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DS. Senado, Comisiones, núm. 306, de 06/04/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2006 VIII Legislatura
Comisiones. Núm. 306
COMISIÓN CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GARCÍA MIRALLES
celebrada el jueves, 6 de abril de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de la Comisión de 22 de marzo de 2006.


Comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, Dª María Teresa Fernández de la Vega Sanz, para informar de las disposiciones normativas que adoptará el Gobierno para hacer efectivo el contenido del informe elaborado por el Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado. ( Número de expediente 711/000168).


Dictaminar:

-- Proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal.
(Número de expediente 621/000050).


-- Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. (Número de expediente 624/000009).


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Se abre la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, se va a dar lectura de la lista de los miembros de la comisión, para su constancia en acta y presentación escrita, en su caso, de las sustituciones.
Ruego al señor letrado que compruebe la asistencia de los señores senaores.


Por el señor letrado se procede a la comprobación de los señores y de los señoras senadores presentes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor letrado.


-- COMPARECENCIA, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, DOÑA MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, PARA INFORMAR DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVO EL CONTENIDO DEL INFORME ELABORADO POR EL CONSEJO PARA LA REFORMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD DEL ESTADO (711/000168).


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el orden del día con la comparecencia de la señora vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, que tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me honra comparecer por segunda vez en dos semanas en el Senado, esta vez ante su Comisión Constitucional, para informar sobre las disposiciones del Gobierno a fin de hacer efectivo el informe del Consejo para la reforma de los medios de titularidad pública.
Lo que estamos haciendo está muy a la vista. Este Gobierno se ha comprometido a impulsar un nuevo modelo de radio y televisión públicas, conforme a un criterio exigente de servicio público, que sirva a los ciudadanos desde la independencia y la pluralidad, que tenga una dimensión proporcionada y esté bien gestionado, y que ofrezca una programación de calidad dirigida a una amplia audiencia. Muchos gobiernos que nos precedieron dijeron lo mismo: nosotros lo estamos haciendo. Hoy se debaten las enmiendas en esta misma Cámara y está muy avanzada la preparación del plan de saneamiento y futuro ordenado por la ley de presupuestos, que garantizará la pronta puesta en marcha de la corporación de Radio Televisión Española.
El plan, permítanme que lo reitere, es un plan de saneamiento y de futuro. Sanear para garantizar el futuro. Un futuro de servicio público, de independencia informativa, de pluralismo, de bases organizativas y financieras sólidas y eficientes. No hay justificación para aplazar esta reforma, y el Gobierno no va a eludir su compromiso ni su responsabilidad.
Radio Televisión Española es parte de nuestra memoria y de nuestra socialización personal, cultural y política, pero desde hace ya muchos años es apremiante la necesidad de reformar su modelo de gestión y adaptarlo a las exigencias comunitarias, de adaptar su organización y medios a los requisitos de la eficiencia y de actualizar su regulación.
El próximo mes de octubre se cumplen 50 años desde que Radio Televisión Española comenzó sus emisiones en España. Han transcurrido 26 años desde que se aprobó su estatuto, y en este cuarto de siglo han surgido radios y televisiones autonómicas y privadas, y han llegado la televisión digital terrestre y el satélite. Apenas somos capaces de imaginar el desarrollo de las tecnologías o las posibilidades de integración de los medios en los próximos 25 años, pero sí sabemos que la apuesta por este proyecto es la respuesta más expresiva sobre el modo en que el Gobierno entiende la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de los poderes públicos.
Que los medios públicos de comunicación tengan esa libertad asegurada estructuralmente, que la ejerzan apoyándose en una buena gestión y que respondan de todo esto ante el Parlamento resulta crucial para un Gobierno comprometido con la regeneración de la vida pública, con la centralidad política del Parlamento, y todo ello basado, por supuesto, en el diálogo y en el respeto.
Por eso, nuestro compromiso electoral incluyó la creación de un consejo de expertos que informara sobre la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal. El informe del Consejo, que recibimos en febrero del año pasado y enviamos a las Cámaras, refleja la calidad intelectual y la independencia de sus autores. Hay en él riqueza de ideas, contraste de pareceres y una certeza compartida sobre que la reforma es necesaria y urgente, por cuatro razones. Primero, por la queja razonable de los propios televidentes, es decir, de los ciudadanos. Segundo, por la situación financiera insostenible de Radio Televisión Española. Tercero, por la experiencia histórica de una utilización política opuesta a los valores esenciales de neutralidad, transparencia y calidad. Y cuarto, por una evolución tecnológica que multiplica la oferta, afecta a la publicidad y obliga a los medios a un cambio sustancial.
La reforma, señorías, es inevitable y urgente por razones que ustedes conocen: por la dimensión que ha alcanzado la deuda; por la disparidad entre una regulación ya antigua y una realidad que cambia a un ritmo intenso; por la imposibilidad de mantener un sistema de gestión y financiación que ha descansado sobre la posibilidad del déficit y de un endeudamiento avalado, a la postre, por el Estado; por el incumplimiento de los principios comunitarios de proporcionalidad y de transparencia, en un escenario europeo que inició hace tiempo la racionalización de los medios públicos de comunicación, y por el desarrollo tecnológico, cuyo último producto son los sistemas digitales de transmisión, pero que ya anuncia unas posibilidades fascinantes de interconexión con Internet.
Si me permiten el símil, no se puede actuar en la era de la comunicación y las nuevas tecnologías con la perspectiva

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de la televisión en blanco y negro, de aquella televisión que comenzó sus emisiones con una carta de ajuste que estoy segura que sus señorías recordarán, al igual que yo, a la perfección --no sé si todas sus señorías porque algunas de ustedes son más jóvenes.
Como recordarán, el informe de los expertos proponía cuatro límites al contenido de la reforma. El primero, el mantenimiento de una radiotelevisión pública sin privatizar ninguno de sus servicios esenciales, ni en concreto ninguna de las dos cadenas actuales. En segundo lugar, la prevalencia de una marcada faceta de servicio público consciente de la rentabilidad social desde la que debe juzgarse su programación. En tercer lugar, el refuerzo y garantía de su independencia mediante un estatuto y unos órganos de gestión y control adecuados --a los de control me referiré luego--. Para la gestión el informe apuesta por un consejo de administración independiente del Gobierno y regido por criterios profesionales. Finalmente, que su financiación cuente con una subvención pública dentro de los límites que establece la Unión Europea y unos ingresos publicitarios sujetos a ciertas limitaciones que tengan en cuenta a las cadenas comerciales.
Las propuestas de los expertos parten de su coincidencia de la íntima relación entre los medios públicos y la calidad de la democracia. Los llamados medios de comunicación se han convertido en actores esenciales de la política y de la cultura. Son, cada vez más, un espacio de participación --no hace falta leer a Stanislav Lem-- para representarse las posibilidades de interacción que se abren en un futuro no lejano.
He expuesto ya en dos comparecencias, en la Comisión Constitucional y en el Pleno del Congreso de los Diputados, los grandes rasgos del proyecto de ley que se debate estos días en esta Cámara. El proyecto respeta las líneas principales del conocido como informe de los sabios; excluye, como señalaba, la privatización de parte alguna del grupo público Radio Televisión Española; potencia el servicio público de radio y televisión, en línea con los valores constitucionales, con la sensibilidad, el respeto y el cuidado debido a pluralidad, diversidad cultural y lingüística; establece mecanismos eficaces para garantizar una buena gestión; establece la independencia de la corporación con respecto al Gobierno y una información veraz e imparcial, e incorpora las exigencias comunitarias en materia de financiación para hacerla compatible con las reglas en materia de competencia.
El proyecto establece un nuevo régimen jurídico por el que se crea la corporación de Radio Televisión Española, una sociedad anónima, pública, con capital íntegramente estatal. De ella dependerán las sociedades participadas al cien por cien, que prestarán directamente los servicios públicos de radio y televisión. Los ahora doce miembros de su consejo de administración serán elegidos por las Cámaras, procurando, por cierto, una composición paritaria.
En el estado actual del proyecto se ha introducido un cambio que refuerza esa independencia respecto al Gobierno: el presidente del consejo de administración y de la corporación será elegido por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados.
Para garantizar la objetividad, la participación y el pluralismo, se crea un consejo asesor y se regulan por ley los consejos informativos, cauce para que los profesionales de la información velen por una actividad independiente y por la veracidad de los contenidos informativos.
Una garantía adicional será la prohibición de la cesión a terceros de la producción y la edición de programas informativos, además de otras limitaciones previstas en esta materia como medida de fomento o estímulo.
La financiación, de naturaleza mixta, será adecuada y garantizará la compatibilidad de los fines de servicio público con las exigencias de una buena administración de los recursos públicos. Se articulará mediante el mandato marco aprobado por el Parlamento, que establecerá las líneas básicas para el servicio público durante un período de nueve años y mediante los contratos-programa de carácter trienal, que detallarán, con el conocimiento previo del Parlamento, las prestaciones requeridas para la cobertura del servicio público y las compensaciones financieras.
La corporación y sus sociedades ya no podrán acudir a cualquier financiación privilegiada, sólo les será posible recurrir a la financiación ajena cuando se trate de financiar inversiones o desfases temporales de tesorería y deberán hacerlo en condiciones similares a las de cualquier otro operador.
Esta reforma legal que el Senado debate hoy obedece a una necesidad financiera, política, social y europea. Sus señorías conocen los datos de una deuda que en el ejercicio de 1996 era de 1.588 millones de euros, que al cierre de 2004 ascendía a 6.892 millones de euros y que se aproxima ya a los 7.500 millones de euros. Aunque el déficit de explotación haya mejorado algo en el ejercicio 2005, es obvio que este modelo de gestión y financiación es insostenible y que requiere una reforma rigurosa y efectiva.
Existe también una razón de ética política: la utilización partidaria de sus contenidos ha sido una grave carga que ha deslegitimado durante años a unos medios públicos que son de todos y deben servir a todos, no al Gobierno de turno. Los ciudadanos merecen y exigen una información imparcial y una gestión transparente, exigen que cese definitivamente cualquier posibilidad de manipulación mediante el establecimiento de garantías que aseguren la independencia y con ella la neutralidad y la veracidad.
Existe, en tercer lugar, un compromiso que parte de la revisión que los servicios de la comisión realizaron sobre el funcionamiento del ente público, que dio lugar al conocido como informe Monti.
Las sucesivas comunicaciones a las que se refirió el vicepresidente segundo del Gobierno en su intervención del pasado día 22 de marzo han permitido acotar unas condiciones para el funcionamiento y para la financiación que permitirán prestar los servicios públicos de forma eficaz, eficiente y plenamente acorde con la normativa europea.
En paralelo al proceso legislativo discurre el de saneamiento, regulado por la disposición adicional 35 de la Ley de presupuestos. Se trata de un primer paso en la reforma integral del modelo que resultaba acuciante, que responde además a un mandato parlamentario del máximo rango, a una ley, la de Presupuestos Generales del Estado, que está

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dando sus primeros pasos en perfecta coherencia con el contenido del proyecto de ley que se está tramitando.
El plan, no hay que olvidarlo, se llama de Saneamiento y Futuro. Es el punto de partida, la base imprescindible que permitirá que la nueva corporación de Radio Televisión Española y sus sociedades prestadoras inicien su actividad en unas condiciones de racionalidad organizativa, financiera y formativa que merecen ser calificadas como inéditas.
La disposición adicional 35 ha previsto una subvención para financiar el déficit de explotación previsto por el actual Grupo de Radio Televisión Española en 2006, por un importe de 575 millones de euros, pero la ha diferenciado en dos tramos: uno de carácter incondicionado, por importe de 98 millones de euros, y otro de 437 millones de euros, como subvención condicionada a la suscripción de un convenio entre el Estado y el Ente Público Radio Televisión Española para regular un modelo de financiación plurianual que concuerde con los criterios comunitarios y con el modelo de programación, a los que ya me he referido; que aborde la adecuación de la estructura organizativa central y territorial y la organización de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, y racionalice los gastos y mejore los ingresos.
El plan no pretende sortear, en absoluto, el debate sobre el contenido del proyecto legal en tramitación, pero postergarlo no tendría sentido político ni de gestión ni, a mi juicio, sentido común, requisito éste que no siempre respetan, por cierto, las críticas que se dirigen desde algún grupo de cuya gestión en ocasiones traemos estos lodos, porque su necesidad y dirección están ya determinados por criterios comunitarios y porque sólo a partir de una base saneada será posible implantar una nueva corporación que mire al futuro sin las pesadas hipotecas heredadas.
El plan es, en fin, uno de los dos procesos convergentes hacia el nuevo modelo. Va a ser absolutamente adecuado para configurar el servicio público y su financiación, y responde al mandato de la ley de presupuestos, al de la sensatez y al de la responsabilidad.
Esta reforma, señorías, es imperiosamente necesaria. Lo sabe la sociedad española, que la apoya, y lo sabe el Gobierno, que la ha puesto en marcha y la va a llevar a cabo a través de la SEPI y de la actual dirección de Radio Televisión Española, y lo saben las Cámaras. Los recursos no son inacabables, lo que se gasta mal en un sitio deja de poderse invertir en otras necesidades que requieren y merecen recursos públicos. Llevar esta reforma adelante es, por tanto, una responsabilidad que el Gobierno ha asumido muy conscientemente.
Lo que voy a decir a continuación es obvio, pero también es justo aclararlo públicamente. La situación a la que ha llegado el viejo modelo de Radio Televisión Española no es, en ningún caso, culpa de sus trabajadores, es el resultado de un modelo de gestión antiguo, responsabilidad de gestores de antaño que hoy sostienen posiciones que sólo se explican por una falta de adaptación a los nuevos tiempos.
Pero voy más allá, el éxito del nuevo modelo va a depender de sus trabajadores, excelentes profesionales y personas mayoritariamente comprometidas con la idea de la radio y la televisión públicas como servicio público en defensa de los valores constitucionales; de su esfuerzo, dedicación y compromiso, de los que el Gobierno no duda ni por un instante. El Gobierno puede hacer el mejor plan de saneamiento y poner en marcha el nuevo modelo, el Parlamento puede regularlo de manera impecable, pero el resultado final dependerá, en buena medida, de sus trabajadores, de los profesionales, que son los que, en definitiva, tienen que poner en marcha con su experiencia ese modelo.
Ayer, una parte de los trabajadores de Radio Televisión Española ejerció su derecho de huelga, que el Gobierno respeta plenamente, es un respeto sincero, y estamos seguros de que además de su interés laboral, el conjunto de los trabajadores, tanto de los que han seguido la huelga como de los que no lo han hecho mantiene ese compromiso profesional y personal con Radio Televisión Española, y muy especialmente con su futuro como servicio público.
También por eso el Plan de Saneamiento y Futuro formulado por la SEPI y por la dirección de Radio Televisión Española se va a poner en marcha de manera dialogada y respetuosa, como es norma en este Gobierno. Se están celebrando desde hace tiempo reuniones con representantes sindicales y el proceso se está desarrollando con un diálogo franco y abierto. Sus consecuencias laborales deben ser negociadas con los representantes de los trabajadores, como es obvio y obligado, procurando el mayor acuerdo posible sobre su contenido.
No es posible en estos momentos adelantar un contenido que ha de ser objeto de negociación, pero la posición del Gobierno es clara. El Plan de empleo que se propondrá a los trabajadores contiene fundamentalmente medidas de jubilación anticipada, así como bajas indemnizadas. A los trabajadores que resulten excedentarios se les ofrecerá posibilidades laborales dignas. Pero esta reforma, señorías, es imparable porque la exige el conjunto de la sociedad, que quiere una buena Radio Televisión Española, independiente y de calidad, pero mejor dimensionada y gestionada: es imparable y está en las mejores manos. El Gobierno tiene plena confianza en el equipo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que desarrolla su cometido con eficacia ejemplar y llevará la reforma a buen término con la dirección de la actual Radio Televisión Española.
Pero la invitación a comparecer hoy en esta comisión se refiere también a otros proyectos legislativos en el terreno audiovisual, y quiero referirme ahora al Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, que responde a la necesidad de contar con una autoridad audiovisual independiente, un organismo que tendrá la misión y la capacidad de asegurar el cumplimiento de las funciones de servicio público a las que me he referido y cuya independencia quedará garantizada por la elección parlamentaria de sus integrantes mediante una mayoría reforzada y un mandato que exceda el de las propias Cámaras; una autoridad independiente, en fin, que supervise el ámbito de las competencias del Estado, con autonomía respecto de las administraciones públicas; que vele por el respeto de los derechos y libertades en el ámbito de los medios de comunicación; que garantice

