ORDEN DEL DÍA:

-- Dictaminar el Proyecto de Ley Orgánica de Educación. (Número de expediente 621/000038).


El debate continúa en el «Diario de Sesiones» número 283 del martes, 14 de marzo de 2006.


Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.
Damos comienzo a esta sesión de la comisión.
El único punto del orden del día es el debate del proyecto de la ley orgánica de educación.
Para que el debate se desarrolle de una forma fluida y para que mayoritariamente estemos de acuerdo en torno a la propuesta que podría hacer la Mesa, con anterioridad hemos comentado la propuesta a los diferentes grupos, para ver si les parecían razonables los tiempos fijados para los distintos apartados.
Así, voy a manifestar la propuesta de debate, en cuanto a tiempos se refiere y al modo de agrupar las partes de la ley. Es verdad que es competencia de la Presidencia, pero, como acabo de decir, la propuesta que voy a hacer la hemos ido comentando y, por tanto, de alguna manera está consensuada con todos los grupos.
El debate empezará, como es lógico, por las dos propuestas de veto presentadas. Los turnos a favor y en contra serán de 15 minutos para cada grupo parlamentario y después

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se abrirá un turno de portavoces, de 10 minutos para cada uno de ellos.
Si el debate discurre ajustándose a los tiempos consensuados, la votación de los vetos no será antes de las seis y cuarto de la tarde. Por tanto, previsiblemente, será entre las 18:15 y las 18:30, en función de que no se agoten todos los tiempos.
Posteriormente, pasaremos al debate del articulado del proyecto de ley.
En primer lugar, se agruparán el Preámbulo y el Título Preliminar y habrá un turno de defensa de las enmiendas de 15 minutos para cada grupo.
Respecto al Título I, artículos 12 a 70, cada grupo político podrá invertir hasta un máximo de 30 minutos.
En cuanto al Título II, artículos 71 a 90, cada grupo político contará con un tiempo de 15 minutos para la defensa de las enmiendas y el turno de portavoces.
En el debate del Título III, artículos 91 a 106, dispondremos de 30 minutos para cada grupo.
Respecto al Título IV, artículos 107 a 117, para la defensa de las enmiendas se dispondrá de 30 minutos.
En cuanto al Título V, artículos 118 a 139, habrá otros 30 minutos.
Los títulos VI, VII y VIII los hemos agrupado, y el tiempo a invertir en la defensa de las enmiendas a los artículos 140 a 157 será de 20 minutos.
Posteriormente será el debate relativo a las disposiciones adicionales y transitorias, y cada grupo dispondrá de 15 minutos.
También hemos agrupado la disposición derogatoria y las finales, y cada grupo político podrá disponer de 10 minutos.
Finalmente, se fijará un tiempo referido a las enmiendas transaccionales.
Como es previsible, en función de la experiencia que tenemos, puesto que no todos los grupos agotan sus tiempos, quizás no lleguemos a consumir todo el de mañana hasta las nueve de la noche en estos debates que acabamos de citar. Por tanto, es previsible que entre las ocho y cuarto y las ocho y media de la noche de mañana se traten las enmiendas transaccionales. Si fuera así, la votación no se produciría antes de las nueve de la noche.
Esta es la propuesta que hago. Como no difiere en absoluto de lo que en otros momentos hemos comentado, podemos empezar ya el debate, si no hay ninguna opinión que manifestar por parte de sus señorías. (El señor Abejón Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Señora presidenta, entiendo que los tiempos que establece su señoría se deben utilizar para la defensa de las enmiendas, que debemos justificar objetivamente, pero que en absoluto pueden ser utilizados por el resto de los grupos parlamentarios para hacer una réplica a las mismas, algo que, por su parte, el grupo proponente de dichas enmiendas no podría hacer.


La señora PRESIDENTA: Señoría, hay un turno de portavoces para todo los grupos.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Sí, pero en mi opinión debería haber un turno de defensa de las enmiendas por parte de cada grupo separado del turno de réplica a las mismas.


La señora PRESIDENTA: ¿Quiere usted decir que el turno de réplica sea distinto al turno de portavoces? (El señor Pezzi Cereto pide la palabra.) Tiene usted la palabra, senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, según la práctica parlamentaria cada grupo dispone de un tiempo asignado, tiempo en el cual habla de lo que considera conveniente, y ésa es precisamente la base del parlamentarismo. Nadie puede decir si tal o cual matiz se puede exponer o no en uno u otro turno. En mi opinión debemos dejar que cada cual ocupe el tiempo que tiene asignado como mejor considere.
Como dice el senador Abejón, lo normal es defender las enmiendas en la primera vuelta, pero si hay algún grupo que tiene, por ejemplo, una sola enmienda y quiere ocupar su tiempo para exponer su visión sobre el título sometido a debate, resultaría muy arbitrario ir fijando en cada momento cuándo lo expuesto está o no dentro del orden. Insisto en que, según la práctica parlamentaria, cada grupo es dueño de su tiempo para ocuparlo como mejor estime y considere conveniente, y sin más limitación.
Pero, además de ello, el último portavoz que interviene es el señor Abejón, y es, por tanto, su grupo parlamentario el único que siempre puede replicar a los demás. Estoy seguro de que con su buen tino podrá corregir cualquier metedura de pata que podamos tener debido a nuestra incontinencia verbal o por no saber llevar el debate, pues, como digo, él siempre habla el último.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro portavoz desea intervenir a este respecto? (Pausa.) He consultado al señor letrado la propuesta hecha por el senador Abejón, y en su opinión cada grupo puede hacer uso de su tiempo como mejor le convenga. Una segunda razón a favor de esta postura es el hecho de que el uso parlamentario así lo posibilita. Finalmente, y como ha dicho el senador Pezzi, el Grupo Parlamentario Popular siempre cierra el debate, y por tanto, tiene la posibilidad de rebatir los argumentos expuestos.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Señora presidenta, lo único que he pretendido es que el debate discurra con cierto orden, en el sentido de que en el debate de las enmiendas cada grupo argumente los motivos por los que presenta las mismas, para pasar a continuación a un turno de réplica en el que los distintos grupos parlamentarios fijen su posición al respecto, pues, de lo contrario, en lugar de defender y debatir las enmiendas, nos dedicaremos a ir unos contra otros.


La señora PRESIDENTA: Señorías, tal y como he dicho al comienzo de la sesión, el tiempo se utilizará por cada uno de los grupos como estime oportuno, pero hay un

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turno a favor, un turno en contra y un turno de portavoces. No obstante ese tiempo hay que distribuirlo. Así,de esos 15 minutos tendrá que guardar 5 para el turno de portavoces, y por tanto, dicho turno será de 10 minutos.
¿Alguna otra intervención a este respecto? (Pausa.) En tal caso pasamos a debatir el proyecto de ley orgánica de educación, comenzando por las propuestas de veto números 1 y 2, presentadas por los grupos parlamentarios Popular y Mixto, respectivamente.
Para defender la propuesta de veto número 1 tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores senadores, hoy debatimos en esta Cámara una de las leyes que más importa a los ciudadanos: el proyecto de ley de educación.
Está en juego lo que será nuestra nación en las próximas décadas, el futuro de nuestra sociedad, y en especial, el de nuestros niños y jóvenes.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta de veto a este proyecto de ley porque su contenido no satisface a nadie, tal y como ha reconocido alguna vez la propia ministra. Además, el mismo no goza del consenso político y social demandado por la sociedad, y de ponerse en marcha, no resolverá los principales problemas que aquejan a la educación española, sino más bien todo lo contrario. En definitiva, señorías, este proyecto de ley, lejos de acercarnos a los países desarrollados, sigue ensanchando la brecha que nos separa en cuanto a nivel de conocimiento, número de titulados en secundaria y abandono de alumnos de la enseñanza secundaria, y lo que es peor, se seguirá condenando al fracaso escolar a miles de jóvenes españoles. Éste es, sin duda, el gran problema, el gran drama de la educación española. Casi uno de cada tres alumnos acaba la educación obligatoria sin ninguna titulación. Tenemos un 30 por ciento de fracaso, cuando el objetivo de la Unión Europea para el 2010 es reducirlo a un 10 por ciento.
El Gobierno se empeña en defender una ley que no sólo implica la ruptura del sistema educativo español, sino que camina en dirección contraria al progreso y a la modernización. Han pasado 15 años desde la aprobación de la LOGSE, y parece que fue ayer, pues quienes han elaborado la LOE son los mismos protagonistas: el señor Pérez Rubalcaba, el señor Marchesi y el discípulo, señor Tiana. No sólo son los mismos protagonistas, sino que las ideas, las recetas y terapias son copiadas. En definitiva, y tras su paso por el Congreso de los Diputados, el proyecto no ha cambiado en lo sustancial, los aromas de la LOGSE y de la LOE son iguales y se confunden. Seguiremos con un sucedáneo de la LOGSE que será aún peor de lo que actualmente tenemos. En suma, el nostálgico proyecto del PSOE arranca viejo y sin capacidad para mejorar lo ya existente.
En primer lugar, la LOE no tiene el consenso que demanda la sociedad española y al que se comprometió el presidente del Gobierno. Esta ley, que se decía era de todos y para todos, tiene dos vetos y 927 enmiendas.
Si la ley es de todos, ¿cómo se explica que el grupo mayoritario en esta Cámara, que representa a más de 10 millones de votantes, defienda uno de esos vetos? Señoría, esta ley no es de todos, no se ha hecho entre todos ni representa a todos. Es el fruto de un Gobierno débil y del peaje que éste tiene que pagar a quien le apoya en el Gobierno.
Se ha ninguneado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que representan al 42 por ciento de los alumnos, pero tampoco las gobernadas por el resto de los partidos, incluido el socialista, han prestado el apoyo incondicional que hubiera gustado al Gobierno.
No se han tenido en cuenta las propuestas de las asociaciones de padres, de profesores y alumnos, así como las indicaciones del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado. Este último presentó casi 2.000 enmiendas, de las que no han sido atendidas casi ninguna. A ello hay que sumar el rechazo popular de estudiantes, padres y profesores, que llenaron las calles de Madrid el 8 y 12 de noviembre en sendas manifestaciones multitudinarias, ya que la última llegó a convocar a millón y medio de personas. Y ¿qué ha hecho el Gobierno? Ni caso a sus reivindicaciones.
La mejora de la educación constituye una prioridad absoluta para el Partido Popular. Por ello, su presidente, Mariano Rajoy, ofreció al presidente del Gobierno un pacto por la educación. El señor Rodríguez Zapatero designó una interlocutora, la vicepresidenta del Gobierno, pero lamentablemente todo ha quedado en una mera representación de talante y diálogo sin resultado alguno, porque, no nos engañemos, el pacto del Tinell, firmado por el Partido Socialista con sus socios de Gobierno catalán, prohibe este y cualquier otro pacto entre el Gobierno del Estado y el Partido Popular.
En segundo lugar, la LOE no asegura un sistema educativo vertebrado y una formación común para todos los españoles. Mi grupo ha sido el único que con fuerza ha defendido esta cuestión y con esa misma fuerza seguiremos trabajando en esta Cámara para que se resuelva en su totalidad. El Congreso de los Diputados ha dado un primer paso aprobando una enmienda transaccional que recoge el artículo 6.3 con el siguiente tenor: «Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 para aquellas que no la tengan». Señorías, merece la pena dar un paso más y hacer un esfuerzo entre todos y asegurar, porque eso nos lo van a agradecer los futuros alumnos, con un nuevo texto, menos ambiguo en ese período de tiempo, los contenidos son comunes para todos los alumnos, independientemente de donde residan.
En tercer lugar, señora presidenta, no se garantiza la libre elección de centro a las familias. Nuestra posición a este respecto se basa en la Constitución y por ello defendemos el derecho de los padres a elegir centro dentro de la red de centros sostenidos con fondos públicos.
Queremos una escuela pública de calidad, para que dos de cada tres familias puedan elegir el que consideran mejor centro para sus hijos y ese mismo deseo queremos garantizar a una de cada tres familias que opta por escolarizar a sus hijos en centros concertados. También abogamos por el equilibrio actual de ambas redes. ¿Dónde se garantiza esto en el proyecto parcheado salido del Congreso de los Diputados?

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¿Qué padres tendrán la suerte de obtener plaza en el centro elegido en primer lugar? Desde luego, muchos menos de los que dice la propaganda del Gobierno.
El artículo 15.2 no garantiza la suficiencia de plazas para escolarizar en los centros concertados el segundo ciclo de Educación Infantil a las familias que lo deseen. Si no se garantiza en el inicio de la escolarización, tampoco va a ser muy fácil después. Igualmente, el artículo 84 no garantiza a los alumnos con necesidades específicas la libre elección de centro e, igualmente, el artículo 109 restringe el derecho de libertad al limitar la oferta de plazas de las administraciones educativas invocando el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Así, las administraciones educativas solo garantizan la oferta de plazas públicas suficientes de las enseñanzas gratuitas.
En cuarto lugar, el proyecto no garantiza una buena calidad. No puede haber calidad en una ley que no sitúa la riqueza de los contenidos y el conocimiento de los mismos en el eje director de la misma, unos contenidos en los que no priman los universales por encima de los particularismos y además aparecen nuevos contenidos de adoctrinamiento político. El modelo de educación secundaria va a suponer un empobrecimiento de los contenidos actuales al debilitarse asignaturas fundamentales como la Tecnología, la Informática, la Filosofía, la Ética, el Latín, el Griego, la Música, el Dibujo, entre otros. Especialmente grave resulta unificar en una misma área, asignatura o seminario a la lengua española y la lengua cooficial, lo que permitirá en algunas comunidades autónomas no solo que no se eduque en castellano, sino que ni siquiera se imparta la lengua castellana con el rigor y horario que esta se merece, y esto, señorías, es dramático porque los perjudicados van a ser los alumnos de las familias más desfavorecidas, que tendrán más fracaso escolar y menos posibilidades de futuro. Me niego, señorías, a que los hijos de los trabajadores para aprender el castellano en cualquier rincón de España tengan que ir a una academia de pago, como ha sugerido el presidente de un partido político.
Inventan una nueva asignatura como la Educación para la ciudadanía, que nadie reclama, con la finalidad del adoctrinamiento y en contra del dictamen del Consejo General del Estado. Transforman la Filosofía del Bachillerato en una asignatura de Filosofía y Ciudadanía que era en esa etapa Ciencias para el mundo contemporáneo y, por último, devalúan la Religión y eliminan la alternativa confesional. Sin duda, se trata de un cambio profundo para pasar de los valores europeos occidentales sobre los que se asienta la escuela a una escuela laica, vacía de valores y sentimientos morales y espirituales. Señorías, este es un proyecto ideológico para una transformación cultural y social y de consumarse, no será una conquista del progreso, sino un retroceso de la democracia.
No puede haber calidad en una LOE que no apuesta por mejorar los resultados de los alumnos y sí por la igualdad en desconocimientos, porque no es cierto que los alumnos de primaria accedan al ciclo o etapa siguiente siempre que alcancen las competencias básicas correspondientes, pues al poder repetir solo una vez en el resto de los cursos, tendrán que promocionar automáticamente igual, incluso con todas suspensas. Esta promoción también se da en la ESO, pues al poder repetir un mismo curso solo una vez y en el total de la etapa dos veces, habrá muchos alumnos que tendrán que pasar curso con más de tres suspensas, que es lo que marca la ley.
Para poder aprender es fundamental el esfuerzo y la exigencia personal, en lo que no cree la ley y el Gobierno socialista insiste en sustituir por el esfuerzo compartido, entendiendo que el esfuerzo de uno lo tienen que hacer los demás por él. Con este planteamiento ocurrirá que para conseguir el éxito personal de todos los jóvenes que pregona el señor Pérez Rubalcaba habrá que rebajar las exigencias, adaptando el currículo a lo que quiera trabajar el alumno y dando lugar a una educación pobre en contenidos y en conocimientos. Con dos años de duración no solo tendremos el Bachillerato más corto de Europa, sino que la LOE debilita aún más su valor formativo y de preparación para los estudios superiores. Además, el modelo LOE suprime la prueba general del Bachillerato prevista en la LOCE, lo que nos aleja del modelo imperante en toda Europa; España, juntamente con Grecia, será el único país que no tenga esta prueba.
Introduce de nuevo la selectividad para acceder a la universidad. Esta prueba de madurez queda desvirtuada al versar solo sobre las materias de segundo curso de Bachillerato y además ha quedado obsoleta, ya que no tiene sentido su realización al haber en la mayoría de las carreras más oferta de plazas que demanda de alumnos.
En quinto lugar, el proyecto genera más desigualdad. En primer lugar, los programas de atención a la diversidad para alumnos con dificultades de aprendizaje o con retraso académico de la ESO van a perjudicar a los alumnos más desfavorecidos socialmente. Entre las medidas contempladas para estos alumnos figuraban en el artículo 22.5, que desapareció en el Congreso de los Diputados por arte de magia y que ahora enmiendan de nuevo las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo y los programas de tratamiento personalizado para alumnos con necesidades específicas. Ya me gustaría a mí que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me explicara cómo es que ha desaparecido lo fundamental en el Congreso de los Diputados y no llega al Senado. Esto me sorprende porque es la clave de esta reforma educativa. Al ser los propios centros quienes diseñan estos grupos, habrá comunidades autónomas que no cuenten con los recursos suficientes para financiar todas las medidas. En consecuencia, no se podrán llevar a la práctica real, creando así una España educativa con 17 velocidades diferentes.
Por otra parte, los centros del medio rural tendrán más dificultades en proporcionar las mismas ofertas educativas de calidad que el resto de los centros. El artículo 81 del proyecto de la LOE solo garantiza a los alumnos de primaria un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona escolar establecida. Esto conllevará a que los alumnos de segundo ciclo de infantil y de la etapa de la ESO se tendrán que desplazar a otros centros fuera de su localidad,

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ocasionando pérdida de tiempo, desarraigo familiar y riesgos innecesarios. Tampoco se ha previsto financiación para estos desplazamientos, así como para el mantenimiento y creación de nuevos comedores escolares que se van a necesitar.


La señora PRESIDENTA: Senador Abejón, le quedan dos minutos.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.
No hay posibilidad de continuidad entre las distintas etapas de Formación Profesional y ello perjudica a los alumnos que más lo necesitan. Con la LOCE los programas de iniciación profesional para los alumnos que no acababan la ESO se podían cursar a partir de los 15 años y conducían a la obtención del graduado en ESO. Con la LOE, se establecen tres vías y solo excepcionalmente una de ellas conduce al graduado, es decir, un gran número de alumnos no podrá continuar estudios al no permitirles pasar a los ciclos de grado medio. La misma suerte corren los alumnos que superan los ciclos de grado medio, que no podrán pasar a los ciclos de grado superior, ni siquiera superando un curso puente. Todo esto es muy grave si queremos converger con Europa en el año 2010 y alcanzar un 85 por ciento de titulados en Bachillerato y Formación Profesional, de cuya cifra estamos alejados casi 20 puntos en la actualidad.
Voy terminando, señora presidenta. El proyecto perjudica gravemente a la escuela pública al no proporcionarla los recursos y las condiciones necesarias para que pueda asumir adecuadamente sus funciones. En primer lugar, no mejora suficientemente las condiciones de la función docente, no refuerza el reconocimiento y respaldo social del profesorado y no establece la carrera docente para la promoción profesional del mismo. El modelo LOE seguirá socavando los cimientos de la reconocida y necesitada labor docente. Continuaremos con la delicada situación actual, en las que los maestros y profesores, en un alto porcentaje, no van al aula a enseñar, sino a sobrevivir, y los alumnos, no todos por fortuna, no van a aprender, sino a estar. Los profesores interinos de la escuela pública son los grandes olvidados del Gobierno, no parece preocuparles su futuro y su estabilidad, ambas cosas tan necesarias para la calidad de la enseñanza pública. Nos parece inconcebible, injusto que no se haya aprovechado la elaboración de esta ley para atender sus más que justas reivindicaciones y haberles permitido, a través de alguna convocatoria excepcional, su acceso a la función pública docente.
Voy terminando. La concesión del derecho de inasistencia a clase a alumnos menores de edad resultará demoledor para la calidad de la enseñanza y va a proporcionar el deterioro de la vida escolar y en especial de los centros públicos. A ello habrá que sumar los problemas judiciales que puedan derivarse entre los centros y las familias, por tratarse de jóvenes menores de edad. La desprofesionalización de la dirección de los centros públicos y la disminución de sus atribuciones nos aleja del modelo de centro educativo público de Europa. En ese sentido, nos preocupa el modelo de elección de director, pues la administración pierde su cota de poder, decisorio, en beneficio del profesorado, los padres y los alumnos. Este modelo de elección, que se aleja del imperante en Europa, resulta cuando menos dudoso para elegir a la persona más exigente y mejor preparada.


La señora PRESIDENTA: Senador Abejón, por favor.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Termino, señora presidenta.
España es el único país donde los alumnos menores de edad participan en la elección del director. El centro educativo no va a disponer del marco legal que permita mejorar el clima de convivencia y estudio, y garantizar la disciplina. Mucho nos tememos que, más bien al contrario, el clima de las aulas sea cada vez más irrespirable y, de no tomar medidas urgentes, la violencia escolar siga creciendo. Ello nos preocupa e intranquiliza enormemente.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Abejón.
A continuación tiene la palabra el senador Urrutia para defender su propuesta de veto número 2.


El señor URRUTIA ELORZA: «Eskerrik asko». Muchas gracias, señora presidenta.
Un saludo afectuoso a todos los compañeros senadores, lo mismo que a la prensa que atiende el desenvolvimiento de la comisión.
Quisiera hacer una pequeña exposición de por qué Eusko Alkartasuna presentó esta enmienda de veto a la LOE. Tal vez alguien se haya preguntado por qué, a su paso por el Congreso de los Diputados, sólo se presentaron enmiendas parciales, muy numerosas por cierto, y no se presentó una enmienda a la totalidad. Eusko Alkartasuna ocupa en el Gobierno de Vitoria-Gasteiz, en el Gobierno vasco, la Consejería de Educación, Universidades e Investigación, y siempre ha mantenido una relación cordial y sensata con el ministerio, así como con todo su entorno, mucho más sabiendo que la señora ministra ha sido alumna de la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko, con lo cual nos une una entrañable amistad, incluso cariñosa.
En este diálogo que hemos mantenido hemos querido prevenir al ministerio para evitar la posibilidad de que esta ley supusiese una intromisión en nuestro Estatuto de autonomía y en la competencia exclusiva contemplada en el mismo. Pocos días antes de terminar su tramitación en el Congreso de los Diputados, concedimos un voto de confianza para poder seguir dialogando, y que, a su paso por el Senado, el ministerio pudiera reflexionar e incorporara alguna cláusula que solventase la posibilidad de que esa competencia exclusiva se viera alterada por esta ley orgánica.
Las conversaciones, una vez concluido el trámite en el Congreso de los Diputados, han continuado, y este humilde senador ha tenido varias charlas tanto con la ministra como con el cuerpo superior del ministerio, aunque todavía estamos a la espera de que algunos de los «inputs» o elementos que hemos comunicado al ministerio sean tenidos

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en cuenta. Nosotros seguiremos manteniendo este veto, y sólo quiero explicar el motivo de la presentación, y hacer llegar nuestras conclusiones a los señores senadores.
El proyecto de ley --y es bueno que lo tratemos-- tiene aspectos eminentemente positivos, aunque técnicamente es mejorable, como todo en esta vida. Tiene aspectos positivos, por ejemplo, con respecto a la calidad, a la innovación --francamente interesantes--, al aprendizaje a lo largo de la vida, a la diversidad curricular, a la iniciación profesional, a los matices propios de alumnos o alumnas de enseñanzas especiales, al alumnado con capacidades extras; nos parece que hay aspectos interesantes, tal vez demasiado explícitos --y en este sentido hemos presentado enmiendas parciales--, que confieren demasiados cheques en blanco, que ofrecen demasiadas posibilidades de que el Gobierno pueda hacer lo que quiera, pero si nosotros no fuéramos un partido nacionalista y no tuviéramos un Estatuto de autonomía, no hubiéramos planteado este veto a la ley.
La aspiración que contiene nuestro veto --y quiero hacer la distinción con el presentado por el Grupo Parlamentario Popular-- es la defensa del Estatuto de Autonomía de Gernika, aunque Eusko Alkartasuna, que es un partido nacionalista y soberanista, tiene la esperanza de conseguir otro estatuto --que se debatió en el Congreso de los Diputados y fue rechazado, en febrero de 2005, sin una presentación total--. Pero mientras aquello, y la libre decisión del pueblo, no sea posible, nosotros estamos con la legalidad vigente; somos totalmente legalistas, y por eso debemos hacer una defensa numantina en este momento del Estatuto de Autonomía de Gernika del año 1979, y cuando vamos al Estatuto de autonomía del año 1979 vemos que en el artículo 16 figura la competencia exclusiva, que dimana directamente de la disposición adicional primera de la Constitución Española.
Una ley orgánica, aun cuando el Estatuto de autonomía también lo es, no puede invadir o pretender conquistar competencias propias del Gobierno vasco, de la Consejería de Educación, Universidades e Investigación, que además creo --y lo digo modestamente-- que en estos veinticinco años ha sido llevada magníficamente. No voy a entrar en comparación de indicadores ni de índices ni de referencias respecto a la calidad o al fracaso escolar, ni a iniciaciones profesionales de acuerdo con la diversidad curricular; si hay que crear una cierta polémica, no lo haré.
La cuestión es --y así se lo hemos manifestado a la señora ministra y a los demás miembros del ministerio-- la siguiente: si en esta ley se incorporara una disposición, un artículo que dijera que respeta explícitamente --quizá el señor Pezzi me diga que ese respeto está garantizado; pero nosotros deseamos que figure-- las competencias exclusivas, nosotros retiraríamos el veto. Queremos defender las competencias propias del Gobierno vasco, que hasta este momento y en nuestra comunidad han sido llevadas muy adecuadamente. La situación que se plantea en el modelo educativo del País Vasco es perfectamente correcta, totalmente en asonancia con el nivel europeo y totalmente en asonancia con un mundo globalizado. Sólo solicitamos que se nos respete lo nuestro y que explícitamente figure en esta ley orgánica --que vamos a vetar en este acto-- que se respeta la filosofía de nuestras competencias. Sé que todavía quedan los trámites de comisión y de Pleno.
Vamos a esperar hasta el último momento, porque, como he dicho antes, el «input» lo hemos lanzado; ahora vamos a esperar el «output» para tomar las decisiones pertinentes.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra el senador Pezzi, por el Grupo Parlamentario Socialista, para turno en contra.


El señor PEZZI CERETO: Muchísimas gracias, presidenta.
En primer lugar, permítanme sus señorías que haga uso de la palabra con extremo respeto a la intervención que ha tenido el senador de Eusko Alkartasuna.
Esta ley viene absolutamente amparada en la Constitución Española y en los estatutos de autonomía, en el bloque constitucional. Hemos hecho un extraordinario esfuerzo con todos los grupos parlamentarios (con el del PNV, con el de CiU, con el del Bloque Nacionalista Galego, con el de Coalición Canaria, con el de Entesa) buscando el equilibrio perfecto de una ley orgánica en los títulos competenciales y en los títulos orgánicos. Ese esfuerzo se ha plasmado, en el debate en el Congreso de los Diputados, en una ley que yo creo que es modélica en cuanto al cuidado exquisito que se ha querido dar a la redacción de todos y cada uno de los títulos y artículos de la ley para evitar entrar en competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Y eso porque el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, es un convencido del modelo constitucional del Estado de las autonomías. Por nuestra parte no hay resquemor con respecto a la solvencia de las autonomías para llevar adelante sus competencias en educación y en los demás temas. Digo esto, además, desde el convencimiento de haber sido durante cuatro años miembro del Gobierno de Andalucía, con competencias también en materia educativa, y haber hecho, al igual que todos los consejeros y consejeras que compartieron conmigo el período de mandato en el que yo estuve al frente de la Consejería de Educación, el esfuerzo por resolver los problemas del alumnado, de crear centros educativos más preparados y de buscar el equilibrio con el Gobierno de la nación en el marco de la conferencia sectorial. Por tanto, no tenemos ningún resquemor y nada nos informa negativamente, de ninguna manera, para quitar competencias que corresponden a cada comunidad autónoma.
En este caso el veto viene de una comunidad autónoma, el País Vasco, y de un senador de uno de los partidos que en estos momentos está al frente de la Consejería de Educación. Quiero decir, solemnemente, que en modo alguno puede encontrarse ningún artículo que vaya en contra del Estatuto de Gernika, en contra del artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, de su disposición transitoria o, por supuesto, de la disposición adicional primera de la Constitución Española, del artículo 27 o del artículo 149.1.30ª que da al Estado competencias exclusivas sobre materias educativas.


