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DS. Senado, Pleno, núm. 22, de 30/11/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2004 VIII Legislatura
Núm. 22
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 30 de noviembre de 2004


ORDEN DEL DIA:

Primero

Actas:

--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 2004.


Segundo

Mociones consecuencia de interpelación:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las lenguas cooficiales en el seno de la Unión Europea.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 127, de fecha 29 de noviembre de 2004). (Número de expediente S. 671/000017).


--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la soberanía de Gibraltar. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 127, de fecha 29 de noviembre de 2004). (Número de expediente S. 671/000018).


--Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES por la que se insta al Gobierno a establecer un nuevo marco jurídico y financiero en el ámbito de la formación continua. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 127, de fecha 29 de noviembre de 2004). (Número de expediente 671/000019).


Página 966


Tercero

--Declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Número de expediente 630/000001).


Cuarto

--Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 2004 para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005. (Número de expediente 550/000014).


Quinto

Mociones:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el sistema de formación profesional. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 127, de fecha 29 de noviembre de 2004). (Número de expediente S. 662/000046).


--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado una comunicación en la que fije sus planteamientos con respecto a la puesta en marcha de nuevas fórmulas de financiación para las entidades locales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 127, de fecha 29 de noviembre de 2004). (Número de expediente S. 662/000047).


--Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES por la que se insta al Gobierno a tramitar y aprobar un nuevo Real Decreto regulador del sistema de becas y ayudas al estudio. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 127, de fecha 29 de noviembre de 2004). (Número de expediente S. 662/000045).


Sexto

Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de septiembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 12, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000012). (Número de expediente C. D. 110/000003).


--Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 13, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000013). (Número de expediente C. D. 110/000004).


--Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), hecho en Washington el 31 de mayo de 1949 y Protocolo de enmienda. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 14, de fecha 18 de octubre de 2004).
(Número de expediente S. 610/000014). (Número de expediente C. D.
110/000005).


--Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hecho en Ginebra el 9 de diciembre de 2002. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 15, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000015). (Número de expediente C. D. 110/000008).


--Convenio Internacional sobre salvamento marítimo, 1989, hecho en Londres el 28 de abril de 1989 y Reservas que España va a formular en el momento de su ratificación. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 16, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000016). (Número de expediente C. D.
110/000009).


--Denuncia del Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de asistencia y salvamento marítimo y Protocolo de firma, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 17, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000017). (Número de expediente C. D. 110/000010).


--Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 18, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000018).
(Número de expediente C. D. 110/000016).


Página 967


--Canje de Notas, hecho en Madrid los días 20 de enero y 2 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y científica de 27 de octubre de 1994. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 19, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S.
610/000019). (Número de expediente C. D. 110/000017).


--Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 20, de fecha 18 de octubre de 2004).
(Número de expediente S. 610/000020). (Número de expediente C. D.
110/000018).


--Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 21, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000021). (Número de expediente C. D. 110/000019).


--Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003 y Protocolo. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 22, de fecha 22 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000022). (Número de expediente C. D.
110/000020).


--Acuerdo entre el Reino de España y la República Arabe Siria para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Damasco el 20 de octubre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 23, de fecha 18 de octubre de 2004).
(Número de expediente S. 610/000023). (Número de expediente C. D.
110/000021).


--Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Avila), hecho en Madrid el 22 de julio de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 24, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S.
610/000024). (Número de expediente C. D. 110/000022).


--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Malabo el 22 de noviembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 25, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000025). (Número de expediente C. D.
110/000024).


--Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo el 16 de octubre de 2001 y Declaración de aplicación. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 26, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000026). (Número de expediente C. D. 110/000025).


--Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 27, de fecha 18 de octubre de 2004).
(Número de expediente S. 610/000027). (Número de expediente C. D.
110/000026).


--Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 16 de junio de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 28, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000028).
(Número de expediente C. D. 110/000027).


--Convenio complementario al Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil de 16 de mayo de 1991, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 29, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000029). (Número de expediente C. D. 110/000028).


--Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 30, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S.
610/000030). (Número de expediente C. D. 110/000029).


--Canje de Notas, de fechas 9 de enero y 6 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del Tratado de intercambio cultural entre España y Paraguay de 26 de marzo de 1957.


Página 968


(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 31, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S.
610/000031). (Número de expediente C. D. 110/000030).


--Acuerdo entre el Reino de España y la Confederación Suiza sobre la readmisión de personas en situación irregular y Protocolo para su aplicación, hechos en Madrid el 17 de noviembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 32, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000032).
(Número de expediente C. D. 110/000031).


--Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica, hecho en Barcelona el 12 de mayo de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 33, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000033). (Número de expediente C. D.
110/000032).


--Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Figueira da Foz el 8 de noviembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 34, de fecha 18 de octubre de 2004).
(Número de expediente S. 610/000034). (Número de expediente C. D.
110/000033).


--Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), celebrado en Beijing el 15 de septiembre de 1999. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 35, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000035).
(Número de expediente C. D. 110/000034).


--Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, hecho en Londres el 15 de marzo de 2000. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 36, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000036). (Número de expediente C. D. 110/000035).


--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Sofía el 1 de septiembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 37, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000037). (Número de expediente C. D. 110/000036).


--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ecuador sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Quito el 20 de noviembre de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 38, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000038).
(Número de expediente C. D. 110/000037).


--Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 39, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000039). (Número de expediente C. D. 110/000038).


--Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 40, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000040).
(Número de expediente C. D. 110/000039).


--Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 41, de fecha 18 de octubre de 2004). (Número de expediente S. 610/000041). (Número de expediente C. D. 110/000040).


--Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) aprobadas en el XVIII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, el 12 de septiembre de 2000 en Panamá. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 42, de fecha 18 de octubre de 2004).
(Número de expediente S. 610/000042). (Número de expediente C. D.
110/000043).


Página 969


SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


ACTAS (Página 974)

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 2004 (Página 974)

Se aprueban las actas por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 974)

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las lenguas cooficiales en el seno de la Unión Europea (Página 974)

El señor Macias i Arau retira la moción. A este respecto interviene el señor Agramunt Font de Mora.


Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la soberanía de Gibraltar (Página 975)

El señor Cortés Muñoz defiende la moción. El señor Badia i Chancho retira la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Carracao Gutiérrez consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen la señora López Aulestia, por el Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; De Puig Olive, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Carracao Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cortés Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular. Los señores Carracao Gutiérrez y Cortés Muñoz vuelven a hacer uso de la palabra en virtud del artículo 87. Se rechaza la moción del Grupo Parlamentario Popular por 123 votos a favor y 125 en contra.


Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES por la que se insta al Gobierno a establecer un nuevo marco jurídico y financiero en el ámbito de la formación continua (Página 981)

La señora Burgués Bargués defiende la moción. El señor Casas i Bedós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Alonso García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Burgués Bargués expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, intervienen la señora López Aulestia, por el Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bravo Durán, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Alonso García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular. La señora Burgués Bargués retira la moción.


DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Página 988)

El señor Presidente da lectura a la declaración institucional.


HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2004 PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2005 (Página 988)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES (Página 989)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el sistema de formación profesional (Página 989)

El señor Abejón Ortega defiende la moción. La señora Baig i Torras defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. El señor Abejón Ortega expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas. En turno de portavoces, intervienen la señora López Aulestia, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición

Página 970


Canaria; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y los señores Pezzi Cereto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Abejón Ortega, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se prueba una propuesta de modificación, que sustituye a la moción original del Grupo Parlamentario Popular, por asentimiento de la Cámara.


Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado una comunicación en la que fije sus planteamientos con respecto a la puesta en marcha de nuevas fórmulas de financiación para las entidades locales (Página 998)

El señor Cabezas Enríquez defiende la moción. El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de modificación, firmada por todos los grupos parlamentarios. En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Perestelo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Companys i Sanfeliu, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Esquerda Segues, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; Abad Benedicto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cabezas Enríquez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la moción del Grupo Parlamentario Popular, en los términos de la propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.


Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES por la que se insta al Gobierno a tramitar y aprobar un nuevo Real Decreto regulador del sistema de becas y ayudas al estudio (Página 1005)

La señora Baig i Torras defiende la moción. El señor Cardona Prades defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Baig i Torras expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, intervienen el señor Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cardona Prades, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Terán Molleda, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se rechaza la moción del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés por asentimiento de la Cámara.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1012)

Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de septiembre de 2003 (Página 1012)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003 (Página 1012)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), hecho en Washington el 31 de mayo de 1949 y Protocolo de enmienda (Página 1012)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hecho en Ginebra el 9 de diciembre de 2002 (Página 1013)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio Internacional sobre salvamento marítimo, 1989, hecho en Londres el 28 de abril de 1989 y Reservas que España va a formular en el momento de su ratificación (Página 1013)

Página 971


Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Denuncia del Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de asistencia y salvamento marítimo y Protocolo de firma, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910 (Página 1013)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 (Página 1013)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Canje de Notas, hecho en Madrid los días 20 de enero y 2 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y científica de 27 de octubre de 1994 (Página 1013)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003 (Página 1013)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003 (Página 1013)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003 y Protocolo (Página 1014)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República Arabe Siria para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Damasco el 20 de octubre de 2003 (Página 1014)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Avila), hecho en Madrid el 22 de julio de 2003 (Página 1014)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Malabo el 22 de noviembre de 2003 (Página 1014)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo el 16 de octubre de 2001 y Declaración de aplicación (Página 1014)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004 (Página 1014)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Página 972


Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 16 de junio de 2003 (Página 1015)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Convenio complementario al Convenio de seguridad social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil de 16 de mayo de 1991, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002 (Página 1015)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 1015)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Canje de Notas, de fechas 9 de enero y 6 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del Tratado de intercambio cultural entre España y Paraguay de 26 de marzo de 1957 (Página 1015)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la Confederación Suiza sobre la readmisión de personas en situación irregular y Protocolo para su aplicación, hechos en Madrid el 17 de noviembre de 2003 (Página 1015)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica, hecho en Barcelona el 12 de mayo de 2003 (Página 1015)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse. Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Figueira da Foz el 8 de noviembre de 2003 (Página 1016)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), celebrado en Beijing el 15 de septiembre de 1999 (Página 1016)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, hecho en Londres el 15 de marzo de 2000 (Página 1016)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Sofía el 1 de septiembre de 2003 (Página 1016)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ecuador sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Quito el 20 de noviembre de 2003 (Página 1016)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004 (Página 1016)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004 (Página 1016)

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Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003 (Página 1016)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) aprobadas en el XVIII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, el 12 de septiembre de 2000 en Panamá (Página 1017)

Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cinco minutos.
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Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


ACTAS:

--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2004.


El señor PRESIDENTE: El punto primero del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 2004.
¿Algún senador desea hacer alguna observación a las mismas? (Pausa.) ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Quedan aprobadas.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACION CON LAS LENGUAS COOFICIALES EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA (671/000017).


El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, mociones consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con las lenguas cooficiales en el seno de la Unión Europea.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señorías, para Convergència i Unió nuestra lengua es muy importante y supongo que en esto coincidimos con una amplia mayoría de los miembros de la Cámara.
De todas maneras, quiero repetir algunas de las palabras expresadas por el que fue presidente de la Generalitat, don Jordi Pujol, cuando decía que siendo la lengua --el catalán--, algo muy importante para Cataluña y para los catalanes, había algo que la igualaba e incluso podía superarla en importancia: la convivencia y la cohesión social.
Desde este punto de vista, la política lingüística del Gobierno de la Generalitat, hasta ahora, siempre ha tenido como prioridad el avance en la normalización del catalán, pero sin provocar rupturas sociales, sin romper la sociedad. De hecho, para Convergència i Unió, siempre ha sido también una prioridad el avance del catalán en toda la comunidad lingüística, pero mostrando siempre nuestra comprensión hacia todas las posiciones y evitando que se produzcan enfrentamientos, que siempre son estériles. Por ejemplo, en relación al valenciano, Convergència i Unió siempre ha deseado su desarrollo --como es lógico y comprensible-- pero, evidentemente, desde el supuesto de que los protagonistas de este avance deben ser, en primer lugar, los propios valencianos.
La prudencia, el tacto y, sin embargo, la claridad de las convicciones han guiado la política lingüística de Convergència i Unió en todas partes: en el Gobierno de la Generalitat --cuando ocupaba la Presidencia--, en todas las instituciones y también en las Cortes Generales, pero sobre todo en las relaciones con los Gobiernos legítimos de la Comunidad Valenciana y de les Illes Balears.
Yo quisiera reiterar una vez más que una muestra de esta capacidad y de esta voluntad de Convergència i Unió fueron los acuerdos de los entonces presidentes de la Generalitat valenciana y catalana, Pujol y Zaplana, por los cuales se hacía posible una transición tranquila hacia un modelo que permitía, entre otras cosas, la creación de la academia valenciana de la lengua.
Los señoras y señores senadores comprenderán perfectamente nuestra preocupación ante la agitación provocada en estas últimas semanas y también, si me permiten ustedes, una pequeña satisfacción porque nos parece que las aguas pueden volver a su cauce. Desde este punto de vista, en nuestra interpelación al ministro de Justicia ya centramos los esfuerzos en conocer cómo desde el Gobierno del Estado se pretende incidir en la modificación del reglamento lingüístico de la Unión Europea y en este sentido hubo una respuesta acaso un tanto vaga del propio ministro, que posteriormente ha sido complementada con otras informaciones. En cualquier caso, a nosotros nos parece que debemos tomar nota de un compromiso formal, auténtico, total del Gobierno para conseguir esta modificación que esperamos que se cumpla.
Hoy mismo en el periódico «La Vanguardia», Miquel Roca i Junyent, en un artículo que yo aconsejo a todas las señoras y señores senadores, hablaba de que es necesario calmar los nervios, calmar los ánimos, pero hacerlo para avanzar, no para retroceder. En este sentido, Convergència i Unió ya la semana pasada dio muestra de su voluntad de contribuir a que las aguas vuelvan a su cauce, a calmar los nervios, a serenar los ánimos con la retirada de una moción que habíamos presentado en el Parlamento de Cataluña y hoy aquí anuncio, señor presidente, señoras y señores senadores, que vamos a retirar esta moción. Lo hacemos como gesto simbólico de nuestra convicción en relación con todo lo que les he contado y sobre todo lo hacemos como símbolo real de que para Convergència i Unió, y yo creo que para una inmensa mayoría de los catalanes, muy importante es nuestra lengua, pero lo es mucho más la capacidad de que esta lengua y las demás lenguas sean instrumentos de comunicación y no instrumentos de controversia.
Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En la medida que ha retirado la moción, ya no hay debate. (El señor Agramunt Font de Mora pide la palabra.) Señoría, tiene la palabra.


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El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor presidente, ha anunciado la retirada de su moción, cosa que agradezco profundamente porque implica algún reconocimiento, pero ha hecho también manifestaciones de voluntad.
No me gustaría que ni yo ni mi grupo quedáramos indefensos, no digo a la hora de defender las enmiendas, pero sí de tomar posición, puesto que la interpelación se produjo y no hubo oportunidad de intervenir por nuestra parte, se ha producido una intervención presentando la moción para terminar retirándola, pero ha hecho manifestaciones. En ese sentido, quisiera tener un turno, al menos de portavoces para poder explicar nuestra posición sobre esa cuestión.


El señor PRESIDENTE: Señoría, había una moción consecuencia de interpelación y a la misma había dos enmiendas. En estos momentos ya no hay nada y, por tanto, no hay debate. (El señor Agramunt Font de Mora pide la palabra.) Señor Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor presidente, entiendo que no pueden defenderse enmiendas cuando ha sido retirada la moción, pero sí ha habido toma de posición y manifestaciones en esta Cámara, por lo que pienso que me asiste el derecho de poder intervenir para situar mi posición.


El señor PRESIDENTE: Señoría, sigo insistiendo en lo mismo. El Reglamento es lo que es. No se puede discutir sobre lo que no existe. Y no se puede posicionar nadie sobre lo que no hay.
Por tanto, teníamos una moción consecuencia...


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Señor presidente, el senador Macías podía haber retirado la moción antes de intervenir.


El señor PRESIDENTE: Señoría, he estado atento a la presentación de la moción del senador Macías y entiendo que no ha habido ninguna alusión que pueda hacer que se tenga que manifestar otra posición, porque lo que ha hecho ha sido justamente lo contrario de lo que usted está diciendo.
Por tanto, señoría, no hay moción, no hay nada que discutir, por lo que no tiene uso de la palabra.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACION CON LA SOBERANIA DE GIBRALTAR (671/000018).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la soberanía de Gibraltar.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el senador Cortés.


El señor CORTES MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, traemos a colación la moción consecuencia de la interpelación que vimos en este mismo salón de Plenos hace ahora quince días y ciertamente que en estos quince días la cuestión de Asuntos Exteriores ha tenido una evolución no precisamente positiva y, lo que es peor, ha incidido hasta en la política interior de nuestro país , por razones que todos ustedes conocen y, naturalmente, por actuaciones de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, quien, por cierto, no pudo responder a la interpelación por nosotros planteada, que tuvo que ser contestada por el ministro Solbes.
Traemos, consecuentemente, hoy la moción. No voy a repetir los argumentos que ya expuse en anteriores situaciones, como fue en el debate de la interpelación, como fue en otro momento de intervenciones en Comisión.
Simplemente, haré una referencia a que tanto la interpelación como la moción nacen como consecuencia de una, a nuestro juicio, muy desacertada actuación del ministro de Asuntos Exteriores en el tema de Gibraltar.
Partíamos entonces, hace apenas dos meses, de un supuesto claramente favorable por primera vez en muchísimas décadas para España y ese presupuesto favorable no era otra cosa que la aceptación, insospechada, repentina y difícilmente entendible pero real por parte del Reino Unido de ofrecer la cosoberanía a España.
Partíamos de ese presupuesto y no se continuó en esa línea. Se estableció un parón y, en aras de eso que se ha dado ahora en llamar diálogo y talante, se llegó a una situación en la que parecía que nuestro ministro de Asuntos Exteriores más que estar en nombre y en representación de un país, del nuestro, estaba haciendo de mediador entre no dos sino tres Estados soberanos, lo cual era indudablemente una falacia.
Traemos esta moción con cuatro puntos concretos y claros.
Uno de ellos es recordar, pedir, exigir, instar --elijan ustedes el verbo que prefieran-- a nuestro Gobierno a no renunciar en ningún caso, bajo ninguna razón, al concepto, a la idea de soberanía de España sobre la colonia de Gibraltar.
En segundo lugar, quiero dejar claro, rotundamente claro lo que acabo de decir: la colonia de Gibraltar, el estatus jurídico que tiene y que corresponde al Peñón de Gibraltar desde hace ahora tres siglos, desde 1713, en función del Tratado de Utrecht. En ese tratado se establecía de forma clara, diáfana y rotunda que el día en que Gibraltar dejara de ser colonia británica pasaría a ser, de forma automática y sin necesidad de ningún tipo de mediaciones ni de acuerdos, de soberanía española.
El tercer punto en el que instamos al Gobierno es asimismo claro y rotundo, es el no aceptar la posibilidad de que Gibraltar y sus autoridades locales puedan intentar cambiar el estatuto jurídico del Peñón y, consecuentemente,

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hacerlo en nombre y a través de la autodeterminación.
El cuarto y último punto que planteamos es no aceptar claramente, porque no sería justo ni correcto hacerlo, ni la competencia ni la soberanía de las autoridades de Gibraltar que son, eso sí, autoridades locales, de una colonia, no menos, pero no más.
Es este un tema que afecta por igual al conjunto de españoles. No es un tema en el que debemos entrar ahora en razones cuantitativas o mercantilistas. Es un viejo problema, es una vieja reclamación, es una vieja aspiración basada en todo el Derecho Internacional a que Gibraltar acabe siendo una parte del territorio español bajo soberanía, como es lógico, española.
Es una moción que todos, absolutamente todos los grupos, todas las senadoras y todos los senadores pueden y deben votar a favor. Quiero dirigirme de forma especial a las senadoras y a los senadores del Grupo Parlamentario Socialista; entendemos, ¡cómo no!, que tienen ustedes la obligación de defender la postura del Gobierno y su ministro; eso es algo que entendemos como políticos y que respetamos, pero dicho eso, aquí hay un interés superior, hay un interés de España, del conjunto de los españoles y lo que estamos pidiendo son cosas que cualquier ciudadano, no ya parlamentario, cualquier español puede perfectamente suscribir. No habría razón alguna ni dentro de la lógica ni dentro del sentido común ni dentro de la política que pudiera llevar a entender que deben ustedes no apoyar y sí rechazar esta moción. Espero que así lo entiendan y que así sea su actuación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuevamente estamos hoy en un debate sobre Gibraltar del que se habla permanentemente y sobre su situación.
A la hora de hacer referencia a la enmienda que hemos presentado, querría remontarme al debate en el Congreso de los Diputados, que se produjo en abril del 2001, donde mediante una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre Gibraltar se hablaba de parecidos términos a los que hoy estamos debatiendo, es decir, de soberanía, del Tratado de Utrecht, etcétera; por tanto, podía compararse la propuesta hoy formulada por el Grupo Parlamentario Popular a la presentada en su momento.
Quería referirme al final de la intervención del representante de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, que profetizó una situación que hoy se da nuevamente. Al acabar su intervención dijo: Apoyo la proposición que presenta el Grupo Parlamentario Popular, pero esperamos que no se quede en una más que sirva de introducción a una proposición no de ley en iguales términos. Ciertamente el diputado Guardans fue profeta de una situación que hoy se nos plantea nuevamente.
De ahí nuestra propuesta de enmienda de adición para que, de alguna manera, se hable de temas concretos como los sociales y los de orden financiero, evidentemente no con la pretensión de introducir un debate nuevo, sino de intentar buscar razones concretas en un tema tan importante como éste.
Si profundizamos en este momento en el tema de Gibraltar constatamos claramente que el debate de Gibraltar es cíclico en las Cortes Generales, pero no existe, por parte de los grupos mayoritarios en el Gobierno en cada momento, una política a largo plazo, una estrategia concreta respecto de toda la problemática de Gibraltar. Lo que se está es al día a día, al debate del día a día con las políticas respondiendo más a cuestiones mediáticas y a declaraciones de denuncia que en ningún caso se acompañan con medidas concretas de Gobierno.
Ante todo esto creemos fundamental que el tema de Gibraltar sea analizado en toda su dimensión. Creemos que cuando se hable del tema de Gibraltar debemos profundizar en cuestiones tan importantes como son la seguridad, el tema europeo, el tema militar, las comunicaciones, la población, que parece que es la gran olvidada tanto de Gibraltar como de su entorno, y también el ámbito financiero, y alguien ha hablado ya de centro de corrupción en lo que hace referencia al mismo.
Es evidente que no se toman medidas al respecto y que, por otra parte, cada uno de los gobiernos de turno tampoco ejercen las competencias que podrían ejercitar. En su momento se dijo que en ningún caso ninguno de los gobiernos de los grupos mayoritarios ha ejercido las acciones que podía haber ejercitado en el tema de Gibraltar respecto de la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia Aduanera o el Servicio de prevención y blanqueo de capitales del Banco de España.
Evidentemente estamos ante un tema sobre el que no nos podemos permitir que pase el tiempo ni tampoco podemos convertir nuestra política exterior en permanente confrontación partidista. Es más, ayer en la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos intervine al final de la misma y dije que no era bueno para España, que no era bueno para el Reino de España, seguir en esta línea de permanente confrontación, de permanente desacuerdo entre los grupos mayoritarios en un tema tan importante como es la política exterior.
Quiero anunciar, señoría, que vamos a retirar nuestra enmienda de adición porque no podemos seguir en esta línea. Hemos de buscar los puntos de encuentro en un tema tan importante como es el de Gibraltar y la política exterior española.
En definitiva, y para facilitar al Gobierno, en este caso al Gobierno socialista, la capacidad de negociación retiramos nuestra enmienda de adición y estaremos pendientes del desarrollo del debate para formular nuestra posición final en la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra el senador Carracao.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista a quien me honro en representar en esta ocasión en relación con la moción presentada y defendida por el senador Cortés, pero no sin antes expresar --como saben muchas de sus señorías que han tenido en otras legislaturas muchas oportunidades de oír mis argumentos respecto del contencioso y de cómo éste afecta a los municipios que circundan la Roca-- que una nota ha sido constante en todas ellas: lealtad y apoyo al Gobierno porque ésta es una cuestión enquistada que data ya de 300 años y que requiere paciencia activa y políticas de población que sean capaces de generar un clima de confianza que permita a nuestros vecinos considerar las ofertas que se les puedan hacer.
Senador Cortés seguí con atención la pregunta que su señoría formuló al ministro de Asuntos Exteriores, al Gobierno, el pasado Pleno del día 3 y me dije: qué inoportuna es. La consideré una pregunta muy malintencionada, pero sobre todo, desleal y contraria a los intereses de España, porque ya el día 19 de mayo en la comisión su señoría y yo tuvimos la oportunidad de oír manifestar al ministro de Asuntos Exteriores el firme propósito del Gobierno de recuperar e impulsar el diálogo y la negociación sobre Gibraltar en el contexto del proceso de Bruselas y en el espíritu que alentó al ministro Piqué hasta julio de 2002. Su señoría y yo tuvimos la oportunidad de oírlo, señor Cortés, y sobre esta cuestión cabe formular al Gobierno muchas preguntas que supondrían desarrollar la legítima labor de control, pero que seguramente serían más beneficiosas al proceso en sí y a los ciudadanos y ciudadanas afectados.
Su señoría se podría haber interesado por el tema de la no revalorización de las pensiones, pero su Gobierno durante ocho años ni tan siquiera fue capaz de plantearlo con firmeza ante el Reino Unido. Su señoría se podría haber interesado por los problemas derivados del paso o los de la Seguridad Social para los más de 3.000 trabajadores actuales, o también por el régimen fiscal y financiero en Gibraltar. Pero su señoría sabe que sobre estas cuestiones el Gobierno ha puesto proa y que está remando con fuerza. Pero claro, era su derecho preguntar lo que deseara y se le contestó. ¿No quedó clara, señor Cortés, nuevamente la posición del Gobierno con la respuesta que le ha ofrecido el señor ministro? Toda la Cámara oímos con claridad --y así está recogido en el «Diario de Sesiones»-- que la estrategia del Gobierno en este asunto es la de desbloquear el proceso de negociación, y, a través de la cooperación y del diálogo, avanzar paso a paso para alcanzar el objetivo que creo que tenemos esta Cámara y todos los españoles: recuperar la soberanía de Gibraltar.
Señor Cortés, no quisiera que se sintiera ofendido, porque no lo hago con esa intención, pero me remito a la sabiduría del refranero: no hay más ciego que quien no quiere ver y no hay más sordo que quien no quiere oír, que se lo tiene que aplicar su señoría y su grupo. Ya el tenor de su pregunta, a alguien que, como yo, lleva tantos años dedicado a esta cuestión, le hizo presagiar algo de lo que ahora ya no me queda ninguna duda, que su grupo parlamentario, que el Partido Popular ha considerado que todo vale con tal de intentar desgastar al adversario, y que en ese todo vale ha entrado, lamentablemente, la ruptura del consenso que ha existido en todo el arco parlamentario español sobre la cuestión de Gibraltar.
Sus señorías, sin duda, han preferido situarse en una posición de francotirador y desde ahí intentar confundir a la opinión pública sin importarles el flaco favor que de esta forma prestan a los intereses españoles. Señor Cortés, a los intereses españoles, no a los intereses de un determinado partido. Ese es un mal camino y puede ser un camino sin retorno si persisten en él, pero sepan que, en cualquier caso, si han decidido en esta cuestión, como ayer lo manifestaron también respecto a Iberoamérica, tirarse al monte, esa es su responsabilidad, que no va a impedir que otros actuemos con sentido de Estado y por encima de intereses partidistas.