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la transparencia en la propiedad de los medios; que impida cualquier forma de discriminación y proteja la dignidad de las personas y los derechos de los telespectadores y radioyentes, en particular los de la infancia y la juventud, y ello tanto en la programación como en los contenidos publicitarios.
En los próximos meses el Gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley reguladora del Consejo y también un proyecto de ley general reguladora del sector audiovisual que reúna, dé coherencia y actualice un conjunto normativo amplio, que en estos momentos presenta una notable dispersión tanto formal como de contenidos.
El resultado de esta labor de impulso legislativo, cuya forma definitiva corresponde obviamente a las Cámaras legislativas, será un sistema jurídico e institucional capaz de facilitar la prestación a los ciudadanos del servicio público de radiotelevisión en las mejores condiciones de transparencia, eficiencia y libertad, porque la radiotelevisión es un bien social que debe analizarse, como nos indica el informe del Consejo de expertos, teniendo en cuenta su rentabilidad social.
Mantener la memoria de una sociedad, ofrecerle una visión veraz de lo que sucede es una exigencia de las que Emilio Lledó ha llamado derechos humanos de los ojos, unos derechos humanos de la mirada inteligente y decidida, que resulta imprescindible para mantener y elevar cada día la calidad y los valores democráticos.
El Gobierno va a cumplir con su compromiso; va a asegurar la independencia de los medios; va a impedir que puedan volver a ser manipulados en beneficio de ningún gobierno ni de ningún partido; va a asegurar también las condiciones para que la programación responda a las exigencias de servicio público, de los valores constitucionales y de la diversidad cultural y lingüística, para que la radiotelevisión pública sea mayoritaria en audiencia, entretenida y de calidad; va a hacerlo asegurando una gestión más eficaz y más eficiente de los fondos públicos aportados a unos medios que constituyen un valioso patrimonio de todos los españoles y que cuentan con un potencial técnico y humano muy destacable.
Nuestro reto es procurarles independencia, garantías, calidad y viabilidad mediante un estatuto jurídico adecuado, que les dote de sistemas de garantía eficaces y que establezca soluciones organizativas y financieras adecuadas; todo ello, a su vez, en un marco audiovisual claramente ordenado y regulado en igualdad de condiciones para todos los operadores.
Está en manos de las Cámaras producir los mejores instrumentos jurídicos adecuados; su responsabilidad es grande, señorías. Estoy segura de que con la participación de todos ustedes la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal va a ser la mejor ley, que cumplirá con las expectativas de los ciudadanos, con las expectativas que hoy ya son exigencias de la sociedad española.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Fraga Iribarne pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.
El señor FRAGA IRIBARNE: Gracias, señor presidente.
De todo lo que se ha dicho estos días, lo que más me ha impresionado y llegado al corazón es la supresión del centro de Canarias. Cuando fui responsable de estos temas tuve la honra de llevar allí la televisión en un momento en el que no había satélites; hubo un acuerdo con Marruecos para poner una serie de postes, y recuerdo lo que fue la televisión para Canarias. Dado el carácter ultraperiférico reconocido de las islas, tan españolas por cierto, ese centro merecería una ayuda o una excepción, y me atrevo a ponerlo sobre la mesa por si la señora vicepresidenta quiere tenerlo en cuenta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comenzamos el turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el senador Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como no puede ser de otro modo, en nombre de mi grupo parlamentario y en el mío propio quiero agradecer a la señora vicepresidenta su comparecencia en esta comisión para informar a la Cámara del desarrollo del futuro de Radio Televisión Española sobre la base de un informe emitido por el Consejo creado al efecto a comienzos del año 2005; informe que, en consecuencia, va a servir de base para que entre todos proyectemos la reforma de Radio Televisión sobre dos puntos a los que después me referiré, que suponga el desembarco en la normativa de lo que puede elaborar un informe del denominado Consejo de sabios.
Esa comparecencia era fundamental a primeros del año 2005, como así fue en el Congreso de los Diputados, porque todavía no conocíamos la norma, no estaba en tramitación y, por tanto, se podía explicar qué valor podría tener el informe sobre la voluntad del Consejo de Ministros acerca del proyecto de ley de reforma de Radio Televisión.
Hoy la situación es distinta: hay una tramitación parlamentaria y la ley, que es la pieza fundamental de esta reforma, está ya en el Senado, por tanto, el planteamiento de esta comparecencia es distinto, pero, en todo caso, es muy útil y clarificadora y por ello he de agradecer a la vicepresidenta su disertación inicial.
Sin entrar en la normativa --usted ya lo ha dicho y se discutirá en pocos instantes, por tanto no creo que sea lo más acertado entrar ahora en la dinámica propia de la ley--, me gustaría dar unas pinceladas sobre lo que puede suponer el conjunto de la reforma sobre la base de cuatro o cinco reflexiones, así como unas cuantas preguntas a las que supongo me podrá contestar.
Efectivamente, quiero hablar de la reforma, pero como instrumento legislativo para abordar el informe del Consejo; también quiero hablar de la desgubernamentalización de la ley y, en consecuencia, del futuro de la radiotelevisión; de los centros territoriales; del déficit y de lo que puede suponer el servicio público. Como puede usted

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comprobar, quizá sean reflexiones en voz alta de mi grupo parlamentario y preguntas de interés que usted nos pueda clarificar.
Estamos de acuerdo sobre cómo abordar una reforma de radiotelevisión que, además, como ustedes, consideramos necesaria, y se va a hacer sobre dos pilares básicos, con los que estamos de acuerdo: el programa electoral, su programa en este caso, pues vencieron en las elecciones pasadas y, además, la solicitud de un informe, que considero muy acertado a ese Consejo de sabios que, como expertos en materia audiovisual, podrá informarnos a fin de configurar esa voluntad para esgrimir en el Consejo de Ministros y proyectar en el proyecto de ley -- valga la expresión-- en las Cortes Generales.
Se realiza el informe, que es útil, importante y bueno en conjunto; el informe tiene un voto discrepante, pero soy de los que opina que la diversidad en la opinión del órgano colegiado siempre es buena, es decir, nunca debe tomarse como mala, a pesar de que los órganos colegiados actúan en gran medida por unanimidad, pero, repito, siempre es bueno que se puedan plantear los diferentes matices de los distintos miembros de un órgano colegiado, y a vuelapluma, por decirlo de algún modo, nos plantea una reforma sobre cinco o seis apartados, con los cuales evidentemente coincidimos: necesidad de la reforma; planteamiento de una desgubernamentalización, una despolitización en definitiva de Radio Televisión; mantenimiento del carácter de servicio público; necesidad de abordar un déficit público; necesidad de fijar una financiación; necesidad, en definitiva, de apostar por un determinado modelo, que sea actual, y, sobre todo, que se proyecte en el siglo XXI, amén del control de calidad o cuestiones sobre la calidad propia de la televisión.
En mi opinión, esa es la base fundamental; visto de una forma muy superficial es lo que se esgrime en el informe. Ésos son los dos pilares básicos que van a servir de base para su propio programa electoral y para configurar un proyecto de ley, que es la propuesta legislativa que hace el Gobierno. Y se hace, como no puede ser de otra manera, afrontando la ejecución en una normativa y lo que después tendrá que ser un saneamiento de las deudas históricas que hoy tiene Radio Televisión --hasta aquí estamos absolutamente de acuerdo en el «modus operandi».
Surge el proyecto de ley --el cual tenemos que calificar como la voluntad del Gobierno para plasmarlo en una norma jurídica-- y llega al Congreso de los Diputados. Se tramita en el Congreso de los Diputados y se modifica de forma bastante importante, es decir, hay bastantes variaciones y además en temas que pueden ser esenciales, fundamentales, como por ejemplo una distinta configuración en la dirección en su conjunto de Radio Televisión: se partió de un presidente del consejo de administración y de un director ejecutivo o director general y, sin embargo, en la tramitación del Congreso se unifica la figura ejecutiva y el presidente de la corporación también tiene funciones de dirección general. A lo mejor esto tendríamos que plantearlo con mucha mayor reflexión puesto que desborda las características propias de lo que puede ser una sociedad corporativa o un ente público, en los cuales a veces es bueno desvincular la presidencia del carácter ejecutivo del director general. Es algo que --apunto-- se ha modificado en el Congreso y, por lo tanto, cambia de forma sustancial lo que puede representar esa voluntad del proyecto de ley del Gobierno.
Pero es que además nos encontramos con que en el Senado contamos con un veto y 90 enmiendas presentadas por mi grupo --lo cual puede ser usual--, pero hay más de 100 enmiendas de los demás grupos, con lo cual parece que de alguna manera --sobre todo si estas enmiendas son de algunos de los grupos que son socios en el Gobierno-- pueden modificar también de forma sustancial este proyecto de ley y, en consecuencia --que es lo que a mí me importa--, modificar los principios esenciales de esa voluntad del Gobierno surgida en el proyecto de ley entre el programa y el informe.
¿En qué va a cambiar? Yo no lo sé, a lo mejor lo vemos en la comisión posteriormente, pero se ha apuntado en diversos órganos de difusión que puede cambiar la estructura territorial --después me referiré a ello, al igual que lo ha hecho el senador Fraga-- y pueden cambiar también de alguna manera los órganos de gobierno o la elección de los vocales de los órganos de gobierno, cuestión que puede empezar a preocuparme más --después lo podemos abordar con un poco más de detenimiento y siempre en el ánimo de la reflexión.
Lo más importante es que es una ley que, presumiblemente, por la poca tramitación que le falta en la Cortes Generales, va a acabar sin consenso, y esto no es bueno. El estatuto de 1980 fue consensuado --no gobernaba el Partido Socialista, fue anterior-- y el consenso siempre es bueno, sobre todo en estos elementos tan fundamentales de desarrollo de la vida pública y de los ciudadanos. No lo hay, puede ser que nos digan que es un problema nuestro, pero yo creo que el diálogo es cosa de dos o de más y el consenso es cosa de dos o de más; por lo tanto, si no fructifica sigue siendo cosa de dos o de más personas o de más grupos, pero en todo caso es un fracaso de dos o de más grupos y habrá que analizar la responsabilidad de quién es el que provoca esta falta de consenso. En definitiva, es un problema que nos atañe a ustedes y a nosotros, y el consenso es bueno sobre todo en esto que representa los pilares básicos que después se van a proyectar sobre la propia convivencia y el bienestar de los ciudadanos.
¿Yo tendría que analizar las causas? No lo sé, porque yo puedo saber las causas en el proyecto que el Partido Popular tenga acerca del esquema de radiodifusión; nosotros lo vamos a plasmar a través de las enmiendas, que es lo que podemos hacer para intentar mejorarlo. ¿Qué haríamos nosotros? Es un futurible, no estamos en el Gobierno y a lo mejor tampoco aplicaríamos el cien por cien de nuestro programa electoral o de ese informe --que tal vez también habríamos solicitado-- en aras de un consenso, que hubiéramos conseguido o no hubiéramos conseguido. En todo caso, el modelo de Radio Televisión es un problema nuestro que ahora no atañe a la Cámara. Lo que sí atañe a la Cámara, atañe a su grupo, atañe a nuestro grupo y atañe al Gobierno es el modelo que pueda tener el Gobierno sobre la radiodifusión, porque la norma es la norma pero no

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todo termina en la norma, después habrá unos pasos sucesivos, lo que conocemos administrativamente como reglamentario.
Se me escapa a veces si a lo mejor la falta de consenso es por la falta de conocimiento del modelo; no lo sé, pero, en todo caso, sí ha habido muchas modificaciones, las cuales pueden alterar esos principios que surgieron del Consejo de Ministros. Por ello, quisiera que la vicepresidenta nos los clarificara y pudiéramos saber cuál es y cómo se desarrolla ese modelo o si el modelo se está realizando en la propia marcha o en el propio «iter» legislativo.
Sobre la desgubernamentalización o la despolitización --por decirlo de forma más clara-- tampoco quiero detenerme mucho; hay que ser un poco superficial, pero también hay que ir a los elementos esenciales. A mí me preocupan dos cuestiones de esta posible despolitización --quizá porque es lo más plástico que se puede plantear sobre si existe ese control o no por parte del Gobierno de la radiodifusión y televisión española--: por un lado, el consejo de administración, y, por otro, el consejo de control, el consejo informativo, esta figura nueva que surge en el artículo 24 del texto remitido por el Congreso de los Diputados. Me preocupa el consejo de administración en la elección de los vocales porque aunque es cierto que se da un salto y la cúspide máxima de Radio Televisión se va a elegir desde el Congreso y desde el Senado --con 8/4, aunque a lo mejor podían ser 6/6, pero ese no es el problema-- por dos tercios, lo cual es plausible y, evidentemente, va a conformar un consenso en ese arco parlamentario, lo cierto es que se apunta alguna enmienda por alguno de los grupos que son socios de su Gobierno según la cual podría modificarse este criterio y que la elección, después de no conseguir ese consenso, pudiera ser por mayoría absoluta. Y eso me preocupa porque mayoría absoluta no es dos terceras partes, evidentemente, y mayoría absoluta no necesita de un consenso de los otros grupos de la oposición; mayoría absoluta es lo que requiere el Gobierno para gobernar sea con un único partido, con un único grupo o a través de una coalición de grupos. En definitiva, si la elección es por mayoría absoluta podría suponer que la elección de los vocales fuese correa de transmisión no del Parlamento, sino del Gobierno. Y quiero explicarlo bien porque no quiero que nadie lo confunda con que los vocales pudieran actuar como correa de transmisión, además en los términos peyorativos que esto pudiera suponer; nada más ajeno a mi voluntad. Los vocales van a ser personas de prestigio, los vocales van a configurar una actuación que yo no puedo presumir que sea contraria, pero el sistema de elección sí podría responder a esa correa de transmisión. Usted sabe igual que yo que el comportamiento de los vocales en un ente tan importante se fundamenta, como casi todo en la vida, en la «potestas» y en la «auctoritas» y que esos dos elementos tienen que ser fundamentales: la legitimación legal para la elección es importante, pero también la «auctoritas» que pueda surgir a la hora de ejercer este cargo. Yo no voy a dudar de cuál va a ser el futuro, pero apunto: cuidado, porque a lo mejor hablamos de despolitización y no considerábamos esta despolitización. Usted sabe mejor que yo que en estos órganos del Estado --órganos que siempre se nombran desde la soberanía popular, como decimos, pero son ajenos al funcionamiento diario de la soberanía popular-- siempre es muy bueno que haya este consenso del arco parlamentario.
En cuanto al control de la verdad y este consejo informativo, a mí también me preocupa porque estamos tocando temas de independencia, de objetividad y de veracidad; es decir, que vamos a tocar límites al derecho de expresión, configuración de la objetividad en la información pública y derechos de la pluralidad en la información pública, y esto es peligroso --usted sabe como yo que es muy peligroso--, porque podemos entrar en un terreno separado por esa línea difusa, ese alambre en el cual nos jugamos la posibilidad de un control del Poder Judicial --que es donde yo creo que debe residir-- o el control efectivo desde el Ejecutivo o desde las administraciones. Esto es muy complicado y usted lo sabe; de hecho, tenemos recurrido el órgano de control en la Generalitat de Cataluña y nuestras razones tenemos --además yo sé que estas razones usted las sabe--. Andar por esta línea difusa siempre es muy complicado.
Usted acaba de referirse a los lodos del pasado, pero los lodos son del pasado y también del muy pasado, es decir, hay lodos de antes, hay lodos del medio y hay lodos de ahora, y es mucho más peligroso cuando esos lodos se insertan en la información pública y pueden generar una cierta distorsión en la objetividad. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, a lo mejor ni siquiera regulándolo o regulándolo de otro modo, de otra forma distinta.
Veremos cuál es el consejo audiovisual que ustedes plasman. En todo caso, que lo haya, consenso o al menos hagamos el esfuerzo para que lo haya, porque, repito, estamos en esta línea difusa y usted, como conocedora al igual que yo del Derecho --pero usted seguramente con mucha más capacidad porque su profesión es el Derecho--, sabe que no podemos jugar en los límites de estos derechos --valga la expresión-- tanto particulares como de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, ¿usted cree que se despolitiza realmente con estos instrumentos la radiodifusión y televisión españolas? A mí esto me suscita alguna duda; repito, como reflexión, pero alguna duda.
Respecto a los centros territoriales, en el proyecto de ley --que, vuelvo a lo mismo, es la voluntad del Gobierno, es la voluntad inicial del Gobierno: programa electoral, informe del consejo de sabios-- éstos se suprimen. Nosotros no creemos que lo adecuado sea suprimir los centros territoriales --y después hablaré del servicio público, esta característica pública de Radio Televisión-- porque son muy importantes para plantear la diversidad de los territorios de España. El senador Fraga se ha referido a un centro territorial tan importante como puede ser el de Canarias, pero hay otros igual de importantes o incluso más grandes, otros más pequeños y otros medianos, en Cataluña, en Baleares, y puede resultar esencial su mantenimiento.
Parece ser que se pueden mantener y alguna información tenemos al respecto --después lo veremos--; en todo caso, responden --creo que todavía está vigente-- a ese párrafo de la exposición de motivos del Estatuto de 1980, donde se dice que con los centros territoriales, con la radiodifusión

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y televisión españolas, con el ente corporativo lo que se busca es la difusión de la cultura española, de sus nacionalidades y regiones. En consecuencia, creo que deberían mantenerse.
No sé si será así, pero tampoco conozco las causas de su ausencia en el proyecto de ley. Si las causas son económicas, es muy complicado. Ya preguntó el portavoz del Grupo Entesa al presidente del Gobierno si los gastos que se generan en los centros territoriales realmente se deben aplicar a dichos centros o, en todo caso, si son gastos que se subsumen a nivel nacional, porque a veces hay emisiones a nivel nacional, sobre todo desde Ràdio 4, en Barcelona, y, en consecuencia, no son gastos propios del centro territorial. Por tanto, habría que postular alguna fórmula al respecto, pero creo que es bueno mantener estos centros territoriales.
Por eso, le pregunto a la señora vicepresidenta del Gobierno si se va a plantear así en la tramitación del proyecto en el Senado y si se va a aceptar alguna enmienda, nuestra o de otros grupos que así lo consideran.
Y en el caso de que se mantengan, ¿se van a potenciar del mismo modo? ¿Vamos a saber qué competencias tendrán? ¿Habrá contenido o se van a vaciar de contenido y luego morir por inanición? Insisto en que es una reflexión sobre la idea de que queremos que permanezcan y así se lo transmitimos.
Respecto al déficit público, también estamos de acuerdo, a grandes rasgos, sobre lo que va a hacer el Gobierno. Evidentemente, hay que afrontarlo. El déficit público de Radio Televisión es absolutamente desmesurado, de modo que hay que corregirlo y hay que sanearlo. Debemos situarnos en el punto de partida para proyectar la televisión del siglo XXI.
No voy a entrar en el terreno de la culpabilidad y, por tanto, tampoco voy a referirme a los lodos, los del pasado y los de antaño --dejémoslo ahí--. El déficit es absolutamente desmesurado. Usted apuntaba una cifra que en sí misma marea por el número de ceros que tiene, 7.500 millones de euros, pero creo que hay que abordarlo. Y hay que hacerlo, como sin duda ha hecho el Gobierno, desde el análisis de las causas que nos han llevado a este déficit, insisto que desde hace tiempo, no recientemente.
Apunto dos causas, pero, evidentemente, pueden ser más. Quizá hay una desmesura en los recursos humanos, es decir, quizás haya una sobredimensión del empleo. O quizá pueda haber un exceso en la externalización de los servicios de la programación de Radio Televisión, es decir, a lo mejor no siempre es necesario acudir a operadores externos. Supongo que el conjunto de estos factores no ha encontrado el equilibrio necesario, sin el cual se ha producido este desbordamiento del déficit público.
Pero conociendo las causas es como podemos afrontar el problema.
Evidentemente, si la causa está en una sobredimensión de los recursos humanos --no voy a aseverar si lo es o no, sólo indico el supuesto--, el saneamiento tendrá que pasar por una disminución de los recursos humanos, que se planteará en las dos posibles vías: pérdida de empleos directos y prejubilaciones. Las dos medidas son malas en el contexto de la economía nacional. No es buena la pérdida de empleos directos en ninguna sociedad, sea privada o sea pública, ni son buenas, como señala siempre el Ministerio de Economía y nosotros apuntábamos también en la legislatura pasada, las prejubilaciones, tal y como está hoy día la economía.
Pero habrá que abordarlo. Y lo único que le pediré al respecto es que se haga desde el consenso, con un diálogo en el que deberán participar muchos. No se trata sólo del diálogo entre los grupos del arco parlamentario sino también del diálogo social, en la búsqueda del entendimiento, sobre todo con los sindicatos más representativos, que parece que hasta ahora no se ha conseguido, y ahí está la huelga del día de ayer. Confío en que se consiga, confío en que cuenten ustedes con todos, con los grupos políticos pero también con los grupos sociales, porque, en definitiva, puede tener una repercusión muy importante, sin olvidar --estoy con ustedes-- la idea de que tenemos que poner a la corporación Radio Televisión en el punto de partida para este siglo XXI que ahora se acaba de iniciar. Por tanto, háganlo, pero --insisto-- con un consenso lo más elevado posible.
Y el carácter de servicio público es un elemento que también me preocupa.
El informe lo señala, se mantiene el servicio público y se desecha cualquier tipo de privatización. Pero mantener el servicio público implica mantener esta inserción de Radio Televisión en la cultura ciudadana cotidiana, en el movimiento diario de convivencia de los ciudadanos. Por tanto, es ahí donde se demostrará ese carácter público.
No queremos que a través de una normativa fría, valga la expresión, pudiéramos perder estas características referidas al servicio público, que son tan importantes, de las que sólo voy a apuntar dos, expresando el punto de vista y una reflexión de mi grupo. Efectivamente, hay que ajustar la financiación, que además entiendo que es bueno que sea mixta, es decir, de carácter público, mediante subvención, siguiendo las coordenadas que nos plantee la Unión Europea, y con capital privado, básicamente a través de la publicidad.
Pero, cuidado, porque si restringimos la publicidad y la financiación también podemos reducir la competitividad. Hay otras cadenas privadas, que básicamente se financian mediante capital privado, evidentemente, y, en consecuencia, si restringimos la capacidad de financiación del ente corporativo, podemos afectar la competitividad, de modo que puede ser que nuestro marco de actuación vaya restringiéndose en el conjunto nacional y perdamos la identificación de Radio Televisión Española, es decir, este carácter nacional.
Creo que hay que tener extremo cuidado en este punto. No quiero hablar de los índices de audiencia, porque creo que no se debe hacer. Podemos subir o bajar, y usted me dirá que hay una tendencia. Evidentemente, puede ser una tendencia de los años pasados. Pero, como usted dijo en el Congreso de los Diputados --y coincido en ello--, lo importante es estar ahí. No conozco bien los índices de audiencia, pero lo importante es estar ahí, quizá entre los puestos 15 y 25, sin subir ni bajar más. Por tanto, hay que tener mucho cuidado sobre este aspecto si perdemos capacidad de financiación, porque podemos perder capacidad