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Precisamente el artículo 16 del propio Estatuto de Autonomía de Gernika cita el artículo 27 de la Constitución, las leyes orgánicas que lo desarrollan y las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30ª. Por tanto, no estamos descubriendo nada nuevo. El Estatuto de Autonomía de Gernika estaba en el marco constitucional; el Estatuto de Autonomía de Gernika era bloque de constitucionalidad en España; el Estatuto de Autonomía de Guernica es respetuoso con la Constitución y el artículo 27, con las leyes orgánicas que lo desarrollan y con los artículos que dan competencias exclusivas. En ese marco es extraordinariamente cuidadoso el proyecto de ley orgánica de educación.
No sólo no nos hubiéramos permitido hacer otra cosa más que el reflejo cuidadoso de esas competencias, según el tenor literal de la Constitución y, el Estatuto de Gernika, sino que diferentes sentencias del Tribunal Constitucional iban marcando la interpretación ajustada a ley, ajustada al bloque de constitucionalidad, que se debía dar a cada uno de esos apartados. Un ejemplo lo constituye la política de becas, donde el artículo viene a reflejar literalmente lo que prefiguró la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema. Por tanto, el proyecto de ley es cuidadoso, extraordinariamente cuidadoso, con lo que marca el bloque de constitucionalidad, el Estatuto de Gernika y la Constitución.
En ese marco nosotros tenemos que decir públicamente que nos ha sorprendido el veto. El veto de Eusko Alkartasuna no trae causa del debate del Congreso de los Diputados, donde la diputada de su mismo partido, la señora Lasagabaster, señaló su beneplácito con esta ley --el senador Urrutia también lo ha señalado aquí--, y no manifestó con la misma crudeza que el senador Urrutia ha expuesto aquí que esta ley se separara de lo que viene marcado por el Estatuto y la Constitución. De ahí que yo, si me lo permite, con fortaleza pero cariñosamente, le solicite la retirada del veto por estar fuera de lugar y ser injusto; injusto con las negociaciones que hemos tenido durante largas jornadas; injusto con los avances que la LOE ha tenido no sólo con su partido, sino con todos los partidos nacionalistas que han defendido, con el mismo brío que usted, el reparto competencial del bloque de constitucionalidad.
Para terminar ese razonamiento relativo al veto de Eusko Alkartasuna, diré que creemos que es una mala técnica legislativa decir que esta ley respeta tal estatuto de autonomía o tal otro. Si ponemos un artículo diciendo explícitamente que respeta el Estatuto de Gernika, ¿por qué no decir que respeta el Estatuto de Andalucía, de Galicia, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de todas las comunidades autónomas o la Constitución Española? No es buena técnica legislativa, en una ley orgánica de desarrollo del artículo 27 de la Constitución, estar repitiendo cada dos por tres que respeta lo que no queda la menor duda que se va a respetar, porque si fuera de otro modo usted, ustedes, su comunidad, recurrirían al Tribunal Constitucional y, sin duda, ganarían de calle ese recurso.
Por lo tanto, le solicito --repito, cuidadosa y cariñosamente-- la retirada del veto por injusto con el trabajo que hemos hecho y por estar fuera de lugar y, de esta manera, poder seguir trabajando en el día de hoy y en los próximos días para ir acercando posiciones mediante transaccionales o aceptando enmiendas concretas.
En segundo lugar, también quisiera referirme brevemente al veto del Grupo Parlamentario Popular. Este veto trae la misma filosofía, como no podía ser menos, que la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso. El desarrollo práctico del veto que hoy hemos oído aquí, en caso de que no prospere, como así espero, son enmiendas parciales realizadas troceando la enmienda a la totalidad, que se ha basado en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación con leves retoques de puesta al día. Por tanto, es un veto que, a su vez, es una enmienda a la totalidad porque las enmiendas parciales, repito, no son otra cosa que el troceado parcial en enmiendas de la enmienda a la totalidad en el Congreso y que anteriormente fue la ley, aún en vigor, de calidad de la educación.
El veto, desde mi punto de vista, tiene una dificultad, y es que reproduce una foto fija, en este caso desvaída, ya que no analiza los cambios introducidos en el Congreso fruto de la negociación de todos los grupos parlamentarios. Todo el mundo ha reconocido que se han producido avances en el Congreso de los Diputados: avances en la actualización de la memoria económica --más de 7.000 millones de euros hasta 2010--; avance en la regulación del personal docente --y la prueba son los acuerdos a los que se ha llegado con los sindicatos de la enseñanza docente y de la privada concertada--; avance en la precisión en el currículum en cuanto al 55 por ciento o al 65 por ciento, en el caso de comunidades autónomas que cuenten o no con lengua propia; avance en la evaluación y promoción del alumnado; avance notable en cuanto a que hemos llegado al acuerdo de que se repita curso con más de dos asignaturas pendientes y sólo excepcionalmente, en el caso de que las asignaturas así lo aconsejen o el claustro de profesores lo estime oportuno, un alumno podrá promocionar hasta con tres asignaturas suspensas --por tanto, prácticamente se mantiene lo que ya estaba legislado-; y avance en la diversificación curricular y la cualificación profesional inicial, que también excepcionalmente podrá empezar a los quince años.
Por otra parte, se ha plasmado de manera más clara la prestación de la educación como servicio público, por los poderes públicos o por la iniciativa social; se han regulado mejor los centros concertados, la escolarización de alumnos y la autonomía de los centros, etcétera.
Todo esto no les puede pasar desapercibido a sus señorías ni a los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular porque lo dice todo el mundo: los medios de comunicación, los representantes de la escuela concertada y los titulares de centros, como la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, que ha reconocido que diez de sus doce peticiones al presidente Zapatero han sido incorporadas en la fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.
Por tanto, únicamente están siguiendo una estrategia descalificadora contra el Gobierno de Zapatero y ahora toca seguir esa misma línea con la educación hasta el extremo de que, desde mi punto de vista, no se tiene reparo en utilizar también este ámbito --si me permiten la expresión--

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como un arma arrojadiza para intentar machacar al Gobierno, sin analizar las repercusiones ni lo que quedará por el camino. En este sentido, me gustaría decir que la posición del Grupo Parlamentario Popular, desde mi punto de vista, es inútil y no es participativa.
Para conseguir una buena ley en el Senado, Cámara de segunda lectura, deberían haber traído enmiendas concretas a textos concretos en lugar de una propuesta troceada, porque de esta manera es prácticamente imposible que podamos aceptar sus enmiendas tal y como están redactadas, pues después traerían causa a otros muchos artículos destrozando la ley que ahora mismo estamos debatiendo.
En estas circunstancias, creo que hay que entrar en las razones del veto con más cuidado para ver en qué momento estamos.


La señora PRESIDENTA: Senador Pezzi, le quedan dos minutos.


El señor PEZZI CERETO: De acuerdo, pero creía que al haber agrupado las dos intervenciones de contestación a los dos vetos disponía de más tiempo.


La señora PRESIDENTA: Perdón, senador Pezzi, es cierto que dispone de otros quince minutos. (Fuertes protestas.)

El señor ABEJÓN ORTEGA: ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que le van a dar quince minutos más? (Fuertes protestas.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor. En cada veto se dispone de un turno a favor de quince minutos y de un turno en contra de otros quince. (Protestas.)

La señora COLOMA PESQUERA: ¿Cómo?

El señor ABEJÓN ORTEGA: Usted ha dicho quince minutos para los vetos.


La señora PRESIDENTA: Para cada veto.


El señor URRUTIA ELORZA: ¡Eso es nuevo!

El señor ABEJÓN ORTEGA: ¡No, señora presidenta! Además, aquí estamos todos los grupos y tendríamos que haberlo consensuado.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: ¡Hombre claro!

La señora VALLEJO DE MIGUEL: ¡Yo no lo he entendido así!

El señor ABEJÓN ORTEGA: Usted ha hablado sólo de quince minutos. Usted misma lo ha dicho.


La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor. Yo he dicho que cada turno a favor del veto sería de quince minutos; cada turno en contra, de otros quince minutos; y que, posteriormente, cada portavoz de los distintos grupos parlamentarios dispondría de diez minutos.


El señor ABEJÓN ORTEGA: ¡No estamos de acuerdo, señora presidenta!

La señora COLOMA PESQUERA: ¡Se ha explicado mal al principio!

El señor ABEJÓN ORTEGA: Tendría que consensuar usted el debate con los grupos y no hacerlo usted sola.
Los grupos parlamentarios no estamos de acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Siento que no estén de acuerdo.
Señor Abejón, usted lleva tiempo en esta Cámara y sabe cuáles son las competencias de la Mesa y cuáles son las de los distintos grupos parlamentarios. Una cosa es que yo haya manifestado cuál era la intención de la Mesa --y así se lo he hecho saber a todos ustedes--, y otra cosa es que ustedes no lo hayan entendido claramente. (Rumores.) Ésta es una competencia de la Mesa.


La señora COLOMA PESQUERA: ¡Dice una cosa y hace la contraria! ¡Siempre es lo mismo!

El señor GORDILLO DURÁN: ¡Es que somos de la LOGSE! ¡Somos torpes!

La señora PRESIDENTA: Quiero que guarden silencio y que hagan uso del turno de palabra cuando les corresponda porque, desafortunadamente, a veces utilizamos el tiempo que les corresponde a otros senadores.
Insisto nuevamente en que el turno en contra es de quince minutos por cada uno de los vetos y, posteriormente, los portavoces dispondrán de diez minutos.
Creo que esto es lo que les manifesté al inicio de la comisión. En cualquier caso, siento que no lo hayan entendido así pero, desde luego, ésta es una competencia de la Mesa y ése es el modelo de debate que vamos a seguir. (Rumores.) Senador Pezzi, continúe su intervención. (El señor Abejón Ortega pide la palabra.)

El señor PEZZI CERETO: Senador Abejón, permítame que haga una aclaración.
Señora presidenta, creía que disponía de algo más de tiempo y, por ello, acabo de empezar a contestar el veto del Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, y si con ello evitamos problemas, acabaré mi intervención en sólo cinco minutos.
¿Están de acuerdo en que haga un resumen de sólo cinco minutos? (El señor Urrutia Elorza: ¡Muy bien!-- Varios señores senadores muestran su conformidad.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: En cualquier caso, repetiré la normativa para que quede clara y no se vuelvan a producir equívocos.


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Además, les ruego encarecidamente que guarden silencio y que guarden las formas. La ley que estamos debatiendo es importante, tal y como han señalado todos los portavoces y, por tanto, espero que la respeten.
Senador Pezzi, le agradezco su tolerancia y su interpretación flexible del tiempo que sí le correspondía, pero con el fin de que las cosas discurran tranquilamente y se siga la filosofía del proyecto de ley que debatimos, sin mezclar otros asuntos, le agradeceré que haga su exposición en cinco minutos.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señora presidenta.
Pido disculpas a todos los grupos, pero insisto en que creía que tenía algo más de tiempo y por eso me he extendido en el turno en contra del veto de Eusko Alkartasuna.
La argumentación del veto del Grupo Parlamentario Popular se apoya en tres grandes elementos que se repiten en el texto que han presentado ante la Cámara: en primer lugar, que la LOE es la LOGSE y, según el Partido Popular, ya se sabe que esa ley produjo grandes estropicios en España; en segundo lugar, que la LOE reduce las competencias del Estado, trasladándolas a las comunidades autónomas, con el riesgo de que cada una de ellas establezca un modelo educativo distinto y que no ejerzan bien su trabajo, de manera que se devalúe el modelo educativo de nuestro país; y, en tercer lugar, que la ley llega sin consenso, no gusta a nadie y que las movilizaciones así lo demuestran.
En primer lugar, me gustaría decir que no se puede echar la culpa de todo a la LOGSE --que fue aprobada en 1990--, porque sencillamente eso es buscar un culpable sin analizar en profundidad lo que estaba pasando en nuestro país y lo que destacados especialistas han señalado. Señorías, no se puede echar la culpa de los problemas educativos sólo a una ley, sino a un modelo de sociedad cambiente y a un modelo de familia que está evolucionando. Asimismo, también hay que tener en cuenta, felizmente, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo; así como que la Administración y la sociedad no habían creído suficientemente en el profesorado. Por tanto, hay muchas razones que no son exclusivamente achacables a la LOGSE. Además, el hecho de culpar a la LOGSE es tanto como decir que anteriormente vivíamos en el mejor de los mundos. Sin embargo, vean ustedes los resultados sobre fracaso escolar y escolarización en España en 1986, por ejemplo: alumnos de 15 años escolarizados, el 50 por ciento; ahora son el 100 por cien. Alumnos que estudiaban bachillerato: el 20 por ciento; ahora, el 60 por ciento.
Alumnos universitarios: el 18 por ciento; ahora, el 30 por ciento. Lo mismo ocurre en cuanto a fracaso escolar. No vivíamos, pues, en un mundo paradisiaco antes de la LOGSE, de modo que no se puede achacar a dicha Ley el hundimiento de un sistema que no funcionaba. Al contrario: la LOGSE lo encauzó.
Está fuera de lugar decir que la LOGSE es la culpable de todo. Si leemos los informes PISA 2000, PISA 2002 y PISA 2003, de la etapa de gobierno del Partido Popular, vemos que el rendimiento español en matemáticas es de 485 puntos sobre la media de 500 de la OCDE; 15 puntos por debajo de la media: un 3 por ciento; el error típico de la encuesta es del 2,7 por ciento. Si la LOGSE es tan mala, ¿qué les ha pasado a países como Italia, Estados Unidos, Francia o Alemania, que tienen resultado similares a los nuestros, levemente superiores o inferiores? ¿También han tenido todos ellos una LOGSE que ha hundido su rendimiento educativo? Es un análisis que no se sostiene.
Hablemos ahora del temor de las comunidades autónomas. Ya lo he dicho anteriormente al dirigirme al representante de Eusko Alkartasuna: temor, ninguno. Ni el Estado es el paradigma del buen hacer en la Administración Pública, ni las comunidades autónomas son el paradigma del malo: del derroche, del lugar donde los niños no quieren que se les enseñe... Es una visión simplista de una realidad compleja. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas ejercen sus competencias muy bien, aunque pueda haber cuestiones puntuales que se puedan mejorar.
Por fin, el tercer motivo. La LOE tiene detrás un año de debate y de discusión: 40 reuniones con sindicatos, con la patronal, con asociaciones y con titulares de centros; análisis de 304 documentos de comunidades autónomas y otros colectivos, y 212 actos de presentación. Se ha llegado a acuerdos con sindicatos de la enseñanza pública y de la privada, con numerosos partidos políticos --lo intentaremos aquí de nuevo--, con la Federación de Religiosos de la Enseñanza y con FESIE; creo que hemos hecho un esfuerzo extraordinario.
Termino ya. Hemos analizado con gran cuidado todas las enmiendas que se han presentado en el trámite del Senado, y, de entrada, tenemos la intención de aceptar 81 enmiendas de varios grupos parlamentarios y llegar a la transacción de 74 más; lo demuestra nuestra voluntad de llegar a acuerdos y de no contravenir el principio básico de todo modelo democrático: la búsqueda del interés general del país.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pezzi.
Pasamos, a continuación, al turno de portavoces. Como pretendemos que el debate sea lo más riguroso posible, así como que se adecue a las características de la ley que debatimos y a la naturaleza de esta Cámara, les pido que tengan en cuentan el Capítulo VIII del Reglamento de la Cámara, que todos ustedes conocen. Léanlo y sean consecuentes con él.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Urrutia, por el Grupo Parlamentario Mixto. Le recuerdo que las intervenciones en este turno son de 10 minutos; 10 minutos, repito.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, solicito información sobre una cuestión de procedimiento. ¿Tengo que explicar nuestra posición, o tengo que rebatir los argumentos del señor Pezzi? Explíquemelo, por favor, que no lo entiendo; soy un poco torpe, de verdad.


La señora PRESIDENTA: El tiempo de que usted dispone --10 minutos-- puede utilizarlo como quiera.


El señor URRUTIA ELORZA: ¡Ah! ¿No tengo más? Creía que me daría 10 minutos ahora y 10 luego. ¿No es así? (Denegación.) No lo había entendido; perdóneme.


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La señora PRESIDENTA: Tiene 10 minutos, para hacer de ellos el uso que quiera.
Empiece, por favor. (Rumores.)

El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Les pido disculpas a todos. No crean que actúo de mala fe; es que soy novato, y no quisiera meter la pata.
Me dirijo al señor Pezzi, con todo cariño. Al rebatir los pobres argumentos de este senador para defender el veto, se ha referido a tres cuestiones fundamentalmente. Voy a entrar en ellas, y confío en que me sobren varios minutos de mi tiempo. Hablando del entramado orgánico y básico de la ley, ha dicho que es una ley modélica, que ha buscado el perfecto equilibrio y en cuya elaboración se ha actuado con cuidado exquisito. Por mi parte, creo que han intentado hacerlo así, señor Pezzi.
Sin embargo, la costumbre, tanto de su partido como del PP, ya desde la LOAPA, es la de considerar los estatutos de autonomía como elementos secundarios y establecer un orden superior por cuyo rasero deben pasar todos.
Se lo digo de corazón. Ya sabe usted que leo los textos con cariño y entusiasmo. Tuvimos un debate serio sobre la ley de presupuestos a altas horas de la noche. He leído de nuevo el artículo 16 del Estatuto de Autonomía, la disposición adicional primera de la Constitución y sus artículos 27 y 149.1.30, y tengo que concluir que, sobre este asunto y alguno más, tendremos que vernos en los tribunales, si las cosas no cambian. El artículo 16 del Estatuto de Autonomía dice que, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión --en toda su extensión--, niveles y grados, modalidades y especialidades. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 27 de la Constitución --luego lo leeremos, si quiere-- y leyes orgánicas que lo desarrollan, y de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. Así, nosotros creemos que esta ley --la LOE-- tiene competencia total y básica en la enseñanza obligatoria, pero no en la enseñanza pre y postobligatoria. Así lo entendemos, y así lo proclamaremos donde haya que hacerlo si esta ley entra en vigor tal como está. Este es el primer aspecto.
La segunda cuestión que ha tocado usted es la de las becas. Con las becas pasa lo mismo: tuvimos un problema con ustedes en cuanto a la financiación tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de la de Navarra en cuanto a lo relativo al Concierto. Lo han solucionado, lo han incorporado y lo han alterado, poniendo que se actualice el modelo de financiación en función del Concierto y del Convenio. Sin embargo, con las becas pasa lo mismo: el tratamiento de las que tienen que ver con la enseñanza preobligatoria y postobligatoria, lo mismo que el de los conciertos educativos, subvenciones y ayudas, es una invasión competencial; es un intento de mordisquear una competencia de la comunidad autónoma.
Tercera cuestión, y con esta termino. Dice usted que el veto está fuera de lugar y que es injusto. Se lo digo con todo cariño, señor Pezzi: no está fuera de lugar. Cuando un proyecto de ley se ha tratado como este; cuando se ha dialogado sobre él, y se les ha pedido dos cosas: que incorporen el Concierto y el Convenio, y que no ataquen a las competencias de los estatutos de autonomía; si están tan seguros de que se ha hecho así, ¿por qué no lo explicitan? Lo demás nos parece que no es de justicia, y tenemos miedo. Tal vez no con ustedes, con este Gobierno ni con esta ministra con la que tenemos una magnífica relación, pero puede que en el futuro los temas vayan por otros cauces.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señora presidenta. No haré uso de todo el tiempo.
Quiero decir simplemente que, como es habitual siempre que se presenta un veto a algún proyecto de ley, mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no va a apoyarlo puesto que no queremos vetar a los senadores quitándoles la palabra. Al contrario, queremos que se manifiesten e intervengan en el debate de este importante proyecto de ley.
Dice el Grupo Parlamentario Popular, y yo no estoy de acuerdo con él, que este proyecto de ley orgánica de educación que llega al Senado es una reedición de la LOGSE. Yo no creo que sea una reedición de la LOGSE, pero sí creo, y lo digo con toda sinceridad, que el grupo que sustenta al Gobierno, que no acaba de asumir que la LOGSE fracasó por las causas que sean, nos ha traído un proyecto de ley que es un híbrido entre la LOGSE y la LOCE. Ha querido contentar un poco a todos y ha mezclado aspectos importantes de la LOGSE con algunos también importantes de la LOCE. Nos ha traído un proyecto de ley equilibrado al que ha añadido algunas cuestiones que han sido consensuadas con distintos sectores de la comunidad educativa.
Este proyecto de ley tiene muchas deficiencias. Por ejemplo, sigue sin prestar la debida atención a la diversidad --es uno de los grandes problemas que tiene la educación en este momento--. No tiene las herramientas para motivar a los alumnos, para luchar contra la desmoralización del profesorado, contra el gran problema de la indisciplina en los centros educativos e incluso contra el de la delincuencia. No veo, por tanto, en este proyecto de ley ninguna herramienta para que se arreglen estos graves problemas.
Eso sí, como decía el señor Pezzi, se han producido algunos avances importantes, pero éstos siguen siendo insuficientes. La clave, como siempre, está en la financiación, en la que hay un aumento considerable según hemos podido ver en la memoria económica de este proyecto de ley, pero seguimos estando por debajo de la media de lo que invierten los países de la Unión Europea en materia de educación. Creo que ya va siendo el momento de acercarnos lo más rápido posible a esa media europea.


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Por estas razones y también por otras, los grupos parlamentarios hemos presentado 900 enmiendas para tratar de mejorar esta ley, y por eso no consideramos conveniente que el veto prospere. Esperamos que sea así.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señora presidenta. Yo también voy a ser breve.
Nuestro grupo va a votar en contra de ambos vetos. Estamos de acuerdo con parte de lo que ha dicho en su intervención el senador Abejón. Este país tenía el gran reto de elaborar una nueva ley de educación puesto que la LOGSE fracasó --estoy de acuerdo con el senador que me ha precedido en el uso de la palabra-- y no se aceptó plenamente, pero hay que decir que la LOCE tampoco se llegó a implantar en las debidas condiciones.
Este país necesita un gran pacto para la educación y se lo pedimos directamente en el Congreso de los Diputados al señor Zapatero desde el mismo día del debate de su investidura por medio de nuestro portavoz.
Creemos que se ha perdido la oportunidad de hacer el pacto necesario para la educación. Y es que un país no puede hacer ni un pacto para la educación ni tampoco una ley de educación para 30 años --que es lo que se necesita para que una ley de educación sirva para algo verdaderamente--, sin contar en el momento de su elaboración con los partidos mayoritarios e incluso con los minoritarios. Creo que este proyecto de ley tiene precisamente ese problema, que nace con la oposición de uno de los dos partidos mayoritarios, lo que no es bueno porque cuando se produzca la alternancia en el poder volveremos a tener sobre la mesa una nueva ley de educación.
A pesar de ello, sabemos que se han hecho esfuerzos --más de los que esperábamos y menos de los que deseábamos-- para que esta ley salga adelante aunque sea con un mínimo consenso. Por eso, porque hemos visto los esfuerzos que está haciendo el Partido Socialista, hemos incorporado a esta ley las propuestas que consideramos oportunas para defender lo que hemos defendido siempre: un modelo educativo en el que los padres tengan la libertad para elegir dónde y cómo quieren educar a sus hijos, un modelo educativo en el que se pueda compaginar una educación pública de calidad con una educación concertada controlada.
En este sentido hemos presentado nuestras enmiendas. Creemos que en este momento este país tiene planteados grandes retos. El senador que acaba de intervenir hace un momento nos decía que no se acepta que tenemos violencia en la escuela. No sé si esta ley podría evitarla, pero en todo caso demos más poder a la dirección de los centros educativos para que intenten paliarla.
Precisamente porque creemos que se deben incorporar una serie de enmiendas, vamos a votar en contra del veto para poderlas presentar con el deseo de que todos los grupos parlamentarios las apoyen. Creo que pueden favorecer mucho este proyecto de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Maqueda por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señora presidenta.No voy a hacer uso de los diez minutos.
Buenas tardes, señorías.
Antes de nada quiero decir, señora presidenta, que de acuerdo con la propuesta que se nos hizo previa al debate, para las propuestas de veto habría quince minutos en turnos a favor y en turnos en contra. Por tanto, no he podido entender esa discusión tan absurda que se ha suscitado. Cada grupo parlamentario podía hacer uso de quince minutos. A ver si somos un poco más serios.
Dicho esto, quisiera manifestar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Popular y por el representante de Eusko Alkartasuna, del Grupo Parlamentario Mixto.
Quiero decir que nuestro grupo no va a apoyar ninguno de los dos vetos.
Es más, consideramos que ninguno de esos grupos desean que prosperen.
Posiblemente veremos que no van a unir sus votos; el Grupo Parlamentario Popular tiene 12 votos y el representante de Eusko Alkartasuna tiene uno, lo que quiere decir que los dos vetos podrían salir adelante perfectamente con el apoyo de unos o de otros, pero, como digo, estamos convencidos de que esos vetos no van a prosperar. (Risas.--Rumores.) Nosotros, como he dicho, no vamos a apoyar ninguno de los dos vetos, senador Urrutia.
Nuestro grupo sí quiere debatir las 27 enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley, del mismo modo que también queremos debatir y votar las presentadas por los grupos Popular y de Eusko Alkartasuna. Se trata de una cuestión muy importante que nos afecta a todos nosotros y a los diferentes colectivos que se muestran interesados por ello y que preguntan todos los días, colectivos que se han movilizado en distintas ocasiones. Pero este tema afecta, sobre todo, a toda la sociedad en su conjunto.
Nosotros, como senadores vascos, tenemos muy claro que se debe respetar la distribución territorial de las competencias dentro del marco plurinacional y plurilingüe que existe en materia de educación. Por tanto,la ley en este sentido tiene una serie de aspectos que deben corregirse y adaptarse. De ahí el sentido de nuestras enmiendas: aunque consideramos que este proyecto contiene algunas cosas positivas e importantes, nos parece que algunas otras deberían trabajarse y modificarse, cosa que hemos negociado con representantes del Ministerio de Educación y Ciencia. En definitiva, espero que podamos avanzar en este sentido.
«Eskerrik asko». Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


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A continuación, tiene la palabra la senadora Baig, como portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo tampoco va a abonar la posibilidad de que alguno de los dos vetos prospere; es más, esperamos que no tengan posibilidad de salir adelante porque nos parece bueno y óptimo debatir esta ley para poder mejorarla.
Últimamente, según me ha parecido oír en boca del representante del Partido Popular, el señor Abejón, parece que la sociedad española sufre dos males: la LOGSE y el Pacto del Tinnell, pero la senadora que les habla tiene algo que decir al respecto.
En primer lugar, para los tres grupos que formamos la Entesa Catalana de Progrés la LOGSE fue una buena ley, a pesar de que tuvo un obstáculo muy importante: su aplicación en secundaria coincidiendo con un Gobierno que no había votado a favor porque no creía en la misma; o sea, a la LOGSE se la hizo fracasar.
Siendo cierto que existió un obstáculo importante, lo cual no significa que sea buena o mala, nuestro grupo considera que ahora no hay que hacer resucitar la LOGSE, porque la sociedad española, por suerte, ha sufrido cambios y las leyes educativas se han de adaptar a la sociedad. En el momento en que se hizo la LOGSE era imprevisible pensar en los cambios tecnológicos que hoy en día existen en la sociedad; cambios que debemos incorporar en la enseñanza, o sea, que nadie está hablando de hacer resucitar la LOGSE.
En cuanto a la LOCE, esta ley que surgió porque se hizo fracasar otra, quiero que sepan que los tres grupos que constituyen la Entesa Catalana de Progrés nunca nos sentimos identificados con ella. Promovía una escuela excluyente y segregacionista y nosotros queremos una escuela inclusiva para todos y todas; una escuela equitativa y cohesionada, que haga políticas de compensación. Para nosotros, igualdad y equidad son dos aspectos muy importantes que deben estar presentes en toda ley educativa que pretenda conseguir la cohesión. Por esto no nos sentíamos reflejados con la ley anterior, y esto no está reñido con la calidad de la educación ni con el esfuerzo que nos hemos de exigir todos: alumnos, profesores, administraciones y sociedad en general.
Tampoco compartimos desde el primer momento la LOCE porque era una ley hecha y pensada desde un punto de vista centralista. En Cataluña, tanto desde el Gobierno de Convergència i Unió de aquel entonces como desde el Parlamento, presentamos recursos de inconstitucionalidad. No nos sentíamos contentos ni satisfechos con la LOCE y, por eso, en el Pacto del Tinnell --este otro gran mal que tiene la sociedad-- contemplamos la posibilidad de elaborar la ley catalana de educación, y lo hicimos aunque sabíamos que con la LOCE no era posible, pero teníamos esperanzas de que ocurriese un cambio y tuviéramos ocasión de dar otro ámbito a la Educación a nivel del Estado para poder hacer la ley catalana de educación.
No creo que fuera un acierto este mal que nos echa en cara constantemente el Partido Popular y que se puso en el Pacto del Tinnell y, personalmente, hubiera preferido que nunca hubiera sido contemplado, pero debemos reconocer que fueron bastante visionarios los que lo escribieron.
Realmente, nos da la impresión de que el Partido Popular se está quedando sólo en la política del día a día, no porque los demás quieran, sino porque practica una política que le aísla. En este sentido, nos parece que el Partido Popular debería pensar en ello, sobre todo cuando se trata de cuestiones y leyes tan importantes como las educativas, que deben salir con un gran consenso.
Nosotros reconocemos al Gobierno, al ministerio y al Grupo Parlamentario Socialista la labor de consenso --así lo hemos comprobado-- que ha llevado a cabo desde el momento en que esta ley entró en el Congreso de los Diputados, no solamente con las fuerzas políticas sino también con las sindicales y muchos representantes de sectores implicados en la educación. Parece que algunos también estuvieron en esa manifestación que tanto se halaga desde el Partido Popular y hay que tener en cuenta que, después, el presidente y el Grupo Parlamentario Socialista mantuvieron varias reuniones con los que fueron considerados como plataforma de la manifestación; o sea, el acuerdo y el consenso se ha ido ampliando.
A nosotros nos parece, y en ese sentido vamos a trabajar, que hay que aprovechar esta ocasión en el Senado para conseguir que el texto que enviemos al Congreso tenga aún un marco de acuerdo más amplio y hacer posible que la ley catalana de educación, que está contemplada en el Pacto del Tinnell, pueda avanzar y ser una realidad. Nos parece que esta ley piensa mucho más en el protagonista: el alumno, y permite que pueda conseguir el nivel adecuado en saberes educativos y, también, en ciudadanía. Como queremos conseguir esto, no vamos a aceptar ninguno de los dos vetos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Baig.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero hacer una afirmación inicial. El problema de la educación en España, en la Unión Europea y, en general, en el mundo actual en modo alguno es de carácter competencial, sino que va asociado a una baja tasa de éxito y un alto abandono escolar por una serie de razones que quiero enumerar brevemente.
Asegurado el ámbito competencial, deberíamos habernos centrado en las bases que hacen que el modelo educativo que salió de la revolución industrial y de la postrevolución industrial se adapte a los nuevos tiempos, y eso es lo que la LOE tiene que pretender desde todos los puntos de vista. De ahí que considere el veto del senador Urrutia injusto y fuera de lugar en tanto que intenta resolver un problema retirando una ley que es indispensable para solucionar muchos de los problemas que tenemos.


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Señorías, el mundo ha cambiado pero no porque en 1990 hiciéramos en España la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOGSE. Un análisis de esas características está abocado al fracaso por lo simplista; la LOGSE no es la causa de todos los males educativos, y el que sostenga esto no se acerca a la realidad con la prudencia necesaria y la fuerza que requiere un análisis histórico y sociológico cuidadoso.
¿Qué pasa con el modelo de familia? ¿Qué pasa con la progresiva pérdida del valor de la educación como mecanismo de movilidad social? ¿Qué pasa con la escasa importancia que la sociedad y los poderes públicos le otorgan a la educación? ¿Qué pasa con el sistema de valores imperantes que se transmite a través de los medios de comunicación? ¿Qué pasa con la insuficiente financiación del sistema educativo?¿Qué pasa con la menor implicación de las familias en el proceso formativo de sus hijos? ¿Qué pasa con la baja consideración que tiene la labor docente? ¿Qué pasa con la presencia, cada vez más masiva, de inmigrantes de culturas diversas? Todos esos problemas que acabo de enumerar son los problemas que tiene ahora mismo la enseñanza en la Unión Europea y en los países occidentales, de ahí que cuando la OCDE hace los informes PISA esas causas provoquen fracaso escolar y abandono escolar en España, pero también en Estados Unidos, en Portugal, en Italia o Grecia, que queda en los informes PISA por debajo de España, o en Alemania, Francia o Noruega, que quedan levemente por encima.
Señoría, el problema de la educación no es un problema exclusivamente de España, baste mirar a los dos países más próximos a nosotros, Francia y Portugal: el nuevo informe sobre la educación en Francia está siendo objeto de un debate acalorado porque saben que los mismos problemas que señalamos aquí los tienen ellos. Por tanto, busquemos una solución a un mundo que ha cambiado, a una sociedad que es distinta y, señorías, no son las soluciones exclusivamente: reválida, exámenes, el culpable es el alumno y todos los demás señalamos al alumno como el culpable. Eso ya lo experimentamos antes de la LOGSE y el resultado fue catastrófico: mucho peor en fracaso escolar, en rendimiento y en el abandono del sistema educativo. Por tanto, quien diga que los que hacíamos reválida éramos más listos en un modelo en el que estudiaba un porcentaje pequeñísimo de la población de España, está haciendo un análisis sesgado que no se ampara, que no se apoya en una realidad contrastable.
Para estos problemas que he marcado, que señalan los informes y que señalan los sociólogos cuando ven qué está pasando, ¿cuál es la solución óptima? La ha señalado la portavoz de CIU y lo han señalado otros portavoces: un gran pacto de Estado que permita un buen diagnóstico y sobre la base de un buen diagnóstico unas buenas soluciones. ¿Hemos buscado un pacto de Estado? Sin duda sí, el esfuerzo ha sido repetido por parte del Gobierno de la nación, que llevaba en su programa electoral la retirada de la LOCE, que había sido aprobada por mayoría absoluta en los dos últimos años de una legislatura de un total de ocho años que gobernó el Partido Popular. Ocho años perdidos, señoría, perdidos, porque si la LOGSE era tan mala, ¿por qué no la cambiaron al principio de la primera legislatura? ¿Qué les impidió invertir más dinero en la educación? ¿Qué les impidió dar refuerzo, apoyo, respaldo al profesorado y a los alumnos? Si el diagnóstico lo tenían tan claro, ¿por qué han perdido dos legislaturas? Sin duda el diagnóstico es malo y las soluciones de la LOCE --como se ha señalado aquí-- eran peores, porque el propio informe PISA señala que una ley que no busca a la vez que calidad equidad, que desagrega, que lleva a los alumnos en itinerarios echándolos del sistema solamente porque no tienen buenos rendimientos, es un mal sistema.
De acuerdo, firmamos un pacto de Estado. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno socialista para hacer un pacto de Estado? Hablar con todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, pues la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el 13 de septiembre del año pasado se puso en contacto con el líder de la oposición y empezaron una serie de reuniones con el Partido Popular. En la primera, el 20 de septiembre, se le entrega un primer documento de trabajo, se repite el 27, el 3 de octubre y el 8 de noviembre. ¿Qué dice don Mariano Rajoy, ministro de Educación durante 15 meses en España en la primera legislatura de Aznar?: descarta un pacto educativo y anuncia una enmienda a la totalidad. El líder del PP pide una serie de cosas que aparecen reflejadas en la ley pero que es el mensaje repetido machaconamente para devaluar la ley que estamos haciendo. ¿Pacto de Estado con todos los partidos políticos del arco parlamentario con la exclusión del Partido Popular? No; con la autoexclusión, pensada, tramitada para devaluar al Gobierno en una estrategia de hacer que la educación sea un motivo más de saña, de enfrentamiento, sin ver el bien común por encima del bien partidista del partido de la oposición (El señor Abejón Ortega: ¡Tiempo, tiempo!) El resultado es una LOE que yo creo que en términos generales puede no ser la ley de ninguno de los grupos en su totalidad, pero es una ley que resuelve muchos de los problemas planteados en leyes anteriores, que busca respuesta al alumnado, al profesorado, a los centros educativos, a la administración educativa...