El señor PRESIDENTE: Senador Carracao, vaya terminando, por favor.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Voy terminando, señor presidente.
Señor Cortés, sería un gesto que retiraran la moción y no violentaran a la Cámara, sería un gesto que agradeceríamos y que aplaudiríamos porque reforzaría la posición española frente a británicos y a gibraltareños. De otra forma vamos a votar en contra y solicitar la solidaridad de los demás grupos porque su moción no es aceptable, por inoportuna. La negociación, y su señoría lo sabe, atraviesa en estos momentos un punto de inflexión muy delicado. En la reunión del pasado 27 de octubre los ministros británico y español acordaron considerar y realizar consultas ulteriores sobre el establecimiento de un nuevo foro de diálogo con agenda abierta sobre Gibraltar. En la actualidad se están llevando a cabo esas consultas.
La moción adolece de graves defectos. Se insta al Gobierno a no renunciar a la soberanía, y la negociación sobre la soberanía de Gibraltar y el objetivo del Gobierno es precisamente el contrario. Se dice que no se acepte el carácter competente y soberano de las autoridades locales de Gibraltar. Es cierto que no son soberanas, pero sí son competentes en aquellas materias que les han sido transferidas por parte de la potencia administradora. Su señoría sabe que Gibraltar tiene un amplio grado de autogobierno...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya. Posteriormente tendrá usted el turno de portavoces.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Concluyo, señor presidente.
Igualmente, señalan que la única alternativa a la actual situación es la reversión a España. Pues bien, les pido coherencia. ¿Quiere decir eso que se rechaza de plano la fórmula

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de cosoberanía durante un plazo temporal determinado, como negociaba el ministro Piqué? Espero su respuesta, señor Cortés. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LOPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Intervengo desde mi escaño para anunciarles que los senadores que integramos Izquierda Unida vamos a votar en contra de esta moción. Y me explicaré brevemente.
He leído con sorpresa el texto de esta moción del Grupo Popular, que yo no considero propia de un partido serio, de un partido que ha gobernado durante las dos legislaturas anteriores y pretende ser alternativa de gobierno. (Rumores.) Hubiera comprendido que presentara una moción a través de la cual se instara al Gobierno a abrir vías de diálogo e iniciar procesos de acercamiento hacia Gibraltar. Pero una moción que consta de cuatro puntos, en ninguno de los cuales se propone absolutamente nada, salvo no aceptar, no aceptar y no aceptar, no tiene ningún sentido e, insisto, demuestra una completa falta de seriedad.
Durante las anteriores legislaturas el Gobierno del Partido Popular generó una serie de expectativas sobre Gibraltar basadas en la presunta gran amistad entre el presidente del Gobierno y el primer ministro inglés, expectativas que posteriormente tampoco se tradujeron en nada. Da la sensación de que ustedes quieren atar de manos al actual Gobierno, pensando: Como nosotros no hicimos nada, vosotros tampoco lo vais a hacer.
En cualquier caso, una moción en estos términos es inaceptable para Izquierda Unida, por lo que repito que votaremos en contra.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Lamentablemente, estamos ante un desencuentro evidente de los grupos mayoritarios. Ya he dicho antes con el máximo respeto que no creo que este sea un tema de ciegos y sordos, ni mucho menos. Lo que ocurre es que tenemos planteado un problema sin una estrategia a medio y largo plazo y, además, repito, estamos sujetos a la ceremonia de la confusión por parte de los grupos mayoritarios.
Como es lógico, no vamos a colaborar en una situación de este tipo. Por ello, vamos a dar un plazo al Gobierno para que desarrolle algún tipo de estrategia. E invitamos al Grupo Popular a que presente una propuesta que profundice en todo lo que supone el posicionamiento del Reino de España respecto de Gibraltar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el señor De Puig.


El señor DE PUIG OLIVE: Gracias, señor presidente.
Señorías, aunque no nos ha sorprendido esta moción, tras la interpelación sobre el mismo tema al vicepresidente del Gobierno, en cierta forma nos ha alarmado. ¿Por qué? Por su contenido estricto.
Se puede comprender que forme parte del juego político el hecho de que la oposición critique al Gobierno y trate de erosionarlo. Pero eso se entiende menos cuando se trata de cuestiones esenciales. Como decimos en Cataluña, no se debe jugar con las cosas de comer. Sin embargo, se está utilizando este tema como arma arrojadiza al Gobierno cuando en realidad tiene tan poco contenido crítico, en primer lugar por el poco tiempo que el actual Gobierno lleva ejerciendo sus funciones, y porque verdaderamente está haciendo poco más de lo que intentó hacer en su momento el Grupo Popular. Por ello, creo que esta moción no era necesaria, y una reflexión por parte de dicho grupo debería llevar incluso a retirarla.
En realidad la moción es incoherente y contradictoria con su propia gestión. Me alegro de que esté aquí el señor Piqué. El fue el ministro que, después de unos años, desbloqueó una situación --ésta es la realidad-- y, según creo recordar, sobre este punto gozó del apoyo de todos los partidos políticos de la oposición. Hubo avances importantes con el señor Straw en relación con la cosoberanía, con la posibilidad de una negociación o contactos --dos banderas, tres voces, como se decía--, con presencia nada más y nada menos que del ministro principal de Gibraltar, aceptada en su momento --supongo-- por el señor Piqué y, sin embargo, ahora se nos dice en la moción que de ninguna manera y en ningún momento se acepte la mínima competencia de las autoridades gibraltareñas.
Esto nos parece una contradicción clarísima.
Además, en el resto de las propuestas observamos un lenguaje de españolismo irredento, de patriotismo pasado de moda, cañí, que en realidad no hace otra cosa que mandar un mensaje negativo que puede obstruir negociaciones de futuro introduciendo elementos objetivamente rupturistas y de bloqueo en lo que puede ser una negociación que hay que reiniciar.
En todo caso, nuestro grupo parlamentario, la Entesa Catalana de Progrés, si se sorprende de algo es por qué el buen trabajo realizado por el señor Piqué fue interrumpido por la ministra sucesora, y durante dos años, después de ciertos avances, quedó completamente frenado, parado y bloqueado el proceso. Es verdad que los otros protagonistas también tienen algo que ver, pero no lo es menos que la señora ministra dejó claro en su momento la poca voluntad que había por parte del Gobierno para proseguir en este campo.


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El vicepresidente del Gobierno, en el debate del otro día sobre la interpelación, me parece que desarboló toda argumentación acerca de lo que había pasado y de lo que estaba haciendo el Gobierno actual. Digo esto porque el señor Cortés aceptó que el curso histórico relatado por el señor ministro le parecía correcto. Lo dijo aquí y así figura en el «Diario de Sesiones». Por lo tanto, no habiendo discrepancias en lo que ha pasado, veo menos lo que plantea la moción, que a mi juicio no se compadece con elementos tan importantes como una cosoberanía circunstancial o temporal, como darle una silla y voz a los representantes de Gibraltar en las negociaciones y, además, tampoco se compadece con los esfuerzos que se están haciendo ahora para arreglar los problemas de la zona.
Para el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés hay cuatro líneas fundamentales ante ese problema. La primera es no bloquear y mantener los contactos y las negociaciones ininterrumpidamente. No puede pararse un proceso que es histórico, larguísimo, que puede ser todavía largo pero que no debe interrumpirse en manera alguna.
La segunda es que deseamos que exista una vía de diálogo y de cooperación, resolviendo los problemas de la situación y mejorando la relación como vecinos. Cuanto más nos aproximemos, cuanto más seamos capaces de cooperar, cuanto menos aristas haya entre gibraltareños y españoles y entre ingleses y españoles, más posibilidades habrá de solucionar este problema.
En tercer lugar, creemos que la solución hay que buscarla en el marco de la Unión Europea, y probablemente, para que exista una solución, no estará de más que lo planteemos como un fenómeno que sucede en territorio europeo.
Y finalmente, para nosotros es importantísima la voz de los gibraltareños. El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés no puede imaginar que haya una solución sin que los gibraltareños den su opinión, cuando sea, como sea, en su momento, pero es inimaginable que haya una imposición al pueblo de Gibraltar, y no digo a sus autoridades, sino al pueblo de Gibraltar.
Por tanto, como considero que la moción no se mueve en el terreno de facilitar el diálogo...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor DE PUIG OLIVE: Termino, señor presidente.
Como plantea problemas de lenguaje, de actitud, de agresividad incluso, sería mucho mejor, señor Cortés, que retiraran la moción en lugar de perder la votación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Carracao.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, mi grupo , y yo particularmente, quiere agradecer la posición manifestada por los distintos portavoces.
Señor Cortés, desearía que cuando suba a la tribuna no insistiese más en que el Gobierno ha renunciado a reclamar la soberanía de Gibraltar. Por activa y por pasiva, de manera muy clara y, además, con respeto a lo realizado por el ministro Piqué, se lo han explicado, en primer lugar, el ministro Moratinos y, en segundo, más profusamente durante su interpelación, el vicepresidente segundo del Gobierno, señor Solbes. Y ahora se lo dice este humilde portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Créame que si vuelve a insistir va a resultar grosero, porque se evidencia a todas luces que la intención es otra.
He podido observar que su señoría no se ha ruborizado cuando ha dado por hecho que el Gobierno anterior había conseguido compartir la soberanía de Gibraltar con el Reino Unido. Si esto hubiese sido así, díganos qué causa lo ha impedido; díganos si algún grupo parlamentario, si alguna fuerza política con representación parlamentaria cuestionó que el acuerdo de cosoberanía suponía renunciar a la soberanía.
Como han manifestado ya otros portavoces, el anterior Gobierno obtuvo el apoyo leal de todas las fuerzas políticas, lo que se deberían aplicar ahora sus señorías. Aquel proceso quedó interrumpido. Esa es la premisa de la que deberían partir. El 12 de junio de 2002, la recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores declinó asistir a una reunión con su homólogo británico, y, a partir de ahí, ya no se produjo ni un solo encuentro más, señor Cortés.
España, hasta entonces representada por el ministro Piqué, participaba en la base al principio de que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. Veo que el señor Piqué asiente, lo que le agradezco. Esta actitud dejaba abierta hasta el final la modalidad de la solución global que supondría el fin a la descolonización de Gibraltar.
Señor Cortés, si dispusiéramos de tiempo, le hablaría del referéndum celebrado en Gibraltar; le hablaría del interés militar del Reino Unido, lo que quizás ayudaría a esta Cámara a entender mejor las razones de la interrupción.
A diferencia del señor Moratinos, que ha comparecido muy frecuentemente, en la Cámara la señora Ana de Palacio no lo hizo; solicité su comparecencia en septiembre de 2002 y hasta ahora no ha acudido; usted sabe que se lo recriminé en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
Señor Cortés, su señoría sabe que en lo esencial no hay ningún cambio. En ningún caso, el Gobierno renuncia a recuperar la soberanía de Gibraltar.
Fue precisamente el señor Piqué, creo que con buen criterio, y a quien pongo por testigo, quien afirmó que planteamientos de todo o nada han sido los causantes de que este contencioso dure 300 años. Y yo le repliqué diciendo que dependía de lo que se estuviese dispuesto a renunciar. Es así, ¿verdad señor Piqué? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Repito, en lo esencial, no ha habido ningún cambio. No puede haberlo. No depende de que la indumentaria política del Gobierno sea de uno u otro color. Es algo que se desprende inexorablemente del Derecho Internacional. Esté tranquilo, señor Cortés. Sepa que el Gobierno no va admitir nada que suponga sustraer a España el protagonismo que le corresponde en esa zona crítica del planeta, que neutralice nuestros esfuerzos para hacernos valer y respetar

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como corresponde en los foros internacionales en los que se toman las grandes decisiones.
Muy brevemente, voy a hacer una referencia al aeropuerto, porque también instan al Gobierno a que reactive el Acuerdo de diciembre de 1987 de utilización conjunta. Ese acuerdo no se ha podido aplicar, como su señoría sabe, por la oposición del Gobierno de Gibraltar. Con el paso del tiempo ha llegado a quedarse obsoleto. De no ser así no entenderíamos que el anterior Gobierno en ocho años no hubiese sido quien hubiera tratado de reactivarlo. Por esa razón en la reunión del día 27 se acordó explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre el aeropuerto bajo fórmulas aceptables para todas las partes. Sepa su señoría que en ningún caso el Gobierno va a aceptar ninguna fórmula que suponga reconocimiento de soberanía británica sobre el istmo. Porque ésa es una ocupación de hecho, pero no tiene respaldo jurídico alguno. Cualquier fórmula deberá congelar o encapsular la controversia que existe sobre la soberanía del istmo. Partiendo de esa premisa, señor Cortés, deberá comprender que en este punto se tendrá que adoptar una posición pragmática puesto que la posición actual no ha conducido a nada.
Su señoría también se ha referido al tema del statu de Gibraltar. España no tiene bazas para hacer cambiar la situación de Gibraltar, pero si hubiese algún cambio sí deberá contarse con España. Porque Gibraltar no es un pueblo de aluvión, pero tampoco puede ejercer el derecho a la autodeterminación porque se lo impide el Derecho Internacional. Estoy convencido de que a su señoría podría estar dándole argumentos tras argumentos pero no le iban a servir para nada porque su posición es una posición prefijada.


El señor PRESIDENTE: Termine, senador Carracao.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Termino, señor presidente.
Su objetivo es el que es, señoría. Intentar que ante la opinión pública española el Gobierno aparezca como dispuesto a renunciar a recuperar la soberanía de Gibraltar. Y como esa es su posición, quizá pueda confundir a algunos, pero sepa usted que, desde luego, la sociedad española es una sociedad madura que no es fácil de manipular. Y hechos recientes deberían haber servido para que aprendiesen ustedes la lección.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Cortés.


El señor CORTES MUÑOZ: Señor presidente, señorías, gracias a todos los que han intervenido.
Quiero decirle unas brevísimas palabras a la senadora representante de Izquierda Unida. En cierto modo me tranquiliza que a usted no le parezca muy seria esta moción. Viendo ayer en la comisión de investigación del 11-M en el Congreso al señor Llamazares, me tranquiliza enormemente que lo que ustedes consideran serio sea distinto de lo que nosotros llamamos y consideramos serio. (Fuertes rumores.--Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Vaya, hombre!--Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señor Puig, le agradezco su intervención. (El señor Rodríguez Cantero: ¡Qué miedo, qué miedo!) Ha sido una intervención, cuando menos, meditada y trabajada.
(Rumores.) Le recuerdo que ya lo sabía, pero sobre todo lo sabía en este caso porque estaba sentado al lado del senador Piqué, que era ministro en aquellos momentos y en aquellos lances (Fuertes rumores.), y me ha recordado que el señor Caruana, cuando comparecía en esa mesa como tercera parte en ese diálogo, lo hacía siempre dentro de la delegación británica, no fuera o con un status propio. (Fuertes rumores.) Dice usted que no hay que parar las negociaciones. Naturalmente que no. Yo creo que eso es obvio. Es que las negociaciones de Gibraltar o de cualquier otra cuestión que estén sin resolver o sin terminar no se deben parar nunca.
Hay que continuar con ellas.
Ha hecho usted una referencia a lo cañí y a lo patriotero, y yo debo decirle que cuando se hacen referencias a España y a lo español esas referencias también tienen su derecho a tener su propio status de patriotismo noble y correcto. No hay que calificarlo de patriotero, y muchísimo menos de cañí. Yo soy español y creo que tengo derecho a defender los intereses de España y a decirlo con toda claridad. (Fuertes rumores.) Estoy convencido de que hay muchas senadoras y muchos senadores que en esto opinan exactamente lo mismo.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, he de decir que lamento que hayan retirado la enmienda. Habían presentado una enmienda positiva que íbamos a aceptar, porque realmente aportaba algo más. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CORTES MUÑOZ: La hubiéramos recogido y, con ello, enriquecido la moción.
El representante del Grupo Parlamentario Socialista, que ha tenido la opción de intervenir en dos ocasiones, igual que yo, y ha podido explayarse a gusto, dice que mi posición está prefijada. Déjeme, señor Carracao, que sospeche, sólo que sospeche, que la suya se la han prefijado. (Rumores.) Sólo lo sospecho, pero me da esa sensación.
No se ha dedicado usted a defender nada. Sí lo intentó hacer ayer y se pasó; como decían los sudamericanos en las películas antiguas, se pasó de maracas. Quiso defender tanto al ministro Moratinos que parecía más una declaración de amor fuera de contexto. Pero hoy no lo ha hecho, no ha intentado defender al ministro, ha cambiado y ha adoptado otro sesgo que le parecía más positivo, que es el de atacar al anterior ministro, en este caso, ministra. Bueno, es una fórmula que no conduce absolutamente a nada y que no argumenta nada, pero puede servir.


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Al principio de su intervención el señor Carracao ha dicho a modo de axioma, como si fuera lo más importante que podía decir --y quizá haya sido así--, que todos teníamos que ser leales y apoyar al Gobierno de España. No tenga la menor duda de que nosotros somos leales --yo lo soy-- al Gobierno de España pero eso no significa que, cuando un ministro está cometiendo un error --y no quiero utilizar la palabra que rima con el apellido del ministro-- tras otro, nosotros tengamos la obligación de evidenciarlo y denunciarlo y pedirle al ministro que haga lo que ya se le ha pedido en varias ocasiones, o bien que dimita o bien aprenda el oficio, pero que lo haga rápido porque nos está dejando la política exterior en muy mal estado y peores condiciones.
Se sigue insistiendo en el diálogo y en el talante, y eso está muy bien pero no es el fin; en todo caso, puede ser un medio que conduzca a un fin bien pensado y preparado.
¿Qué ocurre con Gibraltar? ¿Por qué requerimos al Gobierno? ¿Por qué presentamos una moción que parece que preocupa al señor Carracao? En realidad, señor Carracao, no le preocupa la moción, sino tener que votar en contra de la misma. En el fondo, lo que quiere usted es tranquilizar su conciencia porque va a decir que no. Pidamos que se defienda la soberanía de España en Gibraltar por encima de todo, y más usted que es gaditano.
Le remuerde la conciencia y quiere que yo le resuelva el problema. ¿Cómo? Haciendo un acto noble y de generosidad: retirando la moción. Pues no, señor Carracao. La moción está llena de sentido común e incluso, si quiere usted, de sentido español. No la vamos a retirar y usted puede votar en contra, y lo hará, no sé si de acuerdo o en contra de su conciencia, porque usted sí ha mantenido una posición prefijada de antemano desde el momento en que ha salido a defender el turno en contra.


El señor PRESIDENTE: Senador Cortés, concluya.


El señor CORTES MUÑOZ: Termino, señor presidente.
Lamentamos decir, y termino con esto, que el señor ministro de Asuntos Exteriores no inspira confianza en su habilidad dialéctica y en su capacidad de negociación. No lo ha hecho hasta ahora. Ha abierto frentes innecesarios en numerosos lugares y puntos de este planeta al que todavía llamamos Tierra.
Lo que pedimos es que eso se resuelva. Cualquiera de ustedes puede votar a favor de la moción, háganlo; si no, señor Carracao, vote en contra de su conciencia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.--El señor Carracao Gutiérrez pide la palabra.) Senador Carracao, dispone usted de 30 segundos.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor presidente. Con eso será suficiente.
Senador Cortés, cuando subí a esa tribuna dije que fijaría la posición de mi grupo. Yo no salgo a defender posiciones particulares, sino a defender la posición de mi grupo como portavoz del mismo que soy. Esa posición la hemos fijado dentro de mi grupo. Pero le diré algo más, mi voto va a ser un voto de conciencia y comprometo mi honor a que ello es así; un voto en contra de su moción, que es oportunista y desleal hacia los intereses de España. (Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!--Rumores y protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Cortés Muñoz pide la palabra.) Senador Cortés, dispone usted de otros 30 segundos.


El señor CORTES MUÑOZ: No necesitaré tanto tiempo, señor presidente.
Muchas gracias.
Señor Carracao, cuando yo salgo a defender algo, defiendo lo que yo pienso, y da la casualidad... (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor CORTES MUÑOZ: ... da la casualidad que de forma natural coincide con lo que piensa mi grupo y todos los miembros del mismo, por lo que no tengo que hacer ningún tipo de filibusterismo político para autoconvencerme, que es, señor Carracao, lo que le ocurre a usted hoy, que piensa una cosa y tiene que defender y votar otra. Lo lamento por usted. No es mi caso.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores y protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a favor, 123; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER UN NUEVO MARCO JURIDICO Y FINANCIERO EN EL AMBITO DE LA FORMACION CONTINUA (671/000019).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés por la que se insta al Gobierno a establecer un nuevo marco jurídico y financiero en el ámbito de la formación continua.


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A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora Burgués.
Señorías, les ruego que guarden silencio o que salgan del hemiciclo. Por favor, no formen corros dentro. (Pausa.) Senadora Burgués, cuando quiera.


La señora BURGUES BARGUES: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la moción consecuencia de interpelación que a continuación paso a defender mi grupo, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, pretende que el Senado se manifieste de manera expresa respecto a la regulación futura de la formación continua de los trabajadores.
Creemos que al Senado, en su faceta de Cámara territorial, le corresponde pronunciarse sobre una cuestión compleja, pero que tiene innegables efectos territoriales y competenciales. Entendemos que sería altamente positivo que entre todos podamos alcanzar unos puntos mínimos de acuerdo que contribuyan a enriquecer el diálogo que en este momento mantiene ya el Gobierno con las comunidades autónomas y con los agentes sociales y económicos.
El actual modelo de formación continua es inviable tras las reiteradas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Como sus señorías ya conocen, al resolver diversos recursos promovidos por la Generalitat de Cataluña y por la Xunta de Galicia, las sentencias del Constitucional han estimado los conflictos de competencias planteados por las comunidades autónomas, estableciendo como doctrina firme que la gestión de la formación continua y la concesión de subvenciones para el fomento de la acción formativa corresponde a las mismas, ello sin perjuicio de la competencia del Estado en lo referente al establecimiento del marco legislativo.
El texto que se propone a la Cámara ha sido elaborado con un ánimo totalmente constructivo y con el deseo de que el Senado adquiera el protagonismo institucional que merece en el debate del nuevo marco de formación continua, con las importantes implicaciones laborales y económicas que ello conlleva.
Pasando ya a su contenido, la moción pretende abordar la cuestión de la formación continua desde sus aspectos más relevantes. En primer lugar, en su primer apartado reitera la importancia de la formación continua de acuerdo con las directrices del Consejo Europeo.
En segundo lugar, incorporando la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional, se incluye el reconocimiento expreso de la competencia que en materia de formación continua tienen las comunidades autónomas y, en consecuencia, interesa la transferencia a las comunidades autónomas de los recursos económicos correspondientes para la gestión de la formación continua, estableciendo su territorialización conforme a criterios objetivos de reparto.
En tercer lugar, se alude a la necesidad de contar con un modelo de formación continua renovado, que mejore la eficacia actual de las ayudas y su nivel de ejecución y que se halle plenamente adaptado al marco de una economía cada vez más competitiva y globalizada, cuyas características finales deben ser concertadas con los agentes sociales y las comunidades autónomas, que aborde cuestiones como la integración de formación profesional continua y la formación profesional ocupacional, la formulación de una oferta formativa conjunta dirigida tanto a trabajadores ocupados como desempleados; un uso más adecuado de las acciones de formación en las empresas, con una mayor incidencia en pequeñas y medianas empresas; la evaluación capacidad-impacto de la formación de los trabajadores, el seguimiento y control de los recursos públicos destinados a la formación.
Por último, se plantea un plazo máximo de duración del actual período transitorio, una medida transitoria, que no debe diferir más allá de finales del año próximo, sin perjuicio de que el Gobierno realice gestos claros de transición hacia el nuevo sistema.
Precisamente el debate en el Senado de las enmiendas del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado puede ser un momento adecuado para profundizar en dicha transición, concretamente en la transferencia de recursos a las comunidades autónomas. En este sentido, nuestro grupo ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y es desde aquí desde donde entiendo debe avanzar en ese nuevo modelo de formación continua.
Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Antes de pasar la palabra al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que tiene una enmienda, quiero dar la bienvenida a un grupo de estudiantes de Iberoamérica que tenemos hoy con nosotros y que han venido a formarse en España en la acción política. (Aplausos.) Gracias, señorías.
Tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor presidente. La enmienda que voy a defender la ha presentado, obviamente, Convergència i Unió y no Entesa Catalana de Progrés, señor presidente, porque todavía no estoy en tránsito a otro grupo parlamentario (Risas.); ni ahora ni más adelante.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le pido disculpas.


