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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 310, de 20/12/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 310
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 288
celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-Ley 11/2007, de 7 de septiembre, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. ("BOE" núm. 294, de 8 de diciembre de 2007.) (Número de expediente 130/000051.)... (Página 15419)

Veto del Senado:

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 149-1, de 27 de septiembre de 2007. (Número de expediente 121/000149.)... (Página 15428)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 134-1, de 11 de mayo de 2007. (Número de expediente 121/000134.)... (Página 15445)

Página 15416


- Proyecto de Ley del Cine. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 138-1, de 8 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000138.)... (Página 15457)

- Proyecto de Ley de adopción internacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 143-1, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000143.)... (Página 15465)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.... (Página ) - Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 212345.)... (Página 15473)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 15473)

Veto del Senado. (Votación.)... (Página 15474)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 15474)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.


- Declaración de ciertos Gobiernos europeos en relación con la fase de explotación de los lanzadores Ariane, Vega y Soyuz desde el Centro Espacial de la Guayana y Documento final, hecha en París el 30 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 456, de 23 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000274.)... (Página 15477)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Albania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 457, de 23 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000275.)... (Página 15477)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo a la seguridad de la información clasificada, hecho en Madrid el 17 de septiembre de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 458, de 23 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000276.)... (Página 15477)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 15419)

Real Decreto-ley 11/2007, de 7 de septiembre, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero... (Página 15419)

El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos Matheu), expone ante la Cámara los motivos que han impulsado al Gobierno a la presentación de la convalidación de este real decreto-ley. Señala que se trata, en primer lugar, de la prórroga de una normativa vigente; en segundo lugar, de corregir un efecto distorsionante y no deseado que produce el actual mecanismo de asignación de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea; en tercer lugar que las medidas que se proponen son equitativas, proporcionadas y no son confiscatorias ni generan ningún peligro para la seguridad del sistema y, en cuarto lugar, su aplicación se da de forma proporcionada a través de las órdenes ministeriales posteriores de aplicación, como ya se ha hecho en el periodo de vigencia del real decreto.


Finaliza señalando que el real decreto busca la equidad, no producir distorsiones en forma de pago por parte de los usuarios de unos derechos gratuitos que el Estado ha concedido a las empresas. El Gobierno se compromete a continuar con su mecanismo de valoración, que en ningún caso pone en peligro las inversiones de este importante sector en nuestro país.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario

Página 15417


Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); RamónTorres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Veto del Senado... (Página 15428)

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008...
(Página 15428)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) pasa a defender los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Señala que en esta sesión se decidirá sobre el voto a la sección 27, relativa al Ministerio de la Vivienda, aprobado en el Senado. Como ya señaló en la Cámara Alta, ha prosperado un veto precisamente en un área en la que este Gobierno ha hecho grandes esfuerzos y en la que se refleja, por cuarto año consecutivo, un incremento de las dotaciones de departamento superior a la media.


Indica que la elaboración inicial de los presupuestos se sometió a criterios de prudencia, ajustándose al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado por los plenos de las dos Cámaras en junio de este año. El Gobierno ha cumplido con los compromisos en cuanto a estabilidad presupuestaria, productividad e infraestructuras.


Finaliza pidiendo el apoyo para estos Presupuestos, impidiendo una prórroga de los correspondientes a 2007, que hurtaría a los ciudadanos las mejoras que el proyecto de ley incorpora.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Rodríguez y las señoras Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal y los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


Enmiendas del Senado... (Página 15445)

Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información...
(Página 15445)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley del Cine... (Página 15457)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley de Adopción Internacional... (Página 15465)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario

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Vasco (EAJ-PNV) y Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); el señór Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados... (Página 15473)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados... (Página 15473)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 15473)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2007, de 7 de septiembre, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se convalida por 184 votos a favor, cuatro en contra y 157 abstenciones.


Sometida a votación la tramitación del decreto como proyecto de ley, se aprueba con 314 votos a favor, 16 en contra y 16 abstenciones.


Veto del Senado. (Votación.)... (Página 15474)

Sometido a votación el veto del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, se rechaza por 182 votos a favor y 165 en contra.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 15474)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de medidas de impulso de la Sociedad de la Información.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley del Cine.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Adopción Internacional.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página 15477)

Declaración de ciertos gobiernos europeos en relación con la fase de explotación de los lanzadores Ariane, Vega y Soyuz desde el Centro Espacial de la Guayama y Documento final, hecha en París el 30 de marzo de 2007... (Página 15477)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Albania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980...
(Página 15477)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo a la seguridad de la información clasificada, hecho en Madrid el 17 de septiembre de 2007... (Página 15477)

Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por unanimidad.


Se levanta la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Punto V del orden del día: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados. Este punto eventualmente se discutirá en sesión secreta. ¿Alguien quiere intervenir? (Pausa.) Continuamos.


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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 11/2007, DE 7 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE DETRAE DE LA RETRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MAYOR INGRESO DERIVADO DE LA ASIGNACIÓN GRATUITA DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. (Número de expediente 130/000051.)

El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales-decretos leyes. Real Decreto-ley 11/2007, de 7 de septiembre, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Exposición por un miembro del Gobierno. Señor Clos, tiene usted la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Señor presidente, señorías, para la explicación de este real decreto-ley con vistas a su convalidación quisiera centrarme en cuatro elementos principales. En primer lugar, se trata, de hecho, de la prórroga de una normativa vigente en estos momentos; en segundo lugar, se trata de corregir un efecto distorsionante y no deseado que produce el actual mecanismo de asignación de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea; en tercer lugar, las medidas que se proponen son equitativas, proporcionadas y evidentemente no son confiscatorias ni generan ningún peligro para la seguridad del sistema; en cuarto lugar, su aplicación, como es lógico, se hará de forma sensata y proporcionada a través de las ordenes ministeriales posteriores de aplicación, como ya se ha hecho en el periodo actual de vigencia del real decreto.


En primer lugar, como les decía, el decreto-ley cuya convalidación debatimos es de hecho la prórroga de una normativa vigente en estos momentos, el Real Decreto de 3 de marzo de 2006, en el que casi literalmente se establece el mismo mecanismo de corrección de estos efectos distorsionantes y no deseados de los que les he hablado. Este real decreto-ley que se aprobó el 3 de marzo de 2006 ha funcionado correctamente y ha corregido los problemas que el mecanismo había generado. Como les decía, se pretende corregir un efecto distorsionante que se produce por el mecanismo de asignación de derechos de CO2 de la Unión Europea. Este mecanismo está en revisión en estos momentos. La propia Unión Europea, que acaba de formalizar el proyecto de periodo de asignaciones que van desde el año 2008 al 2012, ya ha iniciado conversaciones oficiales con los gobiernos. Yo ya he tenido la visita de dos comisarios para hablar del futuro mecanismo de asignación a partir de 2012. Para corregir estos efectos no deseados del sistema actual se está estudiando la posibilidad de proceder a la subasta de los derechos de CO2 en el tercer periodo de asignación del mismo, a partir de 2012, mecanismo que por otro lado está funcionando en otras partes del mundo y que está resultando mucho más eficaz que los sistemas de asignación en el sector eléctrico. El efecto distorsionante se produce, como ustedes saben, porque las compañías en el sector eléctrico transfieren íntegramente las asignaciones gratuitas de derechos de CO2 al precio de la energía. Esto produce un efecto inesperado, que es un incremento del precio de la energía, consecuencia de una asignación gratuita que hace el Gobierno para este sector. Evidentemente, no podemos aceptar que una asignación gratuita que hace el Gobierno a un sector se transforme además en incremento automático de tarifas. Por lo tanto, se trata de corregir este efecto no deseado, y el mecanismo que hemos arbitrado en nuestro país, como les decía, ha funcionado muy correctamente.


Les decía que las medidas que se proponen son equitativas y proporcionadas. Son equitativas porque, en la medida en que estamos transitando hacia un mecanismo de mercado eléctrico abierto y competitivo, todos estamos haciendo un esfuerzo importante para asumir el incremento de costes que esto representa. Sin duda alguna, el sector industrial y de los grandes consumidores de alta tensión han padecido ya el efecto de esta transformación de una manera muy directa en forma de incrementos muy relevantes de las tarifas de alta tensión. Como saben ustedes, de hecho, a partir de julio del año que viene desaparecen las tarifas del sector de alta tensión, y en el último año y medio el sector industrial ha tenido un incremento de más del 50 por ciento del precio de la electricidad, lo que representa un inmenso esfuerzo para este sector, que tiene que hacer inversiones para corregir el exceso de consumo de energía. Para el sector de la baja tensión, que afecta principalmente a los domicilios, a las familias y a los comercios, saben que nos hemos dotado de un plazo de tres años para adecuar nuestra evolución de repercutir el precio integral de la energía en un periodo de tres años.
Estamos a la mitad del proceso y en este sentido la evolución es positiva. Se han producido ya incrementos importantes de precios, fruto de esta decisión de mecanismo de asignación de mercado en la Unión Europea, y continuaremos en esta tendencia en los próximos años. El decreto es equitativo porque, así como hacen esfuerzos el sector de la alta tensión y el de la industria y los comercios y las familias, también es lógico que hagan un esfuerzo todas las empresas del sector que contribuyen con estas modificaciones a paliar los efectos del cambio de modelo. He dicho también que el decreto es proporcionado -y en esto quisiera insistir- porque no se detraen los derechos otorgados de CO2 sino que, como dice el largo título de este real decreto, lo que se hace es disminuir los efectos que sobre los beneficios de las empresas tiene el mecanismo de asignación de derechos de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que, en la medida en que el sistema de mercado de la electricidad funciona por precios marginales,

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todos los precios de todos los mecanismos de generación, aunque no tengan asignados directamente derechos de CO2, se benefician de incrementos de beneficios inesperados fruto de esta distorsión en el mecanismo de asignación. Por tanto, el mecanismo de detracción de estos recursos se hace proporcionado al efecto que el mecanismo produce en todo el sector, tenga o no asignados derechos de emisión de CO2, porque así es la lógica del funcionamiento de este sistema. El decreto no es confiscatorio ni pone en peligro las inversiones en generación en nuestro país, porque afortunadamente tenemos ya dos años de experiencia de este mecanismo, está funcionando correctamente, los beneficios del sector eléctrico y del sector de la generación no se han visto perjudicados de una forma relevante ni se ha puesto en cuestión la rentabilidad de las inversiones en generación, y además las cotizaciones de estas empresas, como saben ustedes, en los últimos años están muy por encima del incremento de cotizaciones derivado del promedio del IBEX.


Como les decía, finalmente, esta prórroga se va a aplicar siguiendo todos los mecanismos de garantía que nuestro sistema legal comporta. A partir de aquí se van a derivar las órdenes ministeriales previstas en el propio real decreto, como ya se ha hecho en estos dos últimos años, y en el proceso de tramitación de estas órdenes ministeriales, como ya se ha hecho también en los dos últimos años, va a haber el trámite de consulta a la CNE, a las empresas afectadas y al consejo jurídico, por tanto, con todas las garantías que exige nuestro procedimiento administrativo para estos casos. Como saben, además hemos comentado con el sector la posibilidad de tratar este tema en un trámite posterior como proyecto de ley. A la altura de la legislatura en que estamos esto ya no tiene ningún sentido, sería una tergiversación del calendario electoral, pero en la medida de nuestras posibilidades, que estoy seguro que son muchas, nos comprometemos a seguir este procedimiento en el futuro con el objetivo de dar todas las garantías pertinentes a un sector estratégico relevante de nuestro país que merece toda nuestra atención y preocupación. Como les decía, es un real decreto-ley que busca la equidad y que no se produzcan distorsiones en forma de pago por parte de los usuarios de unos derechos gratuitos que el Estado ha concedido a las empresas, y además nos comprometemos, como ya hemos hecho en la actualidad, a continuar con nuestro mecanismo de valoración, que en ningún caso pone en peligro las inversiones de este importante sector en nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Pasamos a fijar la posición de los grupos parlamentarios. Señor Rodríguez, en primer lugar.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Consideramos lógico que unos derechos de emisión asignados gratuitamente a las empresas eléctricas no tengan por qué provocar un impacto negativo en la factura de electricidad de los consumidores. Por lo tanto, si el real decreto-ley va destinado a combatir esta distorsión, merece nuestro apoyo. También resulta lógico restar del pago a la actividad de producción de electricidad el valor de unos derechos de emisión de gases que se asignan gratuitamente a las empresas. Indudablemente, no se puede retribuir un coste que no se va a soportar. Sin embargo, hay algún aspecto que sin duda tendrá alguna explicación, como por ejemplo el artículo 2, donde las instalaciones que no reciben derechos de emisión, es decir, instalaciones de cualquier tecnología, no son precisamente asignatarias de gases efecto invernadero y, sin embargo, forman parte también del real decreto-ley. En todo caso, será una cuestión que tendrán que clarificar las propias empresas.


Por lo demás, vemos claramente que quedan excluidas las instalaciones de régimen especial, en concreto las que son competencia de las comunidades autónomas. Por eso, vamos a dar nuestro voto afirmativo, pero no sin antes hacer una observación. Está claro que se necesita un marco más transparente en general sobre el mundo del gas y de la electricidad, pero en particular sobre un modelo de combate de los gases efecto invernadero que no esté basado precisamente en algo tan contradictorio como el mercadeo, la venta y, en todo caso, no la reducción de CO2, sino simplemente un negocio que nos resulta a todas luces inexplicable. Por eso, no vemos anormal que haya fracasado el Plan de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, cuando lo que se hace es ir a un negocio con algo que debía ser logrado, en todo caso, por unos métodos de reducción efectiva al margen de beneficios o al margen de una cuestión puramente vinculada a la producción de las eléctricas. Por eso deseamos que en la futura negociación entre todos los Estados de la Unión Europea se busquen métodos más adecuados, y no este -vuelvo a repetir- que ya nos pareció tremendamente contradictorio y aberrante en su debido momento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor Clos, cuando tramitábamos la Ley del Sector Eléctrico, nuestro grupo hizo enmiendas para intentar precisamente que elementos como estos estuviesen en la ley. La Ley del Sector Eléctrico, discutida ampliamente en esta Cámara, como usted sabrá, fue pactada con el Partido Popular, con Convergència i Unió, y las enmiendas de nuestro grupo o de otros grupos ni tan siquiera se escucharon; repito, ni siquiera se escucharon. Es paradójico ver que hoy nos viene con un real decreto que pone negro sobre blanco lo que tendría que estar ya en la ley, lo que se hace en otros países europeos. Se encuentran con un pulso de las eléctricas como el que se

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han encontrado y, curiosamente, sus socios -que no somos nosotros- en materia eléctrica hoy le dan la espalda, el Partido Popular y Convergència i Unió. Sus socios, porque fue con ellos con quienes pactó la Ley del Sector Eléctrico. Parecía que le daban la espalda; quizás han cambiado a última hora. (Los señores Sánchez i Llibre y Martínez-Pujalte López pronuncian palabras que no se perciben.) Tienen razón, no lo sé aún; pueden sorprenderme; es Navidad y pueden sorprenderme. (Risas.) Pero bueno, yo preveía que le iban a dar la espalda. También es verdad que si finalmente no se la dan será signo de que algo habrán pactado, con ellos y con algún otro. (Risas.)

Pero vayamos al grano. Lo cierto es que lo que vamos a aprobar es que las eléctricas no se descuenten los costes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero del déficit tarifario que van a cobrar. Lo que vamos a aprobar es de sentido común; sentido común en un país con un déficit tarifario récord; sentido común en un país que incumple como quien más con el Protocolo de Kioto. ¿Es razonable? Parece que sí. ¿Lo han hecho en otros países? Parece que sí. ¿Es la continuidad del Real Decreto-ley 3/2006? También. La cuestión es, si es la continuidad del Real Decreto-ley 3/2006, por qué no lo poníamos en la ley. ¿Por qué no lo hicimos antes? Tenemos que decir que no lo entendemos. La cuestión es por qué algo tan sencillo causa tanto revuelo. Nuestro grupo parlamentario le hizo una pregunta el 11 de diciembre de 2007 -hace muy pocos días- en torno a lo que pasó el 19 de noviembre. Como usted sabe, el 19 de noviembre cuatro centrales de fuel estaban en revisión, 2.000 megavatios de generación por carbón estaban parados, dos reactores nucleares también estaban parados. Curiosamente, todo el mismo día. Y nosotros le hemos preguntado: ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinión le merece al Gobierno lo que está ocurriendo con las compañías del sector eléctrico? ¿Ha existido o no presión de las compañías? Porque nosotros teníamos una sospecha más que evidente. Curiosamente, el Gobierno aprueba lo justo y las eléctricas hacen todo esto. ¿Por qué lo hacen? Dicho de otra manera: ¿por qué tienen tanto margen para hacerlo? Y se lo voy a contestar, señor Clos. Porque ustedes mantienen la Ley Piqué. Porque ustedes mantienen una ley que no introduce elementos de planificación no solo indicativa sino imperativa.
Esto lo pueden hacer porque ustedes tienen un marco regulador que es el que heredaron de la política del Partido Popular. La Ley Piqué se ha mantenido en esta legislatura. Y es verdad, existe reacción por parte de las eléctricas, pero el problema principal es que esa reacción se produce en un marco legislativo que les da todo el margen, y ahí ustedes, teniendo mayoría parlamentaria para hacer una ley eléctrica que fuese homologable a otras legislaciones europeas en un país que incumple tanto con Kioto, lo que han hecho ha sido mantener esa ley. Tenemos un marco regulador muy flexible con las eléctricas que no introduce elemento alguno de planificación.


Algo no funciona. Estamos discutiendo sobre el déficit tarifario; un déficit tarifario récord, 15.000 millones de euros acumulados desde hace varios años. Es así, récord. Pero, curiosamente, lo cierto es que las eléctricas tienen también beneficios récord. Endesa logra un beneficio neto de 1.979 millones de euros en los nueve primeros meses del año, que es un 21 por ciento menos que en 2006, pero continúa con unos beneficios extraordinarios. Si se descuenta el impacto de determinados ingresos procedentes de la venta de activos y otros ingresos extraordinarios, continúa creciendo a un 13 por ciento. Negocio redondo. Iberdrola, tras invertir 18.000 millones de euros en crecimiento orgánico desde 2001 y 17.100 millones de euros en la adquisición de Scottish Power, logra hasta septiembre un beneficio de 1.613 millones de euros, un 30 por ciento más.
Unión Fenosa dice en su página web que aumenta su beneficio neto un 39,8 por ciento hasta llegar a 704 millones en los nueve primeros meses de 2007. La información ha sido extraída de las web de cada una de las eléctricas. La cuestión es: ¿no pueden descontarse lo que cuestan los derechos de emisión en el déficit tarifario? Claro que sí. Si lo pueden hacer, ¿cómo puede ser que monten este escándalo que han montado, que se quejen tanto, que les pongan en un aprieto y que tengan los instrumentos de presión que tienen y que van a continuar teniendo? Muy sencillo: porque ustedes mantienen la Ley Piqué, que es una ley desregulada y que permite un déficit tarifario récord y que de los dineros de todos haya una transferencia a las eléctricas, y todo eso lo permite con un beneficio récord de las eléctricas. Algo no funciona en el sistema eléctrico español, y ustedes han renunciado a ponerle el cascabel al gato. Lo que no puede ser es que lo intentemos con un real decreto-ley, con el que coincidimos y que vamos a votar a favor. Les vamos a sacar las castañas del fuego en este real decreto-ley, se lo dijimos, cuando ustedes ni tan siquiera escucharon ninguna de nuestras enmiendas en relación con el sector eléctrico; repito, ninguna. Les vamos a sacar las castañas del fuego, pero le tengo que decir que tememos la negociación que usted ha anunciado. Tememos la negociación con el sector, que vendrá el día después de las elecciones, por una razón muy sencilla: porque ustedes no tienen la sartén por el mango; porque ustedes han renunciado a tener instrumentos para hacer esta planificación no solo indicativa sino imperativa; porque ustedes, en definitiva, tienen -o han aprobado o han querido avalar- una ley que da demasiados instrumentos de poder a las eléctricas; una ley que no da, en definitiva, los instrumentos que se requieren en esta materia tan delicada.


Usted sabe bien que hoy no podemos hablar de electricidad igual que se hablaba en los años noventa. La electricidad no es un bien infinito, al menos en su repercusión medioambiental, y al igual que en materia de agua hay planificación de la tarifa, hay políticas activas, en materia eléctrica también se deberían aplicar estas políticas. Nos preocupa mucho el futuro; un futuro en el que va a desaparecer la tarifa, como usted ha dicho y como

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ustedes han aprobado. La pregunta es: en el momento que desaparezca la tarifa, ¿cuáles serán los instrumentos que vamos a tener para hacer esa política imprescindible, entendiendo que, en definitiva, la electricidad no es un bien infinito? Sobre la electricidad tiene que haber correctas estrategias de ahorro y eficiencia. Nosotros entendemos que hay una renuncia por parte del Gobierno en materia eléctrica; que lo que hace el real decreto-ley es poner negro sobre blanco posiblemente lo que es sentido común, y por eso, finalmente, vamos a votar a favor, pero con un sentido muy crítico en torno a lo que ha sido la política eléctrica y el caso que se ha hecho a nuestras propuestas en esta legislatura.


Por ultimo, tengo que hacerles una crítica en torno al real decreto-ley: las formas y cómo llega; no compartimos, además, que no se haya incluido esto en la ley; si no se incluyó en la ley seguramente fue porque los otros con quienes la aprobaron no se la hubiesen votado. Quiero decirles que para nosotros el real decreto-ley tiene demasiados márgenes para la negociación; dicho de otra manera, el real decreto-ley podría tener explícitamente los criterios con que se evalúa el coste que se va descontar de la tarifa. No lo entendemos; no entendemos por qué dejan ese margen, por qué dejan ese recorrido; por qué no aprovechan que tienen una mayoría parlamentaria para sacar el real decreto-ley adelante, estableciendo claramente cuáles son los criterios objetivos por los que se van a determinar los valores de las emisiones. Con todas estas consideraciones, por tanto, nuestro voto va a ser favorable, un voto exigente y crítico, porque lo que les está pasando, lo que pasó el 19 de noviembre, es fruto de esta anomalía: beneficio récord, déficit tarifario récord, nulos instrumentos de gestión de la demanda, inexistentes, y todo eso es porque simplemente la ley que tenemos no es la suya sino la que aprobó el Partido Popular, la Ley Piqué; una ley que se mantiene, que continúa; una ley que no han modificado y en torno a la que han renunciado a introducir esos elementos de planificación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Vasco. Señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, algo no funciona en el sistema eléctrico español, decía quien me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Herrera. Yo puedo decirle una cosa que desde luego no funciona, que es el ministerio. Estamos en aires de despedida de legislatura, y no es que me vaya a sumar a los aires de despedida de la legislatura -que son abundantes estos días-, pero sí voy a recordar un poco cómo está finalizando esta legislatura, justo para situar el real decreto que hoy se somete a aprobación o reprobación, por decirlo en términos muy al uso, en este hemiciclo.
Demasiadas cosas; demasiadas cosas, a juicio de este Grupo Parlamentario Vasco, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han tenido a lo largo de esta legislatura -ya a punto de finalizar- un aire de improvisación; yo diría incluso que, a ratos, de simple ocurrencia y desde luego de grandísima provisionalidad. Me atrevo a decir que lo han tenido además en distintos campos competenciales de este ministerio, pero si hay uno, desde luego, es en el energético. En la política regulatoria de los temas energéticos hemos estado, no sé si decir que al aire que más calienta o a la improvisación más de último segundo de quien estuviera en su caso al frente de esos temas en el ministerio. No voy a repasar todos esos distintos momentos en los que hemos vivido estos aires de improvisación y de ocurrencia por falta de tiempo y por espíritu navideño, por las dos cosas. En todo caso conviene tener claro que cuando se actúa con esa improvisación, con esa ocurrencia, con ese salir del paso hoy como sea, ocurre luego que a menudo llegan momentos peores. A veces, por salir del paso, se acierta, pero muchas otras veces no se acierta, y cuando llega el momento de tomar las decisiones de forma inaplazable entonces uno se encuentra con determinados problemas difíciles de resolver, y este es un caso de esos.


En este ministerio, entre otras cosas, a este aire de improvisación y de ocurrencia también ha ayudado el hecho de los cambios habidos en el ministerio en el ámbito energético y al frente del propio ministerio en esta legislatura. Evidentemente estos cambios tampoco ayudan a la estabilidad y a que las políticas sean estables y continuas, o tienen el riesgo de que no ayuden, y desde esta perspectiva han ido pasando los tiempos y los aires han ido, entre comillas, a peor. Hoy estamos, como decía, ante un ejemplo -que ojalá sea el último de esta legislatura, aunque, quién sabe, todavía suele haber un margen de improvisación justo en el último segundo del último segundo- de cómo efectivamente estamos intentando abordar un problema creado por el propio ministerio. El ministerio establece en un determinado momento del año 2006 el principio y la norma de que la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica se minoraría por el valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente a los productores de energía eléctrica. Posteriormente, en el Plan nacional de asignación, atribuye los derechos en los términos gratuitos que se establecen. Esto es lo que hace el ministerio, hace las dos cosas, y ahora, en un auténtico giro de última hora, giro sobre sí mismo, el ministerio nos asalta con una más de sus ocurrencias o de sus improvisaciones: a las compañías de producción de electricidad les cambia el criterio en el último segundo, justo cuando no hay ni siquiera margen para que debatamos a fondo en este hemiciclo. A ellas las asalta con algo inesperado y al Parlamento lo asalta con el: tiene usted que cogerlo o dejarlo. Y así no hay forma de que podamos entrar a debatir este tema en serio. Es decir, con una improvisación urgente de un real decreto-ley, y si todos los reales decretos-leyes ya son altamente cuestionables, hecho en los términos en los que se está haciendo ahora, justo al acabar esta legislatura,

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en el último de los plenos, son a mi modo de ver absolutamente inconsistentes en lo que debiera ser una política de estabilidad y de visión a medio y largo plazo. Esta es la razón por la que mi grupo no puede apoyar este decreto, y no lo puede aprobar por lo que digo e insisto, por este andar ocurrente, improvisado, a conveniencia del propio ministerio. Con todas las buenas intenciones que yo no le niego a nadie en este mundo, pero las buenas intenciones no son suficientes. Insisto en que demasiadas veces a lo largo de la legislatura el ministerio nos ha llevado a supuestas soluciones parciales, a salidas coyunturales, que luego ya veremos en el momento siguiente qué podemos hacer para salir del lío en el que hoy hemos podido entrar.


Yo debo reconocer que las razones de base que existen y que se argumentan en el real decreto en este ministerio son razones que tienen recorrido, razones de las que se puede hablar si hay tiempo, hay modo y se establecen con lo que debe ser una visión a medio-largo plazo y con unas políticas estables que no sean de pura improvisación. Pero para que tengan recorrido tienen que tener tiempo y debate, y lo que a este real decreto le falta es justamente que se plantee, más que en unos términos, en unos momentos en los que esto se pueda debatir y se haga con todos los agentes con los que se debe debatir. Y esto no es algo que mi grupo esté subrayando aquí al final de esta legislatura por subrayarlo. Le podría poner ejemplos de estos días sobre este mismo proceder en otros campos.
Por ejemplo, le podría hablar a usted de lo que ha pasado esta misma semana, el lunes, con los consejos consultivos de hidrocarburos y de electricidad. ¿Qué han escuchado ustedes prácticamente por parte de todos los que están en grandes consejos consultivos? Han escuchado lo que en el fondo intento transmitirles yo, que cumplen ustedes con un trámite, que establecen unos temas para salir del paso, pero que ante los temas de debate de verdad ustedes actúan con una premura, con una urgencia, con una improvisación que no dan pie al debate. Por seguir con el ejemplo que acabo de señalar, en esos mismos consejos consultivos donde se abordaban determinados debates, sin embargo, algún tema importante como puede ser un cambio que ustedes pretenden introducir en la normativa para retribuir lo que son los transportes de gas en determinadas situaciones especiales, lo dejan ustedes fuera de este tipo de debates. Este mal cumplir con las cosas es lo que hace, en definitiva, que nuestro grupo llegue a la consideración con la que he arrancado y con la que voy a terminar: demasiadas cosas, en el ámbito energético de forma especial, han sido y están siendo objeto de ocurrencia, de improvisación, y así -aunque sea en el último día hay que decirlo con claridad- no se debe proceder porque, ¿qué no funciona en el sistema energético español? Lo peor que le puede ocurrir al sistema energético español es que quien tiene tanta capacidad de maniobra, que es el ministerio, actúe de forma improvisada, ocurrente y al aire de los problemas que por aquí o por allá le van surgiendo o él mismo va creando. Esa es la razón por la que mi grupo no va a apoyar este real decreto, insistiendo en que las razones de base son razones sobre las que se puede hablar y tienen recorrido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por Esquerra Republicana, señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, hoy el Gobierno nos propone convalidar este real decreto que tiene como objetivo evitar que el consumidor pague dos veces la internalización que han hecho de facto los generadores de energía eléctrica de los derechos gratuitos. La puesta en marcha del mercado de derechos de emisiones de CO2 ha provocado que las instalaciones de producción de energía eléctrica hayan internalizado el valor de dichos derechos en sus estrategias de venta. Esta internalización conlleva una repercusión del coste para los consumidores finales, lo cual es coherente con los objetivos perseguidos por el Protocolo de Kyoto y el Plan nacional de asignaciones en el sentido de que el precio final de los productos recoja la externalidad del coste medioambiental. Sin embargo, el hecho de que los derechos fueran asignados gratuitamente genera un sobreingreso para los agentes vendedores por la elevación de los precios respecto al escenario previo. Adicionalmente, el carácter marginalista del mercado mayorista, unido al hecho de que sean las centrales asignatarias de derechos las que marquen el precio del mismo en un mayor porcentaje de horas, hace que el resto de los participantes también se beneficien de este sobreingreso. De este modo, los agentes productores repercuten a los consumidores de electricidad un coste en el que no han incurrido. Por este motivo consideramos acertado que el Gobierno proponga a la Cámara la convalidación de un real decreto que plantee la necesidad de devolver este sobreingreso, independientemente de que la instalaciones hayan sido asignatarias o no de derechos de emisión de CO2 por el Plan nacional de asignaciones 2008-2012.


Si bien estamos de acuerdo con el objetivo del real decreto, creemos que el instrumento utilizado no es el más adecuado. No hace ni medio año esta misma Cámara aprobó la Ley 17/2007, de modificación de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. Ese contexto, que permitía un debate más pausado, hubiera sido mucho más adecuado para mejorar este tema. Igualmente nos parece excesiva la discrecionalidad de la que gozará el Gobierno para regular la parte sustancial de este real decreto-ley, es decir, el cálculo exacto del montante a aminorar. Esto quedará para una orden ministerial sobre la que nada va a poder decir este Parlamento, y nuestro grupo cree que va a incurrir en más opacidad para un sector ya de por sí complejo y bastante opaco. El impacto económico de la minoración es grande: 1.494 millones de euros solo para el año 2008, según estimaciones del

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mismo Gobierno, por ello entendemos que las empresas eléctricas no estén satisfechas con este real decreto. Si bien compartimos diversas de sus críticas procedimentales, el objetivo que persigue el Gobierno nos parece adecuado. De no darse esta minoración, lo que sucedería es que este sobreingreso lo acabarían pagando los ciudadanos, ya sea como consumidores o como contribuyentes. En un contexto en que las empresas eléctricas están alcanzando beneficios récords, parece razonable que el Gobierno aminore en esta cuantía el multimillonario y creciente déficit tarifario. Tampoco las empresas pueden mostrarse excesivamente sorprendidas con este desenlace, puesto que la solución adoptada por el Gobierno es similar a lo que en su día se reguló en el Real Decreto-ley 3/2006 y en la sugsiguiente orden que lo desarrolló, en relación con el primer Plan nacional de asignación. En definitiva, a pesar de las críticas que he expresado, nuestro grupo va a votar hoy favorablemente a la convalidación de este real decreto que ha presentado el Gobierno.


Ahora bien, hay dos problemas de fondo que persisten y que habrá que abordar algún día, a nuestro criterio, cuanto antes mejor. En primer lugar, no tiene sentido que los permisos de emisión sean asignados gratuitamente a las empresas emisoras de contaminación. Esto además de una gran ineficiencia económica, no solo supone una renuncia a la aplicación del principio de quien contamina, paga, sino que beneficia con mayores asignaciones a aquellos emisores que históricamente más han contaminado, incluso posibilitándoles oportunidades de negocio a costa de vender unos permisos que han recibido gratuitamente y por razón de su contaminación histórica; todo un despropósito, señorías. En segundo lugar, no creemos que tenga sentido remunerar la producción al precio marginal, sea cual sea el coste de generación. Esto supone regalar ingentes cantidades de dinero a las empresas eléctricas, singularmente a los titulares de instalaciones viejas y ya amortizadas.


Cuestionamos que el formato de liberalización creado por el Partido Popular y ratificado por el Partido Socialista haya generado una competencia efectiva entre empresas y dudamos que globalmente haya resultado beneficioso para los ciudadanos y para la Administración en general. Esto lo demuestra que se deban practicar ajustes como el que hoy nos ocupa, que exista un déficit tarifario tan elevado y que simultáneamente las empresas rindan tan altos beneficios. Simplemente creemos que el modelo no es satisfactorio y por ello nuestro grupo ve necesaria una reforma de la Ley del Sector Eléctrico que ataque realmente aspectos de fondo tan importantes como estos.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Convergència i Unió. Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a convalidar este real decreto que hoy estamos debatiendo, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.


Nuestro grupo parlamentario comparte el fondo de este real decreto si de lo que se trata es de que finalmente, a través de la aplicación de este real decreto, los consumidores y las familias españolas vieran minorada su factura eléctrica que pagan y la futura factura eléctrica que el tejido productivo español podría pagar a lo largo de los diferentes ejercicios. Esta ha sido la posición de nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y a lo largo de toda esta legislatura hemos implementado, interpelado y hemos planteado una serie de medidas para que el incremento de las tarifas eléctricas, tanto las domésticas como las industriales, tanto desde un punto de vista eléctrico como gasístico, no alcanzara incrementos que sobrepasaran la inflación. Esta ha sido una de las tónicas de nuestro grupo parlamentario en el sentido de evitar los efectos inflacionarios o los efectos que por las condiciones de los organismos reguladores podrían afectar negativamente a la factura eléctrica que las familias o las empresas pagaban en sus regímenes de producción.


Finalmente, nosotros también pensamos que por la forma con la que el ministerio ha desarrollado este real decreto probablemente no va a conseguir este objetivo que en el fondo en nuestro grupo parlamentario compartimos, ya que entendemos que es una medida caótica y precipitada por su improvisación. No se puede plantear en el Parlamento el último día de legislatura una convalidación de un real decreto de esta envergadura en la que no han participado ni los sectores afectados y, lo que es más grave, señorías, tampoco va a poder participar el Parlamento español ni la Comisión de Industria, como ha pasado también en algunas otras materias legislativas que se han traído a esta Cámara. Como este ya es el último día de esta legislatura, nosotros la calificaríamos también, independientemente de que hemos dicho que era una medida caótica y precipitada, como una medida traicionera porque, en definitiva, traiciona a todos los sectores afectados, porque no sabemos si finalmente se aplicará la misma, ya que no vamos a tener tiempo de plantearla como proyecto de ley. Lo que ha dicho el señor ministro me parecería fantástico si esto lo hubiéramos debatido hace seis meses, que se trajera un real decreto a esta Cámara que finalmente se tramitara como proyecto de ley, pero ustedes saben, señorías, que, a pesar de la buena voluntad también en este caso de la portavoz con la que tuvimos la ocasión de hablar esta semana sobre esta cuestión, es totalmente imposible plantear este real decreto como proyecto de ley porque no va a haber tiempo suficiente para poder debatirlo. Por tanto, hemos obviado a los sectores afectados y hemos obviado, lo que es más grave desde nuestro punto de

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vista, al Parlamento español para poder debatirla, consensuarla, como fuimos capaces todos los grupos parlamentarios de consensuar una ley importante derivada de la trasposición de una directiva europea que la mayoría de los grupos que conforman la Cámara fuimos capaces de abordar con consenso, pues es una ley superimportante desde un punto de vista de trasposición y de competitividad de la Unión Europea. Este no va a ser el caso de este real decreto que hoy estamos debatiendo. Por tanto, este es el resultado también, desde un punto de vista energético, de una política nefasta que el ministerio o el Gobierno socialista han planteado a lo largo de esta legislatura. Es muy probable que esta política nefasta que ha tenido consecuencias muy negativas en el sector energético y en el sector gasístico finalmente no dé el resultado planteado en el objetivo final de este real decreto, que es que los usuarios y los consumidores finales no vean minoradas sus tarifas eléctricas y, lo que es más grave, es que por no haber negociado debidamente con los sectores afectados, probablemente esto pueda plantear graves perjuicios económicos al tejido productivo eléctrico y gasístico. Ya sé que a determinados grupos de la izquierda les da urticaria cuando se habla de los beneficios de determinadas compañías eléctricas. Es que no estamos en un régimen socializado ni en el que los bienes de producción son de propiedad pública, estamos en un sistema -afortunadamente- en el que los bienes de producción son de propiedad privada, y en la libertad de mercado existen empresas que tienen beneficios. Desde mi punto de vista, esto es muy interesante, porque de los beneficios de las empresas se benefician los accionistas de las mismas que, en definitiva, en muchísimas compañías eléctricas no dejan de ser una mayoría de familias españolas, y además estos beneficios, a través de las reinversiones correspondientes, hacen que se genere y exista un incremento de actividad económica en nuestro país. Por tanto, no tiene absolutamente nada que ver la posibilidad de que empresas energéticas en este país tengan beneficios con la aplicación o convalidación de este real decreto, porque esto es mezclar dos cosas que no tienen nada que ver.