La señora PRESIDENTA: Senador Pezzi, le quedan dos minutos (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¿Dos minutos todavía?, ¿dos minutos?--El señor Abejón Ortega: ¡Tiene el reloj parado!)

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, no se preocupe usted, es que cuando yo hablo parece que es más tiempo por la densidad de las cosas que digo, pero llevo ocho minutitos igual que todos (Risas y protestas.) He empezado a las seis en punto.


La señora PRESIDENTA: Continúe con el debate. Los miembros de la Mesa llevamos el tiempo controlado y no solamente por parte de la presidenta.


El señor PEZZI CERETO: Como llevo 26 años de parlamentario sé que es fórmula habitual interrumpir al orador para hacerle perder el orden de su intervención. Como

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buen profesor de universidad estoy acostumbrado a no perder el orden de mi intervención y voy a seguir por donde estaba: me estaba metiendo con el Partido Popular y lo voy a recordar de nuevo (El señor Abejón Ortega: ¡Qué raro!--Risas.) Ocho años perdidos --me quedan dos minutos tras la interrupción-- por Esperanza Aguirre, por Mariano Rajoy y por Pilar del Castillo.
Hemos querido hacer un pacto de Estado, ustedes se han negado, se han marginado, no vienen al Senado a construir, vienen a deconstruir, a derribar algo que estamos construyendo los demás partidos políticos.
Nosotros vamos a seguir en el mismo camino, tendiendo la mano, que se la tendemos también al Partido Popular, pero para hablar de esta ley, de la que se está tramitando y no para dar voces «LOE no» en manifestaciones y en pancartas que respetamos pero que parece que no son el trámite parlamentario habitual.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pezzi.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar y con toda brevedad debo manifestar mi total desacuerdo por cómo está llevando el debate la presidenta, porque si usted da 15 minutos para el veto tiene que contestar a esos 15 minutos del veto primero y a mí no me puede contestar más de 15 minutos. Por favor, sea neutral. Esos vetos tienen que estar separados y para eso aquí hay un letrado de la Cámara, para que lo haga correctamente. Me parece un abuso total que me haya contestado durante 20 minutos al veto que le corresponde al Partido Popular, y eso es una inmoralidad, así de sencillo (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Separe los vetos, señora presidenta, y sea neutral.


La señora PRESIDENTA: Senador Abejón, la neutralidad es la que lleva practicando no solamente esta presidencia, sino esta Mesa, lo que pasa es que la neutralidad no todo el mundo la entiende como nosotros la estamos practicando desde esta Mesa; así es que siento mucho que usted haya puesto esas palabras en su persona porque no se corresponden en absoluto con la realidad. Es más, el control del tiempo no solamente lo llevo yo, sino que lo llevan otros miembros de la Mesa, y además la interpretación del tiempo de los vetos la repetí varias veces; es una pena que no se haya entendido tal y como yo lo expresé desde esta Presidencia.
Si es tan amable, continúe con su intervención con el tiempo que tiene para ello.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta, continúo.
Dice el señor Pezzi que aquí venimos con más de lo mismo y sin soluciones. Enmienda primera que se plantea en el Senado: que se garanticen las enseñanzas comunes, y ya hemos visto lo que dicen sus socios: tenemos un modelo catalán a la vista aprobado, parece ser, por la comunidad educativa con la consejera hoy mismo para hacer un modelo educativo. Nosotros seguimos insistiendo en que eso es necesario.
Segunda enmienda: que exista la lengua castellana en todas las comunidades autónomas. A usted esto parece que no le debe importar, a nosotros nos importa mucho que los alumnos de todas las comunidades puedan cursar la lengua materna, porque está demostrado que aquellos alumnos que no estudian en la lengua materna ni pueden estudiar posteriormente la lengua castellana tienen mucho más fracaso escolar y porque además tienen ese derecho a poder ser educados en lengua castellana y a que se les imparta la lengua castellana.
En tercer lugar, hemos planteado un plan de choque de primaria y secundaria. No podemos seguir adelante con un 30 por ciento de alumnos que no supera los objetivos de la enseñanza primaria. La promoción automática de primaria a secundaria que plantea la ley es un absurdo, porque, según dicen los análisis, un 30 por ciento de los alumnos no superan los objetivos de primaria. Mucha escolarización, mucha diversidad, todo lo que usted quiera, pero hay otro 30 por ciento de alumnos que no supera la enseñanza secundaria. Lo que nosotros decimos es que se hagan dos planes de choque: uno, para que el 100 por 100 de los alumnos termine primaria y, otro, para el que 95 o el 100 por 100 termine la enseñanza secundaria. A usted le parece una cuestión menor que en la Educación Secundaria Obligatoria se imparta, durante los tres primeros cursos, Tecnología, Música, Plástica, que la Ética no sea la ética cívica de la que habla el señor Moratinos --donde se estudie la Alianza de Civilizaciones, tal como ha manifestado últimamente--, que se estudie Filosofía, la filosofía que hay que dar y no filosofía y ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? ¿La que ustedes están negociando individualmente? Luego culpan de todos los males al Partido Popular. Queremos que la lengua castellana tenga entidad propia y aparezca como una asignatura individual, para que los profesores de lengua castellana la puedan impartir. No queremos que se imparta de forma conjunta con la lengua cooficial o que se dé, como se está dando, lengua castellana en asignaturas como Plástica, Música o contando chistes. Usted sabe que esto es una realidad y para nosotros es un asunto de enorme preocupación.
En el Senado hemos planteado una apuesta por la formación profesional. A ustedes, que son tan progres, después les preocupa muy poco este tema.
Hay un montón de alumnos, pero sólo 200.000 estudian formación profesional, mientras que 600.000 estudian el bachillerato. ¿Sabe por qué no estudian formación profesional? Porque es un muro, un cajón sin salida. A los alumnos que estudian y aprueban grados de ciclo medio no les sirve para nada, porque no pueden continuar, pues tienen que hacer una prueba en la que han de demostrar que tienen conocimientos de Bachillerato y del ciclo superior al que pretenden acceder. ¿Cómo un alumno que no ha hecho el Bachillerato va a demostrar que tiene conocimientos de bachillerato y, además, del ciclo de grado superior al que quiere acceder? Se trata de pedir un poco de sensatez, no pedimos otra

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cosa. Queremos que los alumnos estudien formación profesional y que se convierta en una auténtica alternativa a la universidad. Para ello queremos que la formación profesional inicial conduzca al graduado en secundaria, que no dejen ustedes tirados a un 30 por ciento de alumnos, que de otra manera se encaminan hacia la marginación social. Esos tres pilares son los que nos preocupan. Además, en una de nuestras enmiendas hemos pedido que se reduzca el número de alumnos por aula en la formación profesional. Es inadmisible que se pueda atender a 30 alumnos en las aulas. Además, ustedes, que tanto han enmendado en el Congreso, se vanaglorian aquí de haber aumentado un 10 por ciento los alumnos en las aulas normales de educación básica obligatoria y de escolarización tardía. Vaya medida más estupenda para mejorar la calidad educativa; es decir, que en lugar de tener 30 alumnos en la ESO, tengamos 33, teniendo en cuenta que se trata de alumnos de incorporación tardía. Pregunte a los profesores si consideran que eso es mejorar la enseñanza pública. Qué va a hacer un profesor con 30 alumnos heterogéneos, que ya están perdidos, que han pasado cursos con asignaturas suspensas y otros repitiendo, con unos que quieren estudiar y otros que no, con el incremento además del 10 por ciento. Sabe usted que eso es muy importante a la hora de tener en cuenta la calidad educativa.
Nosotros también hemos introducido una enmienda relacionada con el mundo rural. ¿Por qué no vamos a garantizar plazas de Educación Infantil y Educación Secundaria Obligatoria en nuestros pueblos? ¿Qué han hecho nuestros pueblos, señores del Partido Socialista, para que ustedes no les quieran, para que ustedes les abandonen y no tengan en cuenta sus necesidades? Usted sabe --pues ha sido usted consejero de educación-- que un pueblo sin educación es un pueblo muerto, porque se producirá desarraigo familiar y desarraigo con el pueblo y, al final, se quedará un pueblo sin vida.
Usted ha hablado de los recursos económicos y ha dicho que la LOGSE fracasó porque el Grupo Parlamentario Popular no puso medios. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Ya sé que esto cuela en muchos medios --y ustedes son muy poderosos en los medios--, pero no me vendan humo, al menos no a este portavoz, porque los 7.000 millones, de llevarse a la práctica, es una cantidad totalmente insuficiente. No engañemos más a la sociedad. Saben ustedes que entre 1996 y 2003 se invirtieron en educación 14.000 millones de euros, y sabe también que durante ese tiempo no se incrementó el gasto público en educación, sino que se quedó en el 4,4 por ciento. Uno se pregunta, sin saber matemáticas, ¿si con 14.000 millones no hemos sido capaces de pasar del 4,4 por ciento del gasto en educación respecto del PIB, cómo --explíquemelo, señor Pezzi-- con 3.500 millones de euros el Gobierno va a conseguir igualar la media de la Unión Europea, que es del 5,3 por ciento? Cada día nos salen ustedes con algo nuevo.
En su programa electoral decían que durante esta legislatura iban a conseguir igualar el gasto medio europeo en educación, pero se establece un plazo de 10 años. ¡Sabe Dios quién estará gobernando dentro de 10 años! Además, no hay ningún compromiso durante esos 10 años, pues ese compromiso es totalmente insuficiente. ¿Qué dice la memoria económica? La memoria económica dice muy poquitas cosas. En la memoria económica se dice que el Gobierno dará un aguinaldo consistente en 3.500 millones, por una única vez, y que después que cada uno se las entienda como pueda. Es decir, cada comunidad autónoma tendrá que gastarse el dinero que le ha dado el Gobierno, porque ya no le va a volver a financiar. Lo único que hace el Gobierno es crear un agujero de 7.000 millones de euros en las comunidades autónomas. Es decir, que ustedes financian el primer año de la educación infantil y, a partir de ahí, lo harán las comunidades autónomas. Pero no nos engañemos, pues eso no conduce a ninguna cosa, porque, al final, estaremos como estamos. Ya sabe usted que, durante los dos años de su gobierno, han pasado del 4,4 por ciento del PIB al 4,3 por ciento. Sin embargo, dirán a los medios de comunicación que el Grupo Parlamentario Popular no destinó dinero a estos fines. Yo ya le he dicho que el dinero lo ponen los ciudadanos, las comunidades autónomas. Ustedes han puesto este año 200 millones, a los que han sacado mucho brillo, pero ¿sabe cuánto van a tener que poner las comunidades autónomas? Diez veces más, es decir, 2.000 millones. ¿Sabe usted cuánto va a subir el PIB con 2.500 millones de euros? Nada. Y, si no, aquí estaremos para que usted me lo diga. Por lo tanto, hay que ser sensatos. No basta con vender aquí una humareda, diciendo que se trata de un problema que tienen Italia, Portugal, Grecia o Estados Unidos. No...


La señora PRESIDENTA: Señor Abejón, le quedan dos minutos.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.
No, porque España tiene sus problemas. España está a la cola del fracaso escolar; España está a la cola de los conocimientos; España está a la cola de otros temas fundamentales, como el abandono escolar. Yo no le voy a negar que ha habido una cualificación importante, ¡faltaría más que durante 20 años no hubiéramos sido capaces de escolarizar en la educación obligatoria!Ahora el gran reto es la calidad, calidad que esta ley abandona, no conduce a ella. Nosotros creemos que el alumno tiene que tener exámenes, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que haber una disciplina en las aulas, donde el profesor esté motivado, ilusionado y donde se resuelvan los graves problemas que en estos momentos tienen las aulas, motivando también al alumno. Al alumno no se le motiva con el botellón ni con los graves problemas de droga que hay en las aulas.
Desgraciadamente, ¿qué ocurre hoy en las aulas? Hace 35 años era un orgullo llegar a ser profesor. Sin embargo, cuando me encuentro con mis compañeros lo único que dicen es: para sobrevivir todos los días hago maravillas y espero que me llegue la jubilación anticipada. Por lo tanto, debemos ser mucho más serios en este tema, porque se trata del futuro de España y si las medidas no son las adecuadas no haremos ningún favor a la educación de España ni a todos los españoles. Ustedes van a aprobar una ley, pero su objetivo principal --tal y como dijo el presidente del Gobierno-- es derribar la LOCE que

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ha hecho el Partido Popular. Pues bien, están en vías de derrumbar la LOCE, pero le aseguro que no van a derrumbar los valores en los que cree la LOCE. La LOCE cree en unos valores de patriotismo nacional, responsabilidad, estudio, universalidad y cree en otros valores como son la familia, el esfuerzo y otra serie de cosas fundamentales en la educación. Muy bien, ustedes quieren revolucionar este asunto sin tener en cuenta a todas las fuerzas sociales, pero flaco favor harán si las cosas siguen exactamente igual que están. Nosotros consideramos que no hay perspectivas para que esto mejore y cambie. Lo que no se puede decir es que hay un pacto de Estado y que quieren dialogar, cuando, tal y como ha dicho la representante de la Entesa, están muy contentos de que el principal partido de la oposición no participe en el pacto por la Educación. Señora Assumpta Baig (La señora Baig i Torras: Yo no he dicho eso. Abejón, escuche bien.)

La señora PRESIDENTA: Por favor, guarden silencio.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Le digo con mucha tristeza: lo más antidemocrático que existe es hacer un pacto para dejar aislado al principal partido de la oposición. Yo no me siento satisfecho de eso, ni me siento satisfecho de que en el Pacto del Tinnell se apruebe esa ley catalana de Educación, ni tampoco estoy satisfecho de que usted manifieste hoy aquí que nosotros estamos quedándonos solos. No es cierto.
Ustedes tienen sus votos, bienvenidos sean y todo lo demás, pero el Partido Popular tiene diez millones de votos y merece un respeto en esta Cámara porque, si no, lo que estarán provocando es una inestabilidad en el sistema educativo y una inestabilidad en el futuro de España.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor senador (La señora Baig i Torras pide la palabra). Tiene la palabra su señoría.


La señora BAIG I TORRAS: Señora presidenta, pido la palabra por alusiones; además, de un contenido importante, pues hay alusiones a las que a uno no le afectan, pero en este caso debo indicar que he señalado totalmente lo contrario. He afirmado que no me ha gustado ni que estuviera en el Pacto del Tinnell y mucho menos que se quedaran fuera de un acuerdo educativo, para el que sería importantísimo que estuviéramos todos. Esto es lo que ha dicho esta senadora.
Yo entiendo que el señor Abejón tiene que escuchar a muchos a la vez, pero quiero puntualizar qué es lo que he dicho y el criterio de Entesa a este respecto.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
A continuación, vamos a proceder a la votación de los vetos. Al ser vetos separados, votaremos en primer lugar el número 1, correspondiente al Grupo Parlamentario Popular y, a continuación, el número 2, del Grupo Parlamentario Mixto.
Por lo tanto, votamos el veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a votar el veto número 2 del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 24.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Pasamos al debate del articulado. Corresponde, en primer lugar, el debate general del proyecto de ley, empezando por el Preámbulo y Título Preliminar. Habrá un turno a favor de 15 minutos; un turno en contra también de 15 minutos, que podrá oscilar en función del número de enmiendas y de la extensión de las mismas. (El señor Abejón Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Señora presidenta, he creído entender que esta tarde no va a haber votaciones.


La señora PRESIDENTA: Señor senador, como hemos comentado al inicio de la sesión, esta tarde se iban a votar los vetos y mañana, a partir de las ocho y media o nueve de la noche, tendrá lugar la votación del articulado.
Antes de que abandonen la comisión los señores senadores, me informan los distintos miembros de la Mesa de que, en función de la fluidez del debate, será posible no emplear toda la tarde. Por lo tanto, comunico a los senadores que, a mediodía, en función del desarrollo del debate, anunciaríamos la posibilidad de adelantar la hora de la votación.
En consecuencia, pasamos, al debate del Preámbulo y Título Preliminar.
Ruego silencio a los senadores que quieran permanecer en la sala y permitan que los distintos portavoces puedan defender sus enmiendas.
Para la defensa de las enmiendas números 8 a 11 y 412 a 421, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Ayala Fonte pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor AYALA FONTE: Señora presidenta, intervengo por una cuestión de orden. Quisiera saber a qué hora está previsto terminar la sesión de hoy, lunes.


La señora PRESIDENTA: Alrededor de las diez y media u once de la noche.


El señor AYALA FONTE: ¿Solamente se va a debatir el Título I?

La señora PRESIDENTA: Avanzaremos el debate todo lo que podamos.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señora presidenta.


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Vamos a defender las enmiendas de todos los componentes del Grupo Parlamentario Mixto: PAR, BNG, Izquierda Unida y las propias. Ni mucho menos vamos a emplear quince minutos, sólo unos segundos para señalar que, con respecto al Título Preliminar, nos parece fundamental tener en cuenta una serie de cuestiones básicas: la diversidad del alumnado, la educación para la integración y una problemática que consideramos interesante: el contenido básico de las enseñanzas mínimas en aquellas comunidades con idioma cooficial. Entendemos que es necesario establecer la determinación del mínimo de contenidos, ya que puede ser una intromisión importante en la actuación competencial de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas números 556 a 567 y 558 a 564, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Como bien ha indicado la señora presidenta, hemos presentado dos enmiendas encaminadas a potenciar y dar prioridad a la escuela pública por considerar que no está bien contemplada en el Preámbulo.
Al Título Preliminar hemos presentado veinticuatro enmiendas de diversa índole, de las que mencionaré sólo algunas que considero más importantes, como aquellas que se refieren a la Educación Infantil. Mi grupo solicita que el segundo ciclo de la Educación Infantil sea considerado obligatorio, y al menos en la comunidad que yo represento, Canarias, aunque no es obligatoria, funciona desde varios años casi en su totalidad y está dando buenos resultados, pues viene a compensar en parte las desigualdades de origen sociocultural. En consecuencia, consideramos más importante la obligatoriedad de la Educación Infantil de 3 a 6 años que en últimas etapas. He oído decir muchas veces públicamente al Grupo Socialista que uno de los grandes logros de la ley educativa es la ampliación de la edad obligatoria a los 16 años. Por eso pregunto si es más importante la educación obligatoria en esos dos años o entre los tres y seis años. Ésa es la razón de esta enmienda presentada por Coalición Canaria.
La ley hace mención a lo largo de todo su articulado a un término que yo nunca había oído, cual es el de competencias básicas. Había oído hablar de los fines y de los objetivos de la educación, asignaturas, materias, áreas, pero el término competencia es la primera vez que lo veo. Así pues, la ley se refiere reiteradamente a alcanzar las competencias básicas y yo, por más que la leo, no veo la definición, qué entiende la propia ley por competencias básicas. Sé que hay que alcanzar unos objetivos, hay que alcanzar unos fines, pero respecto a alcanzar unas competencias, la verdad es que no entiendo el término. Por eso, hay algunas enmiendas referidas a la supresión del concepto competencias básicas, sustituyéndolo por otro, como objetivos, fines, o cualquiera que se estime más oportuno.
Presentamos algunas enmiendas --la número 566 entre otras-- para reforzar la figura de la tutoría, que nos parece debilitada en la ley. Esta acción de tutoría es importante para lograr la cercanía al alumnado y constituye un elemento fundamental en todas las etapas de la educación.
Consideramos también importante la enmienda número 572, referida a la especialización de los profesores. En el artículo 26 se manifiesta que el profesor puede impartir más de una materia en los primeros cursos de la ESO.


La señora PRESIDENTA: Señoría, siento interrumpirle, pero la enmienda número 572 no se corresponde con este bloque que estamos debatiendo.


El señor AYALA FONTE: En ese caso, doy por terminada esta intervención.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Convergència i Unió para defender la enmienda número 680. (Pausa.) Al no estar presente, se da por defendida.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para la defensa de las enmiendas números 600 a 603.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señora presidenta.
Como bien ha dicho, mi grupo ha presentado en este primer tramo cuatro enmiendas: una al Preámbulo, la número 600, y las tres siguientes al Título Preliminar.
Voy a ser muy breve en la defensa de estas enmiendas.
En primer lugar, quisiera manifestar, como dije en la justificación del voto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos a los vetos, que debe existir un respeto a la distribución territorial de las competencias y, sobre todo, al carácter plurinacional y plurilingüe del sistema educativo. Entendemos que este es uno de los objetivos esenciales que debe perseguir y garantizar esta ley de educación, hasta el punto de que debemos pasar a conceptuar la auténtica existencia de diferentes sistemas educativos en el Estado, algunos de ellos autonómicos, que se hacen homologables al compartir un mismo conjunto de fines y principios básicos, mientras que se debe rechazar de una vez por todas la imposición de un único sistema educativo como unidad básica homogénea, algo que sin duda resulta inexistente en el bloque de constitucionalidad vigente en el Estado español. Esto por lo que se refiere al Preámbulo de esta ley.
En lo que se refiere al Título Preliminar, como decía, hemos presentado tres enmiendas, las números 601 a 603, referidas al currículo. La referencia en la fijación de los contenidos mínimos debe ser en el ámbito de las capacidades básicas que el Espacio Europeo de Educación vaya conformando. En ese sentido, creemos que debe hacerse un esfuerzo por parte de todos los grupos para tratar de adecuar esta ley a las diferentes sensibilidades autonómicas, como he dicho, pero sobre todo respetando lo que se está abordando en el espacio europeo.
También se debe evitar la clara extralimitación competencial que se ha atribuido el Gobierno, en algunos casos

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bajo la excusa de cooperación internacional, en el establecimiento de currículos, cuando son las administraciones educativas las competentes --en este caso la Comunidad Autónoma vasca--, bien que de acuerdo con los contenidos básicos que para su incorporación y modulación al caso harían razonable la coparticipación del Gobierno estatal, cuando así fuera preciso.
Por último, deseo indicar que el Estado carece de competencia alguna para imponer a las comunidades autónomas programas de cooperación, de modo que la participación en dichos programas deberá ser voluntaria y pactada, nunca impuesta, y deberá ser expresión de un sistema de colaboración mutua, nunca de carácter unilateral, como se pretende en esta ley en algunos de los casos, en concreto, en el artículo 9, apartados 1 y 2.
Esperamos la comprensión y el apoyo del resto de los grupos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Entesa Catalana de Progrés para la defensa de las enmiendas números 734 y 735, al Preámbulo, y las números 749 a 751 y 753, al Título Preliminar.


La señora BAIG I TORRAS: Gracias, señora presidenta.
Quiero anunciar que nosotros habíamos presentado más enmiendas, sobre todo al Preámbulo, que hemos retirado, y sólo dejamos vivas dos, que doy ya por defendidas.
Respecto a las enmiendas que corresponden al Título Preliminar, las números 749 y 750 --ambas guardan relación entre sí y otras parten de ellas-- buscan dar mayor importancia a las enseñanzas artísticas. Nos parece que en el artículo 3.6 podríamos dejar únicamente las enseñanzas de idiomas, incluso las de deporte, en cuanto a la consideración de régimen especial. En cambio, la enseñanza universitaria y las enseñanzas artísticas universitarias deberían estar reguladas por sus normas específicas, según propone la enmienda al artículo 3.7.
Todos damos ya por descontado que la enseñanza universitaria tiene una especificidad absoluta, pero las enseñanzas artísticas también tienen unas características específicas muy singulares, primero, porque se produce una adquisición de saberes y habilidades en edades muy tempranas, como en el caso de la danza, y también porque conllevan una adecuación muy específica en su regulación. Por eso, dejamos abierta la posibilidad de que, hechas las referencias en esta ley, con posterioridad hubiera alguna ley específica que regulara las enseñanzas artísticas. Seguramente ha llegado a oídos de todos la importancia que dan algunos a que sea una enseñanza universitaria incluso con algún matiz, como si no pudieran ser enseñanzas superiores o como si la adecuación del proceso de Bolonia se debiera dar únicamente a las enseñanzas universitarias y no a todas las enseñanzas superiores.
Las enmiendas números 751 y 753 se refieren a temas competenciales. Con nuestra enmienda número 751 pedimos que en el artículo 6.5 se reconozca a las administraciones educativas para que sean éstas las que homologuen y expidan los títulos correspondientes. Entendemos que la reserva al Estado prevista en el artículo 149.1.30 de la Constitución Española se limita a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos, lo cual es distinto al reconocimiento de la homologación de títulos en sí mismo. Según la sentencia 26/1987, de 27 de febrero, dicha competencia puede estar atribuida a las comunidades autónomas en tanto que son poderes públicos.
En la enmienda 753 pedimos que se sustituya «el Estado» por «la Conferencia Sectorial de Educación», pues consideramos que ello es más adecuado y respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para defender la enmienda número 628, al Preámbulo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado exclusivamente una enmienda de carácter técnico al Preámbulo, la número 628, con la que perseguimos algo tan simple como eliminar el párrafo 15 por estar repetido en el 17. Consideramos absurdo decir lo mismo en dos sitios de forma sucesiva. Como digo, la nuestra es una enmienda de carácter técnico que consideramos no tiene mayor complicación.
Al hilo del debate que se ha mantenido, quisiera decir que estamos en disposición de proponer transaccionales respecto de las enmiendas números 419, 557 y 735, presentadas por Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, respectivamente. Respecto de la enmienda número 735, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, queremos que también se cite a la Unesco cuando se cita a la Unión Europea como organismo que ha propuesto la mejora de la calidad y la eficacia del sistema de educación.
Respecto de la enmienda número 557, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, consideramos que las circunstancias sociales se deben sumar a las de discapacidad física, problemas psíquicos, sensoriales o trastornos graves de conducta a la hora de buscar apoyos y atenciones. Las circunstancias sociales también pueden obligar a dar ese respaldo especial al alumnado. Finalmente, y respecto de la enmienda número 419 de Izquierda Unida, queremos que se atiendan prioritariamente las características y necesidades del alumnado, garantizando la distribución de los alumnos con necesidades de apoyo educativo entre los centros escolares sostenidos con fondos públicos.
Señorías, es fácil defender esta cuestión. En España tenemos una fuerte inmigración procedente de culturas muy diversas. Hasta ahora ha habido una especie de norma en el sentido de que los niños y niñas hijos de inmigrantes se incorporaban a la enseñanza pública, lo cual ha provocado

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que muchos colegios públicos contaran con una gran cantidad de alumnos en esas circunstancias que exigían al centro un importante esfuerzo educativo que a veces no puede superar debido a una fuerte presencia de alumnos con dificultades de lenguaje, dificultades para el aprendizaje de nuestro idioma, de comprensión o de actividad lectora. Creemos que tanto los centros públicos como los sostenidos con fondos públicos deben escolarizar a todos los alumnos atendiendo prioritariamente a los que tienen dificultades.
Finalmente, se han presentado una serie de enmiendas al Título Preliminar que considero mejoran el texto, como ocurre, por ejemplo, con las números 558 a 561 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en las que se van fijando los principios y fines de la educación, como es la motivación del alumnado, su esfuerzo, la responsabilidad individual o el reconocimiento lingüístico, enmiendas éstas que consideramos se pueden aceptar, o la enmienda número 514 del senador Urrutia, en la que se persigue buscar la diversidad como principio fundamental de la enseñanza.
Asimismo, en el Capítulo III vamos a intentar buscar transaccionales respecto del artículo 6.4, que se refiere a los centros docentes. Por su parte, el senador Mur, del Grupo Parlamentario Mixto, propone que en el Capítulo IV se cite a las comarcas de forma específica, además de a los ayuntamientos, dado que en la Comunidad Autónoma de Aragón tienen estructura legal.
Felizmente, el artículo 6.3 tiene una buena redacción según la cual los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan. Se vuelve a una redacción estándar que ha dado buen resultado en todas las legislaciones desarrolladas hasta ahora en temas educativos, y por tanto, creemos que debe mantenerse tal y como está.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pezzi.
Por el Grupo Parlamentario Popular, y para defender las enmiendas números 159 a 173 y 411 presentadas al Preámbulo, y números 174 a196 presentadas al Título Preliminar, tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario ha presentado 15 enmiendas al Preámbulo porque entendemos que en él, no se destaca de forma adecuada la importancia que tiene el sistema de educación y formación para el futuro de España en el contexto europeo y en una sociedad globalizada y universal. No recoge el fracaso de la ley a la que pretende sustituir ni su situación crítica actual; describe el desarrollo del sistema educativo en el último siglo y pretende justificar que esta ley es producto de un proceso participativo y transparente, cuando la realidad demuestra que el debate virtual que abrió el ministerio ha dejado fuera a la gran mayoría de la comunidad educativa, y el número de aportaciones recibidas es, cuando menos, ridículo si se compara con cualquier otra consulta similar.
La LOE se asienta sobre tres principios que deberían hacernos recapacitar. El primero es la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos. Para ello derogan una ley en la que ése era precisamente su principal objetivo, y prescinden de la palabra calidad en el título de la nueva ley. De aquel documento que nos entregaron, que decía: una educación de calidad para todos y entre todos, ya no queda absolutamente nada; ni queda calidad ni es para todos ni tampoco se ha hecho entre todos. El segundo principio es el del esfuerzo compartido, lo que consiste básicamente en trasladar el esfuerzo personal a un esfuerzo que debe ser realizado por todos: comunidad educativa y administraciones, con el fin de diluir las responsabilidades y, por supuesto, los fracasos. El esfuerzo de uno no lo pueden hacer los demás.
El tercer principio consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea. Para lograr dichos objetivos se opta por modelos ya desechados por los países de nuestro entorno o por fórmulas contrarias a las que aplican dichos países.
El Preámbulo de esta ley elude describir los dos pilares del modelo constitucional educativo: la libertad y el derecho a la educación; no garantiza la vertebración territorial y social del sistema educativo; renuncia a poner en marcha propuestas de la ley de calidad de la educación esperadas, aceptadas y deseadas por una gran mayoría del profesorado, y no fomenta los valores del esfuerzo ni de la exigencia personal, y cuando lo hace, es a regañadientes y a instancias del Consejo de Estado; no garantiza el derecho de las familias a ejercer la libertad de elección de centro sin trabas ni obstáculos; no refuerza institucionalmente los centros educativos, dificulta su funcionamiento y promueve una falsa autonomía de los centros incompatible con un modelo de dirección no profesional, además de eliminar la posibilidad de que los centros que lo deseen se conviertan en centros de especialización curricular, lo que sí supondría una verdadera autonomía y un modelo acorde con lo que se está instaurando en Europa.
Es una ley que, al contrario que los países de nuestro entorno, da la espalda a la importancia de la evaluación de los resultados del sistema educativo, cuando en todos los países que obtienen buenos resultados en los estudios internacionales las evaluaciones son externas y al final de cada etapa educativa. La LOE no establece evaluaciones, la LOE establece unas evaluaciones de diagnóstico, internas y a mitad de cada etapa. No se puede concluir este apartado sin insistir en lo poco afortunado del texto del párrafo 35. Se ha huido de la tentación de pretender cambiar todo el sistema educativo. La ley se asienta --termina-- en la convicción de que las reformas educativas deben ser continuas y paulatinas. En fin, sin comentarios, cuando la ley anterior solamente tiene una vigencia de dos años.
En cuanto al Texto Preliminar, hemos planteado 19 enmiendas. En relación con el Capítulo I, Principios y fines de la educación, me gustaría reseñar, señora presidenta, en primer lugar, que el Grupo Parlamentario Popular acude con 254 enmiendas, de las cuales ya he dicho que 19 corresponden

