cada año y dentro del primer semestre como establece la ley, nos encontramos en este hemiciclo dispuestos a debatir; no sabemos muy bien sobre qué hacerlo, pero estamos obligados a ello. De esta forma es lógico que cada grupo parlamentario agarre este rábano por las hojas que más le convenga, aunque me da la sensación de que tampoco tienen excesivas hojas por donde agarrar. No podemos hablar de presupuesto, puesto que no conocemos ni las prioridades ni las directrices del mismo. No podemos hablar tampoco de macroeconomía, puesto que para ello hubiera sido necesario disponer de un cuadro macroeconómico más definido, y a estas alturas del año apenas tenemos datos económicos que nos aventuren con ciertas garantías lo que va a ocurrir a lo largo del presente año. Es, por lo tanto, como ya lo califiqué el año anterior, un debate a ciegas, sin pistas y básicamente sobre una cifra mágica, 6,8 por ciento, que corresponde según el Gobierno a la previsión de crecimiento nominal de la economía y a la estimación del crecimiento de los ingresos no financieros del Estado en términos de contabilidad nacional. Dado que una sola cifra da muy pocas pistas para un debate, permítame que hoy coja el rábano por unas hojas que creo relevantes y que posiblemente han de servir para orientar las prioridades y estrategias económico-presupuestarias para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Antes que nada permítame señalarles que comprendo el morbo y el juego mediático que se produce cuando se acerca el momento de presentar y debatir los presupuestos de cada año. Todo el mundo quiere saber, me imagino que es un interés compartido por el Gobierno, si tal o cual grupo parlamentario va a apoyarlos o no, va a votar a favor o en contra de los presupuestos.
De esta forma algunos, no con mala fe -insisto en lo de no con mala fe- señalaron que el Grupo Vasco iba a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Lo hicieron por las declaraciones que realicé tras la reunión que mantuvimos en el ministerio, en la cual nos presentaron las cifras de límite de gasto. Quisiera, por tanto, dejar clara nuestra posición a este respecto. Desde el Grupo Vasco dijimos antes, y lo reafirmamos ahora, que estábamos básicamente de acuerdo con la política de estabilidad presupuestaria y que no íbamos a impedir con nuestro voto que el Gobierno pudiera traer un proyecto de presupuestos para el 2008 a esta Cámara. Como es preciso ratificar en el Congreso el acuerdo del Gobierno que hoy debatimos, nosotros no vamos a votar en contra de dicho acuerdo; es más, vamos a votar favorablemente a su aprobación, sin embargo ello no significa necesariamente que vayamos a votar afirmativamente a los presupuestos. Nuestra posición dependerá de la capacidad que tengamos, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Vasco, de llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. En este sentido, a nadie se le escapa que los elementos que entrarán en el juego y en la negociación serán múltiples, seguramente diversos y algunos de ellos el Gobierno los puede incluir aun sobradamente, pero hoy no es el momento de poner sobre la mesa las claves de la negociación, cada cosa a su tiempo.
Si el Gobierno desea presentar un proyecto de presupuestos para el próximo año y llegar a un acuerdo con nuestro grupo nos pondremos manos a la obra, lo que no vamos a hacer en ningún caso es mostrarnos hoy a favor o en contra de la posición que vamos a mantener en el futuro.


Somos conscientes de que aprobar el límite de gasto, que es lo que ahora importa de verdad al Gobierno y el afán de déficit para el próximo trienio, tal y como establecen las leyes de estabilidad presupuestaria, facilita enormemente al ministro de Economía y Hacienda la tarea de elaboración presupuestaria. El acuerdo parlamentario se convierte en una magnífica disculpa para no atender, o atemperar al menos, las demandas de recursos presupuestarios de los diferentes ministerios o ministros.
Esperemos que este efecto parapeto no sirva para frenar aquellos proyectos que sean básicos para solucionar los problemas de fondo de la economía; me estoy refiriendo básicamente a la baja productividad y a la escasa competitividad del sistema económico. Si las cuentas que hace el Gobierno son las de disponer de alrededor de 10.000 millones de euros adicionale, y con ello se tienen que financiar los incrementos salariales de los funcionarios públicos, lo cual es lógico y razonable, los compromisos plurianuales crecientes en materia de inversiones ya previstas e iniciadas en ejercicios anteriores, mayores pagos quizá por intereses de la deuda vista la evolución de los tipos de interés, le quedará una cantidad tan pequeña que no le permitirá afrontar los grandes retos económicos. Si esto es lo que hace el Gobierno, se equivocará. Las prioridades de las políticas fundamentales han de ser financiadas holgadamente y con carácter previo. Los gastos -me da igual en lo que sean- en I+D, en innovación, en formación, en infraestructuras físicas o de telecomunicaciones, todos aquellos que se entiendan que han de ser prioritarios, han de disponer de una financiación suficiente. Desde nuestro grupo parlamentario exigimos que esas prioridades políticas y recursos se concreten en proyectos también en Euskadi, que año tras año en general suele ser ignorada. Una vez establecidos estos proyectos prioritarios, han de encajar el resto de las partidas presupuestarias, por lo tanto el ejercicio ha de ser al revés de lo que es la costumbre.
Si las cifras no le cuadran, señor vicepresidente, puede hacer dos cosas: en primer lugar, suprimir aquellos gastos que no competen a su Gobierno, como

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no voy a poner más que un ejemplo- el Ministerio de la Vivienda, entendiendo que estos gastos los deben hacer las comunidades autónomas; y, en segundo lugar, revisar los datos de superávit previstos a la baja y ganar un margen de maniobra adicional que le permita afrontar los gastos prioritarios. Además, señor vicepresidente, sabe usted mucho mejor que nadie que al final del año 2008 los resultados presupuestarios serán mucho más favorables de lo que usted nos quiere enseñar hoy aquí.


Cuando usted calcula el incremento del 6,8 por ciento como límite de gasto, lo hace sobre la cifra inicial de los presupuestos del año 2007, que se verá superada con toda seguridad cuando finalice el presente ejercicio. Si calculara el incremento sobre la previsión de cierre este se vería reducido sensiblemente, tal como usted lo ha señalado esta mañana. Por lo tanto, señor vicepresidente, no regatee en los gastos básicos del presupuesto por ser excesivamente conservador con la cifra de 6,8 por ciento establecido como límite. Todos sabemos que tiene un margen de maniobra positivo y suficiente; utilícelo en caso de que fuera necesario. Control de déficit sí, pero sin obsesiones y que le permita elaborar un presupuesto que afronte los retos económicos. Si analizamos los datos de la economía española hay motivos para estar satisfechos. La economía crece actualmente por encima del 3,5 por ciento y previsiblemente lo hará en torno al 3 por ciento durante los próximos años; además este crecimiento que se proyecta sobre una tendencia alcista dura ya casi tres lustros. La inflación se sitúa ligeramente por encima del 2 por ciento, mientras que el empleo crece y la tasa de paro ronda el 8 por ciento. Además el consumo atempera su crecimiento y la inversión privada, sobre todo en bienes de equipo, crece de forma considerable, todo ello en un entorno de crecimiento económico mundial y especialmente por lo que nos afecta en el ámbito de la Unión Europea. También hay motivos, si no para alarmarnos, para preocuparnos. El crecimiento del empleo paralelo al PIB nos indica que la productividad aparente del trabajo es muy baja, que el modelo de crecimiento económico es de baja productividad, a pesar del aumento de la inversión. Usted me dirá que quiero que no crezca el empleo para que aumente la productividad, pero yo le contestaré que quiero que con el aumento del empleo que se está produciendo la economía lo haga en mayor medida. Con un euro sobrevaluado con relación al dólar, y que probablemente lo esté más con la política del Banco Central Europeo de seguir subiendo los tipos de interés, es difícil que se reduzca el gran déficit exterior existente, lo que ha de ser motivo de preocupación. Este déficit es la otra cara de la moneda de la escasa competitividad de la economía; ese déficit, que no nos ha de preocupar en exceso desde la vertiente de su financiación, debe ser indicador de la competitividad de la economía española. Si a ello le unimos el riesgo más o menos fundado de desplome de los precios de las viviendas, junto al encarecimiento del coste de los créditos hipotecarios por la subida de los tipos de interés, la temporalidad de muchos empleos existentes, del mileurismo en el mejor de los casos, o del quinientoseurismo de muchos empleos, comprobamos que existen algunos elementos no irrelevantes para la preocupación. En el discurso del Gobierno se recoge esta preocupación por la baja productividad y competitividad de la economía. Ahora solo falta llevarlo adecuadamente a las partidas presupuestarias. Si la orientación de los presupuestos del año que viene va en esta dirección, es decir haciendo un esfuerzo presupuestario real y no solo de boquilla en las prioridades señaladas, iremos por el buen camino. En la confianza de que esto sea así y de que estos presupuestos no olviden a Euskadi, como ha ocurrido otros años, votaremos favorablemente el acuerdo que el Gobierno nos trae hoy a esta Cámara, para que pueda elaborar unos presupuestos para el año que viene que sean coherentes con las reflexiones que hemos realizado desde el Grupo Vasco.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Azpiazu.


Continuamos, señorías, con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en particular con el turno del señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, hoy hemos escuchado bastantes discursos keynesianos (Rumores.); lo ha dicho el señor Sánchez i Llibre. La verdad es que me alegro. (El señor Fernández Marugán: Ni siquiera eso.) Sí, porque keynesiano es aquel que dice precisamente que los retos sociales hay que abordarlos con gasto público. Es muchas más cosas también, señor Fernández Marugán. La novedad es que hay quien exige hoy al Gobierno lo que nosotros pedimos el año pasado -recordaré el debate sobre el techo de gasto que tuvimos hace apenas un año-, la necesidad de abordar el escenario de techo de gasto aprovechando todas las oportunidades para gastar todos los recursos para converger social y ambientalmente con Europa. Hace apenas dos años, cuando discutíamos el escenario de gasto, nos encontrábamos con un crecimiento del presupuesto del 8 por ciento -1,3 puntos por encima de lo que hoy discutimos-, un incremento de ingresos de casi un 9 por ciento y un superávit de la Seguridad Social en términos parecidos a los que hoy mencionamos. Hace dos años se cumplía con el objetivo de superávit, pero teníamos un escenario presupuestario, un escenario de gasto que nos permitía abordar mucho mejor que en estos presupuestos que hoy empezamos a discutir los retos sociales, ambientales y territoriales del Estado español; aunque después se hiciera mejor o peor la negociación, podíamos gastarnos mucho más. ¿Qué ha pasado dos años después? Que usted, señor ministro, nos viene con una propuesta en la que el techo de gasto es 1,3 puntos inferior, lo que

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supone muchos menos recursos para abordar los retos de la gente; eso se debe a varias razones.


Usted dice hoy: los ingresos estimados para 2008 en términos de contabilidad nacional son de 156.807 millones de euros, un 6,8 por ciento más que en 2007, y el superávit del Estado previsto para 2008 lo sitúa usted en el 0,26 por ciento del PIB, que equivale a 2.886 millones de euros; después de hacer los ajustes pertinentes lo sitúa en los 152.560 millones de euros, un 6,7 por ciento más que en 2007, en línea por tanto con el PIB nominal previsto en el programa de estabilidad, un 6,6 por ciento. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que ustedes fijan un escenario de ingresos que nuestro grupo parlamentario cree que es inferior a lo que realmente vamos a ingresar; primera trampa. Estamos discutiendo un escenario de techo de gasto con la trampa de que vamos a ingresar en realidad algo más de lo que ustedes están diciendo, pudiendo gastar más, abordar mejor los retos sociales y ambientales del país. Eso no nos gusta, señor Solbes. Ustedes van a ingresar más que los 156.807 millones de euros que ustedes dicen. Si van a ingresar más la pregunta es: ¿por qué nos hacen la trampa? Porque están obsesionados con el superávit presupuestario, y esa obsesión no es la misma en lo que se refiere a gasto social y a abordar los retos ambientales; van a ingresar más, señor ministro. En segundo lugar, usted decía que en el ejercicio de esta legislatura el Gobierno mantendrá la prudente política presupuestaria llevada a cabo desde 2004, y usted menciona ese 1,15 por ciento de superávit para el conjunto de administraciones públicas. Pues bien -hay que decirlo también-, el ejercicio de esa prudente política presupuestaria, con ese 1,15 por ciento, para nosotros es un exceso de prudencia. Es tan prudente que es posible que no podamos abordar los retos sociales y ambientales que tenemos porque no contemos con el margen suficiente. Usted decía, señor Solbes, que más allá de la coyuntura actual contar con unas cuentas públicas saneadas continúa siendo fundamental para garantizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Estamos de acuerdo, pero el problema está en que nos hemos pasado de frenada, porque vamos a ingresar más de lo que dicen -usted lo sabe- y porque tenemos margen y existe la necesidad de gastar más en políticas sociales y ambientales, que después le detallaré. ¿A qué se debe ese factor? Básicamente a dos razones: la primera, porque tenemos menos margen que hace dos años, porque vamos a ingresar algo menos que hace dos años -entre tres mil y seis mil millones de euros-, y va a ser así porque ustedes hicieron una reforma fiscal que va a suponer menos ingresos. La pregunta es: en un país con necesidades sociales como las que tenemos, ¿podemos permitirnos el lujo de ingresar menos para redistribuir menos? Nosotros consideramos que no, porque en uno de los países más desiguales de la Unión Europea, con mayores retos sociales, hemos de aprovechar las oportunidades de tener un sector público potente para abordar esos retos.
Perdonen, es un lujo no sé si asiático sino sueco permitirnos ingresar tres mil, cuatro mil, cinco mil o seis mil millones de euros menos a partir de la reforma fiscal, renunciado a abordar esos retos sociales de nuestro país; es un lujo de opulentos abordar una reforma fiscal que nos supone menos ingresos sin abordar una reforma fiscal ecológica en uno de los modelos de crecimiento menos sostenible y menos respetuoso con el medio ambiente que existen en la Unión Europea. Por tanto, primer elemento: tenemos menos margen que hace dos años porque vamos a recaudar menos de lo que podíamos haber ingresado debido a la reforma fiscal.


Hay un segundo elemento que queremos exponer. Si tenemos menos margen es porque estamos más preocupados por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que de las necesidades presupuestarias del país; lo cierto es que sabemos que las instituciones financieras a nivel mundial, europeo nos felicitan por el superávit presupuestario que tenemos. La pregunta es: ¿estamos cumpliendo con los retos sociales que teníamos encomendados al principio de la legislatura? Muy parcialmente, y para nosotros esto acaba siendo un problema. Nos encontramos con la paradoja de que en el momento en que tenemos que hacer un gasto más expansivo, cuando tenemos que cumplir las leyes sociales que se han acordado por una mayoría progresista en esta Cámara, con contenidos claramente progresistas, el presupuesto no va a al mismo ritmo, no acompaña precisamente a unas leyes claramente sociales porque hay un presupuesto que aumenta de acuerdo con el crecimiento nominal de la economía, y eso que no es justificable. ¿Qué explicación podemos encontrar, si no, a que entre lo que vayamos a ingresar y lo que vayamos a gastar haya una diferencia superior a 3.000 millones de euros? No lo entendemos. Podemos entender la necesidad de superávit presupuestario en un escenario de crecimiento del 4 por ciento, pero no compartimos que tenga que ser superior al uno por ciento, como ustedes están planteando.
¿Sabe cuál es el problema, señor Solbes? Que ustedes tenían un compromiso electoral que era acercarnos a la media de la Unión Europea en gasto social en un uno por ciento por año. (Rumores.) Sí, sí; en un punto por año. ¿Sabe a qué ritmo estamos convergiendo con Europa? En un 0,1 por año, diez veces menos de lo que ustedes tenían comprometido en el programa, y esa no es una buena noticia. Para nosotros un escenario de techo de gasto absolutamente contenido y obsesionado con el superávit presupuestario pero menos preocupado con el gasto social no es precisamente una buena noticia. Necesitamos dinero, necesitamos recursos para abordar los retos sociales, los retos ambientales, las políticas de vivienda, qué pasa con las personas con dependencia, qué pasa con los mileuristas o para hacer las infraestructuras necesarias. Para eso no tenemos margen, más aún teniendo presente que nuestro modelo de crecimiento, señor Solbes, está basado en un notable incremento de la demanda interna -continúa siéndolo-, en una inflación que ahora se ha limitado pero que continuará siendo alta, en una balanza exterior claramente deficitaria, en un endeudamiento familiar sin

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precedentes y que aumenta con la subida de los tipos, en una pérdida de peso de la economía productiva. Por mucho que hayamos comprado más bienes de equipo en los últimos años, como sabemos, las bases del modelo de crecimiento español necesitan más inversión. No es lo mismo un escenario de superávit en una economía que crece al 3 o al 4 por ciento con unas bases fundamentadas en la economía productiva que presumir de superávit presupuestario con déficit social y con una economía cuyas bases continúan siendo el ladrillo, el ladrillo y el ladrillo. Para nosotros el reto de un Gobierno progresista que quiere cambiar las bases de nuestro modelo de crecimiento es abordar esos compromisos sociales y realizar aquellas inversiones que hagan cambiar las bases de nuestro modelo de crecimiento. Por eso no compartimos este escenario de techo de gasto.


Hay veces que las comparaciones son odiosas, pero no en este caso. Si nos comparamos con las administraciones públicas de nuestro entorno en España vamos a registrar ese superávit del 1,1 por ciento frente a una media de déficit de la Unión Europea del 2,3 por ciento. En España nos vamos a situar seis o siete puntos por debajo del peso del sector público de los países de nuestro entorno. ¿Es lógico que un Gobierno socialista con una mayoría de izquierdas no haya incrementado el sector público para afrontar los retos sociales y ambientales que hay en el país? Nosotros creemos que no. Tienen un grupo parlamentario a su izquierda con exigencia ambiental que les pedía que abordásemos la ampliación del sector público, no en exceso pero sí de forma paulatina. Tenemos un escenario de techo de gasto que dice que nos mantenemos como estábamos.
Tenemos un Gobierno a dos velocidades: leyes sociales pactadas con la izquierda pero presupuestos que no van al mismo ritmo. Nosotros ni lo entendemos ni lo compartimos.


Señor Solbes, yo me apunto al superávit récord, como tiene Suecia -más de un 2 por ciento de superávit-, Finlandia e incluso Dinamarca -por encima de Suecia-; se podría llegar al superávit de estos países si tuviéramos el mismo gasto social, si hubiésemos solventado como ellos los retos sociales que tenían, pero es muy poco lógico que en un país con necesidades sociales estemos presumiendo más de superávit presupuestario que de abordar -como podemos, porque podemos hacerlo- las necesidades sociales del país. No es normal ni lógico, y no lo compartimos. Para nosotros este escenario de techo presupuestario va a ser el primer debate de la puerta del presupuesto de 2008 que abrimos hoy, y lo vamos a hacer absteniéndonos como hicimos el año pasado. Nos vamos a abstener por eso, porque vamos a empezar el debate de presupuestos por una puerta muy pequeña, que no nos permite encajar todas las necesidades sociales y ambientales del país, que limita las expectativas de una mayoría de izquierdas en esta Cámara y porque tenemos que abordar ese reto social, ambiental y de infraestructuras. También va a ser importante en materia de infraestructuras que tengamos una concepción amplia, moderna y contemporánea de lo que se entiende por ellas. Sabe usted que lo digo porque tenemos que cumplir la disposición adicional tercera del Estatut.
Nosotros dimos un primer paso el año pasado y dijimos que este año era fundamental y que nos teníamos que poner de acuerdo. En pleno siglo XXI por infraestructura no solo se entiende el cemento. En el siglo pasado, en los años de desarrollismo, la infraestructura era el cemento, que lo solventaba todo, pero hoy infraestructura son nuevas tecnologías, instalaciones de residuos, instalaciones de aguas, aquello que da futuro, porvenir a la ciudadanía, por eso decimos que este va a ser un elemento fundamental.


Acabo ya, señora presidenta, diciéndoles que nuestra abstención va a ser crítica y exigente. No somos de los que ponemos zancadillas porque se adelantan las elecciones; estamos haciendo lo mismo que hace un año.
Nuestro discurso en materia presupuestaria es el mismo hoy que el de hace un año, y usted lo sabe, pero tampoco vamos a ser de los que damos palmadas en la espalda porque sí. Nosotros vamos a tener una actitud exigente. Este escenario de techo de gasto no nos sirve, porque no nos gusta entrar por la puerta pequeña y limitada en el presupuesto que tendría que ser el más social y ambiental de toda la legislatura.
Esperamos menos obsesiones de superávit presupuestario y más obsesión y pasión por que el presupuesto acompañe las leyes sociales que estamos aprobando.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, en particular con el turno del señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Señorías, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes, mi grupo ha venido prestándole una especial atención a esta materia, hoy para el debate, al objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integrarán en el periodo 2008-2010 y el límite de gasto no financiero, porque tiene una especial sensibilidad con el componente añadido de complejidad que tiene el caso financiero canario por nuestra Ley de Régimen Económico y Fiscal, dada nuestra dependencia en la estructura de financiación de proyectos con las ayudas que vienen del área de la Unión Europea. Por tanto, siempre se complica este escenario. Queremos hablar hoy de lo que nos reúne aquí fundamentalmente.
Ya en septiembre estaremos en disposición de hablar, una vez aprobado el techo financiero y también el no financiero, de su distribución sectorial en los presupuestos, y posiblemente en octubre, cuando estemos votando los presupuestos para el próximo año -aprovecho que está aquí presente nuestro colega del Grupo Socialista don Francisco Fernández Marugán-,

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veinticinco años después, sigamos hablando en esta tribuna de estas cuestiones, que nos recuerdan una historia entrañable, por la cordialidad de debates parlamentarios de hace veinticinco años, de las elecciones de 1982.


Nosotros hemos buscado unos principios de garantía, de avales, que permitan encontrar una cifra aceptable para después debatir su compartimentación en los Presupuestos Generales del Estado. Hace dos semanas los portavoces recibimos una invitación de don Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, para una reunión, en la que se nos hizo entrega de la información -gráfica fundamentalmente, pero concisa- de los ingresos no financieros del Estado después de la cesión. Allí se nos dio la cifra de ingresos no financieros fundamentados en ingresos tributarios, unos 156.807,54 millones de euros, y frente a ellos el límite de gasto presupuestario que asciende a 152.560,69 millones de euros, como ha recordado el señor vicepresidente en su exposición. De aquí sale el primer mensaje positivo. Adelanto que vamos a votar favorablemente este acuerdo y quiero explicitar las razones porque pueden coincidir o no con las de otros grupos cuyo voto vaya en el mismo sentido. En primer lugar, hay que transmitir un mensaje de seguridad financiera a los agentes económicos a los que se dirige un presupuesto.
No se trata solo de atender necesidades sectoriales, sociales, asistenciales, de defensa de colectividades, etcétera. Debemos dar una sensación de disciplina y de seguridad financiera en el manejo de los Presupuestos Generales del Estado. Puede ser expansionista o no el gasto, pero tiene que garantizarse que no va haber indisciplina respecto a las normas de la Unión Europea ni se van a contravenir recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo o de cualquiera de los organismos que actúan en el sistema financiero. No estoy hablando de un presupuesto expansionista o no, sino de un presupuesto que tenga la garantía de no generar déficit. Desde la óptica financiera canaria, nos opondríamos a un presupuesto que complicara la asignación de recursos financieros del Estado y generara inflación o déficit. Las cifras que se nos han ofrecido dejan bien claro que hay un diferencial de superávit, en números redondos, de 4.000 millones de euros. Por esa claridad, concisión y porque va a haber un superávit de 4.000 millones para atender las posibles necesidades, vamos a dar nuestro apoyo a este acuerdo.


En la información que nos facilita el señor secretario de Estado de Hacienda vemos los distintos compromisos que se contraen en este acuerdo y estimamos que se han respetado los principios que entran en esta disciplina presupuestaria respecto a las comunidades autónomas. A nuestro juicio, este acuerdo llega aquí con unos avales de garantía que son, en primer lugar, el acuerdo de 24 de abril del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde las comunidades autónomas han tenido ocasión de expresarse. Respetar este acuerdo del pasado 24 de abril en el que participan las comunidades autónomas nos ofrece garantías. En el cuadro de necesidades que va a tener el objetivo de estabilidad presupuestaria, las del Estado ascienden, en el año 2008, al 1,15 por ciento del producto interior bruto. Llevado esto al Estado y a sus organismos, ascienden al 0,30 por ciento y se mantiene la secuencia histórica del trienio. En los temas de Seguridad Social está en el 0,60 por ciento y se mantiene este sistema con este componente. Adelanto que no nos parece descabellado que el Gobierno decida que fondos de la Seguridad Social tengan una penetración en el mercado de bolsa para insertarlos en el sistema financiero. Sería muy discutible y lo veremos en su momento, pero entendemos que hay una legitimidad para hacerlo. Al mismo tiempo, respecto al porcentaje de producto interior bruto de las comunidades autónomas, la capacidad y necesidad de financiación se establece en el 0,25 por ciento, dando estabilidad. No creo que en este concepto general para las comunidades autónomas debamos tener complejo alguno, y qué decir de las entidades locales que quedan en el 0,0 por ciento del producto interior bruto, otra cuestión que nos ofrece las garantías pertinentes.


Este año hemos podido disponer de algo muy importante que se había acordado. No olvidemos que la redacción de este acuerdo es muy sucinta y corta, no tiene por qué tener una gran base literaria. En ella se dice que los presupuestos de 2008 se van a elaborar en el nuevo marco de las leyes de estabilidad presupuestaria basadas en el principio de estabilidad presupuestaria y más acorde con la exigencias tanto coyunturales como estructurales de la economía española para reforzar el carácter estabilizador de la política fiscal. Cuando se llega al límite máximo del gasto no financiero, se dice: Dicho importe corresponde con un gasto que, en términos de contabilidad nacional, resulte consistente con el objetivo de estabilidad que se fija para el Estado. Vuelvo a utilizar los mismos argumentos: hay un superávit de 4.000 millones de euros y se mantiene un equilibrio de racionalidad entre esta contabilidad nacional y el objetivo de estabilidad. Esta política no va a producir incertidumbre en los sectores financieros. Hablamos del sector bancario y más tarde manifestaré por qué introduzco también este tema. Esto viene reforzado por un informe que el Gobierno estaba obligado por ley a traer, que es clarificador porque viene con los avales de quienes han participado en él: el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. No podía esperarse menos -tal como cita la Comisión Europea- del quinto agente -para mí el sexto sería el sector privado financiero: bancos y cajas-, que corresponde al Estado, al Ministerio de Economía y Hacienda. Si se pide información a la Comisión Europea, me da garantías que el proponente de este acuerdo haya sido el señor Solbes, ministro de Economía y Hacienda, que fue comisario en la rama específica de la Comisión Europea, lo cual le obliga a adoptar unas posturas tanto éticas como estéticas de racionalidad en

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esta política, ya que la que financieramente sigue España no es ajena a la de la Unión Europea.


Quiero fijarme en cómo se ha establecido el límite máximo del gasto no financiero en estos 152.000 millones de euros -dicho en números redondos-, fundamentalmente en el informe sobre la posición cíclica de la economía española que es la que, a mi juicio, aporta el último aval de garantía que nos permite, con la solvencia de unas cifras, votar favorablemente este acuerdo. La introducción del informe sobre la posición cíclica de la economía española dice: Una de las principales modificaciones que introduce la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en mayo de 2006, es la definición del principio de estabilidad. Esto era necesario porque a veces hemos discutido qué se entendía por tal definición desde la óptica de un Estado miembro de la Unión Europea, sustrayéndola de una política general de la Unión Europea.
Teniendo una moneda común, el euro, sería absurdo plantearnos un principio autárquico de la confección del Presupuesto General del Estado o el límite que debe tener la financiación total. Lo define claramente de la siguiente manera: como la situación de equilibrio o superávit computada a lo largo del ciclo económico. Este requisito se cumple en la información que nos ha ofrecido el señor Solbes. Ello constituye para nosotros un aval de garantía. Si esta definición del principio de estabilidad está basada en la condición de equilibro y de superávit, adelante. Pero tiene que contar con el apoyo parlamentario para después debatir en esta Cámara a partir de septiembre los repartos presupuestarios de las distintas inversiones territoriales o sectoriales.
Se dice en el análisis de la situación de la economía española que en los primeros meses de 2007 las expectativas han sido más favorables incluso que en la ocasión anterior. Pese a que hay incertidumbre en la volatilidad de los precios del petróleo, se han podido mantener a estos efectos. En cuanto a la política en el ámbito de los precios, la inflación de la Unión Europea y de la zona euro se sitúa en el 2,2 por ciento en el conjunto del año 2006. Si se hace la rebaja de las previsiones de inflación y se dejan en la zona euro y en la Unión Europea en el 2,3 por ciento, nos parecen cifras razonables y sensatas.


Este acuerdo necesita darle al sector financiero español la sensación de seguridad, de que no va a haber incertidumbre alguna. Hay que tener presente cómo esta valorando el dinero el Banco Central Europeo y cuál es la repercusión en hipotecas, porque tal como se denuncia aquí, hay un exceso de liquidez y de abundancia de créditos. Estamos hablando de un sector privado, la banca y las cajas, cuentan con un instrumento que necesita ser reconducido para que funcione armónicamente la política económica y financiera de un Estado, en este caso España. Hay una realidad en ese mercado de oferta de dinero, que es el exceso de liquidez y la abundancia de crédito. Si no tenemos en cuenta esto no se entenderían esa serie de opas. Que se realicen opas con las cifras que se están dando demuestra que existe exceso de liquidez y abundancia de crédito; que las entidades bancarias financian otras empresas del sector, sea este energético o no, para entrar en un mercado de opas, donde o lo pagas en efectivo o no tienes nada que hacer.


En cuanto a la situación cíclica de la economía española en el periodo 2006-2010, que trae acertadamente este informe, se dice que es probable que el producto interior bruto crezca en 2007 a un ritmo algo inferior al del pasado año y que en 2008 se produzca una ligera desaceleración adicional de la actividad económica en un entorno de condiciones monetarias menos holgadas como consecuencia de las subidas de los tipos de interés. No obstante, el producto interior bruto seguirá creciendo por encima del 3 por ciento y se espera un reequilibrio en su composición desde la óptica de la demanda. Es una cláusula de garantía y nos parece un diagnóstico sensato, razonable y prudente. Si la demanda nacional va a seguir siendo el principal motor del escenario del crecimiento económico, fijémonos en esta demanda y no solo en la demanda social. He escuchado hoy aquí teorías muy distantes: por un lado, una especie de denuncia de la política de expansión de gastos; por otro, si es restrictiva con las actividades sociales. Si va a haber una demanda nacional basada en el principal motor del crecimiento económico, en un dinamismo del consumo privado, el cual puede tener una desaceleración en el periodo analizado motivado por el aumento de los tipos de interés, vamos a efectuar las correcciones pertinentes con este techo de gastos, que es perfectamente asumible y cubre un escenario colectivo de los Presupuestos Generales del Estado, como veremos en septiembre.


En resumen, tal como dice el dictamen: Los recientes análisis de la situación cíclica de la economía española procedentes de las diferentes instituciones que se han tenido en cuenta para la elaboración de este informe... No le vamos a quitar garantías de previsión al Instituto Nacional de Estadística, que es un órgano pasivo, pero que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea hagan una política convergente en el escenario económico proporciona robustez a la previsión de un mantenimiento de tasas de crecimiento elevado del producto interior bruto, de una magnitud superior al 3 por ciento hasta el año 2010.


Con estas premisas, señorías, mi grupo va a votar favorablemente la aprobación de este acuerdo, pues, como digo, traslada un mensaje al sector financiero, que está en todas las actividades de un Estado moderno de economía liberal y al mismo tiempo proporciona seguridad en cuanto a que no se va a producir un déficit, sino un superávit de las reservas económicas que el Estado soberano bajo el control parlamentario pueda realizar. Desde el punto de vista de la sensatez y del sentido común, tendrán nuestro voto favorable.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.


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El turno del Grupo Mixto lo utilizará la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor vicepresidente y ministro de Economía, subo a esta tribuna para manifestar, al igual que los otros grupos parlamentarios, nuestra posición en este debate relativo a la estabilidad presupuestaria, que, como todos los años, corresponde debatir en esta Cámara. En esta ocasión, nos encontramos con una propuesta que tiene como referencia el nuevo marco legislativo, una propuesta que llega después de la reforma, en el año 2006, de las leyes tanto general como complementaria de estabilidad presupuestaria. En dicha reforma se suavizó la concepción de estabilidad, ligándola al ciclo económico. Así, la nueva ley exige un superávit en aquellas situaciones en las que la economía crezca por encima de su potencial, que se usará para compensar los déficits cuando la economía se encuentre en una situación contraria. Asimismo, se suaviza el control que se ejercía sobre las comunidades autónomas y los municipios. Sin embargo, en los dos aspectos la reforma resulta insuficiente, como ya manifestamos en su momento, y el principal problema no varía. Se trata del control que por medio de dichas leyes sigue ejerciendo el Gobierno sobre los presupuestos de las comunidades autónomas, considerándolas meros entes administrativos, negándoles autonomía política al denegar la capacidad de acceder al déficit público.


El acuerdo del Gobierno que hoy nos presenta el vicepresidente y ministro de Economía es, desde nuestro punto de vista, continuista respecto a las presentados en años anteriores -con independencia de las reformas que acabamos de comentar-, mantiene previsiones de superávit en el conjunto de las cuentas públicas, destacando el hecho de que estos objetivos se corrigen respecto al año pasado hacia un mayor superávit, como podemos ver en el cuadro de la propuesta. Son las mismas previsiones que se hacen para los años 2008 y 2009. El déficit público previsto para el año 2006 era del 0,8 en el conjunto del sector público, en cambio en el año 2007 ya hay una previsión del 1,15. Lo que más nos preocupa es que para las comunidades autónomas, con ese control que está haciendo el Gobierno, mientras que la previsión de 2006 estaba en el cero por ciento, para 2007 está en el 0,25. Como digo, es la misma filosofía que el Gobierno mantiene en las previsiones para los años 2008 y 2009. Por tanto, no solo se marcan objetivos de superávit, sino que éstos son corregidos al alza respecto a las previsiones de los años anteriores. Este acuerdo supone, desde nuestro punto de vista, una apuesta obsesiva por la versión más extrema del concepto de estabilidad presupuestaria y del déficit cero; esto es, diseñar cuentas públicas que arrojen amplio superávit.


Resulta sorprendente que, después de aprobarse una modificación legislativa que permite una concepción más flexible de la estabilidad presupuestaria, la Ley 15/1006, General de Estabilidad Presupuestaria, en la práctica se siga diseñando la misma política en la que solo prima la consecución del déficit cero y del superávit. A pesar de existir una mayor coordinación con las comunidades autónomas y los entes locales, contemplada en la citada reforma del 2006, continúan existiendo los problemas generados por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la complementaria a la misma, puesto que sigue limitándose la capacidad financiera a las comunidades autónomas y a los entes locales, tal y como queda de manifiesto en la propuesta que hoy nos presenta el Gobierno.


Desde el BNG no cuestionamos la necesaria estabilidad de las cuentas públicas, pero sí reivindicamos otra concepción que sea interpretada con mayor flexibilidad; es decir, creemos que en un ciclo económico, en un periodo de varios años, no debe existir déficit público o al menos debe ser coyuntural. Somos conscientes de los efectos económicos negativos de un déficit estructural y permanente, sin embargo abogamos por que las administraciones públicas dispongan de un marco más flexible. Es necesario recordar que la capacidad para endeudarse se puede usar como instrumento de política económica, reconociendo los efectos negativos que provoca un endeudamiento crónico. También es preciso recordar la utilidad de cierto margen de endeudamiento para impulsar políticas sociales o incrementar la demanda, con el objetivo de impulsar la economía.
Imaginemos, señorías, que a las familias se les impidiera endeudarse, serían muy pocas las que en este momento podrían comprar un coche, una vivienda o realizar alguna inversión. Esta propuesta presenta una previsión de cuentas públicas con resultado de superávit, algo insólito en el contexto europeo. Pero la paradoja es mayor cuando tenemos en cuenta que el Estado español presenta a nivel comunitario los índices más bajos tanto en presión fiscal como en gasto social, lo que en su conjunto determina la precariedad e insuficiencia del Estado del bienestar. En este sentido, es primordial, por citar un ejemplo, asegurar la adecuada y suficiente financiación de la Ley de Dependencia.


Señor vicepresidente y ministro de Economía, cuando nos presentó la propuesta de estabilidad presupuestaria para 2008, nos habló de una serie de cuestiones y nosotros quisiéramos también poner de relevancia, además de lo que acabamos de decir, otras que tienen relación con la filosofía de esta legislatura, que el Gobierno la ensalza -y nosotros reconocemos en lo que vale- como la legislatura en la que se impulsaron importantes y, en número, las mayores leyes sociales. Empezamos con una ley como la de violencia de género, seguimos con otras como la reforma laboral, la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia y ahora estamos con la reforma de la Seguridad Social. En todas las leyes que se aprobaron aquí que tenían ese contenido social, siempre dijimos -y en esto coincidíamos todos los grupos políticos- que no tendrían la utilidad social que se pretendía si no iban acompañadas de la suficiencia financiera para

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poderlas desarrollar, sobre todo aquellas que tenían relación con la violencia de género o con las políticas de igualdad, que es la más reciente en esa materia. Es cierto que la reforma laboral tuvo aspectos positivos, igual que la reforma de la Seguridad Social, que está pendiente de ser aprobada, pero en cualquiera de las dos tenemos que reconocer -así lo defendimos nosotros y fueron las razones por las que no contó con nuestro voto a favor- que a los aspectos positivos se oponían aquellos negativos que disminuían las prestaciones anteriores. Ya pasó en la reforma laboral y ahora tenemos el debate de la reforma de la Seguridad Social que, sin dejar de reconocer que se incorpora una mejor prestación, también es verdad que se trata de equilibrar con la minoración de otras prestaciones, tanto con las pensiones por jubilación como con otras que tendremos tiempo de discutir en el trámite del debate parlamentario que estamos iniciando, ya que próximamente nos reuniremos en ponencia.