Por otra parte, desde esta perspectiva, al no haber sido posible un debate interesante entre las diferentes partes de los sectores afectados, la aplicación de este real decreto puede tener consecuencias negativas ya que afectará a todas las instalaciones de producción de energía eléctrica que hayan recibido o no gratuitamente derechos de emisión de CO2, es decir, instalaciones de producción de energía eléctrica por renovables, que también se verán afectadas después del recorte que paulatinamente el Gobierno está aplicando en su retribución. Esto también puede afectar negativamente al comercio transfronterizo a través de la frontera francesa, porque se puede producir energía para exportar a Francia y esto conllevaría una deducción de los ingresos. En cambio, producir energía en Francia para exportar a España no conllevaría deducción alguna. Por tanto, este es también un tema de competitividad que no se ha tenido en cuenta en la elaboración de este real decreto. Finalmente, desde el punto de vista de la aplicación inmediata del mismo, se van a discriminar todas aquellas inversiones en instalaciones de producción en España frente a otras inversiones de las mismas instalaciones en otros países, como podrían ser Francia o Portugal, lo que seguramente podría afectar a la seguridad del suministro.


Por todas estas consideraciones, y sin entra más en detalles de lo que ha sido la política energética a lo largo de esta legislatura, nuestro grupo parlamentario no va a apoyar esta iniciativa.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Castelló.


El señor CASTELLÓ BORONAT: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, esta es la última sesión de la legislatura y, en la materia que nos ocupa -normativa y regulación en el sector de la energía-, la línea del Gobierno es la que ha venido manteniendo a lo largo de la misma -ya se ha dicho aquí, y es que empezamos a tener coincidencias prácticamente todos los grupos parlamentario, porque la crítica ha sido unánime-, una línea de improvisación, en muchos de los casos de toma de decisiones por sorpresa, de falta de criterio global sobre el modelo energético, de la ausencia de necesarios consensos para avanzar en ese modelo liberalizado en el que cree el Partido Popular, de introducir incertidumbre e inseguridad jurídica y la de llevar a un sector tan importante, por sí mismo y por lo que representa para la economía y para los consumidores, a una tensión y a una coyuntura que pone en riesgo la estabilidad y el buen funcionamiento del modelo.


Hoy, como decía, todo han sido críticas, con más o menos matices, a la actuación del Gobierno, especialmente en este asunto. Algún portavoz decía: algo no funciona. Pues está muy claro lo que no funciona: el Gobierno. Eso es lo que no funciona, el Gobierno. Desde diferentes ámbitos se ha calificado la política energética de este Gobierno de caótica, calificativo que nosotros hemos utilizado en algunas ocasiones, pues es una palabra que define muy bien lo que ha sido y lo que ha supuesto la política del Gobierno en materia energética en esta legislatura. Hemos mantenido -es conocido- una posición muy crítica con la mayor parte de las decisiones que el Gobierno ha tomado en relación con este asunto y nunca hemos pretendido argumentar nuestra posición con la defensa de intereses particulares de alguna u otra empresa o de intereses territoriales, cosa que el Gobierno sí ha hecho y en demasiadas ocasiones. El único interés del Partido Popular ha sido que todos los españoles tuvieran la certeza de que tenían y siguen teniendo un firme defensor, desde la oposición en este caso y a partir del mes de marzo desde el Gobierno, en la exigencia del cumplimiento de los grandes principios

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que una política energética seria y rigurosa debe tener: garantizar la seguridad del suministro, que la oferta sea lo más competitiva posible y la sostenibilidad medioambiental del modelo. Después de cuatro años, la realidad es que este Gobierno nos ha llevado a una situación mucho peor en cuanto al avance del equilibrio de esos tres grandes principios. Esto supone que en estos momentos tengamos más riesgo en la seguridad del suministro, una clara incertidumbre sobre la competitividad de la oferta y unos datos muy preocupantes sobre los efectos medioambientales del sector. Las causas las hemos venido denunciando a lo largo de estos cuatro años y este real decreto-ley es un ejemplo más. El Gobierno se ha dedicado en materia energética a casi todo menos a introducir en tiempo y en forma las reformas y las medidas que necesitaba el modelo energético de nuestro país para avanzar en esos tres grandes principios. El intervencionismo del Gobierno en el sector y la seguridad de que este Gobierno no cree en el funcionamiento de los mercados y en el proceso de liberalización como instrumentos para avanzar en la seguridad, en la competitividad y en la sostenibilidad del modelo nos ha llevado a una complicada situación que se resume en que parece que en este momento estemos más cerca del modelo de marco estable del que veníamos que de avanzar en el proceso liberalizador del sistema. Con un ministerio a las órdenes de Red Eléctrica de España, con una Comisión Nacional de la Energía desacreditada y con un sector fuertemente tensionado, con este panorama se trae hoy este Real Decreto-ley 11/2007, que puede tener influencias negativas en la estabilidad del sistema y conllevar coyunturas de riesgo de suministro y de apagones. Tenemos experiencias recientes, del mes de noviembre, y el ministro debería aprovechar para explicar -19 de noviembre- el riesgo importantísimo de apagón en el sistema, por qué se produce. Tenemos experiencias del mes de noviembre de esa mala gestión, que ha provocado que la subasta del déficit de 2007 se quedara desierta, que los mercados financieros no confiaran en el Gobierno, en el Estado español, que es muy grave. Hay importantes agentes, incluida la Comisión Nacional de la Energía, que apuntan ese enorme riesgo del sistema de apagones para este invierno. Yo creo que el ministro debería comentar cosas sobre este asunto. Señorías, esto tiene influencia en el contexto económico, pues la inseguridad y la incertidumbre nunca son buenas en términos económicos y menos en materia energética y no benefician a la ya muy escasa credibilidad de este Gobierno y de España en el marco europeo y en el exterior. Tendrían que explicar algunas cosas que pueden tener una repercusión importante de este real decreto en cuanto a que incentivan instalaciones de mayor emisión de CO2, en lugar de todo lo contrario. Tendrían que explicar también la armonización dentro del Mibel, porque Portugal no ha adoptado esta medida, o las repercusiones en relación con Francia -se ha dicho anteriormente- en cuanto a la discriminación, en este caso negativa, desde España sobre la producción de energía eléctrica. Puede tener también un efecto muy negativo en cuanto a las inversiones futuras por la menor capacidad de financiación y la menor confianza del sector financiero sobre los agentes del mercado, incluso de inversiones que pueden venir y que pueden suponer mayor competencia dentro del propio sector.


Somos muy críticos con esas posibilidades respecto a lo que se nos plantean hoy aquí, pero es que además -también se ha dicho- el instrumento que utiliza el Gobierno, no es que no sea el más adecuado, es que es políticamente injustificable. Nosotros somos partidarios -lo que pasa es que es imposible- de que esto se hubiera tramitado como un proyecto de ley. Ha tenido tiempo el Gobierno de traerlo, ha tenido tiempo el Gobierno de plantearlo en otros momentos, porque esto no es una situación excepcional ni urgente. El mercado de los derechos de emisión funciona desde el año 2005 y está el Real Decreto 3/2006, con la curiosa circunstancia de que era también urgente y excepcional, y se desarrolló un año y medio después. La normativa del desarrollo del Real Decreto 3/2006 ha salido hace muy pocos días. Urgente tampoco es. Tiene incidencia en un periodo de tiempo largo, 2008-2012, y, por tanto, podría traerse más adelante. En cualquier caso, se podría haber hecho antes y provocado un debate, en el que nosotros hubiéramos participado y hubiéramos contrastado las opiniones, porque estamos de acuerdo en que se busque un mecanismo que evite que los derechos gratuitos puedan ser pagados por los consumidores, pero los efectos que esto produce pueden ser muy negativos para todos. En todo caso, nosotros no vamos a apoyar la convalidación del real decreto, pero, como nuestro leitmotiv en esta legislatura ha sido la defensa de los consumidores y nos sentimos especialmente satisfechos de que en algunas cuestiones, gracias a la oposición, concreta y muy específica, se hayan producido rectificaciones importantes en la política del Gobierno -estoy hablando, por ejemplo, de la subida de tarifas-, tampoco vamos a votar en contra. Cuando se anunciaron, en dos ocasiones, importantes subidas del recibo de la luz, precisamente por la actuación del Grupo Parlamentario Popular en ese sentido pidiendo que no se subieran las tarifas por encima del IPC, el Gobierno rectificó y no las subió, y ahora anuncia también que estarán en la línea del IPC, que es lo que interesa a los consumidores. Por esa responsabilidad y por ese posible efecto positivo de cara a los consumidores no vamos a votar en contra; no lo vamos a apoyar, pero no vamos a votar en contra. Esa ha sido nuestra actuación durante toda esta legislatura y queremos poner de manifiesto que, aunque sea al final de la legislatura, vemos cómo la inmensa mayoría de la Cámara ha venido a lo que han sido los argumentos del Partido Popular en materia de energía: una crítica permanente al Gobierno y una pérdida de tiempo de una legislatura que se podría haber aprovechado para mejorar y mucho el modelo energético que el Partido Popular implementó en sus años de Gobierno.


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Quiero acabar, por ser esta la última intervención y encontrarnos en estas fechas, felicitando las navidades a todas SS.SS. y deseándoles lo mejor para el próximo año en lo personal, puesto que en lo político supongo que no coincidimos en esos buenos deseos, a todos los miembros y todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Socialista, señora Velasco.


La señora VELASCO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Retomo la última frase del portavoz del Grupo Parlamentario Popular y, por si acaso después no me llega el tiempo, también deseo a todas SS.SS.
felices fiestas. Sobre todo quiero decirles que es un privilegio poder estar aquí defendiendo la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el último día de Pleno de la legislatura, porque me permite reconocer el privilegio que ha sido compartir con todos ustedes, señoras y señores diputados, el trabajo parlamentario, desde posiciones a veces confrontadas; pero ha sido muy gratificante. También, señor presidente, le expreso mi cariño y mi afecto personal a usted. (Aplausos.)

Con respecto al punto del orden del día, quiero decir que la convalidación de este real decreto que el Gobierno ha traído aquí es de justicia.
Lógicamente los gobiernos tienen que tomar decisiones y tienen que garantizar los derechos de todos los ciudadanos y a veces existe confrontación de intereses pero, desde luego, el Gobierno tiene que velar para que haya un equilibrio y debe tomar una posición en función del bien público. Este real decreto no va en contra de las compañías eléctricas.
Este real decreto pretende una cosa obvia: aminorar la cantidad en la retribución que percibe el sector eléctrico, los productores de energía, por los derechos de emisión gratuitos que se han concedido. Eso ya se ha hecho en un real decreto anterior, se hizo hace dos años. Por tanto, de improvisación nada. Lleva funcionando dos años en el Plan nacional de asignación de emisiones 2005-2007 sin problemas y correctamente. Por tanto, la crítica de la improvisación no es válida. Por otra parte, cuando se habla de que no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico modos o formas que permitan calcular exactamente este tipo de actuaciones a las que han hecho referencia el portavoz de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, hay que decir que este es un sistema provisional y que la propia Unión Europea está estudiando la posibilidad de cambiar el sistema de asignación de derechos gratuitos. Por tanto, el Gobierno no puede esperar a que se tome una decisión y tiene que adelantarse con este real decreto del año 2006, cuya vigencia finaliza, para tener un instrumento jurídico y legal para poder utilizar esa aplicación en el nuevo Plan nacional de emisiones 2008-2012.


Me resulta curioso que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Castelló, después de hacer una serie de acusaciones a este Gobierno -describiéndolas pero sin ningún tipo de argumento- diga que no es urgente porque en el periodo 2008-2012 ya se verá lo que se hace. No, no, es que lo que esto supone para el año 2008 son 1.500 millones de euros que dejamos de cobrar a las compañías eléctricas y que tienen repercusión en los ciudadanos, ni más ni menos. Si eso no le parece urgente... Sería una negligencia por parte del Gobierno y del ministro de Industria no traer aquí este real decreto a convalidar porque se acaba el periodo de sesiones o porque hoy es el último Pleno, que es otra de las acusaciones que se ha hecho por parte de los portavoces de algunos grupos. Si el problema fuera que es el último Pleno, nunca habría últimos plenos y nunca habría puntos del orden del día en los últimos plenos. A nuestro grupo le parece que está perfectamente justificado. No voy a repetir las palabras del ministro, que ha sido absolutamente explícito y claro a la hora de definir los motivos y también los riesgos de no adoptar esta medida -1.500 millones de euros que irían a engrosar el déficit tarifario y que tendrían repercusión directa sobre los ciudadanos-, pero sí voy a comentar algunos de los temas a los que ha aludido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ha dicho el portavoz del Grupo Popular que este es un real decreto con improvisación, que este ministerio, este Gobierno, no tiene un criterio global sobre política energética, que traslada incertidumbre e inseguridad jurídica y que el funcionamiento del Gobierno en este tema es caótico. Le voy a decir una cosa. En primer lugar, tendrá que reconocer conmigo que ustedes dejaron muchos deberes por hacer en el sector energético, empezando porque no definieron el Plan nacional de asignaciones. Fue una asignatura pendiente y este Gobierno, recién entrado, tuvo que empezar a trabajar con urgencia y ponerlo en marcha. En cuanto al cumplimiento del Protocolo de Kioto, somos de los países que menos emitimos por persona -o sea, que los cálculos también hay que ponerlos sobre la mesa para hacer las interpretaciones- y 2006 fue el año en que menos emisiones se produjeron, en que hubo mayor reducción de las emisiones de CO2. En algo tendrá culpa el Gobierno, en este caso en acción positiva, para que esto se produzca. Y cuando habla en concreto de las medidas de liberalización, de que este Gobierno no cree en la liberalización del sector eléctrico, me parece mentira que lo diga, puesto que recientemente acabamos de trasponer directivas del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos que tienen como objetivo favorecer la liberalización del sector, sacarlo del marco regulatorio y además favorecer la competencia. Curiosamente y como muy bien decían los portavoces de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, lo pactamos y hubo leyes consensuadas con ustedes en este sector. Por cierto, agradezco la posición de ambos grupos, pues es cierto que ustedes tienen otro modelo energético, lo han dicho y lo dicen claramente y, sin embargo, han entendido perfectamente que, por encima de las discrepancias de

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ese modelo energético, es fundamental proteger el interés de los ciudadanos de nuestro país.


Como ustedes dicen que este Gobierno no apuesta por esta medida, que es caótico, que no apuesta por la planificación energética, le voy a recordar algunos temas. En relación con la competencia, se revisó la metodología tarifaria y subastas de energía, trasposición de las directivas del mercado interior del sector de gas y electricidad, contratación bilateral por parte de los distribuidores de energía eléctrica y entrada en funcionamiento del mercado ibérico de la electricidad en julio de 2007. Respecto a la seguridad de suministro, se han reforzado las interconexiones con Portugal y Francia, la retribución de la distribución de las actividades reguladas -estudiado por la Comisión Nacional de Energía-, el nuevo marco retributivo para las actividades de regasificación y de almacenamientos subterráneos. Respecto a la sostenibilidad -otro de los puntos-, el Plan de acción 2008-2012 de estrategia de ahorro y eficiencia energética, pretende un ahorro de 100 millones de toneladas y se evitarán 270,6 millones de toneladas emitidas de CO2. Respecto a la regulación en retribución, se ha modificado la regulación de la retribución en régimen especial en el Real Decreto 661/2007, se ha actuado sobre los biocarburantes -la comercialización para el transporte con el objetivo del 5,8 por ciento en 2010-, la regulación de la eólica marina en un real decreto aprobado en julio, la trasposición de la directiva europea sobre cogeneración, la orden sobre garantías de origen, el plan de ahorro y eficiencia energética y el uso de renovables en los edificios de la Administración General del Estado.
Podría seguir y seguir sobre cuál ha sido el trabajo del Ministerio de Industria, la actividad de este Gobierno en materia energética y su apuesta clara y firme por garantizar la competencia, la seguridad de suministro y la sostenibilidad.


Por tanto, señor ministro, ahora, ya acabando mi intervención, quiero decirle que tiene que estar muy orgulloso de usted y de todo su equipo porque se ha trabajado deprisa, rápido. Siento que algunos grupos no lleguen a digerir a tiempo tanta actividad del ministerio, tanta actividad del Gobierno, pero eso va a repercutir en el bien y en el interés de todos los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

VETO DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008.
(Número de expediente 121/000149.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Punto VII del orden del día. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008. Como ustedes saben, el proyecto de ley fue vetado por el Senado. Así pues, es de aplicación el artículo 122 del Reglamento. El debate se hará de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto. El tiempo establecido ya saben que es de 15 minutos que deberán repartirse amigablemente. (El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda pide la palabra.)

Perdón. No le había visto, señor vicepresidente. Esto merece un reproche de su parte. Por favor, discúlpeme.


Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco por segunda vez ante esta Cámara para defender los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. En la sesión del Pleno de hoy SS.SS. decidirán sobre el veto a la sección 27, relativa al Ministerio de Vivienda, aprobado en el Senado. Como señalé en mi intervención en la Cámara Alta, ha prosperado un veto precisamente en un área en la que este Gobierno, como SS.SS. saben bien, ha volcado grandes esfuerzos y en la que se refleja, por cuarto año consecutivo, un incremento de las dotaciones para este departamento superior a la media, dotaciones que son acordes con el necesario diseño de las actuaciones priorizadas en esta materia: esfuerzo inversor, impulso del acceso a la vivienda para todos los ciudadanos y adecuación a la estructura competencial del Estado de las autonomías. Pero en el día de hoy no estamos hablando de una sola sección ya que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara Alta, su impugnación supone un veto al proyecto de ley en su conjunto. En este contexto me permitirán que me refiera brevemente de nuevo a los presupuestos tal y como fueron aprobados por esta Cámara el pasado 14 de noviembre, dado que es sobre ese proyecto de ley sobre el que SS.SS. deben pronunciarse.


La elaboración inicial de los presupuestos se sometió a criterios de prudencia tanto en la previsión de las hipótesis macro como en la estimación de los ingresos -moderada- para asegurar que estas son robustas ante posibles variaciones del entorno macroeconómico. Así mismo, y como no podía ser de otra forma, estos presupuestos se ajustan al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado por los Plenos de las dos Cámaras en junio de este año, objetivo que prevé un superávit del 0,3 por ciento del PIB para la Administración Central y 1,15 para todas las administraciones. Recuerdo que el Gobierno está obligado a aplicar este objetivo de estabilidad presupuestaria con independencia de las decisiones que se tomen en la Cámara. Es un presupuesto cuyo crecimiento, en línea con el crecimiento previsto para el PIB nominal, sigue profundizando en las mismas prioridades que vienen siendo referencia para la política presupuestaria desde hace cuatro años: estabilidad presupuestaria, reforzamiento de la dimensión productiva y solidaria del gasto público y mejora de calidad de servicios públicos.


En cuanto a la estabilidad presupuestaria, el Gobierno se comprometió en el año 2004 a hacer de este punto un

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eje de nuestra política. El resultado final no ofrece dudas. Tenemos un superávit total del 1,8 por ciento del PIB frente a un déficit de partida y al final de la legislatura habremos rebajado la ratio deuda-PIB en 12 puntos porcentuales. Por lo tanto, se ha producido una consolidación fiscal liderada por la Administración Central que se mantienen también en las previsiones para el año 2008.


El segundo elemento, la acción de Gobierno, ha venido acompañada por un sólido esfuerzo en materia de productividad. La inversión pública, con un impulso notable en los programas de gasto en materia de infraestructuras, educación e I+D+i, se ha intensificado de tal forma que ya se pueden empezar a ver los resultados. Por ejemplo, la dotación de capital español es notablemente superior a la del año 2003 tanto en valor absoluto como por trabajador y esto presagia una evolución dinámica del PIB en años futuros. Otro ejemplo es la creciente vitalidad del sector de I+D+i que hace prever una aportación más importante de este sector al crecimiento y la productividad en años venideros. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, relativos al año 2006, el gasto en I+D alcanzó el 1,2 por ciento del PIB, con un incremento del 16 por ciento respecto al año 2005; el gasto empresarial sube un 20 por ciento y el número de empresas que realizan actividades en I+D crece en un 15 por ciento. En innovación tecnológica se ha alcanzado una cuota interanual de crecimiento superior al 20 por ciento, la más elevada desde el año 2000.
En el año 2008, el Estado pretende seguir liderando el esfuerzo inversor con un nuevo incremento de recursos, y así se incluía en el proyecto de presupuestos, para el programa de investigación civil. La dotación actual, tras las enmiendas aprobadas por esta Cámara, asciende a 7.768 millones de euros, con un 18,8 por ciento de aumento respecto al ejercicio anterior. En el ámbito educativo, los créditos para el año próximo, tras las enmiendas aprobadas por la Cámara, ascienden a 2.933 millones de euros, con un crecimiento del 18 por ciento. En este ámbito conviene destacar la enmienda que dota 100 millones de euros para financiar la educación infantil en el ciclo de 0 a 3 años.


La tercera gran línea son las infraestructuras. Hemos vivido un proceso de inversión sin precedentes en estos años, tanto en el ámbito público como en el privado, y hoy España invierte más de un 30 por ciento de su PIB, el registro más alto en los países de nuestro entorno. En concreto, para infraestructuras que gestiona directamente el Estado, en el año 2008 se destinan 15.170 millones de euros. Si a ello se añade la inversión que realiza el sector público empresarial, la cifra aumenta hasta los 24.121 millones de euros, que supone un crecimiento del 9,9 por ciento. Como no podía ser de otra forma, los presupuestos también refuerzan la cohesión social contribuyendo a que los beneficios del crecimiento se repartan entre todos los ciudadanos. Por cuarto año consecutivo, más de la mitad de los recursos del presupuesto consolidado, es decir, 158.840 millones de euros, se destina a políticas sociales, un 7,8 por ciento más que en el año 2007. Con ello se van a seguir garantizando pensiones actuales y futuras, reforzando los niveles de cobertura social ya alcanzados, mejorando algunas prestaciones y ampliando la protección social, como en el caso de la dependencia, donde, por ejemplo, las dotaciones por parte del Estado propuestas se duplican cada año hasta alcanzar los 870 millones de euros para el próximo año.


En cuanto a los ingresos, los últimos datos disponibles afianzan las previsiones que se contemplaron en la elaboración de los presupuestos. En el momento de la elaboración, la recaudación acumulada hasta el mes de mayo, frente a la recaudación registrada en el mismo periodo del año anterior, mostraba un crecimiento de ingresos del 11,6. Esta cifra se ha venido consolidando y con los últimos datos disponibles la recaudación tributaria hasta el mes de noviembre mantiene prácticamente ese crecimiento del 11,6 respecto al año anterior; ahora es el 11,5 por ciento.


En definitiva, señorías, los presupuestos que vuelvo a defender ante esta Cámara son una continuidad de la política presupuestaria llevada a cabo por este Gobierno desde hace cuatro años, avalada por las Cortes mediante el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y reforzada en virtud de las enmiendas presentadas por los distintos grupos. Son unos presupuestos coherentes con los compromisos que asumimos, tanto en lo relativo al volumen de gasto como a la distribución del mismo; son unos presupuestos con los que se contribuye un año más a reforzar los cimientos sobre los que se asienta nuestra economía.


Señorías, como ya tuve ocasión de señalar en la Cámara Baja, con los presupuestos generales del año 2008 se cierra el ciclo presupuestario de la legislatura. Ha sido un periodo de indudable éxito en el ámbito de las finanzas públicas, con cuatro años de superávit y una importante reducción del peso de la deuda pública; un periodo de intensa modernización de las estructuras económicas del país, que hoy está más preparado para afrontar los retos del futuro, sean los educativos, los medioambientales o los relacionados con el conocimiento y la investigación. Por todo ello, espero que con su voto manifiesten su apoyo para que este proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 quede aprobado en la Cámara, impidiendo una prórroga de los presupuestos para 2007 que hurtaría a los ciudadanos las mejoras que el proyecto de ley incorpora.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente. De nuevo disculpe.


Ahora sí, Grupo Parlamentario Mixto. Señor Rodríguez, don Román.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, señor vicepresidente del Gobierno, mi voto hoy es inequívocamente favorable a levantar el veto

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que ha planteado la Cámara Alta. Y lo hago en coherencia absoluta con lo que ha sido la posición de este diputado a lo largo de esta legislatura apoyando todos los presupuestos de este Gobierno al entender que en sus elementos básicos compartimos su filosofía y porque siempre en el trámite parlamentario hemos mejorado sustancialmente la respuesta a la comunidad canaria. Este es un presupuesto que apuesta por la mejora de la productividad, aumenta el gasto de forma significativa en capital humano y tecnológico, mejora las inversiones en infraestructura, se compromete más en el gasto social, desde la Ley de Dependencia a la política de vivienda, y un asunto especialmente sensible para mi comunidad es que hay un compromiso claro y significativo en favor de la cooperación al desarrollo, que es de los pocos instrumentos eficaces para combatir ese fenómeno, esa lacra, que representa la inmigración ilegal.


Señorías, este diputado, en nombre de su fuerza política, apoyará hoy el levantamiento de ese veto porque, además, en el trámite del Congreso de los Diputados hemos mejorado en 70 millones de euros la asignación de este presupuesto a nuestra comunidad. Hay que decir con seguridad absoluta, euro sobre euro, dato sobre dato, que es el mejor presupuesto a lo largo de la historia democrática para la comunidad canaria. Y lo es porque los datos son irrefutables. Aumentan todas las partidas consignadas para el Archipiélago, desde las subvenciones vinculadas al régimen económico-fiscal hasta las inversiones, que han sido -insisto- mejoradas en 70 millones de euros gracias a las enmiendas. Aumentan desde el Fondo de Compensación Interterritorial hasta cualquiera de los capítulos en materia de inversiones. Pero hay que decir, además, que algunos, confundiendo sus propios intereses con los intereses de los ciudadanos, han vetado este proyecto presupuestario cuando hay un dato incontrovertible. Fíjense, la comunidad canaria representa el 3,87 por ciento de la riqueza del Estado español, el 4,5 por ciento de la población. Este presupuesto se compromete en una inversión del 4 por ciento en todos los conceptos, casi tres veces más que el mejor presupuesto del señor González -me refiero a Felipe González- y casi el doble que el mejor presupuesto del señor Aznar. Algunos tendrán que explicar -y no lo tienen fácil, porque la incoherencia se paga- cómo hasta ahora han defendido presupuestos sensiblemente peores que este y hoy se suman irresponsablemente a un veto que, de haber prosperado -y que espero que hoy se levante aquí-, haría un daño irreparable al conjunto de la sociedad española, pero de manera especial a la sociedad canaria que dejaría de percibir más de 300 millones de euros.


Acabo reiterando mi apoyo por coherencia a lo largo de la legislatura, porque forma parte de la lógica que creo que defiende la mayoría de la opinión pública en mi comunidad, y reitero mi apoyo al levantamiento de este veto.


Felicito a SS.SS. y al personal de la Cámara en estas fiestas, les deseo a todos un buen año y de manera especial me dirijo al presidente de la Cámara para agradecerle el trabajo desempeñado, que no ha sido fácil -él lo ha reconocido públicamente- y para desearle, después de tantos trienios como servidor público en distintos ámbitos de la responsabilidad institucional -he leído en los medios de comunicación que abandona usted la vida política activa-, éxito personal y profesional en su nueva andadura.


Muchísimas gracias y felicidades a todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, don Román; muy amable.


La señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor vicepresidente del Gobierno, nos devuelve el Senado, la Cámara Alta, las cuentas para 2008, en un recorrido, en un trayecto que realmente ha sido dificultoso -no diré yo que tormentoso, pero sí enormemente dificultoso- como balance de legislatura para estas cuentas.
El pasado 24 de octubre, en el Pleno de totalidad sobre estas cuentas, hacíamos una primera reflexión y es que termina el partido del Gobierno esta legislatura encontrándose con que aquel día tenía seis enmiendas de totalidad de devolución para estos presupuestos y hoy nos encontramos, por primera vez en esta VIII Legislatura, con que volvemos a votar el proyecto de presupuestos ya que han sido devueltos por el Senado. La primera reflexión que quería hacer respecto al debate que hoy nos ocupa, a modo de balance general de estas cuentas que presentaba el Ministerio de Economía y Hacienda para 2008, es que este balance global es evidentemente negativo. Volvemos a estar en aquella misma posición, hoy con una mayor holgura por parte del proponente, pero, repito, un balance que deja este saldo en negativo.


Voy ya a explicar la posición de Nafarroa Bai, que no ha variado del 24 de octubre a aquí, que sigue manteniéndose, en coherencia con lo expuesto aquel día, en los mismos términos. Quiero incidir, en términos de inversión territorial, en el porqué de esta negativa de Nafarroa Bai a las cuentas para 2008. Aquel día dije -y lo repito hoy, aunque lo he manifestado en otros debates sobre las cuentas del Estado- que se contemplan para la Comunidad Foral de Navarra que yo represento dos partidas fundamentales: una en relación con el Canal de Navarra y otra para el nuevo centro penitenciario en construcción. Este es el grueso, faltan apuestas -y este es el eje motriz de las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos- de proyectos de desarrollo a futuro, apuestas para una sociedad que tiene graves problemas de monocultivo industrial, graves problemas en uno de sus sectores básicos como es la agricultura e importantes retos. Nos parece que en esa construcción -lo ha apuntado bien el vicepresidente económico- de una sociedad que debe mirar al futuro con enorme ambición, Navarra queda enormemente descolgada de los planes del

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Gobierno -ha quedado así también a lo largo legislatura- y la mejor prueba es el hecho de que las dos grandes apuestas se refieren a estos dos capítulos. Es insuficiente y, por tanto, hoy, como el 24 de octubre, votaremos en contra del proyecto de presupuestos que el Senado nos ha devuelto con un veto.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, no les sorprenderá la posición de Eusko Alkartasuna porque ha sido constante y muy firme a lo largo de los distintos debates presupuestarios. Nuestra posición, tanto en la negociación como en la fijación de nuestro voto en los presupuestos, siempre ha tenido dos ejes claros. El primero se refiere a que cualquier presupuesto tiene como misión, evidentemente, determinar las previsiones de ingresos, distribuir el gasto, habilitar los criterios de política general económica y todo ello bajo la premisa de cumplir las previsiones legales.


Desde nuestra perspectiva, los distintos presupuestos que nos han presentado los gobiernos -no ha sido diferente en esta legislatura y lo lamentamos- no han tenido un cumplimiento claro, firme y evidente de una previsión legal como es el Estatuto de Gernika. Hay muchas cuestiones que están pendientes de transferencia y que afectan a la posibilidad de encontrar nuestras soluciones -como hemos hecho en otras materias- en temas tan complejos, pero tan absolutamente claves, como política de investigación científica y desarrollo tecnológico o los referentes a la organización y régimen de funcionamiento de instituciones penitenciarias o algo tan importante como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Este es nuestro primer argumento para no votar un proyecto de presupuestos que sigue sin cumplir esta premisa.


El segundo eje ha tenido siempre un claro y consciente esfuerzo inversor.
Aunque ha habido algunas mejoras, se mantiene ese nulo esfuerzo inversor en relación con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las cifras son claras. De lo que se consideran inversiones en el País Vasco, apenas un 2,04 de las regionalizadas y del total llega al 1,56. Cifras, por tanto, muy bajas en relación con lo que debiera haber sido el esfuerzo inversor en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dos elementos claves para no votar el texto del proyecto del presupuestos y, por tanto, votar no al texto que salió del Congreso de los Diputados.


Señorías, finalizo con esta intervención mi trabajo en esta Cámara después de doce años. Muchas gracias a todos. A ustedes, señor presidente, señor vicepresidente del Gobierno, a todo el Gobierno. A SS.SS., a todos en esta casa: letrados, asistentes, funcionarios, trabajadores; a todos.
Pido excusas a quienes por alguna razón se hayan sentido ofendidos, no fue esa nunca mi intención. A todos les deseo lo mejor. A quienes se sienten en el futuro en estos escaños, acierto en sus decisiones y dignidad en la representación de los ciudadanos, porque los parlamentos siguen siendo el eje fundamental de la democracia. A todos... (Pronuncia palabras en euskera, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Zorionak eta bakea lortzeko nere desio zendoenak.) Feliz Navidad a todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Begoña.


El turno corresponde al digno representante de la Xunta señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente.


Señor ministro, Xunta Aragonesista va a votar a favor de levantar el veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado. Lo vamos a hacer por dos cuestiones. La primera, de forma, porque entendemos que los elementos concretos aducidos para solicitar la devolución de ese texto al Gobierno son, aunque respetables, insuficientes como para ser elemento determinante a la hora de rechazar en su globalidad estos presupuestos.


En segundo lugar, por una cuestión de fondo, porque queremos que se puedan poner en marcha las mejoras que ya introducimos desde Xunta Aragonesista durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y es que, además de las medidas sociales que venían de origen, conseguimos un acuerdo con el partido mayoritario de esta Cámara que puede asegurar, si se aprueban finalmente los presupuestos, superar para Aragón la media de crecimiento inversor previsto para el conjunto de los territorios en 2008. Vamos a votar a favor de la aprobación de este texto porque queremos que se puedan llevar a cabo las más de cincuenta propuestas de Xunta Aragonesista incorporadas al mismo mediante sendas enmiendas parciales que benefician a un total de veintiocho comarcas aragonesas. Queremos que se pueda dar vía libre a las propuestas de Xunta Aragonesista referidas al aumento de 6 millones de euros de inversión nueva para el ferrocarril de Canfranc; la incorporación al texto articulado de un nuevo Plan de actuación específico para Teruel; los 6 millones de euros para las restituciones territoriales por construcciones de obras hidráulicas en Aragón; los 2 millones de euros para avanzar en el desdoblamiento de las carreteras que recorren el Valle del Ebro; la depuración de las aguas residuales del Pirineo y, así, hasta veintisiete proyectos que podrían ver aumentadas considerablemente sus cifras iniciales si finalmente, como esperamos, podemos levantar el veto impuesto por el Senado. No entendemos muy bien -lo hemos dicho al principio porque no son un elemento determinante- cuáles son las razones para rechazar la globalidad de estos presupuestos.


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Como todos mis compañeros, hoy, en nuestro último día aquí, no me voy a despedir con una jota, como me ha pedido el presidente, pero sí quiero decirles en aragonés goyoso Nadal. Feliz Navidad a todo el personal, a los letrados que nos han echado una mano y a Mercedes que ha sido mi guía espiritual muchísimas veces en la Junta de Portavoces donde, todavía, andamos bastantes despistados. Al señor presidente del Congreso, señor Marín, paciencia y un fuerte abrazo, de verdad, en nombre del diputado difunto, señor Sagaseta.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente del Gobierno, señoras y señores diputados, esta va a ser la tercera vez que el Bloque Nacionalista Galego apoya los presupuestos del Estado. Lo hacemos porque desde hace tres años los Presupuestos del Estado para Galicia significan una cantidad que está de acuerdo con las necesidades, sin discriminaciones evidentes como ocurría en el pasado. En toda la etapa del Partido Popular, los presupuestos para Galicia oscilaban entre el 2,5 y el 4 por ciento del conjunto del Estado, en este momento estamos sobre nuestra población, es decir en el 6,3 por ciento si tenemos en cuenta el conjunto de la inversión tanto territorializada como no; en el 8 por ciento en el conjunto de las infraestructuras en cantidades que hoy podemos situar para el año 2008 en 2.040 millones de euros después de la negociación que hemos llevado a cabo tanto antes de la salida del proyecto de ley del Consejo de Ministros como después de ser debatido en este Congreso de los Diputados.


Señorías, el aspecto cuantitativo es muy importante para nosotros, pero lo es mucho más la capacidad para incidir en el diseño para Galicia, en el aspecto cualitativo, es decir señalar preferencias, acelerar obras, desatascar proyectos, en definitiva, tener un diálogo constructivo que en este caso ha dado algunas soluciones importantes. Por ejemplo, que el tramo ferroviario Lubián-Ourense de alta velocidad por fin esté desatascado y pueda empezar alguna obra en el año 2008; que se haga veraz que el tramo Ferrol-A Coruña va a ser modernizado, adaptado a alta velocidad y que podamos hacerlo creíble ante los ciudadanos a finales de 2008 o principios de 2009; que incidamos continuamente en que las relaciones con Porto (Vigo-Porto) son fundamentales; esa salida sur, que representará un cambio urbanístico fundamental; la posibilidad de comunicación cuanto antes con Portugal, en definitiva, acelerar aquello que ya se está haciendo como las obras entre Vigo y Pontevedra del eje atlántico. No es solamente esto, es, además, que ciudades como Vigo o Santiago vean sus estaciones depuradoras de aguas residuales asumidas con responsabilidad y credibilidad ante la opinión pública y muchas necesidades locales que no son lujos: es agua potable para muchas villas, urbanismo en áreas de carácter patrimonial, recuerdo de la historia, depuración y saneamiento de rías; algunos pequeños ayuntamientos que lo tenían muy difícil van a tener solución en el futuro inmediato a estos graves problemas de salubridad. Y, cómo no, la memoria histórica de nuestro país, en concreto la digitalización de muchos documentos medievales que dan buena cuenta del papel primordial, prioritario, del Reino de Galicia en toda la Edad Media.


