DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 268, de 28/06/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 268
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 250
celebrada el jueves, 28 de junio de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por las tormentas de lluvia, granizo y viento que han afectado en la
segunda quincena del mes de mayo de 2007 a diversas Comunidades Autónomas
("BOE" núm. 150, de 23 de junio de 2007.) (Número de expediente
130/000045.)... (Página 13414)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie A, número 97-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de
expediente 121/000097.)... (Página 13420)
- Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo. "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie A, número 115-1, de 1 de diciembre de 2006. (Número
de expediente 121/000115.)... (Página 13424)
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 125-1, de 16
de febrero de 2007. (Número de expediente 121/000125.)... (Página 13434)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales:
- Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales
nucleares, hecha en Viena el 8 de julio de 2005. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 380, de 25 de mayo de 2007. (Número de
expediente 110/000220.)... (Página 13437)
- Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de
Mali, hecho en Madrid el 23 de enero de 2007. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 381, de 25 de mayo de 2007. (Número de
expediente 110/000221.)... (Página 113437)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Meteorológica Mundial
relativo a los preparativos para la Conferencia Internacional de la OMM
sobre "Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos",
hecho en Ginebra el 26 de febrero de 2007. "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 382, de 25 de mayo de 2007. (Número de
expediente 110/000222.)... (Página 13437)
- Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República
Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis Abeba el 30 de enero de
2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 383, de 25 de
mayo de 2007. (Número de expediente 110/000223.)... (Página 13438)
- Acuerdo relativo a la incorporación del Reino de España a la
Organización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático (SEAMEO), en
calidad de miembro asociado, hecho en Nusa Dua el 14 de marzo de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 384, de 25 de mayo de
2007. (Número de expediente 110/000224.)... (Página 13438)
- Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de
2000. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 385, de 25 de
mayo de 2007. (Número de expediente 110/000225.)... (Página 13438)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos
española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie A, número 73-1, de 27 de enero de 2006. (Número
de expediente 121/000073.)... (Página 13438)
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los
miembros de la Guardia Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 131-1, de 30 de marzo de 2007. (Número de expediente
121/000131.)... (Página 13450)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación.)... (Página 13463)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales. (Votaciones.)... (Página 13464)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)... (Página 13465)
- Proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos
española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie A, número 73-1, de 27 de enero de 2006. (Número
de expediente 121/000073.)... (Página 13465)
Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los
miembros de la Guardia Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 131-1, de 30 de marzo de 2007. (Número de expediente
121/000131.)... (Página 13465)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Continuación.)... (Página 13466)
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 104-1, de 26 de julio de 2004. (Número de
expediente 122/000088.)... (Página 13466)
Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 188-1, de 27 de mayo de 2005. (Número de
expediente 122/000157.)... (Página 13474)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.... (Página 13414)
Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por las tormentas de lluvia, granizo y viento que han afectado en la
segunda quincena del mes de mayo de 2007 a diversas comunidades
autónomas... (Página 13414)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) expone ante la Cámara que
ante la situación generada por las inundaciones producidas por las
tormentas de lluvia, granizo y viento que han afectado a diversas
comunidades autónomas, la prioridad fue poner en marcha la maquinaria
administrativa para permitir una serie de ayudas de carácter paliativo,
dejando para un momento posterior la evaluación del alcance de los daños
con más profundidad y la puesta en marcha de las medidas de emergencia.
Este real decreto se aplica con carácter más amplio, una vez evaluados
profundamente los daños en todas las comunidades autónomas afectadas. Se
extenderá a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Madrid, Murcia y la provincia de Jaén. Es un decreto-ley, como
viene siendo habitual en este tipo de catástrofes, en el que se incluyen
ayudas para reparar los daños producidos en la red viaria de los
municipios; establece indemnizaciones para daños en producciones
agrícolas; acuerda una serie de beneficios fiscales, exenciones y
reducciones de impuestos; algunas medidas en materia de Seguridad Social;
introduce ayudas para daños materiales y personales y líneas
preferenciales de crédito del ICO, entre otras.
Finaliza señalando que el Gobierno ha actuado con eficacia y con el
propósito de aliviar las consecuencias adversas de las distintas
comunidades autónomas que sufrieron los fenómenos meteorológicos
referidos, y solicitando de la Cámara el voto favorable.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los
señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón
Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart
Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Quintanilla Barba y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores... (Página 13420)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig
Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Grau i
Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Albendea
Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Armas Dárias, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo... (Página 13424)
Interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera
Sánchez-Capitán) para agradecer a todos los grupos políticos haber sido
capaces de aunar esfuerzos para conseguir, mediante consenso, que más de
tres millones de autónomos en nuestro país tengan reconocidos plenamente
sus derechos.
Señala que el Estatuto del trabajo autónomo pone punto final a la
situación de cierta desprotección en la que han vivido más de tres
millones de profesionales, de emprendedores y autónomos. A partir de
ahora todos los autónomos tendrán garantizados sus derechos individuales
y colectivos, tendrán más y mejor protección social y el reconocimiento
que se merecen por parte de toda la sociedad española.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre... (Página 13434)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig
Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Grau i
Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Souvirón
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora
Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales... (Página 13437)
Enmienda de la convención sobre la protección física de los materiales
nucleares, hecha en Viena el 8 de julio de 2005... (Página 13437)
Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de
Mali, hecho en Madrid el 23 de enero de 2007... (Página 13437)
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Meteorológica Mundial
relativo a los preparativos para la Conferencia Internacional de la OMM
sobre "Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos",
hecho en Ginebra el 26 de febrero de 2007... (Página 13437)
Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República
Federal Democrática de Etiopía, hecho en Addis Abeba el 30 de enero de
2007... (Página 13438)
Acuerdo relativo a la incorporación del Reino de España a la Organización
de ministros de Educación del Sudeste Asiático (SEAMEO), en calidad de
miembro asociado, hecho en Nusa Dua el 14 de marzo de 2007... (Página 113438)
Convenio europeo del paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de
2000... (Página 13438)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página 13438)
Proyecto de ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos
española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas... (Página 13438)
Interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera
Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández
Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los
señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i
Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Heredia
Díaz y la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los
miembros de la Guardia Civil... (Página 13450)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y la señora Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene el señor ministro del Interior.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación.)... (Página 13463)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de
junio, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones producidas por las tormentas de lluvia,
granizo y viento que han afectado en la segunda quincena del mes de mayo
de 2007 a diversas comunidades autónomas, se aprueba por 317 votos a
favor.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por
131 votos a favor, 184 en contra y dos abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley sobre
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley del
Estatuto del trabajo autónomo.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley por la
que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. (Votaciones.)... (Página 13464)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales que figuran en el orden del
día, se aprueban por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.)... (Página 13465)
Sometido a votación el proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la
lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas, se aprueba por 316 votos a favor.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley orgánica reguladora
de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, así como
el texto del dictamen.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 183 votos a favor y 131 en contra.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Continuación.)... (Página 13466)
Proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General... (Página 13466)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García
Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y la señora Sáenz Royo, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear... (Página 13474)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera
Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y
Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez de Armendrail, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Velasco García, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se someten a votación las enmiendas a la proposición de Ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, así como el texto del dictamen.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 297 votos a favor.
Se someten a votación las enmiendas a la proposición de Ley de reforma de
la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear, así como el texto del dictamen.
Se levanta la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
REAL DECRETO-LEY 5/2007, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS
POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR LAS TORMENTAS DE LLUVIA, GRANIZO Y
VIENTO QUE HAN AFECTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2007 A
DIVERSAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 130/000045.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, reanudamos la
sesión plenaria y lo hacemos con el punto VIII del orden del día. Pero
antes, señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del
Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter
orgánico del proyecto de Ley orgánica reguladora de los derechos y
deberes de los miembros de la Guardia Civil y de la proposición de Ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, no tendrá lugar antes de la 14:30 horas del
día de hoy.
Señorías, comenzamos con el punto VIII del orden del día, el que se
refiere a la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes y,
en particular, lo hacemos con el Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de junio,
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por las inundaciones producidas por las tormentas de lluvia, granizo y
viento que han afectado en la segunda quincena del mes de mayo de 2007 a
diversas comunidades autónomas. Como es evidente para todos, damos
comienzo a este debate con la intervención del ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señora
presidenta.
Señoras y señores diputados, durante la segunda quincena del mes de mayo
del presente año se han vivido en diversos puntos de España, más
concretamente en la zona centro, una serie de episodios de intensas
lluvia, viento o granizo, fenómenos meteorológicos en general que han
provocado graves inundaciones. Los más significativos de estos sucesos se
produjeron en poblaciones como Alcázar de San Juan, Villarrubia de los
Ojos y Daimiel, en la provincia de Ciudad Real; en las localidades
toledanas de Madridejos, Camuñas, Consuegra y Villacañas; en Jaén en las
localidades de Puerta de Segura, en Puente de Génave o en Santiago
Pontones, aunque hay que considerar que el alcance de estos daños se ha
extendido también a otros municipios de las comunidades de Madrid,
Castilla-La Mancha y Castilla y León; todos ellos lugares en los que se
han visto afectadas infraestructuras municipales y bienes de titularidad
privada, fundamentalmente viviendas y explotaciones agrarias.
Precisamente es el ámbito de la agricultura donde la lluvia, el viento y
el granizo han provocado también graves daños en las comunidades
autónomas a las que me refería antes y también en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Por ejemplo, las explotaciones de cerezo de la provincia
de Cáceres han sufrido una destrucción de tal envergadura que han
supuesto la pérdida de prácticamente el 80 por ciento de la producción
anual. Fuera de este ámbito temporal y geográfico y debido
fundamentalmente al fuerte viento, hay que señalar que se han producido
también daños de relevancia en las explotaciones agrícolas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante los días 7 y 8 de marzo
del presente año.
Ante esta situación, el Gobierno ha buscado en primer lugar dar una
respuesta eficaz para atender los daños en las viviendas y la pérdida de
enseres de primera necesidad. La prioridad, por tanto, fue poner en
marcha la maquinaria administrativa para permitir una serie de ayudas de
carácter paliativo a los ciudadanos, dejando para un momento posterior la
evaluación del alcance de los daños con más profundidad y la puesta en
marcha de las correspondientes medidas de emergencia. De esta forma, el
día 25 de mayo de 2007 se acordó por el Consejo de Ministros la
aplicación del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, que, como SS.SS.
saben porque he tenido ocasión de exponerlo aquí, fue modificado
recientemente, concretamente por un decreto de 13 de abril, para elevar
la cuantía de los tipos de ayuda, para subir el nivel de renta necesario
para acceder a las subvenciones y para introducir algunas ayudas que en
el decreto anterior, el del año 2005, no se consideraban. Se puso en
marcha, pues, la aplicación de este decreto y se hizo a través de los
desplazamientos de los directores generales del Ministerio del Interior a
las zonas afectadas. Ello ha permitido comprobar el alcance de los daños
y realizar las valoraciones adecuadas con más tiempo, de las cuales se
desprende la necesidad de disponer de un instrumento como el que hoy
traigo aquí a ratificación, es decir, un decreto-ley que complementa las
medidas adoptadas inicialmente a partir de la decisión del Consejo de
Ministros del 25 de mayo.
Este decreto-ley, por tanto, se aplica con carácter más amplio, una vez
evaluados profundamente los daños de todas las comunidades autónomas a
las que me refería. Su ámbito de aplicación, como suele ser habitual en
estos reales decretos-leyes, corresponderá al Ministerio del Interior a
través de la pertinente orden ministerial, pero ya les anunció que
lógicamente se extenderá a las comunidades de Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Madrid, Murcia y la provincia de Jaén. En este
decreto-ley, como viene siendo habitual en este tipo de catástrofes
naturales, se incluyen ayudas para reparar los daños producidos en la red
viaria de los municipios y de las diputaciones provinciales que serán
financiadas al 50 por ciento por la Administración del Estado -hay una
previsión presupuestaria específica para esto-; asimismo establece
indemnizaciones para daños en producciones agrícolas y ganaderas; también
establece una serie de beneficios fiscales, exenciones y reducciones de
impuestos; permite algunas medidas en materia de Seguridad Social,
básicamente exoneraciones de algunas cuotas de Seguridad Social;
introduce ayudas para daños materiales y personales, ayudas a
corporaciones locales; líneas preferenciales de crédito básicamente del
Instituto de Crédito Oficial y la posibilidad de establecer convenios
entre las administraciones, básicamente administraciones territoriales. En
este sentido, quisiera mencionar expresamente la habilitación que se
concede al Ministerio de Agricultura en este real decreto-ley.
Finalmente, y como también es habitual en este tipo de textos, se
establece la oportuna comisión interministerial que se reunirá en los
próximos días para desarrollar el decreto-ley y así tenga efectividad lo
más pronto posible.
En resumen, señorías, el Gobierno ha actuado con eficacia y, lógicamente,
con el propósito de aliviar en lo posible las consecuencias adversas que
en la población de distintas comunidades autónomas tuvieron los fenómenos
meteorológicos a los que me he referido anteriormente. Por todo ello y
por las razones de urgencia que son evidentes en este tipo de medidas,
solicito a la Cámara la convalidación del real decreto-ley que termino en
este momento de presentar.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted,
señor ministro.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.)
Entonces, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el
Grupo Mixto, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como es tradicional en nuestro grupo, bajo el principio de la solidaridad
interregional, vamos a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley que está dentro del diseño y configuración habitual de la
prevención y lucha contra riesgos catastróficos de origen climático -como
es este caso-, por los que resultaron afectadas una serie de áreas y
predios en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Jaén fundamentalmente.
Por tanto, en concordancia con ello y para que las medidas estén pronto a
disposición de los afectados, votamos favorablemente la convalidación de
este real decreto-ley y aceptamos la solicitud que el ministro del
Interior nos ha hecho. Nos sumamos a esta línea de solidaridad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones,
muchas gracias.
Izquierda Unida, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente, vamos a apoyar este real decreto-ley porque es necesario y
urgente. Recientemente, ya tuvimos un debate sobre lo acaecido en
Castilla-La Mancha a través de una iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular. Sería interesante, para que no se produzcan intentos de
aprovechar políticamente este tipo de desgracias -si van unos o van otros
o dan más o dan menos-, que se hiciera una legislación para todo este
tipo de casos; una ley concreta de aplicación inmediata que solventara
este tipo de catástrofes para que no hubiera ni regateos ni demagogia ni
debates, que no se deben dar, sobre este tipo de catástrofes que tienen
que tener una acción absolutamente inmediata. También se debería recoger
en esta ley que las medidas no vayan dirigidas únicamente a cuestiones
materiales e infraestructuras porque faltan medidas destinadas a los
ciudadanos, que son los que más padecen estas situaciones; faltan ayudas
directas, como nosotros pedimos en las iniciativas que planteamos como
reacción a la situación acaecida, que solventen los problemas personales,
así como de trabajo en los que se encuentran en concreto estos ciudadanos
que sufren los daños acaecidos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora
Navarro.
Señor Beloki, tiene la palabra en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, hoy hace exactamente nueve semanas -si mis
cuentas no están erradas, el pasado día 26 de abril- que debatíamos y
convalidábamos otro real decreto muy similar a este. Traigo a colación
este hecho porque me permite, por un lado, no repetirme en los argumentos
que entonces dije y que ahora pueden ser perfectamente válidos -y de ahí
una cierta economía de esfuerzos y de tiempo para todas SS.SS.-y, por
otro lado, también esquematizar la posición de mi grupo. Estamos en dos
casos análogos; en ambos casos se trata de desgracias imprevistas,
evidentemente distintas en un caso y en otro; se trata de una respuesta
que entendemos que la Administración debe dar de forma urgente porque no
hay nadie que discuta que ante situaciones así se debe actuar de forma
urgente y decidida; también se trata a estas alturas de la vida
parlamentaria -administrativa diría yo- de aplicar un esquema de medidas
que ya está básicamente establecido -tampoco existe aquí una gran
improvisación de un caso a otro o grandes novedades-, y se trata,
finalmente, de medidas abiertas, yo diría un tanto discrecionales al
menos en cuanto a su aplicación administrativa. La Administración queda
con mucho margen de maniobra para aplicar de una forma u otra estas
medidas que el Parlamento establece en su esquema básico.
Lo que dije entonces sigue siendo válido, de forma que, repito: en primer
lugar, nuestra solidaridad con los que han sufrido en este caso estas
desgracias, de tal manera que estamos de acuerdo en que se actúe de forma
inmediata; solidaridad con los que han padecido las inundaciones
producidas por las tormentas de lluvia, granizo y viento en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y, en concreto, en los municipios que se
citan en el decreto. Y en segundo lugar, estamos de acuerdo básicamente
con el esquema de ayudas, incluido el sistema
de aplicación de medidas, es decir, estamos de acuerdo también con que la
Administración tenga un margen de maniobra amplio para saber en cada caso
cómo se aplican estas medidas.
Finalmente, dos sugerencias que también se las hice al Gobierno en el caso
anterior. Nos gustaría que el Gobierno, al exponer un real decreto de
este tipo, hablara de las diferencias de aplicación de un caso a otro
para no tener que repetirnos en todas y cada una de las medidas, en qué
son diferentes estas o qué especificidades tiene un caso u otro, y
también nos gustaría que el Gobierno diera cuenta de cuál es finalmente
la aplicación exacta que de estas medidas se hace, de tal manera que
supiéramos lo que aprobamos ahora con las medidas y qué resulta de la
aplicación de las mismas. En todo caso, señor ministro, señorías, nuestro
grupo votará favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Beloki,
muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo de Esquerra Republicana.
Señor Ramón, tiene la palabra.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.
Ya tuvimos ocasión la semana pasada de debatir este tema mediante la
proposición no de ley que presentaba el Grupo Popular, proposición no de
ley a la que -cabe señalar- el Grupo Socialista presentó una enmienda
alternativa, que a nuestro entender era mucho más sensata y que debatimos
y aprobamos por unanimidad en esta Cámara. Esta proposición no de ley
instaba al Gobierno a presentar con la máxima celeridad un real
decreto-ley que concretase las diferentes medidas necesarias que fueran
más allá del acuerdo adoptado por el Gobierno de transmitir con urgencia
algunos procedimientos de carácter ordinario previstos ante situaciones
de similar carácter. Nuestro grupo votó entonces favorablemente el texto
consensuado, puesto que considerábamos que existían sectores necesitados
de medidas complementarias, del mismo modo que existe la necesidad de
habilitar medidas para la pronta reparación de infraestructuras de
titularidad municipal que resultaron dañadas. Celebramos la prontitud con
la que se ha enviado a la Cámara este real decreto y consideramos que la
urgencia de las acciones a emprender justifica la figura adoptada.
El real decreto contiene un paquete equilibrado de medidas que abarcan
aspectos diferentes tales como subvenciones por daños de infraestructuras
municipales y provinciales, indemnización de daños en producciones
agrícolas y ganaderas, beneficios y reducciones fiscales, medidas
laborales y de Seguridad Social, ayudas a particulares, créditos
preferentes, etcétera. Entendemos que es un paquete de medidas razonable,
adecuado y, por estos motivos que hemos expuesto y por la celeridad que
tiene que tener este real decreto, nuestro grupo votará favorablemente la
convalidación del mismo. Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión de
futuro. Entendemos que la respuesta urgente que necesariamente debe dar
el Gobierno ante estos fenómenos naturales no debe obviar que, ante las
nuevas situaciones climáticas que se nos avecinan, muchos de estos
fenómenos pueden aumentar en frecuencia y en intensidad. Sería adecuado
que el Gobierno, además de estas actuaciones urgentes, adoptara un
planteamiento a más largo plazo que contemplara, entre otros aspectos,
las reformas que pueda necesitar el mercado asegurador para responder más
adecuadamente ante estos fenómenos, así como la adopción de mayores
medidas preventivas en los casos en que ello tenga sentido. En
definitiva, creo que cabe esta reflexión de futuro y que hay que tenerla
en cuenta. Como he dicho, votaremos favorablemente, por la urgencia de
estas medidas, la convalidación de este real decreto.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor
Ramón.
Señor Guinart, continuamos con usted en nombre de Convergència i Unió.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, en esta ocasión también
va a apoyar la convalidación del real decreto, como lo hizo en ocasiones
anteriores -creo que cuatro o cinco ya- que se han producido en esta
legislatura, desde el año 2005, en diversos territorios del Estado
-Galicia, Extremadura, Cataluña, Levante y Canarias- y por diversos
motivos: incendios, vendavales, etcétera. El paquete de medidas que se
propone es muy similar al de los otros reales decretos, aunque en este
caso se han producido un par de elementos diferenciales en tanto en
cuanto una primera reacción ya fue la del 25 de mayo con las medidas
iniciales que tomó el Gobierno, pendientes de la valoración final de los
daños, y también con la proposición no de ley que se discutió en esta
misma sede hace una semana y que convalidó la actuación del Gobierno en
relación con aquellas medidas iniciales e impulsó, aunque pensábamos que
se estaba trabajando ya en él, la presentación del presente real decreto
o, al menos, de su convalidación. Sin duda, nuestro grupo hace prevalecer
los criterios de solidaridad y también los de reequilibrio, de
recuperación de la posición anterior, de reparación de daños. Por otro
lado, insistimos en lo que ya hemos comentado en ocasiones anteriores en
estos casos, en la necesidad de plantear desde el Gobierno algún tipo de
instrumento o de mecanismo estable que diera seguridad jurídica a todos
los españoles que pueden sufrir ese tipo de percances y que prevea de
forma general ese tipo de medidas, todas ellas repetitivas, aunque luego
se pueda precisar su aplicación en cada caso con una cierta
discrecionalidad o en función de cada circunstancia; eso mismo que acaba
de decir la señora Navarro en su exposición, que nos parece que debería
plantearse
seriamente por parte del Gobierno y que nuestro grupo ha defendido en
ocasiones anteriores. Aparte de todas las medidas que se plantea aportar
a los damnificados, también deberían contemplarse cada vez más aspectos
no solo materiales sino psicológicos para ayudarles a superar el trauma
que significan las pérdidas que producen ese tipo de catástrofes; todas
ellas nos parecen adecuadas y esperemos que de su aplicación a través de
la comisión interministerial los ciudadanos afectados reciban una justa
compensación o una reparación del daño que han sufrido. En definitiva,
vamos a votar afirmativamente la convalidación del real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Guinart,
muchas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
lo haremos, en particular, con el turno de la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, después de escuchar su exposición sobre las medidas que
contempla este real decreto-ley, desde el Grupo Parlamentario Popular
debo decirle que estamos satisfechos en parte, puesto que en gran medida
recoge las propuestas que nosotros mismos solicitábamos a través de la
iniciativa legislativa que defendimos la semana pasada y que, como usted
sabe, fue transaccionada con el Grupo Parlamentario Socialista. Desde
luego, en aquel momento queríamos devolver la calidad de vida, la
tranquilidad y la normalidad a los cientos de familias de los pueblos de
las comunidades autónomas afectadas por las inundaciones provocadas por
las tormentas de lluvia y granizo. Digo que estamos satisfechos, señor
ministro, porque entendemos que se ha hecho justicia ya que este real
decreto da cobertura a los cientos de familias de agricultores que se
habían quedado fuera de las ayudas aprobadas en primera instancia por el
Consejo de Ministros de 25 de mayo y que además habían quedado
desamparadas y desprotegidas porque el acuerdo del Consejo de Ministros
se refería, como usted muy bien ha dicho, al Real Decreto de 25 de marzo
de 2005 y también al Real Decreto de 13 de abril de 2007, que no hacía
ninguna referencia a las ayudas a los agricultores y a sus familias. En
ese momento las familias estaban desesperadas, los campos estaban
anegados de lluvia y granizo y, desde luego, arrasaban sus cosechas no
solamente para este año, como dije en mi anterior comparecencia, sino
también para el año que viene y para muchos años.
Además, señoras y señores diputados, no era de justicia que el Gobierno
actuara de forma rápida, con celeridad, en otros reales decretos y en
otros momentos y, sin embargo, no hiciera lo mismo ante la situación
vivida en estas comunidades autónomas, como Castilla y León, Murcia,
Madrid, Andalucía, Extremadura y particularmente en Castilla-La Mancha,
como usted muy bien ha dicho, señor ministro, y en pueblos que en estos
momentos todavía no han vuelto a la normalidad, familias que todavía no
saben lo que les espera en un futuro, como Alcázar de San Juan, Campo de
Criptana, Villarrubia, Quero y otros muchos en los que las inclemencias
meteorológicas han llevado a estas familias de agricultores a la mayor
ruina. Por eso, y en virtud de los principios de igualdad, equidad y
justicia en los que argumentábamos nuestra iniciativa legislativa, le
anuncio que el Grupo Parlamentario Popular al que represento va a votar a
favor de la convalidación de este real decreto, que recoge medidas que
merecen los ciudadanos, que merecen los autónomos, que merecen los
empresarios, pero sobre todo que merecen las familias de los agricultores
de las comunidades autónomas afectadas. No obstante, decía al principio
que estamos satisfechos solo en parte porque algunas de las medidas que
recoge este real decreto deberían haber ido a más, deberían haber tenido
mayor cobertura y mayor compromiso, señor ministro, por parte del
Gobierno. Y en este sentido me refiero, en primer lugar, a los daños en
infraestructuras municipales, unos daños que se han valorado en la
memoria económica que acompaña a este real decreto en más de 22 millones
de euros, de los que, según el artículo 2 de este real decreto, solo se
subvencionarán el 50 por ciento, es decir, poco más de 11 millones de
euros. En algunos municipios los daños han sido extraordinariamente
cuantiosos y permítame en este punto referirme a algunos municipios de mi
tierra que usted ha hecho valer en esta tribuna, como Campo de Criptana y
Alcázar de San Juan, porque según la memoria económica elaborada por el
propio Gobierno las pérdidas en infraestructuras en estos municipios
superan los 12 millones de euros. Es decir, solo en estos dos municipios
la cuantía de los daños supera el total del montante de las subvenciones
que el Gobierno va a aportar, a las que además se ha establecido un
límite de 10 millones de euros. Nuestro grupo considera que estas
subvenciones deben cubrir hasta el 75 por ciento, límite máximo de la
cobertura, tal y como establece la normativa comunitaria y que, por
tanto, se debe eliminar el límite establecido en el real decreto.
Por otro lado, este real decreto recoge en su artículo 4 las
indemnizaciones a los daños en producciones agrícolas y ganaderas, y de
nuevo, señor ministro, se vive una discriminación en el mundo de los
agricultores que no poseen ningún tipo de seguro. El propio Gobierno
reconoce en la memoria económica que acompaña a este real decreto-ley que
en el caso de Castilla-La Mancha se han visto afectadas 229 hectáreas de
cultivo, con un valor aproximado, señoras y señores diputados, de 96
millones de euros y, según los datos facilitados por Enesa, el grado de
aseguramiento en la zona afectada es del 75 por ciento de la superficie
en cultivos de cereales y leguminosas, y en viñedos el grado de
aseguramiento se sitúa en torno al 35 por ciento, y además
cito textualmente lo que dice el real decreto- con una tendencia a la baja
como consecuencia de la difícil situación que atraviesa el sector. En
vista de estas cifras, con este real decreto la inmensa mayoría de los
agricultores afectados quedará fuera de estas indemnizaciones. Nuestro
grupo está de acuerdo -¡cómo no!- en que es necesario que se contraten
pólizas de seguros, pero, como el propio Gobierno reconoce, la situación
que atraviesa la agricultura, que es cada vez menos competitiva, con
costes cada vez más altos y cuyos precios de venta en los productos son
cada vez más bajos, provoca que muchos agricultores no es que no quieran
sino que no pueden asegurar sus cultivos. Por eso hubiera sido importante
que este real decreto estableciera algún tipo de ayuda para estos casos
con fórmulas eficaces para no volver a repetir situaciones de desamparo,
a las que va a llevar este real decreto.
Este real decreto recoge de nuevo los créditos a los agricultores a través
del Instituto de Crédito Oficial, créditos que establece en un 2 por
ciento. Señor ministro, si hay familias de agricultores que no van a
poder cosechar ni este año ni el que viene, porque se han abierto las
viñas, porque los troncos se están secando con el sol ya que sus raíces
se han quedado sin tierra, porque el mildiu está afectando a miles de
hectáreas de viña, como señalan hoy en sus páginas los periódicos de toda
Castilla-La Mancha, ¿cómo van a pagar créditos al 2 por ciento? ¿No
hubiera sido positivo que hubiéramos establecido esos créditos, como
decíamos en nuestra iniciativa legislativa, al cero por ciento? Además,
esa cuota diferencial la tendría que haber asumido el Gobierno a través
de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso sería tan importante
que se valorara que muchos agricultores no van a poder hacer frente a
esos créditos, que no van a poder pedirlos. Esos agricultores hoy están
descapitalizados, ya que las tormentas han arrasado miles de hectáreas de
los pueblos de Castilla-La Mancha. Señor ministro, es importante que hoy
reflexionemos y que este real decreto-ley dé respuesta a una población
que quiere un compromiso claro de este Gobierno. Nuestra iniciativa
parlamentaria, que fue transaccionada con el Grupo Parlamentario
Socialista, abarcaba muchas más medidas, era mucho más amplia. En nuestra
proposición no de ley pedíamos, como no podía ser de otra manera, que
hubiera una buena colaboración entre las administraciones locales y
autonómicas para poner en marcha -tampoco lo recoge el real decreto- un
programa de regeneración medioambiental y que pidieran las ayudas del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para actuaciones de este tipo,
que llegaran más ayudas al mundo de la agricultura, al mundo empresarial,
a aquellas familias que hoy necesitan de nuestro apoyo.
Voy terminando porque está agotándose mi tiempo. Señoras y señores
diputados, señor ministro, no podemos olvidar que este real decreto se
presenta hoy para su validación y vuelvo a decirles que van a tener el
apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Estamos en un momento oportuno. No
solamente este grupo parlamentario dice que las medidas son
insuficientes, sino también las propias organizaciones agrarias, como
Asaja y UPA. Dicen que son insuficientes, que no van a llegar a quien
realmente más lo necesita, que son medidas lineales y que hay que cumplir
muchos requisitos para que hoy los agricultores damnificados por estas
tormentas puedan recibir aquello que en justicia se merecen. Por eso
nosotros, a pesar de que vamos a votar a favor de la convalidación de
este real decreto-ley que debatimos hoy, les vamos a pedir, como no puede
ser de otra manera, que sea tramitado como proyecto de ley. Sería bueno
que fuera tramitado como tal, independientemente de que vayamos a votar a
favor, porque con ello ayudaríamos realmente a las familias que lo
necesitan, a las familias de los agricultores, a las familias de aquellos
que han visto sus cosechas agostadas y que no tienen ingresos para poder
vivir ni este año ni los años venideros.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Quintanilla,
muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y
en particular del señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, voy a intervenir brevemente para fijar la posición del
Grupo Socialista en este tramite de convalidación del real decreto-ley de
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones,
tormentas, granizo y vientos huracanados, que padecieron diversas
comarcas españolas durante el pasado mes del presente año. Nadie, de
buena fe, puede poner en duda que en esta ocasión las administraciones
han funcionado con eficacia. Y digo conscientemente administraciones,
porque a la eficaz actuación del Gobierno de España hay que sumar la
actuación eficaz del Gobierno de Castilla-La Mancha y el de las
diputaciones y ayuntamientos de las zonas afectadas. Le ruego, señor
ministro, que traslade la felicitación del Grupo Socialista a todos los
que han intervenido en este proceso, por una actuación que calificamos
simplemente de ejemplar. Se ha actuado con eficacia, con rigor y con
prontitud, poniendo todos los medios disponibles para la reparación de
los daños producidos. Se actuó con diligencia en los momentos de las
lluvias torrenciales, y cuando aún no ha transcurrido ni un mes desde que
las tormentas azotaran las zonas, vamos a convalidar un real decreto-ley
que contiene un conjunto de medidas para ayudar a la recuperación de las
economías de las familias, de los agricultores, de las empresas y de las
infraestructuras públicas dañadas. Este real decreto complementa las
primeras ayudas que concedió el Gobierno para la
reparación de los daños en viviendas, en enseres y en pequeños negocios,
por medio de un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 25 de
mayo. La portavoz del Grupo Popular dice que estas ayudas son escasas y
el otro día decía que llegaban tarde, pero a mí me gustaría que hubiera
dado algún ejemplo. En ocho años de Gobierno del Partido Popular, ¿cuándo
actuó su Gobierno ante una situación de catástrofe con instrumentos más
potentes que los que ha utilizado el Gobierno socialista? (Aplausos.) Si
no, señora Quintanilla, usted se está haciendo portavoz de catástrofes
simplemente para hacer una utilización política del daño sufrido por las
familias y las personas de una zona afectada. Durante ocho años de
Gobierno del Partido Popular nunca se actuó con un real decreto-ley con
medidas más potentes y más eficaces que las que se han adoptado en este
momento. (Rumores.-Aplausos.)
No cabe duda, señora Quintanilla, señores portavoces, que se han producido
daños importantes. La comunidad más afectada ha sido la de Castilla-La
Mancha, pero también ha habido daños en otras, en Castilla y León, en
Andalucía, en Madrid y en Extremadura. En el caso de mi comunidad
autónoma, los vecinos de Alcázar de San Juan, de Villarrubia de los Ojos,
de Daimiel, de Madridejos, de Camuñas, de Consuegra o de Villacañas,
nunca van a olvidar esos días. Cayeron más de 200 litros por metro
cuadrado, y eso en mi comunidad autónoma supone que en un solo día cayó
más agua que la que cae durante todo un año. Las medidas que ha aprobado
el Gobierno suponen un catálogo de ayudas que comprometen gastos de
diversos ministerios y que de forma resumida pretenden reparar los daños
en infraestructuras municipales; el Gobierno va a financiar al 50 por
ciento la reparación de las infraestructuras municipales. Estas ayudas
serán complementadas con las del Gobierno de Castilla-La Mancha y con las
de la diputación. Son notables las ayudas a los agricultores y ganaderos
afectados, en una zona muy importante. Hacer caso a lo que ha planteado
el Grupo Popular supondría dinamitar el Sistema Nacional de Seguros
Agrarios, que es un ejemplo de este Gobierno, es un ejemplo de España.
Señora Quintanilla, ¿quién va a suscribir un seguro, si, cuando hay una
situación catastrófica, el Gobierno paga los daños? De lo que usted está
hablando no es de reparar los daños ante una situación de catástrofe,
sino de hacer negocio con situaciones catastróficas. Ahí están los
seguros agrarios y para situaciones no asegurables es para lo que tiene
que haber este tipo de ayudas.
Se ha aprobado una línea preferencial de créditos ICO para actividades
agrarias, industriales y comerciales, y se han aprobado medidas laborales
y de carácter fiscal. En definitiva, se ha aprobado un conjunto de
medidas que van a contribuir a reparar los daños en unas zonas afectadas
con una actuación desarrollada por los gobiernos y por las
administraciones, que van a garantizar que las ayudas lleguen a las
familias, a las economías y a las administraciones, en una actuación que
he calificado de ejemplar y que nos hace estar seguros de que van a
llegar en el plazo más breve posible. Enhorabuena, señor ministro.
Traslade nuestra felicitación por esta actuación ejemplar, rápida y
contundente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Alonso,
muchas gracias.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY SOBRE COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS
FINANCIEROS DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente
121/000097.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el
debate del punto IX del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer
lugar, debate del proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de
servicios financieros destinados a los consumidores. Entraremos en la
fijación de posiciones.
Señor Mardones, en nombre del Grupo Mixto, adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
A nuestro grupo le ha parecido entender a la señora presidenta que estamos
hablando de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley sobre
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores. (Pausa.) No habíamos oído en qué punto estábamos.
Mi grupo, vistas las enmiendas que ha remitido la Cámara Alta al proyecto
de Ley de comercialización a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores, entiende que hemos avanzado. Las enmiendas
son pocas, algunas son puramente de carácter gramatical o técnico, pero
otras sí han introducido algunas cuestiones que mejoran la garantía
procesal en la comercialización de estos servicios financieros. Este es
el caso de la enmienda al artículo 10 y la que hace también referencia a
algunas condiciones que mejoran, siempre a beneficio de los consumidores,
la comercialización de estos servicios financieros realizados a
distancia. Nuestro criterio ha sido siempre favorecer, con respeto a los
distribuidores de la comercialización de estos servicios, el principio de
la defensa legítima de intereses de los consumidores. Entendemos que el
resto de las enmiendas que llegan del Senado van en esa línea; por
ejemplo, en el caso del artículo 15 introduce un nuevo supuesto de
legitimados, para ejercitar toda la acción de cesación de la
instrumentación que se está regulando, y nos parece positiva. También en
el artículo 10.4 se incluyen algunas correcciones técnicas que mejoran la
garantía de seguridad. Por todas estas razones, señora presidenta,
nosotros
vamos a votar favorablemente estas enmiendas del Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones,
muchísimas gracias.
Señor Llamazares, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de
servicios financieros destinados a los consumidores, que vamos a aprobar
definitivamente, tiene por objetivo declarado proteger a los consumidores
que realizan operaciones de comercialización a distancia, como son la
contratación electrónica y por teléfono, al considerar que la
incorporación de las nuevas tecnologías en nuestra vida económica y
social necesita ajustes normativos que mejoren la protección del
consumidor de servicios financieros, servicios bancarios, de crédito, de
pago, de inversión, seguros privados, planes de pensiones y la actividad
de mediación de seguros. Nosotros consideramos que esta iniciativa
finalmente es positiva. El proyecto de ley pretende además completar la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva comunitaria
de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia
de servicios financieros; una parte de ella ya fue incorporada mediante
la Ley de 4 de noviembre de 2003, de modificación y adaptación de la
normativa comunitaria a la legislación de seguros privados.
Cuando este proyecto de ley empezó su tramitación ya manifestamos nuestra
impresión de que interpretaba las ambigüedades de la directiva
comunitaria a favor en exceso de las entidades financieras, y nuestro
trabajo y nuestras enmiendas han pretendido corregir esta situación, que
considerábamos desequilibrada, ampliando las garantías del consumidor y
mejorando en definitiva su situación. Hay que reconocer ahora, al final
de la tramitación, que se ha avanzado positivamente en la tramitación del
proyecto de ley en alguno de estos aspectos, con el concurso de nuestro
grupo y de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Con relación a las enmiendas que vienen del Senado, la enmienda al
artículo 4.1 es una precisión técnica, como lo es también la que se
introduce en el artículo 18.2. En nuestra opinión, las enmiendas al
artículo 7 podrían ser positivas, al añadirse la exigencia de que la
información previa al contrato se suministre de forma gratuita, y de
igual forma en lo que respecta a la existencia de información adicional.
Sin embargo, las enmiendas al artículo 10, que son dos, por un lado
precisan la no aplicación del derecho de desistimiento en el caso de los
contratos de seguros en los que haya acaecido el siniestro objeto de
cobertura, y por otro lado se indica que la resolución del contrato
vinculado no supone la automática resolución del contrato principal.
Tenemos que manifestar en este sentido una cuestión importante para
nosotros sobre el derecho de desistimiento o abandono unilateral del
contrato por parte del consumidor, seguimos pensando que habría sido
positivo cerrar la lista de las excepciones al derecho de desistimiento,
para mayor protección del consumidor. Es verdad que la directiva
establece una lista abierta, pero se opta por añadir nuevos supuestos a
las excepciones. De la misma forma, seguimos manteniendo que no es
positivo utilizar una expresión doctrinal abierta, como es la de
contratos vinculados, que en nuestra opinión abre vías para incluir
cualquier otro contrato no incluido en la lista, ya de por sí muy amplia,
de la directiva europea.
Por último, se incorpora una enmienda al artículo 15, incluyendo un
supuesto nuevo de legitimados para ejercitar la acción de cesación. En
concreto, se explicita a los titulares de un derecho o de un interés
legítimo afectados por la conducta contraria a la presente ley. En
realidad, y con carácter general, la acción de cesación en materia de
protección de los intereses de los consumidores es una acción colectiva,
que tiene por objeto obtener una sentencia judicial que elimine
condiciones que se consideran nulas por ser contrarias a la ley. Y,
francamente, pensamos que el artículo 15 ya establece con precisión
quiénes están legitimados para ejercitar la acción de cesación: el
Instituto Nacional de Consumo y órganos correspondientes de las
administraciones, las asociaciones de consumidores y usuarios, el
ministerio fiscal y las entidades habilitadas de otros Estados miembros
de la Unión Europea. Tampoco esta última enmienda de Convergència i Unió
nos parece que aclare o mejore el texto que salió del Congreso de los
Diputados y que ha sido modificado, mediante enmiendas, en el Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor
Llamazares.
Continuamos con el turno del Grupo de Esquerra Republicana. Señor Puig,
adelante.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Hoy, con la votación definitiva de las enmiendas del Senado, daremos luz
verde al proyecto de ley cuyo objetivo es la trasposición de la directiva
comunitaria que pretende dar regulación específica a los servicios
financieros ofertados a los consumidores, mediante el establecimiento de
un régimen de información que debe ser facilitada por las entidades
financieras a los consumidores antes y con antelación suficiente a la
celebración del contrato, otorgando un derecho de desistimiento a los
consumidores sin tener que dar más explicaciones que las de querer
desistir, siempre que se haga en los plazos y en la forma que prevé la
ley. Es en definitiva
una ley que incorpora al ordenamiento jurídico un mandato de la Unión
Europea cuyo objetivo es la defensa de los consumidores.
En el trámite del Senado se han incorporado una serie de enmiendas que
nuestro grupo valora positivamente, ya que se orientan a la defensa de
los derechos de los consumidores y usuarios, ofreciéndoles más garantías.
Nos parece correcta la matización incorporada al artículo 4.1, que acota
los servicios financieros que se comprenden dentro del ámbito de la ley,
ya que su concreción va en aras de la seguridad jurídica de los contratos
que generan obligaciones para el consumidor. Asimismo, dada la gran
facilidad en el cobro de comisiones por parte de las entidades bancarias,
nos parece del todo acertado introducir en el artículo 7.2 y 7.3 el matiz
de que toda la información, sea esencial o adicional, que deba
proporcionar la entidad al consumidor, bien por obligación legal, bien a
petición del consumidor, debe facilitarse de forma gratuita y sin costo
alguno. También nos parece del todo lógica la introducción contenida en
el apartado 1 c) del artículo 10, sobre el derecho de desistimiento, al
señalar que dicho derecho de desistimiento en contratos de seguro no
pueda ejercerse una vez acontecido el siniestro cuyo riesgo estaba
asegurado. Evidentemente debe protegerse al asegurador, pero se debe
otorgar garantía y seguridad contractual. Y creemos también acertado y de
principio legal que la resolución de un contrato vinculado no tiene por
qué afectar al contrato principal, es decir, no cabe hablar de resolución
automática y en todo caso deberá ser por voluntad de una de las partes,
no por puro automatismo, apreciación esta que a nuestro entender, a pesar
de que no fuese contemplado positivamente en la norma, sería igualmente
de aplicación por la pura lógica del mantenimiento de los contratos.
Por todo lo anteriormente expuesto, daremos apoyo a las enmiendas
provenientes del Senado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Señor Grau, continuamos con usted, en nombre de Convergència i Unió.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para manifestar, de entrada, nuestra
aprobación absoluta a las enmiendas del Senado y que en definitiva
representan, por ejemplo, en el artículo 4, una corrección técnica de
ámbito; en el artículo 7, como ya han citado otros intervinientes, la
gratuidad de la información como protección al consumidor, lo que supone
un esclarecimiento de las condiciones contractuales; en el artículo 10.2,
que el derecho de desistimiento no podrá ser ejercido por el asegurado en
aquellos contratos de seguro en los que haya acaecido el siniestro objeto
de cobertura si no es por voluntad de una de las partes; en el artículo
10.4, que la resolución del contrato vinculado no supondrá la resolución
automática del contrato principal; en el artículo 15 se prevé la
legitimación activa de los titulares de un derecho o de un interés
legítimo para ejercitar la acción de cesación -nos parece una corrección
importante la que ha hecho el Senado- y, finalmente, la corrección de
referencia a la legislación vigente en materia de mediación de seguros
nos parece que cambia un poco la enmienda que nosotros habíamos
presentado en el Congreso y que acota técnicamente esta situación.