El señor CASAS I BEDOS: Yo comprendo que algunas de sus señorías estén sorprendidos por la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario, enmienda que propone la supresión del párrafo de la moción que pide que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional. Y hemos hecho esto porque exactamente el día 11 de noviembre --no hace ni siquiera un mes-- en el Parlamento de Cataluña se debatía una moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en la que se pedía exactamente esto: que el Gobierno cumpliera las cuatro sentencias del Tribunal Constitucional que le obligan a traspasar la competencia y los fondos a los gobiernos autonómicos. Pues

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bien, en ese debate los grupos parlamentarios que conforman Entesa Catalana de Progrés contestaron lo siguiente en el Parlamento de Cataluña: que el Gobierno lo estaba haciendo bien --tengo el «Diario de Sesiones», aunque no se lo voy a leer, pero está a su disposición-- ; que era demostrar una falta de confianza presentar una moción en estos términos; que además el Gobierno de la Generalitat tenía muchos frentes abiertos con el Gobierno del Estado, que no había que presionar y que los ritmos los marca el Gobierno y no el Parlamento con una moción, y que aunque coincidían con el fondo de la moción, en modo alguno estaban de acuerdo con este instrumento parlamentario porque no se podía presionar al Gobierno, era una falta de confianza y es el Gobierno el que debe marcar el ritmo.
Señorías, yo he presentado la enmienda --como buen social cristiano-- para liberarles de la responsabilidad que significaría para ustedes que la Cámara en pleno votara que desconfía del Gobierno. Sería insólito que un grupo parlamentario que apoya al Gobierno nos pida que digamos que no confiamos en el Gobierno, porque la consecuencia de esta votación sería que el presidente del Gobierno tendría que presentar la cuestión de confianza. Y es que no es posible que se nos diga en el Parlamento de Cataluña que es una falta de confianza hacia el Gobierno presentar esta moción y que luego la presenten ustedes aquí a las tres semanas; sean consecuentes con el discurso de sus grupos parlamentarios y con el discurso del Gobierno de la Generalitat. No se puede decir aquí una cosa y allí decir otra.
Además, si alguien está legitimado para pedir que se cumplan estas sentencias es mi grupo parlamentario, porque fue el Gobierno de Convergència i Unió el que presentó los recursos al Tribunal Constitucional; no consiguió que el Partido Popular cumpliera las sentencias y ahora el Partido Socialista, que está en el Gobierno, tampoco las cumple. Por lo tanto, no puede ser que se nos diga que es desconfiar del Gobierno instarle a que cumpla las sentencias y que luego lo hagan ustedes, que son los que dan apoyo al Gobierno. ¿Quién se fía del Gobierno aquí? Pues bien, yo hoy voy a hacer un acto de confianza y pido que retire este punto porque confío en el Gobierno, y confío en el Gobierno porque es la voluntad que manifestó el Parlamento de Cataluña en la votación hace tres semanas a instancias suyas, donde nos llamaron irresponsables y además nos dijeron que el ritmo lo marca el Gobierno. Pues dejen ustedes que el ritmo lo marque el Gobierno que ustedes han votado. Lo que no pueden hacer es votar allí una cosa y decirnos aquí exactamente lo contrario, porque además el tema es tan sencillo como cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional; ni siquiera tendríamos que estar haciendo este debate, porque es tan sencillo como que el Gobierno se limite a cumplir la sentencia del Constitucional, todo lo demás sobra.
Por lo tanto, si nuestra moción en el Parlamento de Cataluña sobra según sus razonamientos, sobra muchísimo más en esta Cámara, ya que ustedes han dado el voto de investidura al presidente del Gobierno. No nos pidan que nosotros ahora, juntamente con ustedes, digamos que no tenemos confianza en el presidente del Gobierno. (Rumores.) Insisto, de seguir el razonamiento que su portavoz expuso en el Parlamento de Cataluña, y acto seguido a votar esta moción, el presidente del Gobierno tendría que presentar la cuestión de confianza o, si no, no se entiende. ¿O es que si lo presento yo es malo y si lo presenta usted es bueno? ¿El mismo texto presentado por unos es legítimo y si lo presentan otros no? Nosotros no vamos a jugar a este juego. Seamos un poco más serios y, en todo caso, cojan el teléfono o utilicen el «e-mail» y contacten con el grupo parlamentario que está en el Parlamento de Cataluña y que les explique lo que hace y lo que deja de hacer porque, si no, se producen estas contradicciones. Como hay una contradicción, lo mejor es retirar el punto o aceptar mi enmienda, y evitaremos que ustedes pasen un mal trago o que se les suban los colores si es que tienen dignidad política.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.


El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra, de forma muy breve, para manifestar que nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con el espíritu de la moción y, por lo tanto, la enmienda que presentamos trata de ajustar el espíritu de la moción a la sentencia del Tribunal Constitucional 95/2002, que señala textualmente: no corresponde en este fin a este tribunal establecer los criterios sobre cuáles han de ser las modalidades organizativas y de gestión de los planes de empresa o de los planes agrupados que por su dimensión supraterritorial u otros motivos determinen la imposibilidad de su gestión por la Generalitat de Cataluña. Ha de ser pues al Estado a quien incumba la ordenación de esta actividad quien delimite unos supuestos de otros y decida aquéllos en que, por exceder a la competencia autonómica, la gestión o la ejecución de las acciones formativas no corresponda a la comunidad autónoma.
De ahí que, en todo caso, nuestras propuestas de modificación sean de matiz y coincidan básicamente con el espíritu de la moción. Se trata de adecuar el texto de la moción a la sentencia del Tribunal Constitucional, a lo que está siendo el marco de relaciones entre el Gobierno y los agentes sociales y, cómo no, el marco de relación que está teniendo el Gobierno con la Conferencia Sectorial en esta materia.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Burgués para manifestar si acepta o no las enmiendas.


La señora BURGUES BARGUES: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar mi posición en relación con las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


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Señor Casas, no entiendo bien la enmienda que usted ha presentado, ya que suprimir este párrafo supone la negación del motivo por el cual se presentó una interpelación al Gobierno hace dos semanas, la cual ha dado lugar a la moción de hoy. Efectivamente, en un mes pueden suceder muchas cosas. El Gobierno ha aceptado la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno está trabajando en esta línea y es precisamente ahora cuando se están empezando a cumplir las sentencias. Dentro del diálogo existente entre el Gobierno y las comunidades autónomas, esta moción está más actual que nunca, ya que lo que pretendemos es precisamente ayudar a este diálogo y a este consenso.
Se aceptan las modificaciones del Grupo Parlamentario Socialista y la propuesta de añadir una nueva letra en el punto cuatro, ya que es positivo que exista una negociación colectiva de carácter sectorial en las acciones en formación continua, que refuercen este consenso y la búsqueda de acuerdos entre todos los sectores sociales.
Por lo tanto, no se aceptaría la enmienda del Grupo de Convergència i Unió y sí la del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces. Tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LOPEZ AULESTIA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a fijar la postura del senador y la senadora de Izquierda Unida.
Estamos convencidos de que la formación continua es un instrumento básico para la actualización y adaptación de los trabajadores y trabajadoras a un mercado de trabajo cambiante y en continua situación de progreso y adaptación a la utilización de las nuevas tecnologías, etcétera. Creemos que la actual estructura es deficiente y que la moción que presenta el grupo parlamentario de la Entesa así como la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista están en la línea de solucionarlo. Por tanto, apoyaremos estas iniciativas que tienden a mejorar la formación continua de los trabajadores.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que me he explicado muy bien: el que ha votado que sí a que el Gobierno cumpla la sentencia es mi grupo parlamentario, el que ha votado que no es el suyo, y el que ha dicho que votar que sí es desconfiar del Gobierno es su grupo parlamentario, no el mío. Por lo tanto, hoy lo que hace usted aquí es decir públicamente que desconfía del Gobierno. Esto es lo que hay.
Pero es que hay más. Yo no sé qué es lo que pretende la Entesa con esta moción porque, por una parte, la Entesa --dice «La Vanguardia»-- acepta la transferencia del 50 por ciento del Forcem; del 50 por ciento no, señoría, debe ser del 100 por cien, que es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ustedes presentan una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que se conforman con 40 millones de euros, cuando lo que le tocaría al Gobierno de la Generalidad cumpliendo la sentencia al cien por cien son 123 millones de euros. Es decir, ustedes tienen tres discursos distintos. Hoy piden que el Gobierno cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional. En Cataluña dicen que no porque esto es desconfiar del Gobierno. Al mismo tiempo, solicitan en una enmienda una cantidad que supone menos de la mitad de lo que significa cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Y el ministro Caldera dice que para Cataluña son 40 millones, cuando lo que le correspondería cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional son 123 millones.
Creo que ustedes tienen un grave problema de identidad. No sé si existen psicólogos que se dediquen a la política, pero deben decidir qué quieren ser de mayores, si Gobierno u oposición, pero tres discursos al mismo tiempo no es posible, porque se les ve venir. Y aquí mantienen tres posiciones distintas: en el Parlamento catalán nos echan la gran bronca por pedir lo que usted solicita hoy; en una enmienda solicitan una cantidad inferior a la mitad de lo que supone cumplir la sentencia, y el ministro dice que dará 40 millones, cuando lo que corresponden son 123.
Por tanto, insisto, ustedes tienen que decidir si quieren hacer oposición o dar soporte al Gobierno, pero mantener los tres discursos al mismo tiempo no es de recibo.
Este es un asunto en el que el pacto y el consenso sería muy fácil. Lo que no puede ser es que ustedes quieran hacer el discurso de todos: el nuestro, el del Gobierno, el de la oposición y el de no sé quién.
Pónganse de acuerdo con el ministro, porque son ustedes los le han dado apoyo parlamentario, sobre cuál es la cifra que deben traspasar. La cifra de la sentencia del Tribunal Constitucional son 123 millones de euros, el ministro dice 40, y la Entesa dice que se conforma con la mitad. Esto es lo que hay, o sea, cubrir todos los flancos, intentar hacer creer a la opinión pública que ustedes son duros, pero luego votan lo que les dice el Gobierno contraviniendo una sentencia del Tribunal Constitucional.
Esta es la pura realidad. Insisto, ojalá yo pudiera votar con ustedes esta moción, pero no sé qué es lo que quieren, porque las enmiendas que han presentado al presupuesto no coinciden con lo que usted dice aquí, lo que dice el señor ministro no coincide con lo que usted dice aquí, y lo que corresponde al Gobierno de la Generalidad con la sentencia del Tribunal Constitucional es más del doble.
Por tanto, señores de la Entesa, insisto en que dediquen unas jornadas a la reflexión, que se vayan a El Paular o al Pantano de Sau --a un hotel en el que estén tranquilos--, y decidan qué es lo que quieren ser: Gobierno u oposición. Lo que no pueden hacer es el discurso de todos, porque eso no vale; al menos, nosotros estaremos atentos para que no se levante la camisa al personal --y pido perdón por esta expresión--, porque eso no puede ser: o una cosa o la otra.


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Si usted quiere que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional, sobran todas las enmiendas que han presentado al presupuesto y, evidentemente, no podrán votar a favor del discurso del señor ministro de Trabajo, que ofrece mucho menos de la mitad.
Cuando ustedes se pongan de acuerdo, tengan las ideas claras y sepan qué es lo que quieren hacer, llámennos, que llegaremos a un consenso y haremos lo que sea más adecuado; sin embargo, quiero que quede claro que si alguien está legitimado para defender el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional es mi grupo parlamentario, que fue el que desde el Gobierno de la Generalitat presentó los cuatro recursos, a pesar de que ustedes ahora intenten hacer ver que lo resuelven todo con el Gobierno amigo, pero no es así, porque el resultado es que les dan menos de lo que correspondía anteriormente.
Por tanto, señorías, insisto en que deben andar con cuidado porque la opinión pública no se merece que estemos mareando la perdiz y dando cifras totalmente distintas en mociones y en enmiendas, con el ministro diciendo una cosa, ustedes diciendo otra y votando una cosa allí y otra aquí.
Por tanto, vamos va votar en contra de esta moción porque ustedes no saben lo que quieren.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bravo.


El señor BRAVO DURAN: Gracias, señor presidente.
Sus señorías han podido comprobar por nuestras actuaciones desde que comenzó esta legislatura, así como en las anteriores, que mi grupo parlamentario siempre ha estado --y seguirá estando--, dispuesto a apoyar e impulsar todas las medidas y actuaciones políticas que vayan encaminadas a hacer del conjunto del Estado una sociedad plenamente insertada y desarrollada en el siglo XXI; y no creo que haya dudas sobre este particular.
En este sentido, siempre he insistido en los riesgos y las incertidumbres que se avecinan, y también en las posibilidades, y queremos mostrar nuestro apoyo expreso a esta moción porque entendemos que el factor clave del éxito radica, desde luego, en las personas, en sus valores, sus actitudes y su formación, que constituyen los pilares básicos sobre los que es posible construir una sociedad estable, fuerte, dinámica, competitiva y que merezca la pena.
Queremos subrayar la importancia crucial que en este mundo globalizado y competitivo es obligado atribuir a la formación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida; para nosotros es fundamental. Por ello, estamos dispuestos a apoyar iniciativas como ésta, que den un impulso firme a la formación a lo largo de toda la vida de los trabajadores pero, eso sí, en tanto en cuanto no supongan restricción alguna a la plena capacidad que en esta materia corresponda a las comunidades autónomas o, al menos, a la de Euskadi.
Señorías, para mi grupo parlamentario no es de recibo la afirmación que hizo el señor ministro en la réplica a la interpelación origen de esta moción, ratificado después en la dúplica y hoy, precisamente, en la prensa, en el sentido de que la participación de las comunidades autónomas se va a fijar en el 50 por ciento del conjunto de la gestión de la formación continua, porque eso supondría un nuevo y flagrante incumplimiento de una ley orgánica; concretamente, del artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, tan defendido últimamente como incumplido por el partido en el Gobierno, que determina la competencia de las instituciones vascas para la ejecución de la legislación laboral y que dice textualmente: «... promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral.» El señor ministro o el Gobierno pretenden que sea la mitad de la cualificación o la mitad de la formación integral. No, señores, eso no es así. Se deben transferir el 100 por cien de los fondos y, además, cuanto antes.
Ciertamente, no nos hace ninguna ilusión el punto 5 de la moción por cuanto que la entrada en vigor se debería haber producido hace ya demasiado tiempo, y en las actuales circunstancias creemos que no se debe en modo alguno agotar el plazo que cita la moción, de enero de 2006; y el Gobierno cumpliría si lo hiciera el 1 de enero de 2005 o, por lo menos, lo antes que fuera técnicamente posible. Espero que el señor ministro recapacite, lea los textos legales con rango de ley orgánica --alto nivel legislativo--, y reconozca íntegramente y no capitidisminuidas las competencias de cada una de las comunidades autónomas, conforme a una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional --ya hay tres sentencias-- que señala: Por tanto, la gestión de estos fondos --de todo, no del 50 por ciento-- corresponde a las comunidades autónomas, de manera, por regla general, que no puede consignarse a favor de un órgano de la Administración del Estado u organismo intermediario de ésta. Su texto es perfectamente claro.
Por tanto, cúmplase y respétense también los criterios que señala la propia sentencia respecto de la territorialización, con criterios objetivos de reparto, tal y como señala en este punto por lo menos la moción y que contaría con nuestro apoyo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La senadora Burgués no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.


El señor ALONSO GARCIA: Gracias, señor presidente.
Sin entrar en los antecedentes del sistema vigente y que el actual Gobierno ha heredado, quisiera destacar los tres pilares básicos en los que el Gobierno está articulando su política de formación: por un lado, como primer pilar, el sistema de bonificación de cuotas a la Seguridad Social que se pueden aplicar directamente a las empresas que proporcionen formación a sus empleados; por otro, a través de la realización de planes sectoriales o intersectoriales de formación y la suscripción de contratos--programa entre estas organizaciones y la posibilidad de que los fondos estatales financien acciones complementarias cuyo objeto es la investigación del mercado de trabajo, el análisis de la repercusión de la formación continua en la competitividad

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de las empresas, a fin de determinar en esta materia las necesidades de formación.
De estos tres pilares del sistema solo se había aprobado en esta materia el desarrollo reglamentario de uno de los tres, aquel que corresponde a las bonificaciones que se deducen las propias empresas, lo que permitía la puesta en práctica de la parte cuantitativamente más importante del sistema y, sin embargo, estaba pendiente el desarrollo reglamentario de las otras dos: contratos-programa, por una parte, y acciones complementarias, por otra, por lo que no resultaba de aplicación. Además, se había planteado un serio conflicto con varias comunidades autónomas, ya que éstas consideraban muy insuficiente la participación en la gestión que el nuevo sistema les confería, postura refrendada por el propio Tribunal Constitucional.
Por tanto, señorías, hay que cambiar el modelo y eso exige abordar la tarea de diseñar y planificar uno nuevo, lo que supone en la concepción de este Gobierno abrir un proceso en el que intervengan todas las partes, los interlocutores sociales, de un lado, a través del diálogo social y, por supuesto, las comunidades autónomas, es decir, llevará al Gobierno cierto tiempo modificar el sistema. Por tanto, no se puede cambiar de forma inmediata, pero mientras tanto se ha diseñado un período transitorio.
En este sentido, señorías, quiero destacar que en el marco de la conferencia sectorial de asuntos laborales se ha llegado a un acuerdo con todas las comunidades autónomas para este año y el próximo y, entre tanto, se está estudiando la definición de un sistema, que podría entrar en vigor a comienzos del año 2006 y que deberá ser consensuado con los interlocutores sociales.
Según el referido acuerdo, señorías, hasta que se apruebe el nuevo modelo se seguirá aplicando el que se inició este año, pero en éste la participación de las comunidades autónomas se va a ir ampliando progresivamente a la gestión de las subvenciones mediante la suscripción de contratos-programa y la realización de acciones complementarias, otorgándoles progresivamente una mayor participación en la gestión.
Por eso, en este sentido, ya se han aprobado dos órdenes ministeriales que posibilitan la puesta en práctica de estas acciones. Así, en el año 2004, como puso de manifiesto en la interpelación el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Caldera, se transferirá a las comunidades autónomas por primera vez una parte importante de la gestión de la formación continua, en concreto, señorías, el 37 por ciento del presupuesto para contratos-programa y el 50 por ciento del correspondiente a las acciones complementarias. Ello supondrá que las comunidades autónomas dispondrán de 135 millones de euros para gestionar acciones de formación continúa en su territorio, cuando hasta ahora no disponían de suma alguna para su gestión en esta materia. Estos fondos se han repartido a través de acuerdos con las comunidades autónomas y teniendo en cuenta el número de trabajadores existentes en cada comunidad. Por otra parte, la cantidad inicial prevista para el año 2005, año todavía en transición, se va aumentar y ascenderá a casi 150 millones de euros. Se pretende, por lo tanto, que la participación de las comunidades autónomas se vaya incrementando hasta alcanzar, a partir del año 2006, el 50 por ciento sobre el conjunto de la gestión.
Las líneas básicas del nuevo modelo de formación profesional en el ámbito laboral, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la intención de presentar en la mesa de diálogo social y, por supuesto, al consenso con el conjunto de las comunidades autónomas son las siguientes: Primera, no debe haber una diferenciación entre la formación continua y la formación profesional ocupacional.
Segunda, el debate sobre este modelo deberá tener como referentes al menos los siguientes principios: En primer lugar --y esto para el Gobierno actual es intocable--, está la unidad de caja de la cuota de formación profesional. En este sentido dejó muy claro el ministro Caldera que este Gobierno no va a permitir en modo alguno que el conjunto de las cotizaciones a la formación profesional se pueda desagregar. Habrá una unidad de caja, como ocurre con el sistema de gestión de la Seguridad Social. En segundo lugar, el protagonismo de los agentes sociales y de la importancia de la negociación colectiva en el desarrollo de las distintas iniciativas en materia de formación. En tercer lugar, la participación de las Comunidades Autónomas en el acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Constitucional en abril y octubre del año 2002. En cuarto lugar, la unidad de mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el desarrollo de las acciones formativas. En quinto lugar, la consideración de la formación profesional como un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida.
Concluyo, señorías, diciendo que, al igual que en el modelo actual, se mantendrán tres iniciativas: la primera sería de acciones de formación en las empresas; la segunda sería la oferta formativa dirigida tanto a trabajadores ocupados, como desempleados y la tercera iniciativa correspondería a los instrumentos de apoyo y acompañamiento a la formación, a lo que debemos añadir para concluir que, asimismo, habrán de tenerse en cuenta a la hora de diseñar el nuevo modelo de formación profesional para el empleo, la evaluación de la calidad de eficacia e impacto de la formación y el seguimiento y control de los recursos públicos destinados a la formación de los trabajadores.
En línea básicas, puesto que la moción que se presenta coincide básicamente con los argumentos y la exposición realizada por el señor ministro en esta materia, quiero dejar constancia que la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la materia que nos ocupa será positiva. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el contenido del texto de esta moción y nos felicitamos, en todo caso, por la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desgraciadamente hemos acudido a un rifirrafe donde una determinada comunidad autónoma, tal vez

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con razón en algún caso y tal vez sin razón en otros, pretende jugar con doble baraja. Y digo con doble baraja porque estamos de acuerdo y estamos conformes --como ha dicho la portavoz de Entesa-- con que el protagonismo de la Cámara Alta debe ser primordial e importante y así lo estimamos.
Estamos conformes y compartimos plenamente lo que se debe de hacer.
Estamos conformes con que esta formación continua se lleve a cabo tal y como determina la última sentencia del Tribunal Constitucional donde dice qué es lo que se debe de cumplir respecto de las comunidades autónomas.
Esta sentencia del 21 de septiembre pasado, que ya es la cuarta que vamos a debatir, no es más ni menos que un fiel cumplimiento de lo que es una sentencia que hay que ejecutar en todos sus términos. Ahora bien, divagar sobre si se debe de cumplir en parte, si no se debe de cumplir en parte o si no se debe comunicar a las comunidades autónomas lo que no interesa, no es de recibo.
Sin embargo, yo estuve atento a la enmienda que ha presentado el Partido Socialista que difiere --se lo digo con todos mis respetos a su portavoz-- de la propuesta en sí de Entesa porque cuando habla en el punto segundo del reconocimiento de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, la expresión «íntegra» desaparece. La expresión «íntegra» no se quiere llevar, no se quiere extrapolar para que sea de verdad la comunidad autónoma la que administre esas situaciones de esa formación continua. Por lo tanto, se sesga de alguna forma la propuesta para que de común acuerdo se pueda llegar a un consenso, que yo entiendo perfectamente dado el color político de cada portavoz que habla.
Todo esto lo acaba de decir el portavoz de CIU. Si es verdad que a la propuesta que hizo el portavoz de dicho partido político en la Generalitat de Cataluña no se le ha hecho caso, no entiendo cómo, según Entesa, afectaría mediante enmienda en los presupuestos hasta el 50 por ciento de la cuantía de las aportaciones.
Yo preguntaría, ¿qué pasa?, ¿a qué jugamos? ¿Jugamos a que exista una moción donde por una parte se entienda que hay que aportar todo y por otra se entienda que en los presupuestos, que aún no hemos debatido, sea nada más que el 50 por ciento? No lo entiendo. Aquí hay que ser claro, transparente, de una transparencia total porque no comprendo que se matice en algunos puntos de esa propuesta que hay controversia por parte de de los grupos políticos y que , sin embargo, cuando se lleva a otra Cámara, como es la territorial, en este caso la de la Generalitat, se piense de forma distinta.
Yo no entiendo más que lo que ha dicho el ministro del Gobierno español hace unos días. El señor Caldera ha estado aquí, en esta Cámara, en esta tribuna, diciendo que, en suma, hay que cambiar el modelo y que eso exige abordar la tarea de diseñar y planificar uno nuevo. No está conforme con el modelo que existe en estos momentos el señor Caldera, ministro de Trabajo, lo que supone en la concepción de este Gobierno abrir un proceso a través del diálogo social en el que intervengan todas las partes y, por supuesto, las comunidades autónomas; es decir, que nos llevará cierto tiempo. Decía el ministro: Señorías, modificar el sistema no se puede hacer de forma inmediata. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a hacerlo entonces poco a poco? ¿No se va a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional? Esto es algo que no es de recibo. En la intervención del ministro Caldera aquí habló de un período transitorio. En ningún momento habló de que se cumpliese en todos sus términos. De hecho, con buen razonamiento, yo entiendo que por dejar algo claro, Entesa acepta --tengo delante una nota de un medio de comunicación-- la transferencia del 50 por ciento del Forcem. ¿Es el 50? ¿Es el cien? ¿Es el 25? ¿Qué es? No es serio traer esto a esta Cámara porque si llega a estar gobernando el Partido Popular le pedimos el cien por cien desde mañana mismo.
Estamos aquí hoy dándole una especie de vaselina cómoda para que todos los parlamentarios puedan decir lo que está ocurriendo.
Nosotros no estamos de acuerdo con ello porque esto, que se inició también en tiempos del Partido Popular, haciendo las transferencias y teniendo que acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, no es ni más ni menos que repartir estos fondos con acuerdos con comunidades autónomas, repartirlos paulatinamente teniendo en cuenta el número de trabajadores existentes en la comunidad.
Estamos de acuerdo con lo que significan las Pyme, las pequeñas y medianas empresas. Yo procedo de una comunidad autónoma, Andalucía, en la que el protagonismo de las Pyme es terrible. No es lo mismo transferir estos fondos a empresas grandes, que sabemos cómo los gastan, que a empresas que tienen que saber distribuir la cuantía de forma ecuánime y seria.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Termino, señor presidente.
Debemos hablar del paro juvenil, asunto que preocupa al Grupo Parlamentario Popular, que ya alcanza un nivel sin precedentes y que afecta a más de 88 millones de personas en el mundo. Esta es una situación que el Gobierno Socialista, responsable ahora del Gobierno, debe cumplir en lo relativo a la formación.
El campo de la formación continua con el sistema de bonificaciones adquiere un ritmo deseado, como se ha dicho por parte del ministro, pero el ministro Caldera en ningún momento ha dicho que lo iba a dar al cien por cien. Es más, dice que quedan por citar dos aspectos fundamentales que habrán de tenerse en cuenta a la hora de diseñar el nuevo modelo, que serían la evaluación de la calidad y la eficacia de la formación, por un lado y por otro, el seguimiento y control de los recursos públicos destinados a la formación de los trabajadores... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Senador Fernández, concluya.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Voy terminando, señor presidente.