Señorías, pensamos que es correcto y lógico que del debate y del diálogo parlamentario pueda haber mejoras para los distintos territorios del Estado español. Somos conscientes de que no es un acto puntual el que puede solucionar el problema de una comunidad autónoma, sino la continuidad y el mantenimiento en el tiempo. Hemos intentado con un nuevo Gobierno que hubiese un ritmo presupuestario adecuado. Lo estamos consiguiendo desde el año 2006. Esperemos que este ritmo se mantenga por lo menos durante diez años cumpliendo el proyecto de ley, es decir, ejecutando aquello que está contemplado presupuestariamente. Tenemos discrepancias respecto de la concepción del gasto social e incluso del superávit de las cuentas públicas, que es un grave impedimento para alcanzar la media europea en bienestar social, pero también pensamos que es un problema muy de fondo, terriblemente enfrentado desde el punto de vista conceptual, entre dos proyectos políticos distintos. Nosotros negociamos en el ámbito del beneficio para un país como Galicia que ni fue privilegiado ni beneficiado durante muchísimos años por el régimen democrático actual. Por haber podido participar y negociar en mejorar cuantitativa y cualitativamente, es por lo que vamos a apoyar a las cuentas públicas para Galicia.


Señor presidente, muchas gracias por todo y a todos saude e sorte.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez y que tenga también buena suerte.


Señora Oramas. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Martínez-Pujalte, la señora Barkos, atendiendo a que hay cinco miembros del Grupo Parlamentario Mixto que se despiden, vino ayer a verme por si les podía conceder a cada uno de ellos un minuto de más y es lo que estoy haciendo; no pasa nada. Gracias.


Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo en esta sesión para fijar la posición de Coalición Canaria respecto al veto aprobado por el Senado el pasado día 10 a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2008, un veto que también presentó el Grupo de Senadores de Coalición Canaria en coherencia con lo que denunciábamos aquí, en el Congreso, el 23 de octubre con ocasión del debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley, una de ellas presentada por nuestro grupo. Entonces decíamos, y lo apoyábamos con argumentos a los que

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enseguida me referiré, que estos no son los presupuestos que Canarias necesita, que se trata de unos presupuestos injustos e insolidarios con los canarios y buena parte de los motivos hay que buscarlos en la actitud de un partido, de un gobierno que no ha querido, por primera vez en las relaciones de Coalición Canaria con un Ejecutivo estatal, sentarse a dialogar, a negociar y a buscar consenso. La formación en Canarias de un gobierno que, evidentemente, no gusta al partido en el poder en el Estado español ha tenido como consecuencia que el Ejecutivo socialista mire ahora a Canarias con ojos más de partido que de Gobierno.


Por encima de los grandes números, hay una realidad: que Canarias ha quedado situada a la cola de la inversión estatal en los presupuestos.
Estos presupuestos nos han colocado en el puesto diecisiete cuando estábamos a mitad de la tabla. Había un compromiso de que durante la legislatura los presupuestos se irían acercando a la media del Estado.
Esto se ha ido cumpliendo a lo largo de los años, aunque lentamente y por eso hemos venido apoyando cada año los presupuestos anteriores. Pero la obligatoriedad y la justicia de acercarnos a la media no es un capricho de los canarios. Sencillamente debe ser así porque así lo ordena la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, cuyo artículo 96 establece que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. Mientras ustedes han aumentado las inversiones por encima de la media nacional en comunidades autónomas atendiendo a lo que establecen sus nuevos estatutos de autonomía, a Canarias se le relega a los últimos lugares en la inversión en contra de lo que se estipula su propia ley, la del Régimen Económico y Fiscal, que está protegida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias y que tiene exactamente el mismo rango que estas dos leyes.


Vamos a recordar los datos ya expuestos aquí en el debate del 23 de octubre: la media estatal de inversión por habitante en España es de 548 euros, en Canarias no supera los 406 euros. En estos presupuestos de 2008 ha aumentado la diferencia, de modo que cada canario recibe 142 euros menos que la media estatal cuando al empezar la legislatura la diferencia era solo de 94 euros y, en consecuencia, nuestras partidas son un 35 por ciento inferiores al importe que correspondería aplicar atendiendo al Régimen Económico y Fiscal. El señor Zapatero se comprometió a ajustar el modelo de financiación autonómica a la población real. En Canarias hoy somos 2 millones de personas y se nos sigue financiando la sanidad, la educación y demás servicios esenciales como si fuéramos 1,5 millones.
También aquí estamos por debajo de la media de las comunidades autónomas.
Solo en cuatro años Canarias ha perdido financiación por valor de 1.153 millones de euros y ello simplemente por falta de actualización de los datos de población. Tanto incumplimiento de las leyes y de los compromisos políticos solo puede ser debido a un motivo: el Gobierno no mira a Canarias con la particularidad de su lejanía como un tema de Estado, la mira con el prisma de sus intereses partidarios, atendiendo tanto a lo que ocurría en mayo como a lo que desea que suceda en marzo.
Para el Gobierno de España, Canarias ahora mismo tiene forma de escaño.
Por todo ello, Coalición Canaria va a votar a favor de la devolución de estos presupuestos injustos e insolidarios con la comunidad que representamos y con sus ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Quisiera empezar por reconocer el trabajo de los diputados que no van a repetir: Begoña, Paco y José Antonio -los tres muy buenos amigos, los tres han sido referencia para los que nos estrenábamos en esta legislatura- y también al presidente, por la paciencia. No hemos conseguido todo, pero hemos podido trabajar en mejores condiciones.
Quiero reconocerles su buen hacer y desearles molt bon Any i bon Nadal.


Dicho esto, señoras y señores diputados, la pregunta es si este trámite ha sido el más apacible para el Gobierno y la respuesta es sencilla: no. Ha sido un trámite nada apacible para el Gobierno. La cuestión es si se debe a que es el último presupuesto de legislatura o a alguna cosita más. Yo me inclino por lo segundo, creo que alguna cosa más ha pasado. Un Gobierno en minoría tiene la obligación de presentar a las Cortes proyectos de ley que cuenten con la mayoría suficiente y nos hemos encontrado con desgana, con desgana del Gobierno y con desgana del Ministerio de Economía, pues parecía como si nos dijesen que les daba lo mismo si se prorrogaban los presupuestos o si eso suponía una erosión para el Gobierno. Por primera vez en la historia vamos a aprobar unos presupuestos descuadrados en más de 200 millones de euros y en momentos de la tramitación ha parecido como si el Gobierno hubiese largado al Grupo Socialista una negociación sin margen económico, porque los dineros, los euros, ya se los habían gastado en el Consejo de Ministros con las ideas geniales, con las ideas electorales de algún ministro estrella, pero de espaldas a los planteamientos que, desde el mes de julio, trasladó nuestro grupo parlamentario. Por eso decimos que no son unos buenos presupuestos, ni en los ingresos ni en las prioridades de gasto ni en los objetivos que se tenían. A nosotros que no nos gustan estos presupuestos, nos gusta menos aún su prórroga. No nos gustan los presupuestos porque no responden a las exigencias sociales, a las demandas ambientales, a la necesaria reorientación de la inversión, también en Cataluña, dedicando los recursos a las Cercanías, pero nos gusta menos aún su prórroga, porque su prórroga significa aún más renuncias que las que hay en el presupuesto. Por todo

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eso no vamos a favorecer el veto a la sección de Vivienda, que acaba suponiendo un veto a todo el presupuesto que nos viene de este Senado.
Por eso, nosotros, que no apoyamos estos presupuestos en su debate de totalidad, tampoco vamos a permitir que se prorroguen. No nos gustan los presupuestos, pero su prórroga es peor.


¿Por qué no nos gustan? Se lo hemos dicho. Entendemos que estos presupuestos tienen mucho de renuncia y luego introduciré los elementos que hemos incorporado. Tienen muchos elementos de renuncia, porque, como el ministro Solbes explicó, no hay un incremento del gasto social, no hay un incremento del gasto público. El ministro Solbes siempre presume de este superávit presupuestario y se vanagloria -algo muy atípico de un ministro de un Partido Socialdemócrata- del no incremento del gasto público. Nos encontramos con que el principal gasto social son los 1.300 millones de euros para el cheque bebe, algo sorprendente cuando los retos sociales de esta legislatura eran tantos y cuando al final nos encontramos con que el principal reto social es algo tan impropio de la izquierda y tan propio de planteamientos de derechas. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

Es un presupuesto que se somete a ese lujo escandinavo, no asiático, que es presumir tanto del superávit presupuestario, con una limitación de ingresos proveniente de la reforma fiscal de 8.600 millones de euros que hemos dejado de ingresar. Y la cuestión es: ¿Una fuerza de izquierdas tiene que continuar presumiendo de la bonanza económica o una Cámara progresista y de izquierdas tiene que intentar que esa bonanza económica se sitúe al servicio de la ciudadanía? Con 8.600 millones de euros podríamos haber hecho muchas cosas que tienen que ver no con aprobar una buena Ley de Dependencia, que hemos aprobado, sino con dotarla mejor, de más recursos. Eso tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, con la vida de las personas sin autonomía personal. Son 8.600 millones de euros que tienen que ver con las pensiones mínimas no contributivas de miseria en este país, pudiendo solventar los problemas de la gente; 8.600 millones de euros nos podrían dar mejor respuesta al informe PISA, ese informe que nos hace lamer las heridas de la mala educación, pero que no hace la reflexión, como han hecho otros social-liberales en el Reino Unido, de que se incrementa el gasto en educación hasta llegar a un 7,6 por ciento del producto interior bruto y en España no lo hemos hecho. Por eso decíamos y decimos que este presupuesto, por la falta de ingresos y por la obsesión por el superávit, tenía mucho de renuncia desde el punto de vista del gasto social de los retos ambientales. Un presupuesto y una política que se ubican en ese contexto de renuncia social, de renuncia en el tramo final de la legislatura a profundizar en materia de derechos como el derecho a una muerte digna, el derecho al aborto, elementos como la laicidad; una renuncia ambiental que se produce también en este tramo de final de legislatura sin haber abordado la fiscalidad verde en la que ustedes y nosotros insistimos y que finalmente va a quedar como la asignatura pendiente en el país que incumple más con el Protocolo de Kioto de toda Europa; una renuncia que supone, al fin y al cabo, que no hayamos convergido con Europa en gasto social, con la Europa que a nosotros nos interesa, la Unión Europea de los Quince. Hemos convergido en otras cosas.


En el mes de junio les dijimos que queríamos una reorientación. Por eso, en los meses de junio y julio les trasladamos una propuesta: compromiso social con un giro social en políticas de dependencia, en materia de inmigración incrementando el fondo, en la lucha contra la siniestralidad, en pensiones mínimas o en educación de 0 a 3 años, una demanda ambiental con energías renovables, fiscalidad ambiental, ahorro y eficiencia y política de rescate de costas. Les planteamos la necesidad de otro modelo de infraestructuras, que aparquen ya esa obsesión por el AVE y que se preocupen de las Cercanías y del ferrocarril convencional. Nos parecía razonable. ¿Qué nos encontramos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre? Nos encontramos con su falta de respuesta a nuestra propuesta.
No hubo respuesta alguna, no tuvieron intención de negociar. Finalmente, cuando se tuvo que discutir este presupuesto, les dijimos que no lo apoyábamos. Por primera vez en la historia de esta legislatura en estos cuatro años nuestro grupo parlamentario les dijo que así no y que requeríamos de esa exigencia social, ambiental y de reorientación de la inversión. Empezó la tramitación e insistimos. Es verdad que en la tramitación ya no estábamos a tiempo de reorientar el presupuesto porque para hacerlo se necesita un acuerdo previo. En esa negociación sobre los ministerios que eran incorregibles, optamos por votar en contra. Ustedes tienen ministerios mal orientados y dimos nuestro voto negativo a secciones tan importantes como las del Ministerio de Economía, porque en el Ministerio de Economía no nos han querido escuchar ni las propuestas ambientales ni las propuestas fiscales, porque el Ministerio de Economía continúa obsesionado con esas políticas de excelencia económica que han supuesto un límite a la convergencia social. Les dijimos que no, y les dijimos que no a la sección de Defensa. Y les dijimos que no, claro que no, a una sección mal gobernada como la del Ministerio de Fomento, que ha mantenido un modelo de infraestructuras insólito y que ha supuesto que en España existan graves problemas de movilidad, en especial en zonas tan densas como Cataluña, en las que se ha invertido poco, pero sobre todo se ha invertido muy mal.


Al lado de eso, de nuestro no rotundo a determinadas secciones, lo que dijimos es: vamos a corregir el presupuesto o, como mínimo, vamos a paliar sus desaguisados. Y en parte lo conseguimos. Ante su política natalista -insólita- del cheque bebé, nosotros dijimos: queremos educación de cero a tres años. Y fue con nuestra propuesta con la que conseguimos incorporar 100 millones de euros para educación de cero a tres años, para que por primera vez el Estado empiece a hablar de educación de cero a tres años, para que por primera vez

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desde la Administración General del Estado se diga: vamos a corresponsabilizarnos con la universalización de ese derecho. Conseguimos que para política de costas, para rescate de zonas amenazadas ambientalmente, se incorporasen 30 millones de euros. Incorporamos en el articulado esa garantía establecida en el Estatut de Catalunya que permitirá que aquello que no se ejecute, de acuerdo con lo que se está ejecutando en el resto del Estado, se transfiera finalmente a la Generalitat, y lo que ponía en el Estatuto lo pone hoy la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Incorporamos 37 millones de euros para la lucha contra la siniestralidad laboral. Hemos añadido enmiendas que lo que hacen es decir al Ministerio de Fomento -otra cosa es que lo cumpla- que tiene que empezar proyectos, muchos proyectos, de ferrocarril convencional. ¿Estas enmiendas garantizan la reorientación del presupuesto, el giro social, ambiental, y el giro en la reorientación de las inversiones en estas materias? No, claro que no, pero esas enmiendas lo que sí hacen es paliar un presupuesto que no nos gustaba. Esas son las enmiendas que dicen que nosotros no apoyamos este presupuesto, pero que, por supuesto, aún apoyamos menos el veto que nos viene del Senado. Es un presupuesto que continúa siendo insuficiente social y ambientalmente, pero, en definitiva, un presupuesto, que es no tan malo como una posible prórroga que podría salir de esta Cámara.


Concluyo ya, señor presidente. Nos hemos encontrado con que el Gobierno ha tenido una política de alianzas -digámoslo suavemente- de geometría variable, y el ministro, en esa geometría variable de política de alianzas, ha tenido su propia política de alianzas, todo hay que decirlo: las leyes económicas, las leyes fiscales, la Ley del Mercado Hipotecario, la Ley del Sector Eléctrico, en la que estoy seguro de que el ministro ha tenido algo que ver. Ha tenido socios muy determinados, CiU e incluso el Partido Popular en algunas de estas leyes. El Partido Socialista, pero especialmente el Gobierno, intentó negociar estos presupuestos, incluso en su trámite, con esos socios tan deseados, con Convergència i Unió, porque cuando estábamos discutiendo el trámite parlamentario Convergència i Unió entró en la negociación, e hizo muy bien. Lo que ocurrió es que a mitad de la partida -no sé si era de mus o si es que jugábamos al mus en versión catalana, que es la butifarra- nos encontramos con un órdago de esos socios tan deseados. Y de ese órdago, no sé si mal calculado, al final salió un veto y un veto a la sección de Vivienda. Nosotros ya lo dijimos, nosotros dijimos que en la sección de Fomento íbamos a votar en contra, lo votamos aquí y vamos a votar el veto; en la sección de Vivienda, nos abstuvimos y no íbamos a votar el veto en el Senado y tampoco lo vamos a votar aquí. Si me permite decirlo, lo divertido es que el socio responsable acaba haciendo el gesto, muy propio del mus, muy propio de la butifarra, de ese órdago mal calculado que acaba representando un veto de los presupuestos.


En este tramo final de la legislatura, a mí lo que me gustaría es que se sacasen algunas lecciones, porque hay veces en las que los socios deseados, responsables, de orden, hacen cosas que a algunos nos sorprenden, porque esos órdagos lo que pueden acabar suponiendo son escenarios mucho peores que el mal presupuesto que nos han traído. Por eso, nosotros vamos a actuar de esa forma responsable. Les confieso que para nosotros sería fácil hoy sumarnos al veto, tenemos argumentos, pero por ese ejercicio de responsabilidad no lo vamos a hacer. Es más, ha habido ocasiones en que ha parecido que algunos de ustedes tenían ganas de que se produjese la prórroga, quizás porque la prórroga electoralmente no les vendría tan mal. Tampoco les vamos a dar ese gusto, una prórroga en la que ustedes podrían decir: necesitamos una mayoría casi absoluta para dar estabilidad. Ese gusto no se lo vamos a dar. En definitiva, sabemos que lo que toca hoy es la actitud de exigencia, la actitud de exigencia cuando toca. Nosotros, desde Izquierda Verde, desde la izquierda catalanista, hemos dicho a la ministra de Fomento que por ahí no podíamos ir. Se lo dijimos el primer día de legislatura y no se nos han caído los anillos, ni en el primer día de legislatura ni en el último tramo, para exigirle responsabilidades y para decir a este Gobierno que con esa ministra no se podía continuar. Lo que no vamos a hacer es apuntarnos a una prórroga de presupuestos, que lo que haría sería empeorar la situación. Por eso, con esa doble clave, una clave de responsabilidad y una dimensión de clara exigencia de este Gobierno, cuando toca, con la ministra de Fomento, cuando toca, con el Ministerio de Fomento, cuando toca, con el presupuesto, nosotros, cuando toca, les decimos que no y les sacamos la tarjeta roja. Cuando toca, lo que decimos es que para gesticular no se hace política, que la política se tiene que hacer para transformar, que no nos gusta el presupuesto pero que nos gusta menos aún su prórroga. Por eso no apoyamos su presupuesto, no apoyamos los Presupuestos Generales del Estado para 2008 al inicio de su tramitación y tampoco vamos a votar el veto a la sección de Vivienda que viene del Senado.


Señor presidente, como decía, muy buen año a todas y a todos. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Herrera.


Para fijar la posición del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora vicepresidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, en este último Pleno de la legislatura vamos a tratar de levantar el veto impuesto en el Senado por una mayoría configurada por el Partido Popular, por Convergència i Unió y por Esquerra Republicana, diferente a la mayoría que en esta Cámara hace dos meses rechazó las enmiendas a la totalidad que entonces se sometieron a votación. Este juego diferenciado de mayorías

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en el Senado y en el Congreso, amén de confundir a los ciudadanos, que no saben si el proyecto se ha aprobado o no o si se va a rechazar o no, pone de manifiesto un batiburrillo y un juego de los grupos y partidos políticos que no es fácil de entender, incluso aunque uno sea diputado o senador. Por eso vaya por delante nuestra posición política en relación con los mismos. Siendo plenamente conscientes de la enorme importancia que para el Partido Socialista y para el Gobierno tiene hoy nuestro voto, el Grupo Vasco en el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco, va a votar a favor del levantamiento del veto del Senado y a favor por lo tanto del texto del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, tal y como salió aprobado de esta Cámara. Vamos a apoyar, pues, al Grupo Socialista en el empeño, tal y como lo establecimos hace casi tres meses en el acuerdo que alcanzamos en este sentido, pues mi grupo parlamentario tiene por norma, y hace gala de ello, cumplir los compromisos.


Nos hubiera gustado que en el proyecto se hubieran incorporado también las enmiendas pactadas en el Senado entre el Grupo Vasco y el Grupo Socialista. No ha sido posible como resultado del veto del Senado. Hemos perdido así una financiación clave para múltiples proyectos estratégicos de Euskadi y bien que lo sentimos, pero un acuerdo, señor vicepresidente, es un acuerdo. Tenemos por costumbre calificar cada año la Ley de Presupuestos como la más importante del año. Al debatir los presupuestos, los grupos parlamentarios nos emperifollamos con nuestros mejores recursos dialécticos con el fin de dar a los presupuestos un alcance que va más allá del análisis estricto de los ingresos y gastos públicos. El debate de los presupuestos se torna así en un debate político de gran alcance y los argumentos esgrimidos por unos y por otros poco tienen que ver muchas veces con las partidas presupuestarias. Ello es más acentuado en una época o en un año preelectoral como el actual. Así, el Gobierno se encarga de adobar el proyecto con todo tipo de promesas y partidas de carácter electoral, tratando de contentar a unos y a otros. Véase las famosas ayudas por nacimiento de hijos, las ayudas al alquiler de las viviendas para jóvenes, etcétera. Por otra parte, la oposición argumenta pensando también en otros colectivos en los que quiere captar votos. De esta manera, lo importante no son estrictamente las partidas presupuestarias, sino la disculpa que ofrece el presupuesto para hacer campaña electoral. Ya no saben los ciudadanos si en el mismo proyecto se aprueban también las reformas fiscales en materia de sucesiones o la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Estamos, por tanto, generando confusión. Desde el Grupo Vasco creemos que esta ceremonia de la confusión es profundamente negativa. Los ciudadanos deben saber, a nuestro juicio, con claridad en qué piensa el Gobierno gastar sus recursos, qué inversiones piensa realizar, qué va a ocurrir con las pensiones, en definitiva, cuáles son las prioridades y las intenciones del Gobierno.


Desde el Grupo Vasco seguimos pensando, y lo sabe el conjunto de los ciudadanos vascos, que en estos presupuestos no se respeta el reparto competencial contemplado en los estatutos de autonomía, y concretamente en el Estatuto de Gernika, tal y como lo venimos denunciando en los debates presupuestarios año tras año. Los ciudadanos vascos también saben lo que año tras año denunciamos desde el Grupo Vasco, que es el olvido al que está sometido Euskadi en materia de inversiones públicas. Si algo ha quedado claro a lo largo de estos dos meses es la importancia de las inversiones y de las infraestructuras en el desarrollo económico. El debate sobre las inversiones en Cataluña ha centrado gran parte del debate presupuestario y nosotros respetamos profundamente este y otros debates que se realizan en torno a los presupuestos, teniendo en cuenta que parte del debate ha sido propio de unos presupuestos. Pues bien, lo dijimos hace dos meses, y lo tengo que repetir hoy, salvo la partida, a mi juicio insuficiente, para la construcción de la alta velocidad, en Euskadi, la inversión es prácticamente inexistente. A pesar de ello, en esta época preelectoral, el Gobierno socialista y sus dependencias en Euskadi tratan de vender en Euskadi lo propio y lo ajeno, siguiendo un guión y un plan de comunicación pensados en claves electorales. La triste realidad es que menos del uno por ciento de la inversión real del Estado tiene como destino Euskadi. Ello es así año tras año desde hace 30 años, por eso nos preocupa sobremanera y por eso lo denunciamos. Es cierto que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Grupo Socialista con el Grupo Vasco viene a paliar en parte este déficit inversor y tecnológico, que es ciertamente considerable.


Entendemos que el acuerdo es un paso hacia adelante, un paso tímido, pero hacia adelante al fin y al cabo, lo que valoramos positivamente. No quisiera -y no lo voy a hacer- repetir los mismos argumentos que empleé hace dos meses en el debate de totalidad. Simplemente quiero señalar que la falta de desarrollo estatutario, las transferencias pendientes, tan necesarias para la eficaz implementación de las políticas públicas, y la escasez de inversiones en Euskadi han constituido los ejes de los debates de presupuestos realizados por el Grupo Vasco a lo largo de las dos últimas legislaturas y posiblemente constituya también el eje de los discursos de los próximos años, si las cuestiones que hemos venido planteando no se concretan y no entran en vías de solución.


Para concluir, señor vicepresidente, quisiera referirme, aunque sea de una forma muy breve, al nuevo contexto económico que se nos presenta para el futuro inmediato. Nadie es más consciente que usted de esta nueva realidad económica, de la crisis financiera de consecuencias aún no evaluadas, del déficit exterior, de la falta de productividad, de la inflación desatada y de más de una previsible ralentización de crecimiento económico. En definitiva, un panorama económico menos predecible y más complicado. Ello le va a obligar a tomar decisiones de forma más sosegada, medida y meditada. Las alegrías del gasto público del pasado, sobre todo en ámbitos

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competenciales ajenos a su Gobierno, no pueden continuar. El cambio de la situación económica obliga también a respetar las reglas de juego competenciales. Los pasos que se den en materia tributaria, supresión o reducción de impuestos, deberán ir acompañados de una reflexión y del análisis de sus consecuencias. Quizás, señor vicepresidente, algunas medidas a adoptar no puedan ser del agrado general y a lo mejor no puedan incluso cumplir todo su programa electoral, que se realiza al calor electoral lejos de la realidad del enfriamiento económico. Quizás, señor vicepresidente, si usted sigue ocupando su puesto, lo tenga más difícil que en la actual legislatura. Usted es consciente de ello, asume plenamente el riesgo y yo le aplaudo desde aquí por ello. Quizás también, señor vicepresidente, sigamos debatiendo sobre estos temas y quizás lleguemos a acuerdos, o no. Mientras tanto en estas fiestas navideñas les deseo a todos los presentes y en especial a los amigos entrañables, Begoña, José Antonio Labordeta, Paco, Ricard, a todos con los que he trabajado y que no van a estar posiblemente en la siguiente legislatura, y también al señor presidente, ausente en estos momentos, zorionak eta urte berri on (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Tiene la palabra el señor Puig para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, diputados y diputadas, nuestro grupo parlamentario sube a la tribuna para exponer nuestra posición ante los presupuestos.
Hoy mismo un periódico como La Vanguardia titulaba un artículo: Quién vetó a quién. Habría que preguntarse quién vetó a Esquerra Republicana para poder negociar estos Presupuestos Generales del Estado desde el primer día. Cómo es posible que, a pesar de presentar una enmienda a la totalidad -como hicieron otros cinco grupos parlamentarios-, nuestro grupo parlamentario haya tenido una negativa ante cualquier posibilidad de negociar estos Presupuestos Generales del Estado. Creo que el veto empezó ese día y en esa decisión. Nosotros hemos sido coherentes en todo el proceso de discusión de estos Presupuestos Generales del Estado. Hemos reconocido que estos presupuestos representan una mejora respecto a los de años anteriores. Claro que sí. El año pasado votamos no a los Presupuestos Generales del Estado porque no cumplían la adicional tercera del Estatut. Eso fue reconocido; tarde, pero fue reconocido. Por tanto, en los presupuestos de este año hay una significativa mejora. Pero, ¿qué dijimos en la presentación de la enmienda a la totalidad? ¿Por qué la presentamos? Porque entendíamos que faltaban suficientes garantías para el cumplimiento de esas cifras. En los Presupuestos Generales del Estado no hay suficiente garantía para más de 700 millones que constan y que no están distribuidos. Tampoco, para los 826 millones de euros pendientes del año pasado por haber hecho una mala aplicación de la adicional tercera. Dice que se cobrarán en los años 2008 y 2009. Nosotros pedíamos garantías en este aspecto.


Otro tema es el gasto social. Entendemos que el Gobierno no ha hecho el esfuerzo necesario -que podría haberlo hecho- en gasto social, se ha perdido demasiadas veces en anuncios; vemos que sigue habiendo anuncios de propuestas, que en definitiva los ciudadanos no perciben en su bolsillo. Por tanto, ha habido una falta de esfuerzo en este sentido. El Fondo de Inmigración quedó casi como estaba, a pesar de que fue una propuesta de nuestro grupo tomada y utilizada por el propio presidente del Gobierno. Ahora nos encontramos con una gran incongruencia. Por su gestión, por sus socios, con los cuales han querido negociar estos presupuestos, nos encontramos con que el Fondo de Inmigración está por debajo de los presupuestos que se presentaron a esta Cámara; faltan unos 20 millones de euros de la propuesta inicial que hizo el Gobierno. Todo por intentar evitar que una enmienda de Esquerra Republicana, que doblaba dicho fondo, fuese aceptada. Ustedes lo intentaron y lo hicieron con toda argucia parlamentaria, lógica, pero es difícil poder explicar desde el Grupo Socialista cómo es que ha disminuido este Fondo de Inmigración. Se aprobó la enmienda y ustedes retiraron la suya, la que llevaban desde el Gobierno; ahora se ha producido el veto en el Senado y el Fondo de Inmigración queda por debajo. Tampoco la creación de los fondos de dependencia que se aprobaron en esta Cámara, en las resoluciones del debate del estado de la Nación, de creación y mejora de la financiación de la Ley de la Dependencia, se ha cumplido en estos presupuestos.


Yo les diría también que, a raíz del veto del Senado, ustedes no lloren, porque saben que el veto lo tienen levantado. En este Parlamento ya se votó en contra de las enmiendas a la totalidad y ustedes lo consiguieron.
Tienen un pacto legítimo, lógico, ya lo tienen. No sirve llorar por un veto en el Senado que ustedes saben que van a levantar aquí. Hay que ser más coherentes en este aspecto. El Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Mixto, los partidos que estaban de acuerdo, lógicamente lo van a votar.
Le digo al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, a mi amigo Pedro Azpiazu, que entiendo su interpretación. Felicidades. Ustedes llegaron a un acuerdo, les van a aprobar los presupuestos en el País Vasco, por lo tanto, felicidades. Ahora bien, nosotros tenemos el derecho de ser coherentes, de asumir nuestra responsabilidad y de votar en contra de estos presupuestos. No presentamos ni el veto en el Senado, porque esperábamos poder negociar las enmiendas que presentamos en esa Cámara para mejorar estos presupuestos. Y ni eso. Como decía Joan Tardà, ni agua a Esquerra Republicana de Catalunya. Luego ustedes han decidido los socios y se han encontrado con esta situación.


La duda que tengo es si en parte les ha podido ir bien que se haya producido este veto; me parece, señor vicepresidente, que les ha ido bien. Según publica hoy la

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prensa, el descuadre de estos presupuestos está aquí. Si se llega a negociar en el Senado, más descuadre. Habrá que aclararlo, habrá que aclarar el hecho de que parece que el presupuesto está descuadrado; faltan 221 millones de euros y se va a tener que tomar alguna decisión a este respecto. A mí me parece que se equivocaron en su momento en no negociar con Esquerra Republicana nuestra modesta aportación; ustedes se negaron en redondo. Y una cosa les podemos decir clara y lo hemos demostrado: en esta legislatura, en los dos primeros presupuestos, llegamos a acuerdos y cumplimos lo que acordamos. Esquerra Republicana cumple lo que acuerda y por lo tanto hicimos las aportaciones y la aprobación. Por coherencia, nuestro voto tiene que ser en contra de estos presupuestos por nuestra enmienda a la totalidad, porque no querían negociar nada en ese aspecto y porque, además, ustedes a veces esconden la raíz del problema.


Podemos hablar de la solidaridad de los presupuestos y de a qué comunidades autónomas benefician. El señor Solbes dijo, a raíz del veto en el Senado, que Cataluña perdería 600 millones de euros. Señor Solbes, usted sabe que esto no va a ser así. Se van a aprobar, porque los acuerdos se respetan. Pero no es que en Cataluña perdamos 600 millones de euros; Cataluña está perdiendo mucho más cada año. El grado de ejecución de los presupuestos está por debajo del 75 por ciento. Cada cuatro años al Gobierno de turno le sale gratis dicho presupuesto. No publican las balanzas fiscales. ¡Si ya están hechas! Yo creo que hay que publicarlas.
Sería un debate democrático, los números encima de la mesa y romperíamos ese tabú. Los datos están, existen, diversas instituciones los calculan.
Los últimos datos nos dicen que, en diez años, el déficit fiscal por ciudadano en Cataluña se ha duplicado. De 1.355 euros por habitante a 2.622 en el año 2005. 19.000 millones de euros de déficit fiscal en el año 2005. Hoy, en 2007, seguro que superamos los 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros de déficit, de expolio fiscal en Cataluña. Por lo tanto, decía que perdemos 600 millones. No. Se sumarían al déficit fiscal que vamos acumulando año tras año por falta de hacer cumplir lo que se aprueba en esta Cámara, que es publicar las balanzas y poder hablar de los presupuestos en serio. Hay que afrontar la nueva Ley de financiación de las comunidades autónomas, la nueva Lofca, y no se puede hacer sin la publicación de las balanzas fiscales.


Nuestro grupo parlamentario me parece que ha sido coherente. Expuso los motivos. A veces un no a tiempo es una mejora para el mañana, así fue el año pasado respecto a este y por lo tanto el debate sigue abierto. Nadie podrá negar que el debate no está cerrado. Se sigue discutiendo sobre la misma aplicación de la adicional tercera del Estatut de Catalunya y, sobre todo, de la financiación de las comunidades autónomas. Me parece que la mayoría de grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya apuestan por hablar del sistema, por cambiar el modelo. Hay que decir basta al déficit fiscal y publicar las balanzas fiscales para hablar con toda claridad, para ser coherentes a la hora de aprobar los presupuestos.


Hoy, en coherencia con todo ello, nuestro grupo parlamentario sigue diciendo no a los Presupuestos Generales del Estado. Y lo decimos con toda la responsabilidad y con toda la coherencia. Ese no de hoy es el que permite que siga habiendo debate sobre el injusto modelo de financiación de las comunidades autónomas. En esos presupuestos, lo hemos dicho, no ha habido esfuerzo por parte del Gobierno en el aspecto social. No ha sido así en el Ministerio de Fomento. Yo coincido con otros portavoces que me han precedido en que este presupuesto, tan solo por cómo ha sido y por la gestión en el Ministerio de Fomento, no puede ser aprobado. Y otra prueba del disparate que se ha producido en la gestión de los recursos ha tenido lugar ayer mismo, cuando a la ministra de Fomento se le ocurrió inaugurar ocho kilómetros de autovía que estaban sin terminar, mientras se inauguraba seguían trabajando; una autovía en la que se ha tardado el doble del tiempo previsto y que sigue sin estar terminada. Esto sería una demostración de la mala gestión.


Una de las enmiendas que nuestro grupo propuso se refería a la gestión de los recursos por parte de la Generalitat de Catalunya. Que aquello que el Gobierno no pueda ejecutar sea traspasado a la Generalitat de Catalunya.
Negativa por respuesta. Y no pueden decir que es imposible, porque esto ya pasa, sigue pasando hoy en día en algunas comunidades, que ejecutan aquello que el Gobierno no puede ejecutar. ¿Qué problema hay en ello? Si hay más eficacia en la Generalitat de Catalunya, permitan que se ejecute con el dinero que ustedes dejan sin ejecutar. Por lo tanto, estos presupuestos no cumplen en el aspecto social ni tienen suficiente garantía de cumplir con la adicional tercera. Y lo que más nos preocupa, que seguimos como al principio: la no publicación de las cifras claras de las balanzas, el aumento del déficit fiscal y por lo tanto las garantías de que la nueva Lofca, la nueva Ley de financiación de las comunidades autónomas, garantice una mejora del sistema de financiación.


Termino. Ya he expresado nuestra voluntad y nuestra posición por coherencia a lo largo de toda la tramitación de los presupuestos y nuestro voto va a seguir en esta misma coherencia.


Es mi última intervención en esta legislatura. Digo en esta legislatura, porque van a ser los ciudadanos los que decidan si voy a volver o no en la próxima; la democracia va a decidir. Sí que quiero dar las gracias a todos los diputados, en especial a los compañeros de escaño, con los que he compartido en esta Cámara a veces muchas horas, a Begoña, a Paco, a Luis Mardones y a Labordeta; han trasladado su experiencia a los diputados que éramos noveles en el inicio de esta legislatura. Muchas gracias. Gracias a los asistentes, al personal de la Cámara, a los letrados y, cómo no, al presidente Marín, a pesar de que algunas veces a lo mejor nos hemos portado como

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somos, coherentes con nuestros principios y con nuestro derecho. Muchas gracias a todos y felices Navidades. Felices festes i bon Any Nou.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Puig.


El señor Vilajoana tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señor vicepresidente, señor ministro, señorías, ayer El Periódico de Catalunya publicaba en su página 16 un potente titular que decía: Montilla presionó para frenar un pacto PSOE-CiU en el presupuesto. En La Vanguardia de hoy Josep Gisbert escribe un artículo en la página 14 que tiene como titular: Quién vetó a quién, y se pregunta si el veto ha sido de Convergència i Unió a los presupuestos del Estado para 2008 o es el PSC el que ha vetado a Convergència i Unió.
Lo dice La Vanguardia. (La señora Cunillera i Mestre: Vaya profundidad de discurso.) Teniendo en cuenta además que en estos días hemos tenido que oír, motivado por nuestro veto -que ya les apunto, para quitar incertidumbres, que le vamos a mantener al final de este debate-, que nuestro veto ha sido frívolo, irresponsable, e incluso se ha dicho que ha sido cínico, nos preguntamos, después de este debate que se está produciendo en medios de comunicación tan diversos como El Periódico y La Vanguardia, quién es el irresponsable, quién es realmente el cínico en todo este debate. Dicho esto, queremos añadir que el sábado pasado, en el consejo nacional de Esquerra Republicana, su presidente, Carod-Rovira, dijo que los diputados del PSC en Madrid eran invisibles. Quizás sea en respuesta a esto que, cuando se hablaba estos días del veto, siempre se aludía a que este veto lo hacían CiU, por supuesto, y el Partido Popular, y ahora yo agradezco al querido diputado Joan Puig que les haya recordado que el veto también lo ha votado Esquerra Republicana en coherencia con la enmienda a la totalidad que presentó a estos presupuestos, con la misma coherencia que hemos mantenido nosotros. También les recuerdo que Esquerra Republicana no solamente forma parte del Gobierno de Cataluña en estos momentos, sino que además fue el partido que permitió que, a pesar de que el PSC perdiera las elecciones, tenga de presidente a su primer secretario. Esto es así.