Dado el sentido de estas enmiendas que nos llegan del Senado, que en
definitiva mantienen la línea seguida en esta Cámara, nuestro grupo va a
votar favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Grau, muchas
gracias.
Señor Albendea, en nombre del Grupo Popular Grupo, adelante.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, siete enmiendas se han aprobado en el Senado en este proyecto de
ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores, la mayor parte de ellas son mejoras
técnicas, que sin duda mi grupo va a apoyar. Parece conveniente que en la
referencia a la prestación de todo tipo de servicios financieros,
recogida en el apartado 1 del artículo 4, se precise que serán aquellos
servicios financieros a los que se refiere el apartado 2 del citado
artículo. Las dos enmiendas introducidas al artículo 7 tratan de precisar
que la información a que alude dicho artículo se ha de prestar de forma
gratuita. La primera de las enmiendas introducidas en el artículo 10 dice
que en los contratos de seguros el derecho de desistimiento no tendrá
lugar si ha ocurrido el siniestro objeto de cobertura; la segunda
enmienda se refiere al artículo 10.4 y consiste en la adición de un nuevo
párrafo en el que se precisa que la resolución, en su caso, del contrato
vinculado no lleva aparejada necesariamente la resolución automática del
contrato principal. En el artículo 15.3 se introduce un nuevo sujeto de
legitimación para ejercitar la acción de cesación; se refiere a los
titulares de un derecho o de un interés legítimo afectados por la
conducta contraria a esta ley. En la última de las enmiendas se sustituye
la referencia a la anterior Ley de mediación de seguros y reaseguros
privados por la vigente, que es la Ley 26/2006, de 17 de julio.
Reitero que mi grupo va a apoyar estas enmiendas, que sin duda alguna
perfeccionan el texto remitido al Senado desde esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Albendea,
muchas gracias.
Finalmente, el turno del Grupo Socialista. El señor Armas tomará la
palabra.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta Ley de comercialización a distancia de los servicios
financieros destinados a los consumidores, cuyo trámite finalizamos hoy,
no es otra cosa que adaptar a la realidad, a lo que socialmente se ha
llamado sociedad de la información, el uso de estas nuevas tecnologías
cada vez más habituales en las transacciones comerciales por medios
electrónicos; se prescinde así del tradicional uso del documento impreso
en papel. Estas nuevas fórmulas permiten alcanzar una mayor celeridad en
las comunicaciones comerciales y en estas transacciones financieras y, de
forma simultánea, una disminución importante en los costes, tanto de los
prestadores de los servicios como de los consumidores. Además,
contribuye, y muy positivamente, a lo que ha sido uno de los objetivos
importantes de la Unión Europea, a una forma clara de comercio global, a
integrar y desarrollar el tan perseguido objetivo de mercado interior. En
la práctica, ni en la contratación ni en la ejecución del contrato, y lo
que es más problemático, tampoco en la fase de reclamación, el consumidor
tenía una prestación, un acceso inmediato y veraz a toda la información,
precisamente por lo que significaba la distancia. Todo ello sin contar
con el especial riesgo que, precisamente a causa de esa distancia,
suponen los medios de pago y en especial el uso de las tarjetas de
crédito de una manera fraudulenta.
Como ya se ha dicho, el objeto de este proyecto de ley no es otro que
incorporar al derecho primario español parte de la directiva comunitaria
en los servicios financieros que habían quedado excluidos expresamente en
la anterior directiva y que ya nosotros habíamos integrado. Esos
servicios financieros prestados, negociados y celebrados a distancia, son
los que ahora incorporamos como uno de estos objetivos; todo ello para la
protección máxima de los consumidores. Las principales ideas inspiradoras
de ambas directivas no son otras que conseguir que la comercialización a
distancia se convierta en uno de los principales objetivos y resultados
de ese mercado interior al que antes he hecho referencia y, por otra
parte, que los servicios financieros, por su carácter, sean especialmente
aptos para ser adaptados e incorporados a esta Ley de comercialización a
distancia. Este proyecto de ley incorpora novedades importantes. Se
establece un régimen riguroso de información a recibir por los
consumidores; hay una concesión al derecho de desistimiento del contrato
en un plazo de 14 días -más que suficiente-, sin justificación y sobre
todo sin coste para el consumidor; se regulan responsabilidades derivadas
de los pagos indebidos mediante tarjetas; el proveedor y el consumidor
podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, la carga de la
prueba corresponde al proveedor y podrán ejercitarse acciones de cesación
contra conductas contrarias al proyecto de ley.
En su trámite en el Congreso, este proyecto de ley suscitó un amplio
consenso, puesto que se incorporaron nada menos que cuatro enmiendas del
Grupo de Izquierda Unida y otras se transaccionaron; también se
incorporaron enmiendas del Grupo de Convergència i Unió y de Esquerra
Republicana; y la única enmienda presentada por el Grupo Popular no pudo
ser incorporada al texto que salió del Congreso. En el Senado se han
incorporado otras enmiendas, a las que me referiré a continuación, y
fijaré la posición de nuestro grupo. En el artículo 4 se explicita la
retirada del concepto: todos los servicios financieros; incluye
exclusivamente aquellos recogidos en el artículo 1. Esa es una limitación
importante, que excluye un tipo de servicios financieros y no todos los
que figuran en el apartado 1 del citado artículo. Por tanto, no es una
enmienda técnica, es una enmienda de fondo e importante y es limitativa.
Llamo la atención de S.S., que ha dicho que esta es una enmienda técnica,
cuando no lo es; repito que es una enmienda limitativa de los servicios
financieros a recibir por los consumidores. Quiero ponerlo de manifiesto,
por si ello puede cambiar su intención de voto expresada anteriormente.
Las enmiendas al artículo 7 hacen referencia a determinadas actividades
que pueden ser recogidas con gratuidad; se refieren expresamente a la
información que el consumidor puede demandar que le sea suministrada en
papel, rompiendo así parte del principal objetivo de esta ley, que es la
transacción comercial de los servicios financieros a distancia, e
incrementando asimismo el coste. Esta exigencia de documentación en papel
hace peligrar el coste de los servicios, que es otro de los objetivos de
esta ley, y puede llevar a que una vez más los servicios que los
operadores financieros puedan prestar a los consumidores sean
limitativos. Las enmiendas al artículo 10, ya comentadas, hacen
referencia en parte al derecho de cesación, que incluye también algunos
elementos que no tienen relación directa con la transacción comercial
entre el proveedor del servicio y el consumidor y que sin embargo se
incluyen, lo que, más que otra cosa, puede provocar reclamaciones e
inseguridades jurídicas. Por último está la enmienda del Grupo Popular,
que dice que no se concederá la cesación cuando el siniestro se haya
producido. Indudablemente. No hay mayor fijación de que el contrato ha
sido ejecutado que cuando el siniestro se ha producido. Esta introducción
recoge más inseguridad jurídica -no la recoge la normativa europea y por
algo será-, por lo que nos vemos obligados, por los argumentos que he
citado, a votar en contra.
Insisto en que algunas enmiendas no son meramente técnicas, que tienen su
importancia y que en el fondo están poniendo en peligro que esos
servicios financieros
a distancia, por su excesivo coste, una de las cosas que se quiere evitar,
sean ofrecidos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Armas.
Muchísimas gracias.
- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente
121/000115.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con
el debate del punto 28, que se refiere al proyecto de Ley del Estatuto
del Trabajo Autónomo. Comenzaremos, señorías, con la intervención del
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Adelante.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer a todos los
grupos políticos que hayamos sido capaces de aunar esfuerzos y, mediante
el consenso, conseguir que más de tres millones de autónomos de nuestro
país tengan plenamente reconocidos sus derechos. Doy la bienvenida a los
representantes de los mismos en este Pleno y agradezco el trabajo que han
desarrollado en defensa de los intereses de las trabajadoras y de los
trabajadores autónomos de nuestro país. Ha sido una tarea apasionante,
presidida por el diálogo social, para conseguir este gran logro social,
que creo debe merecer la satisfacción de todos. Nos acerca, además, esta
ley, que hoy se aprobará por consenso, a la igualdad y a la plena
ciudadanía social de todas las personas que viven y trabajan en nuestro
país. Sinceramente creo que se trata de un acontecimiento de indudable
valor histórico. El Estatuto del trabajo autónomo pone punto final a la
situación de desprotección -cierta desprotección- en la que han vivido
los más de tres millones de profesionales, de emprendedores y autónomos;
marca un antes y un después en la vida de todos ellos y sus familias,
pues a partir de ahora todas y todos los autónomos tendrán garantizados
sus derechos individuales y colectivos, tendrán más y mejor protección
social, apoyo de los poderes públicos para sus proyectos empresariales y
el reconocimiento que se merecen por parte de toda la sociedad española.
Con este Estatuto damos respuesta a las inquietudes y demandas de todos
los autónomos. El estatuto reconoce el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por ningún motivo ni circunstancia; el derecho a conciliar
la vida familiar y profesional de todas y todos los autónomos; la
protección de los menores de 16 años, que no deben trabajar sino educarse
para ser los ciudadanos del futuro; el derecho básico y fundamental a la
salud y seguridad en el trabajo, reforzando su formación en este ámbito y
la prevención de los riesgos laborales; garantías económicas para el
cobro de sus retribuciones, especialmente si el autónomo trabaja para
contratistas y subcontratistas; protección de su vivienda habitual frente
al pago de deudas fiscales y de Seguridad Social y la posibilidad de
contratar como trabajadores del negocio familiar a los hijos menores de
30 años.
Los autónomos tendrán también derechos como colectivo presente y activo en
la sociedad, podrán crear asociaciones y afiliarse al sindicato de su
elección y ambos, las asociaciones y los sindicatos, tendrán derecho y
capacidad para defender y promocionar los intereses económicos y sociales
de todos los autónomos a participar, cómo no, en la definición de las
políticas públicas que les afecten en la gestión de los programas
públicos dirigidos a este colectivo y tendrán el derecho a estar
presentes en el Consejo del Trabajo Autónomo.
Los avances del estatuto son más intensos, sin duda, en el terreno de la
protección social, donde se borran las diferencias entre autónomos y
trabajadores asalariados. Extendemos a todos los autónomos la protección
en caso de baja por enfermedad. Los autónomos económicamente dependientes
y los que trabajan en sectores con mayor riesgo de siniestralidad tendrán
protección por enfermedad profesional y por accidente de trabajo, también
el accidente de trabajo que se produzca inn itínere, es decir, en el que
ocurre en los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de la
actividad profesional. Se establecerá una prestación por cese de
actividad que proteja al autónomo en situación de desempleo por causas
ajenas a su voluntad. Podrán jubilarse anticipadamente los autónomos que
desarrollen trabajos especialmente peligrosos, los que tengan una cierta
edad y no encuentren trabajo después de recibir la prestación por cese de
actividad y las personas con discapacidad que realizan un trabajo
autónomo. Habrá reducciones y bonificaciones de las cuotas que pagan los
autónomos a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, los
autónomos que se dedican a la venta ambulante o a domicilio, los
artesanos y los jóvenes y mujeres que se decidan a poner en marcha una
iniciativa empresarial. Finalmente, señoras y señores diputados, los
padres trabajadores autónomos tendrán garantizado su permiso de
paternidad y las mujeres trabajadoras autónomas han visto mejorar
sustancialmente su protección en caso de maternidad.
Nuestros autónomos representan la cultura de la innovación, del esfuerzo,
del futuro. Promover la cultura emprendedora como elemento estratégico
para crear y tener más y mejores empresarios, apoyar la financiación de
proyectos de inversión e innovación tecnológica, mejorar la formación
profesional y tener un marco fiscal adecuado que favorezca el trabajo
autónomo son las mejores garantías que establece este estatuto para
seguir creciendo como país en la economía y en el empleo. Hace unos días
decía Philip Pettit que la mejor acción
de Gobierno es la que hace a los ciudadanos más libres, la que los protege
y refuerza frente al poder de otros ciudadanos o incluso frente al poder
del propio Gobierno, y el Estatuto del trabajo autónomo es una buena
muestra de ello. Reconociendo los derechos y la protección social de los
autónomos, garantizamos su propio espacio de autonomía empresarial y
vital y los blindamos frente a cualquier interferencia o intromisión en
su actividad de poderes públicos o privados. Les hacemos, en definitiva,
más fuertes y más libres, sobre todo, a los trabajadores autónomos
económicamente dependientes.
Estoy especialmente orgulloso -créanme- de que hayamos sido capaces de
comprender y afrontar la situación en que vive este tipo de trabajadores,
los trabajadores autónomos dependientes. Son pocos, pero la dependencia
económica que tienen respecto del cliente al que prestan sus servicios
les hace más vulnerables que al resto de los autónomos que trabajan para
el mercado, por eso precisan más derechos, y esta ley se los da.
Dieciocho días de vacaciones al año, indemnización en caso de despido,
tutela de la jurisdicción social son los mínimos que garantiza la ley,
que se completarán y mejorarán en el futuro con la negociación de sus
condiciones de trabajo mediante acuerdos de interés profesional,
demostrando, una vez más, que la garantía de un mínimo legal y el
reconocimiento del poder colectivo siguen siendo las herramientas más
útiles para afrontar la regulación de las relaciones laborales y de las
que sin serlo se asemejan mucho a ellas.
Termino, señorías, no sin antes agradecerles la sensibilidad que han
mostrado todos los grupos políticos en beneficio de los trabajadores
autónomos, que han creado, y van a seguir creando, empresas, empleo,
riqueza, bienestar social y se merecen por ello el homenaje y el
reconocimiento de toda la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro,
muchísimas gracias.
Comenzamos, señorías, el turno de fijación de posiciones y lo hacemos, en
primer lugar, con el señor Mardones en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto. Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado vemos que son muy
amplias. Es cierto que un gran contenido de las mismas supone mejoras
puramente de carácter técnico o en cuanto a determinadas expresiones del
léxico, pero sí son muy sustantivas una gran mayoría de las mismas que
nosotros vamos a votar favorablemente, dentro de una valoración genérica
positiva que hacemos de este proyecto de ley. Efectivamente, como acaba
de mencionar el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús
Caldera, compartimos plenamente esta actualización y renovación de una
serie de derechos de una población dedicada al trabajo autónomo,
prácticamente son empresas de una sola persona o acaso dos, como
colaboradora, o como mucho tres, que hasta este momento respecto a muchas
consideraciones estaban en una situación de desprotección.
El primer principio político que nosotros apoyamos de este proyecto de ley
-y esto serviría también para la naturaleza de las enmiendas que vienen
del Senado- es garantizar plenamente la protección del trabajador
autónomo, porque al mismo tiempo estamos protegiendo su propia actividad
laboral, como se desprende de muchos de los artículos de este proyecto de
ley. Había una situación de desprotección de unos grandes colectivos, que
incluso se señalan en el preámbulo del proyecto -a los que también se ha
referido el señor Caldera en términos generales-, de más de tres millones
de personas, entre las que hay colectivos en los que la desprotección era
muy amplia, casi absoluta, porque eran desconocidos para una acción
tutelar de la Seguridad Social y se producía también una desprotección,
no solamente en el campo jurídico, sino en el campo referencial sobre
dónde se podría tramitar cualquier cuestión que afectase a su seguridad
en el momento en que la jubilación, por imperativo legal, les tuviera que
llegar. Como también se ha dicho, si buscamos el derecho comparado
europeo es difícil en estos momentos encontrar, salvo en algunos países
nórdicos o escandinavos, cuestiones de protección amplias frente a esta
situación actual.
Otro de los principios que se consagra también -y que viene a reforzar
algunas enmiendas- es el principio de no discriminación, sobre todo la no
discriminación en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muchas
veces hablamos de actividades que están en el área de la producción
artesanal, de pequeños negocios de una o dos personas, dentro de la misma
familia, y es una acierto también dar entrada a la posibilidad de que los
hijos del titular de esa pequeña empresa unifamiliar o del trabajador
autónomo -y con unas determinadas limitaciones en su edad, hasta los 30
años- puedan beneficiarse también para formar una especie de núcleo que
transforme la entidad laboral de un trabajador autónomo en una especie de
empresa minifamiliar, ni siquiera pequeña empresa, que se pudiera
asimilar a unas pymes, que ya tienen otro tipo de legislación y de
protección. Nos parece acertado que se regule la figura del trabajador
autónomo económicamente dependiente, como se hace en este capítulo III
del proyecto de ley y al que se han dirigido algunas de las enmiendas,
porque regular esta figura del trabajador autónomo económicamente
dependiente era una necesidad. No olvidemos, cuando hemos estado
manejando las cifras de los segmentos y sectores de población protegidos,
que con las cifras que se dan aquí del censo del pasado año 2006, hay que
señalar que 1.755.703 autónomos no tienen asalariados, lo que hace que
sea una empresa verdaderamente vulnerable a cualquier actuación. Por
tanto, se da a este trabajador no solamente una posibilidad de
tener unas cuotas mejoradas de la Seguridad Social, sino la entrada en la
legislación de prevención de riesgos laborales y sobre todo en cuanto a
los accidentes laborales. Incluso el señor ministro se ha referido a que
se cubren los accidentes en el camino hacia el trabajo, in itínere, lo
que nos parece muy positivo, dado que hay trabajadores autónomos que
están en la línea de la subcontratación, que no están actuando meramente
como un pequeño trabajador o empresario en el área de la artesanía, en la
que se podría dar este fenómeno porque trabajaría de cara a la venta al
público y sin intermediarios. Así se reconocen determinadas actividades
laborales y profesionales que se realizan por trabajadores autónomos muy
especializados en la materia y que son subcontratados por empresas
contratistas, que obtienen de las distintas administraciones, públicas o
privadas, mediante contratos, realizaciones de obra para acabados o
rematados finales, como se emplea en el argot de estas empresas -los
rematadores-, y que, repito, a veces suelen ser trabajadores autónomos
que van por la vía de la subcontratación. El hecho de que podamos darles
todos los beneficios de la protección de la Seguridad Social e igualmente
en todas las situaciones de desprotección que pudieran tener por causa de
accidentes laborales, etcétera, y una protección económica,
fundamentalmente de jubilación, es lo que nos lleva a valorar
positivamente este proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas que hablan de la violencia de género, creemos
que es un acierto que se refleje un principio progresista que muchas
fuerzas políticas estamos defendiendo desde distintas opciones
ideológicas. El bien común de un sector de la población en un Estado de
derecho que hace una labor asistencial de este tenor merece nuestro apoyo
y en esa línea serán apoyadas estas enmiendas del Senado a las que me he
referido y que están dedicadas precisamente a la protección que se
anuncia en su base política.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Llamazares en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds saluda el Estatuto del trabajo
autónomo. Indudablemente es positivo otorgar una norma marco a un
colectivo de cerca de tres millones de personas, de cerca de tres
millones de trabajadores autónomos. Nosotros venimos apostando desde hace
ya tiempo, en primer lugar, por una norma básica de derechos y
obligaciones en el ámbito civil, laboral y mercantil para los
trabajadores autónomos, pero de la misma manera venimos apostando por
avanzar en la homogeneización del sistema de prestaciones del régimen de
trabajadores autónomos con el régimen general de la Seguridad Social.
Es cierto también, y es preciso considerarlo, que el mundo del trabajador
autónomo es diverso y heterogéneo: autónomos con asalariados, sin
asalariados o dependientes de un solo cliente, y también lo es la
realidad de otros autónomos que, a efectos prácticos, realizan su
actividad como trabajadores asalariados bajo una relación mercantil. En
este sentido, la regulación de la figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente cobra gran relevancia al ser una figura
fronteriza entre el trabajo asalariado y el trabajo autónomo. Lo
sustantivo es que va a tener menos derechos que un trabajador por cuenta
ajena y no es descartable que pueda utilizarse para presionar a la baja
sobre las condiciones laborales en el mercado de trabajo. Esta ha sido
una de nuestras preocupaciones plasmadas en las enmiendas en el Congreso
y en el Senado. Por eso la regulación del trabajador autónomo que
pretendemos no puede permitir que se favorezca el trasvase desde el
trabajador asalariado y ha de procurar un equilibrio que no es fácil para
proteger a los trabajadores autónomos pero también sin invadir la
frontera con el trabajo asalariado. En este tema hemos insistido
reiteradamente durante la tramitación del proyecto de ley. Considerando
el menor coste económico que para los empresarios supone vincularse
contractualmente con trabajadores autónomos económicamente dependientes
pudiera producirse una grieta en el ámbito del derecho laboral mediante
un trasvase de contrataciones antes amparadas por el Estatuto de los
Trabajadores a contrataciones en el ámbito del Estatuto del trabajo
autónomo. Por eso es preciso reconocer que este estatuto debe proteger al
trabajador autónomo, que tiene una posición más débil, pero también hay
que considera el riesgo -y, por tanto, evitarlo-, de favorecer cualquier
trasvase.
Un problema añadido es la heterogeneidad del trabajo autónomo. Hay
realidades distintas y problemas muy diferentes. Pensemos en las
siguientes categorías de autónomos enumeradas en el informe del grupo de
expertos que elaboró la propuesta de estatuto: autónomo tradicional,
emprendedores, autónomos dependientes, agentes mercantiles, socios de
cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales, socios
trabajadores o administradores de sociedades mercantiles que poseen el
control efectivo de la sociedad, profesionales liberales, transportistas
o socios en determinados tipos de sociedades. En definitiva, se comprende
que es difícil hacer una regulación general ante situaciones tan
diversas. En todo caso, el resultado es satisfactorio y hemos intentado
mejorar el texto del Gobierno, sobre todo en lo que respecta a los
derechos de los trabajadores autónomos pero también hemos pretendido
hacer más nítidas las diferencias entre trabajador por cuenta ajena y
trabajador autónomo en defensa de los derechos de ambos colectivos.
En su paso por el Congreso el proyecto de ley ha mejorado sensiblemente y
también en su paso por el Senado y, por tanto, vamos a votar a favor de
casi la totalidad de las enmiendas que nos vienen del Senado. En primer
lugar, un bloque de enmiendas del Senado hace referencia a la protección
integral contra la violencia de género, adecuando este proyecto de ley a
la legislación de protección integral contra la violencia de género ya en
vigor; con lo que estamos de acuerdo. En segundo lugar, se introduce una
importante precisión respecto a los menores de 16 años en el caso de
prestaciones de servicios en espectáculos públicos para que se esté de
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores; cuestión con
la que también estamos de acuerdo. En tercer lugar, se introduce la
posibilidad de que las comunidades autónomas constituyan consejos
consultivos en materia socioeconómica y profesional de trabajo autónomo.
También es un ámbito positivo de participación. En cuarto lugar, en lo
que respecta al fomento del trabajador autónomo se mejora la alusión a
las políticas de exenciones, reducciones o bonificaciones en las
cotizaciones de la Seguridad Social, reconociendo el carácter excepcional
de las mismas y dedicándolas especialmente a los trabajadores más jóvenes
que accedan por primera vez al trabajo y durante un año desde la entrada
en vigor de la ley. Aquí hay alguna dificultad con respecto al artículo
35 pero, en definitiva, estamos de acuerdo con la iniciativa. En quinto
lugar, respecto a la cobertura de la incapacidad temporal en el régimen
de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos se reconoce la
excepción de obligatoriedad a los trabajadores por cuenta propia
agrarios, tal y como reconoce la reciente aprobada ley por la que se
procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del
régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen especial de
la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia y autónomos.
Por último, se introduce una nueva disposición adicional que prevé las
especialidades de determinados agentes comerciales -y aquí tenemos alguna
duda- a los efectos de ser considerados trabajadores autónomos
económicamente dependientes. Se piensa, por ejemplo, de forma inmediata
en los mediadores de seguros, personas físicas, excluyendo el requisito
de asumir el riesgo y ventura de sus operaciones que, por definición, no
pueden cumplir y, así, poder ser considerados en su caso autónomos
económicamente dependientes. Como digo, esta disposición adicional
decimonovena es la única de las propuestas sobre la que tenemos alguna
duda y que esperamos despejar a lo largo del debate parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares,
muchísimas gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y en
particular con el turno del señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, mi grupo tiene una
visión menos complaciente o positiva en relación con este proyecto de ley
que los que me han precedido en el uso de la palabra. Sensu contrario,
tenemos una posición mucho más crítica que todos los demás grupos y por
varias razones, señora presidenta. En primer lugar, el señor ministro ha
hecho una invocación al consenso que constituye un desiderátum más que
una realidad. Yo también saludo a los representantes de las
organizaciones de trabajadores autónomos que nos acompañan. No ha sido el
consenso lo que ha caracterizado, por lo menos en el caso de mi grupo, la
interlocución con ellos porque he visto posturas netamente diferenciadas,
representadas legítimamente por todos ellos.
En cuanto al contenido de esta ley, constituye una verdadera dislocación
de elementos ontológicos esenciales del derecho del trabajo. En relación
con las enmiendas del Senado poco tenemos que decir porque las enmiendas
del Senado, en una dislocación de esta profundidad, poco pueden corregir.
Esta dislocación deriva de dos circunstancias, señora presidenta. En
primer lugar, hay una mala recepción del derecho comunitario en relación
con la identificación de cómo debemos concebir a los trabajadores
autónomos. No se recepcionan bien ni la Directiva de 11 de diciembre del
año 1986 ni tampoco la recomendación del Consejo de 18 de febrero de
2003, es más, se recepcionan mal en tanto en cuanto en ambas directivas
se establecen mejoras en las prestaciones y en la protección en el ámbito
a la Seguridad Social y en el ámbito a otras condiciones de trabajo,
particularmente las vacaciones y el tiempo de interrupción entre la
finalización de una jornada y el inicio de la siguiente. Desde esa
perspectiva ya nos encontramos con una disfunción importante. Explicita
bien la exposición de motivos del propio proyecto de ley que no hay
ninguna referencia constitucional específica a la figura del trabajador
autónomo. Hay referencias colaterales, indirectas, se invoca el artículo
38, el artículo 35, el artículo 40, el artículo 41 de la Constitución que
se refieren a los derechos de creación de empresa, a los derechos al
empleo, al derecho al trabajo que se consagra en el artículo 35, al
derecho a la formación y reciclaje de los profesionales y al derecho, en
definitiva, a la protección con cargo a un sistema público de pensiones,
pero aquí se crea -y aquí viene la dislocación, señor ministro, sobre la
cual me gustaría detenerme- una figura absolutamente extravagante en
relación con los requerimientos a la ontología del derecho al trabajo,
tal como lo hemos concebido tradicionalmente: la
figura del trabajador autónomo económicamente dependiente.
Señor ministro, a usted no tengo que explicarle qué es el derecho del
trabajo, cómo nació, cuáles son sus orígenes históricos. En los albores
de la primera revolución industrial, cuando se vieron que las normas
contractuales del Código de Napoleón y que los códigos civiles dimanantes
del Código Napoleón, el Código Civil español, establecían fórmulas de
contratación que no servían para articular el mercado de trabajo dada la
falta de sinalagma, de bilateralidad, de igualdad entre las partes
contratantes, se crea una figura que es la del contrato de trabajo
específico que constituye el elemento troncal, el elemento definitorio,
el tronco de alguna forma ontológico o fundamental del derecho del
trabajo; contrato de trabajo que tiene dos características, que también
usted conoce perfectamente: en primer lugar, la dependencia del
trabajador al esquema de organización del empresario, tal como consagra y
expresa específicamente el Estatuto de los Trabajadores, y en segundo
lugar, la ajeneidad, que significa que el trabajador pierde los frutos
del trabajo materialmente realizado a cambio de una retribución. Esto
identifica el contrato de trabajo y lo identifica en exclusiva: solo es
contrato de trabajo, pero solo son contratos de trabajo también, y no
pueden convertirse en contratos de trabajo aquellos otros que no posean
estas dos características: dependencia y ajeneidad. Si creamos una figura
donde no se superponen ambas características -dependencia y ajeneidad-,
estamos creando una figura cuya naturaleza jurídica híbrida es
indeterminable, es perturbadora y es insegura jurídicamente. El
trabajador jurídico dependiente constituye una contradicción en sus
propios términos en el trabajo, señor ministro, porque la ajeneidad puede
existir, no sin dudas, forzando mucho el componente o el contenido de la
ajeneidad puesto que, por la característica de esta figura tan peculiar
-esta innovación que incorporamos al ordenamiento jurídico laboral del
mundo entero, aquí somos muy imaginativos para estas cosas-, si el
trabajador autónomo trabajara siempre para el mismo empresario, podríamos
estar ante una figura que se asimila a la ajeneidad, tal como la concibe
el derecho del trabajo, pero la dependencia no, la dependencia es la
característica troncal del contrato de trabajo; no es la característica,
es la anti-característica, es la contradicción o negación del contrato
autónomo, que se basa en la normativa o en las normas de contratación
civiles, o en las normas de contratación mercantiles, o en las normas de
contratación administrativas.
Fíjese hasta qué punto tengo razón, señor ministro, que la propia ley se
traiciona a sí misma, si pasamos del reconocimiento de la figura del
trabajador autónomo dependiente a la teoría de las fuentes de la relación
que se articula en esta ley bajo la locución o denominación, extravagante
al derecho del trabajo, del trabajador autónomo dependiente, que cuando
se establece en el artículo 3 la teoría de las fuentes de dicha relación
se utiliza de nuevo no la teoría de las fuentes de la relación laboral -y
estamos intentando laboralizar la figura, señor ministro, estamos de
acuerdo-, sino que se sigue invocando que la creación de esta figura del
trabajador autónomo dependiente se basará en la normativa común relativa
a la contratación civil, mercantil o administrativa. Luego estamos
creando algo peligroso y sobre lo cual ha advertido ya el señor
Llamazares. Desde luego, ¿qué empresario va a contratar a un trabajador
por cuenta ajena si en este momento tiene la posibilidad de contratar a
un trabajador autónomo dependiente que le va a generar menores costes
laborales desde cualquier perspectiva y menores exigencias de retribución
salarial? Estamos mercantilizando de forma parcial y eventualmente
extendiendo la posibilidad de mercantilizar del todo el derecho del
trabajo. Ya he denunciado más de una vez, señor ministro, que estamos
cuarteando, algunas veces por acuerdos con los cuatro interlocutores
sociales con los cuales usted ha pactado todas las normas laborales o que
afectan al sector laboral del ordenamiento jurídico y que se han aprobado
en esta legislatura y, en este caso, con algunas de las asociaciones de
autónomos, pero no podemos cuartear o modificar de alguna forma las
sustancias o esencias del derecho del trabajo hasta el punto de crear
figuras manifiestamente contradictorias con las mismas pero que son
simultáneamente contradictorias con los requerimientos contractuales o en
materia de contratación también del derecho civil, también del derecho
mercantil y también del derecho administrativo. Luego aquí, sin perjuicio
de la aberración jurídica que supone la incardinación en esta ley de la
figura del trabajador autónomo dependiente, estamos incorporando un
problema de eventual precarización del mercado de trabajo peligrosísima.
Si yo fuera empresario le aseguro que no contrataría a un trabajador por
cuenta ajena, a un trabajador cuyas condiciones de trabajo estuvieran
reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, sino que contrataría a un
trabajador autónomo dependiente. Desde luego, para un empleador o para un
empresario es mucho más barato. Cuando se abren puertas de esta
naturaleza o se entreabren, señor ministro, no sabemos hasta dónde va a
llegar al final la apertura y no sabemos incluso si vamos a tener que
estar en la tesitura de proceder algún día en una legislatura -si ustedes
siguen actuando de esta manera, consensuando, cuarteando y descuartizando
las esencias ontológicas del derecho del trabajo- a la derogación íntegra
del Estatuto de los Trabajadores o algo parecido.
Comprendo que esta ley tiene virtualidades y bondades en materia de
protección y de Seguridad Social; se mejora la protección de los
trabajadores autónomos y nosotros nos jactamos de ello y nos parece
loable la pretensión. En materia de desempleo se consigue por
fin generar y consolidar el derecho a la protección con cargo a la
prestación de desempleo también de los trabajadores autónomos. La
aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales también es una
innovación importante, pero me parece mucho más preocupante lo que le
estoy comentando, señor ministro, y merita una reflexión. Sé que usted me
ha comentado alguna vez que es que existen, que hay más de un millón de
trabajadores autónomos dependientes, lo que pasa es que hay más de un
millón de trabajadores que están vinculados a un empresario único
mediante una articulación de un contrato de naturaleza fraudulenta, en
manifiesto fraude de ley, pero eso no puede adquirir condición de
categoría jurídica en una ley como esta que estamos viendo ahora que
regula la figura de este híbrido, que la doctrina científica comentará y
los tribunales seguramente también porque la desharán, espero -conozco un
poco la jurisdicción social y sé lo que opinan los jueces de este sector
de la jurisdicción sobre esta peculiar figura-, desaparecerá en el ámbito
jurisdiccional o en la interpretación jurisdiccional.
Voy acabando, señora presidenta. Quiero decir que si vamos a incorporar el
derecho comunitario, la directiva y la recomendación del Consejo de
Europa en relación con una figura en la cual no creemos, pero que ya se
ha incorporado en el proyecto de ley, ya parece inevitable su asunción,
su metabolización, veremos a ver con qué nefastas consecuencias para el
mercado de trabajo, vamos a hacerlo bien. Reconozcamos lo que reconoce la
directiva que he invocado antes, treinta días de vacaciones al año;
reconozcamos también la existencia de doce horas -acabo ya, señora
presidenta- entre la interrupción de la jornada laboral y el inicio de la
siguiente.
Por último, señor ministro -y es una petición que le hago
encarecidamente-, hay una norma en el derecho del trabajo -es mi última
reflexión, se lo aseguro, señora presidenta- que es de las que se
denominan técnicamente de derecho necesario absoluto, indisponibles
incluso para el trabajador, probablemente indisponibles hasta para el
legislador, que es la prohibición del trabajo de menores de 16 años. Este
proyecto de ley posibilita el trabajo de menores de 16 años en
actividades artísticas, deportivas, familiares, etcétera. Estamos
vulnerando otra esencia pacíficamente asumida siempre en el ámbito
laboral. Es un requerimiento de derecho necesario absoluto del derecho
del trabajo que ustedes también relativizan. Si seguimos relativizando
mucho, señor ministro -y me estoy refiriendo a leyes anteriores a esta-,
seguramente el escenario final con el que nos vamos a encontrar es que el
Estatuto de los Trabajadores -lo podríamos ir haciendo ya por razones de
economía procesal- tendrá que ser derogado en su conjunto. Tengan mucho
cuidado con estas expresiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana y, en particular, con el turno de don Joan Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo va a posicionarse ante las enmiendas del Senado al
proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo. Seguramente estaremos
más en la línea crítica que el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco ha
expresado que en la del resto de grupos parlamentarios. Las trabajadoras
y los trabajadores autónomos del Estado deberían congratularse; un
colectivo en ascenso, que ha sido históricamente el gran olvidado del
Estado del bienestar. Por fin llegó, después de años de cosecha de
desatinos y de faltas de políticas activas a favor del reconocimiento de
sus derechos. Nuestro grupo parlamentario debe congratularse porque en el
año 2004 presentamos una proposición seria en materia de trabajadores
autónomos y la necesaria reforma de la protección de sus derechos, con la
que despertamos la pasión de este Congreso por este colectivo. Pero, como
bien han oído, deberían congratularse porque, lejos de que se les
reconozca lo que a tenor de sus realidades y necesidades precisan, se ha
apostado por una tímida regulación de voluntaria aplicación que el
mercado se va a encargar de no aplicar y que no alcanza las aspiraciones
ni las necesidades reales de los trabajadores autónomos. El proyecto no
es ambicioso, el proyecto no atiende a las necesidades sociales del
colectivo, el proyecto es simplemente un trámite que debía llevarse a
cabo con este colectivo, pero de escasa ambición. Es lógico que, por poco
que haga el proyecto por ese colectivo, ya se avance. Poco era necesario
para avanzar, pero debemos reconocer que no hemos sido ambiciosos ni
generosos con las necesidades de los afectados.
En este periodo de mayoría progresista, en esta Cámara que iniciamos en el
año 2004, perdimos una serie de oportunidades que difícilmente el futuro
deparará de nuevo. Hemos quemado naves en el ámbito social en tres
frentes que difícilmente se repetirán. Se hizo la reforma social, se
acordó una reforma de la Seguridad Social pactada con el Partido Popular
y con Convergència i Unió y hoy discutimos la anhelada reforma del
colectivo de autónomos. Y no podemos decir que se haya aprovechado la
oportunidad que el tiempo político deparara por cuanto el resultado que
se nos ofrece de la política desarrollada en ese ámbito para nuestro
grupo parlamentario es desolador. Han hecho las reformas que la derecha
no se habría atrevido a hacer. Una más de las cuestiones que tocaba
remozar era la de los autónomos, como se ha dicho, y el hecho de que no
se haya blindado la aplicación normativa, de que no se haya reconsiderado
el grado de dependencia a efectos de consideración de autónomo
dependiente, de que no se hayan reconocidos los derechos básicos a
efectos de jornada, la falta de sensibilidad gravísima acerca de la
representatividad territorial que han demostrado, la falta de una de las
reivindicaciones más reclamadas por el colectivo como es el desempleo y
la falta de equiparación no solo en cuanto a cálculo, que pedíamos entre
autónomos y el régimen general, todo ello, como decíamos, puso muy
difícil la postura que debíamos tomar. No hemos sido ambiciosos en el
fondo del asunto. No hemos sabido dar respuesta a las necesidades de los
colectivos. El tiempo nos dará o quitará razones. Sin embargo, como dice
el refrán, menos da una piedra y ante el desolador paisaje que ofrecía el
tratamiento legal de los trabajadores autónomos, ante la situación tan
injusta que venían sufriendo, ante la falta de sensibilidad legislativa
que habían sufrido históricamente, no podíamos dejar de reconocer que lo
avanzado ya era un ápice suficiente como para estimar nuestro voto
favorable al texto final. Por poco que se haya hecho, aunque se haya
publicado erróneamente parte del contenido real de la ley, no podemos
dejar de afirmar que es un éxito provisional en el camino que los
autónomos deben recorrer para dejar de ser los olvidados del Estado del
bienestar.
Entrando ya en el fondo de la ley, la apuesta por una solución global a
los problemas de los autónomos parece lo más razonable. De hecho, si en
algo hemos coincidido todos es en la necesidad de que la reforma de la
regulación de este colectivo debía alcanzar a sus derechos laborales.
Quizá uno de los primeros déficits que sufría el colectivo, su definición
legal, se fundamenta en el perfil del trabajador gremial que tanto se
estilaba antaño. El perfil del trabajador autónomo ha cambiado en
nuestros tiempos, asemejándose cada vez más al perfil de un profesional
de los servicios. En la ley se ha recogido una definición del trabajo
autónomo más acertada que la propuesta de los informes de los expertos,
en línea con lo que nosotros apostábamos, y ello significa una garantía
de seguridad jurídica y laboral para muchos profesionales. Por lo que a
derechos se refiere, especialmente para los autónomos dependientes, es
decir, para aquellos que reúnen determinados requisitos, el marco de
derechos mínimos no es demasiado generoso por cuanto se reconocen
únicamente unos días de interrupción asimilables a vacaciones, pero sin
que se reconozca el derecho a que sean retribuidas, así como tampoco la
jornada máxima diaria a realizar. ¿Qué protección puede tener un
colectivo que ni siquiera tiene reconocido el derecho de una jornada
máxima legal? Sería bueno recordar a los diputados y diputadas de esta
Cámara que el reconocimiento de derechos para la clase obrera se inició
precisamente mediante el establecimiento de jornadas máximas, algo que
por su significación contribuye a que por lo menos disminuya la
explotación laboral. Pero la escasa ambición del proyecto alcanza hasta
el punto de obviar esta cuestión tan importante. Debemos respetar las
leyes del libre mercado, pero nos parece que sin limitarlas el
reconocimiento de la jornada máxima hubiese sido un avance.
Por último, se ha propuesto una compensación para la finalización de los
contratos de esos trabajadores, consistente en una indemnización de una
doceava parte de la retribución anual. La vinculación estrecha en estos
casos la hace necesaria, y el régimen abierto que mantenía el proyecto
debía ser concretado. Por lo que a la representatividad se refiere,
significa un avance en los derechos de representación colectiva y se
reconoce a favor de los autónomos dependientes, así como los derechos y
prerrogativas que se reconocen a sus asociaciones, que sin duda darán
lugar a un marco futuro de concertación que se hacía necesario. Sin
alcanzar la constitucionalidad de los sindicatos, algo sin duda
interesante, las asociaciones de autónomos van a gozar de un margen de
legitimidad. No obstante, habíamos propuesto modificaciones para que las
asociaciones y organizaciones de trabajadores autónomos fueran
representativas territorialmente, pero no ha sido posible. La propuesta
federalizante no ha sido posible en el marco de los autónomos.
Por lo que se refiere a la protección social, habíamos propuesto romper de
una vez por todas con el agravio comparativo que han venido sufriendo los
trabajadores autónomos en el cálculo de sus pensiones. Este punto que hoy
estamos debatiendo es crucial y determinante. Cuando hablamos de agravio
no lo hacemos solo de que el importe que reciban sea inferior a la media
de las pensiones de régimen general por cuanto cotizan por bases más
bajas, sino que en el cálculo de prestaciones a igualdad de bases se
otorgan ciertos beneficios a otros regímenes, mientras que a los
autónomos no, siendo ello desde todo punto de vista discriminatorio por
cuento no está justificado técnicamente. En relación con ello se proponía
que el cálculo de las prestaciones se realizase de forma idéntica al de
régimen general. Si bien el proyecto se reconoce que los trabajadores
autónomos, tanto los ordinarios como los dependientes, gozarán de un
sistema de protección social suficiente en los términos que recoge el
artículo 41 de la Constitución, se trata de una afirmación que no se
encuentra recogida en el posterior articulado de la ley. Era de esperar
una equiparación, una mejora del régimen de protección que quizás debería
revertir en la subsiguiente fractura del sistema de cotización por cuotas
fijas, sustituyéndose la cotización por cuotas relacionadas a nivel de
ingresos, o un incremento relacionado con algunas mejoras, pero la
realidad es que no se ha avanzado. En cuanto a la menciona expresa de que
la cotización de los autónomos dependientes podrá realizarse a partir de
las cuotas diferenciadas, habría que ver cómo se traslada a la práctica y
su incidencia. En definitiva, en materia de protección social, un ámbito
en el que se requerían especiales cautelas, más allá de prestaciones que
de facto deberían haber sido reconocidas por la propia dinámica
legislativa como las de paternidad o las prestaciones
de riesgo durante la lactancia, se aporta poco, muy poco o nada. Huérfano
de contenido queda, pues, el debate, así como los años de preparación de
esta reforma de los autónomos, años en los que nos hemos ido dotando de
contenido para llevar a cabo la reforma que todos los trabajadores y
trabajadoras autónomos esperaban. También habíamos propuesto que se
reconociera la prestación por cese de actividad a los autónomos. Si bien
en la redacción se cita como una proposición de futuro sujeta a las
vicisitudes del Gobierno y, por tanto, a las magnificencias de un
gobierno que ya catalogamos en su momento de poco sensible, se proyecta a
largo plazo, y esta no es la petición de los colectivos de trabajadores
autónomos. Nuestra proposición era la de reconocerlo en la ley y dejar
solo al desarrollo reglamentario su instauración inminente.