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Es decir, en ningún momento el propio ministro ha dado el visto bueno a que se haga sin límites y de forma rápida. Por tanto, señor presidente, señorías, nuestro Grupo no entiende este rifirrafe que existe en el asunto de la formación cuando somos conscientes de que, por una parte hay una enmienda que ha presentado Entesa para que se acepte la transferencia al 50 por ciento, que su grupo político apoya y posiblemente estaremos conforme con ella, pero no entendemos que se pida lo que no existe, o es íntegro o no es íntegro, lo demás, señorías, es una situación que nos lleva al convencimiento de que es una propuesta de humo, de volumen, que no vamos a apoyar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Burgués Bargués pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


La señora BURGUES BARGUES: Muchas gracias, señor presidente.
Pido la palabra para retirar la moción.
Le pido un minuto para agradecer a todos los grupos parlamentarios que nos han dado su apoyo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
Puede continuar, señoría.


La señora BURGUES BARGUES: He esperado a que todos los grupos parlamentarios se pronunciaran sobre este asunto porque, como he dicho en mi primera intervención, esta Cámara ha perdido la oportunidad de pronunciarse sobre un tema actual y, al no haber podido alcanzar un acuerdo mayoritario, solicito retirar la moción, porque lo que buscaba era precisamente sumar el consenso con el Gobierno y con las comunidades autónomas.
Somos lo suficientemente mayores como para saber lo que queremos: el compromiso del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y las transferencias de los recursos, pero el Partido Popular siempre ha tenido muy claro el tema de los porcentajes...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego no abra el debate.
La señora BURGUES BARGUES: Termino en seguida, pero se ha hecho una clara alusión.
El Partido Popular nunca aceptó la sentencia del Tribunal Constitucional, y en las palabras del portavoz de Convergència i Unió he notado una cierta frustración por no haberlo conseguido, incluso dando el apoyo al Partido Popular en los anteriores mandatos tampoco lo hubieran conseguido. Lamento...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En la medida en que se ha retirado la moción por parte del Grupo proponente, no hay nada que votar.
--DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (630/000001).


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al turno de mociones, vamos a leer la declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer que, como en todo el mundo, se celebró el 25 de noviembre, firmado por todos los grupos parlamentarios: «El Pleno del Senado, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, quiere denunciar nuevamente las situaciones en que se ven inmersas muchas mujeres, víctimas de los malos tratos en todo el mundo, y destacar la importancia de luchar contra esta lacra social que termina cada año con muchas mujeres muertas.
El Senado, en el proceso de tramitación de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, quiere manifestar la necesidad de continuar trabajando para garantizar el respeto hacia las mujeres y los colectivos más débiles.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todas las instituciones para que pongan en marcha todos los recursos de que dispongan para alcanzar el objetivo de que ninguna mujer de ninguna manera y bajo ningún pretexto de índole ideológica, cultural o religiosa sea objeto de malos tratos y discriminación por razones de sexo.
Y para que no se propugne la tolerancia hacia esas acciones, el Senado de España declara y reafirma su total rechazo a la violencia, en cualquiera de sus formas, que se viene ejerciendo contra las mujeres tanto en España como en el resto del mundo; su compromiso de permanecer alerta para impulsar y apoyar las medidas legales que sean necesarias para garantizar los derechos de las mujeres, y su compromiso de ejercer su tarea de control para que desde el Gobierno y las instituciones públicas se desarrollen todas las medidas posibles para alcanzar la total erradicación de cualquier forma de maltrato hacia las mujeres.» Firmado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Muchas gracias, señorías. (Fuertes aplausos.)

--HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2004 PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2005 (550/000014).


El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Cámara, y a propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces, someto a la consideración del Pleno la habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 2004 para la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005.
Entiendo que dicha propuesta puede aprobarse por asentimiento. (Pausa.) Queda aprobada.


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MOCIONES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACION CON EL SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL (662/000046).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el sistema de formación profesional.
Para su defensa tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que ahora presenta el Grupo Parlamentario Popular tiene como objetivo el desarrollo de una formación profesional de alta calidad tecnológica, adaptada a las demandas del sistema productivo y la sociedad. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Queremos una formación profesional que sea pieza clave para el fomento del empleo de calidad y el acceso al trabajo de los jóvenes, las mujeres y los desempleados. Una formación profesional que mejore las cualificaciones de las personas a lo largo de su vida activa, para lo cual se hace imprescindible dotar de una mayor flexibilidad los procedimientos de acceso en todos los subsistemas y niveles con el fin de ampliar las posibilidades de las personas de completar la formación que en cada momento mejor responda a sus intereses, expectativas o circunstancias personales.
El artículo 40 de la Constitución exige de los poderes públicos el fomento de la formación y la readaptación profesional, instrumentos ambos de esencial importancia para hacer realidad el derecho al trabajo, la libre circulación de profesión u oficio, y la promoción a través del empleo. En efecto, la cualificación profesional que proporciona esta formación sirve tanto a los fines de la elevación del nivel y calidad de vida de las personas como a los de cohesión social, económica y de fomento del empleo.
En el actual contexto de España, en Europa y en el mundo, en el nuevo panorama de globalización y de continuo avance de la sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia el logro de una población activa, cualificada y preparada para la movilidad y libre circulación de las personas, cuya importancia se resalta expresamente en el tratado de la Unión Europea.
En este contexto era necesario la renovación del mercado normativo de la formación profesional, reforma que se llevó a cabo con la elaboración de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, de 19 de junio de 2002, que otorgaba, por primera vez, rango de ley orgánica a las enseñanzas de formación profesional.
Esta ley, inspirada en el Plan nacional de formación profesional, tiene como finalidad la integración de la formación profesional reglada, impartida por las administraciones educativas, y de las formaciones ocupacional y continua impartidas por las administraciones de trabajo y empleo y por los sectores empresariales.
Con este objetivo, señorías, la nueva Ley de formación profesional propone un sistema único de formación que ofrezca una formación reglada, ocupacional y continua, acorde con las demandas del mercado laboral, que permita reconocer a las personas las cualificaciones adquiridas a través del mundo educativo, del mundo formativo y de la propia experiencia en el mundo empresarial, y establecer un catálogo de cualificaciones profesionales como eje institucional de todo el sistema de formación profesional.
En definitiva, señorías, esta ley permite, a través de sus desarrollos, un verdadero sistema de cualificaciones profesionales, accesible para los trabajadores y alumnos del mundo educativo y, en general, para las personas, en el que la formación profesional y el trabajo se vinculan desde su propia definición, reconociéndose mutuamente y articulándose sin rigideces ni desequilibrios, con el objetivo de construir el concepto superador y sumatorio de aspectos de ambos, concepto que se ha venido en llamar cualificación y que viene a ser algo tan sencillo como aquello que sabe hacer un individuo y que es aplicable en su trabajo, o lo que dice la propia ley, aquello que tiene significación para el empleo.
Se trata, por lo tanto, en primer lugar, de elaborar el catálogo nacional de cualificaciones, tomando como referencia y punto de arranque los diferentes puestos de trabajo existentes y previsibles en el sistema productivo español. Lógicamente, este catálogo irá acompañado de las tareas que se realizan en cada puesto de trabajo o cualificación profesional, es decir, lo que se ha dado en llamar competencia profesional, que no es, ni más ni menos, que el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y del empleo.
En segundo lugar, una vez definida una cualificación y sus unidades de competencia, se deberá definir la formación necesaria para alcanzarla, y será, en consecuencia, tarea del sistema educativo y de quienes diseñan los certificados de profesionalidad en formación ocupacional o de las propias empresas que llevan a cabo la formación continua; en definitiva, de los agentes de formación, en sentido más amplio, quienes elaboren la oferta de formación adaptada a las necesidades del mercado.
Al aprobarse la Ley de las Cualificaciones y de Formación Profesional, se adscribe al Ministerio de Educación el Instituto Nacional de Cualificaciones (Incual) como órgano encargado de llevar a cabo la elaboración del catálogo de cualificaciones. El Incual ha centrado su actividad, en estos dos últimos años, en definir, dentro del conjunto de las familias profesionales de nuestro sistema productivo, hasta ahora un total de 26, las correspondientes cualificaciones por niveles y especialidades. Hasta el momento, el trabajo de elaboración de las cualificaciones por los grupos de expertos en cada una de ellas, y dentro del ámbito del Consejo de la formación profesional, ha dado como resultado un paquete de 97 cualificaciones que se han incorporado

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al catálogo a través del Decreto 295, de febrero de 2004. Se prevé que el catálogo contenga, aproximadamente, en torno a 400 cualificaciones.
Señorías, a partir de ahora procede intensificar el esfuerzo para finalizar el catálogo nacional de cualificaciones y su correspondiente catálogo modular de formación y, a la vez, ir insertando estos módulos formativos tanto en los ciclos formativos educativos como en la formación ocupacional y continua, siendo este objetivo el segundo punto de la moción del Grupo Parlamentario Popular.
Si la definición de las cualificaciones es completa y fiel reflejo del mundo empresarial y laboral y si los contenidos de capacidad y conocimiento de cada ocupación son certeros y adaptados a la realidad, el catálogo será un instrumento de gran valor, no solamente en la identificación de las necesidades de los recursos humanos, sino también para los sistemas educativos y formativos en el diseño de sus respectivas ofertas de formación.
El segundo punto de la moción no solamente insta a finalizar el catálogo nacional de las cualificaciones, sino también a la inserción y homologación de las mismas en los ciclos formativos de formación profesional de las administraciones educativas conducentes a los títulos de técnico y técnico superior.
Señorías, al hilo de la formación profesional específica o reglada, la ley establece promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a los distintos destinatarios, de acuerdo con las necesidades de cualificación del mercado laboral y las expectativas personales de promoción profesional , dentro del Sistema nacional de cualificaciones y en línea con las directrices de la Unión Europea; éste sería otro objetivo, elaborar un modelo español que pueda ser homologable en la Unión Europea.
Todas estas situaciones hacen necesario adaptar la nueva formación profesional reglada o específica con el fin de que las nuevas titulaciones actualicen los contenidos programados hace más de una década e incorporen los contenidos del catálogo modular de las cualificaciones, así como otros nuevos aspectos que demanda la sociedad.
En aras de esta regulación, recientemente se dictó el Real Decreto 362, de 5 de marzo de 2004, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional específica en la que los títulos de formación profesional se ordenan en familias profesionales y las enseñanzas conducentes a su obtención se estructuran en ciclos formativos compuestos por módulos formativos. Para que sus señorías lo comprendan, esta nomenclatura no es ni más ni menos que lo que antiguamente conocíamos por asignaturas; no son asignaturas, no son áreas ni materias, son módulos, pero, al fin y al cabo, todos hemos estudiado con un sistema. Estas materias están integradas por los módulos a los que anteriormente me he referido del catálogo nacional de las cualificaciones, que es la formación específica adaptada al puesto de trabajo, así como por otros complementarios.
En consecuencia, todos los ciclos formativos contarán con esos módulos de cualificación profesional que se están rediseñando y, además, incluirán lo siguiente: en primer lugar, las prácticas formativas en las empresas u otras entidades; dicha formación en situación real de trabajo, no tendrá carácter laboral y se organizará en un módulo de formación en centros de trabajo, que constituirá aproximadamente el 20 por ciento del currículum, y los alumnos que estudien formación profesional, tanto de grado medio como superior, tendrán una materia obligatoria, que es el módulo o la asignatura de formación en centros de trabajo, que habrán de superar si desean obtener el título de técnico o técnico superior.
En segundo lugar, los ciclos formativos incluirán un modelo específico dirigido a conocer las oportunidades de aprendizaje y de acceso al empleo; a la reinserción laboral; a fomentar las capacidades propias del trabajo en equipo; a conocer la legislación laboral básica, así como los derechos y deberes que se derivan en las relaciones laborales. Este será el contenido del módulo de orientación y relaciones laborales.
En tercer lugar, los ciclos formativos deberán incorporar en sus nuevas enseñanzas aquellas que se consideren necesarias para una eficaz prevención de riesgos laborales. En todo caso, el ciclo formativo incorporará un modelo de prevención de los riesgos laborales derivados del ejercicio profesional correspondiente al mismo.
En cuarto lugar, señorías, incluirán enseñanzas relativas al manejo y uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación propias del campo profesional de la familia correspondiente.
En quinto lugar, y como es natural en el nuevo contexto europeo, se incorporará un módulo de enseñanza de una lengua de los Estados miembros de la Unión Europea o un segundo idioma, cuando así se estime oportuno, en determinadas profesiones.
En sexto y último lugar, el espíritu emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el trabajo por cuenta propia. Se incorporará para ello un módulo de autoempleo y creación y gestión de empresas, porque el objetivo de la ley, señorías, es que nuestros estudiantes, cuando terminan los estudios, apuesten por las empresas. Uno de los déficit más importantes que tenemos en nuestro sistema educativo, tanto de enseñanzas medias como de enseñanzas universitarias, es que el porcentaje de personas jóvenes y con conocimiento que están en edad de arriesgar y que optan por montar su propia empresa es muy bajo si nos comparamos con la media europea.
Por tanto, señorías, es fundamental garantizar en este proceso, como no se les escapa a ninguno de los senadores, la participación y cooperación de las comunidades autónomas a través de la Comisión General de Educación y de la conferencia sectorial, así como de las corporaciones locales, con el Estado. En este sentido es preciso también incrementar la implicación de las organizaciones empresariales, sindicales y de otras administraciones e instituciones, siendo este apartado el punto tercero de la moción que hoy presentamos.
En estos módulos o materias de los ciclos formativos, señorías, estamos hablando hasta ahora de los contenidos mínimos y comunes a todo el territorio nacional, que supondrá el 65 o el 55 por ciento del currículo según aquellas comunidades tengan lengua cooficial o no la tengan. Por

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tanto, lógicamente, las comunidades autónomas tendrán en cuenta, al establecer el 35 o el 45 por ciento del currículo restante, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores productivos de su entorno.
En definitiva, señorías, se trata de crear un modelo propio de formación profesional --nadie tiene una varita mágica--; un modelo que debemos instaurar y probar en nuestro territorio, y además adaptado a Europa y a la singularidad de cada comunidad autónoma; un modelo que evite el distanciamiento entre el sistema productivo, el laboral y el educativo; un modelo que logre la capacitación profesional de la población activa, tanto desde el punto de vista individual de cada trabajador como del sistema productivo y del empleo; un modelo capaz de garantizar una rica oferta formativa de calidad, actualizada y adaptada a sus diferentes destinatarios y comunidades, de acuerdo con las necesidades del mercado y con las expectativas de cualificación profesional que hoy nos demandan; un modelo capaz de implantar un sistema de información y orientación que facilite a todos los ciudadanos el acceso a la formación y empleo y sea un modelo solidario; un modelo que impulse decididamente el desempeño de actividades empresariales y autoempleo.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.


El señor ABEJON ORTEGA: Termino ya, señor presidente.
Un modelo que apueste por la evaluación y acreditación oficial de las cualificaciones, independientemente de la vida formal o no formal en la que se han adquirido esas formaciones; un modelo que favorezca la inversión pública y privada en la formación de los alumnos y de los trabajadores, y capaz de optimizar la dispersión actual de los recursos destinados a los tres subsistemas de formación profesional.
Para terminar diré que para el cumplimiento de estos fines es imprescindible incrementar los recursos humanos y materiales, y en concreto es fundamental que las enseñanzas regladas se conviertan en una auténtica alternativa a la universidad mediante una formación atractiva, rica y de calidad, con unos centros modernos y bien equipados con las nuevas tecnologías de cada cualificación, lo que supone incrementar el gasto educativo hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea.
Señorías, éste es un gran reto, es un gran proyecto, éste es un gran trabajo en el que lleva empeñada mucha gente más de diez años. Por eso pedimos que finalice para poder tener un modelo adaptado a las circunstancias actuales. Por eso espero contar con el apoyo de sus señorías.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senador.
Para la defensa de las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Abejón, por darnos la oportunidad de hablar de la formación profesional. Coincidimos con usted en que es una pieza clave de la modernización de nuestra sociedad, de la vinculación con el mundo económico y laboral e incluso para la convergencia con Europa.
Por ello, nos extraña que en los años de gobierno del Partido Popular, en lugar de asumir esta asignatura pendiente del sistema cuando era el momento de emprender esta tarea en el campo de la formación profesional, centraran su actuación en buscar una nueva ley, como si el gobierno que no hace leyes no trabajase para la Educación. A nuestro entender, sufrimos un parón innecesario en la evolución de la formación profesional.
Nos parece que deberíamos superar este parón. No obstante, esa Ley Orgánica de la Formación Profesional a la que usted da tanta importancia fue entendida, desde las comunidades autónomas y, en concreto desde Cataluña, como una ley que entorpecía las competencias, y por eso presentamos un recurso ante el Tribunal Constitucional. Para nosotros, la FP continúa siendo una asignatura pendiente y debemos iniciar la marcha para poderla superar.
La FP debe ser un triángulo estratégico capaz de vincular territorio, educación y economía. Territorio, para hacer más próxima la gestión, que debe corresponder a las comunidades autónomas y en muchos casos al mundo local, ayuntamientos o entidades municipales. Educación, es decir, la formación. Economía, el mundo del trabajo: agentes empresariales y sindicales.
Para nosotros, es una etapa educativa y de formación y un parámetro de nuestra economía y de nuestra modernidad. Además, en el concepto más europeo del término, es la posibilidad de dar formación a lo largo de toda la vida. No es una etapa que tenga un principio y un final. En la sociedad del futuro el mundo laboral va a ser muy cambiante y las personas van a tener que asumir distintos trabajos a lo largo de su vida productiva, y con la formación profesional podemos conseguir este concepto tan europeo de formación a lo largo de toda la vida.
Por este motivo, con las enmiendas que presentamos, nuestro grupo ha querido ampliar el contenido de la moción del Partido Popular. Nos ha parecido una moción muy generalista --aunque he de reconocer que tendría nuestro apoyo-- pero consideramos que debemos aprovecharla como una buena oportunidad para concretar mejor las necesidades de hoy, que seguro que son también las de mañana, de la formación profesional.
Por ello hemos presentado estas enmiendas. Una de ellas se refiere al primer punto de la moción del Grupo Parlamentario Popular, que establece que hay que desarrollar un sistema de formación profesional que integre.
Nosotros damos contenido a las palabras «que integre» pidiendo que se garantice la permeabilidad de este sistema integrado de formación profesional, es decir, que sea una formación

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profesional reglada, ocupacional y continua, pero que permita la permeabilidad entre los tres sistemas. Para nosotros éste sería el concepto de un sistema de formación profesional integrado.
En el segundo punto, el Grupo Parlamentario Popular dice lo siguiente: finalizar el catálogo nacional de cualificaciones y su correspondiente catálogo modular de formación. Llevamos exigiendo desde 1994 ó 1995 que se finalice este catálogo nacional. Estamos a finales del 2004 y todavía no se ha hecho, por lo que pedimos que se lleve a cabo lo más pronto posible. Pero como el mundo del trabajo, la economía, la sociedad del conocimiento y de la tecnología hace variar tanto este mercado de trabajo, debemos --y así lo pedimos en nuestra enmienda-- añadir que, además de finalizar el catálogo nacional, se garantice ya un sistema que permita la adecuación del catálogo al mercado de trabajo. Si llevamos dos años para conseguir que exista un módulo de formación profesional, no ampliemos el período de finalización del catálogo ni esperemos a que esté caducado para buscar el sistema de adecuarlo. Es decir, pedimos que se añada: garantizar permanentemente la adecuación del catálogo al mercado de trabajo.
Nos parece correcto que en el punto tercero se establezca que se ha de garantizar en este proceso la participación y cooperación de las comunidades autónomas, pero pensamos que en dicho punto se mezclan dos conceptos: el de la participación y cooperación de las administraciones y el de las organizaciones empresariales, sindicales y otras instituciones sociales. Nosotros pedimos en nuestra enmienda dos apartados distintos: uno, que se refiere a garantizar la participación y cooperación de administraciones que tienen competencias, y otro, que se refiere a fortalecer el papel del Consejo General de la Formación Profesional.
Si en nuestro sistema hemos creído conveniente dar participación y crear consejos, debemos después darles la posibilidad de realizar este trabajo.
Por ello nos parece que podríamos añadir un punto nuevo para fortalecer el papel del Consejo General de la Formación Profesional como institución responsable de definir, seguir y evaluar las políticas de formación profesional conjuntamente entre administraciones, organizaciones empresariales, sindicales y sociales.
Ese añadido conllevaría que el punto cuarto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular se convirtiera en el punto quinto. Y también presentamos una enmienda a este punto, porque nos parece que el Grupo Parlamentario Popular pide este incremento de recursos humanos y materiales necesarios al Gobierno, y es evidente que éste debe poner su parte, pero en la formación profesional también tienen competencias las comunidades autónomas. Este es, por tanto, un aspecto que también debemos pedir a todas las comunidades autónomas. Nos parece adecuado que el Gobierno incentive a las administraciones con competencias en formación profesional para que destinen los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar de forma eficaz el actual sistema de formación profesional. Es cierto que el Grupo Parlamentario Popular añade: «incrementando para ello el gasto educativo hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea.» Este también es nuestro deseo y creo que es el deseo de todos los que compartimos la voluntad de que la formación profesional se dignifique como tal y ha de ser voluntad de las administraciones hacerlo progresivamente. Tenemos una asignatura pendiente y estamos a unos niveles aún tan bajos que seguro que desde el Gobierno central se debe realizar un gran trabajo pero y siempre con la ayuda y con el soporte de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.
Esta sería una nueva aportación a la formación profesional, distinta incluso de la que se respira en la Ley Orgánica de la Formación Profesional, a la cual nosotros no dimos nuestro apoyo porque nos parecía y nos parece una ley demasiado centralista. Nuestra voluntad con la presentación de estas enmiendas es la de ampliar los contenidos y no perder la oportunidad de hacerlo cuando hoy hablamos de formación profesional.
Muchas gracias, señor presidente y señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, para manifestar si acepta o no las enmiendas, el senador Abejón.