Dicho todo esto, ¿por qué hemos puesto el veto en el Senado? Por pura coherencia, no de estos presupuestos, sino histórica. En estos cuatro años, acompañados además en algunos momentos del Partido Nacionalista Vasco, hemos considerado y consideramos -no solamente nosotros, sino también el conseller Castells y el conseller Baltasar- que el Ministerio de Vivienda es un ministerio invasor de competencias exclusivas en las comunidades autónomas. Además, es lo que nos dice el mensaje motivado que nos envía el Senado, que dice exactamente: De acuerdo con el actual marco competencial, las comunidades autónomas ostentan la competencia exclusiva en materia de vivienda. Por ello, los recursos presupuestarios previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de Vivienda deberían transferirse a las comunidades autónomas para su gestión, aspecto que no contempla el proyecto de ley. Esta es la razón de nuestro veto, que, repito, es coherente con nuestro comportamiento en todo el debate de estos presupuestos, y usted lo sabe muy bien, señor vicepresidente del Gobierno. Incluso esta coherencia ya empezó en los presupuestos del año 2007. Sabe usted, señor vicepresidente, señor ministro de Economía, que nosotros discrepábamos de cómo el Gobierno interpretaba el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya de 2006, donde la ley orgánica decía que el Estado debía invertir durante siete años en infraestructuras el equivalente al PIB catalán, en aquel momento el 18,8 por ciento. Ustedes interpretaban en 2007 que estas eran las inversiones de Fomento y Medio Ambiente.
Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad en aquellos presupuestos que levantamos a cambio de una disposición adicional -la 57, si no me equivoco-, donde les pedíamos que hasta el 31 de marzo el Gobierno español y el Gobierno de Cataluña buscaran el mecanismo para cumplir esta disposición adicional que nos marcaba el Estatuto. La realidad es que más tarde de lo previsto, no el 31 de marzo sino en septiembre, el Conseller Castells y usted, señor ministro, llegaron al acuerdo de que realmente se podían ampliar estos criterios, y los ampliaron concretamente a Industria, Agricultura y otros ministerios y a otras partidas. Nosotros discrepábamos y seguimos pensando que la filosofía, el espíritu que marcaba esta disposición adicional tercera del Estatut era el total de inversiones regionalizables. No estamos de acuerdo pero esta es nuestra posición. Y repito, gracias a esto, en este acuerdo con Solbes, muy celebrado por todo el mundo, se acordó que las inversiones de este año en 2008 serían de 4.365 millones de euros, y que, además, el diferencial que había entre las inversiones de 2007 y 2008 era de 820 millones de euros, que dijeron que se restituiría entre los años 2008 y 2009. En aquel momento, repito, levantamos la enmienda a la totalidad, conseguimos este acuerdo y nos pareció positivo. Vamos a los presupuestos de este año y nos encontramos, con gran sorpresa, con que las inversiones en infraestructuras no son de 4.300 millones sino solo de 3.600 millones.
Por tanto, no el 18,7 por ciento que ahora toca, sino exactamente el 14,6, que es lo que dice exactamente la página 289 del informe de su ministerio. Y en la página 290 dice que habrá 720 millones pendientes de ejecutar en función de los proyectos. Esto fue un motivo determinante para que planteáramos una enmienda a la totalidad, que perdimos pero que queríamos ganar. Había otras razones, señor ministro, y usted lo sabe; no estábamos de acuerdo en el gasto social; se ha dicho antes por parte de Izquierda Unida. Nosotros entendemos que se ha hecho una gran política de escaparate alrededor del gasto social, cuando

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lo que ocurre es que realmente los ingresos crecen más de un 8 por ciento y el incremento del gasto social se sitúa solo en el 6. Por tanto, usted sigue primando, señor ministro, esta voluntad de superávit presupuestario de la que también hemos discrepado; es decir, nos parece bien y somos partidarios del equilibrio presupuestario, pero entendemos que hemos sustraído a esta Cámara de un debate sobre qué hacer con estos más de 10.000 millones de euros de superávit que hemos tenido en los últimos años. Dicho esto, entendíamos que tenía que haber más inversiones en dependencia, que creo que es una ley deficitaria, y más inversiones en política de vivienda -no en un ministerio, ya que creemos que el Ministerio de Vivienda no tendría que existir, sino estar en su departamento-, conseguir más recursos para hacer una política de vivienda y transferir estos recursos a las comunidades autónomas y ahorrarnos un ministerio. Esto es lo que pensábamos y pensamos. También creíamos que en política de pensiones -que ustedes están incrementando- en la pensión de viudedad teníamos que hacer un esfuerzo especial que no se hace.
Asimismo, queríamos más inversiones en enseñanza; el informe PISA nos demuestra que hemos de invertir más en enseñanza. Y también queríamos más inversiones en otros factores, como podía ser investigación, etcétera.


Por todo esto, repito, presentamos una enmienda a la totalidad. El señor Duran i Lleida la defendió en esta Cámara y la perdimos. Pero que quede claro, nuestra voluntad era conseguir que estos presupuestos se devolvieran al Gobierno y que se mejoraran en estos conceptos que les estoy comentando. Este era el objetivo que tenía este grupo. En el debate en Comisión llegamos a un acuerdo con ustedes ¿en qué sentido? Con el compromiso único de actuar responsablemente en votaciones donde había un riesgo de voto. Esto fue lo que hicimos y cumplimos. También nos comportamos igual en el Pleno. Con esto conseguimos un total de 60 enmiendas de las 550 presentadas y unos 70 millones de euros, sin ningún compromiso de ningún tipo respecto de nuestro comportamiento en el Senado y además dejando claro que en el dictamen de Comisión votamos en contra, votamos que no a la mayoría de secciones, y lo mismo hicimos en el debate en el Pleno, donde también votamos negativamente a la mayoría de secciones de estos presupuestos. Nos vamos al Senado. En el Senado -y esto ya no lo dice la prensa, sino don Pere Macias- se le hizo algunas ofertas en el tema Cercanías y en lo que nosotros llamamos enmiendas campanario, que son las que sistemáticamente no se cumplen. En esta Cámara, cada año repito que hay una famosa enmienda -que yo la llamo la enmienda Sánchez i Llibre en homenaje a un gran diputado y compañero de grupo- (Aplausos.) que cada año votamos, que cada año aprobamos, que es el apeadero de Premià. Cuatro presupuestos, en los cuales yo he sido portavoz, en los que la he defendido y el señor Sánchez i Llibre ha ganado. Se ha llevado un apeadero que no existe, pero que no existe ni existirá, y ahora ya no se atreve el señor Sánchez i Llibre ni a ir a Premià para ver si algún día se pone o no el apeadero. (Rumores.) Estas enmiendas, este tipo de ofertas son las que hicieron a don Pere Macias.
Como decía, no quiero entrar en el debate en el que ha entrado la prensa.
No sé si el señor Montilla o el PSOE querían o no que vetáramos. Nosotros hemos vetado por coherencia y hoy votaremos a favor del veto por coherencia, porque estos presupuestos no son buenos para Cataluña. Llamar históricos a estos presupuestos, que resulta que evitan que Cataluña se lleve 1.500 millones de euros en inversiones, me parece -esto sí- un acto de alta irresponsabilidad. Lo que le conviene a Cataluña es que hoy estos presupuestos se rechacen y que el nuevo Gobierno que habrá el mes de abril haga unos nuevos presupuestos que nosotros apoyaremos si incorporan los 1.500 millones de euros y estos elementos que no están. Esto es lo que queremos. Sería fantástico que se prorrogasen estos presupuestos.
Además, hay otro tema, con toda tranquilidad, sistemáticamente descubrimos que los presupuestos, sobre todo en infraestructuras, se ejecutan en el mejor de los casos en un 80 por ciento y siempre -aparece en todos los informes trimestrales- resulta que las inversiones se ejecutan en el último trimestre. Imagínese usted si tenemos tiempo para ir ejecutando con los prorrogados y hacer unos buenos presupuestos, además -se lo diré en confianza- con mucha más fuerza por nuestra parte, que nos permitirá exigir para Cataluña que estos 1.500 millones de euros que ahora mismo no están estén. Por esto, señor vicepresidente, señorías, Convergència i Unió por coherencia, por responsabilidad, por que lucha por los intereses de Cataluña y del conjunto de ciudadanos de España, quiere y va votar el veto favorablemente. Queremos que este país tenga un buen presupuesto que resuelva los problemas que tiene y que, básicamente, este Gobierno por fin cumpla lo que marca una ley orgánica tan importante como es el Estatuto de Cataluña.


Como han hecho mis compañeros -aunque no es mi última intervención, pero quizás a algunos no los veré después-, quiero agradecer la colaboración de todos ustedes y de los miembros de la Cámara -no está el presidente pero sí la vicepresidenta-, así como también a todos los miembros de la Mesa estos cuatro años. Tampoco sé lo que decidirán los ciudadanos, pero es posible que podamos volver a estar aquí. En cualquier caso, quiero desearles en mi lengua un bon Nadal i un feliç Any Nou.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Vilajoana.


El diputado Martínez-Pujalte tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, señora presidenta, uniéndome al espíritu navideño del

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señor Vilajoana, quiero manifestar al inicio de mi intervención -probablemente la última intervención en este periodo legislativo, y luego lo que los ciudadanos decidan- que más allá de las ideas, más allá de las ideologías y más allá de las posiciones de cada grupo, he trabajado muy a gusto con los miembros de todos los grupos parlamentarios, incluso con los de las ideologías más opuestas a las mías. Además, quiero decir que cuando ha habido que llegar a acuerdos se ha llegado a acuerdos, que se han respetado y, en ese sentido, me uno a lo del señor Vilajoana, que el señor Sánchez i Llibre es un buen diputado, pero también el resto de diputados que han trabajado en la Comisión de Economía y Presupuestos lo han hecho francamente bien. Eso no obsta, señorías, para que, aunque estemos con espíritu navideño, le diga que estos presupuestos, señor vicepresidente, no son los que necesita la economía española y, por eso, el Senado se los ha vetado. Este presupuesto, señorías, no cuadra. Los servicios de la Cámara nos pasan un informe diciendo que hay decenas de enmiendas que no se pueden cumplir, porque no cuadra, porque el sudoku no ha cuadrado. Se han aprobado enmiendas y no hay crédito en una de las secciones, no hay dinero para afrontar las infraestructuras. No cuadran porque ha sido un mercadeo, porque han sido unos presupuestos que se han mercadeado, al señor Labordeta se le dice cuatro fuentes en no sé qué municipio de Aragón, al otro...., y no cuadra. Además, es un presupuesto insolidario. El que tuvieran estos presupuestos seis enmiendas de totalidad y que una gran parte de los diputados de esta Cámara sigan manteniendo que no son los que España necesita, a lo mejor les podría hacer reflexionar. Son unos presupuestos a los que ha sobrepasado la situación económica -ya nadie se cree las cifras macroeconómicas, no se las cree ni el propio Gobierno-, están sobrepasados por la realidad económica. Son unos presupuestos que, al final, el único apoyo sincero es el del PNV, porque hay una relación de yo te apruebo los tuyos en el País Vasco y tú me apruebas los míos en Madrid; pero no es por un debate profundo de si estos son los que España necesita, es porque ellos necesitan un número de diputados en el País Vasco y se les ofrece y, a cambio, ellos ofrecen sus siete diputados. Lo más sincero, lo más sincero del apoyo es los dos tránsfugas. ¡Qué acabemos la legislatura, señor Solbes, comprando a tránsfugas, comprando la voluntad política de dos tránsfugas! (El señor Jáuregui Atondo: ¡Qué cosas dices!) Que los presupuestos de 2008 necesiten que el secretario general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana o que el señor López Garrido se tengan que reunir con tránsfugas para buscar el apoyo y para trapichear lo que le van a dar, quiere decir que no son los que España necesita. (El señor Jáuregui Atondo: ¡Qué nivel, Maribel!). Bueno, el nivel, nivel...es que ayer el ministro de Interior llamó a un diputado de la oposición miserable por defender a las víctimas... ¿y cómo habría que calificar comprar diputados, comprar el voto de diputados para conseguir superar el veto del Senado? (Rumores.) No se pongan nerviosos que estamos en Navidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señorías.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, el señor Solbes recibió la mejor herencia económica que ha recibido ningún ministro en España, y usted lo sabe. Además, ha gozado de los cuatro mejores años de la economía internacional desde el año sesenta. Desde el año sesenta no había habido cuatro años como este. Además, la economía española tenía una inercia muy positiva y usted dijo: no hago nada y esto funcionará.
Pero es que cuando no se hace nada se acaba la gasolina, el coche se para y por eso el balance hoy no es muy positivo. No se ha gestionado bien la bonanza económica. Ayer decía el presidente del Gobierno: es que hemos almacenado para los tiempos en que vengan mal dadas. No, no se ha hecho bien, no se han hecho las reformas necesarias. No se han hecho las reformas que la economía española necesitaba para afrontar la nueva situación, y cuando uno no se prepara en los tiempos de bonanza, cuando vienen mal dadas, empezamos a tener problemas, y en España estamos teniendo problemas, porque que la inflación esté en el 4,1 por ciento es un problema si estaba en el 2,2 en 2004. Y dice el señor Solbes, es que ustedes en algún momento puntual durante sus años de gobierno tuvieron inflaciones similares. Sí, pero se tomaban medidas y ahora se le echa la culpa a los cereales, al petróleo o a los ciudadanos, o a los ciudadanos porque dan propina. Es un problema la inflación y es un problema el déficit exterior, porque si estábamos en un déficit exterior del 2,3 -del 2,27 para ser exactos- y ahora estamos en el 9,5 quiere decir que tenemos un problema de competitividad, hay un desequilibrio interno y un desequilibrio exterior, y ese sería un problema menor si además las familias y las empresas no tuvieran niveles de endeudamiento tan altos con unos tipos de interés que han crecido y que les dificultan para llegar a fin de mes. ¿Se ha trasladado este problema a las familias? Porque este es un punto crucial para dar el sí o el no a los presupuestos. ¿Se ha trasladado este problema a las familias? Y dice el Gobierno: no se ha trasladado a las familias, viven mejor que nunca. Las familias viven mejor que nunca. Señoría, las familias están sufriendo una inflación, que es el impuesto más injusto, muy alta, y su secretario de Estado lógicamente recomienda que la negociación salarial no se haga sobre la inflación prevista, que no haya cláusula de revisión, que los asalariados cobren menos para no entrar en una espiral inflacionista. Y yo le digo, señor Solbes, que a lo mejor puede ser ortodoxa la posición de su secretario de Estado, pero es el reconocimiento de que los asalariados están perdiendo poder adquisitivo en España. Además, las familias están sufriendo -por su nivel de endeudamiento a tipo variable con incremento de los tipos- un aumento enorme de lo que tienen que pagar por su hipoteca,

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y eso también les hace perder poder adquisitivo. Las familias están viendo cómo se desacelera la creación de empleo, ya en los últimos meses no se genera empleo para todos los demandantes, de hecho está aumentando el paro, y ustedes dicen ahora: se crea mucho empleo. Sí, no suficiente para los demandantes y por eso aumenta el paro y eso lo ven las familias. Las familias esas que viven fenomenal, según ustedes, reciben un gran consejo: es que ustedes tienen que ajustar lo que comen. Cartilla de racionamiento para las familias, no para el Gobierno, para las familias.
¿Eso lo refleja algún indicador, señor Solbes? Ustedes dicen que van fenomenal y nosotros decimos que las familias no van tan fenomenal, ¿eso lo refleja algún indicador? Sí; los indicadores de confianza, todos. Le puedo citar el del ICO, el de alguna consultora, el de algún gran banco, pero le voy a citar el oficial, el del Centro de Investigaciones Sociológicas: abril de 2004, el 11 por ciento afirmaba que la situación económica era mala o muy mala. Hoy, en el último indicador del ICO, el 32,2 por ciento, 21 puntos por encima. Las familias viven peor y uno puede decir: ¿y el Gobierno tiene algo que ver o el Gobierno no tiene nada que ver? ¿La inflación es solo cereales y petróleo o tiene algo que ver el Gobierno? Yo le digo, señor Solbes, y usted lo sabe, el que se hagan presupuestos año tras año -y estamos aquí hablando de presupuestos- con crecimientos por encima del 5 por ciento, con crecimientos por encima del PIB nominal de la economía, esto ocasiona inflación. Esto ocasiona inflación, porque no tiene que ver la inflación con el déficit, tiene que ver con el nivel del gasto público en las administraciones, y ustedes han echado gasolina al fuego, ustedes han acelerado el proceso inflacionista de España, y tiene que ver el desequilibrio interno de los precios con el Gobierno y tiene que ver con la ausencia de reformas y tiene que ver con la ruptura del mercado único, igual que tiene que ver el Gobierno con la pérdida de competitividad de la economía española que se refleja en el déficit exterior. ¿No va a tener que ver el Gobierno con la pérdida de confianza generada por la imagen de los organismos reguladores donde ustedes, en todos ellos, han puesto de presidente a una persona con carné en la boca? Si ustedes han transmitido la imagen de que para ser gobernador del Banco de España había que ser socialista, para ser presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia había que ser eurodiputado y diputado, para ser presidente de la Comisión Nacional de Energía había que ser diputado del PSOE. ¿Cómo perciben eso al final los mercados? Pues con pérdida de confianza en la economía española, porque ven que no hay independencia en los órganos reguladores. Y los mercados perciben que las relaciones exteriores de España son malas y eso claro que se refleja en nuestras cuentas. ¿Cómo no se va a reflejar en nuestras cuentas la mala situación de nuestra política trasatlántica, la mala situación con algunos países de Sudamérica, la mala situación que ha llegado al insulto a algunos presidentes europeos? Claro que se refleja y eso tiene que ver con el Gobierno; o sea que el Gobierno tiene que ver con lo que está sucediendo. Señor vicepresidente, le decía que en España hay ahora más problemas que en 2004, la herencia es peor, las familias lo están notando -el Gobierno quiere negarlo y sin embargo los indicadores dicen que lo notan- y el Gobierno podía haber hecho otras cosas.


Pero aquí estamos para ver si vetamos o no los presupuestos. ¿Qué es mejor? Algunos diputados, como el señor Herrera, han subido a la tribuna y han dicho: No me gustan nada, pero los voto porque es peor que se devuelvan. Yo digo que no, señor Herrera, que es mejor que se devuelvan y que el nuevo Gobierno haga unos presupuestos ajustados a lo que necesita la economía española; eso es lo mejor. Señor Solbes, le están utilizando.
El señor Zapatero, como ve que hay problemas, ayer volvió a decir: Yo tengo al señor Solbes. Toda esta legislatura le ha ninguneado y los empresarios sabían que no había que ir a Alcalá, que había que ir a ver al señor Sebastián o al señor Taguas a Moncloa, pero ahora como el señor Zapatero tiene problemas dice: ¿Quién dicen las encuestas que me da un poco más de credibilidad? El señor Solbes. Por eso le están utilizando y por eso usted en una entrevista el otro día se ha comprometido a una cosa tremenda: En la próxima legislatura no me van a ningunear, yo voy a decidir. ¿Y usted siendo vicepresidente en esta legislatura no ha decidido? (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Qué grosero!- Rumores.) Cuando he preparado este debate he contado que usted ha opinado quince veces cosas contrarias que los ministros y las quince veces han ganado los ministros, el señor Montilla y la ministra de Vivienda cuando estaban, siempre, pero ahora dicen que no y entonces el Partido Popular, FAES, a la que ustedes denostan, saca un cuadernillo y dice: Hay que suprimir el impuesto de patrimonio; se lo lee usted y dice: Es imposible suprimirlo; pero llega el señor Zapatero y dice: Sí, y después usted dice: Sí. ¿Eso es lo que nos va a deparar la próxima legislatura, señor Solbes? Este presupuesto no es el que necesita España, es un triste epitafio de un triste Gobierno -y perdonen porque estamos en Navidad- que negocia con terroristas y con tránsfugas el levantamiento del veto de hoy. (Protestas.-Aplausos.)

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en un momento de incertidumbre de la economía mundial, el Gobierno de España respondió proporcionando certidumbre a la economía española y presentó en esta Cámara los Presupuestos del Estado para el año 2008. Fue una decisión valiente, valiente, porque tenía un riesgo.
Tenía el riesgo político de situar los últimos meses de esta legislatura en un debate largo, intenso, a veces acalorado y no

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siempre muy riguroso, sobre cómo se emplean los recursos en una sociedad.
La verdad es que creo que fue una decisión correcta, porque era la forma de poder demostrar algunas cosas que a nosotros nos parecen importantes.
En estos años se ha hecho una conducción de la economía española que ha permitido un crecimiento brillante, un crecimiento que durante una etapa dilatada ha estado con una media superior al 3,5 por ciento y que ha permitido la creación de empleo, en una sociedad donde estamos viviendo un proceso muy singular: aumenta la población ocupada, aumenta la población activa, aumenta la población residente. Este hecho es un hecho que no se había producido en la historia de España hasta este momento y que constituye una gran posibilidad para esta sociedad. En cualquier caso, en estos años hemos tenido un crecimiento continuado del producto potencial y, como consecuencia de eso, hoy podemos decir que la economía española es una economía más fuerte que la que existía en el año 2004.
(Aplausos.) Además, hemos corregido algunas de las divergencias que en materia de cohesión social se habían producido en los gobiernos del señor Aznar. La sociedad española quería converger -y quiere-, lo había manifestado con reiteración a lo largo de todas las décadas anteriores, quería converger con la Unión Europea en variables económicas y también en los indicadores sociales. Por tanto, éramos conscientes que una de nuestras primeras actuaciones tenía que ser la que estuviera destinada a reparar los daños que los anteriores habían ocasionado y que, después o a la vez que se reparaban esos daños, tendríamos que acrecentar un conjunto de bienes públicos, que eran muy importantes en materia de capitalización física, de capitalización tecnológica y de capitalización social en España.


Ha pasado prácticamente una legislatura y esas destacadas mutaciones creo que se han producido, están en el escaparate con el que hoy se identifica al conjunto de los españoles y esas mutaciones han tenido el apoyo de muchos grupos en esta Cámara. Lo primero que quiero hacer en nombre de mi grupo parlamentario es agradecer a todos y cada uno de los que han colaborado con nosotros en esta legislatura el apoyo que nos han prestado. El apoyo lo hemos tenido también de ese conjunto de agentes sociales que arriesgan hoy porque confían que el futuro será mejor para España y el ejemplo lo hemos tenido hace cuarenta y ocho horas cuando los acuerdos que han firmado los empresarios y los sindicatos vuelven a extender la paz social en esta sociedad. Hemos notado también el apoyo de quienes experimentan las mejoras en el funcionamiento de la economía: los trabajadores. Los trabajadores tendrán mayor productividad y como consecuencia de ello percibirán remuneraciones más altas y podrán disfrutar de un mayor bienestar material. Por tanto, el balance que mi grupo hace de este periodo de Gobierno es el de la expansión de una economía que ha permitido crear empleo, de tal forma que hoy trabajan en España un número de personas que nunca habían trabajado. En segundo lugar, hemos reducido la tasa de paro a un nivel correspondiente al de 1978. En tercer lugar, hemos desencadenado un esfuerzo inversor de los más altos del mundo y como consecuencia de él dedicamos a la inversión más del 30 por ciento de la renta nacional. En cuarto lugar, hemos dado la vuelta a la situación presupuestaria. Llevamos tres años consecutivos con superávit, con un saldo positivo. En quinto lugar, la deuda pública es hoy bastante menor que la de hace veinte años.


Hace pocos días el ministro de Economía decía que el nivel de vida de los españoles había adquirido una alto rango y ayer el presidente del Gobierno en esta Cámara dijo que en la sociedad española hay 10.700.000 familias donde todos sus miembros trabajan, un millón y medio más que en el año 2004. Si tuviera que hacer ese dibujo, ese parangón, ese balance desde el punto de vista de las empresas, diría que su base productiva es sólida, tienen diversificado su beneficio y han desarrollado un periodo de expansión internacional muy importante. Por tanto, tenemos un país mejor preparado para hacer frente a las dificultades que podamos encontrarnos. Disponemos de firmes anclajes y es desde esos soportes desde donde tenemos que hacer el análisis de la actual coyuntura económica.


No hemos negado ni en el Gobierno ni en el Partido Socialista que hoy hay una desaceleración cíclica y que esa desaceleración cíclica es producto de la dinámica desencadenada en la fase expansionista, que es una desaceleración ordenada y moderada ante la cual cabe adoptar varias actitudes, una de las cuales es la de entregarse al victimismo convirtiéndonos en difusores de una visión lúgubre de cuanto puede acontecer, cosa que suelen hacer algunos economistas y algunos políticos.
Pues en esos agüeros a nosotros nadie nos va a encontrar. Nosotros sostenemos que la economía española simplemente está cambiando la marcha, lo que significa que la pérdida de actividad del sector de construcción pasará a ser reemplazada por la dinámica de los servicios públicos.
Continuaremos creciendo a buen ritmo, creando empleo de forma significativa y además la situación patrimonial de las familias es buena.
Algunas personas se refieren a ella única y exclusivamente desde la perspectiva de la deuda, pero desde luego olvidan también el elevado efecto riqueza que se ha producido, y como consecuencia de ello la comparación es una comparación positiva para la mayor parte de las familias españolas. Por tanto, el año 2008 seguirá siendo un año de crecimiento, de creación de empleo, de funcionamiento de una economía con flexibilidad y con tipos bajos, en la que se favorecerá el mantenimiento de la actividad económica. Desde nuestro diagnóstico, las previsiones del Gobierno son razonables y desde luego creemos que en el año 2008 no habrá un proceso de destrucción de empleo sino todo lo contrario, seguirá aumentando la ocupación.


Si este es el diagnóstico que nosotros hacemos de la situación económica, permítanme que haga alguna referencia al trabajo de esta Cámara. Se ha dicho aquí, y se

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ha dicho con buen criterio, que la política parlamentaria es una realidad compartida y nosotros lo podemos decir en el trabajo de la Comisión de Economía y en el trabajo de la Comisión de Presupuestos. Mi compañero Torres ha coordinado una modificación cualitativa de la legislación económica a través de 31 leyes, de las cuales más de 20 se han aprobado unánimemente, y en la Comisión de Presupuestos hemos llevado un diálogo, una negociación y unos acuerdos complejos, tensos, pero que nos han permitido al menos que los grupos que no son el Grupo Parlamentario Socialista hayan incorporado 260 enmiendas a la Ley de Presupuestos. En consecuencia, en una Cámara con una importante fragmentación parlamentaria, hemos conseguido aprobar unos presupuestos que respetan las coordenadas macroeconómicas del proyecto inicial, que mantienen el nivel de gasto global de las administraciones públicas, que respetan el techo de gasto y el equilibrio presupuestario. Pues eso se ha conseguido en esta circunstancia, permítanme que lo diga en nombre del Partido Socialista, eso es un éxito político y desde luego es un indicador de fortaleza y en modo alguno un elemento de debilidad.


Si esa fue la tramitación en el Congreso de los Diputados, hay dos hechos singulares que se producen después: en primer lugar, la presentación de un veto en el Senado y, en segundo lugar, la sistemática descalificación de los presupuestos por parte del Grupo Popular. El Senado ha decidido por segunda vez levantar una barrera infranqueable renunciando a efectuar una serena reflexión de una ley tan importante como la Ley de Presupuestos, y eso ha desencadenado una catarata de consecuencias que no son neutrales. Si se aprobara el veto que viene de la otra Cámara, retrocederían a los niveles del año 2007 los salarios, las pensiones, las prestaciones sociales, los impuestos y las inversiones que aquí se aprobaron, y algo parecido sucedería con la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Además, la aplicación de la Ley de Dependencia, la de Desarrollo Rural y la LOE tendría retardos importantes. Quedarían sin dotación presupuestaria las ayudas al alquiler y la deducción por inquilino y, como bien se ha dicho, no habría la transferencia para financiar la escolarización de los niños entre 0 y 3 años; no se produciría la deflactación de la tarifa; la distribución territorial de las inversiones se mermaría, tanto en corporaciones locales como en comunidades autónomas, y la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña se paralizaría. Por lo tanto, un veto supone la aparición de un conjunto de inconvenientes que les priva de apoyo social y político, y aquí se ha visto a lo largo de esta mañana.


Yo me voy a situar en esta Cámara, que es una Cámara soberana, y voy a hacer el análisis del presupuesto desde la realidad política de esta Cámara. Lo primero que tengo que decir es que me sorprende que el veto proceda de un grupo tan experimentado como el de CiU, que conoce tan bien el Reglamento y que creo, como bien se ha dicho, ha hecho un mal cálculo de sus propias fuerzas políticas, que ha amenazado con una fuerza de la que carece. Como consecuencia de eso, está delante de un auténtico pinchazo político. Me van a permitir que recuerde una frase de Turati, un viejo comunista italiano (Un señor diputado: Ahí, ahí, Paco.), que decía que recurrir a talar el árbol para coger el fruto siempre es una torpeza política. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.)

Podría encontrar algún otro argumento y lo encontraré en el senador Albistur. El senador Albistur dijo que el veto presentado en el Senado era el veto presentado por Convergència, pero que lo había ganado el Partido Popular (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.) y tenía razón, tenía toda la razón. Eso se ha visto en las intervenciones del señor Martínez-Pujalte, que ha ido derecho, ha entrado derecho a descalificar el presupuesto, su procedimiento y su contenido y a criticar la política económica del Gobierno. Yo puedo entender que el Grupo Parlamentario Popular es ajeno a los contenidos del presupuesto. Este es otro proyecto político, lo presenta una mayoría parlamentaria diferente y él se puede en alguna medida distanciar. Pero ustedes no se han distanciado de la tramitación del presupuesto, ustedes han estado presentes en todas cuantas decisiones se han tomado en torno al mismo, y me atrevería a decir que en algún caso han hecho prevalecer la oportunidad sobre la legalidad. Con su apoyo se cambiaron sobre la marcha las reglas del juego y, como consecuencia de ese cambio de las reglas del juego, se votaron enmiendas que no podrán ser instrumentadas por insuficiencias parlamentarias, algunas de ellas tan importantes y tan fundamentales como la de la integración de los inmigrantes. Como consecuencia de ese giro que se ha producido en la tramitación del presupuesto, 41 enmiendas, 23 de las cuales las acordamos con CiU, no podrán ser aplicadas. Nosotros tratamos de resolver esta situación en el Senado. De esas enmiendas, quiero recordarles que al menos 21 son de CiU, por lo tanto, la mitad de las aportaciones de CiU a este presupuesto han sido víctimas del fuego de su amigo y del suyo propio. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

Señor Martínez-Pujalte, ustedes han tenido en todo el debate presupuestario una posición claramente ortogonal, claramente una posición ortogonal, y como consecuencia de ello, han contribuido a la aparición de un problema, el de insuficiencia de crédito en algunas enmiendas, han impedido la resolución del mismo y ahora ¿nos echan la culpa a nosotros? ¿A nosotros? Yo creo honestamente que el cinismo en política tiene un límite y en este caso ustedes lo han sobrepasado. (Aplausos.-El señor Jáuregui Atondo: ¡Muy bien!)

No voy a insistir mucho más en estos planteamientos. Simplemente -termino y agradezco a la señora presidenta su benevolencia-, ya que se han hecho algunas manifestaciones sobre el futuro de la economía española, me atrevería a decir que lo sensato sería centrar

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la atención en ese conjunto de factores que inciden en la dinámica productiva; que hay que mejorar la utilización de todas las formas del capital disponible y que eso significa continuar haciendo lo que venimos haciendo en I+D, en I+D+i, en infraestructuras y en innovación tecnológica, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para crear una sociedad más sana, donde aprovechemos mejor el capital humano disponible y donde no se produzcan factores de disgregación. La última vez que me subí a esta tribuna, con motivo de la Ley de los 2.500 euros, dije que mi grupo -y lo digo con conciencia- está preocupado por la extensión de la desigualdad en el mundo y nosotros, como somos conscientes de ello, venimos haciendo un esfuerzo importante para que en España no se fragilice la estructura social...


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Fernández Marugán, le pido que vaya concluyendo.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: ...para que los mayores tengan en el futuro más seguridad y más protección y los jóvenes más formación y más oportunidades. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! - Aplausos.) Todo eso está en estos presupuestos. Por eso vamos a votarlos.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, puestos en pie.-El señor Cuesta Martínez: ¡Bravo!-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Fernández Marugán. (El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Solbes Mira, pide la palabra.)

Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Después de oído el debate, quiero agradecer a todos los grupos que nos han prestado su apoyo su apoyo. Lamento que no hayamos podido extender ese apoyo a otros grupos parlamentarios. Siempre hemos intentado estar abiertos, pero, desgraciadamente, no lo hemos conseguido. Por esto solo no tomaría la palabra, pero quiero tomarla especialmente para decirle adiós a Begoña Lasagabaster, a Luis Mardones, a José Antonio Labordeta y a Paco Rodríguez. Muchas gracias por su trabajo durante todo este periodo. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor vicepresidente.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
(Número de expediente 121/000134.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado. Las iniciamos con el proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. Señorías, para la fijación de posición del Grupo Mixto ¿el señor Rodríguez y el señor Labordeta van a compartir el turno? (Asentimiento.) Muy bien, pues empiecen por donde consideren oportuno. Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.


El voto de Chunta Aragonesista va a ser a favor del canon y por la copia privada, por lo tanto, para levantar la enmienda presentada en el Senado.
¿Razones? Pues muchas y muy complicadas pero yo creo que fundamentales.
Este canon lleva cobrándose en España más de veinte años y en Europa lleva cuarenta años cobrándose. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señor Labordeta.


Señorías, les pido silencio y que abandonen el hemiciclo, quienes lo tengan que hacer, lo más rápido posible. (Continúan los rumores.) Señorías, no me obliguen a que nombre a alguien en concreto. Iremos más rápido.


Señor Labordeta, continúe.


El señora LABORDETA SUBÍAS: Decía que este impuesto se lleva cobrando en España más de veinte años, en algunos países europeos como Alemania y Francia llevan cuarenta años. Permite también que la copia privada no sea ilegal como lo es en algunos países como por ejemplo Inglaterra e Irlanda. Habría que decir que el 60 por ciento de lo recaudado se dedica fundamentalmente a la asistencia social de los artistas. La vida de los artistas no es como la vida de un funcionario y muchos de ellos la acaban con problemas muy graves y, sin embargo, hay una asistencia social muy fuerte con residencias y con apoyo económico. De todas maneras, como dijo ayer Miguel Ríos en una emisora de radio, algo se debe estar haciendo mal cuando ha habido tal reacción negativa contra la copia privada y contra el canon. En principio habría que retirar la cantidad de demagogia que se hace sobre esto olvidándose además de la realidad, de que esto lleva veinte años, que permite hacer copias privadas de manera legal y que el 60 por ciento se dedica fundamentalmente a asistencia social. Habría que pedir al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Industria y al futuro Gobierno de este país -que espero que sea parecido al que tenemos ahora- que repasen el texto, que lo cambien y sobre todo que hagan un texto en el que se incluyan ya los nuevos métodos de reproducción.


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Estamos hablando de hace veinte años y entonces no había ni el 80 por ciento de cosas que sirven ahora para reproducir copias privadas. Por eso habría que pedirle al Gobierno que en la próxima legislatura se aclare con este tema. Quitar ahora la copia privada significaría quitar una ayuda social económica muy fuerte a muchísima gente. Hay también una batalla muy fuerte por desprestigiar a la SGAE, que también habría que controlar más; sin embargo, hay sociedades como Aisge, por ejemplo, que cumple perfectamente con los actores y con la gente que trabaja en los medios de comunicación.


Nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda, vamos a apoyar la copia privada, pero pedimos, por favor, que el Gobierno -no hay nadie del Gobierno aquí, pero alguien se enterará y se lo hará llegar- revise este tema. En la próxima legislatura, si sigue siendo portavoz el señor López Garrido, espero que, además de cantar boleros, consiga que entren en todos los nuevos campos de reproducción que ya existen en España y que cada vez van a proliferar más.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Labordeta.


Señor Rodríguez, tiene el resto del tiempo del Grupo Mixto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Empezaré por decir que vamos a apoyar las enmiendas que vienen del Senado que tienen relación con mejoras de carácter técnico o con clarificaciones de carácter legal y asimismo algunas que tienen un componente de carácter competencial autonómico. En particular me referiré a las siguientes: incorporar en la planificación de canalizaciones e infraestructuras de titularidad autonómica la entrada en vigor del dominio de primer nivel .ct para el caso de Cataluña y también -cómo no- la modificación en la legislación básica y títulos competenciales de las comunidades autónomas en materia de defensa de consumidores y usuarios y en materia de comercio interior, que fue presentada por el Grupo Vasco.