En fin, nuestra postura es razonablemente crítica, justificada y amoldada
a la realidad de las reformas que está impulsando este Gobierno, que
consideramos poco ambiciosas y cautivas de los poderes económicos más
rancios. El proyecto de Ley del Estatuto del trabajador autónomo, aun
cuando carece de lo más importante, no deja de ser un avance, y es
admisible con las enmiendas que se transaccionaron en su momento. Quizás
debamos esperar un gobierno más sensible para elaborar la ley del
autónomo que necesitan los autónomos. Esperaremos esa oportunidad, pero
hoy por hoy y a pesar de la crítica, debemos reconocer que significa un
pequeño avance, aunque se queda en eso, en un pequeño avance.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Continuamos con el turno del señor Campuzano en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, damos la bienvenida a diversos representantes del trabajo
autónomo que nos acompañan en esta última sesión de discusión en las
Cortes del proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo. Para
quienes venimos reivindicando desde hace muchos años la necesidad de
cambios legislativos, de cambios administrativos, de políticas públicas
que favorezcan y estimulen la capacidad de emprender, de innovar, de
arriesgar y de crear empresas la aprobación de este estatuto es el primer
gran reconocimiento legal de esta Cámara, del cuerpo legislativo español,
de la realidad del trabajo autónomo. Es un nuevo paso, un paso
importante, significativo y con trascendencia en un recorrido histórico
largo de mejora de las condiciones de los autónomos. Es evidente que nos
hubiese gustado que este proyecto de ley incorporase más medidas en el
fomento, protección social y equiparación social de los autónomos en la
Seguridad Social, pero estamos convencidos de que este texto legal va a
suponer en los próximos años, si el Gobierno tiene la voluntad política
de desarrollar sus previsiones, mejoras en las condiciones de trabajo de
los autónomos, porque el estatuto reconoce fundamentalmente la realidad
del mundo del autónomo, su importancia, su trascendencia y su centralidad
desde la perspectiva de la generación de progreso y prosperidad para el
conjunto de la sociedad.
Convergència i Unió está convencida de que en los próximos años la
capacidad de emprender, de innovar, de crear empresa, de arriesgar va a
ser fundamental para impulsar el crecimiento de la economía y la cohesión
social de nuestra sociedad. Necesitamos más empresarios; más jóvenes que
apuesten por crear sus propias empresas; más trabajadores que arriesguen
por su cuenta, que pongan en marcha sus propios sueños, ideas y negocios.
Este estatuto debe ayudar a ese cambio de mentalidad de nuestra sociedad.
Ante el reto de la inmigración, el que buena parte de los ciudadanos
extranjeros esté apostando por crear sus negocios es un indicio de
algunas cosas que nos interesan si queremos avanzar en la integración de
la nueva inmigración. Este nuevo estatuto debe ir acompañado de un cambio
de mentalidad de las administraciones públicas que favorezca esa
capacidad de emprender y también de un cambio de mentalidad de los
ciudadanos, para que apuesten por el riesgo, por la puesta en marcha de
sus negocios, de sus actividades. El proyecto de ley, siguiendo la senda
de algunas reformas que se impulsaron ya en la pasada legislatura,
apuesta por avanzar hacia una mayor equiparación entre el régimen general
y el régimen de los autónomos en ámbito de la Seguridad Social. La ley
apuesta claramente en el terreno de los conceptos por esa plena
equiparación entre ambos regímenes. En los próximos meses, en el próximo
año, el Gobierno deberá abordar un aspecto fundamental en ese objetivo de
la plena equiparación de la protección social como es el RETA. Nos parece
fundamental que esa equiparación del régimen del RETA constituya una de
las principales prioridades del Gobierno en el desarrollo del Estatuto
del trabajo autónomo. Porque estamos convencidos de que una mayor
protección social, una mayor protección frente al riesgo del desempleo,
de la maternidad o la paternidad, del accidente o de la enfermedad,
constituye un elemento fundamental para estimular la capacidad
emprendedora de nuestros ciudadanos. En este sentido, la prioridad en el
desarrollo del estatuto se sitúa en el ámbito de la protección social,
donde en este proyecto de ley se producen algunas mejoras importantes
como, por ejemplo, el reconocimiento del accidente in itinere.
En segundo lugar, el estatuto incorpora la regulación de una nueva
realidad, la realidad del trabajo autónomo dependiente. Convergència i
Unió quiere reivindicar que desde hace años, cuando en esta Cámara poco
se hablaba de ello, fuimos los primeros en plantear la necesidad de
regular una nueva realidad como es la de
los trabajadores autónomos dependientes. Lo hacíamos convencidos de que
era necesario introducir mayores seguridades en lo laboral y en lo social
para aquellos trabajadores que en la práctica estaban sometidos a esa
nueva configuración de las relaciones laborales en el marco de los
procesos de descentralización de la actividad productiva y de que, al
mismo tiempo, era necesario mantener la flexibilidad que las empresas
exigían para desarrollar sus actividades. Hemos configurado un régimen de
entrada suficientemente equilibrado, que ha encontrado algunas críticas
en algunos ámbitos empresariales en el sentido de entender que hemos
introducido rigideces. Hemos recibido críticas del sector de la
comunicación sobre los profesionales del sector periodístico y de la
comunicación que hoy está en ese régimen, y también de organizaciones
sindicales, en el sentido de que hemos flexibilizado y desnaturalizado
excesivamente el ámbito del derecho del trabajador. Creemos que hemos
configurado una realidad suficientemente equilibrada. El tiempo nos dirá
si hemos acertado, mi grupo espera que sí.
En tercer lugar, hemos dado cuerpo a la configuración de un nuevo ámbito
de representación del mundo del trabajo autónomo. El pequeño empresario,
el microempresario, hasta hoy no había encontrado cauces de
representación a través de las organizaciones ordinarias en el diálogo
social. Se ha configurado una nueva realidad que representa ese mundo del
pequeño empresario, del emprendedor, del microempresario, del trabajador
autónomo dependiente. Con la ley hemos dado carta de naturaleza a esa
nueva realidad para que se convierta en interlocutor social efectivo con
los poderes públicos para desarrollar las políticas que en lo económico,
en lo social y en lo administrativo vamos a desarrollar en los próximos
años. Por tanto, reconocimiento de una realidad en lo jurídico y en las
políticas que tenemos que desarrollar en los próximos años;
reconocimiento del objetivo de la plena equiparación en el ámbito de la
protección social, un nuevo paso hacia delante en un recorrido que ya
lleva su tiempo; reconocimiento de una nueva realidad como son los
autónomos dependientes; reconocimiento de la representación de estos
sectores.
Como decíamos al principio de nuestra intervención, este es un nuevo paso.
Mi grupo quiere valorar los trabajos realizados en la pasada legislatura,
singularmente los de nuestro compañero Josep Sánchez i Llibre, en la
subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía del Congreso de los
Diputados, que elaboró un informe que ha servido de hoja de ruta para las
mejoras introducidas durante la pasada y la presente legislatura en el
trabajo autónomo. Convergència i Unió puede reivindicar un recorrido
histórico en esta materia singularmente efectivo en la mejora de las
condiciones de los autónomos. Precisamente porque podemos reivindicar el
trabajo que hemos realizado en diversas legislaturas, queremos valorar
aquello que hoy aprobamos: un paso más en ese objetivo de garantizar que
nuestra sociedad apueste por la gente que emprende, por la gente que
tiene ideas, por la gente que innova, por la gente que arriesga, porque
eso garantiza el progreso y la prosperidad de nuestra sociedad. En los
próximos años vamos a tener trabajo en el desarrollo del estatuto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor
Campuzano.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, damos por
finalizada la tramitación de este proyecto de ley. Hoy solo votaremos las
enmiendas del Senado. Este debate no es sobre el conjunto del proyecto de
ley, aunque lógicamente todos los intervinientes se han referido al
mismo. Hoy estamos hablando de las enmiendas del Senado, y anuncio que mi
grupo las votará favorablemente excepto una que no se ajusta a la
intencionalidad del voto real del Senado.
Quiero empezar diciendo que mi grupo hace un reconocimiento explícito a la
labor que realizan los trabajadores autónomos. Tienen un compromiso con
el empleo, con el crecimiento y con el bienestar que se ha venido
desarrollando en los últimos años. De una manera muy concreta han
colaborado al proceso de crecimiento y creación de empleo en nuestro
país. Los poderes públicos, aparte de reconocer su labor, su capacidad de
emprender y su colaboración con los intereses generales, debemos arbitrar
los marcos administrativos, fiscales y sociales que permitan desarrollar
su tarea con dignidad, que impulsen y promuevan que cada vez haya más
autónomos y que los que ya están ejerciendo la actividad como tales
puedan desarrollar todavía más sus negocios, sus actividades
profesionales. Ahí entra el tratar desigualmente situaciones que son
desiguales y con igualdad las situaciones que son iguales. El autónomo
tiene una realidad distinta y por tanto necesita unos marcos específicos.
Mi grupo apoya el Estatuto del trabajo autónomo como un marco específico
para los trabajadores autónomos. Ahora no está el ministro Caldera... (El
señor Villarrubia Mediavilla: ¡Ni Rajoy!) Rajoy lógicamente no está, ni
tampoco el señor Rodríguez Zapatero y al Grupo Socialista le importa
tantísimo esta ley que tiene una docena de diputados (Protestas.-El señor
Villarrubia Mediavilla: Vosotros tenéis cuatro.) Lo decía contestando al
señor Villarrubia. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continúe señor
Martínez-Pujalte. Silencio. (Una señora diputada: Ni nadie del
Gobierno.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Tampoco hay nadie del Gobierno; una
muestra de respeto hacia los autónomos.
No era ese el objeto del debate que ha introducido el señor Villarrubia,
sino que el señor Caldera -que sí ha presentado el proyecto de ley,
aunque ahora no está- es un especialista en traer leyes al Parlamento
para hacerse fotos en las escalinatas de los leones. Trae una Ley de
Violencia de Género y se reúne con los grupos parlamentarios para ver si
implementan medidas para luchar contra esa lacra social porque el
ministro ha sido incapaz, y hoy la vicepresidenta le tiene que sacar las
castañas del fuego (Rumores.); hace leyes de dependencia, pero no las
dota del contenido económico suficiente y, desde el Parlamento, le
tenemos que exigir dotación financiera; y hoy trae una ley del Estatuto
del trabajo autónomo que es un marco, pero a mi grupo le hubiera gustado
que tuviera más contenido, mayor concreción en las medidas sociales a
favor de los autónomos. Es verdad que esta ley dice: Haremos una ley para
crear la prestación por cese de actividad. Se podía haber creado en esta
ley, pero no, se remite a otra ley. Nosotros vamos a apoyar esta ley
porque nos parece bien, al menos nos servirá de enganche para, en el
futuro, desarrollar medidas a favor de los autónomos, pero la ley tiene
poco contenido en sí misma.
El señor ministro no lo ha dicho hoy en la tribuna, pero hace unos días
leía una entrevista en la que decía: A partir de ahora los autónomos
tendrán derechos. Parece un cierto complejo de Adán y de que el mundo
empieza por él, como si antes de él no existieran los autónomos y después
de él fueran a desaparecer. No; antes de él existían los autónomos y
después de él, y a pesar de él, existirán los trabajadores autónomos. El
mundo no empieza con el señor Caldera, aunque él crea que sí. Si él se lo
cree, mejor para él y encantado de conocerse, pero ya existían medidas a
favor de los autónomos, muchas de ellas propuestas por el Grupo
Parlamentario Popular y otras muchas propuestas, previamente, por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que lleva hablando del Estatuto del
trabajo autónomo y de medidas de protección social para los autónomos
desde hace mucho tiempo; también lo hizo Esquerra Republicana en la
legislatura pasada. No; no ha empezado el mundo con el señor Caldera. El
IAE se suprimió para los trabajadores autónomos aunque el señor Caldera
no fuera ministro; el IRPF se bajó antes de que el señor Caldera fuera
ministro; la prestación por enfermedad común se pasó del decimoquinto al
cuarto día antes de que el señor Caldera fuera ministro; se incorporó a
los autónomos a la formación continua con un voto mayoritario de esta
Cámara, no solo lo votó el Grupo Parlamentario Popular.
¿Hay que seguir avanzando? Mi grupo dice: Sí, hay que seguir avanzando y
nos gustaría que se hubiera avanzado todavía más. Aquí hay algunos
avances, es verdad: se habla de contratación de familiares, se crea el
consejo de autónomos que puede ser un organismo dinamizador para las
reivindicaciones del sector, se dice que se creará esa prestación por
cese de actividad en otra ley -nos gustaría que esto se hubiera hecho en
esta legislatura, pero no se ha hecho-, y esta ley tiene una novedad muy
importante, el trabajador autónomo dependiente, que es lo que de verdad
se regula. Mi grupo es consciente de una realidad y es que ahora hay
muchos trabajadores autónomos que desarrollan su actividad para una o dos
empresas y que eso crea una situación específica que exige un tratamiento
especial. Lo que queremos decir hoy en la tribuna, con toda humildad y
sencillez pero con claridad, es que no nos gustaría que los trabajadores
autónomos dependientes se convirtieran en una figura para mercantilizar
lo que tienen que ser relaciones laborales. Eso no nos gustaría, nos
parecería que no responde al espíritu de los legisladores hoy aquí, y lo
quiero dejar bien claro. Lo que queremos los legisladores hoy aquí es que
el trabajador autónomo dependiente, verdaderamente autónomo y dependiente
de una o dos empresas, tenga un tratamiento específico que le permita
desarrollar su actividad con un marco de garantías sociales. Pero debemos
estar muy vigilantes para que esta figura no se convierta en un coladero
de mercantilización de las relaciones laborales, porque de lo contrario
estaríamos haciendo un flaco laboral al mercado laboral. Con eso, desde
luego, nosotros no estaríamos de acuerdo y creo que las asociaciones de
autónomos que hoy están aquí presentes y que han reivindicado esta figura
tampoco es lo que pretenden. Por eso mi grupo dará el voto afirmativo.
Desde nuestro punto de vista, esto es una percha, de la que podríamos
haber colgado algún traje, pero por lo menos tenemos la percha y en el
futuro, con el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, procuraremos
colgar trajes que sirvan de mayor protección social para los trabajadores
autónomos, que merecen nuestro respeto, nuestra consideración y a los que
hay crearles marcos favorables para que desarrollen su actividad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y
en particular con el turno de la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero dar la bienvenida a los representantes de las
asociaciones de autónomos y celebrar con ellos el importante día que es
hoy. Hoy es un día histórico para los ciudadanos de este país, y
especialmente para los autónomos, porque estamos dando una protección
social a un colectivo de tres millones de ciudadanos y ciudadanas, además
de la influencia que eso tendrá en sus familias. Cuando se amplía la
protección a un colectivo tan amplio no cabe más que el calificativo
de día histórico. Este estatuto ha sido negociado con amplitud, viene
precedido de un estudio, pero lo más importante es que ha sido negociado
previamente también con los representantes de los autónomos, y nadie
mejor que ellos para saber lo que los autónomos necesitan y quieren.
Porque nosotros sabemos muchas cosas, pero también hemos de aprender que
no somos los que más sabemos de todo. El que más sabe es el que lo sufre,
y el que más sabe lo que es un autónomo es el que es un autónomo y lo
sufre cada día, sufre para llegar a final de mes y sufre si no tiene
protección. Y con esos que lo sufren es con quienes hemos negociado.
Quiero señalarles una cuestión. Ahora se cumplen veintiséis años del
Estatuto de los Trabajadores, y uno de los representantes de los
autónomos, don Sebastián Reina, que en su día participó en la negociación
de aquel histórico Estatuto de los Trabajadores, recordará conmigo que a
los que apoyamos aquel estatuto nos llamaron vendidos a la clase obrera y
nos dijeron de todo, y hoy nadie entendería este país y el desarrollo y
el avance de los trabajadores sin ese estatuto. Señorías, dentro de diez,
quince o veinte años hablaremos del Estatuto del trabajador autónomo en
los mismos términos en los que hoy hablamos del Estatuto de los
Trabajadores, porque, además del avance social en muchas cosas -otras es
verdad que hay que desarrollarlas-, reconoce a un colectivo importante
que hasta ahora no tenía ninguna norma en la que se reconociera su
trabajo y a la que pudiera acogerse para desarrollarlo. Ahora la tienen,
tienen los elementos para seguir avanzando y peleando para mejorar sus
condiciones, lo que hasta ahora no tenían. Y qué decir del avance que
supone que definamos lo que es un trabajador autónomo y lo que es un
trabajador autónomo dependiente para evitar el mal uso que muchas
empresas pretenden hacer de esta figura. Y luego está, como han dicho
todos los grupos, el reconocimiento de lo que aportan los autónomos al
crecimiento y al bienestar de este país.
No voy a entrar en todo lo que significa el estatuto, pues lo han hecho
todos los grupos y el ministro también, sino que voy a hacer dos matices
por lo que respecta a las enmiendas. En primer lugar, deberíamos cambiar
en el preámbulo, cuando se habla de la disposición adicional
decimocuarta, a partir del punto donde dice: introduce incrementos, pues
por un error en la decimocuarta se repite la decimotercera. Pero la
disposición adicional decimocuarta está bien redactada en el texto de la
ley y donde se produce el error es en el preámbulo, con lo cual
simplemente hay que cambiar la redacción que no estaba bien. En segundo
lugar, pedimos votación separada de la enmienda al artículo 27.c) ya que
parece que ha habido una confusión con la enmienda introducida a la hora
de votar y se limitan las reducciones, las bonificaciones de la Seguridad
Social. Nosotros queremos ampliarlo para que esas bonificaciones puedan
englobar a todo el colectivo.
Señorías, termino agradeciendo a todos los grupos el trabajo desarrollado
y sus aportaciones y quiero reseñar que son estos temas en los que al
final nos ponemos de acuerdo los que deberían aparecer en la primera
página de los periódicos, porque el avance es mucho o poco según como lo
vea cada uno, pero para mi grupo es un avance sustancial. Otros que lo
han podido hacer en los últimos ocho años y que hoy lo hubieran hecho
mucho mejor no lo hicieron, y nosotros lo hacemos en nuestra primera
legislatura como mejor sabemos con los colectivos afectados. Repito que
esto debería figurar en primera página y no las broncas, pues esto,
señorías, es trabajar por los ciudadanos, por la protección de
colectivos, por la protección social en nuestro país y plasma los
compromisos de un Gobierno socialista, que cuando da una palabra la
cumple y cumple con los ciudadanos en función de sus compromisos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted,
señora López i Chamosa. Gracias, señorías.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A
MOTOR, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE,
Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS
PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE
OCTUBRE. (Número de expediente 121/000125.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el debate,
en particular con el punto 29 del orden del día: Proyecto de ley por la
que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Comenzaremos con el
turno de fijación de posiciones. ¿Desea intervenir el Grupo Mixto?
(Pausa.) Señor Mardones, en nombre del Grupo Mixto tiene usted la
palabra. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a intervenir brevemente, señora presidenta,
para decir que vamos a votar favorablemente las enmiendas que vienen del
Senado porque están explicitadas en la exposición del mensaje motivado
por cuestiones que afectan a la seguridad del perjudicado en mejor
aumento de su garantía
jurídica fundamentalmente, como es el contenido de la respuesta motivada a
la regulación del mismo, lo que afecta a los intereses por mora, así como
la regulación reglamentaria de la oferta motivada y la respuesta
motivada. Son aspectos procesales y procedimentales, siempre a favor del
afectado con mejor derecho.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones,
muchísimas gracias.
Señor Llamazares, continuamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este proyecto de ley modifica el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,
incorporando las directivas 2005/14/CE y 2000/26/CE, y también se
realizan modificaciones para mejorar la regulación del seguro obligatorio
de vehículos a motor. Estamos básicamente de acuerdo con el contenido de
la iniciativa y nuestra intención ha sido incorporar en la tramitación
del proyecto una serie de enmiendas para intentar corregir las
discriminaciones que sufren las personas con discapacidad en la
contratación de seguros. Por cierto, no hemos tenido mucho éxito.
Proponíamos introducir en la Ley de ordenación y supervisión de los
seguros privados la prohibición expresa de la discriminación en la
contratación de un seguro por razón de discapacidad y obligar a las
entidades aseguradoras a facilitar información accesible, esto es, a
utilizar formatos adecuados a las necesidades especiales de las personas
con discapacidad. Proponíamos también modificar la Ley de Contrato de
Seguro e incluir la prohibición de discriminar a las personas por razón
de discapacidad en la contratación de seguros, en particular prohibiendo
la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de
procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados
por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas por razón
de discapacidad, salvo cuando existan causas justificadas. Las compañías
de seguros deben tener en cuenta el coste de oportunidad en el que
incurren al no atender las demandas de los potenciales clientes con
discapacidad y también han de avanzar en crear productos promoviendo y
divulgando buenas prácticas. Por último, proponíamos modificar también el
artículo 83 de la Ley de Contrato de Seguro eliminando la excéntrica
prohibición de contratar un seguro para caso de muerte a los
discapacitados, con la excepción de los contratos de seguros en los que
la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por
la póliza o al valor del rescate. En el debate de esta Cámara el portavoz
socialista nos confiaba que esta materia les parece loable, si bien no
ven esta propuesta en el marco de esta ley. Cierto es que su inclusión en
este proyecto de ley no es del todo ortodoxa, pero esto ocurre en la
tramitación de prácticamente todas las iniciativas. En todo caso,
queremos tomar nota de la preocupación del Gobierno y del grupo
mayoritario y esperamos que se adopten medidas que vayan más allá del
sector asegurador y combatan eficientemente la discriminación por razón
de discapacidad.
En cuanto a las enmiendas que vienen del Senado, en general consideramos
que no mejoran el texto del Congreso y, por tanto, no las votaremos
favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor
Llamazares.
Continuamos, señorías. ¿El Grupo Vasco desea intervenir? (Pausa.) Pues
continuamos con el señor Puig en nombre de Esquerra Republicana.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.
Pasaré a valorar las enmiendas que provienen del Senado. Quiero destacar
la enmienda al apartado cuatro del artículo primero. Nos parece
interesante su incorporación pues da mayor garantía para el asegurado en
el sentido de que si se superan los importes de cobertura del seguro
obligatorio en caso de siniestros en el que existen daños personales o
daños materiales, que la ley fija en 15 millones de euros para daños, se
indemnizará la diferencia con el remanente existente entre la
indemnización por daños personales y el límite de la cobertura. A pesar
de que la indemnización por daños materiales supere el importe máximo, la
diferencia será pagada con cargo a la cobertura de daños personales
siempre que exista remanente. Está claro que una medida de este tipo
garantizará mucho más los derechos de los asegurados puesto que obtienen
una cobertura que hasta la fecha no tenían.
No obstante, no votaremos a favor de la supresión del sub apartado tres
del apartado cuatro del artículo único de la ley, a pesar de que se
establezca por la enmienda al apartado anterior que si la indemnización
supera la cobertura máxima, cuando existan daños personales se
complementará con cargo a estos. Esta puede cubrirse con cargo al seguro
voluntario y en el último extremo al del asegurado causante del
siniestro. Por tanto, solicitaremos la votación separada. En el apartado
cinco del artículo primero se hacen algunas correcciones técnicas que nos
parecen útiles para evitar interpretaciones incorrectas de lo establecido
en la ley. En ese sentido, valoramos la inclusión de que en aquellos
casos en que la entidad aseguradora no realice tras un siniestro la
oferta de indemnización, por no poder determinarse en aquellos momentos,
deba manifestarlo de forma motivada, obligando a notificar el importe
mínimo a indemnizar de conformidad con lo establecido en la Ley de
Contrato de Seguro. Ha de manifestar
su compromiso de realizar el pago tan pronto como puedan cuantificarse los
daños, así como informar de forma motivada de la situación en la que se
halle el siniestro cada tres meses. Solicitaremos, por no valorar
positivamente la modificación introducida en el Senado, la votación
separada de la modificación del subapartado quinto de dicho apartado.
Asimismo, solicitaremos la votación separada de la enmienda incorporada
al apartado ocho del artículo primero de la ley. Entendemos que si no ha
existido ninguna cantidad ofertada o consignada y, finalmente, la
compañía aseguradora debe pagar la indemnización, aunque su negativa
inicial hubiera sido realizada mediante respuesta motivada, no puede
eximirse de pagar intereses de demora, porque si finalmente debe
indemnizarse esta obligación existía en su momento. Nada más destacable
añadiríamos a las enmiendas formuladas al artículo 1, salvo decir que el
resto de enmiendas no comentadas obedecen a precisiones técnicas que, a
nuestro entender, vienen a mejorar dicha ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Señor Grau, continuamos con usted en nombre de Convergència i Unió.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestra posición respecto a las enmiendas recibidas del Senado es que son
todas positivas y quisiera destacar favorablemente la inclusión de la
disposición adicional nueva, que prevé la posibilidad de que las
aseguradoras puedan ser parte en los procesos penales en los que el
asegurado esté imputado. Entendemos que este tecnicismo ayuda a la
defensa del asegurado y que, lógicamente, darle automáticamente por ley
este apoderamiento mejora la actuación. Nuestro grupo va a votar
favorablemente las demás enmiendas, como lo hicimos en el Senado, por lo
que mantendremos nuestra posición en bloque para todas las enmiendas.
Esta ley, que traspone la directiva europea -y por ende el proyecto de
ley en sus líneas generales-, mejora el trámite de reclamación,
garantizando los derechos de los consumidores a una rápida solución de
estos casos. Cuanto mayor sea el nivel de seguridad en estos temas, mejor
será la protección de los consumidores. Este es el principal aspecto de
la ley que hoy saldrá aprobada de esta Cámara.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Grau, muchas
gracias.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular, señor Souvirón.
Adelante.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: La modificación del texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor
y de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, para
incorporar a nuestro derecho interno la Quinta Directiva de seguro de
automóviles de la Unión Europea, ha alcanzado un alto grado de consenso
en su debate en esta Cámara. Se transaccionaron las posiciones iniciales
de los distintos grupos parlamentarios hasta llegar a una situación de
equilibrio que garantiza, como no podía ser de otra manera, la seguridad
jurídica de las partes en la relación de seguro y, desde luego, mejora la
posición del asegurado en la propia relación jurídica. Precisamente por
eso queremos mantener el espíritu que hizo posible aquel acuerdo. Por
ello, votaremos a favor de la enmienda introducida en el Senado al
apartado 4 del artículo 1, en cuanto que mejora las garantías del
asegurado al suponer en la práctica un incremento de los límites de
cobertura al contemplar la posibilidad de que el remanente que pudiera
quedar en la cantidad fijada por daños a la persona se utilice para
cubrir la indemnización de daños materiales en aquellos supuestos en los
que concurrieran daños a las personas y a los bienes y se agotara el
límite referido a estos últimos. En cuanto que mejora las garantías del
asegurado es una enmienda importante que vamos a tener en cuenta. Como
también tendremos en cuenta y votaremos favorablemente todas aquellas que
mantienen el espíritu de mejora de la posición del asegurado, pero no
podemos hacerlo con las que no son consecuentes con el contenido de la
Quinta Directiva de seguro de automóviles de la Unión Europea o aquellas
que hacen más complicada la interpretación de la norma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Souvirón,
muchísimas gracias.
Finalizamos con el turno de la señora Castillejo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
El proyecto de ley que hoy debatimos en su trámite final cumple, como ya
se ha dicho, con el doble objetivo de incorporar a nuestro derecho
interno la Directiva 14/2005, que modifica diversa legislación relativa a
la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor
y, por otra parte, avanza en la regulación del seguro obligatorio de
vehículos, que es sin duda uno de los de mayor importancia en el mercado
español de los seguros. Como ya dijimos en el debate de la Comisión de
Economía y Hacienda, estamos ante un texto legal que cuenta con el
acuerdo del sector, que supone un cambio en el sistema con el objeto de
avanzar hacia un modelo equilibrado, integral, un modelo, en suma,
protector del consumidor y que además busca lograr el objetivo de que
todos los ciudadanos tengan un seguro que cubra sus contingencias con
amplios límites.
Quiero destacar muy brevemente algunas de las novedades más relevantes que
supone este proyecto. En primer lugar, este texto supone la incorporación
de nuevos supuestos a la definición de estacionamiento habitual del
vehículo en España a efectos del seguro obligatorio, eliminando de esta
manera algunas lagunas legales que previamente existían. En este proyecto
que hoy aprobaremos también se concreta la expresión controles por sondeo
y se recoge la obligación para las entidades aseguradoras de expedir el
certificado de antecedentes de siniestralidad. Además, se aclara y se
especifica que la cobertura del seguro incluirá cualquier tipo de
estancia del vehículo asegurado en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea. Quiero destacar, asimismo, un elemento muy importante como es el
establecimiento de la obligación de presentar por parte de las entidades
aseguradoras una oferta motivada de indemnización en un plazo de tres
meses desde la reclamación del perjudicado en el caso de que se haya
determinado la responsabilidad y cuantificado el daño o, en caso
contrario, de una respuesta motivada a lo planteado en la reclamación.
Con este mecanismo se pretende fundamentalmente una reducción de la
judicialización de las reclamaciones por daños producidos con ocasión de
la circulación de vehículos a motor que es acorde con lo establecido en
la Quinta Directiva de seguro y que se convierte así en la principal
obligación de carácter formal de las aseguradoras con las víctimas. Por
último, este proyecto refuerza la protección del tomador del seguro
limitando las posibilidades de repetición por el asegurador a las causas
previstas en la ley y eliminando la posibilidad de que el asegurador
repita contra el tomador asegurado por las causas previstas en el
contrato.
Creemos necesario resaltar, como ya lo hacía un portavoz, que el debate en
el Congreso concluyó con un alto grado de consenso que permitió llegar a
puntos de encuentro en aquellos aspectos de la ley que en un principio
suscitaban más dudas. Me refiero concretamente a las enmiendas del Grupo
Popular, pues tres de las cuatro presentadas han sido acordadas, y lo
mismo sucedió en el caso de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria-Nueva Canarias. En principio emplazamos a los grupos a
mantener ese espíritu de consenso al que llegamos en esta Comisión y que
debiera verse reflejado hoy en la votación de las enmiendas aprobadas en
el Senado. El Senado nos traslada doce enmiendas de las cuales dos han
sido incorporadas a iniciativa del Grupo Socialista. Mi grupo considera
necesaria su aprobación dado que es preciso añadir, en primer lugar, el
término robo de uso a fin de clarificar la acción del perjudicado frente
al Consorcio de Compensación de Seguros, que indemniza a las víctimas de
accidentes producidos por vehículos no solo robados sino también robados
de uso. En segundo lugar, se incorpora al Consorcio de Compensación de
Seguros en el mecanismo de oferta y respuesta motivada. Respecto al resto
de las enmiendas aprobadas por el Senado -aunque no vamos a entrar a
valorarlas una a una-, en términos generales mi grupo no está en
disposición de apoyarlas por los mismos motivos por los que las hemos
rechazado en los distintos trámites en el Congreso y en el Senado. Son
varios los casos en que creemos que las modificaciones propuestas
contravienen claramente lo establecido en la Quinta Directiva de seguro
de automóviles que se traspone. En otros casos entendemos que lo que se
propone debiera ser establecido mediante desarrollo reglamentario.
Tampoco podemos aceptar aquellas que excedan el objeto de la ley.
Asimismo, no podemos apoyar las enmiendas que desvirtúan los objetivos
del mecanismo de oferta o respuesta motivada, una obligación para las
aseguradoras que tutelará los derechos de los perjudicados por los hechos
derivados de la circulación de vehículos.
Para finalizar quiero manifestar que durante la tramitación de este
proyecto hemos tratado en todo momento de que el texto definitivo que hoy
aprobaremos sea una ley que no solo cumpla con el objetivo de trasponer
la citada Quinta Directiva de seguro, sino que además tenga como objetivo
fundamental la protección y el aumento de garantías para los
perjudicados. Es especialmente por este motivo por el que mi grupo no
puede apoyar el resto de enmiendas incorporadas en el Senado a iniciativa
de otros grupos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora
Castillejo.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES
NUCLEARES, HECHA EN VIENA EL 8 DE JULIO DE 2005. (Número de expediente
110/000220.)
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
MALI, HECHO EN MADRID EL 23 DE ENERO DE 2007. (Número de expediente
110/000221.)
ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
RELATIVO A LOS PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA OMM
SOBRE "CONDICIONES DE VIDA SEGURAS Y SOSTENIBLES: BENEFICIOS SOCIALES Y
ECONÓMICOS DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS",
HECHO EN GINEBRA EL 26 DE FEBRERO DE 2007. (Número de expediente
110/000222.)
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPÍA, HECHO EN ADDIS ABEBA EL 30 DE ENERO DE
2007. (Número de expediente 110/000223.)
- ACUERDO RELATIVO A LA INCORPORACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA A LA
ORGANIZACIÓN DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO (SEAMEO), EN
CALIDAD DE MIEMBRO ASOCIADO, HECHO EN NUSA DUA EL 14 DE MARZO DE 2007.
(Número de expediente 110/000224.)
- CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, HECHO EN FLORENCIA EL 20 DE OCTUBRE DE
2000. (Número de expediente 110/000225.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entramos, señorías, en el
punto X del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo desea intervenir
en relación con los dictámenes? (Pausa.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCE Y REGULA LA LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS
PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS. (Número de
expediente 121/000073.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con
el punto XI del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas
legislativas. Punto 36: Proyecto de ley por la que se reconoce y regula
la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas. Comenzamos con la intervención del señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señora presidenta.
Hoy es un día emocionante. Acabo de recibir, señorías, este pequeño
presente de un niño afectado por sordera que dice: Lengua de signos viva.
(Muestra a la Cámara una mano de cartón.-Aplausos.) Se lo dirijo a todos
ustedes porque por consenso, de nuevo, han hecho una excelente ley que
demuestra que el Parlamento en su conjunto es la sede en la que las
esperanzas y los impulsos de los españoles y las españolas hacia una
sociedad sin barreras y sin exclusiones, es decir, una sociedad en la que
quepamos todos en pie de igualdad, se hace realidad. Lo hacemos además
con el consenso de todos los grupos -se lo agradezco a todos ustedes- y
les agradezco en nombre del Gobierno que hayamos sido capaces de aunar
nuestros esfuerzos y nuestra voluntad política para que las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tengan por fin reconocido
plenamente su derecho a expresarse según los lenguajes y los medios que
libremente elijan. La ley, con sus preceptos, reconoce las lenguas de
signos, reconoce el derecho a la comunicación oral y desarrolla con
libertad de elección el derecho a comunicarse, a escuchar con los ojos y
a vocalizar el lenguaje. El proyecto incorpora a su vez la creación de
tres figuras relevantes: Centro de normalización lingüística de la lengua
de signos española, Centro español de subtitulado y audiodescripción y
Comisión de seguimiento de la ley en el seno del Consejo Nacional de la
Discapacidad.
Sin ánimo de ser exhaustivo, quiero señalar algunos aspectos del proyecto
de ley muy brevemente porque creo que es justo con el trabajo que ha
desarrollado la ponencia. Los considero muy relevantes para la
consecución de la igualdad real y efectiva y la plena ciudadanía de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Primero, se
reconocen las formas de expresarse que tienen casi un millón de personas
de nuestro país desde las lenguas de signos a la comunicación oral, así
como los medios de apoyo y el derecho al aprendizaje y al conocimiento;
todo ello desde el derecho a la libre elección de cada una de estas
formas. Es un reconocimiento que la ley, obviando retóricas, establece
definiendo cada concepto a fin de clarificar cada uno de ellos y así
hacer más comprensiva su lectura y desarrollo posterior. En este sentido,
definir de lengua de signos, lengua oral, medios de apoyo a la
comunicación oral, personas sordas o con discapacidad auditiva, personas
con sordoceguera o intérprete -entre las muchas definiciones que se
aportan- es una forma de acercarnos a una realidad que no siempre es bien
conocida. Por otra parte, la ley, en su amplio espacio de aplicación,
abarca desde los bienes y servicios a disposición del público hasta los
medios de comunicación social, telecomunicaciones y el ancho mundo de la
sociedad de la información, pasando por los sistemas de transportes, las
relaciones con las administraciones públicas y la participación política.
El espacio educativo tendrá con esta ley un lugar privilegiado en su
desarrollo, tanto en el aprendizaje y conocimiento de las lenguas de
signos españolas como en el de los medios de apoyo a la comunicación
oral. Las administraciones educativas, en los centros designados al
efecto, ofertarán modelos educativos bilingües de libre elección a los
alumnos sordos, con discapacidad auditiva o sordociegos, o sus padres o
tutores, así como
planes de estudio en los que se incluya el derecho a recibir estas
enseñanzas por el conjunto del alumnado a fin de posibilitar la
integración más completa de aquellos. Esas mismas autoridades habrán de
proveer titulaciones adecuadas al desarrollo de este nuevo derecho, así
como planes y programas de formación del profesorado especializado, todo
ello sin olvidar el necesario acompañamiento de la cooperación con las
familias y las universidades. En el ámbito universitario la ley promueve
medidas que desarrollan el principio de igualdad de trato en el espacio
laboral. El derecho a la salud se completa con la prestación de servicios
de intérpretes en lengua de signos o medios de apoyo a la comunicación
oral para aquellos usuarios que lo necesiten en los centros definidos al
efecto. Las campañas informativas y preventivas en materia de salud serán
accesibles. Los mismos servicios de interpretación o medios de apoyo se
promoverán en aquellas actividades culturales, deportivas y de ocio que
se determinen y así sea solicitado por los usuarios, así como en las
estaciones de transporte marítimo, terrestre y aéreo que definan las
autoridades competentes en función de la relevancia del tráfico de
viajeros. En sus relaciones con las administraciones públicas estas
personas -sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva- tendrán derecho
a que aquellas -las administraciones- promuevan la prestación de
servicios de intérpretes o medios de apoyo que soliciten previamente. De
la misma manera se actuará en la Administración de Justicia y en la
Penitenciaria. El derecho a la participación política se explicitará a
través de las facilidades que habrán de proveer los poderes públicos, los
partidos políticos y los agentes sociales tanto en sus informaciones
institucionales como en los programas de emisión gratuita en los procesos
electorales mediante las lenguas de signos o el despliegue de medios de
apoyo a la comunicación oral y la subtitulación. En el mismo sentido de
ayuda al derecho a la comunicación se actuará en el ámbito de los medios
de comunicación social, las telecomunicaciones y la sociedad de la
información, sin dejar de lado la accesibilidad a las campañas de
publicidad institucional, de manera específica la adecuación de las
páginas y portales de Internet a los estándares establecidos para lograr
el pleno desarrollo de ese derecho.
Para terminar, señora presidenta, señoras y señores diputados, insistiendo
en la idea de que reconocer la igualdad es un signo de progreso y de que
el día que dejemos de hacerlo estaremos taponando, poniendo barreras a
ese progreso al que todos tenemos derecho, quiero aprovechar este momento
y esta sede para agradecer a la Confederación Nacional de Sordos, a la
Confederación Española de Padres y Amigos del Sordo, al Cermi, en el que
están integradas, y a todas las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas españolas lo que trabajan y han trabajado a favor
de la dignidad de todos, por acrecentar los niveles de dignidad de todos
porque, como ellos saben bien, trabajando por la condición social, por la
real integración de aquellas personas, lo han hecho por la condición
social de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor
ministro.
Comenzamos con el turno de fijación de posiciones. Empezamos con el Grupo
Mixto y, en su nombre, tiene la palabra doña Olaia Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quisiera agradecer a los diputados Luis Mardones, de
Coalición Canaria, y Begoña Lasagabaster que me hayan permitido utilizar
todo el tiempo para hacer la defensa en nombre del Grupo Mixto, en el que
todos nos vamos a adherir a esta ley, y estamos seguros de que el resto
de diputados también compartirán lo que vamos a decir.
Señorías, queremos manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que en
el día de hoy podamos participar en el debate de aprobación de la ley que
regula la lengua de signos, una ley por la que llevan luchando las
asociaciones representativas del colectivo de personas con discapacidad
auditiva y sordociegas muchos años. A todas ellas queremos manifestar
nuestro agradecimiento, de manera especial a las representantes de
Galicia, con las que hemos tenido muchas reuniones de trabajo y que nos
han aportado conocimiento en relación con las necesidades, preocupaciones
y reivindicaciones de este colectivo, así como ideas con las que poder
trabajar y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de todos
ellos. En ese sentido, a través de las enmiendas que presentamos a este
proyecto de ley quisimos contribuir a mejorar el texto de manera que se
reflejaran en el mismo lo mejor posible las ideas y las soluciones del
movimiento asociativo, al que le reconocemos el valor de impulsar una ley
de estas características. De ahí que, en la medida en que compartimos
muchas de las ideas que nos han transmitido, hemos procurado en nuestras
enmiendas, así como en los argumentos para justificarlas, ser lo más
fieles posible a las mismas. Nos satisface también decir que llegamos a
este debate sin ninguna enmienda que defender por considerarnos
satisfechos con las transacciones acordadas con los otros grupos ya que,
desde nuestro punto de vista, introducen mejoras en el proyecto de ley en
el sentido que nosotros pretendíamos. Con las transacciones incorporadas
a la exposición de motivos se reflejan de forma más completa la evolución
histórica de la lengua de signos y los diferentes acontecimientos que han
supuesto grandes pasos para el desarrollo de esta ley. Las
incorporaciones que se hacen al articulado a través de los textos con los
que consideramos transaccionadas nuestras enmiendas -desde la número 104
a la 118 menos las números 112
y 115- reflejan cuestiones importantes que no solamente mejoran la norma
en aquellos aspectos que regula sino que facilitan su desarrollo
posterior. Se recoge, asimismo, una mayor coherencia en el reconocimiento
de las lenguas de signos del Estado español como lenguas y el derecho
lingüístico que debe darse. Es sabido que cada vez se reconocen más los
beneficios de la educación bilingüe. Está demostrado que favorece el
desarrollo cognitivo, el desarrollo lingüístico y no es la primera vez
que leemos informes en los que se hace relación entre bilingüismo e
inteligencia. Es conocido que especialistas en bilingüismo defienden que
los Estados deben asegurar a las minorías lingüísticas en su territorio
no solo poder utilizar sus lenguas sino el derecho a mantener la
existencia de las mismas. Ese mismo derecho a la educación bilingüe es
reivindicado por todas las asociaciones representativas de los colectivos
de personas con discapacidad auditiva porque también se ha constatado que
la educación bilingüe para niños y niñas con sordera es beneficiosa para
su desarrollo educativo en general. En la actualidad, las experiencias
bilingües se han extendido por todo el mundo y sus resultados demuestran
mejores niveles académicos de las personas objeto de esta ley, reducción
de las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita y un
mejor desarrollo socioafectivo. De ahí que sea importante que se pueda
incorporar al texto la garantía del derecho al aprendizaje de la lengua
de signos en el sistema educativo, en la formación reglada y en la no
reglada. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)
Igualmente, nos parece importante la modificación que se hace al artículo
15, que facilita el consenso no solo parlamentario sino también de las
diferentes sensibilidades que concurren en el grupo de personas sujetas a
esta ley y parece lógico, señorías, que no se pueda crear el Centro de
normalización lingüística sin tener en cuenta el importante acervo
acumulado por la labor del movimiento asociativo de la comunidad
lingüística implicada en el desarrollo, uso y aplicación de la enseñanza
e innovación de la lengua de signos, igual que parece razonable que la
adscripción del centro no pueda limitarse a las competencias exclusivas
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Hemos retirado algunas enmiendas de las presentadas, a pesar de no haber
sido transaccionadas, por entender que las modificaciones efectuadas en
el texto garantizan mejor los derechos de las personas a las que va
destinada esta ley en lo que se refiere a contar con los servicios
necesarios tanto para el aprendizaje de la lengua como para poder contar
con los servicios de intérprete de lengua de signos que les facilite la
convivencia, relación y actuación social. En este punto queremos
manifestar algo que lamentamos y que hoy debería estar resuelto y es que
en esta tribuna debería haber una persona que hiciera el trabajo de
traductor de la lengua de signos. Es algo que se plantea en la ley y se
aprueba en la ley, procurar dar este servicio a las personas con
problemas auditivos en todas aquellas instituciones y, digamos,
servicios, incluso administrativos, para poder resolver, dar mayores
facilidades a estas personas en su actividad social, etcétera. Esperemos
que en el futuro, con la debida aplicación de la ley, problemas como este
queden resueltos.