El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo en que es un tema importante y todos los grupos están de acuerdo en relanzar la formación profesional. Brevemente quiero decir que se ha realizado un trabajo impresionante. Lo saben quienes conocen cómo se ha llegado a los 142 ciclos formativos; parte de ellos los hizo el Gobierno socialista entre los años 1992 y 1996 y otros los finalizó el Gobierno popular.
Después entramos en el proceso de las cualificaciones empresariales, y no es poco llegar a 92 de las 400. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que, por otro lado, hay que terminar y, por otro, hay que renovar lo que hicimos en 1994. Por lo tanto, no ha habido parón, sino un gran esfuerzo. Esta es la primera vez que vamos a tener un modelo adaptado a la empresa y a las comunidades autónomas, si al final entre todos damos la luz verde.
En aras de conseguir un modelo donde participemos todos, tengo que decir que no habría ningún problema en recoger en el primer punto lo que se nos sugiere, y quedaría de la siguiente manera: Desarrollar un sistema de formación profesional que integre los tres subsistemas (formación profesional reglada, ocupacional y continua) en un único sistema de cualificaciones, que garantice la permeabilidad entre ellos.
En el segundo punto ofrecemos una transaccional, que recoge el espíritu de lo que dice la portavoz de Entesa: finalizar el catálogo nacional de cualificaciones y su correspondiente catálogo modular de formación que identifique las necesidades reales del sistema productivo, permita una oferta formativa adecuada al mercado laboral y garantice la inserción y homologación de las cualificaciones en los ciclos formativos de formación profesional. Y aquí viene

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el añadido: Asimismo, se debe garantizar la adecuación permanente del catálogo al mercado de trabajo.
En cuanto al punto tercero, también estaríamos de acuerdo en fortalecer el papel del Consejo General de Formación Profesional. Con lo cual, el punto tercero quedaría de la siguiente forma: Garantizar en este proceso la participación y cooperación de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, con el Estado para desarrollar entre todos el sistema de formación profesional que la sociedad nos demanda.Y puesto que estamos hablando de participación, yo creo que no hace falta un punto y aparte, sino en punto y seguido añadir: En este sentido, es preciso también facilitar e incrementar la implicación de las organizaciones empresariales, sindicales y de otras instituciones sociales. Y se agrega: fortaleciendo el papel del Consejo General de la Formación Profesional --que es el espíritu del punto tercero de Entesa.
El punto cuarto queda redactado perfectamente como está, porque para todos el reto es incrementar el nivel de gasto en Educación hasta alcanzar la media europea. Y quedaría: Incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar de forma eficaz el actual sistema de formación profesional, incrementando para ello el gasto educativo hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea. Señorías, no quiero entender que en este proceso vaya a estar sólo el Estado, yo a eso me niego; ése no es el espíritu. El espíritu de la moción es que en el seno de la conferencia sectorial se llegue al modelo de financiación de acuerdo el Estado y las comunidades autónomas. Ese es el espíritu y, en consecuencia, queda patente y claro en este punto.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
¿No hay turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LOPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo con un cierto temor porque no sé hasta qué punto mis palabras pueden causar algún estrago en la mente del senador Cortés, porque este senador de Izquierda Unida y esta senadora de Izquierda Unida vamos a votar a favor de la moción presentada por el Partido Popular, brillantemente defendida por el senador Abejón y manifiestamente mejorada por la iniciativa de la senadora representante de Entesa.
Digo que vamos a votar a favor y quizá esta actitud y este voto de los senadores de Izquierda Unida hagan reflexionar al senador Cortés sobre su razonamiento, porque desde hace mucho tiempo, desde hace incluso siglos, los tratados de lógica dejaron muy claro que los razonamientos «ad hominem» --en este caso «ad hominem» Llamazares, y «ad mulierem» yo misma-- además de no tener ningún valor probatorio son éticamente reprobables.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, presidente. Señorías.
La formación profesional es un tema fundamental para facilitar a los españoles el ingreso o el mantenimiento en el mercado de trabajo en estos tiempos en que la competitividad sufrirá un notable incremento por la ampliación de la Unión Europea.
La moción que estamos debatiendo trata en cierto modo de desarrollar algunos aspectos de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, de junio de 2002. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) He estado repasando el debate en esta Cámara de la citada ley y he observado con curiosidad que algunos puntos que hoy nos presenta el Partido Popular para su aprobación estaban contenidos en las más de 200 enmiendas que presentaron entonces todos los grupos de la oposición y que fueron rechazadas en su totalidad por la entonces mayoría absoluta del Partido Popular. No sé si están rectificando, o que esta ley ha estado paralizada en estos dos años, o simplemente es el tópico de los grandes partidos, que actúan de manera diferente cuando están gobernando o cuando están en la oposición. En cualquier caso, la formación profesional debe dar respuesta a los nuevos retos que la Unión Europea nos demanda.
También debemos tener en cuenta que las competencias en materia de Educación están transferidas a la mayoría de las comunidades autónomas y que al menos la formación profesional reglada depende de Educación. Por eso las comunidades autónomas y las corporaciones locales no deben ser considerados como simples entes consultivos, sino como organismos decisorios en sus respectivos territorios a la hora de desarrollar el sistema de formación profesional y el catálogo de cualificaciones.
En cuanto a la financiación necesaria para desarrollar esta ley, es imprescindible --como la propia moción dice-- un incremento del gasto educativo para alcanzar la media de la Unión Europea que hoy se solicita.
Porque, ¿para qué sirve una ley si no tiene financiación? Pero recordemos también que en 2002 se rechazó por la mayoría de entonces la creación de un plan plurianual de financiación con esta finalidad.
Termino anunciando, señorías, que mi Grupo de Senadores de Coalición Canaria va a apoyar esta moción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor presidente.
La verdad es que la moción ha sido muy bien presentada por el senador Abejón --se nota que es un especialista y docto en la materia-- y ha sido bien complementada por la senadora Baig --coincido con lo que ha dicho la portavoz

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del Grupo Parlamentario Mixto, que también es una persona conocedora de estos temas y experta--, por tanto, no estoy en condiciones de rebatir los argumentos técnicos que sobre las cuestiones ustedes han dado.
Evidentemente, políticamente sí tengo un criterio, y coincido en que esta moción, con la aportación de la senadora Baig, puede ser un buen impulso para que la formación profesional avance en España. Asimismo, después de la intervención de la senadora López Aulestia, también me gustaría decir, con el aditivo de una intervención democristiana, como es mi caso, que el compromiso histórico prácticamente se formaliza esta tarde en el Senado, en que coinciden los grupos Popular, Izquierda Unida y personas de mi perfil; es decir, hemos llegado a un compromiso histórico en materia de formación profesional que, sin duda alguna, es un buen motivo porque significa un avance social.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, «arratsalde on», buenas tardes a todos y a todas.
Los datos que se han presentado en esta Cámara por parte del representante del Grupo Parlamentario Popular vienen a corroborar los síntomas de la revitalización que en los últimos años está teniendo la formación profesional en el Estado español, y en concreto el modelo que luego formularé del Plan de Formación Profesional a nivel del País Vasco.
Hemos constatado que el número de alumnos que en la enseñanza secundaria postobligatoria optan por los ciclos de grado medio ha aumentado en más de dos puntos en los últimos años. Si se consolidase esta tendencia, comprobaríamos cómo nos estaríamos acercando a la media de la Unión Europea en cuanto al número de personas que optan por este tipo de enseñanza de formación profesional.
También hemos observado cómo la tasa de ocupación de los titulados en formación profesional está apenas un punto por debajo de la de los titulados universitarios, y en los últimos años ha crecido el doble que ésta. La inserción laboral es más rápida en este porcentaje de alumnos que optan por la formación profesional. Es verdad y somos conscientes de que la opinión pública no ve con buenos ojos el acceso a la formación profesional. Todos piensan que los hijos deben hacer una carrera universitaria y lo que se denomina el techo de cristal de los titulados de formación profesional parece que ha tocado techo.
Otro de los factores relevantes en la situación del desprestigio de la formación profesional en las últimas décadas es el marco legislativo o más bien la aplicación concreta de las diferentes leyes, empezando por la Ley General de Educación de 1970. Afortunadamente, con el paso del tiempo, diferentes leyes como la LOGSE, etcétera, han ido modificando esta situación.
En el otro pilar, el de la formación profesional, hay que definir y consensuar la figura de los centros con referencia a las distintas comunidades autónomas. Hay diferentes comunidades que desde hace años tienen transferida la formación profesional reglada, ocupacional y continua. La finalización del proceso de transferencias educativas afortunadamente ha concedido a las comunidades autónomas el protagonismo, la responsabilidad de la aplicación y el desarrollo de las leyes generales. Consideramos urgente que las administraciones autonómicas, sobre todo las de menos desarrollo legislativo y menos peso específico en su estructura administrativa, hagan un esfuerzo para avanzar y colocar a la formación profesional reglada donde le corresponde. Estimamos que éste sí es un pilar importante para el desarrollo, el sostenimiento del crecimiento económico y el empleo en estas regiones menos desarrolladas.
También se produce un cambio lento por parte de las empresas. La actitud de las empresas en relación con la formación profesional reglada va variando de una manera lenta pero, en general, se sigue desconociendo la realidad de estas enseñanzas, qué tipo de formación y qué especialidades están impartiendo.
Ya hemos comentado que en muchos sectores empresariales la tendencia es solicitar titulados universitarios para cubrir sus puestos de trabajo.
Sin embargo, un país desarrollado necesita personas preparadas en todos los niveles.
Las relaciones entre las empresas y los centros de formación profesional van siendo más fluidas, gracias a la formación en centros de trabajo, con todo el desarrollo de las prácticas obligatorias de los alumnos en su último curso. Pero ha sido y es una labor lenta y muy trabajada por parte del profesorado. A pesar de estos avances, surge una pregunta ¿por qué las empresas no tienen una relación natural y fluida con los centros de formación profesional? A nuestro modo de ver, nos da la impresión de que las empresas se han acercado a la formación profesional reglada de una manera obligada por las circunstancias. La época de abundante mano de obra cualificada disponible en el mercado, con poca capacidad de negociación y sin coste alguno de formación para la empresa, ha dado paso a otra caracterizada por la escasez de técnicos medios, cuyo creciente coste y dificultad de contratación en el mercado laboral empieza a mostrar como racional, desde el punto de vista costes, una mayor implicación en la formación de los trabajadores. El reto para la empresas está en lograr la colaboración con la formación profesional reglada. En consecuencia, todo lo que se haga en este camino lo consideramos de importancia.
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, LOGSE, establecía un modelo de formación profesional dividido en niveles de cualificación profesional. Esta concepción representaba un paso muy importante en el futuro de la formación profesional. El modelo organizaba una formación profesional de base, algo novedoso e importante en su momento, que los alumnos adquirían en la Educación Secundaria Obligatoria, y una formación profesional específica, dividida en ciclos formativos de grado medio y superior. Es una opinión unánimemente compartida por todos, que la LOGSE puso los cimientos

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para recuperar el prestigio perdido por la formación profesional reglada.
La LOGSE supuso un avance muy importante y sentó las bases para un despliegue casi definitivo, buscando un reconocimiento en todos los órdenes que precisaba la denostada formación profesional.
Con el paso del tiempo, el 23 de diciembre del año 2002 se aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, y se afirma que no modifica la vigente ordenación general en materia de formación profesional específica, pero introduce una mayor flexibilidad en los procedimientos de acceso a los ciclos, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos para completar su formación por la vía que mejor responda a sus intereses, expectativas e, incluso, a sus circunstancias personales. Con esta misma finalidad, los programas de iniciación profesional se conciben como una alternativa que presida el principio de máxima inclusión, de modo que quienes los cursen pueden conciliar la cualificación profesional y las competencias básicas de carácter general.
A partir del uno de enero del año 2000 todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación. País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana las asumieron a principio de los años ochenta, Navarra, en 1990, y el resto de las comunidades entre 1997 y 1999. Las comunidades autónomas han pasado así a ser actores relevantes en la producción legislativa concerniente a la formación profesional reglada. En el País Vasco se posee una red de centros integrados y otra de centros de innovación y experimentación.
También Galicia y Navarra tienen centros integrados. En esta última comunidad autónoma sobresale la creación del Centro Nacional de Energías Renovables, de reconocido prestigio. En el País Vasco destaca la fundación Euskalit, para el fomento de la calidad, y se utiliza tanto la norma ISO 9000 como los sistemas de EFQM. En el Plan Vasco de Formación Profesional presentado para los años 2004-2007, se trata de ampliar la ruptura de lo que era la formación profesional con una concepción estanca de los fines y procedimientos formativos propios del ámbito profesional, para buscar la integración y concatenación de las distintas ofertas y actividades formativas en orden a satisfacer las diversas necesidades de cualificación de los recursos humanos.
Tomando en consideración esta exposición, la situación actual de la formación profesional en el País Vasco es la consecuencia de una profunda transformación que se ha producido gracias a importantes esfuerzos de carácter organizativo y económico, que han permitido una mejor ubicación de la formación profesional en el marco de una sociedad cambiante.
Asimismo, se ha aportado también la experiencia necesaria para afrontar, desde una posición de estabilidad, un trabajo de actualización de determinados objetivos y ampliaciones de otros casos a los ya existentes.
Por ello, este nuevo plan profesional del País Vasco 2004-2007 se concibe como una tarea estratégica de adaptación de las estructuras, de las actividades y a la puesta en marcha de nuevos cambios, acomodando planes y procesos ya existentes a la transformación de tecnologías, mercados, competidores y valores, y tratando también de penetrar --por medio de nuevos instrumentos y herramientas--, en otros campos emergentes.
El recorrido iniciado en el campo de la formación profesional hace ahora siete años, puso en marcha una propuesta de cambio a gran escala, en una nueva concepción de la formación profesional moderna y eficaz que, sin olvidar su tradición e historia, ha desarrollado unos esquemas innovadores que la han situado entre las mejores de Europa. El nuevo plan vasco de formación profesional comprende cuatro líneas básicas, cuatro ámbitos de actuación, 44 objetivos estratégicos y 155 medidas completas a implantar. Estas medidas, estos ámbitos estratégicos y estos objetivos están a disposición de los diferentes grupos parlamentarios para que podamos discutirlos y ampliarlos.
En consecuencia, mi grupo parlamentario está de acuerdo con apoyar todo aquello que tenga que ver con la formación profesional porque consideramos que es la mejor manera de integrar a los jóvenes que no pueden acceder a la universidad --y que, como decía al inicio de mi intervención, pueden llegar al 50 por ciento de los que terminan el bachillerato--, para que se puedan incorporar al mundo laboral.
Nada más y «eskerrik asko», muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para mostrar nuestra satisfacción por la aceptación de las enmiendas que, evidentemente, creemos que amplían el contenido, ayudan a dignificar la formación profesional y nos permitirán conseguir, en el plazo más breve posible y antes de 2010, las cotas marcadas para la formación superior desde la Unión Europea. ¡Ojalá que el trabajo que hemos emprendido hoy sea fructífero y alcance los fines deseados! Por ello, mi grupo parlamentario votará a favor de la moción del Grupo Parlamentario Popular, con las enmiendas que hemos presentado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha traído al Senado una moción sobre formación profesional que, como ustedes saben, propone la integración de los tres subsistemas de la formación profesional, hacer el catálogo nacional de cualificaciones, garantizar la cooperación con las comunidades autónomas y aportar mayores recursos humanos y materiales para la misma.
El señor Abejón no se aparta, en modo alguno, de la posición de los gobiernos del Partido Popular. Cosas parecidas decían doña Esperanza Aguirre y el señor Rajoy, durante el tiempo que ocuparon la cartera de Educación; el

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señor Aznar, siendo presidente del Gobierno, en discursos de investidura o sobre el estado de la nación; y lo decía la señora ministra, doña Pilar del Castillo, así como el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, del Partido Popular. No cabe duda. El señor Abejón no va a ser regañado, porque está diciendo lo mismo que viene afirmando su grupo y su partido desde hace ocho años.
No obstante, si después de ocho años no han terminado de hacerlo, es evidente que había buenas palabras y parece que las ideas suficientemente claras pero no han sido capaces de ultimarlo y hoy nos traen una fenomenal autocrítica: señorías, hemos gobernado durante ocho años pero no lo hemos podido hacer, por favor que el Gobierno socialista lleve a cabo lo que nosotros no hemos podido desarrollar en este tiempo.
Bienvenida la autocrítica.
Nosotros hemos firmado la moción porque estamos de acuerdo en las líneas generales y, por tanto, es bueno hacer un trabajo con consenso y en coherencia con las grandes líneas marcadas por la Unión Europea.
Los portavoces que han intervenido lo han dicho. La formación profesional es clave en el modelo global en el que nos estamos moviendo. La educación y la formación profesional necesitan una nueva orientación. Estamos en un mundo de cambios rapidísimos. Esos cambios en la formación profesional se notan mucho más, porque empresas que realizan determinado trabajo durante una etapa a veces en pocos meses tienen que adaptarse a una nueva realidad y tienen que pedir a sus trabajadores que se acomoden a esos nuevos modos de trabajo. En definitiva, la formación profesional debe tener mucho de iniciativa y capacidad emprendedora, mucho de trabajo en equipo, mucho de respuesta a contingencias e imprevistos, de nuevos conocimientos, de nuevas aptitudes y nuevas habilidades.
Estamos de acuerdo todos --y ello es bueno-- en que es necesario impulsar una nueva formación profesional adaptada a los nuevos tiempos. Y la Unión Europea nos lo recuerda continuamente mediante acuerdos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, donde se reitera que la formación profesional debe ser de base poco especializada en principio, polivalente, que permita una formación a lo largo de toda la vida y haya una específica después en cada una de las empresas, de acuerdo con las necesidades que presente el mercado de trabajo.
Por tanto, estamos de acuerdo en el modelo que defendemos, pero lo estamos defendiendo para la formación profesional reglada, la que se hace desde la administración educativa, y también lo estamos defendiendo para la ocupacional y continua, que debe dotarse claramente de referencias precisas en cuanto a las formas, los niveles, los contenidos de las cualificaciones, cómo formar, las estrategias de enseñanza y el aprendizaje, dispositivos de relación entre la formación y las políticas activas de empleo y cómo evaluar, porque a veces los que somos docentes nos crispamos al observar cómo se está desarrollando la formación profesional en ámbitos que no son los educativos, porque pensamos que debe contar con ciertas maneras pedagógicas, de aprendizaje y de evaluación para conseguir la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea y el ejercicio profesional reconocido en el mercado europeo. Por eso, no puede ser que se otorguen títulos con demasiada premura o se reconozcan cualificaciones sin garantías suficientes.
En nuestro caso, no estamos defendiendo nada que no hayamos defendido en el programa electoral con que nos presentamos a las elecciones generales, de lo que se defendió en el discurso de investidura por parte del presidente de la Junta y, especialmente, de lo que la ministra de Educación viene repitiendo durante los últimos meses de forma concreta y específicamente desarrollada.
El Ministerio ha presentado --ustedes lo conocen-- el documento llamado «Una educación de calidad para todos y entre todos», que recoge perfectamente el debate que esta tarde se está desarrollando aquí y pide a toda la comunidad educativa, padres y madres, empresarios, sindicatos, comunidades autónomas, administraciones locales, que apoyen una propuesta de cambio o de impulso en esa línea.
La señora ministra lo dice también. Recientemente, el pasado día 14 de octubre en el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional, que es donde están los protagonistas básicos del debate de la formación profesional, ha vuelto a repetir que debemos promover la integración de los tres subsistemas, lo que no será fácil y habrá de llevarse a cabo de forma progresiva. Por tanto, necesita de un impulso político fuerte, porque tenemos que actualizar permanentemente el catálogo de títulos de formación profesional y los currículos correspondientes.
Señorías, a lo que se puede enseñar de informática en formación profesional, cuando revisamos el material vemos que en pocos años se ha quedado obsoleto, y eso pasa también en electrónica, en química, en laboratorios. Es evidente que tenemos que ser capaces de actualizar el catálogo, los conocimientos, los currículos correspondientes, la formación permanente del profesorado, etcétera. Ustedes tienen el documento «Una educación de calidad para todos y entre todos» y coincidimos plenamente en esto.
¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo lo está planteando el Gobierno socialista? En primer lugar, con un desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que efectivamente está aprobada en junio del 2002 y, como ustedes saben, el señor Abejón especialmente, no está desarrolla reglamentariamente en su totalidad, pues falta el desarrollo del artículo 8, en cuanto a requisitos y procedimientos para la evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas por experiencia laboral; falta el desarrollo reglamentario del artículo 11, centros integrados y centros de referencia; falta el desarrollo reglamentario de la disposición adicional cuarta en cuanto a equivalencia, convalidaciones y correspondencia entre título de formación profesional y certificado de profesionalidad.
Por tanto, tenemos que hacer también un trabajo de desarrollo de una ley aprobada con un respaldo escaso, con muchos vetos en el Senado --siete vetos--, con muchas enmiendas a la totalidad, pero no queremos perder un tiempo precioso. Necesitamos seguir avanzando, y la base que se ha instalado en pro de un pacto por la educación y por una formación profesional puntera va dirigida a que el desarrollo reglamentario matice algunos elementos que

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son negativos en su expresión o no suficientemente cuidadosos para que el desarrollo reglamentario permita seguir con la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, aprobada ya en su día por las Cortes Generales, y avanzar más rápidamente.
Por tanto, bienvenida la moción en cuanto a que significa un consenso en esta Cámara, que haremos llegar al Gobierno para que pueda hacer un trabajo más rápido, completando y el catálogo nacional de cualificaciones profesionales y el catálogo modular de formación profesional que permita un nuevo catálogo de títulos profesionales.
El trabajo está ahí planteado; no se ha bajado la guardia, señorías, en ningún momento, como no se ha bajado la guardia en temas conflictivos de cómo conectamos las etapas, cómo conectamos los ciclos, cómo conectamos los distintos grados; respecto a todo eso en cada comunidad autónoma hay impresiones distintas de cómo se tiene que hacer, y debemos buscar, desde mi punto de vista y desde la del Grupo Parlamentario Socialista, fórmulas flexibles de apertura que beneficien a los ciudadanos, al mercado de trabajo y al sistema educativo.
Es asumible la propuesta; el deseo de empujar al Gobierno está en el papel de la oposición; la moción ha pasado a ser de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, quiero creer, o de casi todos --no he comprobado, en el momento en que ha firmado el Grupo Parlamentario Socialista, si los restantes portavoces lo habían hecho así--, por tanto, bienvenida.
Como me quedan pocos segundos, voy a hacer una aclaración en cuanto a la financiación porque quiero que quede en el «Diario de Sesiones». Estamos hablando del punto 4º de la financiación, recursos humanos y materiales, cuya competencia corresponde al Gobierno de la nación y, por tanto --como él ha dicho--, también a las comunidades autónomas en cuanto que la formación profesional está descentralizada y las competencias que tienen las comunidades autónomas están ya perfectamente estipuladas. Se puede pedir al Gobierno de la nación que gestione mejor, si cabe, o consiga más del Fondo Social Europeo, que consiga que el sistema de promoción profesional de los objetivos 1 y 3 se haga más diligentemente o que el servicio público de empleo estatal contrate programas para la formación de trabajadores con más fondos específicos o, como se ha hablado en estos días, la bonificación a las cotizaciones a la Seguridad Social por formación continua. En definitiva, competencias que tiene asignadas el Gobierno de la nación. No estamos desde el Senado diciéndole lo que tiene que gastar cada comunidad autónoma. Estamos diciendo que ayudemos todos.
Pongamos más medios todos y cada uno en su ámbito competencial.
Bienvenida, por tanto, la moción. Nosotros intentamos hacer un gran pacto de Estado por la educación, un gran pacto social. Hoy aquí sí puede considerarse mínimamente que hemos contribuido a decir: bienvenido sea el trabajo hecho. Usted ha dicho que era impresionante. Siempre que escucho esa palabra me recuerda a Jesulín de Ubrique. ¿Sabe usted la broma, no? Dos palabras: «im presionante». Nosotros decimos que hay que hacer un trabajo imparable, que es una palabra con fuerza que no tiene la matización que le estoy dando, que es una broma, no me la tome usted a mal porque, a veces, no entiende usted a los andaluces. Es una broma.
Bienvenido el consenso. Adelante con un trabajo en pro de la educación.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios. He dicho antes que el trabajo que se ha hecho hasta ahora en formación profesional es de todos. Mucho trabajo han hecho las organizaciones sindicales, los representantes de las empresas y también los responsables de educación de las comunidades autónomas elaborando sus propios modelos o planes de formación profesional, y también mucho trabajo han hecho los gobiernos de los partidos socialista y popular. Yo aquí querría resaltar que el sentido de la responsabilidad del Gobierno popular le hizo continuar con la LOGSE. Y no puede ser algo malo aquello que era necesario o bueno para la sociedad.
Si el partido del Gobierno, el Partido Popular cuando gobernaba, hubiese eliminado la LOGSE, se nos habría criticado. Ahora no se nos puede criticar porque mantuvimos la LOGSE y desarrollamos una ley que se había aprobado con el Gobierno socialista. Por lo tanto, la Ley de las Cualificaciones viene cuando viene en el 2002, después de una vigencia de doce años de la LOGSE y porque desde las comunidades autónomas y las empresas se dice que es necesario renovar los contenidos de formación profesional, de esos 142 títulos divididos en ciclos de grado medio y grado superior, que es conveniente dar un impulso y, lo más importante, que es conveniente homologar los estudios, la formación o que la capacidad se adquiera bien en el mundo productivo, bien en cursos en las empresas o en otras organizaciones o bien en el sistema educativo.
Nosotros teníamos ya unos ciclos formativos. No ha habido ninguna laguna.
Ha habido 142 ciclos formativos que han estado funcionando y ahora es necesario renovar o readaptar sus contenidos, entre otras cosas, porque todos los gobiernos que hemos tenido han firmado convenios con la Unión Europea, convenios que debemos cumplir porque el acuerdo no es sencillo.
Antes del 2010 tenemos que tener en España un 85 por ciento de la población de titulados medios o superiores; un 85 por ciento. Esto supone un reto y eso se afronta, por supuesto, desde la formación profesional.
Nada mejor que hoy aprobemos lo que vamos a aprobar para ayudar a muchos alumnos, a muchos jóvenes, que tienen depositada una confianza en el parlamento, que lleguemos a un modelo de formación profesional apoyado por todos los grupos políticos.