En relación con el tema más conflictivo que nos ocupa, que es el del canon digital, la disposición adicional nueva, queremos expresar lo siguiente.
Nosotros tenemos claro que no es el momento más apropiado para plantear un tema tan complejo, tan complicado y con tantas aristas a última hora, además en una ley que creo que no es precisamente la más adecuada, aunque se trate de una propuesta para el futuro. Creemos que este tema habría que considerarlo básicamente en la Ley de Propiedad Intelectual y en todo caso lo que haría falta sería dilucidar cuánto hay de abuso del canon, cuánto hay de mala utilización de los derechos de propiedad intelectual y especialmente por algunas sociedades de gestión que no tienen precisamente muy buena fama, en este tema como en muchos otros de los cuales se encargan. Creemos que habría que hacer un ejercicio de transparencia, de democratización y de servicio social a los trabajadores o a las empresas que dicen representar. Ahora bien, como nosotros no tenemos ningún gusto por los debates a trompicones, fuera de contexto, creo que en cierta manera oportunistas en el momento en que se dan, no vamos a votar favorablemente a mantener esta enmienda del Senado. Nos vamos a abstener porque consideramos que sí habría que estudiar el tema con cuidado -en la próxima legislatura tendrá que ser ya inevitablemente- sin el azoramiento de la presión y de la demagogia y, en todo caso, haciendo compatible el rigor de cobrar un canon que sea justificado, racional y no abusivo o indiscriminado, con los indudables derechos de autor y de propiedad intelectual que deben ser sin duda preservados.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Rodríguez.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


Esta ley es la base para futuros progresos en la constitución de la sociedad de la información, pero, señorías, no es un logro del Gobierno, es un logro del trabajo parlamentario. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la ley que trajo el Gobierno, la que envió el Ministerio de Industria al Congreso, no era un buen proyecto. De hecho, fue valorado desde el principio por la comunidad internauta española como poco ambicioso políticamente. Eso fue lo más suave, porque se dijeron muchas más cosas. El texto del Gobierno iba en la dirección de establecer la factura electrónica, propiciar cambios menores en las leyes de comercio y eliminar alguna traba burocrática para la actividad privada por vía telemática, poco más. Sin embargo, numerosas asociaciones, colectivos de internautas y profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación realizaron una llamada de atención sobre la necesidad de abordar los temas necesarios para acometer el impulso de la sociedad de la información. Así, con las enmiendas de todos los grupos que recogen estas demandas hemos conseguido mejorar sustancialmente la ley que votaremos a favor; hemos conseguido darle contenido a la ley para avanzar hacia una sociedad del conocimiento de todos y para todos, en la que los ciudadanos sean protagonistas y no se les relegue a meros espectadores.
Los colectivos de asociaciones, capitaneados por Hispalinux, enviaron a todos los grupos parlamentarios 26 propuestas de mejora, algunas tan concretas como la eliminación del canon por copia privada a las administraciones públicas o la posibilidad de que los ayuntamientos pongan redes WiFi que permitan al vecindario conectarse a Internet.


El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds recogió todas las propuestas y ha luchado por ellas junto a Hispalinux para conseguir que

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tuvieran reflejo en el texto cuya tramitación finaliza hoy. Ha sido un largo camino de negociaciones, llamadas, reivindicaciones, etcétera, pero que tiene un buen final, todo ello también gracias a la colaboración de la portavoz socialista, Lourdes Muñoz, que se ha esforzado por conquistar el necesario consenso en esta ley, ley que, como digo, ha sufrido cambios sustanciales durante su tramitación tanto en el Congreso como en el Senado, pues cada transaccional ha significado una dura pelea. Hoy pedimos el voto para una de las enmiendas que vienen del Senado y que pretende poner las bases para que las ONG y las entidades públicas puedan poner en marcha redes WiFi para que Internet no sea solo un espacio comercial sino también lo sea político, social y cultural. Entendemos que no existe ningún obstáculo para que se apruebe esta enmienda del Senado correspondiente a la sección segunda del artículo 6. Dado que la Directiva que habla sobre la autorización de redes y servicios de comunicación electrónica, 2002/20/CE, indica que como máximo se requerirá una notificación para poner en marcha una red de telecomunicaciones, no es, por tanto, obligatorio y nunca debe ser una autorización administrativa. Por tanto, el marco europeo nos invita a la aprobación de esta enmienda que, como digo, permitirá el acceso a Internet a un ámbito mucho mayor de la sociedad y configurarlo como un espacio social, político y cultural.


Otra de las enmiendas procedentes del Senado y que allí recogió la unanimidad -espero que por fin sea aprobada en el Congreso- es la que reconoce las televisiones de proximidad gestionadas por entidades sin ánimo de lucro y que significa precisamente una regulación imprescindible para asegurar la supervivencia de estas televisiones de proximidad, la supervivencia de unos medios cuya normalización jurídica ha venido siendo sistemáticamente postergada; medios que sin esta enmienda se encuentran bajo el riesgo de desaparición consecuencia del inminente apagón analógico, con la consiguiente reducción del pluralismo real que aportan y que llevan veinticinco años aportando y, por tanto, la destrucción del patrimonio cultural que ellas significan. Estamos hablando de medios comunitarios que ocupan una parte mínima del espacio público radioeléctrico y lo hacen precisamente para un uso social, cultural y educativo. Hasta ahora, la mayoría de las televisiones de proximidad son reconocidas, valoradas, pero se les ha desconocido legalmente. Si el espíritu de la TDT y del servicio público es profundizar en el pluralismo, y dado que evidentemente los medios comunitarios son expresión de aquello, no es posible discutir sobre la TDT sin poner en la mesa la legalización de estos medios y la planificación de frecuencias específicas para ellos en el espacio radioeléctrico. Es por ello fundamental que hoy se apruebe esta enmienda, que debió ser aprobada en su tramitación en el Congreso, para que podamos seguir disfrutando de la labor encomiable que se realiza desde estas televisiones sin ánimo de lucro.


Otra de las enmiendas que vienen del Senado y que ha generado un gran revuelo es la del canon. Desde mi grupo parlamentario queríamos señalar diversas cuestiones. Por un lado, entendemos que es incoherente la existencia de un impuesto indiscriminado gestionado por una entidad privada como es la SGAE. En la Ley del Cine ya planteamos una enmienda para su eliminación como tal, la eliminación de la SGAE y la atribución de sus funciones a una agencia pública, y que no tuvo el voto favorable de ningún grupo. El mantenimiento de la SGAE como fundación que gestiona y protege derechos de autor es un despropósito. Debe ser una agencia pública la que realice estas tareas bajo los principios que encarnan a un servicio público y bajo transparencia, porque si no el despropósito crece hasta el punto de que se les quiso dar por parte del Ministerio de Industria la potestad de cerrar webs. Por otra parte, desde Izquierda Unida compartimos diversas reivindicaciones con los internautas, esto es, que la recaudación de ese canon se realice y distribuya por la propia Administración y que se exima de su pago a administraciones públicas.
Creemos necesario establecer mecanismos de garantía y protección de nuestros creadores, pero también que se hagan desde lo público, no desde lo privado. Por eso entendemos que es necesaria una reflexión que se debe dar en el desarrollo de ese canon. Desde mi grupo parlamentario hay dos posturas divergentes: por un lado, Iniciativa per Catalunya votará a favor de esta enmienda y, por otro lado, Izquierda Unida no lo va a hacer así, porque esta reflexión se puede dar en el desarrollo de la figura del canon. Es necesario consensuar el mismo, su contenido. Por tanto, desde Izquierda Unida vamos a votar por la eliminación de esta enmienda, no vamos a votar a favor de ella.


Otra cuestión que se recoge en la Ley de impulso de la sociedad de la información y una de nuestras reivindicaciones ha sido y es que la libertad de expresión, de información, de cátedra, de opinión, de creación artística, científica y tecnológica esté tutelada por los juzgados y tribunales, siempre que se realice por medios telemáticos; esto es, que un secuestro o restricción de un servicio telemático solo pueda ser realizado por un juez. El texto finalmente aprobado no es lo que Izquierda Unida pedía, pero es un avance respecto a nuestras pretensiones que aspiran a que Internet se convierta en un derecho de los ciudadanos y no solo en un servicio más del que pueda disponer en función o no de la oferta comercial. Fue esta la razón que nos impulsó a incluir la petición de que la LISI estableciera garantías para que no sea posible la injerencia ni interferencia de los operadores en el tráfico de Internet por razones ajenas a la propia voluntad del usuario, esto es, la llamada neutralidad de red o net neutrality. Su falta de reconocimiento puede incluso dar lugar a abusos de poder o censura, al no estar garantizado que los operadores de red no puedan alterar la forma seleccionada por el usuario. Es un tema que no ha sido abordado por el grupo mayoritario, el Grupo Socialista, a pesar de la gran relevancia que tiene y el

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hecho de que no regularlo pueda llegar a permitir que compañías tecnológicas tengan incluso más atribuciones que los jueces y las autoridades competentes, al tener posibilidades técnicas para restringir servicios y contenidos por sus propios intereses comerciales o por acuerdos con terceros. Como digo, insistimos en gran medida en abordar la net neutrality, pero el grupo mayoritario no quiso y, por tanto, no forma parte de la ley. De esa manera, por ejemplo, las empresas podrían bloquear accesos a servicios situados en determinados países, los servicios prestados sobre determinados protocolos o con una temática concreta, a través del mecanismo de penalizar determinado tráfico hasta el punto de que lo hagan inservible. Y eso hoy puede ocurrir. El hecho de votar afirmativamente una ley no significa que estemos de acuerdo con todo su contenido. Entendemos que para que Internet sea realmente un derecho ciudadano es imprescindible que se aborde, que se recoja, la net neutrality. Por otra parte, nuestra reivindicación de que el acceso de banda ancha fuera un servicio universal y constituyese un derecho ciudadano sí que ha sido recogido en la ley y se ha avanzado sustancialmente. Así, será una realidad como servicio universal independientemente de la tecnología utilizada y la localización geográfica del ciudadano.


Otro de los objetivos de Izquierda Unida fue el llamado copyleft, esto es, que se transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a la sociedad, algo que a pesar de lo obvio que es ningún gobierno había abordado. Sin embargo, sí que hemos conseguido que se recoja sustancialmente en el texto legal que vamos a aprobar. Desde Izquierda Unida hacemos una apuesta decidida por una sociedad del conocimiento de todos y para todos, en la que los ciudadanos sean los protagonistas y no se les relegue a meros espectadores. De ahí, como digo, la relevancia de incluir el derecho de los ciudadanos a modificar el conocimiento de titularidad pública siempre que luego lo redistribuyan en las mismas condiciones que lo recibieron. También por eso, que el Cenatic, gracias a la incorporación de una enmienda de Izquierda Unida, vaya a servir de organismo canalizador de la transferencia tecnológica de las entidades públicas hacia la sociedad es un hecho significativo que aglutinará y coordinará las acciones que ya se están realizando en materia de software libre y de fuentes abiertas en la Administración General del Estado y en la práctica totalidad de comunidades autónomas. Sencillamente, por lo que debemos trabajar es por que Internet sea hoy el espacio público por excelencia, por que no sea un anuncio, como vemos, de campañas publicitarias de Internet que dicen que debe ser un derecho, pero se trata de empresas privadas. Debe ser una obligación de la Administración pública. Hagamos que Internet sea realmente un servicio universal de todos y para todos.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Navarro.


Señor Beloki, para fijar la posición del Grupo Vasco.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo, el Partido Nacionalista Vasco, en el trámite parlamentario en el que se dio el visto bueno aquí en el Congreso, en sesión plenaria, al proyecto de ley que hoy aprobamos definitivamente tras su paso por el Senado, fijó su posicionamiento básicamente sobre dos puntos que voy a reiterar porque serán también básicamente los mismos puntos que nos llevarán a continuación a fijar nuestra posición en relación con las enmiendas introducidas en el Senado.


El primero de esos puntos era el de nuestro apoyo y nuestra satisfacción general -no exenta de matices, claro- por cómo quedaba finalmente el texto en el trámite parlamentario aquí en el Congreso en sesión plenaria.
Agradecimos en aquella ocasión incluso la posición abierta, la búsqueda de consenso, que al menos con el Grupo Vasco había tenido la diputada del Grupo Socialista Lourdes Muñoz a la hora de negociar el texto del proyecto. Estábamos satisfechos de aquella actitud y somos correspondientes también hoy con que aquel día pudimos entendernos, de forma que seguimos intentando ponernos de acuerdo con el Grupo Socialista en este tema. Ese es un primer punto. En segundo lugar, aquella satisfacción no era plena por diversos motivos. Básicamente dos. Por un lado, porque algunas enmiendas que se nos presentaron in voce en el último momento del debate no pudieron ser incluidas en aquel trámite y quedaron por lo mismo para su inclusión en el Senado, y, por otro lado, porque entendíamos que quedaban dos aspectos que eran mejorables. Uno de aquellos temas mejorables era la disposición adicional séptima, que se refería al impulso a la instalación de canalizaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en suelo urbanizado y que, a nuestro juicio, debía desaparecer del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque era un ámbito competencial propio de las comunidades autónomas y había que dejárselo a ellas, incluso su regulación. Este era un tema que entendíamos que podía ser mejorado en el Senado. En segundo lugar, había una disposición final que recogía el fundamento constitucional de la ley, y al grupo del Gobierno le vimos ir cambiando de postura en este tema, matizando su postura, mejorando incluso en algunos aspectos, pero con dos problemas: que no avanzaba hasta donde a nuestro juicio debía avanzar y, por otro lado, que cuando avanzaba lo hacía en formatos que eran francamente mejorables. Mantuvimos, pues, aquella discrepancia sobre el fundamento constitucional de esta ley. ¿Qué ha pasado en el Senado con estos dos temas, que, insisto, eran mejorables y como tal fueron saludados por mí mismo en el debate en el Congreso? Pues que ambos temas se han incorporado, razón por la que mi grupo va a votar favorablemente a los dos temas, tanto a la desaparición de la disposición adicional séptima como a la incorporada como disposición final y que recoge el

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fundamento constitucional de la ley. Con eso explico, pues, dos de los votos que daremos hoy en este trámite.


Al mismo tiempo que lo ya señalado sobre la satisfacción general y los matices que acabo de indicar, mi grupo defendió en el debate del Pleno la conveniencia de proceder por parte de todos los grupos con un cierto ánimo de autolimitación en relación con esta ley, con prudencia. ¿Por qué? Porque, tratándose de una ley que pretendía y pretende impulsar la sociedad de la información, era una ley que podía estar abierta a todos los campos de la sociedad, y por lo mismo cada grupo parlamentario, en el legítimo derecho de subrayar lo que a él le parecía, podía introducir aquí todos los diversos temas relativos a la sociedad, en este caso la sociedad de la información, que pueden tener más o menos relación con lo que pretendía esta ley, que era impulsar esa sociedad de la información.
Nosotros nos autolimitamos en las enmiendas, lo tuvimos claro desde el comienzo, era una ley que venía a lo que venía y era conveniente no abrirla a cualquier aspecto, teóricamente hablando, a los que se podría abrir, porque si todo el mundo la abría a todos los temas de los que fuera más o menos partidario se podía hacer de este proyecto de ley lo que yo dije en el debate en Pleno, algo que no se supiera finalmente de qué iba y de qué dejaba de ir. Entendimos entonces que los grupos parlamentarios aquí en el Congreso se autolimitaron también y llegamos a un punto de equilibrio que a nosotros nos pareció razonable, pero este proyecto de ley se fue al Senado y el Senado ha tenido un ánimo distinto, los distintos grupos que están allí han vuelto a abrir este proyecto de ley a muy diversos temas, y hoy el debate se centra sobre algunos de estos temas que el Senado, en su legítimo derecho, ha incorporado a este proyecto de ley. Lo decimos como lo pensamos y como lo dijimos en aquel momento. El Senado estaba en su perfecto derecho de abrir, pero nosotros seguimos pensando que mejor hubiera sido no abrir tantos temas como se han abierto.


Tampoco mi grupo a estas alturas, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido en el Senado, quisiera evadir y abstraerse de un debate que se ha situado en los términos en que lo ha hecho en los medios de comunicación estos días, y me refiero al debate del canon digital. Mi grupo, repito, no hubiera abierto este debate en este momento por la razón antes citada. No era este el momento, como tampoco para otros temas, porque cada cual puede querer que uno se abra y otro no, y nosotros creíamos que en todos ellos había que actuar de forma muy autolimitativa. Pero el debate no está cerrado, al contrario, se ha reabierto. Y a quienes digan que este debate está cerrado habría que decirles que, en tal caso, está muy mal cerrado.
Dicho con otras palabras, que el Gobierno -y si no es el Gobierno, el Parlamento en cuanto se vuelva a constituir- tiene que entrar a regular, y hacerlo sin complejos, sin tantos previos como se escuchan, con luz y taquígrafos, y dejando de lado una literatura excesivamente ligera -que estos días vemos proliferar- el tema del canon. Este no es un tema pacífico. Este no es un tema que esté resuelto, a pesar de que dijera lo que dijera la Ley de Propiedad Intelectual; de forma que tenemos que mirar de frente este tema, y tiene que mirar, sobre todo, el Gobierno.
Hay que reconocer que el canon, hoy, suscita todo tipo de temores; tantos temores que llevan al cuestionamiento del propio canon. Si el canon debe llevar todo lo que, al parecer, algunos entienden que debe llevar consigo, si el Gobierno no fuera capaz de ahuyentar todos los temores, todos los recelos que está suscitando -con razón- su aplicación, no hay por qué cerrar incluso el camino a la desaparición del canon. Hay que decirlo con claridad, a nuestro juicio. Al decir esto, somos conscientes de algunas razones que animaron en su día a otros grupos a aprobar dicho canon. Aclaro que mi grupo se abstuvo cuando este tema se votó en la Ley de Propiedad Intelectual, y entendimos algunas de las razones y valoramos básicamente que estamos en un contexto europeo y de aplicación de una directiva europea: insisto, nosotros valoramos esto positivamente, pero ello no nos lleva a coincidir, ni de lejos, con algunos de los posicionamientos y términos en los que observamos, en unos casos a favor y en otros en contra, que se plantea este debate. Por ejemplo, nos parece sin fundamento que los defensores del canon basen su defensa en algo así como que si no hay canon, difundimos la idea de que la cultura es gratuita. Pues con el mismo criterio defendería yo lo contrario. Si hay canon, la idea y el mensaje que transmitimos a la sociedad es de que la cultura es gratuita, porque alguien lo paga al comprar unos aparatos, pero no paga, evidentemente, cuando hace uso de los mismos, en los términos en los que se visualizaría que alguien paga la cultura cuando entiende que tiene que acceder a cualquiera de las manifestaciones de la misma. Por otro lado, tampoco coincidimos con la opinión que nos hacen llegar opositores al canon de que esto sea la causa de la bajada de las ventas. Nos parece que eso es una superficialización del debate y que hay que ir un paso más allá en el mismo. De manera que -voy terminando- este tema no es pacífico, este tema no está cerrado. Exigimos al Gobierno que si no va a atender a la letra de esta enmienda que se introdujo en el Senado, sí entienda lo que está en el espíritu y vaya a una aplicación del canon que necesariamente debe ser consensuada, que necesariamente hay que volverlo pacífico en los términos en que el Gobierno sepa hacerlo de la mejor de las formas. Mi grupo, insisto, se abstuvo el día que se votó aquí la Ley de Propiedad Intelectual, y esa es básicamente la razón por la que hoy vamos a volver a abstenernos. Vamos a dejar en manos del Gobierno, pero de forma absolutamente exigente, que remueva este tema hasta donde debe removerlo. Que no se tranquilice porque hoy deje de salir esta enmienda, porque creemos que, en tal caso, alguien puede entender que el tema queda cerrado, y el tema hoy debe quedar todo menos cerrado.


Termino. En definitiva, seguimos en el consenso básico con el Grupo Socialista. Sobre las introducciones de otros temas que se han metido en el Senado a través de enmiendas vamos a ir en líneas generales a la abstención,

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con alguna excepción, y esperamos que en este tema tan polémico el Gobierno avance en el espíritu de lo que creemos que no es un mal espíritu que figura en esa enmienda incorporada en el Senado y sobre la que hoy nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Beloki.


Señor Ramón, tiene la palabra para fijar la posición del Grupo de Esquerra Republicana.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, acabamos hoy la tramitación de la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, una ley cuya tramitación parlamentaria, como ya he dicho en más de un debate en esta Cámara, ha sido compleja. Es verdad que el proyecto de ley que venía a esta Cámara no era de nuestro agrado en un principio, pero también es verdad -y es justo reconocer- que la tramitación y el esfuerzo que han hecho los diputados Carlos Corcuera y Lourdes Muñoz ha conseguido que se hayan aceptado aquellas enmiendas que nuestro grupo entendía que podían mejorar y hayamos acabado haciendo un proyecto de ley de todos, que nos gusta a todos. Aquellas dudas que tenía nuestro grupo parlamentario al inicio de esta tramitación -muchas de ellas competenciales- las hemos podido salvaguardar y hemos podido hacer un texto de ley importante.


La tramitación de esta ley en el Senado ha puesto encima de la mesa algunos aspectos que los grupos parlamentarios ya defendimos en esta Cámara. Algunas de nuestras enmiendas se han aprobado; después me referiré a ellas. También han cogido protagonismo algunos aspectos de esta ley a los que el Senado ha dado una importancia bastante capital. El más significativo de todos ha sido el canon. Ustedes lo entenderán. Esta mañana todo el mundo ha estado hablando aquí del canon dando su punto de vista en un debate que ya se trajo a esta Cámara en la Ley de Propiedad Intelectual y en el que todos pudimos posicionarmos. Nosotros compartimos y entendemos que es necesario y urgente debatir a fondo los déficits del actual canon, y aunque no cuestionamos la necesidad de su existencia, entendemos que hay que someterlo a una profunda modificación en beneficio de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, pero también en beneficio de los derechos de los usuarios y de la copia privada, que en la actualidad son en ocasiones tremendamente vulnerados.


Por todo ello, denunciamos que ya en esta legislatura nuestro grupo parlamentario se vio obligado a no secundar la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. En aquella ocasión recordarán que mantuvimos una posición discordante respecto a la del Gobierno, pero también respecto a la del Partido Popular, que sí aprobaron esta ley, por tratarse a nuestro entender de un verdadero parche. Recordarán que cerraron la puerta a demandas de Esquerra de mucho calado. Por ejemplo, se negaron a aceptar la creación de un marco jurídico que potenciara la utilización de las licencias de acceso libre; abandonaron una lectura restrictiva de la trasposición europea respecto a la cita e ilustración para la enseñanza, restringiéndola a la reglada; no se aceptó la puesta a disposición pública en redes por parte de bibliotecas o archivos; tampoco se aceptó la participación de las comunidades autónomas en la gestión de entidades de gestión, lo cual además entra en contradicción con los nuevos Estatutos de Autonomía que se han aprobado en esta Cámara en esta legislatura. En aquel momento ya reclamamos que aparecía el precio del canon en las facturas, que el IVA no repercutiría en el canon, por no hablar del mantenimiento de contradicciones tales como la existencia de la copia privada pero permitiendo a la vez que existieran medidas anticopia. De igual manera se demandaban excepciones para las entidades sin ánimo de lucro, lo que el actual canon no prevé. Se trataba entonces de un parche, y ahora se nos presenta la posibilidad de parchear este parche -por cierto, haciendo bandera de ello el Partido Popular, que entonces votó a favor de la ley y dejando a Esquerra y a otros grupos parlamentarios en el disenso-. Ahora el documento final, donde se establecen las nuevas cifras por parte del Ministerio de Industria, es fruto de los acuerdos entre entidades de gestión y Asimelec, es decir, no se ha partido de cero, no se ha partido de un nuevo estudio. En definitiva, parece como si hubieran jugado con las cifras. Esquerra exige y exigirá una nueva Ley de Propiedad Intelectual y no avalamos el parcheado continuo que desde la primera ley, de 1987, se ha hecho, a partir del texto refundido de 1996 o, como ocurrió hace pocos meses, a raíz de la aprobación de la Ley del Libro, que incorporó el canon del préstamo. Con todo ello, no pensamos abandonar esta enmienda, que limita el artículo 25, pero, a la vez, tampoco vamos a legitimar la permanencia de una situación que, a nuestro entender, consagra un procedimiento de aplicación del canon que se ajusta en muchos casos a razón y desborda lo perseguido.


En definitiva, como les decía, señorías, nuestro grupo no entiende ni ha entendido este nuevo parcheado de esta situación del canon. Nuestro grupo ya ha denunciado en más de una ocasión que lo que ha hecho el Gobierno con el tema del canon ha sido buscar parcheado tras parcheado, pero tampoco entendemos la demagogia que ha hecho el Partido Popular en un tema como este. Ya hemos dicho en más de una ocasión que fuera de demagogias, fuera de parcheados, de chapuzas legislativas en este tema, exigiremos una nueva Ley de Propiedad Intelectual; que se regulen todas las exigencias que nuestro grupo parlamentario y nuestro diputado Joan Tardà pusieron encima de la mesa en la Ley de Propiedad Intelectual. En definitiva, vamos a reclamar, en ese sentido, que se hagan las cosas bien, y por eso nuestro grupo parlamentario hoy se va a abstener en esta enmienda que habla del canon.


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Hay otras enmiendas que también han tenido un significado o un protagonismo especial en la tramitación del Senado. La más significativa de todas es que el Partido Popular ha accedido de una vez por todas a la independencia de los Països Catalans en la xarxa o en Internet, el .ct.
Nos ha gustado que vengan a tesis más independentistas, más similares a las nuestras, pero, desafortunadamente, esto ha durado quince días y hoy van a ponerse las cosas en su sitio. Ya hemos hecho en más de una ocasión nuestro posicionamiento en el .ct. Si reclamamos Estado para Cataluña en todos los ámbitos, entenderán que también lo reclamemos en su presencia en Internet. Quiero también referirme a dos enmiendas importantes que nuestro grupo ya defendió aquí, en el Congreso. Una de las enmiendas pedía que se dejaran más consensuadas las exenciones de tasas por parte de las comunidades autónomas en aquellos servicios que dan las administraciones públicas en beneficio de los usuarios. Entendíamos que era una enmienda significativa e intentamos que se aprobara en la tramitación en el Congreso. No llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista, pero es verdad que en el Senado se ha aprobado y parece que hoy se va a acabar aprobando esa enmienda. Como les decía, es importante clarificar qué exenciones de tasas ponemos a las administraciones públicas. Teníamos otra enmienda importante. Se refería a la disposición adicional que planteaba que en aquellas canalizaciones que se hagan en obra pública pudiéramos incorporar todo el servicio de la red de telecomunicaciones. Entendíamos que si eso era así, era necesario que al menos las comunidades autónomas que lo pidieran pudieran tener la posibilidad de gestionar los servicios de telecomunicaciones que damos en esas canalizaciones. Entendíamos algunos de los peros que nos ponía el Partido Socialista, y por eso intentamos mejorar esa enmienda en el Senado, planteando que las comunidades autónomas que, en coordinación con el Estado, hicieran explícita esa necesidad o voluntad de gestionar esas canalizaciones lo pudieran hacer. Desafortunadamente, esa enmienda hoy no se va a aprobar. Entendíamos que era mucho más respetuosa con la gestión de proximidad, pero, como les decía, no se va a aprobar y no nos congratulamos por ello.


También quiero hacer referencia a otra disposición adicional sobre la incorporación de la red de telecomunicaciones en los nuevos planes de urbanismo. Entendemos y compartimos la necesidad de potenciar la xarxa de telecomunicaciones. Esquerra Republicana, no aquí, en el Parlament de Catalunya, entiende que hay que hacer una apuesta en ese sentido, pero también entendemos que esa es una competencia de las comunidades autónomas y que, aun compartiendo la necesidad de potenciar o de impulsar esas nuevas infraestructuras, no pueden limitarse las competencias autonómicas en ese sentido, y por eso nuestro grupo va a votar a favor de que decaiga esa disposición adicional.


En cuanto a la enmienda de televisiones locales, igual que hicimos en el Senado, vamos a apoyarla en el Congreso. También nos había preocupado mucho el tema competencial, entendemos que ya cerramos en esta Cámara todas aquellas necesidades que a nivel competencial queríamos salvaguardar, estábamos satisfechos con esa tramitación y damos el tema por cerrado.


Aunque me pase de tiempo, la señora presidenta me lo permitirá porque esta es mi última intervención en esta Cámara, no les voy a acompañar en la próxima legislatura y quisiera aprovecharla para decir que, aunque hayamos tenido muchas diferencias a nivel ideológico, esta es una Cámara en la que puedes llegar a plantear tus posiciones por muy diferentes que sean a las de los adversarios políticos, sobre todo en trámite de Comisión. Los dos diputados que he mencionado anteriormente son un buen ejemplo de esa facilidad que hay en esta Cámara para proponer y explicar la postura política de cada uno. Deseo asimismo agradecer a todos los diputados y diputadas con los que he compartido el día a día en Comisión lo bien que se han llevado con un diputado independentista, pues eso muchas veces no es fácil.


Como les decía, yo no voy a repetir en la próxima legislatura, así que déjenme que exprese un sueño. Me dirán que es un poco ideológico, un poco abstracto. Lo que espero es, no sé si a partir de 2014, que ni a mí ni a ningún compañero de Esquerra Republicana nos sea necesario volver a esta Cámara.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ramón.


Señor Vilajoana, tiene la palabra para defender la posición de su grupo.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señora presidenta, señor ministro, señorías, estamos ante una ley que nos parece importante, la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, en cuyo trámite en el Congreso conseguimos mejoras claras e importantes. Pero debo decir que, con alguna excepción que luego detallaré, el esfuerzo de mejora que se ha hecho en el Senado, en un conjunto de medidas en las que luego me extenderé, también ha sido positivo.


Esta ley tiene un problema y es que quizá le hemos colgado demasiadas cosas porque desde Industria, en su momento, el ministro Montilla dijo que nos daría en junio de hace dos años una ley sobre el audiovisual que no se ha hecho. Esto ha condicionado, como todo es comunicación y la sociedad de la información lo es todo, que le hayamos puesto todo a esta ley, y eso a veces cuesta digerirlo. Dicho esto, valoro positivamente el esfuerzo que se ha hecho en el Senado en algunos aspectos que consideramos positivos, que nosotros defendíamos aquí en el Congreso y que no fuimos capaces de sacar adelante aunque la portavoz socialista estaba de acuerdo. Por ejemplo, que los colegios profesionales que afectan a la sociedad de la información o a las telecomunicaciones estén en la ley. Lo están y creo

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que es positivo. Hay aquí un conjunto de técnicos profesionales de colegios, por ejemplo, de informáticos, a los que esta ley no aludía y entendemos positivo que ahora en el texto sí se aluda. También nos parece positivo que se deje claro un tema competencial como que el urbanismo es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Asimismo valoramos positivamente la nueva disposición adicional, donde se regulan adecuadamente los servicios de televisión de proximidad sin ánimo de lucro, algo que tendría que haber hecho la Ley del audiovisual y como no lo ha hecho lo hemos puesto aquí. Y una enmienda de Convergència i Unió que no conseguimos que se aprobara en el Congreso y que se ha aprobado en el Senado, donde se introduce una nueva disposición adicional que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para prever una adecuada financiación del servicio universal de telecomunicaciones incluyendo la posibilidad de que la financiación también pueda ser con cargo a fondos públicos a través del correspondiente Fondo de Compensación. Lo ha comentado mi colega de Esquerra Republicana antes de despedirse. Con sorpresa y con agrado vimos que el Partido Popular estaba de acuerdo en que Cataluña tuviera un dominio de primer nivel con las siglas .ct. Luego vimos también rápidamente en la prensa que nos informaban de que se habían equivocado, que había sido un error, pero durante unos días hemos tenido esa posibilidad y se instaba este tema. Bueno, será en la próxima, señor Fernández Díaz.


Entramos en una enmienda compleja y sorprendente que es aquella en la que se proponía un proyecto de ley que modificara la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al canon. Les avanzo, para quitar suspense a la situación, que nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda que nos viene del Senado, y lo hacemos sobre todo por un motivo: por coherencia histórica. En el año 2001 la ministra de Cultura, doña Pilar del Castillo, del Partido Popular, hizo una Ley de Propiedad Intelectual donde incorporó el derecho de copia privada que debía ser compensada, lo que ahora se llama el canon. En aquel momento yo era consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya y mi grupo aquí en Madrid apoyó esta ley y aprobó estas dos cosas que son el derecho a la propiedad privada, con una compensación por los derechos de autor de esta copia privada que se nos permite. Esto es así y así ha funcionado. No hace tanto, hace unos meses, con mucho retraso se hizo un esfuerzo para recoger la directiva europea que nos exigía que adaptáramos la nueva situación a esta Ley de Propiedad Intelectual, y así lo hicimos. Otra vez mi grupo y yo personalmente como portavoz defendí este mismo hecho, es decir, que el ciudadano tenía derecho a una copia privada a cambio de una compensación por los derechos de autor y, además, para evitar todo el marasmo legislativo y judicial que hemos tenido en estos años, introdujimos un elemento que me parece muy positivo que es la creación de una comisión en la que deberían reunirse el Gobierno, Ministerio de Industria y Ministerio de Cultura, sociedades de gestión de derechos y representantes de las empresas de tecnología para discutir un elemento muy importante que es qué importe y en qué cosas es posible que el ciudadano utilice el derecho a tener su copia privada y además qué pago ha de hacer por la utilización de ese derecho. Esto lo apoyamos y lo apoyó el Partido Popular e Izquierda Unida; muchos se abstuvieron pero lo sacamos con un alto nivel de consenso. Creemos que las cosas no se han hecho del todo bien y que no se están haciendo bien ni por parte del Gobierno, que ha tardado demasiado en llegar a acuerdos -y cuando ha llegado a algún acuerdo lo ha hecho probablemente en un momento inoportuno, en pleno debate de esta enmienda-, y tampoco lo han hecho suficientemente bien algunas sociedades de gestión de autores, y lo digo con todo el afecto y todo el respeto.
¿En qué sentido? Estas sociedades han de colaborar, no ahora que estamos ante un problema sino habitualmente, para hacer llegar a los ciudadanos lo que acabo de decir, que el tema de que el ciudadano pueda hacer una copia privada es un beneficio para el ciudadano, es un beneficio para la difusión de la cultura, y como nadie discute que el autor tiene unos derechos, esto se debe compensar y eso es lo que estamos discutiendo. La alternativa es que no sea posible la realización de la copia privada y, por tanto, cualquier ciudadano que se baje una música de Internet o una película o cualquier obra con autor está incurriendo en una ilegalidad.
Esto es lo que discutimos, nada más que esto, y lo que hacemos nosotros y muchos países de Europa es establecer una cosa a debatir y a discutir, como la de aceptar la copia privada que evidentemente debe tener una compensación. Este es el quid de la cuestión. ¿Qué le pedimos al Gobierno y a las sociedades de gestión de derechos? Que esta información y que esto que ahora estamos aquí explicando y debatiendo llegue a los ciudadanos, que esto no es un impuesto, no es una tasa, no es una cosa gratuita por el bien de no se sabe qué, sino que estamos pagando unos derechos de autor que nadie discute: esto es el canon; y esto lo han de hacer el Gobierno y las sociedades de gestión.


Por otro lado, decía aquí mi compañera de Izquierda Unida que estas sociedades de gestión han de ser públicas. Nosotros entendemos que no es tan importante que estas sociedades sean públicas o privadas, lo que sí ha de ser es que su trabajo sea transparente. Hemos de conseguir que los ciudadanos sepan cuánto recogen, qué hacen con lo que recogen, cómo lo distribuyen, y aquí el Gobierno tiene la obligación legal de auditar a estas sociedades. Si no lo hacen bien, si no lo hacen suficientemente transparente, si no lo hacen suficientemente claro, si no nos cuentan qué recogen y cómo recogen, evidentemente, sí que hay que actuar y hemos de modificar lo que sea necesario, pero todo esto está ya reglamentado.
Dicho esto, todo es mejorable, si hay que mejorar se mejora, pero no se mejorará sencillamente con una enmienda que coloca todo esto en una situación de incertidumbre que no mejorará la situación.


Por todo esto, señorías, nuestro grupo va a votar en contra de esta enmienda. Entendemos que esto es lo

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mejor que podemos hacer por dos cosas que nos parecen muy importantes. En primer lugar, por defender los derechos de autor que nos parece un elemento absolutamente claro. Nos parece que este debate, que podría producirse si hemos de eliminar la copia privada, es un debate que no debe hacerse con la presión de una enmienda de estas características.


Muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.


El señor Echániz tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Popular.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, concluimos hoy la tramitación del debate de la Ley de impulso a la sociedad de la información tras su paso por el Senado, con objeto de aprobar o no las 22 enmiendas introducidas allí. La primera reflexión que quiero hacer en la mañana de hoy es la relativa al consenso. El Grupo Socialista afirmó al principio de la tramitación su voluntad de llegar a un acuerdo en esta ley. Sin embargo, el rechazo de todas y cada una de las 74 enmiendas presentadas por el Grupo Popular, 41 en el Congreso y 33 en el Senado, desvela claramente cuál ha sido la auténtica voluntad del Grupo Socialista, más allá de su discurso formal, para la galería, en la medida en que no ha aprobado -repito- ni una sola enmienda y únicamente han propuesto cuatro transaccionales a materias que incorporaban enmiendas de otros grupos. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.) Tampoco es de extrañar. Esta ha sido, señorías, la tónica general de esta legislatura que ahora acaba, en la que el Grupo Socialista ha intentado permanentemente marginar al principal grupo de la oposición y, por tanto, es ahora cuando cobran toda su dimensión las promesas de talante, de consenso y de convertir a esta Cámara en el centro de la vida política española.