Señor ministro, no entendemos por qué ese empeño en el superávit -no ya en el déficit cero, sino en el superávit- cuando sería necesario impulsar un mayor gasto social para que tuvieran la necesaria eficacia las leyes que estas Cortes Generales aprobaron. Reconocemos que el esfuerzo del Gobierno en el incremento del gasto social en estos últimos tres o cuatro años pasa de un 19 por ciento, que había con el Gobierno anterior, a un 28 por ciento entonces de la Unión Europea; reconocemos que en estos momentos debe estar en un 22 y pico por ciento de gasto social; pero también reconocemos que seguimos unos cinco puntos por debajo de la media europea. Si bien es verdad que el Gobierno español y la gestión de su ministerio tiene el reconocimiento de la Unión Europea por este saneamiento económico y que el crecimiento del PIB del Estado español en el último año fue del 3,9 por ciento, por encima de otros Estados de la Unión Europea -estamos hablando de los Estados más desarrollados desde el punto de vista económico-, hemos de reconocer, en relación con esos parámetros europeos, que en el Estado español sigue habiendo salarios una media inferior al 33 por ciento respecto a la Unión Europea. Es decir, por un lado, mejoramos algunos aspectos si nos comparamos con la Unión Europea, como en este caso el PIB, pero, por otro, seguimos a una gran distancia en cuanto a condiciones sociales. No entendemos ese empeño -lo vuelvo a decir- en la estabilidad presupuestaria, no tanto en la necesidad del déficit cero sino en el superávit. Debo destacar que se habla repetidamente del superávit que tenemos en la Seguridad Social, en esta prestación tan importante para la sociedad española.


Señor ministro, por todo lo que acabamos de decir y por coherencia con lo manifestado desde que tratamos esta cuestión en esta Cámara, nos vamos a abstener. Es una posición que tiene que ver con una filosofía y una concepción de la economía. Nuestra abstención a esta propuesta de estabilidad no significa que vaya a mantenerse como posición en los Presupuestos Generales del Estado, que tendrá que ver como en años anteriores con otras cuestiones. Nos abstenemos porque no se dan las condiciones para que el Estado deba empeñarse en el superávit y no en un mayor compromiso con las políticas sociales, sobre todo con ese impulso que las leyes aprobadas pretenden dar a nuestra sociedad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.


Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora vicepresidenta.


Señoras y señores diputados, si nos tomáramos la molestia de utilizar solo una pequeña parte de la buenas noticias que llevan meses apareciendo en la empresa española acerca de la situación económica sería fácilmente aceptable por todos que hemos logrado un ritmo de crecimiento excelente y tendríamos que admitir, como se ha dicho aquí por algún otro portavoz, que llevamos creciendo ininterrumpidamente desde hace catorce años. Ese crecimiento tan solo experimentó un pequeño bache, que no llegó siquiera a ser una recesión sino una especie de tobogán, entre los años 2000 y 2002, y a partir de ahí volvió a encadenarse un proceso de suave aceleración de la actividad económica. Hoy nos encontramos con un nivel alto de crecimiento, un punto por encima del crecimiento tendencial de los últimos treinta años, un crecimiento relativamente intenso -en los últimos diez años estamos creciendo por encima del 3,5 por ciento-, y eso tiene algunas consecuencias en el sistema económico. Hemos sido capaces de desplazar al alza la curva expresiva de la capacidad productiva, eso que en los manuales de economía se llama la curva de transformación, simplificando mucho; hemos empujado hacia arriba la curva de transformación de la economía española en un contexto esencialmente diferente al de periodos anteriores. Ahora estamos en la Unión Europea y estamos viviendo sus avatares. En un primer momento tuvimos que aguantar lo que podíamos llamar un momento esquivo, y lo hicimos con la utilización de los recursos interiores. Ahora la Unión Europea vive una oportuna recuperación y como consecuencia de ello las exportaciones españolas hacia esa área se han elevado y el factor de detracción del sector exterior se ha reducido. Por tanto, nos encontramos en una atalaya que tiene una perspectiva bastante razonable que nos dice que en los dos próximos ejercicios vamos a crecer en torno al 3,5 por ciento. El primer hecho que queremos poner de relieve aquí es que en este momento hay una buena sincronía cíclica de la economía española en el seno de la Unión Europea. El segundo factor que quiero destacar es el incremento de la población residente en España. Los economistas, entre los cuales me encuentro -a fin de cuentas me licencié en esa profesión-, solemos dedicarle una gran atención al régimen macroeconómico pero olvidamos con alguna frecuencia los cambios

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demográficos, y en España se ha producido un espectacular cambio demográfico desde que entramos en la Unión Europea. La tasa de inmigración de España en este periodo al que estoy haciendo referencia es del uno por ciento, comparable al nivel que adquirió dicha tasa en Estados Unidos a principios del siglo XX, comparable al que adquirió en la República Federal de Alemania durante la década de los sesenta y comparable al de la Alemania moderna después de la caída del muro de Berlín. Por tanto, estamos ante un hecho nuevo. Vivimos un momento de expansión de la población en España después de treinta años de eso que los estadísticos llaman transición demográfica, que condujo en los años finiseculares a una verdadera regresión poblacional. Hemos pasado de vivir inmersos en un claro estancamiento a vivir inmersos en un periodo de expansión poblacional, y eso tiene algunas consecuencias económicas y las tiene en el crecimiento potencial. Los inmigrantes vienen a ocupar sectores de actividad en los que la disponibilidad de trabajadores nativos era muy reducida, aumentan la oferta de trabajo, pero además, como son jóvenes que vienen en edad de trabajar, ese aumento lo hacen por encima del peso de su población.


Si esos son los rasgos de ubicación, de población, ¿qué ha pasado en las empresas españolas? Aquí hay muchas formaciones conservadoras o neoconservadoras y por tanto deberíamos analizar qué ha pasado en las empresas españolas. Las empresas españolas vienen aumentando sus beneficios a un ritmo excelente como consecuencia de la reducción de los costes financieros y laborales, y esos mayores beneficios los han venido volcando en una serie de decisiones que eliminan una parte importante de los factores de incertidumbre: invierten más, contratan más mano de obra, se comprometen más con las exportaciones. Por tanto, esos años de buenos beneficios han elevado el nivel de rentabilidad de las empresas españolas y los han situado en los niveles europeos. Pero hay un hecho que mi grupo no quiere que pase desaparecido. En este ciclo expansivo cada vez se hace notar más la presencia de unas empresas muy dinámicas en la inversión, que adoptan desde España decisiones cuya finalidad no es otra que aprovechar la buena situación económica externa, que toman medidas que podemos definir como de alta calidad que les permiten la gestión operativa de una serie muy diversa de negocios participando en ellos de una manera distinta a lo que podríamos llamar inversión financiera. Dicho de otra manera y para que se entienda, después de una serie de años de fuerte presión competitiva, aparecen en muchos países extranjeros unos operadores empresariales españoles que invierten y que controlan la gestión de proyectos muy complejos, que además, en economías muy avanzadas, manifiestan una alta vocación de permanencia y que aumentan la masa crítica de su negocio reduciendo la volatilidad de sus cuentas, diversificando sus resultados, aumentando su rentabilidad y, en definitiva, orientándose para acotar distintas posiciones de riesgo. Esta es la España del presente y esta es la economía empresarial de España de cara al futuro.


Volvamos al discurso convencional, pero tengamos en cuenta que hoy vivimos una economía estabilizada, sometida al escrutinio de los mercados, abierta al exterior en el comercio de bienes, en el comercio de servicios, en la actividad productiva y en los flujos de inversión y cuyos principales apoyos voy a relatar de manera muy breve, aunque algunos que otros los han ido diciendo ustedes. En primer lugar, tiene una capacidad para ensamblarse con la dinámica de la Unión; en segundo lugar, hay una predisposición al entendimiento entre los operadores empresariales y los agentes económicos que ha dado origen a una renovación y a una ampliación de la capacidad productiva y en la cual hay un diseño de política económica que es consistente, y lo es porque ha querido crear un entorno favorable al desarrollo del mundo de los negocios. Hoy, después de este punto del orden del día, vamos a discutir dos leyes económicas que son muy significativas y que van a ayudar a que las empresas españolas encuentren vehículos de internacionalización más eficaces. Además nosotros hemos hecho un diseño de política económica que sitúa en el territorio de la bondad a las cuentas públicas permitiendo la financiación de un conjunto de actividades que van a influir de una manera muy razonable en la competitividad de las empresas españolas. Lo hemos hecho de tal manera que hemos sido capaces de construir el renglón de la mayoría absoluta en la política presupuestaria, con una política social -aquí se ha dicho, la última ha sido la digna representante del Bloque Nacionalista Galego- donde se ha reconocido un volumen importante de nuevos derechos en el seno de la sociedad española. Además, lo hemos hecho sin una alteración cualitativa de la situación fiscal de las personas. Se han ampliado las bases imponibles de las principales figuras tributarias dentro de un sistema cuya elasticidad es superior a uno y, al tener una elasticidad superior a uno, el volumen de recursos que entra en las arcas públicas va aumentando conforme lo hace el ritmo de crecimiento.


Mi propósito no es arrojar aquí una catarata de datos que aburran al hemiciclo. Voy a utilizar solamente aquellos que son imprescindibles para armar una línea argumental. Sin embargo, tengo que decir con carácter previo que lo que hoy aprobamos es una cifra, como ya han dicho otros portavoces, y que a partir de ahí se abre el proceso de la elaboración del presupuesto. En cualquier caso, en los últimos cuatro años el capital fijo de esta sociedad ha aumentado en 4 puntos y hoy pesa en términos de PIB el 30 por ciento, del cual a la obra civil le corresponde el 8,5, a la vivienda el 9,3 y a los bienes de equipo el 12,5 por ciento. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo importante en aumentar el stock de capital y hemos hecho un esfuerzo inversor importante que pretendía reducir la distancia que nos separaba con las naciones que han sido siempre para nosotros un elemento de referencia. El año 2006 -que es el último dato que conocemos, como bien ha dicho el señor Solbes- finalizó

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con un crecimiento real alto, con una inflación tendiendo a la baja, con una mejora en el empleo y con un ajuste en la composición interior de la demanda interna que ha permitido empezar a ver la buena marcha de la inversión en equipo. Ese crecimiento ha continuado en el primer trimestre del año 2007. No voy a entrar mucho en estas cuestiones, pero sí me atrevería a decir que las perspectivas desde el consenso de los analistas son que en el corto plazo no van a cambiar mucho las cosas, porque los beneficios empresariales siguen permitiendo la aceleración de proyectos de inversión y el aumento del empleo. En cualquier caso, nosotros siempre hemos puesto de relieve que existen ciclos, en eso coincidimos con el Bloque Nacionalista Galego, con el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y con Coalición Canaria-Nueva Canarias, y que en la economía hay momentos de expansión y momentos de desaceleración. Eso es algo que los economistas venimos diciendo; en honor a la verdad yo solamente he oído establecer la premonición del fin de los ciclos a alguien que nosotros conocemos aquí, don Cristóbal Montoro. No voy a decir nada más, pero sinceramente nosotros consideramos que si la economía española ha venido registrando un periodo dilatado de expansión como el que hemos conocido a lo largo de los últimos catorce años, podría ocurrir que en la maduración del mismo aparecieran algunas fases más suaves del crecimiento y como consecuencia de ello los que fueron en un determinado momento los soportes principales cedieran el paso o dieran el relevo a otros. A lo mejor eso es lo que está ocurriendo; la inversión en bienes de equipo en este momento adquiere un ritmo sobresaliente que nosotros no dejamos de tener muy en cuenta.


En relación con algunas de las consideraciones que hemos oído respecto de la productividad, para nosotros este es un factor importante porque creemos que la tasa de crecimiento de productividad determina la tasa de crecimiento de la renta media del país y que desde luego es el determinante de la evolución del crecimiento cuando la oferta de recursos es limitada. En este sentido, también los datos son positivos. La productividad entre los años 1996 y 2003 creció en España el 0,7 por ciento y en el último trimestre ha crecido el 1,1 por ciento. Por tanto, la pregunta es ¿qué debemos de hacer para que aumente la productividad? Creo que ahí lo que hay que hacer está bastante claro: hay que activar el largo plazo y activar el largo plazo significa impulsar las actividades de I+D, significa aumentar la presión competitiva de las empresas, elevar el stock de capital productivo tanto público como privado, incrementar los gastos en capital humano, preparar a ese capital humano de una manera más eficaz y reducir en cuantía el porcentaje de la deuda, porque una de las sorpresas que produce este debate es el canto al incremento de la deuda pública que se ha hecho por parte de algunos grupos parlamentarios.
Nosotros tendremos que decir que si se hubieran mantenido los niveles de deuda pública que existían hace unos años, la absorción de recursos se haría de tal manera que el producto interior bruto caería en 2 puntos.


Creemos que la literatura económica, el consenso de los analistas, los grupos de intereses confirman que lo que hay que hacer es lo que venimos haciendo y que, además, lo que venimos haciendo empieza a dar resultado.
Eso me lleva a tocar el último punto de mi intervención, el que hace referencia al tono que debe tener la política fiscal, porque las variables presupuestarias pueden alterar la asignación de los recursos productivos. Hay una cierta paradoja en el tema de las variables presupuestarias. Son causas de la situación, pero a la vez son consecuencia de la situación coyuntural. Voy terminando, señora presidenta. Solamente diría que el análisis de las variables presupuestarias no debemos hacerlo única y exclusivamente desde el punto de vista de la cantidad de los recursos, sino que tenemos que ver la adecuación coyuntural. En ese sentido coincido con quienes dicen que tenemos que analizar la posición cíclica de la economía española. Ese debate lo tenemos abierto desde hace muchos años. La derecha dijo que ella quería equilibrio en el ejercicio y la izquierda dijo, y dijo con razón, que ella lo que quería era el equilibrio a lo largo del ciclo e hizo modificaciones legislativas en ese sentido. Desde la izquierda es desde donde se plantea la conveniencia de estabilizar el nivel de la actividad económica mediante políticas contracíclicas, para que los años de fuerte expansión actúen de tal manera que limiten el exceso que pudiera establecerse. No voy a discutir aquí sobre el encaje del ciclo y el presupuesto, no tengo tiempo, porque ni es fácil hacerlo ni es fácil comprenderlo, y tampoco voy a utilizar los filtros que por ahí se utilizan porque sería abusivo y les aburriría, aunque sí creo que tenemos que hacer algo más que fijarnos en el saldo, y en el saldo, como bien ha dicho la digna representante del BNG, hay una parte que tiene una vocación de permanencia, pero hay otra parte que es más volátil, que es más ocasional, que es más líquida, y nosotros tenemos que saber manejar la una y la otra, porque en España tenemos las dos sin la necesidad de lograr un superávit, porque el superávit....


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Marugán, un momento, por favor, estoy quitando la audición por problemas técnicos.
(Pausa.) Adelante, señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: ... porque el superávit ni es insuficiente como dicen unos, ni es excesivo como dicen otros, ni es falso. No es nada de eso. El superávit es sencillamente el 0,3 por ciento del PIB, que es un superávit relativamente modesto si se ve desde la actuación pública del Estado.


Me van a permitir que haga dos últimas consideraciones. La economía española creció en el último trimestre el 1,1 por ciento comparado con el último trimestre del año 2006. Si anualizamos el intertrimestral, estamos creciendo en este momento al 4,5, para ser más exactos, al 4,6. Yo me pregunto qué grado de estabilidad le proporcionaría esta Cámara a la situación macroeconómica

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de la economía española si nos apuntáramos a la tesis del equilibrio en el ejercicio o a la tesis del presupuesto neutral. Honestamente creo que estaríamos contribuyendo a desestabilizar una parte de la economía española. Nos estaríamos equivocando. La estrategia correcta en este momento, la más adecuada es la de dar continuidad a esta fase.


Termino diciendo que desde hace algún tiempo para acá constituye un argumento generalmente admitido el que pone de relieve que la democracia ha sido un éxito político en España, un éxito político sin precedentes.
El señor Mardones lo recordaba desde su veteranía, yo también tengo que recordarlo desde la nuestra. Esto se puede ver desde diferentes perspectivas: la estabilidad institucional es una de ellas, la política y la social, pero también tenemos que decir que en estos años a los españoles se les han reconocido nuevos derechos, que se han despertado entre ellos mayores expectativas de igualdad, que se han alumbrado para muchas personas nuevas oportunidades de progreso y de bienestar material, que la idea que todos teníamos de que era inevitable tener como constante histórica un destino rancio y anquilosado se ha diluido y que como consecuencia de esto hace unos años algunos decían que las cosas iban bien y ahora otros decimos que las cosas van mejor. Todos podemos afirmar en esta Cámara que con la democracia hemos sido capaces de sacudirnos la maldición del fracaso, de un fracaso colectivo. Esto es lo que tiene que decir mi grupo en la mañana de hoy, esa es nuestra parte de verdad. Desde esta perspectiva lo que nosotros queremos es sostener y alargar en lo posible esta fase de crecimiento y por ello vamos a votar favorablemente el objetivo de estabilidad que nos propone el Gobierno, porque creemos que es el que mejor puede permitir que crezcamos más y que crezcamos mejor.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


¿Desea intervenir, señor vicepresidente? (Pausa.) Adelante.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero dar las gracias a los diferentes intervinientes por sus puntos de vista. El Gobierno tomará en consideración las reflexiones que se han hecho hoy. Únicamente quiero insistir en un punto que ha reflejado el responsable del Partido Socialista: la descomposición del 1,15 del superávit quiere decir que el Estado tiene un superávit del 0,3, es la Seguridad Social quien tiene la parte superior del 0,6 y que desde luego un superávit del 0,3, en un contexto de crecimiento por encima del 3 o del 3,5 por ciento, creo que es lo que este país necesita.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor vicepresidente.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EN MATERIA CONTABLE PARA SU ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL CON BASE EN LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al punto VI del orden del día, el que se refiere a las enmiendas del Senado y, en particular, a debatir el proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con el señor Llamazares en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Adelante.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Senado incorpora modificaciones al texto del Congreso que son necesarias como consecuencia de la reforma contable, este es el caso de cambios en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en lo que se refiere a las adaptaciones fiscales de las modificaciones en el resultado contable; pero también aprovecha para introducir algunas otras modificaciones que no están basadas en dicha reforma contable. En este sentido, no compartimos esta técnica legislativa que nos recuerda aquellas leyes de acompañamiento o cajón de sastre, salvando las distancias. No obstante, vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley.


El proceso de armonización contable abierto en el seno de la Unión Europea, relativo a la ampliación de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, y la decisión que adoptó en nuestro país con la disposición final undécima de la Ley 62/2003 han originado que en la actualidad convivan en España dos marcos normativos contables que es necesario unificar. Por un lado, las NIC, aprobadas por la Comisión Europea mediante reglamentos comunitarios, que resultan de aplicación obligatoria en la formulación de cuentas anuales consolidadas de los grupos en que alguna sociedad tenga valores admitidos a cotización y de ampliación voluntaria en el caso de las restantes cuentas anuales consolidadas; por otro, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas, el Plan General de Contabilidad y las normas para formulación de cuentas anuales consolidadas para la elaboración de cuentas anuales individuales de todas las empresas, tengan o no sus valores admitidos a cotización, así como para las cuentas anuales consolidadas

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de los grupos que puedan optar por la aplicación de la normativa interna.
Esto significa que coexisten en nuestro país dos regímenes radicalmente diferentes en su origen y naturaleza y que responden a visiones jurídicas y culturales dispares, porque las NIC, normas elaboradas por asociación privada, si bien adoptadas por la Unión Europea, son normas más centradas en la información para inversores y en ellas tiene menos peso el principio de prudencia y mucho más peso el valor de mercado. En todo caso, ante la aplicación obligatoria de dichas NIC por imperativo comunitario a las cuentas consolidadas o a las cuentas de los grupos de sociedades, surgían tres alternativas: mantener la dualidad entre cuentas consolidadas y cuentas individuales, extender la aplicación de las NIC también a las cuentas individuales o intentar aproximar ambos regímenes conservando la competencia normativa del Estado en las cuentas individuales, tal y como parece que hace este proyecto de ley. En nuestra opinión, esta tercera opción es la más razonable; ya que el proceso de aplicación de las NIC a las cuentas consolidadas es un imperativo comunitario, deben adoptarse las normas relativas a las cuentas individuales para atenuar el problema de la coexistencia en un mismo Estado y respecto a realidades económicas equivalentes de regímenes contables distintos y con principios que pueden llegar a ser contradictorios. Este proceso, impuesto por la realidad de los hechos y la regulación comunitaria, implica adaptar la normativa contable española en la medida de lo posible, pero sin olvidar que la información contable no se destina únicamente a los inversores o a la propia empresa, sino a todos los terceros, públicos y privados, que se relacionen económicamente con ella. Por ello tiene tanta trascendencia el principio de prudencia y por eso también, en aquellos aspectos donde las NIC permiten varias opciones, es preciso elegir la más acorde con dicho principio.


En este contexto, pensamos que con este proyecto de ley y con otros desarrollos normativos precisos las empresas españolas dispondrán de un modelo que conciliará el carácter eminentemente económico de los razonamientos de las NIC con la mayor consonancia jurídica de nuestra tradición contable. Con esta reforma, pues, puede crearse un marco de referencia más estable en sintonía con el derecho comunitario derivado, pero que a su vez en ningún caso implica abandonar cierta soberanía estatal en materia de cuentas individuales y su correlación en los aspectos fiscales y mercantiles. En cualquier caso, el mantenimiento de las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, contribuirá a dotar de seguridad jurídica a nuestro modelo contable mediante la emisión de interpretaciones sobre los nuevos criterios facilitando así la transición en sus primeros años de vigencia. Creemos que la solución adoptada en nuestro país a través de esta ley es la menos mala de las posibles y aunque no está exenta de problemas -conviven dos regulaciones-, permite no renunciar a la soberanía normativa en materia contable, fiscal y mercantil, renuncia a la que actualmente los compromisos comunitarios no nos obligarían. En este sentido, como he dicho con anterioridad, si bien en relación con la incorporación de otras medidas tenemos nuestras reservas porque esta ley pueda ser un cajón desastre, en relación con la propuesta concreta de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional creemos que se adopta una solución no totalmente segura, pero sí la menos mala de las soluciones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor Puig, ¿desea usted intervenir? (Pausa.) En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


En nuestra intervención anterior ante este Pleno con motivo del proyecto de ley cuyas enmiendas aprobadas por el Senado hoy sometemos a votación, manifestamos que compartíamos la finalidad del proyecto de ley, que no es otra que la de cumplir el mandato de la Unión Europea, que consiste en la adecuación de la contabilidad de las empresas a las nuevas normas internacionales de contabilidad. Manifestamos entonces que en su paso por la Comisión el proyecto había sido mejorado habiéndose encontrado fórmulas para que las pymes tuvieran un plan contable específico similar al Plan General de Contabilidad pero más reducido, que les debe permitir una mayor agilidad en la interpretación, conocimiento y aplicación de las normas contables. En ese sentido, creemos que el trámite parlamentario habrá servido para ello y se habrá tenido en consideración a una gran parte de los afectados por la norma, que encontrarán una mayor simplicidad y facilidad en la adaptación de su contabilidad a las previsiones de la ley. La reforma contable prevista ha sido complementada en su paso por la Cámara Alta con una serie de modificaciones en el impuesto sobre sociedades que son consecuencia, en primer lugar, de la necesaria adaptación al nuevo lenguaje contable surgido de esta reforma.
En ese sentido es clara la importancia de dicha armonización ante la normativa que regula la contabilidad y la fiscalidad de las empresas. No obstante, apreciamos que las reformas introducidas en el Senado no solo son de adaptación terminológica sino que además comprenden reformas de más calado.


Con la reforma se va a mantener el resultado contable como referencia directa para determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades, pero se evita incrementar la factura fiscal con un nuevo tratamiento del fondo de comercio y del inmovilizado intangible como vida útil indefinida. El fondo de comercio ya no se amortizará de forma sistemática recogiéndose solo las correcciones de valores en caso de deterioro. Su tratamiento fiscal a partir de la entrada en vigor de la ley será

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el de poder deducirse por el deterioro sistemático con unos límites máximos dependiendo de si se trata del fondo de comercio o del inmovilizado intangible. Asimismo se produce una flexibilización de los requisitos de la deducción por reinversión de los beneficios extraordinarios mediante la modificación del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades ampliándose los elementos patrimoniales susceptibles de generar derecho a deducción al transmitirlos o al reinvertir en ellos fijando para ello nuevos criterios. La reforma también afecta directamente a los activos intangibles creados por las empresas en el marco de una actividad innovadora con el objetivo de incentivar la realización de actividades de I+D+i mediante deducciones en el impuesto sobre sociedades, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador, así como de fomentar la explotación comercial de los bienes intangibles e incrementar la competitividad de nuestras empresas. Por último, se introduce una reforma en el tratamiento fiscal de las comunidades de titularidad de montes vecinales cuyo objetivo es permitir una mejora en la conservación y explotación ampliándose para ello el plazo que tienen los titulares para reinvertir los beneficios obtenidos. En definitiva, nada podemos objetar a las reformas introducidas en el Senado. Al contrario, consideramos que han sido necesarias y adecuadas para complementar la reforma contable prevista en el proyecto.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.


Continuamos con el turno del señor Sánchez i Llibre en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, consideramos satisfactorio el paso por el Senado del proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base a la normativa de la Unión Europea. En este trámite del Senado se ha producido un segundo pacto entre el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al que también se han añadido otros grupos parlamentarios para dotar a este proyecto de ley de más musculatura y más solvencia financiera para que estos cambios contables no tuvieran ninguna repercusión empresarial fiscal desde la perspectiva de su cuenta de explotación. Por lo tanto, hemos incorporado en el Senado una serie de medidas importantes y oportunas que han ido en la dirección de no perjudicar fiscalmente la cuenta de explotación de las compañías o tejido productivo español en general. Desde nuestra óptica, hemos llegado a un acuerdo importante sobre que el fondo de comercio pueda ser deducible fiscalmente. Esto permitirá que las futuras facturas fiscales no perjudiquen notablemente a las compañías. También hemos subsanado una serie de cuestiones que habían quedado cojas en la reforma fiscal y que considerábamos muy necesarias, que eran aquellos aspectos que impedían que las pequeñas y medianas empresas y las grandes compañías pudieran internacionalizarse. En este aspecto también quisiera resaltar la enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario, por medio de la cual hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para poder plantear una reducción por todos los ingresos procedentes de la cesión de los derechos de uso o explotación de patentes, dibujos, modelos, planos, fórmulas, procedimientos secretos o experiencias industriales comerciales para que todas las compañías orientadas a la internacionalización o a la investigación dirigida a la globalización de la economía pudieran deducirse un 50 por ciento de sus ingresos en todos los aspectos que provinieran de todo lo que acabo de señalar. Por lo tanto, hemos dado otro paso fundamental ya que proporcionamos una ayuda importante a todo el tejido productivo español que pueda o quiera optar por la internacionalización.


Otro aspecto que había quedado cojo en la última reforma fiscal ya que no se adecuaba fiscalmente es el referido a las deducciones por reinversión.
En este caso también hemos podido consensuar una fórmula que va a ser del agrado de la economía productiva, por la cual se modifica el artículo 42.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto Sobre Sociedades tal como resultó de la Ley 35/2006, en la cual se introducía un requisito para la aplicación de la deducción por reinversión que limitaba la aplicación de la deducción por valores representativos de sociedades en las que más de la mitad de su activo se encontrara conformado por bienes que no tuvieran la consideración de inmovilizado material, inmaterial o valores. Por lo tanto, en la práctica este requisito excluye de la aplicación de la deducción a buena parte de los sectores económicos productivos y este aspecto, repito, lo hemos podido resolver satisfactoriamente en el Senado. Por lo tanto, en la tramitación del Senado se ha podido plantear una mini reforma fiscal en una serie de aspectos puntuales pero muy importantes que afectan a la economía productiva, como aquellos relacionados con la internacionalización o los relacionados con un tratamiento más favorable de aquellos beneficios que se reinvierten en la tarea diaria de las compañías y, al mismo tiempo, los aspectos que hacen referencia a la amortización del fondo de comercio, y a pesar de que no van a influir contablemente en el balance, sí hemos podido consensuar con el Grupo Parlamentario Socialista -a través de una enmienda nuestra- que tengan la consideración de deducción fiscal. Por lo tanto, estamos gratamente satisfechos de tal y como ha evolucionado la tramitación de este proyecto en el Senado ya que hemos completado la importante reforma que habíamos conseguido en el Congreso, a fin y efecto de que en esta trasposición de las normas contables internacionales en la aplicación de las contabilidades de las compañías a partir del año 2008 también

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pudiera darse cabida a un plan de contabilidad específico, abreviado y sencillo para las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que en este aspecto también hemos llegado al consenso con el Gobierno y con el resto de los grupos parlamentarios para que diferentes técnicos financieros y contables puedan consensuar con el ICAC que sea un plan de uso específico, abreviado y sencillo para las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de que cuando llegue la aplicación en el año 2008 la sobrecarga de trabajo contable, fiscal y financiero no merme la competitividad de un tejido tan importante. También hemos consensuado con el Gobierno la posibilidad de establecer un sistema sencillo para las microempresas en determinados aspectos financieros, con lo cual también consideramos relevante la labor desarrollada por la Cámara Baja en la tramitación en la Comisión de Economía y en el Pleno.


Hay también otros aspectos que beneficiaban a los grupos empresariales, a los grupos consolidados, por los que ya en su momento nos posicionamos favorablemente a la tramitación de esta ley. Repito, considero que este ha sido una buena segunda parte tras el primer pacto entre Convergència i Unió y el Partido Socialista en la reforma fiscal y que lo hemos materializado en la aplicación de la normativa contable.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


El señor Mantilla tomará la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para fijar posición sobre este proyecto de ley que viene del Senado.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos en la última fase de tramitación parlamentaria de la Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil a la normativa de la Unión Europea -perdonen mi pinta, pero no puedo quitarme las gafas, me molesta muchísimo la luz- y no hace falta precisar que el Grupo Popular no se va a poner ninguna medalla más porque el señor Sánchez i Llibre se las puso todas y ya no queda ninguna. (Risas.) El Grupo Parlamentario Popular ha intentado lógicamente en toda esta tramitación aportar su granito de arena para mejorar la ley que nos llegó a esta Cámara. Es cierto que la ley venía con muchas deficiencias, y tanto en esta Cámara como en el Senado hemos logrado sin duda mejorarla notoriamente. Hay que recordar que existen aspectos importantes, como el famoso artículo 42 del código de comercio, y el portavoz socialista sabe que existe ahí una deuda pendiente y que habría que mejorar la redacción tal como queda, pero no se ha conseguido. Hay una serie de aspectos que se han mejorado considerablemente. Se ha logrado la creación de un plan de contabilidad general para la pequeña y mediana empresa. También le quiero recordar al portavoz socialista que hay que crear una comisión de seguimiento, porque está claro que la enmienda que se aprobó en el Senado dice que se simultaneará tanto el plan para las grandes como para las pequeñas. Si el 1 de enero de 2008 tienen que estar en funcionamiento ambos dos, hace falta darse cierta prisa para crear esa comisión de seguimiento y para que el plan tanto para grandes empresas como para pequeñas empresas estén aptos para ponerlos en práctica en dicha fecha. Referente a eso, aunque quería decirlo más tarde, existe un aspecto que ha quedado cojo en la ley: no se dice qué pymes se podrán acoger al pequeño o al grande, es decir, no se definen en ningún momento las empresas en función de su actividad o su tamaño. Es un tema que hay que delimitar de alguna manera.


Sabemos todos, y lo vengo diciendo desde el principio, que nos hemos encontrado con dos posturas totalmente distintas. El ICAC -Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas- pretendía y pretende seguir siendo regulador, en tanto que los expertos y las asociaciones que agrupan a los distintos colectivos de auditores pretendían una armonización plena que no se ha conseguido, como yo he venido denunciando en reiteradas ocasiones en esta Cámara. La ley queda muy coja. No hace falta anticipar que vamos a apoyar las enmiendas del Senado, mi grupo quisiera tener más entusiasmo en la aprobación de esas enmiendas, pero no lo tiene. La ley queda bastante coja. Lo que va a ocurrir es que el ICAC va a tener que adoptar resoluciones para puntos que quedan todavía muy difusos. La armonización con la Unión Europea no existe en esta ley. Nosotros nos hemos empeñado en que se aprobase una enmienda -enmienda que ha sido rechazada en el Senado y en esta Cámara- mediante la cual se jerarquizase o subsidiarizase la normativa española a la Unión Europea. No es así, por tanto, repito, vamos a estar un poco cojos en el sentido de qué normativa vamos a aplicar en caso de que la normativa española no llegue a buen fin. Son aspectos que el ICAC va a tener que resolver. El ICAC se creó en 1988 y tuvo unas funciones y unos fines espectaculares, por ello creo que habría que empezar a replantearse cuáles deberían ser las funciones del ICAC en el futuro. Si armonizamos con la Unión Europea, no puede ser un regulador; será un supervisor, será un controlador y regulará aquellos aspectos a los que no llegue la Unión Europea. Lo que no puede ser es que tengamos que estar absolutamente pendientes de lo que decida el ICAC en cada uno de los puntos.


Existen otros aspectos de los que también le he hablado al ministro de Economía y es que en cualquier década hubo como mínimo una regularización de balances, como mínimo una, la última en 1996, que la hizo el Partido Popular con el peaje famoso del 3 por ciento. Se nos llena la boca hablando de imagen fiel. Hoy no se puede hablar de un balance que tenga activos de más de 11 años o algo por el estilo en viviendas o en locales comerciales porque, si no se ha revalorizado, no

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podemos hablar de imagen fiel. Sus señorías conocen el incremento espectacular que estos tipos de locales han tenido y el valor que tenían hace 11 años no se parece en nada al que tiene ahora. Por tanto, esa imagen fiel va a ser bien relativa. En un momento determinado parece ser que por parte del ICAC, estando el portavoz socialista presente, se iba a acceder de alguna manera y por una sola vez a la autorización del inmovilizado sin coste fiscal, pero eso de momento ha quedado todavía en el tintero y no se ha aprobado en esta ley. Hay aspectos que lógicamente teníamos y deberíamos haber mejorado. No hemos sido capaces porque, repito, los objetivos que se pretendían por parte de esta Cámara y por parte de algún organismo eran diametralmente opuestos.


Hay otra serie de aspectos que me gustaría comentar, pero andamos escasos de tiempo, y son algunas enmiendas que el Senado ha aprobado, que eran compromisos adquiridos en esta Cámara como que había que tener una neutralidad fiscal en la aplicación de la nueva normativa. Tanto es así que el fondo de comercio va a ser deducible fiscalmente, aunque no va a ser deducible contablemente. Quiero también recordar al señor portavoz socialista que sabe que vinculado al fondo de comercio hay una reserva de no disponibilidad, lo cual va a impedir que aquellas empresas que quieran ampliar capital con cargo a reservas lo puedan hacer hasta que esta cuenta figure en balance. Yo me pregunto: si se va a amortizar fiscalmente, ¿por qué la cuenta de no disponibilidad no se adecua al valor real que pueda tener este fondo de comercio? Porque, claro, si vamos a amortizar en cinco años el fondo de comercio, está claro que fiscalmente se ha compensado con la cuenta de resultados y, por tanto, no tenía razón de existir la reserva de no disponibilidad. Eso tampoco se dice, lo hemos dicho en esta Cámara y tampoco se ha tenido ninguna consideración. Es una cosa que es de cajón; si tú lo has amortizado fiscalmente, aunque no sea contablemente, de hecho, con cargo a tus resultados lo has eliminado. Si lo has eliminado con cargo a tus resultados, lógicamente la cuenta de reserva de no disponibilidad no tenía razón de existir.


También se han introducido una serie de enmiendas en el Senado para adecuar el impuesto de sociedades a la nueva normativa, entre ellos, sin duda, la neutralidad de la cuenta que pueda figurar cuando se aplique el valor razonable a determinadas partidas. Es un valor razonable que, por desgracia, se va a limitar a un número determinado de elementos patrimoniales en tanto que quedamos muy cojos en la aplicación de las famosas NIC.


Hay dos enmiendas que se aprobaron en el Senado que me gustaría señalar.
Una de ellas es que, para evitar trámites burocráticos, administrativos y sin duda costes, se ha modificado la Ley de Auditoría, lo que permite que una vez superado el periodo inicial de contratación, que puede ser de tres, seis o nueve años -antes era año a año, lo cual suponía ir al notario, pagar al registrador, etcétera-, la contratación nueva sea por periodos de tres años. Esta medida, lo digo como portavoz y he sido uno de los inductores de esta medida, tiene que afectar no solamente a los que van a cumplir el periodo inicial, sino a los que lo han cumplido anteriormente. Sería absurdo que hubiera empresas que tuviesen que renovar anualmente a sus auditores en tanto que las otras pudieran hacerlo de tres en tres años. Esto es el sentir unánime de la Cámara y así lo quiero poner de manifiesto.


