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DS. Senado, Pleno, núm. 75, de 22/03/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2006 VIII Legislatura
Núm. 75
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de marzo de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Previo

-- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA SENADORA DOÑA ALMUDENA MONTSERRAT DE LEÓN. (Número de expediente 500/000272).


Primero

PREGUNTAS

-- De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el calendario previsto por el Gobierno para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Vicepresidenta Primera del Gobierno durante su visita a la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en lo que concierne a la saturación de los centros de internamiento de inmigrantes irregulares. (Número de expediente S.
680/000801).


-- De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si el Gobierno considera que el plan de choque y prevención de suicidios de la cárcel de Langraitz (Álava) es suficiente para garantizar la seguridad de los internos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000786).


-- De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con la afluencia masiva de inmigrantes a

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las Islas Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000790).


-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno con respecto al traslado, el pasado día 4 de marzo, de veinticinco inmigrantes a Guinea-Bissau (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000792).


-- De D. JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del número de muertes violentas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año en relación con el mismo período en años anteriores. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000793).


-- De Dª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la eficiencia energética en las edificaciones. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000781).


-- De Dª MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene conocimiento el Gobierno acerca de la petición de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, de modificación del trazado del gasoducto de Argelia en el tramo correspondiente al litoral de la provincia de Almería. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000789).


-- De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno puede aclarar las declaraciones de su Presidente al afirmar que en relación al sector energético hay que favorecer fusiones y alianzas amistosas y no ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) hostiles. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000791).


-- De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la opinión que los ciudadanos tienen del Sistema Nacional de Salud, recogida en el Barómetro Sanitario 2005. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000799).


-- De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si piensa el Gobierno que los consumidores españoles, según los datos del estudio realizado por el Instituto Nacional de Consumo (INC), deben estar satisfechos con el funcionamiento de los servicios de interés general. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000800).


-- De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si el Gobierno tiene previsto algún cambio para acortar el plazo necesario para la convalidación de carreras universitarias y especialidades médicas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000780).


-- De Dª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno acerca de la prevención de la violencia en los centros educativos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000782).


-- De Dª ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000797).


-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si la reanudación de la pesca de la anchoa en el golfo de Vizcaya autorizada por la Unión Europea a partir del día 1 de marzo de 2006 pondrá en riesgo la recuperación de la especie. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000776).


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-- De D. FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las iniciativas que está tomando el Gobierno acerca de la protección del sector ovino ante los nuevos casos de encefalopatía espongiforme transmisible (EET) en la Unión Europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000787).


-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las repercusiones que va a tener el Programa de actuaciones contemplado en el Real Decreto 287/2006, por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo, para un ahorro del agua que contribuya a paliar el actual déficit hídrico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000795).


-- De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la evolución en España de la producción y comercialización de productos ecológicos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000796).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Gobierno acerca de si la Administración de Justicia ha actuado correctamente en el caso de los malos tratos a la niña Alba, en Montcada i Reixac (Barcelona). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000777).


-- De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que piensa incorporar el Ministerio de Justicia al «Plan de Actuación Específico para Soria», aprobado en el Consejo de Ministros de 6 de mayo de 2005. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000794).


-- De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia para mejorar la gestión en la tramitación de los expedientes de indulto. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000798).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la posición del Gobierno con respecto a la supresión del centro de producción del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000784).


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la intención del Gobierno respecto a la construcción de un segundo aeropuerto en la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000779).


-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si preocupa al Gobierno la carta entregada en la Embajada de España en Caracas (República Bolivariana de Venezuela), objetando un artículo del Embajador español, junto a otros documentos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000783).


-- De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con el robo de una pieza bibliográfica de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, trasladada fuera de España para una exposición de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S. A. (SEACEX).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000788).


Segundo

INTERPELACIONES

-- De D. ANTOLÍN SANZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno dirigida a reconducir el bajo nivel de reconocimiento de las funciones constitucionales del Senado.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
670/000099).


Página 4288


-- De D. JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los planes que tiene previsto desarrollar el Gobierno para frenar la pérdida de poder adquisitivo que las familias españolas vienen sufriendo como consecuencia de la inflación y de la subida de los tipos de interés. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 670/000100).


-- De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el servicio de transporte ferroviario de viajeros que la entidad pública empresarial RENFE-Operadora presta en las líneas de cercanías y regionales de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
670/000101).


Tercero

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

-- Proposición de Ley del medicamento y de la prestación farmacéutica.
(Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 41, de fecha 24 de febrero de 2006). (Número de expediente S.
622/000032).


Cuarto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Educación. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 38, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 621/000038). (Número de expediente C. D.
121/000043).


-- De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 46, de fecha 17 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 621/000046). (Número de expediente C. D. 121/000051).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA SENADORA DOÑA ALMUDENA MONTSERRAT DE LEÓN (Página 4299)

La señora Montserrat de León promete acatar la Constitución.


PREGUNTAS (Página 4299)

De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el calendario previsto por el Gobierno para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Vicepresidenta Primera del Gobierno durante su visita a la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en lo que concierne a la saturación de los centros de internamiento de inmigrantes irregulares (Página 4299)

El señor Ayala Fonte formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ayala Fonte. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si el Gobierno considera que el plan de choque y prevención de suicidios de la cárcel de Langraitz (Álava) es suficiente para garantizar la seguridad de los internos (Página 4300)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro

Página 4289


del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con la afluencia masiva de inmigrantes a las Islas Canarias (Página 4301)

La señora Guerra Guerra formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Guerra Guerra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno con respecto al traslado, el pasado día 4 de marzo, de veinticinco inmigrantes a Guinea-Bissau (Página 4303)

El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De D. JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del número de muertes violentas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año en relación con el mismo período en años anteriores (Página 4304)

El señor Echeverría Echániz formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Echeverría Echániz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).


De Dª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la eficiencia energética en las edificaciones (Página 4305)

La señora Elices Marcos formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).


De Dª MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene conocimiento el Gobierno acerca de la petición de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, de modificación del trazado del gasoducto de Argelia en el tramo correspondiente al litoral de la provincia de Almería (Página 4306)

La señora Agüero Ruano formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Agüero Ruano. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).


De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno puede aclarar las declaraciones de su Presidente al afirmar que en relación al sector energético hay que favorecer fusiones y alianzas amistosas y no ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) hostiles (Página 4307)

El señor Seguí Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Seguí Díaz.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).


De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la opinión que los ciudadanos tienen del Sistema Nacional de Salud, recogida en el Barómetro Sanitario 2005 (Página 4308)

El señor Sabando Suárez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si piensa el Gobierno que los consumidores españoles, según los datos del estudio realizado por el Instituto

Página 4290


Nacional de Consumo (INC), deben estar satisfechos con el funcionamiento de los servicios de interés general (Página 4309)

El señor Palacios Rojo formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De Dª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si el Gobierno tiene previsto algún cambio para acortar el plazo necesario para la convalidación de carreras universitarias y especialidades médicas (Página 4310)

La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aleixandre i Cerarols.


De Dª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno acerca de la prevención de la violencia en los centros educativos (Página 4312)

La señora Burgués Bargués formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Burgués Bargués.


De Dª ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (Página 4313)

La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos).


De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si la reanudación de la pesca de la anchoa en el golfo de Vizcaya autorizada por la Unión Europea a partir del día 1 de marzo de 2006 pondrá en riesgo la recuperación de la especie (Página 4314)

El señor Urrutia Elorza formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Urrutia Elorza. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las iniciativas que está tomando el Gobierno acerca de la protección del sector ovino ante los nuevos casos de encefalopatía espongiforme transmisible (EET) en la Unión Europea (Página 4315)

El señor Rodríguez Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Pérez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las repercusiones que va a tener el Programa de actuaciones contemplado en el Real Decreto 287/2006, por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de marzo, para un ahorro del agua que contribuya a paliar el actual déficit hídrico (Página 4317)

El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la evolución en España de la producción y comercialización de productos ecológicos (Página 4318)

El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


Página 4291


De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Gobierno acerca de si la Administración de Justicia ha actuado correctamente en el caso de los malos tratos a la niña Alba, en Montcada i Reixac (Barcelona) (Página 4319)

El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).


De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que piensa incorporar el Ministerio de Justicia al «Plan de Actuación Específico para Soria», aprobado en el Consejo de Ministros de 6 de mayo de 2005 (Página 4321)

El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).


De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia para mejorar la gestión en la tramitación de los expedientes de indulto (Página 4322)

El señor Urrutia Abaigar formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la posición del Gobierno con respecto a la supresión del centro de producción del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) en la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 4323)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia (Fenández de la Vega Sanz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia (Fenández de la Vega Sanz).


De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la intención del Gobierno respecto a la construcción de un segundo aeropuerto en la Comunidad de Madrid.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si preocupa al Gobierno la carta entregada en la Embajada de España en Caracas (República Bolivariana de Venezuela), objetando un artículo del Embajador español, junto a otros documentos.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con el robo de una pieza bibliográfica de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, trasladada fuera de España para una exposición de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A. (SEACEX).


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 4324)

De D. ANTOLÍN SANZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno dirigida a reconducir el bajo nivel de reconocimiento de las funciones constitucionales del Senado (Página 4324)

El señor Sanz Pérez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia (Fenández de la Vega Sanz). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia (Fenández de la Vega Sanz).


De D. JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los planes que tiene previsto desarrollar el Gobierno para frenar la pérdida de poder adquisitivo que las familias españolas

Página 4292


vienen sufriendo como consecuencia de la inflación y de la subida de los tipos de interés (Página 4333)

El señor Sánchez-Simón Muñoz realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre el servicio de transporte ferroviario de viajeros que la entidad pública empresarial RENFE-Operadora presta en las líneas de cercanías y regionales de la Comunidad Autónoma de Cataluña.


Esta interpelación ha sido aplazada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 4338)

Proposición de Ley del medicamento y de la prestación farmacéutica (Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Página 4338)

La señora Casado Sobrino defiende la toma en consideración. El señor López Carvajal consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen las señoras Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Espasa i Oliver; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y López Carvajal, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Casado Sobrino, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4346)

De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (Página 4346)

La señora Aránega Jiménez, presidenta de la comisión, presenta el dictamen. La señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos) presenta a la Cámara el proyecto de ley.


Comienza el debate de las propuestas de veto.


El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, retira la propuesta de veto número 2. El señor Abejón Ortega defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular. El señor Pezzi Cereto consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Pezzi Cereto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Abejón Ortega, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 127 en contra.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 4363)

Proposición de Ley del medicamento y de la prestación farmacéutica.
(Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Votación) (Página 4363)

Se rechaza la toma en consideración por 119 votos a favor y 127 en contra.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4363)

De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (Continuación) (Página 4363)

Se inicia el debate del articulado.


Página 4293


Preámbulo. Título preliminar, artículos 1 a 11. Título I, artículos 12 a 70.


El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 515 y 517 a 524. El señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 5, así como las restantes por él presentadas al proyecto de ley. El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 8 a 24 y 26 a 50. El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 412 a 431 y 433 a 447. El señor Ayala Fonte defiende las enmiendas números 556, 562 a 565 y 567 a 578, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 680, 683 a 688, 690 y 691, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 600 a 605, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Baig i Torras retira la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés número 777 y defiende las números 755, 760, 765, 767, 768 y 782, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 159 a 173, 411 y transaccional en relación con la 202 del Grupo Parlamentario Popular, 681, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 25, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto. El señor Pezzi Cereto defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 629 a 632 y 634 a 636, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 159 a 173, 411 y transaccional en relación con la 202 del Grupo Parlamentario Popular, 681, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 25, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto. El señor Abejón Ortega defiende las enmiendas números 174 a 201 y 203 a 259, del Grupo Parlamentario Popular.


Título II, artículos 71 a 90. Título III, artículos 91 a 106. Título IV, artículos 107 a 117.


El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 526 a 531 y 533 a 535. El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 51 a 88. El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 449 a 473. El señor Ayala Fonte defiende las enmiendas números 580 a 582 y 584, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 693, 694 y 696 a 703, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 607 y 608, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Baig i Torras retira la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés número 819 y defiende las números 817, 824 y 831, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 705, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Urrutia Abaigar defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 640 a 650, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 705, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Gallego Esperanza y el señor Laguna Peña defienden las enmiendas números 206 a 327, del Grupo Parlamentario Popular.


Título V, artículos 118 a 139. Título VI, artículos 140 a 147. Título VII, artículos 148 a 154. Título VIII, artículos 155 a 157.


El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 536 a 546. El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 89 a 120 y 122 a 125.
El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 474 a 490. El señor Ayala Fonte defiende las enmiendas números 585 a 592, 594 y 595, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 708, 710, 713 y 715 a 720, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 611, 612 y 614, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Baig i Torras defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 849 y 853, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 610, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la transaccional relacionada con la 331, del Grupo Parlamentario Popular, y la 707, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las números 367 y 375, del Grupo Parlamentario Popular. La señora Hernández Gutiérrez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 653 y 655, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 610, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la transaccional relacionada con la 331, del Grupo Parlamentario Popular, y la 707, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las números 367 y 375, del Grupo Parlamentario Popular. El señor Laguna Peña y la señora Vallejo de Miguel defienden las enmiendas números 328 a 330, 332 a 366, 368 a 374, 376 y 377, del Grupo Parlamentario Popular.


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Disposiciones adicionales primera a trigesimotercera. Disposiciones transitorias primera a decimonovena. Disposición derogatoria única.
Disposiciones finales primera a octava.


El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 547 a 555. El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 121 y 126 a 158. El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 491 a 513. El señor Perestelo Rodríguez defiende las enmiendas números 597 y 599, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 725 a 728, 732 y 733, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente retira las enmiendas números 622 y 626 y defiende las números 616 a 618, 621 y 623 a 625, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Baig i Torras retira la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés número 882 y defiende las números 871, 891 a 893, 896, 897 y 925, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 379 y 627, del Grupo Parlamentario Popular, 619 y 620 ,del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y 722 y 731, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Pezzi Cereto retira las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 657 y 665, y defiende las números 658 a 664 y 666 a 670, 671 a 673, 675 a 677 y 679, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 379 y 627, del Grupo Parlamentario Popular, 619 y 620, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y 722, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora Vallejo de Miguel defiende las enmiendas números 378 y 380 a 410, del Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 515 y 517 a 524, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 13 votos a favor, 228 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1, del señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, por 114 votos a favor, 126 en contra y 5 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 3, del señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, por 123 votos a favor, 111 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 2, 4 y 5, del señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 231 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 16, 17 y 18, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor, 226 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 38, 42 a 44, 46 y 49, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor, 230 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del mismo señor senador por 12 votos a favor, 231 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 423 y 439, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 113 votos a favor, 125 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 428, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor, 217 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 424 y 426, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor, 217 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 430, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 7 votos a favor, 229 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del mismo señor senador por 4 votos a favor, 230 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 556, 562 a 565, 567 a 570 y 572 a 578, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 13 votos a favor, 231 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 688, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 226 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 680, 683 a 687 y 690, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 227 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 691, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 225 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 600 a 605, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 227 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 760, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor, 216 en contra y 11 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 755, 765 y 767, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 114 votos a favor, 125 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 18 votos a favor, 216 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba la enmienda 629, del Grupo Parlamentario Socialista, por 124 votos a favor y 121 en contra.


Se rechaza la enmienda número 634, del Grupo Parlamentario Socialista, por 117 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista por 117 votos a favor, 120 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda transaccional relativa a la 202 del Grupo Parlamentario Popular y por la 681, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 15, por 114 votos a favor y 131 en contra.


Se aprueba la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 159 a 173 y 411 del Grupo Parlamentario Popular al preámbulo, por 125 votos a favor y 120 en contra.


Se aprueba la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 25 del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, al artículo 18, por 119 votos a favor y 126 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 174 a 201, 203 a 212 y 214 a 259, del Grupo Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 125 en contra.


Se rechaza la propuesta de modificación con número de registro 57.760, por 119 votos a favor y 126 en contra

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 57.761, por 123 votos a favor, 121 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 57.762, por 131 votos a favor, 112 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 526 a 528 y 533 a 535, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 226 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 529 a 531, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 12 votos a favor, 231 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 7, del señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, por 117 votos a favor, 120 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 55 a 62, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 18 votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 231 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 454, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 113 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 459, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor, 216 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 464, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 20 votos a favor, 217 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 230 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 580 a 582 y 584, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 13 votos a favor, 231 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 693, 694 y 696 a 703, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 226 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 607 y 608, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 227 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 831, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 118 votos a favor, 120 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 817, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 17 votos a favor, 215 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 824, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 17 votos a favor, 216 en contra y 12 abstenciones.


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Se rechaza la enmienda número 648, del Grupo Parlamentario Socialista, por 113 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la enmienda número 650, del Grupo Parlamentario Socialista, por 124 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista por 117 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 705, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 109, por 110 votos a favor, 131 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 260 a 327, del Grupo Parlamentario Popular, por 121 votos a favor y 124 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 536, 537 y 546, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 13 votos a favor, 226 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 232 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 92, 113, 115 y 118, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor, 226 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 231 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 474, 477 y 486, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 216 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 488, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 121 votos a favor, 119 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 229 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 588 y 591, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 16 votos a favor, 226 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 231 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 710 y 715 a 720, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 227 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 713, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 21 votos a favor, 223 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 611, 612 y 614, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 849 y 853, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 113 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 653 y 655, del Grupo Parlamentario Socialista, por 120 votos a favor, 122 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 375, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 155, por 118 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 610, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al artículo 119, por 114 votos a favor y 131 en contra.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la transaccional relativa a las números 331, del Grupo Parlamentario Popular, y 707, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al artículo 120, por 113 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 367, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 147, por 113 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 328 a 330, 332 a 366, 368 a 374, 376 y 377, del Grupo Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 125 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 547 a 550 y 552 a 555, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario

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Mixto, por 13 votos a favor, 231 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 551, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 236 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 121, 127, 128 y 129, del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor, 226 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 231 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 500, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 216 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 507, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 18 votos a favor, 216 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 230 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 597 y 599, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 231 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 725 a 728, 732 y 733, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 227 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 621, 624 y 625, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 227 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 218 y 623, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 232 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 616, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 227 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por 12 votos a favor y 232 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 892, 896, 897 y 925, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 109 votos a favor, 127 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 731 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a la disposición final primera, por 15 votos a favor, 228 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 17 votos a favor, 217 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 670, del Grupo Parlamentario Socialista, por 123 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 675 y 677, del Grupo Parlamentario Socialista, por 118 votos a favor, 120 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 672, del Grupo Parlamentario Socialista, por 113 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 668, 671 y 673, del Grupo Parlamentario Socialista, por 112 votos a favor, 125 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 666, del Grupo Parlamentario Socialista, por 124 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las enmiendas números 658, 659 y 660, del Grupo Parlamentario Socialista, por 123 votos a favor, 120 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, por 117 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 627 del Grupo Parlamentario Popular a la disposición transitoria decimoséptima por 116 votos a favor, 123 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de los Grupso Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 379 del Grupo Parlamentario Popular a la disposición adicional segunda, por 119 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que propugna vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 619 y 620 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a la disposición adicional decimoquinta por 109 votos a favor y 136 en contra.


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Se rechaza la enmienda de los Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y que propugna vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 722 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a la disposición adicional vigesimosexta, por 114 votos a favor y 131 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 378 y 380 a 410, del Grupo Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 124 en contra.


Se aprueba el preámbulo por 123 votos a favor, 120 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba el artículo 15 del dictamen por 124 votos a favor, 118 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el artículo 18 del dictamen por 126 votos a favor, 118 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el artículo 24 del dictamen por 243 votos a favor y 2 abstenciones.


Se aprueba el artículo 25 del dictamen por 131 votos a favor, 112 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba el artículo 32.5 del dictamen por 127 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el resto del artículo 32 por 242 votos a favor y 2 abstenciones.


Se aprueba el artículo 120 del dictamen por 128 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el artículo 155 del dictamen por 131 votos a favor, 112 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la disposición adicional segunda del dictamen por 125 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la disposición adicional decimoquinta del dictamen por 127 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la disposición transitoria decimoséptima del dictamen por 130 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba la disposición transitoria decimonovena del dictamen por 242 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban los artículos 14.1, 109, 119 y 147, así como la disposición adicional vigesimosexta por 131 votos a favor, 112 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 124 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4414)

Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Sanz Blanco defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular. El señor Bella Galán consume un turno en contra.
En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto: Melchior Navarro, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Castaño del Olmo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Blanco, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1 del Grupo Parlamentario Popular por 115 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas las enmiendas números 1 a 15. El señor Companys i Sanfeliú defiende las enmiendas números 87 a 113, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 17 a 20, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 46 a 84, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda número 16. El señor Castaño del Olmo da por defendidas las enmiendas números 85 y 86, del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Sacristán Rodríguez defiende las enmiendas números 21 a 45, del Grupo Parlamentario Popular. En turno de portavoces, intervienen los señores Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Castaño del Olmo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sacristán Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se suspende la sesión a las dos horas y cuarenta y cinco minutos del miércoles, día 23 de marzo.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


-- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA SENADORA DOÑA ALMUDENA MONTSERRAT DE LEÓN (S.
500/000272).


El señor PRESIDENTE: Asunto previo del orden del día: juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de la excelentísima señora doña Almudena Montserrat de León.
Excelentísima señora doña Almudena Montserrat de León, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora MONTSERRAT DE LEÓN: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, la excelentísima señora doña Almudena Montserrat de León ha adquirido la condición plena de senadora. (Aplausos.)

PREGUNTAS:

-- DE DON FÉLIX AYALA FONTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL CALENDARIO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO DURANTE SU VISITA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ESPECIALMENTE EN LO QUE CONCIERNE A LA SATURACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE INMIGRANTES IRREGULARES (S. 680/000801).


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: preguntas.
Pregunta del senador Félix Ayala Fonte.
Tiene la palabra su señoría.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
La conmoción que produjo la semana pasada la masiva llegada de inmigrantes a las costas canarias ha dado paso a un tedioso y estéril cruce de acusaciones entre los dos grandes partidos sobre la política migratoria del Gobierno y sobre un informe del CNI, que desvela datos que supuestamente conocía el Ministerio del Interior acerca del número de ahogados en la travesía hacia las islas. Y mientras en Madrid se aviva el enfrentamiento entre unos y otros, en Canarias se mantiene vigente la sensación de inquietud ante la persistente llegada de inmigrantes a las islas procedentes de las costas mauritanas. Este hecho, al parecer inesperado e imprevisto por las autoridades estatales, ha puesto en jaque la red de centros de internamiento de inmigrantes que existen en el archipiélago y al propio sistema social y sanitario de las islas. Y es que Canarias, como usted conoce, señor ministro, es un territorio limitado en el que las avalanchas como las registradas en las últimas semanas generan una importante alarma social, debido a la fragilidad de las fronteras y a las repercusiones que tiene en la sociedad insular.
La vicepresidenta primera del Gobierno se comprometió el pasado sábado a agilizar las repatriaciones, y ayer anunció que el Ejecutivo prepara un Plan África para hacer frente al problema de la llegada incesante de cayucos y pateras a Canarias. En estos momentos me acaban de comunicar que está llegando una nueva patera a la isla del Hierro, la más occidental y alejada de África.
La cuestión que le voy a formular persigue simplemente insistir en la situación de desamparo en la que nos encontramos en Canarias, y conocer los plazos que se ha trazado el Gobierno para agilizar las repatriaciones y solucionar el problema de saturación que existe en los centros de internamiento. Por ello la pregunta que le formulo, señor ministro, es la siguiente: ¿Cuál es el calendario que prevé el Gobierno para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la vicepresidenta primera durante la visita a Canarias el pasado sábado día 18, especialmente en lo que concierne a la saturación de los centros de internamiento de inmigrantes irregulares, cuya ocupación supera los límites de su capacidad debido a la llegada masiva de inmigrantes irregulares en las últimas fechas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Senador, efectivamente la vicepresidenta primera del Gobierno está coordinando la labor de cuatro departamentos ministeriales: el de Interior, el de Asuntos Exteriores, el de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Defensa. Los resultados, por ceñirme a la pregunta que usted me formula, son los siguientes: en primer lugar, ya se han habilitado espacios específicos como lugares de acogida temporal de inmigrantes en Las Palmas, en Fuerteventura y en Santa Cruz de Tenerife. En segundo lugar, se han agilizado los trámites de repatriación y vamos a seguir agilizándolos. En tercer lugar, las gestiones diplomáticas han conllevado que Mauritania ya haya aceptado la readmisión de 170 personas inmigrantes ilegales, y vamos a seguir trabajando por la readmisión de todos los inmigrantes ilegales que, con arreglo a los acuerdos internacionales, tiene que readmitir Mauritania. En cuarto lugar hemos reforzado con 39 funcionarios las unidades de intervención policial de las islas. En quinto lugar, como ya sabe, teníamos previsto de antemano un nuevo centro de internamiento de extranjeros en Arrecife. En sexto lugar, se está levantando en estos momentos un centro de acogida en Nuadibú. En séptimo lugar hemos aumentado el fondo de apoyo a la Cruz Roja para la ayuda a pie de playa en un millón de euros. Y en octavo lugar

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hemos reforzado el programa de acogida e integración con tres millones de euros. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para dar salida a lo que realmente es un problema muy serio, del cual somos muy conscientes y en el que vamos a trabajar, por cierto, en colaboración con las autoridades del Gobierno canario.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ha dicho que se están tomando medidas temporales. Me supongo que se referirá a la actitud del Ministerio de Defensa de prestar los cuarteles para acoger a los inmigrantes, actitud que es de agradecer, pero que no deja de ser una medida provisional. El fenómeno de la inmigración que hoy nos ocupa está generando problemas permanentes, que no se solucionan con medidas provisionales. Además, el Gobierno de Canarias estos últimos días ha rechazado la posibilidad de que se continúe ampliando el número de centros de acogida de inmigrantes en el archipiélago, y exige también el cumplimiento del acuerdo que se tomó en el Congreso de los Diputados que establece la derivación a otras comunidades autónomas, si se sobrepasa el cupo establecido.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señoría, le he referido las medidas que no tienen un carácter temporal, sino el carácter que exija en el tiempo la naturaleza del problema. Por lo tanto, son medidas que tendrán la permanencia que tenga el problema.
Hay que actuar en origen, en las costas africanas, como llevamos haciendo, por cierto, desde que estamos en el Gobierno. En este sentido, le recuerdo los proyectos «SeaHorse» y Atlantis, y estamos activando por vía diplomática los acuerdos de readmisión, que creo que es donde está buena parte de la solución al problema planteado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE EL PLAN DE CHOQUE Y PREVENCIÓN DE SUICIDIOS DE LA CÁRCEL DE LANGRAITZ (ÁLAVA) ES SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS INTERNOS (S.
680/000786).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Etxegoyen.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro, y buenos días a todos.
El pasado 9 de marzo fue hallado muerto, colgado de los barrotes de su celda en la prisión de Nanclares de Oca, un nuevo recluso, el sexto en los últimos doce meses, el octavo si retrocedemos hasta 16 meses atrás.
Esta muerte, en circunstancias aún por esclarecer, pone en evidencia lo que esta portavoz y su grupo parlamentario venimos denunciando hace ya tiempo, y lamento profundamente, créame, señor ministro, tener que volver a subrayarlo hoy.
Algo está funcionando mal, muy mal, en la cárcel de Nanclares. De ahí que le pregunte, señor ministro, si el Gobierno está en disposición de afirmar que el plan de choque y prevención de suicidios de aplicación en este centro garantiza de forma suficiente la seguridad de los internos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, presidente.
Senadora, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, el Gobierno está haciendo una política penitenciaria que pone el máximo cuidado, en Nanclares y en cualquier otro centro penitenciario que sea competencia de la Administración del Estado, en garantizar los más altos estándares de bienestar en esa relación de especial sujeción que vincula a los internos con la Administración.
En Nanclares se han producido tres suicidios en los últimos doce meses, y efectivamente la respuesta, como bien sabe usted, de la directora general de Instituciones Penitenciarias fue inmediata, activando un nuevo plan de prevención de suicidios y un plan de choque específico que estamos seguros de que van a ofrecer muy buenos resultados en el futuro, en Nanclares y en el resto de las prisiones dependientes de la Administración del Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor ministro.
He estado muy atenta a su respuesta y a las explicaciones que me ha dado, pero con independencia de que son ciertas porque evidentemente hay un nuevo plan de choque y un nuevo protocolo de prevención de suicidios en Nanclares, creo que, cuanto menos, habría que ponerle alguna coma que otra, porque hace falta mucho más que las directrices que usted nos acaba de formular, ya que entiendo que en Nanclares, vista la estadística que todos conocemos, no es tiempo de explicaciones. Todo lo dicho y todo lo actuado no ha sido suficiente para evitar que un recluso joven, que tenía previsto salir de prisión en nueve meses, haya optado por quitarse la vida, como antes otros, y tampoco procede hoy reproducir un debate en iguales términos que hace seis o doce meses.


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Con independencia de cualquier otro tipo de valoración que derive de la investigación interna puesta en marcha con motivo de este último fallecimiento, lo cierto es que el número alarmante de muertos en Nanclares pone de manifiesto, cuanto menos, que las condiciones de la prisión son de todo punto inadecuadas.
Una persona que conoce bien esta cárcel porque trabaja en ella me comentaba que en Nanclares empieza a fallar todo, y en ese sentido y este ambiente no hay plan de choque y prevención de suicidios que valga cuando dichas condiciones se mantienen y perpetúan en una situación de precariedad por todos conocida.
En cualquier caso, esta portavoz no le va a exigir ni dimisiones ni el cierre de la prisión, como he escuchado. Tampoco va a tirar del hilo de esta nueva desgracia para solicitar el traspaso de las competencias penitenciarias, aunque tampoco voy a negar que ha habido una serie de actuaciones precedentes, como que por ejemplo el clima en el interior de la prisión ha mejorado mucho en los últimos meses tras el relevo de la dirección. Tampoco voy a negar, sino reconocer públicamente --así lo he hecho en alguna otra ocasión--, que me consta la voluntad y el esfuerzo de su ministerio, singularmente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, para resolver esta situación de Nanclares. Pero me tendrá que reconocer que voluntad y esfuerzo ya no son suficientes, e igualmente me tendrá que reconocer que algo sigue fallando. Seis muertos en doce meses es, además de una tragedia, el reflejo irrefutable del fracaso de la gestión penitenciaria en el centro de Nanclares, porque es la Administración penitenciaria la que tiene la responsabilidad de velar por la dignidad, la protección y la seguridad de las personas encarceladas, y ello pasa, además de por planes marco de choque y protocolos de prevención de suicidios, por programas individualizados de tratamiento, sin olvidar la investigación inmediata de cuantas denuncias de abuso, coacciones, malos tratos y presiones de todo tipo se produzcan. Y usted sabe que en Nanclares, precisamente, no han sido pocas. Sin ir más lejos, las del recluso muerto el pasado día 9.
Y termino, señor presidente, casi como empecé. No quisiera, señor ministro, y lo lamentaría profundamente, tener que volver a interpelarle dentro de unos meses porque muera otro recluso en la prisión de Nanclares, y como estoy convencida de que usted lo lamentaría tanto como yo, le pido, señor ministro, algo más que lo que se está haciendo para evitar la situación tan lamentable e inaceptable que se está viviendo en la prisión de Nanclares.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señor presidente, en primer lugar, quiero romper una lanza en favor de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que desarrollan su trabajo con limpieza y honestidad, de acuerdo con la ley a la que están vinculados; ¡faltaría más! En segundo lugar, senadora, el plan de choque específico cuenta con más profesionales, tanto de asistencia psicológica, como de asistencia social y de formación. Además, pone en marcha el nuevo catálogo de actividades de tratamiento y de escolarización, así como de actividades formativas y laborales. También los grupos de autoayuda y más actividades culturales, que les permitan a los internos vivir en privación de libertad de la manera menos gravosa posible.
El trabajo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está dando frutos, senadora; se lo digo a usted y a sus compañeros de la Cámara. Los datos nacionales son buenos. El trabajo intensivo que realiza la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha puesto de manifiesto que, de los 40 suicidios de 2004, se ha pasó a 36 en 2005.
Durante los primeros meses de 2006 ha habido cinco casos, mientras que durante el mismo período del año pasado hubo nueve. Estamos actuando con toda la eficacia y rigor posibles, y vamos a seguir haciéndolo, para apuntalar la relación de especial sujeción que tienen los internos con la Administración del Estado que requiere que la pena privativa de libertad se cumpla en condiciones humanitarias y lo menos gravosas posible para el interno.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA AFLUENCIA MASIVA DE INMIGRANTES A LAS ISLAS CANARIAS (S.
680/000790).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Guerra Guerra.
Tiene la palabra su señoría.


La señora GUERRA GUERRA: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor ministro.
La pregunta es sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con la afluencia masiva de inmigrantes a las Islas Canarias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señora senadora, me tengo que remitir, por razones obvias, a la respuesta que le he dado al senador de Coalición Canaria: las medidas consisten básicamente en la coordinación de la labor de cuatro ministerios que lleva a cabo la vicepresidencia del Gobierno. Es una labor ardua para tratar un problema arduo y complejo, que estamos encarando con toda la eficacia posible, y con el aparato del Estado funcionando a pleno rendimiento. El problema es grave y

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serio, y afecta a unas islas muy queridas para el Gobierno, pero el trabajo dará frutos en el futuro.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra su señoría.