Finalizo, señorías, agradeciendo a todos los grupos parlamentarios la
colaboración para llegar a acuerdos y de manera especial a la compañera y
al compañero del Grupo Socialista porque, con su actitud dialogante, nos
ha facilitado mucho el trabajo. A todas y a todos ellos muchísimas
gracias. Y las organizaciones representativas de los colectivos de
personas con discapacidad auditiva el mayor agradecimiento, lo repetimos,
y, sobre todo, una gran felicitación por el logro de conseguir que hoy
aprobemos en el Congreso esta ley. Desde luego, nos ponemos a su servicio
de nuevo en el sentido de que somos conscientes de que toda ley aprobada
llega un momento en que necesita ser mejorada, pero para eso
efectivamente necesitamos un tiempo que permita su aplicación y, a partir
de ese momento, valorar con todos ustedes cómo y de qué manera la ley
está beneficiando a la colectividad para ver si tenemos o no que
modificarla. En este momento creemos que es una buena ley y esperamos que
cumpla los objetivos que todas y todos nos marcamos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds tiene la palabra la señora García Suárez. (La señora
vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera empezar mi intervención saludando y agradeciendo su
participación en el trámite de esta ley, y también -ahora presentes
muchos de ellos en esta Cámara- a todos los colectivos y asociaciones
representativas de las personas que padecen discapacidad auditiva, que
llevan años reclamando y luchando por conseguir una ley de este tipo, una
ley que les garantice una mayor integración en nuestra sociedad. Quiero
expresar mi agradecimiento a la Confederación Estatal de Personas Sordas,
a la Confederación de Padres y Amigos de los Sordos, a la Federación de
Personas Sordas de Cataluña, a la Asociación de Padres de Sordociegos de
España, a la Asociación de Sordociegos de España, a la Associació de
Pares de Nens Sords de Catalunya, a la Asociación de Familias de Personas
Sordas de Guipúzcoa, a la Plataforma pels drets lingüístics y culturals
dels usuaris de la llengua de signes catalana y a la Associació de Sords
de Sabadell, ciudad a la que también quiero dirigirme.
Quisiera también mostrar mi satisfacción y la de mi grupo porque, aunque
el proceso ha sido largo, el consenso alcanzado en esta ley es
beneficioso y da respuesta al grueso de las reivindicaciones históricas
de los colectivos a los que he mencionado anteriormente y porque, a pesar
de que no se han alcanzado al cien por cien las expectativas de ninguno
de los grupos -nunca es así cuando hablamos de consenso-, se reflejan de
forma equilibrada y suficiente las propuestas y reivindicaciones que
todos los grupos parlamentarios hemos podido escuchar de los colectivos
que representan a las personas con discapacidad auditiva. Y satisfacción
doble: en primer lugar, por el reconocimiento de las lenguas de signos,
probablemente el instrumento de comunicación más antiguo de la historia,
y, en segundo lugar, por la plena equiparación de la lenguas de signos
catalana y española, acorde con el pluralismo de nuestra sociedad y
respetuosa con la realidad cultural, histórica y lingüística, dejando la
puerta abierta, como no podía ser de otra manera, al reconocimiento de
futuras realidades, como las de Euskadi o Galicia. En este sentido,
quisiera recordar que el Estatuto de Cataluña recoge en el artículo 50,
relativo al fomento y difusión del catalán, un apartado específico en el
que se manifiesta que los poderes públicos han de garantizar el uso de la
lengua de signos catalana y las condiciones que permitan conseguir la
igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que debe ser
objeto de educación, de protección y de respeto. Mi grupo parlamentario
está convencido de que los contenidos de esta ley eran una asignatura
pendiente del Estado del bienestar social. El tratamiento de la
discapacidad, el reconocimiento de unos derechos específicos que
favorezcan al máximo el desarrollo personal, laboral, cultural y
académico de las personas que padecen discapacidad auditiva, con atención
además al principio de autonomía, normalización e integración social y
educativa que les facilite una mayor integración en la vida de la
comunidad era una cuestión pendiente en nuestro Estado de derecho y con
la aprobación de esta ley se podrá enmendar y podremos empezar a caminar
en la buena dirección. Señorías, hoy es uno de esos días -ha habido
otros, con leyes importantísimas de política social- en los que, como
diputada, siento una enorme gratificación. Ha tardado y nos ha costado,
pero lo hemos conseguido.
La aprobación de esta ley también era obligada, ya que el tratamiento a
las personas con discapacidad ha tenido repercusión en el derecho
internacional; hay documentos y normas en los que la accesibilidad en la
comunicación se encuentra recogida en varias disposiciones. La
Organización de Naciones Unidas, en su Resolución 48/96, de 1993,
considera la utilización de la lengua de signos en la educación de los
niños sordos, así como en sus familias y comunidades, de igual modo que
deben prestarse servicios de interpretación de la lengua de signos para
facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas.
En este mismo sentido, la resolución también establece la obligación de
los Estados de utilizar tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a
la información oral a las personas con discapacidad auditiva. Podría
seguir con el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en el que
también se elaboró una recomendación sobre la protección de la lengua de
signos en el año 2003 reconociendo la lengua de signos como un medio de
comunicación natural y completo, con capacidad de promover la integración
de las personas con limitaciones auditivas en la sociedad y facilitar su
acceso a la educación, el empleo y la justicia. Estamos, pues,
poniéndonos al día con una ley que resuelve muchos problemas, que crea
derechos y que iguala a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
A lo largo del texto se recoge una mayor garantía para la efectividad del
derecho a la información y a la comunicación de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas, en el sentido de que los servicios
de intérprete no sean por solicitud previa, sino que sean efectivos en
todos los ámbitos de nuestra sociedad: en la educación, en la salud, en
la formación, en el trabajo, en la cultura, en el deporte, en los
transportes, en las relaciones con las administraciones públicas, en la
participación política -por ejemplo, hoy en este hemiciclo-, en los
medios de comunicación y en la sociedad de la información. En definitiva,
se trata de garantizar que todas estas personas puedan disfrutar en
igualdad de condiciones de los mismos derechos en todos y cada uno de los
ámbitos en los que se desarrolla la vida.
A nuestro grupo parlamentario se le han admitido íntegramente seis
enmiendas y se le han transaccionado otras veinticinco, que junto con
enmiendas de otros grupos han mejorado de manera importante esta ley, la
han mejorado en su objeto, la han mejorado en el reconocimiento de la
situación de especial dificultad que hoy día padecen las personas con
sordoceguera, de un mayor compromiso de creación de servicios específicos
y métodos especiales de comunicación. También la han mejorado en el
sentido de que existe una mayor garantía en la efectividad del derecho a
la información y a la comunicación, con la creación del Centro de
normalización lingüística, con la elaboración de un estudio -en la
disposición adicional quinta existe el compromiso de hacer un estudio-
sobre los profesionales del ámbito y las titulaciones necesarias para el
desempeño de su labor y con un mayor compromiso financiero para la
investigación y difusión de la lengua de signos catalana.
Para concluir mi intervención quiero decir que con la ley que estamos
debatiendo avanzamos sin duda en el principio democrático de igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos. Es una normativa que regula y
reconoce el aprendizaje de las lenguas de signos española y catalana y
garantiza los apoyos a la comunicación para los discapacitados auditivos
que opten por el aprendizaje de la lengua oral. Mi grupo parlamentario
está convencido
de que es altamente positivo que se explicite el reconocimiento oficial de
las lenguas de signos -en plural- y que se adopten medidas que garanticen
los derechos de los usuarios en múltiples actos. Con esta norma estamos
contribuyendo a la defensa y a la promoción de unas lenguas bastante
ignoradas hasta hoy entre nosotros; estamos poniendo los medios para
eliminar barreras en la comunicación y progresar en el principio
democrático de la igualdad de oportunidades en la educación, en la
formación y en el acceso al mundo laboral. Es pues un buen instrumento.
Podría decir más cosas sobre la ley pero, como veo que estoy a punto de
pasarme de mi tiempo, quiero dedicar mis últimos segundos a decir que ha
sido un placer trabajar, discutir y llegar a acuerdos con los diversos
diputados y diputadas en una ley social. También quiero felicitar -lo
hice en la Comisión y lo hago también aquí, me lo van a permitir- a
Esperanza Esteve, porque es con la que nos hemos coordinado de manera más
intensa, pero en todo caso a todo el grupo y a todos los diputados y
diputadas del resto de los grupos parlamentarios. Entre todos hemos hecho
un buen trabajo. Además, quiero dar las gracias a todas las entidades y
personas vinculadas con el ámbito que estamos debatiendo en estos
momentos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora
García Suárez.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco, en particular del
señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a usar un turno reglamentariamente atípico, por lo que estoy viendo.
Es el turno -no sé si existe consignación reglamentaria al respecto- de
manifestación de la satisfacción que a todos nos embarga e incluso,
parafraseando a la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra,
el turno de la manifestación del placer. Yo comparto estas reflexiones.
Evidentemente ha sido un placer trabajar en este ambiente de consenso, en
este ambiente de concordia, en este ambiente de entendimiento, tanto con
los portavoces de todos los grupos parlamentarios, sin ninguna excepción,
como con los interlocutores que representan al mundo de esta
discapacidad, que nos acompañan hoy, y a todos ellos. Lo digo por una
cuestión concreta, señora presidenta, porque la interlocución
originariamente tenía un cierto componente dual, hasta el punto de que no
había una sintonía absoluta entre los interlocutores con los que nosotros
pudimos hablar en relación a si lo que se debería potenciar era la
regulación jurídica exclusivamente del lenguaje de signos, excluyendo o
regulando en otro tipo de normas el apoyo a la comunicación oral a través
de los procedimientos tecnológicos o de logopedia, etcétera. Al final veo
que también entre los interlocutores se ha producido la sintonía
suficiente, que se ha incorporado a su vez al debate parlamentario y al
consenso político subyacente, y estamos en condiciones de hablar de una
ley que satisface a todos, a los interlocutores de las personas que
representan a los afectos por esta situación y a todos los grupos
parlamentarios, luego no sé si es muy procedente seguir hablando ya en
este turno tras la realización de esta catarsis tan sincera que estoy
realizando, señora presidenta. Solo quiero indicar que me alegra que esté
la señora López i Chamosa porque la voy a parafrasear en este momento:
estas sí son las leyes que debían estar en las primeras páginas de los
periódicos y no la política espectáculo que aquí con mucha frecuencia se
practica, y sobre cuya profundidad intelectual no voy a hacer ningún tipo
de glosa porque se debe obviar. Estas son las leyes que de alguna forma
complementan o resuelven problemas que afectan a ciudadanos de nuestro
país, los resuelven razonablemente bien y constituyen la quintaesencia de
la forma de entender la política más noble que yo puedo concebir, y sobre
todo cuando estamos además integrando la indemnidad de derechos
fundamentales que afectan a estas personas, como son el de la igualdad y
como el su propia dignidad. Desde esa perspectiva me manifiesto
particularmente satisfecho con esta reflexión y no tan satisfecho por el
seguimiento mediático que seguramente merecerá una ley tan trascendente
como esta. Otras cosas interesan a los medios de comunicación, pero estas
son las que interesan a los ciudadanos y con esto me quedo yo, señora
presidenta.
Dicho esto, esta es una historia, la de la reparación de los problemas que
tienen las personas con discapacidades o disfunciones auditivas, sordas o
sordas-ciegos en el grado más extremo, que no es nueva en el tiempo, ya
existieron personas que empezaron a especular sobre los problemas de las
personas con esta discapacidad hace mucho tiempo. El monje benedictino
Ponce de León empezó a estudiar sobre la problemática de estas personas y
luego nos encontramos con otros trabajos posteriores, como el de Hervás y
Panduro o el de Villabella. En definitiva, hay numerosas personas que se
preocuparon en su día de la problemática de estas personas, como Ramírez
Carrión o Fernández Villabrille. Al final, nos encontramos con que del
trabajo de estas personas han dimanado incluso instrumentos
internacionales o derecho internacional que resulta de aplicación, por
estar incorporado mediante el correspondiente instrumento de
ratificación, en el Estado español, como son -ya indicadas por la
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds- la Resolución 48/96 de Naciones Unidas, cuyo artículo 5,
apartado 7, considera la utilización de la lengua de signos en la
educación de los niños sordos, así como en sus familias y comunidades y
que deben prestarse servicios de interpretación de la lengua de signos
para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás
personas. Nos estamos refiriendo
también a derechos reconocidos en la Unión Europea a través de la Carta de
Derechos Fundamentales del Consejo de Europa, a recomendaciones del
Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 2003; en definitiva, a
requerimientos del derecho internacional que deben ser objeto de
atención, y esos son objeto de atención y de recepción en nuestro
ordenamiento, por fin de forma sistemática y adecuada en este proyecto de
ley que hoy estamos debatiendo. Solo teníamos una duda conceptual no
resuelta -con toda honestidad se lo tengo que decir, señora presidenta-,
que es la siguiente. Yo no sé hasta qué punto se puede categorizar la
naturaleza de la lengua de signos; si estamos hablando de una lengua en
el sentido técnico de la expresión, es decir, una estructura de códigos
de comunicación que transmiten determinada metacultura, o si estamos
alternativamente hablando del soporte instrumental para la transmisión de
lenguas orales preexistentes. A mí me llama mucho la atención la
existencia en este momento reconocida, y ya categorizada con naturaleza o
con carácter de exigencia de ley, de dos lenguas oficiales de signos en
el Estado español: la lengua de signos española y la lengua de signos
catalana, con el elemento cuando menos curioso, en nuestra opinión,
señora presidenta, de que quienes utilicen la lengua de signos en
Cataluña van a usar la lengua de signos catalana, hablen en castellano o
hablen en catalán, y los que utilizan la lengua de signos en España
obviamente van a usar la lengua de signos española. Desde esa
perspectiva, en el trámite luengo e ilustrativo de comparecencias es una
cuestión que no quedó bien determinada. En todo caso, es una cuestión
casi anecdótica dada la calidad de la ley que en este momento estamos
articulando, pero si estuviéramos hablando de una lengua oficial habría
que suscitar pro futuro alguna serie de problemas competenciales que
quizás no estén bien resueltos. Me estoy refiriendo a los que dimanan del
artículo 3.2 de la Constitución que reconoce una serie de lenguas propias
en las comunidades autónomas que tienen carácter cooficial y la
competencia en relación al fomento de las mismas, a regular sus aspectos
especiales y todos los elementos atinentes a su cooficialidad, que es una
competencia que la jurisprudencia constitucional atribuye en exclusiva a
las comunidades autónomas. Concretamente me estoy refiriendo a la
sentencia del Tribunal Constitucional 87/1997.
Por lo demás, no tenemos nada que objetar a la ley. Esta es una ley buena,
bien hecha, y utiliza los dos instrumentos que los destinatarios de la
misma han optado como útiles para reparar la disfunción auditiva, la
utilización de la lengua de signos y su reconocimiento, o la utilización
de elementos de fortalecimiento de un sistema de comunicación oral
utilizando los instrumentos tecnológicos, las prótesis auditivas, el uso
de logopedas. Evidentemente, la señora Fernández tenía razón, si en este
momento estuviera vigente la ley tendríamos que tener en esta Cámara una
persona que supiera trasladar nuestras palabras a las personas que nos
acompañan en su propia lengua, la lengua de signos, dado el componente de
cooficialidad que en el ámbito institucional al menos se incorpora a la
Ley de la lengua de signos.
Señora presidenta, para terminar me gustaría destacar sobre todo las
características que el artículo 1 en relación con el artículo 3 de la ley
atribuye a la misma. Su carácter transversal. Hace referencia a todas las
actividades de la vida, de modo que en todas las actividades de la vida,
que van desde la participación en los asuntos públicos -es un derecho
constitucional proclamado por la Constitución- hasta la posibilidad de
poder observar un espectáculo deportivo o un espectáculo televisivo o un
espectáculo radiofónico o una locución radiofónica, se pueda estar en
condiciones de hacerlo mediante los instrumentos que aquí se consignan, y
los que aquí no se consignan serán objeto -dada la imposibilidad de
hacerlo técnicamente- de ulterior desarrollo reglamentario. Su
transversalidad y universalidad. Todas las personas sordas serán afectas,
en virtud del requerimiento del artículo 41 de la Constitución, que
obliga a atender de forma universal cualquier situación de necesidad, y
nos encontramos ante una situación de necesidad. La atención tendrá que
tener carácter universal y la universalidad también se preconiza en este
precepto. La transversalidad afecta desde la enseñanza a los medios de
comunicación, a la participación en los asuntos públicos, al transporte,
al acceso al ocio; a todas las actividades que son concebibles en la
vida. Por una parte, es una universalidad de naturaleza subjetiva, afecta
a todas las personas que poseen esta discapacidad y, por otra, de
naturaleza objetiva, porque afecta a todas las actividades de la vida.
Señora presidenta, yo creo que esto es lo mejor que podíamos hacer, y al
fin y al cabo con esto estamos consiguiendo lo que quería preconizar
-utilizando esta expresión pedante- en el frontispicio de mi
intervención. Con esto estamos recuperando para las personas con
problemas auditivos, para las personas sordas, para las personas con
discapacidad auditiva y particularmente para los sordociegos, que son los
que sufren con mayor gravamen esta discapacidad, la plenitud de sus
derechos cívicos. Reconocer la plenitud de sus derechos cívicos no supone
más que el cumplimiento de un requerimiento constitucional. A nosotros no
nos tiene que dar las gracias nadie de los que están en la tribuna;
sencillamente estamos cumpliendo con nuestra obligación constitucional.
Somos nosotros los que tenemos que agradecerles a ellos la ilustración
que nos han proporcionado para ganar y avanzar en estos derechos de
ciudadanía donde todavía hay mucho trecho que avanzar, porque no todos
los derechos que recoge la Constitución están desarrollados. Hemos hecho
algo sectorial pero importante. Gracias a ustedes.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría,
muchísimas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, y en particular de don Joan Tardà.
Cuando quiera.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta. (El orador habla en la
lengua de signos.-Aplausos.)
Señorías, con el único argumento de nuestras buenas intenciones, y seguro
que con poca fortuna, he dado la bienvenida al Parlamento del Estado a
las personas sordas que hoy nos acompañan con nuestra lengua de signos,
la lengua de signos catalana. Estas personas nos acompañan hoy porque es
un gran día para todas ellas y para todos nosotros, vamos a aprobar una
ley para reconocer las lenguas de signos españolas, así como la
regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Repito lo de lenguas de
signos españolas que figura ya en el frontispicio del título de la ley,
esta ha sido la formulación que se ha considerado correcta, susceptible
de consenso, para reflejar lo conseguido, el reconocimiento de las
lenguas de signos española y catalana en régimen de igualdad. No les
escondo que este era un objetivo irrenunciable de Esquerra Republicana,
razón por la cual queremos manifestar nuestra satisfacción, doble
satisfacción en la medida en que aprobamos un reconocimiento jurídico
para la lengua de signos española, lengua utilizada por la ciudadanía
española y también en el País Valencià y en las islas de Mallorca y
Eivissa. No obstante, cometeríamos una injusticia si no diéramos fe de
una realidad objetiva: Esta ley llega tarde, han tenido que transcurrir
treinta años de democracia para alcanzar el objetivo, lo cual nos lleva a
tener presente la perseverancia de la comunidad sorda y sordociega en
denunciar una injusticia y en reclamar un texto legal que les
proporcionara un marco basado en la equidad entre las personas y les
alejara de mayores sufrimientos y dificultades, en definitiva, de la
exclusión social, de la marginación, un derecho efectivo a la
participación, sentimiento por otro lado muy extendido y frecuente entre
los miembros de la comunidad sorda.
Equiparamos en régimen de igualdad las dos lenguas de signos. El Partido
Popular ha entrado en el consenso y España no se va a romper. Ha
triunfado el sentido común y hemos sabido desprendernos de debates
referidos a las lenguas orales, que ciertamente hubieran podido
contaminar el debate. Hemos actuado bajo el imperio de la modernidad, sin
más. Ya en el año 2005 se publicó el estatus de las lenguas de signos en
Europa, donde se reconoce la existencia de la lengua de signos catalana y
que no existe una correspondencia unívoca entre las lenguas orales de un
país y las lenguas de signos utilizadas en zonas geográficas similares.
Dos ejemplos lo ilustran de forma fehaciente. Uno, fuera de las fronteras
del actual Estado español: Valonia; lenguas oficiales, dos, francés y
alemán, y en el año 2003 en Valonia se reconoció la lengua de signos
francesa. Segundo caso, el Estado español; lengua de signos propia de dos
de los territorios de los Països Catalans, País Valencià e Illes Balears,
la lengua de signos española, ciertamente con la salvedad ya dicha de la
isla de Menorca en donde la lengua de signos usada es la catalana, para
lo cual, una vez alcanzado este consenso, deberá modificarse, a nuestro
entender, en el trámite del Senado. Sin duda, estos dos ejemplos también
permiten ensalzar, una vez más, la diversidad y el compromiso de
respetarla y fomentarla como una contribución al patrimonio intangible de
la humanidad. Celebramos que con el reconocimiento de la lengua de signos
catalana y el compromiso de asumir financieramente su fomento, la ley
reconozca tácitamente que el valor de una lengua es independiente del
número de usuarios y que sin la posibilidad de utilizarla, falta el
sentimiento de pertenencia a la propia comunidad. La aprobación de una
ley que recoge la realidad social, es decir, la existencia de dos lenguas
de signos, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana,
representará sin duda una profunda modificación de la actitud de las
instituciones hacia estas dos lenguas. La campaña sobre el referéndum del
Estatuto de Autonomía de Cataluña fue un ejemplo de desidia, pero ya
podemos avanzar otro ejemplo de este cariz. Dentro de pocas semanas, la
lengua de signos catalana no estará presente en el Congreso mundial de
sordos, que se va a celebrar en Madrid, reservándose para la lengua de
signos española la oficialidad exclusiva del mismo, aun cuando su
patrocinio dependa de los ministerios de Trabajo, Educación y Ciencia, y
Asuntos Exteriores. Esto ya no volverá a ocurrir gracias a esta ley, una
ley que, como ha quedado dicho y explicitado en el título de la misma,
habla de las lenguas de signos españolas, las iguala en rango. El
recorrido ha sido muy largo. Recuérdese que en el año 1880 se vetó ya el
uso y enseñanza de las lenguas de signos en el Congreso de Milán,
extendiéndose la prohibición a toda Europa. Recuérdese que, a partir de
aquella fecha, se convirtió en una práctica común golpear las manos a los
estudiantes sordos; sin duda, se les reprimía un derecho. No obstante, en
los años sesenta del siglo pasado, se empezó a considerar el estatus
lingüístico de las lenguas de signos, demostrándose que cumplían los
requisitos para ser consideradas lenguas, hecho que contribuyó a su
reconocimiento como lenguas oficiales en diferentes Estados. De hecho, se
reconocía -reconocemos- que las lenguas de signos ejercen una función de
cohesión social entre las personas sordas y transmiten la cultura de la
comunidad sorda.
A manera de decálogo de virtudes, quisiera destacar algunas cuestiones
relevantes de esta ley. Primero, se incorpora una definición clara del
concepto de educación bilingüe, entendiendo que en el caso de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas,
nos referimos a las lenguas orales reconocidas oficialmente y a las
lenguas de signos españolas. Segundo, se ofrece el aprendizaje de la
lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación oral al alumnado
sordo o con discapacidad auditiva y sordociego. Tercero, por ley se
incluye el compromiso de recursos de las administraciones educativas para
ofertar modelos bilingües, haciendo extensible la enseñanza de las
lenguas de signos al resto del alumnado mediante su optatividad, lo cual
obliga a encarar el déficit de la normalización de las titulaciones de
los profesionales. Cuarto, se manifiesta la voluntad de promover por
parte de los poderes públicos servicios de intérpretes, así como hacer
realidad la lucha contra la discriminación mediante medidas efectivas en
todos los ámbitos de la vida cotidiana -como son las instituciones
culturales y deportivas, el sistema sanitario, etcétera- a las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Quinto, se acaba de una
vez por todas con la discriminación en el ámbito de la relación con las
administraciones públicas, en especial con la justicia. Sexto, se hace
realidad la incorporación de las lenguas de signos en los medios de
comunicación -repito, en los medios de comunicación-, y destaco el valor
de no relegar lo establecido por ley a los medios de comunicación
públicos en exclusiva, que ciertamente incluye la lengua de signos
española, pero ignora la catalana. Esto es lo que ocurre en la televisión
pública y que con esta ley dejará de ocurrir. Pero es evidente que no
debe relegarse la presencia de intérpretes a lo público; también los
privados deben ser respetuosos para con las personas usuarias de lenguas
de signos. De ahí, la importancia de haber consensuado la retirada del
término que reducía el ámbito de actuación a los medios públicos. ¿Es que
acaso los derechos deben quedar hipotecados a las leyes del mercado?
Séptimo, se deja en el olvido el menosprecio histórico protagonizado por
las administraciones públicas respecto a la lengua de signos española y
la lengua de signos catalana en las campañas de publicidad y mensajes
institucionales. Octavo, se compromete la financiación al fomento, la
investigación y la difusión del uso de la lengua de signos catalana;
dicho así de forma explícita. Ello permitirá que el futuro organismo
paralelo al Centro de normalización lingüística de la lengua de signos
española, que consagra la futura ley catalana y que deberá regular la
lengua de signos catalana, participará en los beneficios de la lengua de
signos española, para el desarrollo de la cual se abre al mundo
universitario -cosa que celebramos- y a la participación de las personas
representativas de la comunidad sorda. Noveno, se crea el Centro español
de subtitulado, que, lógicamente, deberá adecuarse al carácter
plurilingüe del Estado. Y décimo, se consagra el valor del legado
cultural que significa la existencia de las lenguas de signos. Hay 6.912
lenguas en el mundo y 114 lenguas de signos. Este es el legado. Nosotros
decidimos, más allá de su funcionalidad comunicativa, qué hacemos con
ellas como expresión de la diversidad, de la producción cultural humana,
y cómo nos sumamos a su transmisión a las generaciones futuras.
En consecuencia -finalizo-, próximamente el Gobierno de Cataluña
presentará en el Parlament de Catalunya un proyecto de ley que regulará
la lengua de signos catalana. Estoy convencido de que los grupos
parlamentarios catalanes procederán a debatir un texto con la misma
voluntad con la que los grupos parlamentarios hemos elaborado el texto
que hoy llega a votación en esta Cámara, una ley catalana para la lengua
de signos catalana que dará satisfacción a la comunidad sorda catalana en
particular y a la sociedad catalana en general en tanto en cuanto
consolidará su promoción. Pues bien, en el éxito futuro de nuestra ley
catalana sin duda -repito, sin duda- habrá contribuido esta ley española,
progresista y respetuosa. Por todo ello, nos felicitamos por el trabajo
realizado y agradecemos a los grupos parlamentarios españoles su
predisposición al trabajo en común. Deseo agradecer al conjunto de
entidades que agrupan a las personas sordas y sordociegas el empeño, la
perseverancia y la dignidad con la que luchan en favor de sus derechos,
derechos democráticos y sociales que compartimos y anhelamos para una
sociedad cada vez más libre y justa socialmente. Felicidades a la
Confederación Nacional de Sordos de España por su ayuda y felicidades a
la Federació de Sords de Catalunya y a su presidenta, la ciudadana
Encarna Muñoz, y a la Plataforma pels drets lingüístics i culturals de la
llengua de signes catalana, que preside el ciudadano Josep María Segimon.
A todos ellos muchas gracias porque sin ellos no hubiéramos llegado hasta
aquí. Salud. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Tardà.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), turno que utilizará el señor Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, señorías, señor ministro,
doy también la bienvenida a la representación plural de la comunidad de
sordos del conjunto del Estado español y muy especialmente a las personas
sordas que provienen de mi país, Cataluña.
Señorías, creo que todos los grupos coincidimos en que con este proyecto
de ley estamos reconociendo expresamente una realidad viva de nuestra
sociedad y lo hacemos desde el más profundo respeto a la dignidad de
todas las personas y con una expresa vocación de justicia. Este es un
proyecto de ley que pretenden dignificar a las personas sordas, que
pretende reconocer su capacidad de aportar al conjunto de la sociedad y
superar las injusticias históricas que esta comunidad ha sufrido a lo
largo de los años y lo hacemos reconociendo la pluralidad de la comunidad
sorda desde el momento
en que este proyecto de ley reconoce con la misma igualdad la lengua de
signos española y la lengua de signos catalana y también la opción de
libertad de elección de las familias de las personas sordas respecto a la
lengua de signos, así como los medios de apoyo a la comunicación oral. Se
trata de una ley que apuesta claramente por el reconocimiento de esta
pluralidad, que no pretende poner una opción contra la otra, sino que
cree que los ciudadanos pueden elegir libremente su vía para
desarrollarse como personas, una ley, señorías, que pretende, a través de
las lenguas y de los medios de apoyo, garantizar la plena incorporación
de las personas sordas a la sociedad, asumiendo su condición de
ciudadanos, portando su condición como sujetos de derechos y también de
deberes. No pretende construir una comunidad de sordos apartada del
conjunto de la sociedad, sino que apuesta por la inclusión efectiva de
las personas sordas en nuestra sociedad con esa igualdad de derechos y de
deberes, con ese reconocimiento a la dignidad de cualquier persona.
Señorías, es una ley de la que Convergència i Unió se siente muy
partícipe porque expresa esa pluralidad.
Hay seis cuestiones del proyecto de ley que estamos debatiendo que mi
grupo querría remarcar. En primer lugar, la igualdad entre la lengua de
signos catalana y la lengua de signos española. Es evidente, señorías,
que para un diputado nacionalista catalán el reconocimiento de esa
realidad viva, que es la lengua de signos catalana, en el marco del
Estado produce una profunda emoción. Esta realidad que, seguramente, los
propios catalanes hemos ignorado, hoy viene a ser reconocida por la
máxima expresión de la soberanía popular, que son las Cortes Generales.
Hoy el Congreso de los Diputados expresa de manera solemne que esa
realidad viva, que es la lengua de signos catalana, forma parte del
patrimonio común del conjunto de los ciudadanos del Estado español, y que
esa realidad viva, que es la lengua de signos catalana, va a recibir el
mismo trato que la lengua de signos española. Señorías, eso no sucede hoy
con la lengua materna de los catalanes, que es el catalán. La lengua de
signos de la comunidad sorda catalana va a tener un reconocimiento legal
superior al que tiene la lengua que hablamos las catalanas y los
catalanes. No es un tema menor. Señorías, la lengua de signos catalana es
también la expresión del carácter nacional de Cataluña. El hecho de que
la comunidad sorda catalana a lo largo de los años haya construido esa
visión del mundo a través de su propia lengua expresa la fortaleza de la
identidad nacional de Cataluña. Por tanto, queremos agradecer a todas las
personas sordas de Cataluña el esfuerzo por el mantenimiento de esa
expresión de nuestra manera de ser y de nuestra manera de ver el mundo.
En segundo lugar, la disposición final tercera de este proyecto de ley
incorpora un compromiso para que el Gobierno español fomente y apoye con
sus presupuestos generales la lengua de signos catalana. Nos parece
fundamental haber garantizado que los Presupuestos Generales del Estado
deben servir para apoyar el conocimiento y la difusión de la lengua de
signos. En tercer lugar, en el artículo 2 de este proyecto de ley
consagramos la libertad de opción. Es muy significativo, muy relevante
que las familias de las personas sordas puedan elegir cómo educan a sus
hijos. En este sentido, el modelo que hemos desarrollado en Cataluña, y
que creo que es un patrimonio común de todos los partidos políticos
catalanes basados en esa libertad de opción, constituye un elemento que
en los próximos años habrá que impulsar y habrá que hacer posible. La
libertad de opción existe en la medida en que existen posibilidades para
elegir. Por tanto, las administraciones públicas competentes en materia
educativa deberán crear las condiciones para que la libertad de opción
sea posible. En cuarto lugar, este proyecto de ley reconoce la realidad
de las personas sordociegas. Creo que todos los miembros de la Comisión
del Congreso de los Diputados donde tuvieron lugar las comparecencias,
recordaremos muy especialmente la comparecencia de los representantes de
la sordoceguera. Constituye otra realidad seguramente desconocida por el
conjunto de los ciudadanos y esta ley se compromete a desarrollar una
política específica respecto a ese colectivo; de esto, Convergència i
Unió también se siente especialmente satisfecho. La disposición adicional
séptima de este proyecto de ley incorpora un compromiso del Gobierno y de
los poderes públicos para mejorar la financiación de los apoyos técnicos
para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Hace pocos
días tuve el honor de participar en un encuentro de la Asociación de
Implantados Cocleares -que también nos acompañan- y buena parte de las
familias expresaban sus quejas sobre la escasa protección de nuestro
sistema de la Seguridad Social a ese tipo de apoyos técnicos que permiten
oír perfectamente a las personas sordas. Es necesario un mayor compromiso
desde la Seguridad Social en esta materia. En este sentido, la
disposición adicional séptima va a formar parte de las cuestiones sobre
las que Convergència i Unió va a realizar un seguimiento exhaustivo en
los próximos meses para que ese compromiso genérico se convierta en
política pública.
Son seis cuestiones, señorías, que mi grupo quería remarcar, convencidos
de que esta opción legislativa de haber incorporado en la ley tanto el
reconocimiento de las lenguas de signos, como los apoyos a la
comunicación, es una buena opción, pero también convencidos de que
simplemente con las leyes no tenemos suficiente para que los ciudadanos
puedan ejercer sus derechos y sus deberes. A veces confiamos nuestras
esperanzas de mejora de la sociedad simplemente a la publicación de una
ley en el Boletín Oficial del Estado, pero a esta ley aún le queda un
recorrido, tiene que llegar al Senado y volver a esta Cámara. Para que
los principios, los derechos y las orientaciones que con
signan este proyecto de ley se conviertan en realidad, deberá existir un
compromiso efectivo de los poderes públicos, del Gobierno del Estado, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Secretaría de Estado de
Asuntos Sociales y del conjunto de las comunidades autónomas. Sin
recursos económicos, sin política, sin decisiones administrativas, esta
ley no servirá para colmar las expectativas y las necesidades de las
familias sordas que hoy continúan reclamando mayores compromisos
presupuestarios para poder ejercer esos derechos. Los límites de la ley
tienen que ver con los compromisos económicos que los Gobiernos realicen
y el compromiso de Convergència i Unió irá en la línea de garantizar
estos compromisos económicos. Finalmente, creo que lo decía el señor
Olabarría, hoy los grupos parlamentarios nos queremos felicitar por el
consenso alcanzado y queremos felicitar y agradecer especialmente a los
ponentes socialistas, al señor Heredia y a la señora Esteve, que han
demostrado una enorme capacidad política para intentar construir una ley
en la que todos nos sintamos partícipes y representados y lo han hecho
con un gran estilo. Pero, sobre todo, debemos de agradecer el esfuerzo,
el compromiso, el tesón, la paciencia y la capacidad política de toda la
comunidad sorda de España que nos ha acompañado en este proceso para
elaborar una buena ley. A todos, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
será el señor Barrachina quien en su nombre tomará la palabra. Adelante,
cuando quiera.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, el Partido Popular quiere saludar a todas las personas
sordas de España. (El orador habla al mismo tiempo en la lengua de
signos.)
También quiere agradecer la sintonía y el acuerdo que hemos encontrado por
la flexibilidad del Grupo Parlamentario Socialista, de don Miguel Ángel,
de doña Esperança. Singularmente, este acuerdo ha sido posible gracias a
que don Teófilo de Luis, mi compañero y ponente, con quien trabajar es
cada día un aprendizaje, lo ha hecho posible frenando probablemente mis
ímpetus maximalistas. El Partido Popular celebra, por tanto, este acuerdo
que ha convertido una ley, un texto originalmente voluntarioso pero
escasísimamente dotado -1.800.000 euros para todo el conjunto de España-,
en un texto importante. Celebramos, por tanto, el acuerdo y yo voy a dar
por no escuchadas esta mañana algunas declaraciones de otros grupos que
se referían a mi Comunidad Valenciana como país y otra serie de
cuestiones con las que no estoy de acuerdo pero que no voy a rebatir
porque no voy a restarle ni un minuto de protagonismo a las personas
sordas y a sus familias en favor de grupos nacionalistas o
independentistas. Tiempo habrá; este día no es para el lucimiento ni la
reclamación política sino para el reconocimiento.
La lengua de signos ha aparecido en muchas otras normas, pero hoy se les
da a la lengua de signos, a las personas sordas y a sus familias una
solemnidad que hasta ahora no tenían. Felizmente hemos sido capaces de
reconocer y de aprender que la sordera es más una singularidad que una
discapacidad. El Partido Popular está moderadamente satisfecho de que nos
hayan sido aceptadas 30 de nuestras 39 enmiendas originales y no
renunciamos a, dentro de este marco de acuerdo, mejorar el texto en el
Senado, donde el Grupo Parlamentario Popular es la formación política más
numerosa. Quiero reconocer que este proceso parlamentario ha mejorado
extraordinariamente en algunos aspectos hasta hacer irreconocible un
texto original que venía preñado de la mejor voluntad a este Parlamento.
Quiero reconocer además y recordar que todos los grupos parlamentarios,
no solo el Grupo Popular, en esta serie de encuentros que hemos mantenido
tanto en Comisión como fuera de ella nos hemos acercado, como siempre, a
las personas sordas con admiración y no con compasión, con reconocimiento
y afecto y nunca con lástima ni con pena, porque nos han demostrado que
las personas sordas, con ayuda de sus familias y de la administraciones
públicas, son y serán todo aquello que se propongan en la vida. Pero el
hecho de reconocer esta capacidad natural e innata de todas las personas
y, por tanto, también de todos los sordos españoles no debe dar lugar a
que las administraciones y las familias seamos pasivas ante la
indispensable supresión de barreras para que puedan ejercer la totalidad
de sus derechos. Este mismo Parlamento aprobó unánimemente cuando el
Partido Popular tenía mayoría absoluta, en noviembre de 2003, la Ley de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal,
es decir, la ley para suprimir barreras arquitectónicas, y allí ya hubo
un acuerdo y una referencia expresa a la lengua de signos española, hoy
llamada de forma plural, lenguas de signos españolas. Allí se encomendaba
al Gobierno a que, en el plazo de dos años, trajera a esta Cámara o
regulara los efectos que surtiría la lengua de signos española para
garantizar tanto el aprendizaje como su uso, así como la libertad de
elección de los distintos medios utilizables por los niños, por las
personas sordas en su comunicación.
Quiero hacer un brevísimo recordatorio de las evidentes mejoras que se han
introducido finalmente en este texto, que básicamente son tres, a nuestro
juicio: la primera referida a las personas sordociegas, para quienes
demandábamos un título específico que finalmente no hemos podido
conseguir; la segunda, para la financiación de apoyos técnicos, merced a
una enmienda originalmente redactada por don Teófilo de
Luis, y la tercera referida a la educación. La educación, a juicio del
Partido Popular, es la clave en la formación, instrucción y posterior
empleo de las niñas y de los niños sordos. Hoy este texto recoge,
corrigiendo el proyecto original, que no será una facultad discrecional
del Gobierno. La ley decía: Las administraciones públicas podrán ofertar
educación bilingüe en lengua de signos. Ahora, gracias a la aceptación de
una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y también de otras
formaciones políticas, dice que no podrá ofertar sino que deberá ofertar
en aquellos centros educativos que reglamentariamente se determine,
educación en lengua de signos si así sus padres y madres -si tiene menos
de dieciocho años- lo deciden o si así lo deciden los jóvenes, si tienen
más edad. Por tanto, nos parece un paso adelante importante, atribuible a
este proceso parlamentario y solamente comparando el texto original con
el que finalmente vamos a aprobar se deduce que hay un cambio hacia una
obligatoriedad para las administraciones que antes no existía,
convirtiendo este texto voluntarioso en una obligación formal para las
administraciones públicas. La educación bilingüe voluntaria ha venido
siendo una histórica demanda de la Confederación de Sordos de España
-llamada históricamente Confederación Nacional de Sordos Españoles-
constituida en 1936. En Comisión recordé que, efectivamente, se
constituyó en 1936 y que entonces, hace ya 71 años, los sordos españoles
nos demostraron que mientras los españoles se partían en dos, ellos eran
capaces de unirse. Hoy, con la denominación de confederación estatal,
consigue una de sus históricas demandas.
Fiapas, la Confederación española de familias de las personas sordas, que
logró que para los menores de 16 años se colaborase en las ayudas
técnicas para audífonos y para implantes cocleares, merced también a la
intervención entonces de mi compañero ponente don Teófilo de Luis,
también consigue una de sus históricas demandas. Ahora, felizmente, no en
el articulado pero sí como una disposición, se ha conseguido -y también
fue una enmienda aceptada en el último minuto- financiación de las
administraciones públicas para que esa limitación que hoy existe en los
16 años sea suprimida y así haya más facilidades para adquirir esa
tecnología indispensable para que cuando una niña o un niño nace sordo
pueda tratar de superar desde el primer instante las barreras a las que
se enfrenta en un mundo hecho y escrito esencialmente por oyentes y
videntes, como somos la mayoría. Estas dos actuaciones en materia
educativa y en la obligatoriedad de financiar la adquisición de apoyos
técnicos para personas sordas son dos aportaciones de nuestro grupo que
nos han hecho apoyar la ley. También es aportación nuestra lo que se ha
recogido para las personas sordociegas, no en un título específico como
convenía, porque este Parlamento adquirió un compromiso con las personas
sordociegas hace ya dos años por el cual se declaraba que era una
situación específica a la que había que dar tratamiento específico que,
desgraciadamente, no ha tenido el suficiente desarrollo. Hoy este
Parlamento cumple con las personas sordociegas. Fueron conmovedoras las
dos intervenciones en la Comisión de un sordociego -hoy aquí presente- y
de uno de sus representantes. Ese texto final que se recoge para las
personas sordociegas, que no es el que nosotros pretendíamos pero que
finalmente el Grupo Socialista -aceptando nuestra petición- lo ha
encajado a nuestro juicio de manera adecuada, dice en una disposición que
se crearán los centros de referencia nacionales necesarios para que estos
jóvenes tengan la instrucción, la formación y la residencia que
necesitan. En España solo hay un centro, con dieciséis plazas, que es
insuficiente ahora y antes. Es verdad que siendo las comunidades
autónomas competentes en materia de asuntos sociales, en muchas ocasiones
no tienen la suficiente capacidad económica o la solvencia necesaria para
crear estos centros. Lo conveniente sería que con el apoyo del ministerio
o liderado por él, hubiese centros de referencia para niñas y niños
sordociegos que pudiesen abarcar las demandas de más de una comunidad
autónoma.
Para concluir y no extenderme, quiero agradecerle a todo el mundo el buen
ambiente en el que ha transcurrido nuestra Comisión. En este texto final
algo va a fallar porque si la ley es la que hoy aprobamos y el texto es
el que hoy aprobamos, evidentemente aprobamos la memoria económica que
hoy forma parte de la ley y en la que figuran solo 1,8 millones de euros,
es decir, 300 millones de las antiguas pesetas. Ese techo presupuestario
queda absolutamente desbordado ya por el primero de los artículos que
aquí vamos a aprobar hoy y, por tanto, el Partido Popular va a velar por
que este, que es un paso más -y concluyo, señora presidenta-, disponga no
solo del texto adecuado, con el que estamos moderadamente satisfechos,
sino de la aportación económica indispensable para que esta cuestión de
hoy sea algo ilusionante y no ilusorio y que, por tanto, seamos capaces,
con la solemnidad que hoy se merece, de que las personas sordas se
encuentren cada día con menos barreras para su integración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Barrachina.