También se han introducido modificaciones en la Ley de Auditoría en cuanto a los límites para auditar. Ya sabíamos que el proyecto traía un incremento del 30 por ciento. Podría ser razonable porque desde 1998, que creo que no se habían modificado los límites, si aplicásemos el IPC de cada uno de los años posiblemente sería un 30 por ciento, sin embargo, si se aplica de golpe se perjudicaría notablemente a muchos auditores. Por tanto, lo que se ha adoptado es un término medio que nos parece razonable, sin perjudicar a los auditores, y que las empresas también obtengan ciertos beneficios de esta medida.


Señorías, repito, el Gobierno debe ser consciente de que todos los grupos que hemos intervenido en esta ley hemos puesto de nuestra parte, unos con más medallas que otros, para intentar aprobar una ley de consenso. Estas leyes no tienen que tener carga política de ningún tipo, porque es una ley que va a afectar a millones de empresas y a millones de pymes, y por ello intentábamos conseguir que fuese una ley válida y con una finalidad.
Vuelvo a reiterar que el Grupo Parlamentario Popular va a dar su voto afirmativo a las enmiendas del Senado y repito también que me gustaría hacerlo con más entusiasmo del que tengo en este caso.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Mantilla.


Finalizamos con el turno del señor Torres en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor TORRES BALAGUER: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos ante una ley importantísima, que lleva tramitándose muchos meses. Tuvimos el primer debate en esta Cámara en septiembre de 2006; esta es la cuarta vez que la tratamos en el Congreso y dos veces más ha sido debatida en el Senado. Han sido numerosísimas las reuniones que hemos tenido para tratar de llegar a un acuerdo y creo sinceramente que debemos sentirnos muy satisfechos de votar este texto para la reforma mercantil, código de comercio, Ley de Sociedades, Plan General de Contabilidad, texto refundido del impuesto de sociedades, que colgarán de estas normas, y que lo votemos por unanimidad. Es posible que ninguno estemos totalmente satisfechos por la ley, pero parece lógico que, a la hora de acomodar las posiciones de todos los grupos y el proyecto inicial del Gobierno, sea esta la posición razonable. No podemos olvidar que estamos ante una de las leyes con más impacto sobre las empresas españolas; va a afectar a muchos millones de

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empresas. Quiero recordar la situación dual que tenía la norma contable en la economía española, porque afectaba, por un lado, a los grupos y, por otro, a las cuentas individuales. La armonización que se produce en estos momentos ha sido trabajada por expertos, junto al propio ICAC, ya desde la elaboración del Libro Blanco de la contabilidad, que de alguna manera estableció las bases sobre las que esta reforma se ha sustentado. Por tanto, esta reforma se plantea en armonía con el marco conceptual europeo, prácticamente no se aparta del mismo, salvo algunas excepciones -como pueden ser los gastos de investigación, en que claramente se aparta de la directiva europea-, luego gana nuestra contabilidad cotas de comparabilidad, limitando mucho el uso de opciones distintas en el tratamiento contable. Quiero recordar además que la reforma va a permitir completar el cuerpo normativo de 1990 en temas de gran importancia, como pueden ser las de reestructuración empresarial, fusiones, escisiones, etcétera, y los instrumentos financieros, dadas las actuales lagunas del Plan General de Contabilidad.


Se establecieron ya desde el inicio, desde el debate de totalidad, una serie de planteamientos por los grupos políticos que con toda sinceridad creo que han sido recogidos en la aprobación que hoy vamos a realizar.
Por ejemplo, quiero recordar la preocupación que había por parte de los grupos parlamentarios en la derogación del régimen simplificado de contabilidad. En estos momentos, la propuesta mejora notablemente la situación anterior, con un plan reducido para pymes y micropymes.
Asimismo, quiero recordar la preocupación de los grupos por la deducibilidad del fondo de comercio; en estos momentos, se ha solucionado esta neutralidad fiscal al cambio de criterio contable de no amortización del fondo de comercio. Y quiero recordar también la gran preocupación que había por la regulación que se había producido en la legislatura anterior del grupo de sociedades, artículo 42 del código de comercio, consolidación horizontal, que hacía a las empresas españolas estar en peor situación que en cualquier otro país europeo, obligando a una consolidación simplemente por grupos de interés y no por participación societaria, no por la clásica integración o participación vertical.
Quiero recordar al mismo tiempo que se pidió un acuerdo para que el plan general que saliera del reglamento que tiene que colgar de esta ley fuese tan duradero como el anterior. Diecisiete años ha durado el plan anterior. Se pidió que no hubiese una posición partidista ni por lo tanto de parte -valga la redundancia-, y así ha ocurrido con un acuerdo importantísimo. Si no ocurre nada, esta ley se votará por unanimidad. En el ámbito de las normas de auditoría, como se ha señalado por el portavoz del Grupo Popular, se han hecho una serie de propuestas para mejorar alguna regulación, entre ellas la del nombramiento de los auditores, y yo comparto la interpretación que ha hecho el portavoz de dicho grupo.


En definitiva, la reforma va a permitir seguir compatibilizando la finalidad específica de la contabilidad, que es elaborar información económico-financiera útil para la toma de decisiones económicas, con otras también muy importantes. Aquí hay algunas diferencias con lo expresado en otras intervenciones. Esta información se tiene que tomar también para cuestiones mercantiles, para cuestiones fiscales, para supervisión financiera e incluso para temas penales. Por eso en muchas ocasiones el mirar unidireccionalmente en los temas elimina la visión de conjunto. El mismo comentario que se ha hecho aquí relativo a la reserva de indisponibilidad se hace con criterios puramente económicos, pero hay más ámbitos a tener en cuenta desde esa perspectiva.


Se ha introducido en el Senado una reforma importante del impuesto sobre sociedades. Esta reforma, aparte de intentar conseguir la neutralidad fiscal, es decir, que no haya ninguna factura fiscal empresarial por la adaptación a estas normas de contabilidad -y creo que se ha conseguido-, tiene otras finalidades. Se ha señalado ya que el tratamiento fiscal del fondo de comercio, importante cuestión, era considerado como gasto en la anterior regulación, dado que, mediante su amortización contable, implicaba que fuera gasto deducible. Con esta nueva regulación se mantiene el carácter de gasto deducible, pero solo desde el punto de vista de la norma fiscal, es decir, se seguirá depreciando tan solo a efectos fiscales. Por otra parte, ha habido una profunda adaptación de la terminología, ya que se han tenido que modificar numerosos artículos, pero son modificaciones formales. Al margen de esto, está la deducción de reinversión de beneficios extraordinarios y la flexibilización, como se ha dicho, de los criterios de reinversión. A su vez, ha habido una nueva aportación en cuanto a la exención parcial que se va a hacer de las rentas que procedan de los cánones de las empresas que están internacionalizadas, que en definitiva va a permitir una mejora en las empresas españolas que tienen actividad internacional.


A modo de resumen, esta reforma del impuesto sobre sociedades tuvo una primera etapa en la Ley 35/2006 y ahora una segunda, en la que se ha modificado este ámbito mercantil y contable, una adecuación técnica que no ha tenido factura fiscal, que ha mejorado la eficiencia de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios -artículo 42- y que ha dado un nuevo impulso a la deducción por investigación, desarrollo e innovación. Quiero recordar que estas medidas han tenido como objetivo adaptar la empresa española a una dinámica empresarial en la que las decisiones empresariales no pueden verse afectadas por criterios, como ocurría en la norma anterior, restrictivos, y que toda la actividad económica tenga las mismas ventajas, no como sucede ahora, que, en función de la composición del activo, algunas actividades empresariales quedaban eliminadas de la deducción por reinversiones. Se le da, por tanto, una mayor neutralidad desde un punto de vista sectorial, evitando discriminaciones entre las distintas actividades económicas. Al mismo tiempo, los activos intangibles tienen una mejor regulación, una mayor protección, ya que los ingresos procedentes de la cesión del derecho de

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uso que se va a dar a estos cánones en nuestras empresas internacionales, cuando retornen a España, tendrán una reducción del 50 por ciento en la base imponible. Por supuesto, esto va a incentivar la realización de actividades de I+D+i, completando los importantísimos incentivos ya existentes. Quiero recordar la bonificación del 40 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador y, por tanto, esto va a fomentar notablemente la explotación comercial de los activos intangibles y, lo que es más importante, incrementar la competitividad de las empresas españolas y el crecimiento económico.


Como conclusión, se mejora la competitividad de las empresas, se fomenta el crecimiento económico tratando de incrementar la participación en el mismo de las actividades productivas y las basadas en la tecnología; se reduce la factura fiscal, en dos años se ha reducido el tipo general del 35 al 30 por ciento y en un año se ha reducido el de las pymes del 30 al 25; se mantiene la mayoría de las deducciones de tipo incentivador de la actividad que estaban ya vigentes y ahora con esta reforma se da un paso más al objetivo del Gobierno, que es mejorar la competitividad de las empresas, mejorar nuestra productividad, trabajar por la economía española. Desde aquí quiero agradecer con toda sinceridad la colaboración que han tenido los grupos políticos, la colaboración activa del Grupo Popular, y especialmente de su portavoz, el señor Mantilla, del señor Sánchez i Llibre, del señor Puig, también del Grupo de Izquierda Unida, así como del señor Azpiazu -que entra ahora-, que han permitido que tengamos un buen texto que va a servir de referencia a todas las empresas españolas, absolutamente todas, porque a partir del 1 de enero tendrán como referencia los trabajos que en esta Cámara hemos hecho y creo que agradecerán el esfuerzo realizado por simplificar los costes de transacción y de implantación del nuevo sistema.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Torres, muchas gracias.


- PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000100.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el debate del punto 32: Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia.


Fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.) Comenzamos con el señor Llamazares en nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Adelante, cuando quiera.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


El proyecto de ley que se va a aprobar definitivamente reforma nuestro sistema de defensa de la competencia adaptándolo a la nueva normativa comunitaria, modificando la estructura institucional del sistema de defensa de la competencia y estableciendo mecanismos de cooperación con el ámbito administrativo, órganos de la Administración central, órganos competentes de las comunidades autónomas, jurisdiccionales y también con órganos reguladores sectoriales revisando el actual sistema legal.
Seguramente lo más destacable de esta ley es la creación de la Comisión Nacional de la Competencia, que integrará el actual Servicio de Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía, y Tribunal de Defensa de la Competencia con la sana pretensión, que en nuestra opinión no se consigue plenamente, de que la comisión tenga la mayor independencia tanto de origen como de ejercicio y la agilidad en sus actuaciones y decisiones, de que se vea reforzada la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia procurando mayor independencia en el control de las concentraciones económicas y empresariales.


Las modificaciones que introdujo el Congreso en el proyecto de ley fueron para bien, mejorándolo y aclarando algunas cuestiones importantes con relación a la coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas. Ahora el Senado incorpora modificaciones puntuales, destacando positivamente la modificación del artículo 21, que hace referencia al personal de la Comisión Nacional de la Competencia, desarrollando su contenido y haciendo mención al nuevo Estatuto básico del empleado público. Es decir, se avanza en la independencia de ejercicio mediante una mayor autonomía del personal de la Comisión de Defensa de la Competencia, mediante una mayor independencia, pero no así en la independencia de origen, que se mejoraría, en nuestra opinión, sustancialmente con el nombramiento parlamentario de dicha Comisión.


Queda también una cuestión importante para nosotros sobre competencia y política económica. La teoría económica convencional bendice la existencia de una competencia efectiva entre las empresas como uno de los pilares de la economía de mercado, al disciplinar la actuación de las empresas y reasignar recursos productivos a favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Así esa eficiencia productiva se trasladaría al consumidor en forma de precios bajos, mejores servicios y bienes y la sociedad, como consecuencia, ganaría en su conjunto. La denominada competencia perfecta. Desde luego que nada objetamos al mercado, entendido como instrumento, aunque sí a la versión desfasada del neoliberalismo económico, donde únicamente las leyes de la oferta y la demanda son las que deciden lo que debe producirse, cómo debe producirse y sobre todo para quién debe producirse o cómo ha de repartirse la riqueza producida. La permisividad ante el mercado o, lo que es lo mismo, abandonarlo a su propia inercia solo puede tener como resultado las más evidentes desigualdades,

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la destrucción del equilibrio ecológico y una asignación ineficiente de los recursos.


El mercado y la competencia, que justifican muchas actuaciones de política económica, se insertan en postulados utópicos, porque la libertad de mercado está muy alejada de la situación económica actual. La concentración de capital, el tamaño de las grandes corporaciones y la internacionalización de la economía crean en la mayoría de los sectores económicos situaciones cercanas y normalizadas de oligopolio. Hoy, todos los mercados están en mayor o menor medida intervenidos y cuando el poder político abdica de la política económica, de la política de regulación, son controlados, por el contrario, por los poderes económicos. Estas consideraciones no restan importancia a una ley de defensa de la competencia como esta, pero sí la sitúan en sus justos términos. Es preciso contar con instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento del mercado, pero también es preciso regular e intervenir políticamente allá donde la competencia es pura ficción y donde lo que prima son los monopolios o los oligopolios. La independencia de la comisión debe garantizarse fundamentalmente en relación con los agentes económicos y en mucha menor medida en relación con la denominada intervención política. La competencia, en nuestra realidad económica y social, no es un concepto aséptico y neutral; no hay más que fijarse en el culebrón de Endesa y en las distintas concepciones que tienen la Unión Europea, o el Estado español, o el Estado alemán, de la comisión de competencia y no hay más que ver también los debates que hemos tenido -y seguiremos teniendo- en relación con la independencia, de ejercicio y de origen, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


En definitiva, señorías, como la economía también es un ámbito de la política, la configuración de la Comisión de Defensa de la Competencia, el organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados, tendrá también una orientación política. Pensamos que lo más efectivo es que el nombramiento de sus miembros, al igual que su ejercicio, sea lo más independiente posible de la intervención de los agentes económicos. Sería bueno que, para una independencia de origen, el nombramiento lo haga el Parlamento, aunque no viene así en el proyecto de ley, y que esta mayoría parlamentaria y la acción del Gobierno desarrollen la política económica de defensa de la competencia.


Esta es nuestra posición y vamos a votar favorablemente estas enmiendas que mejoran el texto y que provienen del Senado. Ahora bien, tenemos, como digo, esa prevención con respecto a que únicamente la independencia se produzca frente a la política y a que la independencia se produzca en el ejercicio de la comisión de competencia. Nos gustaría que la independencia se produjera fundamentalmente frente a los agentes económicos, que pretenden pervertir la competencia, y que la comisión de competencia tuviera también una independencia de origen a través de un nombramiento parlamentario. Estas son las posiciones de nuestro grupo parlamentario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.


Señor Puig, en nombre de Esquerra Republicana, adelante.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo parlamentario, en el trámite del proyecto de ley en esta Cámara, incidió en las enmiendas que pretendían enmendar la invasión competencial de la Generalitat de Catalunya que este contenía, tal como fue presentado por el Gobierno. Ello quedó subsanado en dicho trámite y así se ha respetado en el trámite del Senado. Defendimos otro tipo de enmiendas que hacían referencia al procedimiento, que finalmente no han sido incorporadas al proyecto de ley. A pesar de ello, estamos moderadamente satisfechos de cómo entrará en vigor finalmente la ley.
Gracias a la aportación de todos los grupos parlamentarios, nos parece que aprobamos una ley de consenso que modifica o moderniza el derecho de la competencia. Dicha reforma se basa en dos pilares fundamentales.
Primero, en la modernización para adecuar a la normativa comunitaria aspectos y sustancias procedimentales del derecho de defensa, lo que conlleva una simplificación en el régimen de conductas restrictivas de la competencia, apostando por mecanismos de autoevaluación. Se establece asimismo un régimen de control de las concentraciones, basado en la idea del control de la revalorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y limitando el papel del Gobierno. En segundo lugar, en la creación de un nuevo órgano, la Comisión Nacional de la Competencia, integrándose en ella el servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia, con los efectos que la ley prevé.


En aras de la brevedad, y seguro que SS.SS me lo agradecerán, dado el extensísimo orden del día previsto para hoy, solo voy a decir que a su paso por el Senado han sido varias las incorporaciones o modificaciones introducidas en la ley que en principio no merecen una valoración específica. Analizadas las mismas, creemos que las modificaciones introducidas en la ley han sido positivas y vamos a dar apoyo a su trámite hoy en el Congreso de los Diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.


Tiene la palabra el señor Erias en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ERIAS REY: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, hoy debatimos de nuevo el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. El

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Gobierno, el grupo que le apoya y el Grupo Popular alcanzaron un acuerdo para la aprobación del proyecto inicial, tanto en el Congreso como en el Senado, al que se sumaron con posterioridad el resto de los grupos. Fruto de ello fue la aprobación por unanimidad del texto que salió del Congreso hacia el Senado, un texto final que incorpora mejoras y que perfecciona en el texto inicial la creación de la Comisión Nacional de la Competencia, que contará con seis consejeros y un presidente y que integrará al actual Servicio de Defensa de la Competencia y al Tribunal de Defensa de la Competencia. Esta institución está pensada para un nuevo esquema institucional que proporcione una mayor racionalidad, eficacia y credibilidad a las decisiones de los poderes públicos en materia de competencia. La futura norma supone también la adaptación de la misma a las modificaciones recientes del derecho comunitario y dota de mayor eficacia y esperemos que de mayor eficiencia al sistema vigente de defensa de la competencia. Desafortunadamente para nosotros, el texto que llega del Senado no incluye las medidas que el Grupo Popular, Convergència i Unió y otros grupos propusieron para incrementar la independencia de la Comisión Nacional de Competencia, materializadas en las enmiendas 43 y 44, del Grupo Popular, y en las 93 y 94, de Convergència i Unió, en las que se establece que el nombramiento del presidente y de los consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia sean elegidos por las tres quintas partes de las Cortes Generales. La falta de apoyo del Grupo Socialista a estas iniciativas, además de impedir la perfección de la norma, contradice el compromiso que recientemente ha establecido el presidente del Gobierno de aumentar la independencia del conjunto de los organismos reguladores mediante la elección de sus directivos a través del Parlamento. En cualquier caso, el texto ha experimentado, a nuestro juicio, fruto de la inclusión en el informe de la ponencia de diversas enmiendas, algunas modificaciones que paso a relatar.


En primer lugar, al artículo 1, a raíz de la aceptación de una enmienda transaccional del Grupo Popular, la número 36, que constituye una mejora técnica al apartado 3 de este artículo, que se refiere a las prácticas paralelas que contribuyen no solo a mejorar la producción o comercialización, sino también la distribución, asunto que no se contemplaba. Al artículo 8, a raíz de la aceptación de una enmienda transaccional del Grupo Popular, la número 37, que constituye una mejora técnica y que tiene que ver con las concentraciones, especificando que el 30 por ciento se aplicará al mercado relevante del producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido. Creemos que esto da mayor concreción a este artículo y que por tanto mejora sustancialmente el texto inicial. Al artículo 9, a raíz de la aceptación de una enmienda del Grupo Socialista, la número 128, que constituye una mejora técnica y que permite que el texto se ajuste al actual proyecto de opas. Al artículo 21, a raíz de la aceptación de una enmienda, la número 129, que busca la mejor y mayor profesionalización del personal directivo de la Comisión Nacional de la Competencia. Al artículo 25, a raíz de la aceptación de una enmienda transaccional del Grupo Popular, la número 42, que constituye una mejora técnica y que establece el carácter consultivo de la Comisión Nacional de la Competencia en todos los proyectos de apertura de grandes establecimientos de superficies comerciales y la repercusión que esta puede tener en el nuevo esquema de defensa de la competencia.


El artículo 33, a raíz de la aceptación de una enmienda del Grupo Socialista, la número 130, que busca reducir la mayoría necesaria para adoptar los acuerdos por la Comisión Nacional de la Competencia; en concreto se rebaja el requerimiento de la mayoría absoluta por el de la mayoría de los asistentes. Creemos que es un criterio más flexible y que va a agilizar el procedimiento. El artículo 34, a raíz de la aceptación de una enmienda del Grupo Socialista, la 131, y de una enmienda de Convergència i Unió, la 103, que también constituyen mejoras técnicas. Lo mismo que el artículo 36 y el artículo 50, cuyo texto se adapta a la normativa comunitaria, introduciendo todo lo referente a la instrucción del expediente sancionador. Al artículo 58, a raíz de la aceptación de una enmienda transaccional de Convergència i Unió, la 115, que constituye una corrección gramatical y la ampliación del plazo de quince a veinte días. Este alargamiento del plazo y una homogeneización del mismo van a suponer una mayor certidumbre para los operadores. Por tanto, este plazo máximo debe ser un informe preceptivo y no vinculante cuando la concentración incida especialmente en un determinado territorio, en una determinada comunidad autónoma, por lo cual la dirección de Investigación estará obligada a solicitar de la comunidad autónoma el informe al que hacíamos referencia.


El artículo 64, a raíz de la aceptación de una enmienda del Grupo Mixto, que propone un criterio de fijación para las sanciones. A la disposición adicional séptima, que tiene que ver con una mejora técnica para la actuación de los juzgados de lo Contencioso en estas materias. A la disposición adicional octava, en la que se acepta unánimemente la modificación del dictamen y que entiende realizadas las funciones de instrucción y resolución correspondientes a las comunidades autónomas y las funciones y potestades administrativas y procedimientos de la Comisión Nacional de Competencia y sus órganos de dirección a las referencias en la ley. A la disposición adicional décima, a raíz de la cual se establece la aceptación de una enmienda transaccional, la número 120, que propone ampliar el plazo de quince a veinte días, en los cuales el órgano autonómico ha de enviar los informes preceptivos a la Comisión Nacional de Competencia. A la disposición adicional nueva, a raíz de la cual se acepta una enmienda, la número 135, que constituye una mejora técnica. Y a las disposiciones transitoria primera y transitoria tercera, en cuanto a homogeneización de plazos.


Para terminar, esperamos que el trabajo parlamentario desarrollado y la flexibilidad con la que hemos actuado

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los grupos políticos sirvan para que el nuevo marco regulativo de la competencia en España permita a las empresas y a los operadores disponer de un marco estable y adecuado legislativamente en el ámbito de la economía de mercado, lo cual facilite llevar a cabo sin incertidumbres las operaciones propias de aquél y que demandan aquellas en cada momento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Erias, muchas gracias.


Finalizamos con el turno de la señora Malaret, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy es un buen día para los ciudadanos y las empresas españolas.
Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, como ya lo hicieron en la fase anterior, aprobaremos por unanimidad una reforma ambiciosa del sistema de defensa de la competencia español. El Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente las enmiendas introducidas en el Senado, una votación favorable coherente con la posición sostenida en dicha Cámara, puesto que las mismas responden a pequeñas mejoras técnicas introducidas como consecuencia de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista o de transacciones pactadas con todos los grupos parlamentarios. Son enmiendas de carácter técnico que introducen precisiones y rigor en un texto que ya venía avalado por la calidad de su factura inicial, una calidad y un buen trabajo gubernativo previo que siempre constituyen una buena base para el consenso parlamentario.


Con ocasión del primer debate de totalidad que tuvimos en esta Cámara, pudimos señalar que las discrepancias alegadas para plantear una enmienda a la totalidad eran muy puntuales y sobre todo en ningún momento cuestionaban de raíz el diseño del modelo formulado en el proyecto de ley, un modelo que aunaba modernización de las reglas sustantivas del derecho de la competencia español, en consonancia con las reformas introducidas en el derecho comunitario, y sobre todo apostaba por una reforma en profundidad del sistema institucional garante de la competencia. El diseño de la reforma institucional partía de la experiencia acumulada a partir de la introducción efectiva de un sistema de defensa de la competencia que se reconociera como tal, mediante la Ley de 1989. Informes recientes publicados estos días ponen de relieve el buen hacer del Tribunal de Defensa de la Competencia a lo largo de estos años. Los tribunales han ratificado más del 95 por ciento de sus resoluciones. Partiendo de esta experiencia, del saber acuñado en este periodo y del examen sosegado de las ventajas e inconvenientes de los modelos institucionales desarrollados en los países de nuestro entorno, la reforma apuesta por una mayor independencia orgánica y funcional de las autoridades garantes de la competencia, reagrupando en una única organización el servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Se crea así la Comisión Nacional de la Competencia. Integración sí, pero manteniendo la separación de funciones entre la fase de instrucción y la de resolución, una separación funcional garante de los derechos y de la buena calidad de las decisiones. Una apuesta por la independencia acompañada de una apuesta decidida por el rigor y la profesionalidad de los miembros de los órganos mencionados.
Por ello, creo que es de justicia resaltar que hoy, con el apoyo decidido de todos los grupos de este Parlamento, aprobamos la creación de una comisión nacional de la competencia que introduce de manera clara y firme un nuevo diseño institucional para las autoridades de regulación que seguramente constituye el modelo a seguir para reformas futuras.


Hoy tenemos que decir con voz muy alta -ahora que algunos quieren hacer descrédito a la política, a la conducción de los intereses generales- que este Parlamento cree firmemente en el valor de las instituciones públicas para el sistema democrático y en una economía de mercado, que este Parlamento apuesta decididamente -y hoy lo demostramos de nuevo- por reformas legales destinadas a reforzar la eficacia y credibilidad de las instituciones. Son unas reformas que ya han sido positivamente valoradas por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.
Hoy tenemos que decir con voz muy firme que todos los grupos parlamentarios apoyamos una reforma que supone más independencia y más profesionalidad, más transparencia en los procedimientos y en las decisiones, más responsabilidad y sobre todo un diseño institucional que intenta huir de capturas partitocráticas, un diseño institucional muy respetuoso con el reparto de tareas entre Gobierno, Parlamento, Administración y tribunales que nuestra Constitución ha alumbrado.


Debemos destacar los hitos más significativos del modelo institucional que hoy aprobamos. En primer lugar, una redistribución de cometidos entre Gobierno y autoridades de defensa de la competencia que supone una reducción del papel del Gobierno, que solo intervendrá en aquellos supuestos necesarios para garantizar el interés general cuando este no estriba en la mera defensa de la competencia. Un diseño institucional que aúna profesionalidad y democracia, separando nítidamente los cometidos técnicos y los cometidos políticos en instancias dotadas de legitimidades distintas. En segundo lugar, una reducción significativa de los miembros del consejo. En el debate bien conocido entre órganos unipersonales y colegiados, la propuesta es continuista, en la medida en que el órgano resolutorio seguirá siendo de carácter colegial, lo que permite aunar saberes distintos. Pero, para evitar disfunciones y tamaños no justificados por el volumen de tareas efectivamente desarrolladas, se reduce el número de miembros, una operación que pretende reforzar la calidad de las decisiones y la credibilidad de una institución central para el correcto funcionamiento del mercado. Señorías, digámoslo con voz fuerte y con convencimiento, el Gobierno propuso, y el Parlamento

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así lo ha decidido, reducir el número de miembros. No lo hemos aumentado, sino que lo hemos reducido. En tercer lugar, el sistema propuesto apuesta por un procedimiento riguroso y transparente de selección y nombramiento de los miembros de los distintos órganos, destinados a reforzar su legitimidad y profesionalidad. Así se establece un procedimiento complejo en fases distintas y con la intervención de instancias diferentes, para garantizar que se designe a las personas adecuadas, a los que mejor pueden desarrollar estos cometidos. Por ello, el Gobierno propone y, después de un examen parlamentario del mérito y la capacidad de los candidatos propuestos, el Gobierno nombra. En efecto, la Comisión de Economía y Hacienda deberá analizar los conocimientos técnicos, las habilidades de los candidatos y emitir su parecer. Este es un procedimiento destinado a evitar ciertas patologías mediante la introducción de los dos grandes principios que vertebran las democracias: transparencia y responsabilidad. Un procedimiento que ha demostrado todas sus virtualidades en la experiencia reciente de los países de nuestro entorno y que aquí también debiera fructificar.


Para finalizar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer a todos los ponentes de la ley el trabajo realizado y expresar nuestra satisfacción por el amplio consenso y por la unanimidad obtenida, que de buen seguro constituyen una buena siembra, que nos ayudará a continuar cosechando estos magníficos resultados que la sociedad y la economía española están obteniendo en este último período.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Maralet, muchas gracias.


- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, CON EL FIN DE ADAPTARLA A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 2003, SOBRE NORMAS COMUNES PARA EL MERCADO INTERIOR DEL GAS NATURAL.
(Número de expediente 121/000102.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA ADAPTARLA A LA DIRECTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 2003, SOBRE NORMAS COMUNES PARA EL MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD. (Número de expediente 121/000103.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entramos, señorías, en el debate conjunto de los puntos 33 y 34, referido el primero al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. El segundo es el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.


Señorías, volvemos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Herrera, comenzamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, ustedes saben cuál ha sido nuestra postura en torno a la Ley del Sector Eléctrico y a la Ley de Hidrocarburos. Entendíamos, desde nuestra modesta posición, que necesitábamos un cambio en el marco regulador, que la Ley Piqué no servía, que, en algo que es un recurso limitado, como la energía, necesitábamos políticas de planificación; entendíamos que en el siglo XXI, en el que tenemos el reto del cambio climático, la energía no se podía ver, vivir ni legislar como un negocio, sino que se tenía que caminar hacia una nueva cultura de la energía. Tengo que decirles que lamentablemente en la tramitación de ambos proyectos de ley lo que hemos visto ha sido que la Ley Piqué se mantiene, que la estructura que defendió el Grupo Popular es la que tenemos, que los instrumentos de planificación no se introducen y que continuamos instalados en la vieja cultura de la energía.


Quiero decir también que de las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó tan solo se incorporaron en el trámite del Congreso aquellas que hacían referencia a algo más de transparencia; por ejemplo, aquello que permitía saber, cuando viésemos el precio de la luz, cuál era el origen, a partir de qué fuente se produce esa energía. Pero todos los elementos que significaban gestión de la demanda o que introducían, por ejemplo, actores no solo de producción y distribución sino de ahorro y eficiencia, con sociedades de ahorro y eficiencia que pudiesen competir con los que estaban produciendo electricidad, no se han introducido. Por eso tengo que decirles que nosotros nos mantenemos en una postura más que crítica en torno a estas dos leyes pactadas entre el Partido Socialista, Convergència i Unió y el Partido Popular. Hoy necesitábamos coherencia en las políticas del Gobierno, coherencia en las políticas energéticas, coherencia si se quiere abordar el reto del cambio climático, y lo que hoy tenemos es una Ley del Sector Eléctrico que lo que hace es mantener el modelo Piqué, en el que se prima el negocio y en el que se prima, en definitiva, un modelo claramente obsoleto. Lo cierto

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es que España es hoy el único país en el que las acciones de una compañía eléctrica pueden doblarse en más de un año. Y, más allá de la gestión de cada uno de los gobiernos, si una acción se puede doblar es porque el beneficio es récord, y si es así es debido a un sistema regulativo que lo que hace precisamente es permitir esos beneficios récord.


Segundo elemento que quería destacar, más allá de la postura global.
Nosotros valoramos negativamente que desaparezca la intervención administrativa con la desaparición de la tarifa. No es una buena noticia y no lo es porque nosotros venimos exigiendo que el precio de la luz esté en función de los consumos, que se puedan gravar de forma sustancial los consumos suntuarios. No estamos de acuerdo con las subidas generalizadas de la luz, pero entendemos que aquellos que consumen y derrochan tienen que pagar más, mucho más. Lo cierto es que, con esta ley, gravar los consumos suntuarios va a ser más difícil, porque la tarifa desaparece, y lo que ustedes hacen a partir de la enmienda del Senado -y nosotros no vamos a votar a favor de la exposición de motivos- es que la tarifa desaparezca ya no en el año 2011 sino en el 2009. Pues bien, nosotros entendemos que eso no es razonable, que si desaparecía la tarifa necesitábamos otros elementos de planificación y de intervención; en cambio, ustedes han hecho desaparecer la tarifa y no han introducido los elementos de intervención y de planificación. Desde una perspectiva progresista y mínimamente ambiental, no se coge por ningún lado la postura que finalmente se aprueba.


El tercer elemento que queríamos destacar es una propuesta que se ha incorporado -seguramente es lo único que podemos valorar positivamente que se haya incorporado en el Senado-, que también venía del Grupo de Entesa, del Senado, que hace referencia a biocombustibles y biocarburantes y en la que se establece una obligación legal para que el contenido de los biocarburantes vaya aumentando, lo que son biocombustibles y biocarburantes, hasta llegar al 5,83 por ciento en 2010. Para nosotros esta es una buena noticia, ya que por ley se impone a las distribuidoras que incorporen estos biocombustibles y estos biocarburantes, pero entendemos que tiene que ir acompañada de una acción del Gobierno mucho más decidida. Lo digo porque, si no, nos podremos encontrar con que en 2010 estemos poniendo en los carburantes un 5,83 por ciento de biocombustibles y de biocarburantes a partir de la importación de los mismos procedentes de países del sur, tales como Brasil, etcétera, por lo que el impacto ambiental continuará siendo grave. Ustedes saben que es discutible, una vez que se transporta este biocarburante desde países tan lejanos como Brasil, si el impacto ambiental es positivo o negativo porque solo con el transporte tenemos un impacto ambiental importante. Asimismo ustedes saben que razonablemente mucha gente piensa que dichos biocarburantes, al venir de estos países del sur, producen un fuerte impacto sobre la soberanía alimentaria de los mismos por lo que supone de subida importante de precios, por ejemplo, sobre productos tan básicos como el maíz. Por tanto, esta propuesta -que también es nuestra- supone una buena noticia, pero, como digo, siempre y cuando vaya acompañada de una acción más decidida del Gobierno.


Para terminar, señora presidenta, nosotros vamos a continuar manteniendo una postura crítica. Como decía antes en el debate sobre el techo de gasto, este es un Gobierno que tiene dos velocidades, e incluso me atrevo a decir que a veces tiene dos direcciones. En sus declaraciones a veces tiene una dirección de compromiso con el cambio climático; de que ahora va a abordar un real decreto de medidas urgentes de lucha contra el cambio climático; de que vamos a ser los adalides de las energías renovables, cuando en porcentaje de renovables estamos peor de lo que estábamos a principios de legislatura. En esos discursos nosotros conectamos con el Gobierno, nos identificamos con el Gobierno, pero después en la política concreta la Ley del Sector Eléctrico la pactan con el Partido Popular; en la política concreta dicen que no a las propuestas que hemos planteado -no solo nosotros sino también otros grupos parlamentarios- para que haya actores no solo de generación sino de ahorro y eficiencia compitiendo en el mercado. Nuestras propuestas esenciales ni se han sentado a negociarlas. El problema es que no nos gustan los gobiernos con dos velocidades y mucho menos con dos direcciones. Sabemos que para solventar eso necesitamos tener más fuerza en el Congreso. A ustedes lo que mejor les sentaría sería que hubiera un grupo ecologista fuerte en esta Cámara -igual que para la energía nuclear y la seguridad nuclear les sentaría muy bien- porque nosotros somos demasiado pequeños. Yo no aspiro a que ustedes ahora en relación con la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear que veremos la semana que viene o en un futuro inmediato hagan un viraje de 180 grados. Nosotros aspiramos a que tengan un mismo discurso, una misma velocidad y que todo el Gobierno camine en la misma dirección. Para nosotros la Ley del Sector Eléctrico no era una ley menor, y ni se sentaron a negociar con nosotros. Esto es así: los ecologistas, ya se sabe. Nosotros aspiramos a que de una vez por todas den el giro ambiental de verdad, no solo en declaraciones. Para eso en lo que queda de legislatura esperamos aprovechar las oportunidades -la semana que viene mismo con la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear- y tener más fuerza en las próximas elecciones, porque, como digo, para que ustedes cumplan con Kioto necesitan que en esta Cámara haya un grupo ecologista más fuerte, y ese grupo ecologista vamos a intentar ampliarlo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


Continuamos con el turno del señor Beloki en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.


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El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, sobre las modificaciones introducidas en el trámite del Senado tanto en la Ley del Sector Eléctrico como en la de hidrocarburos o en la del gas natural, el Grupo Parlamentario Vasco va a tener un posicionamiento variado, desde la más profunda crítica a determinados aspectos introducidos hasta la valoración positiva de otros. Esto ya nos venía ocurriendo con las modificaciones que se introdujeron en su día en el trámite del Congreso y ahora seguimos con la misma actitud. En las enmiendas introducidas en el Senado somos contrarios a determinados aspectos como los que hacen referencia, por ejemplo, en la Ley del Sector Eléctrico, a una restricción una vez más -cómo no- a las competencias de las comunidades autónomas, mientras que somos favorables a otras modificaciones y en concreto a algunas de las que ya se han citado aquí, por ejemplo, al cambio introducido en la disposición adicional decimosexta de biocarburantes que establece la obligatoriedad de porcentajes de biocarburantes a los operadores petrolíferos y, de forma especial dentro de esta misma modificación, a la habilitación al ministerio para dictar disposiciones al respecto; ahora solo falta que el ministerio, con el marco legal que se le establece, dicte efectivamente las disposiciones que correspondan.