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Yo creo que hoy es un día bueno para la formación profesional, un día bueno, señorías, que nos lo van a agradecer los profesores, nos lo va a agradecer la comunidad educativa y, de verdad, quienes nos lo van a agradecer son muchos jóvenes que van a tener la posibilidad de acceder a un trabajo a través de la formación profesional y esto es lo verdaderamente importante.
Por encima de pensamientos ideológicos, de defensas que debemos hacer cada uno en el partido que militamos, considero que hoy damos un ejemplo, porque a todos nos interesa la Formación Profesional. Hemos dejado al margen diferencias, hemos dejado al margen interpretaciones de la ley y hoy, entre todos, incluida, por supuesto, la comunidad educativa a la que no hemos hecho referencia, vamos a intentar finalizar, por primera vez en nuestra historia, un modelo educativo que no es garantía de nada, que es el trabajo de todos, e intentaremos que sea un modelo eficaz, pero que también, como toda obra humana, habrá que ver cómo funciona y habrá que tomar las medidas correctoras que sobre la marcha se estimen oportunas y convenientes.
Es un modelo muy abierto, no exento de muchas complicaciones, que debe ir acompañado --como aquí se ha dicho-- de una rigurosa evaluación. Aquí hay en juego muchos valores, muchos conocimientos, y debe haber una seriedad a la hora de formar en todos los campos. No sería el modelo que todos deseamos si al final no hubiera una evaluación rigurosa, si en la formación que se adquiere en el mundo empresarial, en los cursos del Inem se procede a una homologación con los módulos de Formación Profesional y no se han dado los contenidos que aparecen en los módulos del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Alguien ha preguntado por qué no se han terminado. Desde el año 2002 hasta el 2004 se han hecho 92 cualificaciones, 26 familias. Es un trabajo muy importante, porque no se ha puesto límite ni freno a nada. A mí no me gustaría decir hoy que el Gobierno socialista en seis meses ha hecho más o ha hecho menos, pero tampoco podemos recibir ninguna consigna en los seis meses que llevan de Gobierno porque había 92 cualificaciones y hay 92, o sea, que tampoco me gusta relanzar las críticas en un modelo que vamos a intentar llevar a buen puerto.
Señorías, para terminar y no cansar, creo que hoy está de enhorabuena la Formación Profesional, está de enhorabuena la comunidad educativa, y es un punto de encuentro entre todos que debemos llevar a buen puerto. El trabajo no será fácil, es apasionante, pero para su consecución estamos convocados todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el turno de portavoces, ha sido asumida una propuesta de modificación por parte de todos los grupos parlamentarios que sustituye a la moción original. Por tanto quiero entender que se aprueba por unanimidad. ¿Es así, señorías? (Asentimiento.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR AL SENADO UNA COMUNICACION EN LA QUE FIJE SUS PLANTEAMIENTOS CON RESPECTO A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS FORMULAS DE FINANCIACION PARA LAS ENTIDADES LOCALES (662/000047).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a remitir al Senado una comunicación en la que fije sus planteamientos con respecto a la puesta en marcha de nuevas fórmulas de financiación para las entidades locales.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el senador Cabezas.
El señor CABEZAS ENRIQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, difícilmente podré decir algo nuevo sobre las demandas municipales. Y la misma aseveración podrían hacer todos los que vienen trabajando desde hace años en este ámbito, con más o menos responsabilidad, ya que cuando hablamos de financiación local los mismos problemas nos llevan a tener una unidad de criterio.
En primer lugar quiero indicar que hasta ahora, y hoy también --por eso agradezco a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara que hayan firmado una enmienda transaccional en relación con el asunto que nos ocupa--, esta Cámara sigue siendo el punto de encuentro de los ayuntamientos para sus justas y permanentes reivindicaciones.
Los ayuntamientos estamos de cumpleaños, y lo hemos celebrado. Son ya 25 años de democracia en esas instituciones, 25 años de cultura democrática.
Y seguimos vivos después de 25 años a pesar de todo. Es un milagro, señorías; pero hemos sobrevivido.
Nuestras demandas son crónicas, ya que con el 13 por ciento del gasto público no se pueden resolver los problemas que hoy tenemos. La vicepresidenta del Gobierno decía hace unos días que las entidades locales, además de ser un ejemplo de reafirmación democrática, también lo han sido de imaginación y creatividad a la hora de encontrar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Y es cierto.
He hecho referencia a esos 25 años de democracia, y Vitoria ha sido la plaza mayor de los pueblos de España. Pues bien, quiero que el Senado también sea esa plaza mayor de encuentro de los ayuntamientos y el lugar en el que, desde la fuerza de la unidad, mejor que de la mayoría, se dé una solución definitiva al inmenso problema que tenemos única y exclusivamente por hacer aquello que otras administraciones tendrían que hacer y no hacen.
No nos olvidemos de que hoy el mundo es fundamentalmente urbano. Y como nos ocupamos especialmente de las personas, permítanme que les recuerde que prestamos servicios en materias como educación, salud, urbanismo, vivienda, políticas de integración y atención social, seguridad ciudadana, atención a la tercera edad, acogida e inserción de inmigrantes, lucha contra la droga, deporte, ocio,

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tiempo libre, protección civil, medio ambiente, turismo o consumo, trabajos asumidos sin título competencial específico para ello. Se trata de un 30 por ciento de competencias impropias, un 25 por ciento de gasto municipal, y 4.000 millones de euros de deuda histórica.
Aparte de todos esos servicios también nos ocupamos del transporte urbano, el abastecimiento, el saneamiento, la recogida de basuras, el tratamiento de residuos, el alumbrado, los equipamientos sociales, culturales, deportivos, de ocio... Y además cedemos suelo de nuestro patrimonio municipal para colegios, equipamientos sanitarios, etcétera.
Precisamente por eso los ayuntamientos son piezas clave en el Estado del bienestar: porque son portadores de servicios básicos, impulsores de la cohesión social, al igual que innovadores imaginativos y creativos.
Señorías, el ámbito municipal tiene que formar parte de la agenda prioritaria del Gobierno, por lo que es necesario que antes que ninguna otra reforma se solucione el problema de la financiación local. Y esta moción quiere contribuir a ello. No se trata de ir en contra de nada ni de nadie, sino sólo a favor de los ayuntamientos, que es lo mismo que decir a favor de los ciudadanos. Y es que la Administración local no puede ser una subestructura subordinada y tutelada, ya que estamos moldeados por la presión social y también por nuestra capacidad de respuesta.
Decía que somos innovadores imaginativos, creativos para hacer frente a los retos de la globalización. Esta puede borrar algunas o muchas cosas, pero no la proximidad. Emerge un nuevo localismo, y los ayuntamientos no somos laboratorios. Creo que a lo largo de estos años le hemos puesto rostro al sentido común. Por ello, la capacidad colectiva para conducir transformaciones en la sociedad nace de los ayuntamientos. Hemos construido nuestra propia identidad. Es una cuestión política: de Administración local orientada a la prestación de servicios hemos pasado también al Gobierno local orientado a la toma de decisiones políticas.
El ámbito local es el espacio más adecuado para responsabilizarse del bienestar de los ciudadanos. En todo caso, nunca hemos buscado el poder político, social o económico, sino que nos hemos ocupado de las personas, y no sólo hemos dado respuesta a los ciudadanos sino que también hemos suplido la falta de presencia del Estado y de las comunidades autónomas sin mirar a quién correspondía la competencia y haciéndolo con cargo a nuestros propios presupuestos. Por eso, más financiación para los ayuntamientos es invertir en el futuro de los ciudadanos.
Quiero agradecer a todos los grupos políticos la firma de esta enmienda transaccional que, en definitiva, lo que dice es que insta al Gobierno a que intensifique los trabajos en relación con la financiación local, al objeto de que en el mes de febrero de 2005 remita a esta Cámara, para su estudio en la Comisión de Entidades Locales, una comunicación en la que fije planteamientos de partida para la consecución de un pacto de Estado destinado a la puesta en marcha de nuevas fórmulas de financiación para ayuntamientos, diputaciones, cabildos y demás entes locales, a fin de proporcionarles recursos suficientes y estables para el respaldo presupuestario de los servicios que prestan a los ciudadanos, y que sirvan además como base para un nuevo impulso en el establecimiento de un auténtico y genuino gobierno local, salvaguardando a todos los efectos lo previsto en los estatutos de autonomía.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En la medida en que hay una enmienda firmada por todos los grupos parlamentarios, pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señorías, también quiero comenzar transmitiendo la felicitación por el 25 aniversario de las corporaciones locales. El senador que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho una referencia significativa e importante sobre lo que han supuesto estos 25 años, pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin incidir en dos o tres apartados fundamentales.
El primero de ellos, hacer ciudades en el amplio sentido de la expresión; en segundo lugar, atender a los más desfavorecidos y, por último, en la respuesta dada a retos importantes tanto en cada una de esas ciudades como en lo que afecta a los ciudadanos que en ellas conviven.
Han sido 25 años, y cuando los rememoramos apenas nos acordamos de esas ciudades con que nos encontramos cuando llegó la democracia, en las que se empezó a trabajar desde lo más básico, en muchas ocasiones tendiendo canalizaciones para llevar el agua potable a algunos barrios o dotándolas de los servicios más básicos, como salud, educación, etcétera.
Han sido 25 años de trabajo en cada una de las corporaciones locales que han supuesto --de esto hablamos poco-- endeudamiento para realizar y llevar a cabo esos retos de servicios, de infraestructuras, de prestaciones, de actividades en cada uno de esos municipios y ciudades.
He dicho endeudamiento porque cuando se cita esta palabra, desde los diferentes gobiernos que han pasado por nuestro país siempre se ha mirado para otro lado a la hora de abordar el verdadero problema que supone el endeudamiento de las corporaciones locales fruto de esa actividad desarrollada en los 25 años de ayuntamientos democráticos. Por lo tanto, quiero destacar que lo que se ha hecho ha sido gracias al esfuerzo y la dedicación de esas corporaciones locales durante estos últimos 25 años, pero hay una asignatura pendiente que está sin resolver no solamente sobre la financiación, sino también con cuestiones que tienen que ver con problemas de endeudamiento de esas corporaciones locales como consecuencia de la realización de esos retos que teníamos pendientes --me incluyo porque procedo del mundo de la Administración local--, y poco hablamos sobre su resolución.
En definitiva, creo que queda una asignatura pendiente, que es abordar el endeudamiento de las corporaciones locales.


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Una segunda cuestión que plantea la moción es la financiación futura.
Creo que es importante hablar de financiación porque en los últimos años, señorías, las corporaciones locales han perdido porcentaje en el gasto del Estado en comparación tanto con el Estado como con las comunidades autónomas.
Señorías, se han eliminado recursos locales, como el Impuesto sobre Actividades Económicas y, aún a día de hoy, no están claras las cuentas de compensación que seguro estarán contribuyendo a la cuestión anteriormente mencionada, el endeudamiento de las corporaciones locales.
Estamos depositando mucha confianza en el futuro Libro Blanco en el que se está trabajando donde esperemos se hablará de las competencias, las actividades propias e impropias, las compensaciones y competencias a la vez económicas, sobre el régimen electoral, etcétera.
Es cierto que estamos todos ansiosos y hemos dado un pequeño margen de espera para conocerlo.
Señorías, no puedo abandonar la tribuna sin decir que he leído la moción , he intentado buscar su sentido, pero, aunque voy a apoyarla, pienso que sólo nos va a incorporar a un calendario de debate del Libro Blanco, porque la FEMP ya dialogaba con el Gobierno los mecanismos de discusión; nos vamos a encontrar dentro de unos procesos preconclusión del citado Libro y los senadores que formamos parte de la Comisión de Entidades Locales vamos a trabajar en ello , vamos a ser consultados o, al menos, se va a solicitar nuestra opinión.
Me gustaría mantener un debate más profundo, más amplio sobre todo lo relacionado con las corporaciones locales, pero me sumo al trabajo que llevaremos a cabo en la propia comisión, donde nos queda una buena tarea por hacer.
Aun así, como conclusión, repito, esta moción pretende incorporarnos a un calendario de debate. Cosas peores terminaremos viendo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria con relación a la moción planteada.
En primer lugar, quiero felicitar al grupo proponente, no sólo por la presentación de la iniciativa sino también por su capacidad para alcanzar un consenso, un diálogo con el resto de fuerzas políticas para conseguir una transaccional que, sin duda, mejora el contenido inicial de la moción.
Recientemente, en el marco de la Comisión de las Entidades Locales tuvo lugar la comparecencia del presidente de la Federación de Municipios de Cataluña y del presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas. Igualmente, como ha hecho alusión el anterior portavoz, nos referimos al Libro Blanco del municipalismo con un calendario planteado.
Señorías, en definitiva, estamos dando los pasos necesarios a fin de conseguir el objetivo del que hablábamos en la citada comisión para que 2005 sea el año de los ayuntamientos y entiendo que también de todas las entidades locales.
No se trata únicamente de un problema de financiación. Es tan aleatorio plantear porcentajes de participación de los tributos del Estado a la Administración general del Estado, a las comunidades autónomas, ayuntamientos o cabildos, sin plantear previamente el debate del marco competencial que considero sigue siendo la asignatura pendiente.
No quiero hablar en este momento de todas las soluciones que han ofrecido los ayuntamientos en estos 25 años. Han resuelto déficit importantes en los municipios que, sin entrar en debatir la titularidad de su competencia, entendían que era un problema del ciudadano que se dirige al ayuntamiento como primera administración.
Señorías, estamos en una Cámara legislativa , que es el marco donde debemos hablar definitivamente de esa ley de marcos competenciales, y, a partir de ahí, podremos definir mejor la participación en la tarta económica de todo el Estado. A todo ello, se une la iniciativa planteada por las Cortes de Aragón, que en este momento se encuentra en trámite de aceptación por el Congreso de los Diputados, que ha sido remitida al Senado, y los señores portavoces conocen ya el informe de los servicios jurídicos del letrado mayor con relación al trámite a seguir.
Señorías, nosotros creemos que no sólo hay que atender a planteamientos como el hecho poblacional, sino que hay que atender en primer lugar a ese marco competencial estableciendo sobre todo, en función de esas competencias, la fijación de recursos.
También hay otras cuestiones que confluyen en el hecho poblacional, por ejemplo la inmigración en municipios turísticos o el número de puestos escolares, lo que sin duda tiene que influir en la financiación. También nosotros aportábamos un dato en esa comisión: los espacios protegidos.
Estos significan, sin duda, una limitación al crecimiento, a la actividad económica en algunos municipios, por lo que tienen que ponderarse en ese nuevo marco de financiación.
Y otro tema importante es el hecho insular, que también plantea condicionantes en el desarrollo de la actividad de los municipios. Por tanto, lo consideramos también como un elemento importante a la hora de plantear la financiación. Creemos que éste es un debate importante puesto que creo que todas sus señorías coincidimos en defender el papel que los ayuntamientos, los municipios han jugado durante estos años. Por tanto, éste va a ser un debate en el que vamos a participar, no sólo en el marco de la Comisión de entes locales, sino que seguramente a lo largo del año próximo tendremos ocasión de hacerlo en este Pleno.
Así, con esa felicitación por esta iniciativa, y como decía al principio, sobre todo por aceptar la enmienda transaccional firmada por todos los grupos políticos, el Grupo

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de Senadores de Coalición Canaria también vamos a aceptarla.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos celebrando en estos momentos el 25 aniversario de los ayuntamientos democráticos después de la dictadura, hecho relevante porque sin duda es el período más largo que haya existido en el que se ha ejercido una democracia real. Ese es un motivo de satisfacción, y si me lo permiten, diré que de normalidad.
Efectivamente, los ayuntamientos son el eslabón del Estado que más cerca se encuentra de los ciudadanos, y es sin lugar a dudas, en zonas despobladas, con municipios pequeños y diseminados, donde juega un papel más importante la presencia de éstos. El ayuntamiento es el lugar al que acuden mayoritariamente los ciudadanos con más frecuencia con todo tipo de problemáticas, la mayoría de las cuales ni tan siquiera son estrictamente de competencia municipal.
En resumen, los ayuntamientos son los nudos de una inmensa red que cubre el territorio, y para que esta red sea fuerte y capaz de resistir las situaciones difíciles, las tensiones importantes, esos nudos han de ser consistentes. Por tanto, creo que todos estamos de acuerdo en que existe un camino largo de recorrer. Y en esa línea de reforzamiento y modernización de esa institución estamos. Por tanto, no podemos esperar más.
Les hablo, señorías, desde una cierta experiencia que me proporcionó el haber servido a mis ciudadanos durante más de 21 años como alcalde. Pues aunque se nos llene a todos la boca, y aun reconociendo las aportaciones que al buen funcionamiento del conjunto del Estado se está haciendo desde los ayuntamientos, lo cierto es que se ha trabajado sin poder disponer de una verdadera ley de bases de régimen local moderna, capaz de hacer frente a los nuevos retos, y con un sistema de financiación que, efectivamente, no cumple con los objetivos que fija la propia Constitución en cuanto a su eficiencia financiera. En la actual normativa existe una voluntad uniformadora y reduccionista que no tiene en cuenta la transformación de la sociedad de los últimos tiempos y que tampoco facilita el normal funcionamiento de los ayuntamientos, que no se adapta a la realidad actual, ya que, dicho a grandes rasgos, las normativas de obligado cumplimiento son básicas e idénticas para un ayuntamiento de 500 habitantes que para uno de setenta mil. No existen tratamientos específicos para los ayuntamientos turísticos sujetos a temporalidad, a los de montaña por sus características, y de forma especial no existen tampoco para los que están compuestos por un gran número de núcleos de población agregados. Por ejemplo, un municipio de 1.000 habitantes que tenga un solo núcleo de población tiene el mismo tratamiento que uno que tenga el mismo número de habitantes pero con 20 ó 25 núcleos agregados, con sus correspondientes problemas de transporte, de servicios básicos o de traídas de aguas que ello conlleva.
Hemos podido comprobar, por ejemplo, cómo los ayuntamientos con centrales de producción de energía eléctrica en su territorio se han visto obligados a unirse para defender sus legítimos intereses frente a las grandes compañías, que, en general, han tenido la complicidad del propio Gobierno. Hemos comprobado cómo el propio Estado favorecía a las concesionarias de autopistas con unas desgravaciones fiscales a cargo de las arcas municipales de los municipios afectados por sus infraestructuras o la mala compensación del IAE, que, efectivamente, no hemos resuelto.
Hay que tener presente que la actual normativa no contempla las nuevas necesidades de los ciudadanos y, en muchos casos, son los ayuntamientos los que deben hacer frente a esa incapacidad del propio Estado de cumplir con sus obligaciones. En este momento los costes que representan para los ayuntamientos toda una serie de políticas que, sin ser obligatorias, prestan a la sociedad como pueden ser las relacionadas con la sanidad, los servicios sociales, la aplicación de políticas de juventud, formación, vivienda, agricultura, extranjería, etcétera, pueden significar hasta el 30 por ciento de los presupuestos municipales, y el Estado no reconoce este incremento del coste.
Consideramos que un paso básico es que sean las propias comunidades autónomas las que tengan capacidad para ordenar en el marco de su territorio el proceso de modernización y adecuación de las actuales normativas locales a las demandas de los tiempos en que vivimos. Pensar, por ejemplo, que el transporte público sólo es necesario a partir de 50.000 habitantes o que las bibliotecas sólo son imprescindibles a partir de los 5.000 es negarse a ver que el mundo y las necesidades de los ciudadanos están cambiando.
Pero, sobre todo, habría que dar un paso importante para que la nueva ley de bases estableciera de una forma clara el principio de la subsidiariedad frente a la fórmula de homogeneización que en este momento tenemos. Asegurar la autonomía financiera es una de las prioridades, sobre todo en base a la equidad. No hay mayor injusticia que tratar de igual modo a dos cosas absolutamente diferentes. Desde nuestro punto de vista, los parlamentos autonómicos deben jugar un papel importante en la regulación de la participación de los ayuntamientos y comunidades autónomas en los fondos procedentes del Estado, una vez hayan sido territorializados.
Por lo tanto, el tema necesita de una solución rápida. El compromiso por parte del Estado es que en el mes de febrero se presente un libro blanco y su voluntad es que, a través de un pacto de Estado, se resuelva la financiación municipal. Esperamos que en el primer semestre del próximo año podamos disponer de ese proyecto de ley para que pueda verse reflejado en los presupuestos del año que viene. Sería interesante, ya que todos hablamos de que el Senado es una Cámara de representación territorial, que el proyecto o proposición de ley que dé solución a este tema

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viera la luz en esta Cámara y no en el Congreso de los Diputados.
Como hemos dicho antes, hemos presentado una enmienda de adición que ha decaído porque ha sido incorporada a esa transaccional que hemos firmado todos los grupos políticos. Por lo tanto, solicitamos que esa propuesta que va a presentarse sobre un tema tan importante como es la financiación de los ayuntamientos pueda ser aprobada por unanimidad en el Senado y esperamos que el Gobierno la tome en serio para que los presupuestos del año que viene posibiliten un financiamiento adecuado de las entidades locales.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.


El señor ESQUERDA SEGUES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Administración local, la que rige y dirige nuestros pueblos y ciudades, tiene problemas económicos por falta de financiación; dicho de otra manera, problemas derivados de una financiación insuficiente y dependiente.
Este año se han cumplido los 25 años de aquellos ayuntamientos democráticos que, por primera vez y después de una larga noche, surgieron con mucha ilusión y una gran esperanza y dispuestos a transformar esas ciudades y pueblos carentes en su gran mayoría de lo imprescindible para equipararnos a los municipios y a los servicios de nuestros vecinos europeos. Hoy, como ciudadanos, debemos congratularnos por ello, como también nos corresponde felicitar a esos millares de concejales y alcaldes que a lo largo de estos años han sabido transformar los municipios dotándolos de las infraestructuras y de los servicios de los que hoy podemos disfrutar. Pero esto, señorías, se ha hecho con un gran sacrificio, con pocos medios y con una financiación siempre escasa, sobre todo en la Casa Consistorial.
Actualmente el peso relativo del sector local es del orden del 13 por ciento dentro del total del sector público, pero esto mismo ocurría hace 20 años. Es decir, desde 1983 hasta la actualidad esto no ha variado.
Pero durante ese mismo período de 20 años el conjunto del sector público comparado con el PIB ha pasado del 36 por ciento al 39 por ciento, lo que supone un incremento del 3 por ciento, en tanto que el peso relativo del sector local comparado con el PIB ha aumentado únicamente tres décimas de punto. Ello quiere decir que el sector local ha crecido diez veces menos que el sector público durante estos 20 años.
Esto ha ocurrido con una administración, la local, que cada vez requiere de una mayor financiación porque en el día a día las demandas sociales también son mayores, pues, aunque el incremento vegetativo de la población ha sido muy pequeño, las demandas sociales en este sentido y las mejoras de estos servicios sí han sido importantes. Por otra parte tenemos unos incrementos no previstos debido a una serie de competencias impropias, tal y como se ha dicho aquí, que no corresponde a los ayuntamientos hacer frente, pues de lo contrario también correspondería que éstos recibiesen los emolumentos económicos necesarios para poder sufragarlas. De dichos asuntos tienen que hacerse cargo los ayuntamientos, pues se trata de una demanda de final, una demanda de los vecinos. Tal y como decía en la Comisión de Entidades Locales un senador perteneciente a otro grupo parlamentario, tenemos el aliento de los vecinos en el cogote y eso te hace trabajar muy deprisa.
La Constitución Española habla del principio de la autonomía local y de la suficiencia financiera, y los tiempos nos han llevado también a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Pero de todos ellos la suficiencia financiera es cuestión caudal para poder llevar adelante todas esas competencias, tanto las propias como las impropias. Esos son los servicios que actualmente prestan los municipios a sus ciudadanos e imagino que podría entrañar una gran dificultad el dejar de hacerlo, pues no imagino a ninguno de los grupos parlamentarios aquí presentes aconsejando a sus alcaldes que eliminaran dichos servicios.
Así pues, si los ayuntamientos debemos seguir prestando todas las competencias actuales, no queda más remedio que aumentar la financiación.
Tal y como se ha dicho aquí, el Ministerio de Administraciones Públicas está elaborando un libro blanco sobre la reforma del gobierno local, cuyo borrador dice que tendrá listo en febrero, pudiendo celebrarse el debate sobre el mismo en junio o julio. Tras ese momento tendremos que debatir las leyes que sean consecuencia de dicho libro, lo cual podría dar lugar a un proceso excesivamente dilatado en el tiempo y mucho más largo de lo debido.
Las competencias impropias que aquí se han presentado representan del orden del 30 por ciento del presupuesto municipal. Pero hay otro tema que se refiere al Impuesto Sobre Actividades Económicas. Lo que se ha dejado de cobrar en los ayuntamientos durante el ejercicio 2004 respecto de lo que se debería haber cobrado de no haber variado la ley que lo eliminó en gran parte, es del orden de unos 250 millones de euros, según la Federación Española de Municipios y Provincias. Como sus señorías pueden comprender, el problema es importante; el tema sería, pues, cómo mejorar la financiación sin tener que esperar a la total elaboración del libro blanco.
Entiendo que lo primero que deberíamos cuantificar sería los costos de los servicios dados y después establecer, aunque fuera de una manera transitoria, una financiación en forma de una mayor participación en los impuestos estatales y autonómicos.
La estructura financiera de los municipios está en el 60 por ciento de ingresos propios y el 40 por ciento de ingresos del Estado. Por tanto, la responsabilidad tributaria municipal es suficientemente alta como para no pensar en incrementarla. Si en el mes de febrero pudiéramos tener aquí este comunicado, tal como se pide en la moción, y entiendo que este comunicado podría ser perfectamente el

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borrador del libro blanco, podríamos empezar a trabajar y adelantar algún tiempo para poder dar ideas al Gobierno en este sentido.
Mi grupo, señorías, está de acuerdo en forzar al Gobierno para que acelere la mejora de la financiación municipal y para ello hemos transaccionado esta moción y le damos todo nuestro apoyo para poder transmitir al Gobierno la importancia que nos merece la vida municipal, su viabilidad y su mejora en todos los ámbitos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Abad.