Finalizamos, señorías, con la intervención del Grupo Socialista que
dividirá su tiempo. Comenzamos por el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia a los
numerosos colectivos de personas con discapacidad auditiva que nos
acompañan hoy en esta Cámara en este importante debate. Señorías, en
nuestro
país hay un millón de personas con discapacidad auditiva, de los cuales
100.000 tienen sordera profunda. Son personas que se enfrentan a diario
con barreras de comunicación, con elevadas tasas de analfabetismo
funcional, con problemas de lectura comprensiva. De hecho, solo el 2,8
por ciento de las personas sordas acceden a la universidad. Por ello,
este Gobierno, especialmente sensible con las políticas de discapacidad,
ha impulsado esta ley por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral para
las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Tan
importante es el tema que los nuevos estatutos de autonomía recogen las
lenguas de signos y quiero hacer especial mención al de mi tierra, al de
Andalucía. Porque una sociedad no es del todo justa si todos sus
ciudadanos no gozan de las mismas oportunidades de participar en la vida
social, laboral, económica o cultural, y este objetivo se ha convertido
en una prioridad para este Gobierno. La ley que debatimos hoy aquí es una
ley para la libertad de las personas con discapacidad auditiva, una ley
que progresa en el principio democrático de la igualdad de oportunidades
en la educación, en la formación y en el acceso al mundo laboral. Son
medidas como estas las que hacen mejor a nuestra sociedad, las que la
elevan por encima de otras y hacen que nos sintamos orgullosos de formar
parte de la misma. Esta es una ley necesaria, reclamada desde hace
décadas por las personas con discapacidad auditiva y ha tenido que ser
una vez más un Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero,
el que ha escuchado las inquietudes y demandas de estos ciudadanos,
impulsando una ley que supone un auténtico revulsivo para lograr la plena
integración social de todos los que sufren discapacidad auditiva. Y es
que los grandes avances sociales de nuestro país siempre se consiguen con
gobiernos socialistas: ahí está la universalización de la educación en
1985, con Gobierno socialista; la universalización de la sanidad en 1986,
con Gobierno socialista; la universalización de las pensiones en 1990,
con Gobierno socialista; la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006,
con Gobierno socialista, y la aprobación de esta Ley para las personas
con discapacidad auditiva en 2007, con Gobierno socialista. Y es que los
grandes avances sociales de nuestro país siempre, siempre, se consiguen
con gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos.)
Estamos ante un texto que es pionero, referente internacional en el
reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad auditiva. En
Europa quizá solo Finlandia pueda presumir de un texto tan avanzado, un
texto que ha sido fruto del consenso con el movimiento asociativo de las
personas con discapacidad auditiva y con el conjunto de las fuerzas
políticas representadas en esta Cámara. Se presentaron al proyecto de ley
más de 300 enmiendas, pero quiero valorar la voluntad y generosidad de
todos y cada uno de los grupos políticos para alcanzar un acuerdo, sin
duda alguna, satisfactorio. Estamos ante una ley que reconoce y regula el
conocimiento y aprendizaje de la lengua de signos española y reconoce
también la lengua de signos catalana, la única, junto a la española,
utilizada por la comunidad signante en nuestro país en su ámbito
lingüístico. Por otro lado, se garantiza de forma generalizada el uso de
los medios de apoyo a la comunicación para los discapacitados auditivos
que opten por la utilización de la lengua oral -estamos hablando de
audífonos, implantes cocleares, subtitulados o labiolectura- y además es
una normativa que contempla la libertad de elección. Las personas
discapacitadas auditivas o sus padres podrán optar por la lengua oral o
por las lenguas de signos. Esta ley facilitará a estos ciudadanos la
utilización de intérpretes de lengua de signos y establecimiento de apoyo
en la comunicación cuando lo precisen en diversos ámbitos, tanto públicos
como privados.
Señorías, en nuestro país hay más de 7.600 alumnos sordos en los niveles
educativos obligatorios y hay que conseguir que tengan las mismas
oportunidades que cualquier otro alumno a la hora de poder estudiar, y
esta ley lo permite. Para ello las administraciones educativas deben
disponer de recursos necesarios para facilitar el aprendizaje en aquellos
centros en que se determine. Y lo mismo va a ocurrir en otras áreas, en
sanidad, en ocio, en cultura, Administración de justicia, Administración
penitenciaria, en transportes o en medios de comunicación oral.
Otro de los elementos importantes incluidos en esta ley es el colectivo de
las personas sordociegas. Se incide especialmente porque es un colectivo
en una situación de especial dificultad, con una doble discapacidad: la
auditiva y la visual. Esta ley va a permitir conocer sus condiciones de
vida y su ubicación geográfica para determinar los centros de referencia
que deberán crearse, así como el establecimiento de recursos más acordes
con las especiales necesidades de este colectivo.
La norma también establece la creación de un centro de normalización
lingüística para la lengua de signos española. ¿Con qué objetivos? Con
los objetivos de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso
de la lengua de signos española, que estará presidido por el Gobierno
central y será de carácter paritario entre Administración y el movimiento
asociativo. En este punto quiero destacar el enorme y magnífico trabajo
realizado en esta ley por el movimiento asociativo de las personas
sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, que con sus propuestas e
iniciativas han contribuido sin duda alguna a mejorarla. Además, también
se incorpora el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, que es
un paso adelante para que estas personas puedan acceder al ocio y a la
cultura en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Por
último, la ley contempla la elaboración de un estudio sobre los
profesionales de la lengua de signos y las titulaciones
propias necesarias para su desempeño, así como el apoyo por parte de los
poderes públicos a la financiación para la adquisición de apoyos técnicos
para las personas sordas.
Termino. Señorías, una persona sorda, sordociega, con discapacidad
auditiva es una persona con plenos derechos de ciudadanía que no debe
tener ninguna barrera para su integración social ni laboral y esta ley
histórica por fin se la va a conceder.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Heredia.
Finalizamos el debate con el turno de la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Un saludo afectuoso para todas las personas invitadas que nos acompañan.
Quiero, en el poco tiempo de que dispongo, destacar cuatro aspectos.
Primero, las lenguas de signos españolas son ya hoy un patrimonio
histórico, cultural y lingüístico de toda la sociedad, y no solamente de
la comunidad sorda, que vale la pena conservar, mimar y desarrollar
porque ello nos hace más ricos a todos culturalmente hablando. Segundo,
que esta realidad cultural se da en forma diversa, dos realidades
maravillosas: la lengua de signos española mayoritaria entre la comunidad
signante en España y otra lengua, la de signos catalana, más restringida
en su ámbito de uso, pero también patrimonio no solo de Cataluña, sino de
toda España. Por eso estoy orgullosa de su reconocimiento en esta ley en
condiciones de igualdad, porque la diversidad es la característica
fundamental de las sociedades modernas. Sin incorporar la diversidad no
podemos entender el mundo en el cual vivimos. No se es de este mundo si
no aceptamos su complejidad, la diferencia y la pluralidad desde el
respeto colectivo y el pacto común sin miedos ni rechazos. Dos lenguas o
las que fueren nos hacen más grandes como país, multiplican, nunca restan
y esto hoy vale la pena celebrarlo. Tercero, en cuanto a la libertad de
elección, señalaré que las distintas formas para la comunicación y la
integración social por suerte tienen hoy más posibilidades. En un
equilibrio estricto y con visión prospectiva incorpora los medios de
apoyo a la comunicación oral. Lo uno no niega lo otro, al contrario, se
trata de ampliar, de abrazar las máximas posibilidades culturales, pero
también tecnológicas que están hoy al alcance de nuestra sociedad para
facilitarnos lo que es el objetivo prioritario, la posibilidad de
comunicarnos, porque somos seres sociales que precisamos para nuestro
desarrollo y diferenciación del contacto y contraste con los otros.
Cuarto, y para terminar, me referiré a las personas con sordoceguera. Por
fin la Unión Europea y este Parlamento la han reconocido como
discapacidad específica. No son dos discapacidades que suman: no se es
ciego y además sordo o, al revés, no se es sordo y además ciego; es una
discapacidad específica que requiere un abordaje propio y recursos y
profesionales también específicos. A las personas sordociegas y a sus
familias les dedico el final de mi intervención. Esta ley es el principio
de un camino que propone recoger su experiencia personal, sus formas de
vida y sus necesidades, así como conocer las dificultades de las familias
para lograr respuestas públicas más adecuadas, orientadas a propiciar al
máximo su comunicación con el entorno, y desarrollar su mayor capacidad
para lograr una vida lo más autónoma posible. Esta es la filosofía de mi
grupo, la de una vida autónoma, la de convertir la diferencia en un reto
para la superación y los déficits en potencialidades, todo ello desde la
responsabilidad de los poderes públicos, de las instituciones y también
de la propia sociedad.
Finalmente, quiero agradecer a las personas con las que durante mucho
tiempo hemos analizado la posibilidad y el contenido de la ley sus
enseñanzas sobre el tema. Han despertado la sensibilidad de todos los
grupos y la de mis compañeros de ponencia y nuestro interés por seguir
aprendiendo para hacerlo mejor. También quisiera que el conjunto de
organizaciones de toda España, que han trabajado tantos años, reciban hoy
nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento por luchar, por avanzar,
por exigir y por colaborar sin descanso. A todos y a todas, muchas
gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Esteve.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS
MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000131.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto 37
del orden del día, referido al proyecto de Ley orgánica reguladora de los
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Abrimos el turno
de enmiendas. Comenzamos con el Grupo Mixto y, en particular, con el
turno del señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego mantiene vivas diez enmiendas al proyecto de
ley, que voy a describir sucintamente, por lo menos las más importantes.
La primera de ellas se refiere a que, como en muchos proyectos del
Gobierno, debíamos de habituarnos a utilizar una terminología que
estuviese de acuerdo, en primer lugar, con el carácter real del Estado
español, desde el punto de vista de su composición territorial,
lingüística, social y socioeconómica, y en segundo lugar, con las
funciones
y competencias del Estado. Por eso pensamos que a lo largo del proyecto
debía ser sustituido el adjetivo nacional por el adjetivo estatal, no
solo porque el Estado español es un Estado plurinacional, sino también
con el fin de adjetivar las responsabilidades, competencias y deberes de
las administraciones públicas, que no dejan de ser administraciones
estatales, en cuanto se refieren a la estructura burocrática y
administrativa, y no estructuras de carácter nacional.
En segundo lugar, para nosotros es muy importante defender la diferencia y
la diversidad lingüística en el Estado español. Concretamente, una de
nuestras enmiendas va dirigida a que los guardias civiles tengan
competencia lingüística cuando su función se desenvuelva en los
territorios que tienen lengua propia. Se nos hace difícil pensar en la
función de un servidor público, como un guardia civil de Tráfico, un
miembro del Seprona o alguien que tenga que hacer algún tipo de
investigación criminal, no teniendo en cuenta los usos lingüísticos del
territorio en el que tiene que desempeñar esa función. Sería bueno que en
las leyes del Estado se empezase a reconocer que estos funcionarios
deberían saber la lengua propia del territorio en el que desarrollan su
función. Por tanto, en este proyecto de ley, que tiene un carácter nada
menos que vinculado a derechos y deberes y es por tanto una ley de
carácter orgánico, debería figurar la competencia lingüística.
En tercer lugar, hay una serie de enmiendas que van destinadas a perfilar
mejor la adecuación de la Guardia Civil a los derechos constitucionales
fundamentales: la libertad de expresión, la libertad de información, el
derecho de manifestación y la aplicación en la práctica del derecho de
asociación. Somos conscientes de que cuando se mantiene el carácter
militar del cuerpo y al mismo tiempo se intenta adaptar a la filosofía
constitucional y distinguir funciones que van a ser iguales que las de la
policía de otras que van a estar connotadas militarmente, es muy difícil
establecer una línea roja para separar claramente cuándo se va a aplicar
el carácter militar del cuerpo y cuándo no. Creemos que la ley podría
mejorar algo más en este sentido y por eso hemos mantenido una serie de
enmiendas destinadas precisamente a garantizar esos derechos en todas las
ocasiones. Por ejemplo, es difícil que se utilice con rigor el término
disciplina para poner coartadas o limitaciones a la libertad de expresión
y a la libertad de información, incluso que se reconozca el derecho de
asociación, pero que se limite para que no tenga connotaciones políticas
o sindicales. Si cuando se aplique la ley esto no se modifica, creo se
hará un uso abusivo del recurso a la disciplina para cercenar otro tipo
de derechos de carácter fundamental. En todo caso, señorías, esto no
obvia que reconozcamos que la ley no solo es una ley positiva, es un paso
adelante y que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno han hecho
un gran trabajo para aceptar muchísimas enmiendas que mejoraron la ley en
la defensa de los derechos y las libertades fundamentales. Por eso no
solamente la vamos a apoyar, sino que -vuelvo a repetir- creemos que se
ha hecho un gran ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha
abandonado la definición de cuerpo de carácter militar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Mardones, adelante.
El Señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo había notificado a los servicios de la Cámara que mantenía vivas
para su debate y votación en este trámite de Pleno las enmiendas números
26, 27, 28, 30 y 31. Anuncio a los servicios de la Cámara que retiramos
la enmienda número 27 y, por tanto, dejamos vivas las números 26, 28, 30
y 31, que paso a defender. Todas tienen un eje común y un fundamento en
su justificación. Hago gracia a la Cámara de no entrar en los pormenores
de base jurídica y de derecho comparado, incluso dentro de nuestro país,
de la legalización de muchos aspectos que a lo largo de nuestro tiempo
democrático se han ido poniendo en derecho positivo y se han sacado de
cuestiones del orden penal de una dictadura. Esto afecta tanto a las
Fuerzas Armadas como al Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.
Las enmiendas tratan de reconocer el derecho de asociación y por tanto
ponen en cuestión el artículo 181 de las Reales Ordenanzas, que fueron
aprobadas por la Ley 85/1978, curiosamente el 28 de diciembre,
prácticamente un día ante de aprobarse la Constitución española en
diciembre de ese mismo año. Son unas Reales Ordenanzas que no quiero
calificar de inconstitucionales, aunque algunos artículos parece que lo
son, pero sí de preconstitucionales. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo?
Que los gobiernos que se han sucedido desde 1978 han incumplido por tres
veces un mandato legal. La disposición final segunda de la Ley 85/1978,
de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, ya decía que el Gobierno
debería dictar las normas de desarrollo relativas al ejercicio de deberes
y derechos individuales en el plazo de tres meses. Pues han transcurrido
más de tres meses desde diciembre de 1978. Llegamos a la Ley 16/1999, del
régimen de personal de las Fuerzas Armadas, que viene a ordenar,
transcurridos más de 20 años, que el Gobierno debe remitir al Congreso de
los Diputados antes del 31 de diciembre del año 2002, los proyectos de
ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la defensa nacional
y el régimen de derechos y deberes de los militares al modelo de Fuerzas
Armadas profesionales. Está por ver que esto haya entrado en el Registro
de la Cámara. Finalmente, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de
la Defensa Nacional, a tenor de los incumplimientos precedentes, prometía
o comprometía de nuevo una iniciativa en los siguientes términos, que
están expresados en ella. Mandato legislativo: el Gobierno, en el plazo
de tres meses,
deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora
de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que
incluirá la creación del observatorio de la vida militar. Si alguien lo
ha visto, que lo diga, y de paso lo puede presentar en el Registro de
esta Cámara.
El derecho de asociación y de reunión que tenían las Fuerzas Armadas se
trasladaba a la Guardia Civil y, en cuanto que hay que hacer una nueva
ley para la Guardia Civil, de derechos y deberes, el recurrente a
instituto de las Fuerzas Armadas lo viene a corroborar. Por eso nosotros,
cuando justificamos esta enmienda y el grupo que trae causa de la misma,
que son las demás, a partir de la 26, entendemos que la actual redacción
del artículo 181 de las Reales Ordenanzas, que ha venido afectando a la
Guardia Civil, para las Fuerzas Armadas, también son de aplicación a los
miembros de la Guardia Civil, en su condición de instituto armado de
naturaleza militar. Porque la Constitución deja bien claro que Fuerzas
Armadas son solamente los ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y no la
Guardia Civil. En esta ley se mantiene, como en la paralela que hemos
tramitado en el Congreso de los Diputados, al respecto de la disciplina
en el cuerpo de la Guardia Civil del régimen disciplinario, el carácter
de instituto armado de naturaleza militar. Esto, a nuestro juicio,
colisiona directamente con el derecho de asociación profesional, que no
sindical, reconocido a los mismos en la presente ley. Por eso, el
proyecto de ley que estamos debatiendo ha previsto en su disposición
derogatoria única, apartado 2, extraer de dicha aplicación del artículo
181 de las Reales Ordenanzas a quienes ahora, y a tenor de la propia
norma en tramitación parlamentaria, van a poder ejercer el derecho
constitucional de asociación profesional. Nosotros nos congratulamos de
que la Guardia Civil pueda ejercer entre sus miembros, dentro de ella, el
derecho constitucional de asociación profesional, porque ya hubo en su
día una sentencia del Tribunal Constitucional reconociendo estos derechos
para las Fuerzas Armadas. Esto es una contradicción que debe resolverse
de alguna manera, pero no se puede suprimir la aplicación de un artículo
de una ley vigente de las Reales Ordenanzas y decir que para aquellos sí
sirve y para estos no sirve. Repito que es una contradicción jurídica,
que alguien tendrá que solucionar. O reconocemos, como proponemos
nosotros, el derecho de asociación a todos, guardias civiles y Fuerzas
Armadas, o esto va a significar una dislocación.
Con el resto de la ley entendemos que hay un avance significativo; no es
la satisfacción ni la ordenación que pudieran darse en todos los aspectos
y mi grupo guardará las reservas necesarias en la votación, a la vista de
cómo discurra, de estas cuatro enmiendas que mantenemos en cuanto a un
fundamento del derecho de asociación, no de sindicación, que sea
correlativo entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, dado que se
sigue manteniendo -no se hace un cuerpo civil, como puede ser el Cuerpo
Nacional de Policía- este carácter militar de instituto armado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor
Mardones.
Seguimos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en particular de la señora
Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley, ante una regulación fundamental
para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para
garantizar, muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su
propia vida, la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas,
con absoluto respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Desde
Izquierda Unida-Iniciativa hemos querido aprovechar la tramitación de
esta ley para mejorar su contenido, con el objetivo de avanzar en cuanto
a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado. Hemos querido
empujar para conquistar algo que quiere la mayoría de la Guardia Civil,
la ciudadanía plena. Escuchar a sus gentes, como debe hacer la
representación de la soberanía, no a los altos mandos, no a unos pocos
que quieren seguir mandando sobre la mayoría. Así podemos celebrar que
por fin, después de treinta años de las primeras elecciones legislativas,
aniversario que celebrábamos recientemente en esta casa, la Constitución
entre en los cuarteles de la Guardia Civil. Entra de lado, porque no
entra al cien por cien, pero entra. Entra.
Nuestras enmiendas han pretendido trasladar sus reivindicaciones, sus
demandas históricas y las más recientes, sus necesidades. Y del conjunto
de la ley que hoy remitimos al Senado nos podemos sentir satisfechos. No
es todo lo que queríamos, no es todo lo que el mundo del asociacionismo
en la Guardia Civil quería, no es la clara desmilitarización y el pleno
reconocimiento del sindicalismo, que es lo que Izquierda Unida pide, lo
que nosotros reivindicamos, pero del texto que propuso el Gobierno al que
hoy remitimos al Senado ha habido una mejora sustancial. Quiero agradecer
el trabajo realizado por los ponentes del Grupo Socialista, por escuchar
nuestras peticiones con atención y disponibilidad. Les invitamos a seguir
trabajando en esta línea de diálogo para seguir mejorando la ley en los
trámites que le restan.
Como sabemos, señorías, esta ley no parte de la nada. En este Congreso
hemos trabajado con iniciativas, con comparecencias; hemos exigido que la
ley iniciara su tramitación y viene de un largo debate y muchas promesas
incumplidas. De hecho, la Asociación unificada de la Guardia Civil tenía
un listado muy claro de ellas, con fotografías donde cada uno quedaba
retratado. No tenía ningún sentido mantener una legislación que trataba a
la Guardia Civil como un apéndice de las Fuerzas Armadas y no como lo que
es en su día a día, en su cotidianidad, en el trabajo que desarrollan sus
miembros: un cuerpo de seguridad del Estado, en el que se debe potenciar
la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y
la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la
calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias. Todo ello
dejando atrás la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos,
que solo se sustentan en la pura nostalgia.
Dicho lo anterior, no quiero dejar de señalar que efectivamente este
proyecto ha llegado con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los
plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el
reconocimiento de los derechos de los guardias civiles. Es más, Izquierda
Unida quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el
esfuerzo y el sufrimiento de aquellos que han luchado, con todas las
consecuencias, por el reconocimiento de los derechos constitucionales de
los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional;
derechos que por fin hoy garantizamos. Son personas con nombres y
apellidos, algunos de ellos hoy presentes en esta Cámara, que han dado la
cara por la dignificación de la institución, por la conquista de los
derechos que van a ser ley; todo ello partiendo de la negación absoluta
de los mismos. Personas que hoy se pueden sentir muy satisfechas por los
cambios que ha experimentado este texto legal para que viniera a la
Cámara y por los que ha sufrido en su tramitación. Gracias a ellos
estamos hoy aquí debatiendo el texto tal y como se va a aprobar.
Y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos. En definitiva
se trata de una conquista de la que todos los que nos sentimos demócratas
nos debemos sentir orgullosos. Por ello, es inaceptable que hoy, de una
manera incoherente, de una manera intolerable, se mantengan abiertos los
expedientes disciplinarios contra aquellos que ejercieron un derecho
constitucional manifestándose libremente. Pedimos al Gobierno que los
paralice, que acabe con esa persecución y acoso a los guardias civiles
que se han significado con el asociacionismo y con la Constitución
española. Pedimos que se les libere de las presiones de aquellos que
pretenden conservar sus privilegios encasillados, como digo, en una
estructura militar que hoy carece de sentido y que se sitúa en la pura
nostalgia. Por nuestra parte, nuestro grupo parlamentario siempre ha sido
coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y
laborales de la Guardia Civil, en la modernización, democratización y
desmilitarización de la Guardia Civil, a través de la creación de un
único cuerpo de policía de carácter civil que responda al modelo de
descentralización del Estado español. Ahí están los debates que ponen a
cada uno en su sitio.
Para Izquierda Unida-Iniciativa esta ley es un punto de partida, es una
puerta para hacer posible el ejercicio pleno de derechos constitucionales
de asociación, de reunión, de manifestación, sin más limitaciones que las
que tienen los demás cuerpos de Policía en España. Es un pilar para la
conquista de la democracia en la Guardia Civil, porque, aunque no se ha
conquistado el sindicalismo, estas asociaciones se pueden constituir para
la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales,
económicos y sociales, gracias a la enmienda de Izquierda Unida. Faltarán
medios para ejercitar esos derechos que no han sido conquistados, pero no
faltarán ganas, señorías. No faltarán ganas. Se ha mejorado el derecho de
reunión en las dependencias de la institución, si bien se sigue
manteniendo que está prohibido el derecho de reunión o manifestación de
carácter político o sindical. Y yo vuelvo a preguntar: ¿qué es político y
qué es sindical? Me parece un absurdo absoluto que se mantenga esta
negación, igual que recoger una negación a algo como la sindicación,
cuando estamos regulando derechos. Cuando se regulan derechos, se ha de
garantizar el ejercicio de esos derechos y no recoger negaciones. Esa es
la visión de Izquierda Unida.
Con la ley nace la obligación de informar con antelación del cuadrante y
horario y la compensación por alteración de la jornada -una enmienda de
Izquierda Unida-, también se mejoran los mecanismos para trasladar
quejas, se recoge el derecho de conocimiento y prevención de riesgos y se
impide la discriminación por orientación sexual -hoy se celebra el Día
internacional del orgullo gay, lésbico, transexual y bisexual-. Como
digo, se han aceptado muchas enmiendas de Izquierda Unida, que han
mejorado sustancialmente el texto, pero, para la conquista de todo lo que
dejamos en el camino, Izquierda Unida estará al lado de las
reivindicaciones por todo aquello que nos queda por conquistar.
Respecto al consejo asesor, se ha mejorado sustancialmente, también
admitiendo muchas enmiendas de Izquierda Unida. La presidencia recaerá en
el Ministerio del Interior. Las funciones y derechos han sufrido un
cambio radical que convierten al órgano en un verdadero órgano de
representación con garantías de exigencia de participar con carácter
previo a las decisiones que afecten a las materias que explícitamente se
establecen en el texto. Se han ampliado las competencias a cuestiones
económicas, sociales y profesionales, admitiendo también la enmienda de
Izquierda Unida, y se recoge lo que dijo ya una sentencia del
Constitucional del año 2001. Es un órgano de verdadera representación,
que se aparta del fallido consejo asesor -hoy en día, además de fallido,
se podría hablar de fallecido en su utilidad- y se acerca más a los que
existen en el ámbito de la Función pública. Dado que se crea este órgano,
que sí que va a ser de gran utilidad, no se entiende por qué la
información sobre los expedientes disciplinarios por falta
muy grave sigue siendo atribuida al Consejo Superior de la Guardia Civil
-esta enmienda de mi grupo parlamentario fue rechazada-, no tiene
absolutamente ningún sentido que se mantenga la existencia de ningún
consejo superior, un órgano residual que se mantiene por mimetismo a las
Fuerzas Armadas.
Este proyecto, señorías, es determinante en la vida diaria de los guardias
civiles, en sus condiciones de trabajo, en su calidad de vida, y también
es determinante en el futuro de la institución para la mejor prestación
del servicio público de seguridad que le encomienda la Constitución y que
le tenemos encomendada todos sus conciudadanos. Este proyecto de ley, que
avanza en su tramitación, significa abrir las puertas de la Guardia Civil
al debate, a la crítica, para, con estos instrumentos, mejorar su
funcionamiento y el respeto a todos y cada uno de sus miembros. Esta ley
apuesta por el reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los guardias
civiles moderno y actual; también, por la mejora de la prestación del
servicio público de seguridad, que es la misión fundamental que tienen
encomendada. Y eso, señorías, nos interesa a todos.
Señorías, por una Guardia Civil civil, por una Guardia Civil que avanza
hacia la desmilitarización, por una Guardia Civil más digna que avanza en
derechos. Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco y en
particular de don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, otra vez aquí para afrontar
el debate de un proyecto de ley importante y que hace referencia a la
articulación jurídica de los derechos y deberes de la Guardia Civil. Es
algo que tiene una trascendencia social y política de primera magnitud,
señora presidenta. El gradiente de la satisfacción en la mañana de hoy
está resultando un tanto curvilíneo, porque, primero, hemos tenido una
primera ley, la del Estatuto del Trabajo del Autónomo, que nos provocaba
particular insatisfacción; el segundo proyecto de ley, el relativo a la
lengua de signos, ha merecido una reflexión apologética y un gran
entusiasmo por parte de todos los grupos parlamentarios aquí presentes.
Aquí podríamos decir que estamos en una situación equidistante,
intermedia entre los dos.
Es una ley que garantiza avances importantes en la garantía de derechos y
deberes que están prescritos, que están muy prolijamente determinados en
su contenido esencial por la jurisprudencia constitucional y que están
previstos en la Constitución española. Pero, señor ministro, ¿qué quiere
que le diga? Uno tiene un cierto sabor a acto fallido, a acto político y
jurídico fallido en este proyecto de ley. No voy a volverle a preguntar,
porque ya sé que ni por agotamiento voy a conseguir que usted me
conteste, cuáles son los atavismos histórico-jurídicos que hacen que este
instituto siga manteniendo la condición de instituto armado, cuando
ninguna de sus funciones tiene esas características. Ya no las voy a
desagregar, ya hemos discutido prácticamente ad nauseam este problema.
Son de carácter absolutamente civil, son funciones de Policía judicial,
de seguridad ciudadana, de protección civil. Como sé que nadie me va a
contestar -ni usted, ni nadie de su grupo, ni nadie con mayor
conocimiento, mayor mérito o legitimidad para opinar sobre esta
cuestión-, casi voy a rechazar este debate. Qué le voy a decir ya de lo
que nos proponía en su texto alternativo el grupo parlamentario sobre
cómo configurar el cuerpo de la Guardia Civil, cuando nos presentó un
texto alternativo el Grupo Popular que erigía a la Guardia Civil nada
menos que en garante de la unidad de la patria, como si un cuerpo
policial pudiera estar vinculado a aspectos atinentes a la soberanía, a
aspectos atinentes a la configuración territorial del Estado. Esto ya
-con todos los respetos a la señora Sánchez-Camacho, que sabe que la
tengo estima personal y además un gran respeto a su cualificación
jurídica- nos parece una aberración jurídica. Las cuestiones atinentes a
la soberanía corresponden a los pueblos y ellos son los que tienen que
definir cómo se integra un Estado, cómo se integra una nación, qué es una
nación y cómo se configuran todas las cuestiones atinentes y que se
desagregan del concepto de soberanía.
Dicho esto, vamos a entrar en los derechos y deberes que aquí se
prescriben y que constituyen un avance. Por eso, en primer lugar, quiero
felicitarles, porque han tenido el coraje suficiente para avanzar en la
civilización parcial. El régimen disciplinario, en el sentido etimológico
-y entiéndaseme bien la expresión-, ha sido objeto de civilización, a
pesar de ciertas inercias que todavía se mantenían del carácter militar
del régimen disciplinario previgente. Es un régimen que se parece mucho
al de los funcionarios de la Administración pública, prescrito y previsto
por otras leyes y en particular por la recientemente aprobada Ley del
Estatuto del Empleado Público. Aquí se avanza tímidamente en esta
dirección, pero con las limitaciones que afectan a un cuerpo cuyos
funcionarios están configurados como funcionarios en régimen de sujeción
especial, régimen que dimana directamente del carácter militar del mismo,
con lo cual usted seguramente no ha podido avanzar en el desarrollo del
contenido esencial de los derechos y deberes que aquí se tipifica ni
siquiera lo que a usted le hubiera gustado.
A usted, que es un hombre fenotípicamente progresista -como suele afirmar
de sí mismo el ministro de Trabajo con reiterada frecuencia en esta
Cámara-, seguramente le hubiese gustado avanzar más. ¿Por qué? Porque
aquí se tipifica y se reconoce a los funcionarios de la Guardia Civil una
serie de derechos y se consagra una serie de deberes, pero por vía de las
excepciones que los propios preceptos consagran se difuminan hasta
tal punto que muchas veces el derecho no es reconocible. Hay una sentencia
del Tribunal Constitucional, señor ministro -ya sé que usted no pertenece
al mundo del derecho, pero ha aprendido mucho desde que está en esta
Cámara, mucho tiempo ya-, que explicita cómo debemos entender el
contenido esencial de un derecho tipificado y prescrito por la
Constitución; es la sentencia 8/1981. Señor ministro, esta sentencia
establece que, para respetar normativamente el contenido esencial de un
derecho constitucional, en la regulación normativa de ese derecho
constitucional tienen que constar todas las facultades o posibilidades de
actuación que hagan reconocible ese derecho como pertinente al tipo
abstracto previsto en el texto constitucional. Esto no lo vemos aquí,
porque, por la vía de las excepciones que se consignan en relación con
los derechos que se consagran, muchas veces hasta se niega el derecho y
muchas veces hasta se incurre en manifiesta ilegalidad. Le voy a poner un
ejemplo de lo que estoy diciendo. Nuestra enmienda número 3, que hace
referencia al artículo 4.2 y al artículo 5, que prescribe el derecho a la
intimidad de los funcionarios de la Guardia Civil, establece la
posibilidad de que una autoridad administrativa, el jefe de la unidad del
centro u órgano donde el guardia civil preste sus servicios, pueda
realizar un registro personal de sus pertenencias. Pues aquí no solo se
está relativizando el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad y
el derecho al secreto de las pertenencias de un funcionario de la Guardia
Civil, sino que se está vulnerando lo prescrito en esta materia en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y en la propia legislación punitiva militar.
Señor ministro, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe esto nada menos
que en los preceptos 545 a 578. La Ley de Enjuiciamiento Criminal exige
algo que es obvio y que usted debe saber, autorización judicial para un
registro de estas características. Pero es que no solo lo hace la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en los preceptos que le estoy citando, lo hacen
también nada menos que los artículos 186 a 189 del título II de la Ley
Orgánica 2/1989, Procesal Militar. Luego si estamos reconociendo
formalmente un derecho, pero la excepción incluso contradice normas
procesales, tanto de naturaleza militar como de naturaleza civil -me
estoy refiriendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley Procesal
Militar-, de facto lo que estamos haciendo es negar el derecho. Usted,
sin autorización judicial, yo, el legislador, carecemos de legitimidad
para autorizar una penetración en el ámbito de la privacidad, que se
consagra como derecho subjetivo de los guardias civiles, vulnerando los
requerimientos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Procesal
Militar. De esta manera podríamos hablar de otros.
El derecho a la intimidad ya lo hemos glosado, en cuanto a las excepciones
que son susceptibles de difuminar el contenido esencial del derecho, tal
como lo prescribe la sentencia de 1981, que es la que determina cómo debe
comprenderse el contenido esencial de un derecho constitucional. El
derecho de reunión y manifestación está sujeto a tantas limitaciones, a
tantas autorizaciones, que también podríamos reconocerlo como
prácticamente prescrito de la legislación que estamos en trance, en el
íter legislativo, de aprobar. No se puede proclamar un derecho tan
enfáticamente para luego, por la vía de las excepciones y la sujeción a
las autoridades administrativas pertinentes, prácticamente de facto
negarlo. Nos pasa lo mismo con el derecho de petición y con el derecho de
asociación, sobre todo cuando el derecho de asociación se articula para
la negociación colectiva. ¿Pero qué negociación colectiva si luego la
propia ley niega el derecho de negociación de los guardias civiles? ¿Para
qué les estamos reconociendo el derecho de asociación, para que negocien
sus condiciones de trabajo? Luego negamos la realización de actividades
de naturaleza sindical, concepto polisémico donde los haya.
¿Me puede usted explicar qué debemos entender por acciones de naturaleza
sindical? ¿Qué es acción de naturaleza sindical? ¿Negociar una entidad de
previsión social voluntaria es una acción de naturaleza sindical o no?
¿Negociar un plan de pensiones es una acción de naturaleza sindical o no?
¿Negociar las retribuciones es una acción de naturaleza sindical o no? Ya
me dirá usted dónde están. Si se ha fijado, en las previsiones de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical están todas estas actuaciones; si se
reconoce el derecho de asociación a los funcionarios de la Guardia Civil,
son de naturaleza sindical. Prohíbales, si quiere, el derecho de
realización de actividades sindicales, pero entonces no les reconozca el
derecho de asociación, porque lo está negando de facto por la vía de
excepción. Y no digamos nada cuando les niega el derecho de negociación.
¿Para qué quieren entonces una asociación los guardias civiles si no
pueden negociar?
Podríamos seguir hablando de la residencia y domicilio, del derecho de
traslado dentro del territorio nacional, de las funciones del consejo,
etcétera. En todo caso, no interprete que estas críticas, quizá expuestas
con un cierto apasionamiento, señor ministro, nos hacen perder la
perspectiva del notable avance que esta ley supone para el reconocimiento
de derechos y deberes de quienes hasta este momento han sido
sistemáticamente preteridos desde cualquier punto de vista en relación
con el reconocimiento de sus derechos y deberes. Por lo menos ustedes han
tenido el coraje de hacerlo por primera vez y yo aplaudo esto; lo han
hecho incorrectamente y esto no se lo puedo aplaudir. Desde esta
perspectiva, votaremos, no con entusiasmo, sino con un cierto fatalismo
-honestamente se lo digo-, que sí al texto del proyecto que estamos
debatiendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, y en particular el de su portavoz don Agustí Cerdà.
Adelante, cuando quiera.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidenta, señorías, en primer lugar tengo que
agradecer la oportunidad del debate, porque es una materia que mucha
gente teníamos ganas de abordar. Seguramente, como ha dicho mi antecesor
en esta tribuna, no hemos llegado donde queríamos, pero hemos recorrido
un trecho importante y no cabe ninguna duda de que era importante empezar
este camino. Quiero empezar mi intervención agradeciendo el trabajo, bien
hecho en general, de todos los portavoces de la Comisión de Interior y
muy particularmente del señor Martínez Sanjuán y de la señora Sánchez
Díaz, que han hecho un trabajo de síntesis y de llegar a acuerdos muy
importante que ha facilitado, sin ninguna duda, que podamos estar ante un
texto que, como ya han dicho en otras ocasiones, va, no llega, pero
empieza de hecho un camino que era importante.
Saben ustedes -y no es ninguna novedad- que en el proyecto político de
Esquerra Republicana el modelo de seguridad pública pasaba -y lo hemos
dicho siempre- por la disolución del instituto armado de la Guardia Civil
y la unificación de las policías en un único cuerpo de Policía.
Entendíamos que se adaptaba mejor a un modelo policial del siglo XXI, que
mejora las coordenadas, tanto del Estado español como del marco europeo,
y, evidentemente, la realidad social y territorial en la que vivimos y
convivimos en el Estado español. Pero, en tanto no se apueste por un
cambio de modelo policial o por un cambio del estilo en la seguridad
ciudadana, entendemos que los derechos civiles y laborales de los
trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil no podían continuar
acumulando una deuda, creo que democrática, que en estos momentos era ya
injustificable. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y
remitido a esta Cámara mermó inicialmente bastante -y tenemos que
reconocerlo- las perspectivas que se habían generado o que habían
generado las propias organizaciones de la Guardia Civil. Desde este punto
de vista, Esquerra Republicana cree que aún quedan muchos flecos
pendientes de resolver en el texto legal, pero que no obstante es una ley
que, al igual que otras que hemos aprobado en esta Cámara, crean un
recorrido y abren una discusión. Estamos convencidos de que en próximas
legislaturas, y no en un espacio muy largo de tiempo, volveremos a hablar
sobre estos temas.
He dicho que, gracias al buen hacer de SS.SS. en Comisión, hemos
conseguido hacer un texto que puede ser votado por la inmensa mayoría de
esta Cámara. También es cierto que quedan una serie de enmiendas, como
nuestra enmienda 166, que abogan por la eliminación de la referencia a
las particularidades derivadas del carácter de instituto armado y de
naturaleza militar. Hemos reiterado constantemente nuestra disconformidad
con dicho carácter militar. Lo mismo sucede con nuestra enmienda 190, que
aún mantenemos, en lo relativo a las normas aplicables, porque
consideramos que cabe ceñirse -y así lo mantenemos- a la Ley Orgánica de
las Fuerzas Armadas, a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y a la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de
los miembros de la Guardia Civil -que hoy debatimos- y a la del Régimen
Disciplinario. Proponíamos la supresión de la referencia o la remisión al
resto de normas que le sean de aplicación por su condición de instituto
armado de naturaleza militar, por cuanto no llegamos a comprender la
persistencia de este mismo carácter. Por este motivo, vamos a seguir
manteniendo estas enmiendas. Proponemos también la supresión de la
disposición adicional primera, que remite a la aplicación del régimen de
derechos y deberes de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el modelo territorial y el desarrollo del bloque
constitucional, entendemos que puede ser positivo incluir el deber de
respeto a las normas institucionales básicas de las comunidades
autónomas, como son los estatutos de autonomía. Es ciertamente
incomprensible su omisión o su difuminación dentro de la expresión: resto
del ordenamiento jurídico. Únicamente denota una cierta falta de respeto
del legislador por la realidad territorial y sus normas institucionales
básicas, que en todo caso es nuestro deber y obligación reivindicar.
Asimismo persisten en este texto jurídico expresiones que, desde nuestro
punto de vista, son excesivamente limitativas de derechos fundamentales,
como es la prohibición expresa de realizar actividades políticas o
sindicales. Esta prohibición puede implicar incluso la asistencia a
jornadas sindicales, que pueden ser enriquecedoras a nivel personal, por
lo que es innecesario, en tanto que queda claro en todo el articulado del
proyecto la necesaria neutralidad e imparcialidad política de los
trabajadores de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones.
Nuestras enmiendas proponen la supresión del artículo 24 y del apartado 1
de la disposición adicional cuarta. El derecho y el deber de la defensa
de España nos retrotrae, desde nuestro punto de vista, a posiciones
arcaicas, superfluas y nada respetuosas con la pluralidad de naciones
dentro del Estado español, a las que no se hace ninguna referencia.
Entendemos que esa no es la misión y, como ya han dicho otros oradores
precedentes a mí, esa no es la función de una policía, sino el ejercicio
de la soberanía de los mismos pueblos. El mismo argumento es aplicable a
la obligación de juramento o promesa ante la bandera de España. Al fin y
al cabo, son trabajadores y funcionarios del Estado que velan por nuestra
seguridad, sin más aditivos ni conservantes ni colorantes que el buen
ejercicio de sus funciones y sin más funciones que el estricto
cumplimiento de su deber
como trabajadores al servicio del Estado. Son aspectos que en ningún caso
contribuyen a la mejora del servicio público, de la seguridad pública, ni
aportan ningún beneficio extra a la comunidad.
Cabe reconocer que en el trámite parlamentario se han incorporado buena
parte de nuestras enmiendas, tanto en la fase de ponencia como en la fase
de Comisión. En materia de igualdad se ha incorporado expresamente la
preservación de un ámbito esencial, desde la perspectiva de género, como
es la no discriminación por motivos de sexo u orientación sexual en la
prestación del servicio, con la finalidad de erradicar situaciones poco
respetuosas con el principio de igualdad. En materia del derecho a la
intimidad se considera domicilio habitual el pabellón que tuviera
asignado el trabajador y, en consecuencia, entendemos que este espacio
únicamente podrá ser registrado mediante autorización judicial.
No entendemos la prohibición de toda clase de actividades políticas y
sindicales. Puede ser conveniente y enriquecedor para el servicio público
de la seguridad pública el intercambio, entre las asociaciones con
sindicatos de clase y con otros sindicatos policiales, de ciclos
formativos o de estudios conjuntos con otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, por lo que aquí hay una prevención excesiva que no
tengo ninguna duda de que en muy breve plazo de tiempo se modificará. En
todo caso, debiera delimitarse de forma clara qué es político y qué es
sindical, de esta forma evitaríamos lo que nos encontraremos cuando se
aplique la ley: toda una serie de arbitrariedades que seguramente
volverán a provocar una nueva reforma de la misma. Si la interpretación
de lo político significa dar libre albedrío, efectivamente, al mando,
esto sin ninguna duda dará lugar a situaciones no deseadas que, más tarde
o más temprano, tendremos que volver a abordar justamente en esta
Cámara.
En relación con el derecho de reunión y manifestación, en primer lugar,
consideramos que la propuesta de nuestra enmienda número 173 es más
adecuada a la libertad de asociación que la redacción contenida en el
dictamen, en tanto que como servidores públicos deben ser imparciales en
el ejercicio de sus funciones y, en segundo lugar, se ha suprimido la
prohibición de asistir a manifestaciones de carácter político, aunque se
mantiene la prohibición de convocatoria de las mismas y de reuniones de
carácter político o sindical. Para finalizar, valoramos positivamente que
se permita la reunión de trabajadores en dependencias oficiales previa
comunicación, suprimiéndose como causa de desautorización los motivos
disciplinarios.