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competitiva respecto de las otras cadenas de televisión. Y eso lo que motiva es perder los perfiles de servicio público que creo que deben caracterizar a la corporación de Radio Televisión.
Respecto a la Orquesta y Coro de Radio Televisión, creo que es muy importante que pertenezca al ente público, así lo entiende mi grupo. No es tan fácil como decir que es pública que pertenece a una fundación. En general, sobre todo en los países de nuestro entorno, la televisión pública de cada uno de ellos tiene una orquesta y coro, lo que da un sello de calidad, un marchamo y la posibilidad de intercambios. Por tanto, creo que se debe mantener, a lo mejor por este carácter de servicio público o por esta búsqueda de calidad y de inmersión en lo que supone la convivencia entre la ciudadanía.
Con esto concluyo. Quiero agradecerle de nuevo su presencia en la comisión, señora vicepresidenta del Gobierno. Esta comparecencia ya no es como podría haber sido al inicio del año 2005, puesto que ahora ya tenemos la normativa y podemos hablar de muchos más aspectos. No he entrado en el texto del proyecto que a continuación debatiremos, pero sí he querido plantear estas reflexiones, con estas preguntas: ¿Podemos explicitar el modelo de Radio Televisión? ¿Está cambiando en este «iter» legislativo? ¿Considera su señoría que se despolitiza con esos cambios, o todavía podemos tener cierto riesgo de politización? ¿Se mantendrán los centros territoriales? Si se mantienen, ¿con qué contenidos y de qué forma? ¿Se podrán alcanzar por consenso las medidas relativas a la SEPI? ¿Cree que van a ser eficaces? Señora presidenta, ¿se van a garantizar los puestos de trabajo? ¿Se va a actuar solo sobre prejubilaciones? ¿Se mantendrá la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española? Nada más. Quiero agradecerle su contestación, señora vicepresidenta del Gobierno, porque sé que será rigurosa, clara, sencilla y concreta.
Agradezco al señor presidente que me haya permitido hablar en este tono.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, si lo desean, podrán intervenir los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías, señora vicepresidenta del Gobierno.
Que mis primeras palabras sean de bienvenida a esta Comisión Constitucional del Senado, señora vicepresidenta del Gobierno, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y de agradecimiento por haber comparecido y, sobre todo, por la información que nos ha proporcionado. Y en relación con ella, sin entrar en cuestiones de fondo, sólo quiero puntualizar una cuestión y formularle una pregunta.
Según tengo entendido, con motivo de una comparecencia en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2005, su señoría anunció la puesta en marcha de una serie de iniciativas relativas al aspecto audiovisual. Si no me equivoco, una de ellas tenía la naturaleza de ley marco o ley general de audiovisuales.
Habida cuenta de esta cualidad de ley general o norma marco, hubiese sido la primera, en su caso, en ser tramitada y debatida en sede parlamentaria y, por tanto, las otras medidas que entonces se anunciaron --una de ellas tendremos la oportunidad de debatirla seguidamente y otra, si no me equivoco, tiene que ver con la creación de un consejo estatal de audiovisuales-- hubiesen sido consecuencia del debate de la primera.
En cualquier caso, la cuestión es si nos puede precisar qué previsiones maneja el Gobierno para que las otras dos iniciativas legislativas anunciadas lleguen a sede parlamentaria para su tramitación y debate.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Me gustaría dar la bienvenida a la señora vicepresidenta y agradecer su presencia en esta comisión.
Nuestro grupo apoya este triple proyecto de ley: Ley de reforma de Radio Televisión Española, ley del estatuto de lo audiovisual y la propia ley de lo audiovisual. Cuando estas tres leyes estén aprobadas, habremos dado un paso hacia adelante, un paso de gigante en la definición del modelo audiovisual español y en su adecuación de presente y futuro.
En primer lugar, mi grupo comparte la apuesta por un buen servicio público, deseo que, en muchas ocasiones, tiene más de acto de fe que de constatación de la realidad. Antes se hablaba de lodos, pero los lodazales por los que ha transcurrido la radiotelevisión pública española han sido del tal envergadura y dimensión que la apuesta por el servicio público es más un objetivo a conquistar, que no una realidad a preservar.
Se trata de reformar una institución que, en muchos aspectos, no ha ido bien. Por eso, señora vicepresidenta, creo que hay que abordar este tema con mucha humildad y responsabilidad, especialmente, desde la política y por los políticos --pues somos nosotros los principales responsables de todo lo que ha pasado a lo largo de estos años--, más aun, cuando esto va a significar un proceso de reconversión con costes laborales, y donde van a pagar, como casi siempre, justos por pecadores; los habrá que tengan que afrontar una reconversión laboral, mientras otros se dedican a escribir libros, cuando han sido grandes protagonistas de los aspectos más desastrosos de esta gestión.
Nosotros apoyamos la reforma del Gobierno, compartiendo el objetivo de definir un modelo de radiotelevisión pública que sea socialmente útil, plural, que ofrezca una información rigurosa y entretenimiento, con calidad en su

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formación y con capacidad de facilitar el acceso a la sociedad de la información. En definitiva, estamos junto al Gobierno en la búsqueda de una radiotelevisión pública de calidad. Apostamos también por la necesidad de que sea un modelo viable. Por ello, estamos de acuerdo en llevar a cabo un proceso de saneamiento en la insostenible situación actual.
Sin embargo, tenemos nuestras dudas en cuanto al modelo, la viabilidad y la gestión, dudas que hemos puesto de manifiesto a los interlocutores socialistas, en concreto, sobre si la elección del presidente del Consejo, recogida en el artículo 11.4, es la adecuada. Nos gustaría que fuera una elección más ligera, teniendo en cuenta que, para ser elegido presidente del consejo, se iban a necesitar más votos que para ser presidente del Gobierno, algo que nos parece excesivo.
También me gustaría responder a la preocupación manifestada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a la enmienda presentada por mi grupo, junto con Izquierda Unida, contra el bloqueo.
Son dos motivos los que nos han llevado a hacerlo. En primer lugar, la experiencia del bloqueo en la renovación del consejo de administración durante esta legislatura. Comprenderán que los grupos minoritarios tengan que poner encima de la mesa mecanismos que impidan estas situaciones. En segundo lugar, debemos manifestar la preocupación sindical de que el bloqueo en la designación del nuevo presidente del Consejo diera pie a la figura de un administrador único, que fuera el que gestionara toda la crisis. Por lo tanto, nos encontramos ante una mala situación al respecto. Por esta doble motivación, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda antibloqueo, algo que debería entender el Grupo Parlamentario Popular, ya que sólo se refiere a la primera elección y no a las posteriores designaciones.
Señora vicepresidenta, no sé si la propuesta de reconversión hecha por la SEPI, junto con la tramitación parlamentaria, es lo más adecuado. Las Cámaras están llevando a cabo en estos momentos un debate político y social de la propuesta de reconversión hecha por la SEPI. Por lo tanto, todos estos debates se entrecruzan. Sin embargo, el primer mensaje del legislador debería ser que nosotros no podemos resolver el proceso de reconversión desde la legislación. A pesar de todo, algunas enmiendas intentarán, indirectamente, situarse en esta nueva realidad abierta, no a propuesta nuestra, sino a propuesta de la SEPI, cuya coincidencia en el tiempo no entendemos.
En definitiva, mi grupo ha presentado cuatro enmiendas con cuatro grandes objetivos. En primer lugar, que la orquesta y coro de Radio Televisión Española se incluyan en la preocupación del Gobierno por el futuro de la radiotelevisión española, garantizando su viabilidad. En esta ocasión transmito --aunque seguramente ustedes lo conocen mejor que yo-- la preocupación por el futuro de las personas que integran la orquesta y coro de Radio Televisión Española, pues desaparecen del texto legal. En nuestra enmienda apostamos por una fundación, algo que veremos más oportunamente durante la tramitación del proyecto. Por lo tanto, nuestro grupo quiere saber, y apostamos por ello, si la orquesta y coro es verdaderamente una preocupación y un nuevo elemento de la nueva ley. Para ello, quisiéramos contar con el apoyo y el soporte del grupo que apoya al Gobierno.
En segundo de los objetivos es el mantenimiento de los centros territoriales, no sólo como aportación a la programación estatal, sino también con una programación específica y, en aquellos sitios que corresponda, en su lengua propia. Creemos que el contenido de esta enmienda está justificado, pues no se puede desatender la presencia de Radio Televisión Española en los diferentes territorios, teniendo en cuenta criterios economicistas. Otra cosa es adaptar todo ello a una gestión adecuada.
El tercero de los objetivos propone la necesidad de garantizar una producción propia, especialmente en todo aquello definido por el contrato programa. Nos referimos a una producción propia de las cadenas generalistas.
Por último, tal y como he explicado antes, el objetivo descrito en la cuarta enmienda hace referencia al bloqueo en la elección del presidente del Consejo.
Señora vicepresidenta, además de expresarle estas preocupaciones y formularle algunas preguntas, me gustaría terminar pidiéndole encarecidamente que fuera posible redefinir una radiotelevisión pública de calidad viable, respetando y garantizando además los derechos laborales. Sería un verdadero contrasentido que la definición de un nuevo modelo, que respondiera a las expectativas y necesidades de nuestro país, lo fuera a costa de derechos laborales. Este es el último planteamiento que le hago.
Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mansilla.


El señor MANSILLA HIDALGO: En primer lugar, quiero mostrar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por contar hoy en esta comisión con la presencia de la señora vicepresidenta, lo que sin duda ha dado motivos para hacer reflexiones de todo tipo. Además, quiero agradecer el tono en que se está desarrollando la comisión, en especial, el tono expresado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pues permite un diálogo tranquilo y sereno, con la posibilidad o no de llegar a acuerdos. Por lo tanto, agradezco especialmente ese tono. Me gustaría que fuera siempre así, me refiero a todos, incluso a mí, pues, en ocasiones, mi vehemencia me ha llevado a elevar demasiado la voz.
Por otra parte, y con independencia de la comparecencia de la señora vicepresidenta para explicar este tema concreto, quiero decir que todas las intervenciones de los portavoces han derivado hacia lo que será objeto de esta comisión. Por lo tanto, no acabo de entender muy bien cómo cualquier grupo parlamentario puede pretender que la señora vicepresidenta manifieste su posición respecto a cada una de las enmiendas que sus señorías debatirán a continuación. Si esto es así, estaremos desarrollando una comisión tan especial que no estaremos entrando en el debate de la ley, sino en saber cuál es la posición de la vicepresidenta

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al respecto y acabar así con el dictamen. En esta línea han ido todas y cada una de las intervenciones que se han producido. Da igual que, aunque en un tono correcto y amable, se haya dicho que no se entraba en el fondo de la ley, porque lo cierto es que el 90 por ciento de las reflexiones de los grupos parlamentarios --muchas de las cuales compartimos--, se referían al fondo del proyecto de ley, argumentando las enmiendas particulares respecto a cada uno de los temas básicos del propio proyecto de ley.
A mí no me gustaría, como representante del Grupo Parlamentario Socialista, entrar a debatir ese tema, porque es algo que haremos a continuación. Es cierto que estamos de acuerdo en cuestión de principios, cosa que me parece estupendo, maravilloso; me alegra haber oído eso en esta comisión. Sin embargo, es contradictorio que, si estamos de acuerdo en los principios que deben regir el ente Radio Televisión Española --como ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en sus reflexiones--, se mantenga un veto. Ésa es mi opinión, que espero sea tan respetable como la de cualquier otro. Como eso no ha sido así, parece que la realidad tiene poco que ver con el discurso, y se produce cierta contradicción. En este terreno, ¿qué se debe contestar? Se trata de un debate político parlamentario, un proyecto de ley remitido por el Consejo de Ministros, donde expresa su voluntad, con independencia de las interpretaciones que he escuchado, que no se ajustan al texto que yo tengo.
Se ha hablado de la supresión de los centros territoriales, cosa que no nos parece cierta. Por este motivo se admitieron modificaciones en el Congreso, que permiten asegurar esta cuestión más allá de cualquier duda.
En mi opinión, no son ciertas algunas de las cosas que se han dicho, pero, insisto, el Grupo Parlamentario Socialista dará su opinión respecto a todas y cada una de las enmiendas en la discusión que se produzca a continuación.
Señora vicepresidenta, cuente con el apoyo, no solo unánime, sino ilusionante del Grupo Parlamentario Socialista, pues esta es una de las pruebas del 9, para demostrar hasta qué punto somos capaces de cumplir con nuestro programa electoral y nuestros compromisos. Ése es el fondo del mensaje. Se trata de un compromiso electoral que se incluía en todas las compañas electorales, pero que nunca se cumplía. Sin embargo, en esta ocasión se cumple el compromiso electoral, así como todos los compromisos contraídos por el Gobierno en las Cortes Generales. Eso satisface plenamente al Grupo Parlamentario Socialista y, por ello, trabajaremos con toda nuestra ilusión para hacer posible que ese compromiso electoral se cumpla al 100 por ciento y para que acabemos teniendo unos medios públicos de comunicación que sirvan a la sociedad y no sólo a una parte de la misma porque, en definitiva, eso es lo que debe significar la mal llamada despolitización de los medios públicos. Ése es nuestro deseo, ésa es la pretensión del Gobierno con este proyecto y es lo que se consigue con las enmiendas que se consensuan y se modifican en el proyecto.
En definitiva, éste es el fondo y el objetivo político del Gobierno y el objetivo político del programa electoral, que no se modifica ni un ápice, aunque se pueda expresar con más o con menos palabras.
Quiero terminar mi intervención expresando mi acuerdo con la señora vicepresidenta en relación con la importancia de la gestión posterior. No me parece que éste sea el momento adecuado para empezar a poner en duda la futura gestión, a pesar de que soy consciente de su importancia porque, aunque pongamos en marcha la mejor ley del mundo si, posteriormente, fallamos en la gestión, nos volveremos a encontrar con que disponemos de un medio que no sirve para alcanzar los fines que se pretendía. En cualquier caso, insisto en que éste no es el momento adecuado y en que, o bien a través de los controles parlamentarios o de cualquier otro tipo de iniciativa, ya tendremos ocasión de abordar esta cuestión.
Tampoco comparto en absoluto la opinión que han expresado algunos portavoces de que la SEPI debe negociar con los grupos políticos el plan de saneamiento porque, en definitiva, no deja de ser un plan especial para una empresa y, por tanto, debe negociarse con los sindicatos. En este sentido, no creo que sea correcto iniciar una negociación multibanda sino que debe circunscribirse al seno de la empresa. Mi grupo parlamentario cree en la libertad de negociación y estamos convencidos de que se llegará a un acuerdo positivo para la puesta en marcha de la corporación que nacerá con esta ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Ante todo, quiero dar las gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, que han sido muy positivas y constructivas, por el tono que han utilizado y por las reflexiones que, sinceramente, han aportado riqueza a este importante debate, que va a marcar el futuro de esta sociedad y el de todos nosotros.
Evidentemente, como vicepresidenta del Gobierno, asumo la responsabilidad que me incumbe a la hora de impulsar el proyecto, pero estoy convencida de que el futuro de la Radio Televisión pública en este país va a depender, en definitiva, de todos nosotros, del texto final del proyecto legislativo que se está tramitando, y que hoy mismo van a debatir sus señorías.
Tal y como me habrán oído comentar en muchísimas ocasiones, el Gobierno tiene la primera palabra por lo que se refiere a la iniciativa legislativa; sin embargo, no tiene la última y, por tanto, el texto final será el resultado del consenso, de las aportaciones de todas sus señorías y de todos los grupos políticos. Desde luego, la voluntad de este Gobierno es que se alcance el mayor consenso posible; en este sentido, creo que cualquier persona que se dedique a la política sabe que el mejor texto legal es aquel que suscita mayor consenso porque, además, en la medida en que toda la sociedad se ve reflejada en la ley, es mucho más fácil su aplicación y que se respete su cumplimiento. Por lo tanto, quiero expresar nuestra voluntad total y absoluta para propiciar el acuerdo y el consenso porque creo que