La señora GUERRA GUERRA: Señor ministro, aunque usted se remita a la respuesta que ha dado antes, yo no me puedo remitir a la pregunta que la ha producido. Quiero decir que mi pregunta es completamente diferente. Le voy a situar, señor ministro.
En las costas de Mauritania hay miles y miles de personas esperando con embarcaciones como cayucos, pateras, barcos nodriza o como quiera llamarlos, para abordar Canarias. Canarias tiene los centros de inmigrantes desbordados. Las costas están ocupadas por la Guardia Civil, las organizaciones no gubernamentales y los voluntarios que atienden a los inmigrantes. Por cierto, señor ministro, que no necesitan que se les dé lecciones de humanidad para tratar a los inmigrantes. Esa es la situación de Canarias.
Como la experiencia es un grado, y yo la tengo, señor ministro, le voy a decir lo que hizo el Partido Popular, porque sé que usted se remitirá a ello. El Partido Popular promulgó una ley de extranjería, puso en marcha el programa GRECO para regular la situación de los inmigrantes en España e implantó el SIVE en Fuerteventura; no siguió haciéndolo en las demás islas porque se fue del Gobierno de España. Sin embargo, ustedes llevan dos años en el Gobierno y no lo han puesto.
Habla usted de las medidas que se van a adoptar, señor ministro. Pues bien, por si lo dicho fuera poco, ayer tuvimos noticia de un informe que la Guardia Civil les remitió en diciembre, que no hablaba ya de los vivos, señor ministro, sino de cuántos muertos iban a aparecer en las costas. Y así ha sido.
La situación de las Islas Canarias es de emergencia, pero ustedes llamaron a los inmigrantes. Sí, señor ministro: ustedes los llamaron. Los llamaron cuando hicieron un proceso de regularización sobre el que la Unión Europea les advirtió que tuviesen cuidado. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, señor ministro. No nos vale, pues, que nos diga hoy que se están tomando medidas ni que nos visite la vicepresidenta del Gobierno para replicarnos, cuando le decimos que nuestra casa se está inundando, que nos traerá más cubos para que los utilicemos. Hay que solucionar el problema de los inmigrantes en el lugar de origen.
Canarias es territorio español, señor ministro; insular, pero español.
Sus ciudadanos pertenecen a la nación española, y esperan que su Gobierno adopte las medidas necesarias para preservar a los inmigrantes y también a ellos.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Senadora, me parece que usted no se ha enterado. La Guardia Civil no ha hecho ese informe al que usted se refiere; la Guardia Civil, cuando recibe las informaciones que tiene que recibir de los servicios de información y de inteligencia del Estado, actúa como tal, y, por tanto, la estructura interior tiene que intervenir reforzando la vigilancia, que fue lo que hizo en ese caso concreto al que usted se refiere. Y además, con muy buenos resultados, porque en los dos primeros meses del año, y sólo en Canarias, se salvaron las vidas de más de 600 personas, que fueron rescatadas, y siguen rescatando personas todos los días, en una situación ardua y difícil, por tanto, siguen haciendo lo que tienen que hacer: desarticular redes que trafican ilegalmente con seres humanos. 54 redes desarticuladas, sólo en los dos primeros meses de 2006.
Tengo que decirle también que en 2005 y en 2006 se desarticularon más de 300 redes, que se interceptaron más de 555 embarcaciones, que se rescataron más de 10.000 personas entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, y que ésos son los datos que la propia Guardia Civil, y, por tanto, la estructura operativa del Ministerio del Interior, han hecho públicos, que demuestran un alto grado de eficacia y de cumplimiento de nuestras responsabilidades.
Además de ello, la vicepresidenta primera del Gobierno efectivamente está coordinando la labor de los cuatro ministerios a los que me refería: Interior, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales y Defensa, y estamos poniendo en marcha los centros de acogida, como le decía al senador que me interpeló antes. Estamos procediendo a la devolución de las 170 personas cuya devolución ya admite Mauritania. Hemos puesto en marcha y desarrollado, ya desde 2005, los proyectos «SeaHorse» y «Atlantis», para hacer frente al problema en origen, al problema de las costas africanas, que tienen proyección en las islas Canarias y en el sur de la península. Vamos a ceder cuatro patrulleras a Mauritania; vamos a formar a sus gendarmes, y todo eso se va a hacer en un comité mixto hispano-mauritano que ha sido activado por vía diplomática. Por tanto, Exteriores también ha cumplido con sus responsabilidades.
En cuanto a las Canarias, saben --sobre todo usted, que es de allí-- que hemos reforzado lo existente --en el sentido que le decía al senador que me preguntó antes-- también mediante la creación de una base de servicio marítimo nueva, en Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente vamos a construir un centro de internamiento de extranjeros en Arrecife, y ésos son hechos y resultados que demuestran una labor sólida de un gobierno, enfrentado como es su responsabilidad a un problema grave, serio y complejo, que tiene proyecciones nacionales. Nuestra labor es proteger nuestras costas y nuestras aguas territoriales, pero también tenemos la obligación de ayudar humanitariamente, en todo lo que podamos, fuera de nuestras fronteras y de nuestras aguas territoriales.
Termino en cinco segundos, señor presidente, diciendo que yo no sé lo que hizo o dejó de hacer el PP, pero, ya que me lo pregunta, le diré que con el PP había más pateras y más inmigrantes. De 942 pateras en 2003, cuando ustedes gobernaban, pasamos en 2005 a 567; y, de más de 19.000 inmigrantes por vía marítima en 2003, pasamos a 11.781

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en 2005. Éstos son datos concluyentes que acreditan la eficacia y la mejora en la calidad de actuación de este Gobierno con relación al anterior.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL TRASLADO, EL PASADO DÍA 4 DE MARZO, DE VEINTICINCO INMIGRANTES A GUINEA-BISSAU (S.
680/000792).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó.
Tiene la palabra, señoría.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted coincidirá conmigo en que el camino más corto entre Ceuta y Madrid no pasa por Guinea-Bissau. Por tanto, me gustaría que me aclarase por qué envió usted de excursión a 31 policías nacionales y a 25 inmigrantes ilegales a Guinea-Bissau; si este vuelo fue simplemente una maniobra de distracción para posteriormente dejarles en libertad en Madrid, o si es una chapuza más de las muchas que este Gobierno está cometiendo en materia de inmigración.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Le puedo decir, senador, dos cosas fundamentalmente: que el Estado, el Gobierno legítimo del Estado, y por tanto las autoridades policiales y diplomáticas del Estado hacen todo lo posible para cumplir la legalidad vigente, y, por tanto, para repatriar a sus lugares de origen a los inmigrantes que no llegan legalmente a nuestro territorio. Que usted califique de excursión esa tarea del Estado, puede demostrar lo gracioso que es usted, pero desde luego no comparto para nada esa afirmación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra, señoría.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la vicepresidenta primera del Gobierno recientemente afirmó, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que todo inmigrante ilegal que llegue a nuestras fronteras será devuelto a su país. Le faltó añadir: como paso previo para ser puesto en libertad en Madrid, como consecuencia de la incompetencia del ministro del Interior.
Señor ministro, la chapuza y la improvisación --y esto desgraciadamente no es ninguna gracia-- son las principales características de la política migratoria de este Gobierno, y conste que esto no es un juicio de valor de los que tanto le molestan a usted sino simplemente la constatación de un hecho real, que es lo que fue esa excursión --llámele usted como le parezca-- de 25 inmigrantes ilegales que fueron enviados a Guinea-Bissau para ser puestos en libertad acto seguido en la estación de Atocha. Parece que en esta materia, o no se entera usted de nada o no se quiere enterar, puesto que ni siquiera es consciente de los propios informes que se hacen en su misma Casa.
Quiero recordarle que tienen ustedes firmado un acuerdo que está en ejecución con Guinea-Bissau desde el año 2003, del mismo modo que tienen otro suscrito con Mauritania. Precisamente esta Cámara, a través de una moción que presentó nuestro grupo parlamentario en el Pleno, le instó a que se firmaran esos acuerdos. Lo que quiero pedirle hoy simplemente es que cumplan ustedes los acuerdos que ya están firmados y que sean capaces de repatriar a los inmigrantes ilegales, como es su obligación y le pedía la vicepresidenta primera del Gobierno.
Señor ministro, casi 4.000 inmigrantes ilegales han llegado a las Islas Canarias en los tres primeros meses de este año, y parece ser que mil de ellos por desgracia han muerto ahogados en el Atlántico. Mientras no rectifiquen ustedes su política de inmigración esto irá a peor, pero para que ustedes rectifiquen es necesario que previamente reconozcan ese error. Yo le insto en esta Cámara a que usted reconozca que su política de inmigración es un error, porque si no lo reconoce va a ser imposible que rectifique, con lo cual esto va a ir a peor, lo repito, como se está demostrando crisis tras crisis. Pero voy a decirle más. Si ustedes rectifican esta política de inmigración tenga la seguridad de que el Partido Popular les va a apoyar porque este tema es muy serio y muy importante para todos los españoles. Cuente de antemano con nuestro apoyo siempre y cuando haya una rectificación, porque esos casi 4.000 inmigrantes que han llegado a Canarias en estos tres primeros meses son casi más que todos los que llegaron a lo largo de 2005. Y le aseguro, señor ministro, que esas casi mil personas ahogadas merecen una rectificación de su política.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente.
Senador, en cuanto a los datos generales, se los acabo de dar a su compañera de grupo con toda mi estima.
Quiero decirle que de 942 pateras que llegaron a nuestras costas en 2003, cuando ustedes gobernaban, pasamos a 567 en 2005. Son datos consolidados.
Y de más de 19.000 inmigrantes ilegales que llegaron por vía marítima en 2003 pasamos a 11.781, también por vía marítima, en 2005. Son datos objetivos que acreditan la mayor y mejor eficacia de este Gobierno en la lucha contra la inmigración ilegal.


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Y por lo que hace a su pregunta sobre la repatriación a Guinea-Bissau tengo que decirle, se ponga usted como se ponga, que eso no fue una excursión sino el cumplimiento por parte de las autoridades policiales y diplomáticas de la legislación española vigente. (Rumores.) En primer lugar, hubo un reconocimiento de la nacionalidad por el consulado de Guinea-Bissau. En segundo lugar, hubo una autorización de ese país que fue comunicada al cónsul español. En tercer lugar, hubo una comunicación a las autoridades guineanas de la realización del vuelo y de la solicitud correspondiente del sobrevuelo o sobrevuelos, así como la comunicación de todo ello por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cuarto lugar, se realizó ese vuelo, pero una vez llegado a Guinea-Bissau fue recibido de modo negativo por las autoridades de allí. Por tanto, la policía española cumplió adecuadamente con sus obligaciones y no tuvo ninguna culpa de lo que pasó, es decir, de la falta de acogida por parte de las autoridades de Guinea-Bissau.
Y finalmente puedo decirle que en 2005 también aumentamos y mejoramos en materia de vuelos para repatriar inmigrantes que no llegaron legalmente a nuestro territorio. Hubo 41 vuelos con 2.831 ciudadanos extranjeros repatriados, lo que también acredita la eficacia y la competencia de las autoridades policiales y diplomáticas del Reino de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN LO QUE VA DE AÑO EN RELACIÓN CON EL MISMO PERÍODO EN AÑOS ANTERIORES (S. 680/000793).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Echeverría.
Tiene su señoría la palabra.


El señor ECHEVERRÍA ECHÁNIZ: Muchas gracias, señor presidente.
La pregunta es la siguiente: Valoración del Gobierno de la evolución del número de muertes violentas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año en relación con el mismo período en años anteriores.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señor presidente, paso a responder al señor senador con toda premura.
Le voy a dar los datos consolidados. Durante los años 2004 y 2005 se han reducido en un 25 por ciento los homicidios en Madrid con relación a los ocurridos en el año 2003; en concreto, se han producido 40 homicidios menos que cuando estaba en el gobierno el Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


El señor ECHEVERRÍA ECHÁNIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted no me ha contestado a lo que yo le he preguntado, porque quería que me hablara del año 2006. En cualquier caso, no me extraña que no me responda porque, de hecho, sus datos nunca coinciden con los que yo tengo. No es de extrañar, porque tampoco coinciden con los de la Unión Federal de Policía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles o los dados por el decano de los juzgados de Madrid.
A esta confusión de cifras debemos añadir que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha lanzado la gravísima acusación de que desde el Ministerio del Interior se manipulan las cifras de delitos y faltas, al menos en la demarcación de la guardia civil --tengo aquí el texto y se lo puedo enseñar--; acusación que nadie ha contestado desde el ministerio.
Es más, a esta confusión de datos estadísticos hay que sumar lo que para mí es una clara voluntad política de no dar a la oposición información sobre la delincuencia, y le voy a poner dos ejemplos. Primero, con fecha 6 de junio de 2005 se envió una circular a las comisarías firmada por el subdirector general operativo donde consta la prohibición de facilitar datos sobre delincuencia, exactamente datos estadísticos de criminalidad, mientras no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad. Segundo, en febrero de 2005 tuvo lugar en su ministerio una reunión con los representantes de las comunidades autónomas comprometiéndose el ministerio a dar datos a las comunidades, pero hasta ahora la Comunidad de Madrid no ha recibido ninguno. Sin embargo, señor ministro, a fecha de hoy, 22 de marzo, sí hay datos objetivos: más de veinte personas han sido asesinadas en la Comunidad de Madrid, y sobre eso le preguntaba.
Si comparamos este año con el pasado, podemos afirmar que en el año 2006 se han producido el doble de asesinatos que en el mismo período del pasado año 2005. El pasado mes de febrero cada tres días una persona moría violentamente en Madrid. Como a su señoría no se le oculta, todos los madrileños estamos muy preocupados por esta escalada de violencia y no podemos entender, por ejemplo, que en los Presupuestos Generales del Estado no se dedique a Madrid ni un céntimo para inversión en seguridad, equipamientos o construcción de casas cuarteles y comisarías.
Tampoco podemos entender por qué se rechaza la ayuda y colaboración de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué se rechazó, señor ministro, la oferta de la Comunidad de Madrid de financiar el 50 por ciento de una comisaría en el distrito de Villaverde, necesaria con gran demanda

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social? ¿Por qué no se ha aceptado por parte del ministerio estudiar la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid y sí se ha hecho con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? Espero que no sea porque en Madrid gobierna el Partido Popular, señor ministro.
De nuevo le ofrezco la leal colaboración del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la lucha contra la delincuencia. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señoría, cuando hablamos de cuestiones como la seguridad ciudadana soy un firme defensor, y usted lo sabe, del principio de colaboración entre las instituciones, y subrayo instituciones.
Déjeme que le diga que, por más que usted se empeñe, los datos consolidados son tozudos. Uno no puede congelar el período de tiempo que le interesa; por ejemplo, si congelamos esta semana y la comparamos con la misma del año anterior, igual encontramos una reducción del cien por cien en el número de homicidios porque puede que no haya habido ninguno.
Por eso, se dan los datos consolidados anualmente, ejercicio por ejercicio, y puedo decirle que durante los años 2004 y 2005, con relación al 2003, se ha producido una reducción del 25 por ciento en los homicidios violentos. Senador, eso obedece a una política de seguridad muy clara: el aumento del número de efectivos y un mayor despliegue policial. Hay 1.463 agentes de policía y guardia civil más ahora que en 2003, lo que conlleva una mayor tasa de eficacia policial. Ha aumentado la tasa de detenciones, es decir hay más responsables de los delitos y de las faltas que, en su caso, son detenidos.
Pero lo más importante, señor senador --y éste es el dato--, es que hay una menor tasa de homicidios. Ustedes la dejaron en 1,34 homicidios por cada 100.000 habitantes y nosotros la hemos reducido a menos de uno por cada 100.000 habitantes. Esos son datos tozudos que demuestran que, gracias a las políticas de seguridad del Gobierno, la seguridad neta de los habitantes de Madrid está, por fortuna, aumentando y, en consecuencia, el índice de inseguridad ciudadana que ustedes dejaron disminuyendo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EDIFICACIONES (S.
680/000781).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Elices, tiene la palabra su señoría.


La señora ELICES MARCOS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como es sabido, en los últimos años se está luchando desde todos los ámbitos de la industria para conseguir unas mejoras medioambientales y una seguridad mayor en todos los procesos. La edificación de viviendas es un sector que no se queda al margen de este proceso, por eso el Gobierno está promoviendo decretos y normativas encaminadas a la buena conducta de la edificación en todos los aspectos medioambientales y de sostenibilidad.
Como sabemos de la aprobación por el Consejo de Ministros, posterior a la entrada de nuestra pregunta en el registro, del Real Decreto por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, consideramos que esta sede parlamentaria es el lugar idóneo para que usted nos explique con el mayor detalle que el tiempo le permita cómo se regula la construcción y cuáles serán las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente, señoría.
Como bien ha dicho, el pasado viernes 17 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Código Técnico de la Edificación, que supone avanzar no sólo en la eficiencia energética de la edificación, en la calidad de nuestras viviendas y edificios, en la innovación, en la productividad y en la competitividad del sector de la edificación, sino que también supone un avance importante en la sostenibilidad como eje de las políticas de vivienda y suelo.
La aprobación del Código Técnico de la Edificación por el Consejo de Ministros supone la mayor reforma de la normativa sobre edificación de los últimos 30 años; además supone el desarrollo de la Ley de Ordenación de la Edificación, la trasposición de directivas comunitarias --entre ellas la muy importante de Eficiencia energética en la edificación-- y significa también el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales y de nuestros compromisos de Gobierno.
El objeto del Código Técnico de la Edificación es hacer edificios más seguros, edificios más habitables y más sostenibles, garantizando la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. El Código Técnico de la Edificación es un código flexible que, como decía antes, fomenta la innovación desarrollando nuevas tecnologías en el sector de la edificación, incrementa, por supuesto, la productividad en este sector y mejora la competitividad del mismo.
Ha sido un código fruto de la participación y el consenso, donde han intervenido todos los agentes de la edificación y en cuya intervención yo destacaría la de las comunidades autónomas, que recientemente, en una conferencia sectorial y por unanimidad, dieron el visto bueno al Código Técnico de la Edificación.
El objeto final del Código supone tener edificios más seguros, edificios más habitables y sostenibles para los

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ciudadanos, esto es, viviendas y edificios más ecológicos y más eficientes. El Código Técnico de la Edificación va a mejorar nuestro entorno urbano y va a mejorar nuestros edificios fomentando la eficiencia energética y además fomentando el uso de las energías renovables en la edificación: los edificios serán más funcionales, serán más seguros en lo que se refiere a la estructura de los mismos, a la seguridad en caso de incendio y también a la seguridad en el uso normal del edificio; pero también serán más habitables desde el punto de vista de la higiene, de la salud y de la protección del medio ambiente, fomentando el ahorro de la energía y el aislamiento térmico.
España recupera el tiempo perdido utilizando las energías renovables en la edificación; la casa «verde» y el edificio «verde» ya no serán un reclamo publicitario, sino que todas las casas y todos los edificios serán «verdes». Los ciudadanos pagarán menos por sus facturas de consumo de energía gracias a la incorporación de esas medidas, por ejemplo, la introducción de placas solares para la producción de agua caliente sanitaria, la introducción de placas solares fotovoltaicas... En definitiva, todas esas medidas serán rentables y amortizables en un período corto de tiempo, de cuatro a cinco años.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
¿Va a hacer uso de la palabra, senadora Elices? (Denegaciones.) Gracias.


-- DE DOÑA MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE CONOCIMIENTO EL GOBIERNO ACERCA DE LA PETICIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE COFRADÍAS DE PESCADORES Y DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES PESQUERAS DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DEL GASODUCTO DE ARGELIA EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE AL LITORAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA (S. 680/000789).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Agüero Ruano. Tiene la palabra su señoría.


La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, sabemos que el importante proyecto de Mezgad, que une por medio del gasoducto Argelia con España, tiene el informe favorable del Ministerio de Industria y nos parece bien. Pero la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras le han mandado al señor ministro una petición para que se modifique este trazado en su tramo marítimo por el litoral de la provincia de Almería, por lo que le pregunto si tiene conocimiento de ello y qué opinión tiene al respecto.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Su señoría me pregunta si conozco la petición de los pescadores almerienses en relación al trazado del gasoducto. La respuesta es obviamente que sí la conozco, y no sólo eso, sino que el Gobierno ha propiciado recientemente un encuentro entre los pescadores y la empresa para tratar el asunto y encontrar soluciones que puedan ser satisfactorias para ambas partes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.


La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no esperaba una respuesta tan escueta. Usted sabe perfectamente lo que quiero transmitirle, cuestión que abarca más que el objeto de mi pregunta, y quisiera saber si tiene conocimiento del escrito de alegaciones presentado a finales de 2003 en el que el sector pesquero remitía las copias de los planos del gasoducto de Mezgad a la empresa sobre la propuesta del trazado alternativo.
Pero, señor ministro, si hay un tema respecto del que no quiero polemizar absolutamente nada es precisamente éste. Si lo hubiera querido hacer, evidentemente, le habría pedido su opinión sobre unas declaraciones del secretario de Estado de Energía en la Comisión de Industria del Congreso en las que dejó en el aire que la tubería iba a pasar por la playa del Perdigal, en Almería, y que iba a ser sólo de paso, no para la distribución del gas a la ciudad y a la provincia. Por lo tanto, señor ministro, puede que no veamos el gas ni en pintura aunque, en todo caso, eso sería objeto de otra pregunta.
Lo verdaderamente importante es que si los responsables del proyecto Mezgad están estudiando la posibilidad del cambio del trazado del gasoducto para que el sector pesquero no pierda esos caladeros, el Ministerio de Industria podría echar una mano y atender la legítima preocupación de los pescadores y armadores, que ven cómo el actual trazado interfiere en los caladeros de gamba roja, de vital importancia para la subsistencia de un sector en donde, como usted sabe, faenan barcos de Almería, Garrucha y Carboneras. Los puntos de interferencia están muy especificados en todo el trayecto. Uno es el denominado Canto Mónsul y otro el trazado del gasoducto que discurre paralelo a unas tres millas de la costa, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Nijar, desde la punta del cabo hasta la entrada en tierra por la playa del Perdigal.
Señor ministro, me hago eco de las protestas de los vecinos de El Alquián, que están en contra de la entrada del gasoducto en esa playa y han solicitado que se encuentre al menos a una distancia de 2 kilómetros de dicha barriada. Esperamos que su señoría y la ministra de Medio Ambiente tengan la sensibilidad que el caso requiere y que con

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una pequeña modificación --puesto que, como he señalado anteriormente, la empresa está estudiando el asunto-- todos quedemos contentos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, por supuesto que el Gobierno está tratando de responder a las inquietudes de los pescadores y de los vecinos del barrio de El Alquián.
De hecho, me consta que la Subdelegación del Gobierno en Almería ha estado en contacto con los distintos colectivos y ha trasladado a las dos empresas implicadas, tanto a Mezgad como a Enagas las reivindicaciones de cada uno de ellos tratando de encontrar una solución lo más positiva posible para el conjunto de los afectados.
El último contacto formal se produjo el 17 de febrero, día en el que atendiendo una petición de las cofradías de pescadores y una asociación de armadores pesqueros la Subdelegación propició una reunión con los representantes de Mezgad en la que también estuvo presente un representante del Ministerio de Agricultura. La empresa se comprometió a estudiar la propuesta de los pescadores --seguramente podría aportar algunos detalles más--, pero es cuanto podemos decir en este momento.
Ahora bien, sea cual sea la resolución --que estoy convencido que será satisfactoria para todos--, habría que recordar que este gasoducto que une España con Argelia y que entra en nuestro país por Almería es un proyecto estratégico para garantizar el suministro de Gas Natural. Es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno y su construcción cuenta, además, con un amplio respaldo político y social también en Almería, entre otros motivos, porque --y no lo dude usted, señoría-- también comportará beneficios económicos para esta provincia.
Éste es mi deseo y trabajaremos para que este proyecto salga adelante con el máximo consenso y con la máxima celeridad posible a fin de cumplir los objetivos estratégicos del Estado en materia energética. Por supuesto que existe esta línea de trabajo, y estoy convencido de que se encontrará una solución satisfactoria. Nosotros nos esforzaremos para que ello sea posible, para que se concilien los intereses generales que representa la construcción de este gasoducto y los intereses de los pescadores y de los vecinos de este barrio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO PUEDE ACLARAR LAS DECLARACIONES DE SU PRESIDENTE AL AFIRMAR QUE EN RELACIÓN AL SECTOR ENERGÉTICO HAY QUE FAVORECER FUSIONES Y ALIANZAS AMISTOSAS Y NO OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (OPA) HOSTILES (S. 680/000791).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Seguí, que tiene la palabra.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado lunes 13 de marzo el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, afirmó en rueda de prensa celebrada con el señor Villepin que en relación al sector energético hay que favorecer fusiones y alianzas amistosas, y no OPAs hostiles.
Señor ministro, ¿qué quiso decir exactamente el señor presidente? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, las declaraciones del presidente del Gobierno referidas a la política energética europea que se debatirá durante esta semana en el Consejo Europeo fueron lo suficientemente claras, y por tanto, no es preciso hacer ninguna interpretación de las mismas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, gracias por su claridad. Últimamente está siendo usted absolutamente claro en sus respuestas.
Las palabras del señor Zapatero, que insiste en decir una cosa y hacer otra distinta, nos parece son de un sarcasmo inaceptable. Usted sabe muy bien que han amparado desde un primer momento una de las OPAs más hostiles que se recuerdan, que es la de Gas Natural sobre Endesa. Ustedes han puesto una alfombra roja a dicha operación a base de condiciones no sólo aceptables, sino también beneficiosas para la opante. Ustedes, señor ministro, incluso han ido a por Endesa, la opada hostilmente, con amenazas y advertencias, y sobre todo, presionando o dirigiendo en su contra a los organismos reguladores. Y ahora nos dice el señor Zapatero que quiere fusiones o alianzas amistosas, cuando él mismo ha ido a celebrar la hostilidad de la OPA al domicilio particular del responsable de la empresa opante.
La Comisión Europea les está dando serios varapalos precisamente por amparar en tres días vía decreto-ley la conducta de beneficiar una OPA hostil e impedir otra bastante más pacífica. Les van a abrir un expediente por ello; hasta un juzgado está cuestionando ya la OPA que ustedes amparan. Todo el mundo les está diciendo que ésta es una conducta de país bananero, y el presidente Zapatero dice que quiere fusiones amistosas.


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Señor ministro, basta ya de engañar a la gente. Digan claro que ustedes tienen deudas que pagar y que tratan de responder a las mismas. Digan claro que en eso, en pagar esa deuda, consiste su patriotismo. Por lo menos así la sociedad española sabrá a qué atenerse, sabrá que no hacen ustedes patriotismo energético, sino que precisamente torpedean el prestigio de España en Europa y en el mundo. No traten ustedes de justificar lo injustificable. Ustedes han pregonado por activa y por pasiva su europeísmo, pero a la primera de cambio se burlan de las autoridades europeas variando arbitrariamente el marco normativo y quebrantando los principios económicos esenciales de Europa.
Creo, señor ministro, que si a ustedes no se les cae la cara de vergüenza por decir una cosa y hacer arbitrariamente todo lo contrario, es porque ya no les queda prestigio que defender. Ustedes ya no se acuerdan de lo que es velar por los intereses generales en lugar de defender los particulares.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.
Señoría, al igual que otros Estados miembros, España está adaptando su legislación para avanzar en la construcción del mercado interior de la energía y en la liberalización del mercado energético europeo. Y partimos de una situación en la que la mayoría de los países, como usted sabe, bien a través de mayorías públicas o por el desarrollo de medidas regulatorias, mantienen un control de sus principales empresas. Esa es la realidad, nos guste o no, una realidad caracterizada por la falta de armonización y la falta de reciprocidad por una asimetría que hemos de tratar de superar. De eso en concreto se hablará en este Consejo de primavera. De hecho, como usted sabe, determinadas empresas del sector en países como Francia, Italia o Alemania tienen importantes ventajas competitivas, derivadas de posiciones dominantes o cuasi monopolísticas, no necesariamente derivadas de una mayor excelencia en la gestión.
En fin, en España el sector está liberalizado, compuesto por empresas privadas absolutamente. Dadas las ventajas de estas empresas de otros países frente a las españolas en tamaño, entre otras cosas, si no se corrigen estos desequilibrios, podríamos estar construyendo un mercado europeo de concentración en unos pocos operadores, sin que ello redunde en una mayor competencia y eficacia en el sector energético.
Estamos hablando de un sector que cuenta, como usted sabe, con activos estratégicos en cada país, menos el nuestro, con centrales nucleares, con aprovisionamientos de gas, con recursos hídricos, con producciones asociadas a minas de carbón, redes de transporte y electricidad y, por tanto, hablamos de un sector que no debe analizarse sólo desde una óptica de mercado y de competencia. En definitiva, se hace necesario elaborar una nueva política energética europea, en la que se definan los objetivos estratégicos comunes --de eso habló el presidente del Gobierno-- y en la que se diseñen reglas comunes para los procesos de concentración empresarial, de forma que la liberalización no perjudique los objetivos estratégicos de seguridad, de competitividad y de sostenibilidad de los Estados miembros y del conjunto de la Unión. Y mientras tanto, es preferible que se haga respetar como estación de España el interés energético del país y que las concentraciones empresariales en el sector energético europeo se realicen mediante, por supuesto, acuerdos empresariales entre empresas, pero sin perder de vista ese horizonte.
Eso es lo que quiso decir el presidente. Pero usted no lo entenderá, usted nos ha soltado un mitin más propio de una campaña electoral o de una asamblea de su partido, señor Seguí. Pero eso es lo que quiso decir el señor presidente. Ustedes no lo entenderán porque, de hecho, no entienden más que un hecho, y es que peligran los intereses, que aún desconocemos, de un amigo del señor Aznar. Algún día tendrán que explicar por qué defienden con uñas y dientes el interés de este señor en lugar de defender el interés del sector energético español. En fin, para ustedes vale el lema de antes alemana que catalana, es decir, española. Ése es su lema.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA OPINIÓN QUE LOS CIUDADANOS TIENEN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, RECOGIDA EN EL BARÓMETRO SANITARIO 2005 (S. 680/000799).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sabando.
Tiene la palabra su señoría.


El señor SABANDO SUÁREZ: Señora ministra de Sanidad y Consumo, buenos días.
Usted conoce muy bien que para hacer el diagnóstico del Sistema Nacional de Salud, entre otros, hay un dato precioso, y es la opinión que del mismo tienen los ciudadanos, pero no sólo para hacer el diagnóstico del Sistema Nacional de Salud, sino también para valorar el pronóstico de ese mismo sistema, para conocer hacia dónde va la orientación de ese Sistema Nacional de Salud.
Por eso mismo, hoy desde el Grupo Socialista queremos preguntarle, señora ministra, cómo valora el Gobierno la opinión de los ciudadanos acerca del Sistema Nacional de Salud expresada en el barómetro sanitario 2005.
Conocemos, señora ministra, a través de los medios de comunicación la opinión global, esa opinión global que dice que mejora la opinión de los ciudadanos. Pero hoy queríamos preguntarle pormenorizadamente --si usted lo tiene a

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bien-- que nos desagregue esa opinión, que desagregue la opinión de los ciudadanos con respecto a la atención primaria, con respecto a la atención especializada extra e intra hospitalaria, con respecto a la opinión que tienen los ciudadanos de nuestros hospitales antes de haber pasado por sus servicios y después de haber estado ingresados en ellos, con respecto a la opinión que tienen nuestros ciudadanos de los servicios de urgencias, de las esperas.
Queremos también conocer, señora ministra, si es posible, aquellos aspectos que los ciudadanos mejor valoran de los servicios que se les prestan desde el Sistema Nacional de Salud, queremos conocer la opinión que los ciudadanos tienen de ese capítulo, siempre en discusión, como son las listas de espera y, por otra parte, también queremos conocer, señora ministra, la opinión de esos mismos ciudadanos acerca de la actual financiación del Sistema Nacional de Salud, acerca de la coordinación entre las distintas comunidades autónomas, acerca --en último extremo-- de cómo se configura desde un punto de vista sanitario y desde un punto de vista institucional ese Sistema Nacional de Salud.
Entendemos que hay otros criterios para valorar el futuro del Sistema Nacional de Salud, pero éste es un criterio precioso, es un criterio muy importante no sólo para valorar ese futuro, sino también es un criterio de gestión para las comunidades autónomas que tienen transferidos los recursos sanitarios de la Seguridad Social --del antiguo Insalud--, y también es un criterio precioso para poder dirigir el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por esta razón, señora ministra, es por lo que hoy el Grupo Parlamentario Socialista le dirige esta pregunta sobre un tema no sólo importante, sino también crucial para el sistema sanitario.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, los ciudadanos valoran de manera positiva el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Así lo recoge el Barómetro Sanitario: el 69,1 por ciento de los encuestados opinan que funciona bien o muy bien --por cierto, un porcentaje que representa un 2,2 puntos mayor que en 2004--.
La satisfacción general del sistema se sitúa, en una escala de uno a diez, en 6,2 puntos, manifestando una mejora respecto a años precedentes, pues esa valoración era de 5,9 en 2002 y de 6,0 en 2003.
Más de las tres cuartas partes de los ciudadanos piensan que la sanidad debe financiarse únicamente con los impuestos, y hay un pequeño porcentaje que dice que debe también financiarse parcialmente por un pago en los servicios. Casi la mitad de los ciudadanos piensa que la atención primaria ha mejorado en los cinco últimos años, y esos porcentajes son similares, aunque algo menores, en las consultas de especialidades y en los hospitales. Los porcentajes de satisfacción son del 84,2 en atención primaria, 77,3 en atención ambulatoria, 86,5 en hospitales, 78,6 en urgencias. Los aspectos mejor valorados son el equipamiento y los medios técnicos, la atención recibida, la confianza en los profesionales, la cercanía de los centros y el número de especialidades accesibles.
El problema citado más frecuentemente es el de los tiempos de espera, bien los tiempos de espera en la sala para acceder a las consultas, bien la espera para ser intervenido en operaciones no urgentes. De hecho y referido a este tema, un porcentaje sustancial de los ciudadanos opina que las administraciones sanitarias trabajan para resolverlo, pero todavía la mitad de los encuestados no han percibido mejoras en el último año.
La información institucional también ha mejorado, aunque ahí hay campo suficiente para seguirlo haciendo. La gran mayoría de los encuestados opinan que el Sistema Nacional de Salud es equitativo en lo que se refiere a la edad y al nivel económico, pero esta opinión está más matizada respecto de la equidad territorial entre comunidades autónomas y, por supuesto, entre el medio urbano y el medio rural. La gran mayoría de los encuestados, un 82,4 por ciento nos señala así la necesidad de que las comunidades autónomas se coordinen a la hora de ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos y un porcentaje importante de ellos también desean que las administraciones ofrezcan más y mejor información sobre los servicios disponibles.
En definitiva, los ciudadanos valoran en conjunto muy positivamente el sistema sanitario, sin que por ello dejen de mencionar aquellos problemas que, a su juicio, deben ser mejorados.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


-- DE DON JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO QUE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES, SEGÚN LOS DATOS DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (INC), DEBEN ESTAR SATISFECHOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL (S. 680/000800).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Palacios. Tiene la palabra su señoría.