Esta posición variada que antes decía -sobre determinados aspectos positiva y sobre otros negativa- es también la que hemos mantenido a lo largo de todo el trámite previo del Congreso, tanto en una ley como en otra. No voy a entrar a detallar ni lo que mantuvimos entonces ni cada uno de los aspectos modificados introducidos en el Senado, y no lo voy a hacer básicamente por la siguiente razón: porque más allá del claroscuro antes aludido, el posicionamiento general de mi grupo ante ambas leyes si tuviera que manifestarlo ahora sería profundamente crítico. Si hoy tuviéramos que votar nuevamente ambas leyes nos abstendríamos en la Ley del Sector Eléctrico y votaríamos en contra de la Ley del Sector de Hidrocarburos, y ello porque una cosa son las modificaciones introducidas -hay algunas positivas y otras negativas-, pero otra muy diferente es la arbitrariedad con la que se ha procedido a aprobar unas cosas y a otras cerrarles la puerta a cal y canto. Simplemente no tocaba -se decía-, y uno no ha visto nunca la línea de racionalidad por la que tocaban unas cosas y no tocaban otras. Eso es simple arbitrariedad; el ahora no procede es un acto arbitrario a nuestro juicio. Por otra parte -y con esto voy terminando-, el procedimiento que han seguido ambos proyectos de ley es un camino de auténtico sobresalto. Nos traía dos proyectos de ley el Gobierno y de pronto venía a caballo el Grupo Socialista e introducía 46 enmiendas en la Ley del Sector Eléctrico y 41 en la Ley del Sector de Hidrocarburos. Los grupos que, en principio, parece que seríamos los que en su caso tendríamos que tener algún tipo de opinión diferente a la del Gobierno resultábamos apabullados porque la caballería del Grupo Socialista era la que le decía al Gobierno: usted no sabe a qué está jugando. Este ha sido un procedimiento que no puedo calificar más que de improvisación absoluta y lógicamente de arbitrariedad. Pudiera parecer que esta fuera una actitud del Grupo Vasco, pero es que estos días acabamos de recibir el texto del acuerdo del consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía en relación con este proyecto de ley y no sé cómo calificar esta historia, pero esto no tiene sentido más que el de la arbitrariedad de según pasaba por aquí y se le ocurría al ministro una cosa, a otro otra cosa y al tercero otra, e iban metiendo cosas aunque ese fuera -insisto- un camino de sobresaltos.


Este es nuestro posicionamiento pero hablando en líneas generales de la ley. Sobre las enmiendas introducidas en el Senado, lo dicho, votaremos favorablemente a bastantes de ellas, en algunos casos votaremos negativamente y en otros nos abstendremos: el claroscuro del que hablaba.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki, muchas gracias.


Señor Ramón en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy debatimos por última vez estos dos proyectos de ley y, más concretamente, las enmiendas que vienen del Senado que, al entender de nuestro grupo, tienen una incidencia fundamental sobre la gestión de la energía. La energía es el principal recurso para el funcionamiento de la economía, tal y como se entiende hoy en día, y más si cabe en el Estado español puesto que el consumo energético ha venido creciendo de forma alarmante en los últimos años. Ya en anteriores discusiones manifestamos nuestra decepción al constatar que dos leyes que van a ser claves para la regulación de los mercados energéticos obviaban cualquier medida para frenar las consecuencias negativas de este proceso de consumo. Mientras la lucha contra el cambio climático o la consecución de una mayor eficacia no sean aspectos troncales en leyes como las que hoy aprobarán, es fácil entender que España sea el Estado que más incumple los compromisos contraídos en el Protocolo de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Esta adicción energética supone también una enorme dependencia exterior, que además de inseguridad en el suministro empieza a significar una importante factura, como ya vemos en el incremento del precio del petróleo y más que lo vamos a ver en el futuro. Esto nos hace más difícil comprender -más si cabe- el desprecio de estas leyes a reconocer el potencial de las fuentes renovables, que es casi un sinónimo de fuentes autóctonas, que permitirían reducir la dependencia energética exterior. Por estos motivos, desde el principio de la tramitación de estas leyes, los criterios que hemos tratado de introducir -y

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así quedó reflejado en las enmiendas que presentó nuestro grupo- han perseguido, entre otros aspectos, diversificar las fuentes energéticas fijando objetivos concretos que prioricen las energías renovables, fomentar el ahorro y penalizar el derroche, internacionalizar las externalidades ambientales asociadas a cada fuente energética, gestionar la demanda para reducir el consumo en términos absolutos, suavizar las puntas de demanda o dar al consumidor la información fidedigna sobre el origen de la energía que consume. Si bien es cierto que algunas de estas cuestiones ya se encuentran tímidamente recogidas en los planes de eficacia energética y de promoción de las energías renovables elaborados por el Gobierno, no es coherente que leyes con la trascendencia para el sector energético como las que hoy se aprobarán no avancen decididamente en esta misma dirección. Nuestros planteamientos también tenían por objetivo garantizar el respeto a las competencias autonómicas que, en nuestra opinión, los proyectos de ley vulneran, así como mejorar la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado en temas tales como la planificación, la regulación de precios y peajes, autorizaciones, supervisiones, la participación en los diferentes organismos que se creen o la posibilidad de desarrollar normativas complementarias. En definitiva, se trata de textos muy alejados de nuestro planteamiento que, además, han sido prácticamente impermeables a cualquier aportación que en discusiones parlamentarias nuestro grupo ha ido haciendo, y como se ha visto en la intervención de algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra esa poca predisposición a entenderse con nuestro grupo no ha sido casual sino que otros grupos tenían el mismo problema. Por ese motivo, en su momento, nuestro posicionamiento fue contrario a la aprobación de estas leyes y también hoy somos totalmente contrarios a la aprobación definitiva de las mismas.


Respecto al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, el Senado nos remite diferentes enmiendas que nuestro grupo entiende que mejoran el texto enviado por el Congreso y, por tanto, votaremos a favor de ellas. En referencia al otro proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, el del sector de hidrocarburos, votaremos a favor de las enmiendas remitidas por el Senado que son mejoras técnicas y hemos pedido votación separada de dos de ellas porque no las queremos votar a favor. En primer lugar, votaremos en contra de la enmienda que suprime el artículo 73.7 de la Ley 34/1998 puesto que en las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de distribución nos parece adecuado otorgar preferencia a aquellos distribuidores con mayor implantación social. Queremos potenciar a los distribuidores locales y el texto que salió del Congreso así lo hacía, por eso votaremos en contra de la supresión del punto 7 del artículo 73. En segundo lugar, nos abstendremos en la votación de la enmienda que propone la modificación de la disposición adicional decimosexta sobre biocombustibles. Nuestro grupo apoya la promoción de los biocombustibles -lo hemos dicho en más de una ocasión- pero no a cualquier precio -ya lo ha comentado algún portavoz anterior- y por eso nos abstendremos en la votación. Actualmente los biocombustibles tienen un rendimiento energético bajo, es decir que la relación entre energía obtenida y energía necesaria para su cultivo y elaboración es aún baja, lo que hace que el ahorro neto de combustibles fósiles que permiten estos biocombustibles sea también bajo. Esto evidencia que la prioridad debe ser rebajar la cantidad total de combustible utilizado, no simplemente tratar de sustituirlo por otros de menor impacto. Por otro lado, alcanzar estos objetivos implicaría destinar una superficie enorme de territorio agrícola. De hecho, el Plan de acción sobre biomasa de la Unión Europea calcula que para alcanzar los objetivos europeos del 5,75 por ciento en el año 2010 se necesita nada menos que destinar para el cultivo de biocombustible la quinta parte del suelo agrícola europeo. Sin duda es una cantidad enorme -estarán de acuerdo conmigo, señorías- que claramente tendría efectos colaterales sobre el precio de otros productos agroalimentarios, entre otros aspectos. Esta necesidad de biocombustible conlleva el riesgo de importaciones masivas de biocombustible de los países en desarrollo, con un efecto negativo sobre la biodiversidad y una incidencia al alza sobre los precios de alimentos básicos en estos países, además de no reducir la dependencia exterior. Por ese motivo y con estos defectos nos parece que no corresponde ni es el momento adecuado para plantear el Gobierno español objetivos aún más altos de los que tiene la Unión Europea, por lo que nos abstendremos en la votación de esta enmienda que viene del Senado.


Como conclusión, señorías, reitero que las leyes que hoy van a quedar definitivamente aprobadas distan mucho de los criterios que nuestro grupo considera que deberían ser prioritarios en la regulación de los sectores de hidrocarburos y eléctrico y, en este sentido, vamos a seguir insistiendo para que en el futuro aspectos tales como el fomento de la generación distribuida, el fomento de las fuentes renovables y el fomento de la eficacia formen parte de la regulación del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos.


Muchas gracias, señora presidenta; gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ramón.


Señor Castelló, su turno en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor CASTELLÓ BORONAT: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, como ya se ha dicho, estamos en el trámite final en el Congreso para aprobar definitivamente la modificación de las leyes 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, y 54/1997, del Sector Eléctrico, y consecuentemente para su adaptación a las

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directivas comunitarias 2003/55 y 2003/54. Los dos proyectos de ley que hoy nos ocupan y que vienen del Senado y que, por tanto, tendremos que manifestar el apoyo o no a sus enmiendas -ya adelanto que mi grupo parlamentario va a apoyar todas- han tenido un largo y curioso trámite parlamentario; no sé si comparado con otros proyectos de ley más o menos largo, pero en cualquier caso curioso. Se ha hecho referencia ya a algunas de las situaciones que se han vivido en ese proceso, porque el Gobierno presentó el proyecto de ley en el mes de septiembre y cuando se cerró el plazo de enmiendas nos encontramos con la sorpresa inicial de que el Grupo Socialista prácticamente había modificado el proyecto con un gran número de enmiendas tanto a la Ley del Sector Eléctrico como a la Ley del Sector de Hidrocarburos. Ya dijimos -y quiero reiterarlo hoy aquí en este debate final- que ese era un motivo que avalaba las críticas que habíamos venido haciendo durante estos últimos años a la política del Gobierno en materia energética, que no había modelo, que había sido una política errática, claramente perjudicial para el sector, para los consumidores, para las empresas, para nuestro crédito internacional y para el conjunto de la actividad económica. Esto que ha ocurrido con estos dos proyectos de ley es lo que hay que resaltar hoy aquí. El Gobierno ha estado dedicado durante estos últimos tres años a esas circunstancias que todos conocemos de propiciar operaciones empresariales, de facilitar estrategias que le interesaban particularmente, pero con ello perjudicaba muy gravemente los intereses de consumidores, empresas del sector económico y en particular del sector energético. Además, no porque se haya debatido mucho sobre esta cuestión está aún más de actualidad esta circunstancia. Una de las consecuencias de todo eso que hemos venido diciendo la veremos hoy y estos días también en los medios de comunicación por la anunciada subida de tarifas el próximo 1 de julio que el Gobierno va a aprobar. La subida del recibo de la luz para los consumidores españoles es también un misil contra la cada vez más afectada competitividad de nuestras empresas.


Quiero resaltar el talante del Gobierno en este caso, que coincide con otros muchos, de engañar a los españoles permanentemente. La vicepresidenta del Gobierno en el mes de diciembre afirmó que las tarifas no iban a subir en el año 2007 por encima del IPC. El Gobierno debería asumir ese engaño, pedir perdón a los españoles y rectificar en este asunto. Dice el refrán que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo y aquí también se ha pillado al Gobierno en ese intento de engañarnos, engaño que vamos a pagar de nuestros bolsillos por esa irresponsabilidad y ese intervencionismo que hemos denunciado del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y los hechos son absolutamente indiscutibles: un decreto de tarifas que va a suponer esa subida acumulada del 7,8 por ciento. Quiero decir otra cosa. Se ha venido diciendo -lo hemos oído en esta Cámara en sucesivos debates- que eso era responsabilidad del Partido Popular porque se aplicaban las fórmulas de incremento de tarifas que aprobó en su día su Gobierno. Después de tres años y medio ese tipo de argumentos no vale y el Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para ir implementando las reformas necesarias que hubieran definido ese marco seguro y razonable de modelo energético que hemos estado pidiendo y evitar con ello estas circunstancias a las que ahora me he referido.
Estamos pagando del bolsillo de todos los españoles y a costa de la competitividad la opa sobre Endesa que el Gobierno ha manejado a su interés particular. Lo podemos decir mucho más alto pero no más claro.
Este Gobierno está utilizando el precio de la energía políticamente y la consecuencia es que las familias y las empresas españolas estamos pagando esos caprichos y el amiguismo gubernamental de nuestro bolsillo. Lo peor es que lamentablemente este no es el final, y antes de acabar el año vamos a tener nuevas subidas que aún van a gravar más las economías domésticas y nuestras empresas.


Con este panorama, sin tomar decisiones importantes y razonables, que se deberían haber tomado en el sector energético hace mucho tiempo, y sin modelo, solo guiados por lo que hemos venido comentando del objetivo de sacar adelante una opa que encajara con los intereses del Gobierno, que jamás se tenía que haber planteado como se hizo ni forzado en su final, y con la amenaza de Bruselas por no trasponer las directivas comunitarias sobre el mercado interior del gas natural y sobre el mercado interior de la electricidad, se tramitan estos dos proyectos de ley que hoy nos ocupan en su trayectoria final. El Grupo Parlamentario Popular, ante la posibilidad manifestada por el Grupo Parlamentario Socialista de trabajar en el posible consenso a la hora de aprobar dichas normas, cumpliendo con nuestra predisposición manifestada desde el principio de la legislatura de intentar acuerdos normativos que supusieran avances en la consolidación de un modelo energético para el sector sobre la base del que en su día implementaron los gobiernos del Partido Popular a partir de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, y de las normas que posteriormente lo desarrollaron, por responsabilidad y por coherencia política no dudó en trabajar en ese sentido. Hoy aquí vamos a rubricar ese trabajo que durante varios meses hemos venido haciendo para llegar a un acuerdo en la modificación de ambas leyes y que supone la trasposición de las directivas reseñadas anteriormente y algunas cosas más que luego voy a comentar.


El resultado final de las dos leyes es positivo y, sin ser los textos legales que hubiéramos ambicionado, tampoco son lo que en su momento se proponían. Precisamente esa es la gran virtud del acuerdo y del consenso amplio que hay en estas dos leyes para este trámite que hoy estamos desarrollando. Es un resultado, como decía, que para nosotros es válido, ya que además de cumplir con las directrices de las directivas comunitarias consolida el modelo de sector eléctrico y de hidrocarburos que venimos defendiendo. Vamos a aprobar dos normas que, como hemos argumentado, llegan tarde; cuando menos

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deberíamos haberlo hecho hace dos años, pero posiblemente las circunstancias que antes he comentado han hecho que el Gobierno no quisiera o no pudiera tramitarlas hasta hace unos meses. En cualquier caso, reiterando nuestra satisfacción por el resultado, quiero agradecer el trabajo y la predisposición de los miembros de la ponencia, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de otros grupos parlamentarios, y de todos aquellos que en mayor o menor medida han hecho posible el resultado final del acuerdo alcanzado en los dos proyectos de ley. Es importante que dos normas de la trascendencia de estas puedan ser aprobadas por una mayoría muy amplia de la Cámara y fundamentalmente con el respaldo de los dos grupos que tienen mayor representación parlamentaria. Este es un camino que deberíamos haber transitado desde el principio de la legislatura en materia energética, pero por mucha voluntad que tenga la oposición -y así lo hemos venido manifestando-, hasta que el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista no lo propicie, es absolutamente imposible. En cualquier caso, nunca es tarde si la dicha es buena. Este es un camino que también deberíamos compartir en el futuro para que las grandes decisiones que se deben tomar en el ámbito energético tengan ese respaldo y esa seguridad de permanencia, que son factores clave para que podamos avanzar en conseguir los objetivos que seguro que todos compartimos: tener la garantía de un suministro energético de calidad, al menor coste posible y respetuoso con el medio ambiente. Todos somos conscientes de que queda mucho por hacer y espero que este acuerdo sobre estas dos normas, que hoy aprobamos, no sea una anécdota sino el principio de ese camino de consensos en materia energética que España necesita para despejar las incertidumbres en esta materia y que, sin duda, afectan no solo claramente sino gravemente al bienestar de los ciudadanos, a la competitividad de nuestra economía y al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en materia medioambiental.


Para terminar, además de los objetivos que se pretendían alcanzar con estas dos normas, conseguir un mercado interior de gas natural plenamente liberalizado, del que se pueda derivar una mayor competencia, reducción de precios y mejora en la calidad del servicio y al consumidor final, y un mercado eléctrico en el que se garantice la no discriminación, una auténtica competencia y un funcionamiento eficaz, tal y como indican las directivas, me gustaría resaltar dos cuestiones novedosas, a las que ya se ha hecho referencia, que desde mi punto de vista son importantes y que han sido algunos de los ejemplos de que el debate mantenido para el consenso final ha sido fructífero. Una afecta a la Ley del Sector Eléctrico, que es la introducción en la disposición adicional vigésimo quinta del compromiso de adecuar el Plan de energías renovables para alcanzar el objetivo de generación por renovables del 20 por ciento en el año 2020, asumiendo ya en norma interna el acuerdo de la Unión Europea en ese sentido y, por tanto, no esperar a que tenga que haber una directiva y trasponerla a nuestra legislación interna; y otra afecta a la Ley de Hidrocarburos, que en su disposición adicional decimosexta introduce objetivos anuales de biocarburantes con contenidos energéticos mínimos en relación con gasolinas y gasóleos comercializados con fines de transporte. También debemos estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta cuestión, pero en cualquier caso es importante resaltarlo. Tal y como decía, estos son dos ejemplos de que el trabajo realizado no solo ha consistido en adecuar esa trasposición de las directivas previstas y de consolidar el modelo existente, sino que además se han incorporado disposiciones que se han consensuado sobre asuntos que tienen una gran trascendencia de futuro. Reitero el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular por el trabajo de todos los que han hecho posible el acuerdo. Con estas dos leyes que hoy aprobamos esperamos contribuir a mejorar nuestras expectativas de futuro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Castelló.


Antes de dar la palabra al señor Tomás García, si nadie se opone, señorías, se la daría al señor Mardones que me ha solicitado un minuto de intervención porque se le ha pasado el turno. (Pausa.)

Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, por su benevolencia y también a los grupos parlamentarios ya que este diputado había entendido que se estaba debatiendo el proyecto de ley del sector del gas y no el de la electricidad.


Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que llegan del Senado y hace una advertencia a la dirigida a los artículos 19 y 20 cuarenta y uno. En el texto que nos llega del Senado se introduce un párrafo que habilita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para autorizar expresa e individualizadamente, previa consulta a la Comisión Nacional de la Energía y la comunidad autónoma en que radique la instalación, determinadas instalaciones de 220 kilovatios. Esto es inaplicable en el archipiélago canario, salvo que se introduzca la advertencia técnica de que en la instalación ubicada en la Comunidad Autónoma de Canarias los voltajes están comprendidos en una franja triple de 66, 120 y 220 kilovoltios. Votaríamos a favor de esta enmienda si se permite su aplicación en el archipiélago canario, pues con 220 kilovoltios solamente están actuando las unidades del territorio español peninsular, pero no las de las islas canarias. Queremos que se diga hasta 220 kilovoltios de tensión. Es lo que fundamentalmente quería manifestar para prestar nuestro apoyo al proyecto, que nos parece acertado y conveniente.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.


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Ahora sí, finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, en particular con el turno del señor Tomás García. Adelante, cuando quiera.


El señor TOMÁS GARCÍA: Señora presidenta, señorías, diez años después de aquellas leyes que iniciaron el camino de la liberalización del sector eléctrico y de hidrocarburos en España vamos a proceder a la aprobación de dos proyectos de ley cuyo objetivo principal es adaptar la legislación española a lo que establecen las directivas 2003/54 y 2003/55, del Parlamento y del Consejo. Señorías, para el Gobierno de España son de gran importancia los aspectos relacionados con el funcionamiento de los mercados energéticos. Las características de nuestro sistema energético hacen que para nuestro país sea imprescindible participar de forma plena en el proceso de apertura del mercado, un proceso que debería producir ganancias de eficiencia y reducciones de precio de la energía. Ese es el efecto que todos esperamos. Resulta curioso que el portavoz del Grupo Popular aproveche este momento del debate para hacer su valoración acerca de las subidas del precio de la electricidad de los años 2006 y 2007, ignorando, no sabemos si a conciencia o no, que dichas subidas son estrictamente por aplicación de la Ley 54/1997 y del reglamento de 2002, que no quiero recordarles que son factura de un gobierno popular. El déficit tarifario y la aplicación de la ley, como bien sabe, hacen que el Gobierno cumpla escrupulosamente con la legislación vigente a la hora de establecer las subidas tarifarias. Es cierto que las deficiencias estructurales del sector energético de nuestro país, así como la elevada dependencia energética del exterior y la insuficiente interconexión internacional nos colocan en una peculiar situación de partida. No cabe, pues, más que esperar que los beneficios derivados de la liberalización y la homologación con los mercados europeos redunde en beneficios para nuestra economía. El Grupo Parlamentario Socialista apoya la política energética del Gobierno, como no podía ser menos, pues profundiza en este proceso de liberalización de los mercados energéticos en beneficio de los consumidores, reforzando al mismo tiempo el carácter independiente de los organismos reguladores, ni más ni menos que lo que establecen las directivas europeas que hoy trasponemos. Ese es el modelo energético, señor Castelló, ¿O tienen ustedes otro?, porque, si lo tienen, explíquenlo.


Señorías, las dos nuevas leyes que regularán el mercado interior del gas y la electricidad arrancaron en forma de anteproyecto en el año 2005.
Tuvieron entrada en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2006 y hoy van a obtener su aprobación definitiva, dos años de recorrido que van a permitir culminar con éxito la incorporación de las directivas a nuestro ordenamiento jurídico y, aunque la trasposición formal se produce ahora, es justo señalar que muchas de las disposiciones legislativas que ha ido tomando nuestro Gobierno ya habían incorporado aspectos normativos de las directivas europeas. No se ha perdido el tiempo en ese sentido. A lo largo de la tramitación de estos proyectos de ley se ha realizado además un intenso trabajo conocido por todos y cada uno de los grupos parlamentarios de las dos cámaras de nuestras Cortes Generales. Todos los grupos hemos coincidido en la plena disposición para escuchar a los sectores afectados por la trasposición de estas directivas y ello se ha traducido en la incorporación de numerosas enmiendas y transacciones que han mejorado sustancialmente el texto inicial. Posiblemente a esto se refería el señor Beloki cuando aludía a un camino con sobresaltos, pero nosotros lo vemos desde el lado de la botella medio llena. Efectivamente, es un camino de enriquecimiento con dos normas básicas para el funcionamiento de los sectores del gas y de la electricidad en España, que ha estado especialmente abierto a todas las sugerencias y aportaciones de los sectores implicados.


Señorías, como ya se puso de manifiesto en la Comisión de Industria de esta Cámara, las medidas incluidas en el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, persiguen la plena liberalización del mercado, con una mayor concurrencia de competencia en el sector. Se trata de la desaparición de las tarifas para introducir sistemas de precios que funcionen en un mercado libre y competitivo basado en la libre elección por el consumidor del suministrador. Se trata de garantizar el suministro de energía, cuidando de que la capacidad de la generación alcance y llegue a todos los puntos de la red de distribución. Todo ello para conseguir un servicio de calidad y, como señalaba la propia directiva, a unos precios razonables.


Las nuevas medidas, cuya trasposición acabamos de finalizar hoy, persiguen garantizar unas condiciones equitativas en el ámbito de la generación y reducir el riesgo de que aparezcan posiciones dominantes y comportamientos abusivos. Por esta reforma legal, la actividad de suministro a tarifa deja de formar parte de la actividad de distribución, una separación legal de la que quedan exentas, como bien sabemos, las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes. Asimismo, se crean figuras como el suministrador de último recurso y se fija un calendario realista de supresión de las tarifas, que ahora adelantamos a enero de 2009.


En lo relativo a la separación contable se incluyen las obligaciones de información y publicidad de cuentas exigidas por la directiva, si bien, y como consecuencia de la tramitación parlamentaria en el Congreso, se ha previsto la posibilidad de establecer excepciones a las pequeñas y medianas empresas con relación a su obligación a auditar. En cumplimiento de lo establecido en la propia directiva, se designan como autoridades reguladoras a la Administración general del Estado, a las comunidades autónomas y a la Comisión Nacional de Energía. Tras su paso por la Comisión de Industria de esta Cámara, se redefinen también las competencias y se refuerzan los mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas en materia de planificación y autorización de instalaciones eléctricas. Todo ello sobre

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la base del respeto a las competencias de las comunidades autónomas, respeto escrupuloso, señor Ramón; no lo olvide.


La directiva que hoy trasponemos ha motivado la introducción de modificaciones legislativas en relación con la supervisión del sistema y la resolución de conflictos. El proyecto de ley reconoce a la Comisión Nacional de Energía labores específicas de supervisión sobre las ya establecidas como autoridad reguladora que debe garantizar la competencia, la ausencia de discriminación y el funcionamiento eficaz del mercado. La tramitación de este proyecto en el Senado nos ha permitido mejorarlo por la misma vía del acuerdo y de la transacción. Así se mejora la delimitación del ámbito de la Administración General del Estado para autorizar las instalaciones eléctricas que afecten a más de una comunidad autónoma. Se perfecciona el régimen sancionador con la inclusión de nuevas conductas tipificables como infracciones graves o muy graves y se elevan los topes de las multas. Asimismo, se incorpora una nueva adicional para que la Comisión Nacional de Energía remita un informe anual al Ministerio de Industria donde se analice el grado de desarrollo de la competencia en el mercado eléctrico. Se han conseguido acuerdos importantes por los que se da opción a las comunidades autónomas para fijar los derechos a pagar por acometida dentro de un margen de más menos el 5 por ciento sobre los establecidos por el Gobierno. Por último, se mejora el texto inicial para adaptar el funcionamiento del mercado a las distintas modalidades de contratación. Para ello se incorpora como concepto retributivo de la actividad de producción la energía eléctrica negociada a través de mercados diarios e intradiarios y la energía negociada de los mercados de contratación bilateral.


El Grupo Parlamentario Socialista apoyará hoy estas modificaciones, que son el resultado del trabajo de aproximación realizado por todos los grupos sobre las enmiendas presentadas en el Senado.


Respecto al proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos, que tratamos de manera conjunta en la sesión de hoy, debemos señalar asimismo que esta reforma legal prepara la separación jurídica y funcional entre las actividades de gestión de redes y las relativas a distribución y transporte. Este proyecto de ley culmina también el modelo liberalizador del sector gasista y garantiza el derecho de acceso y conexión a la red de transporte y distribución, y regula la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan recargos sobre los peajes de acceso para financiar costes extraordinarios en las actividades de transporte y distribución. Como en el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, y con el fin de proteger a los consumidores, se crea la figura del suministrador de último recurso y se completa un calendario de supresión de tarifas generales que en este caso se adelanta al 1 de enero de 2008. Señorías, en el trámite de este proyecto de ley ya se obtuvo un amplio consenso gracias al afán de encontrar acuerdos de todos los grupos parlamentarios, más con quienes compartimos modelo y criterios y menos, señor Herrera, con quienes defendían modelos diferentes; modelos que -le recuerdo- no tienen cabida en las directivas que hoy vamos a trasponer.


El proyecto de Ley del Sector de Hidrocarburos que nos llega del Senado ha recogido también modificaciones acordadas, que han sido fruto de una segunda lectura más reposada. Hay cuatro enmiendas transaccionales que vamos a apoyar: dos similares a la Ley del Sector Eléctrico, relativas al régimen sancionador y a la emisión por la Comisión Nacional de la Energía de un informe anual donde se analice el grado de desarrollo de la competencia y otras dos, de nuevo cuño, la relativa al régimen transitorio de los gases manufacturados en territorios insulares y la que se refiere a los objetivos anuales de utilización de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. También hay una enmienda sobre la que mi grupo mantuvo un voto particular, por la que se suprime la modificación del apartado 2 del artículo 73 de la Ley 34/1998 y conduce a la duplicación de redes de distribución con el correspondiente aumento de costes. Señorías, la adjudicación de redes de distribución a varios distribuidores dentro de una misma zona, tal como pretende la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Popular y que se somete a consideración, conduciría sin duda al innecesario incremento de los costes y a la aparición de problemas de viabilidad económica. Es más efectivo, señorías, que las nuevas instalaciones sean realizadas por las empresas, que ya distribuyen en una determinada zona, que por nuevas empresas que no dispongan de infraestructura en la misma. Teniendo en cuenta el régimen económico del sector de gas natural y que la distribución es una actividad regulada, el abaratamiento de las instalaciones de distribución redundará, sin duda, en unos menores peajes para el uso de las instalaciones y, finalmente, en un menor precio del gas natural para el consumidor final. Por todo ello, votaremos en contra de esta enmienda y pediremos votación separada de la misma.


Finalizo agradeciendo nuevamente la aportación y la colaboración de todos los miembros y de todos los grupos parlamentarios, tanto en ponencia como en Comisión, como posteriormente en el Senado, que han contribuido a que hoy tengamos dos leyes ampliamente consensuadas, que van a servir para trasponer y para modernizar el sector eléctrico y el de hidrocarburos en nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tomás, muchas gracias.


- PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. (Número de expediente 121/000104.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el debate del punto 35 del

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orden del día de hoy referido al proyecto de ley de investigación biomédica. ¿Desea intervenir la señora ministra? (Pausa.) Adelante, señora ministra. Antes del turno de fijación de posiciones, señorías, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el pasado 14 de diciembre expliqué ya en esta Cámara el marco que nos llevó a elaborar este proyecto de ley de investigación biomédica y su contenido. Por tanto, mi intervención va a ser breve. Simplemente es para señalar que el texto se ha visto enriquecido incorporando propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Ya en el Congreso se incorporaron más del 60 por ciento de las enmiendas presentadas, lo que sin duda ha contribuido a mejorar el proyecto de ley. En la Comisión de Sanidad y Consumo se aprobó el texto con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo el Grupo Parlamentario Popular, que votó únicamente a favor de algunos de los puntos. En todo caso, permítanme recordarles de nuevo que en los últimos años los avances científicos del ámbito biomédico, la posibilidad de una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos e incluso las esperanzas fundadas para el tratamiento y la curación de patologías que hasta ahora no podían abordarse, han puesto sobre la mesa la necesidad de regular distintas cuestiones, no solo desde el ámbito científico, sino también desde el ámbito ético-jurídico. La nueva medicina molecular demanda la utilización de muestras biológicas de calidad y, por tanto, su obtención, almacenaje y cesión se han convertido en una necesidad que requiere inmediata regulación. Lo mismo podríamos decir de investigaciones que utilizan procedimientos invasivos en seres humanos o de la investigación con células embrionarias humanas, imprescindibles para el futuro de la terapia celular.


Quisiera señalar que esta es una ley de garantías. Es una ley que pretende alcanzar un equilibrio entre el respeto a la libertad de investigación -fundamentada en la confianza, en la calidad y en la excelencia de nuestros investigadores- y los controles que garanticen que las investigaciones se realizan en un marco de respeto a los derechos del ser humano y, en particular, a la protección de los derechos de las personas participantes en los ensayos, dando así respuesta a exigencias éticas de la sociedad. Para abordar adecuadamente estos temas es preciso modificar la organización en la que hasta ahora se ha sustentado la investigación biomédica en España, sin perjuicio del respeto a los distintos ámbitos de competencias en la materia. Es necesario profesionalizar la investigación biomédica, incardinarla en la vida de los hospitales y centros de salud y favorecer el intercambio y la movilidad de los investigadores entre instituciones. La ley establece con toda claridad que la salud, el interés y el bienestar de la persona que participe en una investigación biomédica prevalecerá por encima de los intereses de la sociedad o de la ciencia y afirma la ley que la libre autonomía de la persona es el fundamento del que se derivan los derechos a otorgar el consentimiento y a obtener información previa fundamentada y veraz. Así mismo, el texto garantiza el derecho a no ser discriminado, la confidencialidad de los datos, la gratuidad de las donaciones de material biológico, el mantenimiento de estándares adecuados de calidad y seguridad de las células y tejidos humanos y la observancia del principio de precaución en las distintas actividades reguladas. La ley también garantiza la libertad de investigación y de producción científica y regula los mecanismos de promoción, planificación, evaluación y coordinación de la investigación biomédica. Para ello facilita la implantación de la investigación en los centros de salud, incentiva la colaboración entre centros de investigación y hospitales y estimula la cooperación entre sectores público y privado mediante el fomento de la investigación en red y la movilidad de investigadores y facultativos.


Para asegurar las garantías que requiere el desarrollo y cumplimiento de la ley se constituyen tres órganos colegiados: los comités de ética de la investigación, con la finalidad de que con independencia del ámbito en el que ella se realice se adecue a los requerimientos metodológicos, éticos y jurídicos exigidos; la comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos, que deberá informar preceptivamente los proyectos de investigación que utilicen o generen por cualquiera de los métodos que permite la ley, incluida por tanto la reprogramación celular, células embrionarias humanas; y, por último, el comité de bioética de España, un órgano consultivo, plural e independiente, llamado a fijar, en colaboración con otros órganos autonómicos similares, directrices y principios generales sobre las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina.


No voy a detallar el contenido de la ley, pero me gustaría referirme únicamente a los aspectos más significativos que se han incorporado a lo largo de su tramitación parlamentaria. Se ha reforzado el sistema de garantías, incorporando aspectos como la mejora de la regulación de los comités de ética de la investigación. Se ha destacado su papel esencial en la investigación en biomedicina y se ha reforzado su actuación bajo principios de transparencia, independencia e imparcialidad de sus componentes. Se han introducido nuevos principios que deben tutelar la investigación en biomedicina y ciencias de la salud y se ha perfeccionado la redacción de lo que se recogía en el texto inicial. En este sentido, se han plasmado expresamente los principios de precaución y de evaluación de los resultados, la mejora en la regulación de la confidencialidad y la protección de los datos personales cuando se investiga con personas o con sus muestras. Así mismo, se ha incrementado la seguridad y la protección de la salud de las personas que intervienen en la investigación mediante la consulta a los profesionales sanitarios encargados de su asistencia.
También se han introducido mejoras en las relaciones entre las administraciones públicas que participan activamente

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en la investigación, redefiniendo la participación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas en los distintos comités que contempla el proyecto. Se han perfilado así las competencias para el desarrollo reglamentario, así como para la autorización de los distintos proyectos y actividades regulados en la ley, y se ha revisado el papel de cada Administración en la investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria, así como el papel de la comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos.


Por último, en el texto mejorado de la ley se fortalece la necesaria integración de la investigación en las actividades del Sistema Nacional de Salud, reforzando los instrumentos previstos en la norma, tanto en lo que se refiere a la definición de la carrera investigadora, como en lo que se refiere a la movilidad y a la adscripción del personal investigador. Así mismo se ha perfeccionado el reflejo normativo de la imprescindible cooperación entre los sectores público y privado. Se incentiva así el fomento de nuevas oportunidades empresariales en materia de investigación y el retorno al Sistema Nacional de Salud de las inversiones realizadas en investigación biomédica. No cabe duda de que todos estos cambios han permitido mejorar y enriquecer el texto de la ley en un clima de cooperación entre los grupos parlamentarios que deseo reconocer y agradecer.


Finalizo insistiendo en que la esencia del proyecto de Ley de Investigación Biomédica es la armonización de los derechos y bienes jurídicos implicados en ella, como soporte esencial para el desarrollo de políticas públicas y de iniciativas privadas dirigidas al impulso de una investigación científica, moderna y competitiva, al servicio de una medicina mejor y ofreciendo un marco jurídico claro que permitirá hacer frente a las circunstancias por las que previsiblemente discurrirá la investigación biomédica en los próximos años. El Gobierno está convencido de que con esta ley tenemos la oportunidad de entrar en el grupo de países que lidera la investigación en el área de la biomedicina, ya que en España se cuenta con excelentes investigadores en esta área y en la de ciencias de la salud. El fin último de estas investigaciones, no lo olvidemos, es que los ciudadanos se puedan beneficiar de los nuevos avances científicos en el tratamiento y prevención de las enfermedades con las máximas garantías éticas, de calidad y de seguridad en el ámbito de la investigación. Para poder abordar estos ambiciosos objetivos hoy se somete a su consideración la Ley de Investigación Biomédica. Confiamos en obtener su apoyo para que las mejoras que introduce esta ley puedan comenzar a ser eficaces en el plazo más breve posible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Abrimos turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria. Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo adelanta que va a votar favorablemente porque comparte todos los principios inspiradores de este proyecto de Ley de Investigación Biomédica que nos ha remitido el Senado con las enmiendas correspondientes. Incorporar a España a la investigación biomédica es una exigencia no solamente política, sino también de rigor científico, para estar a la altura de los mejores países que están trabajando en esta materia. Es bien entendido -estamos de acuerdo con la postura que ha señalado la ministra de Sanidad y Consumo- que no podemos estar ausentes de un proceso de modernización y de adecuación de la investigación biomédica al servicio de las exigencias de la dignidad de la persona. Es también bien entendido que se trata de un fenómeno que está basado en una evolución, gracias a todos los avances técnicos, científicos y tecnológicos que condicionan una vieja genética, casi salida de las leyes de Mendel, para llegar hoy día a un tratamiento médico de exigencia humanística y democrática que tenemos que poner al servicio de la población necesitada. Es el reconocimiento de un hecho real, de un hecho que se apoya en nuevas investigaciones científicas, en nuevos descubrimientos. Posiblemente, dentro de unos pocos años estaremos debatiendo una nueva actualización de este proyecto de ley, porque tendrá que ir en sintonía con los avances de la investigación científica realizada no solo por organismos oficiales de cualquiera de los Estados -como puede ser, en el caso de España, el Instituto Carlos III-, sino también por entidades privadas, a las que este proyecto de ley, acertadamente, trata de poner en un escenario de coordinación para que haya una transparencia y una ósmosis directa que permita que los avances que se estén haciendo en un instituto oficial puedan unirse a los datos de las investigaciones biomédicas que se estén llevando a cabo en entidades privadas, sean nacionales o internacionales.