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será lo mejor, máxime tratándose de un tema de esta importancia.
Agradezco mucho sus reflexiones, el tono que han utilizado y, de manera muy particular, la actitud que ha mostrado don Carlos Gutiérrez, ya que ha puesto de manifiesto que nuestros objetivos son prácticamente coincidentes y, por ello, creo que lo procedente sería que llegásemos a un acuerdo.
¿Cuál es el modelo final? Es evidente que los parámetros sobre los que el Gobierno ha estado trabajando para elaborar el texto que se remitió al Congreso de los Diputados se basan, de alguna manera, en las conclusiones del consejo de sabios. Posteriormente, se han presentado algunas enmiendas y se han introducido cambios, con el fin de recoger el sentir mayoritario de los grupos y su deseo de «parlamentarizar» los órganos de dirección de Radio Televisión. En este sentido, el director --que pasará a llamarse presidente--, ostentará mayores competencias, asemejándose al director ejecutivo de una empresa que, en definitiva, tiene que asumir mucha responsabilidad y, por tanto, es necesario que tenga capacidad de gestión y de ejecución. Creo que ése ha sido el espíritu de las enmiendas que se han introducido.
Esta situación configurará un modelo según el cual se podrá gestionar todo aquello que sea necesario y, dado que --como se ha ido señalando a lo largo de todas las intervenciones--, el producto final de una ley es el resultado que se produce como consecuencia de su aplicación, todos debemos volcar nuestros esfuerzos en esa dirección. Tenemos claras las pautas, el legislador, el legislativo y el Parlamento, de manera que la ley resultante quedará bastante cerrada y, a partir de ahí, todo lo que haya que hacer a continuación deberá apoyarse en la base del consenso. En este sentido, el primer consenso deberá lograrse a la hora de elegir parlamentariamente los órganos de dirección; y, el segundo consenso, para elaborar un contrato-programa, que también ha de hacerse desde el Parlamento.
Creo que el objetivo fundamental de este proyecto de ley es una mayor participación para marcar las pautas y dar unos mandatos, no sólo en cuanto a la configuración de un modelo diferente, con mayor grado de responsabilidad e ingresos para la mayor eficacia de la prestación, sino también con un mayor control de servicio público.
Por tanto, finalmente el modelo va a ser más cerrado y, en definitiva, quien tendrá que marcar las pautas de comportamiento futuro será el Parlamento. A través de ese control parlamentario se pretende fomentar la «desgubernamentalización» y ahí es donde tenemos que ser responsables y operativos a la hora de definir y asumir entre todos nosotros, entre todos los grupos políticos, la responsabilidad que nos exigen los ciudadanos, que tienen muy claro lo que quieren: una televisión que, en definitiva, establezca un equilibrio entre lo que es servicio público --información rigurosa y veraz, desde el punto de vista cultural y de los valores, etcétera-- y el entretenimiento y que, además, garantice también la sostenibilidad del modelo y que no vaya en contra de las normas comunitarias. Creo que eso es lo que queremos todos.
En estos días, he tenido ocasión de encontrarme con muchos trabajadores que, lógicamente, están viviendo este momento con la legítima preocupación de no saber exactamente en qué medida se puedan ver afectados por el plan de saneamiento. En este sentido, siempre que me siento a hablar con ellos les transmito algo que creo que sus señorías compartirán conmigo: la importancia que tiene su aportación. Al final, la experiencia nos enseña que por muy buenas leyes que hagamos, si no tenemos unos profesionales que sean capaces de situar esa norma en el siglo XXI, en la era de la televisión digital, no conseguiremos nada porque dentro de diez años no se va a reconocer el panorama audiovisual en este país, y tenemos que sentar las bases. Lo que pretendemos con este modelo y las pautas que estamos señalando es que la Radio Televisión pública sea líder, que lidere el proceso. Creo que podemos hacerlo porque tenemos los medios, los instrumentos y las mejores personas. Tenemos el mejor patrimonio que, como decía, es el patrimonio de nuestra historia, es el patrimonio de todos.
Ese modelo que a su señoría y a mi nos preocupa lo tenemos que construir entre todos. Vamos a cerrar la ley lo mejor posible y a emprender su desarrollo desde la previsión del nombramiento de los cargos en el Parlamento por consenso. Procuremos ser todos generosos para nombrar las personas más idóneas, que nos sirvan la experiencia y los precedentes en la designación de otros órganos parlamentarios, que en ocasiones no han dado los resultados que todos deseábamos, y que se ha traslucido, en definitiva, en que los ciudadanos nos vean con menos respeto a los políticos, esa es la pura realidad. Cuando se habla de la politización de los órganos que nacen de la designación del Parlamento me duele siempre muchísimo, porque considero que la designación del Parlamento debe tener tanta o más confianza que la de cualquier otro órgano de la Administración o de la sociedad. Por tanto, ahí está nuestra responsabilidad a la hora de decidir determinar los criterios de las personas que vamos a nombrar para la constitución de esos órganos que, en definitiva, van a poner en marcha el modelo que en estos momentos estamos considerando.
Esto va unido a la segunda pregunta que usted y algún otro senador me han formulado en cuanto a la despolitización. Despolitización en el mejor de los sentidos, porque no creo que la política sea algo malo; al contrario, a veces utilizamos unos determinados términos y parece que hablamos de despolitización de órganos como si la politización fuera una cosa mala.
Yo prefiero hablar de la instrumentalización, y todos estamos de acuerdo en que a lo largo de mucho tiempo se ha venido utilizando. Creo que tenemos que pensar en el futuro para hacer una televisión independiente, de modo que la información sea veraz, objetiva y plural, como es este país. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de los órganos que se han instrumentado en la ley, los consejos asesores, para que los profesionales tengan garantías de que si eso se produce, haya una denuncia y lo podamos hablar en el Parlamento con tranquilidad, pero no ya respecto del Gobierno porque, a veces, la presión no sólo viene del Gobierno, sino también de la sociedad y de muchos sitios. Tenemos que conseguir que haya una televisión que responda al servicio público. El servicio

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público es incompatible con la instrumentalización porque tiene que priorizar el interés general, y éste está por encima de cualquier posición partidaria. Esto es lo más importante de todo y el objetivo del Gobierno y de este proyecto de ley. Y si hay alguna cosa que podamos mejorar en este trámite, para que quede bien claro y dar una mayor garantía de que eso no se va a volver a producir, y que si se produce tenemos remedio para denunciarlo e inmediatamente corregirlo, desde luego, bienvenido sea.
Su señoría también ha hecho referencia a una enmienda de cierre, y yo espero que haya consenso porque lo que tiene que suceder es que no se tenga que aplicar, porque sería lamentable que después del esfuerzo hecho por todos no nos pusiéramos de acuerdo. Yo soy de las que creo que si dos quieren un acuerdo, el acuerdo se produce; si tres quieren un acuerdo, el acuerdo se produce, pero si hay uno que no lo quiere, desde luego no se produce. Entonces, creo que está en la voluntad de todos empezar una nueva etapa en la Radio Televisión pública para que seamos capaces de dotar a los ciudadanos de aquello que nos están demandando, un instrumento que nos coloque en el área audiovisual, liderando desde lo público la nueva era digital con calidad, porque, en definitiva, esto es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Desde esa perspectiva vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos.
También se ha referido su señoría al déficit público. La verdad es que es cierto que hemos llegado a una situación que no es razonable. Hemos tenido abiertos varios procedimientos sancionadores en el ámbito de la Unión Europea. En mi primera intervención me he referido al informe Monti porque se han ido dando subvenciones, que no se correspondían con el principio de proporcionalidad y de transparencia establecidos como criterios de la Unión Europea. Digo esto a mayor abundamiento de lo que no hemos hecho bien. En estos momentos no se trata de buscar culpas a nadie, pero la realidad es que no lo hemos hecho y tenemos que hacerlo mejor. Por tanto, la idea es una financiación mixta, que trate de buscar la compatibilidad de los recursos públicos con los recursos derivados de la publicidad, teniendo en cuenta que no digo que vayamos a prescindir de los recursos de la publicidad, pero es verdad que se deberían ir reduciendo en la medida en que seamos capaces de rentabilizar más.
Hay muchas formas de medir la eficiencia, no sólo se es más eficiente con respecto a los ingresos. El objetivo no es el ahorro en sí mismo, sino en cumplir mejor la finalidad del servicio público dedicando al mismo fin menos recursos, pero sabiendo rentabilizar mejor. La eficiencia no consiste en la capacidad para obtener ingresos, sino en que lo que hay que hacer lo hagamos mejor con menos medios. Y tenemos ejemplos de que esto es posible, si otros lo han podido hacer, estoy absolutamente convencida de que nosotros lo vamos a poder hacer también. Por lo tanto, habrá que ir ajustando y viéndolo en los contratos programas en un proceso de tiempo. Creo que va a ser una experiencia importante porque tendremos un método de evaluación prolongado en el tiempo, con unos contratos programa por un período de tiempo bastante razonable como para poder medir ese equilibrio, rentabilidad o eficiencia. Y esto también hay que hacerlo con consenso porque los contratos- programa hay que consensuarlos en el Parlamento.
Por otro lado, tiene razón su señoría cuando afirma que esto no nos tiene que hacer perder la competitividad. Todo lo contrario, creo que es compatible el servicio público con ser competitivos. Es compatible el servicio público con liderar de un forma distinta. A lo mejor no hay que estar compitiendo por ser el primero en las audiencias, no, lo que hay que valorar es estar ahí, por supuesto, competir y ser el mejor, pero en qué; creo que hay que ser el mejor partiendo de que somos audiencia pública compatible absolutamente con el entretenimiento, con programas culturales y muchísimas cosas, pero hay que hacerlo de otro manera. Hay que cambiar las mentalidades de todos los que tienen que trabajar aquí y, desde luego, saber aprovechar la enorme profesionalidad y experiencia del patrimonio que tenemos. Estoy convencida de que tenemos los mejores profesionales, pero se tienen que situar también en una dinámica nueva, en donde hay que crear algo distinto de lo que hemos realizado hasta ahora. Y esto hay que hacerlo, en todo caso, con consenso.
En cuanto a los centros territoriales, es una cuestión que ha suscitado una enorme preocupación a su señoría, a los grupos políticos y, también, a los trabajadores. No van a desaparecer los centros territoriales, quiero dejarlo claro en esta tribuna del Senado. El proyecto de ley, como decía el portavoz socialista, ya establece que la nueva corporación tendrá una estructura territorial para el cumplimiento de sus misiones de servicio público. La estructura no va a ser igual, ni la centralizada, ni la territorial. Lo que sí ha de haber en esa parte como en otras de la estructura, es una racionalización de los medios que se destinan a estos centros territoriales y, en consecuencia, de la programación que se emite desde ellos. Eso es lo único que decimos, vamos a verlo.
El senador don Manuel Fraga nos hablaba de su preocupación por el centro de Canarias, él asistió a su nacimiento y quiero tranquilizar a don Manuel: no se va a eliminar dicho centro. Habrá un acuerdo amplio que mantendrá el centro en activo, y orientado además hacia Iberoamérica.
Esto es importante, dada la relación de Canarias con América Latina. (El señor Fraga Iribarne: Y con África.) Y con África también. Pues ya sabe la obsesión que tiene esta vicepresidenta con los problemas del continente africano. Además, hay que tener en cuenta su voluminoso fondo documental. Les digo todo esto para tranquilizarles. El resto, habrá que ir viéndolo, y habrá que adaptar la estructura de los centros territoriales a los criterios de racionalización del servicio público.
No podemos olvidarnos de que este es el único país que mantiene varios servicios públicos de televisión, puesto que tenemos también los de las comunidades autónomas. Tenemos un Estado compuesto y, al final, los recursos públicos, los impuestos de los ciudadanos que dedicamos a la televisión pública, hay que hacerlos compatibles entre sí. Es verdad que en la televisión pública nacional hay que preservar ciertas cosas, y con esto quiero tranquilizar a quienes les preocupe que, con las desconexiones, pueda verse limitado el trato de sus peculiaridades, su identidad,

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su cultura y su lengua. Pero hay formas e instrumentos para garantizarlo, y estamos trabajando en ello; estamos abiertos al diálogo para que se haga sobre la base de la racionalidad. Ahora bien, no se puede engañar a nadie: no podemos mantener la misma estructura que mantenemos ahora; la estructura que tenemos no se corresponde con el nuevo modelo de radiotelevisión que queremos impulsar. No obstante, insisto en que quiero tranquilizarles: los centros seguirán existiendo; sencillamente, tendremos que adaptar su estructura a criterios de racionalidad, lo mismo que los demás medios de la radiotelevisión española. Esto no quiere decir que los centros territoriales vayan a sufrir más que los servicios centrales; se ha dicho, y no es así. Desde luego, tampoco quedarán privados de competencias. Lo que ocurrirá es que se adaptará su capacidad de programación a las circunstancias. Con esto creo que he respondido a las preguntas que me han formulado sus señorías sobre el modelo.
Por otra parte, comparto lo que ha dicho el senador don Carlos Gutiérrez: la necesidad de que las personas futuros dirigentes de la entidad Radio Televisión Española estén dotados de «autorictas». Estoy de acuerdo, esto es muy importante: es el elemento clave para legitimar el ejercicio de una acción que se traducirá, en definitiva, en un servicio público para los ciudadanos. Sin embargo, nos tenemos que aplicar en llegar a elegir a las personas que vayan a desempeñar mejor el servicio público. El Gobierno y el grupo que lo apoya se esmerarán en buscar a las mejores personas, a las que puedan cumplir mejor y rendir más. Como decía antes, es muy importante el factor humano: las personas que dirijan la entidad.
Otra preocupación de don Carlos Gutiérrez es el consejo de medios audiovisuales. Quiero tranquilizar a sus señorías sobre este punto también. Este Gobierno no promoverá ningún proyecto de ley que limite la libertad de expresión: nunca, jamás; no podría ser. La libertad de expresión es el derecho clave de una constitución democrática. Los límites están en la Constitución; los límites los establece principalmente la justicia constitucional, y no sólo la justicia ordinaria. Nadie recortará el derecho de libertad de expresión, que es de lo que estamos hablando. Ni el de información; el artículo 20 de la Constitución se respetará siempre y estará siempre garantizado; no podría ser de otra manera. Cuando hablamos del consejo de medios audiovisuales, sobre el que adelanto que hablaremos con todos los grupos porque no queremos imponerlo, nos referimos a un instrumento más del nuevo modelo.
No podemos hablar de Radio Televisión pública independiente si no tenemos un nuevo modelo general.
A este respecto, me recordaba la senadora del PNV que en diciembre de 2005 anuncié un paquete de reformas y sólo ve en trámite en el Parlamento la de la televisión pública; y tiene toda la razón. De todos modos, seguimos trabajando en la ley general audiovisual y en la ley del consejo de medios audiovisuales. Espero que podamos tratarlas con sus señorías incluso antes de que lleguen aquí, porque queremos llegar al mayor consenso posible.
Vuelvo al consejo. En principio, en el borrador que estamos trabajando, responde al patrón de los consejos europeos. Es decir que es una autoridad audiovisual que asumirá las competencias que tiene hoy el Gobierno. Lo que hace es desapoderar a la Administración y al Gobierno de las competencias que tienen hoy y que están en la ley. Estas competencias pasan así a una autoridad independiente. A partir de ahí, queremos que el consejo ponga un poco de orden en el desorden del panorama audiovisual; que tenga autoridad y derechos. Todo ello, por supuesto, sin entrar nunca en la libertad de expresión o en la veracidad; eso es impensable. Por otra parte, tendrá muchas cuestiones en las que entrar, como para pensar en meterse en esos berenjenales. Además, la ley no podría amparar que se dedicara a eso. Por supuesto, hay asuntos que nos preocupan a todos; por ejemplo, la protección de determinados sectores vulnerables: la infancia respecto a la publicidad, a los contenidos de la programación o a la violencia; o la violencia de género. Otros ejemplos son la ordenación, las licencias o el tiempo excesivo de publicidad; en fin, no tengo aquí un relato de las que hoy son competencias de la Administración y que tienen que dejar de serlo. Precisamente, hay que desapoderar a la Administración, para dotar de mayor independencia y autonomía al modelo y otorgar sus competencias a un órgano independiente, nombrado por el Parlamento y respecto a cuyos integrantes tendremos que cuidarnos de que tengan «autorictas» para ejercer sus funciones cuasiconstitucionales, puesto que se ocuparán de la ordenación de los medios en nuestro país.
Otra preocupación de sus señorías es la Orquesta y Coro. La Orquesta y Coro se van a mantener. ¿Cuál es el problema? Creo que no se les escapa a sus señorías: la financiación. Se convierte en un problema de infracción comunitaria, pues hay algunas de sus actividades que no son de servicio público en sentido europeo. Por tanto, hay que buscar una solución para encajar el modelo, manteniendo la Orquesta y Coro de Radio Televisión y respetando a la vez el modelo europeo. Repito que quiero tranquilizarles: se va a mantener la Orquesta y Coro de Radio Televisión; son patrimonio de todos y no tenemos interés en que desaparezcan. Sin embargo, tenemos que buscar la vía para mantenerlos adecuadamente. Todos sabemos que hay algunas actuaciones y actividades de la Orquesta y Coro que van más allá del servicio público. Una parte de su producción está destinada exclusivamente al servicio público, que no presenta problemas; pero hay otra que se traduce en actividades remuneradas en el mercado --conciertos, discos, vídeos-- que están sujetas al doble requisito de ofrecerse a precios de mercado y cubrir plenamente sus costes más la obtención de un margen razonable de beneficios. Como digo, tenemos que buscar el instrumento más adecuado para mantenerlos, pero nuestro deseo es que mantengan. Vamos a buscar ese instrumento, porque creo que podremos encontrar una solución adecuada.
Creo haber respondido a todas las preguntas que sus señorías me han formulado, y espero que nada se haya quedado en el tintero, pero si así fuera, les agradecería que me lo indicasen.
Insisto en que considero que estamos haciendo algo importante. Estamos en un momento decisivo para configurar nuestro modelo audiovisual de cara al futuro, y pienso que