El señor PALACIOS ROJO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, buenos días y bienvenida nuevamente a esta Cámara.
A lo largo de los últimos años la mayoría de los servicios denominados de interés general han experimentado un profundo proceso de cambio, como puede ser la liberación en los sectores de telecomunicaciones y de la energía, circunstancia que ha propiciado un incremento en la oferta y en determinados sectores de competencia. Por lo que se refiere al resto de los servicios, éstos han variado su oferta

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y, en ocasiones, su regulación por circunstancias relacionadas con la protección de los consumidores.
Como de todos es conocido, el pasado día 15 de marzo se celebró el Día Mundial del Consumo. Nada más oportuno para celebrar esta efemérides que pulsar la opinión del conjunto de los ciudadanos acerca del grado de satisfacción sobre servicios tan trascendentales como son la telefonía, tanto fija como móvil, la distribución de electricidad, el servicio de distribución de gas a los domicilios, el acceso a Internet, el transporte urbano e interurbano, el transporte aéreo, el uso y la contratación de los servicios financieros en general, los seguros del hogar y de vehículos particulares, los servicios de reparación de vehículos o los servicios de asistencia técnica de electrodomésticos. El uso de estos servicios supone casi un 10 por ciento del gasto de las familias españolas. Algunos de ellos vienen experimentando un gran crecimiento, como la telefonía y el acceso a Internet.
Entre los objetivos marcados por el Instituto Nacional de Consumo en la elaboración del estudio figuran, entre otros, detectar el nivel de satisfacción del usuario respecto a los servicios enumerados anteriormente, determinar si las expectativas de los usuarios son satisfechas y conocer cuáles son los canales más habituales para resolver los problemas o conflictos que afectan a los usuarios. El estudio también se plantea si la sociedad española percibe la existencia de competencia en el mercado de los servicios y si los usuarios consumidores encuentran dificultades, y cuáles son éstas, cuando deciden cambiar de proveedor de servicios.
Como puede observarse fácilmente, en este estudio se hace referencia a cuestiones fundamentales en las actividades de los ciudadanos en su calidad de consumidores. Es por todo ello por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista le formulo la siguiente pregunta. Según los datos del estudio realizado por el Instituto Nacional de Consumo, ¿piensa el Gobierno que los consumidores españoles como usuarios de servicios deben estar satisfechos con el funcionamiento de los llamados servicios de interés general? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, a la vista de los resultados del estudio, es evidente que el nivel medio de satisfacción de los usuarios, un 7,39 por ciento sobre 10, es muy elevado; es decir, los consumidores tienen una confianza importante en la calidad de los servicios que se le prestan. No obstante, al examinar este estudio, es necesario analizar los aspectos menos positivos, para mejorar el nivel de protección de los consumidores, aumentar la transparencia y elevar la competencia.
Desde esta perspectiva, cabe recordar que el Gobierno ha adoptado algunas iniciativas. El anteproyecto de ley de mejora de la protección de los consumidores, que será próximamente aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cámaras, prohíbe las prácticas de redondeo y obliga a que se establezcan procedimientos para darse de baja de los servicios contratados que sean idénticos a los procedimientos para darse de alta. Desde nuestro punto de vista, ello aumentará la competencia, facilitará el cambio de prestador de servicio y reducirá los problemas en relación al cobro de los servicios no facilitados. Asimismo, el Ministerio de Industria ha regulado de una nueva manera el acceso a Internet y los derechos de los usuarios de las comunicaciones electrónicas.
Del estudio se desprende que, cuando tienen una reclamación, los consumidores acuden en primer lugar a los centros de atención al cliente de las empresas, razón por la que el ministerio desea impulsar el diálogo con esos prestadores de servicios de interés general para mejorar la calidad de los centros, dedicando una especial atención a los sectores donde se produce el mayor número de reclamaciones. Las oficinas municipales de información a los consumidores se sitúan en segundo lugar, razón por la que el ministerio va a incrementar la colaboración con las mismas a través de un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Hemos detectado también que no siempre una situación insatisfactoria viene acompañada de una reclamación. Entendemos, por tanto, que es necesario formar mejor a nuestros consumidores, para que presenten reclamación o denuncia en todos aquellos casos en que los servicios prestados no les satisfagan de acuerdo con el contrato firmado.
En cuanto al control de los servicios, los ciudadanos desean un mayor control por parte de las administraciones y por eso, en cooperación con las comunidades autónomas, vamos a impulsar el incremento de las campañas de control del mercado. Asimismo, estamos trabajando en una modificación del arbitraje de consumo, para impulsar este sistema extrajudicial de resolución de conflictos, y estamos potenciando las asociaciones de consumidores, que creemos que son un elemento esencial para abordar los problemas que este estudio ha puesto de manifiesto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO ALGÚN CAMBIO PARA ACORTAR EL PLAZO NECESARIO PARA LA CONVALIDACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS (S.
680/000780).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.


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Me alegro de que estén en la sala las dos ministras afectadas, por decirlo de alguna manera, las ministras de Educación y de Sanidad.
Por cierto, señora ministra de Sanidad, doña Elena Salgado, no comparto su optimismo en cuanto a la evolución del sistema sanitario, al menos respecto de nuestra comunidad, donde hay síntomas de agotamiento. Y por uno de esos problemas precisamente es por el que ahora vamos a preguntar a la ministra de Educación.
Durante estas últimas semanas se está informando en la prensa de forma reiterada y con preocupación -- ayer era portada de un periódico catalán, «Avui»-- de que la Conselleria de Salud de la Generalitat de Catalunya contratará directamente especialistas de ginecología y pediatría, entre otras especialidades, procedentes de países sudamericanos e incluso marroquíes, todos extracomunitarios. Hasta la fecha, cualquier universitario que quisiera ejercer en nuestro país debía convalidar su titulación universitaria, y en el caso de los especialistas, después de este primer trámite debía convalidar su especialidad en una segunda fase, lo que ha supuesto un largo período de tramitación, ya que debe ser la Comisión de Expertos de cada especialidad la que valide esta formación.
Si bien estas convalidaciones se hacen en muchas ocasiones excesivamente largas, estamos seguros de que son necesarias, muy especialmente en algunas carreras universitarias entre las que, evidentemente, se encuentran las especialidades médicas, y el Ministerio de Sanidad tiene la obligación, como señala la Constitución, de velar por la salud de todos los españoles y los ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad de conceder las especialidades médicas que garanticen los conocimientos de los profesionales.
Por ello le preguntamos, ¿tiene previsto el Ministerio de Educación algún cambio en la convalidación de las carreras universitarias, especialmente las médicas, garantizando los conocimientos necesarios para ofrecer la calidad asistencial necesaria y que ha caracterizado nuestro sistema sanitario --que ya he dicho en muchas ocasiones, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es uno de los mejores de Europa porque tiene grandes profesionales-- acortando el plazo necesario para su convalidación? La falta de algunas especialidades o de especialistas está siendo importante en Cataluña, especialmente en la sanidad pública --en la privada la situación es distinta--, de ahí mi preocupación por el sistema sanitario.
Gracias, señoras ministras.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me alegra mucho que formule esta pregunta que se ocupa de una importante cuestión que no siempre recibe la atención general, que es el problema de la convalidación de estudios que se realizan fuera de España.
Su pregunta hace referencia a dos cuestiones que voy a comentar: las medidas que se han tomado en relación con convalidaciones en general y los que se refieren a los títulos de especialidades médicas.
Sobre este último asunto, como su señoría conoce, actuamos siempre en perfecta coordinación con las normas que se adoptan en la Unión Europea, como no podía ser de otra manera. Se trata de favorecer la libre circulación de profesionales sanitarios y construir el Espacio Europeo de Educación Superior, pero siempre con total garantía del derecho de protección de la salud, al que hacía referencia, y también de toda la normativa comunitaria.
Recientemente se ha publicado la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Dicha directiva ha de incorporarse al ordenamiento de los Estados miembros para octubre del año 2007. Para que se produzca esta adaptación en los distintos países se ha constituido un grupo de trabajo europeo en el que se van a analizar las propuestas de los Estados miembros. La primera reunión tendrá lugar el día 31 de marzo de 2006. El resultado de este proceso, sin duda, va a ser un equilibrio entre la garantía del derecho de protección de la salud y una mayor eficiencia en los procesos que permita acortar los plazos en la tramitación de la homologación en los distintos países, ajustándolos, por supuesto, a todas las garantías.
En cuanto a la convalidación general de títulos universitarios extranjeros en nuestro país, le recuerdo que hemos realizado dos tipos de reformas en estos dos años. En primer lugar, modificamos la normativa existente y, a continuación, se ha procedido a revisar la gestión, tanto el funcionamiento de las comisiones como la información que se da a los solicitantes vía internet; toda una serie de medidas que ha ofrecido ya resultados. A pesar de que, dado el incremento de población extranjera, cada día tenemos un número más elevado de solicitudes, en los dos últimos años, el número de expedientes resueltos supera en 17.000 a los nuevos presentados. Es decir, se está consiguiendo una mejora en la gestión, una mejor atención a todos los ciudadanos que residen en nuestro país y que tienen una cualificación que necesita ser reconocida para poder actuar en nuestra sociedad y en nuestra economía.
Por tanto, como le he comentado, seguiremos trabajando para mejorar los plazos, la gestión y todas las normas que se apliquen pero, por supuesto, garantizando la protección a la salud y la verificación de los controles necesarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra.
Señoría, debo suponer que las convalidaciones continúan siendo obligatorias y necesarias, aunque con un trámite más rápido, de lo cual me alegro muchísimo, ya que en muchas ocasiones nos ha preocupado la lentitud de los mismos.


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Una persona no puede irse a un país extracomunitario --y esto es lo que más me preocupa-- con un sistema educativo distinto al nuestro sin necesitar una posterior convalidación; por experiencia sabemos que carreras de título superior en determinados países son convalidadas en el nuestro como de grado medio, como carreras técnicas, lo cual significa que nuestro sistema educativo es diferente, gracias a Dios.
Por tanto, repito, debo entender que la convalidación continúa siendo necesaria, aunque agilizando los trámites.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DOÑA MARÍA BURGUÉS BARGUÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (S.
680/000782).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Burgués.
Tiene la palabra su señoría.


La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Cada vez con mayor frecuencia observamos la existencia de problemas que los jóvenes y adolescentes presentan en las relaciones entre profesores y alumnos y también entre compañeros.
El problema de la violencia en los centros educativos es complejo y no compete solamente a los educadores. Es un problema social en el que la primer responsable es la familia, porque es la que tiene la obligación de educar a sus hijos e hijas en valores democráticos, de respeto y tolerancia.
Sin embargo, las familias hacen dejación de sus responsabilidades, delegando en la escuela y en los educadores esta función y éstos, además de atender los programas educativos, deben ocuparse de su personalidad y desarrollo psicológico. Pero los educadores no han sido preparados a este respecto ni tampoco para la educación intercultural que hoy exigen las aulas, ni para el conocimiento de las nuevas tecnologías como instrumento necesario para combatir la desmotivación del alumno que, por otra parte, suele mostrar una destreza muy superior a los profesores en este campo.
Los cambios en la familia han sido radicales; de un esquema patriarcal autoritario se ha pasado a un exceso de centralización en el niño sin represión alguna. Esta permisividad familiar ha perdido elementos de contención en la conducta de jóvenes y adolescentes.
Por otro lado --y es otra preocupación importante--, la atención a la salud mental y equilibrio emocional de jóvenes y adolescentes va cada vez más en aumento. Los programas televisivos de contenidos agresivos o violentos explican que los más jóvenes necesitan cada vez más atención psiquiátrica. Hay estudios que demuestran que 4 de cada 10 niños entre 6 y 7 años pasan ante el televisor más de cuatro horas diarias.
Ante todos estos problemas, señora ministra, quiero preguntarle qué medidas de prevención de la violencia en los centros educativos tiene previsto adoptar el Ministerio de Educación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la Ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, comparto su diagnóstico acerca de los cambios producidos en el sistema educativo que hacen necesaria una continua actualización de la formación de los docentes y dotar a nuestros centros de nuevos medios que les permitan mejorar la convivencia y construir entre todos una ciudadanía activa desde la escuela.
Por ello, el ministerio está trabajando en diferentes escenarios y plazos; las reformas contenidas en la Ley Orgánica de Educación en general apuestan más por la prevención, por el futuro de nuestro sistema educativo, y considero que a medio plazo serán muy importantes para reforzar la formación en valores y la educación que damos en todos los sentidos en nuestras escuelas. Además, estamos completando durante estos días un plan de ayuda para mejorar la convivencia en los centros escolares, plan que supone el desarrollo del segundo punto del acuerdo básico que firmamos con los sindicatos en octubre de 2005. Este plan busca, por supuesto, las sinergias con las actuaciones de las comunidades autónomas, de manera que todo aquello que nuestras administraciones educativas están llevando a cabo para potenciar la convivencia se vea reforzado por la actuación del Gobierno central.
En este sentido, nuestra actuación es muy importante. Por un lado, difundiendo las mejores prácticas y todas aquellas actividades que se desarrollan en distintos territorios y que obtienen buenos resultados.
Por ello, mantendremos una página web sobre convivencia, concederemos de ayudas y otorgaremos premios para proyectos de fomento de la convivencia, y estamos seguros de que las comunidades autónomas colaborarán también en estas actividades.
Por otra parte, vamos a celebrar un congreso anual sobre temas de convivencia escolar, con la participación de todos nuestros territorios, de los agentes del sistema educativo y con participación internacional.
Además, vamos a crear el observatorio estatal de convivencia escolar, destinado a la prevención de los conflictos escolares.
En el seno de la Conferencia Sectorial realizaremos una revisión de toda nuestra legislación básica. Consideramos que es allí, junto con todas las administraciones responsables, donde debemos revisar la reforma de los puntos de nuestra legislación que nos puede ayudar a conseguir los objetivos buscados. Y, por supuesto, en el marco de la Conferencia Sectorial se seguirán difundiendo todas las prácticas de las distintas comunidades autónomas.


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Su señoría, se ha referido a un punto fundamental: la formación de docentes. Por supuesto, el Ministerio de Educación y Ciencia, como siempre, va a llevar a cabo una actividad muy intensa en este campo, de la formación de los profesores, atendiendo a la multiplicidad de situaciones que se producen a diario. Para mejorar la convivencia en nuestros centros es fundamental que hagamos un esfuerzo por conectar cada día más nuestros centros con las familias, el entorno y los municipios.
Por lo tanto, vamos a establecer acuerdos de colaboración en este campo con la Federación Española de Municipios y Provincias, con las organizaciones representativas de padres y madres...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, ruego concluya.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): ... con todo lo que puede colaborar a que nuestro sistema educativo funcione cada día mejor, destinando 4 millones de euros a este plan.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Burgués.


La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Agradezco su respuesta, señora ministra, así como el hecho de que el ministerio tenga prevista la aplicación de este plan de convivencia, porque la formación en valores, el diálogo, el respeto y la tolerancia sean el eje de la convivencia de nuestra sociedad; convivencia en las aulas, con los educadores y con los compañeros de clase. Para conseguir este objetivo, es necesaria la colaboración y la coordinación con las comunidades autónomas, las escuelas, padres, madres, educadores y el entorno más próximo a la escuela del niño, el barrio, trabajando conjuntamente y compartiendo una responsabilidad que es de la sociedad.
Muchas gracias.


-- DE DOÑA ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA 13), EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2004-2007 (S. 680/000797).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aránega.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ARÁNEGA JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra.
Señorías, en este tiempo de la historia, la investigación y el desarrollo representan un factor decisivo para lograr una mayor realización personal y un mayor progreso social y económico, lo que puede derivar en un incremento del bienestar social e individual. Por ello, el futuro de nuestro país, y su capacidad de generar oportunidades de desarrollo y empleo, está directamente relacionado con la potenciación de la investigación científica. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) El Gobierno ha venido realizando durante los últimos años una apuesta decidida por la mejora y la consolidación de la calidad de la investigación. Ha emprendido, entre otras actuaciones, un plan de potenciación de los recursos humanos con medidas específicas dirigidas a los becarios y a su continuidad, a los programas Ramón y Cajal o Juan de la Cierva. Señorías, somos de los convencidos de que se han de potenciar los mecanismos para que las universidades y los OPI puedan incorporar investigadores a sus plantillas, y abrir así la vía para el desarrollo de una verdadera carrera investigadora. Es necesario, señor ministra, la captación de profesores investigadores de alto nivel y de jóvenes con buen potencial investigador, que además deseen incorporarse o retornar al sistema de ciencia y tecnología español, concretamente a grupos consolidados. En este sentido, el nuevo Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora, concretamente, el denominado Programa I3 del Ministerio de Educación y Ciencia, propone reforzar las políticas de apoyo a la incorporación de doctores al sistema español de I+D+I, incentivando la oferta de puestos de carácter permanente en las universidades.
Por todo ello, señor ministra, le pregunto ¿cuál es el grado de desarrollo del Programa I3 de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora? Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ( Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Como bien decía su señoría, nuestro sistema necesita encontrar un lugar para nuestros jóvenes investigadores, de gran valía, prometedores para el futuro de nuestro sistema. Cuando llegamos al Gobierno recuerdo que en esta misma Cámara les comenté en alguna ocasión que encontrar una plaza estable para los investigadores que, a pesar de su relativa juventud, han demostrado su trayectoria en el campo científico no era para nosotros un problema, sino un reto que, sin duda, estábamos encantados de afrontar. A ello nos hemos dedicado desde todo el Gobierno, pero muy especialmente desde el Ministerio de Educación y Ciencia con diferentes programas.
Habrá que seguir haciéndolo durante los próximos años porque estamos convencidos de que para alcanzar los niveles europeos que proponemos, nuestro sistema tiene que seguir esa senda de expansión, crecer en cantidad y en calidad.


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¿Qué medidas se han tomado, entre las que se encuentra el Programa I3, al que se ha referido muy específicamente su señoría? Nuestro sistema sigue ofreciendo plazas de incorporación a los jóvenes investigadores, pero, además, ha reforzado las vías que permiten ofrecer plazas estables, plazas permanentes en las universidades, en los organismos públicos de investigación, y vamos a trabajar cada día más para hacer posible esta mayor incorporación en las empresas. En las universidades hay un dato muy ilustrativo, la última convocatoria de habilitación supone más de 2.000 plazas en nuestras universidades, multiplicamos las cifras de los últimos años de manera muy notable. Son plazas que van a permitir alcanzar puestos estables en nuestro agente número uno del sistema de ciencia y tecnología, que son las universidades públicas.
En segundo lugar, en los organismos públicos de investigación, la oferta pública de empleo en los dos últimos años representa un crecimiento de aproximadamente unas 800 plazas estables entre ambas convocatorias, un crecimiento a niveles desconocidos y que, de nuevo, va dirigido a ofrecer esas oportunidades a nuestros jóvenes. Por supuesto, estas soluciones son muy adecuadas para los jóvenes que teníamos contratados en el Programa Ramón y Cajal y en las universidades, para un conjunto de figuras de investigadores, y todos ellos, como no puede ser menos, tienen que ser tratados con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben prevalecer a la hora de acceder a esas plazas estables.
Para incentivar que los organismos públicos de investigación, que las universidades deseen contratar a personas con estos perfiles, que todos deseamos que sean miembros estables de nuestro sistema, en el año 2005, a través del Programa I3, se ha acordado con nuestras comunidades autónomas y nuestras OPI 306 plazas estables incentivadas con 120.000 euros, si se trata de una plaza de profesor titular, y 150.000, si se trata de una plaza con nivel de catedrático. En este año 2006 se van a aprobar los protocolos que desarrollan estos convenios, lo que permitirá ofrecer al menos otras 300 plazas, con lo cual, antes de que terminen los primeros contratos Ramón y Cajal habremos incentivado unas 600 plazas a través del Programa I3, número muy superior al de personas que quedan con estos contratos. Además, como le decía, tenemos las 2.000 plazas en las universidades públicas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI LA REANUDACIÓN DE LA PESCA DE LA ANCHOA EN EL GOLFO DE VIZCAYA AUTORIZADA POR LA UNIÓN EUROPEA A PARTIR DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2006 PONDRÁ EN RIESGO LA RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE. (S. 680/000776).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de don José Ramón Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: «Egunon guztioi. Milla ezker lehendakari jauna».
Buenos días a todos y muchas gracias, señor presidente.
«Ongi etorria», ministra.
Muy buenos días, señora ministra. La pregunta que planteamos es la siguiente: ¿la reapertura de la pesca de la anchoa el 1 de marzo del año 2006 pondrá en riesgo la recuperación de la especie? Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Urrutia, los resultados de la campaña realizada por el Instituto vasco el pasado mes de septiembre indican que la biomasa estimada es mayor que en el año 2004 y un 40 por ciento superior a la del año 2003, lo cual indica que el TAC aprobado no debería suponer un riesgo para la recuperación de la especie y, como consecuencia, para la pesquería que se ha aprobado.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Señora ministra, la Comisión Europea había recomendado la parada biológica para el año 2006 en la pesquería de la anchoa. Usted lo sabe perfectamente, y le voy a justificar por qué con las estadísticas que obran en su poder y en poder de todas las cofradías.
En el año 1965 se recogieron 80.000 toneladas de anchoa; en el año 1990, 30.000 toneladas; de 2002 a 2004, 10.000 toneladas, y hasta el 13 de mayo de 2005 --señora ministra, creo que usted está en un error-- sólo 200 toneladas. Por ese motivo, en ese momento el Gobierno del Estado español, de acuerdo con las cofradías de pescadores y con las comunidades autónomas, tomó la decisión de paralizar la pesca y retrasar su reapertura hasta finales del año 2006.
La decisión que se tomó el primer día de invierno de 2005, el 21 de diciembre --usted estuvo presente y, además, con poca representación por parte del Gobierno español--, con la única abstención de Suecia y con la presión de Francia y de los belgas, supuso la apertura el 1 de marzo del año 2006 con unas cuantías ridículas, 4.500 toneladas para los barcos del Estado español y 500 toneladas para los franceses, en dos tandas de 250.
Esto se produjo por la presión francesa, por un mercadeo con los franceses para que ellos, en su momento, pudieran entrar en nuestros caladeros.
Además, señora ministra, usted sabe perfectamente que estas 250 toneladas posteriores a cubrir en el golfo de Vizcaya podían ser utilizadas por los arranchales guipuzcoanos para coger cebo vivo para luego hacer la costera del atún.


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Usted sabe, señora ministra, que todos los informes técnicos, tanto de los institutos oceanográficos como de los institutos técnicos --el de ASTI por más señas, que goza de gran prestigio en Europa y en el mundo-- recomendaban la paralización total. La cifra de 4.500 toneladas es una verdadera miseria, y no resuelve nada: sólo acuerdos con los franceses, acuerdos en los que las decisiones adoptadas no son correctas.
Creo que usted no ha hecho caso de la información técnica, señora ministra, y no nos puede decir que no importa, porque si no hay pesca o ésta se retrasa el futuro del sector de la pesca de la anchoa corre riesgos. Estamos arriesgándonos a que suba el IPC y la cesta de la compra porque no hay anchoa. Estamos arriesgando...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya, por favor.


El señor URRUTIA ELORZA: «Momento honetan; minutu bat bakarrik». Un momento, por favor; sólo un minuto.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): No le doy un minuto; le doy unos segundos para que termine.


El señor URRUTIA ELORZA: Perfecto.
Decía que estamos arriesgando la estrategia futura del sector pesquero, y arriesgando también el sector conservero.
Señora ministra, hágalo cuanto antes, dése cuenta de que estamos a 22 de marzo, y según la información que tenemos no se está cogiendo nada de verdel ni de anchoa. Son noticias de ayer mismo, señora ministra.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor senador, efectivamente, la pesquería de la anchoa pasó por un momento crítico en 2005. Pero debería recordar también que España solicitó de la Comisión Europea medidas de emergencia, adaptando un reglamento mediante el cual se cerró la pesquería hasta finales del año pasado y se concedieron ayudas a los buques afectados. En el Consejo de Ministros de diciembre, al que usted hacía referencia, la Comisión Europea se mostró favorable al establecimiento de un TAC mínimo de entre 4.000 y 6.000 toneladas, por entender que éste no tendría efecto negativo sobre el stock y que, de existir anchoa, la captura permitiría atender las necesidades de la flota durante los primeros meses del año.
También me gustaría recordarle que España negoció con la Comisión para que la apertura se retrasara hasta el mes de marzo, fecha próxima al inicio de la pesquería por parte del sector español. Así, en caso de que el recurso se encontrara recuperado la flota española de cerco podría beneficiarse, puesto que no pesca entre enero y marzo. Tendrá que reconocer que esto nada tiene que ver con los intereses franceses.
En definitiva, no es España, sino el Consejo de Ministros, el que puede determinar el incremento del TAC de la anchoa a partir de julio en función de los informes técnico-científicos de pesca, basados en las evaluaciones científicas de primavera, que determinarán los niveles de la biomasa del stock y por supuesto, de la misma forma que se tendrá que determinar si procede un incremento del TAC, se tendrá que tomar una decisión si nos encontramos en la situación opuesta a la que le estoy exponiendo.
Quiero insistir en que el asesoramiento científico constituye la base del establecimiento de medidas de gestión en la pesquería de la anchoa. Desde hace varios años, el buque «Vizconde de Eza» realiza una campaña de estimación de huevos y larvas en primavera. Durante los últimos años, el Instituto Tecnológico de Investigación Marina del País Vasco ha venido realizando igualmente una campaña dirigida a estimar la fuerza de reclutamiento de la especie. Durante el otoño pasado, y por acuerdo con el sector, buques comerciales llevaron a cabo una campaña experimental, a fin de completar las evaluaciones obtenidas en las dos campañas realizadas por los buques oceanográficos. Y en cuanto a este año, continuaremos con las campañas de investigación, y está prevista la incorporación del nuevo buque oceanográfico «Emma Bardán», que ha empezado a navegar. Los resultados de las campañas, así como las que lleve a cabo el organismo científico francés, servirán para determinar el futuro de la pesquería durante los próximos meses.
Por último, diré que la semana pasada tuvimos una reunión con la interfederativa de Cofradías del Cantábrico para explicarle los sistemas de gestión que se implantarán en una u otra circunstancia: tanto si disminuye el stock como en caso contrario.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batollori) Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO ACERCA DE LA PROTECCIÓN DEL SECTOR OVINO ANTE LOS NUEVOS CASOS DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE (EET) EN LA UNIÓN EUROPEA (S.
680/000787).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batollori): Pregunta del senador Rodríguez Pérez.


El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente. Señora ministra, buenos días.
Su señoría tiene la palabra.
Las revistas de información agraria se hacían eco hace unos días de una noticia realmente preocupante: La Comisión

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Europea investiga casos extraños de ovejas con encefalopatía espongiforme transmisible: una en Chipre y dos en Francia. Otra noticia decía: La Comisión decide que continúen las investigaciones tras los resultados de las primeras pruebas en los tres casos de EET, encefalopatía espongiforme transmisible, detectados en ovejas.
Por todo lo expuesto, ¿qué medidas ha tomado su Gobierno tras la publicación de esas noticias? Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Señora ministra, tiene usted la palabra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor Rodríguez, para tranquilidad de sus señorías, y principalmente de los consumidores españoles, le diré que la única EET conocida en ovino y caprino es el «scrapie», una enfermedad que se conoce hace más de doscientos años y que no se transmite al hombre. Por tanto, no afecta al ámbito de la salud.
Por otro lado, la Comisión Europea y los Estados miembros hemos llegado al acuerdo de aplicar el principio de precaución, reforzando el sistema de vigilancia mediante un aumento del número de animales a vigilar.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra, señoría.


El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, lo que usted me acaba de decir no se corresponde en absoluto con la realidad. Tengo delante un trabajo de un equipo de investigadores españoles, del CISA, Centro de Investigaciones de Sanidad Animal, dependiente del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en Valdeolmos, Madrid, que indica que, efectivamente, el «scrapie» --la denominación anglosajona de esta enfermedad-- o la tembladera --como se la conoce-- es una encefalopatía espongiforme, que puede ser ovina, y que no afecta al hombre. Pero yo le pregunto por el contagio, tras la aparición de esos tres casos --usted no ha debido leer la pregunta--, por encefalopatía espongiforme bovina, que sí puede afectar a la especie humana, porque es la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-- Jakob.
Lo que le estoy diciendo es importante y muy grave, y por eso me decepciona enormemente su respuesta, ya que demuestra una ignorancia que, además, es realmente peligrosa por lo que se refiere a la salud pública.
Le voy a leer un párrafo del estudio al que me he refiriendo: Afortunadamente, existe una barrera de especie que limita la transmisión de las EET entre organismos de diferentes especies. Sin embargo, en ocasiones esta barrera puede ser atravesada... --es el caso que nos ocupa en este momento--..., como ha ocurrido con la encefalopatía espongiforme bovina. Afortunadamente se considera que el «scrapie» no puede afectar a la especie humana; sin embargo es necesario un control riguroso de la presencia de «scrapie» para limitar al máximo la posible dispersión de este agente infeccioso. Asimismo, la posibilidad de que la EEB pueda haber infectado a la población ovina y encontrarse presente en ésta no ha de descartarse. De modo que el análisis detallado de las EET en el ganado ovino supone un asunto de enorme trascendencia, de gran importancia desde el punto de vista de la sanidad animal y pública.
Señora ministra, le ruego que reconsidere este tema, que se preocupe por él, porque es muy grave. Además, hay un precedente que usted debe conocer, porque somos de la misma comunidad. Usted sabe lo que supuso la encefalopatía espongiforme bovina en España, pero sobre todo en Galicia, nuestra comunidad: de los 625 casos acaecidos desde el año 2000, más de doscientos se produjeron allí, y el primero se detectó en la provincia de Lugo.
Y quiero hacer un inciso: la enfermedad no se inventó en España ni tampoco la inventó el Partido Popular. Se lo digo, señora ministra, por si luego me contesta en ese sentido, usted, que es tan proclive a echarle la culpa de todos los males al Partido Popular. Nos tocó vivirla en Galicia, a mí en primer plano y también a quien tiene usted detrás de su escaño, el señor Fraga; y su Gobierno en aquel momento puso todos los medios: humanos, técnicos, de infraestructuras y de ayudas económicas, para luchar contra una enfermedad grave, sobre la que, por cierto, ustedes contribuyeron a crear una alarma social enorme, lo que nosotros no vamos a hacer ahora. Otra cosa es que, en función de nuestra responsabilidad, le instemos a que se preocupe por este tema, porque no en vano, señora ministra --usted lo sabe--, el sector ovino es, dentro de la Unión Europea de los Veinticinco, el segundo en importancia. Tenemos una cabaña de millones de cabezas...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, le ruego concluya, por favor.


El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: ... y por eso creo que merece la pena que usted se preocupe por este problema, aparte de su incidencia en la salud pública, y que no dé respuestas tan frívolas como la que me ha dado hace un momento.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez, yo no doy respuestas frívolas. Seamos claros ante la responsabilidad que tenemos tanto usted como yo.
Usted conoce muy bien cuáles son las diferencias entre la enfermedad de «scrapie», que afecta al ovino, y la EEB, que afecta al bovino. Desde el año pasado es obligatorio en toda la Unión Europea realizar pruebas discriminatorias de diagnóstico, lo que ante un caso positivo de EET en ovino

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o en caprino nos permite distinguir si es la enfermedad de «scrapie» o una EEB. Todas las ovejas analizadas en los Estados miembros desde el año pasado y hasta el día de hoy, es decir, desde que disponemos de esas pruebas específicas, han dado resultados negativos. Por tanto, podemos afirmar que en el ovino comunitario no se ha detectado hasta la fecha ningún caso de EEB.
En cuanto a los tres casos a que usted hacía referencia, la Comisión Europea ha dicho que todos los datos apuntan a que no se trata de la enfermedad EEB. De todos modos, se están haciendo investigaciones complementarias en el laboratorio de referencia sito en el Reino Unido.
No obstante, la Comisión Europea ha decidido reforzar el sistema de vigilancia, incrementando el número de ovejas para muestreo por parte de los Estados miembros. Para su tranquilidad le diré que en España hemos pasado de un mínimo de 20.000 ovejas a más de 180.000. Y quiero recordarle también a su señoría que siguen vigentes los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales aprobados por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de la Sanidad Animal. Vamos a continuar aplicando las mismas medidas que hasta la fecha, que son iguales para todos los países comunitarios.
También le diré para su información que sigue prohibido alimentar a los rumiantes y a todos los animales de granja con harinas de carne y huesos de mamíferos. Y en cuanto al material específico de riesgo, más conocido como MER, seguirá retirándose de la cadena alimentaria al igual que los escasos animales positivos de la EET. Por tanto, puede estar usted tranquilo. Sepa que estamos cumpliendo con nuestra obligación y con las recomendaciones comunitarias.
Finalmente, me gustaría reiterar el mensaje de tranquilidad con que iniciaba mi intervención diciéndoles que tanto la carne de ovino como la de vacuno son seguras. La vigilancia sanitaria ofrece suficientes garantías una vez que las canales han superado los controles veterinarios en los mataderos.
Por todo ello, señor senador, creo que debemos trabajar conjuntamente.
Como usted decía, éste es un sector muy importante. No le causemos ningún daño y mucho menos creemos desconfianza ante el consumidor.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE VA A TENER EL PROGRAMA DE ACTUACIONES CONTEMPLADO EN EL REAL DECRETO 287/2006, POR EL QUE SE REGULAN LAS OBRAS URGENTES DE MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS, APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL PASADO 10 DE MARZO, PARA UN AHORRO DEL AGUA QUE CONTRIBUYA A PALIAR EL ACTUAL DÉFICIT HÍDRICO (S. 680/000795).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de don Pedro Rodríguez Cantero.
Tiene su señoría la palabra.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, buenos días.
Los actuales modelos de desarrollo económico están convirtiendo el agua en un recurso de enorme valor estratégico para el que resulta indispensable mantener su disponibilidad tanto en calidad como en cantidad. Por otra parte, el aumento de la demanda de uso de agua por un grupo cada vez mayor de sectores hace necesario un diseño de estrategias para optimizar su gestión, de tal manera que se haga posible el consumo de agua en las mejores condiciones por el mayor número de ciudadanos.
La gestión del agua en España es de especial importancia debido a nuestra situación geográfica en la cuenca mediterránea y también a la configuración física de nuestro país. Por otra parte, la escasez de precipitaciones que periódicamente padecemos se traduce en una insuficiencia de recursos hídricos, lo que hace que estemos obligados a tener una política de prevención contra la sequía aplicable a todos los sectores usuarios del agua.
Pues bien, señora ministra, entre esos sectores destaca especialmente el de la agricultura. La actividad agraria sigue siendo en numerosas zonas de nuestro medio rural el eje sobre el que pivota el desarrollo económico, social y cultural, y dentro de la agricultura el regadío constituye el principal motor de ese desarrollo, capaz de afrontar y de dar respuesta a los nuevos retos que el sector tiene planteados: desde la competitividad de unos mercados cada vez más globalizados hasta la exigencia de productos saludables y de calidad por parte de los consumidores, sin olvidar, lógicamente, la obligación de respeto al medio ambiente y la explotación sostenible de los recursos naturales.
Es una verdad afortunada que la agricultura de regadío aporta más del 50 por ciento de nuestra producción final agraria, aunque sólo ocupa el 13 por ciento de la superficie agrícola útil, y que una hectárea de regadío produce seis veces lo que una de secano y proporciona una renta cuatro veces mayor. Todo eso es verdad, pero también lo es que el regadío es el principal consumidor de agua en nuestro país: en torno al 75 por ciento del total. Lamentablemente, también es verdad que no siempre ese consumo se hace en las mejores condiciones técnicas y de eficiencia, y en muchas zonas todavía tenemos unas conducciones obsoletas y unos sistemas de distribución que no han abandonado definitivamente el riego por gravedad o a pie.
En definitiva, señora ministra, esa política de prevención contra la sequía a la que he hecho referencia tiene que considerar necesaria y obligadamente al regadío. Creo que ése es el sentir del plan de actuación que el pasado 10 de marzo aprobó el Consejo de Ministros acertadamente, coordinando la actuación de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. Por ello, le pregunto en qué medida

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ese plan de actuación aprobado recientemente va a corregir el déficit hídrico y establece esa política preventiva contra la sequía que todos necesitamos.
Muchas gracias, señora ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
El señor Rodríguez, como buen conocedor del regadío, ha realizado un análisis sobre el valor estratégico del agua y su importancia para el sector agrario, no sólo por su contribución a la competitividad, sino también por su carácter medioambiental.
Coincido con usted en que el agua adquiere especial importancia por nuestra situación geográfica y porque una agricultura dinámica y competitiva constituye el eje principal para el desarrollo económico, social y cultural de una amplia zona de nuestro país. Pero, señoría, debemos anticiparnos a la lucha contra los efectos de la sequía y reducir sus efectos sobre el sector agrario para no encontrarnos con situaciones como las sufridas en años anteriores.
Por eso, el pasado 10 de marzo aprobamos un real decreto para ejecutar en dos años obras urgentes de mejora y consolidación de los regadíos, y lo denominamos plan de choque porque es necesario el ahorro urgente de agua.
El objetivo principal es el ahorro de 1.162 hectómetros cúbicos --permítanme que les diga que esa cantidad es equivalente a la contemplada en el derogado trasvase del Ebro--. Además, si tenemos en cuenta las actuaciones del Plan Nacional de Regadíos, conseguiremos un ahorro de agua próximo a los 3.000 hectómetros cúbicos al año.
Y quiero salir al paso de algunas afirmaciones erróneas. Señorías, el plan de choque complementa el Plan Nacional de Regadíos, cuya aplicación sigue en su curso. Por eso, lo hemos dotado con un presupuesto de 1.872 millones de euros, sin olvidar que los Presupuestos Generales del Estado del año para 2006 han aumentado más del 12 por ciento en materia de regadíos. Se trata de un plan que actuará sobre 867.000 hectáreas y que beneficiará a más de 290.000 agricultores. Entre sus objetivos, porque no voy a señalar todos, cabe citar el incremento de la eficiencia hídrica y económica, el impulso de la implantación de nuevas tecnologías con inversiones en I+D+I y la incorporación de recursos no convencionales, como son la desalación o la depuración y reutilización de aguas residuales de núcleos urbanos.
Señor Rodríguez, efectivamente, el agua es un bien cada vez más escaso, la agricultura quiere ser solidaria con el conjunto de la sociedad y el resto de los sectores económicos haciendo un uso racional y eficiente de aquélla. Estoy convencida de que este plan va a contribuir a ello, como han reconocido los responsables agrarios autonómicos y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España.
Además, me gustaría recordar que hoy se celebra el Día Mundial del Agua, por lo que su pregunta resulta muy oportuna. Le felicito por ello. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
Señoría, ¿desea hacer una segunda intervención? (Denegación.) Gracias.