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a este Título Preliminar. Permítame que mis primeras palabras sean para defender dos enmiendas que son fundamentales, las números 174 y 175. Estas enmiendas de sustitución son muy importantes porque consideramos que no se recoge con claridad uno de los principios que ha de ser básico en el sistema educativo. Es cierto que el artículo 1 de la LOE recoge principios que compartimos, como es la calidad, la equidad o la transmisión de valores, pero echamos de menos un principio que, a nuestro juicio, es fundamental: la libertad que garantice el derecho a los padres a elegir el tipo de educación y el centro que quieren para sus hijos, tal como recoge nuestra Constitución.
Consideramos indispensable incluir este principio como uno de los pilares básicos del sistema educativo español y queremos creer que su no inclusión es por olvido. No se garantiza en los principios de esta ley, la libertad de los padres de elegir el centro que quieren para sus hijos, y ésta es una realidad que nosotros querríamos que se diferenciara y que se llevase a buen término. En relación con los fines que se contemplan en el artículo de la LOE, responden a una redacción farragosa y en ocasiones se confunden fines y principios. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución al artículo 2.
Respecto a las enmiendas 176 a 179, derechos y deberes, al analizar la LOE descubrimos una nueva e importante ausencia, que más allá de los principios y fines a que debe responder el sistema educativo, se encuentran los derechos y deberes de los verdaderos protagonistas de la comunidad educativa: profesores, padres y alumnos.
La enmienda número 177, dirigida a los alumnos, es muy importante que aparezca dentro de la ley. Voy a hacer una referencia especial a los casos de violencia en las aulas, que en este momento es uno de los principales problemas del sistema educativo. Debemos ser capaces de elaborar una ley que ponga fin a esta triste actualidad, demasiado común en nuestras aulas. Si importante es esto, también lo es el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, el estudio, ese estudio que hemos defendido como un deber básico del alumno, y como tal debe figurar de forma preferente en este articulado. No podemos hablar de un sistema educativo de calidad si fallamos en lo básico, y lo más básico es enseñar al alumno que en la vida nada se consigue si no es con una cultura del esfuerzo, poniendo en práctica el esfuerzo que ha de impregnar todo el aprendizaje, y yo diría la vida misma de los seres humanos.
En relación con los padres, presentamos la enmienda 178. Consideramos ineludible reafirmar su derecho a la libre elección de centro, el deber de ser los primeros responsables de la educación de sus hijos. Por tanto, creemos --y así lo afirmamos-- que esta enmienda tiene que ser recogida.
Finalmente, en relación con la enmienda 179, voy a hacer referencia a los deberes y derechos del profesorado. A nuestro parecer, resulta conveniente y prioritario --la ley no lo contempla-- enunciar los derechos básicos, tanto los individuales como los colectivos, así como los deberes de los profesores, de los docentes. Para mi grupo es fundamental la promoción profesional. ¿Por qué? Porque entendemos que el profesor tiene derecho a una carrera docente, y así lo vamos a defender en este punto y en el resto de la ley. La promoción --y no sólo la promoción interna sino a lo largo de la vida--, el desarrollo del docente es fundamental para el futuro del sistema educativo, como también lo es que el estatuto de la función docente esté elaborado en un plazo determinado.
Conviene resaltar en el Capítulo II la distinción, consolidada en nuestro sistema educativo, entre las enseñanzas de régimen general y las enseñanzas de régimen especial. En relación con las enseñanzas de régimen especial, hay una laguna que supongo que es un defecto técnico del proyecto de ley, y es que las enseñanzas deportivas no se incluyen en este artículo como enseñanzas de régimen especial. Hay que subsanar esta laguna.
En tercer lugar, hacemos una propuesta que debería ser tenida en cuenta por los grupos parlamentarios, y es la adaptación en algunos casos de nuestras enseñanzas a la terminología ya adaptada y consolidada por los organismos internaciones. En los organismos internacionales las enseñanzas posteriores a la enseñanza básica, lo que nosotros llamamos Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, se denomina con naturalidad Enseñanza de Educación Secundaria Superior. Esto se recoge en la enmienda 180 y creemos que ha llegado el momento de adoptar esta terminología.
En cuarto lugar, tenemos un elemento enormemente importante en este Capítulo II, y es el objetivo de extender al mayor número posible de alumnos españoles las enseñanzas de la educación secundaria superior.
Todos sabemos que ese es el objetivo al que nos hemos comprometido los distintos países de la Unión Europea. Es un objetivo muy ambicioso intentar que el 85 por ciento de nuestros alumnos adquiera títulos o reciba una formación de nivel de educación superior, ya sea de Bachillerato o de Formación Profesional. Debemos dar un paso para caminar hacia la gratuidad de estas enseñanzas de educación secundaria superior como la tienen ya algunas comunidades autónomas. En cualquier caso, proponemos que se establezca un sistema específico de becas y ayudas al estudio para permitir que la mayor cantidad posible de alumnos acceda a estas enseñanzas, se mantengan en ellas y que no existan obstáculos de naturaleza socioeconómica para lograr este gran objetivo que, a mi juicio, significa la mejora fundamental de nuestro sistema educativo.
Señora presidenta, la educación para las personas adultas no es una enseñanza ni general ni especial, por lo que debería suprimirse de la lista o el elenco de enseñanzas a las que se refiere este proyecto de ley. Cómo se puede hablar de calidad, de equidad y que el tercer elemento clave, que es la libertad, no aparezca y decir que es porque aparece ya en la Constitución. Si fuera así, señorías, sobrarían muchas cosas en las leyes porque ya lo dice la Constitución.
Hemos presentado la enmienda 183 al Capítulo III, relativo al currículo, porque entendemos que la redacción que plantea el Grupo Parlamentario Socialista o el Gobierno en esta ley conlleva que el sistema educativo se desvertebre de forma lamentable para el futuro de nuestro país y lo digo con el mejor tono con el que se puede decir, porque

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el artículo 6 del proyecto del Gobierno señala que los contenidos básicos de la enseñanza mínima no requerirán más del 55 por ciento o el 65 por ciento, dependiendo de si tienen o no lengua oficial. Es fundamental también asegurar que la lengua castellana sea vehicular en todas las comunidades autónomas y que se imparta con normalidad en todas ellas.
Me gustaría destacar como muy importantes las enmiendas 184, 185 y 186.
Una cuestión fundamental es aprovechar esta ley, y así lo hemos hecho, para incorporar la necesaria cooperación entre administraciones. Como aquí ya se ha dicho, nuestro panorama autonómico después de las transferencias es distinto. Hoy las comunidades autónomas gestionan más del 90 por ciento de los recursos en materia educativa. Eso ha sido muy positivo para el sistema educativo porque a aquéllas les corresponde el diseño de una parte importante del currículo y la competencia en planificación educativa. En definitiva, les corresponde llevar la buena marcha del sistema.
Pero en el momento del debate de esta ley orgánica sería importante destacar tres aspectos fundamentales, y brindo la oportunidad al resto de los grupos de llegar a acuerdos sobre ellos. El primero es que esta ley debería regular una nueva conferencia de educación, con unas funciones y una composición que no han de ser como ahora, que es un órgano paritario entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, sino un órgano en el que se sienten las comunidades autónomas con el Ministerio de Educación. Para nosotros esto es muy importante. Un segundo aspecto es el nuevo papel de las administraciones locales en esta ley. Y el tercero es la creación de un fondo de cohesión interterritorial. Ya que se está hablando de nueva financiación para la educación, sería positivo que en esta ley se definieran herramientas que permitieran promover y asegurar este derecho, que es común a todos: la igualdad de oportunidades en todo el territorio español. A eso hace referencia la enmienda 190. A mí también me preocupa la escuela rural, como he dicho anteriormente, así como la escuela urbana, en el sentido de que puedan estar en desigualdad y no se alcance esa equidad real tan deseada.
En cuanto a las enmiendas 193 a 197, hemos querido introducir en la ley un nuevo capítulo dedicado a la cooperación internacional y a la acción educativa en el exterior. Éste es un capítulo que tendría cinco artículos y es una aportación nueva que hace mi grupo con la finalidad de mejorar el contenido de la ley. La verdad es que nos ha sorprendido que una ley que tiene la vocación de ser una ley general de nuestro sistema educativo no introduzca ningún apartado o capítulo sobre algo que cada día resulta más importante en el mundo en el que vivimos, esto es, la acción educativa en el exterior y la cooperación internacional. Vivimos en un mundo cada vez más abierto e interrelacionado y los sistemas educativos de los diferentes Estados cada vez tienen unas relaciones más estrechas.
Nos lo impone la creciente movilidad de alumnos y profesores, y debemos fomentar los espacios en los que se desarrolla la vida profesional y laboral, que ya trasciende las fronteras y, por tanto, nuestro sistema educativo debe afrontar esta nueva problemática. En ese sentido van las enmiendas números 193 a 197.
En primer lugar, entendemos que la cooperación internacional en materia educativa forma parte esencial de la política exterior del Estado.
Corresponde al Estado y por tanto al Gobierno la asunción de sus responsabilidades en este ámbito, e impulsar las competencias y acciones de los organismos internacionales especializados en materia educativa, que creemos nosotros son los espacios básicos en los que se debe desarrollar con efectividad la cooperación multilateral. España tiene una vocación de presencia multilateral; la ha tenido a lo largo de toda su democracia, y en materia educativa debe ser fiel a esa línea.
La tercera idea es trasladar también al campo educativo --así lo debería reflejar esta ley-- nuestras relaciones preferentes con dos áreas con las que mantenemos vínculos más estrechos, y muy especialmente en materia educativa. Por una parte, la Unión Europea a la que está vinculado definitivamente nuestro futuro y, por otra parte, cómo no, la Comunidad Iberoamericana de Naciones a la que nos une la misma historia, la misma cultura y la misma lengua, y con la que tenemos un fuerte compromiso.
En cuarto lugar, señora presidenta y ya termino, debemos definir asimismo las líneas maestras de nuestra acción educativa en el exterior, y una ley como ésta es el mejor lugar para hacerlo. Esta ley tiene que lanzar el mensaje positivo de que ha llegado la hora y el momento de intensificar nuestra acción educativa en el exterior.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Pasamos ahora al turno de portavoces. Tiene la palabra el senador Pezzi.
(Pausa.) Como no hace uso de la palabra, pasamos a debatir el Título I.
Debido a su extensión, cada portavoz dispondrá de treinta minutos.
Comenzamos por las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto, números 2 a 5, 20 a 50, 426 a 448 y 518 a 525. Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señora presidenta.


Doy por defendidas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, del PAR y del BNG, y voy a intervenir con brevedad --los treinta minutos me parecen una locura-- para defender las enmiendas correspondientes a Eusko Alkartasuna --antes lo he hecho incluso más brevemente, porque desconocía el procedimiento, y siempre hay que pagar la novatada.
Título I, Las enseñanzas y su ordenación. Título importante, con peso específico, con dimensión y de contenido básico en todas las áreas de la educación. Eusko Alkartasuna ha querido dejar perfectamente definidos cuatro aspectos que se contienen en las enmiendas números 518 a 525 --como bien ha dicho la presidenta.
Comenzaré con la enmienda número 518, que se refiere a la Educación Infantil. Pues bien, en el primer ciclo de Educación Infantil queremos distinguir perfectamente el carácter educativo y asistencial, con un doble objetivo:

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prevenir y compensar las desigualdades que favorecen el desarrollo integral del niño o la niña; y además de ese carácter asistencial, que para nosotros es fundamental, ha de permitir que la familia pueda conciliar la vida laboral y familiar, por lo que hay que facilitar el aspecto asistencial al niño o a la niña.
La enmienda número 519 se refiere a la secundaria y a la problemática que supone el inicio del fracaso escolar, de las repeticiones y de la creación de ciertos problemas en el seguimiento de cara a etapas posteriores, bien en actividades profesionales bien en actividades universitarias. Somos partidarios de que el alumno o la alumna sólo pueda repetir una vez por curso, y dos veces como máximo dentro de una etapa.
Lo que no podemos consentir es que en los centros se encuentren alumnos mayores de 18 años. En nuestros centros educativos hemos iniciado una diversidad curricular, de tal forma que el alumno, una vez cansado del estudio y después de que abandone las aulas de la obligatoria secundaria, pueda volver a retomarlo a través de una motivación extra y evitando un nuevo fracaso escolar.
Con la enmienda número 522 ponemos de manifiesto que el Partido Socialista se ha extralimitado en sus competencias, al amparo de los artículos 149.1, 1ª, 18ª y 30ª, y el objetivo de la enmienda es salvaguardar los órganos consultivos para este tipo de enseñanzas; nos parece que estos órganos consultivos para enseñanzas no obligatorias no tienen razón ni sentido. Sí para las obligatorias, sí de los 6 a los 16 años, pero no para tramos posteriores.
Lo mismo hemos hecho en la enmienda número 523, que suprime el apartado primero del artículo 58, porque lo consideramos un brindis al sol y una remisión en blanco al Gobierno, permitiendo que en posteriores actuaciones pueda superar lo que dice el texto del artículo y extralimitarse en sus actuaciones.
Así ocurre con la enmienda número 524, que pide la supresión del apartado sexto del artículo 64, porque el Gobierno hace una extralimitación de funciones y es un cheque en blanco, un brindis al sol, para poder actuaren detrimento de las competencias de las comunidades autónomas.
Por último, la enmienda número 525 propone añadir un apartado sexto al artículo 69, ya que el texto que proponemos se adapta mucho más a la realidad social que se da en nuestro entorno, y hablo por experiencia, por fuentes muy cercanas, ya que varios familiares mayores de 25 años han accedido a la universidad mediante la superación de una prueba específica, que es básico mantener y que además se debería incorporar al texto legal.
Con esto termino la defensa de las enmiendas al Título I.
Nada más y muchas gracias. «Eskerrik asko.»

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, senador Ayala, para defender las enmiendas números 565 a 579.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señora presidenta.
A este título hemos presentado 19 enmiendas. Ya en la intervención anterior, por confusión, hice mención a algunas de ellas; no voy a repetir por tanto la defensa de aquellas enmiendas referidas a considerar obligatorio el segundo ciclo de la Educación Infantil, ni las dedicadas a dar más fortaleza a la acción de tutoría. Por ello, sólo me voy a referir al resto, entre ellas la número 571, que está dedicada a dar mayor importancia, en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, a la informática.
Por su parte, la enmienda número 572 propone que las materias sean impartidas --ya lo mencioné antes, cuando la señora presidenta acertadamente me interrumpió-- sólo por profesores especialistas, aunque se podría hacer alguna excepción. El artículo de la ley se refiere, sin especificar, a los primeros cursos de la ESO, mientras que en la enmienda concretamos que la excepción se pueda aplicar a los cursos primero y segundo de esta etapa.
En la enmienda número 575 pedimos la supresión de la evaluación en este ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria porque someter a unos alumnos de tan corta edad a este tipo de pruebas lo consideramos antipedagógico y porque puede acarrear un retroceso en el proceso educativo en lugar de un beneficio.
En la enmienda número 576 queremos destacar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y hacia el patrimonio histórico, cultural y artístico.
Por último, queda mencionar la enmienda número 579, encaminada a los mayores de 25 años para que puedan acceder a la universidad simplemente con una prueba de acceso.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.
A continuación, para la defensa de sus enmiendas, tendría la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pero al no estar presente, pasamos al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El senador Maqueda va a defender las enmiendas números 604 a 606.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias de nuevo, señora presidenta.
Efectivamente, a este Título I hemos presentado tres enmiendas que voy a comentar brevemente, así como su justificación.
La primera es la número 604, en la que establecemos que corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con los principios y criterios básicos establecidos en normas con rango de ley, la regulación del régimen de reconocimiento recíproco entre los estudios de bachillerato y los ciclos formativos de grado medio a fin de que éstos puedan ser tenidos en cuenta. Entendemos que debe reducirse el exagerado alcance de la normativa básica que se atribuye al Gobierno del Estado, en contra de la regla de agotar el establecimiento del marco básico en normas, como decía, con rango de ley, y provocando un auténtico vacío de la competencia autonómica.


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En la enmienda número 605 proponemos que serán las comunidades autónomas las que aprobarán las normas respectivas que permitan a sus universidades fijar los procedimientos para la admisión de los alumnos que hayan superado la prueba de acceso y la admisión de los que se encuentren en la situación a la que se refiere el apartado anterior. La justificamos para reducir el alcance tan exagerado de la normativa básica que se atribuye dictar al Gobierno estatal, en contra de la regla de agotar el establecimiento del marco básico en normas con rango de ley, lo que provocaría un auténtico vaciamiento, como decía antes, de las competencias de las comunidades autónomas. En este caso, ya se atribuye al Gobierno el diseño básico de la prueba de acceso a la universidad, cosa con la que no estamos de acuerdo, como para pretender encima que también se haga el diseño básico de los procedimientos de admisión de alumnos por las universidades. No estamos de acuerdo con que se haga la prueba en sí, y mucho menos con que se pueda establecer por parte del Estado lo que deben hacer las diferentes universidades. Este panorama es propio de una enseñanza de diseño unitario y centralista, e impropio de un modelo autonómico.
Por último, en cuanto a la enmienda número 606, entendemos que las enseñanzas deportivas deben organizarse a través del Consejo Superior de Deportes, como no podía ser de otra manera, tomando como base las modalidades deportivas y, en su caso, sus especialidades, en colaboración con las comunidades autónomas, previa consulta a sus correspondientes órganos en materia de enseñanza deportiva.
Entendemos que, dentro de la distribución competencial en materia de enseñanza, corresponde al Estado regular y establecer las enseñanzas mínimas, si bien las comunidades autónomas, como administración educativa, son las que regulan las enseñanzas que excedan de ese mínimo, así como las que establecen el currículo de distintos niveles y etapas y regulan los ciclos, los grados y las modalidades del sistema educativo.
Con esta enmienda tratamos de dar respuesta a estas competencias asumidas por las comunidades autónomas, así como articular la colaboración que en materia de enseñanzas deportivas tienen otros órganos regulados en la correspondiente normativa sectorial sobre el deporte.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Maqueda.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para defender las enmiendas números 754 a 760 y 762 a 813.
Tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente, este capítulo tiene muchos artículos, por lo que intentaré no perderme.
En cuanto a la Educación Infantil, nuestras enmiendas pretenden que se concrete mucho más en la ley la importancia educativa de esta etapa. Por eso, en la enmienda número 755 pedimos una modificación en el sentido de que el primer y segundo ciclo de Educación Infantil tienen carácter educativo y se plasmará en la propuesta pedagógica de cada centro. En estas edades es muy importante trabajar el movimiento, el gesto, el ritmo, la expresión visual y la expresión musical para que después no sean aspectos nuevos dentro de la educación.
La enmienda número 760 también es importante porque del articulado previsto en estos momentos en la ley deducimos que hay una cierta difuminación en cuanto a qué administración es la que realmente tiene la competencia y la responsabilidad en la creación de plazas públicas. Por este motivo, y por convicción política, presentamos una enmienda en la que se dice que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar plazas públicas. Además, en la enmienda número 759 pedimos que las administraciones públicas garanticen un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas. Como decía, en la enmienda número 760 planteamos que, por convicción política, la responsabilidad de creación de plazas públicas debe ser no de las administración públicas --todas son administraciones públicas--, sino de la administración educativa. Incluso en el articulado que se propone creemos que hay una contradicción entre decir que son todas las administraciones públicas las que tienen esta responsabilidad y el redactado del último apartado del artículo cuando dice que son ellas las que determinan las condiciones para establecer convenios con corporaciones locales y otras administraciones, puesto que las corporaciones locales también son administraciones públicas. Nos gustaría poder dilucidar mucho mejor este aspecto.
En Educación Primaria también hacemos una especial referencia a la importancia de la educación artística, que debe ser considerada como parte de esta formación integral del individuo, ya que le es propia por naturaleza, es una parte en sí del mismo individuo y una manifestación propia y necesaria en el ser humano equiparable a la comunicación verbal o escrita. Por esto presentamos la enmienda numero 763 que, en su redactado, expresa la importancia de adquirir estas habilidades culturales básicas.
La enmienda número 764, aprovechando la comparecencia que tuvimos el mismo día que se presentaron las enmiendas, propone que un objetivo de la Educación Primaria sea desarrollar las competencias de representación y expresión artísticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas y construcción de propuestas visuales apropiadas.
Tanto a la Educación Primaria como a la Secundaria hemos presentado varias enmiendas porque, para atender a la diversidad, las administraciones han de garantizar una detección temprana. Por ello, nuestra enmienda número 765 propone que en la Educación Primaria se garantice la atención psicopedagógica y la orientación educativa y, asimismo, que en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria se pueda organizar siguiendo principios de educación común y de atención a la diversidad, pero que las administraciones regulen mucho más la atención a la diversidad destinando recursos suficientes.
La enmienda número 772, al artículo 26, propone que sean las administraciones educativas las que garanticen la

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dotación de servicios de orientación educativa, psicopedagógica y profesional en los centros de secundaria.
La enmienda número 778, al artículo 31.3, tiene como objetivo que «Todos los alumnos, en cualquier caso, al terminar su período de escolarización obligatoria recibirán una acreditación del centro educativo, en la que consten los años cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y materias. Esta acreditación irá acompañada de un informe orientador sobre el futuro académico y profesional del alumno, que en ningún caso será prescriptivo y que tendrá carácter confidencial.» Desde nuestro punto de vista, esta medida puede ayudar a los alumnos y, sobre todo, a sus familias.
La enmienda número 779, al apartado 8 del artículo 34 se podría incluir dentro del bloque competencial. Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario «Corresponde a las administraciones educativas regular el procedimiento de convalidación y reconocimiento recíproco entre los estudios de bachillerato y los ciclos formativos de grado medio...» Tal y como he dicho anteriormente, creo que es importante que la administración educativa más próxima sea la encargada de aspectos tales como la convalidación.
En la enmienda número 787, al artículo41.5, nos parece importante que los cursos puedan impartirse en los institutos de educación secundaria que la administración educativa determine.
Asimismo, hemos presentado varias enmiendas al apartado dedicado a las enseñanzas artísticas, dando satisfacción a colectivos que se han dirigido a nosotros con el fin de que cuando se hable de enseñanzas artísticas se tenga en cuenta que no sólo nos estamos refiriendo a la música o la danza, sino también al arte dramático, las artes plásticas y visuales. En este momento, en Cataluña están surgiendo nuevas escuelas de enseñanzas artísticas que no se circunscriben única y exclusivamente a los apartados de música y danza --y, realmente, nos parece bueno que así sea y que se potencie--, sino que se encargan de todo el trabajo artístico; por ejemplo, el gesto, el movimiento y el arte dramático, que son ayudas importantes de cara a la expresión oral. En muchas ocasiones, en la escuela se enseña a leer, a escribir, a contar y a hacer problemas, pero se enseña muy poco a hablar y la expresión oral es la que vamos utilizar todos en más ocasiones a lo largo de nuestra vida. En este sentido, creemos que se debería potenciar el surgimiento de enseñanzas artísticas que incluyeran todos estos campos.
Igualmente, nos parece importante que no sólo se pueda acceder a la educación musical profesional y superior partiendo de los estudios y títulos otorgados por los conservatorios. En este sentido, proponemos que se siga el modelo europeo, donde las escuelas de música están mucho más arraigadas y prestan mayor apoyo a la música que los propios conservatorios, que están mucho más encorsetados y destinados a la obtención de un título. Por ello, nos parece óptimo que no se dé prioridad al conservatorio profesional y, en este sentido, hemos presentado algunas enmiendas.
Asimismo, en el caso de otras enseñanzas artísticas proponemos que también exista la posibilidad de acceso a pesar de carecer de título, siempre que el alumno tenga un talento especial, o bien en el caso de que se hayan cumplido ya los 25 años --como ocurre en la universidad--, para aquellos que en su madurez les gustaría acceder a estas enseñanzas artísticas.
Hemos presentado también varias enmiendas relativas a las enseñanzas deportivas. Por ejemplo, en la enmienda número 810, al artículo 64, apartado 2, creemos que, después de la palabra «prueba», falta la expresión «regulada por las Administraciones educativas». Esta modificación sigue la misma línea que en el caso de otras enseñanzas, como por ejemplo la formación profesional,la música, danza o enseñanzas artísticas superiores --artículos 41, 49 y 52.5.
Para finalizar este apartado, hemos presentado dos enmiendas relativas a la educación de adultos. La enmienda número 812 tiene como finalidad que se pueda conseguir el título de Educación Secundaria Obligatoria «...
siempre que se hayan alcanzado competencias básicas y los objetivos de la etapa». Nos parece que la redacción de la ley se centra más en los aspectos básicos del currículo y puede dar pie a interpretar que las condiciones para obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria sólo se pueden referir a los aspectos básicos del currículo; es decir, a las enseñanzas mínimas y eso no se correspondería a lo que todos conocemos por educación de adultos.
Tal y como ha señalado el portavoz de Coalición Canaria, en la enmienda número 813, al artículo 69, creemos que se debería añadir un punto destinado a los mayores de 25 años, con el fin de que puedan acceder directamente a la universidad, sin necesidad de titulación alguna, mediante la superación de una prueba específica.
Creo que con esta intervención he dado una visión general de todas las enmiendas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
A continuación, tiene la palabra el senador Pezzi, para la defensa de las enmiendas números 629 a 639, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señora presidenta.
Al igual que he hecho en mi anterior intervención, voy a intentar dar una visión de conjunto sobre las enmiendas que hemos presentado al Título I y cómo repercuten sobre las demás, lo que de alguna manera supondrá cierta economía de tiempo, que también es importante.
En el caso de la Educación Infantil, recogida en el Título I, Las Enseñanzas y su Ordenación, hemos intentado mostrarnos sensibles a las enmiendas números 754 a 757, presentadas por Entesa Catalana de Progrés, añadiendo elementos de educación visual y musical, de movimientos, gestos y ritmos, tal y como acaba de señalar la señora portavoz. En este sentido, creemos que con una buena redacción deben incorporarse a las habilidades lógico-matemáticas o de lectoescritura porque, sin duda, las habilidades relativas a la expresión visual y musical son elementos importantes que debemos tener en cuenta en la Educación Infantil. Los niños deben iniciarse pronto en la representación

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y expresión artística, puesto que ambas son esenciales para la comprensión visual del mundo en que vivimos. También haremos alguna aportación sobre objetivos y principios pedagógicos incluyendo una enmienda de Eusko Alkartasuna, la 518, que coincide con otra de Entesa Catalana de Progrés.
En cuanto a la enseñanza primaria, votaremos a favor de enmiendas de CiU y del senador Cuenca, similares a las de Entesa, sobre educación vial y sobre dos elementos que se repiten en varias enmiendas de Izquierda Unida: la orientación psicopedagógica y la orientación educativa en todos los ciclos. Es una aportación interesante sobre un asunto que no estaba suficientemente recogido en el texto del proyecto de ley. En primaria, como lo hemos hecho en Educación Infantil por medio de enmiendas de Entesa, añadiremos elementos sobre expresión artística y visual, y sobre la acción tutorial.
Sobre Enseñanza Secundaria Obligatoria, nuestro grupo presenta las enmiendas 629 a 632, la mayoría de carácter técnico. La primera, por ejemplo, pretende subsanar un error que se produjo en el Congreso al suprimir el antiguo apartado 5 del artículo 22, y suprime el actual apartado 5 de dicho artículo 22, que ya figura en el apartado 5 del artículo 20. Hemos incluido todas estas enmiendas para evitar que el carácter técnico quedara diluido en el trámite de Comisión. A la vez, añadimos propuestas de Izquierda Unida y de Entesa, sobre la acreditación al terminar la escolarización obligatoria. Los alumnos deben recibir una relación de lo que hayan hecho, aunque no hayan podido conseguir la titulación final. También recogeremos enmiendas sobre orientación psicopedagógica y profesional, como decía anteriormente.
En Formación Profesional, las enmiendas socialistas tratan de señalar cómo los currículos exigen la referencia al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Hay varias enmiendas que tratan de señalar qué es la Formación Profesional, que se refieren al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de modo que se pierda la perspectiva. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional fue pactado con las comunidades autónomas y con las fuerzas empresariales y sindicales, y es el que fija la cualificación que debe tener el alumno para recibir una titulación determinada. Creemos que esto debe quedar fijado con claridad en la LOE, en lo que se refiere a Formación Profesional.
También en el capítulo de Formación Profesional, señalamos cómo se deben hacer las pruebas para acceder a ella cuando no se proceda de enseñanzas regladas, quién las tiene que organizar y el incremento de plazas, algo que nos parece fundamental. La Formación Profesional ha sido la gran olvidada en nuestro país. En otros países europeos tiene una relevancia mucho mayor. Se alcanzó un buen acuerdo con el Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional y con el catálogo de cualificaciones. Todas las administraciones afectadas deben empujar en la misma dirección. Tanto nuestras enmiendas como las transaccionales que hemos acordado van en dicha dirección.
Las enmiendas 635 y 636 proponen mejoras técnicas sobre quién puede acceder a las enseñanzas artísticas y sobre que la obtención del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño permita el acceso a los estudios superiores, universitarios o no, que determine el Gobierno con las comunidades autónomas, de acuerdo con el informe que haga el Consejo de Coordinación Universitaria. Abrimos puertas. De hecho, la ley trata siempre de no cerrar las puertas de paso de un nivel a otro, ni tampoco el paso a la universidad o el de unas enseñanzas regladas a otras.
Procedemos, pues, con las enseñanzas artísticas como lo hemos hecho con otros niveles.
En cuanto a enseñanzas deportivas, además de las enmiendas socialistas, apoyaremos la transaccional al artículo 63.3 sobre la enmienda 606 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que está en relación con la 252 del Grupo Popular y que pretende incluir la colaboración de las comunidades autónomas en la organización de las enseñanzas deportivas.
Asimismo, hemos acordado con Entesa una transaccional al artículo 64.2, sobre la prueba para acceder a determinadas modalidades o especialidades.
También efectuaremos una transacción sobre una enmienda de nuestro grupo parlamentario, ampliando las posibilidades de acceso a estudios universitarios (artículo 65.3).
Finalmente, en educación de adultos, haremos una transaccional sobre la enmienda 812 de Entesa, sobre competencias básicas, y otra que puede recoger enmiendas de Entesa, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y Coalición Canaria, sobre educación de adultos --mayores de 25 años-- y cómo se regula.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pezzi.
Tiene la palabra el senador Abejón, para defender las enmiendas 197 a 259 del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Presentamos la enmienda 198, que ordena la Educación Infantil, tal como la entiende mi grupo parlamentario, en dos ciclos: el primero, hasta los tres años --educación infantil preescolar--, y el segundo de educación infantil escolar.
La enmienda 199 establece los objetivos de la Educación Infantil, ordenada como acabo de señalar. Pretendemos fijar los objetivos de este ciclo educativo, atribuyendo a las comunidades autónomas la organización, supervisión y control de la educación infantil preescolar. Por supuesto, respetando siempre la normativa básica que establezca el Gobierno.
La enmienda 200 se refiere a la educación infantil escolar. Pretende la modificación del artículo 13. En este punto quiero resaltar la importancia que mi grupo da a determinados objetivos que deben alcanzarse en esta etapa. Me refiero a la necesidad de que los niños se inicien durante el segundo ciclo de infantil en el aprendizaje de la lectura y de la escritura y en habilidades numéricas básicas, y a la necesidad de que se generalice el aprendizaje de una lengua extranjera y se fomente la iniciación temprana de los alumnos en la tecnología de la información y de la comunicación.