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los ciudadanos se van a poner muy contentos si en dos o tres años tenemos un servicio público de televisión de mayor calidad y más ameno, que compita eficazmente y con prestigio con otras televisiones públicas y privadas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (El señor Gutiérrez González pide la palabra.) Señoría, supongo que pide usted la palabra únicamente para puntualizar alguna cuestión en concreto. Así pues, dispone usted de cinco minutos.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Agradezco a la señora vicepresidenta su contestación que ha sido, en algunos casos, completamente clara: Los centros territoriales van a subsistir. Recójase, pues, de forma expresa en la ley para que no sea algo ambiguo, una cuestión de voluntad. Existe una estructura, como la establecida en la ley de 1980, aunque quizá sea éste un tema a debatir en ponencia. Pero, insisto --y agradezco que haya hablado con tanta claridad-: si no se va a mermar la capacidad o el contenido de estos centros territoriales, sería bueno recogerlo en la ley de forma expresa.
Y no voy a incidir más en este aspecto, aunque pienso que es fundamental en cuanto a las características de servicio público que debe tener la entidad nacional. Es cierto que hay otros servicios públicos, otras televisiones a nivel de comunidad autónoma, pero el carácter de nacional, que llega a toda España, lo tiene la radiodifusión de Televisión Española.
Y lo mismo sucede con la Orquesta y Coro. Efectivamente habrá que buscar un modelo que no entre en controversia con el ordenamiento jurídico europeo, pero debe recogerse en la ley, porque una vez que figura en ella, ya no hay problemas, y a través de ello buscaremos la fórmula adecuada que salve cualquier tipo de obstáculo en la Unión Europea. Éstas han sido, pues, dos respuestas que le agradezco, porque en ellas ha sido usted absolutamente clara.
En cuanto al modelo, que efectivamente es el que emana del Consejo de Ministros, no es bueno que andemos modificando sus principios ni otros temas de amplio calado, porque en la tramitación parlamentaria podemos quizá introducir cambios importantes, pero hay que hacerlo mediante consenso, ya que es precisamente el momento en el que estamos conformando dicho modelo. Y en ese sentido, el que se modifiquen sin consenso temas tan importantes como pasar de un presidente y un director general a un solo presidente, cambiando así la estructura habitual, genera problemas.
Yo he apuntado que el consenso es cosa de dos, pero desde luego la culpa también lo es, si no de más, pues la pluralidad es amplia; y esto no es sólo culpa nuestra.
El consejo audiovisual encierra de alguna forma a los consejos informativos, y a mí no me preocupa que exista un consejo independiente fuera del ámbito de competencia del Gobierno para ordenar el mundo audiovisual y controlar temas tan importantes como el de los menores, la publicidad con violencia de género, etcétera, porque en ese punto estamos absolutamente de acuerdo. El problema está en cuanto a la veracidad, y aprovecho para agradecerle que haya sido usted tan clara en este aspecto.
La veracidad puede afectar directamente a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, así como a la libertad de información, y en este aspecto me preocupa el consejo audiovisual de otras comunidades autónomas; me preocupa que en estos consejos informativos se hable de independencia, objetividad y veracidad, pero también de línea editorial, de programación informativa, y que se haga a través de personas que están dentro de la propia corporación.
E insisto, todo ello me preocupa porque, quizá sin quererlo, podemos traspasar esa difusa línea en cuanto a si el control de la libertad de expresión con los límites impuestos por la necesaria veracidad se establecen desde la Administración o desde el Poder Judicial. Usted me dirá que siempre se establecen desde el Poder Judicial, pues aunque controlemos el mundo audiovisual desde un organismo, incluso aunque sea autónomo, o controlamos el tema de menores o la libertad de expresión en función de la veracidad de la información, al final siempre habrá un control judicial, sea por una u otra vía. Pero el problema reside en si desde ese órgano, sea gubernamental o independiente, se pueden adoptar medidas eficaces antes de llegar al control judicial, pues de ser así, estaríamos desbordando esa línea, ya que en temas de libertad de expresión la eficacia de la dirección y del control la tiene el Poder Judicial. Y éste es el único problema que yo veo.
Sé que gracias a Dios, en nuestro ordenamiento jurídico la última palabra siempre reside en el control que ejerce el Poder Judicial, pero hay que tener cuidado con la eficacia previa a este control. Si tiene que existir alguna medida previa a la resolución, la misma se debería establecer como una medida cautelar del Poder Judicial, pero de ningún modo por un órgano de la Administración independiente o ajeno a eso que usted llama autoridad independiente, pero que yo digo que es poder independiente, pues es el Poder Judicial. Insisto, pues, en que esto es lo que me preocupa; no me preocupa que podamos establecer órganos intermedios, sino la eficacia de sus dictámenes antes del control judicial.
Por último, y enlazando con lo dicho por el senador Guillot, decía usted que lo mejor de la cláusula de bloqueo es no utilizarla. Señora vicepresidenta, para no utilizarla, lo mejor es que no figure en la ley.
Lo contrario sería presumir la bondad de los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos por mayoría de dos tercios. Pero es que, además, eso no se ha hecho en ningún otro órgano. Así, los magistrados del Tribunal Constitucional se han elegido por mayoría de dos tercios y los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han elegido por mayoría de dos tercios. Asimismo, ello encierra una contradicción absoluta, pues han modificado ustedes la ley en cuanto a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo, de su presidente y de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, donde antes se exigía mayoría absoluta, sin establecer esa salvaguarda para un posible bloqueo en las mayorías. ¿Es que por no existir la cláusula de desbloqueo la Presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo o del presidente de un tribunal superior de Justicia pueden quedar vacantes

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por falta de consenso? Quizá exista una contradicción entre uno y otro concepto.
Señora vicepresidenta, insisto en que comparto su opinión: esa cláusula no se debe aplicar, y la mejor fórmula para no hacerlo es que no esté recogido en la ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Disculpe, señor presidente.
No voy a extenderme mucho, pero no pienso participar en este juego parlamentario del mundo al revés en lo que se refiere al consejo audiovisual catalán. El Consejo Audiovisual catalán ha sido puntero y pionero en la creación de una figura que existe en toda Europa, excepto en España; una figura homologada, con unos criterios, unas funciones y unos objetivos. Este Consejo Audiovisual ha permitido, por ejemplo, distender en el panorama audiovisual catalán todo el proceso de concesión de emisoras de FM, que antes se hacía con un estilo muy partidista.
Respecto al famoso informe de la COPE, tampoco pienso entrar en el mundo al revés. Fue un informe donde se criticaba el desmadre de unos programas de la COPE en contra de la honorabilidad de determinadas personas, pero no se acordó ninguna resolución administrativa ni se tomó ninguna medida por parte del Consejo Audiovisual. Tan sólo fue una llamada de atención de una autoridad audiovisual respecto a una situación que, igual que opina el arzobispo de Barcelona, resulta insoportable por los continuos ataques personales por parte de unos programas de esta cadena radiofónica.
En cuanto a la enmienda contra el bloqueo, el senador socialista ha dicho que, aunque nadie quiere un incendio, hay mangueras contra los mismos.
Utilizando el mismo símil: ¿Hemos de hacer desaparecer la manguera? No.
Si no se aplica, mejor, pero nosotros la vamos a presentar porque, a la vista de la realidad y de la actuación del Partido Popular en este sentido, no nos fiamos de que no se produzca, como en el actual consejo de administración, un bloqueo. Además, creemos que es importante que haya un presidente y un consejo elegido por las Cortes para evitar la figura permanente de un administrador único que pudiera resolver todo el proceso de saneamiento laboral. Por esas dos razones, no vamos a retirar esta enmienda.
Perdone, señora vicepresidenta, pero esta cuestión es más un diálogo entre grupos que con usted.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo, brevemente, para darles las gracias por sus intervenciones.
No voy a entrar en este debate entre grupos, porque me parece que no es ésa la misión de la vicepresidenta del Gobierno.
Simplemente, quiero reiterar lo que he venido diciendo hasta ahora, que la posición del Gobierno es que se alcance el mayor acuerdo posible. En cualquier caso, si los grupos deciden que haya una cláusula, lucharemos para que no se aplique porque lo bueno es el consenso.
Sin entrar en este debate, voy a dar mi opinión: Creo que lo positivo e importante es llegar a un acuerdo, porque ése es el modelo que estamos diseñando entre todos. Estoy segura de que lo vamos a lograr y parto de la base, de la convicción y de la certeza de que va a haber acuerdo. Creo que vamos a tener un consejo de radiotelevisión fantástico, dotado de autoridad y elegido por consenso entre todos los grupos parlamentarios.
Es este consejo el que nos va a ayudar a todos a configurar un nuevo modelo de Radio Televisión pública que en el futuro ha de ser el líder en materia audiovisual, y hemos de estar preparados para el cambio radical que va protagonizar en los próximos años.
En el espíritu del Gobierno está la pretensión de buscar fórmulas para los centros territoriales y la ubicación de la Orquesta y Coro de Radio Televisión, idea que creo comparte el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, por respeto absoluto a la autonomía de los grupos, me van a permitir que no entre a analizar cuáles son estas fórmulas.
Reitero que quedo a disposición de todos ustedes para informarles, cuando lo deseen, sobre este tema y cualquier otro que ataña al Gobierno que represento. De nuevo, les doy las gracias por el tono de sus intervenciones y sus aportaciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta, agradecimiento que hago extensivo a todos los intervinientes por el tono y el diálogo mantenido esta mañana.
La Presidencia va a suspender la sesión de la comisión por quince minutos. (Pausa.)

DICTAMINAR:

-- PROYECTO DE LEY DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL (621/000050).


La señora VICEPRESIDENTA (Granado Paniagua): Señorías, se reanuda la sesión. Dictamen del proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal.
En primer lugar, procede someter a debate la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para ello, abriremos un turno a favor por parte del grupo proponente y, a continuación, podrán intervenir los demás grupos parlamentarios de menor a mayor.
Tiene la palabra el señor Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señora presidenta.


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Voy a intentar intervenir con extrema brevedad porque todavía tenemos por delante el Pleno, donde podremos explayarnos con más detalle.
Entre las razones que motivan la presentación de este veto por parte de mi grupo parlamentario, quiero apuntar como primera cuestión que me ha sorprendido mucho esta ley, que, en mi opinión, es mucho más importante por lo que no dice que por lo que dice. Es una ley donde los vacíos legales son inmensos e intensos; por ejemplo, desaparece de la ley una figura básica de lo que es el servicio público de Televisión Española, me refiero a los centros territoriales.
Sin embargo, acaba de decirnos la señora vicepresidenta que en el tema de Canarias no va haber ningún problema --y me parece muy bien-- y que se van a mantener estos centros territoriales, aunque desaparezcan de la ley. Y yo me pregunto, si se van a mantener, ¿por qué se quitan de la ley? En el Congreso de los Diputados y en algunos Parlamentos autonómicos en este mismo momento están debatiendo y aprobando, con el voto favorable del Partido Socialista, el mantenimiento de esos centros territoriales y, sin embargo, desaparecen del proyecto de ley. Como digo, es más importante lo que no dice que lo que dice.
Y lo mismo sucede con lo de la Orquesta y Coros de Radio Televisión Española. En este punto la intervención de la señora vicepresidenta me ha producido muchísima más intranquilidad que la que ya tenía yo en relación con el futuro de este organismo. Por lo que no ha dicho, diciendo lo que ha dicho, se puede entender que los motivos de preocupación respecto de esta institución tan tradicional ya en España son muy elevados puesto que ni siquiera se ha limitado a decir que se va a mantener. Y luego ha explicado otras cosas que desdicen la opinión del Gobierno sobre estas cuestiones. Digo esto a los efectos de dar tranquilidad. Y también es muy importante lo que no dice este proyecto en relación con la producción propia --en ese sentido hay una gran cantidad de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular--. Lo único que se dice en él es que los informativos serán necesariamente de producción propia, pero está claro que, «sensu contrario», podemos entender que el resto de la producción de Televisión Española y de Radio Nacional de España puede ser de producción ajena, es decir, puede ser contratada independientemente de ambas. Como digo, es muy importante lo que no dice este proyecto de ley respecto de lo que sí dice.
Además, este proyecto está afectado --motivo básico que queda explicado en nuestro veto-- por algunas leyes que no existen. A mí me sorprende, por ejemplo, la continuada y reiterada referencia de este proyecto a una autoridad audiovisual que se ha prometido que se hará pero que no conocemos cómo es puesto que no existe. La verdad, me cuesta mucho comprender cómo vamos a abordar una ley donde se condiciona otra posible futura ley que en ese momento desconocemos. Pero lo más importante de todo es que esta ley nace, repito, como decimos en la justificación del veto, en una situación un poco kafkiana o marxista --en el sentido «grouchista» de la expresión--, y es que, junto a este proyecto de ley el Gobierno hace una propuesta de reforma legislativa de la radio y la televisión estatales, es decir, hace un plan de saneamiento urgente al amparo del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio de 2006, la famosa disposición adicional trigésima, que voy a valorar sucintamente.
Esta disposición adicional contiene la previsión del convenio del Estado con Radio Televisión Española que acota extraordinariamente el alcance de la reforma que se pueda desprender de la decisión soberana del Parlamento. Por tanto, estamos hablando de una ley que tampoco existe, que se va a producir, y que condiciona de forma absolutamente espectacular el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Por tanto, parece poco serio afrontar una ley cuando todavía no sabemos qué va a suceder con la parte más importante de la misma y que está condicionada por una ley que todavía no se ha producido. Fíjense en lo que dice la disposición trigésimo cuarta de los Presupuestos Generales del Estado refiriéndose a ese convenio entre el Estado y el ente público. Dice que el convenio regulará: a) Las medidas de racionalización de costes, mejora de productividad y de reorganización o reestructuración técnica de la explotación económica..., los objetivos de la política de personal ylas prioridades en la ejecución de tales objetivos y medidas. (Imagínense lo que eso significa.) b) Los objetivos de política comercial, las previsiones de optimización de los ingresos y las medidas a implantar en el ejercicio para su consecución. (Es decir, toda la política comercial.) c) Elaboración de un modelo para la financiación del servicio público de la radio y la televisión e titularidad estatal, en concordancia con los criterios comunitarios establecidos sobre esta materia. Dicho modelo tendrá como objetivo definir e implantar un marco económico-financiero de alcance plurianual basado, fundamentalmente, en los principios de adecuación, racionalización de los gastos, procedimientos de seguimiento, etcétera. e) criterios para la efectiva disposición de la subvención condicionada de acuerdo con los objetivos definidos en el convenio. f) Efectos que han de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados. g) Control por el Ministerio de Economía y Hacienda de la ejecución del convenio y... Es decir, hay toda una serie de puntos que, en definitiva, por la vía de ese convenio entre el Estado y el Ente Público Radiotelevisión Española, están redactados en paralelo al 80 por ciento del articulado del proyecto de ley que estamos debatiendo hoy. Por tanto, a nosotros nos parece complicado hablar de una ley que está condicionada por leyes que no existen aunque se nos prometen.
Hablábamos antes de la importancia de lo que ha desaparecido, es decir, de lo que no dice la ley, y nos estábamos refiriendo a los centros territoriales. Hay ahí tres cuestiones que me preocupan. La primera está en relación con las afirmaciones que ha hecho la señora vicepresidenta del Gobierno cuando se ha referido a que sí se van a mantener. En este momento las Cortes Valencianas están debatiendo una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular para el mantenimiento del centro territorial en la Comunidad Valenciana y del centro de Hispasat. Esta proposición ha sido suscrita también por el Partido Socialista, es decir, la ha propuesto el Partido Popular pero se ha llegado a un consenso entre los tres grupos parlamentarios

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del Parlamento valenciano para apoyarla. Por otra parte, el día 23 de marzo el Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad una resolución presentada por Izquierda Unida en la que se garantizaba la existencia de un centro territorial en el futuro diseño de la corporación de Radiotelevisión Española, y se seguía manteniendo la Orquesta y Coros de Radiotelevisión Española. Sin embargo, insisto en que todo esto no aparece en el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo.
Señora presidenta, señores senadores, hay otra cuestión que no creo se les haya escapado a sus señorías. Me sorprende mucho que en un proyecto de ley remitido por el Gobierno haya una clara descompensación de la figura del Senado, puesto que en él se establece que de los doce consejeros, ocho serán elegidos por el Congreso de los Diputados y solamente cuatro lo serán por el Senado --es una desproporción absolutamente absurda e injustificada que no tiene sentido ni comprendo--. Pero es más, es que se dice que el presidente será elegido por el Congreso de los Diputados, ignorándose absolutamente a esta Cámara. Creo que el Senado no puede dar su visto bueno a una ley que le discrimina de una forma espectacular, que le obvia y ningunea en cuestiones tan importantes como la elección del presidente o, tal y como nosotros deseamos, del presidente y director general del ente o futura corporación, como se denomina en el nuevo proyecto. Y junto a todo ello hay otras muchas cuestiones que apuntaré en extenso en el Pleno, pero en este momento quiero ser lo más breve posible.
Sólo quiero añadir la gran inquietud de mi grupo parlamentario por algo que quiero advertir de antemano: ¿Qué puede suceder en el debate de este proyecto de ley en el Pleno del Senado? Digo esto porque hay una larga lista de enmiendas que han presentado incluso grupos parlamentarios que son socios del Gobierno, que son apoyos parlamentarios del Gobierno, grupos como el de la Entesa Catalana de Progrés, específico del Senado, formado mayoritariamente por miembros del Partido Socialista Obrero Español procedentes de su federación de Cataluña. Y digo que tenemos una enorme preocupación porque hay una gran probabilidad de que estas enmiendas sean aprobadas o de que se llegue a un acuerdo con el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno. Estas enmiendas modificarían de un modo absolutamente sustancial el proyecto. Por ejemplo, se habla de una «desgubernamentalización» de la futura corporación, pero de aprobarse algunas de esas enmiendas regresaríamos a su absoluta gubernamentalización. Es decir, se produciría exactamente el efecto contrario al anunciado y predicado por el propio Gobierno como una de las grandes bondades de esta ley al modificarse de forma sustancial, como digo, el fondo de este proyecto haciéndolo absolutamente irreconocible en relación con el que surgió del Gobierno, pero --y esto es lo más importante--, no se trata sólo de que vaya a quedar irreconocible, es que quedará mucho peor. En lugar de avanzar en transparencia y en democracia posiblemente estaríamos retrocediendo de aceptarse esta larga lista de enmiendas. Eso sí, no puedo dejar de decir que hay algunas enmiendas cuya aceptación sería para bien, algunas referentes a los centros territoriales, una de las preocupaciones fundamentales incluso de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. Pero, insisto en ello, la mayor parte modificaría sustancialmente y para mal el proyecto de ley.
Por tanto, por todas estas razones y, fundamentalmente, por esas ausencias de leyes que están tan presentes en ésta, pero que, sin embargo, no existen, es por lo que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado este veto a este proyecto de ley en la Cámara territorial.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señor VICEPRESIDENTA (Granado Paniagua): Muchas gracias, señor Agramunt.
Para la toma de posición de los distintos grupos --intervendrán de menor a mayor-- respecto al veto, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señora presidenta.
He escuchado atentamente en el punto anterior tanto a la vicepresidenta como al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, e hilándolo con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a este otro punto, mi opinión es --y es sólo una opinión, por supuesto-- que el veto está planteado simplemente como un elemento táctico, pero en ningún momento les encaja, ya que, incluso, aunque en la primera parte han repartido flores a algún apartado del Gobierno, ahora realizan matizaciones y dan explicaciones.
Quiero ser claro. En primer lugar, nosotros no vamos a apoyar el veto.
Creemos que esta ley es mejorable y por eso hacemos enmiendas. Creemos que esta ley es el camino y la línea a seguir para que los problemas de la radio y la televisión públicas mejoren y se resuelvan a la vez.
Termino diciendo que todo lo que les he oído tanto en la primera parte como ahora, lo resumo en cuatro elementos o ejes. Curiosamente, en esos cuatro ejes, en los que ustedes expresan sus preocupaciones, nosotros hemos presentado cuatro enmiendas y, por tanto, brindo al Grupo Popular la oportunidad que tienen de mejorar el texto vía enmiendas, más que hacer algún discurso, sobre todo porque a estas horas de la mañana me ha costado entender lo de la interpretación marxista del tema de la Radio Televisión. En un principio, me sorprendió que Carlos Marx hubiera llegado a tanto, pero, luego, aclararon que se trataba de Groucho, y me he quedado tranquilo sobre todo porque no entendía que Carlos Marx hubiera tenido tanto tiempo como para analizar el tema de la Radio Televisión Española.
Vuelvo a repetir que nosotros vamos a votar en contra del veto, que creemos que la ley es mejorable y, por eso, hemos planteado cuatro enmiendas que brindan al Grupo Popular la oportunidad de apoyarlas porque está en la línea del debate que hemos tenido anteriormente.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Granado Paniagua): Muchas gracias, senador Cuenca.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mendoza.