-- DE DON LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA EVOLUCIÓN EN ESPAÑA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (S. 680/000796).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos a la siguiente pregunta, formulada por el senador Lago.
Tiene su señoría la palabra.


El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, «bon dia».
Se puede definir con sencillez la agricultura ecológica como el conjunto de técnicas agrarias y ganaderas que excluyen el uso de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etcétera, al objeto de preservar el medio ambiente, aumentar la fertilidad de los suelos y proporcionar alimentos naturales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Los productos ecológicos y biológicos están adquiriendo en nuestro país cada vez más protagonismo, sobre todo en los hábitos del consumidor medio, ya que, no sólo forman parte de una alimentación sana, sino que también son compatibles con el respeto medioambiental sencillamente porque esos productos se cultivan y elaboran sin abonos químicos y pesticidas y con un uso limitado de aditivos. Y daré sólo un dato: en los productos alimenticios convencionales se permiten hasta 3.000 aditivos, mientras en esos productos ecológicos el máximo establecido es de 36.
Nuestro país reúne condiciones para el desarrollo de ese tipo de agricultura por su favorable climatología y los sistemas extensivos de producción aplicados en gran número de cultivos.
Y en cuanto a la producción animal, la conservación de un patrimonio genético de razas autóctonas y adaptadas al medio favorece la cría y explotación en régimen extensivo.
Los fines de la llamada agricultura ecológica están definidos por el IFOAM --organización no gubernamental que agrupa a asociaciones de agricultores, centros de investigación y organismos de control y que se ocupa de la agricultura ecológica-- y resumen lo que se entiende por sostenibilidad en la agricultura: producir alimentos de elevada calidad; fomentar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario; incrementar la fertilidad de los suelos; emplear recursos renovables; minimizar las formas de contaminación agrícola, mantener la diversidad genética del sistema

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agrícola; garantizar los derechos humanos reconocidos de los productores agrarios, y controlar el impacto social y ecológico del sistema agrario.
Por esas razones, el Grupo Parlamentario Socialista le preguntamos al Gobierno, señora ministra, cómo evoluciona en España la producción y comercialización de los llamados productos ecológicos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Lago, en lo que a la evolución del sector se refiere, quiero señalar que durante los dos últimos años la producción ecológica en España se ha consolidado. (En la tribuna de invitados se despliega una pancarta aludiendo a la enseñanza de la informática.) Los datos relativos al año 2005 indican que la superficie...


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Ruego a los servicios de la Cámara que retiren inmediatamente esa pancarta (Pausa.) Prosiga, señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Como decía, los datos del año 2005 indican que la superficie destinada al cultivo ecológico supera las 800.000 hectáreas, con un crecimiento superior al 10 por ciento en relación con el año anterior, ocupando así los primeros puestos tanto a nivel comunitario como mundial. Respecto del número de operadores, en 2005 el crecimiento más notable se ha producido en la lista de elaboradores, mientras que la de productores se ha reducido ligeramente, permitiendo aumentar el tamaño medio de la explotación ecológica.
Pero la característica principal de la producción ecológica española es su diversidad, consecuencia de los diferentes sistemas de producción, climas y culturas existentes que están presentes en todas las comunidades autónomas.
En relación con las orientaciones productivas, destacan los bosques y pastos, que constituyen la base de la ganadería ecológica, principalmente la del ganado vacuno.
Y quisiera aportar a su señoría algunos datos sobre el consumo. El Panel de Consumo Alimentario que elabora el Ministerio de Agricultura incluye el análisis de productos ecológicos, como las frutas, las hortalizas y el aceite de oliva. Así, en los dos últimos años la compra de frutas y hortalizas frescas ecológicas ha pasado del 3 al 5 por ciento del consumo total de esos productos, es decir, de apenas 193.000 toneladas se ha pasado a casi 320.000, con un incremento del 65 por ciento. También, los resultados de ese estudio reciente sobre el consumo de productos ecológicos en España ponen de manifiesto que el 72,5 por ciento de los consumidores ha oído hablar de los alimentos ecológicos y los consideran más naturales, más sanos, sin aditivos ni colorantes, y producidos sin la utilización de pesticidas químicos.
Conseguida la estabilización de la producción, es preciso dar un nuevo enfoque, ya que no podemos seguir dependiendo de la demanda externa, que absorbe casi el 90 por ciento de nuestra producción. Para lograrlo vamos a desarrollar una campaña de información y promoción cofinanciada por la Unión Europea, con una duración de dos años, y un plan de acción para la agricultura ecológica. Nos hemos propuesto tres objetivos: promover la agricultura ecológica, mejorar el conocimiento de estos productos y promover su comercialización y consumo, y mejorar la coordinación, la gestión de recursos y la vertebración del sector.
Finalmente, en respuesta a la reiterada demanda del sector, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, recientemente hemos aprobado un real decreto que reserva en exclusiva para la agricultura ecológica las menciones «ecológico-eco; biológico-bio y orgánico», sobre el que vamos a realizar una campaña de información.
Como verá, señor Lago, se trata de un sector que va a seguir contando con nuestro apoyo, ya que además de ser un compromiso parlamentario forma parte de los compromisos electorales que ofrecimos a la ciudadanía en el año 2004.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HA ACTUADO CORRECTAMENTE EN EL CASO DE LOS MALOS TRATOS A LA NIÑA ALBA, EN MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) (S.
680/000777).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macias.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, me va a permitir que empiece mi intervención leyendo un artículo de Pilar Rahola que, traducido, dice así: Llego a casa y, como si fuera una necesidad urgente, abrazo a mi hija Ada. El abrazo es más intenso que nunca. Tiene cinco años, y su deseo es ser una princesa. A los cinco años, las hadas existen, y mi Ada particular sabe que la vienen a saludar cada noche.
Señor ministro de Justicia, como puede imaginarse, me estoy refiriendo a un hecho muy lamentable acaecido hace pocas semanas; a un cúmulo de errores administrativos y judiciales que desembocó en la severa lesión de la niña Alba, en Montcada i Reixac. Evidentemente, parte de esta cadena de errores compete a administraciones catalanas, a ayuntamientos y a la Generalitat; por tanto, no voy a referirme

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a ellos, aunque en mi opinión se han producido gravísimos errores.
Pero también ha habido una actuación que, como mínimo, cabe calificar de negligente por parte de algunos juzgados.
En ese sentido, señor ministro, mi pregunta es la siguiente. ¿Considera el ministerio que la Administración de Justicia ha actuado correctamente en el caso de los malos tratos a la niña Alba, en Montcada i Reixac? Muchas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señoría, permítame que muestre y comparta con toda la Cámara, y con la sociedad española y su opinión pública, mi indignación y consternación por el conocimiento de los hechos dramáticos que han puesto en peligro la vida de la niña de cinco años a la que usted ha hecho referencia en su pregunta.
Su señoría trae este asunto a la Cámara porque la representación de la soberanía popular entiende que ningún asunto socialmente relevante puede ser sustraído al conocimiento y a la reflexión de esa representación.
Todo lo que pueda significar un problema para la gente también lo es para el Gobierno; por tanto, éste lo es aun cuando se haya producido en un ámbito de responsabilidad y competencia que no es el del Gobierno de la nación. Pero esto no significa que no estemos dispuestos a comprometernos a fondo en la dilucidación de los hechos y por su puesto en la depuración de las responsabilidades, además de adoptar las medidas que puedan ser oportunas y necesarias para aprender de esta triste experiencia y no se vuelva a repetir, menos aún en el caso de una persona especialmente vulnerable, como es por definición un menor de edad y, en circunstancias insuperables, una niña de cinco años.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor ministro.
Estoy de acuerdo con usted. Éstos son los titulares de algunos medios informativos de ámbito nacional catalán y nacional español que tratan esta cuestión: Canción triste de Alba. La protección de los menores es prioritaria. Algo ha fallado. Rectificar con tres meses de retraso. Nadie amparó a Alba. La pesadilla de Alba, etcétera. Sin embargo, da la sensación de que, habiéndose reconocido que algo ha fallado, nadie quiera dar la cara. Por ejemplo, la directora general de Atención a la Infancia de la Generalitat dice: En el caso de Alba no ha habido ninguna negligencia. Pues bien, esta afirmación me parece gravísima. La Consellería de Bienestar y Familia señala: Independientemente de las apreciaciones, se ha actuado con rapidez. Y el conseller primer llega a hablar de un cúmulo de deficiencias y de que se está analizando lo que ha pasado, de que nadie es culpable de lo que pasado. Eso da cierta idea del tono de algunos dirigentes.
En cualquier caso, me preocupa más una noticia publicada hoy, y es que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro ayer, tras investigar durante algunas semanas, que el magistrado interviniente adoptó una decisión adecuada y con la debida celeridad. Pasaron tres meses desde que la menor recibiera unas lesiones gravísimas, y resulta que actuó con la debida celeridad. Y sólo reconoce que quizá la autorización del correo para las notificaciones comportó una demora objetiva en el conocimiento de los hechos por parte de la policía.
Considero que esto es muy grave, señor ministro, y sepa usted que nuestro grupo parlamentario va a solicitar la comparecencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del presidente del Consejo General del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia, porque ellos deben responder ante la opinión pública de lo mal que ha funcionado la Justicia.
Señor ministro, termino como empecé. Decía Pilar Rahola en este artículo: Alba está muy grave. Los monstruos de los cuentos la enviaron al límite de la muerte. Lo hicieron porque Alba no encontró ningún príncipe salvador. Todos los príncipes que debían protegerla se estaban dedicando a otras cosas.
Sé que en este caso su ámbito de competencia es el que es, pero le pido por favor que tanto usted como el Gobierno de España no se dediquen a otra cosa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señoría, seguramente no es necesario, pero sí conveniente, que conste en el «Diario de Sesiones» que este asunto se ha desenvuelto dentro del ámbito de la independencia con la que actúan los tribunales de Justicia.
Es una actuación judicial la que pone en conocimiento de la policía, y en este caso de los Mossos dÆEsquadra dependientes del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, la lesión infligida a la menor de edad que había sido reportada por el sistema sanitario.
A partir de ahí, el Consejo General del Poder Judicial tiene competencia para desarrollar su actividad de inspección y decidir en su caso si los tribunales de Justicia han actuado con la diligencia necesaria para evitar el mal, así como sacar las lecciones que se puedan aprender de esta terrible experiencia para mejorar el funcionamiento en el futuro.
Por supuesto el Ministerio Fiscal tiene el protagonismo que le otorga la ley en cuanto a protección jurídica del menor. La Ley de 1996 establece con claridad este ámbito de protección, y no sólo la depuración de responsabilidades en los hechos cometidos por menores de edad. Aquí tiene que actuar el Ministerio Fiscal y lo está haciendo.
Por su parte, la Administración autonómica también debe hacer su trabajo, y los órganos que velan por el correcto

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funcionamiento de las administraciones, en este caso el Síndic de Greuges, es decir, el Defensor del Pueblo autonómico catalán, deben desarrollar también su actividad de inspección, así como de necesaria reflexión.
De todo ello debemos aprender, y tenga por seguro que el Gobierno va a seguir esta secuencia con el mayor detalle y compromiso posible, no sólo colaborando con las autoridades en lo que sea de su competencia y sin interferir en las que la Constitución Española reserva a otras instancias de responsabilidad, sino también propiciando la adopción de protocolos que nos permitan actuar con la mayor diligencia cada vez que tengamos conocimiento de que efectivamente ha podido producirse un daño, una lesión personal infligida a un menor de edad. Es imprescindible extraer lecciones de esta dramática experiencia, y asegurar ante la opinión pública que los poderes públicos velan especialmente por la seguridad de las personas más vulnerables y garantizan los derechos de todos. Éste es un trabajo esencial que la Constitución reserva al Ministerio Fiscal.
En la parte que nos toca estamos en disposición de adoptar las medidas necesarias para que esta experiencia, que ya tiene nombre propio, el de esa niña menor de edad, nos provoque la reacción necesaria y nos lleve a la adopción de medidas que impidan que esto pueda repetirse.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA INCORPORAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA AL PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO PARA SORIA, APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE 6 DE MAYO DE 2005 (S. 680/000794).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Lavilla, que tiene la palabra.


El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el presidente del Gobierno decía lo siguiente en el debate del Estado de la Nación celebrado el 15 de mayo de 2005: La acción del Gobierno en este año ha tenido una manifestación que me satisface particularmente. Se trata del apoyo a unas zonas singulares del territorio, que son las que más población pierden. El plan de actuación específico para Soria pretende acabar con déficit acumulados por decenios de abandono. Algo que también se encargó de recordar la vicepresidenta primera del Gobierno aquí presente.
Señor ministro, para acabar con estos decenios de abandono en una tierra gestionada caciquilmente por la derecha más ultramontana, el Consejo de Ministros aprobó el día 6 de mayo de 2005 el PAES, el Plan de Actuación Específico para Soria, que fijaba un conjunto de acciones e inversiones para la provincia de Soria; un plan abierto, que permite la incorporación de actuaciones de los distintos ministerios de forma complementaria. De ahí la pregunta, señor ministro, sobre las actuaciones que piensa incorporar el Ministerio de Justicia al PAES.
Como sabe, señor ministro, el presidente del Gobierno ha querido ubicar a Soria en el mapa de España, pero en la España del eje de la solidaridad.
Hay partidos, como el Partido Popular, que se envuelven en la bandera de España y se olvidan de los españoles. El inmortal poeta Antonio Machado, como sabe muy vinculado a Soria, ya nos advertía en sus versos de la existencia de las dos Españas que hablar de España y Castilla era hablar de Soria. Nos advertía también de la España de la fanfarria, del tópico, de la España del olmo seco, abatido por el rayo y la carcoma, de la España, señor ministro, de los decenios de abandono a la provincia más despoblada de España, abandono que ha venido ocultando por toneladas de propaganda, moviendo los hilos de lo que, en su día, Juan Antonio Gaya Nuño nos advertía como uno de los males de Soria: el caciquismo.
En este mapa del abandono, de la propaganda, de la España de la pandereta que hablaba Machado, el pasado día 16 de febrero un tropel de cargos institucionales y políticos de derecha visitaban, por ejemplo, la localidad soriana de Almazán y nos hacían la siguiente afirmación: las instalaciones del juzgado son deplorables; también los espacios del Palacio de los Condes de Gómara, en Soria. Bien, a este tropel de personajes de la derecha soriana y de Castilla y León, representantes de la España del olmo y de la pandereta, se les olvidó decir, sin duda, que gracias a estos ocho años de abandono de la España de Rajoy y de Aznar que marginó nuestra provincia, la situación de los juzgados era deplorable; se les olvidó decirlo.
Pero este senador socialista por Soria confía, ahora que ha llegado la primavera, en lo que ya habló Machado: en la España solidaria, la España del quehacer y la esperanza, de la rama verde que sale del olmo seco, que renace y mira hacia el futuro, de la ilusión y la solidaridad, preocupándose por los territorios despoblados de Soria. Y en este contexto de esperanza, de optimismo y de buen hacer que el PAES supone para Soria, señor ministro, le pregunto por las acciones que va a comprometer su ministerio para ayudar a la provincia más despoblada de España y una de las más despobladas de Europa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
El Gobierno tiene un compromiso con la corrección de los desequilibrios interterritoriales y, por supuesto, con la mejora de los servicios públicos y de las infraestructuras cuando realizan derechos fundamentales de ciudadanía. Ése es el sentido al que sirve el Plan de Actuación Específico para Soria, que fue aprobado en su momento por el Consejo de Ministros el 6 de mayo de 2005. El Ministerio de Justicia puede contribuir a esa estrategia, en particular en relación con la provincia de Soria, a través de dos líneas básicas de actuación que son congruentes con la política que estamos desarrollando: en primer lugar, el incremento

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de la planta y, en segundo lugar, como es lógico, la mejora de las infraestructuras que sirven a la Administración de Justicia.
En relación con la planta, la provincia de Soria está integrada actualmente por tres partidos judiciales: Almazán, Burgo de Osma y Soria.
En lo relativo al partido judicial de Soria, hemos incrementado ya su planta en el año 2005, añadiendo un cuarto juzgado mixto de primera instancia e instrucción a los tres previamente existentes, lo cual significa un incremento de la capacidad de respuesta del sistema judicial en garantía de los derechos de ciudadanía, además contrastado con la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales en esa demarcación.
Pero hemos acometido también importantes operaciones de mejora de las infraestructuras de la Administración de Justicia. Así es el caso del concurso para la ejecución de obras en el Palacio de los Condes de Gómara, que sirve de sede a la Justicia en Soria. El Palacio de Justicia en Soria lo hemos presupuestado por una cantidad rayana en los 800.000 euros y hoy aparece publicada precisamente en el BOE la resolución de la Secretaría de Estado, que abre la licitación para el concurso y que pretende acometer la transformación y adaptación de las oficinas judiciales para que puedan reportar nuevos espacios físicos a los que actualmente han estado destinados a uso de vivienda de cargos de la Administración de Justicia. Nos parece que la utilización como infraestructura para el servicio público judicial es más adecuada a su dotación física e infraestructural.
Lo mismo vamos a hacer en el partido de Almazán. Las instalaciones del Juzgado de Primera Instancia de Almazán, efectivamente, son deplorables.
Por eso, hemos incorporado en la programación para el año 2006 una presupuestación adecuada para acometer la renovación de la necesaria infraestructura. Ya se ha asignado un solar a esta finalidad y en la actualidad el proyecto se encuentra en fase de redacción, de manera que de una y otra forma, incrementando la planta y mejorando las infraestructuras de la Administración de Justicia en Soria, el Ministerio de Justicia está intentando contribuir a través de este plan específico de actuaciones para la provincia de Soria a la corrección de desigualdades, por tanto, a mejora de los servicios públicos.
No competiré con su señoría en la evocación de la poesía de Machado, pero sí creemos que estamos prestando un buen servicio en la provincia en la que escribió lo mejor de su obra y en la que seguramente pasó los mejores capítulos de su vida.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA PUESTO EN MARCHA EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INDULTO (S. 680/000798).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Urrutia.
Tiene la palabra su señoría.


El señor URRUTIA ABAIGAR: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
Como es conocido, las peticiones de indulto son presentadas por las personas condenadas ante el Ministerio de Justicia y posteriormente son concedidas o no por el Consejo de Ministros. Todas las semanas se presentan en el Consejo de Ministros alrededor de 200 expedientes en demanda de conmutación total o parcial de penas, de los que solo 10 prosperan con resultado favorable.
A lo largo del pasado año 2005, se indultó a un cinco por ciento de las 9.390 personas reas que solicitaron la medida de gracia, siendo en su mayor parte de carácter parcial y condicionado. Entre las solicitudes de indulto que menos posibilidades tuvieron de ser concedidas se encontraban las relacionadas con los delitos económicos, contra la seguridad del tráfico, las que tienen connotaciones racistas y las de violencia de género.
Ante esta situación, señor ministro, ¿qué medidas ha puesto en marcha su ministerio para mejorar la gestión de la tramitación de los expedientes de indulto? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señoría, le agradezco que traiga a conocimiento de la Cámara esta competencia, que efectivamente tiene su lugar constitucional y, sin embargo, es escasamente conocida por la opinión pública, porque la de indulto es una prerrogativa que la Constitución confía al Rey, bajo la responsabilidad política y refrendo del Gobierno, y la ejerce el Ministerio de Justicia, de conformidad con la ley.
El indulto no consiste en sustituir la decisión relativa a la inocencia o culpabilidad del solicitante de indulto sino en acatar la resolución judicial, aceptar, por tanto, el contenido del fallo condenatorio y, dándolo por bueno, establecer, a través de una decisión discrecional por la que el Gobierno asume su responsabilidad con transparencia, si procede excepcionar el cumplimiento de la pena, a la luz del tiempo transcurrido desde la comisión del delito, de su rehabilitación manifiesta o de las circunstancias que puedan aconsejar que esa persona recupere la vida en libertad, en función del carácter excesivo o desproporcionado de la pena, o innecesario de su cumplimiento efectivo.
La Ley es nada menos que de 1870. Estamos en el año 2006. Por tanto, hace 136 años que la Ley que regula la prerrogativa de gracia está en vigor. Y establece, sí, trámites preceptivos que el Gobierno observa escrupulosamente. Hace falta contar con el informe del tribunal sentenciador y también del ministerio fiscal y a menudo escuchar al ofendido, es decir, escuchar la voz de la parte que resultó perjudicada por el delito.


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Por tanto, la tramitación del indulto puede depender del cumplimiento de este trámite preceptivo y, al mismo tiempo, de la acumulación objetiva, cuantitativa de los expedientes de indulto, de modo que, si son muy numerosos, lógicamente, el tiempo de tramitación y de resolución será más extenso. Y cuando llegamos al Gobierno, los tiempos eran dilatados por la abultada bandeja de entrada de solicitudes de indulto.
Hemos intentado mejorar esa situación con un plan de choque, que nos ha permitido, en primer lugar, reducir de dos meses a uno el tiempo en el que el Gobierno solicita del tribunal sentenciador, el tribunal que impuso la condena, y del ministerio fiscal los informes preceptivos a partir de los cuales resulta posible evaluar la pertinencia del indulto, y, en segundo lugar, aumentar la agilidad en la propia tramitación del indulto, reduciendo de tres meses a uno, como media, el tiempo transcurrido, teniendo en cuenta que al menos ingresan en el Ministerio de Justicia 580 solicitudes de indulto como promedio mensual.
Esto es lo que explica que efectivamente consideremos en el Consejo de Ministros todos los viernes un promedio de 200 desestimaciones de solicitudes de indulto y unas 10 propuestas de estimación favorable. Y se han seguido además unos criterios --que hemos explicado con transparencia y por los que el Gobierno asume su responsabilidad-- que intentan objetivar en la medida de lo posible, sin perjuicio, lógicamente, de la tramitación y de la valoración individualizada que cada expediente de indulto merece y reclama, en beneficio, primero, de la propia Administración de Justicia, porque lanza un mensaje de certidumbre y celeridad al propio tribunal sentenciador, que, a menudo, suspende la ejecución de la condena hasta que el Gobierno administre su decisión sobre la prerrogativa de gracia, pero también, y por supuesto, sobre los ciudadanos que esperan de esa evaluación que corresponde administrar al Gobierno, que lo somete a la firma del Rey bajo su refrendo, el ingreso en prisión y, por tanto, el conocimiento también de criterios ciertos de política criminal en este aspecto relativo a la ejecución de las condenas. Por ello, creemos que estamos mejorando la Administración de Justicia y la garantía de la calidad de los derechos de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA SUPRESIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (S. 680/000784).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro. Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el plan de saneamiento propuesto por el Gobierno parece que pone fin al centro de producción del Ente Público Radiotelevisión Española en Canarias, una medida que provocaría un notable perjuicio no sólo para la plantilla afectada que, según nuestra información, es del orden del 80 por ciento, sino también para la cohesión territorial de nuestro archipiélago ultraperiférico.
El centro de producción del Ente Público Radiotelevisión Española en Canarias, creado hace más de 40 años, ha contribuido en estas últimas cuatro décadas a superar obstáculos derivados del hecho insular y la lejanía entre las propias islas y el continente. Ha sido y es uno de los canales de comunicación más sólidos entre los canarios que residen en las islas y aquellos que tuvieron que emigrar a América. Más de 200 horas al año de programación propia son retransmitidas a través del canal internacional del total de 1.680 horas de programación propias realizadas en 2005. Hay programas líderes de audiencia en el archipiélago y entre los cientos de miles de canarios en América, programas como Tenderete o La Luchada.
Por ello, mi pregunta es, ¿qué planes tiene el Gobierno con respecto al centro de producción de Radiotelevisión Española en Canarias, que desempeña ese papel fundamental en la cohesión territorial, en la pluralidad y en la difusión de las ciencias y de la cultura? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la vicepresidenta del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la pregunta que usted me plantea hace referencia a dos cuestiones que están en estos momentos muy interrelacionadas entre sí; por un lado, a un proyecto de ley que está en trámite, precisamente en el Senado, que es el proyecto de ley de reforma de los medios de titularidad estatal y, por otro, al plan de saneamiento del Ente Público de Radiotelevisión, que está previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En ambos instrumentos se han de abordar tanto las reformas generales como las particulares, tanto las generales como las territoriales; en ambos instrumentos hemos de que tener en cuenta el interés general, que es muy importante, lo que es el servicio público, y en ambos instrumentos hemos de tener en cuenta, también, las especificidades territoriales y, por tanto, las especificidades de la comunidad autónoma a la que usted representa y de la que estamos hablando en este momento.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.


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Señora vicepresidenta, le agradezco su contestación pero tenemos esa inmensa preocupación por la garantía del interés general, por la garantía de la cohesión territorial de Canarias, por la garantía de que esos cientos de miles de canarios que están en América puedan seguir conectados con su archipiélago desde el punto de vista de la transmisión cultural, científica, de noticias, incluso, lógicamente, de su cultura y su deporte.
Por ello, le pedimos al Gobierno que haga el máximo esfuerzo --yo creo que tiene el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas-- para que este centro de producción, cuyo resultado durante los últimos cuarenta años o más ha sido francamente importante, bueno y necesario, siga cumpliendo su función.
Si me lo permite, voy a terminar con una cita de un presidente de una conocida cadena de la televisión privada, que en un foro en Tenerife dijo lo siguiente: «La radio y la televisión privadas existen para mantener una audiencia que ofrecer a los anunciantes».
Dado que Canarias es un territorio muy alejado del continente, es un territorio archipielágico y además hay casi tantos canarios viviendo en América como en Canarias, nosotros queremos que sigan cohesionados con los medios de comunicación, con Radiotelevisión Española, y con esa garantía que debemos ofrecer a todos nuestros ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo comprendo su preocupación, pero quiero reflexionar sobre cuál es el punto de partida. Como le decía, el punto de partida en estos momentos, al margen del proyecto de ley que se está tramitando, es un Plan de saneamiento y de futuro porque, como ustedes muy bien saben, no es admisible en términos de racionalidad económica, organizativa, ni financiera, ni siquiera en términos jurídicos comunitarios, mantener la situación de un ente financiado con cargo a la deuda avalada por el Estado. Ése es el motivo por el que hemos puesto en marcha este Plan de saneamiento, que tiene que ser el instrumento básico para que sea viable el nuevo modelo de radiotelevisión que se está tramitando precisamente en esta Cámara.
En la medida en que es posible pronunciarse sobre una materia objeto de una ley que está en trámite en el Senado, quiero señalar, en primer lugar, que la nueva corporación de Radiotelevisión contará con una estructura territorial necesaria para atender la prestación adecuada de sus funciones de servicio público, y, en segundo lugar, que el plan que se está llevando a cabo no va a dejar abandonado a su suerte a ninguno de los trabajadores, sino que, por el contrario, se está empezando a negociar con ellos.
Dicho esto, quiero tranquilizar a su señoría porque, tanto en el plan como en los dos instrumentos que tenemos, vamos a contemplar la especificidad de la comunidad autónoma a la que usted representa. El Gobierno va a tener en cuenta la singularidad de Canarias, la diversidad insular, su vocación internacional y especialmente su vertiente americana. Es un patrimonio que está ahí, del que no podemos prescindir, y a través de estos dos instrumentos que hemos puesto en marcha debemos tratar de conseguir con ustedes y con el resto de los grupos políticos un acuerdo que sea satisfactorio y que nos permita reconducir un ente para hacer la televisión que los ciudadanos desean y, al mismo tiempo, conseguir una televisión pública de calidad e independiente, que es fundamental y ha sido el criterio mantenido por este Gobierno, pero también sostenible financieramente y, por supuesto, que contribuya a mantener la cohesión de nuestros territorios, como ha hecho hasta ahora.
Ése es el proyecto, ése es el programa y creo que en este momento disponemos de los instrumentos adecuados para ponerlo en marcha, pero es evidente que el Plan de saneamiento, el Plan de reducción y de adaptación a la nueva situación hay que ejecutarlo. Creo que las dos cosas son compatibles con el esfuerzo de todos.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


INTERPELACIONES:

-- DE DON ANTOLÍN SANZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DIRIGIDA A RECONDUCIR EL BAJO NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL SENADO (S.
670/000099).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
La interpelación del senador Aragonés ha sido aplazada. Por tanto, comenzamos con la interpelación del senador Antolín Sanz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la política del Gobierno dirigida a reconducir el bajo nivel de reconocimiento de las funciones constitucionales del Senado.
Para su exposición, tiene la palabra su señoría.