Hay que señalar, porque quiero destacarlo también, que se ha mantenido prácticamente en su mejor sentido la exposición de motivos de este proyecto de ley porque explicita perfectamente una serie de aspectos, ya que al final -como bien ha señalado también la señora ministra y yo lo comparto- se trata de un proyecto de ley de garantías, no solamente respecto a la coordinación de la investigación biomédica sino garantías a la persona que puede ser objeto y sujeto de aspectos de la investigación biomédica, bien recibiendo o aportando muestras biológicas en células embrionarias humanas. La propia ley señala distintos instrumentos que estaban ausentes de nuestro ordenamiento legal; por ejemplo, cuando se habla del ámbito y objeto de la aplicación está la figura de los biobancos. No podemos dar la espalda a la realidad y que haya que ir a biobancos situados en terceros

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países, en otras latitudes, porque no está regulada la figura de biobanco en España. Asimismo, la ley da competencias ejecutivas al Comité de Bioética de España y a órganos diversos con competencias en materia de investigación biomédica y regula el tratamiento de estas muestras biológicas, la donación y la utilización de ovocitos. Este tema es fundamental, es una realidad que está ahí y, por tanto, aunque se trate de una ley eminentemente técnica aquí está impregnada de unos principios de ética y de conducta. Todas estas investigaciones están relacionadas, porque se trata de eso, con la salud humana. Es una ley al servicio de la salud humana, fundamentalmente aportando las garantías y las exigencias técnicas que se derivan de cómo se puede hacer una donación y la utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones, embriones, fetos humanos y de células y tejidos u órganos con fines de investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas.


Quiero destacar algo importante porque en la votación nosotros nos vamos a oponer a varias enmiendas que han llegado del Senado, por entender que rompen el espíritu abierto que tiene este proyecto y trata de ser a veces, con garantías a la inversa, más restrictivo. En este caso, nuestra postura está más abierta al progresismo de la investigación biomédica, al servicio de la salud humana y creemos que todo lo relacionado con las células troncales embrionarias humanas tiene que estar perfectamente reglamentado. No en vano, esta ley prohíbe explícitamente la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación. Además, esto está en sintonía con tres significativas sentencias que emitió el Tribunal Constitucional, números 53, 212 y 116 en los años 1985, 1996 y 1999 a este respecto. Por tanto, estamos en una sintonía constitucional avalada por el camino que señalaron estas tres sentencias del Alto Tribunal, que también tiene que subrayarse permiten la utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales embrionarias humanas con fines terapéuticos o de investigación que no comporte la creación de un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin y en los términos definidos en la ley. Es importante también señalar este principio ético, porque aquí está uno de los núcleos que pueden ser objeto de una reserva de conciencia. Mi grupo no la tiene más que con las garantías que están en la dignidad de la persona. Vuelvo a repetir que se tiene que tratar en los aspectos operativos de una ley al servicio de la salud humana. La salud es un derecho que está reconocido en nuestra propia Constitución, es un derecho constitucional. Por tanto, estas técnicas, ya sean biomédicas o en cualquier otro sentido, se deben poner al servicio de la salud, al tiempo que tienen que ser compatibles con un planteamiento ético basado en otro derecho constitucional como es el respeto a la dignidad humana y a su intimidad. En cuanto al manejo de datos hay que decir que respecto a la utilización de embriones supernumerarios de las técnicas de reproducción humana asistida, que constituye el régimen legal dispuesto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida, que prohíben expresamente la clonación humana reproductiva, estamos de acuerdo. Sin embargo, en todo lo que no sea eso, adelante y luz verde. Con este proyecto estamos en situación de adecuar todo nuestro sistema de investigación biomédica al servicio de la salud humana, como se ha señalado, ya que en cuanto a la regulación de donación, uso de embriones, fetos humanos, células, tejidos y órganos estábamos en una especie de nebulosa propiciando circuitos no ortodoxos, circuitos no transparentes, circuitos no controlables, y creemos que el buen instrumento de esta buena ley va a permitir realizarlo.


Mi grupo hará llegar a la Mesa de la Cámara las enmiendas cuya votación pedimos por separado. Vamos a votar negativamente todas aquellas enmiendas que entendemos tienen un sistema retrógrado, de excesivas garantías, que desvirtúa la instrumentalización médica de toda la parte que tiene esta ley tan importante y que permitirá que hoy España pueda tener una nueva ley de investigación biomédica, en cuanto a estar en sintonía con los avances científicos de mayor modernidad, avalados por los más prestigiosos institutos y, como vuelvo a decir, al servicio de la salud humana con todas las garantías éticas y técnicas de las que se debe disponer. De aquí que nuestro voto sea de apoyo a este proyecto de ley, pero en cuanto a las enmiendas, a unas las vamos a apoyar y a otras no porque no tienen ese sentido de progreso que defendemos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.


Continuamos con el turno del señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a respaldar, como lo ha hecho a lo largo de su tramitación, este proyecto de ley de investigación biomédica, y lo vamos a hacer en este trámite final, aunque con algunas reservas sobre las enmiendas que nos llegan del Senado. En ellas hay una excesiva preocupación por la mercantilización de algunos procedimientos y también por la propiedad intelectual, sobre todo en la información. Es justificada esa preocupación en la publicación de las investigaciones, pero no así en el trámite de información, que debe tener como elemento y requisito fundamental los derechos básicos de los pacientes, los derechos básicos de los ciudadanos.


Con relación al conjunto de la ley vamos a votar favorablemente el proyecto de Ley de investigación biomédica, como he dicho. Hubiéramos preferido una ley de investigación más amplia. Como ustedes saben, hemos defendido desde un principio una ley de investigación

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médica más que únicamente biomédica. En todo caso, vamos a respaldar esta ley, aunque sea restrictiva en algunas materias o tenga algunas debilidades y ausencias que hemos resaltado a lo largo de su tramitación.
(El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Por ejemplo, en cuanto a las instituciones de investigación la ley ha tenido un excesivo temor al debate competencial y, por tanto, ha dejado para los reglamentos lo que debería haber sido tratado en la ley; todo lo relativo al Instituto de Salud Carlos III debería haber sido uno de los capítulos esenciales de la ley, debería haber garantizado su coordinación con los institutos de las comunidades autónomas y debería haber avanzado en la política de investigación en red en nuestro país, lo que se hace pero de una manera débil en esta ley que estamos a punto de respaldar. Además de al Instituto de Salud Carlos III, el contenido de la ley se ha circunscrito en exceso a la investigación molecular, la investigación embrionaria, y no se mencionan otros campos de la investigación sanitaria o de la investigación médica que para nosotros tienen una gran importancia, hasta el punto de que algún grupo parlamentario en particular se posicionará en esta ley básicamente en torno a uno de sus aspectos más parciales, el de la investigación en células madre; es lo que llevará a algún grupo parlamentario a fijar posición en esta Cámara por criterios morales. En este caso se podía haber avanzado en la ley más allá de la investigación de células madre, de células embrionarias o de medicina molecular, en una investigación más amplia, que tiene que ver con investigación en salud pública, con investigación epidemiológica y debería haber entrado en el campo amplio de la investigación médica. Por eso hemos presentado enmiendas en esta materia, sin embargo lo que aborda la ley lo trata adecuadamente (medicina molecular, medicina embrionaria, y todo lo relativo a los derechos de los ciudadanos, a los derechos fundamentales, a los comités éticos). Todas estas materias están tratadas adecuadamente en el proyecto de ley, por tanto eso nos lleva a situarnos favorablemente respecto a la ley que vamos a votar.


Queremos destacar que con algunas enmiendas hemos aportado a este proyecto de ley el aspecto de la iniciativa sectorial en relación con las políticas de promoción de la investigación, y otras se refieren al Instituto de Salud Carlos III; se ha progresado en esa materia, aunque no tanto como quisiéramos. Se ha avanzado en la ley en relación con el personal investigador, sus características, su movilidad y, por otra parte, las redes de investigación y las garantías éticas, lo que nos parece muy bien y nos lleva a respaldar el proyecto de ley, no solo porque consideramos que la ley es adecuada sino porque este proyecto de ley de investigación biomédica es un avance.


Ahora bien, sobre las enmiendas que vienen del Senado decía que algunas de ellas, quizá demasiadas, están imbuidas de un espíritu mercantil que no compartimos. En ese sentido, anuncio nuestro voto contrario a la disposición adicional cuarta, que pretende introducir de rondón los bancos con gestión empresarial, es decir la mercantilización en este caso de los biobancos. No estamos de acuerdo con las autodonaciones ni con el carácter mercantil o privado de estas instituciones. En ese sentido, votaremos en contra de dicha disposición adicional cuarta. También hay una serie de artículos que se han modificado en el Senado, introduciendo el marco del respeto al derecho de la propiedad intelectual; en algunos de ellos tiene razón la enmienda del Senado y en otros no. Por ejemplo, en relación con la información no estamos de acuerdo con que se ponga al mismo nivel el derecho fundamental de los ciudadanos con los derechos de propiedad intelectual. Para la publicación probablemente sea correcto, pero no en cuanto a la información. En ese sentido, las enmiendas relativas al artículo 27 que vienen del Senado u artículos conexos no vamos a respaldarlos, porque en algunos casos nos parecen sobreactuados y en otros negativos. También vamos a rechazar aquellas enmiendas que vienen del Senado confundiendo de nuevo esta ley con la relacionada con los productos sanitarios. Se trata de dos leyes distintas: de la Ley del medicamento y de productos sanitarios y de esta Ley de investigación, y no hay por qué presentar enmiendas redundantes o contradictorias. Hay algunas enmiendas del Senado, como la 75 bis u otras de estas características, que no vamos a respaldar. Hay una aportación del Senado sobre consentimientos genéricos, que deben darse de forma individualizada, pormenorizada, que tampoco vamos a respaldar. Por tanto, hay una parte de enmiendas del Senado que mejoran el texto, en el sentido de lo tratado en el Congreso de los Diputados, de la orientación de la ley, que respaldaremos, pero las que he dicho que afectan a más de una decena de artículos no las vamos a apoyar y, por tanto, defenderemos que se mantenga el texto íntegro del Congreso de los Diputados.


En definitiva, votaremos favorablemente el proyecto de ley porque significa un avance en la investigación y garantiza intensamente los derechos fundamentales y la ética en la investigación biomédica. Por tanto, no tenemos ninguna reserva respecto a esta ley, si bien hubiéramos querido que se ampliara el campo de la investigación al conjunto de la investigación en salud pública, al conjunto de la investigación epidemiológica. En todo caso, valga la ley en esta materia, que está centrada en investigación molecular, embrionaria, de células madre, por eso la vamos a respaldar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Llamazares.


Para consumir un turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, hoy, además de referirnos a las enmiendas del Senado, toca recapitular también

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sobre la postura sostenida por mi grupo, el Grupo Vasco, durante su tramitación y la evolución que esta ha tenido. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Perdón?

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias por la indicación, señora Cunillera. El tiempo está corriendo en el reloj del presidente, pero no había visto que efectivamente no corre en la pantalla. De todas formas, señora Uría, continúe; tiene usted el tiempo en su pantalla y el presidente en la suya. Me indican que ya está solucionado el problema.
Gracias, señora Cunillera.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.


Decía que en la presentación de esta iniciativa ante la Cámara, el 14 de diciembre del pasado año, la señora ministra decía que es una ley de garantías que pretende un adecuado equilibrio entre el respeto a la libertad de investigación, fundamentada en la confianza, en la calidad y en la excelencia de nuestros investigadores, con los controles que garanticen que las investigaciones se realizan en un marco de respeto a los derechos del ser humano y de los individuos participantes en los ensayos. Así lo vio mi grupo, que en aquel trámite y también con posterioridad ha tenido ocasión de manifestar que encontraba adecuada la ley en la línea de los principios éticos, también en lo que a la técnica se refería, sin embargo le hacíamos serios reproches en lo que se refería a la falta de respeto al reparto institucional de funciones, sobre el que criticábamos una excesiva centralización. He hablado de evolución en la postura de nuestro grupo y, efectivamente si uno atiende al debate en la Comisión, hay una importante modulación de nuestra postura fruto de la aceptación de determinadas enmiendas -nuestras y de otras formaciones nacionalistas-, pero, señorías, sigo llamando la atención sobre que todavía está pendiente en nuestro país un análisis serio acerca de la distribución territorial del poder relativo en determinadas materias que no existían o no se contemplaban con la dimensión que hoy tienen, desde cuando se hizo la Constitución de 1978, puesto que ha tenido lugar el desarrollo, según la distribución competencial, de los distintos estatutos; todavía está por ver el alcance de los recientemente modificados, y entre ellos cito el Estatut de Catalunya. Hoy, que celebramos con importantes fastos los pasos previos a la elaboración de la Constitución, sería bueno que este fuera uno de los aspectos que se tuviesen en cuenta en determinadas materias de tanta trascendencia y tanto alcance en el futuro como la biomedicina, y que nos planteásemos si no merece la pena ver si los listados competenciales del 149.1.16 y 149.1.15 no quieren decir hoy cosas distintas o en aquellos momentos no se previó el alcance que podían tener.


De estos trámites en el Congreso pasamos al Senado, y ahí mi grupo recibió un cierto susto en los trámites de ponencia y Comisión, puesto que parecía que se había vuelto al texto alternativo presentado por el Grupo Popular en esta Cámara, fruto de la aceptación de un número importante de enmiendas, cuando el texto alternativo del Grupo Popular fue objeto expreso de rechazo por la mayoría en esta Cámara; esto se enderezó, como SS.SS. conocen, en el debate en el Pleno. Pese a ello, mi grupo no va a votar favorablemente la totalidad de las enmiendas que se introdujeron, sino que algunas de ellas tendrán en este momento nuestro voto negativo.
Cuando en el artículo 11 se alude a la entrada y salida de muestras biológicas, nos parece que hay una prohibición taxativa que no tiene razón de ser, puesto que en todo caso, y respecto de las investigaciones de que se trate, habrá habido un informe previo de la Comisión. El artículo 18, apartado 3, aparece como suprimido en el texto del Senado; es el referido a la compensación de daños y al aseguramiento. Nos parece que el texto que salió del Congreso da una mayor garantía a los ciudadanos, por eso vamos a votar en contra de que desaparezca. En el artículo 19, cuando se habla de investigación durante embarazo y lactancia, hay añadidos, entre ellos la autorización del padre, que nos parecen perfectamente innecesarios, por consiguiente vamos a votar en contra. En el artículo 60 se ha añadido un apartado sobre el consentimiento para donar excedentes que también tiene una regulación que nos parece desorbitada; lo mismo sucede con el 75 bis que se excede en la previsión, puesto que el marco de las investigaciones a las que se refiere está contemplado en la Ley del Medicamento y no en esta ley. El artículo 86 tiene un punto 3 nuevo sobre impulso del Gobierno a la movilidad del personal investigador, cuya inclusión no es adecuada en el texto de esta norma. Pero sobre todo, como el señor Llamazares, nos oponemos a la disposición adicional cuarta cuando habla de bancos de cordón umbilical con gestión empresarial. A ellos nos referimos extensamente en nuestra intervención en Comisión. Volvemos a ella; la cita del "Diario de Sesiones" de 28 de marzo vale expresamente para este momento puesto que nos oponemos a cualquier planteamiento empresarial relativo a los bancos de cordón umbilical.


Señorías, me toca volver a insistir -ningún representante lo ha hecho, pero yo en todos los pasos de la tramitación lo he indicado- en que a esta ley la debe acompañar una modificación del Código Penal. Sé que en el día de hoy distintos grupos de la Cámara están presentando una proposición de ley conjunta para trocear el proyecto de Código Penal que el Gobierno había presentado y tramitar en lo que queda de legislatura solo tráfico y seguridad vial. Tan urgente o más que las modificaciones que se van a hacer en tráfico y seguridad vial es que se cambie el artículo 160 del vigente Código Penal. En él se castiga a penas de privación de libertad -que son siempre graves- pero también a una inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a diez años a quienes puedan realizar prácticas que la ley actual no solo autoriza sino que regula de manera expresa y que, sin embargo, en paralelo,

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el Código Penal prohíbe. Me dirán que la idea del Código Penal como última barrera hará imposible que se tramiten acciones judiciales contra este tipo de prácticas. Yo, por si acaso, evitaría los riesgos. Hay profesionales que pueden verse incursos en el inicio de actuaciones penales por algo que, insisto, obtendrá la aprobación de esta Cámara para que sean prácticas perfectamente legales e incluso alabadas, pensando en el progreso que desde España se está propiciando en todos los campos. Si no basta el criterio de esta diputada, que podría ser perfectamente prescindible, el informe de la Fiscalía General del Estado que acompañaba la tramitación del Código Penal sobre la necesidad de reformar el artículo 160 -que les merecía una valoración positiva- ha de ser releído por SS.SS. y encontrar un lugar adecuado para que se produzca, si no ya en paralelo, cuanto antes la modificación del Código Penal en el sentido que indico.


Concluyo ya, señorías, diciendo que ojalá esta ley sirva para situarnos entre los países líderes en investigación, participando en los grandes proyectos internacionales, con la finalidad de que todos los ciudadanos -mi grupo es firme partidario de la universalidad en el acceso- se puedan beneficiar de los avances científicos en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades. Ese es el deseo de mi grupo cuando emita su voto hoy, al igual que lo ha hecho en toda la tramitación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, superado si no el susto al menos la sorpresa al leer el dictamen del Senado que nos proponía un proyecto de ley alternativo, finalmente nos llega un texto del Senado que no mejora mucho el inicial excepto en algunas correcciones gramaticales. Vamos a votar a favor de las enmiendas técnicas -que son la mayoría- pero no a favor de las enmiendas, por ejemplo, a la exposición de motivos y al artículo 12.2.e) sobre la inclusión de la palabra seres, delante de humanos, no por motivos ideológicos sino porque consideramos que es innecesario, ya que esto es el texto de una ley y no una novela. En cuanto a las enmiendas al artículo 3, sobre definiciones, no aceptamos ni la letra o) ni la t) sobre muestra biológica y sobre procedimiento invasivo. No es necesaria la enmienda al artículo 11 sobre las restricciones a las muestras provenientes del extranjero. La ley ya ofrece suficientes garantías sobre el origen de los materiales biológicos susceptibles de usar en investigación. También votaremos en contra de la supresión del apartado 3 del artículo 12. El texto original era mucho más claro y dejaba a los centros investigadores la potestad de mantener el Comité ético de investigación clínica si así lo deseaban; en cambio, en el nuevo texto se les obliga a sustituirlo. También votaremos en contra del artículo 15.2. La información de los sujetos participantes en la investigación no debe estar limitada por los derechos de propiedad intelectual. Asimismo votaremos en contra de la supresión del punto 3 del artículo 18, y de que el centro responda solidariamente cuando, por daños causados, el seguro no los cubra enteramente; de las relativas a los artículos 19.1.b) y 19.1.d), sobre investigaciones en embarazo y lactancia, porque las creemos innecesarias puesto que ya se contempla en la legislación vigente; y en contra de la enmienda al punto 1 del artículo 64, que concede nuevas competencias al Ministerio de Sanidad. En cambio, votaremos a favor de la enmienda al punto 2 de ese mismo artículo por la que se anula la facultad del Instituto Carlos III de coordinar los biobancos. Votaremos en contra también de la disposición adicional cuarta por la que se suprime el carácter altruista de la donación, así como de la disposición transitoria tercera que obliga a la desaparición de los comités éticos de investigación clínica. Repetimos que el resto de enmiendas las consideramos de subsanación de errores gramaticales y las votaremos a favor.


Señorías, durante el paso de este proyecto de ley por esta Cámara hemos tenido ocasión de manifestar la posición de Esquerra Republicana respecto a este proyecto de ley, posición que ha sido positiva. Hemos apoyado este proyecto porque la investigación biomédica es un instrumento fundamental para mejorar nuestra calidad y expectativa de vida. La investigación biomédica persigue un mejor conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares de funcionamiento del ser humano y de sus alteraciones en circunstancias patológicas; el estudio de las manifestaciones, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; sus factores de riesgo e impacto en la salud pública, así como el desarrollo de tecnologías orientadas al mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Esquerra Republicana de Catalunya ha apoyado este proyecto de ley porque tiene como principios la protección de la salud, la dignidad y la identidad del ser humano. Señorías, Esquerra Republicana apoya este proyecto de ley porque responde a una demanda social prioritaria, tanto por su papel esencial -para mejorar la atención sanitaria- como porque abre caminos de esperanza a enfermos sujetos a enfermedades incurables y por su impacto en la denominada economía basada en el conocimiento que se avecina. La investigación biomédica se perfila como una de las actividades más decisivas del siglo XXI. Por ello, la actitud de Esquerra Republicana ha sido de colaboración positiva. Hemos presentado muchas enmiendas, hemos dialogado con los demás grupos para llegar a acuerdos y mejorar el proyecto; sin embargo, manifesté en el discurso a la totalidad que este proyecto de ley no tenía en cuenta el nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya aprobado en esta Cámara. Los artículos 31 c), 34 b), 35.1, 37.2, 37.3, 38.1, 41 vulneran las competencias o, cuando menos, están en contradicción

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competencial con el Estatuto. En el proyecto de ley debería aclararse cuándo la aprobación de proyectos corresponde a las comunidades autónomas y cuando al Estado. Se debería especificar la atribución de la función de informe preceptivo previo y favorable de los proyectos de investigación a la Comisión de garantías para la donación y autorización de células y tejidos humanos, en tanto que dicho órgano de inscripción estatal vulnera la competencia exclusiva de la Generalitat en relación con sus centros y estructuras de investigación y los proyectos que esta financia. También se debería clarificar qué son competencias de las comunidades autónomas relativas a coordinación e investigación. Hubo un debate, se mejoró en algunos aspectos el proyecto de ley, pero estas enmiendas no fueron recogidas y se quedó que en el Senado, en segunda vuelta, se le daría una lectura más acorde y más positiva. En el Senado estas enmiendas han sido votadas por cuatro senadores de Entesa. Me pregunto, ¿dónde estaban los senadores de Convergència i Unió? Sorprende que a Convergència i Unió, que consideró necesario crear una crisis política en Catalunya para aprobar su Estatuto -recortado- y que pusieron tanto empeño en aprobar enmiendas que favorecían a determinados grupos empresariales -como en la adicional cuarta-, cuando hablamos de las competencias del Estatuto, su Estatuto, no le pareciera muy interesante. En determinados momentos los parlamentarios de Esquerra Republicana nos sentimos muy solos. Hago una llamada a los diputados del PSC y de Convergència i Unió para que al defender este Estatuto no nos dejen tan solos porque, repito, fue su Estatuto; hago una llamada al Gobierno del Estado. Si después de la turbulencia política creada durante meses en todo el Estado para aprobar un Estatuto que lo que pretendía era clarificar las competencias para no entrar permanentemente en conflicto; si después del desgaste que sufrieron por culpa del Partido Popular que aprovechó la demagogia barata; si después de todo esto llegamos al punto anterior al de partida creando en cada proyecto de ley un conflicto competencial, para qué sirvió todo esto.


No nos queda, señora ministra, en este momento en el que no es posible cambiar las cosas, más que reflexionar -no solo usted, sino los demás ministros- y en su caso puede hacer lo mismo que con la Ley del Tabaco, corregir los errores con un real decreto-ley; siempre nos queda esta alternativa. Si nuestras observaciones son contempladas y como seguramente la Generalitat de Catalunya interpondrá un contencioso, podíamos evitarlo rectificando los errores antes de que presente un recurso. Por lo demás, es un proyecto de ley importante que nos permitirá avanzar en la investigación biomédica.


Gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Bonàs.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, intervengo brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición en relación con las enmiendas provenientes del Senado sobre el proyecto de Ley de investigación biomédica. Estamos ya en la fase final de su tramitación, que nuestro grupo ha calificado desde el comienzo como una materia emergente y estratégica juntamente con el resto de las ciencias de la salud para mejorar la calidad y consolidar las expectativas de vida de los ciudadanos. Al tratarse de una materia especialmente sensible para algunas personas y colectivos ha merecido una especial atención en sus contenidos que han sido meticulosamente estudiados y ha suscitado no pocos debates y reflexiones en el campo filosófico, ético, moral, religioso, de conciencia, y que nuestro grupo ha intentado no soslayar.
Más allá del trámite parlamentario en esta sede, en el que nuestro grupo fue especialmente activo en la presentación de enmiendas -reconocemos la buena disposición del Grupo Socialista en atender un buen número de ellas-, como era de esperar nuestro grupo presentó algunas enmiendas más en el Senado, de las cuales no pocas prosperaron y que hoy deben ser finalmente aceptadas o rechazadas por esta Cámara. La ley ha regresado del Senado mejorada en relación con la formulación inicial gracias, entre otras cosas, a la intervención de nuestro grupo y del Grupo Vasco, después del episodio del texto alternativo, calificado de susto por la señora Uría, todo ello motivado por el problema de la no presencia del Grupo de Entesa en el momento decisivo en su tramitación en el Senado.


Muchas de las enmiendas vivas van a ser aprobadas en la votación final por lo que tenemos entendido, pero quisiéramos destacar especialmente la regulación referida a los menores de edad, a fallecidos o a personas incapacitadas y a lo que finalmente se establecerá en lo que se refiere a la propiedad intelectual, distinguiéndose, como decía el señor Llamazares, entre las dos fases de la investigación: por un lado, la referida a la del periodo inicial de la investigación en lo relativo a la información y, por otro, la de los resultados de la investigación, cuya divulgación y explotación debe ser sometida especialmente a las normas de propiedad intelectual. Aunque parece que no va a haber lamentablemente posibilidad de acuerdo final, por tanto que prospere la enmienda del Senado, va a ser en la disposición adicional cuarta, sobre los bancos de sangre del cordón umbilical, en la que nuestro grupo mantenga su posición acerca de la idoneidad de posibilitar que las comunidades autónomas puedan autorizar en sus respectivos ámbitos y con todas las garantías (éticas, científicas, de registro público, de consentimiento informado, de protección de datos y de confidencialidad) la existencia de bancos de células que en su gestión contemplen factores de carácter empresarial en el procesamiento, preservación o almacenamiento y distribución de sangre de cordón umbilical procedente de recién nacidos, sin que esa fórmula de gestión desvirtúe

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el principio general de altruismo y gratuidad en la donación de material biológico humano. Lógicamente nuestro grupo va a votar afirmativamente la mayoría de las enmiendas procedentes del Senado, sin duda aquellas de nuestra iniciativa, y se abstendrá o votará en contra de algunas otras a partir del debate y reflexión conjunta con el portavoz del Grupo Socialista, a quien agradecemos su dedicación al proyecto. En las enmiendas vivas a los artículos 29 y 74 nuestro grupo ejercerá internamente la libertad de voto por coherencia con nuestros planteamientos en el Senado.


Señor presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Guinart.


Para la fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Señor presidente, señora ministra, señorías, debatimos el trámite final del proyecto de Ley de investigación biomédica posicionándonos en torno a las enmiendas que nos envía el Senado en relación con este proyecto de ley. La opinión del Grupo Parlamentario Popular es bien conocida y ha sido manifestada en el primer debate de totalidad a este proyecto de ley, que mi grupo entiende que no es desde luego en ningún punto el más acorde ni el más apropiado para la investigación en España en el día de hoy. Decíamos en ese debate de totalidad que este proyecto de ley tenía errores conceptuales graves y carencias significativas. Presentamos un texto alternativo que no recogió apoyo suficiente en la Cámara, pero donde el Grupo Parlamentario Popular quería manifestar su posición política en relación con la investigación biomédica. Dado que nuestro proyecto y nuestro texto alternativo tenían suficiente enjundia, en la tramitación parlamentaria y en la ponencia se han incorporado numerosas enmiendas con texto transaccional de nuestro grupo con el grupo que apoya al Gobierno y eso ha mejorado el proyecto de ley.


Decíamos que el proyecto de ley inicial era francamente malo. Hoy tampoco lo compartimos en su totalidad. Tiene elementos nucleares que son dañinos no solamente para la ética, sino también para el concepto científico de la realidad de hoy. La ponencia funcionó bien y la Comisión de Sanidad aprobó un texto renovado en distintos artículos que coherentemente el Grupo Parlamentario Popular apoyó. Hacemos lo mismo hoy en relación con las enmiendas del Senado, que pretenden modificar el texto que el Congreso envió al Senado. No se trata solo de enmiendas de tipo técnico o correcciones terminológicas, sino de aspectos muy concretos que tienen trascendencia en la vida diaria de los investigadores como son las garantías de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, las garantías de las procedencias de los tejidos, órganos y células desde el exterior o la incorporación al articulado de las redes de investigación.
Compartimos la enmienda que se refiere a los bancos de cordón umbilical, que ya se debatió en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, pero que no tuvo suficiente apoyo. Espero y deseo que en esta ocasión el grupo mayoritario apoye esta regulación de los bancos del cordón umbilical.


Señorías, hoy les quiero confesar que me siento un poco agridulce. La parte dulce es que se va a aprobar una ley de investigación que tiene cosas positivas, que son las que hemos votado favorablemente. La parte negativa es que el Gobierno socialista, señora ministra, sigue empecinado en sus errores conceptuales. Señora ministra, la he escuchado con muchísima atención cuando dice que esta ley aporta esperanzas fundadas para mejorar la vida y la salud de los ciudadanos. Ese es un gran objetivo que compartimos. Pero, ¿después de la aprobación de esta ley hay alguna diferencia en la posibilidad de tener más células madre embrionarias que antes? No. ¿La transferencia nuclear es un procedimiento técnico para crear un embrión y células embrionarias? No. Por tanto, no digamos a la sociedad en general que, gracias a esta nueva técnica que la ley permite, que está en contra del Convenio de Oviedo, va a facilitar posibilidades terapéuticas para los ciudadanos españoles porque no es verdad. Señorías, creo que están ustedes en el año 1995. (El señor Campos Arteseros: ¡Ya os gustaría a vosotros!) Desde un punto de vista científico, están completamente anticuados. En el año 1995 se hablaba de preembrión, de transferencia nuclear y de posibilidades utópicas de la misma. En el año 2007 se habla de embrión genético y de embrión somático, de embrión in vitro y de embrión preimplantacional en todos los estudios y publicaciones científicos. Se habla de la posibilidad de regeneración de las células, de la posibilidad de autorregeneración y autorreparación de las células y -está en los medios de comunicación de esta pasada semana- de la reprogramación celular, de una célula de la piel hacer una célula madre embrionaria. Esa es la modernidad en la investigación biomédica hoy, es decir, trasladar los conocimientos científicos a la ley y la ley recoge los conocimientos científicos del año 2007.


Señora ministra, ¿cuáles son las razones -porque todavía no las entiendo- por las que esta Cámara no aprueba una ley de investigación que potencie de verdad la investigación biomédica en España? Todavía no entiendo cuáles son las razones por las que ustedes se oponen a que se financie más la investigación biomédica en el programa de investigación e innovación, que sea prioritaria la investigación, como lo es en Europa.
Ustedes no han admitido esta enmienda, que es clarísima y obvia. ¿Cuáles son las razones por las que esta Cámara no quiere que haya empresas biotecnológicas y que puedan tener desgravaciones fiscales para mejorar la investigación? Mi grupo parlamentario cree que estamos desaprovechando una buena ocasión para fomentar de verdad la investigación biomédica. Que una ley de investigación no tenga en cuenta los productos farmacéuticos ni los productos sanitarios, que son los que más afectan

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a la vida diaria, al quehacer médico diario, a todos los profesionales de la sanidad, es incomprensible y, desde luego, en el ámbito médico no se entiende. Como tampoco se entiende que no primemos de una manera clara y rotunda aquellas investigaciones que antes den resultados para mejorar la salud. ¿Por qué vamos a primar la investigación con células madre embrionarias, que tiene que existir pero que no da un resultado terapéutico, sobre la investigación con células madre adultas, con células madre de placenta o con células madre obtenidas del líquido amniótico, si estas últimas células madre adultas están dando mejores resultados en salud que las otras? No parece razonable y, por tanto, es un criterio, a mi juicio, equivocado.


Por último, señorías, he de señalar algo a lo que ya se ha referido el portavoz de Izquierda Unida, ya que en el trámite parlamentario se ha incorporado todo lo que es iniciativa sectorial en salud, en concreto, tres puntos. En el año 2007 no se puede olvidar que la iniciativa sectorial en salud tiene que ver con el tipo de patentes que se produzca y con la transmisión de las patentes a licencias, con rentabilizar el conocimiento, con el fomento de la responsabilidad corporativa en investigación, con la evaluación coste-rendimiento y, por tanto, con todo lo que es de enorme trascendencia para los investigadores hoy. Estas son todas las razones de peso que hacen que continúen las carencias y por las que mi grupo parlamentario no puede aprobar en su conjunto este proyecto de ley. Espero que muy pronto, cuando gobernemos, podamos subsanar estos errores.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Mingo.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista para la fijación de su posición tiene la palabra el señor Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, quiero empezar señalando mi agradecimiento a aquellas personas que durante este tiempo han hecho posible esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, así como a los técnicos, personal del Carlos III y del ministerio, investigadores, asociaciones de investigadores, etcétera, que han colaborado en la elaboración de este texto y sin cuya ayuda, sin lugar a dudas, hubiera sido más difícil o no habría resultado un texto tan importante como el que ahora estamos tratando. Concluimos hoy un largo trabajo parlamentario, que viene de muchos meses atrás, precedido, como ya he dicho, de amplios trabajos que hicieron posible el texto. Asimismo, quiero agradecer a todos los grupos la buena disposición mostrada para la búsqueda de acuerdos que hiciesen fructífera nuestra labor al servicio de los ciudadanos, a los que representamos. No quiero entrar en el contenido específico de la ley, porque la intervención de la señora ministra, a la cual quiero felicitar, ha dejado patente cuáles son las virtudes, los objetivos y las aportaciones de esta ley a la investigación y, en general, a las futuras posibilidades que conlleva para la salud de los españoles y, por tanto, voy a dedicarme más a hablar de las enmiendas del Senado.


Decía que todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en aportaciones importantes que han hecho posible este texto, aunque también es cierto que esa coincidencia no era fácil, pues el asunto atañe a los seres humanos directamente en algo tan humano como es la salud y las expectativas de hacer cosas para mejorarla. Esa intencionalidad racional nos eleva y nos distingue, pero también nos somete al reto de plantearnos consideraciones que caracterizan nuestra historia como especie, lo que implica a su vez las lógicas y distintas ideologías que condicionan los abordajes de una misma cuestión. La primera enmienda del Senado enfatiza lo de seres humanos. Sé que a la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya no le gusta, pero ese énfasis es importante porque centra la cuestión en un aspecto humano. Esa condición de humanos es lo que nos ha permitido un alto grado de acuerdo en el trabajo previo en ponencia y en Comisión, con más de la mitad de las enmiendas aceptadas o transaccionadas, y el resultado de un buen texto destinado al Senado apoyado por todos los grupos, a excepción del Popular; hay que decir en este caso, que lo hubo en algunas cuestiones. El paso por la Cámara Alta aporta ahora un texto modificado en más de 30 artículos o disposiciones y, si bien más de la mitad de los cambios son correcciones técnicas necesarias, algunas permiten corregir errores, como eliminar el adjetivo clínico de la investigación y otras clarifican aspectos importantes. En el artículo 47 queda especificado que la información previa a la realización de análisis genéticos lo es con fines de investigación en el ámbito sanitario, solo de investigación. También es importante el refuerzo a la protección de los menores sujetos de investigación en los artículos 20, 21 y 29, aportaciones de Convergència i Unió; o la definición de un nuevo término garantista, el de riesgo y carga mínimos, referido a los impactos en salud y molestias que pueden sufrir los sujetos de investigación. Todas ellas tendrán el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Por cierto, también la nueva disposición transitoria, aunque con la corrección de errores solicitada ya, dado que en esa disposición se repiten los comités éticos y no hace falta recordar que los comités son de la ética de la investigación.


No podemos aceptar, sin embargo -pedimos su rechazo-, otras modificaciones que la particular aritmética del Senado ha propiciado a través de las enmiendas del Grupo Popular, con algún apoyo puntual, pues en algunos casos pueden significar la disminución del grado de protección de los sujetos y sus derechos. Supondría -ya se ha dicho- la supresión propuesta del párrafo 3 del artículo 18, que en el texto del Congreso obligaba a la cobertura adicional de posibles daños por parte del promotor de la investigación, hospital o investigador

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cuando el seguro contratado hubiese derivado insuficiente; que se posibilite la donación a un biobanco de muestras de materia de excedente con un simple consentimiento genérico o que se supedite el derecho de información del sujeto a la protección de la propiedad intelectual o empresarial. Paradójicamente, por otra parte se quieren encorsetar las posibilidades de utilización de células y muestras importadas obtenidas, de forma que supondría aplicar nuestra legislación a otros países cuando el propio proyecto prevé a través del artículo 38 que la comisión de garantías emitirá informe preceptivo sobre proyectos de investigación que requieran la entrada o salida de material embrionario, de tal manera que no haya que cambiar la ley cada vez que se produce una innovación aceptable fuera de nuestro país. Precisamente -por eso insistimos-, es una ley abierta y no todo lo contrario, como dice el Grupo Popular. Es una ley que está abierta a todas las innovaciones que cumplan lo que la ley estipula, así como se establecen todas las garantías. Entrar ahora una vez más en el debate de las innovaciones técnicas, en lo que hoy es bueno y en lo que en el pasado fue malo lo dejamos para la ciencia, pues la propia ciencia tiene su dinámica y va estableciendo los mejores resultados. Pero especialmente preocupante, por su trascendencia, en cuanto a las enmiendas propuestas que vienen del Senado, más allá del objeto propio de la ley de investigación, es el texto de la disposición adicional cuarta nueva, en la que se introduce el concepto de gestión empresarial de los bancos de sangre de cordón umbilical, con una redacción que deja clara la intencionalidad mercantil, que choca con los principios de altruismo y disponibilidad universal que caracterizan a nuestro exitoso y cualificado sistema de donación y transplante de órganos, tejidos y células y que permite a nuestro país el liderazgo mundial con una tasa de 33,8 donantes por millón y el valor inestimable añadido de que más de dos tercios de la población española están dispuestos a la donación.