Ministro, señorías, como hemos expuesto en nuestra valoración, podemos
concluir que se ha avanzado en cierto modo en cuanto a derechos y deberes
civiles y laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia
Civil, pero han quedado aspectos, a nuestro entender, pendientes de una
revisión. No tengo ninguna duda que la misma marcha de la aplicación de
la ley nos dará una nueva posibilidad de revisión; revisión que desde
nuestro modelo de seguridad es más necesaria y seguramente tendremos que
abordarla, más tarde o más temprano, según un replanteamiento de un
modelo global y general de seguridad pública ajustada a los tiempos y a
la realidad plural del Estado español. Con todos los peros que he
expuesto, esta ley indudablemente supone un avance innegable, un punto de
partida que con toda seguridad será revisado en un futuro muy breve,
esperamos que cada vez sea para mejor y hacia la necesaria
desmilitarización de la Guardia Civil y la unificación de las policías en
un único cuerpo, que sería un modelo policial ajustado a nuestras
necesidades y que también garantizaría un mejor servicio a la
ciudadanía.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Cerdà.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y, en particular, del señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, señoras y señores asistentes y representantes de
colectivos de la Guardia Civil. Nuevamente, y ya finalmente en este
hemiciclo, a expensas de cómo vaya en el Senado -si es que el Senado nos
lo devuelve-, esta es una ley que está en su tramo final. Es una ley
bastante mejor de lo que era en su inicio, lo cual creo que es bueno por
lo que expresa de voluntad de mejora, de consenso y de diálogo. Es una
ley que nos satisface por tres motivos: Uno, por a quién va dirigida;
dos, por sus objetivos; tres, por la actitud del Gobierno y del partido
que le da apoyo. Son tres puntos que voy a desarrollar un poco. Primero,
va dirigido a un colectivo muy importante de más de 70.000 hombres y
mujeres que tienen un día a día muy difícil. La labor de la Guardia Civil
no es fácil desde el punto de vista laboral; es una labor con un cierto
riesgo, es una labor dura, una labor complicada. También tiene dureza
disciplinaria; no son unos trabajadores normales y corrientes de
cualquier empresa que no tienen según qué disciplina. Ellos han tenido
una disciplina excesivamente férrea durante años. Por tanto, nos
satisface por que la ley va dirigida a un colectivo que reclamaba desde
hacía muchos años esta nueva ley. Segundo, nos satisface por sus
objetivos que yo resumiría en una expresión: es una ley que intenta
democratizar más la vida de la Guardia Civil. Esta ley pretende adaptar
la Guardia Civil a las realidades sociales. La sociedad evoluciona, toda
ella, pero la Guardia Civil, al ser un cuerpo excesivamente militarizado
y por su tipología, no ha evolucionado en cuanto a derechos y deberes. El
objetivo básico de esta ley se fundamenta en regular los derechos
fundamentales y libertades públicas de la Guardia Civil; derechos y
libertades que tenemos todos los ciudadanos y que hasta ahora la Guardia
Civil tenía reducidos hasta la mínima expresión. El tercer punto y
también importante, porque
es una ley que acaba mucho mejor de lo que empezó por la actitud del
ministerio, de su ministro, del Gobierno y del partido que le da apoyo.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó enmiendas y
tuvo el apoyo del Grupo Socialista y del resto de grupos en algunas que
directamente aprobadas; otras fueron transaccionadas. No todo lo que
quisiéramos, pero aun así, es suficiente para dar apoyo a esta ley.
No es una ley para tirar cohetes, señor ministro, como han dicho otros
portavoces. Curiosamente, es una ley que tendrá un gran acuerdo, a pesar
de..., un portavoz ha dicho que a pesar de esto, a pesar de aquello...
Creo que la suma es lo que da un resultado final y es una suma muy
positiva. Considero que nos hemos quedado cortos en el tema del
asociacionismo y espero, señoras y señores diputados socialistas, una
última vuelta de tuerca en el Senado en alguna cuestión básica que a
nuestro grupo le preocupa, por ejemplo, en el punto 4 del artículo 57.
¿Qué lleva al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al sí? Lo
he dicho antes al exponer los tres aspectos generales, pero lo voy a
desarrollar un poco más. A pesar de que sea una ley que podría ser mejor
-todas pueden ser mejor, he dicho muchas veces que la perfección no
existe ni en política-, es una ley positiva y buena que valoramos. ¿Por
qué vamos hacia el sí? Por aspectos básicos para las personas como la
dignidad. Creemos que es una ley que dignifica la vida laboral de la
Guardia Civil. Estos aspectos básicos los resumiría en ocho puntos, de
entre los muchos que hay. El primero es por el artículo 3, por la
igualdad, cuando dice que no podrá establecerse ni practicarse
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación
sexual o religión. Punto dos, por el derecho a la libertad personal. Los
miembros de la Guardia Civil solo podrán ser privados de su libertad en
los casos previstos por las leyes. Se acaban algunas actuaciones
discrecionales en cuanto a decisiones de rango superior, es decir, cuando
algún alto mando quería tomar alguna decisión sin basarse en la ley; el
rigor exagerado que antes decíamos. Punto tres, porque es una ley que
regula el derecho a la libertad desde el punto de vista de la intimidad y
la vida privada. Es muy importante que la Guardia Civil tenga derecho
también a la intimidad y a la vida privada. Punto cuatro, por la libertad
de desplazamiento y circulación. Es importante que tengan el mismo
derecho de desplazamiento y circulación. Convergència i Unió hizo un
especial énfasis en este tema. Punto quinto, por la libertad de expresión
e información. Punto sexto, por el derecho de asociación, grave
asignatura pendiente en la Guardia Civil que quizás se haya quedado
corto, todo sea dicho. Sin este punto, sin el derecho de asociación,
Convergència i Unió no habría dado el apoyo a esta ley, por mucha
democracia que se hubiera inculcado en la ley, por mucha voluntad, por
muchos deseos. Esto era básico. Séptimo, por la residencia y domicilio.
Convergència i Unió presentó enmiendas porque nos parecía incongruente
que un guardia civil tuviera que fijar la residencia allá donde se le
mandara. Me dijo un portavoz socialista que teníamos razón porque un
guardia civil que trabaja en Madrid, con el problema de la adquisición de
vivienda o de su alquiler, no tiene por qué comprar una casa en Madrid
donde es mucho más cara que en un pueblo a 25 ó 30 kilómetros, ni esta
ley le tiene que obligar a ello. Por tanto, puede fijar residencia donde
considere oportuno, eso sí avisando dónde está para que pueda ser
localizado en caso de urgencia. Punto octavo, por el Consejo de la
Guardia Civil. Este instrumento de participación es muy importante. Queda
un poco corto porque uno se pregunta qué significa ser oído. No está bien
regulado. Habrá que darle otra vuelta de tuerca, señores portavoces
socialistas, en el Senado y, sobre todo, en el artículo 57.4, sobre los
derechos de los miembros que forman parte de este consejo. A nosotros nos
ha gustado que nos aceptaran nuestra enmienda pero nos ha quedado un
aspecto corto, ya que cuando se refiere a los derechos de los miembros de
la Guardia Civil, en su apartado 4, dice exactamente: No discriminación
en su promoción profesional en razón del desempeño de su representación.
Nosotros pedíamos no discriminación ni profesional ni económica porque
imagínense que hay un miembro en este consejo que no cae bien al estatus
-dejamos estatus muy amplio y vagamente definido- y no se quiere que esta
persona realice su labor en este consejo y tenga algún perjuicio
económico. Esta persona no podrá formar parte de este consejo o no con la
intensidad que desee si le perjudica económicamente. Por tanto, queríamos
que fuera no discriminación en su promoción profesional o económica en
razón del desempeño. Dejamos sobre la mesa esta vuelta de tuerca para el
Senado porque el Consejo de la Guardia Civil es un buen instrumento de
participación y puente entre el Cuerpo, los mandos y el Gobierno pero le
faltan pequeñas matizaciones como esta.
Reitero nuestro voto positivo por la bondad democrática de la ley en
general. Agradezco a los guardias civiles, hombres y mujeres, que se
hayan dirigido a Convergència i Unió para hacernos llegar sus anhelos,
sus propuestas, sus deseos, sus angustias, sus reivindicaciones y también
a las asociaciones y entidades, entre ellas la Unión de Guardias Civiles
que nos ha hecho llegar propuestas serenas, positivas y muy valoradas por
Convergència i Unió y que hemos intentado incorporar. Esperamos que el
paso por el Senado sea un paso en positivo que permita que esta ley vea
la luz muy pronto, porque será una ley que, sin duda, dignificará a las
personas que trabajan en el cuerpo de la Guardia Civil. Anunciamos que
mantenemos vivas -básicamente para mandar el mensaje al Senado de que
queremos que se debatan- las enmiendas de Convergència i Unió números 33,
36, 37, 42, 43, 44, 46, 48, 50 y 51 y esperamos la misma bondad que ha
demostrado el Grupo Socialista en el diálogo en Comisión;
agradezco a sus portavoces esta voluntad de diálogo, este consenso que ha
permitido que esta ley se vaya a aprobar por unanimidad -es lo que todos
deseamos-, porque el mensaje que se tiene que enviar a los hombres y
mujeres de la Guardia Civil es que desde el Congreso queremos
unánimemente dignificar su labor, labor dura, difícil, ingrata,
incomprendida muchas veces pero, eso sí, importante.
Muchas gracias, señor ministro, por su voluntad legislativa permanente
porque creo que es bueno que el Ministerio del Interior legisle también
para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Maldonado.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y, en particular, de la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, señorías, representantes de las asociaciones, la Guardia
Civil ha tenido siempre, en todas las épocas de su historia, un exquisito
respeto a la estructura social existente. Este hecho innegable explica
que los adversarios actualmente del Estado democrático de derecho le
hayan profesado siempre una gran animadversión. No obstante, la lealtad
sostenida al Gobierno legítimo por parte de la Guardia Civil, cualquiera
que este sea, ha hecho que todos los gobiernos democráticos hayan contado
con la Guardia Civil como un eficaz y disciplinado instrumento del orden
jurídico democrático.
Señorías, hoy finalizamos uno de los debates más importantes, el referido
a una de las instituciones fundamentales de nuestro país. Hoy, señorías,
debatimos el último texto, el texto de Ley orgánica de derechos y deberes
que presentó el Gobierno en las Cortes. Nuestra opinión es que, como
saben ustedes, nosotros discrepamos y tuvimos además críticas frente a
las múltiples deficiencias de este texto. Vamos a empezar por las
deficiencias técnicas y después ahondaremos también en las de contenido.
La calidad técnica del proyecto, en especial por la falta de estructura y
sistemática y la falta de asentamiento de pautas generales útiles era una
de las críticas que nuestro grupo parlamentario presentó ante tal texto:
la clara falta de homogeneidad en la regulación más o menos rigurosa de
los límites, lagunas en la regulación, algunos aspectos de los guardias
civiles que el proyecto de ley no regula o lo hace de manera
insuficiente. Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, en un
ejercicio de responsabilidad parlamentaria, ha contribuido en este y en
el texto de Ley de régimen disciplinario a mejorar sustancialmente las
propuestas y los textos presentados por el Gobierno.
Señor ministro, no sé si usted es fenotípicamente más progresista -ha
quedado claro que no es genéticamente progresista-, pero sí debo decirle
que ha sido un ministro que ha tardado en traer estas leyes aquí, al
Congreso de los Diputados y, como este grupo le ha dicho, es un ministro
que las ha traído bajo presión de los mismos miembros de la Guardia
Civil. Por eso, señorías, nosotros les dijimos en todo momento que íbamos
a actuar con responsabilidad y considero que lo hemos hecho, que hemos
debatido con rigor y con responsabilidad como partido de Gobierno estas
leyes; pero mire, en esta, en la de hoy, las discrepancias son profundas.
Ahora bien, aunque las discrepancias sean profundas, el Grupo
Parlamentario Popular ha aportado mejoras sustanciales -todos los grupos
lo hemos hecho y todos los grupos contribuyen a mejorar, sin duda, un
texto de ley presentado por el Gobierno- y quiero hacer hincapié hoy aquí
en las mejoras sustanciales que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular.
Rechazaron ustedes nuestro texto alternativo en el que presentábamos un
modelo de derechos y deberes basado en un modelo liberal y en un modelo
de partido de Gobierno, pero nosotros presentamos a su vez las enmiendas
parciales. Vamos a destacar dónde y cómo son recogidas esas enmiendas
parciales que, reitero, mejoran de una forma importante el texto de esta
ley. El título II, señorías, se refiere al ejercicio de los derechos
fundamentales y de las libertades. Mi grupo ha aportado importantes
avances en el reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Se
recoge explícitamente la consideración del pabellón donde reside el
Guardia Civil como su domicilio y, por tanto, la inviolabilidad de dicho
domicilio. Se prohíbe la privación de libertad del Guardia Civil por
sanción en concordancia con el texto del régimen disciplinario que ya
eliminaba la sanción de arresto. El texto del Gobierno considera la
residencia del Guardia Civil como un deber, mientras que el grupo
parlamentario lo recoge como uno de los derechos con los límites que la
propia ley le impone. Y uno de los aspectos fundamentales, señorías,
señor ministro, es que se reconoce por parte del Grupo Parlamentario
Popular que el guardia civil, como ciudadano y en el ejercicio de sus
derechos cívicos, tiene derecho a asistir a manifestaciones a título
particular como persona y no como guardia civil.
En el capítulo dedicado a los deberes de los miembros de la Guardia Civil,
la novedad más importante introducida por el Grupo Parlamentario Popular
es el deber de disponibilidad del guardia civil, que se regula de tal
forma que el guardia civil pueda ser localizado en caso de necesidad para
el servicio, pero permitiéndole una cierta limitación.
Dentro del título V, el referido a los derechos profesionales de los
miembros de la Guardia Civil, el grupo parlamentario ha introducido,
señorías, importantes novedades. Se reconoce un mejor tratamiento del
derecho de la retribución de las horas extraordinarias que hasta ahora no
se había realizado y que, desde luego, era perjudicial en el abuso de la
jornada por parte de miles de guardias civiles. Se reconoce el derecho
del guardia civil a conocer con antelación suficiente su jornada, su
horario de trabajo y, en su caso, el régimen de turnos, fijándose estos
con la antelación que reglamentariamente se determine. Para el
establecimiento de los turnos, vacaciones y permisos se deberán tener en
cuenta las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar del
guardia civil y además se recoge el derecho a ser informado de los
riesgos cuando las misiones que se les asignan puedan implicar un daño
previsible para la salud y para la integridad física del guardia civil.
Señorías, con ello se demuestra, entre otras muchas, las mejoras aportadas
por el Grupo Parlamentario Popular, pero, desde luego, las discrepancias
de contenido, las discrepancias profundas radican en dos aspectos
fundamentales: el título VI y el título VII, el referido a las
asociaciones profesionales y a la estructura, composición y función del
Consejo. Señor ministro, es de todos sabido y conocido, y así se lo
trasladé en su primera comparecencia al presentar estas leyes, que el
Grupo Parlamentario Popular ya había elaborado y había trabajado en un
documento, en un previo antecedente de un proyecto de ley para regular el
derecho de asociación, pero un derecho de asociación, no un derecho que
en esta ley va más allá de lo que creemos que debe ser el derecho de
asociación profesional. Hay tres aspectos esenciales que para nosotros
establecen las diferencias claves con el Gobierno. Por un lado, la
inscripción de estas asociaciones según el texto del Gobierno se debería
hacer en un nuevo registro habilitado a tal efecto por el Ministerio del
Interior y nosotros creíamos que no era necesario. En el texto del
Gobierno se diferencia, y esto es fundamental, entre las asociaciones
representativas y el resto y sobre la base de esa articulación, señor
ministro, se articula el texto. Es una equivocación del Gobierno y una
equivocación que hoy en esta Cámara se presenta en este texto. Este texto
debe representar a todas las asociaciones y hacer partícipe a todas las
asociaciones profesionales que representan a los diferentes miembros de
la Guardia Civil y a las diferentes escalas. Otro de los aspectos
novedosos de nuestro texto es el hecho de permitir a las asociaciones
profesionales de la Guardia Civil proponer candidatos para la elección de
los vocales en los órganos de representación y de dirección de las
mutualidades, de las asociaciones y de los restantes órganos de previsión
social constituidos por miembros de la Guardia Civil. Ninguna de estas
propuestas, importantes y novedosas, han sido recogidas por el Gobierno
que, sin embargo, sí ha aceptado otras enmiendas de otros grupos y que,
desde luego, para nosotros no va a posibilitar y va a tener nuestro voto
en contra.
Con respecto al título VII, que es el que se refiere a la regulación del
Consejo de personal de la Guardia Civil, el órgano que va a sustituir al
actual consejo asesor, lo primero que nos separa del consejo es la
composición. En ambos participarán representantes de los miembros de la
Guardia Civil y de la Administración, pero nosotros creemos, señorías,
que hay una serie de miembros de la Administración General del Estado que
deben estar incluidos entre los miembros del consejo. La regulación de
las funciones del consejo era significativamente más amplia en nuestro
texto. Se posibilitaba analizar, valorar, emitir opiniones sobre
planteamientos generales derivados de una situación particular y que se
estimara el interés para el conjunto de la institución. Además, también
se le habilitaba para informar sobre planes de prevención de riesgos
laborales y, otras cuestiones que le fueran solicitadas por el director
general de la Guardia Civil. Tampoco han sido aceptadas, señorías. Señor
ministro, nosotros queríamos un consejo más participativo y, en
definitiva, más eficaz y, desde luego, rechazamos el planteamiento del
consejo que actualmente se regula en esta ley.
Hoy finalizamos este debate que hemos iniciado hace tres semanas con las
diferentes leyes orgánicas, la de régimen disciplinario y la que hoy aquí
sustanciamos. Hoy quisiera desde aquí volver a reconocer la
profesionalidad, la dedicación y el sacrificio de los miles de guardias
civiles que garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos
españoles trabajando dentro y fuera de nuestras fronteras. Para los
ciudadanos la Guardia Civil es una de las instituciones más respetada,
más querida y más valorada en nuestro Estado de derecho, por eso el Grupo
Parlamentario Popular en este trámite final previo a la remisión de las
leyes que ha presentado el Gobierno ha actuado con responsabilidad y con
rigor, pretendiendo aunar y mantener el carácter propio de la
institución, su carácter militar, con la necesaria modernización de la
Guardia Civil. De ahí que nuestro grupo, como hemos expuesto, mejorara
sustancialmente las garantías del régimen disciplinario y presentara un
texto alternativo de sustitución, al que hemos hecho referencia.
Señorías, señor ministro, queríamos mejorar sustancialmente los derechos
individuales y sociales de la Guardia Civil -ese era nuestro modelo
liberal-, y es lo que hemos hecho, como se recoge en las aportaciones que
he expuesto anteriormente, pero a su vez, señorías -esto es muy
importante-, el Grupo Parlamentario Popular quería reconocer un derecho
de asociación compatible con el carácter militar del cuerpo. Hoy hemos
escuchado a otros grupos hablar de la progresiva desmilitarización de la
Guardia Civil a través de esta ley. Para ellos se ha quedado corta y para
nosotros, señor ministro, ustedes inician un camino hacia la
desmilitarización en el que mi grupo
no va a acompañarles. Señorías, lo que se recoge en la ley que hoy
debatimos profundiza en esa progresiva desmilitarización. Además,
permítanme que les diga que ese derecho de asociación que hoy recogemos
se acerca más a un derecho de sindicación que al derecho de asociación
profesional que quiere y deseaba el Partido Popular y que se recogía en
nuestro texto. Por tanto, no van a tener nuestro apoyo, sino que van a
tener nuestro rechazo. No queremos ese camino de la desmilitarización de
la Guardia Civil. No queremos una ley de derechos y deberes que ahonde en
ello. Además rechazamos esta ley porque debe ser una ley de todas las
asociaciones, de participación de todas las asociaciones.
Señorías, señores del PSOE, señores del Gobierno, señor ministro, tras el
esfuerzo realizado por el Grupo Popular para llegar a consensos, algunos
parciales, vamos a votar en contra de esta ley. No es nuestro modelo.
Nuestro modelo es el de modernizar la Guardia Civil y mejorar sus
derechos fundamentales, sus derechos individuales y sociales y un derecho
de asociación propio de un cuerpo militar, no un derecho que se aproxime
al de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora
Sánchez-Camacho.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y,
en particular, de la señora María del Carmen Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, estamos en la legislatura de la ampliación de
derechos y libertades a la ciudadanía, y hoy este Pleno ha sido buena
muestra de ello: nuevos derechos para autónomos, para discapacitados
auditivos y también para la Guardia Civil. La Ley de derechos y deberes,
junto a la de régimen disciplinario y otras medidas que ya se han
ejecutado, eran propuestas socialistas que hicimos a la Guardia Civil en
nuestro programa electoral, pero desde el momento en que gobernamos se
convierten en compromisos adquiridos y, por tanto, en objetivos a
cumplir. Aquí no hay presión ninguna, señora Sánchez-Camacho. Es nuestro
compromiso, y lo cumplimos. Así cumple el Gobierno socialista, con un
proyecto de ley que establece un estatuto regulador propio que permite el
derecho de asociación profesional y la representación en un consejo de la
Guardia Civil. Ahí está el reconocimiento del Gobierno socialista a la
labor que hacen los miembros de la Guardia Civil, así como el
reconocimiento presupuestario y legislativo, no solo de palabra sino como
tiene que ser: presupuesto y leyes. El ministro del Interior, señor
Rubalcaba, dijo hace muy pocos días desde esta misma tribuna -recuerdo
que presentaba la Ley de derechos y deberes- que el texto estaba abierto
al diálogo. Eso es lo que hemos hecho, señor ministro, utilizar el
diálogo como método y el consenso como objetivo.
El proyecto que el Gobierno mandó a esta Cámara ha sido notablemente
mejorado -tengo que decirlo- gracias a las aportaciones de todos los
grupos parlamentarios. Mi grupo ha admitido trece enmiendas y ha pactado
veinte transaccionales. Ello ha dado como resultado la mejora de veinte
artículos y una disposición transitoria. Hemos consensuado hasta un nuevo
artículo, el número 57, como nos pidió el señor Maldonado, que no nos
acompaña ahora. Señor Rodríguez, señor Mardones, señora Navarro, señor
Olabarría, señor Cerdà, señor Maldonado y señora Sánchez-Camacho, gracias
por sus aportaciones, su conocimiento del tema y el buen ambiente que
hemos tenido trabajando juntos. Ha habido verdadera voluntad política por
parte de todos para que esta ley fuera una realidad cuanto antes, aunque
se nos haya descolgado el principal partido de la oposición. Lo
lamentamos. Lamentamos que el Partido Popular no se sume a esta ley. Por
nuestra parte, lo hemos intentado. Le hemos aceptado tres enmiendas y
hemos pactado diez transaccionales. Y ahora nos preguntamos, señora
Sánchez-Camacho, si tan contenta está usted de todas las aportaciones que
han hecho, que han sido un número importante -por lo menos han votado que
sí a trece y a gran cantidad de artículos-, ¿por qué ahora no apoyan la
ley? Usted dice que está muy contenta de esas incorporaciones, pero no
las vota a favor; si todos hiciéramos lo mismo, esta ley no saldría. Creo
que están siendo un tanto incongruentes. No nos votan porque no quieren y
porque el Partido Popular está situado -lo estamos viendo en todos los
aspectos- a la derecha de la derecha. Este que defendemos hoy no es un
modelo, es verdad, pero estoy segura de que el modelo actual tampoco lo
es. Ustedes quieren un modelo todavía mucho más retrogrado.
Hay ciertas cosas que el Partido Popular tiene que superar -lo tienen que
superar ustedes solos- para situarse en lo que hoy demandan la sociedad
española y los guardias civiles. Diputados y diputadas del Partido
Popular, estamos en el año 7, pero del siglo XXI, y parece que no se
enteran. Hoy pierden una magnífica oportunidad. Estamos seguros de que
cuando entre en vigor la ley, cuando los guardias civiles estén
disfrutando de esos nuevos derechos se arrepentirán de no haber
aprovechado este momento y haberla apoyado. El resto de los grupos
parlamentarios sí lo hemos aprovechado y con nuestro voto a favor, como
ha comentado el resto de portavoces, vamos a hacer posible entre otras
cosas que se recojan los derechos de los miembros del Consejo de la
Guardia Civil; que se mejoren las funciones del mismo; que el derecho de
asociación sea para la defensa y promoción de sus derechos e intereses
profesionales, económicos y sociales; que puedan fijar su residencia en
lugar distinto
del destino; que conozcan con antelación suficiente su jornada, su horario
de trabajo y el régimen de turnos; que puedan asistir a manifestaciones
siempre que no vistan uniforme reglamentario, porten armas y por supuesto
respeten la exigencia de neutralidad propia de la condición de guardia
civil. El derecho de asociacionismo les va a permitir participar en
órganos internacionales de su mismo carácter, como viene recogido en el
artículo 39.2.
Señora presidenta, me va a permitir que en estos momentos agradezca al
señor ministro y a todo el equipo del Ministerio del Interior, sin
olvidar tampoco a los ministerios de Defensa, Economía, Justicia,
Administraciones Públicas y Relaciones con las Cortes, la colaboración y
el apoyo que nos han prestado y sobre todo su voluntad de llegar al
consenso político. A Antonio Hernando y a Ángel Martínez Sanjuán quiero
expresarles todo mi cariño. Es un honor trabajar con personas creyentes
activas de esta ley y grandes conocedoras de la misma. Hemos trabajado
con la cabeza, pero también le hemos puesto corazón y hemos escuchado a
los colectivos y así las cosas no tienen más remedio que salir bien. Y
no, no me he olvidado de ustedes, representantes de las asociaciones; veo
a miembros de la AUGC y me imagino que también los habrá de otras
asociaciones. Bienvenidos todos. Sois los protagonistas de la ley, los
que vais a disfrutar de estos nuevos derechos. Mi grupo quiere hacer un
reconocimiento al esfuerzo de muchos guardias civiles, hombres y mujeres
que han trabajado con empeño, con ilusión, con constancia para poder
disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Hoy sin
duda vamos a dar un paso importante para consolidar una ley. Como dice mi
querido ministro del Interior: Una ley acorde con lo que se merece la
Guardia Civil y con lo que sociedad española demanda.
Termino ya. Lo voy a hacer con un chiste, una viñeta de Ortifus. En la
viñeta un ciudadano le dice a un guardia civil: Voy a leerle sus
derechos. Y el guardia civil le contesta: ¡Ya era hora!. Dentro de muy
poco la Guardia Civil va a poder leer sus derechos en esta ley
histórica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora
Sánchez.
El señor ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora
presidenta.
Consumo unos segundos de su atención con dos objetivos. El primero,
agradecer a todos los grupos parlamentario sus aportaciones a este
proyecto de ley, que va a ser votado en esta Cámara; todas son positivas
y todas han contribuido a mejorar el texto que envió el Gobierno. Por
tanto, hay que agradecer el trabajo a todos los grupos. Es verdad que
unos van a votar a favor de la ley y otros, no. Eso lógicamente establece
una diferencia, un gradiente como decía algún portavoz esta mañana aquí.
Pero ciertamente todo el trabajo es bienvenido. Dije en el momento de
presentar el proyecto de ley que teníamos voluntad de consenso y creo que
el trabajo del Grupo Parlamentario Socialista así lo ha demostrado.
Lamento que no hayamos podido incorporar todas las voluntades, como
hubiera sido mi deseo. En todo caso, quiero manifestar mi agradecimiento
también a los que no van a votar a favor porque creo que sus enmiendas
han mejorado el texto.
Quiero hacer una segunda afirmación de forma muy breve. Es verdad que los
dos textos, el que hoy vamos a votar y el que aprobamos la semana pasada
y que está ya en trámite en el Senado, el del régimen disciplinario de la
Guardia Civil, forman parte de un proyecto político de modernización de
la Guardia Civil. Como señalaba la portavoz socialista hace escasos
segundos, es un proyecto completo que tiene leyes y, por tanto, cambios
de estructura, que tiene aportes y mejoras presupuestarias, que incluye
incrementos de efectivos y mecanismos de coordinación más eficaces con el
otro cuerpo que garantiza la seguridad de los españoles, que es el de la
Policía. Todo ello es un proyecto de modernización de la Guardia Civil,
que al modernizarla sienta las bases de la Guardia Civil del siglo que
estamos estrenando y que, al hacerlo, da un horizonte de estabilidad a un
cuerpo que bien lo necesitaba desde el punto de vista de su
funcionamiento, un horizonte de estabilidad del cual solo puede derivarse
una bondad, una consecuencia, que es la mejora de la seguridad y de la
libertad de todos los españoles.
Termino como empecé, reiterando mi agradecimiento a todos los grupos
parlamentarios por su trabajo en la mejora de este texto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
ministro.
Señorías, suspendemos la sesión plenaria hasta las dos y treinta minutos
en que votaremos todas las leyes que hemos debatido hasta el punto número
37 del orden del día.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las diferentes
votaciones de los asuntos tratados ya esta mañana. Se había fijado que la
votación de la Ley orgánica relativa a la Guardia Civil no sería antes de
las dos y media; ya podemos votarla. Y respecto a la segunda ley
orgánica, para que ustedes se organicen la vuelta a casa, no se votará
antes de las cuatro de la tarde, es decir que vamos a terminar antes de
lo que habíamos previsto.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 5/2007, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS
POR LAS TORMENTAS DE LLUVIA, GRANIZO Y VIENTO QUE HAN AFECTADO EN LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2007 A DIVERSAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. (Número de expediente 130/000045.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos. Votación de la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley de 22 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas
por las tormentas de lluvia, granizo y viento que han afectado en la
segunda quincena del mes de mayo de 2007 a diversas comunidades
autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 317.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado que el real decreto-ley se
tramite como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 131; en contra, 184; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)
- PROYECTO DE LEY SOBRE COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS
FINANCIEROS DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente
121/000097.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros
destinados a los consumidores. Enmiendas al artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 151; en contra, 157; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 18.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 304; en contra, tres; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 147; en contra, 161, abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente
121/000115.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Enmiendas al apartado V del preámbulo, párrafo 15, desde introduce a 20 de
junio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; en
contra, 317.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda al artículo 27.2. c).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, uno; en contra, 314.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas a la disposición adicional decimonovena.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 306; en contra, nueve; abstenciones, una.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 316; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A
MOTOR, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE,
Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS
PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE
OCTUBRE. (Número de expediente 121/000125.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de
octubre.
Enmiendas al apartado siete del artículo primero, en lo relativo a la
modificación del párrafo primero del artículo 7.2 del texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, ocho; en contra, 174; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al apartado siete del artículo primero, en lo relativo a la
modificación del párrafo tercero del artículo 7.2 y del artículo 7.4 del
texto refundido; y asimismo enmiendas a la disposición adicional nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 147; en contra, 160; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas a los siguientes apartados del artículo primero: apartado
cuatro, en lo relativo a la supresión del segundo párrafo del artículo
4.3 del texto refundido; apartado siete, en lo relativo a la supresión
del párrafo segundo del artículo 7.6 del texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 141; en contra, 168; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas a los siguientes apartados del artículo primero: resto de
enmiendas al apartado cuatro y enmiendas al apartado siete, en lo
relativo al primer párrafo del artículo 7.6 del texto refundido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 147; en contra, 161; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al apartado siete del artículo primero, en lo relativo al
artículo 7.5 del texto refundido y las enmiendas a los apartados dos y
tres del artículo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 15; en contra, 166; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al apartado ocho del artículo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 141; en contra, 167; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas a los apartados diez y trece del artículo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 315; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIONES.)
ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES
NUCLEARES, HECHA EN VIENA EL 8 DE JULIO DE 2005. (Número de expediente
110/000220.)
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
MALI, HECHO EN MADRID EL 23 DE ENERO DE 2007. (Número de expediente
110/000221.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
RELATIVO A LOS PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA OMM
SOBRE "CONDICIONES DE VIDA SEGURAS Y SOSTENIBLES: BENEFICIOS SOCIALES Y
ECONÓMICOS DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS",
HECHO EN GINEBRA EL 26 DE FEBRERO DE 2007. (Número de expediente
110/000222.)
- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPÍA, HECHO EN ADDIS ABEBA EL 30 DE ENERO DE
2007. (Número de expediente 110/000223.)
- ACUERDO RELATIVO A LA INCORPORACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA A LA
ORGANIZACIÓN DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO (SEAMEO), EN
CALIDAD DE MIEMBRO ASOCIADO, HECHO EN NUSA DUA EL 14 DE MARZO DE 2007.
(Número de expediente 110/000224.)
- CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, HECHO EN FLORENCIA EL 20 DE OCTUBRE DE
2000. (Número de expediente 110/000225.)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día, relativo a los dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.)
¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de alguno de
los dictámenes referidos? (Pausa.) En tal caso, se somete a votación
conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad
de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda
así la Cámara? (Asentimiento.) Quedan aprobados los referidos
dictámenes.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCE Y REGULA LA LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS
PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS. (Número de
expediente 121/000073.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley por la que se reconoce y
regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas. Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 316.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS
MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000131.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley orgánica reguladora de
los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. En primer
lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, votación en bloque de
las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, a
favor, 24; en contra, 291; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Mixto. Señor Mardones. Votación en bloque de las
enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, tres; en contra, 295; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 16; en contra, 287; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Vasco. Votación en bloque de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 26; en contra, 285; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación en bloque de las
enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 27; en contra, 289; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación en bloque de
las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 24; en contra, 288; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Grupo Parlamentario Popular. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 132; en contra, 184.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a votar el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 186; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Esta ley, al tener carácter orgánico, necesita una
votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 183; en contra, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Muchas gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN.)
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985,
DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente
122/000088.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos. Proposición de Ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General. En primer lugar, turno a favor de las enmiendas por
diez minutos. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa. Cuanto antes empecemos, antes concluiremos
la sesión. Tiene la palabra, para la defensa de sus enmiendas, la señora
García Suárez. (Continúan los rumores.) Silencio, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy debatimos la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en la que se plantean tres
modificaciones de tres aspectos diferentes. En primer lugar se modifica
la publicidad de las operaciones de determinación definitiva del número
límite y locales de las secciones electorales y de sus mesas y de la
aplicación de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información.
En segundo lugar, se modifican las especialidades que presenta el voto
por correo para determinados colectivos temporalmente ausentes. Y en
tercer lugar, se modifica el ejercicio del derecho de sufragio por parte
de las personas invidentes. Me voy a referir exclusivamente al tercer
aspecto, que, en definitiva, corresponde a la proposición de ley que mi
grupo presentó. No obstante, he mencionado los tres aspectos de reforma
de la Ley de Régimen Electoral General porque hoy se debatirán y se
votarán los tres.
Dicho esto, quisiera comenzar por decir que hoy es un día muy especial
para muchos ciudadanos con discapacidad que se consideran minorías, que
luchan por su autonomía y su independencia personal y que cada día libran
una batalla sorda por alcanzar la igualdad de derechos políticos,
culturales y de todo orden. Los poderes públicos, las instituciones y los
propios colectivos luchamos, unos de una manera y otros de otra, para
avanzar en aspectos como los que hoy vamos a debatir en esta ley y como
los que también hemos tenido la satisfacción de aprobar anteriormente con
la regulación de la lengua de signos. En ocasiones este avance se produce
por la tenacidad de los ciudadanos, por la participación ciudadana, la
participación democrática, que cuesta muchas veces concretar. Pues bien,
en primer lugar quisiera felicitar al representante de la Asociación
catalana por la integración del ciego (ACIC), José Ángel Carrey, que nos
acompaña y que es una persona invidente, aragonés, afincado en Cataluña y
que hace ya cuatro años, como un ciudadano normal, inició una serie de
actuaciones que han llevado a que hoy estemos aquí en esta Cámara
aprobando -seguro que va a ser así- esta modificación. En definitiva, lo
que esta entidad -y en su nombre José Ángel Carrey- se planteaba era que
se eliminara una barrera y una discriminación que se planteaba hasta hoy
en la Ley del Régimen Electoral, concretamente en el artículo 87: que los
electores que no sepan leer o que por discapacidad estén impedidos para
elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y para entregarla al
presidente de la mesa pueden servirse para estas operaciones de una
persona de su confianza, y no decía nada más la ley. Esta entidad, esta
participación ciudadana, todas estas personas que han insistido y han
conseguido que hoy estemos aquí planteaban que esto era una
discriminación porque no se aseguraba en absoluto el derecho a ejercer el
voto en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, con la misma
privacidad que el resto de ciudadanos. La modificación que hoy se plantea
es añadir al artículo 87 un segundo punto que dice: No obstante, el
Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un
procedimiento de votación para los discapacitados visuales que les
permita ejercer su derecho de sufragio garantizando el secreto del voto.
De esta forma, hoy vamos a aprobar el compromiso del Gobierno, previo a
una regulación posterior, para garantizar ese derecho que esperamos que
sea ya posible en las próximas elecciones generales, tanto para el
Congreso como para el Senado, porque esta es la expectativa que
verdaderamente tenemos en estos momentos.
Voy a comentar la historia de esta iniciativa muy brevemente. De hecho, en
septiembre de 2004 se aprobó ya en Comisión. La proposición de ley que
hoy estamos debatiendo ha tenido un largo camino y su tramitación estuvo,
lamentablemente, paralizada durante mucho tiempo, lo que ha impedido que
en las pasadas elecciones municipales y autonómicas hayan podido ejercer
el derecho al voto todas estas personas, miles y miles de personas.
También ha habido una propuesta, liderada precisamente por la entidad
ACIC, que se presentó en el registro del Congreso con 21.011 firmas de
ciudadanos y ciudadanas que pedían que se tuviera en cuenta esta
modificación de la ley. También se han presentado y aprobado un centenar
de mociones en muchísimos ayuntamientos de toda Cataluña, en este caso,
en las que se pedía a la Cámara una solución. Asimismo se ha pronunciado
favorablemente el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges, de la
Generalitat de Cataluña. Ha llegado por fin este día, pero si he
comentado todo esto ha sido porque creo que a pesar de la satisfacción
-que es mucha- debemos reflexionar sobre por qué se ha producido esta
lentitud y qué ha ocurrido para que no hayamos dado respuesta ya desde
hace dos años, cuando seguramente tendríamos que haberlo hecho. A pesar
de eso, hoy estamos en la recta final. No estamos decidiendo cómo y de
qué forma y qué sistema se va a utilizar. Esto tendrá que hacerlo un
reglamento, por lo que aquí estamos depositando la confianza en el
Ejecutivo, en el Gobierno para que acelere los trámites que han de llevar
a encontrar el mejor sistema; un sistema que dé amplia solución y que
seguramente deje las puertas abiertas también para que en el futuro, si
hay nuevas posibilidades tanto tecnológicas como de otros sistemas, se
puedan tener en cuenta también, por lo que no se cierra solamente al
sistema Braille, pero que se acelere para que en las próximas elecciones
esto sea posible. Seguro que hay muchos más temas pendientes: la
accesibilidad a la cultura, las barreras de comunicación, la defensa del
Braille en toda su amplia connotación, tanto en el etiquetado en Braille
como en otros medios accesibles en productos alimentarios y de uso
diario; algo básico para el día a día de las personas invidentes y que,
además de ser invidentes, incluso viven solas y desean tener una vida
realmente autónoma.
Volviendo a la reforma que hoy aprobamos, además de valorarla muy
positivamente y valorar el consenso político alcanzado, como ya he dicho
anteriormente, queremos resaltar algunos aspectos. Primero, el hecho de
que, a pesar de que mantenemos nuestra enmienda número 27, sabemos que no
va a ser aprobada, sabemos que en esta enmienda no va a haber consenso,
pero para nosotros es una manera de decir que hubiéramos querido que se
introdujera porque es más garantista, desde nuestra visión, porque en
definitiva hubiera asegurado que la reforma que va a efectuarse
posteriormente quedara ya regulada por ley. No obstante, quiero resaltar
el hecho de que la reforma legal y posterior regulación gubernamental sea
de carácter básico. Este es un tema muy importante para garantizar la
uniformidad del sistema en todo el territorio del Estado. También es
importante la supresión del concepto defecto físico del artículo 87, que
es arcaico e incluso me atrevería a decir que ofensivo. Asimismo es
importante la introducción de un doble sistema ya experimentado en el
derecho comparado para garantizar el secreto del voto a los invidentes
como es el llamado método sueco para las listas cerradas y el sistema
alemán o de plantillas para las listas abiertas. Y es importante el
carácter abierto de la reforma a innovaciones posteriores.
Hoy es un día histórico para el avance de los derechos políticos de las
personas ciegas en España; un día histórico porque hace muy poco -lo
repito- hemos aprobado otra ley también garantista, la Ley de la lengua
de signos, que junto con esta debería hacer que un día como hoy quedara
señalado en cuanto a avances en políticas de garantía en derechos
sociales. Quisiera aprovechar mis últimos segundos para decir que que con
esta reforma electoral un número importantísimo -más de 60.000 invidentes
en todo el Estado español- van a poder beneficiarse del ejercicio del
derecho al voto con
la misma privacidad que el resto de ciudadanos, y además quiero poner el
acento en una cuestión, que es el método utilizado en esta participación
democrática. Efectivamente, a través de una entidad como ACIC, a través
de una persona que la ha liderado, se ha conseguido que una petición que
empezó con unos toques de atención a unos grupos parlamentarios -que
nuestro grupo hizo suya y después ha habido una aceptación general-, a
través de la participación ciudadana, hoy estemos aquí reformando la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General y permitiendo un avance
importantísimo. Esto lo digo, en definitiva, para animar a la ciudadanía
a que utilice todos los métodos posibles de la democracia participativa
de nuestro sistema para hacer llegar todas aquellas cuestiones que
todavía están por mejorar en nuestro sistema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Señor Tardà, por
favor.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar debemos felicitarnos por la reforma de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General que hará posible que por fin las
personas con deficiencias visuales o invidentes puedan gozar plenamente
del derecho constitucional al voto secreto, aun cuando tengamos que
subrayar que es una lástima que esto no suceda hasta treinta años después
de las primeras elecciones democráticas. Con esta ley que vamos a aprobar
el Gobierno podrá hacer realidad lo reclamado y reivindicado desde hace
tantos años. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se congratula
de haber podido participar a través de la actividad del grupo
parlamentario, tanto en la Comisión Constitucional de este Congreso como
a través de sus senadores. Igual que el resto de grupos parlamentarios,
hemos aportado iniciativas parlamentarias en la forma de proposiciones no
de ley, por cierto aprobadas, a favor del reconocimiento del código
Braille como código de lectura y escritura de las personas ciegas y de su
uso en las administraciones y en la vida cotidiana, y hemos participado
en su acción de presión y control hacia el Gobierno para que no
desfalleciera en el compromiso adquirido de hacer realidad el voto
secreto para las personas invidentes en esta legislatura. Los
republicanos, igual que el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara,
nos pusimos al servicio de las entidades y asociaciones que agrupan a las
personas invidentes o con discapacidad visual. Gracias a ellas, hemos
podido presentar un buen número de enmiendas que han culminado el trabajo
con satisfacción. Dotamos al Gobierno del instrumento necesario para que
pueda actuar diligentemente y de manera eficaz, que es lo que corresponde
hacer al Poder Legislativo. Pero no nos engañamos, todavía queda un largo
camino para la normalización e integración de las personas con alguna
discapacidad.
Esquerra entiende y subraya que la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General debería ser debatida en su totalidad, pero mientras los grandes
partidos de esta Cámara no se decidan a abordarla son necesarias reformas
en la ley para su mejora. Una de ellas, la antes mencionada. Pero el
Gobierno, con buen criterio a nuestro entender, consideró la necesidad de
aprovechar el proceso de modificación de la Loreg para introducir otro
cambio, en concreto resolver el problema de las grandes dificultades con
que se encuentran los ciudadanos y ciudadanas residentes ausentes
temporales para emitir el sufragio. Con la misma legitimidad, y si se me
permite con el mismo buen criterio, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana consideró que debería aprovecharse la modificación de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral para introducir nuevas modificaciones que
ya fueron defendidas, debatidas y no aceptadas en la Comisión
Constitucional, razón por la cual hoy este diputado las trae al Pleno.