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La enmienda más importante de este capítulo, en la que quiero detenerme, es la 202 al artículo 15. En este artículo 15 ya se vislumbra una cuestión que hemos debatido esta tarde: la libertad de enseñanza. La redacción del punto 2 del artículo 15 es altamente significativa. Cuando una ley orgánica dice que las administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y establecerán conciertos con centros privados en el contexto de su programación educativa, lo que les está diciendo a todos los ciudadanos es que se deja al arbitrio de la administración educativa de la comunidad autónoma la decisión de concertar o no plazas gratuitas, anteponiendo su programación a la demanda de las familias. Ésa es la realidad que establece el apartado 2 del artículo 15, que no asegura, desde nuestro punto de vista, la gratuidad de la Educación Infantil en los centros privados concertados. Si la gratuidad no se asegura, señorías, se estará privando a las familias españolas del derecho a elegir el centro educativo que quieran para sus hijos, y se romperá la necesaria igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Mi grupo ha presentado una enmienda perfectamente clara a este artículo.
Siguiendo con el mismo artículo, la LOE tampoco garantiza una oferta suficiente de plazas para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de centro en el primer ciclo de infantil. Sí lo hace, sin embargo, la enmienda, del Grupo Parlamentario Popular. Creo que podemos hablar de que las administraciones educativas promoverán la creación de plazas, pero promover es una cosa y ajustar la oferta a la demanda es otra bien diferente. Éste es un tema que cada vez piden más las familias. En un esfuerzo de las corporaciones locales, de las administraciones educativas y de las propias familias, debemos lograr que se pueda conciliar la vida laboral y familiar para que aquellos que deseen llevar a sus hijos al primer ciclo de educación infantil puedan hacerlo porque el Estado, las administraciones educativas y las corporaciones locales se lo facilitan.
En cuanto las enmiendas referentes a la Educación Primaria, las voy a extractar. En la número 203 hacemos hincapié en que la Educación Primaria es una etapa importantísima en lo que se refiere a acumular destrezas y técnicas instrumentales. De nada sirve que acceda un educando a la educación superior si no ha dominado esas técnicas instrumentales. Por tanto, queremos que dichas técnicas sean mejoradas a través de esta enmienda.
En la número 204 hablamos de los objetivos y decimos que el desarrollo de hábitos, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio y la satisfacción por el trabajo bien hecho desde la Educación Primaria van a tener un gran reflejo en la educación superior, más aún ante la escasa motivación que, en mi opinión, van a tener los alumnos con esta ley para los estudios superiores.
En la enmienda número 205 se definen con una mayor corrección epistemológica las áreas de la Educación Primaria, y se dota al articulado de mayor coherencia al incorporar los principios metodológicos. No estamos de acuerdo en que el área de Ciencias, Geografía e Historia sea sustituida por Conocimiento del Medio Social y Cultural. Tampoco compartimos que la Lengua Castellana y la Literatura se hayan unido en un mismo seminario, en una misma asignatura --en este caso de primaria--, en una misma área con la lengua cooficial. Y, por supuesto, eliminamos también esa asignatura de adoctrinamiento que, entendemos nosotros, es la Educación para la Ciudadanía.
En lo que respecta a la enmienda número 209, continuando con la Educación Primaria, el Grupo Parlamentario Popular plantea una evaluación general de diagnóstico así como un plan de choque en primaria. Nosotros consideramos que es imprescindible que exista una evaluación general externa al final de la etapa, tal y como se realiza en los distintos países europeos. Además, para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos de esta etapa deberíamos establecer un plan de choque, un plan individualizado de forma que puedan afrontar todos sin excepción y con garantías los estudios de la ESO. Desde nuestro punto de vista ésta es una de las enmiendas más importantes que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
En cuanto a la organización de la Educación Secundaria Obligatoria, etapa fundamental y crucial en nuestro sistema educativo yen la que se acarrean los mayores problemas en estos momentos, consideramos que este proyecto de ley está profundamente equivocado puesto que no resuelve ninguno de los problemas que generó la LOGSE además de que se crean otros nuevos.
Los profesores nos piden otro modelo de educación secundaria obligatoria.
El documento emitido recientemente por las asociaciones de directores de instituto de toda España lo reclaman ya sin ambages. ¿Por qué no les hacemos caso? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para conseguir un modelo de Educación Secundaria Obligatoria que sea el que necesitan nuestros hijos en el siglo XXI? Creo que una sugerencia es que se abandone el modelo de comprensividad que ya abandonó Tony Blair en el año 2000.
Debemos abandonar todos los errores del pasado, porque si no se modifica este modelo, nuestro sistema educativo seguirá siendo un fracaso, lamento decirlo.
En tercero y cuarto de la ESO ustedes vuelven a plantear, como bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura, los programas de diversificación curricular.
Aquí lo hemos oído reiteradamente: El Partido Popular no puso dinero, y por eso han fracasado esos alumnos en la diversificación curricular. Y yo les pregunto a ustedes sin ánimo alguno de crispación: ¿Son itinerarios basura, como ustedes decían de los itinerarios que planteaba la ley de calidad? ¿Es que significa segregación el que un alumno elija voluntariamente un itinerario científico, tecnológico o humanístico? ¿No es segregación tener unos itinerarios a los que a la fuerza tienen que ir unos alumnos, los menos preparados, los más retrasados, y que están todos en una misma aula? ¡Eso no es segregación! Todo depende del partido que lo haga. ¿Por qué no vamos a buscar una diversificación en la última etapa de la educación secundaria que sea inteligente a través de vías formativas coherentes y no esta especie de solución consistente en decir que en los programas de diversificación curricular se rebajan las exigencias y los contenidos de las asignaturas para aquellos alumnos que parece que no pueden dar más de sí --eso se podría admitir--

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cuando resulta que hay otros que sí pueden hacer más aunque lo que se dice es que no quieren? Eso es injusto. El Consejo de Estado apuntaba con mucha claridad los problemas que esta fórmula va a plantear.
En nuestra enmienda 213 planteamos que hay que corregir múltiples errores. En primer lugar, nosotros consideramos que la asignatura es la unidad básica para el aprendizaje; no compartimos que se aglutinen en materias como Ciencias de la Naturaleza o en Ciencias Sociales disciplinas tan importantes como la Geografía, la Historia, la Física, la Química, la Biología o la Geología, porque lo que pasa al final es que se da un poquito de cada cosa o incluso no se da nada, con lo cual, los alumnos terminan por no saber casi nada. Nos parece que esta filosofía es un tremendo error.
Tampoco estamos de acuerdo con el planteamiento que hacen ustedes sobre el cuarto curso de la educación secundaria porque es algo imposible y contradictorio. Ustedes dicen: hagamos una especie de diversificación de este curso a través de unas asignaturas comunes y de unas optativas que se puedan agrupar en opciones --como ustedes las denominan--, pero no hay ningún criterio objetivo para configurar vías formativas que tengan unos fines propedéuticos. Parece ser que cada cual podrá hacer lo que le dé la gana.Así lo exponemos en nuestra enmienda número 214.
Consideramos que un error también importante es la introducción de la Educación para la Ciudadanía en esta etapa. Nosotros estamos en contra de esto por una razón muy importante, y es que sin el respaldo de una disciplina científica, una materia va encaminada inexorablemente a convertirse en un medio de adoctrinamiento. Es la ciencia la que evita ese adoctrinamiento. Por tanto, el rechazo que la gran mayoría de la comunidad educativa tiene a este tema está muy razonado y apoyado. Deben, pues, replantearse esta cuestión. Lo han hecho ustedes mal. Han tenido la osadía de crear una especie de hilo conductor de la formación en los valores en que ustedes creen. Por tanto, esta asignatura, que ha entrado con mal pie, va a fracasar.
Estamos en total desacuerdo con la reconversión de la Ética en Ética Cívica. En el dictamen sobre humanidades que todos recordamos se hablaba muy claramente de la dimensión de la asignatura de Ética. No debemos transformarla. Aunque el señor Moratinos nos pida un módulo de alianza de civilizaciones, dejemos la Ética como está; no la mutilemos, que la enseñen los que saben enseñarla y que sean ellos los que la programen.
Dejemos la Lengua Castellana como asignatura independiente de la lengua cooficial, pues ambas se merecen tener el más amplio campo de temario y de horarios. No hagamos de la Tecnología, de la Informática, de la Música, de la Plástica, ni de la Cultura Clásica, del Latín ni de otras varias, asignaturas de segunda categoría. Es inconcebible que para dar entrada a una asignatura que nadie ha pedido haya desaparecido la cultura tecnológica de la ESO, siendo éste uno de los pilares fundamentales de las nuevas tecnologías y de la nueva sociedad del conocimiento. Mediten sus señorías, pero es importante que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que deben aprender los alumnos y en qué deben enseñar los profesores.
Señora presidenta, hay otros aspectos fundamentales de nuestra crítica a la etapa de la ESO: pasar de curso con tres suspensos, la promoción automática cuando se haya repetido curso o dos veces en la etapa de la ESO y el número de suspensos con que se puede otorgar el título de graduado en secundaria. No hemos entrado en esto porque dicen que nos repetimos, pero eso no es así. Ésta es una enmienda nueva, del Senado, en la que decimos que para dar el título de graduado en secundaria tienen que estar aprobadas todas las asignaturas. Cada comunidad autónoma hará lo que quiera, unos lo darán con diez, otros con ocho y otros con siete.
A este respecto nuestra enmienda número 218 establece la existencia de pruebas extraordinarias en cada curso de la etapa y la repetición cuando el número de asignaturas no aprobadas por el alumno sea superior.
Asimismo, cada curso el alumno podrá repetir, lo que da muchas oportunidades para que obtenga el título en graduado en secundaria. No sé por qué se empecinan en que no puedan repetir cada curso una vez si el alumno lo puede incluso agradecer. ¿Para qué lanzarles a ciclos posteriores de la etapa si no tienen las bases suficientes de aprendizaje para afrontarlos? En la enmienda 221 se precisan las condiciones académicas para obtener el título de graduado en la ESO, lo que requiere, como he dicho antes, haber superado todas las asignaturas de la etapa, y no como se dice en el proyecto, donde se cede a las comunidades autónomas la posibilidad de pasar con un número de suspensos que ellas determinarán.
La enmienda número 219 establece una evaluación general de diagnóstico de carácter externo al final de la etapa, de acuerdo con los modelos imperantes en los distintos sistemas de la Unión Europea. Y la número 218 establece un plan de choque para que los alumnos que al finalizar cuarto de la ESO hayan suspendido alguna materia puedan recuperarlas y obtener el título de graduado. Yo, señorías, quiero llamar su atención a fin de que todos los alumnos de primaria y de secundaria puedan tener un título elemental. En ello ponemos nuestro esfuerzo y ésa es nuestra prioridad.
¿Para qué avanzar hacia adelante si entre los más necesitados ya quedan descolgados un 30 por ciento de alumnos? En cuanto al Bachillerato, objeto de las enmiendas 222 a 229, el Partido Popular cree en la sustantividad histórica del Bachillerato español. Esto quiere decir que no apoyamos ni apoyaremos la idea de que el Bachillerato es un mero apéndice de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Ni lo es ni lo puede ser nunca. Nosotros respaldamos, sin ningún género de dudas, la asignatura comunidad básica de conocimiento, así como la libertad del profesor de esa asignatura o asignaturas para que desarrolle su programación y enseñanza.
La enmienda 224 quiere evitar un Bachillerato a la carta, como propone la LOE; un Bachillerato ligero de equipaje que debilitará su función propedéutica, especialmente respecto a las asignaturas que son imprescindibles para acceder con posibilidad de éxito a los estudios superiores, en especial

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la historia de España, la Lengua Castellana y Literatura --ya sé que no les gusta--, la lengua cooficial de la comunidad autónoma. ¿Es tan difícil que las dos lenguas sean vehiculares en la educación básica o al menos en la Educación Primaria? ¿Estamos pidiendo tantas cosas raras? ¿Alguien entendería que en el Reino Unido o Francia no se estudiase en inglés o francés? Pues esto es lo que ahora parece ser novedad en España, que la lengua castellana pueda dejar de ser lengua vehicular y que el castellano no se enseñe ya en alguna comunidad autónoma.
Semejante disociación desvirtúa la naturaleza omniabarcadora y universal de la filosofía; otro tema que nos preocupa, en especial la filosofía en su doble vertiente teórica e histórica frente a la separación de los contenidos de moral y política que la Filosofía y ciudadanía en la LOE pretende vehicular en el Bachillerato. Semejante disociación desvirtúa la naturaleza omniabarcadora y universal de la filosofía e incluso el carácter filosófico de la reflexión ética y política. Dejemos a los profesores que hagan la filosofía; no nos metamos los políticos y hagamos lo que nos corresponde, para lo que nos han votado. Ésta no es una mera cuestión académica, tiene una gravedad extrema; en realidad, significa el final de la filosofía sistemática en el Bachillerato y su conversión en una moral de Estado.
Señorías, nosotros estamos convencidos de la necesidad de mantener, como en su día propusimos en la LOE, la prueba general de Bachillerato. La enmienda 227 pretende dos objetivos; en primer lugar, la armonización con el Bachillerato de la Unión Europea, ya que España es, junto con Grecia, los únicos países que no la tienen; en segundo lugar, mantenerla porque esta prueba supone un estímulo objetivo para el trabajo del alumno y de los profesores y una garantía de igualdad en el acceso al título, constituyendo un elemento de homologación y validación general del sistema en todas las comunidades autónomas y centros. Además, como he dicho antes, esta prueba sería única y daría acceso a la universidad y a la administración pública. La PAU que recupera la LOE para el acceso a las universidades se ha quedado obsoleta, como ya he dicho en el debate anterior.
Señora presidenta, en cuanto a la Formación Profesional, contemplada en las enmiendas 229 a 236, para el Grupo Popular la formación profesional ha de convertirse en una auténtica alternativa a la universidad. Para ello, es imprescindible romper con los muros que impiden el paso de los ciclos de grado medio a grado superior. Señorías, reflexionen. ¿Cuántos alumnos van a dejar en la cuneta? Van a tumbar la LOCE, ¿pero cuántos alumnos están gritando que les dejen pasar a hacer los ciclos de grado superior? ¿Es un pecado pedir esto? ¿Es un pecado decir que los alumnos que van a ciclos de grado medio, que no son de las clases más altas, puedan continuar sus estudios a los ciclos de grado superior? Para ello, nuestra enmienda 231 crea un curso puente, de un año de duración, para que los alumnos que hayan finalizado los ciclos de grado medio y superado este curso puedan acceder a los ciclos de grado superior relacionados con el mismo.
Igualmente, para aquellos alumnos que no tengan los requisitos académicos para acceder a los ciclos de grado superior y tengan que acudir a una prueba, se rebaja la edad a los 18 años. Asimismo, para quienes estén en posesión del título de técnico y deseen acceder a un ciclo formativo de grado superior relacionado con el mismo deberán acreditar su madurez con respecto a los objetivos de Bachillerato, a través de la correspondiente prueba. Eliminamos, también, que estos alumnos, que lo tienen dificilísimo, tengan que acreditar que conocen los estudios de los ciclos superiores en los que se van a matricular. No tiene sentido que se exija en la LOE, además de los conocimientos del Bachillerato, esas capacidades referentes al campo profesional de que se trata.
Señorías, nuestro objetivo es muy sencillo: abrir caminos para aquellos alumnos que no hayan obtenido o no puedan continuar sus estudios. En este sentido, queremos que a aquellos alumnos que no hayan obtenido el graduado en secundaria obligatoria, tras haber cursado los programas de iniciación profesional --programas de cualificación profesional inicial en la LOE--, se les propicie un curso puente para que, una vez superado, puedan acceder al ciclo de grado medio. En definitiva, proponemos puentes y caminos para no dejar a nadie en la cuneta; nadie se lo merece y debemos hacer un gran esfuerzo para que no suceda.
En relación con las enseñanzas artísticas, presentamos las enmiendas que van de la 236 a la 248. Voy a centrarme, principalmente, en la número 241, en la que proponemos que se incardinen los estudios de las enseñanzas superiores artísticas en los estudios universitarios. Muchas de nuestras enmiendas se refieren a ello, y en concreto esta que he querido resaltar pretende que estas enseñanzas sean consideradas dentro del ámbito universitario. En esta enmienda hay varios aspectos que nos muestran esto: la estructuración de estas enseñanzas en tres ciclos; que se prevean los títulos de grado, de máster y de doctor, y que las enseñanzas artísticas superiores puedan cursarse en centros superiores, que tendrían rango universitario, estarían dotadas de personal jurídico y ejercerían su actividad en régimen de autonomía. También se da la posibilidad de que estas enseñanzas se puedan incorporar a los centros que actualmente se imparten en las universidades. Se habla de la posibilidad de que los centros de enseñanzas artísticas constituyan en el seno de una comunidad autónoma una universidad de las artes. Se habla del fomento del programa de la investigación en estas enseñanzas y, en definitiva, de un carácter universitario que la ley no contempla. La ley no dice nada al respecto y nosotros entendemos que ha de hacerse en estas enseñanzas.
En segundo lugar, dentro de este ámbito de considerar universitarias estas enseñanzas, nuestras enmiendas prevén la presencia, no eventual --como en el proyecto de ley--, sino obligatoria del Consejo de Coordinación Universitaria en el momento de prever el contenido de estas enseñanzas y, como hemos dicho, el establecimiento de todos los títulos que se prevean en el ámbito universitario. Esta demanda ahora nos parece urgente, sobre todo cuando se ha establecido un espacio europeo de enseñanza superior. Cuando queremos relacionar estas enseñanzas que tenían una singularidad en el Derecho español con los títulos de otros estados y buscar su homologación, el sistema actual

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ofrece muchas dificultades. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchos de los profesionales-artistas que tienen o van a tener estas titulaciones van a trabajar en instituciones que dependen de administraciones públicas, en las que es muy importante tener claro el rango del título para saber si se puede acceder o no a un determinado trabajo y en qué nivel se está. Por tanto, también urge tomar esto en consideración.
Voy a finalizar con las enmiendas 248 a 252, correspondientes a los capítulos VII y VIII: idiomas y deportes. La enmienda 248 se presenta al artículo 59 y para nosotros lo más importante, aparte de describir los principios generales de las enseñanzas de idiomas y los niveles de las mismas, es el apartado 4, que dice que para acceder a las enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas será requisito imprescindible haber cursado los dos primeros cursos de la enseñanza secundaria general o estar en posesión del título de graduado escolar, del certificado de escolaridad o los estudios primarios. A nuestro juicio, es necesario posibilitar el acceso a las escuelas de idiomas en edades más tempranas de las que establece el proyecto de ley; cuanto más tempranas mejor, por ser una necesidad educativa y, además, una necesidad de carácter técnico, científico, empresarial y, en general, social y político.
Queremos hacer hincapié en el artículo 59.bis nuevo, que se refiere al marco común europeo de referencia para las lenguas. En nuestra enmienda 249 establecemos que, con el fin de reforzar el reconocimiento internacional de los distintos niveles en lenguas extranjeras de nuestro sistema educativo, se promoverá el desarrollo de niveles de competencia comunes homologables a los definidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las mismas.
En la enmienda 250 apostamos por la investigación y la innovación en las escuelas oficiales de idiomas, así como que los institutos de enseñanza secundaria puedan impartir las enseñanzas de idiomas a las que se refiere el artículo 59.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
Una vez finalizada la intervención del Grupo Parlamentario Popular, ¿el Grupo Parlamentario Socialista desea hacer uso de su turno? (Denegaciones.) ¿Algún senador quiere hacer uso del turno de portavoces? (Pausa.) Entonces, pasamos al debate del Título II.
Vamos a empezar por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, las números 6, de la 50 a 57, de la 449 a 460 y la 526. ¿El senador Urrutia va a ejercer de portavoz de todas las enmiendas?

El señor URRUTIA ELORZA: Sí, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Dispone, como ya conoce, de un tiempo de 15 minutos.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, salvo que esté en situación muy atípica, seguro que le voy a regalar varios minutos, de verdad, además con todo el cariño.
Quisiera dar por defendidas las enmiendas de mis compañeros de grupo Izquierda Unida, PAR y BNG.
La enmienda número 526, única de Eusko Alkartasuna, con respecto al artículo 83, es otro de los elementos que me han servido de base para plantear el veto. Se refiere fundamentalmente --es una pena que el senador Pezzi esté ausente en este momento-- a las becas y ayudas y para su justificación me voy a aferrar a la Constitución --aunque no soy muy constitucionalista--. El artículo 149 de la Constitución determina que se garantiza la gratuidad de la enseñanza obligatoria, de tal forma que si se garantiza su gratuidad es obvio que debe haber estas becas y ayudas.
¿Qué pasa con aquellas materias que no son obligatorias? En este caso el artículo 149 de la Constitución no dice nada y si nos vamos al 27.4 de la Constitución tampoco hace referencia a las que son postobligatorias. Por todo lo anterior, lo que dice Eusko Alkartasuna es que las becas y ayudas en las enseñanzas no obligatorias a lo más que la LOE debiera remitir es a un recorrido mínimo, es decir, que se dijera: El mínimo para la gratuidad podría ser esto, mas como no es competencia nuestra, en aquellas comunidades autónomas que tengan competencia en estas materias ellos determinarán cuál es la gratuidad y cuáles las ayudas y subvenciones.
Ésta es la filosofía, ésta es la idea y lo que hemos querido es, además de que forme parte del veto, incorporar en el artículo 83 esta referencia tomando como base en la justificación los dos artículos: el 49 y el 27.4 de la Constitución.
Doy por defendidas el resto de enmiendas y plantearé la mía otra vez en el Pleno.
Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria para defender las enmiendas 580 a 583.


El señor AYALA FONTE: Gracias, presidenta.
Efectivamente, tenemos presentadas estas cuatro enmiendas que usted ha enumerado. La primera, la 580, pretende simplemente dar autonomía a los centros para concretar sus propios planes, que estén mejor adaptados a la realidad de cada medio socioeducativo y a la diversidad del alumnado.
La enmienda 581 trata de incluir en el colectivo de alumnos con necesidades especiales a aquellos que tengan dificultades específicas de aprendizaje, que no son --como dice el artículo del proyecto de ley-- dificultades que deriven ni de discapacidad ni de trastornos graves de conducta; queremos incluir ahí a alumnos con dislexia, con discalculia, etcétera.
La enmienda 582 es una simple corrección técnica --no tiene mayor importancia-- que busca sustituir una palabra por otra.
La enmienda número 583, referida al artículo 84 del proyecto de ley sobre la admisión de alumnos, trata de incluir dos criterios para la admisión de alumnos que no aparecen en el proyecto de ley --supongo que será por descuido--,

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como es la renta per cápita de la unidad familiar y la condición de familia numerosa. Estaban excluidos estos criterios en el proyecto de ley y los hemos incluido en esta enmienda.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para defender las enmiendas números 692 a 696. Tiene la palabra, senadora.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señora presidenta, defenderemos rapidísimamente estas cinco enmiendas a este capítulo.
La primera, la enmienda 692, al artículo 71, se refiere al alumnado con necesidades educativas. Lo único que se pretende con esta enmienda es que las atribuciones de las administraciones educativas respecto a las garantías del artículo 84 para los demás alumnados se tengan también para el alumnado con estas necesidades educativas especiales.
En el artículo 73 añadimos los trastornos de dislexia porque en este momento suponen casi un 17 por ciento de todos los problemas que afectan a los niños en su desarrollo intelectual durante esta primera parte de su aprendizaje. Tenemos dislexias de distintos grados y una gran parte del fracaso escolar se debe a esta causa, que afecta a muchos niños, a algunos de los cuales nunca se les ha detectado y quizá nunca se les detectará si no es en esta primera época.
En la enmienda 694 hablamos de becas y ayudas para garantizar que las comunidades autónomas puedan definir, respetando un mínimo, su política educativa. Señora presidenta, este grupo ha presentado muchas veces mociones y enmiendas sobre el tema de becas y ayudas y comunidades autónomas, con lo cual no la voy a defender más porque sería obvio todo lo que dijese.
En cuanto a la enmienda 695, al artículo 84, admisión de alumnos, voy a hacer hincapié en nuestra postura. Creemos que son los titulares de los centros educativos --estamos hablando de centros concertados-- los que son órganos competentes para realizar la admisión, correspondiendo al Consejo Escolar garantizar el cumplimiento de las normas reguladores. O sea, que es el mismo centro el que puede baremar a los alumnos para su admisión; el baremo, evidentemente, será el mismo, el estándar, el que la comunidad educativa y el Consejo Escolar decidan, pero creemos que es el mismo centro el que debe poder baremar porque son los centros los que conocen más al alumno y los que tienen más facilidades para hacerlo, además de que así les hacemos partícipes de esta decisión.
En cuanto al artículo 86, nuestra enmienda 696 trata de la igualdad de aplicación de las normas y de las áreas de influencia. Lo que pretendemos es que las áreas de influencia sean determinadas en igualdad para todos los centros, o sea, que el área de influencia se determine a partir del propio centro y no según las áreas en las que se haya distribuido en las distintas comunidades, ya que puede ser que, según los distritos educativos,queden en un extremo o en otro distintos centros escolares. Lo único que pretendemos, repito, es que la aplicación de las normas de admisión sea exactamente igual para los centros concertados que para los públicos.
Nada más. Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para defender la enmienda 607.
Senador Maqueda, tiene la palabra.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: «Eskerrik asko». Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda en este Título II.
Lo que proponemos en este caso es la supresión del artículo 102 en su apartado 4 y voy a justificar por qué nosotros opinamos que debe suprimirse dicho artículo.
El artículo que se propone suprimir permite al Ministerio de Educación y Ciencia diseñar y ofertar programas de formación permanente de carácter estatal dirigidos a profesores de todas las enseñanzas. Nos parece que con esta previsión quiere imitar la política que efectúa en el campo laboral --nos referimos a la formación ocupacional y continua--, sabiendo que no se ajusta al dictado de la doctrina que ha repetido el Tribunal Constitucional. Entendemos, en consecuencia, que estando atribuidas las competencias educativas a las comunidades autónomas, la previsión contenida en el artículo 102.4 es poco respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. La formación permanente del profesorado es un derecho y una obligación del profesor, así como una responsabilidad de las diferentes administraciones educativas. De ahí que la Comunidad Autónoma del País Vasco se haya dotado de unos servicios específicos de apoyo a la educación, servicios en los que se diseñan y elaboran planes razonables de formación del profesorado, de colaboración entre los planes de formación de la comunidad, de canalización de las demandas del profesorado en el campo de la formación y de la impartición de dicha formación y gestión de la formación derivada de las demandas de los proyectos que presentan los diferentes centros.
Por lo tanto, a nuestro modo de ver, corresponde a la comunidad autónoma organizar las actividades de formación. Cuestión distinta sería que, para que estos cursos tengan validez en todo el territorio del Estado, a efectos, por ejemplo, de carrera docente, el Gobierno del Estado fije, de acuerdo siempre con las comunidades autónomas, las diferentes condiciones o requisitos básicos de dichos cursos formativos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Maqueda.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés...


El señor URRUTIA ABAIGAR: Creo que, durante su intervención, el portavoz del PNV se ha referido al Título III, cuando nos encontramos debatiendo el Título II.


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El señor MAQUEDA LAFUENTE: Tiene razón el senador Urrutia.