Señorías, en el debate del dictamen de la Comisión ya valoramos negativamente la tramitación de esta ley. En primer lugar, por el intento de ataque a la libertad de expresión en Internet, con el artículo 17 bis, en el que rehabilitaban la censura en este país, que acabó siendo retirada por el Grupo Socialista y volviendo a la redacción anterior, que se restringe a que solo puedan retirar contenidos de Internet los tribunales de Justicia. En segundo lugar, por el intento de ataque a radios y televisiones con sanciones de cierre y multas de hasta un millón de euros, a menos de tres meses de unas elecciones generales, a través de una enmienda también del Grupo Socialista que asimismo acabó con su retirada. También por el intento de regulación, a través de una enmienda, sin trámites ni informes previos, de la televisión en movilidad, que también acabó siendo retirada por el Grupo Socialista, o por el intento de evitar la garantía de acceso a Internet de banda ancha como un servicio universal, independientemente de la ubicación geográfica, que es una medida esencial. Diría que no solo es esencial, sino que es una medida absolutamente estratégica para la sociedad de la información, es decir, elevar la banda ancha de ser un negocio y un servicio a la categoría de derecho ciudadano universal, que ahora es la más cara de Europa y que tiene un 20 por ciento menos de penetración que el resto de los países de nuestro entorno. Ustedes también intentaron eludir este asunto en la ley y después remitirnos a una norma europea que apostaba por la banda estrecha y luego, según declaraciones del secretario de Estado de Telecomunicaciones y de Servicio de la Información, dijeron que no piensan aplicarla. En definitiva, todo un ejemplo de cómo impulsan la sociedad de la información.


Lo que sí les ha importado, señorías, es regular la ubicación de la sede de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, eso sí, a pesar de que ningún otro organismo regulador, ni la Comisión Nacional de la Energía ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tienen en sus normas de creación el lugar de su sede. Pero no les han importado cuestiones esenciales y fundamentales que quedan por resolver en nuestro país y que son transcendentales para el desarrollo de nuestra sociedad de la información, que el Grupo Parlamentario Popular presentó en forma de enmiendas y que ustedes se han negado a resolver; me refiero a la retención de datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas en el caso de los prestadores de servicio de la sociedad de la información, que es indispensable para perseguir el terrorismo, la pederastia y el cybercrimen; o a la seguridad en el ámbito personal -España es el segundo país europeo que tiene más ordenadores infectados por el ámbito colectivo- para proteger nuestras infraestructuras críticas de comunicaciones; o al spam telefónico, que tampoco han permitido regular para que millones de españoles puedan evitar las llamadas intempestivas, indeseadas, que roban su tiempo para ofrecer servicios comerciales que no han solicitado; o a la vulneración de la privacidad y la intimidad o de la propia imagen que está suponiendo el voyeurismo digital, la proliferación, la captación y la divulgación en Internet de imágenes tomadas de los ciudadanos sin su permiso, sin su autorización, fotos robadas, sin que ellos lo adviertan muchas veces, a través del teléfono móvil en la playa, de desnudos robados, de peleas, de humillaciones, de escenas violentas o degradantes, de acoso escolar, de vejaciones o de situaciones comprometedoras, abusivas o escarnecedoras y hasta pederastas ante las que los ciudadanos se sienten absolutamente desprotegidos y desamparados y contra las que el Gobierno no ha hecho nada. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

Por todos estos motivos, consideramos que esta es una magnífica ocasión perdida. Pero lo que sí ha permitido, señorías, la tramitación de esta ley a lo largo de estos meses, y sobre todo su tramitación en el Senado, es reabrir un debate muy importante en la sociedad española:

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el debate del canon digital. Señorías, los tratados digitales de la Ompic que España firmó no imponen obligatoriamente ni la copia privada ni el canon en su artículo 10, como tampoco lo hace la normativa europea en su artículo 5 del año 2001. Sin embargo, en la Ley de Propiedad Intelectual del año 2006 el Gobierno optó por ampliar al entorno digital la limitación y el canon por copia privada que ya existía desde el año 1992, también puesto en marcha por un gobierno socialista respecto a los vídeos y a los audios. El canon, que quizá en aquel momento podía haber tenido sentido, aunque poco porque también era indiscriminado, tiene fuera del entorno analógico, en el entorno digital, con la limitación de copias de calidad y de soportes físicos que implica el uno sobre el otro, una situación en la que no es posible compensar lo que en su caso se puede grabar.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular defiende la propiedad y, por tanto, también defiende la propiedad intelectual, así como la justa retribución del trabajo de los creadores, de los artistas y de los productores de la industria cultural o de contenidos que además entendemos que es absolutamente estratégica para nuestro país. Pero esta retribución, señorías, no puede hacerse a través de procedimientos que sean injustos para la sociedad, porque de ello se derivaría, además de un daño absoluto para los usuarios, un grave perjuicio para la propiedad intelectual, que sería odiosa a los ojos de todos. Por eso consideramos inaceptable el canon digital, porque es indiscriminado, repito, y por indiscriminado es injusto; porque castiga a priori a todos los que compran tecnologías para grabar un partido de fútbol, para un trabajo de la universidad o para grabar las fotos del último viaje; porque es la canonización de la arbitrariedad; porque es un impuesto preventivo que acaba con el principio de la presunción de inocencia; porque supone un coste adicional para la industria tecnológica que va en contra del impulso de la sociedad de la información, que es lo que hoy aprobamos aquí, y del crecimiento tecnológico que España necesita; porque supone una presunción, repito, colectiva de culpabilidad de pagar por ser sospechoso y un caso claro de doble imposición recaudatoria, aunque ya sabemos que al Partido Socialista le gusta siempre subir los impuestos; y también porque un canon indiscriminado penaliza el talento y, por tanto, conceptualmente tiene que estar mal diseñado en estos términos.


Señorías, nunca nos gustó este parche, nunca nos gustó este apaño, a pesar de los argumentos de mal menor o de régimen transitorio que todos ustedes han puesto en evidencia esta mañana. Somos un partido independiente, que lucha cada día por la libertad, por la justicia y por modernizar este país. Esta medida es anticuada, anacrónica, tiene rasgos de diezmo medieval y limita la libertad de los ciudadanos. El Partido Socialista, señorías, como ha hecho desde el principio de esta legislatura, vuelve a despreciar a la mitad de los españoles sin escucharles y sin atenderles.
Es como poner multas de tráfico por adelantado al que compra un coche, suponiendo que todos van a infringir el Código de Circulación y así ahorrar en guardias, en cámaras o en radares. Señorías, este no es el modelo. La retribución del trabajo de creadores, de artistas y de productores no puede hacerse a través de un procedimiento que sea arbitrario y lesivo para el conjunto de los ciudadanos. El Partido Socialista ha legislado en esta ocasión como sabe hacer, mirando al retrovisor, subiendo otro impuesto, poniéndole puertas al campo, totalmente desconectado de la realidad social de la España del siglo XXI, totalmente desconectado de miles de personas, de miles de jóvenes que claman por suprimir esta injusticia. Señorías, la España joven de 2007 no quiere saber nada de limitaciones arbitrarias a su libertad, a su libertad de uso de dispositivos digitales, a su libertad de uso de las tecnologías en general para salvaguardar el mantenimiento de instrumentos obsoletos e inservibles de ayer, que empujan al absurdo de que un artista considere ladrones a sus fans. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, estamos en un momento donde la creación artística y literaria está adaptándose con un enorme éxito a la nueva realidad digital y a la red, que además es enormemente útil para disminuir los costes de promoción y de distribución de los contenidos y de las obras y para llegar a un número de personas absolutamente insospechado en todo el mundo, en la medida en que los potenciales clientes no son solo españoles. En un mundo absolutamente globalizado, poner más barreras en España significa pegarnos un tiro en el pie en la carrera de la competitividad, en la carrera de la creatividad y del acceso a la cultura universal. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) En este entorno, señorías, el Gobierno no ha hecho nada, el Gobierno ha sido incapaz en cuatro años de poner soluciones a las gestiones del entorno digital y a la lucha contra la piratería -que ese sí es un problema de nuestro país-, pero se agarraron a esta solución como un clavo ardiendo, a esta injusticia, a esta subvención encubierta que lo único a lo que contribuye es a desincentivar la I+D, a suicidar a la industria cultural, porque constituye una renuncia a la búsqueda de nuevos modelos de negocio, la trazabilidad y los sistemas anticopia.


Para nosotros, señorías, esta es una cuestión absolutamente conceptual.
Por eso presentamos una enmienda para la creación de una agencia española de la propiedad intelectual que analizara los problemas y los diferentes intereses y que llegara a acuerdos con todos los sectores para la resolución de conflictos. El canon no es la línea adecuada, y lo reconocía el propio ministro de Industria en la tarde de ayer. Por eso, vamos a votar a favor de la enmienda presentada, vamos a presentar la posibilidad de que las alternativas consensuadas del sector puedan evitar este canon con la salvaguarda de los derechos de autor y de la propiedad intelectual a través de acuerdos estratégicos. Señorías, a ello nos comprometemos si ganamos las próximas elecciones. La copia no es el problema y, por tanto, el canon tampoco es la solución. El verdadero impulso a la sociedad de la información ha de hacerse mirando hacia delante con nuevas ideas y

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sobre todo con nuevas actitudes en la gestión de los legítimos derechos de propiedad intelectual en el nuevo entorno digital, y no con soluciones del pasado que incluso en el pasado no eran ya soluciones. Los avances tecnológicos y la revolución de las comunicaciones están siendo motores en este momento de la nueva economía y de las sociedades que basadas en el conocimiento quieren aprovechar vivamente las nuevas ventajas y oportunidades de un mundo globalizado. Existe claramente una relación directa entre los países que han alcanzado altos niveles de competitividad y los índices de penetración de estas tecnologías...


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.


En definitiva, señorías, esto es lo que hemos tenido estos cuatro años.
Pensamos que esta ley podía haber servido seriamente para cambiar este escenario, pero hoy ya sabemos que no lo va a ser, que no lo hará, que lo hará más profundo y que lo hará peor para todos los españoles. Pueden sentirse, señorías de la bancada socialista, muy orgullosos de que, en lugar de haber contribuido a la modernización y al desarrollo de nuestro país, hoy, cuatro años después, todos los organismos internacionales denuncien la brecha y el retraso en que han sumido a España en materia de tecnología. Señorías, los ciudadanos, que también son conscientes de esto, sabrán darles una oportuna respuesta dentro de dos meses.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señorías, señor presidente, estamos terminando la tramitación de una muy importante Ley sobre la sociedad de la información, que viene a culminar una legislatura que puede muy bien catalogarse como la legislatura de los derechos. Esta ha sido la legislatura de los derechos, y para una legislatura que ha ampliado los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, los vulnerables por dependencia, que ha subido las pensiones muy por encima del IPC o el salario mínimo interprofesional, que ha acabado con discriminaciones de siglos de las personas por su orientación sexual, o que ha dado un estatuto a los trabajadores autónomos, para una legislatura así, que ha ampliado los derechos de tantas mujeres que ahora son iguales a los hombres en todas las dimensiones, social, económica, etcétera, el colofón adecuado es una ley como esta, que amplía los derechos de los ciudadanos en un mundo nuevo, como es el mundo tecnológico, el mundo de Internet, donde es importantísimo el mantenimiento -ahí también- de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esta es una ley, por tanto -más allá del aspecto al que luego me referiré y que capitaliza el debate-, de ampliación de derechos en la sociedad de la información, en la sociedad de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es una ley merced a la cual los ciudadanos españoles van a tener acceso a la banda ancha de Internet el año que viene en todo el territorio español y acceso absoluto a toda la información digitalizada de los poderes públicos sin restricciones, sin copyright, así como también van a tener garantías de que una web no va a ser cerrada más que por un juez por razones estrictamente legales y de forma excepcional por autoridades como las sanitarias o por razones de seguridad establecidas estrictamente en la ley. Y va a haber acceso especial para los discapacitados, se va a favorecer el acceso de los discapacitados a Internet. Es una ley de ampliación de los derechos. Esto es lo que estamos terminando de tramitar hoy, que, como digo, es una digna culminación a una legislatura de la ampliación de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de España como no se había conocido en toda la historia de la democracia. Esta es una ley que va precisamente en ese sentido, una ley que amplía uno de los derechos más importantes derechos de los ciudadanos, el acceso a la cultura, que ahora tiene unas vías tecnológicas más fuertes, más potentes, más democráticas si cabe, para poder difundirse, para que la gente, con independencia de su situación, pueda acceder a la cultura creada por alguien, a las ideas inventadas por alguien, a las obras artísticas realizadas, ejecutadas e inspiradas en la inteligencia, en el sentimiento, en el espíritu de muchas personas; la literatura, la música, el cine creados por alguien. Se trata también de proteger el acceso a esa cultura de contenidos, a ese concepto de contenidos, que sin duda va a ser el elemento central en el universo de Internet en los próximos años.
Por eso es por lo que resulta tan contradictorio que a esta ley, que tiene ese rumbo, se presente una enmienda en el Senado que habla de la supresión de un elemento de protección de los creadores, como es el canon. Es una enmienda que aparece inopinadamente, sorpresivamente, en el Senado, a la que se agarra el Grupo Popular de forma oportunista, vampirizándola, y nos trae aquí una posición que significa un cambio de ciento ochenta grados en las posiciones anteriores. Esa es la enmienda contra la que nosotros vamos a votar. Nosotros vamos a votar por el mantenimiento del canon, que es un elemento de protección fundamental del derecho de autor en estos momentos en nuestro país y en veintidós países de la Unión Europea. Lo vamos a explicar. El canon es producto de la evolución tecnológica, que hace que el trabajo intelectual de mucha gente sea mucho más fácilmente copiado, mucho más fácilmente reproducido, precisamente por la aparición de los instrumentos electrónicos conocidos, desde luego más bien por nuestros hijos que por nuestros padres, como el MP3, los ordenadores o incluso determinados móviles, etcétera, instrumentos que copian con mucha más rapidez, con mucha más facilidad la obra de creación de un autor y, como consecuencia de ello, aumentan el valor de esos

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productos electrónicos, que son más apreciados por el consumidor en cuanto que permiten reproducir con mayor facilidad la obra creativa, musical, artística, científica o investigadora. Ello obliga inevitablemente, por razones estrictas de justicia, a que haya una compensación al autor; naturalmente, es absolutamente de sentido común que haya una compensación para el autor cuya obra se va a ver reproducida con mucha más velocidad, con mucha más rapidez. Por esto es por lo que ha optado la mayor parte de los países de la Unión Europea. Aquí tenemos dos modelos: uno es el modelo británico, el de Irlanda, el de Chipre, el de Malta y el de Luxemburgo, que supone que reproducir una obra de creación es ilícito, es un delito. Nosotros no queremos eso, no es nuestro modelo, no es un delito, es lícita la copia para uso privado, pero lógicamente tiene que haber una compensación, una motivación para el autor que va a ver reproducida infinitamente su obra con las posibilidades que tienen ahora mismo los medios tecnológicos, las tecnologías de la información y de la comunicación y, como consecuencia de ello, aparece la figura del canon, que además es una expresión de ese viejo derecho, pero tan moderno y con tanto futuro, que es el derecho a la propiedad intelectual.


Hace unos días -quiero explicárselo para que vean la contradicción enorme que tienen las señorías del Partido Popular-, el día 12, en Lisboa, se acaba de aprobar la Carta de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Vamos a tener por vez primera una carta de derechos fundamentales los europeos. Una de las grandes novedades, que no está en cartas parecidas ni está directamente expresado así en muchas constituciones, es el derecho a la propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual es un objetivo europeo; español y europeo.
Qué contradicción sería que, unos días después de que Europa situase en primer plano como derecho la protección de la propiedad intelectual, apareciéramos aquí cargándonos un elemento esencial de la protección de la propiedad intelectual como es el canon. Es una contradicción absolutamente inaceptable. Por ello, nosotros claramente vamos a optar por la protección de los derechos de autor. No así el Partido Popular. El Partido Popular ha dado un bandazo extraordinario. Señor Echániz, dice usted que esta es una medida anacrónica, que es una medida obsoleta, que es una medida antigua lo del canon. Pero es que hace solo unas semanas ustedes defendían esa medida en la Comisión de este Congreso y hace algunos meses ustedes votaron a favor de esa medida, que está en la Ley de Propiedad Intelectual del año 2006. Es un bandazo absoluto, oportunista, electoralista. No sé qué habrán encontrado ahí; en la desesperación por la búsqueda de votos, han pensado: a ver si ahí encontramos un coladero de votos. (Aplausos.)

La derecha española nunca se ha llevado bien con la cultura, es verdad, pero se ha llevado bien con la propiedad. Y -¡qué casualidad!- una derecha liberal, patriótica, la representante de España por excelencia resulta que va en contra de la protección de la cultura española a través de los medios tecnológicos modernos. Y a la derecha que le parece muy bien la propiedad inmobiliaria le parece muy mal la propiedad intelectual, la propiedad de la creación, la propiedad de la cultura.
(Aplausos.)

Nosotros consideramos que no es compatible con una ley como la que hoy va a acabar su tramitación una disposición así y vamos a votar en contra de ella. Esto es compatible con seguir exigiendo que haya el mayor control de los pagos que la industria hace a las sociedades que gestionan los derechos de autor y el control sobre la distribución de esos derechos. Es absolutamente compatible con ello, y creo que es importante que el Gobierno se ocupe de que se lleve rigurosamente. También es compatible con que haya revisión, como dice la Ley de Propiedad Intelectual, de los equipos electrónicos a los que se refiere esa ley. Por cierto, y está aquí el ministro de Industria, hace unos días, en esta misma semana, ha habido un acuerdo entre Industria y Cultura para enviar a consulta de los interesados una nueva tabla de canon que lo baja sustancialmente; por ejemplo, en el caso de las reproductoras prácticamente baja a la mitad el canon. Por tanto, eso es posible hacerlo y abordarlo. En definitiva, señorías, nosotros estamos a favor de la sociedad de la información, estamos a favor de la sociedad de la comunicación, de la sociedad del conocimiento y estamos sin duda a favor de la creación; de la protección de la creación; de la creación artística y cultural; de la creación musical y cinematográfica; de la literatura; de aquello que forma parte de nuestras vidas, que conforma nuestra visión del mundo, sin lo cual no se puede vivir y que es el elemento fundamental que hay que proteger en una sociedad que quiere que haya la máxima libertad de pensamiento y de opinión pública. Estamos a favor de eso y estamos en contra del oportunismo y del electoralismo; de eso también estamos en contra. Pero estamos a favor de los valores positivos que supone la cultura, que, además, es un bien económico, industrial, no solamente un bien -vamos a llamarle- espiritual, fundamental en las sociedades.


Permítame, señor presidente. Señorías, esta es la última ocasión en que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista interviene ante ustedes en un Pleno de esta legislatura. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los grupos parlamentarios su trabajo y su colaboración, su contribución a que haya sido esta una legislatura que definió muy bien el señor presidente del Congreso, pero que ha sido en todo caso una legislatura enormemente positiva y transformadora. Por aquí han pasado los grandes problemas de nuestro país, ha sido el centro de la vida pública española, han salido leyes que han cambiado y cambiarán la vida de la gente en España por mucho tiempo porque, aunque haya gobiernos de otro color, no se atreverán nunca a cambiarlas; leyes importantísimas en las que han colaborado los grupos parlamentarios -unos más, otros menos- y es importante que el Grupo Parlamentario Socialista, el grupo que esencialmente ha sostenido al Gobierno en

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esta legislatura, en la que ha habido una importante estabilidad parlamentaria, dé las gracias a los grupos parlamentarios. Pero quisiera hacer una referencia especial al presidente del Congreso. (Rumores.) Don Manuel Marín es un persona que tiene dilatada militancia política socialista y que ha sido -tendrán ustedes que reconocerlo- un modelo de presidente imparcial, neutral y ejemplo, modelo para otros presidentes que vengan en el futuro. Eso es algo que hay que reconocer en la figura de Manuel Marín. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Continúan los aplausos.) Gracias, señorías.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista quiere que figure en el "Diario de Sesiones" nuestro afecto y nuestro respeto al trabajo que ha realizado en esta legislatura no precisamente fácil. Por eso, las palabras con las que los diputados y diputadas solemos terminar nuestras intervenciones en esta tribuna tienen hoy un valor no solamente de cortesía parlamentaria sino que expresan realmente nuestros sentimientos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Gracias por sus amables palabras, señor López Garrido, y las de otros portavoces de los grupos parlamentarios. Me voy a contener porque, aunque no se lo crean, soy muy sensible y solo faltaría que terminara la legislatura como un presidente derretido. (Risas.) Marín, derretido. (Una señora diputada: Tampoco pasa nada.) Así las cosas, se lo agradezco en el alma.


- PROYECTO DE LEY DEL CINE. (Número de expediente 121/000138.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con nuestro trabajo. Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley del Cine. Formato del debate: diez minutos para la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios.


Por el Grupo Mixto, señor Rodríguez. Como digo, el tiempo de palabra es de diez minutos. (Rumores.)

Señorías, el Pleno continúa, no hagan corrillos en las escaleras.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Es una buena oportunidad para afirmar que el cine, como hecho cultural y sociológico de gran importancia, no solamente no es ajeno, sino que está muy condicionado al proceso de globalización. Fue posiblemente uno de los productos culturales más trasnacionalizados ya en otra etapa histórica -sobre todo y especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, pero también con anterioridad- y hoy los marcos legales que se buscan tienen que tener en cuenta una situación que es especialmente agresiva en el sentido de que ese mundo globalizado tiende a imponer pautas culturales y lingüísticas uniformes que llevan consigo la primacía de una cinematografía que todos sabemos que es en lengua inglesa y normalmente originada en los Estados Unidos.


Realmente la potencia cultural de Estados Unidos se expresa sobre todo a través de lo audiovisual y tradicionalmente, de forma histórica, a través de su forma cinematográfica. Digo esto porque en el debate que aconteció en el Senado uno de los puntos más conflictivos o más problemáticos es el que nos devuelven en la forma de considerar una película como española aunque tenga un director extranjero, en concreto, de fuera del ámbito de la Comunidad Europea o incluso de fuera de ámbitos en que hubiese relaciones comerciales totalmente establecidas de forma normativa o por adquisición de la ciudadanía de algún Estado miembro de la Unión Europea.


Realmente, el artículo 5, tal y como se intenta cambiar, consistiría en un atentado grave en contra precisamente de la concepción de lo que debe ser la excepción cultural. ¿Por qué razón? Por la siguiente, porque sin duda alguna el director de una película es algo así como el gran coordinador artístico de toda ella y el que le imprime un carácter, un tono y un estilo. Todo el mundo sabe que una película de Visconti es una película de Visconti, sea de las mejores o de las regulares. Todo el mundo reconoce lo que es, por ejemplo, una película de Henry King, y recientemente, observando ese cine de nuevo, hemos podido ver hasta qué extremo tiene unas obsesiones ideológicas y culturales e incluso una forma peculiar de hacer, aunque evolucione en el tiempo. Todo el mundo sabe que, en el caso del cine hecho en el Estado español, sin duda alguna hay una caracterización muy grande del cine de Buñuel o del cine de Juan de Orduña. Eso es indudable. Este es un elemento clave que nos lleva a pensar que efectivamente el director debe ocupar un papel esencial a la hora de definir la nacionalidad de una película como española, porque es el gran garante además de la excepcionalidad cultural, no solamente en el terreno de la lengua usada. Por cierto, en el caso del Estado español no solamente es una, son el castellano, el gallego, el catalán y el vasco, y sería muy bueno que ese papel preponderante que tiene el director en toda esta opción se siguiera manteniendo. Además, es una opción de carácter estético e ideológico cuyo factor más preeminente es el director. Una película puede tener una gran fotografía, estar basada en un gran guión, tener unos actores excelentes, pero el resultado final va a estar condicionado por la mano artística que conjuga todo eso con coherencia y además le da una intencionalidad determinada. Por esto, pensamos que sería un gravísimo error modificar el artículo 5 de la Ley del Cine en la orientación que nos demanda la mayoría que votó esta enmienda en el Senado. Pero es más, pensamos que este tipo de modificación corresponde a una forma larvada de desagrado o disgusto por parte de televisiones privadas

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que quieren respetar la aplicación del 5 por ciento a la producción de películas españolas, pero intentando que estas películas sean en inglés como versión original; que sean de directores -en particular de Estados Unidos- que, francamente, pienso que en este momento histórico la mayoría no tiene ningún tipo de valor especial, específico o añadido diferente de lo que es el montón de directores europeos y que no contribuiría nada a que tuviésemos un cine originario en lenguas del Estado español y con perfiles culturales como los que nosotros precisamos. Todo el mundo recuerda que además hay una vía abierta, que es la vía de las coproducciones. Nos recordaban recientemente la película de Benicio del Toro, que puede ser considerado un producto también español en la medida en que es español y mexicano. Por todo esto, nos vamos a oponer a esta enmienda del Senado.


En relación con las otras enmiendas, nos prestamos a votarlas favorablemente. Primero, porque imprimen un carácter prescriptivo a la ley que buena falta le hace. La ley no puede ser fraudulenta, no puede ser un cúmulo de buenas intenciones que después no se cumplan.
Efectivamente, en relación a las sanciones, no debe ponerse se podrá, sino se impondrá la sanción si se viola la norma de carácter legal.
Exactamente igual en lo que hace referencia a las ayudas para nuevas tecnologías.


La disposición adicional duodécima, en concreto, la vemos con muy buenos ojos porque obliga a desarrollar reglamentariamente las ayudas al sector de la exhibición que están contempladas en el artículo 29, sobre todo ayudas destinadas a las mejoras tecnológicas, a cines en villas pequeñas o en ambientes rurales y a perfeccionar la accesibilidad a los cines del Estado español. Les quiero decir que, francamente, yo sé que el mundo de la exhibición puede ser también un mundo transnacionalizado, directa o indirectamente, pero creo que no debemos cometer el error de no ver el grave problema que tiene la exhibición hoy en el Estado español, derivada del consumo de otros formatos más familiares, más domésticos. Pero debemos dar un impulso a que se mantengan las salas de cine, porque es un elemento de socialización fundamental. Además, creemos que no es igual ver cine en una sala en compañía de más espectadores anónimos, que conjugamos un conjunto sociológicamente más representativo y más plural, que verlo en casa, que tiene sus ventajas pero creo que no conduce a un modelo social totalmente benéfico. Por eso pensamos que la ayuda a la exhibición debía ser incluso más contundente en la ley.


Deseamos que esta ley contribuya a dar un impulso a las cinematografías existentes en el Estado español y, al mismo tiempo, vemos con buenos ojos que vaya a valer, en todo caso, para que si los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen lengua propia hacen un esfuerzo grande en relación con su audiovisual, vaya acompañado por lo menos de ciertos complementos del Estado español.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rodríguez.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señora Navarro, por favor.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


El cine es un caballo de Troya ideológico y comercial, es un sector estratégico de nuestra cultura y economía, es evidente que como manifestación artística y expresión creativa es un elemento básico de la identidad cultural de un país. Sin embargo, es el aspecto económico el que ha centrado el enfoque del proyecto que presentó el Gobierno en esta Cámara y son las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa y del resto de grupos parlamentarios las que han introducido cambios en la ley para abordar el lado cultural propio de la actividad cinematográfica y audiovisual. Así, mientras la ley gira en torno a porcentajes o exigencias económicas, Izquierda Unida-Iniciativa ha pretendido establecer mecanismos para acabar con el desierto cultural que hoy padecemos en el Estado español. Presentamos más de 80 enmiendas -aceptadas y transaccionadas han sido 29- que pretendían dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 44: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.


No nos oponemos a incrementar la financiación al cine español; al contrario, debe ser una de las grandes apuestas de cualquier Gobierno que precie la cultura de su pueblo, pero es mucho más lo que se podría hacer si realmente fuera una ley del comisión de investigación que integrara el aspecto cultural tan arrollador que éste tiene; mecanismos que fomenten que la gente vuelva a las salas de cine, a las que está dejando de acudir por la banalización de la cartelera. Con tal objetivo consideramos imprescindible incluir criterios cualitativos o culturales y no solamente económicos, es decir, porcentajes numéricos de entradas vendidas. Así, de la concesión de ayuda a priori que estableció la Ley Miró se ha pasado a las ayudas a posteriori a través de la Ley Del Castillo, que se mantienen en esta ley. Que el cine europeo y español requieren de subvenciones públicas para existir es una obviedad indiscutible, pero también lo es que el sistema por el que se otorgan las subvenciones, los criterios que se aplican, han de ser objeto de debate, han de estar establecidos en la ley, y no lo han sido en la tramitación parlamentaria. Precisamente porque se necesitan estas subvenciones estamos en profundo desacuerdo con la enmienda que viene del Senado, que pretende suprimir la necesidad de que el director sea español para que la película sea considerada de nacionalidad española. Nuestro cine debe ser defendido como parte de nuestra cultura, y una parte esencial de una película es su director, pues son los directores los que imprimen un sello definitivo en la obra cinematográfica. Proteger a nuestros directores, y especialmente a nuestras directoras, es proteger nuestra industria, es garantizar una cinematografía propia. De hecho, con tal

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objetivo Izquierda Unida-Iniciativa introdujo una enmienda que no permite la acumulación del porcentaje de nacionalidad del 75 por ciento entre actores y personal creativo técnico, y por ello votaremos en contra de esta enmienda del Senado.


Volviendo al rendimiento en taquilla que promueve esta ley, como todos sabemos, este viene fuertemente condicionado por la publicidad que de una película en particular se realice y no tanto por la calidad de la misma.
Las películas más taquilleras suelen ser de muy dudosa calidad y a menudo productos de consumo rápido y más rápido olvido. No podemos tampoco pedirle a nuestra industria cinematográfica que todas las películas estén destinadas a pasar por ese filtro consumista. La taquilla no puede ser, por tanto, el criterio principal de la subvención. Desde Izquierda Unida hemos introducido criterios, como las medidas de fomento de producción y exhibición, que se atengan con especial consideración a la difusión de obras de interés cultural. Eso sí, todas las ayudas para potenciar estas obras de interés cultural vienen precedidas en la ley por el: podrán establecerse. Esto es, podrán establecerse o podrán no establecerse, dejando abierta la decisión al criterio político de turno y no recogiendo, como pide Izquierda Unida-Iniciativa, un compromiso expreso y exigible hacia el cine europeo y español de valor artístico. La Administración General podrá establecer convenios con Radio Televisión Española para promocionar el cine europeo. Podrá o no podrá. Podrán establecerse ayudas para las salas de exhibición independientes que se modernicen. Podrán o no podrán. También para el mantenimiento de salas en pequeños núcleos urbanos. Y así un largo etcétera de toda la ley, que será la ley del podrán y, también, del que si quieren no lo harán. A Izquierda Unida-Iniciativa nos gustan los compromisos exigibles, tangibles, en las leyes, que garanticen, en este caso, la supervivencia de las salas de cine también en pequeñas localidades; y no tan pequeñas, pues en muchos lugares el cine está desapareciendo porque ya no es un negocio rentable. Y eso significa dejar a muchos ciudadanos sin poder acceder al disfrute del cine y al disfrute de la cultura. Pero la pregunta es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los ciudadanos dejan de acudir al cine y se bajan más películas que nadie en ningún país europeo por Internet? Entonces, sí que les gusta ver las películas; sí que les gusta el cine. Desde luego, esta ley no nos da la respuesta ni la solución porque el Gobierno no ha tenido interés en hacerse la pregunta y llegar hasta el fondo del problema, sino, más bien, en poner parches.


Otro olvido que tenía esta ley eran los trabajadores del cine. Señorías, detrás de un director muy aclamado y de un actor famoso que puede aportar mucho glamour hay miles de trabajadores de la industria cinematográfica, incluidos también los actores, que desarrollan su trabajo en pésimas condiciones, absoluta precariedad y sin representación sindical. Gracias a Izquierda Unida, a sus enmiendas, y con la colaboración de los representantes de los trabajadores del cine, hemos logrado un pequeño paso para frenar esta situación, y acoger -como digo- las reivindicaciones del sector, como la modificación de la definición de personal creativo que, por fin, incluye a los actores y otros artistas que participan en la obra, incluyendo también al personal creativo de carácter técnico.


También se recoge expresamente la negociación colectiva sectorial -eso sí, con el podrán que, como digo, es ya clásico en la ley- para frenar el incumplimiento, frenar el abuso laboral que padecen los trabajadores del cine. También introdujimos una enmienda para que no se puedan beneficiar de ninguna de las medidas de promoción de esta ley las obras producidas por empresas con deudas laborales. Asimismo, una enmienda de Izquierda Unida introdujo el compromiso legal de que en el plazo de un año se elaborara un estudio sobre la implantación de las organizaciones sindicales en el sector. Desde luego, el texto que se aprobó en la ley no es precisamente el que proponía Izquierda Unida y, si ustedes lo leen, podrán entenderlo. Porque a nosotros, a Izquierda Unida-Iniciativa, nos gusta hablar claro y, desde luego, en este texto muy claro no se habla.
En cualquier caso, es un avance y un compromiso firme que está en la ley.


Respecto a la proyección de películas en versión original, como ustedes saben, es escasísimo el lujo que tienen apenas cinco o seis ciudades en toda España para disfrutar de películas en versión original. A nuestro parecer, la Ley del Cine debería procurar que todas las capitales de provincia, todas, tengan salas cinematográficas cuya programación se exhiba respetando el criterio original de sus creadores, es decir, la versión original. Hay un minúsculo avance en la ley en este punto, pues habla de ayudas a salas que programen largometrajes comunitarios o iberoamericanos en versión original durante más de tres fines de semana.
Y la pregunta es ¿por qué no se incluyen en estas medidas las salas que exhiban películas en versión original del resto del planeta, por ejemplo, las norteamericanas? ¿Por qué no? Queremos ver películas en versión original; las quieren ver muchos ciudadanos de toda España y, hoy en día, esto no es posible.


De igual forma, Radiotelevisión Española, la televisión pública, también debería predicar con el ejemplo, emitiendo películas en versión original sin cortes publicitarios y, por favor, en horarios sensatos; también la televisión pública, como digo, nos condena, junto a las privadas, a un desierto cultural. En la ley se incluyen igualmente medidas para fomentar la accesibilidad; se incluye la disposición adicional pactada con Izquierda Unida y otros grupos, con abundantes medidas para garantizar el acceso al cine a las personas con discapacidad. Resaltamos de esta disposición la obligación de accesibilidad para las personas que van en sillas de ruedas y quieren ir al cine, porque hasta hoy es prácticamente una imposibilidad; es decir, las personas que van en sillas de ruedas no pueden acceder a las salas de cine, no pueden disfrutar del cine, incumpliendo precisamente

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el artículo de la Constitución Española al que he hecho referencia.


Otra de las reivindicaciones no atendidas es la creación de una agencia pública de gestión de derechos de autor que asuma como servicio público la protección de los derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos y, así, que los servicios que hoy presta la SGAE se presten desde el ámbito de lo público y no de lo privado, como siempre debió haber sido: transparencia, servicio público y funcionamiento interno bajo control, por ser público.


Otra cuestión cultural: una sociedad sana cinematográfica y culturalmente hablando y una Ley del Cine que la promueva debe garantizar el acceso a las películas del año que han destacado en los principales foros y festivales del cine. Se sabe que no solamente existen los Oscar, que tenemos los festivales de Cannes, Venecia, Gijón, Berlín, San Sebastián o Moscú, entre otros. Pero ¿dónde están esas películas si no podemos acceder a ellas? ¿Por qué quien vive en Oviedo, por ejemplo, no puede ver esas películas y su promoción? ¿Qué hace el Estado a este respecto? No se trata de excluir de las carteleras los principales títulos de la industria norteamericana, sino de incluir en ellas películas de otras partes del mundo, sin duda más preocupadas por el naturalismo cinematográfico y por problemas sociales que el amigo norteamericano. De lo contrario, señorías, la cuesta abajo cultural de nuestra sociedad parece inevitable.


En sintonía con esta reivindicación, Izquierda Unida-Iniciativa introdujo el fomento y apoyo de cines municipales que promuevan el cine de calidad en sus diversas expresiones, fomenten debates, cinefórum y pensamiento crítico en torno a esta actividad cultural. A nuestro entender, la ley debería recoger mecanismos para incidir en la formación de públicos cinematográficos exigentes, especialmente entre los más jóvenes. Debemos inyectar dinero para cambiar el panorama, garantizar el acceso de los ciudadanos al cine de calidad, acabar con el desierto cultural al que hoy se enfrentan los ciudadanos; tenemos que acabar también con los contratos leoninos que padecen los exhibidores a través de las compañías distribuidoras. La referencia que se hace en la ley a la posibilidad de acudir al Tribunal de Defensa de la Competencia es absolutamente inocua.


El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Voy terminando, señor presidente.