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El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Manifiesto que vamos a votar también en contra del veto.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Granado Paniagua): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo no pensaba intervenir y lo que voy a hacer es casi un turno en contra, sin hacerlo porque no me corresponde.
Tenemos que ser conscientes de lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo un proyecto de ley que va a a sustituir al que está en vigor, que es de 1980. Desde 1980 al día de hoy, ¿qué ha pasado en el mundo de la televisión? Pues que en 1982 o en 1983 se aprobaron las autonómicas, en 1983 o en 1984 se aprobó la Ley de Televisión Privada, han aparecido televisiones locales por todo el territorio del Estado, las parabólicas dan una oferta televisiva espectacular, hoy ya estamos hablando de la televisión digital terrestre, y mientras tanto seguimos con una ley con un modelo monopolístico de una sola televisión que cubría todo. Ha pasado demasiado tiempo y, además, hemos generado un problema tremendo, pues, al no haber adaptado Televisión Española a la realidad del mercado, el déficit acumulado es de tal calibre que evidencia que esto se nos ha escapado de las manos a todos. Ya me parece increíble que este proyecto llegue a estas alturas, pues tenía que haber llegado hace muchos años. Es decir, cuando las autonómicas estuvieron un poco rodadas, ya se tenía que haber modificado Televisión Española. Esta es la realidad.
A partir de aquí, tenemos un proyecto de ley encima de la mesa que presenta el Gobierno, que ha pasado el trámite en el Congreso de los Diputados --nosotros, en dicho trámite, introdujimos las enmiendas suficientes como para que el proyecto nos parezca razonable-- y ahora en el Senado escucho un discurso de veto al proyecto de ley y, entre otras cosas, se habla de que se discrimina al Senado porque, por una parte, no se puede elegir al presidente. ¡Alguien tendrá que elegir al presidente! ¡Tampoco elegimos aquí al presidente del Gobierno! Ésta es la Cámara de segunda lectura. Por otro lado, el proyecto dice que elijamos cuatro consejeros y no ocho. ¿Esto equivale a menospreciar la institución? ¿Esto justifica presentar un veto? Si busca solidaridad corporativa, en mi caso no la va a encontrar. Aquí hay dos cámaras y hay que tener en cuenta que la que elige al presidente del Gobierno y presenta mociones de censura es el Congreso de los Diputados y que el Senado tiene otro papel y, si no, es que no nos queremos dar cuenta de ello. Por tanto, la estructura de que aquí se eligen cuatro consejeros, igual que al presidente lo elige el Congreso de los Diputados, me parece muy bien. De alguna forma habría que resolverlo y hay una Cámara que es la que marca la dinámica. Y si no queremos entender esto, los senadores no sabemos dónde estamos.
Por otra parte, se habla de los centros territoriales. Si en el proyecto de ley cada senador o diputado en función de su provincia pretende un artículo que garantice su centro territorial, estamos perdidos.
Televisión Española funciona como una sociedad anónima y hay que darle un margen de gestión. En una economía global, hoy el centro territorial está aquí y mañana igual tiene que estar allí. Si no damos una capacidad de gestión a los gestores de Televisión Española y andamos poniendo en la ley que cada centro territorial se tiene que mantener, pues creo que si estuvieran en el Gobierno no dirían eso. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El que hablen de la orquesta y coros, no quiero calificarlo, pero que en la discusión del veto hablen de la orquesta y coros, que supongo que ustedes los han recibido, como yo, veinte veces, pues llega un momento que si el problema de Televisión Española es la orquesta y coros, ¡apaga y vámonos! Además, y lo ha dicho la vicepresidenta, todo el mundo sabe que no quieren eliminar la orquesta y coros, sino darle una fórmula jurídica moderna y que, aparte de garantizar su viabilidad a través de una fundación donde habrá participación de capital privado, o no, estarán en el mercado y que cuando realicen una actividad, se cobre, y que se actúe como se debe hacer, garantizándolo. ¿Lo de orquesta y coros se tiene que presentar en un discurso de veto? ¿O es que pretendemos que los integrantes de la orquesta y coros sean funcionarios? ¡Por favor! Yo entiendo que unos están en el Gobierno y otros en la oposición; nosotros tenemos que hacer oposición, pero yo no estoy casado con nadie. En el Congreso de los Diputados hemos introducido muchas enmiendas, hemos podido consensuarlas. Sabemos lo que es gestionar una televisión pública porque durante un tiempo que fuimos Gobierno en Cataluña, nosotros hicimos la ley de TV3 y se han reordenado --antes lo decía el señor Guillot-- con el consejo de lo audiovisual y una serie de infraestructuras.
Desde luego, con este proyecto de ley se puede estar más o menos de acuerdo en algunos matices, pero consolida un modelo similar a los que hay por Europa. Cuando, después de muchos años de retraso, se presenta el instrumento legal para que esta compañía --porque en definitiva estamos hablando de compañía-- haga lo que tiene que hacer, venimos con que si el Senado elige cuatro, cinco, seis o siete consejeros y el Congreso más, con los centros territoriales y con la orquesta y coros. Pues, con todos los respetos le diré que el problema que hay es resolver el modelo con el que se garantice la independencia a través del Parlamento; resolver la viabilidad económica y dejar de perder dinero que, en definitiva, es de todos. Éste es el tema que hemos de resolver, en el que no hay tanta discrepancia, entre otras razones, porque sobre los temas fundamentales que quiere regular la ley no he oído ninguna gran discrepancia.
En consecuencia, y perdone que me haya alargado tanto, me voy a oponer al veto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


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En representación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la señora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo solamente para fijar la posición de mi grupo parlamentario que será contraria al veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía el señor Casas, esta es una ley buena, necesaria, oportuna.
Creo que no está justificado el veto y, por otra parte, las enmiendas del Grupo Popular conducen a un veto a la ley.
En esta segunda lectura, el Senado tiene la posibilidad de hacer una mejora, como decía el senador Cuenca, básicamente en cuatro aspectos, que no voy a repetir, y tampoco estos cuatro aspectos justifican en sí mismos un veto al proyecto de ley.
Con lo cual, nuestro grupo va a votar en contra de esta propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve y cumplir con mi palabra. He oído las intervenciones de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, y muy especialmente la intervención del senador Casas, que suscribo absolutamente en cuanto a la inoportunidad, y lo digo con todo mi respeto a la posición que ha mantenido el senador Agramunt, el cual ha hecho una intervención que podría haberse subsanado por el trámite de enmiendas más que por un veto a la totalidad.
Me parece bastante inoportuno presentar un veto a una ley que si goza de algo es del consenso absoluto que ha suscitado en los profesionales, académicos, políticos, usuarios. Es decir, en todos los estamentos de la sociedad existe la absoluta necesidad de cambiar una ley que, como ya se ha dicho, se aprobó en el año 1980, porque el mapa audiovisual español ha cambiado absoluta y profundamente, porque la realidad actual exige a los poderes públicos que se posicionen y actúen para resolver y dar respuesta a los retos que plantea una sociedad como en la que vivimos actualmente, con problemas y con retos importantes, donde los medios de comunicación deben cumplir un papel fundamental no sólo de vertebración, sino de ayudar a todo lo que significa la ciudadanía, la profundización en la democracia, la profundización en los valores recogidos en la Constitución. En estos últimos 25 años la ley de 1980 ha quedado francamente obsoleta por razones técnicas, por razones de desarrollo de la sociedad, razones por todos conocidas.
Quiero apuntar que una de las razones que ha dado el senador Agramunt para presentar este veto es la coincidencia del plan de viabilidad con la presentación de la ley. Permítame, señor Agramunt, que le diga que cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, y aquí en el Senado lo debatimos, la aportación en esos presupuestos de 575 millones de euros a los presupuestos de la RTVE estaba condicionada a que se acabase con un modelo de endeudamiento permanente y que se llegase a la presentación de un plan de viabilidad, independientemente del marco legislativo que le corresponde a nuestras Cámaras.
Como he prometido, no me extiendo más, pero quiero decir que la reforma de Radio Televisión Española es absolutamente imprescindible, y es imprescindible que la afrontemos en esta legislatura, porque no sólo es un compromiso electoral del Partido Socialista, de este Gobierno, sino también de todos los representantes políticos que hoy nos sentamos en esta Cámara, y forma parte de un proyecto. Hemos tenido la oportunidad de oír a la vicepresidenta, que lo ha explicado perfectamente, y yo no me voy a extender más porque forma parte de un proyecto global, que engloba --perdón por la reiteración-- una ley general audiovisual absolutamente necesaria para poner orden en el sector y además es una reivindicación exigida por los agentes implicados. Es necesaria la ley general audiovisual, es absolutamente necesaria porque es el único país en el contexto europeo que no tiene un consejo audiovisual de ámbito estatal y es absolutamente necesaria la reforma de la ley de Radio Televisión Española, por lo cual el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra del veto que ha presentado el Grupo Popular.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.
También voy a ser muy breve. Señor Cuenca, es verdad que de sus cuatro enmiendas hay tres que seguramente podría suscribir el Grupo Parlamentario Popular: una, la que se refiere a la orquesta y coros --por cierto, Izquierda Unida también habla de ello--; otra, se refiere a la estructura territorial, a los centros territorial, y ya hemos hablado también de ello y otra, se refiere a la producción propia, que también he hablado en mi intervención de ello. Por tanto, seguramente no habría dificultades para suscribir estas enmiendas, pero su cuarta enmienda, a la que usted no ha hecho referencia muy hábilmente, es una enmienda peligrosísima, es una enmienda que destroza absolutamente toda la filosofía del proyecto cuando decide que si en dos meses no se nombra el consejo de administración por el Congreso de los Diputados por dos tercios, se hará por mayoría absoluta. Esperemos que nadie tenga tentaciones de aprobar esta enmienda, porque

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sería modificar sustancialmente el proyecto, como he dicho en mi intervención inicial.
Al resto de los portavoces quiero agradecerles su sinceridad, no esperaba otra cosa y, por tanto, no hay ninguna novedad.
En cuanto al señor Casas, estoy convencido de que no está casado con nadie, pero un poquito seducido por ZP sí. (Rumores.--Risas.) La prueba es que la senadora doña Emelina Fernández Soriano en su intervención lo ha tenido muy fácil. Ha suscrito lo que ha dicho el señor Casas y punto, lo cual nos deja a todos más tranquilos para conocer cómo están las cosas y cómo está el patio.
Es cierto --coincido en ello con el señor Casas, con todos los portavoces y, por supuesto, con la señora Fernández Soriano-- que el modelo está anticuado, que es urgente e imprescindible afrontar la modificación del hoy ente, mañana corporación de Radio Televisión Española. Eso es verdad --nosotros lo hemos dicho, estamos de acuerdo y ya insistiremos en ello--, pero no obsta para decir que lo que se ha de presentar ha de estar bien hecho. Lo que nosotros decimos es --sin negar la necesidad, la urgencia, que sea imprescindible y todo lo que ustedes quieran-- que eso no justifica que sea una mala ley. Hay que hacer las cosas bien, y creo que era fundamental y básico presentar, por lo menos, el plan de viabilidad y el proyecto de ley de televisión y radio de titularidad estatal conjuntamente para poder casar ambas cuestiones. Ese plan de viabilidad, ese convenio Estado-ente supone una amplísima intervención en la ley, no voy a decir porcentajes porque sería difícil establecerlos, pero es amplísima. Señor Casas, ése es el motivo fundamental y básico de nuestro veto, a lo cual no ha hecho ninguna referencia, ya que se ha limitado a decir lo que se le ha ocurrido.
Quizá sería bueno que el presidente o el director general, la figura que finalmente se decida, del ente o del consejo de administración fuera elegido por el Senado, ¿Por qué usted, senador Casas, tiene que defender que sea elegido por el Congreso de los Diputados? Ya sé que nosotros aquí no podemos nombrar ni censurar al presidente del Gobierno, razones por las cuales cuando hemos hablado de la reforma del Senado, hemos hablado incluso de la posibilidad de que sea una Cámara permanente, ya que si no tiene capacidad de nombrar o censurar, ¿por qué tiene que ser disuelta por aquel a quien no nombra, por ejemplo? Estas son cuestiones importantes, pero no tiene nada que ver con que el presidente del consejo de la radiotelevisión pública sea elegido por el Senado. Sería una buena función para el Senado y descargaría de trabajo a la sobrecargada Cámara Baja de este país. Tampoco habría en ello ningún problema, no veo esto como para tirarse de los pelos.
Señor Casas, la existencia de una televisión y una radio estatal hoy más que nunca --habida cuenta de la existencia de las televisiones digital, satélite, cable, Internet--, por la inmensa cantidad de medios que hay, no puede justificarse con la sola necesidad de información de los ciudadanos. Los ciudadanos hoy en España, y prácticamente en todo el mundo, tienen una capacidad de información que seguramente supera nuestra capacidad de absorción, la cantidad de información que existe es enorme.
Proporcionar esa información, salvo en casos muy concretos de regiones o de zonas, ya no justifica la existencia de una televisión o una radio estatal, lo justifica el servicio público.
En mi opinión, sólo el servicio público, al que se hace referencia en el proyecto de ley de forma constante, justifica la existencia de una televisión y una radio de titularidad estatal. Y precisamente eso, partes importantes del servicio público, desaparecen del proyecto de ley.
¡Caramba, eso es un tema sustancial! Hablo de la orquesta y coros, pero sobre todo de los centros territoriales, de la producción propia y de tantas cosas que son lo que de verdad justifica la existencia de una televisión y de una radio de titularidad estatal. Al final, si todo eso desaparece de la ley, ¿para qué existe una televisión y una radio estatal si lo que es el fundamento de su existencia desaparece del proyecto? Ésa es la cuestión fundamental y la clave, junto con la existencia de una ley paralela, de un convenio, de un plan de viabilidad, que está afectando a una ley y que desconocemos en este momento, igual que desconocemos el consejo audiovisual o la autoridad audiovisual que se va a hacer porque no está la ley ni presentada.
Por tanto, estamos abordando parte de unos aspectos sin conocer el resto, y habría sido más eficaz haber esperado un par de meses para ver el sector en su conjunto. Esa es la cuestión fundamental por la que hemos presentado este veto, señoras y señores senadores.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Casas i Bedós pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría, brevemente. Supongo que será para efectuar alguna precisión al senador Agramunt.


El señor CASAS I BEDÓS: Es para ratificarme en lo que he dicho, y sólo quiero hacer dos puntualizaciones. El servicio público está en los contenidos, no en la ubicación de un centro territorial, creo yo, máxime en una economía como la de hoy. El servicio público es garantizado por los contenidos, aunque de este tema se ha hablado poco.
Insisto en que hablar del coro, de quién elige los consejeros y del plan de viabilidad como motivos para la presentación del veto, no se ajusta a la realidad. El plan de viabilidad es competencia del consejo de administración, nunca de la ley, y lo primero que hay que hacer es establecer el marco legal.
En cuanto a seducciones, señor Agramunt, yo llevo muchos años en este oficio y es cuestión de conocernos. Usted habrá visto que, a lo largo de la historia, unas veces hemos apoyado a UCD, otras al PP --y no dirá que me sedujo Aznar--, y ahora estamos en una posición neutral, no tenemos ningún acuerdo parlamentario con nadie, y cuando el Gobierno de turno, sea el que sea, presenta un proyecto que nos parece razonable, lo pactamos. Puesto a dejarme seducir, siempre será por una senadora, jamás por el presidente del Gobierno. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a someter a votación el veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.
Pasamos a la discusión de las enmiendas parciales, pero para que sus señorías tengan claro lo que se vota, voy a enumerar las enmiendas que quedan vivas, y así evitamos confusiones.
Inicialmente, lo que tiene previsto la presidencia es que intervenga el Grupo Parlamentario Mixto para defender sus enmiendas números 37 a 40, ya que el resto ha sido retirado. Posteriormente intervendrá Coalición Canaria para defender sus enmiendas números 1 a 4, así como las números 41 y 42. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene las enmiendas números 210 a 220. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene las enmiendas números 42 a 65. El Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés las enmiendas números 66 a 116, y el Grupo Parlamentario Popular las números 117 a 209.
Digo esto, señorías, para que todos sepamos lo que vamos a votar, independientemente de que puedan retirar en su momento las enmiendas que consideren oportuno.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hemos presentado un número de enmiendas que finalmente se ha reducido a cuatro, que casi han sido comentadas en esta sesión porque algunas coinciden con las presentadas por el senador Guillot, por lo que no me voy a extender demasiado.
Hacen referencia a la estructura territorial de RTVE, a la producción propia, a la orquesta y Coro --no coros, porque no estamos en la extinta Unión Soviética-- y, por último, a la designación de consejeros, con la que el señor Agramunt tenía sus dudas. Doy por defendidas estas cuatro enmiendas, pero he de hacer un comentario respecto a lo que indicaba el senador Agramunt.
Es verdad que una de nuestras enmiendas se presenta para resolver los problemas de bloqueo. No quiero entrar aquí en si un gobierno de otro color hubiera previsto una cláusula o un mecanismo para la elección de la dirección; no lo sé. Pero en el supuesto de que lo hubiera hecho, y además con un criterio de búsqueda de consenso --supongamos que fuera el Partido Popular--, yo pregunto a los señores del Grupo Popular --para que me contesten en privado, porque sé que no me pueden contestar aquí--, ¿no hubieran reflejado una cláusula de salvaguarda para evitar el bloqueo? Repito que sé que estos temas no se deben contestar en sede parlamentaria, pero les ruego me contesten en privado. Por ello, hemos presentado una enmienda que garantice que esto se produzca, ya que, si gobernara el PP y planteara este mecanismo, todos estamos convencidos de que recurriría a una fórmula que garantizase que no se produjeran bloqueos.
Es muy fácil y queda muy bien hablar de consenso, pero en un momento dado la otra parte de la democracia entra en acción: una parte es el diálogo y el consenso, pero tiene que haber un mecanismo para que cuando ese consenso no sea posible, se proceda al ejercicio democrático de la votación. Por tanto, señorías, ese ha sido el motivo de la presentación de la enmienda. No se trata de lo que planteaba el Grupo Popular, ya que en mi fuero interno estoy convencido de que si hubiera llegado a ese diálogo y a ese consenso para la elección de la dirección, también hubiera planteado un mecanismo como este.
Por ello invito al Grupo Popular a que se incorpore a la aceptación de las cuatro enmiendas que ha presentado Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La presidencia, a instancia de los portavoces, fija la hora de las votaciones a partir de la una y media. ¿Alguna observación, señorías? (El señor Mendoza Cabrera pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.