Las enmiendas van en dos sentidos. En primer lugar, se reclama que entre
la fecha del decreto de convocatoria y hasta la fecha de las elecciones
las administraciones públicas competentes en el ámbito afectado por el
proceso electoral no realicen actos de inauguraciones, etcétera. Desde la
radicalidad democrática a la que estamos obligados, y con el fin de
frenar tendencias y abusos que llevan a la erosión del sistema
democrático cuando no a situaciones esperpénticas que en nada contribuyen
a dignificar el proceso electoral, pedimos la inclusión de este mandato
en la ley madre del mismo proceso. De igual manera entendemos que debe
incluirse en la ley la regulación del plurilingüismo en todo el proceso
electoral. También debe quedar fijada la garantía de las distintas
lenguas cooficiales; el catalán, el gallego y el euskera tienen que ser
objeto de inclusión explícita en la ley en todo lo relacionado con la
campaña institucional: papeletas, sobres de votación y cualquier acto de
comunicación. En definitiva, lo que se hace, y también lo que no se hace
y se debería hacer lo queremos en la ley orgánica. Finalmente, el resto
de enmiendas que quedan vivas es relativo a la rectificación de aquellos
puntos que mediante la Ley de Partidos del año 2002, que impulsó el señor
Aznar, modificaron la Ley Electoral con la única intención de prohibir la
concurrencia a las elecciones a un partido político independentista
vasco. Ya en su momento, dijimos -nosotros no utilizamos dobles
lenguajes- y lo seguimos pensando hoy que estas modificaciones suponían
una grave agresión a la libertad de expresión y de representación
política, socavando con ello la legitimidad de un Estado que se denomina
de derecho y democrático. No vamos a juzgar los motivos por los que el
Partido Socialista dio apoyo a dichas reformas pero sí queremos decirles
que las circunstancias han cambiado, entre otras cosas porque los pasos
que ha
dado el Gobierno socialista, que reconocemos como necesarios y valientes,
con el apoyo de esta Cámara a favor de los escenarios de diálogo -que son
los únicos que algún día permitirán resolver el conflicto entre Euskal
Herria y España- configuran un escenario diferente y allanan el difícil
camino hacia la paz. Desgraciadamente, la coyuntura hoy no es la misma
que la del día que presentamos nuestras enmiendas debido al rompimiento
de la tregua por parte de ETA, hecho que lamentamos y denunciamos, pero
seguimos creyendo, como representantes del republicanismo catalán y
coincidiendo con más del 80 por ciento de la población vasca, que solo
hay un camino y para andarlo es necesario que el Gobierno español y este
Parlamento sean lo suficientemente valientes y demócratas para no
enfrentarse a aquellos que violan el Estado de derecho con otras
violaciones del Estado de derecho porque, entonces, deja de serlo.
Ustedes elijen. Si su elección fuese mantener la política más
reaccionaria del Partido Popular, creemos que se equivocarían; se
equivocarían manteniendo solo las medidas represivas y limitadoras de
derechos como el de expresión o el de pluralismo político, entre otros
argumentos, porque no solo todo el Parlamento español -a excepción del
Partido Popular- ha dado un importante giro para acabar con el conflicto
vasco, sino porque también lo ha hecho una buena parte de la izquierda
abertzale. No regresen ustedes a las posturas más reaccionarias porque
con ello abonan el camino a las posiciones más radicales del otro lado;
no permitan que todas aquellas personas -que son muchas- de la izquierda
abertzale que apuestan por la definitiva resolución del conflicto en este
momento histórico regresen sobre sus pasos para justificar las tesis más
duras. No les den motivos porque, con ello, no ganan ustedes ni la
sociedad vasca, ni siquiera la sociedad española, solo ganan aquellos que
unilateralmente han roto el proceso excusándose en la intransigencia del
Estado y del Gobierno español. Ustedes elijen y hoy con su voto pueden
hacerlo, pero tengan claro que es un paso adelante, esperemos que sin
retorno. Pedimos, pues, que voten a favor de nuestras enmiendas, en
contra del recorte a las libertades que supuso la Ley de Partidos.
Por supuesto, muchas felicidades a los representantes de las entidades que
agrupan a las personas invidentes. Ellos sabrán entender perfectamente
que, de la misma manera y con la misma honestidad y valentía que hemos
defendido sus posiciones, defendemos también las contenidas en estas
enmiendas, porque no se puede ser demócrata solamente para una parte sino
que se es demócrata para todo. Y, por supuesto, felicitamos a la
Associació Catalana per a la Integració del Cec -ACIC- y a su presidente,
señor Carrey, porque posiblemente sin su aportación y la de sus
compañeros hoy no estaríamos aquí defendiendo lo que hemos defendido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa.) Pasamos a fijar
posición. Doña Olaia.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Queremos aprovechar este turno de fijación de posiciones en relación con
esta modificación puntual de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen
Electoral General, para, previamente, resaltar dos cuestiones que, desde
nuestro punto de vista, son significativas en el día de hoy a propósito
de este debate. Una, que llega a esta Cámara a través de un grupo
parlamentario una iniciativa impulsada por la sociedad civil y, otra, que
es una proposición de ley, la primera en esta legislatura, que remata una
tramitación después de que otras fueran también admitidas a trámite en el
debate en Pleno en su momento. Por lo tanto, la felicitación a toda la
Cámara pero también de una manera especial al grupo que en su momento
hizo la presentación y la propuesta de esta proposición de ley.
Otra cuestión significativa desde nuestro punto de vista es que la
modificación que se hace, puntual como digo, de esta ley orgánica vuelve
a incidir en algo que para nosotros es muy importante, la igualdad -en el
día de hoy hemos tenido otra ocasión de avanzar en la igualdad, el caso
de la lengua de signos-, la igualdad del derecho de los ciudadanos y
ciudadanas, independientemente de la situación particular que, como en
este caso, puedan significar determinadas discapacidades; en el caso
concreto de lo que se regula en el artículo 3 de esta proposición de ley
y que modifica el artículo 87 de la Ley orgánica en relación con el
derecho a la privacidad de aquellas personas que tienen una situación de
discapacidad visual. Por tanto, nos parece importante avanzar en esa
dirección de garantizar a todos los ciudadanos esa igualdad, esas
condiciones de las que ya están disfrutando otras personas que no tienen
esas características. Pero también tenemos que resaltar en esta
modificación otra cuestión que para nosotros es muy positiva y es el
acuerdo al que se llega en el artículo 2, que modifica el artículo 74 de
la Ley Orgánica Electoral y que está relacionado con que el Gobierno
tenga que elaborar la reglamentación correspondiente para garantizar a
personas que temporalmente están en el exterior su derecho a voto y, al
mismo tiempo, garantizar también algo que nuestro grupo lleva reclamando
durante muchos años porque es un problema, una realidad que se pone de
manifiesto en todos los procesos electorales: el derecho al voto de
aquellas personas que en el momento de la votación estaban en su lugar de
trabajo, una embarcación, ya sea pesquera, mercante o de la Armada, y,
por los plazos que la ley establece en el voto por correo, era
completamente imposible que pudieran ejercer su derecho a voto a través
de este sistema. Por tanto, nos parece importante que el Gobierno elabore
ese reglamento
para posibilitar esta garantía de voto a estas personas y, en
consecuencia, vamos a votar a favor de la propuesta que hoy nos llega al
Pleno.
Queremos, señor presidente, aprovechar este debate para poner de
manifiesto otra cuestión que nuestro grupo lleva reclamando desde hace
tiempo y sobre la que hace aproximadamente un par de meses acordamos una
moción consensuada en esta Cámara, nada más y nada menos que una
modificación algo más que puntual, una modificación más profunda de la
Ley Orgánica General Electoral en el sentido concreto de garantizar el
voto en urna de los ciudadanos españoles en el exterior. Como el señor
Tardà explicó antes, esta Ley Electoral necesitaría también otros
cambios, sobre todo relacionados con el proceso reglamentario, el derecho
al voto y en lo que es la cuestión de la campaña electoral, pero desde
luego nos daríamos por satisfechos si para las próximas elecciones
generales se pudiera llegar a acuerdos en esta Cámara sobre la
modificación de la Loreg en los aspectos relacionados con las garantías
del voto de los ciudadanos en el exterior, concretamente garantizar el
voto en urna, independientemente de otras modificaciones que también
explicitamos en el debate de la moción a la que antes hacía referencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Vasco. Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
De manera esquemática, nuestro grupo está a favor del texto presentado a
través de dictamen a la Cámara en el sentido de que se trata de los
puntos en los que hemos coincidido todos los grupos que tenían que ser
modificados. Al mismo tiempo, consideramos que la regulación exhaustiva,
específica, de la problemática que aparece en el mismo sería muy
complicada y, en ese sentido, entendemos conveniente su remisión al
Gobierno para regulación a través de reglamento y además, de esta manera,
abrir la posibilidad de una mayor modificación, a medida que los
elementos que puedan utilizarse en la votación faciliten ese proceso de
voto, puede modificarse de una manera más sencilla el ordenamiento
jurídico a través de ese reglamento. Consideramos que es esencial abordar
el voto por correo del personal embarcado, del personal de las Fuerzas
Armadas y de aquellas personas que están temporalmente en el extranjero.
En este sentido, tampoco se parte de cero, hay algunas medidas que
incluso la Junta Electoral Central ha dado por buenas y esperamos que se
tomen en cuenta, como el acuerdo de 12 de abril de este año en el que se
señala, en relación con los buques de la Armada, marina mercante o flota
pesquera, que cuando no pudieran remitir la solicitud y certificado de
inscripción en el censo electoral a que se refiere el artículo 72 de la
Loreg mediante radiotelegrafía, pueda y deba entenderse admisible su
remisión mediante correo electrónico o fax en la medida en que dichos
procedimientos no disminuyen las garantías electorales y su admisión
favorece una mayor efectividad en el ejercicio del derecho de sufragio
por el personal embarcado. Estas y otras medidas que esperemos que se
puedan plasmar en el reglamento de manera que faciliten en su máxima
extensión el derecho al voto contribuirán a la mejora de los derechos de
los ciudadanos. En este sentido, consideramos también lógica la extensión
de estas medidas a las votaciones en las elecciones a asambleas
legislativas de comunidades autónomas.
Por último, me gustaría señalar, que no podemos apoyar algunas de las
enmiendas. Como ya he explicado, no podemos apoyar las enmiendas de
Izquierda Unida -que nos abstendremos- y en cuanto a las enmiendas de
Esquerra Republicana nuestra votación va a ser favorable. Digamos que hay
tres bloques claros. Uno es el referente a las modificaciones efectuadas
a través de la Ley de Partidos. Nuestra posición contraria a la Ley de
Partidos es de sobra conocida y no voy a ahondar en ella. Por tanto,
votaremos a favor de esas enmiendas. En segundo lugar, hay una enmienda
que propugna una prohibición de inauguraciones oficiales desde la misma
fecha del decreto de convocatoria. En relación con esto recuerdo que
recientemente se presentó en esta Cámara una proposición de ley por parte
del Parlamento foral navarro, traída por UPN -léase Partido Popular- y
por el Partido Socialista, que fue aprobada por los grupos mayoritarios y
también por los minoritarios, por el conjunto de la Cámara. Desde ese
punto de vista, y teniendo en cuenta que su contenido era el mismo que el
de la enmienda, no entendemos por qué no se ha aprovechado más. Además,
recuerdo que en aquel debate de presentación de la proposición de
modificación de la ley por parte del Parlamento foral navarro se comentó
que se podía aprovechar esta otra iniciativa ya en curso para introducir
el mismo contenido. En consecuencia, no entenderíamos una votación
negativa a esa enmienda 57 de Esquerra Republicana. Por último, también
apoyaremos el tercer bloque, la enmienda 59, que se refiere a la
cooficialidad de los idiomas y su plasmación en el ámbito electoral. En
cualquier caso, sea cual sea el resultado de estas enmiendas, votaremos a
favor del conjunto de las medidas propuestas en el dictamen de esta ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en el debate de la proposición de ley
orgánica de modificación
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, conocida por el acrónimo
de Loreg. Nuestro grupo se ha mostrado favorable y proactivo en este
proyecto de superación normativa desde el comienzo de los trabajos
legislativos y en sus diversas fórmulas de iniciativas parlamentarias, y
se ha manifestado positivamente, con pequeños matices, en todos los
pronunciamientos de las diversas fases del proceso normativo, en contacto
y alentados constantemente con y por las entidades y asociaciones
promotoras de esa iniciativa de respeto y mejora de los derechos
democráticos básicos relativos al ejercicio del voto por parte de las
personas invidentes. Algunos de sus representantes están presentes en la
tribuna, y aprovecho para saludarlos y agradecer su colaboración,
especialmente a don José Ángel Carrey, como se ha dicho por los que me
han precedido en el uso de la palabra.
Ya a comienzos de esta legislatura nuestro portavoz en la Comisión
Constitucional, señor Xuclà, defendió una proposición no de ley en dicha
Comisión, que prosperó, que instaba al Gobierno a resolver ese déficit
democrático para las personas invidentes relativo al respeto a su
intimidad en el ejercicio del voto y, finalmente, esto mismo va a
reconocerse a través de la proposición de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Cataluña Verds, lo que nos complace. No cabe duda de
que este proyecto representa un avance muy significativo en el camino de
la máxima normalización posible en el ejercicio de los derechos
democráticos, una de cuyas expresiones máximas es la emisión del voto de
todos los ciudadanos, sean cuales sean sus condiciones y capacidades
físicas. En nuestro país existía un colectivo importante de personas, en
este caso las invidentes o con dificultades graves de visión, que no
tenía garantizada su autonomía personal y, por tanto, el secreto en el
momento de la emisión del sufragio. Esta modificación normativa prevé esa
circunstancia, que es muy valorada por las personas afectadas. Nuestro
grupo se ha implicado activamente en la tramitación y debate de este
proyecto de ley a través de su ponente, el señor Xuclà, y ha presentado
once enmiendas, algunas de las cuales han sido incorporadas vía
transaccionales, y ha acordado con el Gobierno que concrete en la norma
el modelo que se aplicará para garantizar el derecho del voto secreto de
las personas invidentes y que acote su desarrollo reglamentario en un
máximo de seis meses, para que se pueda aplicar en las próximas
elecciones generales, si no se adelantan obviamente.
Nuestro grupo ya se ha manifestado en cuanto al modelo que la norma debe
recoger en sus términos básicos, para que más tarde y de forma
reglamentaria se desarrolle de forma más pormenorizada, pues entendemos
que el Parlamento no puede dar un cheque en blanco al Ejecutivo en esta
materia tan sensible y de tanta relevancia como es garantizar el voto
secreto de las personas invidentes. Concretamente, nuestro grupo,
habiendo observado y valorado diversos modelos, se pronuncia a favor del
modelo sueco de voto en braille, en virtud del cual se facilita a los
votantes acreditados de discapacidad visual tantos sobres distintos como
opciones electorales concurran a los comicios, con la identificación de
las diversas opciones políticas escritas en braille y en lenguaje
convencional en su superficie. Cada uno de ellos contendría una papeleta
de uso ordinario para todos los ciudadanos en el caso del Congreso de los
Diputados, comunidades autónomas y ayuntamientos, y de una plantilla
-llamado también método alemán de plantilla- con los nombres de los
candidatos al Senado. Los votantes invidentes pueden, en la intimidad,
extraer el voto del sobre correspondiente en braille o marcar sus
opciones a través de la plantilla en braille en el caso del Senado,
introducir la o las papeletas en un sobre ordinario y depositarlo en la
urna correspondiente. Insistimos en la importancia de esa modificación
legal de una ley orgánica, básica y que forma parte del bloque
constitucional, que no aconseja dejar abierta a una remisión
reglamentaria la opción por el modelo de voto que debe desarrollarse,
sino que debe fijarlo la ley y establecer que el reglamento entre en los
detalles y pormenores del modelo previamente definido.
Nuestro grupo, como he dicho, transaccionó tres enmiendas en la ponencia,
entre las cuales había alguna de carácter semántico y conceptual en
relación con la consideración de los implicados en esta norma que nos
parecía importante -se ha citado antes en la intervención de la señora
García-, en cuanto a la definición de las personas con dificultades en la
visión. El resto de las enmiendas han sido retiradas en virtud del
compromiso del Gobierno formulado en esta sede de contemplar el sentido
de nuestras propuestas y pretensiones definiendo específicamente el
sistema concreto del voto, atendiendo por nuestra parte el argumento
gubernamental de que las modificaciones e innovaciones tecnológicas
futuras pudieran invalidar o dejar obsoleta la norma orgánica en el caso
de que se delimitara excesivamente la metodología del voto y pactando
asimismo el compromiso temporal de la tramitación del reglamento a seis
meses, en el bien entendido de que la Cámara fuera también informada del
proceso de elaboración reglamentario.
Reconocemos la buena disposición del Gobierno, a través de su directora
general de política interior, para llegar a acuerdos y conseguir el
consenso en esa modificación de la Loreg. Nuestro grupo valora
especialmente esa circunstancias, la del consenso, la de la unanimidad
que entendemos va a producirse en esta reforma de la normativa electoral,
expresión máxima del espíritu democrático, consenso que se dio tanto en
su formulación inicial como en sus sucesivas reformas y que defendemos
que siga produciéndose también en el futuro en un tema tan básico como es
la normativa electoral, y así nos manifestamos en esta sede.
Anuncio nuestro voto favorable al conjunto del proyecto de ley y a la
enmienda 59 de Esquerra Republicana,
que permanece viva y contiene la referencia lingüística, y nuestra
abstención en el resto de las enmiendas vivas tanto de Esquerra como de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Concluyo felicitando especialmente a los colectivos que van ver hoy
colmadas sus legítimas aspiraciones de respeto a su derecho fundamental
de voto secreto mediante la presente ley y su futuro e inmediato
-esperamos que el Gobierno lo cumpla- desarrollo reglamentario. Les
emplazo -aprovecho la ocasión- a la participación democrática plena en
las próximas citas electorales.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Popular. Señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
Lo primero que quisiera poner de manifiesto es que las enmiendas que han
quedado vivas y que han defendido hoy los representantes de los grupos de
Izquierda Unida y de Esquerra Republicana cuentan con un respaldo mínimo,
como se ha puesto de manifiesto en el día de hoy. Además, las enmiendas
que ha defendido el representante del Grupo de Esquerra Republicana no
tienen absolutamente nada que ver -como él mismo ha reconocido- con el
objeto de la reforma de la Ley Electoral que nos ha ocupado en la
Comisión Constitucional desde hace algún tiempo y cuyo dictamen viene hoy
a esta Cámara. Esto sería motivo más que suficiente para justificar su
rechazo, pero algunas de las argumentaciones que ha empleado el señor
Tardà requieren algo más, por lo menos por mi parte. Los artículos 44.4,
49.5 y 127.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que son
algunos de los que se pretende modificar con sus enmiendas, se refieren a
las agrupaciones de electores herederas de formaciones políticas
ilegalizadas o, si se prefiere, herederas de un partido político
declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido. El señor Tardà
nos habló en la Comisión de radicalidad democrática y precisamente por
ser radicalmente democrático mi grupo va a votar rechazando sus
enmiendas. El Grupo Parlamentario Popular será siempre radicalmente
democrático en la defensa de la Ley de Partidos Políticos y defenderemos
que es radicalmente democrático que las candidaturas herederas de
formaciones ilegalizadas no puedan presentarse a unas elecciones. Los
partidos políticos tienen que servir a la democracia y no al terror. Por
eso, no pueden estar en las instituciones democráticas los partidos que
legitiman la violencia para alcanzar objetivos políticos. La violencia es
la antítesis de la democracia y la Ley de Partidos Políticos no es, como
pueden pensar algunos, entre otros el señor Tardà, un atentado contra las
libertades democráticas sino, antes al contrario, una ley de garantía
democrática de nuestro sistema. Para algunos, entre otros el señor Tardà,
la Ley de Partidos Políticos es una barbaridad y para nosotros es un
acierto democrático.
Señor presidente, pasando a lo que nos interesa, el Grupo Parlamentario
Popular ve muy positivamente esta reforma de nuestra Ley Electoral, que
en un principio tenía por objeto garantizar el secreto de voto de las
personas invidentes y que hemos aprovechado, siguiendo un acuerdo
alcanzado por unanimidad en esta Cámara, para que se pueda articular un
procedimiento que permita ejercer su derecho de voto a los ciudadanos que
se encuentren temporalmente en el extranjero entre la convocatoria de un
proceso electoral y su celebración. Quisiera poner de manifiesto el
esfuerzo de todos los que han participado en los trabajos de la ponencia.
Voy a citar algunos nombres porque realmente han sido grandes
colaboradores, me estoy refiriendo al señor Aranda, del Grupo Socialista;
a mi compañero Bermúdez de Castro; al señor Xuclà, que no van a
intervenir en este debate en el día de hoy pero que han hecho un esfuerzo
que ha hecho posible traer a este Pleno un dictamen aprobado por
unanimidad en la Comisión Constitucional. El dictamen, como digo, ha
contado con el acuerdo unánime de la Comisión Constitucional, lo cual en
esta materia es esencial. Es esencial que cuando se trate de modificar o
reformar las reglas del juego democrático se cuente con un respaldo más
que mayoritario, a ser posible cercano a la unanimidad. En este caso nos
hemos puesto de acuerdo en lo que era la finalidad y la razón de ser de
la reforma propuesta, una reforma que se centra, como ha dicho la señora
García Suárez, en tres aspectos. Una primera medida que además de
incorporar las nuevas tecnologías tiene como finalidad reducir los gastos
en el proceso electoral. El artículo 24 de nuestra ley obliga a publicar
en los dos periódicos de mayor difusión provincial la relación definitiva
de secciones, mesas y locales electorales. Con independencia del problema
que en algunos casos se ha suscitado a la hora de elegir esos dos
periódicos, toda vez que en algunas provincias hay más de dos periódicos
locales no sujetos a controles de tirada y difusión, lo cierto y verdad
es que con las nuevas tecnologías no parece necesario que aquella
información se tenga que seguir realizando en papel en la medida en que
la difusión por Internet nos parece más que suficiente. Esto va a suponer
un ahorro que se suma al de otras reformas efectuadas con anterioridad,
en aras a conseguir una mayor austeridad en las campañas electorales.
Pero si esta reforma es importante en sí misma, todavía lo son más
aquellas otras que tienen como finalidad facilitar el ejercicio del
derecho de sufragio y asegurar el secreto del mismo. A ellas hemos
llegado después de un amplio debate político y también social,
especialmente en aquella que guarda relación con el secreto del voto de
los invidentes. Es verdad que con el acuerdo al que hemos llegado entre
todos los grupos le encomendamos al Gobierno para que sea él quien regule
un procedimiento de votación que cumpla la finalidad del secreto del
voto; de la misma manera, le
hemos encomendado que regule las especialidades de voto por correo de
diferentes colectivos, como el personal embarcado o el personal de las
Fuerzas Armadas que cumple misiones en el exterior y también -y esta es
la novedad- la de otros ciudadanos que se encuentren temporalmente en el
extranjero, como son, por ejemplo, los estudiantes con beca Erasmus o
aquellas personas que se encuentran fuera de nuestro territorio por
razones de trabajo. Por cierto, señor Tardà, le recuerdo que el
incorporar a los Erasmus no ha sido un capricho del Gobierno, sino que
era un acuerdo que alcanzamos todos los grupos en esta Cámara en una
proposición no de ley que creo recordar que presentó el Grupo Socialista
y que votamos unánimemente el día 19 de abril de 2005. Por eso le digo
que no ha sido una cosa que el Gobierno haya aprovechado, sino que hemos
aprovechado que estábamos en esa reforma de la Ley Electoral referida al
voto de los invidentes para incorporar otra que habíamos acordado por
unanimidad en esta Cámara. Y hemos llegado a esa conclusión de
encomendárselo al Gobierno porque no es fácil acertar dadas las
peculiaridades y dificultades técnicas que podrían existir a la hora de
regular un procedimiento específico. Hemos preferido no introducir el
procedimiento en el texto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General para que, con la experiencia acumulada y los informes técnicos
necesarios, sea regulado por el Gobierno en otro cuerpo normativo
introduciendo, eso sí, una cláusula de salvaguarda y de garantía para
todos, y es que dicha regulación se haga con el informe previo de la
Junta Electoral Central. Entendemos que la participación de la Junta
Electoral Central, como supremo intérprete de la Ley Electoral, es una
garantía de ecuanimidad, imparcialidad y objetividad para todos. Es
obvio, señor presidente, que todos los grupos hemos coincidido en la
necesidad de las reformas propuestas y que ello ha posibilitado llegar
más fácilmente a los acuerdos que han dado lugar al dictamen de la
Comisión Constitucional. Por nuestra parte, siempre estaremos dispuestos
a apoyar todas cuantas iniciativas tiendan a remover obstáculos para que
los ciudadanos puedan ejercer en libertad todos sus derechos.
Finalmente, quisiera señalar que hay algunos otros aspectos de la Ley
Electoral en relación con el ejercicio del derecho de sufragio o que
afectan a nuestro propio sistema electoral que podrían ser objeto de
modificación en el futuro, por lo menos así lo hemos manifestado algunos
grupos con ocasión de la reciente campaña electoral y hoy lo ha hecho el
Grupo del Bloque Nacionalista Galego. Nuestro grupo está abierto a
dialogar sobre estos asuntos, si bien he de insistir en que, como siempre
hemos defendido, cualquier modificación de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General debe sustentarse en un alto grado de consenso, tal y
como se ha producido en la reforma que hoy nos ocupa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vera.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sáenz.
La señora SÁENZ ROYO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme saludar a los representantes de las
organizaciones de personas invidentes y agradecerles su trabajo en favor
del voto secreto de este colectivo.
Me gustaría empezar señalando que uno de los grandes desafíos que tiene la
democracia es hacer que la participación en los procesos electorales sea
lo más accesible a todos y lo más igualitaria posible, y estos son los
dos grandes objetivos que tiene la reforma puntual de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General que hoy discutimos, hacer accesible a todos la
participación en los procesos electorales y hacerla lo más igualitaria
posible; objetivos ambos que han concitado el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios, cosa que ha sido extraña a lo largo de esta legislatura y
que en muchas ocasiones es imprescindible y más cuando estamos hablando
de la ley medular de nuestro sistema democrático. Por ello, quisiera
agradecer la disposición al consenso que han tenido todos los portavoces
de los grupos parlamentarios. Quisiera recordar al señor Labordeta que,
aunque hoy no nos puede acompañar, fue quien al inicio de esta
legislatura llevó a cabo una iniciativa que también pretendía garantizar
el voto secreto de las personas invidentes; a la señora García, que ha
sido la impulsora de esta proposición de ley; y también al señor Esteban,
al señor Tardà y al señor Xuclà, que hoy no nos puede acompañar. Quisiera
agradecerles especialmente a ellos tres la flexibilidad que han tenido
para aceptar que la reforma de hoy sea considerada como legislación
básica y de esta manera hacer que el colectivo de las personas invidentes
no se tenga que ver sometido a procedimientos diferentes en función de
los procesos electorales. Por último, quiero agradecer al señor Bermúdez
y al señor Vera su disposición a la negociación en todo momento y sus
aportaciones, que han mejorado el texto de la reforma al introducir, por
ejemplo, el informe previo de la Junta Electoral Central tanto para la
regulación que se haga del voto secreto de los invidentes como de los
temporalmente ausentes. Ha sido un placer negociar con todos ellos, igual
que ha sido un placer también trabajar con mis compañeros, el señor
Aranda y el señor Pedret.
El objetivo de esta reforma es triple: garantizar el voto secreto de las
personas invidentes, hacer accesible el voto a los residentes
temporalmente ausentes y la reforma del artículo 24 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General para acomodar la redacción a las nuevas
tecnologías de la sociedad de la información. Voy a referirme a la
reforma que va dirigida a garantizar que la participación en los procesos
electorales sea lo más igualitaria posible; es decir, a la reforma que
está dirigida a garantizar el secreto del voto de las personas
invidentes;
secreto de voto que ha sido la forma tradicional de garantizar la libertad
en su ejercicio; secreto de voto que ha sido la forma habitual de
garantizar que el voto sea una decisión autónoma, libre y soberana del
ciudadano sin influencias en el momento de depositarlo. Precisamente por
ello, uno de los objetivos de la ley es habilitar al Gobierno para que
garantice ese secreto de voto también para las personas que son
invidentes, para que en las próximas elecciones generales puedan elegir
entre las diferentes opciones políticas de forma autónoma y sin necesidad
de persona que les acompañe.
Por el grado de detalle, que consideramos que es inadecuado para una ley
orgánica, y además por la flexibilidad que requeriría cualquier
modificación que exige un procedimiento nuevo, entendemos que la
regulación adecuada, como han dicho otros portavoces, como el señor
Esteban y el señor Vera, es en reglamento y no en ley orgánica. Sin
embargo, también era necesaria la reforma de la ley orgánica, porque así
lo ha interpretado en reiteradas ocasiones la Junta Electoral Central.
Hemos considerado que el lugar adecuado para esta remisión es el artículo
87, relativo precisamente a personas que tienen dificultades para elegir
papeleta. Reformar, como se plantea en la enmienda que mantiene viva
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el artículo 86 nos parece
inadecuado y farragoso. Esas son las razones por las que vamos a votar en
contra de esta enmienda, pero, sobre todo, porque lo vemos innecesario,
porque la garantía está ahí. El compromiso del Gobierno es -y lo reitero
aquí- que en las próximas elecciones generales esté en marcha ya el
procedimiento que permita que las personas invidentes puedan votar de
forma autónoma y sin necesidad de persona que la asista. Será un
procedimiento que está siendo estudiado con las organizaciones
representativas del colectivo, que será detallado antes de su aprobación
a los portavoces de los grupos parlamentarios. Me atrevo a adelantar dos
aspectos de ese procedimiento. En primer lugar, que no se va a hacer
constar en el censo la discapacidad. Es algo a lo que se opone nuestro
grupo parlamentario, que se ha planteado en algún momento en esta Cámara,
por dos razones. La primera, por no vulnerar la legislación de protección
de datos y, la segunda, porque las organizaciones más representativas, la
ONCE y el Cermi, han manifestado reiteradamente su oposición a que se
haga constar en el censo su discapacidad. El segundo aspecto que me
atrevo a adelantar es que, efectivamente, el procedimiento se va a basar
en papeletas y en sobres impresos en tinta, pero con documentación
complementaria en braille, el sistema que ha permitido romper las
barreras de comunicación del colectivo de las personas invidentes.
Otra de las reformas que mi grupo ha considerado introducir es la referida
a los temporalmente ausentes. Como decía al principio de mi intervención,
una reforma dirigida a hacer los procesos electorales accesibles a todos,
también para los españoles que estén accidentalmente en el extranjero,
léase Erasmus, investigadores o personas que estén en viaje de negocios
relativamente largo. Las especiales dificultades que tiene este colectivo
para ejercitar su derecho de sufragio ya se pusieron de manifiesto en
esta Cámara a partir de una proposición no de ley de nuestro grupo
parlamentario, que ha recordado el señor Vera, que defendió el señor
Jáuregui y que se aprobó por unanimidad. En coherencia con esa
proposición no de ley, hemos reformado el artículo 74, en el que se
habilita al Gobierno a regular las especialidades del voto por correo de
este colectivo, para que de facto puedan ejercer este derecho. Por
último, mi grupo también ha propuesto la modificación del artículo 24.4,
con el fin de sustituir la publicación en los periódicos de la relación
de secciones, mesas y locales electorales por su difusión en Internet.
Ello puede resultar más práctico, menos costoso y más acorde con las
nuevas tecnologías de la sociedad de la información.
Terminaré, señor Tardà, reiterando los argumento que ya dio mi grupo en
Comisión para oponernos a las enmiendas que mantiene su grupo. He de
decir que el objeto de debate hoy es la Ley Electoral y no la Ley de
Partidos. Respecto a la prohibición de las inauguraciones desde el día en
que se convocan las elecciones, como ya ha recordado el señor Esteban, es
algo que ha iniciado ya su tramitación en esta Cámara a través de una
proposición de ley del Parlamento de Navarra y entendemos que hay que
respetar esa tramitación. También quiero decir que el uso de las lenguas
cooficiales en los procesos electorales ya está garantizado a través de
la Ley de Publicidad Institucional, que aprobamos también en esta
legislatura, y a través también de un real decreto de regulación
complementaria de los procesos electorales. Por supuesto, hoy
precisamente vamos a garantizar también algo que propone una de sus
enmiendas, que es el uso de la lengua de signos catalana para los sordos
en Cataluña. Reitero el agradecimiento de mi grupo al trabajo de los
colectivos de personas invidentes y también de los diferentes grupos
parlamentarios para conseguir que de una manera consensuada tengamos una
democracia más igual y más accesible para todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sáenz.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE
CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. (Número de expediente
122/000157.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente y último del orden del
día: Proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear. En primer lugar, para la
defensa de las enmiendas, por un tiempo de diez minutos, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Hoy discutimos esta proposición de ley, porque nuestro grupo en su día
decidió presentar una proposición de ley en torno al Consejo de Seguridad
Nuclear que cambiase el funcionamiento del consejo. El consejo se regía
por una ley de 1980, ustedes lo saben. Lo cierto es que en el pasado -y
en el pasado reciente- hemos tenido incidentes en el funcionamiento de
las centrales nucleares que han evidenciado no solo ese mal
funcionamiento, sino la mala regulación e incluso la discrecionalidad con
la que ha funcionado en alguna ocasión el Consejo de Seguridad Nuclear.
El caso de Vandellòs II, incidente que se produjo en agosto de 2004, y
planta Vandellòs II, que estuvo operando seis meses con las condiciones
de seguridad degradadas, fue lo que puso de manifiesto el mal
funcionamiento del consejo, y no solo el mal funcionamiento del titular.
En estos años ha habido plantas que han preferido operar con las
condiciones de seguridad degradadas antes que parar y reparar. De esta
manera, se han podido ganar centenares de millones de euros, para que en
el peor de los casos se pagase una sanción insignificante comparado con
lo que se había ganado.
La proposición de ley que discutimos hoy tenía ese objetivo, cambiar ese
marco. Podíamos haber aprobado, porque esa era la voluntad inicial que mi
grupo trasladó, una sanción en función del beneficio obtenido, pero,
lamentablemente, la semana pasada se llegó a un acuerdo en Comisión que
hizo que esto no fuera posible. De hecho, la semana pasada se pactó que
la sanción máxima fuera 30 millones de euros, incluso se nos explicó como
un gran avance, pero lo que no se dijo es que esos 30 millones de euros
como máxima sanción era la misma máxima sanción que tendría una central
térmica o una central de ciclo combinado a partir de la última reforma de
la Ley de Sector Eléctrico. Podríamos haber aprobado obligaciones, la
obligación de denunciar como mínimo para los trabajadores con licencia.
Podríamos haber aprobado que se estableciese un marco en la ley que
garantizase el derecho a la denuncia, pero ustedes saben que eso no se
aprobó la semana pasada en Comisión. Simplemente se dijo que habría un
derecho a denunciar, pero no se estableció una unidad especializada de
denuncia y, por supuesto, no hubo obligación alguna, ni para los
trabajadores más cualificados, de denunciar. Podríamos haber aprobado,
como se planteaba en la ley, una artículo 12, como se proponía en la
proposición de ley original, que supusiese un avance importantísimo en
materia de transparencia e información, que además es semejante al de
otras legislaciones, al de la legislación existente, por ejemplo, en la
MRC norteamericana, pero finalmente se suprimió ese artículo y se hizo
una referencia genérica a la trasposición del Convenio de Arus. Podríamos
haber aprobado que ampliásemos el consejo para que pasase de cinco a
siete miembros, garantizando así una mayor pluralidad, garantizando así
que existen diferentes sensibilidades, pero finalmente se optó por
mantenerlo con cinco al entender, en definitiva, que no era necesario,
asumiendo la máxima de que ya va bien un consejo en el que no entre nadie
de otro color que no sea el que mayoritariamente tienen sus miembros. Se
podría haber aprobado un comité asesor externo que realmente permitiese
la participación de fuerzas políticas y sobre todo que tuviese todos los
instrumentos de control sobre el consejo, pero tampoco se hizo. El
problema hasta el miércoles pasado es que el pacto se fraguó, pero se
hizo en el marco del Consejo de Seguridad Nuclear entre el Partido
Popular y el Partido Socialista y el Consejo de Seguridad Nuclear decidió
cuál tenía que ser la reforma en torno a sí mismo. Lo pactado finalmente
la semana pasada es casi exactamente el informe del consejo en relación
con la proposición de ley, el informe del Consejo sobre sí mismo. Eso fue
lo que se aprobó la semana pasada, un pacto de hierro entre el Partido
Popular y el Partido Socialista, entre el Partido Socialista y el Partido
Popular. Así estábamos hasta el miércoles pasado y por eso dijimos ese
día que si mi grupo pudiese retirar la proposición de ley presentada por
él lo haría. Si pudiésemos hacer lo que hace el Gobierno con sus
proyectos de ley, esto es, que cuando se modifican radical y
sustancialmente los retira, nosotros si pudiésemos la retiraríamos. Lo
cierto es que desde el miércoles pasado hasta hoy han pasado cosas. El
miércoles pasado por la tarde yo mismo preguntaba al presidente del
Gobierno si estaba conforme con este acuerdo más que de mínimos, un
acuerdo que rebajaba la ley, un acuerdo que, tal y como reconoció el
portavoz del Grupo Popular, había dado la vuelta como un calcetín a la
proposición de ley que habíamos presentado; que si estaba de acuerdo con
una proposición de ley que había quedado desnaturalizada. El presidente
del Gobierno dijo que intentaría llegar a un acuerdo y lo cierto es que
en solo una semana hemos trabajado para que haya un acuerdo. Nuestro
grupo parlamentario lo que hizo fue plantear una propuesta de mínimos,
básica y fundamental sobre el régimen sancionador, garantizando que el
régimen sancionador sea disuasorio, que sea persuasivo, que no haya
discrecionalidad, que los criterios sean objetivos, que el CSN no pueda
hacer lo que le plazca, enviando a procedimientos cuando tendría que
sancionar. Hemos conseguido pactar una nueva propuesta en torno a la
información, elaborando una redacción que fuese más parecida a nuestro
artículo 12 que la propuesta que pactaron el Partido Socialista y el
Partido Popular. Hemos pactado un nuevo régimen de obligaciones y de
derechos de denunciar, que hace efectiva la disposición que se establecía
precisamente en el articulado original de la ley. Hemos consensuado que
el comité asesor externo tenga instrumentos de control eficaces en torno
al Consejo de Seguridad Nuclear y no hemos conseguido, como nosotros
pretendíamos, ampliar el órgano del consejo de cinco a siete miembros. De
cinco puntos fundamentales de la ley, hemos conseguido pactar
cuatro. La pregunta es: ¿Por qué hemos conseguido en una semana lo que no
hemos conseguido en año y medio? La respuesta es sencilla, muy sencilla,
puede ser por dos razones: Porque el presidente del Gobierno hizo caso a
nuestras advertencias, porque le preocupó que nosotros dijéramos que eso
iba a suponer un cambio de relaciones o, puede ser por otra razón, porque
a sabiendas de que ese pacto, muy probablemente -lo veremos en los
próximos minutos- lo va a vetar el Partido Popular, nos quedaríamos sin
que ese pacto fuese consumado. No lo sé, puede ser una cosa o puede ser
la otra o incluso podría ser la suma de las dos. Nosotros decimos que es
sorprendente que en solo una semana, cuando ha habido voluntad política,
nos hemos puesto de acuerdo en aquello que en año y medio no nos
pusimos.
Nosotros valoramos positivamente el esfuerzo. En primer lugar, el esfuerzo
del presidente que dijo: ¡Pónganse ustedes! Pero hay que decir que hacía
meses que habíamos avisado al Grupo Parlamentario Socialista, al
Gobierno, de que esta era una ley fundamental para nuestro grupo
parlamentario y que era una ley que, si no la pactaban con nosotros y la
pactaban con el PP, supondría un gran desencuentro. Ha tenido que ser con
los hechos consumados en el seno de la Comisión cuando han tenido que
rectificar, cuando posiblemente -espero equivocarme- ya no tengamos
margen para rectificar. Para nosotros es un elemento positivo el esfuerzo
realizado en una semana, pero es una profunda decepción que hayan tardado
tanto en ponerse a construir ese pacto posible, ese pacto exigente y ese
pacto que no desnaturalizaría para nada la ley. Nosotros podemos decir
que si la ley se aprueba tal y como se pactó en Comisión, desde nuestro
punto de vista, va a ser una mala ley, una pésima ley. Porque ahora ha
perdido transparencia, control, exigencia y respeto a lo que teníamos y a
lo que pretendíamos. Por eso, si finalmente votamos lo que se votó en
Comisión, nuestro grupo no dará apoyo, como no lo hizo en Comisión, al
pacto que se fraguó entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Si
el Partido Popular veta, lo que haremos es esperar al trámite del Senado
y a que se incorporen todos los puntos que hemos acordado. En definitiva,
si finalmente hoy veta el Partido Popular, esperaremos poder cambiar la
ley en el Senado. A nosotros nos hubiese gustado que el Partido
Socialista no hubiese arrastrado los pies en un tema tan sensible. No
estamos hablando del fin de la energía nuclear ni de un calendario de
cierre ni de un horizonte sin centrales. Estamos hablando de una
legislación exigente en materia de seguridad nuclear. El pacto que hemos
construido esta semana lo podríamos haber construido hace diez días y hoy
tendríamos una ley mucho más exigente que la que se pactó entre el
Partido Socialista y el Partido Popular. Nuestra disposición ha sido
absoluta y siempre estamos dispuestos a negociar. Lo cierto es que
finalmente el texto acordado no es nuestro texto. Nosotros no somos de
los grupos maximalistas que dicen: ¡O apruebas lo mío o no entro en el
acuerdo! No lo hemos sido en ninguna de las leyes que hemos tramitado y
negociado en este Congreso; y ustedes lo saben. Nosotros pretendíamos
aprobar una buena ley y lamentablemente el acuerdo lo hemos conseguido a
posteriori. Lo que esperamos, en primer lugar, es que haya generosidad y
que se apruebe la mejor de las leyes posibles y no entenderíamos que en
elementos de transparencia, en un régimen sancionador persuasivo, en
elementos de participación, hubiese hoy un grupo parlamentario que vetase
el acuerdo alcanzado Si hoy se veta, lo que no entenderíamos es que en el
Senado no supiésemos construir un consenso nuevo en torno a una materia
tan sensible. Porque, independientemente de la postura de cada uno, de si
uno es pro o antinuclear o incluso si es agnóstico, lo que es
importantísimo es que en una materia tan relevante y sensible tengamos
una legislación muy exigente con la industria nuclear, porque una planta
nuclear no es una central térmica, porque una planta nuclear no es una
central de carbón y porque lo mejor para todos es no continuar
permitiendo centrales nucleares con las condiciones de seguridad
degradadas que priman el beneficio económico por delante de la seguridad.
Por eso, nosotros decimos que necesitábamos la mejor de las leyes
posibles y lo que hemos hecho es cambiar la ley de arriba abajo. Lo que
esperamos es que hoy con estos cuatro puntos acordados sobre estas
materias tan importantes podamos reorientar la ley. Nosotros votaremos
que sí a esta ley cuando en el BOE se garantice que estos elementos que
hemos demandado desde el primer día van a aparecer. En ese momento
votaremos que sí.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, acabo ya.
Mientras lo que haremos es ser críticos con una ley que, tal y como salió
de la Comisión, es claramente decepcionante, no informa, no es
transparente, no sanciona y no es la ley que habíamos querido.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Beloki. Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en su día mi grupo se acercó a esta ley con incredulidad.