La señora PRESIDENTA: No se preocupe, senador Maqueda, puede tomar la palabra, porque no ha utilizado su tiempo ni remotamente y, aunque lo hubiera utilizado, le daríamos también un poquito más.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Pido disculpas a mis compañeros. Utilizaré sólo dos minutos.
Efectivamente, se trataba de debatir la enmienda número 607, mientras que yo me he pasado a la enmienda 608; será por la cantidad de papeles y carpetas que tenemos. Le pido disculpas a usted y al resto de los compañeros, y agradezco la apreciación del senador Víctor Urrutia, porque había equivocado un papel con el siguiente.
La enmienda número 607, de modificación, dice lo siguiente: «El Estado establecerá, con cargo a sus presupuestos generales, y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas --asunto en el que queremos incidir--, un sistema general de becas y ayudas al estudio.» Si bien el artículo 83.3 es acorde con la distribución territorial de las competencias, nos parece adecuado añadir en su apartado segundo un inciso relativo a las competencias que deben ostentar en este área las comunidades autónomas. Entendemos que, de este modo, plasmamos las actuaciones en becas que algunas comunidades autónomas ya vienen realizando con fondos propios. Por ejemplo, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco ha venido regulando sus propias convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio, financiadas exclusivamente con cargo a los presupuestos del Gobierno vasco y con un tratamiento normativo diferenciado del estatal, sin problema alguno y con cobertura en el Real Decreto de transferencias 1015/1985, de 25 de mayo, según el cual se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras funciones, cito literalmente: la regulación y gestión de becas para estudiantes de enseñanza superior con vecindad administrativa en el País Vasco; dichas convocatorias se realizarán respetándose los criterios básicos que se establezcan para todo el Estado.
Por eso, y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, es el Estado el que establecerá, con cargo a los presupuestos, ese sistema general de becas y ayudas al estudio.
Gracias por su amabilidad, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Ahora sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para defender las enmiendas números 814, 816, 817, 819, 824, 826 y 827.
Senadora Baig, cuando usted quiera.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
La enmienda número 814 corresponde al artículo 71, en lo que respecta al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Se trata de una enmienda de adición, para que se reconozca el derecho al aprendizaje y uso de la lengua de signos española. (El señor vicepresidente, Cardona Prades, ocupa la presidencia.) Esta enmienda se apoya en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social. Sabemos que el pasado 16 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley por el que se reconoce la lengua de signos, en el que se incluyen aspectos educativos competencia de la administración educativa y que deberían garantizarse en esta ley orgánica. Nuestro grupo lo ha situado en este capítulo. Sabemos que hay otros grupos que han situado esta cuestión en las disposiciones adicionales, cosa que no nos parece inconveniente, pero sí nos parece oportuno que no nos olvidemos de la importancia de añadir un punto para el aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como el reconocimiento a la propia de cada una de las comunidades autónomas, promoviendo esta posibilidad con los recursos necesarios y con grupos flexibles.
Las enmiendas números 816 y 817 corresponden al capítulo de becas.
Nuestro grupo ha interpuesto en otras ocasiones mociones sobre este tema, pero queremos incidir, sobre todo en la enmienda número 817, en la importancia de adicionar un nuevo apartado 5 al artículo 83, para que el Gobierno proceda a la distribución territorial de los fondos presupuestarios correspondientes entre las comunidades autónomas.
Mediante la adición de este nuevo apartado, nuestro grupo parlamentario propone la territorialización de los fondos que el Estado destina a las becas y ayuda al estudio, pues consideramos que ese modelo garantiza mejor que el actual un trato igualitario entre las comunidades autónomas y su respectiva población escolar, teniendo en cuenta de manera suficiente las particularidades de las diferentes realidades socioeconómicas de unas y otras comunidades autónomas. Todo ello nos parece bien, además de existir una sentencia al respecto que lo avala, lo que ayudaría a que entre las comunidades autónomas hubiera una distribución mucho más equitativa.
La enmienda número 819, al artículo 84, se refiere a la escolarización en centros públicos y privados concertados. Nosotros hemos retirado todas las enmiendas que teníamos al respecto, dejando única y exclusivamente ésta. Nos preocupa que en el apartado 5 no quede explicitado el tema de la igualdad, siempre que se dé en etapas gratuitas, para que no pueda ocurrir en ninguna ocasión que, a través de una cuota económica, se pueda seleccionar al alumnado.
La enmienda número 824 trata de incluir un añadido al artículo 87 bis, en el apartado de equilibrio en la admisión de alumnos. Sin embargo, no tenemos ningún inconveniente en que esto se cite en alguna otra parte del texto de la ley. Además, queremos dar la importancia que se merece al apartado de coeducación, pues se trata de un principio educativo fundamental. No se trata de tener niños y niñas en las mismas aulas y las mismas escuelas, es decir, de escuela mixta --cuestión que también defendemos en todos los casos en que se puedan destinar fondos públicos al efecto--, sino que se den los objetivos filosóficos de la coeducación.
Las enmiendas 826 y 827 corresponden al capítulo de premios, concursos y reconocimientos. Nos parece que el otorgamiento de premios es una actividad marcadamente

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ejecutiva y de gestión que el Estado no puede llevar a cabo por no tener competencias en dicha naturaleza, especialmente si la norma no prevé la participación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos parece que ha de hacerse mucho más hincapié en la colaboración que han de tener las administraciones educativas a la hora de reconocer la labor didáctica o de investigación de profesores y centros, facilitando la difusión entre los distintos centros escolares de los trabajos y experiencias que han merecido dicho reconocimiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Cardona Prades): Gracias, senadora Baig.
Para la defensa de las enmiendas números 640 y 641 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ABAIGAR: Muchas gracias, señor presidente.
Las números 640 y 641 tienen un carácter estrictamente técnico de mejora de redacción y de precisión terminológica. La 640 hace referencia a las condiciones personales, historia escolar y concepto integral como conceptos que mejor definen dentro de este título de equidad los casos a que se hace referencia.
En la número 641 se hace una precisión en relación con la gratuidad de los centros públicos que ofrezcan varias etapas educativas, añadiendo que el procedimiento inicial de admisiónse realizará al comienzo de la etapa gratuita, pues consideramos que era una precisión que faltaba en la redacción inicial.
Debo señalar que nuestro grupo ha asumido también la enmienda 692 de CU, la número 6 del PAR y la número 454 de Izquierda Unida. Todas ellas vienen a mejorar, como he señalado anteriormente, la redacción del texto con mayor precisión terminológica de los artículos.
Asimismo, estamos en proceso de transaccionar con Izquierda Unida las enmiendas números 449 y 450; la 581 con Coalición Canaria; las 279 y 526 con el Grupo Parlamentario Popular; la 583 con Coalición Canaria y la 695 con CIU. Todas ellas están encaminadas a mejorar de manera notable tanto los aspectos técnicos como semiológicos de los artículos o bien a hacer precisiones respecto a la admisión de los alumnos en centros con financiación de recursos públicos.
Me voy a detener en el artículo 83, que ha sido citado de forma reiterada por el Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna, PNV, CIU y Entesa Catalana respecto de las becas y ayudas al estudio. Este artículo hay que contemplarlo dentro de la filosofía que corresponde a todo Estado democrático, que es garantizar la igualdad de los grupos y de los ciudadanos --y no debemos olvidar que estamos en el título de equidad-- frente a los territorios, y el término territorialidad se ha dicho de forma reiterada. En el punto 3 de este artículo se hace referencia a una cuestión que ha pasado desapercibida, que dice literalmente lo siguiente: A estos efectos, el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantías, etcétera. Es decir, estamos hablando de una idea que no va a afectar a todas estas comunidades de las que hemos hablado, ya que con su capacidad económica superan estas cuantías mínimas en las becas.
Por otra parte, debo decir que este artículo 83 es la traslación literal de la sentencia del Tribunal Constitucional 13/2000, por lo que estaríamos dando fuerza a una sentencia que acumula reiteradas peticiones de aclaraciones para este Tribunal.
Con esto doy por terminada mi intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Cardona Prades): Gracias, señor Urrutia.
Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa del Título II, enmiendas 260 a 285, tiene la palabra la senadora Gallego.


La señora GALLEGO ESPERANZA: El Título II viene referido a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social, respecto a los cuales la educación es en nuestra sociedad el factor más decisivo. Se potencian las enseñanzas destinadas a la formación permanente de las personas adultas como uno de los instrumentos sociales para hacer efectivo el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se regula la atención especial preferente a los alumnos con necesidades educativas específicas, como son los que padecen discapacidades u otras condiciones personales de análogos efectos, a los superdotados intelectualmente y a los que se incorporan tardíamente y en situación de desventaja al sistema educativo español. Los principios que orientan esta atención son: la integración, la flexibilidad y la adaptación de la respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que concurren en estos alumnos. Se establece la norma, entre otras, de que no se podrán poner límites de edad para permanecer escolarizado en un centro de educación especial siempre que fuese beneficioso para los alumnos destinatarios de este servicio.
La ley mantiene el sistema nacional de ayudas y becas al estudio que tienen como finalidad resolver los obstáculos de orden económico que impiden o dificultan el ejercicio del derecho a la Educación y garantizan que el acceso a estos estudios postobligatorios solamente estén basados en el criterio de mérito y capacidad. Para fomentar la igualdad de oportunidades y la cohesión social el sistema de becas ha de potenciarse tanto en relación con las enseñanzas de la Educación Secundaria Superior como con las correspondientes a la Educación Superior.
En cuanto a la defensa de las enmiendas de este grupo segundo aplicaré el criterio, en la medida de lo posible, de hacerlo por capítulos, y no me coincide el número de las enmiendas con el que el presidente había señalado.


El señor VICEPRESIDENTE (Cardona Prades): Las enmiendas son correctas, van de la 260 a 285.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Conforme, señor presidente.
Comenzando previamente por la enmienda de modificación al Título, diré que consideramos que la ambigüedad de equidad en la educación debe ser sustituida por la de

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igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para expresar esto último con mayor claridad, los objetivos que se deben de poner de manifiesto en el Título II son que la igualdad de oportunidades y la cohesión social en la educación son un factor determinante en nuestra sociedad, que es la que va a marcar también nuestro futuro, añadiendo a esto que el mismo Consejo de Europa establece como objetivo en el término cohesión social garantizar un nivel suficiente de protección oficial, proteger eficazmente a los grupos sociales más vulnerables, favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la exclusión y la discriminación. Consideramos que este planteamiento debe regir en un enfoque de la educación de las personas con necesidades educativas especiales.
En función de lo expuesto, la enmienda 261 al artículo 71 está destinada a precisar los principios en los que se basan las políticas orientadas a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social dirigidas al alumnado con necesidades de mayor apoyo educativo.
La enmienda 263 al artículo 73 deja claro que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos. No será la única vez a lo largo de la presente comisión que nuestro grupo tenga que debatir enmiendas de estas características para intentar paliar esa actitud de desconfianza y hostilidad por parte de los autores de la ley cuando las familias intentan ejercitar su libertad, en este caso, en algo tan sencillo como es la elección de centro para sus hijos.
En consonancia con la enmienda anterior sobre el papel de los padres y tutores, no sólo en la elección de centros, como acabamos de ver, sino también para contar con su colaboración o prestarle el asesoramiento necesario, según los casos, mi grupo incluye las enmiendas números 264, 265 y 272 que se corresponden a los artículos 73, 74, 77 bis y 79.
De todos es sabido que la diversidad del alumnado que nos ocupa aconseja unos planteamientos de métodos y programas muy diferentes. Para ello, la flexibilidad no sólo es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta gran parte de nuestras enmiendas; está presente en este Capítulo I del Título II. Si conseguimos llevar al articulado una configuración flexible, capaz de adaptarse a las diferencias individuales, habremos logrado ampliar el horizonte de las oportunidades y alcanzar resultados de calidad para todos, muy en especial para estos alumnos.
Para ello, según nuestras enmiendas números 264, 265, 269 y 271, consideramos que la adaptación de programas y metodología a las características de estos alumnos es fundamental. Incorporamos la supresión del límite de edad en centros de educación especial mediante la enmienda número 265, donde se dice que la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales se adaptará a las condiciones de estos siguiendo el principio de flexibilidad. Además, no podrán establecerse límites de edad para permanecer escolarizados en un centro de educación especial. Éste nos parece un planteamiento de lo más razonable, porque para estos alumnos, sobre todo para aquellos que tienen que incorporarse necesariamente a un centro de educación especial, consideramos secundaria la variable relativa a la edad.
La detección precoz ha de ser uno de los objetivos primordiales, por lo que el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios, para lo cual habrá de prestarse una especial atención a la identificación de las necesidades educativas especiales que presenten los alumnos con discapacidad. Por tanto, será necesario arbitrar medidas y recursos adecuados para asegurar a estos alumnos una atención educativa de calidad, como se recoge en las enmiendas número 263, al artículo 73, y 264, al artículo 73 bis, así como en la número 268, al artículo 76.
Hacemos una modificación en la Sección Segunda, sustituyendo la expresión «altas capacidades intelectuales» por la de «sobredotación», basándonos en la terminología acuñada con criterios científicos. El instrumento definitivo para llevar a cabo estas mejoras que introducen nuestras enmiendas es el profesorado, un profesorado que requiere una formación específica que le permita diseñar, desarrollar y evaluar adecuadamente las adaptaciones curriculares que estos alumnos necesitan.
En el caso concreto de los «sobredotados», existen estudios que confirman ciertas carencias en todos los niveles del sistema educativo en formación específica para ellos, lo que confirma que hasta la llegada de la LOCE estos alumnos eran incluidos bajo el rótulo de necesidades educativas especiales. Fue la Ley de Calidad del Gobierno Popular la que los situó en un ámbito competencial distinto, creando ex novo necesidades educativas específicas a tal fin.
A continuación, señorías, permítanme hacer referencia a la enmienda número 262, de modificación, al artículo 72, en la que se pone en valor el aprovechamiento y la potenciación de iniciativas sociales. En una sociedad dinámica como la nuestra no se puede despreciar el potencial de aquellas asociaciones y colectivos que, conociendo a la perfección y luchando para mejorar las condiciones de los colectivos que atienden, tienen un personal especializado. Por tanto, nos parece que se debería potenciar el aprovechamiento de estas iniciativas.
Para concluir este Capítulo I del Título II, haré una referencia a la enmienda número 271, de modificación, al artículo 78. Una buena integración en el sistema escolar de la población emigrante constituye un reto al que hay que dar una respuesta eficaz partiendo del principio en el que se establece que todos los alumnos procedentes de otros países que se incorporan al sistema educativo español gozarán de los mismos derechos y deberes que los alumnos españoles, sin que resulte admisible un trato diferente. Sin embargo, existe una determinada población emigrante que llega a nuestro sistema educativo en situación de desventaja y que, por razones lingüísticas, carencias formativas o condiciones sociales, hace necesario desarrollar acciones específicas de carácter compensatorio.
Paso a defender nuestras enmiendas al Capítulo II del Título II.
Esta ley, tal y como está concebida, supone la ausencia de medidas efectivas que promuevan y garanticen la cohesión social y la integración a través de la educación. Esto

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nos obliga a la hora de enmendar a tener presente, por una parte, el papel decisivo que juega ésta y, por otra, a no olvidar las experiencias de otros países no lejanos a nuestro entorno y en ocasiones incluso de éste que ponen de manifiesto que una desatención de la educación no sólo acarrea problemas individuales para el alumnado, como es la falta de preparación y el fracaso escolar, sino que, al convertirse en problema generalizado, sobre todo en los sectores más sensibles, abre el camino hacia la violencia juvenil y la marginación.
La primera de nuestras enmiendas a este Capítulo II es la número 273.
Consideramos necesario explicitar el papel del Estado para avanzar en las políticas de compensación educativa con criterios de equidad, entendida ésta en su dimensión territorial. Por eso, entendemos que el Estado social y democrático de Derecho no puede aceptar que la educación sea un factor de desigualdades territoriales en el conjunto de la nación. Ésta es la razón por la que se contempla la creación de un fondo de cohesión interterritorial educativo para promover y asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en las condiciones básicas de igualdad en todo el territorio español. Desgraciadamente, es evidente que al Grupo Socialista no le interesa este tema, que es de indiscutible importancia.
La enmienda número 274, al artículo 81, se refiere a los recursos en esta materia y nuestras aportaciones fundamentales consisten en que aquellos centros tanto públicos como privados concertados, es decir, sostenidos con fondos públicos que estén realizando tareas en áreas destinadas a poblaciones con especiales dificultades de carácter socioeconómico y sociocultural, necesitan recursos adicionales que deben ser puestos a su disposición por las administraciones educativas, también con esa responsabilidad que creemos que debe asumir más activamente el Estado, incluso con cargo al Fondo de Cohesión Interterritorial.
La enmienda número 275, al artículo 81 bis, consiste en la incorporación a la ley de una idea que está presente en muchas administraciones educativas, en el mundo educativo en general, lo que llamamos actuaciones singulares en centros educativos prioritarios, es decir, aquellos situados en zonas geográficas que, por características socioeconómicas y socioculturales, escolarizan a una población que requiere una intervención educativa diferenciada de carácter compensatorio. Se trata de dejar claro en la ley la legitimidad de un apoyo y una intervención educativa propia según las necesidades de los centros, que nosotros creemos que debe basarse en planes de mejora plurianuales, en los que se incluirán aportaciones singulares referidas a recursos materiales y profesorado, así como a apoyos técnicos, humanos y de formación, al tiempo que el principio de la necesaria flexibilidad en materia de personal, currículo y organización escolar. En definitiva, se trataría de centros en los que la administración educativa prestaría atención preferente y tendrían una organización adaptada a las importantes tareas formativas que realizan.
Satisfacer el derecho a la educación incluye también la obligación por parte de los poderes públicos de adoptar políticas que compensen las situaciones de especial dificultad, como en muchos casos es la del mundo rural, por lo que ha de ser objeto de una especial atención, que garantice la igualdad de oportunidades. Así, nuestra enmienda número 278 es una apuesta decidida por la igualdad real entre el mundo rural y el urbano. Se trata de ofertar la enseñanza básica y el segundo ciclo de infantil en las mismas condiciones que en las zonas urbanas. De esta forma se evitaría el desarraigo familiar, los inconvenientes del transporte, se permitiría la fijación de la población en el mundo rural y redundaría en beneficios para los alumnos, al mejorar sus condiciones de aprendizaje, de estudio y de igualdad. A ello hay que añadir el impulso de aprendizaje de idiomas y el desarrollo de las tecnologías de la información con planes específicos para los centros del mundo rural.
Por último, hay que añadir una corrección técnica, pues el Grupo Popular considera que en todas las ocasiones en que se hace referencia a la educación básica se debe utilizar la terminología «enseñanza básica», que es la que figura en el artículo 27 de la Constitución.
Para concluir respecto de este capítulo, la última de nuestras enmiendas es la número 279, al artículo 83, referida a las becas y ayudas al estudio. En esta materia, nuestras aportaciones son de mejora.
Coincidimos con el texto del Gobierno en que, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, existe un sistema nacional de becas en el que al Gobierno le corresponden unas funciones normativas básicas. Las becas también deben seguir apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado y el Tribunal Constitucional precisó con claridad cuáles son las competencias del Estado en esta materia.
Lo que pretendemos añadir es, por un lado, una cláusula que establezca la adaptación del sistema general de becas a los territorios insulares y las ciudades de Ceuta y Melilla, que tienen características propias respecto a favorecer las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios, y, por otro lado, nos parece también importante que, para compaginar de la mejor manera posible las competencias atribuidas tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas, se debe dejar claro que --y ésa es la única manera en que se podrá funcionar en el futuro--, para que los resultados de aplicación de los sistemas de becas se logren sin menoscabo de la garantía de igualdad, debe haber una coordinación entre las funciones del Estado y las de las comunidades autónomas, conforme a sus respectivos ámbitos de competencias. Éste es el sentido de nuestra enmienda, que deja patentes los principios de equidad, solidaridad y compensación.
En cuanto al Capítulo III, muy importante, exige por parte de nuestro grupo parlamentario la explicación de nuestra posición de fondo, que la sociedad española y la opinión pública tienen derecho a conocer. El Grupo Socialista no acepta que el principio de libertad a la elección de centro por parte de los padres figure como uno de los pilares de los principios informadores de la Ley. No se trata de una mera...


El señor PEZZI CERETO: Señor presidente, la senadora Gallego ha empezado el Título III, que corresponde al profesorado, y no es el que procede ahora debatir.


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El señor VICEPRESIDENTE (Cardona Prades): Estamos en el Título II, señoría.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Estoy en el Título II, Capítulo III, Escolarización en centros públicos y privados concertados.


El señor VICEPRESIDENTE (Cardona Prades): Señoría, dispone usted sólo de dos minutos más.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Sí, señor presidente. Termino enseguida.
Decía que el Grupo Parlamentario Socialista no acepta que el principio de libertad de elección de centro por parte de los padres figure como uno de los pilares de los principios informadores de la ley. No se trata de una mera modificación, sino que, por el contrario, estamos ante una filosofía de fondo de todo el articulado que pretende restringir la libertad de elección del centro por parte de los padres. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Uno de los pilares más importantes es la libertad de enseñanza, y esta libertad comprende el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y centro escolar para sus hijos.
El modelo educativo que ofrece nuestro grupo configura un sistema de oferta plural en el que concurren, tanto los centros de titularidad pública, como los de iniciativa social. En las enseñanzas declaradas gratuitas se ha de garantizar que todos estos centros, en las condiciones que la ley establezca, ofrezcan las enseñanzas gratuitamente; de este modo los padres pueden ejercer su derecho a elegir centro docente sin estar condicionados por razones de carácter económico. Las familias españolas aprecian cada vez más este derecho y quieren ejercerlo sin trabas ni obstáculos. Los poderes públicos tienen la obligación de crear las condiciones favorables para el ejercicio real de esta libertad, así como garantizar la oferta de plazas escolares que debe atender la demanda de las familias y facilitar el derecho de elección.
En la defensa de las enmiendas 280 a 285 referidas a este Capítulo va a quedar de manifiesto cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular y cuál la del Socialista. Este último se dedica a poner restricciones a la libertad de elección de centro por parte de las familias y a aumentar los poderes discrecionales de la Administración para aumentar esas restricciones precisamente con un sentido de inoportunidad manifiesto, ya que en estos momentos en que la sociedad española ve cómo la educación sale del túnel de la LOGSE para meterse en el de la LOE, sin haber dado tiempo a ver la luz de la LOCE, una de las libertades que más se valoran es la de poder elegir el centro docente para sus hijos. Como dato, señorías, debo decir que son más de dos millones las familias que llevan a sus hijos a un centro de iniciativa social no pública. Ante ello, un gran paso adelante sería lograr un consenso que permitiera unir de manera definitiva el principio del derecho a la educación con la libertad de elección de centro. Por ello no debemos reparar en el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en un centro sostenido con fondos públicos, sino que tenemos que ir más allá y establecer que, en la medida de lo posible, sea un centro de su elección.
El Grupo Parlamentario Popular considera, y así lo recogen nuestras enmiendas números 276 y 277, que a quien competen las decisiones sobre el proceso de admisión de alumnos es al consejo escolar en los centros públicos y al titular en los centros privados concertados. El consejo escolar debe garantizar en ambos tipos de centro el cumplimiento de las normas generales. Así se recoge en estos momentos en la legislación vigente.


La señora PRESIDENTA: Señoría, se ha terminado su tiempo. Le ruego que concluya.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Le pido únicamente medio minuto más, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Está bien, pero sólo medio minuto.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Creemos que eso no se debe modificar. No pensamos que haya razones para cambiar las actuales reglas del juego, ya aceptadas. Además, consideramos que en estos momentos es importante que la ley establezca que las solicitudes de las familias deben presentarse directamente en los centros.
En cuanto a los criterios prioritarios, defendemos que sea imprescindible que figure la condición de familia numerosa, y defenderemos el criterio de enfermedad crónica en determinados supuestos graves que figuraba en la Ley de Calidad de la Enseñanza. Asimismo estamos en contra de la zonificación, que consideramos un concepto viejo y anacrónico. En muchos países europeos ya se ha prescindido de él. Sin embargo pensamos que uno de los criterios que se deben tener en cuenta en la admisión de alumnos es, entre otros factores, el de la proximidad. Debe quedar muy clara la igualdad de aplicación de las normas de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos en relación con la distancia o proximidad al domicilio familiar y al lugar de trabajo. Estamos de acuerdo con que en su momento eso no figuraba en la LODE, después fue modificado y hoy día es igualmente importante el domicilio familiar y el lugar de trabajo como criterio de proximidad.
Para concluir este capítulo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de supresión al artículo 88. Por último, señora presidenta, la enmienda número 248 tiene su justificación en que el incremento del número máximo de alumnos por aula es una medida que debe ser rechazada por incidir negativamente en la calidad de la enseñanza. Además, es contradictorio hablar de un número máximo de alumnos por aula después de sobrepasarlo.
Gracias por su amabilidad, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) En tal caso pasamos a debatir el Título III.
Para defender las enmiendas números 7, 58 a 73 y 461 a 467, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


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El señor URRUTIA ELORZA: Muchísimas gracias, señora presidenta. Soy el senador Urrutia Elorza. Lo digo para diferenciarme de don Víctor Urrutia Abaigar, que es mucho más distinguido que yo. (La señora Gallego Esperanza pide la palabra.--El señor Pezzi Cereto: ¡Urrutia el Bueno y Urrutia el Malo!) Exacto, lo ha dicho el señor Pezzi. (Risas.) Que no conste en acta, señora presidenta, no puede figurar Urrutia el Bueno y Urrutia el Malo. (Risas.)

La señora PRESIDENTA: ¿Qué desea, señoría?

La señora GALLEGO ESPERANZA: Quería hacer una observación antes de comenzar a debatir este título. ¿Se podrían incluir las enmiendas adicionales correspondientes al Título III?

La señora PRESIDENTA: Eso se hará al final, señoría. No se preocupe usted, pues tenemos organizado el debate.
Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas presentadas por mis tres compañeros de grupo, los representantes de Izquierda Unida, PAR y Bloque Nacionalista Galego. Eusko Alkartasuna no ha presentado ninguna enmienda a este título, y por tanto, como digo, doy por defendidas las enmiendas presentadas sin replicar a mi homónimo, el señor Urrutia Abaigar, respecto de la territorialidad del tema de las becas. No voy a entrar ahora en polémica porque creo que en la enmienda transaccional llegaremos a algún acuerdo. Pero hay que ponerlo, senador Urrutia.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para defender la enmienda número 584, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente mi grupo ha presentado únicamente la enmienda número 584 al Título III con la que pretendemos modificar el apartado e) del artículo 105. Ésta es una enmienda muy importante para mi grupo parlamentario, pues dicho artículo trata de dar un reconocimiento al profesorado con muchos años de servicio, y creemos que dicho reconocimiento no es real puesto que la disminución del horario lleva aparejada la disminución de sus retribuciones. Consideramos que la reducción de la jornada electiva a los profesores mayores de 55 años que así lo soliciten no debe acompañarse de la disminución de sus retribuciones, pues, de lo contrario, prácticamente nadie se acogería a ello.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para defender las enmiendas números 697 a 703 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha presentado dos bloques de enmiendas al Título III. Uno de ellos está formado por las enmiendas números 697 a 700, y se refiere al título que deben tener los maestros en educación primaria, en secundaria, en secundaria obligatoria y en formación profesional, respectivamente.
Consideramos que el profesorado debe tener, además, un título o grado equivalente en educación primaria,pero también en las posteriores enseñanzas debe contar con una formación obligatoria en distintos niveles de pedagogía y de didáctica, pues, de lo contrario, la profesionalización de estos profesores --y valga la redundancia-- queda en entredicho. En el caso de la educación primaria quizá ello sea mucho más fácil, pues poco a poco se incorporan maestros especialistas en dicha educación y el grado o título equivalente es más sencillo de conseguir. Sin embargo cuando llegamos a la formación profesional las titulaciones universitarias tienen acceso a estos lugares de docencia con una ignorancia que no calificaré de total, pero casi, en cuanto a los conocimientos en pedagogía didáctica. Cada vez son más necesarios estos conocimientos para el buen desarrollo del alumnado. Por ello, pensamos que para ejercer como maestros deben tener una titulación específica que les dé este tipo de conocimientos en pedagogía y en didáctica.
La enmienda 701 se refiere a las enseñanzas artísticas. En ella hablamos de lo mismo. Las enseñanzas artísticas, además de tener el profesorado de enseñanzas artísticas, con el título de licenciado correspondiente, el que sea en su caso, debe tener unos conocimientos en pedagogía y en didáctica.
La enmienda 702 pretende suprimir el apartado 2 del artículo 96.
Entendemos que dicho apartado le da al Gobierno un cheque en blanco para, en su momento, pedir distintas exigencias de cara a la inserción de estas enseñanzas artísticas en la educación superior. Pensamos que no puede tener un cheque en blanco y que el Gobierno, en su momento, no podrá tener las manos libres para hacer lo que crea oportuno, sino que deberá consensuar con quien corresponda, pero no hacer las cosas por su cuenta y riesgo.
La enmienda 703 pretende suprimir el apartado 2 del artículo 100, en coherencia con las enmiendas 698, 699 y 700 relativas a los artículos 93, 94 y 95, porque creemos que no debe constar en la titulación didáctica la formación del profesorado. Yendo al artículo 100, les diré que en la formación profesional no debe existir este tipo de titulación. El apartado 2 dice que para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca en cada enseñanza. Nosotros pensamos que donde debe ir ese apartado es en los apartados anteriores, donde se dice cuál es el profesorado y qué titulaciones tiene cada profesorado, no en la formación del profesorado. Lógicamente, si no está en la exigencia, en la formación de profesorado, no hace nada. Por eso

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decíamos que había que eliminarlo de aquí y ponerlo en su sitio, que es en la formación del profesorado.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el senador Maqueda, para la defensa de la enmienda número 608.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señora presidenta.
Ahora sí voy a ser más breve, ya que antes he hecho la justificación de esta enmienda. Mi grupo propone la supresión del artículo 102, apartado 4. Como ya he señalado, el artículo que proponíamos suprimir permitía al Ministerio de Educación y Ciencia diseñar y ofertar programas de formación permanente de carácter estatal dirigidos a profesores de todas las enseñanzas. Comentaba en la justificación de esta enmienda de supresión el hecho de que existen ya una serie de sentencias por parte del Tribunal Constitucional en este sentido. En consecuencia, si están atribuidas las competencias a las comunidades autónomas, la previsión contenida en el artículo 102, apartado 4, es poco respetuosa con las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Maqueda.
A continuación, tiene la palabra la senadora Baig, por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, para defender las enmiendas 828, 830 a 833 y 835 a 840.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
La enmienda 828 corresponde al artículo 92.1, relativo al profesorado de Educación Infantil. En el proyecto de ley está muy claro que la Educación Infantil es una etapa educativa y la titulación para atender a estas personas puede ser la de maestro con grado equivalente y, en su caso, de otro personal con la debida titulación. Nos parece, y así lo reflejamos en la enmienda, que debería ser «de otro personal con la titulación debida como calificación profesional». O sea, que tenga sentido la formación profesional de grado superior de Educación Infantil y que sean ellos los que se dediquen también a esta etapa, pero no cualquier titulación, porque cualquier titulación puede no ser la adecuada para atender a niños y niñas de esta edad, pues aunque a algunos les pueda parecer que no es importante, la atención educativa en esta edad es importantísima para el futuro de la persona.
La enmienda número 830 está bastante vinculada con la número 833, aunque haya otras enmiendas entre ellas. La enmienda número 830 corresponde al artículo 94, relativo al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Podríamos añadir a este artículo otro apartado para que pudieran ejercer las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria los maestros con el título de grado equivalente y además la formación científica de nivel de postgrado. Esto está justificado porque antes la división entre la Primaria y la Secundaria respondía mucho más a unas etapas obligatorias y a unas etapas postobligatorias. Ahora, con la Educación Secundaria Obligatoria, en los institutos no existe esa línea divisoria tan clara y nos encontramos con profesores que están ejerciendo sus funciones en la enseñanza obligatoria de la ESO, pero también en las postobligatorias y ejercen como tal y sin diferenciar las etapas en una y otra. Si bien es cierto que dicho profesorado ha recorrido un largo camino y ha asumido su papel bifronte de docente en una etapa no obligatoria y, al mismo tiempo, en otra obligatoria, hago constar que reclamamos un perfil docente diferente en la ESO del que ha de ejercerse en el Bachillerato. Por ello, y sin que ello suponga desvirtuar ni cuestionar el papel del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, se considera conveniente que el perfil docente de este cuerpo, más especializado en la vertiente científica de su especialidad que en la dimensión pedagógica, se pudiera complementar con la aportación de otros docentes que, por su formación inicial, podrían aportar a la docencia en esta etapa un mayor bagaje pedagógico. Y digo que esta enmienda está relacionada con la número 833, de modificación, al artículo 100, apartado 2, a fin de que se reconozca una formación científica que se determine en relación con lo dispuesto en el artículo 94 y según nuestra propuesta de enmienda.
La enmienda número 831, relativa al artículo 96.2, pretende añadir tras: «En la regulación de las enseñanzas artísticas superiores el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas...» el siguiente inciso: «...
y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas». Este consejo no debería ser únicamente consultivo y de participación, sino que debería convertirse en un órgano clave para la organización y el futuro de las enseñanzas artísticas en el campo superior.
En cuanto a la enmienda número 832, se debería suprimir «de nacionalidad extranjera», porque este supuesto debería ser aplicable también a profesionales de nacionalidad española. En algunas enseñanzas es muy importante que acuda profesorado extranjero para poder conocer muchas más cosas e impartir las nuevas tendencias que hay en estos campos, especialmente en enseñanzas artísticas y arte dramático.
La enmienda número 836 es de adición de un punto 1 bis y de un punto 4 bis en el artículo 102, en lo que hace referencia a la formación permanente del profesorado. El punto 1 bis pretende que en los centros educativos públicos esta formación se considere dentro de la jornada laboral del profesorado, mediante proyectos propuestos por los mismos profesores o por las administraciones educativas. El punto 4 bis hace lo mismo, pero siempre que las administraciones educativas, previo acuerdo con las organizaciones patronales y sindicales representativas de la enseñanza concertada, garantizaran para el profesorado de estos centros unas condiciones de igualdad en el acceso a todos los programas de formación permanente. Nos parece importante garantizar al profesorado de la enseñanza concertada la igualdad en el acceso a esa formación permanente.
Nuestra última enmienda en este Título III, Capítulo III, Formación del profesorado, es la número 837. Por parte de

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otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra, se ha incidido en que se produjera la supresión del apartado 4 del artículo 102. ¿Por qué? Porque, según el redactado del proyecto, el Estado asume directamente facultades ejecutivas a través de la oferta de programas de formación permanente del Ministerio de Educación y Ciencia dirigidos a profesores de todo el territorio. A nosotros nos parece que el Estado no tiene título habilitante para dictar esta norma ni para asumir la ejecución de cursos para profesores destinados en las diferentes comunidades autónomas, puesto que la Constitución no le ha reservado ninguna competencia ejecutiva. Por ello, proponemos que se suprima el apartado propuesto en que el Estado asume directamente facultades ejecutivas a través de la oferta de programas de formación permanente del Ministerio de Educación y Ciencia dirigidos a profesores de todo el territorio, incluso el dependiente de las administraciones educativas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para defender las enmiendas números 642 a 647, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz.