El señor MENDOZA CABRERA: Señor presidente, yo pediría que se produjeran cuanto antes, ya que algunos de nosotros dependemos del avión y además con «overbooking».


El señor PRESIDENTE: Señoría, «overbooking» y horario son conceptos diferentes.


El señor MENDOZA CABRERA: Quizá están pretendiendo acumular las dos votaciones, y yo pido que votemos primero esta ley, en la que mi grupo tiene enmiendas presentadas, y después se vote la proposición de ley.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, lo dejamos para la una, y así el senador se queda más tranquilo. Votaremos el proyecto de ley de la radio y la televisión a la una, y después continuaremos el debate de la proposición de ley.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros mantenemos seis enmiendas, de las cuales cuatro se refieren al centro territorial de Canarias. Se comenta que hay un posible acuerdo que ni se ha hecho público ni se le ha comunicado a este portavoz, por lo que mantengo mis enmiendas, que además incluso irían a favor de los argumentos de la vicepresidenta, ya que entendemos que hay unas circunstancias de ultraperifericidad, de necesidad de cohesión insular, de lejanía, de acercamiento a la realidad de África y a la realidad de América, que requerirían el mantenimiento del centro de Radio Televisión Española en Canarias. Como gato escaldado que del agua fría huye, hay que decir que, efectivamente, conocemos otro tipo de experiencias, como la de Antena 3, que dejó a un cámara y a dos periodistas para realizar las noticias de Antena 3 Canarias. Si en esto es en lo que se va a traducir el acuerdo, nosotros no seríamos favorables a ese tipo de opción.


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Las otras dos enmiendas las doy por defendidas y, en su caso, me detendré de manera más extensa en el Pleno.
Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
El senador Casas tiene la palabra.


El señor CASAS I BEDÓS: Señor presidente, voy a retirar todas las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, excepto la número 219.
Esta enmienda únicamente intenta que quede más clara en el texto definitivo de la ley la realidad lingüística plural que hay en el conjunto de España y, por tanto, que el gallego, el euskera y el catalán tengan una presencia en los modos y formas que ya establece la propia ley. En definitiva, se trata de que esta cuestión, relativa a la pluralidad lingüística, quede más clara.
Sé que es coincidente con otras enmiendas de otros grupos y espero que a lo largo de la tramitación podamos llegar a algún acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Como bien ha señalado antes, mi grupo parlamentario ha presentado un conjunto de enmiendas que van de la número 43 a la número 65, las cuales doy por defendidas en sus propios términos por las justificaciones que ustedes ya conocen y que obran como tal en el boletín oficial.


El señor PRESIDENTE: Senadora, ¿se refiere a las enmiendas números 43 a 65 ó 42 a 65?

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Creo que la enmienda número 42, si no me equivoco, corresponde al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, pero si hay que defenderla, se defiende. (Risas.) Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Sí, perdón.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Doy por defendidas las enmiendas de mi grupo parlamentario, aunque nuestra voluntad es llegar a un reducido número de transaccionales antes del Pleno que aborden y resuelvan las grandes cuestiones que se han ido planteando a lo largo de los dos debates que se han producido en torno a esta ley en esta comisión. A partir de la firma de estas transaccionales retiraríamos el resto de las enmiendas. Hoy las mantengo, como digo, a la espera de las transaccionales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Ferrández.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, presidente.
En este turno me corresponde defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Hacen un total de 92 y se corresponden con los números 117 a 209. Estas enmiendas dan una idea del trabajo de nuestro grupo --entiendo que serio y riguroso-- a la hora de valorar la reforma de la Radio Televisión Española presentada por el Gobierno.
Dicho esto, debo comenzar mi intervención haciendo pública manifestación del convencimiento de nuestro grupo al respecto de la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Radio Televisión Española. Eso es algo que se ha manifestado por dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra esta mañana y que también quiero manifestar yo.
Hasta aquí las coincidencias con el Grupo Parlamentario Socialista --en algunos casos también con otros grupos que se encuentran en esta sala--, porque más allá de la necesidad de la reforma, y tal y como ha manifestado mi compañero el senador Agramunt, las diferencias con el proyecto que se somete a nuestra consideración son más que notables, hasta el punto de que estamos convencidos de que el Gobierno ha perdido una oportunidad importante para llevar a cabo una reforma que sirviera para el fortalecimiento de Radio Televisión Española, para establecer las bases de una radio y televisión públicas que de verdad prestara un servicio a los ciudadanos, y que sirviera como elemento vertebrador y de cohesión de las distintas sensibilidades territoriales que están presentes en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas.
En definitiva, a nuestro juicio ha perdido la oportunidad de ofrecer a los ciudadanos un proyecto que sirviera para afrontar los grandes retos audiovisuales del siglo XXI, porque no responde a las expectativas que se habían creado tanto interna como externamente, porque ofrece menos garantías de viabilidad, menos compromiso de servicio público y menos independencia y libertad. Buena prueba de ello es el elevado número de enmiendas que se han presentado, aunque algunas de ellas se vayan retirando, porque quiero recordar a todas sus señorías que hubo dos grupos en el Congreso, además del Grupo Parlamentario Popular, que presentaron sendos vetos, y no creo que las variaciones que se produjeron en la Cámara Baja respecto a las enmiendas presentadas por estos dos grupos, sobre todo respecto a uno de ellos, hayan supuesto demasiados cambios a su favor como para que justifiquen la retirada de un veto. En último término, no corresponde a este senador, obviamente, enjuiciar ni valorar las razones que tengan para retirar sus vetos, pero lo cierto es que no estaremos tan alejados de la necesidad o del convencimiento de que se trata de una mala ley cuando otros dos grupos en el Congreso así lo pensaban y el elevado número de enmiendas que se han presentado en el Senado en cierta medida justifican también ese mal concepto que tenemos de la ley que se trae a nuestra consideración.


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Hecha esta breve introducción, voy a exponer por bloques aquellas enmiendas más importantes de las 92 con las que pretendemos, aunque sea de forma somera y un tanto superficial, mejorar el texto que, como se ha demostrado con el veto presentado por mi compañero, necesitaría una reforma bastante más profunda. No obstante, como digo, creo que hemos hecho un trabajo serio y respetuoso, y pretendemos aportar lo que a nuestro juicio pudiera mejorar esta ley que, como digo, se trae a nuestra consideración.
En este sentido, voy a comenzar por las enmiendas números 189 a 200, que hacen referencia a la exposición de motivos. Con ellas pretendemos mostrar nuestra disconformidad con determinadas expresiones, en algunos casos, que pretenden justificar la supuesta garantía de independencia, de objetividad y de reconocimiento social que por sí misma la ley otorga a la futura radio y televisión estatal.
Por otra parte, queremos resaltar la escasa acogida que la ley hace de algunas propuestas del informe elaborado por el consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, y no olvidemos que desde el Gobierno se presentaba como la base fundamental de la elaboración del proyecto. En cierta medida así sucedió cuando por parte del Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley que se remitió al Congreso. Es verdad que desde aquellas resoluciones o desde aquel informe del consejo de sabios y del proyecto de ley presentado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados las cosas han variado bastante, hasta el punto de que en algunos casos nos hacen dudar de las razones que llevaron al Gobierno a meditar durante tanto tiempo cómo tenía que hacerse la reforma, cuando en un trámite parlamentario, incluso en horas, se modifican cuestiones tan importantes como las que remarcó mi compañero el senador Gutiérrez, referidas sobre todo a la división entre la persona del presidente o del director general.
Por otra parte, con las enmiendas a las que he hecho referencia pretendemos también denunciar la creación de unos mecanismos que, a nuestro juicio, son de control y de intromisión profesional, y no solamente porque lo digamos nosotros, que también lo decimos, sino porque incluso los propios trabajadores de Televisión Española ya están manifestando sus reticencias respecto a estas figuras que se van a crear y que --como ya se ha hecho mención, voy a obviar-- que son la autoridad audiovisual y el consejo informativo.
Por tanto, las reticencias respecto de estos dos mecanismos de control no son sólo del Partido Popular; otras personas, otros grupos, como los trabajadores de Radio Televisión Española y otros medios de comunicación, plantean igualmente sus reticencias respecto del funcionamiento de ambos, máxime cuando en el caso de uno, la autoridad audiovisual, tenemos que hacer una especie de acto de fe de lo que va a ser, porque de momento la ley se refiere a dicho órgano en diez o doce ocasiones y, sin embargo, nadie sabe cómo va a ser elegido ni cuáles van a ser sus competencias ni sus funciones, se desconoce si va a ser un órgano unipersonal o integrado por distintas personas. No sabemos absolutamente nada, eso sí, sabemos que va a hacer las cosas muy bien porque lo ha dicho la vicepresidenta, y que va a contribuir de manera decisiva a que se democratice, se despolitice y se desgubernamentalice Radio Televisión Española. De acuerdo, cuando nos presenten el proyecto lo veremos, pero de momento, con el que hoy se trae a colación, las referencias que se hacen a la autoridad audiovisual lo único que demuestran es que o ha habido precipitación al no aprobar previamente esa otra ley o al traerla conjuntamente, o, por el contrario, no se tienen todavía bien definidas las competencias y las funciones de este órgano.
Por otra parte, reclamamos para el Senado el mismo reconocimiento y la misma importancia que se da al Congreso, y exigimos el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno respecto de la desgubernamentalización del ente público.
Con las enmiendas números 198, 199 y 200, de carácter técnico, pretendemos, en unos casos, mejorar la redacción que se ha dado, y en otros, ofrecer claridad o concreción.
Un segundo bloque de enmiendas lo constituyen las números 118 a 135, 201, 202, 203, y 205, presentadas a los cuatro artículos en que se divide el Título I de la ley, que hace referencia a los principios generales.
Tal y como ha venido manteniendo mi grupo a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, estamos convencidos de que Radio Televisión Española debe orientarse principalmente como servicio público y como elemento vertebrador y de cohesión, y como tal debe ser accesible por todos los ciudadanos con más o menos recursos económicos, y, por tanto, debe ser gratuito. Por eso presentamos una enmienda a esa puerta que se abre a la posibilidad de canales codificados.
Del mismo modo entendemos, y lo hemos explicado por activa y por pasiva, que debe mantenerse y potenciarse la actividad de los centros territoriales, y con ello no nos referimos tanto --como ha dejado entrever el portavoz de Coalición Canaria-- a que permanezcan por lo menos de nombre, con un cámara y un reportero, sino a que realmente tengan actividad y contenido, a que las horas de emisión así como la producción se mantengan exactamente igual a lo que hay hasta ahora. No vale con decir que se van a mantener los centros territoriales, queremos saber, y no sólo nosotros sino también los trabajadores de Radio Televisión Española, en qué condiciones lo van a hacer, y esa es una de las razones por las cuales dichos trabajadores han manifestado su inquietud a los responsables de la negociación del SEPI, que no saben exactamente a qué atenerse. A pesar de que los trabajadores lo están requiriendo en multitud de ocasiones y a pesar de las manifestaciones realizadas por la vicepresidenta respecto a que se están manteniendo conversaciones fluidas, he de decir que en casi todas las reuniones que se han mantenido, los trabajadores se han levantado porque no se les da ningún tipo de información.
La vicepresidenta nos pide un acto de fe de que los centros territoriales van a continuar con su actividad, y el resto de portavoces nos lo aseguran, pero vamos a ver cómo se garantizan. Lo cierto es que todos los grupos de esta Cámara han presentado enmiendas referidas a los centros territoriales, lo que demuestra que el proyecto del Gobierno no lo tiene tan claro, porque si estuviera claro cómo se van

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a mantener los centros territoriales, no sólo el Grupo Parlamentario Popular sino el resto de grupos que apoyan al Partido Socialista no habrían presentado enmiendas, por tanto algo tendrá el agua cuando la bendicen, como dice el refrán.
Las enmiendas presentadas al artículo 3, que hacen referencia a las obligaciones de la corporación en el ejercicio de sus funciones, pretenden pormenorizar para completar el catálogo de las obligaciones incluyendo algunas que consideramos importantes. No me voy a referir a ellas; en todo caso, en el debate en el Pleno tendremos ocasión de hacerlo.
Al artículo 4 de este Título I hemos presentado una enmienda que, en base a los compromisos adquiridos por el Gobierno de despolitización y desgubernamentalización del ente público, pretende introducir la participación de las Cortes Generales en la aprobación del contrato-programa que no es lo que ha dicho la vicepresidenta. La vicepresidenta ha dicho que las Cortes van a participar en la elaboración del mismo, pero no es así; van a participar cuando les informe el Gobierno, es decir que se van a limitar, tal como dice la ley, a recibir el informe del Gobierno, y si no, comprueben lo que indica la ley respecto a los contratos-- programa, no establece que vayan a ser las Cortes Generales las que aprueben el contrato-programa. Ése es el motivo por que el hemos presentado la enmienda, para que, efectivamente, el Parlamento controle los contratos-programa y que no sólo sea informado, ya que entre informar y aprobar hay una diferencia considerable. Si ustedes también lo quieren, apruébenlo.
Respecto al Título II, el mayor número de enmiendas se ha presentado al artículo 7, que regula la estructura de la corporación, y que también ha sido objeto de numerosas enmiendas de otros grupos en algunos casos son coincidentes o muy similares a las presentadas por mi grupo. En una enmienda coincidimos con Entesa al exigir la participación del Parlamento y no sólo del Consejo de Ministros para la autorización de la participación de la corporación en el capital de otras sociedades. En otra, coincidimos con Izquierda Unida al remarcar el compromiso de la corporación de Radio Televisión Española con la producción propia de sus emisiones.
En otras enmiendas reiteramos, en coherencia con nuestras posiciones, la necesidad de contar con una estructura territorial --ya me he referido a ello-- para atender a las demandas regionales y potenciar su papel vertebrador en el conjunto del Estado.
Otro aspecto de la ley que quisiera remarcar es el relativo a la elección de los miembros del Consejo de Administración, que aparece regulado en el artículo 11. En relación con este punto, hemos presentado una enmienda a su apartado 1, que discrimina entre el Congreso y el Senado a la hora de establecer el número de miembros elegidos por uno y otro, de tal suerte que el Congreso elige a ocho y el Senado a cuatro. Dirán que no es importante, puede que no lo sea, quizá ésta no fuera la razón fundamental por la que el Grupo Popular se opusiera a esta ley, pero nadie nos ha explicado todavía cuál es la razón que justifica que el Congreso elija a ocho y el Senado a cuatro. Alguna razón habrá, porque se podía haber dicho 9 y 3, ó 6 y 6, ó 7 y 5, pero de momento nadie nos la ha explicado.
Nosotros la sospechamos, sobre todo después de lo manifestado esta mañana por la vicepresidenta y por algunos portavoces, pero esperamos que se confirme para poder hacer nuestras valoraciones.
Las enmiendas números 148 y 149 derivan precisamente de la paridad que exigimos en el nombramiento de los consejeros, tanto en el Congreso como en el Senado. Por tanto, dichas enmiendas se justifican por la propia explicación que acabo de dar.
En cuanto al periodo de mandato de los consejeros, frente a los seis años que se prevén nosotros consideramos que deben ser cinco años, puesto que con ese periodo se supera el de la legislatura y, en nuestra opinión, es suficiente para desarrollar una gestión, y además coincidiría con el nombramiento del director general, que nosotros apoyamos.
Por lo que respecta al cese de los consejeros, consideramos que junto a la gestión económica negativa, que figura en el texto, debería incluirse también el incumplimiento de los objetivos de servicio público que tenga previsto. Por otra parte, entendemos que, de producirse el supuesto especial de cese de todo el Consejo, al que se refiere este precepto, el Parlamento, constituido en Junta General, es el órgano que debería designar el administrador único que se hiciera cargo de la gestión ordinaria, y no el Consejo de Ministros, como se prevé. Sería una garantía más, de esas que ustedes quieren para que no exista ninguna duda, el que el Parlamento el que nombrara a ese administrador único.
Respecto a las competencias y funciones, recogidas en el artículo 16, coincidimos con Entesa en la necesidad de ampliar las competencias del Consejo de Administración en materia laboral: fijación de plantillas, contratación y acuerdos. Ustedes obvian en la ley la regulación laboral y la situación en la que van a quedar los trabajadores; ni siquiera la reconocen como competencia del Consejo de Administración. Ustedes lo hacen a través de la SEPI y así les va, si no Televisión Española no estaría como está, y si no que se lo pregunten a los trabajadores.
Con las enmiendas a los artículos 17, 20, 21 y 22 planteamos que se vuelva al texto anterior en el que se establecía una división de funciones entre el presidente de la corporación y el director general. Me gustaría que alguien tuviera a bien explicarme qué razón justifica que se cambie lo que en un principio fue decisión del Gobierno, es decir, un presidente y un director. Me gustaría que me explicaran en qué se mejora la gestión de la corporación nombrando única y exclusivamente un presidente con funciones ejecutivas. Algo habrá variado para que el Gobierno cambie de opinión y modifique incluso la opinión del consejo que emitió el dictamen. Me gustaría, insisto, conocer esas razones. Nosotros seguimos pensando que el funcionamiento sería mucho mejor si se dividieran las funciones entre el presidente del consejo y el director general.
En cuanto a las enmiendas correspondientes al artículo 23, que hace referencia al Consejo asesor, y que van desde la número 163 a la 169, proponemos el incremento del número