El señor ABAD BENEDICTO: Señor presidente, señoras y señores senadores, subo a esta tribuna por primera vez con la ilusión, la fe y el espíritu de consenso como municipalista, para posibilitar que esta primera década de un nuevo siglo, el siglo XXI, un siglo que comienza, sea la década del poder local. Estoy encantado de poder aportar en esta Cámara un poco de sensibilidad local y hablar de la situación por la que atraviesan las haciendas locales en relación con la insuficiencia financiera desde la óptica del grupo al que pertenezco, el Grupo Socialista, precisamente ahora, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de clausurar las jornadas organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, en Vitoria, con motivo del 25 aniversario de las corporaciones locales.
El principio de autonomía local aparece proclamado en la Constitución Española con una gran trascendencia para la organización territorial del Estado, tal y como se deriva de los artículos 137, 140 y 141. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido que la autonomía local debe ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos les atañen sin que, en todo caso, se pueda oponer tal derecho al principio de la unidad estatal. Es la idea de participación, por tanto, la que subyace al principio de autonomía municipal junto a los conceptos básicos de proximidad y subsidiariedad. La subsidiariedad se refiere, señorías, a las cuestiones de quién hace qué y quién está en mejores condiciones para actuar y alcanzar mayor eficacia en el servicio a los ciudadanos, no cabe la menor duda de que son los ayuntamientos las administraciones más próximas a los mismos.
Estamos celebrando, como se ha dicho aquí en esta Cámara, señorías, los primeros 25 años de ayuntamientos democráticos, un período en el que se ha avanzado razonablemente en la estructuración y en el desarrollo de las competencias de los gobiernos locales, añadiendo a continuación que han sido los ayuntamientos una de las claves de vertebración democrática de nuestro país. Consciente de esta realidad, el Gobierno anunció, como ya se ha dicho aquí, en la Comisión de Entidades Locales, por boca del ministro Jordi Sevilla, el pasado 27 de septiembre, tal como queda reflejado en el «Diario de Sesiones», la elaboración del libro blanco, cuyo trabajo por parte de la comisión de expertos, en su primera parte, debería estar concluido en febrero del próximo año de 2005. A continuación dicho documento será sometido a un amplio proceso de consultas a las fuerzas políticas parlamentarias, a las asociaciones y federaciones de entidades locales de ámbito nacional y autonómico, a las comunidades autónomas y al propio Consejo Europeo durante un plazo de tres meses y, afortunadamente, por el acuerdo y el consenso de esta enmienda, también al unísono, a la Comisión de Entidades Locales de esta Cámara.
Por tanto, señorías, se abre un compás de esperanza razonable, de tan solo meses, para debatir y diagnosticar con exactitud profesional el mal endémico que afecta a los ayuntamientos --financiación, inmigración, elección de alcaldes, papel en Europa-- y posibilitar la intervención adecuada para su rehabilitación definitiva, dándole a esta Cámara el protagonismo que tiene que tener, en la fe de que podemos llegar a ese acuerdo y a ese consenso que venga a satisfacer a los municipalistas, al mundo de los ayuntamientos.
Dejado claro en esta primera parte de mi intervención el compromiso del Gobierno para con el municipalismo, a continuación debo decir que se ha cubierto una etapa importante, pero es ahora, ahora es el momento, tras 19 años de vigencia de la Ley de Bases del Régimen Local, de que adaptemos la realidad normativa municipal al marco asentado del estatuto autonómico. Es preciso buscar un buen encaje de los entes locales en la España de las autonomías definiendo un horizonte adecuado para el desarrollo de la autonomía municipal. Estoy hablando, señorías, del establecimiento de un auténtico y genuino gobierno local, que permita la toma de decisiones en un marco esencialmente político. Para los municipalistas --y entendiendo por las palabras de Jordi Sevilla que también para este Gobierno-- la autonomía municipal es y debe ser una autonomía política en el marco de la Constitución antes que una simple autonomía administrativa en el marco de la ley.
Señorías, sería razonable que el Gobierno no cambiase el sistema de financiación autonómico sin llevar a cabo previamente una modificación de la financiación local, o al menos en paralelo, para que los ayuntamientos puedan tener ingresos suficientes para prestar los servicios que no son de su competencia --los llamados servicios impropios, supletorios, etcétera--; en definitiva, recursos suficientes y normalizados que garanticen esos servicios. Las entidades locales, señorías, presentan en España una menor actividad en cuanto a al gasto público en relación con los países de la Unión Europea. En Suecia, Reino Unido, Francia o Alemania el gasto público local representa el 30 por ciento como media del gasto público total; en España este porcentaje se sitúa invariable desde 1984 en torno al 13,4 por ciento.
Como este senador, municipalista, tiene muy claro que la definición del papel de las entidades locales en la política territorial española no puede ni debe ser un asunto partidista, un arma arrojadiza, sino un auténtico asunto de Estado, es por lo que vengo proponiendo un pacto de Estado desde hace 22 años donde tengan cabida los partidos políticos, comunidades autónomas, el Gobierno y la Federación

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Española de Municipios y Provincias, para que busquen espacios de consenso donde no se dilate más esta situación agónica para el municipalismo y se posibilite que no nos juguemos más el futuro al azar.
La situación de las haciendas locales determina inevitablemente la capacidad de prestación de servicios de los ayuntamientos. La existencia de tensiones económicas está limitando su posibilidad de actuación, así como el desempeño de determinadas competencias por parte de la Administración que no tendría por qué prestar la Administración local.
Todo ello, señorías, está produciendo un colapso, en especial para los pequeños ayuntamientos --6.960, que representan el 86 por ciento--, ya que no tienen recursos suficientes. Y a todo ello habría que sumarle que aún no se ha empezado a negociar --y se ha dicho aquí-- o por lo menos este senador no tiene constancia de ello, la cantidad de compensación del IAE para el quinquenio 2004-2009, por lo que es comprensible que muchísimos alcaldes y alcaldesas estén molestos, ya que este impuesto era un instrumento de política fiscal que los alcaldes y alcaldesas subíamos o bajábamos. Tenemos que reconocer que fue una operación mal diseñada y mal ejecutada, cuyas consecuencias estamos pagando ahora siendo ya éstas irreversibles.
Todos sabemos que muchas de las políticas que han realizado los gobiernos, y las que quieran realizar en un futuro, deben hacerse de la mano de los ayuntamientos --llámese seguridad ciudadana o la promesa de las 180.000 viviendas protegidas--, por lo que aprovecho también para pedir que se eleve del 10 al 15 por ciento el porcentaje de suelo público para los ayuntamientos, que fue derogado por el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo aplicadas por el anterior Gobierno y que tan pobres resultados ha dado.
Señorías, desde ese pacto de Estado que propongo y con voluntad firme, como ha hecho la Junta de Andalucía, este Gobierno tiene que resolver, con los demás grupos políticos, la laguna en el modelo democrático actual que deja fuera de cualquier derecho social a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Es hora ya de que reconozcamos el trabajo que en España desempeñan en esta legislatura más de 65.500 concejales y concejalas que están cotizando.
Señorías, volviendo a la cuestión que nos ocupa y preocupa desde hace décadas, el reparto del gasto público entre los distintos niveles de la Administración en base al 50-25-25 es una referencia que en lo concerniente a las administraciones locales parece no recortarse.
Señorías, voy a darles algunos datos ilustrativos de cultura general para refrescar su memoria. Año 1988: Administración central del Estado, 67,29 del total del gasto; comunidades, 19,34; ayuntamientos, 13,37. Año 1998: Administración central, 59,48; comunidades 26,91; ayuntamientos 13,61.
Señorías, no son estos los datos --y voy terminando-- que nos sitúen en un horizonte esperanzador. Tenemos --tienen los ayuntamientos--, por una parte, una insuficiencia financiera y, por otra, acorde con los tiempos, un mayor número de servicios que prestar y cada vez con mayores niveles de calidad. El hecho de que la administración local sea la más cercana a los ciudadanos, además de ser una realidad incuestionable, tiene consecuencias tangibles importantes: una de ellas es que los ayuntamientos, debido a la cercanía de sus ciudadanos y ciudadanas y su sensibilidad hacia ellos y ellas asumen competencias y prestan servicios que, aun no estando obligados por la legislación vigente, tienen que asumir por cohesión social.
La prestación de estos servicios cuesta a los ayuntamientos entre el 28 y el 32 por ciento de sus gastos totales, lo que impide a muchos de ellos, en particular a los más pequeños, desviar los recursos necesarios para otros servicios. El resultado de todo esto (por un lado, una insuficiencia financiera y, por otro, un creciente servicio a prestar) es, ni más ni menos, la situación en la que se encuentran las haciendas locales españolas en la actualidad.
Termino, señorías. Para establecer este auténtico y genuino gobierno local ......
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor ABAD BENEDICTO: Termino, señor presidente.
... al que me he referido anteriormente, que permita la toma de decisiones con autonomía, hace falta ese pacto local de Estado, fundamentalmente desde el acuerdo tácito por parte de todos los partidos.
El mundo del municipalismo deseamos --como ha afirmado el ministro de Administraciones Públicas, don Jordi Sevilla--, que esta legislatura sea la que venga a satisfacer las demandas históricas de los ayuntamientos.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cabezas.


El señor CABEZAS ENRIQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, acabamos de escuchar las palabras de todos los grupos presentes en esta Cámara. Sin haber intervenido aún el Partido Nacionalista Vasco, sé que coincide plenamente --porque así lo ha manifestado en el asentimiento a esta moción-- en los planteamientos que han quedado constatados. Ha quedado fundamentalmente constatado que la mayoría que los ayuntamientos están en una situación de colapso financiero porque cada vez son más los servicios que dan y menos el dinero que reciben. Por eso, con toda seguridad tendremos que incrementar nuestra participación en la cesta de impuestos e incrementar la participación de los ayuntamientos en el gasto público para cambiar estas cifras que el portavoz socialista reflejaba con toda certeza en su intervención. En estos 25 años, los ayuntamientos hemos demostrado que somos capaces de responder a los desafíos y demandas de los ciudadanos. Esa es nuestra territorialidad.
Yo quisiera terminar no con mis palabras, sino con las palabras de todos los ayuntamientos de España, que han quedado recogidas en ese decálogo del municipalismo del siglo XXI que se aprobó con la Carta de Vitoria, para que sea un reflejo de nuestras demandas. Y quería hacerlo con

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el apartado tercero de ese decálogo, que dice lo siguiente: «El principio constitucional de suficiencia financiera garantiza a los Gobiernos Locales los medios necesarios para desarrollar aquellas funciones que se les atribuyan, dotándolos de recursos que permitan asegurar que las competencias asumidas, sea cual sea el origen de las mismas, van a ejercitarse a plena satisfacción de los vecinos y además con un importante ahorro de medios por el interés y proximidad en la gestión. La reforma que se aborde debe contemplar una conexión entre competencias y medios adecuados para ejercitarlas, diseñando una nueva financiación local con medios propios y transferencias incondicionadas del Estado y Comunidades Autónomas, en función de las competencias que desarrollen, y estableciendo los mecanismos de nivelación necesarios para garantizar la equidad.» Y no se queda aquí, sino que añade: «Los poderes locales deberán ser compensados por la deuda histórica acumulada a lo largo de estos años, a causa de la prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, sustituyendo la no presencia de los otros poderes del Estado.» Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Estando de acuerdo todos los grupos parlamentarios con la enmienda transaccional, entiendo que esta moción puede aprobarse por unanimidad.
(Asentimiento.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRAMITAR Y APROBAR UN NUEVO REAL DECRETO REGULADOR DEL SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO (662/000045).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por la que se insta al Gobierno a tramitar y aprobar un nuevo real decreto regulador del sistema de becas y ayudas al estudio. A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la intención de nuestro grupo parlamentario al presentar esta moción es que el Gobierno del Estado tenga en consideración la sentencia número 188, de 20 de septiembre de 2001, en la nueva convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2005-2006, y no nos encontremos de nuevo, como ha sucedido en las tres últimas convocatorias coincidiendo con los tres años siguientes a la publicación de la sentencia, con que tienen un reiterado carácter de provisionalidad; tres años en que el Partido Popular había preparado la orden ministerial y, como comprobé hace unos días en la Comisión de Educación, la raíz de su incumplimiento era la voluntad del Gobierno del Partido Popular de incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y demostrar así su visión de un Estado centralizado.
Nuestra propuesta, y así se refleja en la moción, es proceder con carácter de urgencia y previa deliberación con las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, a la tramitación y aprobación de un nuevo real decreto regulador del sistema de becas y ayudas al estudio, que se adapte a la nueva realidad contemplada en la sentencia, atribuyendo a la Administración del Estado la normativa básica de las convocatorias anuales, y a las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de dichas convocatorias.
Sus señorías han de conocer que la norma que aún sirve de referencia para estas convocatorias es el Real Decreto 2298/1983. Esa fue, por cierto, una de las primeras medidas aplicadas por el Gobierno socialista, por el ministro señor Maravall, cuando únicamente tenían competencias transferidas en educación cuatro comunidades autónomas: Euskadi, Galicia, Andalucía y Cataluña. Han pasado más de veinte años desde la aprobación de aquel real decreto del año 1983, las transferencias en educación se han hecho ya extensivas a todas las comunidades autónomas y lo que en el año 1983 era un buen real decreto, hoy, desde la óptica de 2004, se puede considerar como un modelo centralizado que ya no responde por motivos jurídicos --los aducidos en la sentencia--, y tampoco políticos, a las exigencias actuales.
En octubre de 1994, el Gobierno de Cataluña presentó un conflicto positivo de competencias contra la orden ministerial de la convocatoria general al curso 1994-95. Con el Gobierno del Partido Popular, en noviembre de 1997, se volvió a presentar un nuevo conflicto y, en aquella ocasión, a pesar de que el Gobierno de Cataluña mantuviese unas intensas negociaciones, que se vieron frustradas. De estos dos conflictos surge la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001, que motiva el debate de esta moción.
La sentencia acepta parcialmente las tesis del Gobierno de Cataluña al pronunciarse sobre el reparto competencial entre la Administración del Estado y la Generalitat, en relación con las convocatorias anuales de becas. En sus fundamentos jurídicos, la sentencia examina con detalle la repercusión de dichas consideraciones en el articulado, diferenciando aquello que no tiene carácter básico --y, por tanto, debe ser ubicado en el ámbito de actuación propio de las comunidades autónomas--, de aquello que sí lo tiene y, por tanto, debe continuar adscrito, como hasta el momento, al ámbito de actuación de la Administración del Estado.
El Tribunal Constitucional considera que las normas básicas estatales deben dejar un margen a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar o complementar la regulación de las condiciones para la concesión de las ayudas y su tramitación, así como las competencias exclusivas de ejecución y gestión.
Nuestro interés en la defensa y aprobación de esta moción se centra en que nos ajustemos al modelo de Estado del que nos hemos dotado entre todos, con un Gobierno central, pero también con comunidades autónomas con competencias; es

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decir, un Estado descentralizado, en el que el Gobierno central marque la normativa básica, pero dando cabida dentro de esa normativa --del nuevo real decreto que proponemos--, a las comunidades autónomas, para que éstas elaboren su propia normativa y la desarrollen.
Asimismo, nuestra moción pretende dar cumplimiento a la sentencia --después de tres años en los que no se ha tenido en cuenta--, y hacer efectivos los principios de diálogo, cooperación y colaboración que han de imperar en el trabajo entre administraciones.
Desde 1983 hasta el año 2004 han sucedido muchas cosas, han cambiado las competencias y se han transferido a las comunidades autónomas. Ahora es el momento de gobernar y administrar, teniendo en cuenta que cada una de las administraciones debe tener sus propias competencias y entre todas han de ejercer el diálogo, la cooperación y la colaboración para llegar a buen fin.
En este sentido, considerando el propósito de la moción de elaborar un nuevo real decreto adaptado a las exigencias de 2004 y de futuro, es por lo que les pido la aceptación de esta moción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cardona.


El señor CARDONA PRADES: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para justificar la enmienda de adición.
Entendemos que la moción inicial del Grupo Entesa Catalana de Progrés sólo pretende dar cumplimiento a la sentencia 188/2001, de 20 de septiembre. No obstante, al objeto de evitar suspicacias, interpretaciones diversas poco acordes con la sentencia del Tribunal Constitucional y al objeto de hacer asumible la moción a todos los grupos políticos, hemos propuesto una enmienda de adición, que textualmente dice lo siguiente: Que se garantice en todo caso los principios de igualdad de oportunidades y de solidaridad y el acceso de todos los ciudadanos a la enseñanza en condiciones de igualdad, con independencia de su lugar de residencia.
La adición presentada insiste en lo manifestado por los diferentes fundamentos jurídicos de la sentencia que ha motivado esta moción. La regulación mediante un nuevo real decreto del sistema de becas y ayudas al estudio ha de lograr un sistema en el que se garanticen los principios de igualdad de oportunidades y de solidaridad, tan importantes en una materia como las becas, que constituye un elemento nuclear en el sistema educativo, dirigido a hacer efectivo el derecho a la educación.
Entendemos, señorías, que nuestra adición mejora la enmienda y, en consecuencia, si es aceptada, la defenderemos en el turno de portavoces.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo acepta esta enmienda de adición porque deja claro que es oportuno y necesario este nuevo real decreto, en el que haya cabida también para un ámbito de actuación de las comunidades autónomas.
Nos gustaría que la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista, que dice que se garanticen en todo caso los principios de igualdad de oportunidades y de solidaridad y el acceso de todos los ciudadanos a la enseñanza en condiciones de igualdad, con independencia de su lugar de residencia, pudiera ser también motivo para tranquilizar al Grupo Parlamentario Popular y poder llegar a un acuerdo, porque en ningún momento queremos romper con los principios de igualdad de oportunidades y de solidaridad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Emplearé unos segundos nada más para mostrar nuestro apoyo a la moción, puesto que se trata simplemente de dar cumplimiento a una sentencia judicial, al tiempo que diré también que nos parece muy apropiada y oportuna la enmienda del Grupo Socialista para garantizar los principios de igualdad y solidaridad para todos los estudiantes, independientemente del lugar donde residan.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Entesa Catalana de Progrés nos presenta una enmienda en la que se insta al Gobierno, previa deliberación con las comunidades autónomas y con carácter de urgencia en el marco de la Conferencia de Educación, a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de septiembre, sobre la tramitación y aprobación de un nuevo real decreto regulador de las becas.
La moción fue provocada por los conflictos de competencias acumulados en las sentencias números 3386/1994 y 4710/1997 de la Generalidad de Cataluña contra las órdenes del Ministerio de Educación y Ciencia de junio de 1994 --¡no sé quien gobernaba!-- y de 30 de junio de 1997. En la primera se promovía un conflicto positivo de competencias precisamente porque en los antecedentes --y pueden leerlos ustedes-- se decía que distintas circunstancias económicas, índices de precios y académicos

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generaban en distintos territorios nacionales situaciones de desigualdad.
La segunda sentencia, la 4710/97, fue hecha precisamente porque el Tribunal Constitucional no contestó a la primera.
Es evidente que si nuestro partido, estando en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, presentó un conflicto de competencias reiterado tanto en 1994 como en 1997, que no generó una sentencia hasta 2001 y que a partir de 2001 --tal como ha indicdo la senadora Baig--, después de la Conferencia de 2003, se le exigió al Gobierno del Partido Popular que hiciera una nueva ley, hoy estamos de acuerdo en que el Partido Socialista, que tampoco tiene excusa, ejerza la legislación necesaria para que esta nueva ley vea la luz. Tampoco tenemos inconveniente en que la enmienda presentada por el mismo Partido Socialista, que refuerza los principios constitucionales de igualdad de oportunidades y de acceso a todos los ciudadanos a la enseñanza, esté puesta en la misma moción. Pero si ustedes hubiesen leído el motivo del conflicto de intereses, habrían visto que precisamente esta diferencia de igualdades entre los distintos territorios del Estado español fue lo que hizo que la Generalitat llevase al Tribunal Constitucional estas leyes.
Votaremos a favor, pero me gustaría que esta Cámara hiciese un pacto entre caballeros --hablo de caballeros porque de momento los portavoces son todos varones-- para que cuando una moción en comisión o en el pleno se presente en base a acciones o mociones anteriores o de sentencias procedentes de conflictos planteados por uno u otro grupo, nos den opción a los grupos que han formulado mociones anteriores o conflictos anteriores a la presentación en esta Cámara de una moción conjunta. De todos modos, después de lo oído hoy en esta Cámara en las mociones anteriores, es difícil tener unanimidad respecto a ello. Hemos visto como la opinión es distinta en esta Cámara, en nuestra comunidad o en otras negociaciones del presupuesto. Por lo tanto, es más difícil que lleguemos ahora a un pacto.
En definitiva, y volviendo al tema, nuestro grupo votará afirmativamente no sólo a la moción, sino a la enmienda porque refuerza los principios de igualdad de oportunidades, de acceso de todos los ciudadanos a la condición de igualdad y refuerza el mandato constitucional, al que nosotros llevamos precisamente porque este mandato no se cumplía.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, anunciaba el pasado mes de septiembre en el Congreso de los Diputados que las becas o el esfuerzo para el próximo ejercicio en educación subiría en el presupuesto un 7 por ciento. En este sentido, la vicepresidenta destacaba que, después de ocho años consecutivos de retroceso en becas y en igualdad de oportunidades, el Ejecutivo iba a dar un paso muy importante en materia educativa que iba a permitir que en España hubiera 25.000 becas más y 25.000 estudiantes más, 9.000 en enseñanzas medias y 16.000 en enseñanzas universitarias, y que sus familias se verían directamente beneficiadas de esta medida.
Desde nuestro grupo consideramos que evidentemente es importante avanzar en lo que es la política de becas para tratar de favorecer la igualdad de oportunidades. Además, queremos recordar que la Ley de calidad de la enseñanza, tan comentada, en su capítulo 1 dice que son principios de equidad el garantizar la igualdad de oportunidades, la calidad para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, con el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.
En esta misma Ley de calidad de la enseñanza, si miramos sus diferentes artículos sobre derechos y obligaciones de los padres y alumnos, se habla en el capítulo 3 de las becas y ayudas al estudio y de los premios y reconocimientos. El artículo 4 de este capítulo 3 dice textualmente: Becas y ayudas al estudio. Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio destinado a superar los obstáculos de orden socioeconómico que en cualquier parte del territorio impidan o dificulten el acceso a la enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos con aprovechamiento. Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se establecerán ayudas al estudio que compensen las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles obligatorios.
Este artículo sigue diciendo que a los efectos oportunos el Gobierno determinará, con carácter básico, las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio, las condiciones académicas y económicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, de vocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las comunidades autónomas.
En el capítulo 6, esta Ley de calidad de la enseñanza establece los programas de cooperación. El Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, promoverá programas de cooperación territorial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos programas tendrán como finalidad, según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial.
Pues bien, la educación debe ser un instrumento al servicio de la libertad tanto individual como de los pueblos. Una sociedad democrática necesita de educación para poder continuar ejerciendo con sus ideales democráticos y aquellas personas desfavorecidas necesitan sistemas de becas

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y el Gobierno, en consecuencia, debe regular dicha materia.
El ejercicio de esta libertad exige medidas como la autonomía escolar, la elaboración de diseños escolares propios para cada una de las Comunidades Autónoma donde está transferida esta materia, la superación de los conflictos que existen entre centros públicos y privados, la educación en libertad, así como respetar las decisiones de cada una de las comunidades sobre el tipo de contenidos a desarrollar en cada una de sus materias.
También la igualdad es para nosotros una razón de peso y de ahí que, unida a la calidad como reto importante, estemos de acuerdo con lo planteado en la enmienda de solicitud de aprobación de un nuevo real decreto que regularice el sistema de becas y ayudas al estudio, que lo adapte a la nueva realidad que existe y que atribuya a la Administración del Estado la normativa básica de las convocatorias anuales y, sobre todo, a las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de dichas convocatorias. Por todo lo cual manifestamos que desde nuestro grupo vamos a apoyar también dicha moción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero dar las gracias a los grupos que han manifestado que darán el voto afirmativo a esta moción. Consideramos que es importante, y para tranquilizar a la representante del grupo parlamentario catalán, a la que me ha sido difícil entender, le diré que en la defensa de lal misma estamos haciendo un reconocimiento al trabajo realizado en su momento por el Gobierno de Convergència i Unió en la Generalitat de Cataluña, con el que coincidíamos en aquel entonces y con el que coincidimos ahora. Es voluntad de todos que aquello que se pidió desde la Generalitat de Cataluña corresponda ahora hacerlo para todas las comunidades autónomas.
Estamos en el camino de conseguirlo si hay otra sensibilidad desde el Gobierno del Estado, como la que puede mostrar el Gobierno socialista.
Nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular entendiera que ya no estamos anclados en el año 1983, estamos en el año 2004 y, ciertamente, necesitamos una nueva organización para dar cumplimiento a la igualdad de oportunidades y a la solidaridad. Como dice la misma sentencia, las ayudas se dan para que cumplan determinados requisitos, esencialmente de orden académico y económico, asegurando así que las limitaciones de renta no constituyan un obstáculo para el acceso a las enseñanzas correspondientes. Lo cierto es que todo ello no debe impedir la gestión descentralizada de las ayudas y la atención a las peculiaridades territoriales.
La misma sentencia reconoce que esto puede crear dificultades, que estamos bajo un nuevo principio, el de autonomía, pero las posibles dificultades previas pueden salvarse mediante diversas técnicas. En primer lugar, mediante una planificación que determine el tipo de proyecto que debe ser objeto de la actuación estratégica. La información que al respecto posea el Estado, junto con la de las comunidades autónomas, permite alcanzar criterios objetivos para distribuir territorialmente los fondos presupuestarios.
La sentencia hace mención al establecimiento de mecanismos de cooperación y de coordinación y que pueden arbitrarse sistemas que posibiliten el desplazamiento de los fondos para cumplir el criterio básico del Estado de proporcionar las peculiaridades territoriales y las gestiones a las comunidades autónomas.
Estamos en un nuevo tiempo, estamos bajo un nuevo reto, creo que lo debemos afrontar, que no debemos eludirlo, y continúo pidiendo reiteradamente la votación favorable de todos los grupos a esta moción.
Si así fuera contribuiríamos a crear una nueva sensibilidad en este Estado descentralizado que todos hemos ayudado a crear.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Cardona.