El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, como todo el mundo sabe, nos encontramos ya en el ecuador teórico de la actual legislatura. Dos años parecen tiempo suficiente para hacer un repaso de la gestión del Gobierno en las diferentes parcelas de la actividad política. De hecho, estos últimos días hemos leído o escuchado muchos balances provisionales.
Hoy me centraré en el ámbito concreto de las relaciones Gobierno-Senado y lo haré no sólo como es lógico por mi condición de senador, sino porque pienso --y supongo que la Cámara coincidirá conmigo-- que esta cuestión es un

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indicador de primer orden para medir el nivel de salud democrática de todo sistema parlamentario.
Señora vicepresidenta, mi ánimo, el ánimo del Grupo Parlamentario Popular, se lo aseguro, es absolutamente constructivo. No lo dude.
Supongo que al Gobierno le preocupa el balance de su gestión, y también supongo que, salvo que esté animado por un propósito exclusivamente triunfalista, le interesará conocer la valoración del grupo mayoritario de esta Cámara.
Por ello, en nombre de mi grupo, primero le transmitiré nuestra valoración, después espero que la señora vicepresidenta nos exponga la del Gobierno, y confío que finalmente entre todos lleguemos a algunas conclusiones que sirvan para lo que supongo será un propósito compartido por todos: mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y esta Cámara parlamentaria.
Señorías, el Senado se encuentra actualmente en una situación sin precedentes en nuestra historia democrática reciente; excepción hecha de los últimos meses de la V Legislatura, en los que el Grupo Parlamentario Popular llegó a ser --aunque por estrecho margen, bien es cierto-- mayoritario en esta Cámara, esta es la primera vez que el Congreso y el Senado presentan un juego de mayorías muy diferente. El Partido Socialista ostenta la mayoría relativa en el Congreso, pero el Partido Popular hace lo propio en el Senado, y ésta es la situación democrática que han querido todos los ciudadanos españoles.
Señorías, en 1978, los españoles decidimos que nuestro sistema parlamentario fuese bicameral y , para no hacerlo inoperante, asimétrico.
La investidura y la confianza parlamentaria dependen del Congreso de los Diputados y en el ejercicio de la función legislativa la Cámara Baja ostenta un papel netamente preeminente.
Podemos discutir sobre si esta hegemonía pudiera ser mayor o menor, o de qué otra forma podría modularse, pero este no es el tema del debate esta mañana. Hoy no estoy aquí, señora vicepresidenta, interpelando al Gobierno sobre la reforma del Senado, tiempo habrá de hablar de esta cuestión. Estoy aquí para hablar de las reglas del juego porque las reglas del juego son por el momento las que son y según ellas debemos actuar todos. Esas mismas reglas, que marcan un bicameralismo asimétrico, nos dicen también que el Senado, junto con el Congreso de los Diputados, integra las Cortes Generales, y que éstas en su conjunto representan al pueblo español; ambas Cámaras, Congreso y Senado, poseen idéntica legitimidad democrática y su única diferencia radica en la representación de la soberanía popular, proporcional en un caso y territorial en el nuestro.
Las reglas del juego también nos dicen en el artículo 66.1 de la propia Constitución que en el Congreso, al igual que en el Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado; aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno, además de otras competencias expresamente atribuidas por la Constitución.
Señorías, hasta aquí son las reglas del juego. Pero veamos ahora cómo se está jugando la partida desde hace dos años. Comencemos brevemente por el ejercicio de la potestad legislativa del Estado. Desde el inicio de la legislatura, como no puede ser de otra forma, el Senado ha tramitado y tramita en tiempo y forma cuantos expedientes legislativos le han llegado desde el Congreso de los Diputados. Hasta aquí, señorías, todo normal.
Ahora bien, por primera vez esta Cámara ha ejercido su derecho a veto sobre dos proyectos de ley a los que posteriormente me referiré.
Por supuesto, el Senado hace mucho más que vetar; también enmienda, y lo hacen todos los grupos, y es normal que una parte de esas enmiendas sean finalmente rechazadas por el Congreso; sin embargo, no parece tan lógico que ahora la norma sea que el Congreso rechace las enmiendas que le llegan del Senado y la excepción que las acepte. Precisamente esto es lo que viene sucediendo desde hace dos años.
Señorías, no olvidemos que el Senado también dispone de iniciativa legislativa; de hecho, ésta es la legislatura en la que el Senado, con diferencia respecto a otras, está haciendo más uso de esa potestad, y ya son 20 las proposiciones de ley cuya toma en consideración ha sido aprobada por esta Cámara en dos años, pero tan sólo dos han llegado al «Boletín Oficial del Estado».
Cabe preguntarse si todo esto es legal. Pues naturalmente que sí. ¿Es conforme a la letra de la Constitución? Indiscutiblemente sí. Sin embargo, cabe también que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿El hecho de que el Senado apruebe vetos, introduzca enmiendas o tome en consideración proposiciones de ley --acabando en saco roto casi de modo regular todas estas aportaciones-- es sinónimo de potenciar el papel legislativo del Senado? ¿Es un modo de revitalizar la vida parlamentaria? ¿Es un indicio de excelencia democrática? Evidentemente, señora vicepresidenta, no. Se nos dirá que el Congreso hace su trabajo, al igual que el Senado, y que se trata de una cuestión de relaciones entre Cámaras en las que el Gobierno no tiene que intervenir. Sin embargo, el Gobierno conoce esta situación, sabe que se encuentra en minoría en esta Cámara y, por tanto, debería hacer algún esfuerzo de consenso y de búsqueda de acuerdos, integrando de forma positiva la voluntad del Senado en el procedimiento legislativo.
¿Está haciendo el Gobierno este esfuerzo, señora vicepresidenta? ¿Piensa el Gobierno cambiar de actitud? Otra de las funciones clásicas del Parlamento, de esta Cámara en especial, es la aprobación y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Evidentemente, todo lo que he señalado antes al referirme a la actividad legislativa es aplicable a este apartado, especialmente si recordamos, señorías, que uno de los proyectos de ley que el Senado ha vetado hasta el momento es precisamente el proyecto de presupuestos del año pasado, hecho que el presidente del Gobierno definió de la siguiente forma: para mí tiene una importancia relativa, es una situación de conflicto entre el Congreso y el Senado; el Congreso lo solucionará vetando el veto del Senado. Se define por sí mismo, señora vicepresidenta. Sin embargo, la innegable pérdida de peso del Senado en materia presupuestaria desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno no termina aquí. Las Cortes no están solo para aprobar presupuestos, sino para algo igualmente importante: controlar

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su ejecución. En este sentido, voy a demostrar la actitud obstruccionista del Gobierno.
A principios de septiembre del pasado año, señora vicepresidenta, mi grupo solicitó una ronda de 16 comparecencias de altos cargos para analizar el desarrollando de la ejecución presupuestaria del año 2004-2005. Sin embargo, en el día de ayer, y por segunda vez, se negaron estas comparecencias, alegando lo siguiente, señora vicepresidenta: que eran demasiadas comparecencias y demasiadas reuniones de las comisiones.
Por lo tanto, transparencia poca y opacidad mucha.
No puedo terminar este rápido repaso del apartado presupuestario sin recordar lo que sin duda es más grave, si por grave entendemos que el Senado pierda competencias que antes tenía. Me estoy refiriendo, como muchas de sus señorías habrán adivinado, al papel de esta Cámara en la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria. Todos recordamos los sudores sufridos por el Gobierno para sacar adelante esa votación en el Senado el pasado mes de julio de 2004. ¿Cuál fue la solución, para no volver a tener problemas? Cambiar las reglas a mitad de la partida, de tal modo que el pronunciamiento del Senado sobre este particular ha quedado reducido a un papel meramente testimonial. Desde luego, debemos reconocer y reconozco que la postura del Partido Socialista sobre este particular es inequívoca, porque el atropello no ha sucedido una sola vez, sino que ha sucedido tres veces en esta Cámara. En primer lugar, modificando la Ley General de Estabilidad Presupuestaria; en segundo lugar, tumbando una enmienda del Senado, y, por último, echando por tierra una proposición de ley aprobada por esta Cámara para recuperar esta atribución perdida. Señora vicepresidenta, ¿van ustedes a rectificar? Se trata sin duda de una paradoja, pues este es el Gobierno que más habla de la reforma del Senado, pero, hasta la fecha, la única reforma real que ha impulsado, entre otras --que posteriormente valoraré--, es restar a esta Cámara una competencia que antes tenía.
Curioso modo de potenciar esta Cámara, señora vicepresidenta. La función de una Cámara parlamentaria no es solo la de aprobar leyes o presupuestos, también está en su razón de ser el control e impulso político de la acción de gobierno, algo que no es un tema menor.
No sé si su señoría está enterada, pero en esta Cámara se aprueban muchas mociones, de todos los grupos parlamentarios. Es decir, empleando términos de doctrina científica, manifiesta su voluntad, su aspiración o su deseo sobre diversos temas políticos y, muy frecuentemente, estas manifestaciones de la voluntad entrañan mandatos claros para el Gobierno, mandatos claros que está obligado a cumplir.
Por cierto, aprovecho para subrayar algo que creo que no debe pasar inadvertido. Esta Cámara tiene aquilatado un estilo propio a la hora de deliberar mociones. Un estilo que se basa en la disposición generalizada para intentar sacar las iniciativas adelante. Por eso el 80 por ciento de estas iniciativas han sido aprobadas, y la mayoría de ellas por el asentimiento de toda la Cámara, señora vicepresidenta.
Como decía antes y todo el mundo sabe, aunque algunos prefieran olvidarlo, las mociones que se aprueban por el Senado, al igual que las del Congreso de los Diputados, son de obligado cumplimiento para el Gobierno. De hecho, el Reglamento de la Cámara fija un plazo de seis meses para que el Gobierno preceptivamente informe por escrito sobre el cumplimiento de cada moción aprobada. ¿Y cuál es el balance del Gobierno sobre este particular? ¿Me puede usted contestar, señora vicepresidenta? Pues el balance, desde mi punto de vista, tiene una claridad meridiana, porque lo cierto es que su Gobierno ignora de forma casi sistemática cuantas mociones son aprobadas en esta Cámara con el voto en contra del Partido Socialista e, incluso, en bastantes ocasiones hace lo propio con mociones que fueron refrendadas por su propio grupo parlamentario. Y se lo voy a demostrar.
Pero antes es importante dejar constancia de una idea clara: que el Grupo Parlamentario Socialista o cualquier otro grupo del Senado apoye o deje de apoyar una moción es algo indiferente. Cuando esta Cámara aprueba una moción, esa moción ya no es de tal o cual grupo político, sino del Senado en su conjunto, del Senado como institución. Y si el Gobierno incumple, desoye o ignora una moción, no está haciendo de menos a este o aquel grupo parlamentario, hace de menos a esta Cámara, hace menos al Senado. Y eso, señora vicepresidenta, es muy grave, porque es muy grave para una democracia que el Poder Ejecutivo actúe a espaldas de una Cámara del Legislativo.
Los ejemplos de lo que digo son abundantes. Le refrescaré algunos. Señora vicepresidenta, esta tarde el Pleno del Senado tramitará y presuntamente aprobará el proyecto de ley orgánica de educación. Pues precisamente a ella se refería la primera moción aprobada por el Senado en esta legislatura, con un mandato muy claro para el Gobierno: no derogar, no modificar o suspender la aplicación de la LOCE sin diálogo y acuerdo con la comunidad educativa. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues el Gobierno ha hecho lo contrario: derogar por decreto, no dialogar y no llegar absolutamente a ningún acuerdo. Tres cuartos de lo mismo con la formación profesional. Aquí se han aprobado mociones muy importantes con el asentimiento de todos los grupos parlamentarios en materia de formación profesional. Por cierto, ¿qué ha hecho el Gobierno hasta ahora en esta materia? ¿Ha desarrollado un sistema integrado de formación reglada ocupacional o continua? ¿Ha finalizado el catálogo nacional de cualificaciones con el acuerdo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿Acaso ha incrementado de forma significativa los recursos humanos y materiales dedicados a la formación profesional? Esto se aprobó, señora vicepresidenta, el 30 de noviembre de 2004, hace un año, con el asentimiento de todos los grupos parlamentarios. No tenemos constancia absolutamente de nada respecto de esta moción.
Tres cuartos de lo mismo con la OCM del azúcar, que afecta a 22 provincias y a cinco comunidades autónomas, a un número importante de familias. Después de las negociaciones le planteamos en dos mociones planes alternativos. Le hemos instado dos veces y les fijamos un plazo para presentar en esta Cámara, antes del 30 de septiembre de 2005, esos planes alternativos. ¿Dónde están esos planes, señora vicepresidenta? Todo eso estamos esperando

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del Gobierno, porque a ello le instamos en varias mociones que, a las pruebas me remito, ha ignorado olímpicamente.
Ésta, señora vicepresidenta, es la historia de los incumplimientos sistemáticos de este Gobierno. Insisto, sólo he hablado de algunos ejemplos por la sencilla razón de que dispongo de poco tiempo para exponerle más. Porque también podríamos hablar del Plan de Infraestructuras, del rescate de peaje de autopistas, de la actitud del Gobierno frente al problema del Sahara o de la atención a los inmigrantes y de un largo etcétera. Los temas son variados, pero todos comparten, señorías, un denominador común; al final, en todos los casos acabamos llegando a una misma conclusión: vote sí o vote no el Grupo Parlamentario Socialista del Senado, al Gobierno le dejan absolutamente frío las mociones y otras cuestiones que se aprueban en esta Cámara. Ésta es la realidad, señora vicepresidenta. He sido realista, riguroso y objetivo, se lo aseguro, créame. Creo que he aportado un buen número de datos y de argumentos que demuestran que la actitud de este Gobierno en relación con el Senado es manifiestamente mejorable. Ahora espero que usted nos haga una lectura de la situación. Y por supuesto, le digo desde el corazón, se lo aseguro, créame, que tiene a este grupo parlamentario para buscar alternativas y para reconducir esta situación, de la que el grupo parlamentario y también otros grupos parlamentarios no están satisfechos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, muchas gracias por el contenido de su intervención y por el tono empleado.
Es para mí un honor comparecer de nuevo en el Senado y, además, hacerlo para contestar a las preguntas de su señoría sobre la política del Gobierno dirigida a impulsar el funcionamiento constitucional del Senado, a impulsar el papel político de esta Cámara.
Coincido con usted en la manifestación que ha hecho en el sentido de que este es un acto que, en definitiva, viene a poner de manifiesto el estado de nuestra salud democrática. Desde esa perspectiva, es un acto claramente democrático, y lo creo así porque desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha estado y está comprometido, como respuesta a una convicción profunda, con el hecho de que el Parlamento es y debe ser el centro del debate político, el punto de referencia de todo el sistema político, porque es el lugar en el que de manera jurídicamente ordenada se produce el debate a través del cual se expresan las plurales convicciones de los distintos grupos políticos. En definitiva, es el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado, el lugar por donde circulan las diversas propuestas de organización de nuestra sociedad, las distintas alternativas. Y precisamente porque estamos en democracia, como su señoría dice, el debate político no es irrelevante, incluso aunque no se gane. Es trascendental que el debate se produzca y que, además, sea en el lugar adecuado ya que, repito, es el instrumento imprescindible para la creación de una opinión pública libre que, a su vez, es el instrumento fundamental de la vida democrática.
Por tanto, me complace mucho venir a hablar sobre la función que tiene esta Cámara y el papel que tenemos todos para promover y colocarla en el centro de la vida política.
Quiero señalar --y lo digo con absoluta humildad-- que, a mi juicio, el Parlamento ha invertido su tendencia y en estos momentos está ocupando un lugar mucho más central en la vida política de lo que lo venía haciendo en los últimos años. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha habido una revitalización y que, desde luego, de esa misma revitalización se ha beneficiado también, por supuesto, el Senado.
La predisposición del Gobierno no sólo se ha visto con la decisión de su presidente de someterse al control parlamentario, sino que --y no le voy a dar datos porque no creo que sea éste un trámite para pelearse por las cifras-- la presencia de los miembros del Gobierno se ha multiplicado en esta Cámara y el ejemplo más palmario, como digo, es la presencia del propio presidente del Gobierno que, desde luego, contrasta con la importante ausencia de otros presidentes.
En consecuencia, el compromiso del Gobierno de contribuir a la revitalización del Parlamento es claro, contribución que hemos llevado a cabo mediante el impulso de sus dos principales tareas, es decir, contribuyendo a potenciar la función central del Parlamento, la función legislativa, tal y como me comprometí en mi primera comparecencia ante la Comisión Constitucional en el sentido de propugnar una labor legislativa de mayor calidad mediante una mejor elaboración y construcción de los textos legislativos, mediante un mayor respeto a los temas competenciales y mediante la introducción de las normas básicas y las que no lo son, las orgánicas y las que no lo son. Creo que en eso hemos mejorado notablemente. Sobre todo, hemos hecho todo esto desde la segunda perspectiva a la que me refería: la de producir la centralidad de la política, facilitando la labor de control al Gobierno de modo que los ciudadanos tengan información a tiempo sobre todas las actuaciones políticas y puedan adquirir, por medio de esa información y del correspondiente debate, una opinión que es --como decía al principio de mi intervención-- trascendental para el funcionamiento de la democracia.
Lo hemos hecho así como consecuencia de nuestra vocación de transparencia y de nuestro empeño en estimular un debate abierto sobre la realidad como elemento imprescindible de la acción política. Lo hemos hecho como consecuencia también de nuestro sentido de las labores legislativa y de control parlamentario. Como consecuencia, por tanto, de nuestra visión pluralista de la comunidad política, que requiere que todas las voces se oigan. En definitiva, como consecuencia de nuestro sentido democrático.


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Le decía que no voy a dar cifras. Creo que los datos de la presencia del Gobierno en esta Cámara durante esta legislatura dan cuenta de la medida en que estamos cumpliendo nuestro compromiso. El presidente del Gobierno ha sido el principal protagonista. Sólo señalaré que viene adoptando desde el principio de su mandato decisiones que han auspiciado una mayor participación del Senado en el debate público. Lo hizo inmediatamente después de tomar posesión de su cargo, presentando formalmente a su Gabinete ante el Pleno del Senado en mayo de 2004, recuperando así una costumbre parlamentaria interrumpida durante 18 años. Fue entonces cuando anunció su disposición a intensificar su presencia en el Senado, compromiso que ha cumplido asistiendo mensualmente --como usted sabe-- a la sesiones de control, en las que ha respondido a todas las preguntas orales que le han formulado los grupos, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista; un hecho que, como saben, no tiene precedentes.
Tampoco los tenía que el presidente del Gobierno presentara un proyecto de ley en esta Cámara; un hecho que se ha producido en esta legislatura, señoría. Sucedió en mayo del año pasado, cuando el presidente Zapatero presentó el proyecto de ley orgánica de ratificación del Tratado de la Constitución Europea. Además, el presidente del Gobierno convocó el debate del Estado de las Autonomías, tras ocho años de interrupción, y participó en él. Dicho debate les permitió a todos los ciudadanos conocer el estado de nuestro modelo autonómico y territorial, por medio de las intervenciones de los presidentes de Gobierno de las comunidades autónomas. El debate permitió, asimismo, que se aprobaran una serie de conclusiones ampliamente sentidas, sobre la necesidad de llevar a cabo determinadas reformas, así como la de incrementar y ampliar los ámbitos de colaboración y cooperación dentro de nuestro modelo territorial.
Por fin, aunque no se trata de una actuación estrictamente parlamentaria del Gobierno, permítame que mencione también en este punto de mi intervención la decisión de que fuera precisamente esta Cámara el lugar en que se celebraran las conferencias de presidentes autonómicos que han tenido lugar durante esta legislatura, como expresión --aunque sea sólo simbólica-- del papel que el Gobierno quiere que desempeñe esta Cámara.
Quizá haya sido en el ámbito del control parlamentario donde ha sido posible apreciar el mayor protagonismo del Senado durante esta legislatura. Si analizamos las interpelaciones, las preguntas orales a ministros y secretarios de Estado o las comparecencias --repito que no voy a dar datos-- del Gobierno en Comisión, veremos que el balance es razonablemente positivo. Siempre se puede pedir más, por supuesto, y entiendo que es función de la oposición tratar de que el Gobierno y los altos cargos estén aquí cuanto más tiempo mejor para darles información.
Sin embargo, insisto en que, si miramos los datos y los comparamos con los de períodos anteriores, el balance es razonablemente positivo. Es posible asegurar, con la certeza que aportan los datos objetivos, que nunca habían estado tan presentes en la Cámara los miembros del Gobierno.
Lo mismo ocurre con los datos sobre el control por escrito. Se ha producido un salto cuantitativo y cualitativo respecto de legislaturas anteriores. Por primera vez, se ha introducido en el Senado un artículo, similar al famoso artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que reconoce el derecho de los senadores a recibir datos, informes y documentos de la Administración; derecho del que, hasta ahora, sólo disfrutaban los diputados. Además, me parece particularmente importante, ya que la información es el instrumento inicial, por excelencia, para conocer y ejercer con rigor y con propiedad la función parlamentaria, la función de control.
En lo que se refiere a las preguntas contestadas por escrito --y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, señoría-- se ha producido un incremento muy notable respecto de otros períodos. Sólo le diré, como resumen, que se han contestado más de treinta mil preguntas en esta Cámara, cifra que ha superado ya en nueve mil a las contestadas en la anterior legislatura.
Y hablando de preguntas escritas, voy a contestar a algo planteado por usted: el control presupuestario. Ustedes han formulado once mil preguntas sobre distintos programas presupuestarios. Pues bien, estamos contestando individualmente a esas once mil preguntas, y además haciéndolo a través de una solicitud a la Intervención General del Estado, lo cual en algunas ocasiones está retrasando las respuestas, pero eso contrasta con períodos anteriores. No quiero entrar en una guerra, pero he de decirle que, a similares preguntas sobre programas presupuestarios, el senador Laborda recibía una respuesta para todas ellas. En eso hemos mejorado, y hemos introducido un criterio que creo es francamente positivo.
Dicho esto, no quiero dejar de mencionar la potestad legislativa a la que usted se ha referido al inicio de su intervención. Es evidente que el Gobierno tiene una menor capacidad para influir en determinados temas de la potestad legislativa, ya que una vez que se remiten los proyectos de ley a las Cortes Generales, son las Cámaras las que autónomamente deciden sobre su contenido y sobre su tramitación. Es cierto, sin embargo, que los miembros de este Gobierno han procurado estar presentes durante los debates legislativos del Senado, y no es inusual que hayan acudido a esta Cámara para presentar sus proyectos de ley, y eso a pesar de que, como su señoría sabe, a veces se producen coincidencias con las sesiones de control del Congreso de los Diputados, que han impedido en ocasiones una presencia mayor.
Por otra parte, la distinta composición política del Senado respecto del Congreso de los Diputados --algo que mencionaba su señoría-- determina que sean más frecuentes que en otros períodos las modificaciones y enmiendas a proyectos de ley que realiza el Senado. Pero también he de decirle que es cierto que el éxito que puedan tener las enmiendas del Senado tampoco atañe a las relaciones del Gobierno con esta Cámara, sino más estrictamente, señoría, al equilibrio constitucional entre las dos Cámaras que forman las Cortes Generales. En todo caso, sí puedo apreciar algunas evoluciones que se han producido, que además forman parte de las actuaciones que conforman las mayorías en esta Cámara y que han tendido, por ejemplo en lo que se refiere a los presupuestos, a pasar de un veto a la presentación de enmiendas. Por ejemplo, el primer veto que la Cámara

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Alta interpuso al proyecto de ley de Presupuestos de 2005; el año siguiente se produjo un esfuerzo --y con los debidos respetos a las posiciones que sus señorías, libre y legítimamente, puedan formular en cuanto a los diferentes proyectos del Gobierno--, al pasar del veto a la introducción de enmiendas en el presupuesto del 2005, y ese esfuerzo, señoría, ha tenido como resultado que de las enmiendas finalmente presentadas al presupuesto de 2006, 125, casi el 25 por ciento de ellas, tuvieran su origen en el Senado; el 25 por ciento. Es una posición muy positiva que pone de manifiesto esa evolución a la que me refería al principio.
Algo similar podría decirle sobre las iniciativas legislativas del Senado. Nada puede hacer el Gobierno para evitar que las formaciones políticas que no tienen éxito con sus iniciativas en el Congreso las presenten en esta Cámara, con mayor esperanza de que puedan prosperar; iniciativas rechazadas en el Congreso son presentadas por los mismos grupos, idénticamente, en el Senado.
Como creo que usted señalaba, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy para su toma en consideración como proposición de ley el mismo texto que presentó como enmienda de totalidad al proyecto de ley del medicamento el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Pues bien, señoría, el Congreso rechazó ese texto, pero eso no impide que hoy el Senado pueda tomarlo en consideración. Y no puede escandalizar a nadie que si esto ocurriese, el Congreso, que ya lo rechazó, lo rechace de nuevo. Ése es el juego de las mayorías y de las minorías que hoy están constitucionalmente establecidas en ambas Cámaras.
A pesar de ello, también es una buena noticia para todos --como usted decía-- poder decir que jamás esta Cámara ha tenido la iniciativa legislativa que está teniendo en la presente legislatura, por la que todos nos felicitamos. Como usted decía, se han tomado en consideración 20 proposiciones de ley. Es verdad que nueve de ellas han sido rechazadas en el Congreso, pero también hay que decir que en estos momentos cinco están en trámite de enmienda, cuatro están en otras fases de tramitación y otras dos, como ha señalado usted también, ya han sido aprobadas y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, dos leyes ya han tenido su origen en el Senado en este período de dos años, es decir, el mismo número que en toda la pasada legislatura, en la que por otra parte sólo se tomaron en consideración cinco iniciativas.
Por tanto, estos datos ponen de manifiesto, en primer lugar, que hay una voluntad política por parte del Gobierno y, en segundo lugar, que hay una configuración en el funcionamiento y en el juego democrático en las dos Cámaras que en muchas ocasiones nos han llevado a decir que tenemos que reflexionar sobre ese tema, lo que encajaría con esa necesidad ampliamente sentida por todos los grupos políticos de abordar una reforma.
Pero antes de entrar en ese tema, del que haré mención, quiero señalar que la modificación introducida en la Ley de estabilidad presupuestaria sólo pretende solucionar una imprevisión de la ley originaria, que no establecía procedimiento para dirimir eventuales discrepancias entre las Cámaras, optando por una solución similar a la que ya existe para el procedimiento legislativo y que, por otra parte, es la que también se utiliza para aprobar los Presupuestos. Por ello, parece lógico, señoría, que el procedimiento que la Constitución establece para la aprobación de las cuentas públicas se aplique también a lo que constituye el acto previo de esta aprobación, es decir, la fijación del objetivo de estabilidad y del techo de gastos. En definitiva, señoría, creo que desde la perspectiva del procedimiento legislativo las cosas han mejorado dentro de los límites permitidos en el juego de las mayorías y las minorías que tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja establece nuestra Constitución.
Y quiero señalarle también que el Gobierno se ha comprometido por vez primera, y de hecho lo ha cumplido --me estoy refiriendo a una cuestión que usted ha abordado, al cumplimiento de las mociones o decisiones de esta Cámara--, decía que el Gobierno se ha comprometido a enviar a las Cámaras los informes correspondientes sobre el cumplimiento de los mandatos parlamentarios, lo que es en realidad el resultado de un compromiso que yo misma asumí en nombre del Gobierno en mi primera comparecencia ante esta Cámara el día 17 de julio de 2004. En esa fecha anuncié en la Comisión Constitucional mi propósito de remitir al inicio de cada período de sesiones un informe sobre el grado de cumplimiento de las delegaciones legislativas vigentes, los desarrollos reglamentarios, los mandatos legislativos pendientes y sobre el cumplimiento de las mociones. Desde entonces hemos remitido dos informes, uno el día 4 de noviembre y otro el día 25 de mayo de 2005. La preparación de estos dos primeros --se lo señalo para que sepa su señoría que no vamos a dejar de cumplir nuestro compromiso-- nos ha puesto de manifiesto que sería más útil la elaboración de los informes anualmente, tanto por la distinta duración de los períodos de sesiones como por la especial dedicación de uno de ellos a los trámites de aprobación de los Presupuestos.
Actualmente está en fase de redacción final un nuevo informe, esta vez anual, como digo, que será remitido a las Cortes Generales en breves fechas, donde tendrá su señoría toda la información referente al cumplimiento por parte del Gobierno de las cuestiones a que nos hemos comprometido.
Finalmente, tengo que señalar que al inicio de su intervención usted ha comentado que no quería convertir esta interpelación en un debate sobre la reforma del Senado pero inevitablemente, señoría, a mi entender y a juicio del Gobierno y de todos los grupos parlamentarios --y así se ha expresado reiteradamente--, algunas de las cuestiones que afectan al funcionamiento de esta Cámara pasan por la conveniencia y la necesidad de llevar a cabo una reforma que coloque al Senado en situación de actuar, desde el punto de vista constitucional, como una Cámara de representación territorial. Desde luego, todas las posturas políticas y posiciones doctrinales coinciden en el mismo análisis: que la necesidad de incrementar la funcionalidad de esta Cámara lleva consigo el abordar una reforma de la misma. Esta reforma ha sido sentida y promovida por esta Cámara, llevándose a cabo en un primer momento modificaciones

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en su Reglamento y sucesivos pronunciamientos a lo largo del tiempo.
Señoría, creo que éste es el reto que en este momento tenemos pendiente.
Por lo demás, créame si le digo que nunca verá a este Gobierno, y menos a esta vicepresidenta, caer en la autocomplacencia. Usted ejerce su función expresándome su posición respecto a la necesidad de mejorar el funcionamiento de esta Cámara, pero con sinceridad le digo que el Gobierno al que represento --y las cifras y los datos están ahí-- ha mejorado de forma cualitativa y cuantitativa la posición política y constitucional de esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Tiene la palabra el senador Antolín Sanz.


El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, gracias por el tono de su intervención, aunque es lo mínimo que se debe exigir en un debate parlamentario. Pero sepa que en un debate parlamentario hay que concretar y usted aquí no ha concretado absolutamente nada, ni ha contestado a ninguna de las preguntas que le he planteado.
He intentado que mi primera intervención se ajustara a la realidad y fuera realista, sosegada, colaboradora y constructiva, y en la misma le he hecho una llamada a la rectificación y al consenso; es decir, a la integración positiva de la voluntad del Senado en su conjunto --me refiero a todos los grupos parlamentarios-- en el procedimiento legislativo.
Señora vicepresidenta, a lo largo del debate de la mañana --y le anuncio que conllevará una moción para el próximo Pleno-- he puesto de manifiesto, desde el rigor y la verdad, cuestiones concretas que su señoría ha dejado sin respuesta. Por lo tanto, permítame que le diga que su intervención me ha decepcionado porque yo le he hablado de cuestiones en las que trabajan todos los grupos de esta Cámara y que preocupan a los ciudadanos españoles. Me he referido a la financiación local y autonómica, a la potenciación de la Formación Profesional, a las propuestas presentadas en esta Cámara para la reforma del IRPF o del Estatuto de los Trabajadores, a cuestiones muy concretas para resolver la sequía y las heladas o luchar contra los incendios, a la OCM de la remolacha y a un largo etcétera de iniciativas. En eso consiste el debate de hoy, en poner de manifiesto que los grupos de esta Cámara hacen los deberes, cumplen con su trabajo, llegan a acuerdos y consensos, estudian y reflexionan sobre los temas que preocupan y ocupan a los ciudadanos de a pie y, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, presentan iniciativas que, tras los debidos consensos, salen adelante; por cierto, a nuestro grupo le preocupa que, una vez publicadas en el boletín oficial de esta Cámara, dichas iniciativas caigan en el olvido y de ellas nunca más se supo.
Por su parte, usted dice que, como responsable de estas cuestiones y vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, remite información puntual a esta Cámara. ¿Qué información, señora vicepresidenta? Yo invito a los señores senadores a que se lean esa información y deje en manos de estos senadores la competencia de que, si consideran oportuno cambiar el Reglamento, en lugar de seis meses sea un año, pero no nos la traigan del Gobierno porque el Reglamento dice que se dará la información cada seis meses.
Yo intento, en la medida en que puedo, estudiarme los temas y he leído una entrevista suya en plena campaña electoral en la revista «El Socialista», en la que decía: Para mí la palabra dada y el respeto al Parlamento son claves, es el motor del Gobierno y es una convicción profunda. Señora vicepresidenta, pues contésteme a las preguntas que yo le he hecho esta mañana aquí, contésteme por qué ustedes cambian las reglas del juego y le quitan competencias al Senado en lo que respecta a su posicionamiento en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. ¿O es que cambian a su antojo para no tener problemas? Dígame usted que el Gobierno va a tener en cuenta lo que apruebe esta Cámara y a tomar en consideración el trabajo serio y sosegado de todos los grupos parlamentarios.
Su actitud hoy aquí --permítame que se lo diga con todo el cariño-- ha sido de una conferencia, en una academia o en cualquier sitio, pero este es un debate parlamentario, estamos hablando de algo tan serio, señora vicepresidenta, como es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, de algo tan serio como eso, respetando los márgenes constitucionales. Y esta relación es insatisfactoria para el Grupo Parlamentario Popular, pero aquí han manifestado también otros grupos parlamentarios --como el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió-- al propio presidente del Gobierno --léase el «Diario de Sesiones» de 28 de septiembre de 2005-- su preocupación, la misma que le manifiesto yo hoy respecto a todas estas cuestiones. Se lo hemos dicho ya, señora vicepresidenta en septiembre de 2005, todavía no han hecho nada y hoy mi grupo parlamentario se lo vuelve a plantear.
Usted no me ha dicho nada en absoluto del ejercicio de la potestad legislativa del Estado, del ejercicio de enmienda de los grupos, de la iniciativa legislativa. Y es que, señoría, esta Cámara ha debatido más proposiciones de ley que proyectos de ley ha remitido el Gobierno a esta Cámara a través del trámite del Congreso, bien es cierto; pero es que esas proposiciones de ley se han tomado en consideración casi por asentimiento de todos los grupos. ¿Por qué no tiene usted en cuenta las cuestiones que tratamos en esas proposiciones de ley? Usted habla de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
¡Faltaría más! Mire usted: 125 no, 370, no tiene bien los datos; 125 eran del grupo parlamentario pero de las 370 ninguna ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y eran enmiendas consensuadas por los grupos.
Respetamos el trabajo, pero ustedes, que son Gobierno, tomen en consideración algunas cuestiones de las que planteamos aquí.
No voy a volver a insistir sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria aunque sí le pido que rectifiquen porque

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sería muy importante para estos senadores. Pero también usted, como vicepresidenta y ministra de la Presidencia, es responsable de lo que estamos hablando aquí y usted tiene que decirles a sus ministros que vengan a comparecer. Porque el señor Sebastián, director de la Oficina Económica, está en paradero desconocido, no ha pisado esta Cámara desde febrero de 2005 (El señor Lago Lage: ¡Todavía no es ministro!), ni tampoco el 30 de junio y 9 de julio de 2005; o el señor ministro de Trabajo, el señor Caldera, que aunque lo pida a petición propia no viene: una decena, 10 comparecencias desde el 30 de noviembre de 2004, a petición propia algunas. Dígales a sus ministros que vengan aquí y no le voy a hablar de las 12 comparecencias pendientes de hace más de un año del ministro de Defensa.
Y es que, por lo visto, a ustedes les damos demasiado trabajo, tanto como para que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes --que me da la impresión que depende de usted-- amague por escrito con la sugerencia de que sean los directores generales y no los ministros ni los secretarios de Estado quienes contesten a las preguntas orales del Gobierno porque no contestan a las preguntas por escrito.
Suelo ser una persona objetiva y valoro los datos de las contestaciones que dan a los diferentes grupos parlamentarios, los valoro, pero contesten a todas y, desde luego, no lo hagan por escrito amagando que no vendrán los secretarios de Estado o los ministros y mandarán a los directores generales, así como no sugieran, señorías, que cambiemos el Reglamento de la Cámara a este respecto --está por escrito--. Depende de usted, señora vicepresidenta.
Usted me ha hablado de transparencia, de proximidad, de diálogo y de respeto permanente. Pues empiecen por ser transparentes y vengan al Senado a rendir cuentas a lo que se les ha pedido por dos veces. Señor vicepresidente económico, por dos veces se ha solicitado en esta Cámara la presencia de dieciséis subsecretarios para analizar la ejecución presupuestaria de 2004 a 2005. Se nos ha negado. Ayer se nos comunicó que son muchas comparecencias y muchas comisiones. Señoría, estamos hablando de transparencia, y de transparencia de los dineros públicos de los ciudadanos españoles.
Me hablaba de diálogo y respeto. Nadie lo duda. Para terminar le voy a plantear dos cuestiones. La ministra de Cultura se lleva el primer premio de incumplimientos. Todos los grupos de esta Cámara, por asentimiento, hemos aprobado lo siguiente: un plan integral de museos que tenía que estar aprobado antes del mes de abril de 2005 y presentado en esta Cámara hace un año. Señora vicepresidenta, no sabemos nada de él; un plan de apoyo a la producción cinematográfica que tenía que haberse presentado en esta Cámara en 2005, del que tampoco sabemos nada, señora vicepresidenta, y tenía que haber remitido a esta Cámara y a los representantes de los ciudadanos españoles: una ley de archivos, una ley de música y una ley del libro y de lectura. Y usted me dice que el presidente del Gobierno ha venido a comparecer. Yo lo valoro pero ¿para qué? Voy a mencionar la última perla: financiación local. En noviembre de 2004 el Senado insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses remita a la Cámara una comunicación sobre sus planteamientos de partida para alcanzar un pacto de Estado en materia de financiación de entidades locales. El Gobierno hace caso omiso. En mayo de 2005, en contestación a una pregunta de nuestro portavoz, el presidente del Gobierno se compromete en sede parlamentaria a establecer un proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo sobre la materia. En octubre de 2005, el Senado vuelve a reiterar la moción aprobada un año antes y acuerda constituir una ponencia en la Comisión de Entidades Locales para trabajar sobre la base de la información que sigue y seguimos demandando al Gobierno y que este Gobierno al que usted representa no remite.
Señora vicepresidenta, en marzo de 2006 --mes en el que nos encontramos-- seguimos donde estábamos, esperando el santo advenimiento. Así, en el Pleno pasado mi grupo volvió a insistir con una nueva moción de recordatorio de aquello que ya se había aprobado por dos veces. ¿Sabe lo que votó su grupo, el que sustenta al Gobierno, cuyos puntos de la moción eran un reflejo de las mismas palabras del presidente del Gobierno, señor Zapatero? Voto en contra.
Mi grupo y yo valoramos la presencia del presidente del Gobierno en esta Cámara, pero ¿para qué nos sirve? Para terminar, debo preguntarme ¿cuál ha sido el desenlace provisional de toda esta saga? Pues que ahora el Gobierno arroja la toalla en materia de financiación local a través del Grupo Parlamentario Socialista quien, como digo, votó en contra de lo que anteriormente defendió y a lo que se comprometió aquí el presidente del Gobierno.
Señora vicepresidenta ¿ése es el respeto a esta Cámara? ¿Es ese el riguroso cumplimiento de la palabra dada por el presidente del Gobierno cada vez que comparece en esta Cámara? La respuesta se contesta por sí sola.
Señora vicepresidenta, para finalizar, debo decirle que éste no era el debate de la reforma del Senado. Ya habrá tiempo de hablar de ella.
Conoce claramente la posición de mi grupo parlamentario y sí le digo que si no siguen manteniendo la firma en el Pacto del Tinell --y este grupo en esta Cámara siempre ha dado ejemplo de ello-- estamos a dispuestos a trabajar en esa línea.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoría.
Creo que mantenemos una discrepancia en cuanto a los datos y a la participación del Gobierno en los trabajos de impulso y centralidad constitucional de esta Cámara.
Señoría, como he indicado, mi compromiso era presentar un balance semestral --luego he dicho anual-- en relación con los temas a los que se compromete el Gobierno. Es cierto que el Reglamento del Senado establece seis meses