Para nosotros es un riesgo inaceptable introducir cualquier factor que ponga en peligro esta cultura altruista y solidaria. Además, las bases científicas son demoledoras contra los cantos de sirena del negocio. El real decreto de 2006, que regula los aspectos relativos al cordón umbilical, garantiza y reafirma esa cultura solidaria y altruista.
Señorías, de eso se trata precisamente, de preservar el interés general en un mundo complejo que busca soluciones y necesita respuestas, a veces confusas y a veces arriesgadas. Por eso necesitamos claridad, reglas de juego, garantías, límites y seguridad a los investigadores. Si algún campo científico está en efervescencia es el de la investigación biomédica. Cada día nos encontramos ante un nuevo método, una nueva técnica, un nuevo resultado que a su vez genera una nueva búsqueda; detrás de ella, una nueva ventana abierta al futuro y dicho por un dylaniano, que esas respuestas no se las lleve el viento y las leyes faciliten que los investigadores den esas respuestas a través de la voluntad humana. Esta ley es también una puerta abierta por cuyo marco han de pasar los que buscan, respetando, eso sí, las normas y garantías que protegen al ciudadano en el equilibrio, estimulan y dan satisfacción a los investigadores. Por eso, hoy que estamos de conmemoración democrática a las puertas del Congreso, les recuerdo que se eligió el león como figura emblemática que representa la fuerza y la sabiduría.
Señorías, hemos trabajado con inteligencia; aprobemos hoy una ley para el conocimiento y con la fuerza que dan las leyes al servicio de los ciudadanos en lo que de verdad más les importa: la salud. El Grupo Socialista agradece su apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Fidalgo.


- PROYECTO DE LEY SOBRE REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE EMBARCACIONES PESQUERAS EN EL REGISTRO DE BUQUES Y EMPRESAS NAVIERAS Y EN EL CENSO DE LA FLOTA PESQUERA OPERATIVA. (Número de expediente 121/000106.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate del punto 35, pasamos al punto 36: Proyecto de ley sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de buques y empresas navieras y en el censo de la flota pesquera operativa.


¿Desea intervenir, señora ministra? (Pausa.) Iniciamos el turno de fijación de posiciones. (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, emulando a mi compañero Josep María Guinart que ha querido ser breve en la anterior intervención, procuraré serlo también. Veremos si sabré serlo. Comparezco en nombre de Convergència i Unió para posicionarnos ante el proyecto de ley que regulariza y actualiza las inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de buques y empresas navieras y en el censo de la flota pesquera operativa.
Esta es una ley positiva dirigida a actualizar situaciones y, por tanto, a evitar trampas. En la exposición de motivos se explica que aquellas embarcaciones que hayan hecho modificaciones -nos referimos a las que están inscritas en este registro- tienen que tener un control, un seguimiento y, por tanto, se debe tener una información fiable que conste en los registros, para evitar situaciones de indefensión en las flotas.
En la misma exposición de motivos se dice que con el tiempo se han producido algunas diferencias entre lo inscrito en dichos registros y los datos reales relativos a embarcaciones pesqueras, de forma especial en cuanto a las características técnicas

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referidas a la eslora, a la manga, al puntal, al arqueo, etcétera. También se dice que dicho acuerdo contempla, dentro del área de ordenación y control de la actividad pesquera, el establecimiento de un marco de actuación conjunta frente a las modificaciones realizadas. De esta forma se actualizan aquellos datos respecto a variaciones existentes.


Desde Convergència i Unió vemos bien la ley. Vemos bien la voluntad de control, que es positivo para evitar que haya alguien que lo incumpla.
Sabemos que el sector pesquero y naviero es básicamente transparente y correcto, pero siempre hay excepciones a la regla. En aquellas situaciones en las que se produzcan modificaciones tiene que haber constancia, control, seguimiento y marco. Esta es una ley marco, que intenta visualizar y registrar aquellas embarcaciones que, por sus características técnicas y estructurales, puedan sufrir alguna modificación posterior. Desde Convergència i Unió la valoramos positivamente. Es bueno que haya instrumentos de control y un marco en el que pueda tener cabida cualquier variación en las embarcaciones, del tipo que sea. Hemos presentado pocas enmiendas, tres, de ámbito competencial, básicamente de regulación estatutaria. La primera, la enmienda número 12 es de supresión. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Continúe señor Maldonado. Ha sido un cruce de comunicación privada en alta voz.


El señor MALDONADO I GILI: Perdón. Pensaba que el señor Tardà me invitaba a entrar en el Gobierno.


Lapsus aparte, las enmiendas número 12, 13 y 14 son de ámbito competencial. Según el artículo 119 del Estatuto de Cataluña, la comunidad autónoma es competente en materia de ordenación del sector pesquero. Las otras dos enmiendas van en la misma línea. Pedimos una pequeña introducción en el articulado para que no sea una ley que invada competencias del Estatuto de Cataluña. Es el único aspecto que nos preocupa y por ello pedimos al Gobierno un esfuerzo regulador y, sobre todo, de respeto al Estatuto de Cataluña. Vemos bien el resto de la ley porque es favorable para el sector, impone rigor y control. El control es bueno para aquellos que respetan la ley y, por tanto, le daremos nuestro apoyo.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Maldonado.


Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, me alegro de verla presente en un tema que afecta a la pesca, porque no contamos con esta oportunidad en muchas ocasiones o en ninguna, prácticamente, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Después de las manifestaciones y compromisos del Gobierno en esta Cámara, esperábamos que este proyecto de ley abordara de una forma plena y decidida la regularización de toda la flota irregular. Este era el compromiso del Gobierno y, por otra parte, es una necesidad real de nuestro sector pesquero que faena en aguas nacionales. Junto a la flota irregular, que lo es por no coincidir las características de la embarcación con los datos registrados, están los irregulares totales, que son aquellas embarcaciones que pescan y pertenecen a pescadores profesionales, pero que no están registradas. Lógicamente excluimos de la consideración de pescadores profesionales a los jubilados, parados y pseudodeportivos. El proyecto de ley solo se ocupa de los primeros citados, de la flota irregular, y los segundos, es decir, los irregulares totales, seguirán sin poder normalizar su situación. Esto no es bueno, pues, al no ser inspeccionados, las condiciones mínimas de seguridad exigidas no se cumplirán y, consecuentemente, el riesgo de tener un accidente es mayor. Ni el Gobierno ha previsto su regularización en este proyecto de ley ni el Grupo Socialista han querido aceptar nuestras enmiendas para que hubieran sido tratados como flota a regularizar en esta ley. Pero el factor de la seguridad no es el único a tener en cuenta. Ya tuvimos oportunidad de expresar las ventajas de su regularización con motivo del debate en Comisión. Así, si se legalizaran e inspeccionaran se podrían controlar las tallas, las artes, las zonas de pesca, los días y horarios de pesca, los periodos de veda, las descargas, la inspección sanitaria de las capturas, etcétera. Una actividad ejercida sin estos controles no tiene más que un calificativo, el de pesca ilegal.
El portavoz socialista decía en Comisión que los ilegales no existen y que por eso no se pueden regularizar. Yo les digo que sí que existen, que están pescando, que incrementan el esfuerzo pesquero de una forma incontrolada y que hacen una competencia desleal al que actúa legalmente.
El compromiso del Gobierno en su programa, presentado en esta Cámara, incluía entre sus puntos la lucha contra la pesca ilegal -la ministra, en su primera comparecencia así se pronunciaba-, por ello debemos resaltar tanto la poca respuesta que da a nuestros pescadores como la poca credibilidad de la política pesquera de nuestro Gobierno ante las instituciones comunitarias. Se pierde una magnífica oportunidad de presentar una solución de nuestro problema en Bruselas, en un momento en el que existe gran sensibilidad en la Comisión Europea sobre este tema.


Otro aspecto de la ley que no logramos comprender es por qué el Gobierno exige las bajas a las embarcaciones que tienen que regularizarse si su tonelaje y potencia es superior a la indicada en el registro de buques y en el censo de la flota pesquera operativa, cuando España tenía un remanente de tonelaje y potencia consecuencia de la reducción voluntaria de flota que se llevó a cabo con motivo de los planes de orientación plurianuales, los POP, como manifestó en sede parlamentaria el secretario general de Pesca Marítima. Y añadimos

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más: La Comisión Europea ha ofrecido a España disponer de un banco de tonelaje para aplicarlo en mejora de las condiciones de seguridad. ¿Habrá aplicación más efectiva para mejorar la seguridad que la propuesta de regularizar a los irregulares totales? Consideramos inviable que un pescador, que difícilmente subsiste con lo que pesca, pueda llegar a comprar bajas, y a esa dificultad hay que unirle la de encontrarlas al precio al que están. Las excusas del Grupo Socialista han sido de todo tipo para no aceptar nuestra propuesta de no exigir bajas, por lo que votamos en contra de la ley en su conjunto en la Comisión, aunque lo hicimos a favor de todas las enmiendas de los demás grupos.


Señorías, desde hace más de una década se han hecho no menos de tres intentos de regularización de la flota y se han llevado a efecto sin necesidad de una ley, con una simple circular. Se calcula que quedan por regularizar 2.442 embarcaciones, la mitad de la cuantía de la última que se hizo por real decreto en 2004. Entre ellas, 196 corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las que la mayoría tendrán que aportar bajas, y el problema siempre choca en la misma piedra: la imposibilidad de encontrarlas para una flota que pertenece a un censo específico. Por tanto, no se puede aportar cualquier baja, sino que deben ser del mismo censo. Como no las hay, el contenido de esta ley será de difícil cumplimiento. Si se hubieran aceptado nuestras enmiendas, que evitaría tener que aportarlas, la ley podría cumplirse fácilmente. Ahora, en el trámite del Senado, se ha aceptado una enmienda del Grupo Popular que establece una tolerancia de 0,8 toneladas para las embarcaciones mayores de 10 metros y de una tonelada para las menores de 10 metros, de manera que el tonelaje a aportar sean las diferencias superiores a esos valores. Con ello hemos pretendido facilitar la aplicación de la ley, aunque somos conscientes de que solo lo hemos logrado a medias, porque estamos convencidos de que solamente se regularizarán las que no tengan que aportar bajas. Otro contenido de esta ley que no entendemos es que tengan que pasar dos años para que una embarcación regularizada pueda ser renovada. Esto solamente genera inseguridad para el pescador que quiere renovar su embarcación. Hemos pretendido rebajarlo en un año y no ha sido aceptado por el Grupo Socialista. Tengo que manifestarle que una vida merece siempre rectificar cualquier posición, aunque sea incorporando dudas sobre otros aspectos que puedan suscitarse.


Señorías, para el Grupo Popular este es un proyecto de ley pobre, que no se puede cumplir y poco ambicioso, por lo que lo recibimos más como un paripé para poder decir que han hecho algo y regulado por ley, pero que no va a resolver el grave problema de la pesca ilegal ni va a permitir la regularización y actualización de todas las embarcaciones pendientes.
Tenemos la satisfacción de que la importancia efectiva de esta ley se basa en la enmienda que hemos introducido y por eso vamos a apoyarla.
Esperamos que el Gobierno preste la máxima atención a su puesta en funcionamiento, consiga una verdadera implicación de las comunidades autónomas y, por supuesto, no se olvide de traernos el proyecto de ley prometido que permita la regularización de los irregulares totales, de los ilegales. De esa manera se contribuiría a controlar de forma efectiva el esfuerzo de pesca de esta flota y, de paso, a la recuperación del caladero nacional, que buena falta le hace.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Sánchez Ramos.


Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente las modificaciones que el Senado ha introducido en el texto que en su día aprobó la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre regularización y actualización de embarcaciones en el registro de buques y en el censo de la flota operativa. Los cambios introducidos se refieren a una modificación en el artículo 2.3, fruto de una enmienda transaccional con el Grupo Popular, que clarifica el texto aprobado en esta Cámara, pero no lo modifica, y también a modificaciones técnicas que consideramos que mejoran el texto que salió de la Comisión de Agricultura. El resultado final, como acabamos de ver, es un texto con un amplio consenso. En la tramitación en el Congreso se consiguió ya un gran acuerdo y en el Senado se sumó al mismo el Grupo Parlamentario Popular, hecho del que nos felicitamos. El consenso final, señorías, es lógico si tenemos en cuenta que esta ley solo pretende que el censo de la flota pesquera operativa, que sirve para medir la capacidad extractiva de nuestra flota y en consecuencia para controlar con precisión el esfuerzo pesquero, y el registro de buques, dependiente del Ministerio de Fomento, que recoge los datos relativos a características técnicas y estructurales de los buques y a los armadores, reflejen la realidad de nuestra flota. Esta no es una ley, señor Sánchez Ramos, para regularizar los ilegales. No es una ley de amnistía para una flota que, como le decía, formalmente no existe. Existen armadores o personas que vendieron derechos y siguen faenando con sus barcos. Esta ley no podía ser una amnistía para las personas que practican una pesca ilegal y fraudulenta. Esta ley pretende regularizar aquellas embarcaciones que están registradas, pero cuyos datos registrales no coinciden con su realidad actual. El tema de las embarcaciones ilegales tendrá que ser y será abordado dentro de las medidas para perseguir la pesca ilegal, porque en el fondo es pesca ilegal.


La realidad es que esta ley se enfrenta a un hecho objetivo, el hecho objetivo de que muchas embarcaciones sufrieron a lo largo de su vida, desde el momento de su construción hasta la actualidad, cambios muy amplios. En unos casos se amplió capacidad, en otros

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se amplió potencia, en otros se amplió eslora y en otros se cambió casi todo. En muchos casos estas modificaciones no fueron comunicadas para ser registradas legalmente. El resultado es que en este momento la situación real de estos barcos y la situación registrada en el censo de la flota operativa o registro de buques no coinciden. En esta situación están aún hoy cientos de embarcaciones, fundamentalmente pequeñas y medianas. Los registros no reflejan en muchos casos la realidad de la flota pesquera y hay que corregirlo por exigencia de la Unión Europea para controlar el esfuerzo pesquero, por la necesidad de nuestras administraciones de tener censos y registros fiables y también por intereses de los propios armadores. La actualización de las capacidades y potencia del barco significa en muchos casos también su revalorización, porque la Administración, para estimular la regularización, tolera incrementos reglados de eslora, potencia y capacidad para pequeñas embarcaciones sin que tengan que aportar bajas para compensar los incrementos. Existe en la ley esta tolerancia para facilitar la regularización de las pequeñas y medias embarcaciones. Además, hay que resaltar que esta tolerancia fue inicialmente ampliada ya en Comisión con un consenso de todos los grupos para las pequeñas embarcaciones y con la aprobación preceptiva del Gobierno a esta enmienda transaccional que presentamos recogiendo propuestas del Grupo Parlamentario Mixto y de otros grupos.


Quiero recordar que la regularización de embarcaciones se intentó en el año 1979 y se volvió a intentar en Ley de acompañamiento de 2003. En 2003 no había ninguna compensación por regularización y en aquel momento no gobernaba el Partido Socialista. En estos momentos hay compensaciones o tolerancia para aquellas pequeñas embarcaciones que quieran regularizarse. Sin embargo, como el problema no se solucionó en el año 2003, por lo menos no se hizo plenamente, el Gobierno pretende cerrarlo con esta ley que concede un papel fundamental a las comunidades autónomas. En este punto yo quisiera resaltar que en Comisión, reconociendo las nuevas competencias de las autonomías en ordenación del sector pesquero, se modificó el texto para permitir que sean las comunidades autónomas las que inicien y cierren los expedientes de regularización. Así, el Estado mantiene las competencias que la nueva situación le confiere y se respetan las de las comunidades autónomas.
Esperamos que el trabajo conjunto de las administraciones autonómicas y del Gobierno del Estado en este tema dé como resultado que la ley que hoy vamos a aprobar cumpla en breve plazo su objetivo, de forma que los datos de la flota pesquera recogidos en censos y registros se correspondan con la realidad de la flota. Confiemos en que esto sea así.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Díaz.


- PROYECTO DE LEY DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS. (Número de expediente 121/000112.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate del punto 36, iniciamos el debate del punto 37 del orden del día, proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds interviene en este debate en torno a la aprobación definitiva de la Ley de la lectura del libro y de las bibliotecas con la sensación y el convencimiento de que esta Cámara no ha aprovechado la oportunidad de aprobar una ley acorde a las necesidades y a los retos del siglo XXI, una ley que sustituirá a la Ley del Libro de 1975, preconstitucional, y que debería atender a las nuevas realidades, tanto de la lectura y la estructura de soporte a la misma como también de las realidades del nuevo ordenamiento constitucional. Nuestro grupo parlamentario ha aportado a lo largo del debate las reflexiones y las enmiendas que creyó oportunas, con una voluntad clara en diversos aspectos. Primero, fueron algunas mejoras técnicas, también enmiendas con relación al respeto al marco constitucional, y por tanto competencial en función de los estatutos vigentes, y al desarrollo legislativo acorde a las nuevas necesidades y realidades de un sector que abarca aspectos culturales pero también creativos, empresariales, comerciales y de mejora de las capacidades del conocimiento de nuestros conciudadanos y también a la regulación del sistema bibliotecario y los diferentes instrumentos de análisis del ecosistema del libro y la lectura. Durante muchos años hemos asistido a las reclamaciones y demandas de los diferentes ámbitos afectados por esta ley. De hecho, en las comparecencias nos manifestaron sus inquietudes, sus preocupaciones, sus propuestas y reflexiones en torno a la misma.


En el debate de la ley en esta Cámara decidimos en primera instancia dar un voto afirmativo expresando ya en aquel momento cuáles eran nuestras preocupaciones y los aspectos que de la ley no compartíamos atendiendo también a aspectos que suponían -y por eso votamos afirmativamente- un reforzamiento de la concepción de servicio público de las bibliotecas y que mejoraban algunos aspectos competenciales. La apuesta por el precio fijo del libro, el reconocimiento y apoyo a todo el ecosistema del libro y los instrumentos de cooperación y análisis nos pareció que merecían un apoyo por nuestra parte. No obstante, expresamos en aquel momento que lo que no compartíamos y creíamos que era un error era que esta apuesta por el precio fijo del libro no se trasladara también al libro de texto.
Esperábamos que en el

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trámite del Senado se subsanaran algunos aspectos competenciales más que quedaban pendientes y también esperábamos que lo relativo al precio fijo, que había quedado fuera en cuanto a la incorporación de los libros de texto, también quedara subsanado.


Permítanme manifestar, por un lado, satisfacción en torno a algunas de las cuestiones de la ley, pero a la vista del análisis final de cómo ha quedado, nos vamos a decantar por no votarla favorablemente. Votaremos a favor de algunas enmiendas que se han incorporado en el Senado, votaremos en contra de otras enmiendas y votaremos en contra, en definitiva, del dictamen general, aun sabiendo que puede parecer contradictorio, pero no lo es, porque hay algunas cuestiones, las fundamentales, que para nosotros son básicas y necesitamos expresar nuestras diferencias con nuestro voto. Se han incorporado en el Senado algunos aspectos relacionados con el reconocimiento de la ilustración en el contexto del libro, concretamente tres enmiendas. Dos son a la exposición de motivos, la 3 y la 4, y una al artículo 2, que votaremos a favor. También votaremos a favor de otra enmienda dirigida a la promoción de autores autóctonos, pero no podemos votar a favor, por ejemplo, del artículo 9 en cuanto al precio fijo, que para nosotros agrava todavía más la situación, porque se señala que la educación infantil también quedará excluida del precio fijo. Otros grupos van a votar en el mismo sentido, por tanto nos alegramos de que quizás esta enmienda no se incorpore.


Quisiera detenerme y reiterar nuestra posición para que sea bien entendida en torno a aquellos aspectos que consideramos más relevantes y que muy a pesar nuestro -aun reconociendo algunos avances, como he dicho- nos impiden posicionarnos a favor de esta ley que debatimos. De todos es conocida nuestra posición firme y decidida en torno al precio fijo del libro. Lamento que nos hayamos quedado solos defendiendo la incorporación de los libros de texto dentro del sistema de precio fijo en lugar del precio libre. Proponíamos avanzar, con una disposición adicional, hacia la gratuidad del libro de texto mediante fórmulas que garantizaran el ecosistema del libro de texto, tanto en la parte del editor como en la del librero y en la del usuario, tres piezas fundamentales que, desde nuestro punto de vista, quedan muy tocadas con la ley que vamos a aprobar. Ya avanzábamos nuestra preocupación en torno al criterio que establece la ley; decíamos que nos preocupaban los aspectos pedagógicos, la influencia que puede tener sobre este sector la liberalización y el objeto mercantilista exclusivo del mismo. Y a pesar de que aún no está vigente, hace pocos días hemos conocido los incrementos espectaculares que parece que pueden tener los libros de texto el próximo curso; incrementos que aunque parece ser que todavía no son públicos ni oficiales, están ya de alguna manera en boca de todos, y el gremio de libreros de Barcelona -no estoy hablando en nombre propio sino en nombre de gremios, en este caso del de libreros- ya lo tiene encima de la mesa, cuestión que parece que plantea seria preocupación. En una editorial se pueden realizar incrementos de un 19 por ciento como media respecto al año anterior del total de las ediciones de libros de texto, en otras puede haber incrementos del 35 por ciento y en otras incrementos del 20 por ciento. ¿Quién va a pagar estas consecuencias? En primera instancia, los padres, pero también las librerías y las editoriales pequeñas. Las librerías, sobre todo las de comarcas, pueden estar jugándose su supervivencia dependiendo de cómo se evolucione en este sentido. En definitiva, de lo que estamos hablando y por lo que las cosas empeoran es de que hasta la aprobación de esta ley todos los libros de texto salían con los mismos precios de venta al público. Es cierto que había posibilidades de descuentos en algunos sentidos, pero con la nueva ley esto se liberaliza. Un producto que no es de consumo, que es un bien cultural imprescindible para todas las familias, como es el libro de texto, podremos verlo expuesto en una galería con un cartel que diga: precio de coste; en otra podremos ver otro que diga: llévese tres y pague uno; en otra podremos ver otro letrero que diga: 25 por ciento de descuento o encontrar un libro un 25 por ciento más caro. Para nosotros es inadmisible que esta ley aprovechando precisamente el empuje -que nos parece importantísimo- del precio fijo para los libros no haya incorporado uno de los productos que no es, como digo, de consumo, ni siquiera puedes decidir si lo compras o no, sino que es de obligado uso para las familias. Reiteramos, pues, nuestra posición de que el precio fijo para todos los libros es el sistema más preciso y garantista de potenciar el libro y su ecosistema, como antes he dicho, del creador, el editor, el librero y el lector. Este es uno de los motivos fundamentales por los que no vamos a dar nuestro apoyo.


Un segundo aspecto, a nuestro entender importante, es el respeto al marco constitucional y por tanto al marco competencial, y aunque hay mejoras en algunos aspectos competenciales, a nuestro entender persisten -hay informes jurídicos que así lo avalan- invasiones competenciales en torno a la regulación del precio fijo, el comercio y la cultura. Otro aspecto importante que tampoco podemos compartir es que se grava el préstamo bibliotecario fijando un canon y por tanto podemos generar una brecha social en el acceso a los servicios públicos. Las bibliotecas no compiten con los autores y editores, sino que son aliados. Existen otros mecanismos públicos por los que las ayudas al autor y editor se podrían garantizar. Si se me permite, estamos estableciendo un doble sistema de ayudas públicas y para corregir este aspecto perdemos capacidad para invertir en mejoras de los servicios públicos bibliotecarios mediante el compromiso de pagar los cánones por las administraciones públicas, sin quedar plenamente clarificado -lo cual es otro problema- cuáles serán las administraciones comprometidas en estos recursos.


Hay otros aspectos que también podemos considerar. Muy brevemente me gustaría hacer referencia a uno de ellos y es que en definitiva las bibliotecas quedan a

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expensas de las voluntades políticas, cuando a nuestro entender deberían quedar reflejadas en esta ley y no lo hacen, por haberse comprometido el Gobierno claramente al desarrollo de la misma en este sentido. En nuestra opinión, esta ley se llama del libro y de las bibliotecas, pero realmente las bibliotecas quedan muy poco reguladas y muy poco comprometidas en esta ley. Nos preguntamos si nos podemos permitir únicamente enumerar las bibliotecas escolares sin concretar su desarrollo y sus recursos, tanto humanos como técnicos y económicos. Estas serían a grandes rasgos -algunas de ellas las he concretado más- las razones por las que finalmente nuestro grupo no puede dar su apoyo a esta ley lamentando profundamente que a pesar de haberse producido progresos, en lo fundamental no se haya avanzado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora García Suárez.


¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegación.) Gracias. En ese caso tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, en el debate de esta ley en el Senado Esquerra Republicana ha visto como se aprobaban tres enmiendas presentadas por la Entesa, que ciertamente se suman a las más de treinta que se aprobaron durante el trámite en el Congreso. Señorías, de estas tres enmiendas aprobadas en el Senado, una está relacionada con la promoción de autores, les hablo del artículo 5.1 y de la introducción mediante esta enmienda de la referencia explícita a las lenguas catalana, euskara y galega, juntamente con la castellana, todas ellas de forma explícita y en régimen de igualdad al referirse a la promoción de autores que se expresan en estas lenguas.
Incluir esta literalidad supone un avance, ya que entre la literalidad del texto enmendado: "... castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas" y el texto aprobado realmente hay un progreso: todas las lenguas en régimen de igualdad y además cumpliendo con lo que científicamente ha sido puesto en evidencia por parte de los organismos del Estado, nacionales, catalanes e internacionales, y que además fue publicitado al inicio de esta legislatura por parte del Gobierno, es decir la unidad de la lengua catalana. Ciertamente la referencia a la lengua catalana, juntamente con las lenguas euskara y galega, no deja de ser una proclamación de la unidad lingüística catalana.


Pues bien, al parecer ahora se pretende dar un paso atrás y volver al texto del Congreso y además se aduce un argumento que en parte estamos dispuestos a admitir; se aduce que con la redacción actual quizá podrían quedar excluidos de la promoción, a la que el Estado está obligado ciertamente, los autores de la literatura catalana, de la gallega, de la castellana y de la vasca cuya nacionalidad política no fuera la española.
Ciertamente, esto debe rectificarse bien mediante la corrección de ese texto o bien buscando aquellas fórmulas que lo permitan. No tendría ningún sentido que el Estado español quisiera obviar su responsabilidad en la promoción de la literatura castellana, así como de aquellas otras literaturas que se dan en el marco del actual Estado español. Entendemos que las dos cosas tienen que ser compatibles; tiene que ser compatible el fomento y la promoción de los autores sudamericanos o de los autores catalanes de la Cataluña francesa -al menos así debería ser- con el reconocimiento de la existencia de cuatro lenguas en el Estado español.
Consideramos que es un paso atrás y me recuerda un poco cuando hace unos meses aprobamos el Estatuto del ciudadano español en el extranjero y se aprobó en el Congreso una enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Bloque Nacionalista Galego que hacía referencia al Estado plurinacional y luego esto se tuvo que corregir. A veces parece como si, ante el temor del Partido Popular, cualquier avance conseguido se pretendiera convertir en una salida de tono que luego hay que corregir. Deberíamos hacer el esfuerzo de hacer compatibles las dos cosas, puesto que debemos reconocer que sería un sinsentido defender que esto significa no promocionar los autores, por ejemplo, sudamericanos.
Por supuesto Esquerra Republicana nunca defendería esto; francamente, sería una estupidez, pero esto debe ser compatible con lo otro. ¿Con qué fórmula? Hay que buscarla, pero aquí no nos encontrarán porque estamos a favor de las dos cosas, es decir a favor de promocionar a los grandes autores, en lengua castellana y en las otras lenguas, no nacidos en el Estado español, y del reconocimiento de la unidad lingüística de la lengua catalana.


Existe otra enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana aprobada en el Senado que al parecer va a sufrir la misma suerte en el Congreso, ya que conocemos que los compañeros del Grupo Socialista van a pedir un voto particular. Se trata de la enmienda relativa al artículo 9.1.g), exclusión al precio fijo, que fue aprobada en el Senado con el apoyo del Grupo Popular. Por cierto, la otra enmienda también fue aprobada con el apoyo del Grupo Popular, es decir que el Grupo Popular es muy esquizofrénico -dicho con todo el respeto- cuando hablan de lenguas, porque no sé si es que en el Senado hay más tiempo para pensar, pero allí, al parecer, intelectualmente lo de la unidad lingüística del idioma catalán no despierta las pasiones que despierta aquí en el Congreso, puesto que esta enmienda y la otra fueron fue aprobadas por el Grupo Popular. ¿Qué dice esta enmienda? Que los libros de texto y el material didáctico complementario de educación infantil tienen que tener la misma categoría en este articulado que lo que la ley ya contempla respecto a la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria obligatoria. Por suerte, la mayoría de los niños de entre 3 y 5 años asisten a educación infantil, que a pesar de no ser obligatoria,

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en su mayor parte está concertada. La escolarización voluntaria a partir de los 3 años es una práctica habitual, beneficiosa y no debe penalizarse negando el descuento de los libros de texto que se utilizan.


Asimismo se incorpora una enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana al artículo 11.1 referido a bibliotecas. El texto resultante implica en mayor medida a las bibliotecas en la promoción del conocimiento de los recursos de información disponibles con el objetivo de convertirlas en uno de los motores más eficaces de la socialización de los efectivos de la sociedad de la información y del conocimiento. Como ya defendimos en su momento, las bibliotecas no deben ser solamente puntos de acceso a la información; es evidente que deben ser agentes activos para que no se dé una fractura digital en las clases populares.
Teniendo en cuenta la lucha que tuvieron nuestros abuelos para alfabetizar a la clase obrera, hoy día deberíamos preocuparnos por que no existiera una fractura digital en las clases populares entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no, y que las bibliotecas se conviertan en catalizadores activos entendemos que es importante. Creemos que esto puede ayudar.


No renegamos de esta ley; es más, hemos trabajado mucho en esta ley y ya dijimos en el Congreso de los Diputados, en el primer debate, que partíamos de un gran punto de desencuentro que nos llevó a presentar la enmienda a la totalidad -que luego supimos negociarla básicamente con los compañeros socialistas- y que todo este gran trabajo nos llevó a pulir esta ley, haciendo que cumpliese la ortodoxia mínima respecto al tema competencial. Lo hemos celebrado y hemos felicitado a los compañeros socialistas. También es cierto que existen algunos puntos que para nosotros carecen del marco que perseguíamos. En cuanto al precio fijo debería haberse incluido una cláusula de salvaguarda para aquellas comunidades autónomas con competencias exclusivas en ámbitos que afectan al mercado. Aun cuando estamos conceptualmente de acuerdo en el precio fijo -lo hemos defendido siempre-, entendemos que el marco competencial catalán permite que esto -dicho de forma popular- nos lo hiciéramos nosotros. Ya sé que esto choca con la sacrosanta unidad del mercado y ya sabemos que esto es un gran miura. Como mínimo queremos dejar abierto este debate puesto que nosotros teníamos capacidad competencial para hacerlo, aun cuando estamos de acuerdo con ustedes en el precio fijo. Es decir, que no renegamos de lo progresista que es la ley.


En algunas ocasiones también hemos hablado de la exclusión del libro de texto. Aquí sí estamos muy preocupados y les digo por qué. La acción combinada entre los grandes centros comerciales -por cierto, excepto el Corte Inglés, generalmente de capitales de más allá de las fronteras- y los grandes grupos editoriales -y no me hagan decir nombres- no solamente representarán un mazazo a las pequeñas librerías, sino que además significará terminar con las pequeñas editoriales, que son, por cierto, las que siempre -antes, ahora y posiblemente mañana- numantinamente han estado implicadas en la renovación pedagógica y en el fomento de las lenguas cooficiales, minoritarias y minorizadas. No pasarán muchos días -y ojalá nos equivoquemos; si hay que rectificar, rectificaremos- sin que veamos anunciado en las vallas publicitarias de nuestras ciudades: libros de texto a precios de coste o pague tres y llévese cuatro. Ojalá no ocurra esto. Entendemos que las librerías y las editoriales independientes se verán obligadas a cerrar por falta de visión económica en este punto de la ley. Esta ley en este ámbito -y digo en este ámbito solo-, en nuestra humilde opinión, creemos que se pliega en parte a los grandes grupos editoriales. Esto nos lleva a pensar si no estaremos fomentando el pensamiento único; es decir, si solamente son grandes editoriales perversamente cómplices de la necesidad de distribuir a mansalva -es decir, vender, vender y solo vender-, pensamos que esto irá en contra de los matices ideológicos que deben estar contenidos en los currículos, dentro ciertamente de los parámetros legales de los currículos que, por suerte, todavía no los marca el mercado, sino la Administración. Estos son algunos puntos de divergencia que ciertamente ya son conocidos, aun así, aun teniendo una visión crítica en algunos aspectos de esta ley, nosotros decimos que hemos hecho un buen avance respecto a lo que teníamos. Aun cuando seguimos manteniendo que existen agujeros negros, en parte no tenemos que dejar de felicitarnos por el trabajo hecho.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Tardà.


Para la fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, Convergència i Unió ya manifestó su posición sobre esta ley, primero en un debate previo que fue a la totalidad, donde manifestamos nuestra preocupación sobre lo que entendíamos era una clara invasión de competencias autonómicas. Con el Grupo Socialista llegamos a un buen acuerdo -se presentaron un conjunto de enmiendas que fundamentalmente pretendían resolver este tema y entendemos que así fue y por eso retiramos la enmienda a la totalidad-, y el debate fue interesante, productivo, y conseguimos los objetivos fundamentales que buscábamos en esta ley y que eran poner el libro en el siglo XXI y resolver defectos que tenía el mercado, es decir, proteger el libro, transformar el libro en un elemento de cultura y, al mismo tiempo, entender que detrás del libro hay una industria cultural potente y una gran red de distribución a proteger especialmente en nuestro país, Cataluña, donde las pequeñas librerías tendrían grandes dificultades de sobrevivir si no se defendía de una forma muy clara el precio fijo del libro. Entendemos que la librería

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es un agente cultural de primer nivel que no se puede perder.


En el Senado han hecho su trabajo y han llegado a esta Cámara una serie de enmiendas que en parte modifican el texto aprobado en el Congreso. Lo que quisiera, señoras y señores diputados, señor presidente, es manifestar la posición de nuestro grupo respecto a estas enmiendas. Respecto a la enmienda al artículo 5.1 que antes ha comentado el señor Tardà, nuestra posición es la misma que defiende la Entesa en un doble sentido. Nosotros entendemos que la unidad del catalán es unívoca, es decir, no puede ser discutida. En el mes de octubre vamos a tener una oportunidad histórica porque la literatura catalana va a ser la invitada en la feria más importante del mundo de los editores y del libro, que es la feria de Frankfurt. Además, ayer ya se presentó la lista de autores invitados, en la cual se encuentran autores de la literatura catalana, del País Valencià, de las Illes Balears, de Mallorca, de Cataluña y de la Catalunya Nord, es decir, se demuestra claramente que estamos ante una única lengua que en el País Valencià se llama valenciano, que en Cataluña se llama catalán y en las Illes Balears se llama catalán pero también mallorquí, etcétera. Este es el punto que plantea la Entesa Catalana y que nosotros vamos a apoyar. Dicho esto, el portavoz del Grupo Socialista nos ha manifestado su preocupación respecto al tema del Estado español y nosotros hemos de buscar una solución -que se puede hacer en el Reglamento- para que cualquier autor o autora que escriba en castellano, en catalán, en euskera o en gallego que no tenga nacionalidad española tenga esta promoción. Hemos de buscar una solución a este tema, pero, repito, para nosotros es importante que precisamente en la Ley del Libro se hable de catalán, euskera, gallego y castellano de una forma clara y contundente. Por eso nos parece bien el texto que viene del Senado.