Se trata, en definitiva, de una ley con cambios imperceptibles para los ciudadanos, para el espectador víctima de las políticas de mercado. Una ley que ofrece una pata más a la silla que se rompe y quiebra, sin pretender abordar soluciones valientes para conquistar un nuevo modelo del cine español y audiovisual en nuestro país y atraer al espectador exigente. Es demasiado cine español sin estrenar, demasiada basura ajena estrenada, es mucho por hacer y poca valentía por parte del grupo mayoritario.


Izquierda Unida-Iniciativa espera tener más peso en la próxima legislatura para influir de modo determinante y acabar con determinados lastres del pasado a los que los parches no son una solución...


El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, se está usted animando.


La señora NAVARRO CASILLAS: Termino, señor presidente.


Con ese deseo navideño, me despido.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Vasco. Señor Esteban, por favor.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a referirme en exclusiva a las enmiendas que se nos han enviado desde el Senado. Es evidente que hay una que centra la polémica, la que se refiere al artículo 5 y a la teórica -voy a explicar por qué digo teórica- exigencia de que el director de las películas sea español.
Aparentemente el texto aprobado por el Congreso diría que el director debe ser español, pero eso no es así. Si hoy nosotros dijéramos no a la enmienda del Senado se diría que el elenco de autores -director, guionista, director de fotografía, compositor de música- debe ser al menos en un 70 por ciento español, europeo o con residencia en la Unión Europea. De acuerdo con el texto que salió del Congreso, podríamos tener un director francés, un guionista checo, un director de fotografía estadounidense y un compositor de música inglés y la película podría seguir siendo española. Por tanto, no se nos diga que con el texto del Congreso se asegura que la dirección de las películas va a estar llevada a cabo por directores españoles. Eso no es así, porque tampoco la legislación europea nos lo permite. Con esos porcentajes y porque cualquier ciudadano de la Unión Europea está en las mismas condiciones que cualquier ciudadano español, tal y como hemos redactado la ley que ha salido del Congreso, se puede dar el caso de que no solo este elenco de autores sino que también con los actores y artistas -a los que asimismo se marca el 75 por ciento-, o con el personal creativo de carácter técnico, suceda absolutamente lo mismo, que la inmensa mayoría no sean españoles. Evidentemente, esa no es ni va a ser la tónica del cine español. No entendemos la negativa tan rotunda a que se pueda incorporar la enmienda del Senado, esto es, que el director de la película no tenga que ser necesariamente parte de ese 75 por ciento, esto es, miembro de la Unión Europea.


Decimos que estamos protegiendo la cultura, la forma de ver sobre todo española -aquí se está hablando de cultura, de lengua, etecétera, españolas, aunque en realidad es europea-, ¿pero el guionista no tiene ninguna importancia en esa visión de la película, en el contenido, en cómo se desarrolla?. Si estamos defendiendo formas de ver el cine, de contar historias -por eso le llamamos

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elenco de autores-, ¿los demás no tienen importancia, solo el director? Sinceramente, no lo vemos. Si dijéramos que desde el texto inicial del Congreso estuvieran protegidos..., pero no es así. Lo entenderíamos si, en coherencia con lo que han dicho algunos portavoces, en el ámbito de la lengua de rodaje se hubiera afirmado que nada más se puede rodar en las lenguas oficiales del Estado español, pero no dice eso el texto del Congreso. Se dice en la letra d) que la obra cinematográfica o audiovisual se realice preferentemente en su versión original en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español, preferentemente; lo cual, jurídicamente, no es un lenguaje muy exacto; la puerta se abre y luego esta expresión se mide de una manera o de otra. Los razonamientos que se están dando no coinciden con el texto que salió del Congreso. Para que haya producción de cine español, tenemos que tender a que sea lo más autosuficiente posible, abra los máximos canales posibles y se internacionalice lo más posible, porque esto creará más oportunidades de trabajo y podrá facilitar que las subvenciones y las ayudas públicas puedan disminuir.


Estoy de acuerdo con el aspecto cultural de la materia que estamos regulando, pero eso también va unido al aspecto industrial. En determinados momentos un director de renombre no tiene por qué ser americano. Tanto que estamos hablando de la cultura hispana -lo dice un nacionalista vasco-, a lo mejor un Martínez Pérez, de Guatemala, no va a poder ser director de esa película y sí un esloveno, un alemán o un polaco. La del polaco o la del alemán es película española y la del guatemalteco, no. Parece que no hay una coherencia. Insisto, si esa persona, guatemalteco, estadounidense, etcétera, tiene una proyección en el cine internacional, en los mercados internacionales, y eso puede ayudar a abrir vías de comercialización del cine español. Estoy seguro de que eso -y lo podemos ver en los próximos años, y si no, cambiarlo- quizás puede ir en aumento de la producción, de la internacionalización del cine español, de que haya más producción y de que haya más oportunidades para el resto de los excelentes profesionales de esta industria que hay en España. Creo que debemos darle a esto una oportunidad y tampoco estamos transgrediendo el espíritu de la norma. No defendamos con razonamientos que entran en contradicción con el texto aprobado en el Congreso su oposición y la de otros grupos a esa enmienda presentada por Convergència i Unió en el Senado. Estoy convencido de que a futuro va a ser mejor para la industria y para los directores españoles. En alguna conversación alguien me decía: Hombre, fijaros, por ejemplo, la producción vasca... Os imaginarías con un director... Yo estaría encantado -no hay capacidad, evidentemente- de que la producción audiovisual vasca, EITB, etcétera, pudieran hacer una película con Steven Spielberg. Encantadísimos porque no nos olvidamos del efecto Guggenheim, que es un museo americano, una marca americana, pero nos puso en el mapa y ayudó a transformar enormemente Bilbao, le dio otras oportunidades al País Vasco.


No tenemos que cerrarnos puertas, sobre todo porque las razones que se están dando entran en abierta contradicción con el resto del articulado de la propia ley. En ese sentido, vamos a apoyar la enmienda de Convergència i Unió entendiendo, insisto, que es en defensa de la industria cinematográfica y de todos los trabajadores de esta industria cultural tan importante de este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Esteban.


Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervendré muy brevemente porque ya hemos tenido ocasión de debatir con extensión esta ley. Saben ustedes que en sus inicios fue objeto de la presentación de una enmienda a la totalidad por parte de nuestro grupo parlamentario, que fue retirada in extremis gracias a las bondades del Grupo Parlamentario Socialista, que finalmente se avino a negociar, lo cual fue denunciado por nuestra parte porque no tenía ningún sentido que siempre esperaran a los últimos minutos para aceptar lo que no debería haber ocurrido: que de la factoría de la Moncloa fueran saliendo proyectos de ley que no respetaban los nuevos textos estatutarios. Esto ya fue denunciado, nos peleamos quizá más de lo deseado y de lo previsto, pero también reconocimos las capacidades del grupo parlamentario y del ministro para finalmente entrar en razones.


Cuando la ley estaba todavía en el ministerio, nuestro grupo presentó a la ex ministra de Cultura, señora Calvo, una interpelación parlamentaria que dio origen a una moción, que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara, que sentaba las bases del futuro proyecto de ley, que finalmente acabó en esta ley. Hemos dado un paso adelante importante porque partíamos de una concepción un poco arcaica de lo que debería ser una verdadera Ley del Cine y de lo audiovisual moderna, de concepción jacobina, pero ciertamente hemos avanzado. El hecho de que hayan dado un paso adelante hacia el reconocimiento en el articulado, más allá de la teoría, de la realidad plurilingüe del Estado, aun cuando cueste todavía tanto, supone un avance. Se ha creado este fondo que deberá servir para la producción y la creación de la cinematografía y lo audiovisual en las distintas lenguas cooficiales del Estado español. Ha quedado claro que no se han atrevido a apretar las clavijas a las televisiones privadas. Son muy valientes con los débiles, con los fuertes a veces se arrugan, desgraciadamente en muchas ocasiones se arrugan. ¿Qué decíamos nosotros? Que había que superar el 5 por ciento y que todo lo aportado por las televisiones privadas debería ir directamente al Fondo del ICAA, al Fondo de la futura agencia. Esto es lo que debería ser y no dar posibilidades procedimentales para que las televisiones privadas continúen haciendo -entrecomillado, para que nadie se escandalice

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ciertas trampas sobre lo articulado y sobre el statu quo actual. Por otro lado, ya hemos reclamado y reclamaremos que la futura agencia se ubique en Barcelona. Creemos que es una idea que deberían explorar. Nosotros vamos a reivindicarlo por razones históricas e incluso de producción.
Estimamos que se han mirado al espejo y dicen que la España plural será realidad, pero mientras esto no ocurra, les invitamos a que, ya que el gran centro de Televisión Española se ubicará en el corazón del Estado, en Madrid, empiecen a pensar -quizá valga la pena- en la posibilidad de que la futura agencia cinematográfica se ubique en Cataluña. Hay razones para su defensa. Ya sabemos que por desgracia el Parlamento va a perder un poco de vista esta ley y nos costará controlar su despliegue. Lo vamos a intentar, ya hemos ofrecido en diversas ocasiones al ministro Molina nuestra colaboración, máxime cuando a partir de marzo se sepa qué correlación de fuerzas habrá y cuáles van a ser las parejas para el baile de la próxima legislatura. Ustedes saben cuál ha sido nuestra posición, hemos trabajado mucho en esta ley, hemos empujado para que finalmente el texto fuera más o menos el que nos merecemos, aunque, evidentemente, es muy mejorable y lo vamos a intentar.


Respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado, han sido pocas las modificaciones, seis enmiendas, de las cuales hemos transaccionado tres, en dos más estamos de acuerdo y decimos que vamos a votar en contra de la que presentó Convergència i Unió. Es necesario el tratamiento diferenciado de la condición del director. Es un requisito importante.
Entiendo que pueda haber contradicciones, pero no nos duele reconocer que hay que defenderse de algunas invasiones culturales muy ligadas a un mercado y a los valores de la sociedad americana. En este tratamiento diferenciado entre director y otros intervinientes en el proceso de creación, se atiende a razones, máxime cuando la ley ya prevé, mediante este 25 por ciento, que otros intervinientes pertenezcan a realidades culturales distintas, por desgracia cada vez menos diferenciadas y más uniformes.


Respecto a una enmienda nuestra, de la Entesa Catalana de Progrés del Senado, en lo referente a la modificación comprendida en el artículo 34 relativo a las nuevas tecnologías, ha valido la pena eliminar la forma potestativa por la imperativa en el establecimiento de incentivos para la realización de obras audiovisuales que utilicen nuevas tecnologías o innovaciones y cuya difusión se destine a medios distintos de las salas de exhibición, televisión o vídeo doméstico. Existe la obligación de la Administración de dotar de esas ayudas a partir de la entrada en vigor de la ley. Pasar de lo potestativo a lo imperativo es mucho más garantista que el texto surgido del Congreso de los Diputados.


En resumen, de las seis enmiendas incorporadas, vamos a votar favorablemente a todas -por supuesto una de estas seis es de la Entesa- y vamos a votar en contra de la de Convergència i Unió. Tal y como dijimos, no estamos insatisfechos de cómo salió la ley del Congreso de los Diputados, pero a esta ley todavía le falta un hervor para llegar a ser la ley que queríamos, básicamente muy moderna y federal. Todavía no es la ley federal que nosotros desearíamos. La piedra de toque de esta voluntad federal de la ley será cómo quede finalmente regulada y reglamentada la futura agencia que se va a crear. El hecho de que esté ubicada en Barcelona podría ser el ejemplo, ciertamente, pero lo troncal debe ser qué finalidad tendrá y cómo se articulará. Este será el caballo de batalla del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en la próxima legislatura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Tardà.


Convergència i Unió. Señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, muchas gracias.


Señorías, señor ministro, esta ley ha sido difícil, dura y larga de tramitación en el Congreso, pero cuando acabamos el trámite en el Congreso Convergència i Unió dijo que habíamos avanzado y que estábamos sacando una ley positiva para el mundo del cine. Primero tuvimos todo el conflicto competencial, que se resolvió; conseguimos un elemento importantísimo que fue que, por primera vez, se reconoció una realidad ya existente: que el cine en España es plural lingüísticamente hablando y, por primera vez, se crea un fondo alternativo al del ICAA para apoyar el cine que se produce en este país en lenguas distintas al castellano. Este fue un gran elemento muy bien valorado. También se introdujo en la ley, en el Congreso, el tema de la animación, que es una industria de creación en el mundo del cine muy importante y potente en el conjunto de España, con grandes centros de producción en Galicia, en Andalucía, en Madrid, en Cataluña y en Valencia. De alguna forma es positivo que en esta ley se incorpore a la animación, tanto el largometraje como el cortometraje como las mismas series, con las ayudas del ICAA y que -y en el Senado hemos mejorado todavía el texto- se comprometa y pida a Televisión Española que renueve los convenios que ya tiene cerrados con la animación en cuanto a series. Es otro elemento positivo de una enmienda transaccional que hemos introducido en el Senado.


Otro elemento que solicitábamos para equilibrar esta ley es que a los exhibidores -que no están pasando el mejor momento de su vida-, que están colaborando claramente a la cuota de pantalla, se les reconociera su aportación al cine español. Empezamos a aceptar este reconocimiento en el Congreso y en el Senado se ha mejorado la redacción que hace que este reconocimiento sea más completo y esté enfocado a algo que nos parece importante, porque las nuevas tecnologías van a afectar a las salas de exhibición. Está claro que la digitalización del cine va a evitar solamente las copias analógicas, podremos tener una distribución por satélite, etcétera, esto va a exigir a este sector -que, repito, no está en su

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mejor momento- unas inversiones, por lo que es necesario que se les apoye y se les ayude.


Finalmente, hay una enmienda que presentó Convergència i Unió, en el Senado, al artículo 5.º Señorías, señor ministro, señor presidente, la intervención que ha hecho antes mi compañero don Aitor Esteban ha sido magnífica y la puedo suscribir en su totalidad. Además de todo lo que ha dicho don Aitor Esteban, que no reproduzco porque no lo diría mejor que él, hay otro hecho: nosotros creemos que las leyes que pretenden proteger sectores nunca funcionan. La gran protección que se le da es, en primer lugar, la gran calidad humana que tenemos en el cine en nuestro país. En España las escuelas de cine están aportando montadores, montadoras, guionistas, directores, directores de fotografía, expertos en posproducción y un ejemplo clarísimo es una película que en estos momentos está a punto de superar -si no la ha superado ya- a Piratas del Caribe, que es El orfanato, hecho por un equipo joven, con un director joven, con un director de fotografía joven, con una montadora jovencísima, todos surgidos de una escuela maravillosa que es la Escac; un equipo que ha hecho una gran película que en estos momentos -repito- ha conseguido más ingresos que Piratas del Caribe. ¿Cuál es la fuerza de este cine? La calidad y el talento de la gente que lo forma. Ahora mismo entiendo que en toda producción cinematográfica hay un conjunto de hombres y mujeres que aportan algo. Es evidente que el director es un elemento central, pero es que la ley contempla al director en el conjunto del equipo. Nosotros, respetando absolutamente el talento y la aportación que hace todo director a una película, también queremos respetar la gran aportación que hace el guionista -elemento clave, cada vez más en el mundo del cine-, el director de producción, etcétera. Repito, el diputado don Aitor Esteban lo ha explicado perfectamente y por eso también vamos a apoyar esta enmienda al artículo 5.º Estamos satisfechos de que, con un buen nivel de consenso, esta ley saliera adelante. Creo que es una aportación que esta legislatura y este Congreso hacen al cine de nuestro país, que es un elemento claro de la identidad de lo que es un país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.


Grupo Parlamentario Popular. Doña Beatriz Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.


Terminamos la tramitación hoy de una ley cuya gestación ha sido muy difícil tanto en la fase inicial en el Gobierno como luego en el Parlamento. En primer lugar, voy a mencionar los aspectos positivos, que son muchos. Voy a mostrar nuestra satisfacción porque una ley -que, como yo decía y han resaltado todos los portavoces- que ha tenido una tramitación y gestación muy torpe en muchos momentos por parte del Gobierno, muy conflictiva, de una gran confrontación, pero al final se termina con un amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios. Hemos de reconocer todos -la señora Navarro lo ha hecho- que se han aceptado enmiendas de todos los grupos en un porcentaje no frecuente normalmente, por lo menos para nuestro grupo en esta legislatura. Se ha hecho un esfuerzo. Agradezco la labor del portavoz socialista, ya que nos despedimos hoy, que ha sido una parte importante de este esfuerzo de aunar voluntades entre todos los grupos y aceptar enmiendas, pero ha habido también un acuerdo propiciado desde la vicepresidencia del Gobierno -no entramos en mayores profundidades- entre los diferentes sectores. Se han aparcado las cuestiones más conflictivas entre sectores que estaban confrontados para buscar denominadores comunes. Tanto en los grupos parlamentarios como entre los diferentes sectores, se logra por fin un amplio acuerdo. Hay que hacer un reconocimiento a todos, a los representantes de las diferentes áreas del cine que están en las tribunas, a los que aprovecho para saludarles, y a los que aquí estamos.


Quiero agradecer el apoyo que hemos recibido en el debate parlamentario por diferentes expertos de sectores diversos. Gracias a ello hemos enriquecido mucho el trámite parlamentario y se lo queremos agradecer.
Otro aspecto positivo a nuestro juicio, que es importante resaltar, es lo que llamaremos nuestra esperanza de que esta ley funcione. Es una incógnita. Nuestra esperanza especialmente porque aquí se cambia un modelo económico. Teníamos una industria frágil y apreciamos el modelo fiscal que se ofrece a esta industria. A lo mejor somos optimistas y también esta ley lleva en sí misma una constante evaluación de resultados, que es una parte importante. Esperemos que, cuando dentro de tres o cinco años se evalúen y se puedan ver los resultados, este nuevo modelo haya funcionado. Esta aportación de otros sectores económicos al sector del cine lo va a enriquecer y no solo desde el punto de vista económico, sino en general. Sabemos la dificultad de que Hacienda acepte tratamientos especiales para nadie, con lo cual esto puede funcionar.
Quizá es una esperanza y dentro de tres años nos encontramos en la misma situación, pero esperamos que no.


Aspectos negativos, que sin duda los tiene, a pesar de que insisto en el amplio acuerdo. Hemos dicho una y otra vez que esta es una ley arcaica.
En plena transformación tecnológica, en pleno vendaval tecnológico, esta ley, que puede tener treinta años tranquilamente, quitándole dos adjetivos, digital, digital, por ejemplo, que aparecen en ella, no es una ley que tenga que ver nada con lo que hoy está sucediendo en general en el mundo de las nuevas tecnologías. Creemos que es una buena ley y no tenemos nada que objetar contra los cuarenta artículos y las disposiciones adicionales tal y como han quedado. Excepto un artículo; luego realmente estamos de acuerdo con 39, no con los cuarenta. Pero, insisto, nos parece que es una ley arcaica y por ello creo que

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pronto tendremos que revisar algunas de las bases. En cualquier caso, mientras funcione lo que hay, bien.


Hay un aspecto que no puedo dejar de señalar como negativo y que, sin embargo, diversos portavoces han señalado como positivo. El artículo 36, que incluye este fondo para el cine que va a hacerse en las comunidades autónomas con lengua propia. Aunque este no es el momento de cargar las tintas, ya estamos al final de la tramitación, sí me van a permitir que diga que a este artículo yo le he llamado muchas veces -dicho con todas las comillas que quieran y con mis excusas- la mordida, porque ha sido la mordida para retirar unas enmiendas a la totalidad; no ha sido un reconocimiento competencial, ha sido pura y simplemente -insisto, con todas las comillas que una vez más quiero acentuar- una mordida. Este no es un problema económico, es un problema que afecta profundamente a la cuestión que tenemos encima de la mesa. Hasta aquí el balance en general de la ley.


En cuanto a las enmiendas del Senado, hay seis enmiendas con las que, desde nuestro punto de vista, el texto se enriquece claramente. Queremos señalar de forma especial lo que se refiere a la industria de la animación, que, como saben, ha sido una preocupación muy especial nuestra. También se ha mejorado en lo referente a los exhibidores con esas dos disposiciones adicionales undécima y duodécima. Tenemos una reserva con respecto al artículo 5 -aquí se ha debatido y todos los grupos lo han mencionado-, pero ya están expuestas las razones. Por lo demás, la tramitación del Senado ha sido positiva. No tengo nada más que señalar, solo nos queda esperar que este cine nuestro, que es de una gran calidad, de un gran prestigio y de un gran prestigio internacional, pero que reposa en una industria muy frágil, se vea ayudado con la ley que hoy sale de aquí, que, aunque yo creo que es corta, por lo menos ayudará a la parte industrial que soporta todas nuestras manifestaciones del cine.


Puesto que me sobran dos minutos con 46 segundos, quiero despedirme del presidente y decirle que realmente hemos apreciado su trabajo. Con los diferentes grupos parlamentarios, aunque hemos discrepado, y frontalmente, hemos mantenido una relación personal y profesional a mí me parece que muy buena. Repito lo mismo a los dos ministros. Solo me queda desear a todos muy feliz Navidad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones. Ya verá como a todos nos viene de maravilla la Navidad.


Grupo Parlamentario Socialista, señor Louro.


El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Cultura, hoy culminamos el proceso de tramitación de la Ley del Cine, sin duda una ley necesaria, una ley oportuna y una ley querida. Debo recordar que en esta legislatura, en materia de cultura, hemos tramitado y aprobado en este Congreso de los Diputados y en las Cortes Generales la Ley de restitución de la documentación a Cataluña y la Ley de Propiedad Intelectual, en la cual tuvimos amplios acuerdos con el Grupo Popular, también en materia de canon. Lamentamos que a última hora de la legislatura se hayan descolgado de ese acuerdo; no es por razones culturales ni por razones industriales, es por otro tipo de razones que ellos deberían explicar con claridad.
Hemos aprobado también, señorías, la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas y la Ley de reutilización de la información pública. Y, por último, señorías, estamos en el último trámite para aprobar la Ley del Cine. Cinco leyes sin duda importantes, cinco leyes centrales para regular nuestro espacio cultural. A todas luces, al Grupo Parlamentario Socialista nos parece un balance altamente positivo en materia legislativa y nos felicitamos y felicitamos a los distintos grupos por el hecho de que este balance positivo pueda ser compartido por la mayoría o por la totalidad de los grupos, dado el amplio entendimiento y el acuerdo existente entre los distintos grupos.


Por lo que se refiere a la Ley del Cine, el Gobierno cumplió sus compromisos. Redactó el proyecto de ley y lo envió a las Cortes y las Cortes Generales han hecho su trabajo. Han estudiado ese proyecto, lo han debatido, lo han dialogado y han alcanzado importantes acuerdos. Los diputados que me han precedido en el uso de la palabra los han relatado en cierta medida. Es cierto también que la tramitación parlamentaria ha enriquecido y fortalecido el proyecto enviado por el Gobierno. Mi grupo tiene el sentimiento y tiene la satisfacción de que estamos ante una buena ley, ante una ley útil para las lenguas y culturas españolas, para la industria y para la actividad del sector. Nosotros confiamos en que esta ley dé un impulso serio y potente al sector cinematográfico y audiovisual.


Con la aprobación de esta ley, señorías, damos satisfacción a una demanda social y damos respuesta a las necesidades y ambiciones del sector audiovisual y cinematográfico. Con esta ley actualizamos el ordenamiento jurídico de un sector estratégico con doble vertiente, con una vertiente económica y con una vertiente cultural. Con esta ley, señorías, damos estabilidad al Fondo de Protección Cinematográfica, con esta ley daremos y vamos a dar especial atención a los productores y a la producción independiente. Con esta ley transformaremos el actual Instituto de Ciencias y Artes Audiovisuales en una agencia estatal, lo cual nos permitirá realizar una gestión más ágil desde el Gobierno y desde el Ministerio de Cultura, al tiempo que será una gestión mucho más participada. También se regula la cuota de pantalla, se refuerza la libre competencia en el sector, se introducen incentivos fiscales, se introducen nuevas líneas de ayuda y se refuerzan las existentes. Y, cómo no, esta ley contempla de una manera especial la atención a la diversidad. Esta ley también conlleva un compromiso con los creadores y con los productores culturales, un compromiso con el fomento del talento, un compromiso con las televisiones

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y un compromiso de las televisiones con la producción cinematográfica y audiovisual. Y lamento discrepar de la portavoz del Grupo Popular, esta ley contempla la integración de las nuevas tecnologías de la comunicación y la cultura en los procesos de producción, distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual.


Señorías, esta ley fortalece el tejido industrial y crea un marco de trabajo común con las comunidades autónomas. Yo creo que ha sido una aportación muy importante de este Congreso de los Diputados que hayamos incorporado alguna enmienda que el Grupo Popular no apoya y en contra de la cual va a votar. Es una ley que regula y establece el equilibrio entre los distintos sectores y agentes del sector. Debo añadir que es una ley que apuesta por la proyección exterior de nuestra cultura, de nuestros productos y de nuestros bienes culturales. Aspiramos y queremos ser conocidos y reconocidos en el mundo por todo aquello que somos capaces de hacer y por todo aquello que estamos dispuestos a hacer. Esta ley nació con un amplio apoyo social y con un amplio apoyo de los distintos sectores culturales e industriales, que hoy están aquí también, en este Congreso de los Diputados, en las tribunas; quiero saludarles en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Mi grupo, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, agradece el apoyo social, agradece el apoyo de los sectores y espera el apoyo de los distintos grupos parlamentarios.


En relación con las enmiendas del Senado, mi grupo valora muy positivamente las distintas enmiendas que se nos trasladan al debate de hoy. Entendemos que esas enmiendas enriquecen el proyecto de ley y les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyarlas, va a votarlas favorablemente, excepto la enmienda número 90, de Convergència i Unió. Es una enmienda que, a mi juicio y con todo respeto, rompe la coherencia de Convergència i Unió, porque nosotros entendemos que esta ley pretende apoyar a autores y creadores europeos y también, derivado de la legislación europea, a los autores y creadores de la Unión Europea.
Para nosotros, señor portavoz de Convergència i Unió, la figura del director es una figura central, que identifica la obra, que identifica el producto. Nuestra política cultural debe estar siempre atenta a los principios de la diversidad cultural y a los principios de la excepcionalidad cultural. En todo caso, si una productora -hay que decirlo- quiere contar con un director extracomunitario, puede hacerlo sin mayor problema, porque la ley contempla fórmulas de coproducción.
Recientemente hemos tenido algún ejemplo que lo ilustra perfectamente.
Recuerden ustedes la película El laberinto del fauno, en la que hubo recursos españoles y recursos mexicanos y un director que pudo hacer su trabajo. Esta ley no varía el statu quo en esta materia y por eso nosotros vamos a rechazar la enmienda número 90, de Convergència i Unió, enmienda que entendemos que no aporta nada, que confunde y que resulta contradictoria con la trayectoria del Grupo de Convergència i Unió.


Esta ley, señorías, supone más recursos para el sector cinematográfico y audiovisual, una apuesta firme por los creadores y por los productores, una apuesta por el fomento del talento y una apuesta también por una mejor gestión y una gestión más flexible. En definitiva, esta es una ley que apuesta por encima de todo por los ciudadanos, que es la razón que nos mantiene y es la razón por la que estamos aquí. Señorías, les pido el apoyo para esta ley, para la nueva Ley del Cine, que es una ley querida, deseada, oportuna y útil.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. (Número de expediente 121/000143.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Louro.


Punto siguiente del orden del día, proyecto de Ley de Adopción Internacional. Comenzamos el turno de fijación de posiciones. Grupo Mixto, doña Olaia, adelante.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervenimos para posicionarnos en relación con las enmiendas que vienen del Senado. Aunque son tres o cuatro, todas están relacionadas con la misma cuestión, que es la modificación del artículo 154 del Código Civil.
Si bien somos perfectamente conscientes de que los autores de la enmienda aprobada en el Senado no pretenden en absoluto no respetar el derecho de los menores, y muchísimo menos hacer una alegoría o una defensa del maltrato a los mismos, sí entendemos que la cuestión queda en mejores condiciones en el proyecto de ley tal como salió de este Congreso.
Nosotros consideramos que donde se dice que los padres o los tutores tienen que velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarles, educarles y procurarles una formación integral, puede incluso entenderse la posibilidad de unas zurras. Pero si nos vamos a la enmienda que viene del Senado, alguien puede pensar que se va más allá cuando se habla de corregir a los menores razonable y moderadamente. Vuelvo a decir que somos conscientes de que no era esa la intención de la persona o del grupo enmendante, pero para garantizar el derecho de los menores, para luchar contra el maltrato a los menores y erradicar algo que aún en nuestra sociedad no está del todo erradicado, como es el maltrato a los niños, es mucho mejor el texto tal y como salió del Congreso.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Izquierda Unida, señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario tampoco va a votar favorablemente esta enmienda que pretende volver a

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añadir la potestad de padres y tutores de corregir razonable y moderadamente a los menores, la conocida como enmienda del cachete.
Consideramos que el texto del proyecto de ley que elimina esa potestad es un claro avance, es decir, el texto que partió del Congreso es un avance en cuanto al respeto a la integridad física y psicológica de los menores para evitar su castigo físico, algo que Naciones Unidas había solicitado en numerosas ocasiones y que reivindican diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los niños y niñas, organizaciones que llevan años demandando que se prohíba expresamente en el ámbito familiar cualquier posibilidad de castigo físico a los hijos e hijas. También lo hacen distintas instituciones públicas, como el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid -por cierto, del Partido Popular-, que llegó a decir: No se trata de meter en la cárcel a un padre o a una madre que dé una bofetada, sino de hacer pedagogía social, que entiendan que eso no es lo correcto. Pues parece que para algunos sí que lo es, para algunos sí que es lo correcto darles un cachete a los niños para que aprendan. Desde luego, para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya les aseguro que no lo es.


La preocupación por la ambigüedad legislativa que teníamos en nuestro Código Civil fue manifestada por la comisión para el seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en un texto publicado hace casi once años; el comité recomendó que se prohibiera ese tipo de castigos físicos en la familia. La ONU y el Consejo Europeo volvieron a pedir a España muy recientemente esta prohibición. Esta enmienda que viene del Senado, además de tener un tufo conservador evidente, tiene efectos prácticos muy claros: la enmienda deja abierta la puerta al castigo físico, sencillamente contraviniendo lo establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. Señorías, Educa, no Pegues, era el eslogan de la campaña puesta en marcha hace unos años por organizaciones como Unicef y Save the children, y también precisamente por las principales confederaciones españolas de padres de alumnos, Ceapa y Concapa. El castigo físico -insisten los expertos- provoca en el niño miedo, lo que le hace muchas veces olvidar el verdadero motivo del castigo. Por lo tanto, esa recriminación con castigo físico nunca le va a hacer aprender.
La necesidad de que los padres fomenten en el niño la seguridad, el respeto, la confianza y la protección, es muy difícil de compatibilizar con los cachetes. Se recomienda poner límites claros al niño y hacerle entender que ha hecho algo malo con medidas adaptadas a su edad, aunque nadie dice que esto sea fácil. Las encuestas demuestran que en muchas ocasiones la desorientación que manifiestan los padres sobre cómo actuar a la hora de reprender a un niño para que tenga efecto esa reprobación es harto difícil, pero en ningún caso la solución está, como digo, en el cachete. No es fácil, pero hay que apostar por eso, por fomentar seguridad, respeto, confianza y protección.


Por otra parte, nosotros valoramos muy positivamente la globalidad del texto que se va a aprobar y cuya tramitación finaliza, la Ley de Adopción Internacional; de hecho, la práctica totalidad de enmiendas que formuló Izquierda Unida-Iniciativa fueron aceptadas, casi el 90 por ciento. Se ha mejorado sustancialmente el proceso de adopción internacional, la responsabilidad de las entidades públicas de ofrecer apoyo técnico a adoptados y adoptantes, se avanza sustancialmente en transparencia, en garantías, agilización, en la tramitación de los procesos de adopción, se incluye la colaboración obligatoria del servicio exterior, se establecen estándares y salvaguardas del Convenio de La Haya, se soluciona un problema fundamental -que era el de la kafala y que no estaba en la ley, pero que está ahora gracias a una enmienda de Izquierda Unida-, cuyo desarrollo e interpretación quedaban excluidos del proyecto, con los consiguientes perjuicios que esto acarreaba. De hecho, recibimos innumerables correos electrónicos pidiendo aclaración en este sentido y ya está aclarado a través de la enmienda de Izquierda Unida. También se establece un mayor control para las entidades colaboradoras de adopción internacional; nos hubiera gustado su eliminación y que esta función fuera asumida con carácter cien por cien público, pero no ha sido así.
Eso sí, se dan pasos, como digo, hacia un mayor control de estas entidades. Por tanto, sin la aprobación de la enmienda, conocida como enmienda del cachete, podemos tener una muy buena Ley de Adopción Internacional.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Grupo Vasco, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, desde luego he pasado en esta Cámara tres legislaturas y puedo decir que no han sido ni monótonas ni uniformes las cuestiones a las que me ha tocado referirme en uno u otro momento. Que hoy tenga que hablar, y a propósito de una norma tan importante y tan anclada en valores como es el proyecto de Ley de Adopción Internacional, de algo que la señora Navarro ha vulgarizado con el nombre de enmienda del cachete, pone de manifiesto la realidad a la que me refiero. Intentaré explicar por qué mi grupo está de acuerdo con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y con la Fiscalía General de Estado, a la que creo que no tachará usted de conservadora. Ha citado algún alto cargo popular, pero la Fiscalía General del Estado, con buen criterio, sugiere el mantenimiento de la fórmula que mi grupo también propone y que sé que hoy está abocada al fracaso, pero que, no obstante, yo no renuncio a defender, pese a poder parecer más simpática sosteniendo lo contrario, desde esta tribuna.


Estamos hablando de un proyecto de ley que se ancla en una serie de valores que creo importante sostener. Es una medida de protección de los menores que no pueden encontrar una familia en sus países de origen y quiere

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establecer las garantías necesarias, protegiendo el interés superior del niño y el respeto a sus derechos. Se trata de evitar y de prevenir la sustracción, la venta, el tráfico de niños, asegurando al mismo tiempo la no discriminación del menor por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social. Además, la exposición de motivos dice que la ley quiere respetar y quiere situarse en el momento concreto de mantener los principios inspiradores de las normas de derecho internacional que España tiene firmadas. Lo digo porque esto tendrá consecuencias para la argumentación que sostendré con posterioridad.


Mi grupo tuvo, en el momento de presentarse la norma, algún criterio particularmente crítico -como es tan habitual, por cierto, gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista-, en cuanto a la salvaguarda de las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas en determinadas materias. En esta se consideró que se estaba hablando del 149.1.1.ª de manera inicial, hablando de la igualdad de todos los españoles, cuando, evidentemente, lo que al Estado le incumbe es articular títulos de índole civil y qué menos, señorías, que respetar lo que la propia Constitución dice. Los derechos forales o especiales no van a ser salvados por lo que esta norma diga, sino por lo que el propio texto constitucional consagra. Sin embargo, no se ha conseguido en los distintos trámites parlamentarios que se tenga a bien reconocer que en esta materia, además, tiene incidencia la asistencia social, la protección de los menores e incluso la propia autoorganización de los servicios de las comunidades autónomas, que se pretende de una manera, a nuestro modo de ver, absurda gestionar de manera unitaria en todas las comunidades. Cada una seguirá haciendo lo que venía haciendo, algunas con notable éxito, como en el caso de la Comunidad Autónoma vasca.


He aquí que llegamos a lo que ha resultado ser más pintoresco. Frente a los valores y principios que la ley intenta proteger, resulta que en este trámite de enmiendas del Senado, junto a algunas correcciones de carácter técnico, que, por supuesto, vamos a votar a favor, nos encontramos con la sorpresa de que el elemento de discusión es si resulta que los padres pueden corregir a sus hijos de manera razonable y moderadamente. No hablamos de cachetes, señora Navarro, hablamos de corrección razonable y moderada. Porque se pretende entender que esta dicción del Código Civil puede entrar en contradicción con la Convención de los Derechos del Niño.
El Código Civil es de 1888. Yo no sé qué se podía entender en aquella época por corregir a los menores de manera razonable y moderada, pero desde luego la Fiscalía General del Estado entiende que los padres tienen hoy, en 2007, obligación de educar y socializar a sus hijos y para cumplir esa obligación deben corregirles. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la interpretación que da la Fiscalía General del Estado.
Además, señorías, ¿cómo han de interpretarse los preceptos conforme a la dogmática propia de la materia civil? He acudido a las fuentes más auténticas. El profesor Díez-Picazo, cuando interpreta los criterios de interpretación del artículo 3 del Código Civil, dice que las normas han de interpretarse conforme al sentido propio de las palabras. Veamos cuál es el sentido de las palabras corregir razonable y moderadamente. Dice el diccionario de la Real Academia Española que corregir es quitar las inexactitudes, los errores o imperfecciones, decirle a alguien que ha obrado mal o ha hecho una cosa cierta; no pegarle, decirle a alguien que ha obrado mal o ha hecho mal cierta cosa, por ejemplo -dice el diccionario- a los niños para educar o enseñar. A esto es a lo que se refiere el tenor del texto que mi grupo pretende mantener. La corrección razonable, además, tiene que ser prudente o sensata según el propio diccionario de la Real Academia Española, porque es razonable quien obra según la razón o el buen sentido. Esta es la interpretación del tenor literal de las palabras. Moderado quiere decir no exagerado. Moderar quiere decir evitar, quitar o disminuir la violencia o exageración de cualquier cosa. Exageración de cualquier cosa hay en la interpretación que por Izquierda Unida -y por otras formaciones políticas, también- se ha dado a la permanencia de estos preceptos dentro del Código Civil.