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para dar cumplimiento a las mociones e informaremos cada seis meses sobre las mismas. Pero, señoría, yo no me refería sólo a las mociones. Estaba diciendo que por primera vez este Gobierno presenta ante esta Cámara un balance completo del estado de todos sus compromisos, cosa que hasta ahora no se había hecho y que, por supuesto, va a permitir a su señoría disponer de más información para ejercer la función de control y ver cuál es el margen de discrepancia, y quizá podamos comprobar así --y se lo digo con el debido respeto-- que en algunos casos se está haciendo un poquito de demagogia.
Me dice usted que estamos cambiando las reglas del juego. Desde luego la suya es una concepción muy particular de lo que es cambiar las reglas del juego. ¿Comparecer más ante esta Cámara no es cambiar las reglas del juego?, ¿dar más información no es cambiar las reglas del juego?, ¿responder de forma individual a 11.000 preguntas sobre temas presupuestarios no es cambiar las reglas del juego?, ¿el hecho de que comparezca en el Senado el presidente del Gobierno --aunque a usted no le guste lo que éste pueda decir-- no es también cambiar las reglas del juego? Me dice usted que, en lo que se refiere a la función legislativa, tienen el mérito de haber presentado muchas proposiciones de ley que han salido adelante, y que el Gobierno no tiene nada que ver en eso, pero a su vez dice que el Gobierno es el culpable de que no salgan más proposiciones de ley. ¡Pero, señoría, si somos los responsables para una cosa, también tendremos alguna responsabilidad en la otra! Como ya he manifestado, es cierto que en dos años se han tramitado en esta Cámara 20 proposiciones de ley, y he reconocido que ha habido mucha más iniciativa legislativa que nunca, pero algo habrá tenido que ver el Gobierno en ello, y no sólo para que se aprueben esas dos proposiciones de ley en dos años --algo que ustedes hicieron en toda una legislatura--, sino también para que haya otras nueve en distintas fases de tramitación en estos momentos. Así pues, y en lo que se refiere al impulso legislativo, si es cierto que nosotros no tenemos nada que ver en ello porque la autonomía de las Cámaras es tal que lo deciden ustedes y el mérito es suyo, tampoco tendremos nada que ver en que éstas no prosperen.
No, señoría. Yo creo que todos tenemos responsabilidad, y yo asumo lo bueno y lo malo de la misma. Creo que en ese tema ha habido un cambio sustancial y ha habido progreso, de la misma forma que también le digo que ha habido progreso en lo que se refiere a la admisión de enmiendas en el trámite presupuestario; lo hubo en los presupuestos que se han tramitado en diciembre de 2005 respecto de los que se tramitaron en diciembre de 2004. ¿Y ello por qué? Pues porque en la primera tramitación prosperó el veto, en tanto que en la segunda ha habido posibilidad de negociar, de hablar y de admitir un buen número de enmiendas por parte del grupo que sustenta al Gobierno en el trámite del Senado. Y lo mismo le puedo decir respecto de cualesquiera de las cuestiones que podamos abordar.
Me decía usted que en estos momentos se ha solicitado la presencia de 16 altos cargos en la Comisión de Presupuestos. Señoría, el Gobierno comparece en el Senado cuando así lo acuerda la Cámara según sus propios mecanismos reglamentarios de decisión, y la Mesa de la Comisión de Presupuestos del Senado acordó ayer rechazar la comparecencia de esos 16 altos cargos. Permítame que le diga que en muchas ocasiones se solicitan muchas comparecencias que se acumulan hasta tal punto que hay dos comisiones que piden la comparecencia de la ministra para hablar del mismo tema, como pasa, por ejemplo, con la Comisión General de las Comunidades Autónomas y con la Comisión de Fomento para explicar el PEIT.
Deberían ustedes coordinarse y ponerse de acuerdo respecto de en cuál de las dos comisiones quieren que comparezca la ministra de Fomento.
Si usted analiza los datos podrá comprobar fácilmente que el grado de presencia del Gobierno en esta Cámara es ahora más alto que nunca, y que si ésta hubiera aprobado esas 16 comparecencias, se habrían producido.
Pero, en cualquier caso, la sugerencia que hacía el secretario de Estado, por supuesto con todo el respeto hacia ustedes, era la de que, para agilizar determinada información, que no para otra cosa, hubiera un mecanismo semejante al existente en el Congreso de los Diputados. E hizo esa sugerencia porque se está demostrando que la posibilidad de que comparezcan los subsecretarios en el Congreso está permitiendo una mayor agilidad a los efectos de facilitar información sobre los presupuestos de cada departamento. Pero es evidente que ésa es una decisión soberana de la Cámara, y lo único que hacemos en el ejercicio de esa función de cooperación y colaboración que ustedes demandan, es hacer únicamente una sugerencia. Y en relación con el presupuesto también quiero señalar que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, que es el responsable de la ejecución presupuestaria del Gobierno y quien dispone de los datos de ejecución, comparece cada cuatro meses ante esta Cámara.
Por lo tanto, señoría, creo que hemos mejorado razonablemente, creo que tenemos que mejorar muchísimo más y creo que es imprescindible abordar determinadas reformas. Ya sé que usted no quiere que hoy hablemos aquí de ellas, y no voy a hacerlo, pero sí tengo que mencionarla porque me parece que hablar del funcionamiento constitucional del Senado y no hablar de la necesidad mayoritaria y socialmente sentida de que es necesario abordar una reforma en profundidad sobre el funcionamiento de esta Cámara es cerrar los ojos a la realidad.
En cualquier caso, le reitero que sobre educación van a tener un debate esta tarde. Pienso, y ahí discrepo, que sí ha habido un debate sobre educación en este país. Llevamos un año debatiendo el proyecto de ley orgánica de educación, un año. Ha habido un nivel de consenso con toda la comunidad educativa como no se había producido hasta ahora. No ha habido un acuerdo con ustedes porque no han querido, pero incluso las mayores observaciones que ustedes planteaban en relación con la ley orgánica de educación están incorporadas. A mí me gustaría mucho que se unieran a ese consenso y que el mismo se produjera en el trámite de la ley orgánica de educación en el Senado. Lo mismo le puedo decir en relación con la Formación Profesional --ahí hay mucha información de los pasos que ha

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ido dando este Gobierno-- y con la OCM de la remolacha y del azúcar.
Señoría,son muchos los asuntos en los que este Gobierno está trabajando y cuya información está a disposición de esta Cámara.
En cualquier caso, le agradezco su disposición al diálogo. Sabe que este Gobierno está siempre abierto al mismo. Entre todos deberíamos contribuir a que cuanto antes se abordase lo que es más importante para el funcionamiento constitucional de esta Cámara, y es sentarnos a discutir.
Va a haber en los próximos meses una auténtica reforma constitucional, que permita que esta Cámara sea una Cámara de representación territorial y haga su función de acuerdo con el deseo de la mayoría de los ciudadanos, de los grupos políticos y con el espíritu constitucional del propio legislador.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


-- DE DON JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS PLANES QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO QUE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS VIENEN SUFRIENDO COMO CONSECUENCIA DE LA INFLACIÓN Y DE LA SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS (S. 670/000100).


El señor PRESIDENTE: Interpelación del senador Sánchez-Simón Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los planes que tiene previsto desarrollar el Gobierno para frenar la pérdida de poder adquisitivo que las familias españolas vienen sufriendo como consecuencia de la inflación y de la subida de los tipos de interés.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra el senador Sánchez-Simón.


El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. Los datos macroeconómicos que nos ofrecen las distintas instituciones como el Instituto Nacional de Estadística fundamentalmente, los órganos correspondientes dentro de la Unión Europea, o el propio Banco de España, nos ponen de manifiesto una realidad fuera del dato macroeconómico. Basta decir que el año 2005 cerró en España con una subida de precios del 3,7 por ciento; que en enero de 2006 esa subida se convirtió en un 4,2 por ciento y que en el mes de febrero se ha mantenido, no subió el IPC y por el efecto de la interanualidad se redujo del 4,2 al 4 por ciento. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de inflación.
Por otra parte, nos encontramos con que, como consecuencia de las decisiones en materia de política monetaria y de las distintas acciones que se están realizando, los tipos de interés han subido en un año cerca de un punto, el tipo de interés de referencia en los créditos hipotecarios, el euribor, ha subido cerca de un punto. La última subida se ha producido hace bien poquito tiempo y en una hipoteca normal de 120.000 euros, de 20 millones de las antiguas pesetas, a un plazo de 20 años suponga una cuota mensual de unos 46 euros. Pero ese efecto es mucho mayor si se tiene en cuenta que habitualmente la revisión de la hipoteca se realiza cada seis meses o cada año y que en estos momentos la subida puede estar rondando entre los 120 y 180 euros para la cuota de la hipoteca.
Estos son los datos macroeconómicos, que representan parte de la realidad. Pero la realidad de la familia es otra. La mayor parte de las familias, la casi totalidad, en torno al 90 por ciento tiene rentas con enorme rigidez, con una absoluta imposibilidad para adaptarse a los efectos de la inflación. En el 90 por ciento de las familias, las rentas proceden del trabajo, ya se trate de trabajo activo o de pensiones o son pequeños o medianos empresarios. Todas ellas muestran una baja capacidad de adaptación a la inflación. Por tanto, la renta disponible se ve visiblemente diezmada como consecuencia de los efectos de la inflación y de la subida de los tipos de interés, teniendo en cuenta que la mayor parte de las familias tenemos una hipoteca.
Es cierto que estamos en el siglo XXI, y que España forma parte de la Unión Europea y que determinadas políticas económicas no dependen exclusivamente del Estado español, de nuestro Gobierno, pero también es cierto que el problema existente también requiere medidas y que, si bien el catálogo de las que puede aplicar el Gobierno es pequeño, éstas sólo resultar eficaces si se adoptan.
Habitualmente, cuando se habla de economía, no se suele decir que las familias, que usan algún medio de transporte, por ejemplo, para trasladarse al puesto de trabajo, han visto aumentado su precio en más de un 20 por ciento en los últimos cuatro años. Tampoco se suele decir que la persona que quiere acceder a una vivienda ha visto cómo se incrementaba su precio en más de un siete por ciento en el último año.
Tampoco se considera que la familia ha visto incrementar aproximadamente en un 20 por ciento durante los últimos cuatro años el precio de la cesta de la compra. Es cierto que en comunicaciones se ha efectuado una reducción de los precios, pero también es una realidad que el precio de los servicios, algunos de primera necesidad, se ha elevado en más de un 20 por ciento durante los últimos cuatro años.
Por tanto, tenemos la necesidad de que el Gobierno adopte algunas de las medidas que figuran en el catálogo del que dispone. No se puede decir que no disponemos de competencias, que las políticas monetarias corresponden a otros ámbitos, ni que las grandes magnitudes van de maravilla y que el producto interior bruto ha sufrido un incremento grande, por encima de la media de la Unión Europea, porque, aunque este dato es cierto, también lo es que el nivel de bienestar de los ciudadanos se ha ido reduciendo, fundamentalmente como consecuencia de la inflación.
Pero esta inflación no afecta sólo a ese 90 por ciento de familias que no puede adaptar sus rentas de forma inmediata a la situación actual y que claramente pierde capacidad

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de gasto, sino que además afecta de forma particular a todas aquellas cuyo reparto de renta disponible se destina de forma sustancial a bienes de primera necesidad, por lo que el nivel de ahorro se reduce cada vez más. Pues bien, no solamente se produce ese efecto, el llegar o no llegar a fin de mes, que es grave, importante, relevante y dramático, sino que también tiene un efecto añadido, que es el que se produce respecto a la competitividad de nuestras empresas y de la competitividad de nuestra economía. El dato está claro: en el sector de exportación tenemos una cifra baja, que, además, la estamos reduciendo, según el último dato del último trimestre; nuestros productos cada vez son más caros; tenemos dificultades para llegar a ellos; tenemos efectos que también se empiezan a traducir en cifras y en datos macroeconómicos, como es la confianza de los consumidores que se ha reducido en este último trimestre --éstos son los datos del informe del Banco de España-- o las compras en el comercio minorista o las matriculaciones de vehículos, fundamentalmente vehículos a particulares.
Todos estos datos, como digo, son significativos, importantes y requieren por parte del Gobierno que actúe con eficacia, es decir, que actúe de forma diferente a lo que ha venido haciendo recientemente.
Es fácil efectuar críticas a determinados ministerios encuadrados en el área económica o en el área de fomento, pero en cuanto al Ministerio de Vivienda, que está en el más absoluto vacío y que, por supuesto, no está adoptando ni media medida para reducir el precio de la vivienda con elementos tan necesarios como la oferta de suelo o la oferta de edificaciones, cuyo único planteamiento es repartir zapatillas para que la gente vaya a ver pisos creo, señorías, que es evidente que lo menos que se puede exigir es esa mínima eficacia y que esa mínima acción real no se quede en una anécdota y, si no, que se suprima ese ministerio.
En cuanto a las acciones del ministerio de industria, ya debatidas en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, su mayor preocupación recientemente ha sido incidir en las empresas privadas, incidir en Endesa, principal empresa de distribución y producción de energía eléctrica, con una finalidad de apoyo político a otra empresa para favorecer su desarrollo y unas determinadas actuaciones, que no las comprenden ni los accionistas ni los consumidores ni absolutamente nadie, y cuyo resultado ha sido --como ya dije en este pleno-- meter a esa sociedad en un follón terrible. El resultado ha sido sacar al mercado a Endesa --que nace de la fusión de otras empresas--, con un claro programa de negocio --yo no soy quien lo va a defender, ni siquiera soy accionista-- y el Gobierno apuesta claramente para que se efectúe su adquisición por otra sociedad. Eso produce un revulsivo dentro de todas las empresas mundiales, pero fundamentalmente europeas, para gastar mercado, para producir crecimiento sobre la base de la incorporación de nuevos consumidores a esas otras empresas y ahora el Gobierno se encuentra con un enorme dilema: se tiene que oponer al plan de negocio que tenía la compañía con unos criterios que Europa no acepta, se tiene que oponer a la decisión que puedan tomar los accionistas pudiendo dar lugar a un incumplimiento de la normativa europea, dando a entender que probablemente seamos los consumidores quienes paguemos en la factura de la luz todos los inconvenientes que se están planteando.
No son medidas que desde esta tribuna vayamos a plantear, no son medidas eficaces; son medidas que tratan de recoger un capricho del Gobierno en un momento determinado, capricho que va a tener unos costes que vamos a pagar todos los ciudadanos.
La mayor preocupación del Ministerio de Trabajo es recoger las diferencias existentes entre el grado de satisfacción que tiene el equipo de Gobierno y la realidad social. Mientras que el ministro está contentísimo de su actuación, cosa que me parece bien, los agentes sociales no lo están tanto, y cuando el representante de la patronal hace manifestaciones con cierta espontaneidad pone de manifiesto hacia dónde van los tiros. No se está efectuando ninguna actuación para llevar a cabo la reforma del mercado laboral, que es imprescindible.
En definitiva, señor ministro, lo que pretendemos al plantear esta interpelación es que nos diga qué es lo que se va a hacer. En primer lugar, si al Gobierno le preocupa la inflacción, la reducción de la capacidad de ahorro, la reducción del bienestar de la familia como consecuencia de la subida de los tipos de interés, de los gastos financieros, de las hipotecas y del índice de los precios al consumo. En segundo lugar, qué medidas tiene planteadas el Gobierno para conseguir la máxima eficacia y qué elementos pretende cambiar para que, en definitiva, consigamos un mayor bienestar de los ciudadanos y de las familias.
Confío y espero, y creo que toda la sociedad, que el Gobierno tenga un plan y que entienda que en este caso, como en tantos otros, la eficacia no se presume sino que hay que determinarla, hay que precisarla y, en este caso, hay que imponerla.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, entre el batiburrillo de temas que usted ha planteado, muy pocos tienen que ver con su interpelación; sin embargo, hay uno al que me quiero referir, el de la eficiencia y eficacia. Usted me ha planteado un asunto referido a la industria y a la energía y me pregunta qué vamos a hacer. Pues vamos a hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ustedes. No vamos a liberalizar sin regular el mercado ni vamos a hacer el reconocimiento de tarifas para el futuro de tal forma que traslademos el problema a nuestros sucesores. Lo que vamos a hacer es intentar hacer las cosas bien y hacerlas de forma correcta.
Hay dos formas de plantear la cuestión: hablando de chascarrillos de prensa, que si usted quiere yo estoy encantado de plantearlo así, o hablando sobre datos reales y sobre cifras concretas, que en mi opinión es más útil para entender lo que está pasando en España y para entender de qué estamos discutiendo.


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¿Por qué aumenta la inflación en España? Una parte muy sustancial es consecuencia del incremento del precio del petróleo; del 4 por ciento del IPC del mes de febrero, 1,24 puntos corresponden al componente energético, y a esta incidencia hay que añadir los efectos indirectos del aumento del precio de la energía sobre otros elementos, como el transporte. Les recuerdo que en su pedido tampoco se aumentaban ciertos transportes, especialmente los públicos, para evitar cuestiones de inflación, y me estoy refiriendo al caso de Renfe.
Hasta ahora, los efectos de la segunda ronda han sido limitados y la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, se mantiene en una cifra relativamente baja; por cierto, les recordaré que con un precio del petróleo claramente inferior en los años 1999 y 2000, su inflación subió también al 3,5 por ciento y la subyacente al 2,7 por ciento, y estamos hablando de unas diferencias entre 30 y 60 dólares; posiblemente sean datos interesantes para saber de qué estamos debatiendo.
En España, la mayor incidencia en los incrementos en los precios internacionales del crudo sobre la tasa de inflación ha tenido un mayor impacto como consecuencia de varios factores. Primero, la elevada dependencia energética en nuestro país, a lo que contribuye también que no hayan hecho ustedes nada para reducir el consumo energético por unidad de producto en los últimos años. Segundo, la estructura impositiva de los impuestos de carburantes y combustibles, que tampoco han aumentado ustedes, y no han llegado a los mínimos comunitarios para mantener los precios más bajos, pero alguien tendrá que hacerlo, porque son obligaciones comunitarias existentes.
En este escenario, y considerando que el precio de la energía es ajeno al control del Gobierno, las mejoras esperadas de inflación dependerán básicamente de la evolución de los precios del petróleo. Una vez superado el efecto del alza del petróleo veremos una caída de la inflación, a la que debe contribuir también la composición del crecimiento económico al moderarse la demanda interna en paralelo a una mejora progresiva de las exportaciones. Si observan ustedes las cifras del año 2005 y las de los primeros meses del año 2006, comprobarán que la demanda externa tiene una detracción algo inferior al crecimiento total que obtuvo en años anteriores.
El punto fundamental que nos interesa es qué ha sucedido con las rentas de las familias. Evidentemente, en términos reales se ven afectadas por la subida de precios energéticos; sin embargo, los datos disponibles de estadísticas no avalan en absoluto que se haya producido una pérdida de valor adquisitivo. La Contabilidad Nacional estima un crecimiento nominal de la renta disponible bruta de las familias del 6,8 en 2004 y del 6,6 por ciento en 2005; hoy se acaba de publicar la encuesta de presupuestos familiares y podrá usted ver las cifras, que son muy superiores en ambos casos a los incrementos del IPC del 3 y del 3,4 por ciento.
El aumento de las rentas, muy por encima del IPC, se debe, entre otras razones, a que los grupos más desfavorecidos, como los pensionistas, y especialmente las pensiones mínimas, tienen no solamente garantizado sino mejorado su poder adquisitivo; estas son decisiones del Gobierno, pero también se debe a que las rentas salariales se han beneficiado de un fuerte aumento del empleo; además, en cuanto a la remuneración, a pesar de tener un ritmo relativamente moderado, el crecimiento también ha compensado el empleo asalariado, de tal forma que la masa salarial ha crecido un 6,1 por ciento, frente a una inflación del 3,4 por ciento.
Si además analizamos la negociación colectiva, puede comprobarse que en los incrementos salariales pactados, incluida la cláusula de revisión salvaguardias y salarial, sistemáticamente se permite respetar la inflación real en los últimos años, siendo la diferencia entre las dos magnitudes en el año 2005 de medio punto porcentual de ganancia de poder adquisitivo de los salarios de convenio.
Por tanto, hasta ahora, en ningún caso comparto las preocupaciones que tiene su señoría. También debe matizarse el impacto que las subidas de los tipos de interés tienen sobre la economía familiar. Si bien es cierto que el aumento de los tipos supone el incremento de las cargas de intereses pagadas en los préstamos hipotecarios y, por tanto, una merma de poder adquisitivo, también es cierto que se reciben intereses, cuyo volumen es aproximadamente el doble de los intereses pagados, lo cual no quiere decir que no haya familias concretas para quienes su situación no case exactamente con lo expuesto. En 2004, según la Contabilidad Nacional, los intereses recibidos fueron de 17.000 millones de euros y los pagados 8.700 millones de euros. En todo caso, y debido a las condiciones de la economía española, los tipos de interés son todavía bajos e, incluso, negativos en términos reales. Por lo tanto, ese no es el problema fundamental. Las subidas que puedan llevarse a cabo de acuerdo con las decisiones del Banco Central Europeo, y según lo que conocemos, serán moderadas y graduales y no crearán problemas en la economía española, sino que ayudarán a controlar la inflación al moderar la demanda de consumo a las familias.
Si observamos los análisis de sensibilidad, comprobamos que las subidas graduales y razonables de los tipos pueden asumirse perfectamente, sin que aparezcan problemas de empleo o crecimiento. A este hecho contribuye la mejora de la renta disponible de las familias. No hay que olvidar tampoco que una parte significativa de las hipotecas hoy existentes fue contraída bajo condiciones financieras menos favorables, por lo que, en combinación con la mejora de la renta de las familias, presumimos que aumentos graduales y anticipados en los tipos serán perfectamente asumidos por los ciudadanos.
Un elemento importante cuando nos comparamos con Europa, sobre todo en términos de competitividad, es el diferencial de inflación, sobre todo frente a la zona euro, que tiene mucho que ver con el fuerte dinamismo de la demanda interna española. La demanda nacional, pese a la moderación reciente, ha contribuido con 5,3 puntos porcentuales al aumento real del PIB del año 2005. Indudablemente, el Gobierno está preocupado por la inflación y está siguiendo distintas líneas de actuación con el objetivo de frenarla. No disponemos de una política monetaria propia, por lo que tenemos que prestar más atención a la política

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fiscal. Ésa es la razón por la que hemos planteado la necesidad de respetar las leyes de estabilidad, y ésa es la razón por la que, por primera vez en la historia y como resultado de la liquidación presupuestaria, hemos obtenido un superávit para el conjunto de las administraciones públicas de un 1,1 por ciento del PIB en el año 2005. Esta cifra no tiene precedentes desde la transición política.
Es cierto que la disciplina fiscal, junto a la evolución alcista de los tipos de interés, puede afectar gradualmente a la demanda agregada y, por tanto, a las presiones inflacionistas, lo que a corto plazo terminará por reflejarse en los índices de inflación. Tal y como he dicho, una parte importante del incremento de la inflación se debe a la energía, componente respecto al cual el Gobierno tiene unas posibilidades limitadas a corto plazo, aunque algunas tenemos. El reciente paquete de medidas relativas al mercado eléctrico debería tener un impacto perceptible a la baja en los precios de la electricidad. En último término, existe un encarecimiento de la materia prima energética, sobre la que el Gobierno tiene una capacidad de influencia limitada, excepto si hacemos lo que ustedes hicieron, es decir, reconocer todo el déficit de tarifa, pero no incrementarla, dejando el problema y el incremento de la tarifa a los que vienen detrás.
Junto a estas, hay otras medidas de coyuntura económica orientadas a medio y largo plazo, con menores efectos inmediatos, pero mucha mayor importancia a la hora de elevar nuestros niveles de prosperidad futura.
Por ejemplo, el peso de la energía en la cesta de la compra y, sobre todo, la menor utilización de la energía. Por eso, el Gobierno ha adoptado medidas para hacer frente a estos problemas: el Plan de ahorro y eficiencia energética 2005-2007, que debe disminuir los altos niveles de consumo de energía que hoy registra nuestra economía, y el Plan de energías renovables 2005-2010, que debe disminuir la dependencia española de las energías tradicionales, elevando gradualmente el peso de las renovables. Durante las dos legislaturas anteriores la eficiencia energética y las energías renovables no fueron, en absoluto, aspectos prioritarios de la política económica. Por el contrario, este Gobierno atribuye una gran relevancia a estos objetivos, claramente perceptible en los dos planes citados. Ambos han sido discutidos y han recibido una notable dotación financiera. Y con ello esperamos orientar a medio y largo plazo la economía española hacia un patrón energético más sostenible.
El segundo gran conjunto de medidas adoptadas en este horizonte a largo plazo es el Plan de Dinamización e Impulso de la Productividad, que contiene un programa de reformas económicas para toda la legislatura referido a cinco áreas: defensa de la competencia; mayor competencia en bienes, servicios y factores; impulso del I+D+I, y mayor calidad y eficiencia de las finanzas públicas, así como la mejora del marco regulatorio. Este plan fue acompañado de un paquete no despreciable de medidas, articuladas a través de numerosas iniciativas legislativas. Y si bien los efectos derivados de la puesta en marcha de las reformas contenidas en el plan no se han materializado totalmente a corto plazo, aunque sí la mayoría, sus efectos sobre la economía y, en concreto, sobre la inflación serán positivos, ya que facilitarán la transición hacia un patrón de crecimiento más equilibrado, en el que la aportación exterior al crecimiento económico sea mayor.
Por otro lado, las medidas del plan de dinamización contribuyen a flexibilizar la oferta agregada mejorando su capacidad de respuesta ante posibles «shocks» o ante presiones en la demanda, que en caso contrario se traducirán en crecimientos de los precios. En este sentido se orientan las medidas dirigidas a mejorar el nivel de competencia en los mercados de bienes y servicios, ayudando a contener los márgenes empresariales y a mejorar la formación de los salarios, con el objetivo de garantizar una evolución acorde con la productividad.
Pensamos, por tanto, que la inflación va a ir reduciéndose. Pensamos que sus afirmaciones en cuanto a pérdida de poder adquisitivo no son correctas. Pensamos que la energía juega un papel fundamental en todos estos temas. Y es cierto que la transferencia en recursos de un país a otro significa que todos pagamos la energía más cara y que cada uno deberá hacer frente a ese coste de la energía, salvo si lo traslada a otros, que es lo que, lógicamente, todo el mundo pretende, pero que es la peor de las soluciones en términos económicos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sánchez-Simón.


El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que después de oírle me ha resultado absolutamente sorprendente que el Gobierno entienda que las familias están cada vez mejor, que, por supuesto, llegan a fin de mes, que, además, el Partido Popular tiene la culpa de todo, y que parafraseando a Catón el Censor --se lo voy a decir en latín--, «omnia rei popularum delenda sunt». Es decir, todo aquello que hizo el Partido Popular hay que destruirlo.
Señor vicepresidente del Gobierno, respecto a los chascarrillos de los periódicos, la verdad es que leo la prensa como la lee usted, pero aparte de leer la prensa generalista leo también la información económica y algo que no es un chascarrillo de prensa, que es el Boletín Económico del Banco de España de febrero del año 2006. Allí se dice que el gasto interno ha observado una apreciable ralentización del consumo privado y de la construcción. Asimismo, dice que en los indicadores de consumo privado se aprecia un cierto debilitamiento, o que las matriculaciones --antes le di el dato, que fundamentalmente se refiere a particulares--, disminuyeron en enero en tasa interanual, o que el incremento del endeudamiento de las familias ha subido de una forma muy considerable, particularmente a finales del año 2005.
También leo la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, que yo creo que es algo bastante serio, y pone que la enseñanza ha subido un 3,9 por ciento; que los hoteles y restaurantes han subido un 4,5 por ciento; que la vivienda ha subido un 7,8 por ciento; que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido un 4,3 por ciento; que las

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bebidas alcohólicas y tabaco han bajado un 0,5 por ciento --esto es consecuencia de la respuesta que dieron las compañías tabaqueras a la política del Gobierno--, y así sucesivamente. Esos son los datos que, fundamentalmente, utilizo para defender esta interpelación, datos que, además, entiendo que son los que debe utilizar el Gobierno para adoptar medidas y considerar si la cuestión debe ser analizada y tomar o no tomar decisiones.
Señoría, entiendo que hay que tomar medidas antes de que sea excesivamente tarde, medidas eficaces que no se queden en discursos más o menos bonitos, más o menos inteligibles o absolutamente ininteligibles.
Hay que tomar medidas en las que claramente los ciudadanos aprecien que, efectivamente, su bolsillo le da más de sí, porque al final se trata de eso, de medidas que den un mayor bienestar y un reparto más justo y equitativo de la riqueza y de la carga tributaria.
Usted ha dicho, y tiene razón, que en lo que mayor libertad tiene el Gobierno es en política fiscal. Usted ha anunciado una reforma fiscal, aprobada por el Consejo de Ministros, en la que se van a tomar tantas y tan buenas medidas que van a resolver muchas cosas. Habla de que va a haber sencillez en el régimen de imputación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero esa sencillez consiste en que se quitan la mayoría de las deducciones, o que la deducción por inversión en vivienda se va a reducir del 25 y del 20 por ciento los dos primeros años al 15 por ciento exclusivamente, o que las aportaciones a los planes de pensiones se van a reducir, o modificaciones que probablemente van a suponer que las familias de dos o más hijos van a tener mayor carga tributaria, o que la fiscalidad al ahorro también va a aumentar del 15 al 18 por ciento.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Son medidas, en definitiva, que el Gobierno introduce porque está facultado para ello, pero entiendo que no lo hace con la correspondiente y clara eficacia. Esto es un juicio de valor, pero la realidad va a ser la que es, y la realidad es la que está recogida en esos informes estadísticos.
Tanto mi grupo parlamentario como yo entendemos que si el Gobierno estima que todo va estupendamente y que no hace falta introducir nuevas medidas, seremos nosotros quienes las plantearemos en la correspondiente moción consecuencia de esta interpelación. Y entiendo que el Gobierno no las apoye, pero espero que, por lo menos, reflexione sobre ellas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría.
Los informes dicen todas esas cosas que usted dice y muchas más, lo que pasa es que los informes hay que leerlos en su contexto y plantearlos no de forma aislada.
Es verdad que el índice de confianza de los consumidores baja en enero y en febrero como consecuencia de las expectativas en construcción. Eso ya lo sabemos, pero también sabemos que un indicador de confianza de dos meses no quiere decir nada. Las matriculaciones de los vehículos bajan, por supuesto. Pero ¿cuánto habían subido antes? No está bajando la matriculación de vehículos; lo que está bajando es el crecimiento de la matriculación de vehículos. El endeudamiento de las familias: ahí tiene usted razón; teníamos un endeudamiento de alrededor del 70 por ciento del PIB, y ahora estamos en más del 100 por cien. Pero ¿dónde ha ido ese endeudamiento? ¿Por qué no compara usted la situación financiera de las familias en este momento con la anterior, y mira en qué han utilizado este recurso? Vería usted que la propiedad de viviendas de los ciudadanos representa el 400 por cien del PIB. Por tanto, se han utilizado esos recursos para comprar otras casas.
Léase la encuesta de presupuestos familiares del cuarto trimestre de 2005 --se lo digo porque ha salido esta mañana, y por nada más--; aclarará sus dudas. Leo casi textualmente: El gasto total del consumo de los hogares, en términos constantes, ha aumentado un 6,4 por ciento en el cuarto trimestre de 2005 frente al mismo trimestre del año anterior. Este dato está en consonancia con la estimación de la evolución del consumo en contabilidad nacional y continúa. El gasto en consumo final de los hogares, en términos brutos, aumenta del 3,5 hasta el 4 por ciento este año. Evolución del consumo en 2005: en su conjunto, ha aumentado un 6,6 por ciento respecto a 2004. En este caso, la tendencia positiva de este dato no coincide con lo estimado por contabilidad nacional, cuya tasa se mantiene más estable. Pero se debe a que la contabilidad nacional incluye gastos estructurales, cuya evolución amortigua el crecimiento del dato global. Ahora le leo lo que puede ser más interesante para usted: Percepción subjetiva del momento económico: los resultados sobre la percepción subjetiva de la economía arrojan resultados positivos en sus tres categorías. Por un lado, el porcentaje de los hogares que pueden dedicar algún dinero al ahorro aumenta en el último año del 38,6 al 39,5 por ciento. Por su parte, un 45,1 por ciento de los hogares manifiestan que llegan a fin de mes con algún grado de facilidad, frente al 44,4 del pasado año; por tanto, la situación es algo mejor. Por último, el porcentaje de hogares que consideran el momento actual adecuado para realizar compras importantes aumenta cuatro puntos, pasando del 44 al 48 por ciento.
De modo que si analiza qué percibe la gente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, verá que está más en mi línea que en la suya.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, vicepresidente.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

-- PROPOSICIÓN DE LEY DEL MEDICAMENTO Y DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO) (S. 622/000032).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley del Senado: proposición de ley del medicamento y de la prestación farmacéutica. Autor: el Grupo Parlamentario Popular.
Para la exposición de la misma, tiene la palabra la senadora Casado.