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de consejeros a través de la participación de un representante de la tercera edad; tres representantes de los sindicatos; otro en representación de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, y otro más en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En relación con estas enmiendas, quiero manifestar también a sus señorías que hubo un error en su redacción , puesto que la suma de los representantes que proponemos sería superior a la que debería figurar, como consecuencia de haber tomado como base de partida el número de miembros del Consejo Asesor previsto en un principio en el proyecto de ley, que se establecía en 13; 13 y 6 serían 19, que son los que plantea el Grupo Parlamentario Popular; por tanto, repito, ha habido un error y pido disculpas a sus señorías.
Con la enmienda número 170 pretendemos la supresión de los consejos informativos, y considero que han quedado suficientemente explicadas las razones de nuestra propuesta.
A continuación, voy a referirme a las enmiendas presentadas por mi grupo a los capítulos primero a séptimo del Título II, y debo comenzar a la formulada al artículo 28.2, letra b), dirigida a suprimir dicho punto, ya que entendemos que la regulación del acceso directo en programas relativos a grupos sociales o políticos debe ser el objetivo final de un gran consenso y no de una reglamentación. En este mismo artículo solicitamos en otra enmienda suprimir la frase relativa a la autoridad audiovisual, por lo que ya he explicado anteriormente.
Por lo que respecta al artículo 32.1, letra f), proponemos un nuevo texto que adelante y resuelva una situación que puede ocurrir y que no viene reflejada en el texto inicial, como es el caso de qué sucedería sin el contrato-programa no hubiese sido pactado en el plazo previsto.
Simplemente pretendemos prever, como ha dicho el senador de Izquierda Unida, qué ocurriría en el caso de que se diera esa circunstancia; no tiene mayor trascendencia. En cuanto al apartado 3 de este mismo artículo, reiteramos los argumentos relativos a la supresión de las referencias a la autoridad audiovisual.
La enmienda número 176, por la que pretendemos la modificación del apartado 4 del artículo 32, se justifica por la necesidad a nuestro juicio de que las Cortes Generales intervengan de una manera directa en este trámite trianual, en coherencia con la enmienda que presentamos al artículo 4 y a la que he hecho referencia anteriormente.
La enmienda número 177, al artículo 33, pretende algo que considero tan objetivo como la pura interpretación jurídica comunitaria, en base a la cual no es posible aceptar con arreglo a las normas comunitarias que los poderes públicos puedan financiar la ineficacia de los operadores públicos o privados que tienen encomendadas obligaciones de servicio público. Se trata de adecuarse a esa normativa y, en concreto, a la resolución que todos ustedes conocen.
En cuanto al artículo 34, nuestras enmiendas números 178 y 179 van dirigidas a limitar al menos en un 50 por ciento los ingresos de la corporación de Radiotelevisión Española, en aras del control y la transparencia, y asegurar que su presupuesto se elaborará y gestionará bajo el principio de equilibrio presupuestario.
El resto de enmiendas al articulado hacen referencia a mejoras técnicas y a suprimir cualquier referencia a la autoridad audiovisual, por las razones anteriormente expuestas.
Especial importancia tiene la enmienda número 185, similar a la número 41 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, con la que pretendemos establecer con meridiana claridad las condiciones para llevar a cabo la transición laboral del ente público a la corporación de Radio Televisión Española, con el fin de garantizar la subrogación de la corporación y las sociedades prestadoras del servicio público en la misma posición jurídica que ostentaba el ente público y las sociedades de Televisión Española y Radio Nacional de España en sus relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de naturaleza laboral y de Seguridad Social con los trabajadores que componen la plantilla.
Es un tema que nos preocupa y que pensamos debe figurar en la ley, puesto que hay otras partes de la ley que regulan determinados aspectos de la transición del ente público a la corporación en otros aspectos, como los económicos, y entendemos que de la misma manera deberían figurar los relativos a la subrogación de los trabajadores, puesto que para éstos supondría una tranquilidad conocer exactamente de qué manera se va a llevar a cabo el traspaso de un ente público como Radio Televisión Española a una corporación. Por tanto, considero que es una cuestión importante y me gustaría que el Gobierno y el grupo que lo sustenta lo tomaran en consideración.
Del mismo modo, con la enmienda número 188, pretendemos dar una solución viable para responder a la problemática del grupo de trabajadores contratados excluidos del convenio colectivo, a través de un proceso de regularización del personal que mantiene una relación estable con la empresa y que incluye la consolidación de empleo en la nueva corporación.
Por último, la enmienda número 186 reitera la participación del Parlamento constituido en junta general para el nombramiento en su caso del administrador único.
Señorías, en definitiva, a la vista de las enmiendas presentadas, es indudable que el proyecto de ley de la radio televisión estatal que se somete a nuestra consideración en modo alguno responde a las expectativas tanto internas como externas que se habían creado, por cuanto no sirve para resolver los problemas del actual ente público -- de momento va creando algunos más--, sino que los aumenta y no garantiza la prestación de un servicio público profesional. No digo que no se tenga voluntad, pero entiendo que aunque determinados aspectos relativos a centros territoriales no son la garantía de la prestación de un servicio público, es indudable que si no existiera en todos los territorios un elemento vertebrador, como pudiera ser la televisión, probablemente algunos elementos constitucionales, que son fundamentales, no fueran difundidos como a todos nos gustaría; es decir, para que un elemento tenga la suficiente difusión es necesario el instrumento del que servirse para poder hacerlo, y, además, que los contenidos

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difundidos desde esos centros territoriales vayan acorde con los objetivos y las funciones que tiene la propia televisión.
Señorías, he explicado de manera somera nuestras enmiendas. Tiempo tendremos en el debate en el Pleno para ampliar estas cuestiones, y les prometo que en ese debate no seré excesivamente minucioso en la defensa de las enmiendas, no lo haré una por una, sino que me limitaré a hacer algunas valoraciones políticas respecto a los aspectos que consideramos fundamentales y que sobradamente justifican, a pesar de lo dicho por el resto de portavoces, tanto las enmiendas presentadas como el veto que ha defendido mi compañero anteriormente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Emelina Fernández.


La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo no ha presentado ninguna enmienda porque coincidimos con el planteamiento del Gobierno acerca de esta ley; además, después de la comparecencia de la señora vicepresidenta, que ha dado cumplida respuesta a muchos de las cuestiones expuestas por el Grupo Parlamentario Popular, comprenderán que si aceptásemos sus enmiendas cambiaría sustancialmente el modelo de televisión que traemos hoy a debate en esta Cámara.
Es evidente que su modelo es legítimo, como no puede ser de otra manera, pero no es nuestro modelo. El conjunto de las enmiendas que ustedes han presentado daría lugar a otra ley que en su momento pudieron presentar pero que no lo hicieron. Es una ley que propone el Gobierno socialista.
Es una ley que, a pesar del elevado número de enmiendas, goza de un gran consenso, y hay un grupo de cuatro enmiendas con respecto a cuatro puntos que estamos dispuestos a aceptar, porque las enmiendas están pensadas no para cambiar la ley sustancialmente pero sí para mejorarla. Ese grupo de enmiendas --hay muchas coincidentes por diferentes grupos: Izquierda Unida, Entesa, Convergència i Unió-- se pueden resumir en cuatro apartados: uno dedicado a la producción, otro dedicado a los centros territoriales, otro dedicado a la Orquesta y Coro y otro que se ha llamado por los grupos proponentes de desbloqueo. Como son varias las enmiendas que abordan estos temas, me cabe decir que me gustaría que en el Pleno se llegara a algunas enmiendas transaccionales --que podrían contar incluso con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular si es su voluntad-- en estos cuatro ejes: producción, centros territoriales, Orquesta y Coro de Radio Televisión Española y la cláusula de desbloqueo.
Anuncio, pues, que cuando el presidente someta a votación el proyecto nuestra posición será la siguiente: votaremos a favor de las cuatro enmiendas que recojan el posicionamiento de estos cuatro apartados y rechazaremos el resto de las enmiendas presentadas por los grupos, reservándome, lógicamente, para el Pleno la posibilidad de llegar a más acuerdos transaccionales o de debatir más en profundidad si fuese necesario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Voy a suspender la sesión por cinco minutos para tratar de ordenar los trabajos y ver si es posible entrar en el debate de la otra ley.
(Pausa.)

-- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (624/000009).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Casas, en nombre de Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para decir que retiro nuestras enmiendas, puesto que se ha llegado a un acuerdo con todos los grupos a través de transaccionales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado cuatro enmiendas a esta proposición de ley, que mantenemos y damos por defendidas en sus propios términos, porque con ellas pretendemos facilitar la formulación de esta iniciativa y, en su caso, quitar trabas a su tramitación parlamentaria. Con esta intención las hemos presentado, las doy por defendidas y entraré más a fondo en su debate en el Pleno.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot para la defensa de sus enmiendas números 5 a 7.


El señor GUILLOT MIRAVET: Las doy por defendidas, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Castillo.


La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Mantenemos nuestras enmiendas, aunque bien es verdad que, al firmar las dos transaccionales que nos ha propuesto el Grupo Popular, la primera queda mejorada, y nuestro único interés estaba en esa mejora técnica.
En cuanto a la segunda, la mantenemos. Referente a ese mismo artículo, vamos a apoyar la que nos propone el Grupo Popular, insisto que manteniendo lo que incluíamos

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en el punto segundo, porque entendemos que también mejora técnicamente lo que en el Congreso de los Diputados se había acordado por parte de la mayoría de los grupos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿quiere decir que el Grupo Parlamentario Socialista retira la enmienda número 8?

La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Sí, señor presidente, se puede entender retirada, porque firmamos la enmienda transaccional. Y mantenemos la enmienda número 9.


El señor PRESIDENTE: Si me permiten sus señorías y para información correcta de todos, la enmienda transaccional, que da una nueva redacción al artículo 13.2, ha sido firmada por todos los grupos, excepto el Mixto, y dice literalmente: «La tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo que dispongan los reglamentos de las Cámaras, que podrán contemplar la participación de una persona designada por la comisión promotora.» Por tanto, se retira la enmienda número 8.


La señora CORRES VAQUERO: No, señor presidente, esa transaccional se refiere a la enmienda número 9.


El señor PRESIDENTE: Perdón. Ha habido un error en la información.
La enmienda número 8 hace referencia al artículo 7.4, y la transaccional dice: «Las firmas se podrán recoger también como firma electrónica, conforme a lo que establezca la legislación correspondiente.»

La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Como el Grupo Parlamentario Socialista ha firmado esa enmienda transaccional, se entiende que la retiramos y admitimos esa enmienda del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Corres.


La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar la posición de nuestro grupo respecto a todas las enmiendas presentadas.
Rechazamos las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, en coherencia con lo argumentado en el Congreso de los Diputados.
Respecto a las enmiendas números 5, 6 y 7, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer su retirada y la firma de la enmienda transaccional presentada por nuestro grupo.
Quiero hacer un alto en el camino respecto a la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Socialista, para la que manifestamos nuestro voto en contra. Esta enmienda pretende modificar la redacción del artículo 13.1, por un lado, suprimiendo el plazo máximo de seis meses para la incorporación en el orden del día de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. Y, por otro, haciendo desaparecer la toma en consideración de este derecho de democracia semidirecta que es la iniciativa legislativa popular.
Suprimir la necesidad de un plazo máximo va en contra del objetivo pretendido por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso de los Diputados, que es el grupo proponente de esta modificación de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, por cuanto que se diluye la garantía de efectividad de este derecho al suprimir el plazo máximo de seis meses.
Por otro lado, al suprimir la toma en consideración del texto que parte del Congreso de los Diputados, creemos que se disminuye la seguridad jurídica. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, creemos que el derecho a la iniciativa legislativa popular adquiere su efectividad una vez que las Cámaras han tomado en consideración esta iniciativa legislativa popular, y no antes. Con lo cual, con la retirada del texto de esa toma en consideración, se podía caer en cierta inseguridad e, incluso, equiparar la democracia semi directa de la iniciativa legislativa popular con la democracia representativa de los partidos políticos en las Cortes Generales. Por ese motivo, nosotros no podemos admitir la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Socialista.
La enmienda transaccional presentada por mi grupo, referida al artículo 13.2, garantiza --aunque nosotros pensábamos que ya se garantizaba con la redacción inicial del texto que partía del Congreso-- la salvaguardia de la autonomía de las Cámaras en relación con la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular. En esta nueva redacción, firmada por todos los grupos, se recoge que la tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo dispuesto en los reglamentos de las Cámaras --que podrán contemplar la participación de una persona designada por la comisión promotora--, y, además, la salvaguardia de esta autonomía de las Cámaras, pues serán los reglamentos de las Cámaras los que determinen cuál va a ser el procedimiento parlamentario a seguir.
Por otra parte, a nuestro le ha extrañado el texto de la enmienda número 9 pues, de alguna manera, rompe el acuerdo unánime que hubo en la redacción del Congreso de los Diputados.
En cuanto al asunto de la toma en consideración, no entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista, que fue uno de los grupos que con mayor ahínco defendió la no retirada de la toma en consideración, pretenda ahora suprimirla de la redacción del artículo 13.1 de esta ley orgánica.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Tal y como habíamos acordado, la votación tendrá lugar a la una.
(Pausa.) Señorías, ¿están todos de acuerdo con que votemos primero la proposición de ley que acabamos de debatir, la modificación de la Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular? (Asentimiento.)

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En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 5 a 7, presentadas por Entesa Catalana de Progrés.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 18; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado su enmienda número 8 y mantiene la número 9, que sometemos, a continuación, a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar las enmiendas transaccionales. La primera de ellas propone una nueva redacción del artículo 7.4, que dice: «Las firmas se podrán recoger también como firma electrónica conforme a lo que establezca la legislación correspondiente.» Procedemos a su votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la enmienda transaccional al artículo 13.2, con el siguiente texto: «La tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo que dispongan los Reglamentos de las Cámaras que podrán contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora.»

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se somete a votación el informe de la ponencia en la parte no afectada por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dijo.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


-- PROYECTO DE LEY DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL (621/000050) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Entramos en la votación de las enmiendas al proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. Seguiremos el orden establecido y en el punto que corresponda se leerá las enmiendas transaccionales.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. A petición del Grupo Parlamentario Popular vamos a votar las enmiendas números 1, 2, 3 y 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación separada de la enmienda número 41, del Grupo de Coalición Canaria, a petición del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 11 ; abstenciones, 12 .


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En los mismos términos sometemos a votación la enmienda número 42.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 39.


La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Señor presidente, esta enmienda es una de las que están transaccionadas.


El señor GUILLOT MIRAVET: Señor presidente, una ujier ha ido a otra comisión para recoger la firma del senador Cuenca en las dos enmiendas transaccionales. Esperemos un minuto.


El señor MANSILLA HIDALGO: Señor presidente, hay una transacción que soporta la enmienda número 39 de Izquierda Unida, la número 84 de la Entesa y la número 219 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. De acuerdo con estos grupos parlamentarios estas tres enmiendas decaerían.
No podemos saber ahora mismo la opinión de Izquierda Unida, porque no está aquí su portavoz, pero este ha sido el acuerdo y por esta razón se está procediendo a recoger su firma en esta transacción.


El señor CASAS I BEDÓS: Señor presidente, yo voy a decir lo mismo. Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Socialista, Entesa y Convergència i Unió hemos llegado al acuerdo de hacer con un conjunto de enmiendas una transacción, que hemos pactado y redactado, y en este momento se está procediendo a recoger las firmas.
Han de entender sus señorías que los grupos parlamentarios que tenemos sólo un senador por comisión no tenemos el don de la ubicuidad, y cuando hay que estar en varios sitios a la vez se producen estos pequeños desajustes. Yo les pediría un poco de paciencia para que suban con el

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documento firmado, porque la voluntad del senador Cuenca está expresada.


El señor PRESIDENTE: ¿Se puede leer la enmienda transaccional? (Pausa.)

La señora FERNÁNDEZ SORIANO: La voy a leer, señor presidente.
Tiene la siguiente redacción: «La corporación de RTVE contará con la estructura territorial necesaria para atender la adecuada prestación de sus funciones de servicio público, proveer de contenidos regionalizados a la realidad estatal y contribuir al desarrollo de la cohesión interterritorial.» «Las desconexiones se harán en la lengua propia de las comunidades autónomas.»

El señor PRESIDENTE: ¿Hay inconveniente en que se vote la enmienda transaccional? (Pausa.)

El señor GUILLOT MIRAVET: Yo iba a pedir la cortesía parlamentaria para poder votar esta transaccional aunque falte una firma.


El señor PRESIDENTE: Ya está concedida esa cortesía. No la pida que ya se ha dicho que sí.
Por tanto, votamos la enmienda transaccional que ha leído la senadora doña Emelina Fernández, entendiendo que quedan retiradas las enmiendas correspodientes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 37, 38 y 40 del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Guillot Miravet pide la palabra.) Dígame, senador.


El señor GUILLOT MIRAVET: Hay una segunda transaccional, que afecta a las enmiendas 39 y 83. (Un señor senador: A la 38 y a la 83.) La 38 la acabamos de votar. (Un señor senador: No; hemos votado la 39.) Señor presidente, hemos votado la enmienda número 38, que se refiere a los centros territoriales: la que ha leído la señora Fernández Soriano.
Luego hay una transaccional sobre las enmiendas 39 y 83, de lÆEntesa.


El señor PRESIDENTE: ¿Cuántas transaccionales hay: una o dos? (Varios señores senadores: Dos.) Léase la otra.


La señora FERNÁNDEZ SORIANO: La segunda transaccional, que firman los grupos Socialista, Convergència i Unió, Coalición Canaria, Senadores Nacionalistas Vascos, Mixto y Entesa Catalana de Progrès --ahora les pasamos la firma--, dice así: «La corporación RTVE y sus sociedades prestadores de servicio público no podrán ceder a terceros la producción y edición de programas informativos y de aquéllos que expresamente determine el mandato marco.
La corporación de RTVE impulsará la producción propia de su programación, de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en cada ejercicio.»

El señor PRESIDENTE: ¿A qué artículo y a qué enmiendas se refiere la transaccional?

La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Al artículo 7.5, y a las enmiendas 39 de Izquierda Unida y 83 de Entesa.


El señor MANSILLA HIDALGO: Señor presidente, permítame que lo aclare.
Anteriormente hubo un error en el número de las enmiendas: en la de Izquierda Unida dijimos 39 y era 38. Y en la de Entesa dijimos 84 y era 83. De modo que esta última transacción se refiere a la enmienda 39 del Grupo Mixto y a la 84 de Entesa.


El señor PRESIDENTE: Votamos la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Han quedado, pues, pendientes de votar las enmiendas 37 y 40 de Izquierda Unida. (El señor Guillot Miravet pide la palabra.) ¿Qué ocurre, senador?

El señor GUILLOT MIRAVET: La enmienda 40 y la 108 son iguales; y la 37 y la 116 también son iguales. Propongo, pues, que se voten conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Entonces, sometemos a votación las enmiendas 40, 108, 37 y 116.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 43 y 55, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, nueve; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos: de la 43 a la 65.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.


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El señor PRESIDENTE: Puesto que el resultado es de empate, se repite la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Se repite de nuevo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la 117 a la 209.
Votamos el dictamen. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular, lo votaremos en dos partes. Votamos ahora los artículos 1, 5, 10, 14, 15, 18, 26, 27, 29, 30, 31, 35 y 36; las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta, y las disposiciones transitorias primera y quinta.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta parte del dictamen.
Votamos el resto del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Señorías, puesto que ha habido empate, votamos nuevamente el resto del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Tercera votación del resto del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Señorías, habiéndose obtenido un empate en la votación con doce votos a favor y doce en contra, queda desestimada esta parte del dictamen.
Gracias a todos por su paciencia y por su atención.
Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y veinticinco minutos.

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