En cambio discrepamos de la modificación que se ha introducido en el artículo 9.1.g), donde se añade a la exclusión del precio fijo los libros de texto y el material didáctico complementario correspondientes a la educación infantil. Antes solamente se excluían los de educación primaria y secundaria. Nosotros vamos a votar de tal forma que se recupere el texto inicial porque es un error introducir la exclusión del precio fijo en el material didáctico de la educación infantil. También recuperaremos el texto anterior al artículo 11 bis que es una enmienda del Partido Popular, no porque no estemos de acuerdo en que se explique y se defina claramente la finalidad de las bibliotecas públicas, etcétera, sino porque la competencia sobre bibliotecas está claramente transferida a las comunidades autónomas, y así lo dijimos en nuestra defensa global de la ley. Por tanto, la ley no tiene que hablar mucho de este tema o, dicho de otra forma, nos parece bien lo que dice la ley de las bibliotecas públicas y no creemos que haga falta ir más lejos. Por eso, votaremos en contra de que este artículo 11 bis nuevo se incorpore al texto de la ley y, por tanto, votaremos en contra de esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Respecto al artículo 11.1, donde se propone que la biblioteca haga también una labor para que la sociedad de la información tenga una presencia activa, en el debate que tuvimos hace escasamente 48 horas en Comisión en este Congreso, con la comparecencia del secretario de Estado para la Sociedad de la Información, ya dije, y es una posición claramente defendida por nuestro grupo, que las bibliotecas y, en general, todas las entidades públicas son motores claros de la sociedad de la información. Todos tenemos experiencias de la buena labor que están haciendo las bibliotecas públicas, por ejemplo, para que gente mayor, hombres y mujeres que por edad les cuesta entrar en esta sociedad de la información y en el mundo de Internet, por medio de la biblioteca, de estos puntos de Internet y por la ayuda que les dan tanto el colectivo de bibliotecarios como jóvenes usuarios de las mismas que utilizan estos medios, consigan entrar en este mundo. Por estas razones nos parece bien esta aportación introducida en el texto de la ley y, repito, vamos a apoyar que figure en la ley el artículo 5.1 y vamos a intentar volver al texto anterior en el artículo 9.1.g). También vamos a pedir que se elimine el artículo 11 bis y vamos a apoyar el artículo 11.1.


Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Gracias, señor Vilajoana.


Para fijar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a hacer referencia a una cuestión previa. Lamento que no esté aquí la ministra de Cultura. Esta es una ley especialmente importante en el ámbito de la cultura; sé que sus agendas son muy complicadas; sé que tenía unos premios importantes que dar en Soria, pero lo primero que hay que saber cuando se es ministro es priorizar. Si ella no le da prioridad a sus leyes y al Parlamento, comprenderán que estamos mandando un mal mensaje. Dicho eso, ella es quien debe administrar la agenda.


En primer lugar, quiero manifestar nuestra posición respecto a las enmiendas. Vamos a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado, excepto dos; en una de ellas coincidimos con el señor Vilajoana en la exposición que ha hecho, que es la del artículo 9, y en la otra es exactamente la postura contraria. Un pequeño pero lamentable error en nuestra votación en el Senado excluyó el valenciano. Nosotros, cuestiones aparte, y cada uno defiende las suyas, respecto al valenciano defendemos exactamente lo que dice su Estatuto, y creo que lo deberíamos aceptar así todos; el valenciano es el valenciano, no es una modalidad del catalán, así lo dice el Estatuto. Repito, lamentamos nuestro error y lo corregiremos.


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Por tanto, nuestro voto será afirmativo al conjunto de las enmiendas, pero intentaremos volver al texto de la Cámara en los artículos 5 y 9.


Entrando en la cuestión, aparte de lo que acabo de exponer, querría añadir otras dos cuestiones. La señora García ha dicho que su postura era doble, cosa que nos ocurre normalmente con las leyes. En nuestro caso, estamos claramente satisfechos por lo que la ley incluye y preocupados por lo que la ley omite. La ley deja fuera cosas importantes, en cambio, no tenemos reticencias, excepto las que siempre hemos expresado sobre el ISBN, por ejemplo, y el depósito legal. Lo que la ley incluye está bien; lo que la ley omite nos preocupa y por lo menos a nosotros nos marca una tarea que tenemos pendiente, y asumimos ese compromiso de intentar subsanarlo.


Quiero expresar nuestra satisfacción por lo que la ley incluye. Aquí, igual que antes me pareció necesario comentar negativamente su ausencia, quiero hacer un reconocimiento a la ministra, al equipo ministerial, especialmente al director general, y desde luego al grupo parlamentario que le ha apoyado por el trabajo que se ha llevado a cabo en esta ley, que además ha mejorado mucho con el trámite parlamentario pues se han aceptado muchas enmiendas, y esto no es frecuente para nuestro grupo. Ha sido muy mejorada y de ahí nuestra satisfacción y nuestro reconocimiento sin ambages, insisto, con respecto a lo que la ley incluye. Y vuelvo a dar las gracias -lo he dicho en ocasiones anteriores- a los sectores, a los representantes tanto de los sectores como de los ciudadanos, que nos han apoyado e ilustrado; se han volcado, y gracias a eso estamos elaborando una ley que esperamos que funcione. Otros portavoces han dicho saber qué es lo que vemos con este nuevo sistema de precios. En fin, confiemos en que funcione.


¿Cuál es nuestra preocupación por lo que la ley omite? En primer lugar, esta es una ley nuclear, medular para la cultura, el libro y la lectura.
En esto que llamamos el ámbito general de la cultura, el libro y la lectura son el centro. Está más que profetizada la muerte del libro, la muerte de la lectura. Yo no tengo dotes proféticas, pero creo que en un espacio de tiempo de unos 200 años el libro y la lectura seguirán. Esta ley no puede ser una oportunidad perdida. Lo ha dicho antes algún portavoz haciendo referencia a otros artículos y a otras críticas. ¿Dónde vemos que es la oportunidad perdida? Lo hemos dicho en lengua, que ha mejorado, pero nos parecía que era una ausencia notable, y lo hemos dicho en librerías. Sé que en materia de precios esta es una ley que se hace para reparar los perjuicios causados a las librerías, pero el tejido de librerías se deshace a nuestra vista entre los dedos y aquí deberíamos haber aprovechado para apoyarlas. Sobre todo hay dos cuestiones. Están las bibliotecas, con todo el respeto competencial, faltaría más. Además, parece que siempre es una reivindicación de grupos nacionalistas.
Nuestras comunidades son exigentes en materia competencial de manera notable y desde luego no queremos invadir sus competencias ni en materia escolar, con el trabajo del Ministerio de Educación y el del Ministerio de Cultura, ni en materia de bibliotecas. En bibliotecas se ha mejorado -he hecho un reconocimiento previo de esto- y se ha hecho notablemente con las enmiendas; sin embargo, nuestra brecha con cualquier país europeo es tan grande que no deberíamos haber desperdiciado esta ocasión para fijar un marco en el más absoluto respeto competencial, comprometiéndonos en esta Cámara, en este ministerio, en este Gobierno con nuestro sistema de bibliotecas. Y en cuanto a la escuela, no puede ser, no es concebible, ya lo hemos dicho. Libro, lectura y escuela van juntos y en esta ley se mencionan las bibliotecas escolares excepcionalmente. Si la señora ministra de Educación tiene competencias sobre las bibliotecas escolares y lo regula en sus leyes, ¿en nombre de qué se nos dice que la ministra de Cultura no las tiene? O se tienen o no se tienen y, si se tienen, tenemos que entrar en esta cuestión. Pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es la que más conozco al ser diputada de esta circunscripción. Consejería de Cultura y Consejería de Educación trabajan juntas en las bibliotecas escolares, comparten la responsabilidad y esta cuestión es importante. Nos preocupa el libro de texto, a veces suscribimos cuestiones que han dicho otros grupos, pero no del todo, lo que nos preocupa también mucho es no haber sido capaces de fijar el marco de la financiación pública del libro de texto. Unos y otros expertos, sin excepciones, han hablado de forma negativa del sistema de préstamo, que nace para ahorrarnos dinero a las familias, pero desde el momento que estamos hablando de financiación pública ese origen carece de sentido, es malo pedagógicamente y muy malo para el sector del libro. Si fuera bueno pedagógicamente, no tendríamos nada que decir. Creemos que ha sido una oportunidad perdida no haber fijado este marco. Vuelvo al principio de mi intervención, reiterando la satisfacción, el reconocimiento y la felicitación sin ambages por lo que esta ley incluye. Como ya no estamos a tiempo de incluir nuevas cuestiones, en lo que la ley omite nos queda mucha tarea pendiente. Les convoco a ella y, en cualquier caso, nosotros asumimos el compromiso.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.


Finalmente, para concluir el debate, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos en el último trámite parlamentario de aprobación del proyecto de Ley de la Lectura -este es el término que a muchos nos gustaría que se acabara acuñando, aunque ya sabemos lo que es la economía de la lengua y hablamos de Ley del Libro-. Es el último trámite antes de su sanción por el Jefe del

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Estado. Llegados a este punto, podemos afirmar que el texto final ha sabido recoger y fundir a lo largo de su periplo lo sustancial de las diversas posiciones tanto del sector como de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado.


El proyecto de ley que llegó a las Cortes fue el resultado de numerosos contactos, de numerosas conversaciones por parte del Ministerio de Cultura con los responsables de las asociaciones profesionales que representan al sector del libro y de las bibliotecas. Entre todos se consiguió dotar al texto de un equilibrio que aunara las aspiraciones del sector, no siempre coincidentes, y los objetivos que se había marcado el ministerio. El texto remitido al Congreso en forma de proyecto de ley para su tramitación política, aparte de su tramitación extramuros o técnica, fue enriquecido -y así se ha dicho por algunos grupos parlamentarios- con numerosas enmiendas y, además, con una labor muy importante por parte de los comparecientes, cuyas opiniones nos ayudaron a los grupos a formular un total de 211 enmiendas. Pues bien, de ellas, en el Congreso, más de la mitad, concretamente el 57 por ciento de las mismas, se incorporaron al texto. Tengo que decir aquí, disintiendo de algunas afirmaciones, que en buena parte muchas de estas enmiendas tenían un importante carácter competencial; hubo un gran esfuerzo en este sentido.


En el Senado se han presentado 91 enmiendas que reproducen básicamente las no aprobadas en esta Cámara, y de ellas se han admitido un 25 por ciento.
Por tanto, señorías, estamos ante una ley muy consensuada y nuestro grupo cree que todos deberíamos felicitarnos por ello. Se ha hecho un importante esfuerzo de acercamiento. Han sido dos años de trabajo del ministerio, en especial de la Dirección General del Libro, como se ha dicho aquí, ha habido un amplio acuerdo del sector, comparecencias bien ordenadas por parte de la Mesa de la Comisión y en especial una buena disposición de los grupos, y de sus portavoces especialmente, para llegar a fórmulas de colaboración y de entendimiento que el Grupo Socialista aprovecha este momento para reconocer a todos los portavoces. Todo ello nos ha permitido alcanzar un buen texto.


Señorías, cuando los ciudadanos -que son para quienes legislamos, no se nos puede olvidar- nos pregunten por el trabajo que hicimos, podremos decirles, primero, que nos esforzamos por alcanzar un acuerdo y que en un porcentaje muy alto lo hemos conseguido; en otras ocasiones no es posible, en esta creemos haberlo conseguido. También podemos decirles que es una buena ley. El Grupo Parlamentario Socialista cree que lo que tenemos entre manos es una buena ley. Podemos decir a esos ciudadanos que los contenidos de esta ley van a mejorar los hábitos lectores de los españoles haciendo de nuestra sociedad una sociedad lectora. Podremos explicarles que esta Ley de la Lectura no solo fomenta esa misteriosa alquimia que es el acto de leer un libro, sino que el libro tiene además otro perfil económico que también se potencia con la norma que aprobamos.
Asimismo, podemos decir a la sociedad que esta ley recoge por primera vez en una norma estatal unos principios rectores del sistema bibliotecario.
Aquí quiero apuntar que efectivamente ha sido muy corregida en el Senado, a instancias en buena parte del Grupo Parlamentario Popular, que ya detectó esta ausencia en el trámite del Congreso, pero con exquisito -repito, con exquisito- respeto a las competencias autonómicas. Es cierto, como dijo Montesquieu, que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, pero podría ser ley porque fuera justa. Lo que hacemos con esta ley es dar carta de naturaleza al fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas y colocar al Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, como garantes de dicho fomento. Es cierto que el simple texto de una ley no cambia la realidad, es verdad, pero sí la prepara para que pueda ser mejor interpretada.


Señorías, cuando los ciudadanos nos pregunten además para qué vale esta ley, cuando nos pregunten por su contenido, también podremos decirles que impulsa los planes de fomento de la lectura; que crea el observatorio de la lectura y el libro; que crea el consejo de cooperación bibliotecaria; que tiene en cuenta las nuevas tecnologías; que amplía la definición del libro a otros formatos, digitales, electrónicos; que apoya la industria del libro; que promueve el acceso de las personas con discapacidad a la lectura, al libro y a las bibliotecas y, por ejemplo, que promociona a los autores que se expresen en castellano o en cualquier otra lengua oficial. En este punto, como ha sido objeto de debate, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos anunciar, como ya ha sido anticipado, que rechazaremos la votación de la enmienda que procede del Senado al artículo 5.1 y cuyo texto modifica el que salió de esta Cámara en el sentido de promocionar -dice la enmienda- a los autores del Estado español que se expresen indistintamente en castellano, catalán, euskera y gallego. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista aprecio los esfuerzos realizados por algunos portavoces para intentar solventar la contradicción de la propia enmienda. Porque, miren ustedes, la mención de autores del Estado español deja fuera de la promoción a los autores iberoamericanos. Aprecio sinceramente el esfuerzo, por ejemplo, del señor Tardà intentando salvar la contradicción, pero estamos en el último trámite. Por poner un ejemplo, si aprobáramos esto así, se podría impedir la promoción de un premio como el Cervantes cuando fuera otorgado, por ejemplo, a un autor iberoamericano.


También tendríamos que decir a esos ciudadanos que esta ley excluye del precio fijo de los libros los de texto y el material escolar de educación primaria y secundaria obligatoria, pasando del anterior sistema de descuentos al del precio libre, que creemos favorece a los ciudadanos y también a los libreros minoristas. Esta sería la segunda y la última de las enmiendas del Senado que vamos a rechazar, la referida al artículo 9.1, por entender que la exclusión del precio fijo solo debería aplicarse a

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la enseñanza obligatoria, es decir, creemos que a primaria y secundaria, no a la infantil, porque es verdad que es gratuita en su segunda etapa, pero no es enseñanza obligatoria. Lamentamos que algún portavoz de algún grupo haya hecho un alarde de profetismo y, haciendo futuribles, haya llegado a la conclusión de que esto va a ser un desastre; esperemos que no sea así.


Hay que explicar también a esos ciudadanos, con rigor y con lealtad, que la ley introduce una disposición final, que es la del canon bibliotecario. Déjenme que me extienda unos segundos en esto. Se introduce, señorías, en aplicación de una directiva europea -que nos obliga y nos habría obligado desde el año 1992- y en cumplimiento de una sentencia del año 2006 por incumplir dicha directiva. Tanto los gobiernos populares como los gobiernos socialistas, desde 1992, se han resistido, por entender que España todavía no era una sociedad lectora consolidada.
Esa es la resistencia que ha habido. Decía Catón que ninguna ley es igualmente cómoda para todas las personas. Para todos los Estados, podíamos decir. En este caso nos obliga a nuestra participación ser miembros de la Unión Europea. De no introducir el canon de la Ley de la Lectura se haría efectiva la sanción de 300.000 euros diarios. Señorías, un Gobierno responsable y un Parlamento responsable solo pueden cumplir con la ley y con los tribunales, sobre todo si dicho canon nunca va a recaer sobre el usuario de la biblioteca. Esta afirmación además tiene cobertura legal, la de la propia Ley de la Lectura, porque, como hemos señalado antes, entre las enmiendas que se han incorporado en el Senado está la enmienda al artículo 11 bis, punto 5, que señala explícitamente la gratuidad del acceso a los servicios de las bibliotecas públicas.
Habría que señalar finalmente a los ciudadanos que estos contenidos están avalados por una memoria económica de 431 millones de euros, a invertir en los próximos años -a veces se nos olvida- en dotaciones para bibliotecas públicas, cantidad que no está valorada al albur, sino que es el resultado de aplicar la ratio recomendada por la Unesco para el número de libros por habitante.


Señorías, estamos aprobando una Ley de la Lectura en un momento de grandes cambios. Hay generaciones a las que les toca vivir estos momentos y nuestro deber, en cuanto servidores públicos, es adaptarnos a la realidad y en este caso ayudar a ese tránsito, a ese cambio. En el siglo XVIII hubo otro momento de grandes transformaciones, referidas al hábito lector y a los libros, lo que se conoce como la revolución de la lectura. Se pasó de una lectura religiosa para salvar el alma y educar los modales a una lectura profana; se cambió del hábito de la lectura pública, en voz alta, en iglesias o en la propia familia, a la lectura en la intimidad, como un acto privado; se pasó de una lectura intensiva, repetitiva, de unos cuantos libros, que eran siempre los mismos, a una lectura extensiva, que incluía todo tipo de material impreso pero que se leía una sola vez. La nueva Eloísa, de Rousseau, en Francia; Pamela, de Richardson, en Inglaterra; Werther, de Goethe, en Alemania, se convirtieron así en los primeros best sellers de la historia y ratificaron esta revolución de la lectura.


Termino, señorías. Podemos estar viviendo otra gran transformación en los hábitos lectores; de otras características, de acuerdo. También estamos de acuerdo con la portavoz popular en que no creemos que en ese cambio esté el final del libro; son cambios que nos obligan a tomar decisiones.
La sociedad de la información, el derecho al conocimiento de los ciudadanos, la eclosión de las nuevas tecnologías, requieren respuestas por parte de los poderes públicos. La potenciación de la lectura del libro en las bibliotecas, como herramientas para el ejercicio de la ciudadanía, como instrumentos de socialización y como elementos que coadyuvan a la convivencia democrática, nos está pidiendo esta nueva ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Bedera.


Señorías, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, permítanme recordarles que quedan en este momento dos debates de proyectos de ley, más el tiempo que empleemos en realizar los llamamientos a votación y las votaciones, y, como saben SS.SS., hoy tenemos una cita muy concreta y las propias inclemencias meteorológicas pueden obligarnos a tener que preparar también este escenario como escenario alternativo. Por tanto, les rogaría que en los debates que en este momento quedan pendientes para concluir el orden del día pudiéramos ser lo más claros y libres, desde luego, pero sucintos en la expresión.


Muchas gracias por su comprensión.


- PROYECTO DE LEY PARA EL ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 121/000116.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Pasamos al punto 38: proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, antes proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas.


¿Desea intervenir, señor ministro? (Pausa.) Muchas gracias, señor ministro. ¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Gracias, señor Labordeta. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


El aforo de esta Cámara no guarda ninguna relación con la necesidad de que las administraciones públicas se adapten a las nuevas realidades y a los avances tecnológicos ni con la relevancia de una ley que regule esta cuestión. Tenemos que trabajar, es nuestra obligación, por una Administración moderna y avanzada, una Administración

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del siglo XXI, a la altura de los tiempos en que actúa y en este sentido se justifica la oportunidad de esta ley cuya tramitación finaliza hoy.
Este es el último debate que vamos a tener sobre ella, a pesar de que a su puesta en marcha le queda aún bastante tiempo. El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información. Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las administraciones públicas debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades. Para ello es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobre todo que la implantación de las nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad de los servicios públicos que se prestan desde las administraciones. Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad.


El objetivo de nuestro grupo parlamentario ha sido que este derecho de acceso electrónico a las administraciones se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la Administración electrónica. Para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el Congreso, cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo, si bien es cierto que en estas cuestiones la ley se queda a mitad de camino, se podría haber hecho más. En concreto, consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre y los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica. La formula escogida en la ley, pactada con Izquierda Unida-Iniciativa, pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas, al comunicarse con los ciudadanos, de usar los estándares abiertos.
Izquierda Unida hubiera preferido que la excepción que se recoge a la misma no estuviera, por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante; esto es, permite que las administraciones públicas incrementen su cautividad tecnológica -me refiero a la excepción recogida en la ley- y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación, porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estándares abiertos existentes. Es decir que esa excepción era innecesaria. El objetivo de Izquierda Unida ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa y, negociando las enmiendas, reconocemos que hemos avanzado sustancialmente, pero de forma insuficiente. Nos hubiera gustado avanzar más.


Se trata, como decía, de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos. Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio público no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa. Por muy extendida que esté esta empresa o por muy barata que sea, no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser clientes de nadie en concreto; tampoco deben serlo las administraciones públicas, pues no sería razonable que las administraciones estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos. Esta situación ya fue resuelta de hecho por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica, que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes. Nuestro objetivo, el objetivo de Izquierda Unida-Iniciativa, siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni que generara un nuevo mercado en el ámbito de las administraciones públicas que implicase un mayor coste para el ciudadano, a través del erario público, y una falta de opción por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.


En esta línea, y gracias a una enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa, se incluyó la definición de estándar abierto, algo muy positivo para esta ley, emulando la legislación comparada más avanzada. Se trata de que en la Administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos. A juicio de Izquierda Unida-Iniciativa, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos, pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la Administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos, porque ese software lo pagaremos entre todos. Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las administraciones compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios, siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto hubiera supuesto aumentar enormemente la base tecnológica con la que nuestras pymes podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están, además de otras empresas, las administraciones públicas.
Mejoraríamos así drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-Administración que todos pagamos, dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales que todos conocemos muy bien. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Sería también una forma perfecta de que las comunidades autónomas recibieran transferencia tecnológica y económica en forma de código-fuente de otras comunidades,

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sin tener que pasar por la Administración General del Estado. La razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece. Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del Senado no resuelven. En cualquier caso, respecto a las enmiendas que aporta el Senado, todas mejoran el texto, si bien hemos de señalar que se centran más en cuestiones de redacción que en culminar la línea que marcó el Congreso y cuya lógica acabo de exponer. Hubiera sido preferible que estas cuestiones de las que hoy por hoy carece el texto y no están recogidas en las enmiendas del Senado sí que lo estuvieran. Como digo, estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda. Eso sí, a pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogía ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estándares abiertos ni la política de interoperabilidad de la Unión Europea basada en los mismos. Aunque lo más grave es que, con el planteamiento original, no se tenían en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos, como el principio de igualdad. Todo esto, como digo, ha sufrido un profundo cambio en su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, que es de aplaudir.


En conclusión, es una ley que se queda a mitad del camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economía del gasto público no está del todo garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes públicos por parte de los ciudadanos y empresas. Son avances que se dan por una parte en la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen que podíamos dar a cómo quedará el texto después de este último paso por el Congreso para la votación de las enmiendas del Senado. Es una buena ley, pero se podría haber hecho mucho más, se podría haber garantizado en mayor medida tanto el principio de igualdad como el aprovechamiento de los bienes públicos para todos los ciudadanos y todas las administraciones públicas. Ese es nuestro mensaje.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro, muchísimas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y en particular de don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Su predecesor en la Presidencia ha hecho una admonición severa sobre la parquedad y la austeridad en el uso de los turnos, que puede ser razonable. Nos ha pedido que seamos breves porque hay un acto institucional previsto dentro de poco tiempo. Desde esta perspectiva, esto provoca un cierto efecto anticlimax en una ley tan relevante como esta. Yo no sé hasta qué punto lo que sobra es el acto institucional o sobra quizás la configuración de un orden del día tan extenso como el que estamos debatiendo. Esta es una ley muy relevante, esta es una ley no intranscendente. La verdad es que tengo un cierto sentimiento de desolación. Yo, que vine aquí en el año 1986, como diputado joven y meritorio, me hubiera encontrado seguramente, con leyes de esta naturaleza y de esta profundidad, que nada menos que da una dimensión nueva nada menos que a la estructura de la Administración, facilitando los trámites, simplificando los procedimientos administrativos y agilizándolos, que la tribuna de prensa estaba llena de periodistas siguiendo los debates y el hemiciclo, lleno. Vivimos otros tiempos, fruto de sabe Dios qué circunstancias deletéreas, y estamos hablando en unos términos que no se corresponden con la dimensión, la profundidad y la solemnidad de una ley de estas características.


El Senado no ha aportado grandes cosas, ha hecho lo correcto, ha hecho algunas mejoras de carácter técnico, algunas no de carácter profundamente técnico, como suele ser habitual, pero sí de carácter literario. Y estamos de acuerdo en una ley que, quizás en el final de su iter legislativo, meritaba un debate de más dimensión que el que estamos realizando. Aquí se están reformando leyes importantes como la que regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad o como la que regula las tasas de la Jefatura Central de Tráfico. Se están incorporando directivas muy relevantes aprobadas en la cumbre de Lisboa, como la Directiva 2006/123. En definitiva, se está facilitando lo que se denomina un derecho de los de nueva generación, un derecho de ciudadanía en la versión de otras doctrinas, el derecho al buen gobierno que corresponde a los ciudadanos y que posiblemente pronto será constitucionalizado, mediante el acceso a los procedimientos telemáticos para el acceso a la Administración y a la tramitación de los expedientes administrativos.


Es una cuestión que no se le escapa, señora presidenta, que no es baladí.
Es una cuestión importante, profunda, relevante y que estamos tramitando de forma no voy a decir rayana en la falta de decoro institucional, pero sí de forma institucional pobre. Estamos reconociendo a los ciudadanos un derecho nuevo, que se preconiza en el artículo 1 de la ley, el derecho que se reconoce a los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. Estamos además respetando los títulos competenciales de las comunidades autónomas, algo relevante para mi grupo parlamentario, los mecanismos para acceder a través de medios electrónicos o telemáticos a las administraciones públicas. Estamos creando figuras institucionalmente importantes de contrapoder, como el defensor del usuario, de quien utiliza estos medios electrónicos. Estamos consagrando la firma electrónica como mecanismo de acceso a la Administración pública por parte de los usuarios de la misma, que son todos los ciudadanos. Aquí la universalidad es fácilmente preconizable y es difícilmente discutible. Estamos garantizando la confidencialidad de estos

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datos mediante el respeto a los requerimientos de la Ley de 1999, de protección de datos de carácter personal. Estamos estableciendo mecanismos que se podrían calificar de seguridad pasiva, mediante la posibilidad de, según quién utilice los medios administrativos o telemáticos para acceder a la Administración, conocer qué personas, qué órganos, qué segmentos o servicios de la Administración van a tramitar sus expedientes.


En definitiva, estamos modernizando la Administración pública, con algo tan relevante como es la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración pública, para que los ciudadanos puedan vincularse con la misma, mediante procedimientos que son decimonónicos, los preexistentes, vinculados por las leyes de procedimiento administrativo, de la Ley de régimen de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, con una impronta manifiestamente decimonónica respecto al mecanismo o a la forma de relacionar al ciudadano con la Administración pública. Si esto es irrelevante, señora presidenta, nosotros sentimos -y yo creo que el ministro, a pesar de su desafección a las reflexiones que este grupo parlamentario está manifestando en estos momentos-, en esta legislatura o en los tiempos caracterizados por el relativismo antropológico, qué va a ser relevante a partir de ahora. Esta es una ley importante y es una ley para no ser ubicada en un orden del día de estas características. Pero, puesto que las reflexiones que se están haciendo, yo no sé si desafortunadas, afortunadas, o medias, resultan vinculadas a requerimientos que no voy a naturalizar, como es que hay un acto institucional que nos obliga a condensar nuestras reflexiones de alguna forma, que nos gustaría que hubieran sido más amplias, más relevantes, más profundas, sobre un intento loable del Gobierno, del Estado español, por modernizar, respetando las competencias autonómicas, los mecanismos de acceso de todos los ciudadanos del Estado español a la Administración pública, si esto es irrelevante, señora presidenta, desde luego los grados de relativismo con los que estamos conviviendo no son los propios de la mística, ni de la legislatura constituyente, ni de las siguientes y subsiguientes; estamos ubicados en otro contexto político que me voy a abstener de calificar para no incurrir, sencillamente, en un delito penal.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.


Continuamos, señorías, en este caso, con el turno de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Acabamos hoy la tramitación de esta ley -y estoy de acuerdo con los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que han dicho que es una ley importante-, que agiliza la relación de los ciudadanos con la Administración y que básicamente marca cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos en esta relación y cuáles van a ser también, como no puede ser de otra manera, las obligaciones que tendrán las administraciones públicas para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho.


No voy a repetir los argumentos que hemos dado en los varios debates que hemos tenido con esta ley, en Comisión y también en Pleno, pero sí quiero comentar las enmiendas que vienen del Senado o aquellos puntos que nuestro grupo entiende que son positivos. No voy a comentar aquellas enmiendas que son técnicas, para no aburrirles -les dejaré ir al acto institucional que tendrá lugar posteriormente-, y sí destacaré las cuatro o cinco enmiendas que nosotros entendemos que son positivas. En primer lugar, se modifica el artículo 4 de la ley y se ve ampliado con la introducción de dos nuevos principios generales, a los que se debe ajustar la utilización de las tecnologías de la información. Los dos principios introducidos, el de simplificación administrativa y el de transparencia y publicidad del procedimiento, nos parecen del todo adecuados y los hacemos nuestros sin más, ya que los ciudadanos precisamente reclaman un trato fácil, ágil y transparente, con las administraciones públicas.


Estamos de acuerdo con la introducción de dos nuevos derechos para los ciudadanos en los procedimientos relativos al establecimiento, como el de obtener los datos de la autorización competente relacionados con las actividades de servicios, así como las organizaciones y asociaciones profesionales relacionadas con dichas sociedades, o como el de obtener los medios de acceso a los registros y datos públicos relativos a los prestadores de la actividad de servicios. Aplaudimos su incorporación, porque persiguen la facilidad al acceso y a la información de los ciudadanos por parte de las administraciones públicas. Se ha modificado asimismo en el Senado el apartado 5 del artículo 10. Hemos estado discutiendo en Comisión y en Pleno qué formato de software utilizábamos en el acceso. Nosotros hemos sido claros defensores de los estándares abiertos y no nos gusta la redacción final, nos gustaba más cómo salió del Congreso. Estuvimos discutiendo también aquí, en el Congreso, que esa inclusión de la expresión "en su caso" podría posibilitar que se abriera la puerta a que grandes operadores -y no hace falta que diga el nombre, porque todos ustedes saben a quién me refiero- pudieran tener facilidad para incorporarse.


Al final vamos a votar todas las enmiendas que vienen del Senado, pero ya hemos dicho en más de una ocasión que no nos gusta la redacción y que hubiéramos optado por la redacción que hablaba de aquellos estándares internacionalmente reconocidos. Al final ha quedado como ha quedado y lo asumiremos. En la enmienda al artículo 40 se introducen las funciones que deberá desarrollar el comité sectorial de la Administración electrónica, que no aparecía en el texto original de la Ley y que se introdujo mediante enmiendas del Congreso, y nos

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parece bien que se doten de contenido y que se fije cuáles son las funciones de este comité sectorial. También queremos hablar de la inclusión en el anexo de la ley de las definiciones referentes a los espacios comunes o ventanillas únicas, actividades de servicio y prestadores de la actividad de servicio que nos deben servir para una mejor interpretación de esta ley.


He querido destacar, señorías, aquellas modificaciones que se han incorporado a la ley en el Senado. Estamos de acuerdo en que en el Senado se ha mejorado la ley y pensamos que lo que nos tocará hacer ahora a todas las administraciones públicas es empezar a trabajar. Nosotros también habíamos presentado, por ejemplo, alguna enmienda para dotar de algún fondo económico, para que las administraciones locales, por pequeñas que fueran, pudieran tener la facilidad de actualizar al máximo sus herramientas electrónicas y agilizar ese acceso electrónico. Es verdad que hay varios ministerios, como el Ministerio de Administraciones Públicas y sobre todo el Ministerio de Industria, que ya tienen algunas subvenciones o algunos fondos para que las administraciones locales puedan modernizarse o puedan agilizar ese acceso. Nosotros estaremos pendientes en todas aquellas administraciones locales en las que Esquerra Republicana tenga responsabilidades y apostaremos para lograr ese acceso electrónico, porque es un criterio no solo del departement de Governaciò, que está en manos de Esquerra Republicana, sino también de muchos de los concejales y alcaldes, abrir estas administraciones a los ciudadanos. En definitiva, doy las gracias a todos los grupos por la aprobación de esta ley y pido a todas las administraciones públicas que, como se dice popularmente, se pongan las pilas, para que este derecho que hoy aprobamos sea una realidad.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ramón.


Continuamos con el turno de Convergència i Unió. Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta Chacón, señor ministro de Administraciones Públicas, señorías, llega hoy en su tramo final la aprobación de lo que va a ser una ley importante, trascendente y de futuro: la ley que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, una ley que crea un nuevo derecho a la ciudadanía y, en correspondencia, una nueva obligación a las administraciones públicas.
Por tanto, es una ley encaminada al desarrollo de la sociedad de la información, pero sobre todo una ley encaminada a prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos, una ley encaminada a facilitar la labor de comunicación de los ciudadanos con las administraciones públicas. Por tanto, señor ministro, hoy usted, una vez más, es autor de reformas legislativas importantes, y en esta legislatura, en la que a veces pueden pasar de forma inadvertida, en el ámbito de las administraciones públicas y de la mano de su ministerio, señor Sevilla, se están desarrollando previsiones legislativas de importancia. De alguna manera, el tiempo va a dejar la huella de lo que ha sido, por ejemplo, la reforma en el ámbito del Estatuto básico del empleado público, lo que puede ser hoy la ley del acceso electrónico o lo que fue en su día la Ley de Agencias. Estamos por tanto ante una ley importante.


Nuestro grupo, ya de entrada, en el proceso legislativo, presentó una enmienda de devolución, y este portavoz que les habla concluye el debate parlamentario de esta ley -tras los trámites de Congreso y Senado- haciendo una gran valoración de su finalidad. No obstante, señor ministro, nuestro grupo sigue manteniendo una cautela que nos parece importante. Estamos a favor del acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración pública. Ese es un servicio público que incluso va a cambiar la manera de actuar al conjunto de los trabajadores públicos, va a generar una interactuación entre la Administración pública y los ciudadanos por la vía de la Administración electrónica, va a hacer que el concepto de instancia que hoy conocemos, el concepto de ir a registrar un documento que hoy conocemos, pase a la historia. Y lo mismo va a ocurrir con el concepto de trabajo en la Administración pública.


Yo no quiero negar méritos, ni capacidad, ni voluntad, a este proyecto de ley que hoy vamos a aprobar de manera definitiva, pero sí sigo creyendo, y nadie ha conseguido aún convencerme de lo contrario -y respeto la discrepancia, porque en un Parlamento también es bueno discrepar sobre fondos de contenido-, que siendo necesaria, como es, esta ley, debería estar en un ámbito más claramente circunscrito a la Administración General del Estado. Lo está, pero también tiene esa vocación expansiva para otras administraciones públicas, que nuestro grupo entiende que en determinados aspectos va más allá de lo que podría exigirse a ese mínimo común denominador, a esa legislación básica. Así lo cree Convergència i Unió. Hemos intentado rectificar vía enmiendas; incluso en la exposición de motivos inicial había unos aspectos que después se modificaron, se enriquecieron, porque de alguna manera delataban esa finalidad expansiva.
Mi grupo parlamentario, señor ministro, le decía ya en el debate de totalidad que es una ley que no marca imperativos para muchas administraciones públicas, que marca aspectos potestativos. Ustedes podrán realizar esto, por tanto lo podrán hacer o no, pero si la ley me dice que podrán, una ley posterior del mismo rango podría modificar ese artículo y decir que no podrán, con lo cual se está entrando en el ámbito de lo que puede ser un contenido de la legislación básica. Yo no quiero hacerme pesado en este discurso competencial, tuve ocasión de exponerlo en el debate inicial y lo quiero dejar dicho hoy en este debate final: compartimos la finalidad, la ley es importante, pero seguimos discrepando de esa concepción competencial. Mi grupo se va a abstener en la votación de las enmiendas del Senado no tanto porque las comparta o no en su plena literalidad, sino como una muestra final de ese punto de

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discrepancia que mantenemos, sabiendo que es una ley que va a ser aprobada hoy por estas Cortes Generales y que yo espero que dé sus frutos positivos, especialmente en el ámbito al que debería dirigirse más directamente, que es en el de la Administración General del Estado. En algunas de las nuevas enmiendas del Senado, por ejemplo la que propone una nueva redacción del artículo 44, al hablar de la red integrada de atención al ciudadano se ahonda aún más en lo que es una nueva obligación. Dice: En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios comunes para obtener... Es una obligación que se dirige ¿a quién? A todas las administraciones públicas.
¿Está ley debe dirigirla o no? Nosotros, desde el respeto a la discrepancia y a esa clara comparación de argumentos que puede tener un debate como el que hoy realizamos, entendemos que se sobrepasa ese ámbito competencial de autoorganización que es exclusivo de las comunidades autónomas, que está en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía, no únicamente en los nuevos sino en los que ya se aprobaron en el primer desarrollo constitucional. Por tanto, señor ministro, mantenemos este punto de discrepancia, como discrepamos también de lo que debería haber sido una expresa apelación a lo que la Lofca establece. La Lofca establece que cuando se crean nuevas obligaciones por ley hay que compensar a las administraciones públicas. Este proyecto de ley, que en pocas horas será ya ley, crea nuevas obligaciones y entendíamos que deberían haberse compensado vía Lofca. Esa cláusula de la Lofca finalmente no prosperó, aunque sí había prosperado, por ejemplo, en la Ley orgánica de protección de los menores. Aquí no ha sido posible y lo lamentamos.


Termino con un mensaje positivo. A pesar de esa distancia en algún aspecto competencial, entendemos que esta ley puede y debe generar una huella importante en lo que va a ser el día a día de las administraciones públicas. Creemos que va a cambiar globalmente el servicio público al ciudadano, que es de lo que se trata. Al final, nuestra obligación es impulsar entre todos leyes que ayuden a un mejor servicio público, más ágil, más directo, más eficaz, más controlado incluso, porque el ciudadano va a poder tener mucho mejor control de sus expedientes administrativos a través de la Administración electrónica; algunas modificaciones afectan al procedimiento administrativo y son importantes.
Nosotros mantenemos -y quiero que conste- esa distancia en lo que es la distribución competencial, pero compartimos la finalidad de lo que hoy se plantea, como lo hicimos ya en Cataluña cuando gobernábamos, desde el inicio, a través de la Administració Oberta de Catalunya y de tantos otros proyectos. Quiero agradecer a los ponentes de los distintos grupos parlamentarios que nos acompañan en el debate el esfuerzo realizado durante los distintos trámites, creo que la ley se ha mejorado durante su tramitación en el Congreso y en el Senado y esperemos que al final, más allá de esas discrepancias competenciales que provocan nuestra abstención, sea una ley útil y que dé, repito, una atención al ciudadano mejor, más ágil y mejor servicio público, que es de lo que se trata.


Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, una vez más. Gracias a todos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Jané.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en particular del diputado señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, hoy termina la tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley de Administración electrónica o de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; un proyecto de ley que ha contado con un amplio consenso a lo largo de toda su tramitación tanto en el Congreso como en el Senado y que hoy, en este momento de su aprobación final, espero y me atrevo a adelantar que también lo tendrá, al menos por nuestra parte, porque en el Grupo Parlamentario Popular hemos estado siempre convencidos, desde hace muchos años, de la importancia de la Administración electrónica, no solo para mejorar la prestación de los servicios públicos sino, y sobre todo, para que sirva de motor de la sociedad de la información. En ese sentido, no puedo ocultar que nos ha sorprendido un poco, señor ministro, que la tramitación de este proyecto de ley se haya querido presentar desde el punto de vista del Gobierno como casi el nacimiento de la Administración electrónica cuando los primeros proyectos de utilización de medios electrónicos al servicio de la Administración pública son ya -fíjese usted- del siglo pasado.


Es cierto que el proyecto de ley que hoy vamos a apoyar constituye un marco importante para el impulso de la Administración electrónica en España, pero no es menos cierto que con la entrada en vigor de esta ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado no habrá por arte de magia digital una Administración electrónica generalizada en nuestro país. Antes de este proyecto, por tanto, existían muchos servicios públicos electrónicos en las distintas administraciones públicas del Estado y con la entrada en vigor de este texto tampoco se va a producir por sí sola una multiplicación de estos servicios electrónicos. Por tanto, es importante que en el momento final de dar carta de naturaleza a este proyecto de ley nos preguntemos todos: ¿y a partir de ahora qué? Porque la ley, señor ministro, prevé un calendario para la implantación plena de los servicios de la Administración electrónica, concretamente el 1 de enero del año 2010, así como un nuevo plan que sustituya al Plan Avanza, o mejor será decir al plan no avanza, porque antes de que termine su periodo de vigencia, al menos en este terreno de los servicios públicos, no ha dado los frutos apetecidos y por eso se sustituye por otro. Confiese, señor ministro, que esa

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disposición adicional tercera incluida en la ley es todo un reconocimiento de que las cosas no van quizás como deberían de ir. De hecho, nuestro país, que ocupaba un lugar preeminente, de vanguardia, durante los gobiernos del Partido Popular en materia de Administración electrónica, ha descendido diversos puestos y se ha estancado, como indican los informes internacionales. Concretamente, a lo largo de la tramitación de esta propia ley, España ha descendido hasta el puesto 32 en la clasificación tecnológica mundial, siete puntos exactamente desde que gobierna el Partido Socialista en España, y hasta el puesto 86 en la promoción de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del Gobierno. Es decir, que un país que es la octava o novena economía del mundo y que tiene un puesto 86, desde luego no corresponde con lo que sería de esperar, lo cual sin duda significa que se ha hecho un mal trabajo previo en esta materia. Mientras tanto, hay comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, que, por ejemplo, están siendo las primeras en poner en marcha sistemas que permiten que el Boletín Oficial de esa comunidad autónoma esté únicamente en Internet y se pueda ahorrar el papel.


Por todo esto, señorías, esperamos que la aprobación de esta nueva ley sirva para recuperar esas posiciones de vanguardia y para dar un nuevo impulso a los servicios públicos electrónicos en todos los niveles de nuestra Administración; pero eso mucho nos tememos que no será posible si no existe un compromiso, un esfuerzo sincero y relevante en los Presupuestos Generales del Estado para los dos próximos ejercicios y sobre todo una adecuada orientación de esos recursos. En ese sentido, le puedo anunciar que estaremos muy pendientes, porque desde nuestro punto de vista no todo es cuestión de gastar más dinero, sino sobre todo de gastarlo mejor, y en este terreno de los servicios públicos no se trata tanto de hacer proyectos que deslumbren al ministerio o a la comunidad o al ayuntamiento vecino, o de salir en la foto, en la tele, en los periódicos digitales o en los logs, sino de desarrollar servicios públicos que sirvan realmente a los ciudadanos, es decir, que sean realmente útiles. De ahí, nuestra insistencia en que esta es una cuestión que para nosotros no era puramente nominal sino de concepto, de filosofía, de sentido profundo de este proyecto de ley, y por eso enmendamos su título. Este proyecto de ley, que inició su tramitación con el nombre de proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, termina hoy su periplo parlamentario con el de proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, como resultado de una de las enmiendas del Senado que hoy tenemos que ratificar. Pues bien, hubiéramos preferido, como saben SS.SS., que se llamara simplemente Ley del servicio público electrónico, pero, como muy bien sabe el señor ministro porque tuvo alguna participación en ello, al final tuvimos que aceptar un texto transaccional en el Senado, y lo hicimos porque supone un avance, dar el paso de una concepción antigua de la Administración pública, a la que los ciudadanos debemos acceder como quien escala una montaña, a lo que nosotros entendemos que tiene que ser el reconocimiento, que está en el propio título de la ley, de la concepción de la Administración pública como prestadora de servicios públicos que ha de utilizar medios electrónicos para servir mejor a los ciudadanos. En fin, creemos que es un avance tímido, pero un avance a fin de cuentas en la buena dirección, y por eso aceptamos esa transacción, aunque no me negará, señor ministro, que el título restante de la ley -permítame la broma- para alguien no muy ducho en la materia puede hacerle pensar que el acceso electrónico a los servicios públicos es algo así como una tarjeta con banda electrónica o con chip que pueda desbloquear la puerta de los aseos.


Bromas aparte, respecto al resto de las enmiendas no diré nada, porque creo que hay un amplio consenso entre todos los grupos de la Cámara, aunque para algunas de ellas pediremos votación separada y nos abstendremos por coherencia con el grupo en el Senado y con las enmiendas presentadas en el Congreso, pero sí quiero resaltar, porque me parece enormemente importante en este momento, algunas de las más importantes aportaciones del Grupo Parlamentario Popular a lo largo de la tramitación del proyecto que hoy aprobamos definitivamente. En primer lugar, intentar huir del ombliguismo administrativo o de la burocracia electrónica y evitar una nueva brecha digital. En segundo lugar, pasar de una declaración de principios, como constaba al inicio de la ley en el sentido de que la Administración podrá ser electrónica, a que esta Administración pública tiene que ser electrónica. En tercer lugar, velar por la compatibilidad, la interoperatividad y la neutralidad tecnológica para conseguir la igualdad entre los españoles y un servicio público que sea único y eficaz a la vez que perfectamente interconectado con la Unión Europea. En cuarto lugar, la incorporación de nuevos principios que estaban en nuestras enmiendas de simplificación administrativa, de transparencia y de publicidad de los procedimientos. En quinto lugar, la evitación a los ciudadanos -que no estaba incorporada- de la exhibición de determinados documentos o de información original que ya obre en poder de la Administración, lo cual consideramos que es enormemente importante.
En sexto lugar, la creación del defensor del usuario, también a través de una enmienda de nuestro grupo, para atender las quejas y realizar sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de los ciudadanos y su trato con la Administración pública por medios electrónicos. Y en séptimo lugar, la modificación de algunas tasas como consecuencia de ahorros o de simplificaciones administrativas que entendíamos deberían repercutir en los ciudadanos.


Existen, sin embargo, tres elementos sobre los que no se han admitido nuestras enmiendas y sobre los que queremos llamar la atención. El primero de ellos es que la ley se ocupa de la relación electrónica del ciudadano

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con la Administración, pero no ha aprovechado el efecto positivo en la transformación intrínseca propia de la Administración para convertirla en más moderna, más eficaz y digital de puertas adentro. En segundo lugar, la necesidad de extender el número de servicios públicos que son susceptibles de ser gestionados a través del DNI electrónico, dado que en estos momentos, además de su escasa utilización, su extensión es puramente testimonial. Y en tercer lugar, la necesidad de multiplicar la seguridad de los sistemas. Señorías, Estonia, un país de apenas 1,4 millones de habitantes y que solo hace 16 años era miembro de la ex Unión Soviética, hoy es uno de los países con mayor tecnología avanzada. Pues bien, con un solo documento que le sirve de identidad, de documento de afiliación a la Seguridad Social, de carné de conducir, de seguro del coche, de medio de pago, de conexión a determinados lugares web o incluso para votar en las elecciones, entre otras cuestiones, ha sufrido hace unos días un ciberataque masivo que hizo necesario aislar el país, cortar sus comunicaciones con el extranjero para evitar esos ataques y para evitar echar abajo el país. Con esta advertencia sencillamente quiero llamar su atención sobre la necesidad de abordar, a la vez que mejoramos nuestros servicios públicos electrónicos, todos nuestros sistemas de seguridad para evitar estos cibercrímenes, y esto es responsabilidad del Gobierno. En este momento final de la tramitación estamos seguros de que esta es una ley razonable, y esperamos que le acompañen buenas medidas de Gobierno para que España vuelva a recuperar su liderazgo en esta materia a nivel internacional y sobre todo que los ciudadanos puedan recibir un mejor servicio público.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Echániz, muchas gracias.


Finalizamos con la intervención del señor Corcuera en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor CORCUERA PLAZA: Gracias señora presidenta.


Señor ministro, señorías, hace poco más de tres meses intervenía en este mismo estrado para explicar la posición de mi grupo con respecto a la enmienda a la totalidad que sobre esta ley presentaba el Grupo de Convergència i Unió. En aquella ocasión señalaba nuestra voluntad por alcanzar un acuerdo con todos los grupos a lo largo del trámite de enmiendas, puesto que era evidente que, más allá de las discrepancias, existía con todos ellos una sintonía con el espíritu de la ley. Pues bien, hoy podemos decir que lo hemos logrado, no solo porque dicho grupo haya evolucionado desde su posición de veto inicial en el debate a la totalidad al voto favorable a la ley la semana pasada en el Senado, señor Jané, aunque no esté usted aquí presente, sino porque el gran número de enmiendas incorporadas o transaccionadas en este tiempo ha otorgado a la ley un apoyo ampliamente mayoritario. Es por ello, señorías, que quiero empezar mi intervención agradeciendo a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo de aproximación al texto del proyecto y su buena predisposición a llegar a acuerdos para facilitar el consenso, tanto aquí como en el Senado. Permítanme expresar también nuestra satisfacción, puesto que por fin podremos aprobar una ley que ha sido esperada y deseada desde hace tiempo por amplios sectores de la ciudadanía.


Apostar por la relación electrónica con la Administración no es únicamente una exigencia de aquellos ciudadanos que habitualmente usan las tecnologías de la información, sino que la posibilidad de acceder a los servicios públicos a través de estos nuevos canales implica también, en gran medida, eliminar barreras para que muchos ciudadanos que todavía tienen en este país serios problemas de movilidad o derivados de su localización geográfica, puedan realizar las gestiones administrativas que requieran sin necesidad de tener que acudir presencialmente a las correspondientes oficinas de atención. Mientras el desarrollo de la sociedad de la información y su progresiva implantación permite a los ciudadanos y a las empresas de nuestro país beneficiarse de los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías, mientras que cada vez son más numerosas las transacciones de todo tipo que pueden realizar de forma electrónica en su vida cotidiana, solo algunas administraciones públicas facilitaban la posibilidad de relacionarse e interactuar electrónicamente con ellas. El acceso por medios electrónicos de ciudadanos y empresas a los servicios de la Administración dependían, pues, hasta este momento de la discrecionalidad de cada una de estas administraciones.


Hoy, señorías, debatimos en este Pleno un proyecto de ley que consagra la relación con las administraciones públicas por medios electrónicos como un derecho y, por tanto, correlativamente como una obligación para las administraciones. De nuevo apostamos por crear derechos, por reforzar la posición de los ciudadanos. Este es el gran cambio que introduce la ley: la transformación de lo que hasta en la actualidad era una discrecionalidad por parte de las administraciones, en una obligación, consecuencia de la creación que la ley hace de un amplio catálogo de derechos para los ciudadanos. Por primera vez se reconoce por ley que los ciudadanos tienen derecho a relacionarse de forma electrónica con las administraciones y, además, hacerlo eligiendo el sistema que el ciudadano crea más oportuno. Se hace así una apuesta clara por el uso de los estándares abiertos, supeditado, eso sí, a un derecho de elección de los ciudadanos, eliminando así cualquier atisbo de discriminación en razón del sistema utilizado. Será el ciudadano quien decida cómo se relaciona con la Administración y no al revés, como venía sucediendo hasta este momento. Por primera vez, y también dentro del catálogo de derechos que crea la ley, los ciudadanos tendrán derecho a no aportar aquellos datos que estén ya en poder de la Administración, a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que estén

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interesados, o a obtener los medios de identificación electrónica necesarios. Para velar por el cumplimiento de estos derechos la ley crea la figura del defensor del usuario de la Administración electrónica, que anualmente elevará un informe al Consejo de Ministros con el análisis de las quejas y sugerencias recibidas, proponiendo actuaciones y medidas correctoras. Todo ello se traducirá, sin duda, en un ahorro de tiempo y documentación a aportar para ciudadanos y empresas, redundando, además, en la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa. En este sentido, la ley define la utilización de medios electrónicos en la gestión de la actividad administrativa, prestando una atención especial al rediseño y simplificación de los procedimientos. Se regula el concepto de sede electrónica responsabilizándose la Administración de lo que allí se publica y de los trámites que allí se realizan. Se apuesta claramente por el uso del DNI electrónico como medio de identificación y autentificación. Se regula la validez del documento, del expediente electrónico y de sus copias, y se mejora la utilización de las comunicaciones y notificaciones electrónicas, obligando a las administraciones a crear registros para recibir cualquier tipo de documentos.


Como saben, señorías, la ley establece también que los ciudadanos deben tener un marco de referencia común en las relaciones que pueden entablar con las distintas administraciones públicas. Esta realidad justifica a nivel constitucional el reconocimiento a favor del Estado de la competencia exclusiva para regular el régimen básico de las administraciones públicas, de manera que en todo caso se garantice un tratamiento común ante todas ellas. Esta necesidad de homogeneidad es si cabe aún más evidente en el plano de las relaciones interadministrativas de colaboración, cooperación y coordinación, obligando al uso de unos protocolos comunes. Me refiero, como saben, a la necesaria interoperabilidad. Si pretendemos lograr un desarrollo general de los servicios electrónicos en España resulta imprescindible garantizar que los documentos generados en una Administración puedan ser utilizados en cualquier otra y que los requisitos mínimos exigidos por cualquier Administración sean considerados como suficientes por todas las demás. No obstante, aunque el proyecto de ley afecta a todas las administraciones públicas, es escrupulosamente respetuosa con las competencias de cada una de ellas, tal como también ha defendido el representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Si bien establece exhaustivamente las obligaciones de la Administración General del Estado y la forma en que deben ser cumplidas, sin embargo en lo que respecta a las comunidades autónomas y a los entes locales se limita a establecer solo obligaciones relacionadas con los derechos de los ciudadanos y los requerimientos relativos a la mencionada interoperabilidad.


Señorías, como les decía al inicio de mi intervención, a lo largo de la tramitación del proyecto se han aceptado o transaccionado un gran número de enmiendas que han contribuido a alcanzar acuerdos y a mejorar el texto del proyecto. Quisiera señalar de entre todas ellas algunas incorporaciones: El compromiso de las administraciones públicas con los estándares abiertos y su definición, garantizando que las administraciones nunca obligarán a los ciudadanos a la adquisición de ningún tipo de software específico para relacionarse con ellas; la creación de la figura del defensor del usuario; el refuerzo de los principios de simplificación, transparencia y publicidad de los procedimientos; la mejora en la definición de sede electrónica, incorporando los principios de neutralidad e interoperabilidad; el refuerzo del carácter universal del DNI electrónico como mecanismo de identificación; el refuerzo de la obligatoriedad de la creación de registros electrónicos en todas las administraciones; una especial atención para la accesibilidad de las personas con discapacidad o personas mayores; la posibilidad de auditar en determinadas ocasiones el código de las aplicaciones usadas por las administraciones; las descripciones de algunas de las funciones al comité sectorial de Administración electrónica o nuevas obligaciones para el Gobierno referentes al desarrollo reglamentario para la garantía de la accesibilidad a los servicios públicos electrónicos en igualdad de condiciones. En esta misma línea de mejora hemos de entender el cambio realizado en el propio título de la ley, fruto de una enmienda transaccional, como se ha dicho, en el Pleno del Senado. La sustitución en el título del concepto administraciones públicas por la expresión servicios públicos ha de entenderse como un guiño a la terminología utilizada en algunos países de nuestro entorno más próximo, como una apuesta por una noción ahora valorada y que supone expresar en positivo la actividad de las administraciones públicas. En cualquier caso, el ámbito de aplicación del derecho de acceso electrónico y sus garantías queda claramente definido en el propio texto de la ley.


Señorías, como no podía ser de otra forma, el Grupo Socialista va a votar favorablemente el proyecto de ley tal y como lo hemos recibido del Senado. Votaremos favorablemente en coherencia con la posición que hemos mantenido a lo largo de todo el trámite de la ley y puesto que un número importante de las enmiendas incorporadas en el Senado fueron presentadas por nuestro grupo. Votaremos favorablemente porque, tal como les he dicho, creemos que mejoran el texto y que van a permitir que esta ley salga con un altísimo nivel de acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Corcuera.


PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DEL REASEGURO. (Número de expediente 121/000129.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos al debate del último punto del orden del día de hoy. Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, señor Puig en nombre de Esquerra Republicana.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, entro de lleno a valorar las dos enmiendas introducidas en el Senado y que ya avanzo que no gozarán del voto favorable de nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, nos encontramos con la introducción de una nueva disposición transitoria por la que se establece una exención de obligación de darse de alta en el régimen especial de los trabajadores autónomos en caso de colegiados que en su día hubiesen optado por incorporarse a la mutua o mutualidad que pudiera tener establecido el correspondiente colegio profesional. Se pretende, pues, una modificación de la norma ampliando el concepto de las mutualidades. Actualmente, la Ley 30/1995, de ordenación y supervisión del seguro privado, respetando los derechos adquiridos de las profesiones liberales, permite a las mutualidades obligatorias por estatutos colegiados existentes a la entrada en vigor de dicha ley, ser o seguir siendo alternativa al RETA, que se establece como obligatorio para el ejercicio libre de las profesiones. Se pretende, aparte de la ampliación de las mutualidades a mutuas, que sea aplicable dicha exención con independencia del ámbito territorial de actuación de las mutuas. No podemos aceptar dicha enmienda puesto que, a pesar de que el régimen jurídico de las mutuas y las mutualidades se ha ido acercando en los últimos años, no estamos ante el mismo régimen jurídico. Existen diferencias que, a nuestro entender, obstaculizan que pueda ampliarse el concepto de mutualidad a las mutuas a los efectos de exención de la obligación de estar de alta en el régimen especial de los trabajadores autónomos. Por todo esto, manifestamos nuestra oposición a estas enmiendas.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.


Señor Echániz en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, vuelve del Senado este proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados en materia de supervisión del reaseguro. Este es un proyecto de ley que busca la adecuación de nuestra norma a la Directiva Europea 68/2005 y que pretende dar respuesta a una serie de deficiencias estructurales que existen en el sector asegurador en materia de reaseguro y en materia de supervisión de este tipo de operaciones, es decir, la necesidad de eliminar la existencia de diferentes niveles de supervisión en cada uno de los Estados miembros y conseguir una armonización básica que permita la existencia de un reconocimiento mutuo tanto de las habilitaciones, habilitando una autorización única válida para toda la Unión Europea, como de los sistemas de supervisión prudencial que deberán ejecutar los Estados miembros donde tenga su origen la compañía. Por tanto, señorías, esta es una ley que cubre una importante necesidad del sector del reaseguro, que es un elemento fundamental en el funcionamiento de cualquier mercado de seguros y, por tanto, en cualquier sistema económico actual, disminuyendo riesgos mediante la cesión de parte del mismo a cambio también de parte de las primas y, por tanto, aportando garantías, contribuyendo a la materialización del ahorro. Además, lo hace incorporando algunas cuestiones de gran trascendencia como, por ejemplo, las entidades reaseguradoras cautivas con la incorporación del reaseguro limitado o con el establecimiento de las condiciones específicas de acceso o de ejercicio de la actividad reaseguradora.


Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado a lo largo de toda la tramitación de la ley su conformidad general con el texto y ha incorporado una enmienda a la ley en el Senado con el objeto de que el Gobierno elabore, a partir de este momento, un texto refundido de ordenación y supervisión de los seguros privados dado que, desde su aprobación por real decreto legislativo en 2004, este ha tenido distintas modificaciones sustanciales en el articulado motivadas por la incorporación al derecho nacional de directivas comunitarias en algunos casos y, en otros, por la necesaria traslación al ámbito de la ordenación de los seguros privados de la regulación de otro tipo de materias como, por ejemplo, la Ley de creación de registros de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento, la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de supervisión de los conglomerados financieros o, como en este caso, la del reaseguro. Esto justifica y casi obliga, desde nuestro punto de vista, al Gobierno a regularizar, a aclarar y a armonizar los textos legales objeto de refundición, con el fin de que el nuevo texto guarde coherencia. Por este motivo solicitamos al resto de los grupos de la Cámara su voto afirmativo a esta importante cuestión de forma.


Por otra parte, es necesario hacer un inciso en la otra enmienda incorporada en el Senado en relación con la alternativa al RETA, al régimen de autónomos, de colegiados incorporados a las mutuas o a las mutualidades de los colegios profesionales con adscripción obligatoria.
Esta enmienda, que ya fue presentada en el Congreso por el Grupo de Coalición Canaria, obtuvo nuestra abstención en ese momento como consecuencia del compromiso fehaciente del Gobierno de presentar una enmienda en el Senado que solventase esta cuestión.


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Toda vez que el texto transaccional no fue del gusto de nuestro grupo ni del resto de los grupos, optamos por votar afirmativamente esta enmienda en el Senado; una enmienda de carácter similar presentada por el PNV ha sido incorporada al texto, que también hoy votaremos afirmativamente en la confianza de que se incorpore a esta ley, o al menos que el Gobierno se haga sensible a la necesidad de dar una solución permanente a esta cuestión y apruebe una resolución de forma posterior que zanje esta injusticia que afecta de una forma especial a los médicos españoles.
Señorías, no es de recibo que solamente una pequeña parte de los facultativos de nuestro país tengan en función del lugar donde estén colegiados la posibilidad de elegir una alternativa al RETA que les permita realizar cotizaciones y recibir prestaciones distintas. El sistema en general nos parece bueno, pero también nos parece justo que se puedan beneficiar de él todos los profesionales -y recalco todos-, independientemente de que su colegio, su mutua o su mutualidad adoptaran en su momento las decisiones oportunas.


Por todos estos motivos, señorías, valoramos, repito, positivamente en términos generales esta ley. Creemos necesario mantener las dos enmiendas introducidas en el Senado y es imprescindible dar una solución permanente a los profesionales de la sanidad que en este momento presentan una situación muy heterogénea en materia de cotizaciones de autónomos.


Muchas gracias, señor presidente.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Echániz.


Finalizamos con la intervención del señor Armas en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ARMAS DÁRIAS: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señores ministros, estamos en el trámite final de la modificación del texto refundido por Real Decreto-ley 6/2004, de ordenación y supervisión del reaseguro. Con esta ley, que es de carácter eminentemente técnico, se trata de incorporar una normativa comunitaria.
Tanto en ponencia como en Comisión en el Congreso de los Diputados -y de ahí mi reconocimiento a los grupos parlamentarios-, esta ley tuvo prácticamente el consenso de todos, y estas dos enmiendas a las que se ha hecho referencia fueron después incorporadas en el Senado. A esta ley se incorporación de algunas enmiendas, fruto del trabajo de todos los grupos, pero apenas tuvo enmiendas después, en el trámite del Senado, hasta el punto de que, como estamos discutiendo, solo dos enmiendas fueron incorporadas en dicho trámite. De ahí mi reconocimiento a los grupos parlamentarios por el trabajo realizado, ya que esta ley, aunque es eminentemente técnica, afecta a toda la población, no solo a quienes operan en el sector del seguro, y especialmente en el sector del reaseguro, sino también a los usuarios, puesto que prácticamente todos somos potencialmente clientes de este ramo. De ahí que tenga una gran repercusión en la sociedad.


El reaseguro constituye una actividad esencial en el mercado asegurador.
Por ello fue una de las primeras directivas que la antigua Comunidad Económica Europea intentó trasponer, aunque de manera incompleta porque no tuvo en cuenta la necesaria armonización de los Estados miembros. De ahí que la Directiva 2005/68 del Parlamento y del Consejo intente armonizar bastante la dispersa normativa de los Estados miembros de cara a la homogeneización de esta importante actividad, haciendo posible la concesión de un sistema mínimo de supervisión, la concesión de una única autorización válida para todo el ámbito del espacio único europeo, dejando, eso sí, a cada Estado la aplicación del principio de supervisión e incluyendo las necesarias medidas de intervención, garantía de solvencia, control y régimen de infracciones y sanciones. Por tanto, como ya he dicho, es una ley de gran importancia para el sector y para la comunidad, en general.


No hubo ocasión de debatir esta ley en el Pleno, dado que se tramitó en Comisión con competencia legislativa plena. Pero ahora voy a referirme a las enmiendas que vienen del Senado, una de ellas de gran trascendencia y calado. Estoy seguro de que no fue ese el espíritu del grupo que después logró obtener el apoyo mayoritario del Senado, pero realmente es ese el fondo de la cuestión. De salir adelante esta enmienda, provoca nada más y nada menos que una ruptura del sistema de caja única de la Seguridad Social. Estamos hablando de eso, de la falta de solidaridad de determinado colectivo con el sistema de caja única de la Seguridad Social. Se pretende fraccionar la Seguridad Social, proponiendo que las mutuas o mutualidades sean alternativas a las prestaciones de la Seguridad Social. En el fondo, eso es de lo que estamos hablando, de la ruptura del sistema de la Seguridad Social o parcelación de ese sistema mediante la transmisión de ese servicio a las mutuas o mutualidades.
Estoy seguro de que ese no era el espíritu, pero ese es el fondo, porque, en mi opinión, se han sometido a presiones de determinados lobbies en un determinado colectivo, en este caso los médicos que además de en la actividad pública ejercen en la privada, para obtener la exención de tributar en el régimen especial de los trabajadores autónomos, el denominado RETA; este es el fondo de la cuestión. Los médicos que ya tienen cubierta su futura pensión por su trabajo en la Seguridad Social y que están obligados también a tributar en el RETA, quieren dejar de tributar por este régimen porque ya tienen garantizada la pensión máxima a través de la otra cobertura. Los médicos que trabajan en la sanidad pública y tienen cubierta su pensión en la privada quieren dejar de tributar en el RETA y hacerlo solo a través de la mutualidad, con lo cual además se rompe el principio de solidaridad. Con esta enmienda se abre la posibilidad de que otros muchos que también tienen cubierta su pensión máxima, dejen de tributar en su actividad privada por tener cubierta esa pensión. Ese es el fondo de

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la cuestión. Esto tiene un cierto tufillo corporativista al dejar de incrementar esa caja y que después pueda ser redistribuida entre aquellos cuya pensión, por su cotización y por su categoría profesional, no les cubre lo que les puede corresponder. Este es el fondo y lo demás son maneras de vestirlo.


Hay otro tema que se ha dicho que puede resolverse por vía administrativa y que ha tenido cierta incidencia, y que se refiere a Mutual Médica, que solo opera en Cataluña y en las Islas Baleares, y Caja Cantabria, en la comunidad cántabra. En este texto no se puede resolver y ya se ha dicho que se hará por la vía administrativa, porque es un agravio comparativo que estas mutuas solo puedan ejercer esa actividad en estas comunidades y no en el resto del Estado. Por eso mostramos nuestro rechazo y pedimos la reflexión de los grupos, porque si se aprueba esta enmienda, se estaría rompiendo el sistema de caja única de la Seguridad Social. Señores del Grupo Parlamentario Popular, atiendan, están ustedes rompiendo lo que dicen defender en mayor medida, el sistema de caja única de la Seguridad Social; eso es lo que se hace con esta enmienda.


En cuanto a la segunda enmienda incorporada en el Senado, ya tuve ocasión de hablar sobre la misma en la Comisión celebrada en el Congreso. La enmienda ha sido presentada por el Grupo Popular y pretende que se elabore un texto refundido por lo dispersa que es la legislación en materia de seguros. Estamos modificando un real decreto-ley del año 2004.
Estamos hablando de modificaciones de leyes que se han elaborado entre los años 2004 y 2007, un espacio cortísimo de tiempo en cuanto a elaboración de leyes que se relacionan con el sector, y que no es suficiente para hacer un texto refundido. Y por si este argumento fuera poco, tuve ocasión de explicar en la Comisión correspondiente que en este mes o en apenas unos meses va a entrar en vigor una nueva normativa europea sobre el colectivo de seguros, que también estaremos obligados a trasponer a la nuestra, por lo que esta enmienda es inútil. Y además -ya le he dado dos argumentos para rechazarlo-, va a existir -lo dije en Comisión- un nuevo concepto en la Unión Europea. Por eso tenía la esperanza de que no presentaran la enmienda en el Senado, pero han sido persistentes y hoy sigue siéndolo el portavoz del Grupo Popular. La refundición de ese texto es innecesaria por lo que he dicho, además de por el concepto que se estableció con la banca, que se llamó Basilea II, un concepto distinto que se va a imponer en la rama de seguros con otro que se ha dado en llamar Solvencia II. Se trata de adaptar la solvencia y el riesgo a través de la valoración del riesgo y no mediante la caja.
Este concepto, que se tendrá que imponer, obligará al Gobierno de turno en el plazo de un año, según dice la enmienda, pero en el plazo de un año habrá un gobierno distinto -no sabemos cuál será, aunque yo abogo porque sea el que yo apoyo- y por eso la enmienda es inútil. No le pido que la retire porque viene del Senado, pero nuestro voto será en contra. Estos son los argumentos y, por supuesto, mi grupo va a defender el concepto de solidaridad para la Seguridad Social y no va a apoyar la inutilidad de esta enmienda que viene del Senado.


Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL APARTADO SEIS DE LA LEY 15/2006, DE 26 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY 18/2001, DE 12 DE DICIEMBRE, GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN, PARA EL PERIODO 2008-2010 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2008. (Número de expediente 430/000004.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.


Votación del debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.
Vamos a votar el Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apartado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, para el periodo 2008-2010 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2008. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

Dígame. Adelante, por favor.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Según le consta a mi grupo parlamentario, la votación iba a ser no antes de las cinco. En Mesa y Portavoces se dijo que no antes de las cinco. (Un señor diputado: Por la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, me comunica la señora vicepresidenta, que ha estado presidiendo, y a continuación el señor vicepresidente, que en ningún caso se señaló que fuera a las cinco de la tarde. Y en la Mesa y Portavoces, sinceramente, no recuerdo tampoco que se fijara a las cinco de la tarde; tampoco. Pero dicho esto, si se trata de que ustedes se queden tranquilos... (Varios

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señores diputados: ¡No!) En ningún caso se dijo eso. Les garantizo que ni en Junta de Portavoces ni en Mesa se dijo tal cosa. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Dígame.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, intervengo por una cuestión de orden, para decir que mi grupo no tiene ningún inconveniente.
Someta a votación los asuntos del orden del día cuando la Presidencia quiera, pero sepa que fue el presidente, en la Junta de Portavoces, quien se comprometió a que no fuera antes de las cinco de la tarde. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Qué barbaridad!

Votación del debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 161; en contra, 118; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EN MATERIA CONTABLE PARA SU ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL CON BASE EN LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086.)

El señor PRESIDENTE: Votación en Pleno de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Enmiendas al artículo primero, apartado 2, en lo referente a la reforma del artículo 45 del Código de Comercio.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 291; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 290; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000100.)

El señor PRESIDENTE: Votamos el resto de las enmiendas relativas al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 292; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda al artículo 33.4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 290; en contra, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, CON EL FIN DE ADAPTARLA A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 2003, SOBRE NORMAS COMUNES PARA EL MERCADO INTERIOR DEL GAS NATURAL.
(Número de expediente 121/000102.)

El señor PRESIDENTE: Votación en Pleno de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/1988, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.
Enmienda de supresión del punto 7 del artículo único, apartado 20.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 280; en contra, 11; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas al artículo único, apartado veinte.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 128; en contra, 169; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y tres.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 281; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y ocho, que introduce una nueva redacción a la disposición adicional decimosexta de la Ley 34/1998.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 291; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 291; en contra, uno; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, PARA ADAPTARLA A LA DIRECTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE JUNIO DE 2003, SOBRE NORMAS COMUNES PARA EL MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD. (Número de expediente 121/000103.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 55/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Enmiendas a los párrafos undécimo, decimotercero, decimosexto y vigésimo segundo de la exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 283; en contra, cinco; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al resto de la exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 282; en contra, nueve; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartado ocho, subapartado a).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 292; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartado veinticuatro.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 281; en contra, seis; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartados sesenta y uno, sesenta y dos y setenta y dos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 290; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartado sesenta y tres bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 291; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas, con las siguientes correcciones técnicas. En el artículo único, apartado treinta, que modifica el artículo 23.1 de la Ley 54/1997, el primer párrafo, tras las palabras "por cada una de las unidades de producción de las que sean titulares" se añade lo siguiente: "bien físicas o en cartera", con el fin de adecuarlo a lo establecido en la enmienda aprobada al apartado veintidós del artículo único. En segundo lugar, en el artículo único, apartado 41, debe figurar la expresión: de hasta 220 kilowatios, con el fin de evitar una interpretación que podría resultar incoherente. Votamos las enmiendas con estas correcciones técnicas.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 295; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. (Número de expediente 121/000104.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de investigación biomédica. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo solicitaría la votación separada de los artículos 29 y 74.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas al artículo 3, párrafos o) y t); artículo 11; artículo 15; artículo 18; artículo 19; artículo 27, apartados 1 y 2; artículo 59.1.j); artículo 60; artículo 75 bis nuevo y artículo 86.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 129; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al nuevo apartado 6, del artículo 12.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 134; en contra, 161; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la exposición de motivos, a los artículos 12.2.e) y 12.3 y a la disposición transitoria tercera nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 294; en contra, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Artículo 29.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 298; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Enmiendas al artículo 64.1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 294; en contra, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 64.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 300.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación del artículo 74.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 299; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Enmiendas a la disposición adicional cuarta nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 132; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 302.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY SOBRE REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE EMBARCACIONES PESQUERAS EN EL REGISTRO DE BUQUES Y EMPRESAS NAVIERAS Y EN EL CENSO DE LA FLOTA PESQUERA OPERATIVA. (Número de expediente 121/000106.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre regularización y actualización de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el registro de buques y empresas navieras y en el centro de la flota pesquera operativa. Se votan en bloque las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS. (Número de expediente 121/000112.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Enmiendas a los apartados III y IV del preámbulo, al artículo 2.a) y al artículo 5 bis nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 5.1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 15; en contra, 286.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 9.1 g).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 12; en contra, 288.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 11.1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 296; en contra, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 11 bis nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 287; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 297; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY PARA EL ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 121/000116.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, antes proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas. En primer lugar, enmiendas a los párrafos 4º, 5º y 6º del punto IV de la exposición de motivos; punto VI de la exposición de motivos; artículos 6, 7.3, 19.1, 24.2.b), 31.2 y 44, disposición final octava (antes quinta), y anexo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 170; en contra, uno; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 293; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE, EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DEL REASEGURO. (Número de expediente 121/000129.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro. Enmiendas al artículo único apartado 12 bis nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 132; en contra, 169; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la disposición final nueva.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 134; en contra, 164; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- ACUERDO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL REINO DE ESPAÑA RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE LA VI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL, HECHO EN SANTIAGO DE CHILE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000213.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA POR EL QUE SE CONSTITUYE EL LABORATORIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGÍA Y SU ESTATUTO, HECHO EN BADAJOZ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000214.)

- ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO INTERNO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000 RELATIVO A LAS MEDIDAS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-CE, HECHO EN LUXEMBURGO EL 10 DE ABRIL DE 2006. (Número de expediente 110/000215.)

- ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE SENEGAL Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA EMIGRACIÓN DE MENORES DE EDAD SENEGALESES NO ACOMPAÑADOS, SU PROTECCIÓN, REPATRIACIÓN Y REINSERCIÓN, HECHO EN DAKAR EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000216.)

- ACUERDO RELATIVO AL FONDO FIDUCIARIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN, "EL AGUA, FUENTE DE VIDA, 2005-2015", HECHO EN NUEVA YORK EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000217.)

- ACUERDO DE SEGURIDAD DE LA OCCAR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA, EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, HECHO EN PARÍS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004. (Número de expediente 110/000218.)

- CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES, HECHA EN BADAJOZ EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000219.)

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.) ¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes referidos? (Pausa.) En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.


Se levanta la sesión.


Eran las cinco y quince minutos de la tarde.

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