La señora CASADO SOBRINO: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender la toma en consideración de una proposición de ley del medicamento y de la prestación farmacéutica.
A estas alturas del debate parlamentario, todos nos hemos respuesto ya de la sorpresa que supuso la sesión parlamentaria del jueves pasado en el Congreso de los Diputados. En ella quedó claro que meses de negociaciones y reuniones no habían conseguido avanzar en un mal texto. Pero parece ser que todo ha cambiado en 24 horas. La sorpresa que nos produjo el debate de este proyecto de ley en el Congreso la semana pasada --y no sólo a mi grupo, sino también a todos los demás, exceptuando a Convergència i Unió y a Esquerra-- nos deja sin saber cuál es el texto sobre el que seguir trabajando. A la espera de que se consensúe un texto razonable, presentamos esta proposición de ley para su toma en consideración.
En junio de 2005, el Gobierno presentó un borrador de anteproyecto de ley de garantías y de uso racional de los medicamentos y los productos sanitarios que reflejaba voluntad de cambio de la legislación vigente sobre prestación farmacéutica. Sin embargo, el texto contenía muy pocas modificaciones y estaba plagado de lagunas; lagunas que inquietaban profundamente al sector sanitario y a los usuarios.
Es cierto que había que hacer frente a modificaciones legislativas, por lo que el Partido Popular presentó, en septiembre de 2005 --señorías, en septiembre de 2005-- un texto que recoge el sentir del sector del medicamento y de la sociedad, y creemos, señorías, que es un texto coherente. Quiero dejar claro que si este texto se hubiese empezado a tramitar en septiembre, cuando fue presentado por el Partido Popular, probablemente ahora ya tendríamos elaborada la ley del medicamento que todos queremos, que garantizaría la mejor de las posibles prestaciones farmacéuticas en España.
Señorías, la legislación que era válida hace quince años se ha visto superada por la evolución de nuestro sistema sanitario descentralizado y por la evolución del propio mercado farmacéutico. Además, han surgido nuevas directrices que marca la Unión Europea y que hemos de asumir en nuestra propia legislación. Es necesario, asimismo, afrontar reformas que supongan un avance de las políticas del uso racional de los medicamentos e incorporar todas las posibilidades de investigación y desarrollo que ponen a nuestro alcance las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Hemos de ser capaces de poner las nuevas tecnologías al servicio de los usuarios de la sanidad; hemos de ser capaces de servirnos de ellas para conseguir una mejor atención a los pacientes. Tengamos en cuenta que la sociedad de la información debe llegar al ámbito sanitario de modo que, por ejemplo, podamos disponer de listados nacionales de todos los asegurados, dentro del Sistema Nacional de Salud, o de historiales clínicos únicos de cada paciente, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan, y preservando siempre, por supuesto, la confidencialidad que se debe de exigir.
A todo ello hemos de unir, destacándolo de forma principal, las legítimas expectativas de los ciudadanos de mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Si analizamos la última encuesta de los índices sanitarios, presentada recientemente por la señora ministra de Sanidad, veremos que los usuarios valoran muy positivamente los medios tecnológicos y los medios profesionales, y sin embargo suspenden la coordinación y el funcionamiento de los sistemas sanitarios. En definitiva, señorías, nos están pidiendo nuevas inversiones en el sistema.
Por todo ello, hoy se hace necesario presentar ante la sociedad un texto legislativo que aglutine todas las expectativas y las necesidades de un sector primordial, un sector como el de la prestación farmacéutica, que genera una especial sensibilidad en toda la población. A diario se producen en España más de 150.000 dispensaciones de medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud. A éstas debemos añadir las dispensaciones provenientes de prescripciones de la sanidad privada, y con todo este volumen de prestación farmacéutica, señorías, los pacientes valoran muy positivamente la atención que reciben dentro del sistema sanitario, y aprueban especialmente la calidad, la accesibilidad y la equidad que demuestra este servicio, principalmente en los pequeños núcleos de población.
Oyendo los comentarios de diputados socialistas el pasado jueves en el Congreso, cualquiera podría pensar que la situación actual de la prestación farmacéutica en España está sumida en un caos, y esto, señorías, no es así como demuestra la buena valoración que hacen de la misma los usuarios. Aun así, se hace necesaria una nueva ley de medicamentos que recoja la realidad de la prestación farmacéutica en España y de la sociedad española en constante evolución; y nuestro deber, a la hora de legislar, debe ir encaminado a garantizar la calidad asistencial como un objetivo permanente. Con la legislación actual el paciente ya disfruta de esas garantías, luego debemos de ser muy cautos a la hora de introducir nuevas reformas que puedan poner en peligro los derechos de los que ya hoy gozan todos los pacientes, y esto es lo que pretendemos con el texto que hoy presentamos para su toma en consideración.
Es un texto que tiene en cuenta la necesaria solidaridad interterritorial y la participación de las comunidades autónomas

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en la política del medicamento y de los productos sanitarios. No olvidemos que son las comunidades autónomas las competentes en cuanto a la gestión de los servicios sanitarios, y que son muchas las comunidades autónomas que ya han legislado --y otras tantas las que lo están haciendo en este momento-- sobre regulación en la gestión de la prestación sanitaria.
Esta ley debe establecer el marco de colaboración entre las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo. La falta de coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad está generando diferencias en la gestión de la Sanidad entre las distintas regiones de España.
Según palabras de la propia ministra en su comparecencia ante la la Comisión de Sanidad en la última sesión celebrada en esta Cámara, el 98 por ciento de la cartera de servicios que reciben los pacientes coincide en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, si no establecemos los mecanismos de colaboración adecuados, ese 2 por ciento restante puede convertir en desigualdad lo que hoy son simples diferencias.
Por otra parte, es necesario que de una vez por todas seamos capaces de articular las reformas precisas que confieran estabilidad al sector del medicamento, de tal manera que éste no se encuentre sumido en un marco de inseguridad jurídica y económica que le impida avanzar en beneficio de la sanidad en su conjunto. Por ello, el texto que hoy les presentamos recoge buena parte de los argumentos expuestos por el sector de la industria farmacéutica, por la distribución, por las oficinas de farmacia y por los médicos y usuarios.
En este proyecto de ley apostamos de forma clara por una política de prescripción y de dispensación de medicamentos genéricos, articulando las necesidades de homogeneización de los envases y la denominación de estos fármacos siempre bajo criterio científico y olvidándonos de denominarlos bajo marcas de fantasía, puesto que ello dificultaría la implantación de una cultura de genéricos en España.
Este texto que presentamos para su toma en consideración, señorías, pretende sumar, nunca restar. Es un texto con el que pretendemos buscar el consenso y admitir nuevas aportaciones. Hemos elaborado una proposición de ley del medicamento estando en permanente contacto con el sector y en sintonía con sus demandas profesionales para que podamos contar con una ley estable a lo largo de los años que garantice la prestación farmacéutica que todos deseamos y que genere estabilidad en la industria farmacéutica, en la distribución farmacéutica y en las oficinas de farmacia.
Nuestra proposición de ley, reconociendo la preparación y la formación de los profesionales sanitarios en España, favorece la cooperación entre médicos y farmacéuticos, siempre en beneficio del paciente. Es una ley que colma las necesidades de pacientes y usuarios y da respuesta a sus necesidades, ya que son ellos los verdaderos protagonistas, señorías, y en quienes debe siempre redundar el beneficio que pueda generar esta legislación.
Es una ley que promueve una política de investigación con medicamentos y que apuesta por las nuevas tecnologías. De esta manera podremos abrir nuevas perspectivas y conseguiremos crear una política clara de apoyo al desarrollo científico y a la investigación, lo que nos llevará a la admisión de nuevos medicamentos que beneficien al enfermo.
En este texto sentamos las bases necesarias para incentivar la investigación farmacéutica en nuestro país. Debemos dotar a la industria farmacéutica española de los medicamentos necesarios para que siga siendo una industria innovadora y para que siga generando empleos de calidad, no en vano trabajan actualmente en esta industria más de 100.000 personas en España.
He de decir que en relación con las nuevas tecnologías tenemos por delante retos importantes, y sirvan como ejemplo estos dos: la implantación de la receta electrónica y la trazabilidad de los medicamentos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya, por favor.


La señora CASADO SOBRINO: Termino enseguida, señor presidente.
Pues bien, a la hora de legislar debemos de tener en cuenta que esta trazabilidad ha de servir para llevar a cabo una mejor farmacovigilancia y para que esa trazabilidad no se quede en un mero control de transacciones comerciales. Y en cuanto a la receta electrónica, debemos establecer un marco de desarrollo adecuado dejando claro cuáles son las obligaciones que debe asumir cada agente implicado.
En definitiva, señorías, tenemos que asumir nuevos retos y nuevas realidades, y a ello se dirige esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular y cuyo único objetivo es garantizar una prestación farmacéutica de calidad para todos los españoles con independencia del lugar en que vivan, lo que se basa en un continuo contacto con los sectores sociales, sanitarios, profesionales y económicos presentes en el ámbito de los medicamentos y de los productos sanitarios.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra tiene la palabra el senador López Carvajal.


El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora Casado, doy por hecho que usted conoce el trastorno definido con el nombre de asomatognosia; es decir, la falta de orientación que sufren aquellos pacientes que no pueden definir su propio cuerpo en el espacio.
Haciendo una especie de paráfrasis, yo diría que la moción que ustedes presentan padece de asomatognosia. ¿Por qué digo esto? Porque el discurso que usted ha hecho es totalmente válido para la situación que existía en el año 2003, cuando ustedes gobernaban, pero en absoluto adecuado para el espacio y tiempo político actual: el año 2006.
La toma en consideración de una proposición de ley tiene, como mínimo, que responder a tres premisas: la

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oportunidad política, la viabilidad parlamentaria y la idoneidad de su contenido. Siguiendo este hilo conductor, voy a intentar hacer algunas reflexiones.
Como antes he comentado, su discurso es totalmente válido para la situación del año 2003, pero en absoluto se ajusta a lo que ocurre en este momento. ¿Por qué? Porque usted desconoce o no quiere tomar conciencia de que en este momento hay en el Congreso un proyecto de ley en tramitación; un proyecto de ley al que ustedes han presentado 102 enmiendas y una enmienda a la totalidad con un texto alternativo. No se puede hacer una reflexión política sobre la toma en consideración de una proposición de ley obviando este dato que le estoy comentando. Usted ha reflexionado correctamente al poner de manifiesto que hay que modificar la Ley del medicamento, pero eso ya se está haciendo. Comparto con usted la premisa de que hay que modificar la Ley del medicamento, pero eso no nos lleva a la conclusión de que debamos tener en consideración la proposición de ley que usted ha presentado aquí. ¿Por qué? Porque políticamente no es oportuna, toda vez que está tramitándose en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley.
Como su señoría bien sabe, ustedes han presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo a dicho proyecto de ley; enmienda a la totalidad que ha sido rechazada. Pero ese proyecto de ley no es algo casual, es la conclusión que en política farmacéutica presenta este Gobierno a partir de una serie de iniciativas que se iniciaron en el año 2004. En el mes de junio del año 2004 este Gobierno convocó por primera vez a la Comisión de Farmacia en el Consejo Interterritorial para que se empezasen a elaborar los trabajos sobre la reforma de la Ley del medicamento, y la repuesta de los consejeros del Partido Popular que están representados en dicho consejo interterritorial fue no asistir. En noviembre de ese mismo año, este Gobierno presentó el Plan estratégico sobre el uso racional de los medicamentos. En junio del año 2005 el Gobierno presentó un anteproyecto de ley que fue remitido al Consejo de Estado y a numerosos agentes sociales para que se pronunciasen al respecto, y a ustedes les faltó tiempo, por un sentido puramente oportunista, para presentar una proposición de ley en el Congreso y en el Senado. Le reitero que esta iniciativa no es políticamente oportuna, por lo que ustedes no cumplen la primera de las premisas.
Hay una segunda premisa, que es la viabilidad parlamentaria, y en este sentido conviene hacer una reflexión importante. En el supuesto de que el Senado tomase en consideración la proposición de ley que ustedes proponen, ¿qué ocurría? Ese texto se enviaría al Congreso de los Diputados y allí se iniciaría un trámite absolutamente insólito del que no hay precedente parlamentario desde el año 1978, me refiero a que concurran simultáneamente una proposición de ley con un proyecto de ley cuyas enmiendas a la totalidad ya han sido debatidas en Pleno. O sea, de momento ustedes van a dar más trabajo del que tienen a los letrados del Congreso, que han de resolver esta cuestión; cuestión sobre la que aquellos que han estudiado el artículo 89 de la Constitución, que regula las proposiciones de ley, han manifestado que tienen serias dudas de que pueda simultanearse la tramitación de una proposición de ley y un proyecto de ley.
Por lo tanto, con el mecanismo que ustedes emplean pretenden en el fondo --y usted lo ha dicho insistentemente-- el cumplimiento de una premisa: utilizar la proposición de ley para enmendar un proyecto de ley. Esto no es así. Cuando el constituyente redacta y aprueba el artículo 98 lo que está reconociéndole a las Cámaras es la capacidad legislativa, pero en ningún momento las proposiciones de ley pueden ser un mecanismo para enmendar --repito-- un proyecto de ley. De forma tal que lo que ustedes están haciendo en este momento ya ni siquiera es enmendar, ni siquiera es un acto de oposición, lo que ustedes están haciendo --pienso yo modestamente-- es obstruir el trámite ordinario que tiene un proyecto de ley, en este caso en el Congreso.
Hay una última premisa que le he dicho a usted que, a mi modo de ver, es necesario analizar a la hora de la toma en consideración, y es la idoneidad; es decir, la idoneidad del contenido de la proposición de ley que ustedes nos traen aquí. Yo les quiero decir que el texto que ustedes presentan es un refrito, y ello es así porque está hecho con precipitación --antes se lo he dicho-- y porque la posición del Grupo Parlamentario Popular --en definitiva, del Partido Popular-- sobre la política farmacéutica ha pasado por tantas estaciones desde el año 2003 que ya es difícil saber en cuál de ellas están ahora mismo. Le voy a hacer un pequeño indicador cronológico de cuáles han sido los documentos más importantes que ustedes han presentado a la opinión pública sobre este particular con contenidos sensiblemente distintos.
En primer lugar, el ministerio, en el año 2003, presenta un plan estratégico que no se llega a convertir nunca en ley como consecuencia y como respuesta a una iniciativa presentada en su momento por el Grupo Parlamentario Socialista (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) En el año 2004 --ya gobernando el Partido Socialista-- ustedes elaboran un plan integral en el Foro Alternativo de Valencia, que yo he tenido la curiosidad de leerme. Después, en septiembre del año 2005, ustedes presentan una proposición de ley en el Congreso y en el Senado que es la misma, es exactamente la misma; posteriormente ustedes han presentado 160 enmiendas al proyecto de ley y un texto alternativo que no coincide con la proposición de ley presentada en el Congreso y en el Senado, de forma tal que ahora mismo estamos debatiendo un texto que en el índice cronológico de todas sus manifestaciones sobre política farmacéutica es de los más antiguos, no de los más modernos, porque le recuerdo que entre esta proposición de ley y la enmienda a la totalidad que ustedes presentaron en el Congreso hay 12 sustanciales diferencias --que no es la ocasión en este momento, a mi modo de ver, de exponer aquí.
En definitiva, ¿qué quiero decir con todo esto? Ustedes no tienen más credibilidad que el Gobierno para poder liderar la tramitación de la reforma de la Ley del medicamento, y no la tienen porque la conclusión de las políticas que sobre el sector farmacéutico han llevado ustedes a

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cabo en los últimos ocho años cuando estuvieron gobernando se sintetizan de la siguiente manera: Han tenido una política de genéricos que no es de promoción de los genéricos, sino de contención de los genéricos; han hecho una política de precios de referencia que no ha fomentado la competencia entre los diferentes medicamentos; han conseguido que el ministerio le garantizase a Farmaindustria que, después del convenio firmado en el año 2002, no iba a tomar ninguna medida más de contención del gasto farmacéutico; han hecho que Farmaindustria se presente ante la sociedad como el gran patrocinador de la investigación biomédica en España, con unos acuerdos que son absolutamente cuestionables, tan cuestionables que, por ejemplo, la suspensión de esa cláusula que anteriormente le citaba ha proporcionado que este ministerio recaude 100 millones de euros más en el año 2005 que en los años anteriores; ustedes han hecho que el peso de la contención del gasto farmacéutico recaiga fundamentalmente sobre los mayoristas, sobre las farmacias --y usted eso lo sabe perfectamente--, pero no sobre la industria farmacéutica, y le puedo dar datos absolutamente demoledores en ese sentido. Por ejemplo --y para concluir--, en el año 1996 la participación en el gasto farmacéutico de la industria era del 59,31 por ciento, en este momento es del 67,51 por ciento; por el contrario, los mayoristas participaban en el 8,10 por ciento en el gasto farmacéutico en el año 1996 y en la actualidad lo hacen en el 6,4 por ciento, y las farmacias, que participaban en el 28,8 por ciento, en este momento lo hacen en el 22,18 por ciento. ¿Quién ha soportado el peso de la contención del gasto farmacéutico en este país en los últimos ocho años? Repito, las farmacias y los mayoristas, no la industria farmacéutica.
Por lo tanto, es obvio que este Gobierno tiene más credibilidad para liderar la reforma de la Ley del Medicamento, y daré solo un dato --reservándome algunas líneas argumentales para el próximo turno--: ustedes dejaron el ministerio con un incremento del gasto farmacéutico público del 12,6 por ciento, y en un año este Gobierno lo ha rebajado por debajo del 6 por ciento. Sólo con este dato se demuestra la conveniencia del proyecto de ley presentado por el Gobierno para liderar la reforma de este sector, que todos compartimos que debe reformarse, y no esta aventura jurídico-parlamentaria que ustedes nos proponen y que, como señalaba al principio de mi intervención, desde mi punto de vista, desconoce el espacio y el tiempo en el que se está desarrollando actualmente el sector farmacéutico.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Abrimos un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, senyor president.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy para su toma en consideración una proposición de ley alternativa a la Ley del medicamento en trámite en el Congreso. Las dos iniciativas tienen un mismo fin: poner al día la prestación farmacéutica y el uso racional de los medicamentos después de dieciséis años, ya que la ley en vigor es la Ley 25/1990, de 20 de diciembre.
Durante estos últimos dieciséis años los avances científicos y tecnológicos han sido espectaculares, muy especialmente en el campo de la medicina, pero no solamente hemos avanzado en estos campos sino que nuestra sociedad también ha evolucionado. Todo ello requiere, pues, una puesta al día --no lo dudamos-- para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades, así como a las directivas europeas que se han publicado en estos años sobre investigación, nuevas tecnologías, nuevas enfermedades, nuevas terapias y nuevas necesidades sociales. Las dos leyes nos hablan de fabricación, elaboración, control de calidad, circulación, distribución, comercialización, información, publicidad, importación, exportación, almacenamiento, prescripción, dispensación, evaluación, autorización, registro de medicamentos de uso humano, veterinario o actualización de cuantas personas físicas, jurídicas y profesionales del medicamento se dedican a ello.
En ambas leyes se incorpora el uso de radiofármacos o medicinas no tradicionales, como la homeopatía, en los tratamientos. Quizá la única diferencia --y hasta cierto punto lógica ya que el PP no forma parte del Gobierno-- es que en la suya existe una ausencia de contención del gasto que sí está patente en la presentada por el Gobierno, así como en la disposición adicional novena, relativa a la aportación al Sistema Nacional de Salud por volumen de ventas.
Curiosamente, el Grupo Parlamentario Popular da más libertad a las comunidades autónomas, lo que nos ha llamado la atención, puesto que en función de sus competencias serán los que deban garantizar el uso racional de estos medicamentos. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿por qué no la presentaron hace tres o cuatro años? Tuvieron seis años para hacerlo y no lo han hecho. ¿Por qué lo hacen ahora, en que el momento en que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otra y está en trámite parlamentario? La verdad es que por poco lo consiguen, ya que la semana pasada, en su empecinamiento por no dialogar, el ministerio estuvo a punto de conseguir --ustedes del Partido Popular y nosotros, Convergència i Unió-- que el veto presentado por Esquerra Republicana diera sus frutos y con ello su devolución al Gobierno, abriendo la posibilidad de que este proyecto de ley en trámite en el Senado, volviese de nuevo al Congreso. Hubiese sido curioso.
Por suerte o por desgracia, ha imperado el sentido común y la democracia, es decir, la voz de las Cámaras ha sido oída; el veto decayó y será el proyecto de Ley sobre garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios el que se debatirá en las Cámaras.
Hoy no hablaremos de la titularidad de la red de farmacias una red gratuita, por cierto, que no ha hecho ningún

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gobierno, ha hecho una red que cubre todo el Estado español sin ninguna aportación de la pública. Les recuerdo a todas sus señorías que la red de farmacias es totalmente privada y, por cierto, cubre muchas de las deficiencias de la sanidad pública.
Tampoco hablaremos de ensayos clínicos, de los que estamos interesados en hablar, ya que han evolucionado muchísimo; ni de la industria farmacéutica, un 80 por ciento de la cual se encuentra en nuestra comunidad; ni de genéricos, ni de la relación médico-farmacéutico-usuario, de la que ésta que les habla también tiene mucho que decir; ni de trazabilidad, con la que estamos totalmente de acuerdo. De nada de ello hablaremos ahora, lo haremos en su momento, es decir, cuando el proyecto de ley llegue a esta Cámara.
Nosotros vamos a ser menos intransigentes que el senador López Carvajal; y como estamos de acuerdo con algunos de los artículos de este texto, vamos a pedir al Grupo Parlamentario Popular que cuando el proyecto de ley entre en el Senado presente de nuevo sus enmiendas, unas enmiendas que reflejen parte de este texto, pues seguro que entonces nos podremos encontrar. Porque la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios debe ser una norma que sume el esfuerzo de todos: de la industria, de los farmacéuticos, de los médicos y también de los usuarios. Ésta debe ser una ley que sirva para avanzar, no sólo en el uso de los medicamentos, sino también en la mejor salud de todos los ciudadanos. Ello requiere, como decía, del esfuerzo de todos, del suyo y del nuestro; y ahí nos encontrarán.
Pero hoy, a diferencia de lo que habitualmente hace nuestro grupo parlamentario, vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy ante esta Cámara, día 22 de marzo --lo subrayo--, una proposición de ley del medicamento y de la prestación farmacéutica sobre cuya toma en consideración hemos de posicionarnos. Esta misma proposición de ley se presentó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre de 2005.
Por otro lado, el día 16 de diciembre se publica en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, cuyo debate de totalidad tuvo lugar el pasado 16 de marzo, proyecto al que el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo que difiere en algunos aspectos de la proposición de ley cuya toma en consideración estamos debatiendo en estos momentos. Y en estos momentos debatimos en el Senado la toma en consideración de una proposición de ley que en cierto modo entra en contradicción con el procedimiento seguido hasta ahora.
Señorías, éste no es el momento de debatir el contenido del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, y cuyo debate de totalidad, repito, ya tuvo lugar la pasada semana, ni el contenido de esta proposición de ley. Por ello, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a ser coherente con la postura adoptada frente al texto alternativo presentado en el Congreso junto con la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, y va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Ello no significa que estemos de acuerdo con la actual redacción del proyecto de ley que se debate en la Cámara Baja, pero consideramos que con el tesón y el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, así como con voluntad por parte del Gobierno, éste se puede mejorar sustancialmente.
Decía que éste no es momento de debatir contenidos, y con toda sinceridad pensamos que procede votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, dado que ya hay en marcha un debate sobre la materia objeto de la proposición y puesto que ya fue rechazada en el Congreso cuando se presentó, con ciertos matices, como texto alternativo en una enmienda a la totalidad.
Aunque mi grupo parlamentario tiene por costumbre posicionarse a favor de la toma en consideración de las proposiciones de ley que se presentan, salvo en algunas ocasiones, hoy no es posible votar a favor de ésta, en primer lugar, por respeto a las Cortes Generales, en las que ya se está tramitando un proyecto de ley cuyo debate de totalidad, insisto, ya se ha celebrado, y en segundo lugar, por una cuestión de rigor parlamentario, además de por coherencia con la postura mantenida por nuestro grupo parlamentario en el Congreso durante el debate del proyecto de ley celebrado el 16 de marzo. Así, pues, señorías, vamos a votar en contra de esta toma en consideración.
Senadora Casado, usted en su intervención decía, entre otras de las cosas que ha planteado para defender la toma en consideración de esta proposición de ley que éste es un texto que pretende buscar y sumar consenso y que pretende generar estabilidad --yo diría que estabilidad en general, es decir, no sólo en el sector farmacéutico en su conjunto, sino en todo lo que está vinculado en estos momentos al ámbito del medicamento y de la sanidad. Pues bien, si ustedes pretenden buscar y sumar el consenso, generar estabilidad en el sector y obtener una prestación farmacéutica de calidad, les diré que el procedimiento que están utilizando en estos momentos no pretende precisamente buscar y sumar consenso ni generar estabilidad. Porque, con independencia de que ustedes hayan presentado esta proposición de ley en septiembre en las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, existiendo en estos momentos en el Congreso un proyecto de ley cuyo debate de totalidad ha tenido lugar el pasado 16 de marzo, no es oportuno ni procedente que hoy, 22 de marzo, estemos debatiendo en el Senado la toma en consideración de una proposición de ley que, repito, tiene que ver con la materia objeto de ese proyecto de ley, y que en cierto modo viene a ser una enmienda a la totalidad.


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Apelo, pues, al rigor parlamentario que debemos tenemos todos los senadores y senadoras en esta Cámara; y si de verdad queremos buscar y sumar consenso, creo que la mejor forma de hacerlo es que todos pongamos la carne en el asador cuando llegue el debate del proyecto de ley a esta Cámara, haciendo nuestras aportaciones e introduciendo todas las mejoras que se consideren oportunas, siempre y cuando haya voluntad por parte del Gobierno de lograr el objetivo del que usted hablaba al final de su intervención: conseguir una prestación farmacéutica de calidad para el conjunto de la sociedad y para todo el sector que está involucrado en la prestación farmacéutica en nuestro país: desde el sector farmacéutico hasta los profesionales sanitarios, pasando por todo el entramado de la propia prestación farmacéutica.
Sintiéndolo mucho, insisto en que a mi grupo parlamentario no le queda más remedio que votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley por los argumentos que he comentado, sin entrar en el contenido de la proposición de ley en sí, con la que podemos estar de acuerdo en algunos aspectos y en desacuerdo en otros, lo mismo que nos pasa en estos momentos con el proyecto de ley. En cualquier caso, espacio y ámbito tendremos para buscar y sumar ese consenso al que usted apelaba en su intervención. Pero en estos momentos, procedimentalmente, creo que sobra este debate hoy en la Cámara si en el ánimo de todos está buscar el mayor grado de consenso posible.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo de Entesa Catalana tiene la palabra el senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
La verdad es que hasta hace unos minutos he tenido la esperanza de que finalmente el Grupo Parlamentario Partido Popular retiraría la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero no lo ha hecho, lo que nos obliga a pronunciarnos y decir que vamos a variar nuestra tradicional posición favorable, rota en contadísimas ocasiones, a las tomas en consideración de proposiciones de ley, máxime en esta Cámara, donde fuimos --creo recordar-- pioneros en esa iniciativa para que el Senado tuviese protagonismo parlamentario. A pesar de todo ello, senadora Casado, repito que no podremos votar a favor de esta toma en consideración.
No voy a ser muy prolijo en mis argumentos, puesto que repetiría los que brillantemente ya han expresado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Simplemente subrayaré algunos aspectos.
En primer lugar quiero reconocer el mérito y la coherencia interna, aunque no compartida respecto de sus objetivos políticos, de presentar una proposición de ley del medicamento en esta Cámara, o en forma de enmienda con texto alternativo al proyecto de ley que el Gobierno, en uso de su legitimidad, de su responsabilidad y de su programa político, ha presentado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, aun no compartiendo muchos de los aspectos de esta iniciativa, he de reconocer que es una proposición de ley completa, integrada, que, respondiendo a un proyecto político que no comparto, expresa coherencia interna. En este sentido es respetable, y hubiésemos votado favorablemente su toma en consideración, aun cuando en los aspectos más esenciales de la política farmacéutica que diseña no estemos de acuerdo, como tampoco lo estuvimos con la política de genéricos que en su día hizo el Partido Popular y con su política de precios de referencia y los resultados que produjo en el gasto farmacéutico. Como nos recordaba el senador López Carvajal, constatamos la enorme diferencia existente en la contención del gasto farmacéutico entre las políticas del Gobierno del Partido Popular y las políticas de la ministra Salgado en los dos años que lleva en el ejercicio del cargo. Así pues, las diferencias son grandes en lo que se refiere al diseño y el contenido, que daríamos a una proposición de ley sobre el medicamento, cuya reforma, como ha dicho la senadora Casado, es necesario acometer. Tenemos una ley del año 1990 y, por tanto, en este punto sí podemos darle la razón. Es necesario acometer una renovación legislativa de todas las políticas del medicamento. Pero resulta --a veces el pero se convierte en la objeción fundamental--, que el problema radica en la oportunidad --ustedes lo saben mejor que yo--, porque presentan una proposición de ley, o no la retiran --podían haberlo hecho-- cuando se ha debatido en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo a un proyecto de ley y se ha producido un determinado resultado político que provoca una nueva situación parlamentaria, es decir, la preeminencia de un texto ya votado en el Congreso de los Diputados, texto que es proyecto de ley y que ya está en trámite de debate parlamentario.
A pesar de ello, ustedes presentan esta proposición de ley en el Senado; pero, de ser tomada en consideración, ¿debería adjuntarse como texto añadido al proyecto de ley en trámite de comisión en el Congreso de los Diputados? ¿Debería convertirse en un texto alternativo al proyecto de ley ya en trámite parlamentario en las Cortes? ¿Debería ser cantera de posibles enmiendas, si aún está abierto el plazo, al proyecto de ley en este momento procesal de su debate parlamentario en el Congreso de los Diputados? El senador López Carvajal se preguntaba, y apuntaba opiniones de importantes juristas, si eso es posible o no. Independientemente de esas reflexiones, que comparto con el senador, creo que para cualquier persona medianamente experimentada en trámites parlamentarios es de todo punto imposible pensar que se puede acumular en el Congreso un proyecto de ley en trámite de enmiendas en comisión y una proposición de ley como ésta, pues de ser aprobada en esta Cámara --insisto en que nosotros hubiésemos votado a favor de su toma en consideración-- se convertiría en un problema jurídico-parlamentario añadido al trámite de aquel proyecto de ley.
Ésa es la razón fundamental por la que nos vamos a oponer: porque no queremos contribuir --y esperábamos de ustedes que tampoco lo hicieran-- a este pequeño gran lío procedimental parlamentario respecto del trámite de un

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proyecto de ley tan importante como es el del medicamento.
Por tanto, aparte de que el contenido de la proposición de ley del medicamento no hubiese sido el más aceptable según nuestra filosofía y nuestros proyectos políticos, votaremos en contra sobre todo por razón de oportunidad, que en este caso se convierte en fundamental. No quiero polemizar con ustedes en contenidos ni en futuribles en el caso de que se aprobara esta proposición de ley. Simplemente, repito, esta cuestión de oportunidad es la que nos lleva a la decisión clara, rotunda y firme de votar en contra o decirles, como están aún a tiempo, que la retiren.
En definitiva, señoras y señores del Grupo Popular, ustedes quieren convertir en realidad un imposible; ustedes quieren tocar las campanas e ir en la procesión, y las dos cosas a la vez no se pueden hacer.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor López Carvajal.


El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.
No voy a abundar en mis argumentos antes expuestos, pero es bueno hacerse eco del clima general de los intervinientes, pues todos han apelado fundamentalmente a la sensatez. Yo quiero, por tanto, hacer una última reflexión en el sentido de que, aun cuando no compartiesen el 90 por ciento de un proyecto de ley, no solamente de éste, el del medicamento, sino de cualquier otro, el iniciar un trámite de proposición de ley como un procedimiento de enmienda es algo absolutamente insólito. Si estuviésemos ante un gobierno que fuese remiso a tomar decisiones en el sector farmacéutico me parecería absolutamente comprensible una iniciativa como la de una proposición de ley. Pero éste no es el caso.
Las medidas tomadas por el Gobierno de Zapatero han sido muy variadas: desde el Plan estratégico de política farmacéutica, al que antes he aludido, a la contención del gasto farmacéutico, pasando por la potenciación de la Agencia Española del Medicamento. También se ha creado un código ético importante, se ha aumentado significativamente la plantilla, y se ha potenciado el Consejo interterritorial con el funcionamiento de la Comisión de farmacia. Por tanto, desde el primer día ha habido un impulso de este sector.
En definitiva, creo que la presentación de esta proposición de ley en este momento no es oportuna, no parece parlamentariamente viable, ni tampoco idónea, sobre todo porque ustedes, en el ejercicio de Gobierno durante ocho años, han dejado una secuela en el sector farmacéutico, con cuenta con muchos agujeros sobre los que no quiero hablar en este momento.
Por todo ello, les pido que vuelvan a la sensatez, a la que hemos apelado todos los portavoces para que retiren esa proposición de ley y, por tanto, se sumen a la tramitación del proyecto tanto en el Congreso de los Diputados, como en su día en el Senado, donde el número de enmiendas que se pueden presentar, como usted sabe, es ilimitado. Aunque no creo que tenga mucha suerte, confío en que dentro de unos minutos su opinión sobre el particular sea la que tenemos en estos momentos todos los portavoces que hemos intervenido.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Casado.


La señora CASADO SOBRINO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor López Carvajal, parece ser que todo se traduce a una cuestión formal --todos van a votar en contra por una cuestión formal--.
Ciertamente, algunos grupos han entrado en el fondo, han analizado el texto que hemos propuesto, se lo han leído; pero me da la sensación, por cómo me ha respondido, de que usted ni siquiera se ha leído el texto que hemos presentado. Y a estas alturas, por la defensa que hace de su proyecto de ley, creo que probablemente tampoco se ha leído el que presentó el Gobierno. Puede ser un problema de formas, puede que éstas no le gusten, pero insisto en que varios grupos han entrado en el fondo del texto que hemos presentado. Por cierto, aprovecho la ocasión para recoger el ofrecimiento que se nos ha hecho sobre las enmiendas que se puedan presentar a la Ley del medicamento cuando llegue al Senado.
Senador López Carvajal, me acusa usted de que en este momento no es oportuno ni viable ni idóneo presentar esta toma en consideración. Pues bien, oportuno sí es. Nosotros no hemos fijado la fecha; presentamos este texto en septiembre de 2005, hace ya seis meses, pero no fuimos los que decidimos que se debatiera ahora en esta Cámara. La oportunidad, pues, no la decidimos nosotros.
En mi opinión también es viable, y así lo demuestra el hecho de que esta senadora le esté hablando en este momento y de que estemos debatiendo esta toma en consideración. Puede ser insólito o raro, puede que el sistema parlamentario no esté acostumbrado a asumirlo, pero es posible y viable. También es viable porque el Grupo Parlamentario Popular ha trabajado mucho durante estos dos últimos años --antes también, como es lógico-- preparando este texto que les presentamos para su toma en consideración. Hemos tenido reuniones con todo el mundo: con personas del sector de la industria, de la distribución, de la farmacia, de los usuarios, de los médicos y de los veterinarios; hemos recogido aportaciones y propuestas de todos, y hemos elaborado un texto que consideramos bueno. Y ya que es viable, queremos agotar todas las oportunidades disponibles para que este texto se tramite. Ésta es la oportunidad que nos queda y, por supuesto, no vamos a retirar esta toma en consideración; no ha habido un cambio de opinión desde que he bajado de mi escaño, por lo que mantenemos esta toma en consideración, como no podía ser de otra manera.
Me acusa usted de que tampoco es idónea. Esta misma mañana yo escuchaba decir desde esta tribuna a la vicepresidenta del Gobierno que quería dar protagonismo al Senado.