Dijimos entonces, en el debate que tuvo lugar hace ya más de dos años,
que estábamos dispuestos a acompañarles en la modificación de esta ley
-frase textual dicha por este portavoz entonces-, pero no dejábamos de
ver problemas al hecho de que se arrancara como una proposición de ley
que nos parecía evidente que no iba a tener el consenso de los dos grupos
mayoritarios. Nos parecía bastante probable, si no evidente, que no iba a
obtener tal acuerdo. Eso que nos parecía a
nosotros de entrada se vio confirmado en el debate, porque el señor Gómez
Darmendrail, del Grupo Popular, habló ya entonces de falta de rigor, de
parcialidad, de incoherencia, de deficiencias técnicas de la redacción y
otras lindezas por el estilo sobre el texto de la proposición de ley,
mientras que la representante del Grupo Socialista dijo que coincidían
básicamente con los objetivos de la proposición de ley y que había cosas
que modificar pero consideraba que había un camino abierto. Esta
incredulidad nuestra se ha confirmado por los hechos. Al cabo de dos años
largos nos vemos con una sorpresa muy relativa. Nos vemos con un pacto
PSOE-PP, como acaba de decir quien me ha precedido en el uso de la
palabra. El Grupo Popular presentó doce enmiendas a esta proposición de
ley, si mis cuentas no están equivocadas. Diez de ellas eran de
supresión; una, la que hacía referencia a la exposición de motivos, era
prácticamente de sustitución, y la duodécima era de adición. Con este
grupo, que venía desde el comienzo con estas intenciones tan claras, es
con el que ha pactado el Grupo Socialista. Evidentemente, no se puede
hablar de que sea un pacto sobre el texto original presentado por el
Grupo de Izquierda Unida, eso es evidente. ¿Y por qué este recorrido o
este íter legislativo, como suele decir mi compañero Emilio Olabarría,
tan raro? Creo que el cambio de legislatura supuso, también en el ámbito
del Consejo de Seguridad Nuclear, el inicio de un tiempo que evidenció
una vez más la dependencia de este organismo, como después se ha visto
con otros organismos análogos, de dos fuerzas políticas mayoritarias: el
Partido Socialista y el Partido Popular. Depende de las dos, y si las dos
se entienden va bien, pero cuando se produce un desencuentro lo trasladan
a los organismos reguladores y al Consejo de Seguridad Nuclear. Esas
aguas revueltas fueron las que dieron lugar a que esta proposición de ley
entrara aquí, haya estado ahí durante dos años durmiendo el sueño de los
justos y haya renacido de sus cenizas en los términos en que antes
explicaba yo. ¿Por qué renace? Porque los dos grupos que inicialmente
tuvieron un desencuentro vuelven al punto de origen y dicen: Ya estábamos
en equilibrio, ya se cambió a la presidenta del Consejo de Seguridad
Nuclear. Reencontraron un equilibrio los dos grupos y el pacto lógico,
que yo no discuto, es el de los dos grupos mayoritarios. Esta es la razón
de ser de nuestra incredulidad, que se ha visto confirmada con los
hechos. No nos ha pillado por sorpresa, pero -también quiero decirlo- nos
acercamos con unas pequeñas expectativas a este proyecto de ley, no todo
era incredulidad.
Hemos presentado dos enmiendas para hablar solo de una cosa, de rehacer o
de reforzar la independencia y la autonomía de este organismo, como
estamos también persiguiendo insistentemente hacer lo propio con otros
organismos reguladores análogos. Creíamos que era una oportunidad que
venía avalada no solo por el hecho de que esta ley empezara a modificar
el Consejo de Seguridad Nuclear, sino también porque existían promesas
electorales que los partidos habían hecho en campaña, porque había habido
numerosas declaraciones de que había que mejorar la autonomía y la
independencia de los organismos reguladores, y dijimos: Si la voluntad
existe y la oportunidad legislativa se ha planteado en estos términos,
por qué no vamos a dar un paso, y es lo único que vamos a proponer al
resto de los grupos. Nos hemos llevado una auténtica decepción. Lo mismo
que en la incredulidad las aguas han venido por el cauce que nos
imaginábamos, aquí nos hemos llevado una decepción, que por otra parte no
es solitaria, no es una flor única, porque nos ha pasado lo mismo con
otra serie de organismos que también han conocido y vienen conociendo en
esta legislatura un proceso de modificación o en otros casos de creación
y vemos que los puntos sobre los que estaban en ese equilibrio
absolutamente precario los distintos organismos no se quieren modificar,
no se desean modificar. Se está cómodo en todos estos organismos con dos
grupos mayoritarios que tienen repartido a partes más o menos iguales sus
consejos de administración, con los sistema de elección en los que
tampoco se quiere que el Parlamento intervenga demasiado, etcétera. Este
es un mal equilibrio y si no hagan un repaso de lo sucedido con el
Consejo de Seguridad Nuclear, con la CNMV, con el Consejo Nacional de la
Energía y con todos lo organismos, uno a uno, en esta legislatura. Este
es un mal equilibrio que está dependiendo de que ustedes dos estén en un
determinado momento entendiéndose bien o de que simplemente entren en una
disputa partidista, y no puede ser que los organismos que hemos creado
para ser autónomos e independientes dependan de que ustedes dos riñan o
dejen de reñir. De ahí que nosotros creyéramos que esta reflexión era
necesaria, seguimos creyendo que es absolutamente necesaria y la razón
por la que vamos a votar negativamente esta proposición de ley es no
haber hecho caso en absoluto de esta expectativa.
Antes de terminar, al parecer -y quien me ha precedido en el uso de la
palabra ha hablado de ello- su grupo había logrado un pacto con el Grupo
Socialista. Mi grupo conoce unas enmiendas transaccionales que eran las
que se iban a votar en caso de que todos los grupos estuvieran a favor.
Hemos visto por primera vez un pequeño paso positivo en esta dirección,
aunque absolutamente insuficiente -se lo digo al Grupo Socialista-, y es
cuando efectivamente dejan entrar el principio de que al menos en el
comité asesor externo contemplen la posibilidad de que cada uno de los
grupos parlamentarios pueda proponer un representante. Esa es una buena
dirección pero no suficiente. Hay que trasladar a los consejos de
administración que no es suficiente con que esté en los comités asesores
externos, pero de la misma forma en que los comités asesores externos
tengan un campo de maniobra -y ahí se ha reforzado-, al menos ustedes
introducen el principio por el que nosotros estábamos luchando y que era,
en definitiva, la razón de ser por la que habíamos presentado las dos
enmiendas de las que he hablado. No sé si se van a votar o no estas
enmiendas transaccionales. Por cierto, usted ha hablado de un pacto en el
que no solo figuran los términos que mi grupo conoce, sino que al parecer
habría otros términos, algunos de los cuales podrían ser positivos pero
mi grupo no tiene conocimiento de ellos. (El señor vicepresidente,
Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.) En cualquier caso, si se votaran
las enmiendas transaccionales, incluso solo las que nosotros conocemos,
nos abstendríamos en esta ocasión por entender que por primera vez se da
un pequeño paso en la buena dirección aunque insuficiente. Todavía le
queda camino a esta proposición de ley, no aquí sino en el Senado, hay
tiempo, y si hay voluntad entre todos podemos acabar mejor que en este
camino, que iba a calificar desde no sé qué sitio a ninguna parte, que
está recorriendo esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Beloki.
Por Esquerra Republicana, en su turno a favor de las enmiendas
presentadas, tiene la palabra por diez minutos el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, afrontamos hoy la última fase en el Congreso
de esta proposición de ley, una fase parlamentaria que tengo que definir
como una gran pérdida de oportunidad. Ya dije en Comisión que esta
reforma del Consejo de Seguridad Nuclear era necesaria, pero tras lo
sucedido en esta legislatura y sobre todo después del incidente de
Vandellòs II en 2004 entendíamos que también era urgente. Se me argumentó
entonces por la portavoz socialista que era injusto decir que esta
reforma era consecuencia de lo que había pasado en Vandellòs o durante
esta legislatura, y yo no sé si era justo o injusto, lo que es verdad es
que después de lo que hemos visto en esta legislatura con el Consejo de
Seguridad Nuclear hay argumentos para esa modificación. Estábamos todos
de acuerdo con este argumento en las comparecencias que tuvimos tras el
incidente de Vandellòs II, y también estábamos de acuerdo en que para el
titular en esa ocasión primó exageradamente el beneficio económico sobre
la seguridad; eso lo expusimos la mayoría de los grupos parlamentarios en
esas comparecencias. Yo entiendo que es una gran pérdida de oportunidad
que esta ley no intente salvaguardar que para los titulares de esas
explotaciones no pueda prevalecer el beneficio económico sobre la
seguridad. Ya nos podíamos temer lo peor cuando esta proposición de ley
fue presentada hace más de dos años y se discute ahora. Este enorme lapso
de tiempo transcurrido hasta su discusión en la fecha de hoy ilustra el
poco interés de los grupos mayoritarios en modificar a fondo esta
institución.
El texto que hoy sometemos a votación poco tiene que ver con la
proposición original después de la introducción de numerosas enmiendas
con las que el Grupo Socialista ha hecho cambiar artículos enteros.
Nuestro grupo estaba mucho más de acuerdo con el texto original que con
el que hoy vamos a votar en esta Cámara, pues era mucho más acertado.
Presentamos un número razonable de enmiendas a esa proposición de ley que
habría sido tremendamente superior si el texto que se hubiese presentado
originariamente fuera el que hoy vamos a aprobar. En definitiva, con esa
tramitación parlamentaria no solo no se ha dado oportunidad a nuestro
grupo parlamentario de presentar enmiendas al texto que al final vamos a
aprobar, sino que no se ha dado ninguna oportunidad de negociar cualquier
transaccional viendo que el texto que acabaremos votando era totalmente
diferente al que aprobamos hace dos años. Se ha pasado de puntillas sobre
los grandes temas de fondo y, por ello, el Consejo de Seguridad Nuclear
continuará adoleciendo de transparencia y sobre todo de neutralidad;
características que arrastra desde su creación en 1980. El servilismo del
consejo a la industria nuclear continuará y esto es particularmente grave
tratándose de una de las industrias, si no la que más, que conlleva un
fuerte riesgo para esta sociedad. Los numerosos incidentes de las últimas
semanas y meses así lo demuestran una vez más. Este trato privilegiado a
los generadores de electricidad nuclear nunca ha tenido justificación,
pero menos si cabe la tiene hoy en día cuando las otras energías sucias,
las de generación a partir de fuentes fósiles, están empezando, aunque
sea demasiado tímidamente, a asumir parte de los costes ambientales que
ocasionan a raíz de las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto. A
la industria nuclear se le continúa tolerando todo. Ayer aprobó la
Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara el proyecto de ley de
responsabilidad ambiental. ¿Adivinan, señorías, cuál fue la principal
excepción? Pues sí, lo adivinan, la energía nuclear. Esto da más razones
a los que pensamos que a la industria nuclear se le sigue tolerando todo.
En este contexto también sigue sin respuesta una de las reivindicaciones
que mi grupo lleva tiempo realizando en esta Cámara: la definición de un
calendario de cierre progresivo de las diferentes plantas existentes. No
es solo una reclamación de nuestro grupo, sino que es un compromiso del
presidente del Gobierno al principio de la legislatura. Es igual, nuestro
grupo continuará insistiendo en este plan de cierre. Estos voceros que
defienden el sector nuclear y que ahora dicen que es la alternativa y que
tienen que ir creciendo, van a tener la oposición unánime de nuestro
grupo parlamentario, que seguirá defendiendo el plan de cierre de la
energía nuclear.
La otra gran cuestión que no resuelve adecuadamente la reforma es el
régimen sancionador ante la posibilidad de vincular el importe de las
sanciones al beneficio obtenido con el incumplimiento, lo cual sería
disuasorio
y permitiría atender al principio de proporcionalidad. El esquema de
sanciones se mantiene en un formato tradicional. En estas circunstancias
que nadie se extrañe de que a las centrales les siga siendo más rentable
pagar las multas que cumplir la legislación, como ha venido sucediendo en
un pasado no demasiado lejano. También queda mucho recorrido en la
cuestión de la transparencia de esta institución. Aspectos tales como la
posibilidad de solicitar la investigación de supuestos de mal
funcionamiento de estas instalaciones nucleares o radiactivas, el acceso
a cierta documentación o la obligación de resolver motivadamente las
solicitudes formuladas por los ciudadanos son aspectos que están en la
propuesta inicial y que han caído por obra y gracia de los grupos
mayoritarios.
Nuestro grupo presentó diferentes enmiendas a la proposición de ley que se
aprobó en esta Cámara, entre las que destacan tres que ahora les voy a
relatar. En primer lugar, la obligatoriedad de cumplir las resoluciones y
dictámenes o mandatos que adopta el Congreso de los Diputados. No es
lógico que en esta Cámara debatamos el informe que nos remite el Consejo
de Seguridad Nuclear, elaboremos dictámenes, y que después este no tenga
la obligación legislativa de cumplirlos. Nosotros pedimos en nuestras
enmiendas que estos dictámenes y resoluciones o mandatos fueran de
obligado cumplimiento y ahora continuamos pidiendo lo mismo. También
veíamos necesaria la ampliación de los cinco consejeros. Nosotros
proponíamos que la ampliación fuera a nueve con una explicación muy
fácil, y es que en aquellas comunidades autónomas que tienen en su
territorio una central nuclear sus parlamentos pudieran designar un
consejero para que estas fueran escuchadas en el seno del Consejo de
Seguridad Nuclear. Es una reclamación que tampoco se ha tenido en cuenta
y que vemos totalmente necesaria. La última de las enmiendas que me
gustaría destacar es la reforma de la figura del inspector residente.
Este tema quedó consensuado entre todos los partidos en las
comparecencias sobre los informes que han venido a esta Cámara. Estamos
todos de acuerdo en que es una figura que es necesario potenciar. En
diferentes debates en esta Cámara hemos estado todos de acuerdo, pero
cuando tenemos la oportunidad de reformar la ley y de intentar que esta
figura tenga la potenciación que se merece para reforzar la seguridad de
las centrales nucleares, en esta ocasión, cuando es más necesario, no hay
consenso y los grupos minoritarios nos quedamos defendiendo esta
reforma.
En suma, se trata de una reforma pactada por los grupos Socialista y
Popular y que está hecha para mantener el statu quo del Consejo de
Seguridad Nuclear, un consejo que, para decirlo de manera suave, en
algunos momentos de la tramitación ha parecido que llevaba el liderazgo
de su propia reforma. Lo digo de una manera sencilla porque, como ha
comentado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, lo que
ha parecido de manera flagrante es que ha sido el mismo Consejo de
Seguridad Nuclear quien lo ha reformado, pasando un informe a los grupos
mayoritarios diciéndoles en qué llegaría el Consejo de Energía Nuclear a
aceptar esa reforma. Es justificable y hasta necesario que el Consejo de
Seguridad Nuclear elabore un informe para su propia reforma, pero lo que
mi grupo entiende que no es necesario es que ese informe sea el límite de
la reforma que vayamos a votar hoy en la Cámara. Por todo lo anterior,
tal como ya había anunciado con anterioridad, nuestro grupo va a votar
negativamente a la ley que saldrá de esta Cámara. Persisten la mayoría de
los problemas de fondo y no ha sido atendida ninguna de las propuestas de
Esquerra Republicana a esta reforma, por lo que ante este panorama no nos
queda otra posibilidad. La reforma del Consejo de Seguridad Nuclear no
está cerrada. Va a seguir siendo una cuestión pendiente para nuestro
grupo parlamentario y vamos a continuar trabajado para que este Consejo
de Seguridad Nuclear sea más transparente y más neutral.
Déjenme hacer una última interpretación de ese acto final hoy en esta
Cámara. Me parece que llega tarde un posicionamiento mejorando la ley que
ha salido del Partido Socialista la mañana que llevamos a avocación al
Pleno esta reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. Nuestro grupo
parlamentario no ha tenido posibilidad de negociar ninguna de las
enmiendas durante la tramitación de esta ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Ramón, concluya, por
favor.
El señor RAMÓN TORRES: Acabo, señor presidente.
Lo que ustedes traen hoy a esta Cámara es volver al texto inicial, el
cual, aunque estábamos más de acuerdo con el texto definitivo, tampoco
hemos tenido la oportunidad de reformarlo con nuestras reclamaciones, y
una de las más importantes es que las comunidades autónomas puedan
participar en el Consejo de Energía Nuclear. En definitiva, si se aprueba
la transaccional, bienvenida sea porque mejoraría el texto, aunque
tampoco votaríamos favorablemente aun entendiendo que habríamos mejorado
el texto en la tramitación final.
Gracias, señor presidente, por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor
diputado.
Señor Maldonado, tiene la palabra en un turno de diez minutos para
defender las enmiendas presentadas.
El señor MALDONADO I GILI: Señor presidente, señorías, comparezco en
nombre de Convergència i Unió para expresar nuestra posición ante las
enmiendas que aún mantenemos vivas. Empezaré por el final anunciando que
mantenemos vivas las números 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y
55. ¿Por qué las mantenemos
vivas? Porque creemos que, por desgracia, la ley aún está en pleno debate.
No debería ser así porque estamos en el final, pero por lo que se ve,
donde dije digo digo Diego y sabe Dios cómo acabará esta ley. Sabemos
cómo ha empezado, cómo ha evolucionado, pero no sabemos cómo acabará en
el Senado ni cómo volverá, si se mantendrá el acuerdo tácito de los dos
partidos mayoritarios, si se incorporarán propuestas del grupo
proponente, si habrá voluntad política de aceptar propuestas de nuestro
grupo o de otros grupos nacionalistas que recaban presencia territorial,
etcétera. No sabemos nada. Por tanto, por si acaso mantenemos vivas
nuestras enmiendas y que sea lo que Dios quiera, entre comillas.
Esta ley se hacía necesaria a gritos por varias razones. Una, porque viene
a reformar la ya existente desde el año 1980. Uno se pregunta: ¿tan poco
ha evolucionado la energía nuclear que llevamos veintisiete años sin
modificar una ley que regula el Consejo de Seguridad Nuclear? No. La
energía nuclear ha evolucionado mucho y la sociedad en la cual está
incardinada también, pero o no ha habido voluntad o posibilidad o ha
sucedido alguna cosa que no ha permitido que esta ley se reformara. Hoy
vamos a hacerlo y, por lo que vemos, de manera poco consensuada, por no
decir no demasiado consensuada. En primer lugar, es una ley que se debía
haber modificado años ha y que lo hacemos ahora; más vale tarde que
nunca. Es una ley producto de una evolución social y que recaba una
actualización en función de la necesidad del control de la energía
nuclear.
En segundo lugar, es una ley necesaria por los hechos acaecidos. Se ha
comentado que alguien había dicho que esta ley no se había hecho por los
incidentes nucleares en Vandellòs II. Yo no sé si esta ley viene motivada
por este accidente o incidente, no lo sé, lo que sí puedo decir es que a
raíz de este accidente el Consejo de Seguridad Nuclear montó un auténtico
espectáculo de circo por sus negligentes actuaciones, incluso por los
enfrentamientos personales en el seno del consejo, lo que llevó a que
este Congreso tuviera que pedir comparecencias, a que la ponencia tuviera
que reunirse reiteradamente y a asistir a peleas incluso personales entre
miembros del antiguo Consejo de Seguridad Nuclear. A buen seguro esto
llevó a que la clase política visualizara que hacía falta una renovación
de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear para evitar este esperpéntico
espectáculo que se había dado. No sé si lo conseguiremos con esta ley.
El tercer motivo para la renovación de esta ley es el de mandar un mensaje
a la sociedad. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay
quien es agnóstico, como decía el señor Herrera -yo había oído hablar de
antinuclear, de pronuclear, pero agnóstico nuclear es una expresión
nueva-, pero lo que está claro es que cualquier ciudadano pronuclear,
antinuclear o agnóstico nuclear quiere instrumentos que le tranquilicen.
El ciudadano quiere, tanto si está a favor como si está en contra, que la
energía nuclear esté controlada y sea segura, y si quien tiene que
controlarla es un consejo que está en el disparate permanente, los
representantes de la clase política tenemos la obligación de enviarle
mensajes y decirle que los políticos vamos a intervenir para poner orden
en este desconcierto. De ahí la necesidad de reformar esta ley y en ello
estamos de acuerdo todos los políticos. Esta ley unos la valoran mejor,
otros la valoran peor, pero todos los políticos creemos que es necesaria.
¿Qué nos preocupa? La oportunidad perdida. Se ha dicho por el señor
Beloki que es una oportunidad perdida porque podíamos haber recogido
aspectos que no se recogen. ¿Cuáles? Por ejemplo, no querer modificar la
composición del consejo. En el año 1980 poco se podía pedir en una ley
cuyo debate social se inició en 1978 y 1979 sobre la presencia
territorial de las comunidades autónomas. Hoy sorprende que un Gobierno
como el actual no entienda que las comunidades autónomas con implantación
nuclear quieren estar en la mesa de control y en la mesa de debate. De
aquí que nuestro grupo -y creo que todos los grupos nacionalistas- hemos
pedido la ampliación del Consejo de Seguridad Nuclear pero se ha dicho
que no. Mantenemos la enmienda porque queremos que en el Senado se repita
este debate. Parece ser que en esta oferta in extremis se acepta que las
fuerzas políticas puedan aportar representantes en el consejo asesor
externo. Bueno, algo se avanza. Si hay bloqueo -que parece que habrá- se
debatirá en el Senado. Vamos a ver si en el Senado entre todos lo podemos
mejorar. Hacemos una llamada al Grupo Socialista para que las enmiendas
que mantenemos vivas tengan el apoyo político en el Senado y también le
hacemos la advertencia de que si esta ley se modifica a la baja, nuestro
voto, que es un sí con la boca pequeña, débil y poco entusiasta, puede
variar. Advertimos que si en el Senado se cambia hacia un extremo o hacia
otro, el sentido del voto de nuestro grupo puede cambiar. No es un sí
condicionado a nada, es un sí condicionado a que sea una ley
transparente, positiva y realista territorialmente y un instrumento
válido para la energía nuclear.
Es una ley curiosa porque el grupo proponente ya avisa que votará en
contra, porque de alguna forma no recoge voluntades políticas de grupos
nacionalistas y porque en esta definición de agnóstico el primer
agnóstico nuclear es el presidente Zapatero. En los debates de
presupuestos, cuando Izquierda Unida le condiciona, entre otras cosas, la
política nuclear el presidente Zapatero anuncia que se cerrarán las
nucleares. Cuando pasan las horas enmienda la plana y dice que no. Es una
situación agnóstica: sí, no, no, sí; no soy ni pro ni ante. En este
disparate nuclear nos encontramos con que dentro de muy poco tiempo los
residuos nucleares de Vandellòs I volverán al Estado español, a Cataluña.
Llegará un tren cargado de residuos nucleares tratados en Francia y que
no sabemos dónde irán a parar porque no hay un acuerdo de almacenamiento
de residuos nucleares, no hay una política
energética clara. El Gobierno ha de ser valiente y ha de plantearse dónde
van los residuos, hacia dónde va la energía nuclear, etcétera. Es el
agnosticismo hecho político.
Nosotros mantenemos nuestras enmiendas porque van en la línea de los
acuerdos internacionales suscritos por el Estado como, por ejemplo, la
número 41. Conviene incluir la función de inspección y control derivada
de compromisos internacionales dentro de las funciones del consejo. Con
la enmienda 42 queríamos elevar el número de miembros del consejo para la
presencia territorial porque, por ejemplo, Cataluña tiene competencias
exclusivas en protección civil, en industria, en muchísimos aspectos que
rodean a la energía nuclear y hoy no está presente en el consejo ningún
representante del Parlament de Catalunya elegido por las fuerzas
políticas catalanas. También queríamos prever un periodo mínimo de tiempo
en funciones una vez finalizado el correspondiente mandato que coadyuva
al correcto funcionamiento del pleno del consejo como órgano colegiado,
pero no se nos aceptó. Queríamos configurar un sistema de nombramiento
-no me puedo extender porque el presidente me llamará la atención, luego
voy acabando- que asegurara que las renovaciones parciales no se solapen
como ocurre en la actualidad. Todas estas enmiendas, fíjense bien, tienen
dos aspectos: uno territorial, de presencia de las comunidades autónomas
con implantación nuclear, y otro de mejora técnica, porque hoy en día la
ley que regula el Consejo de Seguridad Nuclear es tan ambigua en cuanto
al voto de calidad, en cuanto a las relaciones parciales, etcétera, que
produce y permite que haya un auténtico caos de funcionamiento, caos que
hemos visto en el incidente de Vandellòs II y que tengo el pleno
convencimiento de que ha sido el detonante de esta nueva ley; ley que
volveremos a debatir porque, visto lo visto, seguro que en el Senado se
mantendrá la disfunción entre unos y otros y nos volveremos a ver las
caras, en el buen sentido de la palabra, y ya veremos cómo vuelve del
Senado. Nuestro voto es positivo hoy, ya veremos cómo será cuando la ley
vuelva del Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor
Maldonado.
Fijación de posición. Por el Grupo Mixto, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria fija su posición en los siguientes términos. En verdad,
el tema de las centrales nucleares y sus medidas de control y de
seguridad no puede ser resuelto con la antítesis y el enfrentamiento del
binomio seguridad-rentabilidad industrial o económica, es algo más, están
las cuestiones de contaminación de las otras energías que compiten hoy en
día en la producción de energía eléctrica no solamente en nuestro país,
sino en todo el orbe, que está desarrollando industrialmente nuevas
tecnologías y se está inclinando cada vez más por un control de la
producción nuclear como una de las fuentes que garanticen la no emisión
de gases de efecto invernadero y con el reto de resolver el problema de
los residuos radiactivos. El avance que hoy día contempla esta
iniciativa, que nace como resolución -y se ha dicho que hasta muy
desvirtuada por el tiempo-, es conveniente y necesario. No en vano
estamos tratando de reformar aquella ya añeja Ley 15/1980, que se trae a
esta Cámara con el Gobierno de UCD y se aprueba prácticamente un mes
después de aprobada la Constitución. Había un compromiso político de las
principales fuerzas políticas, tanto de la UCD como del Partido
Socialista, incluso del Partido Comunista de entonces, de superar los
límites que tenía la anterior Junta de Energía Nuclear; no se trataba
solamente de estudios sobre la radiactividad, sino también del control de
las centrales nucleares ya construidas en España. Esa Junta de Energía
Nuclear es superada con la creación por la Ley 15/1980 del Consejo de
Seguridad Nuclear, consejo que no solamente está dedicado a la función
inspectora de garantizar el funcionamiento y la seguridad de las
centrales nucleares, sino que afortunadamente cubre otros aspectos más
amplios como el control de todo el material radiactivo que se emplee, por
ejemplo, en medicina, en la lucha contra tumores y cánceres que requieren
la terapia radiactiva. Pues bien, el proyecto que ha llegado está muy
mejorado por los trabajos que ha habido tanto en ponencia como en
Comisión. Se ha hecho, por tanto, un proyecto necesario. No olvidemos que
lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Que se pueden hacer otros proyectos de
seguridad nuclear? Pues sí, pero es una tecnología que está evolucionando
continuamente. Lo que no puede ser es que un accidente como el de
Chernóbil sirva para paralizar hoy día todo un proceso de demanda de
desarrollo. Por tanto, este proyecto, que nace en esa resolución que
viene a modificar la Ley de Seguridad Nuclear, contiene una serie de
elementos positivos: la sensación que da de claridad y de garantías al
ciudadano, la seguridad que da a la inversión empresarial por el riesgo
inversor económico que comporta y las mayores garantías que da a la
continuidad del funcionamiento bajo los estrictos controles de seguridad
con que se tiene que realizar. Por tanto, estos aspectos positivos deben
inclinar la balanza hacia un avance en la legislación de seguridad de la
ley nuclear correspondiente, y al Consejo de Seguridad Nuclear le vamos a
dotar a través de este proyecto, cuando se apruebe definitivamente tanto
en el Senado como aquí, si viene con las enmiendas pertinentes, de un
concepto de modernidad, de actualización y de un sentido racional y
lógico para tener todas las garantías que tecnológicamente el
conocimiento nuclear permite en este momento. De aquí, señor presidente,
que
vayamos a votar favorablemente esta iniciativa tal como figura en el
dictamen de la Comisión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor
Mardones.
Tiene la palabra el señor Gómez por diez minutos para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular, pero antes quisiera recordar que mi grupo
parlamentario votó en contra de la toma en consideración de esta
proposición no de ley por su falta de rigor, por las deficiencias
técnicas de redacción y por los problemas de ajuste y coherencia con el
resto de la ley, como muy bien ha señalado el señor Beloki. Y lo más
importante, señorías, es que los redactores de la proposición de ley
pretendían convencernos de sus deseos de conseguir unos niveles de
independencia, eficacia y transparencia que, según ellos, no tenía el
Consejo de Seguridad Nuclear, cuando la realidad es que, tras una lectura
detallada del contenido de la proposición de ley, se llegaba a
conclusiones absolutamente contrarias a dichos objetivos. El texto
carecía de una adecuada técnica legislativa, además de las
descalificaciones gratuitas y los juicios de valor infundados hacia el
Consejo de Seguridad Nuclear que no eran sino una muestra de la
desconfianza hacia el organismo que el grupo proponente, y en especial su
portavoz, han mostrado en todo momento.
Señorías, pese a votar en contra de esta descabellada iniciativa, también
dije en nombre de mi grupo que si se aprobaba, como finalmente sucedió,
nosotros, desde el Grupo Popular, contribuiríamos a tratar de identificar
un texto que fuese aceptable para el mayor número de grupos de esta
Cámara y cuyo fin último fuera preservar a los ciudadanos y el medio
ambiente. Queríamos, señorías, garantizar la seguridad nuclear en España,
ni más ni menos, y eso es lo que hemos hecho. A través de enmiendas, de
transacciones y de acuerdos hemos conseguido dar la vuelta a esta
iniciativa como a un calcetín, por emplear palabras del propio portavoz
del grupo proponente. La diferencia es que a nosotros nos ha gustado y a
él parece que no.
Señorías, volviendo al tema que nos ocupa, quiero decir que no es la ley
que más le gusta a mi grupo pero, teniendo en cuenta el dislate de
iniciativa que se había presentado, hemos tratado de corregirlo de la
mejor manera posible. Nos hubiera gustado que fuera a través de un debate
sereno, no politizado y técnico, como muy bien recomendaba el señor
Maldonado en su intervención el día de la toma en consideración de esta
iniciativa, pero no pudo ser por la premura con la que hemos trabajado.
Aun así, tengo que agradecer desde aquí a la portavoz del Grupo
Socialista, señora Velasco, los esfuerzos de aproximación que ha hecho,
sobre todo con el Grupo Popular, al portavoz de Convergència i Unió,
señor Maldonado, por su equilibrio, y al señor Mardones, como siempre,
por sus acertados consejos. Como hemos expresado en varias ocasiones
desde el Grupo Parlamentario Popular, a lo largo de la nada recomendable
trayectoria parlamentaria que ha seguido esta proposición de ley, el
Consejo de Seguridad Nuclear se creó para estar configurado legalmente de
forma que ni el Gobierno ni la industria pudieran ejercer una influencia
tendenciosa sobre el organismo encargado en primer lugar de proteger a
los trabajadores, a la población y al medio ambiente de los posibles
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes; encargado, en segundo
lugar, de que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por
los titulares de forma segura, y encargado, finalmente, de establecer las
medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas,
cualquiera que sea su origen. Dicho esto, señorías, es verdad -y ya se ha
manifestado aquí- que han pasado veintisiete años desde que el Consejo de
Seguridad Nuclear fue creado. En este tiempo, y como la tecnología sobre
la que el consejo ejerce su supervisión y control está en una constante
evolución hacia la seguridad nuclear y la producción de electricidad
nacional, el consejo no se ha quedado estático sino que se ha ido
adaptando a la realidad en la que convive y ha desarrollado sus
competencias más allá de las que incluso tenía configuradas en su Ley de
creación de 1980. Quiero también citar que antes de esta iniciativa, el
consejo, en un pasado reciente, ha sido receptivo a la demanda social de
información y transparencia y por ello puso en práctica una labor al
respecto que desde luego podría haber sido mayor o mejor, pero lo que no
me negarán es que el consejo ha ido por delante de la propia regulación
legal en cumplimiento de las obligaciones que entendía que la realidad
española le demandaba. Y cito como ejemplo en este sentido los numerosos
convenios desarrollados con AMAC, con las universidades, con los medios
de comunicación y organizaciones sin ánimo de lucro. Estoy convencido de
que SS.SS. saben que la clave del éxito del Consejo de Seguridad Nuclear
en su labor a lo largo de estos años ha sido su independencia, y
nosotros, el Parlamento, como órgano creador del Consejo de Seguridad
Nuclear y máximo representante de los intereses de los ciudadanos, no
podemos tener queja.
Como SS.SS. conocen, el Parlamento es el único órgano ante el que el
Consejo de Seguridad Nuclear rinde cuentas y nosotros hemos sido hasta
ahora colaboradores necesarios y suficientes para garantizar esa
propiedad imprescindible de su actividad supervisora, y yo les pido que
sigamos así. Se lo pido además con extensión para los demás organismos
reguladores del Estado, pero muy especialmente para el Consejo de
Seguridad Nuclear en virtud de la nueva proposición de ley del Grupo de
Esquerra Republicana en relación con la designación de
los miembros y composición de los organismos reguladores. Consciente, creo
yo, el Grupo de Esquerra Republicana de que sus enmiendas a esta
iniciativa que hoy debatimos han obtenido el rechazo general, trata de
subvertir el noble objeto de este trabajo a través de un nuevo dislate
como es esta proposición de ley.
Señorías, sinceramente les digo que lo que funciona no se debe tocar. Lo
que sí se puede hacer es actualizar reglamentariamente lo que el Consejo
de Seguridad Nuclear, en virtud de la demanda social, ha acometido más
allá de sus competencias, y eso es lo que mi grupo ha hecho en esta
proposición de ley. Siendo el Consejo de Seguridad Nuclear el decano de
nuestras administraciones independientes, no resultaba en principio
rechazable la posibilidad de una reforma de su ley de creación que
permitiera una puesta al día de su normativa, así como incorporar la
experiencia acumulada en su propio funcionamiento y en el de otros
organismos análogos. Este ha sido el objetivo que el Grupo Parlamentario
Popular ha planteado y que en términos generales ha sido incorporado a
través de enmiendas transaccionales con el Grupo Parlamentario Socialista
y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Así pues, la
reforma que hoy se presenta afortunadamente en nada se parece a la
presentada en su momento por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y
menos mal que no se parece, señorías, porque si la hubiéramos dejado como
estaba estaríamos atenazando la dependencia política del Consejo de
Seguridad Nuclear, subyugando su autonomía financiera, subrogando su
eficiencia técnica y burocratizando su actividad informadora hasta
límites en los que no se cumpliría ni uno solo de los objetivos
mencionados en su Plan estratégico 2005-2010.
Señorías, si esta proposición de ley saliera como entró, les aseguro que
lo mejor sería eliminar el Consejo de Seguridad Nuclear y crear una
dirección general en algún ministerio, que ni siquiera sería el de
Industria. Lo digo porque temas como el papel del delator libre, el
comité supervisor, el modelo empresarial soviético, la ampliación
política de sus miembros, la fiscalización previa de su presupuesto,
etcétera, harían inviable su existencia bajo los cánones internacionales
de un organismo moderno, independiente, técnico y transparente. Aun así,
creo que, aunque hemos incorporado algunas enmiendas transaccionales
relativas a la Ley de Energía Nuclear en materia de objetivos,
aplicaciones y sanciones y a la Ley del Sector Eléctrico en materia de
gestión de los fondos de financiación de Enresa, la premura con la que se
ha trabajado en los últimos días en esta ley y la imperiosa necesidad de
mejorar como sea la propuesta original hace que el contexto en el que se
mueve la Ley de creación del CSN, es decir, la Ley de Energía Nuclear y
la Ley del Sector Eléctrico, entre otras, deban ser realmente
actualizadas.
Para concluir, señorías, quiero insistir en que esta no es la propuesta
que hubiera presentado mi grupo, pero teniendo en cuenta el dislate que
teníamos delante, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos hecho todos
los esfuerzos para conseguir identificar un texto que finalmente ha sido
aceptado por varios grupos. Señorías, la seguridad nuclear no es un tema
baladí y no se puede acometer con demagogia o con palabras huecas. Por
eso creo que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos hecho un buen
trabajo y podemos decir que la seguridad nuclear está garantizada. Por
tanto, señorías, mi grupo parlamentario votará en contra de las enmiendas
que quedan vivas, pero votará a favor de la reforma de la Ley 15/ 1980,
de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear en los
términos en los que hoy se presenta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Gómez.
Tiene ahora la palabra en el turno de fijación de posición, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Velasco. (Rumores.) Señores
diputados, ruego un poco de silencio porque va a intervenir nuestra
colega, la señora Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy la proposición de ley de reforma de la Ley de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear. En primer lugar, quería
hacerles una reflexión. Esta ley es del año 1980; se aprueba en un
momento histórico especialmente importante desde el punto de vista
político, fue la primera ley que se aprobó y que luego dio lugar a la
legislación en torno a los órganos que luego llamamos independientes.
Después de tantos años, era necesario revisar y actualizar esta ley.
La proposición de ley la presentó Izquierda Unida y nuestro voto a su toma
en consideración en aquel momento fue a favor. Lo hicimos porque
entendíamos que era necesario cambiar la ley. También dijimos que
teníamos discrepancias importantes respecto a la proposición de ley,
tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista
conceptual, pero entendíamos que los trabajos parlamentarios podrían
mejorar esa proposición de ley. También lo hicimos como un gesto a
quienes pensaban que había que incorporar aspectos de modernidad a la
seguridad nuclear y, por tanto, así asumimos el texto. Así ha sido y
tengo que agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios. A lo
largo de año y medio hemos trabajado duro, y a pesar de que los
portavoces hayan dicho desde esta tribuna que ha sido precipitado, ha
sido año y medio de comparecencias, año y medio de estudios de
legislación comparada y año y medio de muchas reuniones y trabajos. Por
tanto, vaya por delante mi agradecimiento, y en especial a los grupos que
hoy han manifestado en esta tribuna que van a votar a favor del dictamen
de la Comisión que aquí llega. Tengo que decir también que se han hecho
múltiples consultas,
porque esta es una ley, como pueden entender SS.SS, muy técnica,
necesitábamos mucho asesoramiento y debíamos conocer también cuál era el
entorno y las circunstancias legislativas de nuestro entorno inmediato,
Europa, y también la herencia que habíamos recibido de una legislación
con muchísimos puntos de encuentro con la legislación de la NRC
americana. Asimismo, como todos conocen, en el debate del estado de la
Nación se planteó la creación de una mesa sobre el futuro de la energía
nuclear en el Ministerio de Industria, y allí se dedicó una sesión
monográfica exclusivamente dedicada a la regulación nuclear en nuestro
país. Fue una sesión muy interesante, nos aportó una información muy
valiosa que hemos incorporado a nuestro trabajo parlamentario. En nuestra
opinión, hemos logrado mejorar una ley que va a regular el Consejo de
Seguridad Nuclear y que tiene como objetivo final mejorar la seguridad de
nuestras instalaciones nucleares y también las radiactivas; en
definitiva, mejorar la seguridad de las personas frente a las radiaciones
ionizantes y la protección del medio ambiente. Se ha dicho que se ha
tardado mucho en traer esta ley, pero, como ya he dicho, se ha hecho con
mucho trabajo y con mucho análisis.
A la hora de revisar la legislación de nuestro entorno, cuando algunos
grupos parlamentarios ponen como referencia la legislación francesa,
tengo que decir que la Ley francesa, aprobada el año pasado, tiene muchos
puntos de encuentro con el modelo de regulación del Consejo de Seguridad
Nuclear que teníamos en nuestro país y que ahora modificamos, corregimos
y mejoramos. Cuando hablábamos de la necesidad de modificar la ley, tengo
que decir que existía ya un desfase muy importante entre los aspectos
tecnológicos que la ley regula y los avances científicos, sobre todo la
constante evolución que preside la utilización de la energía nuclear.
Adaptar la ley, pues, a la legislación y a la normativa reguladora de la
Agencia Internacional de la Energía resultaba necesario para incorporar
los compromisos suscritos por nuestro país en cuanto a tratados y
convenios internacionales, referidos sobre todo a salvaguardias, a no
proliferación de armas nucleares, a protección física de materiales
nucleares y a principios generales para la gestión segura de los residuos
radiactivos, la obligada incorporación de nuevos principios de seguridad,
que no estaban contemplados en la Ley de Energía Nuclear. Por cierto,
señorías, cuando se habla del régimen sancionador en la proposición de
ley que se plantea en este Parlamento y que tomamos en consideración, no
se aborda ninguna modificación del régimen, sino que es a través de
enmiendas que plantea el Grupo Socialista cuando comentamos con todos los
grupos la necesidad de modificar la Ley de Energía Nuclear en los
aspectos de promoción de la energía nuclear y sobre todo en los aspectos
que regulan el régimen sancionador. Con motivo de esa modificación de la
Ley de Energía Nuclear incorporamos en nuestras enmiendas y en el
dictamen que está aprobado y que viene hoy a este Pleno importantes
ampliaciones en las sanciones que se imponen a las instalaciones que no
operen en condiciones de regularidad. Por otra parte, era necesario
incorporar una figura en la que tenemos mucho interés, los
apercibimientos, habida cuenta de que los mismos solo se desarrollan en
las instalaciones radiactivas y son un elemento muy importante para
trabajar y avanzar en la cultura de seguridad de dichas instalaciones.
Señorías, hay más o menos 800 apercibimientos al año del Consejo de
Seguridad Nuclear a instalaciones radiactivas -me refiero a servicios de
radioprotección, a servicios de radiodiagnóstico- y es muy importante que
el Consejo de Seguridad Nuclear aperciba y prevea a la vez las
correcciones que tienen que hacer ese tipo de instalaciones para así
mejorar su función y garantizar la seguridad. Por tanto, lo que hoy
traemos aquí es importante.
Conceptualmente, discrepábamos en una serie de cuestiones. Nosotros
creemos en la regulación y en los órganos reguladores. Los órganos
reguladores tienen que tener instrumentos para que sean independientes,
sobre todo de las instituciones que están regulando, pero también del
Gobierno y para ello tienen que tener unos atributos que, si me permiten,
señorías, voy a compartir con ustedes. En primer lugar, deben disponer de
mecanismos apropiados para mantener relaciones profesionales con los
solicitantes y propietarios de las autorizaciones, con expertos
independientes y con el público sin permitir influencias no aceptables.
En segundo lugar, han de tomar decisiones sobre bases científicas y
técnicas comprobadas y acompañadas de explicaciones sólidas y claras. Y
en tercer lugar deben definir claramente objetivos de seguridad y los
correspondientes criterios legales y técnicos. Por eso, en la línea de
las enmiendas en las que ha trabajado el Grupo Socialista, queríamos
incorporar, y lo hemos hecho junto con las enmiendas de otros grupos, una
serie de instrumentos legales que permitan cumplir esa función. En esta
proposición de ley que debatimos hoy avanzamos en la cultura de
seguridad, proporcionamos mayores y mejores instrumentos para la
protección radiológica, mejoramos mucho la comunicación con la sociedad
civil, se mejora la transparencia en la gestión del organismo y se crea
un comité asesor externo, en el que van a tener representación y
representantes las comunidades autónomas, los municipios a través de
AMAC, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil que
estén interesadas en ese comité. Se garantizan también los derechos de
los trabajadores que denuncien las irregularidades en las operaciones de
las instalaciones. Por tanto, queremos avanzar en esa cultura de
seguridad. Nosotros creemos en los órganos reguladores y por eso
modificamos esta ley.
Habida cuenta de las críticas que se han vertido en esta tribuna, nosotros
queremos consensuar y que la ley salga con el máximo apoyo. A lo largo de
este año y
medio hemos hablado mucho todos, otra cosa es que no lográramos acuerdos
sobre circunstancias concretas que no gustaban a unos u otros grupos de
esta Cámara. Seguimos haciendo esfuerzos y, en este sentido, hemos
planteamos ocho enmiendas transaccionales a los votos particulares de
Izquierda Unida al dictamen de la Comisión. Todos los grupos conocen
estas enmiendas, con las que se avanza y se modulan las posturas tanto
del grupo proponente de la ley como del Grupo Socialista, porque nuestro
objetivo es lograr que esta ley, que es técnica, proteja a los ciudadanos
y dé instrumentos al Consejo de Seguridad Nuclear para que realmente
vuelva a recuperar la máxima credibilidad de los ciudadanos de este
país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora
diputada. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
En primer lugar votamos la proposición de ley orgánica de modificación de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, ocho; en contra, 276; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana números 55, 56 y
58.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 13; en contra, 277; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 57.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 12; en contra, 281; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 59.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 19; en contra, 278.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a votar el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 297; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Teniendo en cuenta que la ley tiene carácter orgánico
se necesita votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 297.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Votación de la proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de
abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. (El señor Herrera Torres pide la palabra.)
Dígame, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Como el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado unas enmiendas a nuestros votos particulares, queríamos saber
si se pueden votar las transacciones del Grupo Parlamentario Socialista.
(Varios señores diputados: ¡No!)
El señor PRESIDENTE: Me comunican los servicios de la Cámara que el Grupo
Parlamentario Popular se ha opuesto y, en consecuencia, no procede su
votación.
Votación en bloque de la enmienda y votos particulares del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 19; en contra, 273; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