El señor URRUTIA ABAIGAR: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo plantea estas tres enmiendas, números 642, 643 y 644, en orden a unificar las alusiones a los estudios del profesorado en sus distintas opciones docentes, y también con objeto de dar coherencia al uso de estos términos en otros artículos, como el 92, el 93.1, el 94, el 95.1, el 96.1 y el 98.1. El término que se propone es grado correspondiente, en lugar de equivalente, porque creemos que está más acorde con las distintas opciones docentes del profesorado en sus respectivos cometidos en la docencia.
La enmienda número 645 hace referencia al artículo 100.2; se añade una mejora técnica, en su caso, que creemos da una mayor precisión a lo que figura en el redactado del artículo.
Asimismo, la enmienda número 646 hace referencia al artículo 100.4, en el que se introduce una cautela de las titulaciones que vayan a tener los profesores para que estén en concordancia con el sistema de grados que se plantee en el futuro Espacio Europeo de Educación Superior.
Al artículo 103.2 presentamos la enmienda número 647, que trata de eliminar una expresión incorrecta, «puesto a puesto», que no tiene sentido. Es una enmienda técnica, por tanto.
Asimismo, he de decir que hemos aceptado la enmienda de Entesa Catalana de Progrés, número 831, que hace referencia al artículo 96.2 y referido al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas con el que, conforme a lo que ha dicho la senadora Baig, estamos plenamente de acuerdo.
Igualmente hemos aceptado la enmienda del PAR, número 7, que hace referencia a la formación permanente, porque mejora la redacción, tal y como está planteado en el artículo.
He de decir también que estamos transaccionando algunas enmiendas con Coalición Canaria, concretamente la número 584.
Finalmente, quisiera hacer alguna precisión respecto del artículo 102, que se ha mencionado por varios senadores, y que trata de la formación permanente. He de decir que, en líneas generales, no se pueden poner puertas al conocimiento, a la ciencia, al campo, y tampoco se pueden poner puertas a la formación permanente ofertada por la Administración central a los profesores. Aquí creo que hay un malentendido. Es un artículo, el 102.4, en el que no se regula la formación, sino que sencillamente se hace una oferta. En este caso no hay que despreciar, sobre todo bajo el paraguas del artículo 149.1 de la Constitución Española, ninguna oferta de formación permanente para nuestros profesores, sobre todo si viene de órganos tan sólidos como es la Administración General del Estado. Pero insisto en que hay una equivocación al interpretar, en este punto 4, que la acción de la Administración central tiene carácter regulador, y no es así: es una acción de carácter meramente constructivo, de ofertar cursos a los que puede concurrir cualquier persona que sea competente para asistir a ellos. Es como si la Universidad Internacional Menéndez Pelayo no pudiese ofertar cursos para cualquier profesor que quisiera concurrir a ellos. En ese sentido se plantea esta oferta de formación permanente por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
No quiero alargarme mucho, pero hay enmiendas de varios grupos, y me refiero concretamente a las números 303 y siguientes, del Grupo Popular, pero también a otras que plantea el Bloque Nacionalista Galego, números 65 a 68, y números 69 a 72, que yo creo que serían objeto más bien del estatuto de Función Pública. Como saben ustedes, hay un estatuto de Función Pública que está en proceso de redacción, y conviene contar con los sindicatos, conviene contar con las personas a las que va a afectar, y no sería correcto introducirlo en esta ley.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra la senadora Gallego, por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de las enmiendas números 310 a 327.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Procuraré ser más breve, para resarcir a mis compañeros. El Título III se refiere al profesorado, y a este respecto seguimos unas acertadas indicaciones del Consejo de Estado. La ley incluye en este título todas las normas relativas al profesorado que aparecían de forma dispersa hasta ahora.
El texto establece el marco general que ha de regir la función docente, factor determinante de calidad, y la mejora de la enseñanza. La regulación se inspira en la necesidad de dar más apoyo y respaldo al profesorado y mejorar las condiciones de su ejercicio profesional. A tal fin se refuerza la formación inicial y permanente, así como la valoración del desempeño de la función docente y las medidas

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de apoyo que requiere dicho desempeño. Por otra parte, se configura la carrera docente con tramos sucesivos que permiten desarrollar una carrera profesional a lo largo de toda la vida docente.
Las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular va a defender en este Título tienen como finalidad mejorar las condiciones profesionales del profesorado. Es evidente que el profesorado es el elemento más imprescindible para lograr un eficiente sistema educativo. No sería posible la educación de calidad que deseamos si no logramos retener e ilusionar a nuestros magníficos profesionales. En este momento, cuando en Europa todas las políticas educativas intentan recuperar la autoridad del profesor, aquí la nueva ley no aporta nada nuevo ni innovador en relación con el profesorado.
Ante este panorama, nuestras enmiendas, como se ha dicho anteriormente, van encaminadas a recuperar una mejora de sus condiciones profesionales, a reforzar el sistema de formación inicial y continua, a articular la carrera profesional y a procurar un mayor respaldo a las familias.
Nuestra primera enmienda, la número 288, al artículo 91 bis, está dedicada a las medidas de apoyo al profesorado, como reconocer expresamente la función tutorial; la reducción de la jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años; premiar la excelencia de los profesores; reconocer el trabajo de los profesores que imparten clases en centros de especialización curricular, como los centros bilingües, lo que ha de tenerse en cuenta en la carrera docente, y adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica del profesorado en el ejercicio de su labor --me refiero a todo el profesorado, incluyendo a los profesores de los centros sostenidos con fondos públicos--. En esta misma enmienda defendemos la estabilidad laboral necesaria para el ejercicio de la docencia en condiciones de absoluta normalidad. Para lograrlo, debemos hacer un mayor esfuerzo por los funcionarios, tanto docentes como del resto de la Función Pública y, sobre todo, tener mecanismos de acuerdo entre todas las administraciones para que los procesos de incorporación estable a la Función Pública se hagan con una periodicidad y no se pueda ignorar nunca para no acumular problemas que luego han de resolverse en el tiempo.
El informe PISA dice que algunas de nuestras comunidades autónomas tienen hasta un 20 por ciento de interinos; otras, en cambio, tienen un 7 por ciento, y otras un 16 por ciento. Es evidente que urge resolver esta situación del profesorado, y por eso pedimos un plazo máximo para que los profesores no sobrepasen más de un 8 por ciento de interinos en el conjunto de la Función Pública docente.
Concluimos nuestra enmienda con el deseo de que hay que resolver también las diferencias económicas entre el profesorado de la enseñanza pública y el de los centros concertados. Creemos que se lo debemos a los profesores y a la sociedad en su conjunto. Por eso pedimos que se adopten las medidas necesarias para que esas retribuciones sean análogas a las de los funcionarios públicos.
Las enmiendas números 289, 290, 291, 292, 293 y 294, a los artículos 93, 94, 94 bis, 96, 96 bis y 97 respectivamente, no vamos a defenderlas en este capítulo por estimar más conveniente que el profesorado de cada una de las etapas debe quedar regulado en su correspondiente capítulo.
Señorías, podrán comprobar que quitando las funciones de cada uno de los niveles educativos este Título queda vacío de contenido, se reduce a la formación inicial y a la formación permanente del profesorado.
Por lo tanto, paso ahora al capítulo tercero, donde defenderé la formación del profesorado. Es evidente que el éxito de un buen sistema educativo, como ya hemos visto en enmiendas anteriores, reside en gran parte en el profesorado, pues él debe ser la piedra angular de una educación de calidad. Por lo tanto, es necesario potenciar tanto su formación inicial como la permanente. Para establecer de forma más precisa las características de la formación inicial y permanente del profesorado, el Grupo Parlamentario Popular presentó la enmienda número 295, al artículo 100, por la que define que las universidades puedan organizar enseñanzas del título de especialización didáctica mediante los oportunos convenios con la correspondiente administración educativa. En la misma enmienda ponemos de manifiesto la necesidad de que en las enseñanzas de formación profesional, artísticas, deportivas y de idiomas, los estudios requeridos para la obtención del título de especialización didáctica se adaptarán a las características de estas enseñanzas.
En la misma línea que la enmienda anterior va la enmienda número 297, al artículo 102, sólo que en este caso lo que se pretende establecer de forma precisa es la formación permanente del profesorado. La mejora de la educación tiene que estar necesariamente basada en el conocimiento. Por ello entendemos la formación como fuente de estímulos y como un proceso continuo que mejora la eficacia y la profesionalidad. Para tratar de dar respuesta a la demanda de una nueva sociedad en constante innovación en todos los campos, hay que facilitar al profesorado oportunidades sobre las que basar programas permanentes de mejora, orientados en especial a la actuación científica y didáctica de las distintas asignaturas, a la formación para la atención a los alumnos con necesidades educativas, a la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación y a la formación en lenguas extranjeras.
La enmienda de modificación número 298, al artículo 103, tiene por objeto extender las ventajas de la formación a todo el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos. Hemos de lograr que la formación sea para todos los que presten sus servicios para conseguir que se consolide el mejor sistema educativo.
Por último, para concluir este capítulo, queremos hacer referencia a la enmienda número 296, al artículo 101, con la que ponemos de manifiesto que la responsabilidad de una programación didáctica no puede ser compartida.
En el Capítulo IV, nuestras enmiendas números 299, al artículo 104; número 300, al artículo 105, y número 306, al artículo 106 quinquies, defienden en sus diversos aspectos los temas concernientes a la carrera docente. Mi grupo tiene el convencimiento de que la promoción profesional tiene que ser una realidad para todos los cuerpos del profesorado y que, además de lo que se está haciendo en este momento y de lo que se ha avanzado en nuestro país en

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todo aquello que tiene que ver con el reconocimiento de la función tutorial, de la formación continuada o de la formación científica, existe una carrera docente sobre la que nos tenemos que poner de acuerdo para fijar un número determinado de grados y unos complementos retributivos. La carrera docente ha de ser, sobre todo, un reconocimiento público expreso al profesor, pero también tiene que tener un correlato económico y una valoración de méritos profesionales en esos tres elementos básicos, que son el ejercicio de la docencia, la actividad de formación y la actividad investigadora, que son tan importantes y que desarrollan los profesores y los maestros en ese tiempo que tienen, en muchos casos, para mejorar su formación. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas tenemos que ser capaces de que la carrera docente se lleve a cabo sin demora.
Señorías, nuestro sistema de promoción del profesorado se articula a través de una carrera docente que está constituida por el conjunto de grados que el profesor puede alcanzar como consecuencia del reconocimiento de su ejercicio profesional en función de los puestos docentes y educativos desempeñados, la realización de tareas con repercusión directa en la docencia, las actividades de formación continuada recibida e impartida, las tareas de innovación e investigación relacionadas con la función docente y la evaluación voluntaria y positiva. La carrera docente tendrá efectos en las retribuciones económicas, así como en la determinación de los méritos considerados en los diferentes concursos y en las promociones profesionales a las que se presenten los docentes. Cada grado de carrera profesional tendrá asignado un complemento retributivo. Los funcionarios docentes podrán ocupar puestos de trabajo en la administración educativa de acuerdo con lo que determinen las respectivas relaciones de puestos de trabajo, con la posibilidad de progresar en su grado personal. El tiempo dedicado al desempeño de estos puestos de trabajo computará a todos los efectos como ejercicio de la función docente.
Nuestra enmienda número 303, de adición, al artículo 106 bis, pone sobre la mesa un tema tan importante como el estatuto básico del profesorado, que no por muy debatido lleva visos de hacerse realidad, como sería de desear. El Grupo Parlamentario Popular atiende las indicaciones del Consejo de Estado sobre la conveniencia de regular la Función Pública docente en el cuerpo de la ley, pues de todos es conocido que en un informe de éste se recomendaba que las disposiciones finales y transitorias sobre todo lo referente al profesorado, se incluyeran en el articulado. De ahí mi intervención al comienzo en el sentido de intentar que se incluyeran en el Título III. A ello se suma la discriminación que supone que todo lo referente al profesorado siga manteniéndose en las disposiciones finales, ya que su contenido es elemento importante y clave esencial de la ordenación de la Función Pública docente. Por todo esto, mi grupo ha presentado las enmiendas de supresión números 383, 384 y 385, que ya veremos cuando toquemos las adicionales.
Proponemos un nuevo capítulo III bis dentro del Título III, que se llamaría De la Función Pública Docente, a través de la enmienda 302. El Grupo Parlamentario Popular tiene el convencimiento, en estos momentos actuales en que nuestro sistema educativo comienza a estar tan cuestionado, de que en el apartado del profesorado la mejor fórmula para la escuela pública es llevar a buen puerto la función docente. Por lo tanto, es partidario de que siga manteniéndose la condición de funcionario público en el profesorado de la escuela pública y, partiendo de esta premisa, que es compartida por grupos políticos y sindicatos, consideramos que es el momento idóneo para pedir que urge establecer un marco funcional más apropiado, contando con los avances que, a partir de la Constitución, se han experimentado, para que sirva al mejor desempeño de los profesores en nuestra escuela pública. Señorías, para concluir este apartado, permítanme hacer una reflexión: está claro que esta parte de la ley nace con fecha de caducidad en el caso de que el estatuto de la Función Pública llegue a buen fin, dado que el estatuto la modificaría para recoger la carrera docente. La promoción del profesorado queda limitada en esta ley y el hecho de que hoy se incorporasen los aspectos básicos de la carrera docente --tal y como propone el Grupo Parlamentario Popular--, no sería óbice para que posteriormente se llegue a un acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva. Además, desde un punto de vista jurídico, el día que se elabore y se apruebe el estatuto de la Función Pública tendremos que modificar este precepto en todos aquellos aspectos que afecten a la promoción profesional.
Señorías, hago esta reflexión con el ánimo de contribuir a la mejora del profesorado e insistir en la necesidad de acuerdo del Gobierno con las principales fuerzas representativas del profesorado, con el fin dedesarrollar el estatuto básico de la función docente, que supondrá un salto cualitativoen las condiciones laborales y en la propia carrera docente. Señorías, por más que mi grupo parlamentario intente llevar las adicionales del profesorado al articulado, esta situación no quedará resuelta hasta que no llevemos a cabo el estatuto.
Nuestra enmienda número 304, al artículo 196 ter. --relativa a la ordenación de los cuerpos en la Función Pública docente--, pone de manifiesto que no existen variantes con los cuerpos establecidos en la ley de calidad. Sin embargo,porloqueserefiere al cuerpo de catedráticos --incorporado de nuevo al ordenamiento jurídico por la LOCE--, se produce una disminución en sus funciones y en el caso de las que mantiene, no tienen la consideración que se recogía en la ley de calidad. En este punto surgen algunas discrepancias porque consideramos que sería importante introducir algunas funciones con carácter exclusivo de este cuerpo.
Así, entre las funciones que el Grupo Parlamentario Popular atribuye al cuerpo de catedráticos en la enmienda número 305 «Con carácter exclusivo, el ejercicio de la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica, así como, en su caso, del Departamento de Orientación.» También proponemos como función con carácter preferente del cuerpo de catedráticos la Vicepresidencia en los tribunales de la Prueba General de Bachillerato o, en su defecto,

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la Vicepresidencia en los tribunales de pruebas análogas que se celebrasen.
La enmienda número 307 recoge uno de los aspectos más importantes en el ordenamiento de cualquier sector de la Función Pública y, por tanto, entendemos que todos los grupos parlamentarios debemos estar de acuerdo en lograr un sistema de ingresos que ofrezca la garantía de cumplimiento de los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad pues sabemos que, en gran medida, de ellos va a depender una buena parte de la calidad de nuestros docentes.
Con estos principios como base, tenemos que tener también presentes algunos factores denuestro tiempo; factores tan desalentadores como los informes internacionales que ponen de manifiesto el desinterés existente por parte de los buenos estudiantes de los países europeos de nuestro entorno por encaminar su futuro profesional hacia la enseñanza y, en especial, hacia la básica y media. Este hecho, señorías, tendría que llevarnos a reflexionar y a hacernos preguntas sobre el desprestigio social de la profesión, los bajos incentivos económicos, la falta de autoridad y la falta de respeto a la figura del profesor. Por tanto, es necesario que empecemos a plantear estrategias para que nuestros buenos estudiantes encaminen su vocación hacia este campo y también es nuestra obligación establecer todos los medios necesarios, de manera que nuestros docentes cuenten con todos los recursos para lograr una educación de calidad.
Algunas reflexiones como éstas han sido las que nos han llevado a la presentación de las enmiendas que nos ocupan, con el fin de lograr unas pruebas de acceso que faciliten la selección de los más preparados, para que desempeñen correctamente su función y para ilusionar a los más jóvenes. Por ello, discrepamos del proyecto de ley y defendemos el ingreso directo en todos los cuerpos, frente a la propuesta recogida en elproyecto de ley que excluye el ingreso directo a los distintos cuerpos de catedráticos; es decir, en la enseñanza secundaria, Escuela Oficial de Idiomas, música, artes plásticas y artes plásticas y diseño.
Aunque reconozco que se trata de un tema discutible, el hecho de que una parte del personal de este cuerpo de catedráticos pueda tener acceso directo es muy estimulante para atraer a la Función Pública a los buenos docentes, como ya he dicho anteriormente.
La enmienda número 309 se refiere a los concursos de traslados, que consideramos esenciales para garantizar el principio de movilidad del profesorado, que nosotros defendemos con enorme convicción. En estos concursos de traslados, la categoría de director de centro debe ser uno de elementos a considerar como mérito profesional a la hora de fijar los criterios que se establezcan en dichas convocatorias.
Asimismo, en otra de nuestras enmiendas ponemos de manifiesto que estamos de acuerdo con que todas las tareas de formación que desarrollen las comunidades autónomas surtan efecto en todo el territorio nacional y, entre otras razones, a efectos de baremación de dichas actividades para los concursos de traslado. Sin embargo, estas tareas deformación deben tener una cierta homogeneidad y, por lo tanto, en beneficio de todos, la Conferencia de Educación debería establecer los requisitos básicos y comunes para que tengan un grado suficiente de homologación.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
A continuación pasamos a debatir el Título IV. (Protestas.--Varios señores senadores: ¡No!) Les recuerdo a sus señorías que al principio de la sesión dijimos que el debate se prolongaría hasta las diez y media. Se ha programado que se preste asistencia a esta comisión hasta las diez y media y, dado que sólo son las nueve y media, podemos abordar ahora el Título IV, que es el que tenemos pendiente.
Por tanto, si no hay turno en contra ni turno de portavoces del Título III, iniciaremos el debate del Título IV.


El señor PEZZI CERETO: ¡Estamos agotados y no podemos continuar!

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: ¿Podemos pedir una reunión de Mesa y Portavoces para decidir qué hacemos?

La señora PRESIDENTA: Ya hemos celebrado esa reunión antes de dar inicio a la sesión y acordamos que la comisión continuara sus trabajos hasta las diez y media, por lo que cuanto más tiempo perdamos será peor.
Está previsto que se preste apoyo a esta comisión hasta esa hora y cuando me han preguntado, hace menos de una hora, he contestado que no se levantaría la sesión antes de las diez y media. Esta circunstancia deberíamos haberla previsto antes del inicio de la comisión.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Pero no sabíamos cuál iba a ser la evolución de la comisión que, además, ha sido muy rápida.
De la misma manera, si mañana no tenemos nada que hacer, supongo que no esperaremos hasta las diez de la noche para votar.


La señora PRESIDENTA: Lo que se ha comentado es que al mediodía llegaríamos a un acuerdo sobre el momento de la votación.
Empezamos con el Título IV.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia, para la defensa de las enmiendas números 74 a 88, de la 468 a la 473 y de la 527 a la 535.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, la flexibilidad debe ser uno de los elementos básicos de la Mesa y creo que la Presidencia tiene que haberse dado cuenta de cuál es el sentir general de los miembros de la comisión.
Desde mi punto de vista, estamos cumpliendo perfectamente los objetivos y los senadores nos estamos comportando con toda la racionalidad, con toda la honestidad y con toda la tranquilidad posible.


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Sé que la señora presidenta ha tomado una decisión, pero sería interesante que nos lo replanteáramos entre todos y que no ejerciera la autoridad de esa manera.


La señora PRESIDENTA: No se trata de ejercer o no la autoridad sino de cumplir los acuerdos que hemos establecido al inicio de la comisión. Así, al comienzo de la comisión acordamos que trabajaríamos hasta las diez y media y hemos solicitado el apoyo hasta esa hora, de manera que no solamente somos nosotros los que estamos trabajando sino que hay también otras personas que se verían afectadas. (Risas.)

La señora BAIG I TORRAS: ¡Para una vez que todos los portavoces estamos de acuerdo...!

El señor URRUTIA ELORZA: Me gustaría conocer la opinión del señor letrado, porque creo que es fundamental.


La señora COLOMA PESQUERA: Las taquígrafas estarán encantadas.


El señor URRUTIA ELORZA: Las taquígrafas son unas profesionales de tomo y lomo y seguro que les gustaría estar...


La señora PRESIDENTA: Senador Urrutia, estamos perdiendo un tiempo precioso. Por favor, ¿por qué no empieza?

El señor URRUTIA ELORZA: Es que tenemos que recapacitar sobre estos temas, porque a mí me parece que son fundamentales. (Risas.)

La señora PRESIDENTA: Senador Urrutia, le ruego encarecidamente que empiece su discurso.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, no voy a hacer discurso, porque estamos dialogando. Me parece fundamental que tengamos diálogo: hay que dialogar. Además, estamos en la Comisión de Educación.
Yo, a mis hijos, cuando llegan tarde o hacen alguna barbaridad, les reprendo.


La señora PRESIDENTA: Senador Urrutia, le ruego encarecidamente que deje ese debate: está fuera de lugar. Eso se establece al comienzo de una comisión. Lo que está diciendo me parece inoportuno. Debe empezar ya, y así concluiremos antes. Se trata de terminar el Título IV, que es lo que nos habíamos propuesto. (El señor Abejón Ortega pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Sí, senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Señora presidenta, de acuerdo en que hemos configurado un programa de trabajo. Sin embargo, sienta usted un precedente, y ésta será la última vez que vengamos a una comisión sin haber tratado antes en Mesa y Junta de Portavoces cómo hay que hacer las cosas. Uno empieza a cansarse ya de que le digan en el pasillo cuáles son los tiempos, y de encontrarse luego con la inflexibilidad.
Si no hemos objetado nada al plan que nos ha presentado la presidenta, que tenía que haberse discutido en reunión de Mesa y Junta de Portavoces, aquella tendrá que escuchar también, lógicamente, el sentir de los portavoces. Si no, tendremos que ajustarnos de ahora en adelante a lo siguiente: si no se trata en Mesa y Junta de Portavoces, no existe. En adelante, no cuente con este portavoz del Grupo Parlamentario Popular para llevar a la práctica nada que no se trate en Mesa y Junta de Portavoces. Estamos hartos de que la presidenta decida sin tener en cuenta a los portavoces. Si no nos quiere tener en cuenta, tendrá que hacerlo.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo, senador Abejón.
¿Empezamos el debate, senador Urrutia?

El señor MAQUEDA LAFUENTE: ¡Que no va a haber debate! ¿Es que no te has enterado? No va a haber debate. ¿Cómo te lo tenemos que decir?

La señora PRESIDENTA: Senador, me parece improcedente su tratamiento y su forma de expresarse.
Empiece, senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, voy a hacerlo; pero no por respeto a usted, sino a la Presidencia de la Comisión. Me parece que su postura no es de recibo; se lo digo con todo el carácter y con todo el cariño. Nunca he actuado de esta forma. Sin embargo, no me parece correcta su postura ni su actuación. Se lo digo con todo cariño, insisto.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Empiece.


El señor URRUTIA ELORZA: En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas de mis compañeros del Grupo Parlamentario Mixto: los del BNG, Izquierda Unida y el PAR.
Este título es interesante, y creo que no vamos bien teniendo en cuenta que las cosas necesitan un peso específico y una dimensión adecuados. Se refiere a los conciertos y a los módulos de estos. A Eusko Alkartasuna le preocupa mucho este asunto. Por eso ha presentado las enmiendas 526 a 535. Voy a darlas por defendidas, porque no me ha parecido correcta la postura de la presidenta: creo que no nos ha escuchado. No obstante, creo que el incidente no debe crear más tensión ni más animadversión entre nosotros.


La señora PRESIDENTA: ¿Ha terminado, senador? (Asentimiento.) Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, para defender las enmiendas 704 y 705.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Yo también quiero expresarle a la Presidencia mi incomodidad. Creo

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que hemos avanzado lo suficiente como para replantearnos el plan.
Es cierto que la Presidencia debería ser mucho más sensible a lo que piden los portavoces. Esto deberíamos hacerlo entre todos.
Tenemos dos enmiendas. La primera, al apartado 5 del artículo 107, porque está duplicado el texto en la disposición adicional vigésimo quinta; no la voy a defender.
Sólo defenderé la enmienda 705, sobre programación de la red de centros, porque es importante para nuestro programa; sólo por eso. Dice la enmienda: «Las administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas en centros públicos y privados concertados suficientes en las zonas de nueva población.» La justificación es abundar en la garantía del derecho atribuido por la LOE a los padres y tutores de escoger el centro docente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender la enmienda 609.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Me adhiero a lo que han dicho los anteriores intervinientes. No me parece de recibo la actitud que ha adoptado, en contra de todos los portavoces.
Es más: sin debatirlo en Mesa y Junta de Portavoces, hemos aceptado unos tiempos y nos hemos mostrado de acuerdo. Teniendo en cuenta que el debate va como va, no me parece adecuada la postura que ha adoptado su señoría.
Le anuncio que, en nombre de nuestro grupo, vamos a pedir su dimisión como presidenta de esta Comisión.
Doy por defendida la enmienda número 609, de nuestro grupo parlamentario.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, para defender las enmiendas 842 y 846.


La señora BAIG I TORRAS: Gracias, señora presidenta.
Yo he respetado siempre a la Presidencia. Sin embargo, me sumo a la consideración de su actitud que han hecho los demás portavoces: ha mostrado inflexibilidad ante el cansancio de los portavoces. En los grupos que tienen un sólo portavoz este tiene que escuchar, pensar y preparar al mismo tiempo la intervención siguiente. Para una vez que estábamos de acuerdo todos los portavoces, me hubiera gustado que se hubiera mostrado sensible a lo que le pedíamos.
Seré muy breve. La enmienda número 842 corresponde al artículo 112.5, sobre actividades y servicios complementarios. El artículo hace hincapié en los medios adecuados, y nosotros queremos añadir: «y del personal necesario». Nos parece muy bien que las personas que ejercen la actividad educativa sean las más adecuadas por su preparación.
La enmienda 846 al artículo al artículo 116.6 pretende eliminar del texto «con carácter preferente». No nos gustan las preferencias, y por eso las queremos eliminar.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pezzi, para defender las enmiendas 648 a 650.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señora presidenta.
Yo había comentado con los demás portavoces que, como habíamos avanzado más de lo previsto al no consumir los turnos en contra ni los de portavoces, quizá podríamos terminar el debate mañana a mediodía para llevar a cabo las votaciones por la tarde. La presidenta ha estimado que debíamos seguir hasta cumplir el horario previsto, y quiero manifestar públicamente mi respeto a su decisión. Estoy convencido que lo hace para acelerar el trabajo, de modo que podamos continuarlo mañana con más holgura.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado tres enmiendas: la 648, la 649 y la 650. La 648 tiene por objeto la organización de los centros, de modo que esté de acuerdo con la normativa básica. Se recuerda que el mismo tenor aparece en otros artículos de esta ley.
La enmienda 649 es de sustitución porque la redacción de este apartado está duplicada en la disposición adicional vigésimo quinta. No tiene sentido que el artículo 107.5 sea igual que dicha disposición adicional.
Así, le damos una redacción más ajustada al apartado del artículo, para eliminar luego la disposición adicional.
Por fin, la enmienda 650 se refiere al artículo 110: accesibilidad de los centros educativos.
Vamos a tratar de alcanzar tres transaccionales: la primera al artículo 117 apartado 3, la segunda al apartado 4 y la tercera al apartado 5, sobre el módulo, las cantidades correspondientes a los salarios y la igualación de los salarios del personal docente de la privada concertada al del de la pública, y que dichos salarios se abonen directamente.
Con todo esto, el texto aparece muy equilibrado y cuidadoso, tanto en lo que se refiere a centros públicos como en lo que se refiere a centros privados, y no creemos que necesite más ajustes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Pezzi.
Tiene la palabra el senador Laguna, para defender las enmiendas 310 a 327, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor LAGUNA PEÑA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo también he de decir que, francamente, me ha extrañado mucho una postura así en una comisión como ésta, de Educación. Si hubiera sido en la Comisión de Interior, a lo mejor sí lo hubiera entendido, pero en la Comisión de Educación no entiendo que, además siendo la presidenta

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profesora, piense que didácticamente es preferible seguir con esta sesión estando todos cansados y a pesar del buen ritmo que llevamos, pudiendo, por tanto, terminar tranquilamente mañana al mediodía y no teniendo que hacer por la tarde. No entiendo que estemos aquí todos agotándonos para terminar este Título IV.
Señoría, yo siento no ser tan espléndido como el senador Urrutia Elorza que le ha regalado la mayor parte de su tiempo, entre otras razones porque si lo hiciera podríamos ver también el Título V y a lo mejor el VI, el VII y el VIII, ya que tenemos que estar aquí hasta las diez y media. Es posible que le haga un regalito de mi tiempo si no lo agoto, pero voy a defender las enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Es su tiempo, señoría. Puede hacer con él lo que quiera.


El señor LAGUNA PEÑA: Por supuesto. No voy a abreviar, como han hecho otros senadores, porque hay que salir de aquí a las diez y media, y si no hay tiempo para seguir con el Título V, quizá podamos entretenernos cantando una nana para salir todos de aquí a las diez y media, que parece que es el compromiso que hemos adquirido.


La señora PRESIDENTA: Senador, estamos en el Senado. Le ruego que los comentarios que haga usted sean acordes con la Cámara en que estamos.


El señor LAGUNA PEÑA: Cantar una nana no creo que sea nada pornográfico.


La señora PRESIDENTA: No tiene nada que ver cantar una nana con lo que estamos debatiendo, senador. Me extraña que usted entienda que cantar una nana es compatible con un debate de algo tan importante como la ley de educación. (Rumores.)

El señor LAGUNA PEÑA: Retiro lo de la nana y lo sustituyo por un aria de Mozart. (Risas.)

La señora PRESIDENTA: Le ruego, además, que no haga unos comentarios tan jocosos. Sus propios compañeros están riéndose de una manera ostensible.
Continúe para que podamos mantener el debate.


El señor LAGUNA PEÑA: Señora presidenta, llevo 50 años dedicado a la docencia, y sé que en el aula a veces es bueno relajar el ambiente frente a mantener una postura seria y tensa que no conduce a nada. Lo he hecho para distender un poco el ambiente y seguir adelante.


La señora PRESIDENTA: Continúe, por favor.