Un segundo criterio de interpretación es el contexto al que se refiere también el artículo 3.1 del propio Código Civil, cuando habla de la interpretación de las normas. El contexto en el que hoy queremos mantener estas palabras es el contexto de una ley hecha en garantía y salvaguarda de los derechos y valores a los que me he referido en el comienzo de mi intervención. Cualquier operador jurídico tendrá siempre que entender que, al mantener en una ley de 2007 la corrección razonable y moderada, lo hacemos en el contexto de una ley cuyo fin es proteger el interés superior del menor. Hay además otro criterio de interpretación, que ha estado muy de moda por otros motivos en tiempos recientes, que es el de la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas las normas.
Estamos, lo he dicho antes, en el año 2007 y estamos en España. El profesor Díez-Picazo, en su Sistema de Derecho Civil cita al profesor Ruiz Badillo -fiscal y magistrado del Tribunal Constitucional y que fue profesor de esta ponente-, cuando habla de que este criterio de interpretación -la ponderación de la realidad social correspondiente al tiempo de aplicación- es un criterio que por él es posible, en alguna medida, acomodar los preceptos jurídicos a circunstancias nacidas con posterioridad a la formación de aquellos preceptos. Insisto, señorías, en que 2007 no es 1888. Y esta interpretación de reajuste o de acomodación, decía Ruiz Badillo, no es solo legítima sino que está legislativamente ordenada.


Concluyo citando al profesor Elías Díaz cuando dice que un análisis del sustrato sociológico del sistema jurídico y de cada norma en particular, que exige estudiar cuáles son los factores económicos, sociales, políticos, etcétera, determinantes de las normas, el análisis de la

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influencia que ejercen sobre la realidad social, la constatación de los valores jurídicos afectados en una sociedad y el análisis del sustrato de estos valores, nos lleva a entender al grupo al que pertenezco -creo que a otras formaciones políticas también- que no solo se puede, sino que se debe corregir razonable y moderadamente a los hijos por el bien de su educación. Señorías, vamos a votar favorablemente a las enmiendas que vienen del Senado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Esquerra Republicana, señora Oliva.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.


El Senado es una Cámara que a menudo, por desgracia, se utiliza como puerta trasera para colar reformas legislativas que a priori nada tienen que ver con la ley que se tramita. En el caso de la Ley de Adopción Internacional ha pasado algo similar, aunque, a mi entender, peor, porque si se utiliza el Senado para modificar leyes indirectamente pero para mejorarlas, nada hay que decir al respecto, pero cuando es para empeorarlas, entonces resulta que es el colmo. Esto es lo que ha pasado con la ley que hoy debatimos, una ley que se había trabajado en ponencia y en Comisión en el Congreso, una ley, por tanto, que, aunque con matices por parte de todos los grupos parlamentarios, gozaba de un respaldo y un consenso amplio. Por consiguiente, no es de recibo utilizar el Senado para intentar sacar una de las modificaciones que se habían incorporado, concretamente una modificación sustancial, a nuestro parecer, ya que se pretendía acabar con un mal endémico del Código Civil español, según el cual se permite corregir razonablemente las conductas de los menores usando la violencia, especialmente en este caso la violencia física.
Esquerra no logra entender cómo, cuando se ha demostrado ineficaz y contraproducente esta medida y cuando las Naciones Unidas piden a los Estados que prohíban en sus legislaciones el famoso cachete o zurra en el culo a los menores, haya determinados grupos parlamentarios que quieran impedir que este cambio legislativo prospere. Las últimas encuestas demuestran que este tipo de actos, mal llamados educativos, están bien vistos por gran parte de la sociedad española. No me atrevo a pensar que este sea el motivo por el cual el Partido Popular, PNV y Convergència consideran que debemos modificar la ley que permite este comportamiento.
¿O es que nadie se acuerda ya de cuando décadas atrás estaba bien visto pegar un bofetón a la mujer como reprimenda matrimonial? Y ahora, el tema de la violencia contra la mujer es uno de los que más sensibilizada tiene a la opinión pública del Estado español. Así pues, Esquerra cree que esta ley en su trámite por el Senado ha dejado pasar una oportunidad de poder actuar según uno de los objetivos más importantes que tienen los poderes legislativos, el impulso de leyes que conduzcan a la sociedad hacia mayores estadios de democracia y libertad. A menudo nos lamentamos de que la política va a remolque de la sociedad. Demostremos en este caso que somos capaces entre todos de impulsar leyes que lideren los cambios necesarios en nuestra sociedad; borrar de la conciencia colectiva que el cachete de vez en cuando para los menores es bueno, debe ser hoy nuestro principal objetivo. Por otro lado, en el trámite del Senado se han incorporado otras dos modificaciones de carácter técnico a las cuales no nos vamos a oponer.


Por lo que afecta ya al contenido mismo de la Ley de Adopción Internacional, desde Esquerra, tal como ya dijimos en Comisión, consideramos esta ley importante, aunque desde nuestro punto de vista un tanto sobrera, entendiendo que se trata de una ley que recoge tanto las normativas internacionales en esta materia, como un compendio de reglamentación que ya están desarrollando algunas comunidades autónomas.
Aún así, cabe reconocer que se amplían determinados aspectos y se busca una cierta armonización de todos los procesos que se desarrollen dentro del Estado español. Por tanto, se trata de una ley positiva y que ha superado en su trámite en ponencia el principal inconveniente que desde Esquerra encontramos en un principio, la flagrante invasión competencial que suponía, motivo por el cual presentamos una enmienda a la totalidad que retiramos con posterioridad. Por lo tanto, nuestro voto ha sido positivo a la Ley de Adopción Internacional. Una ley que, en primer lugar, respeta el ámbito competencial de la Generlitat de Catalunya y sus órganos correspondientes en esta materia, como el Institut Català de l' Acolliment i l'Adopció, tal y como marca la legislación internacional; y, en segundo lugar, mejora determinados aspectos de la legislación actual en esta materia, como son, entre otros: Primero, se especifica que la función de la intermediación en la adopción solo la podrán efectuar las entidades acreditadas para ello y, evidentemente, que en los procesos de adopción no podrán producirse beneficios económicos y evitar así que cualquier actuación esté vinculada al tráfico o a la corrupción de menores. Segundo, hay la garantía de que los organismos dedicados a la adopción internacional, entre ellos las ECAI, sigan unos mecanismos de acreditación y tramitación de las adopciones internacionales, siguiendo también estos principios como agentes mediadores en los procesos de adopción. Finalmente, gracias a una enmienda de nuestro grupo parlamentario, en la ley queda explícita la obligación que tienen las entidades colaboradoras de adopción internacional de informar a las entidades públicas competentes de todos los datos de los que dispongan sobre los orígenes de los menores, para garantizar la intimidad de estos datos y, sobre todo, para garantizar el derecho efectivo de los menores a conocer sus orígenes biológicos. Para Esquerra lo más positivo de esta ley es que continuamente se antepone, ante cualquier consideración, el interés del menor. Precisamente, es por este motivo por el que vuelvo a referirme a lo mencionado al principio de mi intervención. Por el interés del menor vamos a votar negativamente a la modificación que

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proviene del Senado, por estar absolutamente en contra del famoso cachete como medida educativa para los menores. Hagan un favor al progreso de esta sociedad y voten en contra también de ello. Las generaciones futuras nos lo agradecerán.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.


Señor Jané, por favor.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, con brevedad, pues son ya más de las tres de la tarde y es el último Pleno de esta legislatura.


Llega hoy al Congreso el último trámite de la Ley de Adopción Internacional; una ley que ha sido negociada en esta Cámara, en el Congreso, en aspectos competenciales. Mi grupo hace una valoración distinta de esta ley si la comparamos con el proyecto inicial. Hemos conseguido mejorar aspectos competenciales, aunque Convergència i Unió sigue pensando que había una cláusula de salvaguardia competencial mejor que la que finalmente se ha incorporado, pero, repito, sabemos valorar que el texto que sale de estas Cortes Generales es mejor que el que había entrado; como lo es también en aspectos que no quedaban bien solucionados con el tema de la kafala y que finalmente también, a través de esas enmiendas de Convergència i Unió, hemos sabido reconducir, hemos sabido acordar. Gracias, por tanto, a todos los ponentes que lo han hecho posible.


Ahora nos llega el trámite del Senado, y en el trámite del Senado se da marcha atrás a una modificación del Código Civil; una modificación que de manera clara afecta al artículo 154 del Código Civil y también a su artículo 268. Desde Convergència i Unió entendemos que este proyecto de ley no era el mejor cauce para modificar el Código Civil en la forma y en los términos que el Gobierno planteó en el proyecto de ley inicial. Esos dos artículos, 154 y 268, hubieran merecido un cauce distinto de negociación, de trámite y de votación, que no esas disposiciones adicionales a un proyecto de Ley de Adopción Internacional, especialmente teniendo en cuenta la valoración final que se da a esa modificación del Código Civil. En la actualidad -y digámoslo con toda claridad, porque si no estamos dando una versión del proyecto que hoy aprobaremos distinta a la real-, el actual artículo 154 del Código Civil, en su último párrafo, dice que los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad y que podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Esto está ya en el Código Civil actual. Ahora se pretende sacar este último inciso, que solo quede esa posibilidad de recabar el auxilio a la autoridad pero que no se pueda de forma razonable y moderada corregir a los hijos.


Nuestro grupo va a votar a favor de estas enmiendas del Senado porque entendemos -y lo decimos con total sinceridad- que estipular en el Código Civil -en los términos en los que está vigente y, como decía muy bien la señora Uría, en el marco en el que debemos interpretar las normas, que es la realidad social del momento, esa interpretación de las normas según el contexto social en el que se aplican hoy, año 2007- corregir razonable y moderadamente a los hijos, en ningún caso debe amparar un maltrato a un hijo. En ningún caso debe amparar ni puede amparar lo que debe ser el necesario respeto tanto a la integridad física como psicológica de ese niño o niña. En ningún caso debe amparar un maltrato o que no se respete esa integridad física y psicológica del menor. Vamos a proteger al menor.
Esto es lo que quiere Convergència i Unió y creo que es lo que quieren todos los grupos de esta Cámara. Nosotros no entendemos, sinceramente, que porque el Código Civil siga afirmando que los padres pueden corregir razonable y moderadamente a los hijos, esto se lleve a esos términos de interpretación para intentar de alguna manera influir en lo que es una función que, los que somos padres lo sabemos, no siempre es fácil, no siempre es fácil ejercer la patria potestad y educar. Todos intentamos hacerlo de la mejor manera posible y nadie tiene el manual del padre perfecto, de la madre perfecta, del progenitor perfecto y del que ejerce la tutela de manera ideal. Por muchos manuales y por muchas regulaciones del Código Civil, me temo que esté o no esté este inciso, la realidad práctica sería la misma. Quiero manifestarme, de manera abierta y sincera, a favor del no a los malos tratos, en ningún caso, a las hijas y a los hijos y a favor de respetar su integridad física y psicológica, pero permitir a los padres que, en el ejercicio de esa patria potestad y del bien superior de la educación de sus menores, puedan corregirlos razonable y moderadamente. Esa interpretación en el año 2007 tiene que ser en el sentido de respetarles siempre y buscar siempre lo mejor para ellos y saberles encauzar en esa tarea difícil de la vida que es educar.
Los padres también tenemos esa responsabilidad que debemos asumir.
Pediría a todos que no sacáramos de contexto algún debate que se está haciendo sobre este inciso del Código Civil.


Señorías, es el último Pleno de esta legislatura, el último punto de este Pleno y, por tanto, en pleno contexto navideño deseo a todos lo mejor, también al presidente de la Cámara, que nos dirige los debates, que no siempre se le han puesto fáciles las cosas. Por tanto, es justo reconocerlo en este Pleno. Les deseo a todos -a los que repitan, a los que no, a los que continúen en el Congreso y a los que quizá continúen en el Senado- lo mejor en estas fechas y en su futuro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané. Gracias también por su amabilidad. Usted siempre es amable.


Tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.


La Ley de Adopción Internacional que regresa a esta Cámara para la votación de las enmiendas aprobadas en el Senado no es la mejor ley que debería de haberse

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redactado. Es más, es un texto que no resuelve los problemas fundamentales que surgen en las adopciones y, por ello, nos obligaron a abstenernos en una norma que nos hubiera gustado mejorar. Se ha elaborado con prisas, sin sosiego y sin el rigor que precisa una ley que están esperando 20.000 familias al final de la legislatura y con el único objetivo de conseguir un efecto mediático. Así empezaron la legislatura, con la Ley de violencia de género, y así la han acabado. No es la ley que los ciudadanos estaban esperando, no es la ley que la Comisión del Senado en sus conclusiones y recomendaciones reclamaba -recomendaciones, es importante decirlo, que votaron todos los grupos parlamentarios- y, lo más significativo, no es la ley -creo que esto lo deberían escuchar-, no es la ley que a los votantes del Partido Socialista se les prometió.
Ustedes han hecho de la Ley de Adopción Internacional una muestra más de su frivolidad porque, en primer lugar, ustedes despreciaron el trabajo que en el Senado se hizo en la Comisión creada al efecto, donde trabajó mucha gente, se recibieron muchos testimonios e informes de expertos y los principales temas que se recomendaba que la ley recogiera no se han visto materializados en el texto. Tenían ustedes el trabajo hecho y solo tenían que legislar. Me refiero a cuestiones como la necesidad de homogeneizar los criterios para la expedición de los informes de idoneidad, aclarar los procedimientos y definir la autoridad competente en cada caso. No es posible, señorías, que las familias españolas se vean sometidas al arbitrio de normas diferentes en función del lugar donde residen para alcanzar la idoneidad como requisito previo a la adopción de un niño. La necesidad de definir las funciones de las entidades públicas de protección y las entidades públicas de colaboración, la acreditación de estas entidades debería haberse precisado más. Con este texto se puede exigir poca responsabilidad a unas entidades a las que se otorga un gran poder de mediación sin saber cómo se van a controlar en las diferentes comunidades autónomas. No se contempla la aprobación de las tarifas uniformes en toda España. No se ha previsto la aprobación de un modelo único de contrato entre el adoptante y la entidad de colaboración como garantía para evitar desigualdades según el lugar de residencia. Pero el déficit más importante en el ámbito de las adopciones internacionales es la ausencia de un órgano de coordinación intercomunitaria que asuma una representación en el exterior. Los consulados que existen en los países donde se realizan las adopciones internacionales muchas veces no poseen los medios suficientes para resolver toda la casuística que puede surgir en este tipo de procedimientos. Un órgano que, por otra parte, sin invadir competencias de las comunidades autónomas, sería necesario para coordinarlas y unificar criterios. En definitiva, señorías, exceptuando la creación del consejo consultivo que ya existe desde 2005, ninguna de las necesidades recogidas en las recomendaciones de la Comisión del Senado se ha satisfecho por este proyecto de ley. Es muy sorprendente que de aquellas enmiendas que nuestro partido presentó aquí en el Congreso y que eran casi una copia de las conclusiones del Senado -tal y como además lo reconoció entonces el portavoz socialista- no se aprobara absolutamente ninguna. Pero lo verdaderamente inadmisible es que no lo hicieran siendo copia del programa electoral socialista. El programa de su partido se comprometía literalmente a promover una ley de tramitación de adopciones... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías. A la señora Méndez ya no se la escucha del murmullo tan fuerte que hay. Siga, por favor.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente. Además es un tema que seguramente no les guste escuchar, porque es que el programa del Partido Socialista se comprometía literalmente a promover una ley de tramitación de adopciones que garantice una mayor seguridad y transparencia en las adopciones internacionales de menores, atendiendo a las recomendaciones de la ponencia del Senado para el estudio de la situación de la adopción en España. Pero es que también decía su programa, literalmente: Crearemos una agencia de adopción internacional que, integrada por los Ministerios de Exteriores, Justicia y Asuntos Sociales, con la participación de las comunidades y ciudades autónomas, tenga por objeto desarrollar una política activa y de gestión, especialmente en los países de origen, dirigida a garantizar los derechos del menor y de los adoptantes en el proceso de adopción internacional.
Hoy le vuelvo a preguntar, como lo hice en Comisión y no me contestó, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Cuál es la razón para no haber cumplido su programa? Tiene que contestarme a esto. ¿Cuál es la razón? En realidad, ya no me extraña; en realidad ya no extraña a nadie.
Con tal de eludir cualquier consenso con el principal partido de la oposición, ustedes han buscado siempre el apoyo de la minoría, incluso aunque tuviesen que legislar contra su propio programa. Han preferido siempre el interés partidista antes que el interés de la gran mayoría de los españoles y hoy, cuatro años después, se les puede acusar de muchas cosas, fundamentalmente al presidente del Gobierno, de muchas cosas, pero en realidad nadie puede decirle que ha traicionado sus convicciones personales, porque para traicionar las convicciones propias antes hay que tenerlas. Sé que ya se lo dije en Comisión, pero no me resisto a repetirlo: Ustedes deberían haber consensuado con el Partido Popular el texto de su ley y, sin embargo, nuevamente claudicaron ante unos intereses de partidos nacionalistas que hacen que este texto no vaya a perdurar en el tiempo, porque adolece de defectos que necesariamente en un futuro habrá que subsanar, ya que han olvidado que el objetivo fundamental de esta ley era la unificación de criterios, la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas y la homogeneización del procedimiento. Paso a argumentar nuestra postura respecto a las enmiendas aprobadas por el Senado.


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Yendo al fondo de las enmiendas, ha dado mucho que hablar la modificación en concreto de los artículos 154 y 268 del Código Civil para hacer desaparecer el párrafo que reza así: Los padres podrán en el ejercicio de su potestad corregir razonable y moderadamente a los hijos. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre esta frase inmersa en nuestro Código Civil que al parecer ampara el poder infligir malos tratos físicos a los hijos.
Se ha hablado de bofetón, de azote en el culo -con perdón- y de que Naciones Unidas y las organizaciones en defensa de la infancia consideran que ese artículo ampara la bofetada en el ámbito familiar y habían pedido su eliminación. Pues bien, yo no voy a entrar en si está bien o no darle una bofetada a un hijo, que aquí habría mucho que hablar. Pero éste no es el caso, y que me perdonen todos los sabios que han interpretado este artículo que yo difiera de su interpretación, porque a mí la única que me cabe es la que establece la Real Academia Española de la Lengua, que expresamente determina que corregir significa -como ha dicho la señora Uría- enmendar lo errado, advertir, amonestar, reprender. Y viendo que en estas acepciones no se encuentra lo de dar un bofetón, me voy nuevamente al significado de éstas y descubro que ni en enmendar ni en amonestar ni en advertir aparece lo del bofetón o lo del cachete, pero ni eso ni nada que se le parezca ni por supuesto un pequeño atisbo de poder inferir malos tratos. Tan solo me quedaba descubrir el significado de la palabra reprender; suponía que allí vendría. Pero qué decepción, porque la RAE considera que reprender es corregir, amonestar a alguien vituperando o desaprobando lo que ha dicho o hecho, y me mandan otra vez al principio.


Señorías, esto no es serio. Es la sinrazón por la sinrazón. Los mismos grupos que proponían hace dos días el aborto libre, ahora están defendiendo que ni tan siquiera se puede corregir a los hijos porque puede ser motivo de malos tratos. No sé cuál ha sido el motivo de escenificar que van a hacer desaparecer del Código Civil una referencia que puede dar lugar a que se estén legitimando los malos tratos sobre los hijos. Señorías, este tema es muy serio para que ustedes lo traten con la frivolidad que he dicho antes, y si lo que ustedes quieren es hacer que desaparezca que los padres no pueden en ningún caso corregir a sus hijos, tengo que decirles que están muy equivocados, que una de las formas, por no decir la única, de educar es corrigiendo. Quieren dejar a los padres sin potestad para corregir, a los tutores para educar y a los profesores para formar a los alumnos. No saben qué tipo de sociedad quieren. No, me corrijo, sí lo saben. Lo más perverso de querer que esto desaparezca es que la única sociedad que quieren es la de la educación para la ciudadanía y que los padres y los tutores no eduquen, que los voy a educar yo. Menos mal que la sensatez brilló en el Senado y aprobaron las enmiendas que hacen que no desaparezca del Código Civil la facultad de corregir de los padres. Espero que esa misma sensatez la podamos ver hoy a la hora de votar. Nuestro grupo es consciente de la necesidad de regular las adopciones internacionales y por ello no nos hemos opuesto.
Pero es lamentable constatar que esta norma nace falta de seguridad jurídica, de transparencia, de control y sobre todo de rigor. Es ineficaz a la hora de agilizar y facilitar los trámites o a la hora de buscar la equidad de las familias que opten a una adopción. Señorías, termino diciendo que a quien necesariamente se debe corregir es al presidente del Gobierno; afortunadamente de eso ya se encargarán las urnas. Concluyo deseándoles feliz Navidad y diciendo que ha sido un honor intervenir en la última ley en nombre de mi grupo parlamentario. Feliz Navidad.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Méndez.


Por el Grupo Socialista, señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Socialista queremos saludar a las asociaciones de familias adoptantes, DAGA, CORA, AIBA, Famites, Amigos de Ucrania, a las federaciones de ECAI, a las organizaciones de defensa de la infancia Unicef, Save the Children, Plataforma de Organizaciones de Infancia, etcétera, que nos acompañan esta mañana desde la tribuna... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Bedera, un momento.


Señorías, el murmullo es ya excesivo. Por favor, apenas nos queda una intervención de diez minutos, les ruego que mantengan silencio.


El señor BEDERA BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Decía que este es el último acto del proceso de aprobación de la Ley de Adopción Internacional. Esta ley es tan nuestra como vuestra, porque vuestro trabajo la ha hecho posible. Muchas gracias.


Señorías, podría parecer por las palabras que acaban de oírse de la portavoz popular, que estamos a punto de cometer un disparate aprobando esta ley y nada más lejos de lo real. Aunque todas las obras humanas son perfectibles -las leyes también- creemos sinceramente desde el Grupo Socialista que es la ley que necesitamos en estos momentos porque refleja la realidad de la adopción en España. Si bien la adopción internacional es un fenómeno global que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial, en España es relativamente reciente. Aunque existan asociaciones de defensa de la adopción desde principios de los noventa, será a mediados de esta década cuando el número de adoptados en el extranjero comience a ser significativo. Esa realidad nos dice que en estos momentos somos el primer país del mundo en adopciones por número de habitantes, y por ello necesitamos un instrumento legal que integre la dispersión normativa ahora existente. La ley que aprobamos hoy sistematiza y clarifica por primera vez en un cuerpo legal único toda la regulación en materia de adopción internacional a la

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vez que la homologa con los convenios internacionales. En este sentido, debe resaltarse la incorporación al texto de un conjunto jurídicamente muy avanzado de normas de derecho internacional privado, normas relativas a la competencia, a la ley aplicable o los efectos de resoluciones extranjeras que refuerzan la seguridad jurídica en los procesos de adopción. Esa realidad nos obliga también, señorías, a diseñar una ley que respete escrupulosamente la arquitectura reguladora de la adopción en sus tres ámbitos, el internacional, el estatal y el autonómico, cada uno de ellos con su propio espacio de actuación, en ocasiones muy consolidado, como es el caso de las comunidades autónomas, unas veces porque en sus estatutos se reconocen sin excepción las competencias en la materia y otras porque a lo anterior se añade la existencia de derechos civiles o forales especiales. Recordemos en este sentido además que es el propio instrumento de ratificación del Convenio de La Haya el que reconoce a las comunidades autónomas como autoridades centrales encargadas por lo tanto de cumplir las obligaciones que el convenio impone. Para completar esta equilibrada arquitectura, la ley recoge una serie de reglas de armonización entre las entidades públicas de adopción, reglas que fueron mejoradas en la tramitación parlamentaria. Esa misma realidad de la que hablamos y que por desgracia tenemos todos en la retina recientemente por las imágenes de Chad, nos exige sobre todo elaborar una ley que garantice el interés superior del menor, interés superior que se encuentra en la base del artículo 4, que prohíbe específicamente la adopción en zonas que se encuentren en conflicto bélico o desastre natural cuando no exista autoridad específica que garantice la adopción o cuando en el país de origen no se den las garantías adecuadas para la misma; interés superior que se manifiesta en el principio de subsidiariedad que obliga a que las medidas de protección se articulen en torno a la familia de origen, en su defecto dando prioridad a las medidas de protección del país del menor y solo subsidiariamente mediante soluciones de protección en el extranjero porque, señorías, la pobreza no es un título jurídico para adoptar.


Interés superior del menor es el que subyace en el artículo 5, e), relativo a la adoptabilidad, es decir a la necesidad de acreditar que el menor es susceptible de ser adoptado internacionalmente porque se han obtenido los consentimientos necesarios, por ejemplo de los padres biológicos. Interés superior del menor sin duda es el que se recoge en la disposición final primera, que reforma el artículo 172 del Código Civil, en el sentido de fijar un plazo de dos años para que los padres soliciten el cese de la suspensión de la patria potestad y la revocación de la declaración de desamparo, porque, señorías, los hijos no son propiedad de los padres.


Señores diputados, vamos a aprobar una ley muy demandada por todos los intervinientes en los procesos de adopción: por las familias, que nos demandan seguridad y garantías para que su proceso adoptivo no sea una carrera de obstáculos, porque la adopción es todo menos un paseo; por las ECAI, cuya labor de intermediación afecta casi al 70 por ciento de las tramitaciones y son las primeras que nos reclaman un texto legal claro, con definición en sus funciones; por los operadores jurídicos, que nos piden un texto articulado único que dé certeza jurídica; por las organizaciones de defensa de la infancia, que nos reclaman un texto perfectamente homologado con los convenios que ratifica España, y, señorías, por la propia sociedad, en general, que nos exige que enviemos un mensaje muy claro a los países donde acudimos a adoptar, un mensaje que diga que España respeta los tratados internacionales, que España garantiza escrupulosamente la legalidad de estos países; que España asume el principio de subsidariedad; que España garantiza el derecho a conocer los orígenes biológicos del menor y que España se compromete a enviar los informes de seguimiento postadoptivos.


Para llegar hasta el día de hoy, el proyecto de Ley de Adopción Internacional ha recorrido un largo camino. Uno de los hitos más importantes fue la creación de la Comisión especial del Senado en la pasada legislatura. Sus recomendaciones, como saben bien quienes se ocupan de esta materia, han sido incorporadas casi en su totalidad en el texto que hoy presentamos. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Ni una!) En su fase de borrador el proyecto fue intensamente trabajado y consensuado en el seno del Consejo Consultivo de Adopción Internacional, con los representantes de las comunidades autónomas, incluidas las suyas, señorías, que dieron finalmente su completa aquiescencia al texto. Como anteproyecto fue nuevamente objeto de aportaciones por las diferentes organizaciones del sector, que también habían intervenido activamente en fases anteriores. Ya en el Parlamento el proyecto de ley ha sido mejorado con la inclusión de más de la mitad de las enmiendas presentadas.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor BEDERA BRAVO: Hoy nos llega con tres enmiendas incorporadas por el Senado y relativas al mantenimiento en el texto -y por tanto en el Código Civil- de la posibilidad de que los padres y tutores corrijan razonable y moderadamente a sus hijos y pupilos. Señorías, el Grupo Socialista votará en contra para volver al texto originario. Nuestra postura se resume en tres o cuatro argumentos. Primero, argumento o razón histórico-jurídica: el derecho, señorías, es un producto histórico. El Código Civil de 1889 recogía la -cito textualmente- facultad de corregir y castigar moderadamente. Esta redacción ha durado casi cien años y se corrigió levemente en 1981. Por tanto, señorías, es obligación de esta Cámara adaptar nuestra legislación a una visión actual, que es la que tiene la mayoría de la sociedad. Hay una razón jurídica poderosa. Con independencia de la labor educativa de los padres, no podemos consentir -no podemos consentir- que en nuestro principal cuerpo de derecho

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privado se deje abierta siquiera la puerta a la posibilidad de maltrato.
La educación de los hijos es en parte tarea de los padres, que deberán utilizar las estrategias más adecuadas para hacer de ellos personas de provecho, pero si ya es grave que esas estrategias se basen en la corrección física, es peor todavía que se legitimen en el Código Civil.
Hay una razón también poderosa de carácter internacional. Como firmantes del Convenio de los Derechos del Niño, España asumió la obligación contenida en el artículo 19 de adoptar todas las medidas legislativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio y toda forma de abuso físico. Pues bien, señorías, el Comité de Derechos del Niño, órgano de seguimiento de la convención, ha manifestado por dos veces ya su malestar por no haber sido revisada la redacción del artículo 154 del Código Civil en lo que considera una violación flagrante del citado artículo 19 de la convención. Hay otras razones de tipo educativo y cultural que subyacen en lo manifestado anteriormente como que frente a la corrección debe imponerse el respeto al menor, un menor como sujeto pleno de derechos, aun cuando su capacidad de acción deba ser complementada por los padres. Esta afirmación podría ser, lo sabemos, objeto de amplio debate en esta Cámara, pero hoy preferimos circunscribir nuestra posición a lo estrictamente jurídico y con ese vector por guía rechazaremos las enmiendas procedentes del Senado. Parece mentira que diga esas cosas usted que ha sido ministro de Justicia. (El señor diputado se dirige al señor Michavila Núñez.-Aplausos.)

Quiero terminar mi intervención dando las gracias a quienes han hecho posible esta ley. Como en los versos de Nicolás Guillén, musicados por Quilapayún, para hacer esta muralla han hecho falta todas las manos.
Junto al Gobierno y a través de sus ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales y Exteriores están las familias, las ECAI, las entidades públicas, los jueces, los fiscales, los defensores del menor, las organizaciones de infancia, los grupos parlamentarios y algunas personas singulares como el diputado por el Partido Popular Jesús López-Medel, gran especialista y autor de los artículos de prensa más inteligentes sobre la adopción, o como Mar Calvo, representante de DAGA, que calificaba esta ley como la mayoría de edad de la adopción internacional en España. Han hecho falta todas las manos, pero, señorías, han faltado una vez más las manos del Grupo Parlamentario Popular. Su actitud de contumaz discrepancia también en esta ley (Rumores.) olvidando el interés general va a producir, señorías, los mismos efectos que los versos del soneto cervantino: Caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.


Llamamos a votación. Advierto a las tribunas que deben durante apenas unos minutos abandonar el hemiciclo, ya que la primera votación es de carácter secreto. Apenas durará dos o tres minutos y luego se abrirá a sesión pública.


Continúa la sesión con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (NÚMERO DE REGISTRO 212.345.)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que queda aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las distintas votaciones.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)

- REAL DECRETO-LEY 11/2007, DE 7 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE DETRAE DE LA RETRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL MAYOR INGRESO DERIVADO DE LA ASIGNACIÓN GRATUITA DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. (Número de expediente 130/000051.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votación de la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 11/2007, de 7 de septiembre, por el que se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 184; en contra, cuatro; abstenciones, 157.


El señor PRESIDENTE: El decreto ha quedado convalidado.


¿Desea algún grupo parlamentario que el decreto se tramite como proyecto de ley?

El señor ARIAS CAÑETE: Sí.


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El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular. En consecuencia, vamos a votar la tramitación o no de este real decreto-ley como proyecto de ley. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nos gustaría saber, señor presidente, qué calendario de tramitación tiene usted previsto para aprobar este proyecto de ley. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Se lo explico. Para determinar si un decreto-ley se tramita o no como proyecto de ley, primero el Pleno debe decidir su tramitación. Primero votamos y, si se tramita como proyecto de ley, se lo explico; si el Pleno no lo acepta, el tema está resuelto por sí mismo.
(Aplausos.)

Votación a favor de la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 314; en contra, 16; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado. El procedimiento, el habitual, es que esto obliga a la Mesa a reunirse, la Mesa lo calificará, convocará a Junta de Portavoces y les espero probablemente en alguna de estas jornadas. Gracias. (Risas.-Aplausos.)

VETO DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008.
(Número de expediente 121/000149.)

El señor PRESIDENTE: Veto del Senado. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Sentido del voto: conforme al artículo 122 del Reglamento de la Cámara, se someterá a votación el texto inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados. Por tanto, votar sí supone votar el texto que el Congreso aprobó y envió al Senado. Votar no supone votar en contra del texto aprobado por el Congreso y que ha sido vetado por el Senado. Si dicho texto fuese ratificado por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir 176 diputados, quedará levantado el veto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 182; en contra, 165.


El señor PRESIDENTE: Queda, pues, rechazado el veto del Senado. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Oé, oé, oé, oé, oé, oé!)

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
(Número de expediente 121/000134.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. Enmiendas al artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 334; en contra, ocho; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a los artículos 2 y 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 201; en contra, tres; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al preámbulo y al artículo 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 201; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 4, apartado cinco, relativo a la nueva redacción del artículo 11 de la Ley 34/2002.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 331; en contra, seis; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 4, apartados doce y trece.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 203; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


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Enmiendas al artículo 4, apartado dieciséis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 202; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 4, apartado dieciocho, relativo al nuevo texto del párrafo segundo del apartado 1 de la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 339; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 4, apartado veinte.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 341; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 7, apartado uno pre.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 14; en contra, 319; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas al artículo 7, apartado tres bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 199; en contra, 146; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Resto de enmiendas al artículo 7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 202; en contra, uno; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional quinta apartado 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional quinta apartado 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 202; en contra, dos; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional quinta apartado 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 20; en contra, 316; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a las disposiciones adicionales séptima y duodécima.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 202; en contra, uno; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional nueva, que regula los servicios de televisión de proximidad sin ánimo de lucro, y a la disposición adicional nueva, por la que se modifican determinados aspectos de la Ley 22/2007 y de la Ley 36/2007.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional nueva, fondo de compensación del servicio universal de telecomunicaciones.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 12; en contra, 322; abstenciones, 13.


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El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a una disposición adicional nueva de impulso a distintos dominios de primer nivel dentro del Estado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 28; en contra, 314; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la disposición adicional nueva relativa al proyecto de Ley sobre la eliminación del canon digital.


Comienza la votación. (Pausa.-Rumores.) Silencio, silencio.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 149; en contra, 176; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas. (Aplausos.)

Enmiendas a una disposición adicional nueva sobre regulación del juego.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 341; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la disposición transitoria segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 11; en contra, 316; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la disposición final primera, apartado 1 letra a).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 36; en contra, 307; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Resto de las enmiendas a la disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 197; en contra, ocho; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DEL CINE. (Número de expediente 121/000138.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente proyecto de ley. Enmiendas del Senado al proyecto de Ley del Cine. Enmiendas al artículo 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 19; en contra, 325; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas al artículo 34.1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas a la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 343; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. (Número de expediente 121/000143.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente proyecto de ley. Enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Adopción Internacional. En primer lugar, vamos a proceder a votar un conjunto de enmiendas técnicas al índice y a la rúbrica del artículo 24.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 345; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas relativas al proyecto de Ley de Adopción Internacional.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 162; en contra, 184.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- DECLARACIÓN DE CIERTOS GOBIERNOS EUROPEOS EN RELACIÓN CON LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE LOS LANZADORES ARIANE, VEGA Y SOYUZ DESDE EL CENTRO ESPACIAL DE LA GUAYANA Y DOCUMENTO FINAL, HECHA EN PARÍS EL 30 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000274.)

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000275.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000276.)

El señor PRESIDENTE: Finalmente, votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.


Con esta votación vamos a dar por concluida la VIII Legislatura, y parece que es de tradición que el presidente les dirija unas palabras finales que les prometo van a ser breves, porque ya saben que yo soy partidario siempre de la brevedad.


En primer lugar, quiero agradecer, sobre todo a lo largo de esta mañana, la intervención de los distintos portavoces. Gracias, de verdad, me voy muy reconfortado. Y de una manera muy especial quiero agradecer la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y sobre todo la reacción del grupo parlamentario porque era una reacción que, no os lo voy a ocultar, francamente la necesitaba. (Aplausos.)

Quiero terminar agradeciendo a todas las bancadas, a los líderes parlamentarios, a todos ellos, al líder de la oposición en primer término, don Mariano Rajoy, seguramente la paciencia que han tenido ustedes también conmigo, y esto merece un cometario. Durante esta legislatura he querido mantener en todo momento mi principio de independencia y de autonomía de decisión, y sé que lo he hecho en muchos momentos con energía e incluso con vehemencia. Pero era totalmente consciente de que, si no actuaba de esta manera, sería muy difícil llevar adelante mi trabajo como presidente en esta legislatura, que, reconózcanlo ustedes, ha sido muy emocionante. (Risas.) A partir de ahí, no les oculto que tengo un cierto recorrido en la vida para saber que actuando de esta manera, con independencia y autonomía de criterio, inevitablemente entraba en el espacio de los roces. Así están hechas las relaciones políticas y humanas. Quiero, si he molestado a alguien, si he herido a alguien, pedirle perdón. Les pido perdón si he molestado a alguien. (Aplausos.) Gracias.


Por último -espero que no se extrañen-, en lo que concierne a la reforma de la casa, a la reforma del Reglamento, solo me queda refugiarme en el decir del filósofo: Ahí se lo dejo con resignación elegante. Doy por concluida la legislatura.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)

Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.

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