El señor CARDONA PRADES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí un honor y una satisfacción dirigirme por primera vez a todos ustedes, a los que pido anticipadamente disculpas si en algún momento de mi intervención el tono no fuera el que corresponde a esta Cámara.
Las becas tienen especial trascendencia en el sistema educativo. Es evidente el esfuerzo del Gobierno en profundizar en la consecución de la igualdad de oportunidades entre los estudiantes de todos los niveles educativos. El presupuesto inicial de 2005 crece un 10,5 por ciento respecto al de 2004, un aumento de 86 millones de euros hasta alcanzar un gasto total de 903 millones.
Sentado el principio de que todos los alumnos tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades para obtener las becas, y aceptado que debe haber una normativa básica que regule la cuantía de las ayudas, así como los requisitos económicos y académicos, no es menos cierto que junto al incremento de las becas y su cuantía, tal como ha hecho este Gobierno, la gestión descentralizada y la atención a las características de cada comunidad autónoma junto a una mayor agilidad en la gestión, para evitar en muchos casos demoras injustificables, son aspectos que deberían tenerse en cuenta en la próxima regulación.
El debate sobre esta moción que ha presentado Entesa Catalana de Progrés no debería haberse producido si, en su momento, quien tenía las responsabilidades de Gobierno hubiera hecho sus deberes y hubiese cumplido con los compromisos adquiridos.
Hoy estamos debatiendo sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de septiembre, que ha modificado parcialmente el reparto competencial entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en relación con las convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio. Dicha sentencia considera que las normas básicas estatales deben dejar un margen

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a las comunidades autónomas para desarrollar o complementar las regulaciones de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación respecto, asimismo, de las competencias exclusivas de ejecución y gestión que corresponden al ámbito autonómico.
En sus fundamentos jurídicos la sentencia examina detalladamente la repercusión de estas consideraciones en el articulado de las convocatorias anuales de becas, diferenciando aquello que no tiene carácter básico y que, por tanto, debe ubicarse en el ámbito autonómico, de lo que debe continuar adscrito al carácter estatal.
De acuerdo con lo anterior, al no haberse modificado el Real Decreto 2297/1983, que regula el sistema de becas y ayudas al estudio, la moción presentada por Entesa insta al Gobierno a que, con carácter urgente, y dando cumplimiento a la citada sentencia del Tribunal Constitucional, tramite y apruebe un nuevo real decreto adaptado a la nueva realidad de reparto competencial que atribuya a la Administración del Estado la normativa básica de las convocatorias anuales de becas y ayudas al estudio, y a las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de dichas convocatorias. Pues bien, señorías, en estos momentos el Gobierno está trabajando en la elaboración de una propuesta que dé cumplimiento a la citada sentencia. Para ello durante los próximos meses deberá analizarse el borrador de un nuevo real decreto de becas en la Comisión General de Educación de la Conferencia Sectorial. Dicho real decreto debe recoger el reparto de competencias en esta materia que sea conforme a sentencia.
Pero si analizamos los años anteriores, vemos que durante la pasada legislatura los antecedentes respecto de las becas son más bien escasos tanto en el Senado como en el Congreso. El primero de ellos se refiere a la reunión que se celebró el 7 de febrero de 2002 en la Conferencia de Educación, que contaba con un punto del orden del día relativo al proyecto de real decreto por el que se regulaba el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter personalizado. Según se desprende del acta de dicha reunión, la entonces ministra, doña Pilar del Castillo Vera, presentó un borrador de un nuevo real decreto acatando la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre de 2001. Y decía: En relación con la convocatoria de becas para el curso 2002-03, y habida cuenta de la falta de tiempo, todavía deberá llevarse a cabo esta regulación mediante el procedimiento del real decreto de 1983.
El segundo antecedente parlamentario respecto de este tema lo tenemos el 14 de noviembre de 2002, cuando, a pregunta también de la Entesa en el Congreso, el Gobierno dijo: En desarrollo de este precepto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está trabajando en colaboración con todas las comunidades autónomas para elaborar la correspondiente disposición normativa.
Es decir, llevamos años trabajando para elaborar una disposición normativa que no se sabe por qué razones no aparece. Me refiero a la última legislatura. Pero, fíjense ustedes, qué casualidad: curiosamente, durante el primer Gobierno del Partido Popular, ante los requerimientos de incompetencia planteados contra las respectivas órdenes reguladoras del sistema de becas, motivo posterior del conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, se decía algo totalmente diferente. Y leo textualmente: Analizadas las alegaciones en que se fundamenta el requerimiento de incompetencia y los preceptos constitucionales, estatutarios y legales aplicables al presente caso, el Gobierno estima que existen razones jurídicas que justifican la aceptación del requerimiento de incompetencia, si bien con eficacia pro futuro, por las razones que más adelante se señalan. Es decir, se admitía la incompetencia y se pasaba al curso siguiente la regularización.
En este sentido, decía el documento, se promoverá de modo inmediato una revisión en profundidad de la normativa reguladora de las ayudas que, previas las consultas que sean necesarias a fin de alcanzar el máximo consenso posible con las comunidades autónomas que se hallen en pleno ejercicio de sus competencias educativas, culmine en una reforma del régimen vigente de becas y ayudas al estudio.
Señorías, esto se decía en el año 1998; es decir, durante el primer Gobierno del Partido Popular se iba a promover de forma inmediata y a futuro, al curso siguiente, una reforma, pero cuatro años después vemos lo que ocurrió durante el segundo Gobierno.
Es más curioso todavía lo que sigue a continuación. El ministerio sigue diciendo: Esta reglamentación estará basada en los siguientes criterios: Uno. El Estado regulará los criterios básicos de otorgamiento de las ayudas que, en todo caso, se referirán a destinatarios, dotación individual y clases de ayudas. Dos. Las comunidades autónomas competentes podrán desarrollar esta normativa básica en sus aspectos complementarios y de procedimiento. Tres. El crédito destinado a esta finalidad se traspasará a las comunidades autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley General Presupuestaria y en la redacción dada por el artículo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Y mejor aún. El último punto de este documento podíamos decir que es la guinda, y textualmente dice: En el marco establecido por la normativa básica, corresponderá a las comunidades competentes efectuar las convocatorias específicas anuales para su ámbito territorial y realizar todas las operaciones de gestión que las mismas conlleven.
Señorías, ¿quién decía esto? Lo decía el ministro de la Presidencia, señor Alvarez-Cascos, durante la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular a requerimiento del Gobierno de la Generalitat. Es decir, cuatro años después de lo que se había dicho antes, no se acuerda nadie.
Está claro, por tanto, que si durante el primer Gobierno se hablaba de acuerdos pro futuro, durante el segundo Gobierno debió hablarse de acuerdos además pasado.
Nosotros, señorías, vamos a votar a favor de la moción, entre otras razones porque, primero, entendemos que las sentencias y resoluciones de cualquier tribunal son para cumplirlas, y animo a los senadores y senadoras del Partido Popular a que voten a favor de la misma por coherencia con lo que decía su Gobierno durante la primera legislatura de su mandato. Segundo, el pasado día 23 de octubre se aprobó en el Congreso de los Diputados una moción con

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enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista en el mismo sentido que la que hoy debatimos. Y tercero, porque entendemos que existen razones jurídicas que justifican su aprobación, ya que como indica la sentencia del Tribunal Constitucional, las órdenes objeto de requerimiento pueden considerarse en el ámbito de la actividad subvencional y, en consecuencia, le es de aplicación la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional para delimitar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, le ruego que vaya terminando.


El señor CARDONA PRADES: Termino, señor presidente.
Esto último, señorías, es lo que proponía el ministro de la Presidencia, señor Alvarez-Cascos, cuando el Consejo de Ministros aceptaba pro futuro los requerimientos de incompetencia presentados en 1997 y en 1998, no sé si por convencimiento o por que necesitaba los votos de otros partidos.
Señorías, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Terán.


El señor TERAN MOLLEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy hemos renunciado al turno en contra porque todos los grupos parlamentarios ya conocían de antemano la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción que estamos debatiendo. Y digo que todos los grupos conocían nuestra posición porque, aunque parezca sorprendente, esta moción ya ha sido debatida en la Comisión de Educación y Ciencia del Senado el pasado 15 de noviembre de 2004.
Igualmente, me ha parecido sorprendente que ningún grupo haya hecho alusión a esta realidad.
Señorías, efectivamente, en dicha comisión el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés presentó esta moción relativa al sistema de becas y ayudas al estudio y fue la senadora Baig i Torras quien se encargó de su defensa, exactamente igual que hoy. A continuación, intervinieron los distintos portavoces de los grupos y, finalizado este turno, solicitó de nuevo la palabra dicha senadora para, entre otras cosas, finalizar diciendo: «Y viendo que el Grupo Parlamentario Popular no comparte esta posición, retiro la moción y me doy por satisfecha, comprobando el grado de Estado centralizado que les gustaría tener.» Y he dicho que me parece sorprendente estar debatiendo la misma moción en el Pleno de la Cámara, no porque niegue ese derecho ni porque le reste importancia a esta moción, que la tiene y merece ser debatida en el Pleno, ni mucho menos. Simplemente me sorprende porque convendrán conmigo que no es habitual, al menos esa es mi experiencia durante dos legislaturas, que se produzcan estas situaciones.
Senadora Baig, me sorprende porque, en mi opinión, retirar una moción no es trasladarla quince días más tarde al Pleno de la Cámara, y me sorprende porque la razón de la retirada en la Comisión de Educación y Ciencia no se corresponde con lo que afirma hoy su señoría, ya que allí decía --repito-- que se daba por satisfecha conociendo la postura del Grupo Parlamentario Popular. Y yo deduzco que las razones eran de carácter aritmético, ya que había bastantes ausencias en algunos escaños; o quizá alguien le pidió que la retirara porque tampoco le gustaba, a pesar de haberse manifestado a favor de la misma.
Por el buen nombre de la Comisión de Educación y Ciencia, por el buen nombre y el prestigio de la Cámara que tanto alardeamos de que queremos defender, y también por respeto a todos los senadores y senadoras, no convirtamos en habitual estos procedimientos.
Pero vamos a entrar ya en el asunto que nos ocupa. En el punto dos de la exposición de motivos de la moción, la senadora Baig i Torras dice --y dice bien-- que la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001 de 20 de septiembre diferencia aquello que no tiene carácter básico y, por tanto, debe ser ubicado en el ámbito de las comunidades autónomas, de aquello que sí tiene carácter básico y, por consiguiente, debe continuar adscrito, como hasta ahora, al ámbito de actuación de la Administración del Estado.
Y el fallo del Tribunal Constitucional es muy sencillo y claro. Estima parcialmente los conflictos de competencia 3386/1994 y 4710/1997, declarando que vulneran las competencias de la Generalitat de Catalunya los artículos que sus señorías conocen perfectamente, tanto de la Orden Ministerial de Educación y Ciencia, de 15 de junio de 1994, como de la Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 30 de junio de 1997.
El fallo no es, por tanto, contra el Decreto 2298/1993, sino contra las órdenes de convocatoria anuales. Pero también es claro y contundente el fallo del Tribunal Constitucional desestimando los referidos conflictos de competencia en todo lo demás; es decir, la totalidad de los artículos referidos a los requisitos académicos y económicos exigidos para obtener becas, artículos 17 a 39, y también aspectos básicos de procedimiento y de gestión de las becas, como los contemplados en los artículos 42.1 y 43.1 ¿Y cuál es nuestra posición hoy ante el fallo del Tribunal Constitucional? Mi compañero, el senador Abejón, lo dejó claro en comisión. Nuestra posición es que se cumpla la sentencia. Que no tenemos nada que alegar ni que objetar para que se cumplan las sentencias en todos sus términos. Y queremos que se cumpla la sentencia, además, sobre la base de algunos de los argumentos expresados en la Comisión de Educación y Ciencia por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pezzi, argumentos reiterados hoy por algunos portavoces y que voy a repetir literalmente puesto que los comparto.
Decía el senador Pezzi: «El tema de las becas tiene especial trascendencia en el sistema educativo. Hay que garantizar en todos los casos que en todo el Estado español,

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en toda España, quien tenga un determinado nivel académico y un menor nivel económico tenga garantía de solidaridad por parte del Estado para que pueda continuar sus estudios académicos.» Y añadía el señor Pezzi: «... deberá ser el ministerio el que desarrolle la normativa, que debe ser especialmente cuidadosa, para evitar, desde cualquier punto de vista, que haya gente que, viva donde viva, con menos poder económico y con buen expediente académico pueda quedarse sin beca mientras que otros (...), puedan obtenerla fácilmente por vivir en otra comunidad autónoma».
Estamos de acuerdo en que la sentencia salvaguarda el principio constitucional de equidad y solidaridad de las becas, pero en lo que no estamos de acuerdo --y éstas son también palabras del senador Pezzi-- es en que la moción contribuyan en su tenor literal ni en su espíritu a la salvaguarda de estos principios. Y hoy, con la presentación de la enmienda, que también presenta el Grupo Parlamentario Socialista, creo que se me viene a dar la razón en este mismo argumento.
La moción, además de pedir el cumplimiento de la sentencia, insta al Gobierno a la tramitación y aprobación de un nuevo real decreto que, en nuestra opinión --y comparto también lo ya expresado en la comisión por mi compañero de grupo, el senador Abejón--, pretende u oculta un posible nuevo traspaso de competencias en materia de becas a las comunidades autónomas que no se explicitan en la moción.
Si la moción sólo pretende el cumplimiento de la sentencia, como ha dicho la senadora Baig i Torras, bastaría con hacer ciertas rectificaciones en las futuras órdenes ministeriales de convocatoria de becas y ayudas al estudio. Pero si lo que pretende es cumplir compromisos adquiridos y no expresados aquí que pongan en riesgo los principios constitucionales de equidad y solidaridad, no cuenten con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Nuestra posición no es caprichosa; se sustenta en la propia sentencia.
Señorías, la sentencia justifica en sus antecedentes la gestión centralizada para asegurar la igualdad de la percepción de las becas. Y hace referencia a otras sentencias del mismo Tribunal, como la 13/1992, advirtiendo de los riesgos de territorializar el crédito, ya que podría obtener ayudas quien estuviera en situación personal o familiar más beneficiosa que otros alumnos de comunidades que no las percibieran. Pero es el apartado 4 de los fundamentos jurídicos de la sentencia lo que en nuestra opinión es definitivo. Hace referencia al papel que el sistema de becas desempeña en el cumplimiento del derecho a la Educación que contempla el artículo 27 de la Constitución y a los artículos correspondientes de las leyes orgánicas, la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, la LODE, la LOGSE e incluso en la LOPEG, que, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, también establecen estos principios que no son contradictorios con el real decreto que regula básicamente la concesión de becas y ayudas al estudio. Y señala la sentencia que todos estos derechos se desarrollan precisamente en ese Real Decreto 2298/1993, de 28 de julio.
Pues bien, este real decreto establece, en cuanto a la gestión de becas, que corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia la convocatoria, adjudicación definitiva, inspección, verificación, control y descentralización de la información. Y el Tribunal Constitucional considera una obligación de los poderes públicos garantizar, mediante el sistema de becas, el derecho de todos a la Educación, por considerar las becas elemento nuclear, como ha dicho también...


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego vaya terminando.


El señor TERAN MOLLEDA: Voy terminando, porque los argumentos ya son suficientes.
Para no extenderme, tan sólo quiero añadir que el propio tribunal ofrece alguna solución para superar estos conflictos de competencias, mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación entre las partes.
En conclusión, la voluntad autonómica del Partido Popular y de los Gobiernos del Partido Popular quedó demostrada durante ocho años con el mayor traspaso de competencias, además en materias tan importantes como la Educación y la Sanidad. Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular ha demostrado su firmeza --que otros llaman frentismo-- para defender los principios constitucionales, las normas básicas y las competencias del Estado, como lo hacemos hoy votando en contra de esta moción.
El Gobierno del Partido Popular intentó hacer sus deberes, pero no encontró en el Grupo Parlamentario Socialista, fundamentalmente, la colaboración necesaria, porque en la última legislatura hicieron de la Educación un frente de batalla.
Termino haciendo una breve alusión a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista e incorporada ahora a la moción. Es una prueba evidente de que la moción original deja al Partido Socialista preocupado.
Observan que algo se les escapa de las manos y pueden incurrir en una grave irresponsabilidad. Hacen dejación de la obligación de velar por los derechos constitucionales que contemplan las leyes orgánicas y el propio Real Decreto de 1983.
Nosotros consideramos que es una declaración de buenas intenciones, pero la enmienda tampoco ofrece garantías para que se respeten las competencias del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.


El señor TERAN MOLLEDA: Termino, señor presidente.
Creo que esto es suficiente. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Baig i Torras pide la palabra.) Llamen a votación. (Pausa.--La señora Baig i Torras: Por alusiones.)

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Señoría, como entiendo que todo el mundo ha sido aludido de una forma u otra, el debate queda cerrado. (Pausa.) Señorías, antes de iniciar la votación, quiero manifestarles que mañana, después de las preguntas e interpelaciones, pasaremos al punto del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley, correspondiente al Grupo Parlamentario Popular. A juzgar por los tiempos, entiendo que podríamos debatir este punto por la mañana y someterlo a votación una vez finalizado el debate del primer proyecto de ley, es decir por la tarde.
Señorías, la moción que a continuación vamos a votar lleva incorporada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 123; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Señorías, según dispone el Reglamento sometemos la moción nuevamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 122; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores y protestas desde el escaño del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentarios Socialista y del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.) Señorías, no hemos hecho otra cosa que cumplir con lo que establece el Reglamento. Digo esto porque estoy oyendo voces que poco tienen que ver con lo que se debería haber hecho. (El señor Curiel Alonso pide la palabra.) ¿Para qué desea intervenir, senador Curiel?

El señor CURIEL ALONSO: Señor presidente, ha habido un senador de nuestro grupo, sentado exactamente detrás de mí, que estaba presente y votó en la primera votación, y también en la segunda, y cuyo voto no ha sido reflejado. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, a efectos del «Diario de Sesiones» tal circunstancia constará en los términos que acaba usted de manifestar, pero a los efectos de la votación el resultado de la misma es el que ha salido.
Gracias, señoría.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ESTONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN TALLIN EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003 (S. 610/000012) (C. D. 110/000003).


El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de septiembre de 2003. Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 12, de fecha 18 de octubre de 2004.
En relación con este convenio no se han presentado propuestas dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN RIGA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003 (S. 610/000013) (C. D.110/000004).


El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003. Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie IV, número 13, de fecha 18 de octubre de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--CONVENCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL (CIAT), HECHO EN WASHINGTON EL 31 DE MAYO DE 1949 Y PROTOCOLO DE ENMIENDA (S. 610/000014) (C. D. 110/000005).


El señor PRESIDENTE: Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), hecho en Washington el 31 de mayo de 1949 y Protocolo de enmienda. Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie IV, número 14, de fecha 18 de octubre de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con esta convención dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobada la misma.


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-- ACUERDO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), HECHO EN GINEBRA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2002 (S. 610/000015) (C. D.
110/000008).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hecho en Ginebra el 9 de diciembre de 2002. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 15, de fecha 18 de octubre de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE SALVAMENTO MARITIMO, 1989, HECHO EN LONDRES EL 28 DE ABRIL DE 1989 Y RESERVAS QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACION (S. 610/000016) (C. D. 110/000009).


El señor PRESIDENTE: Convenio Internacional sobre salvamento marítimo, 1989, hecho en Londres el 28 de abril de 1989 y Reservas que España va a formular en el momento de su ratificación. Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 16, de fecha 18 de octubre de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--DENUNCIA DEL CONVENIO PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS EN MATERIA DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO MARITIMO Y PROTOCOLO DE FIRMA, HECHO EN BRUSELAS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1910 (S. 610/000017) (C. D. 110/000010).


El señor PRESIDENTE: Denuncia del Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de asistencia y salvamento marítimo y Protocolo de firma, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910. Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 17, de fecha 18 de octubre de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con esta denuncia dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobada la misma.


--CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL CONTROL DEL TABACO, HECHO EN GINEBRA EL 21 DE MAYO DE 2003 (S. 610/000018) (C. D.
110/000016).


El señor PRESIDENTE: Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--CANJE DE NOTAS, HECHO EN MADRID LOS DIAS 20 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO DE 2004, CONSTITUTIVO DE ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MATERIA DE COOPERACION EDUCATIVA, CULTURAL Y CIENTIFICA, DE 27 DE OCTUBRE DE 1994 (S.
610/000019) (C. D. 110/000017).


El señor PRESIDENTE: Canje de Notas, hecho en Madrid los días 20 de enero y 2 de febrero de 2004, constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y científica, de 27 de octubre de 1994.
No se han presentado propuestas en relación con este canje de notas dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DOMINICANA, HECHO EN MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 (S. 610/000020) (C. D. 110/000018).


El señor PRESIDENTE: Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado el mismo.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DOMINICANA SOBRE EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES, HECHO EN MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 (S. 610/000021) (C. D. 110/000019).


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El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN TEHERAN EL 19 DE JULIO DE 2003 Y PROTOCOLO (S. 610/000022) (C. D. 110/000020).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003 y Protocolo.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARABE SIRIA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN DAMASCO EL 20 DE OCTUBRE DE 2003 (S. 610/000023) (C. D. 110/000021).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República Arabe Siria para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Damasco el 20 de octubre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGUIMIENTO TERRESTRE Y ADQUISICION DE DATOS, INCLUIDA UNA ANTENA DE ESPACIO LEJANO, EN EL EMPLAZAMIENTO DE CEBREROS (AVILA), HECHO EN MADRID EL 22 DE JULIO DE 2003 (S. 610/000024) (C. D. 110/000022).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Avila), hecho en Madrid el 22 de julio de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MALABO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2003 (S. 610/000025) (C. D. 110/000024).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Malabo el 22 de noviembre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--PROTOCOLO DEL CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA, CELEBRADO POR EL CONSEJO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 34 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 16 DE OCTUBRE DE 2001 Y DECLARACION DE APLICACION (S. 610/000026) (C. D. 110/000025).


El señor PRESIDENTE: Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo el 16 de octubre de 2001 y Declaración de aplicación.
No se han presentado propuestas en relación con este protocolo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Entendiendo que no. Queda aprobado.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 4 DE MARZO DE 2004 (S. 610/000027) (C. D. 110/000026).


El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos

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sobre la renta y el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004.
No se ha presentado propuesta en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL PERU, HECHO EN MADRID EL 16 DE JUNIO DE 2003 (S. 610/000028) (C. D.
110/000027).


El señor PRESIDENTE: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 16 de junio de 2003.
No se ha presentado propuesta en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL DE 16 DE MAYO DE 1991, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002 (S. 610/000029) (C. D.
110/000028).


El señor PRESIDENTE: Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil de 16 de mayo de 1991, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002.
No se ha presentado propuesta en relación con este convenio dentro del plazo reglamentario.
¿Algún señor senador desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE LITUANIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (S.
610/000030) (C. D. 110/000029).
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la adhesión por la República de Lituania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
No se han presentado propuestas en relación con esta declaración dentro del plazo reglamentario.
¿Algún señor senador desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobada.


--CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 9 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO DE 2004, CONSTITUTIVO DE ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 11, 12 y 13 DEL TRATADO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y PARAGUAY DE 26 DE MARZO DE 1957 (S. 610/000031) (C. D. 110/000030).


El señor PRESIDENTE: Canje de Notas, de fechas 9 de enero y 6 de febrero de 2004, constitutivo de acuerdo por el que se modifican los artículos 11, 12 y 13 del Tratado de intercambio cultural entre España y Paraguay de 26 de marzo de 1957.
No se han presentado propuestas en relación con este canje de notas dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA CONFEDERACION SUIZA SOBRE LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR Y PROTOCOLO PARA SU APLICACION, HECHOS EN MADRID EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2003 (S. 610/000032) (C. D. 110/000031).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la Confederación Suiza sobre la readmisión de personas en situación irregular y Protocolo para su aplicación, hechos en Madrid el 17 de noviembre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo al efecto reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--ACUERDO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE SUDAFRICA, HECHO EN BARCELONA EL 12 DE MAYO DE 2003 (S. 610/000033) (C. D. 110/000032).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica, hecho en Barcelona el 12 de mayo de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--ACUERDO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, HECHO EN FIGUEIRA DA FOZ EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2003 (S. 610/000034) (C. D. 110/000033).


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El señor PRESIDENTE: Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Figueira da Foz el 8 de noviembre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--ACTAS APROBADAS POR EL XXII CONGRESO DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU), CELEBRADO EN BEIJING EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999 (S. 610/000035) (C. D. 110/000034).


El señor PRESIDENTE: Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), celebrado en Beijing el 15 de septiembre de 1999.
No se han presentado propuestas en relación con estas actas dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Quedan aprobadas.


--PROTOCOLO SOBRE COOPERACION, PREPARACION Y LUCHA CONTRA LOS SUCESOS DE CONTAMINACION POR SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS, HECHO EN LONDRES EL 15 DE MARZO DE 2000 ( S. 610/000036) (C. D. 110/000035).


El señor PRESIDENTE: Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, hecho en Londres el 15 de marzo de 2000.
No se han presentados propuestas en relación con este protocolo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado el mismo en la medida en que ningún grupo está en contra.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCIAS POR CARRETERA, HECHO EN SOFIA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 (S. 610/000037) (C. D. 110/000036).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Sofía el 1 de septiembre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ECUADOR SOBRE SUPRESION RECIPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMATICOS Y OFICIALES O DE SERVICIO, HECHO EN QUITO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 (S. 610/000038) (C. D. 110/000037).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ecuador sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Quito el 20 de noviembre de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MANILA EL 2 DE MARZO DE 2004 (S. 610/000039) (C. D. 110/000038).


El señor PRESIDENTE: Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con este tratado dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado el mismo.


--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MANILA EL 2 DE MARZO DE 2004 (S. 610/000040) (C. D.
110/000039).


El señor PRESIDENTE: Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 2 de marzo de 2004.
No se han presentado propuestas en relación con este tratado dentro del plazo reglamentario.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO SOBRE SUPRESION RECIPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMATICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN MADRID EL 3 DE JUNIO DE 2003 (S. 610/000041) (C.D. 110/000040).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre la supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo dentro del plazo reglamentario.


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¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Queda aprobado.


--ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (UPAEP) APROBADAS EN EL XVIII CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 EN PANAMA. (S. 610/000042) (C. D. 110/000043).


El señor PRESIDENTE: Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) aprobadas en el XVIII Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, del 12 de septiembre de 2000 en Panamá.
No se han presentado propuestas en relación con estas actas dentro del plazo reglamentario. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Quedan aprobadas.
No habiendo más asuntos que tratar, señorías, se levanta la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.


Eran las veintiuna horas y cinco minutos.


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