El señor LAGUNA PEÑA: Muchas gracias.
El proceso educativo --hablando de los centros docentes-- cuenta con dos protagonistas imprescindibles, como sabemos todos: el docente y el discente, es decir, el profesor y el alumno. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero esta interrelación profesor-alumno se realiza dentro de un marco concreto, dentro de un contexto necesario e irrenunciable, que es el centro educativo. Y si nuestro objetivo es una educación de calidad, una formación integral de calidad para todos los alumnos, éstas sólo serán posibles si tenemos unos centros que favorezcan y creen el clilma adecuado para que sean el marco propicio que garantice un funcionamiento óptimo y donde se puedan conjugar el pluralismo, la libertad y el compromiso de calidad.
A este Título IV, centros docentes, hemos presentado 18 enmiendas. En la número 310, de modificación, pedimos la supresión de los puntos 3, 4 y 5 del artículo 107. Pedimos la supresión del punto 3 porque es necesario que las enseñanzas artísticas superiores pasen a ser reguladas en el marco jurídico de las enseñanzas universitarias y, por tanto, deben tener la personalidasd jurídica de los centros universitarios, como lo están demandando todos los sectores artísticos. De hecho, el sector de las artes escénicas, con el secretario de la Unión de Actores a la cabeza, don Jorge Bosso, con práctica y experiencia contrastadas en sonadas y ruidosas movilizaciones con el «No a la guerra», ha criticado que el Gobierno haya desoído sus peticiones sobre los estudios universitarios de teatro, cine, música y danza en la LOE, para salir --dice él-- de la prehistoria en estos estudios, y anunciamanifestaciones pasando del «No a la guerra» al «No a la LOE». Y en esta misma posición se encuentra la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, Faeteda, y la Federación de Actores del Estado Español, FAEE.
Probablemente en esta cuestión estaría más de acuerdo la ministra de Cultura que nuestra ministra de Educación y Ciencia. Pedimos la supresión del punto 4, referente a los centros docentes públicos españoles en el exterior, porque es necesario darles una importancia especial, que es la que tienen, y no una simple mención de poco más de dos líneas. Por esta razón, como ha dicho antes el senador Abejón, se han introducido unas enmiendas de adición al Título Preliminar con un capítulo específico, el IV bis, para los centros en el exterior. Y también pedimos la supresión del punto 5, la agrupación de dos centros públicos, porque proponemos contemplarla en un artículo específico con la enmienda número 313, de adición, al artículo 108 ter, con el título de los centros integrados.
La enmienda número 311 al artículo 108 es de mejora técnica. Decímos que son centros públicos aquellos cuyo titular sea un poder público, concepto más amplio que el que figura en el texto de una administración pública, porque puede haber otras entidades de naturaleza pública titulares de centros públicos. Y los puntos 4, 5 y 6 no encajan ni tienen sentido en un artículo que es de clasificación de centros. Empiezan diciendo: La prestación del servicio público de la educación se realizará..., los centros docentes orientarán su actividad..., los padres o tutores... Es decir, no tienen ningún sentido en la clasificación de centros.
Por otra parte, quiero matizar la expresión de la prestación de servicio público de la educación que proponemos en el punto 4. Ya se insistió en el Congreso de los Diputados en ello y deseo volver a insistir en esta comisión del Senado. La educación es servicio público. Si es servicio público, la titularidad es exclusiva de los poderes públicos y, por tanto, se sustrae al ámbito de las libertades particulares.


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En la Unión Europea la figura jurídica adaptada a esta necesidad está resuelta en el artículo 86 del Tratado consagrando la figura de servicio de interés general que legitima la intervención del Estado y que éste, evidentemente, sea titular de la gestión de las prestaciones educativas, pero no en situación de monopolio. Y así lo recogemos también en la enmienda número 324 al artículo 116 y en todas aquellas a los artículos en los que aparece la expresión «servicio público».
Hemos introducido dos enmiendas de adición. Una de ellas es la 312, sobre la tipología de centros, puesto que parece mejor que aparezca con claridad la tipología de centros en función de las enseñanzas que impartan. La número 313, también de adición, como he dicho anteriormente, pretende incorporar al ordenamiento legal la existencia de centros integrados.
La número 314, de modificación del artículo 109, pretende dejar meridianamente claro no sólo el derecho a la escolarización, sino también el derecho a la elección de centro docente. Porque, como saben sus señorías, muchas de las reticencias que la LOE suscita en lo referente al derecho a la elección de centro docente por parte de los padres, se disiparían con la redacción planteada en la enmienda. Para la ministra la ley garantiza este derecho. Pues si es así, digámoslo con claridad y disipemos cualquier duda, recelo o reticencia.
La enmienda número 315, de adición, propone un nuevo artículo sobre la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, en consonancia con la garantía constitucional a la libertad en la elección de centros y a las garantías en la aplicación de los criterios objetivos legalmente establecidos a aplicar en cada centro, por el titular, en el caso de los centros privados concertados, o por el Consejo Escolar en el caso de los centros públicos.
Con las enmiendas 316, 317 y 318, de adición, pretendemos introducir --no figuran en la ley-- los conceptos de innovación, investigación y mejora escolar en un nuevo capítulo dentro del título relativo a los centros docentes. Debe quedar plasmada la apuesta clara y decidida por la modernización y por la puesta al día permanente de nuestro sistema educativo con medidas de divulgación, incentivación y estímulo; son factores clave de calidad que contribuyen decisivamente a hacer avanzar los centros docentes en lo referente tanto a los procesos como a sus resultados.
En el punto segundo de la enmienda 316 queremos que quede explicita la recuperación del concepto de centro experimental; centros que asuman proyectos innovadores, que deben contar con el mayor apoyo posible, con el aliento y la colaboración de las administraciones educativas.
Con la enmienda 318 queremos explicitar la posibilidad de que los centros educativos puedan establecer relaciones de cooperación con las universidades para la realización de tareas de investigación. Creemos que una ley de educación del siglo XXI tiene que recoger un capítulo como el que proponemos con estas tres enmiendas.
La enmienda 319 incorpora en el punto 3 del artículo 111, en la denominación de centros públicos, a los centros integrados de formación profesional que estableció la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
La enmienda 320, presentada al artículo 112, es de modificación y mejora la redacción y el contenido diferenciando los medios humanos y materiales. Como hacen falta medios humanos y materiales, hay que diferenciarlos porque parece lógico que vayan en apartados distintos. En primer lugar, están los medios humanos como garantía de educación de calidad y de igualdad de oportunidades, y con el punto 2 incluimos los servicios o departamentos de orientación como uno de los elementos fundamentales de los centros públicos. En cuanto a los medios materiales, hay que enunciar el conjunto de los equipamientos y no sólo, como figura en la ley la infraestructura informática, que es como aparece en el artículo 112.2 del proyecto de ley. Finalmente, nos parece una mejora que figure que las administraciones públicas no sólo potenciarán, sino que facilitarán que los centros públicos puedan ofrecer servicios complementarios.
La enmienda 321 se refiere a las bibliotecas escolares, correspondiente al artículo 113. Consiste en que debe incluirse en la ley que las bibliotecas escolares deban contar con personal dedicado a ese servicio con una organización que permita un funcionamiento abierto a la comunidad educativa. Si queremos tomar medidas efectivas para el fomento de la lectura, tenemos que comenzar por potenciarlas desde los centros docentes, optimizando los recursos que proporcionan las bibliotecas escolares.
Con la enmienda 322 proponemos la supresión del artículo 114, por considerar innecesario que se hable de la denominación de los centros.
Creemos que no hace falta para nada este artículo que dice que los centros privados podrán adoptar cualquier denominación, excepto la que corresponde a los centros públicos.
Nos parece muy importante la enmienda 323, formulada al artículo 115, puesto que la ley debe recoger el derecho constitucional a la creación y dirección de centros docentes que tiene reconocida toda persona física y jurídica, así como el derecho al establecimiento de su carácter propio como consecuencia del principio del derecho de libertad de enseñanza reconocido en el artículo 27.1 de la Constitución. También debe estar claramente establecido en la ley que el derecho de libre elección del centro por parte de los padres --o, para que quede más «progre», de los progenitores A y B-- implica la aceptación del carácter propio del centro.
Me va a permitir la señora presidenta que cuente un par de anécdotas relacionadas con la aceptación del centro docente, puesto que tengo tiempo, pueden ilustrarnos un poco y que pueden servirnos para relajar el ambiente e incluso esta árida exposición de enmiendas.
En los años setenta yo estaba en el Colegio de Portobello, en Londres, que era del Gobierno español. Había un profesor que era del partido comunista y su mujer era mi secretaria. Una tarde de domingo estaba merendando con ellos a las cinco de la tarde y este profesor, --repito, del Partido Comunista-- me comunicó que, sintiéndolo mucho, me tenía que dejar para ir a misa. Pensé que se había

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convertido, como San Pablo, porque probablemente no había ido a misa desde su Primera Comunión o su bautizo. Me contestó que tenía un problema, que quería llevar a su niña de 4 años a un colegio de monjas cercano, pero para su admisión le exigían que el párroco le diera un certificado explicando que le conocía y que quería llevar a su hija a un colegio de monjas porque asistía a los actos religiosos. El hombre se ponía, a poder ser, en primera o segunda fila para que le viera el párroco, le diera un certificado y pudiera llevar a su hija a ese centro. Estoy hablando del Reino Unido.
Voy a poner otro ejemplo. Siendo poco después inspector en Navarra, visité un centro de Bachillerato con residencia y le pregunté al director qué sistema de entradas y salidas tenían, pero me contestó que estaban a punto de discutir ese tema y decidir cuándo entraban y salían. Como en ese momento una hija mía estaba interna en un colegio en Francia cursando segundo de Bachillerato, le dije que cuando metí a mi hija en ese colegio no me dijeron que iban a discutir el régimen de funcionamiento, sino que me dieron a leer el reglamento y me hicieronfirmar el visto bueno porque, si no me gustaba, debía dirigirme a otro centro donde hubiera más libertad o dejaran hacer otras cosas; vinieron a decirme que el reglamento del centro establecía un régimen, que yo debía firmar el conforme y, a partir de ahí, no pedir ninguna explicación. Ojalá hubiéramos firmado en esta comisión el conforme antes de entrar porque hubiéramos sabido a qué atenernos, pero ése es otro tema. Dicho esto, que un padre libremente lleve a su hijo a un centro implica la aceptación del carácter propio del centro.
Con la enmienda 324, formulada al artículo 116, pretendemos que la ley deje claro que acogerse a un concierto es un derecho de la iniciativa social, siempre que cumpla las condiciones y los requisitos previstos en la ley.
Nuestras enmiendas 325, 326 y 327 se refieren al régimen económico de los centros privados concertados. El concierto es la fórmula para garantizar que los centros de iniciativa social puedan dar sus enseñanzas en condiciones de gratuidad a aquellos escolares acogidos en su centro. Por lo tanto, se trata de una entidad --y así está recogido en todas partes-- sin finalidad lucrativa.
Por fortalecer este modelo de centro concertado como entidad sin fin de lucro, tiene que asumir los beneficios que se dan a las fundaciones benéfico-docentes con carácter general, que es la que proponemos en la enmienda 326 de adición. Si hay que garantizar que los centros de iniciativa social puedan dar sus enseñanzas en condiciones de gratuidad, nuestro sistema de financiación debe responder al principio de suficiencia financiera. Los módulos actualmente son insuficientes e incluso hay varias autonomías y comunidades autónomas que los han tenido que ir incrementando, pero en este momento tenemos la oportunidad y la obligación de ir a la actualización de los módulos, contemplando conceptos como amortizaciones, compensaciones por el ejercicio de la función directiva no docente, material informático o las bibliotecas, que ya lo hemos reivindicado para los centros públicos en nuestra enmienda 321.
Finalmente, la enmienda 327, de adición, regula las actividades complementarias y extraescolares, que en ningún caso tienen que tener carácter lucrativo.
En esta regulación de los centros docentes queremos dejar claras las normas relativas a la libertad de elección del centro docente y a la escolarización. La oferta escolar, que es plural --y espero que lo siga siendo porque la competencia siempre es buena--, debe responder al criterio de satisfacer plenamente el valor superior de la libertad. Desde esta base esta oferta escolar tiene que mantener esta relación con este criterio de satisfacer ese valor superior, el de la libertad.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pido disculpas si en algún momento le he herido a usted o al resto de los compañeros senadores con algún comentario o algo que haya podido parecer frívolo, pero a estas horas, las diez y cinco minutos de la noche, hacía falta distender un poco el debate. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Senador, gracias por su intervención.
Como ven, señorías, no hemos tardado tanto. Nos hemos comprometido a terminar el Título IV y tienen que saber que yo asumo siempre hasta el final lo que acuerdo y lo que pacto (Protestas.-- El señor Maqueda Lafuente: ¡Pero si no ha pactado con nadie! ¡Es el colmo!) Senador, cuando usted está en el uso de la palabra yo no le interrumpo (El señor Maqueda Lafuente: Tiene razón.), luego déjeme que termine (El señor Maqueda Lafuente: Disculpe.) Exacto, déjeme que termine porque no sé por qué hoy están ustedes tan inquietos cuando la comisión ha transcurrido perfectamente: son las diezde la noche, ustedes son personas fuertes y estamos acostumbrados a los debates de los presupuestos, que se alargan hasta las dos y media y tres de la mañana; aquí se han producido esos debates y no ha pasado nada. Yo sé que son las diez de la noche y que todos estamos cansados, yo también estoy cansada, pero si acordamos al comienzo de la comisión que los debates se iban a producir seguidamente hasta las diez y media para que mañana tuviéramos tiempo de tener el debate sosegado de las transaccionales, eso se debe producir así. Lo que no entiendo es ese siroco que de alguna manera ha transitado por la comisión esta noche (Protestas.-- La señora Coloma Pesquera pronuncia palabras que no se perciben.) En mi persona no estaba en ningún momento someterles a ustedes a un esfuerzo adicional (La señora Coloma Pesquera pronuncia palabras que no se perciben.) Senadora Mercedes Coloma, le agradecería encarecidamente que respetara usted cuando los demás estamos hablando y le aconsejo que lea el «Diario de Sesiones» de la comisión para que comprenda por qué yo hoy le estoy diciendo en este tono que guarde silencio. Cuando usted intervenga nosotros la vamos a escuchar con muchísimo gusto y si usted no me escucha con mucho gusto por lo menos sí con un poquito de respeto, simplemente...


La señora COLOMA PESQUERA: Señora presidenta, yo la respeto absolutamente, me parece que es usted la que no respeta a los demás.


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La señora PRESIDENTA: Déjeme que termine mi intervención y entonces podrá opinar, porque como no hace nada más que comentar, no me permite finalizar. Cuando una persona habla los demás se callan (Protestas.). Yo en este momento estoy interviniendo y estoy cerrando la comisión. Le ruego que si usted tiene que hacer algún comentario lo haga en voz baja, pero no me interrumpa.
Les estaba comentando que en ningún momento mi ánimo ha sido el de ser intolerante, simplemente estoy acostumbrada a ser rigurosa con mis compromisos y con mis decisiones, y al principio de la comisión he repetido varias veces la hora de las votaciones, que íbamos a empezar el debate de la ley en su conjunto y que además terminaríamos sobre las diez y media. Es más, el senador Abejón, antes de empezar, en algún momento me habló de que teníamos que prever que los debates pudieran llegar hasta las doce o más de la noche (El señor Abejón Ortega hace signos denegatorios.), porque en el Congreso se habían producido unos debates muy largos y teníamos que estar preparados para que lo fueran aquí también. Es por lo que al comienzo de la comisión he preguntado en tres ocasiones que qué les parecía que el debate se produjera hasta las diez y media. Por ello, cuando he salido de esta sala y me han preguntado a los efectos de asistencia a la comisión que a qué hora íbamos a terminar, yo he contestado que la hora límite que teníamos marcada era ésa. Así es como se han producido los hechos.
Espero que ustedes hayan entendido --no por mí, sino por lo que significa la comisión y lo que significa esta Cámara-- que las decisiones nunca se toman arbitrariamente, sino que las decisiones se acuerdany se cumplen, simplemente. ¿Que en este caso me ha tocado a mí ser la presidenta? Pues lo he llevado a cabo. Tengo la completa seguridad de que si cualquiera de los senadores que se han manifestado de esa forma tan extraña hubieran estado presidiendo esta comisión posiblemente hubieran hecho lo mismo que yo, que es atenerse a lo que habían acordado. En definitiva, señorías, si en algún momento les he parecido que era intransigente, no lo he pretendido, sólo he querido llevar a cabo lo que habíamos acordado entre todos. (Los señores Urrutia Elorza, Maqueda Lafuente, Abejón Ortega, Terán Molleda y Laguna Peña piden la palabra.) Han pedido la palabra el senador Urrutia, después el senador Maqueda, el senador Terán y por último el senador Abejón.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, yo no sé cómo ha sido el acuerdo, de verdad. Yo soy portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y en ningún momento hemos llegado a ningún acuerdo, con lo cual me gustaría saber un poco la programación para el día de mañana:a qué hora nos vamos a reunir, cuál es la cadencia de los títulos, cuánto tiempo tenemos cada uno de los portavoces, si vamos a modificar alguno de los acontecimientos, cuándo se van a dialogar las transacciones, cuándo vamos a hacer las votaciones; en definitiva, la planificación a corto, como decimos en la empresa. Primer aspecto.
Segundo aspecto, presidenta. Lo que usted no puede decir es lo que haríamos los demás si nos sentáramos allá. Si a mí la mayoría me dice que en este momento podemos terminar porque vamos bien, yo le doy mi palabra de honor --siendo vasco, bastante recio y bastante malo, como me ha dicho el señor Pezzi, «Urrutia el Malo» (Risas)-- de que siempre seré demócrata e iré con las mayorías.
Muchas gracias, señora presidenta, y discúlpeme que antes haya cerrado sin darle las gracias, pero ha sido en un acto en el que no estaba demasiado agradable con usted.


La señora PRESIDENTA: Senador Urrutia, le voy a contestar. Es posible que las consideraciones que usted ha hecho se deban a que haya llegado un poco tarde, porque al comienzo de la comisión se ha acordado todo lo que usted me está diciendo. (El señor Pezzi Cereto: Se ha acordado todo eso.) Yo le ruego que antes de hablar pregunte, porque hemos comenzado la comisión diciendo cómo se habían agrupado los debates, el tiempo que se había dado a cada bloque, cuándo íbamos a votar, cómo íbamos a convocar para mañana --que era a las nueve y media--, cómo al mediodía, en función de cómo fuera el debate, fijaríamos la hora de la votación, cómo íbamos a dar tiempo para las transaccionales... (El señor Urrutia Elorza pide la palabra.) Senador Urrutia, mi apellido es Aránega y mis reminiscencias también son vascas, así es que de vasco a vasca.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora presidenta, por alusiones.


La señora PRESIDENTA: Las alusiones las vamos a dejar para el final.


El señor URRUTIA ELORZA: Ha dicho vasco y Urrutia, creo que tengo derecho por alusiones, claro que sí. Ha dicho vasco de primera y además Urrutia, Urrutia Elorza, «Urrutia el Malo» --eso pasará a la posteridad, señor Pezzi. (El señor Pezzi Cereto pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Senador Urrutia, me ha dicho que usted es vasco y yo le he dicho: Senador Urrutia, yo soy Aránega y mis orígenes son también vascos. Simplemente ha sido eso.


El señor URRUTIA ELORZA: Pero eso son alusiones; alusiones totales.


La señora PRESIDENTA: Diga lo que quiera, senador.


El señor URRUTIA ELORZA: Nada más 15 segundos.
A las cuatro y veinticinco estaba aquí y creo que desde el principio he estado sentado en la mesa --primer aspecto--. Segundo aspecto: una compañera de su grupo me está enseñando un documento de cómo está organizado el debate, documento que no tengo como tal. (El señor Abejón Ortega: Ni yo tampoco.) Hay que darse cuenta de que los vascos siempre quedamos un poco en la parte septentrional y me gustaría que si hubiera algún documento para mañana me lo proporcionara. Evidentemente, aunque soy un poco torpe yo no hubiera

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hecho la pregunta si lo hubiera tenido, puesto que me lo hubiese leído.
Muchísimas gracias, señora presidenta. «Gabon eta bihar arte.»

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Yo voy a ser más breve, gracias, presidenta.
Simplemente quiero decirle que si al principio --como bien ha dicho el senador Urrutia-- hubiéramos hecho una reunión de mesa y portavoces y entre todos los portavoces lo hubiéramos acordamos, no se hubieran dado este tipo de circunstancias que se han dado. Usted lo ha explicado muy bien al principio y como nadie ha dicho nada ha entendido que todos los portavoces estábamos de acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Claro, claro.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Pero cuando usted ha salido, el senador Pezzi y todos los demás portavoces hemos estado hablando con el vicepresidente para decirle: como vamos muy bien --lo que le hemos comentado a usted--, no estaría mal terminar un poco antes. Y así lo hemos acordado, por eso yo le pedía su flexibilidad y le pido disculpas si la he molestado en algo.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor Terán.


El señor TERÁN MOLLEDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sin intención de contribuir a que haya tensiones, simplemente quiero aclarar que lo que ha habido al inicio de la sesión ha sido un acto de buena voluntad entre la presidenta y los portavoces, aceptando una forma de actuación para la tarde, deduzco que según las consultas previas a los portavoces. Es cierto también, señora presidenta, que esta tarde, cuando se han producido los rifirrafes, usted ha hecho alusión a la Mesa, y resulta que la Mesa no está enterada de nada. Si se trata de una cuestión entre la presidenta y los portavoces me parece muy bien, pero en nombre de la Mesa no se puede hablar ni de acuerdos ni de compromisos, sino, simplemente, de lo que ha escuchado aquí esta tarde.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Yo hacía alusión a la Mesa en el mismo sentido que podía haber hecho alusión a la sala, porque la Mesa estaba presente, igual que estaban presentes todos los portavoces. Yo entendía que una cuestión que se manifestaba públicamente, a la que todos los miembros de la Mesa asentían, al igual que los portavoces, significaba que estaban de acuerdo. En cualquier caso, como yo entiendo la educación como un proceso de aprendizaje continuo, considero que hoy todos hemos aprendido, y yo también. Ya sé que he de atenerme estrictamente a la normativa de la Cámara y, de acuerdo con ello, yo ejerceré mis funciones, la Mesa ejercerá sus funciones y los portavoces también. Yo creí que la otra manera era mejor y más democrática... Bueno, una manera más flexible. Sin embargo, a la vista del resultado, compruebo que ustedes no lo han entendido así. No hay problema. Como yo entiendo el proceso de aprendizaje como experiencia, errores y aciertos, así lo recojo.
Senador Abejón...


El señor TERÁN MOLLEDA: Perdón, lo único que quería era diferenciar, porque no sé si se ha entendido, entre acuerdos y compromisos por una parte y, por otra, el acto de buena voluntad de los portavoces a la hora de aceptar unas propuestas. Por no tratarse de acuerdos ni compromisos, sino tratarse de un acto de buena voluntad, se podía haber admitido mucha más flexibilidad que la que se ha tenido esta tarde.


La señora PRESIDENTA: La buena voluntad significa que si existe un consenso es que todos estamos de acuerdo. No hace falta firmar un papel para saber que todos estamos de acuerdo.
Adelante, señor Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
A pesar de representar al grupo mayoritario de esta Cámara, tampoco he sido afortunado a la hora de recibir esa famosa hoja donde aparecen los horarios. Bien es cierto que yo hablé con la presidenta, pero hablar es una cosa y otra es establecer el horario. Yo le dí mi parecer, pero en ningún momento he tenido la oportunidad de saber cómo había quedado establecido el debate. Por supuesto que el Reglamento nos lo sabemos casi todos --sobre todo, los que llevamos muchos años en esto--, pero también sabemos cómo se nombran y se cambian los representantes de las mesas. En consecuencia, debe tratarse de una Mesa de portavoces que represente el sentir y a los miembros de la Cámara. Si no es así, tomaremos las medidas que consideremos necesarias. Usted ha dicho que, a partir de ahora, o así me ha parecido entender, ustedes son mayoría, que van a tomar las decisiones y que toman buena nota. Si eso va a ser así, los grupos aquí presentes tendremos que tomar nuestras medidas. En buena fe hemos acordado esto, pero también he dicho que es la primera y última vez que nuestro grupo lo va a permitir. Es necesario que todo se acuerde de manera oficial, pero también, señora presidenta, nosotros vamos a exigir que se cumpla el Reglamento de la A a la Z; Reglamento que no se está cumpliendo en la comisión. Yo tampoco tengo ni idea de cómo va a ser el sistema de votaciones, porque conmigo no se ha quedado absolutamente en nada. A estas alturas tampoco sé si el sistema de votaciones va a ser por la mañana, por la tarde, por la noche o cuándo va a ser.


La señora PRESIDENTA: Vamos a repetir lo que hemos dicho al comienzo de la sesión.
Senador Abejón, yo le dí a usted, igual que a todos los portavoces, una hoja... (El señor Abejón Ortega: A mí no

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me la ha dado.--El señor Urrutia Elorza: A mí tampoco.) Es verdad, ellos no estaban y no se la pude dar. Se trataba de una información coloquial, pero al senador Abejón yo le pregunté qué le parecía ese debate y me dijo que le parecía bien, al igual que se lo comuniqué a los portavoces que estaban en el Pleno en ese momento. Por eso he empezado hoy la comisión, repitiendo que primero se debatirían los dos vetos agrupados, aunque la votación posterior fuese separada, que después pasaríamos al debate general de la ley hasta las diez y media de la noche, que a la mañana siguiente empezaríamos el debate a las nueve y media, y que, una vez comenzado el debate, al medio día, en torno a la una o una y media, en función de como fuera el mismo y las transaccionales, fijaríamos la hora de la votación. ¿Por qué? Porque aunque al principio pensábamos que la votación iba a ser posterior, es cierto que el debate se ha producido tan ágil que a las diez de la noche hemos acabado con el Título IV. Eso es como teníamos diseñado el debate, debate que se ha producido consensuado y hablándolo con los distintos portavoces.
En cuanto a mis palabras sobre que la Mesa ejercería sus funciones, señor Abejón, no es una amenaza. He dicho que yo he practicado una forma de llevar a cabo el debate en la comisión, para que el debate se produjera respecto al contenido ideológico y no en cuanto al debate estructural, porque últimamente yo veía que podía producirse una distorsión. Por eso me esforcé en ir a los escaños de los distintos portavoces que estaban en aquel momento en el Pleno, para comentarles los tiempos del debate, cómo se agruparían los títulos y las enmiendas. Así fue como organicé el debate. Si no le ha gustado, señor Abejón, tendré que buscar otro método.
(El señor Letrado: Es el que establece el artículo 114.2 del Reglamento: la competencia es del presidente, oída la Mesa.) No pasa nada, no pasa nada. Yo sé que todos queremos participar al máximo. (Rumores.) Yo he conducido el debate de esa manera, pensando que sería más fácil, más cómodo y más flexible, pero he visto que no, que luego ha habido cierta marcha atrás en lo acordado. ¡Qué le vamos a hacer!

El señor ABEJÓN ORTEGA: Señora presidenta, yo sí he dicho que conmigo habló, pero ni los portavoces que representan a mi grupo en la Mesa han sido escuchados ni saben nada. Antes teníamos la sana costumbre de que se nos entregara una carpeta con el orden del día. Sin embargo, últimamente ni veo carpetas ni nada. (El señor Urrutia Elorza: Yo tampoco.) No sólo le ocurre al señor Urrutia, sino que yo tampoco veo absolutamente nada.
Señora presidenta, una cosa es que usted hable conmigo o con todos los portavoces, pero luego se debe decir a qué conclusión hemos llegado y debe haber aquí unas carpetas donde se diga el calendario que se propone, oídos los portavoces, pero nada de nada. Eso es lo que le digo yo.


La señora PRESIDENTA: Senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Cuando hemos empezado la comisión, como medida de garantía para todos, hemos pedido a la presidenta que fijara cuál iba a ser el régimen del debate. Yo he estado viendo como el senador Abejón iba poniendo en su propia carpeta: preámbulo y título preliminar, tantos minutos; horario; hora de terminar, etcétera. Es decir, que hemos empezado la comisión dando la información a todos y nadie ha pedido la palabra para mostrar su disconformidad con lo que se ha dicho. Eso sirve para la Mesa, para los portavoces y para los miembros de la comisión. Si la presidenta expone un calendario de trabajo, de acuerdo con sus competencias, y nadie dice otra cosa... Ha habido algún equívoco, por ejemplo, mi equívoco de pensar que como había dos vetos, se podía haber debatido un veto, después un turno en contra, otro veto y otro turno en contra. Yo, tonto de mí, dije: ¿por qué no hacerlo conjuntamente? Pero ese error no debe convertirse en un problema en esta comisión, quela hemos llevado bien, con un ritmo de trabajo fuerte.
Para no sobrepasar las diez y media, se debería dejar establecido el trabajo de mañana, quese empezaría por el siguiente título que hemos dejado pendiente. Una vez debatidos todos los títulos en los tiempos que han quedado fijados esta mañana, posiblemente se llegará al mediodía.
Daremos un plazo de tiempo ya por la tarde para presentar las transaccionales y poder comenzar la votación antes de la horaque inicialmente ha fijado la presidenta, como ya sugirió al señalar que,a mediodía, de acuerdo con el ritmo de trabajo, se podría fijar la hora final de cierre de debate y comienzo de las votaciones.
En estos momentos eso es lo más práctico y, si seguimos dando vueltas a si a mi no me han oído o a si a que yono he llegado el primero, etcétera, no nos hacemos el favor a ninguno de nosotros. Yo sigo lo mismo de agotado y llevo media hora discutiendo este tema que no es el que nos ha traído a la comisión.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Senador Pezzi, eso significa que no estábamos tan cansados porque, si no, no habríamos llegado a este punto.


El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, se me ha olvidado decir algo fundamental. De rodillas, pido disculpas al señor Urrutia por un comentario que he hecho. Quizá no haya entendido el sentido del humor de un andaluz malagueño. No es «malo» el señor Urrutia, es una bellísima persona y me enfrentaré al que diga que lo es. Le pido disculpas, esto no puede quedar reflejado en el «Diario de Sesiones», porque sería injusto con usted y conmigo. Le ruego que pida que se retire del «Diario de Sesiones».


La señora PRESIDENTA: Quisiera manifestar lo siguiente. Ya hemos debatido todo por hoy, ya han intervenido todos los senadores. El señor Burriel Alloza, miembro de la Mesa, quiere manifestar algo. Tiene la palabra su señoría. (El señor Laguna Peña pide la palabra.)

El señor BURRIEL ALLOZA. Gracias, señora presidenta.


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Como miembro de la Mesa, quiero dejar claro que nosotros hemos trabajado siempre con buena voluntad y buena predisposición. En consecuencia, lo que ha quedado en el aire es que había un acuerdo tácito con los portavoces y es lo que hemos entendido el resto de los miembros de la Mesa lo que, al parecer, no era así.


La señora PRESIDENTA: Sí estaba.


El señor BURRIEL ALLOZA: Ningún miembro de la Mesa --por lo menos el senador que en estos momentos habla-- ha puesto ningún reparo porque ha sobreentendido que había un acuerdo encima de la mesa.
Asimismo, debo añadir que cuando se ha propuesto adelantar la hora de finalización de la sesión, se ha comentado por parte de la presidenta su intención de mantener un acuerdo que había tomado ella. Yo respeto los acuerdos de la presidenta, pero lo que no nos puede decires que no podamos protestar. Pues bien, respetamos los acuerdos que adopta la presidenta. (El señor Laguna Peña pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el senador Laguna.


El señor LAGUNA PEÑA: Sólo un minuto, pues todavía faltan dos minutos para llegar a las diez y media.


La señora PRESIDENTA: Señorías, como han expresado que no iban a intervenir,voy a utilizar yo el turnopara terminar a las diez y media.
(Risas.)

El señor LAGUNA PEÑA: Si me permite, quiero felicitarla, sin acritud y con todo el cariño del mundo, porque el gran titular de mañana en la prensa podía ser el siguiente: En el debate de la LOE, la presidenta de laComisión de Educación consigue poner de acuerdo a todos los grupos de la oposición. «¡Chapeau!»

La señora PRESIDENTA: Podría ser un titular, pero podría ser otrobastante diferente del que usted ha comentado.
Señorías, vuelvo a repetir que mañana, a las nueve y media, tendrálugar el comienzo de la sesión con el debate del articulado, del que nos restan cuatro bloques en los tiempos que hemos ido reflejando.
Se levanta la sesión.


Eran las veintidós horas y treinta minutos.