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Aprovechando esas palabras de la señora vicepresidenta del Gobierno, recojo la oferta y le doy protagonismo al Senado, ¿por qué no?, para que decida si se admite a trámite o no esta iniciativa.
Señoría, se han quedado en las formas, no han querido bajar al fondo.
Pero, si me lo permiten, en el tiempo que me queda me gustaría ir al fondo de este texto así como del que se está tramitando en este momento en el Congreso de los Diputados.
Ya le he dicho antes que este texto se había presentado en septiembre de 2005 y que ahora no sabemos de qué texto estamos hablando. No sabemos si estamos hablando del anterior o del que se está enmendando en ponencia, de las enmiendas que se aceptaron ayer, de las que no se aceptaron o de las que se van a aceptar hoy. No lo sabemos, señoría. Sin embargo, sí sabemos que durante meses el Gobierno ha hecho caso omiso de todas las voces que se han alzado desde todas las áreas sanitarias y sociales. Y ustedes son los responsables de que en este momento se intenten tramitar dos textos alternativos para la misma materia. Porque si se hubiese tramitado en tiempo y forma el texto que presentó el Grupo Parlamentario Popular, probablemente a estas alturas estaría aceptado o rechazado, pero no estaríamos aquí debatiendo esta toma en consideración, que quizá se podría haber convertido, como me hubiera gustado, en la ley del medicamente que todos, tanto en esta Cámara como en el Congreso, queremos que salga adelante, en la mejor de las leyes de prestación farmacéutica.
Han recibido ustedes todo tipo de críticas. Desde diciembre, en que plantearon este texto, han llamado a multitud de personas a comparecer en el Congreso, y absolutamente todos los comparecientes han enmendado su proyecto. Han hablado de pérdida de puestos de trabajo en la industria farmacéutica si la ley saliera adelante tal como estaba planteada. Han hablado del poco apoyo a los medicamentos genéricos. Han hablado del poco reconocimiento al papel de los profesionales sanitarios. Han dicho que gravar con la tasa que ustedes quieren a la industria farmacéutica no va a incentivar la investigación en ella. En definitiva, señorías, han hecho muchísimas aportaciones. Y es verdad que a todos escucharon y que a todos atendieron con muy buenas palabras y con muy buenas formas, como no podía ser de otra manera. Pero lo cierto es que después de meses de trabajo, de comparecencias y de reuniones parece ser que tan sólo en 24 horas van a admitir las enmiendas y que la ley va a cambiar de forma razonablemente positiva. Señorías, da la sensación de que en 24 horas han conseguido sacar adelante una ley --creo que no es para estar orgulloso-- que pretende ser la ley del sector, la ley de los usuarios, la ley que va a regir en España en materia de prestación farmacéutica durante los próximos 10 ó 20 años.
Creo que esto no es serio, que no está bien. Pero confío en que se admitan las enmiendas que sean razonables; confío en que no se quede simplemente en un intento de aceptar unas enmiendas técnicas; confío en que realmente se modifique en profundidad el texto presentado por el Gobierno, y cuando llegue a esta Cámara veremos las enmiendas que quedan vivas del Congreso, y espero que sigamos trabajando para conseguir la mejor de las leyes posibles.
Han hablado ustedes de reconocer la innovación académica, del papel de los farmacéuticos, de la dispensación sin receta, de la coordinación con las comunidades autónomas, etcétera. Pero aún quedan muchos flecos de los que no se ha hablado. Por ejemplo, no sabemos cómo se va a garantizar la protección de los usuarios frente a la venta de fármacos por Internet. No se ha hablado de los medicamentos huérfanos. No se ha hablado de modelo sostenible en investigación en materia de fármacos. No se ha hablado de una mejor información a los profesionales de la salud. Todas esas cuestiones tendrán que debatirse en esta Cámara. Lo cierto es que después de dos años en los que ha habido una absoluta falta de diálogo, a día de hoy insistimos en ejercer nuestra responsabilidad.
Como le he dicho, señor senador, es muy fácil criticar; un texto malísimo de ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Nos ha puesto muy fácil la crítica. Pero, evidentemente, nuestra responsabilidad como políticos y como representantes de los ciudadanos no puede quedarse exclusivamente ahí, por lo que hemos querido ejercer esa responsabilidad y presentar un texto alternativo y un proyecto de ley que, insisto, consideramos razonable, coherente y que está en permanente contacto con la realidad de la prestación farmacéutica en España.
Señorías, me imagino que ya tendremos ocasión de hablar del texto de la ley de uso racional y garantías de los medicamentos y productos sanitarios cuando llegue a esta Cámara, y también de los medicamentos por Internet. Por cierto, no entiendo cómo denominan la ley así: de uso racional del medicamento y a la vez, sin más, abren la puerta a la posibilidad de la adquisición por parte de los usuarios de medicamentos por Internet, cuando saben ustedes que esa vía es totalmente insegura, como se ha demostrado, pues más del 60 por ciento de los medicamentos que actualmente se ofertan de esa forma son falsos.
Como he dicho anteriormente, espero que tengamos ocasión de hablar de la necesaria cohesión que debe existir entre las distintas comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, de cómo vamos a proteger la innovación, de cómo vamos a aumentar la seguridad de los medicamentos, etcétera.
Para terminar, me gustaría reiterar la disposición que ya hizo pública mi grupo parlamentario en el Congreso para trabajar en aras de articular entre todos el mejor de los proyectos legislativos posibles, pues el único y principal objetivo de ese proyecto debe ser ofrecer la mejor de las prestaciones farmacéuticas a todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Señorías, la votación de esta toma en consideración tendrá lugar en la sesión de esta tarde, después de la primera votación.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y treinta minutos.


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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (S. 621/000038) (C. D. 121/000043).


El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados: de la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el proyecto de ley orgánica de educación.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Aránega.


La señora ARÁNEGA JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designada por los miembros de la Comisión de Educación y Ciencia para presentar el dictamen sobre el proyecto de ley orgánica de educación.
Este proyecto de ley orgánica de educación tuvo entrada en la Cámara el día 28 de diciembre de 2005. El plazo de presentación de enmiendas, que terminaba el día 8 de febrero de 2006, fue ampliado hasta el día 14 de ese mismo mes.
Por otro lado, la Mesa y los portavoces de la comisión de la que soy presidenta decidieron, en la reunión del 6 de febrero, abrir un plazo para la celebración ante la comisión de comparecencias de autoridades y expertos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios, a fin de que aportasen su punto de vista sobre este proyecto de ley. En base a este acuerdo, celebramos una sesión de la comisión el día 14 de febrero en la que se realizaron las siguientes comparecencias: don Alejandro Tiana Ferrer, secretario general de Educación; don Vicente Manuel Patón y don Antonio Aguirre, presidente y vicepresidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de España; don José de Mirandés, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Superdotación; don Felipe José de Vicente, vicepresidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato y de la Asociación de Catedráticos de Enseñanza Secundaria de Cataluña; doña Mercedes Blasi, experta en educación infantil; don Carlos Andradas, presidente de la Real Sociedad Matemática Española; don Miquel Martínez, catedrático del Departamento de Teoría e Historia de la Educación; don Fernando Izard Rodríguez, presidente de la Unión Profesional de Directores de Institutos; don Javier Orrico Martínez, catedrático de Lengua y Literatura de Bachillerato; y, don Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Los portavoces de los grupos parlamentarios en aquella sesión y a lo largo de la tramitación de todo el proyecto de ley en el seno de la comisión han sido los siguientes senadores: don Adolfo Abejón, del Grupo Parlamentario Popular; don Manuel Pezzi, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Assumpta Baig, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Francisco Javier Maqueda Lafuente, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; doña Rosa Nuria Aleixandre, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Félix Ayala Fonte, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; y don José Ramón Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto.
Al proyecto de ley se presentaron dos propuestas de veto: la primera, del Grupo Parlamentario Popular, y, la segunda, del señor Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto. Además, se presentaron 927 enmiendas, de todos los grupos parlamentarios.
La comisión dictaminó directamente durante las sesiones de los días 13 y 14 de marzo, resultando aprobado como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la incorporación del contenido de 49 enmiendas, de los señores Mur Bernad y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Convergència i Unió, Nacionalistas Vascos, Socialista y Popular; así como 34 enmiendas transaccionales acordadas con los señores Cuenca Cañizares y Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto, y con los restantes grupos parlamentarios.
El dictamen ha sido publicado el día 21 de marzo y se ha presentado un total de 11 votos particulares por parte de todos los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La señora ministra de Educación me ha solicitado la palabra.
Tiene la palabra su señoría.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores senadores. Es un honor poderme dirigir hoy a todos ustedes y compartir con sus señorías, aunque sea brevemente, los objetivos que persigue el Gobierno con esta ley orgánica de educación.
Durante los dos últimos años he comparecido en numerosas ocasiones, tanto en Pleno como en comisión, ante esta Cámara y conozco el interés de sus señorías por la política educativa, interés que saben valoro y agradezco.
En las últimas semanas la Comisión de Educación de esta Cámara ha trabajado sobre el texto de la LOE, una ley que aspira a impulsar nuestro sistema educativo tan lejos como quiera llegar en su ambición de mejorar los conocimientos y competencias de toda nuestra población, comenzando por los más jóvenes. Mi agradecimiento a los grupos parlamentarios, sobre todo al Grupo Parlamentario Socialista,

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que ha dirigido los análisis y negociaciones de las propuestas de mejora, y de manera destacada a los que con responsabilidad han decidido trabajar con nosotros en esta ley, enriqueciéndola con sus aportaciones y haciendo de ella un poco más un proyecto de todos. Porque en esta ley de educación, austera en el título, ambiciosa en los objetivos, generosa en los recursos y con clara vocación de colaborar a la mejora constante del sistema educativo, cabemos todos.
Durante las primeras fases de su elaboración y debate, desde el ministerio decidimos dar protagonismo a aquellos que deben aplicarla: las comunidades autónomas, los sindicatos de profesores, las asociaciones de madres y padres, de alumnos y los centros. Mi reconocimiento a la inmensa mayoría de ellos por su participación generosa, analítica, crítica --en el mejor sentido del término-- y productiva para la formulación del texto.
Tras la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, el protagonismo y la responsabilidad recae lógicamente en los grupos políticos representados en nuestro Parlamento. De ahí mi gratitud por su dedicación y apoyo mayoritario. Con sus señorías tuve la ocasión de compartir, solo 24 horas después de su presentación en la Conferencia Sectorial, el borrador de la ley en la Comisión de Comunidades Autónomas de esta Cámara, en lo que fue, de hecho, el primer debate de la propuesta del Gobierno. Por ello, no voy a repetir en esta ocasión una descripción detallada de los contenidos que tan bien conocen, sino que me centraré brevemente en una exposición del espíritu y los objetivos de la LOE.
El texto que debatimos hoy en esta Cámara intenta aprender de nuestros avances educativos durante los últimos 30 años y propone los cambios necesarios para continuar progresando en la calidad de la formación que ofrecemos a todos los ciudadanos. Tenemos ante nosotros una ley seria y ambiciosa en los objetivos y también rigurosa en los esfuerzos que se nos piden a todos los agentes del sistema educativo, porque solo trabajando entre todos --administraciones, centros, profesores, familias y estudiantes--, podemos garantizar la educación de calidad con equidad que nuestro país necesita en los inicios del siglo XXI. Si estudios internacionales, como PISA, demuestran que es perfectamente posible alcanzar ambos, no podemos aspirar a menos para los estudiantes españoles. Nuestros jóvenes deben ser europeos en cuanto al nivel y la calidad de la formación que reciben; solo así estarán en las mejores condiciones para participar en la trayectoria de desarrollo económico y social que se persigue en nuestro continente.
La ley que tienen ante ustedes clarifica nuestro panorama legislativo contribuyendo a aumentar la seguridad jurídica con la que se actúa en el mundo educativo. La LOE sustituye a cuatro leyes: la ley general de 1970, la LOGSE de 1990; la LOPEG de 1995; y la LOCE de 2002. De estas tres últimas leyes de nuestra democracia, se han preservado todos los puntos que se han rebelado útiles y que han suscitado soluciones de consenso que nos siguen ayudando a convivir; convivencia, por ejemplo, sobre la enseñanza de las religiones, que se ofrecen en nuestros centros, pero no son obligatorias, pues con la misma claridad debemos respetar los derechos de aquellas familias que no las desean para sus hijos.
Desde el Gobierno y los grupos políticos que nos apoyan proponemos textos que cumplen escrupulosamente con lo dispuesto en la Constitución y en nuestra legislación, como no podía ser de otro modo, y como ha señalado el informe de legalidad del Consejo de Estado. Además, estos textos representan soluciones útiles para la convivencia, construimos sobre lo que nos une, y nos permite respetarnos como sociedad porque parte del respeto a todos los individuos, sin excepciones.
Permítanme que destaque a continuación las principales novedades y virtudes de la ley que me llevan a pedirles su apoyo, su voto, al texto que propone el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la LOE busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos mejorar los conocimientos y competencias de toda la población? Aprendiendo de las mejores prácticas de los países con mayor éxito educativo, la ley define un edificio de aprendizajes ambicioso y coherente, que parte de la definición, evaluación, apoyo y refuerzo de las competencias básicas, gran novedad en esta ley. Comienza por resaltar el carácter educativo de la Educación Infantil, en la que se desarrollan capacidades y se previenen desigualdades. En la Enseñanza Primaria debemos destacar la comprensión lectora como cimiento sólido de nuestro edificio. En educación secundaria resaltan también la expresión oral y escrita y las competencias matemáticas. Todas estas destrezas y capacidades básicas abren la puerta a conocimientos diversos, que sin ello no serían posibles. En definitiva, son la clave sobre la que seguir construyendo conocimientos y competencias en todos los campos, en humanidades y en ciencias, en idiomas, tecnologías y artes.
La ley busca preparar a unos jóvenes que van a requerir una formación que no descuide ni la tradición humanística, ni los avances científicos, ni tampoco la educación en valores. La LOE refuerza la educación en valores haciendo que, además de su inclusión de manera transversal en el currículo, aparezca un espacio específico para su análisis y debate. Como es común en la mayoría de los países europeos, y como recomiendan organismos internacionales como el Consejo de Europa o las recientemente aprobadas competencias básicas de la Unión Europea, se incorpora la Educación para la Ciudadanía a la enseñanza obligatoria, para transmitir valores éticos individuales y sociales a unas generaciones que van a vivir en una sociedad desarrollada, democrática, a la vez que diversa y compleja. Nuestros jóvenes necesitan y merecen que les armemos con las mejores competencias de convivencia que seamos capaces de ayudarles a construir.
Como segunda novedad me gustaría destacar que la LOE es la primera ley que refuerza toda la secuencia de aprendizajes de la educación obligatoria. Para mejorar los resultados, y para hacerlo para toda la población, debemos actuar desde el primer momento en que se detectan deficiencias de aprendizaje. Por eso los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), desde hace un año ya ofrecen apoyo y refuerzo a alumnos de todo el país

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desde primaria. Verán que en esta ley pedimos esfuerzo a los alumnos, como no podía ser menos en una ley educativa, pero también nos lo exigimos a administraciones y centros con la misma firmeza. Somos responsables de ofrecer a los jóvenes aquellas actuaciones y medidas que les permitan superar carencias de conocimientos o competencias. Sabemos que los estudiantes serán más propicios a realizar los esfuerzos si, además de reclamárselos, les mostramos nuestra propia dedicación y contribución a la mejora de la educación. En la LOE se fijan actividades de recuperación para todos los alumnos que no superen los objetivos de áreas o materias. Y si estas actuaciones no resuelven las carencias de conocimientos y competencias, se establecen normas de repetición de curso, similares a los de muchos países europeos de nuestro entorno, pero no confiamos todo a la repetición, sino que proponemos estrategias más exigentes, pero también más efectivas, como señaló recientemente el señor Schleiser, de la OCDE, en su aportación a este Parlamento, o como les hemos oído describir a expertos finlandeses que han visitado nuestro país.
Este año iniciamos entre todos el apoyo a la atención a la diversidad en secundaria que nos permite la nueva partida presupuestaria, que debe complementar las actuaciones que llevan a cabo nuestras comunidades autónomas y ayudar así a los centros a combinar opciones valiosas, como la organización flexible de las enseñanzas, agrupamientos flexibles de alumnos, desdoblamientos de grupos en algunas materias, programas de refuerzo y todo aquello que conduce a una atención más individualizada.
Nuestro sistema hará así efectiva una solución difícil a una realidad que se caracteriza, sin duda, por una complejidad creciente.
En tercer lugar destacaré que, en línea con las tendencias internacionales recientes, con las recomendaciones europeas y con nuestra lógica ambición para los próximos años, la LOE es una ley que apuesta por la educación a lo largo de toda la vida. Esta perspectiva exige que formemos a nuestros jóvenes para seguir aprendiendo en diferentes momentos de su vida personal y laboral. En la ley se flexibilizan las transiciones entre niveles educativos, académicos y profesionales y se extiende el reconocimiento de carácter de educación superior a las enseñanzas artísticas de nivel superior y a la formación profesional de grado superior. La adopción de créditos europeos ECTS y de suplemento europeo al título potenciará estas enseñanzas y facilitará su reconocimiento en España y en Europa.
En el espacio europeo de educación superior, es el estudiante el que decide qué estudiar y dónde estudiarlo en cada momento. Reforzar la flexibilidad del sistema educativo implica reconocer el espacio propio de autonomía que debe corresponder a nuestros centros docentes, como es hoy habitual en otros países desarrollados. Para hacerlo posible debemos proporcionarles los recursos y los medios que necesitan, y a cambio debemos pedirles que los utilicen con rigor y eficiencia para alcanzar las metas establecidas. Es tan necesario fijar las normas comunes que todos los centros tienen que respetar como reconocer la autonomía de que deben disponer. Apostando por una mayor autonomía, con evaluación y rendición de cuentas, convergemos así con las prácticas más habituales en los países desarrollados, especialmente aquellos con mejores resultados educativos, como Finlandia o Irlanda.
La evaluación es un instrumento indispensable para el diagnóstico y la elaboración de planes de mejora; evaluaciones internacionales que nos dan importantes puntos de referencia, pero también en nuestro propio sistema, en particular evaluaciones de diagnóstico como las que incluye la ley en cuarto de primaria o en segundo de secundaria en todos los centros. Este Parlamento deberá tener puntual información, todos los años, del resultado de estas evaluaciones, así como de los indicadores del sistema educativo español. La mejora continua de la educación y la rendición de cuentas recorrerán así todas las instituciones y administraciones y llegarán al Parlamento, porque necesitamos prestar una gran atención social, política y presupuestaria a la educación todos los años.
Docentes del siglo XXI para una sociedad basada en el conocimiento. En varias ocasiones he compartido con sus señorías los planes del ministerio en relación con la carrera docente, con el apoyo a todas las tareas que llevan a cabo nuestros maestros y profesores. El sistema educativo que aspiramos a construir requiere los docentes mejor formados que hayamos tenido nunca. El proyecto prevé la adecuación de la formación inicial del profesorado al sistema de grados y posgrados del Espacio Europeo de Educación Superior, y ya hemos comenzado a hacerlo. Estos objetivos de mejora de la formación de nuestros profesores y de armonización de su capacitación técnica con su capacitación pedagógica son los que persiguen las directrices de los nuevos títulos de maestro y el posgrado que capacita para el profesorado en secundaria que ya se están analizando en nuestras comisiones del Consejo de Coordinación Universitaria. El papel crucial que los docentes tienen en cualquier plan serio de mejora del sistema educativo hace que no hayamos esperado a tener aprobada la ley para avanzar en estos nuevos programas de formación inicial.
También se encuentra en fase avanzada la elaboración del estatuto de la Función Pública Docente, que debe ayudar a todas las administraciones a hacer realidad el reconocimiento social y profesional de todas las tareas que desarrollan nuestros profesores.
Como les he dicho esta mañana, en breve presentaremos el plan de convivencia, que reforzará las acciones de otras administraciones, difundirá las mejores prácticas de fomento de la convivencia dentro y fuera de nuestras fronteras, y nos ayudará a conectar mejor a nuestros centros y profesores con las familias y con el entorno. Cuando hablamos de mejorar la convivencia y el respeto a los demás, de impulsar la resolución pacífica de conflictos, estamos hablando de cuestiones cruciales para la vida diaria de las escuelas, pero también para la de nuestra sociedad; una sociedad cohesionada, con corresponsabilidad de las redes pública y concertada. Este, sin duda, es un rasgo destacado de la ley que hoy nos ocupa.
Nuestra Constitución reconoció la existencia de centros escolares públicos y privados, y la Ley orgánica del derecho a la educación estableció en 1985 un sistema de conciertos para hacer efectivo el derecho a la educación básica

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obligatoria y gratuita en condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza. Como ya ha ocurrido en otros países desarrollados, la vitalidad de nuestra sociedad y de nuestra economía durante los últimos años se ha reflejado en la atracción de población inmigrante. Por otro lado, también durante los últimos años, hemos hecho realidad la ampliación de la edad de escolarización obligatoria y el acceso generalizado a la educación, como objetivos compartidos por toda nuestra sociedad. Las condiciones en que los centros desarrollan su tarea se han hecho más complejas, como nuestra sociedad. Por ese motivo la sociedad española actual necesita contar con todos los centros, tanto los de titularidad pública como los concertados, para conseguir la educación de calidad para todos que buscamos y realizar una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes. Las administraciones, por su parte, deben apoyar con recursos las necesidades de atención al alumnado diverso, como recoge la ley. De todo ello depende en buena medida nuestra cohesión social, nuestro futuro como país desarrollado en todos los órdenes.
Como último rasgo definitorio de la ley quiero destacar que es propia de un Estado de las autonomías. La ley se va a aprobar cuando en la mitad de nuestro país las comunidades autónomas llevan entre 20 y 25 años a cargo del sistema educativo, y todas nuestras autonomías han consolidado una administración educativa. Esta Cámara es especialmente sensible a los avances que nuestro país ha conseguido por medio de una amplia descentralización, y debemos partir de esos avances. La LOE se debe aplicar en un marco de corresponsabilidad política, con respeto a las competencias respectivas: las autonómicas y las del Gobierno central; y también con corresponsabilidad financiera para llevar a cabo los programas de mejora que necesitamos.
El Gobierno está convencido, como sé que lo están sus señorías, de la necesidad de contar con recursos suficientes para impulsar la calidad, garantizar la equidad y llevar a nuestro sistema educativo más lejos de lo que nunca ha llegado. Por ello, la ley incluye una memoria económica que asciende a 7.000 millones de euros para los años 2006 a 2010, y los presupuestos de este año incluyen el 100 por cien de los compromisos recogidos en dicha memoria; lo que está permitiendo, por ejemplo, la aplicación del PROA --al que me he referido antes--, de «Internet en el aula», la expansión de las becas o los programas de mejora de las bibliotecas escolares.
Nada vertebra tanto nuestro país como identificar objetivos comunes, definir programas y financiarlos y evaluarlos en colaboración. Juntos somos más fuertes, y esta vía de colaboración voluntaria entre administraciones debe ser durante los próximos años fuente permanente de avance y cohesión. Si hoy aplicamos los programas de apoyo y refuerzo en 610 centros, en septiembre llegaremos a 1.200 en todo el territorio nacional, cofinanciados al 50 por ciento. Para ser coherentes con la importancia que la LOE concede a la lectura, ya en el año 2005 hemos repartido veinticinco millones de euros para mejorar las bibliotecas escolares de todos los centros públicos de Formación Profesional y Bachillerato del país, y otros diez millones este año permitirán llegar a las escuelas de primaria.
Señorías, cuando valoramos en siete mil millones de euros el esfuerzo adicional que nuestra sociedad debe hacer en cinco años, estamos reflejando el convencimiento compartido en el sistema educativo de que la tarea de mejora es ardua, requiere recursos importantes, pero también objetivos claros: exigencia para todos los que tenemos responsabilidades, y perseverancia para conseguir resultados que no siempre son inmediatos, pero que sabemos merecen la pena.
Si, a nivel individual, estudiar, invertir en la propia formación es un signo vital de optimismo, de apuesta por el propio futuro, también lo es a nivel colectivo. Como sociedad, apostamos por más y mejor educación, porque creemos en nuestro futuro como país: un país cada día más desarrollado, económica y culturalmente, y con unos sólidos cimientos democráticos y de cohesión social; un país por el que merece la pena trabajar. Sé que podemos contar con todos ustedes en esa tarea, y les agradezco su colaboración, muy especialmente a los grupos que nos están ayudando a definir esta ley, que también es su ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se han presentado dos vetos. El primero de ellos ha sido propuesto por el senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra.


El señor URRUTIA ELORZA: «Lehendakari jauna, arratsaldeon danori, ongi etorria ministra andrea.» (El senador Urrutia Elorza comienza su intervención en euskera.) Hoy es un día grande, hoy es un día feliz. Ha habido una gran noticia: ETA, en tregua permanente. El pueblo vasco, y con él todos los ciudadanos del Estado, de Europa, y del mundo entero, tenemos que estar exultantes.
Antes de nada, quiero dedicar un recuerdo cariñoso y sincero a todos los que sufren y han sufrido todo tipo de violencia; a ellos, a sus familiares y amigos. También tenemos que tener un recuerdo cariñoso, cercano y sensible para todos los pueblos y para todos los ciudadanos del mundo que están sufriendo el azote de la violencia o el problema de los desencuentros. El origen de ETA fue un conflicto, es un conflicto entre los Estados y Euskal Herria; hagamos todos los intentos posibles y pongámonos a trabajar desde este momento para solventar el problema vasco. Normalicemos la situación del país, y dejémonos de crear conflictos entre todos.
Vamos a buscar la unidad de los partidos políticos; que los partidos políticos democráticamente se sienten en la mesa, dialoguen, hablen, resuelvan el conflicto, y dejemos luego a los ciudadanos del País Vasco que decidan lo que tiene que ser. «Zorionak denori. Zorionak» a todos.
Felicidades, de verdad.
Este humilde senador esta mañana, cuando estaba preparando el veto a la ley orgánica de educación, recordaba la infinidad de conversaciones mantenidas con la señora ministra, y tengo que decirle que me siento agradecido, de

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corazón. La señora ministra y yo nos conocemos desde hace muchos años, en las aulas de Sarriko, en la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad del País Vasco. También estoy agradecido a todos los colaboradores --entre ellos el señor Ajenjo--, a los miembros de todos los partidos y de todos los grupos.
Tengo un recuerdo especial para todos los colaboradores de su departamento, señora ministra, así como para el portavoz del Congreso de los Diputados y para el senador Pezzi, con quien hemos trabajado largo y tendido en este proyecto de ley orgánica.
Eusko Alkartasuna, como partido nacionalista que intenta la soberanía por métodos democráticos, sin ninguna violencia y con respeto a todas las personas y a todas las ideas, siempre ha sido y será defensor de esa idea, pero en este momento, mientras no consigamos esa libre decisión del país, seremos unos fieles y celosos defensores de nuestro Estatuto de Autonomía de 1979. Y lo fuimos cuando se elaboró la Ley de presupuestos para 2006, y presentamos un veto. ¿Por qué? Porque afectaba y atacaba a cuatro artículos básicos de nuestro Estatuto de Autonomía, una ley orgánica. Este proyecto de ley presentado por el PSOE ataca violentamente la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene desde el año 1979 precisamente por esa misma ley orgánica. El artículo 16 de nuestro Estatuto de Autonomía dice que tenemos competencia exclusiva y total, además de inmanente, por la disposición adicional primera de la Constitución, y nos da la competencia total y exclusiva en todas las áreas que no sean competencia del Estado dependientes del artículo 27, ley orgánica y básica para la educación básica obligatoria y gratuita de 6 a 16 años, pero no en la parte relacionada con los títulos y con la inspección. El resto, señorías, es competencia del País Vasco, y así la viene ejerciendo, y lo mismo sucede en muchas otras comunidades. Yo he viajado por bastantes comunidades autónomas del Estado español y he podido ver que la educación y los sistemas educativos van funcionando.
Desde hace 26 años el País Vasco tiene, en función de su Estatuto, escuela vasca. No voy a entrar en comparaciones, ni mucho menos, pero sí les voy a dar una ratio interesante: el fracaso escolar en el País Vasco en 1992 rondaba el 18 por ciento. En este momento ese fracaso escolar está en un 12,5. En Europa está alrededor del 16 por ciento, y se aspira a que descienda al 10 por ciento en 2010. Y el fracaso escolar femenino en el País Vasco está incluso por debajo del 8,5 por ciento.
Es decir, creo que no estamos haciendo las cosas mal, ni mucho menos, como tampoco se están haciendo mal en el Estado español, de verdad. Creo que este proyecto de ley --porque también hay que hablar de las virtudes, señora ministra-- tiene también muchas ventajas con respecto a la LOGSE, la Ley 1/1990. Y digo que tiene ventajas porque toca en su articulado aspectos relacionados con calidad, innovación, iniciación profesional, diversidad curricular, e incluso ofrece la posibilidad de que puedan reciclarse todas aquellas personas que perdieron a los 16 o a los 18 años el tren de la enseñanza por fracaso escolar o por los motivos que fuere, lo mismo que ocurre en el País Vasco y en muchas otras comunidades autónomas. Pero, señora ministra, señorías, este proyecto de ley tiene verdaderos inconvenientes --no me refiero a los técnicos, en los que después entraremos--, siendo uno de ellos que afecta e invade muchísimas competencias.
Eusko Alkartasuna intenta ser celoso con su Estatuto. Por eso le recordamos, señora ministra, los seis input en que esta ley afecta a nuestro Estatuto. Se lo hemos dicho varias veces en las cuatro o cinco conversaciones que hemos mantenido con usted, y hubiésemos estado encantados de retirar nuestro veto si nos hubiera dicho que la financiación está en función del Concierto Económico y del Convenio para Navarra. Pero no ha querido incorporar nuestra enmienda 552, que señala que estas disposiciones nunca estarán en contra de lo que dicen la disposición adicional primera de la Constitución y los estatutos de autonomía con competencia, como el nuestro. Nos ha dicho de viva voz que siempre van a respetarlo y seguramente así sea cuando esté usted presente, pero tenemos miedo de que en posteriores intervenciones puedan invadir, lanzar dardos y dar zarpazos ante nuestra actuación.
Creo que esta ley afecta a seis aspectos, y voy a citarlos rápidamente.
En primer lugar, considero que esta ley, si es básica y orgánica, debe afectar sólo a la educación comprendida entre los 6 y 16 años, que es donde tiene competencia la Administración central. Por el contrario, en la preobligatoria: los dos ciclos de educación infantil que se imparten de 0 a 6 años, y en la postobligatoria: el bachiller, la formación profesional, la artística, la musical, la deportiva, la de idiomas, la iniciación profesional, la del reciclaje y la del aprendizaje continuo, que va de los 16 años en adelante, no es posible su intervención porque no se contempla en los artículos 27 y 149.1 de la Constitución. Por tanto, no podemos aceptarlo y tenemos que luchar por ello.
En segundo lugar, no podemos aceptar toda la parte relacionada con la financiación correspondiente a estos aspectos que no son la formación obligatoria, ya sean convenios, ayudas o subvenciones. Ustedes podrían haberse implicado muy poco y haber proyectado una invasión mínima y, sin embargo, han entrado a fondo con un desglose pormenorizado que muchas veces supera lo que sucede con respecto a la competencia. Han intervenido en cuestiones relacionadas con la Función pública, a pesar de que el artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía establece que tenemos competencia en la Función pública. Ustedes también han entrado a regular la parte correspondiente a la ordenación y los elementos básicos referidos a los centros públicos, como la elección y no selección del director y de los órganos de gobierno, invadiendo con ello competencias.
Igualmente, esta ley intenta crear aspectos totalmente contraproducentes para nuestra competencia al intervenir en el tema de los funcionarios interinos, cuestión que hay que solventar de alguna forma, y en aspectos relacionados con los trabajadores docentes: reconocimiento y valoración, elementos futuros, creación de un sistema.
Señora ministra, de verdad que nos produce cierta tristeza plantear este veto, a pesar de que haya empezado mi intervención diciendo que, como vasco y representante de una gente de nuestro país que en este momento está feliz, hoy era un día grande y alegre. Por eso, señora ministra y

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señores senadores, entendiendo que la educación es la base para la creación de la persona humana y fundamento de una sociedad más justa y equilibrada y que debe ser un elemento que cree personas para la convivencia, la paz, el respeto y la ciudadanía en el mundo y Europa, Eusko Alkartasuna ha tomado la decisión de retirar este veto en honor de la paz, de la convivencia y del respeto a las personas, a las ideas y a las formas de ser y actuar. La única petición que hacemos, señora ministra y señor Pezzi, es que, a partir de este momento, respeten en su actuación del día a día las ideas, las formas y los planteamientos que realicemos y, sobre todo, nuestro Estatuto de Autonomía, elemento generador mientras no consigamos nuestra soberanía y nuestro poder de decisión de los pueblos.
«Eskerrik asko. Zorionak Danori». (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa del veto del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, señora ministra, bienvenida al debate educativo.
Hoy sin duda es uno de los días más importantes de la actual legislatura porque debatimos el futuro de la educación --como usted ha dicho-- de nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado veto a este proyecto de ley porque su contenido no nos gusta pero, como sabe muy bien, no gusta a una parte muy importante de la comunidad educativa --he oído a pocos profesores que defiendan esta ley, a bastantes pocos--.
Además, señora ministra, no goza del consenso al que usted se comprometió y al que se comprometió el señor presidente del Gobierno, a no ser que considere que media España no existe. No tiene el consenso con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que suponen aproximadamente el 42 por ciento de los alumnos, y tampoco tiene el consenso con la comunidad educativa --luego entraremos de lleno en este tema.
Entendemos nosotros que no se van a resolver los principales problemas que aquejan a la educación española sino que más bien se van a empeorar, y el tiempo dejará las cosas en su sitio. Y si esto no se resuelve, lejos de acercarnos a Europa y reducir la brecha que nos separa, es posible que se agrande, cosa que no deseamos nadie. Porque, ciertamente, señora ministra, es muy mejorable el nivel de conocimiento de nuestros alumnos, es muy mejorable el nivel de fracaso escolar y es muy mejorable el nivel de abandono en la Educación Secundaria, de eso nadie nos sentimos satisfechos. Es cierto que en los últimos años se ha logrado que las tasas de escolarización sean altas y que la universalización de la educación entre 6 y 16 años se ha hecho realidad, pero no es menos cierto que se ha conseguido a costa de una reducción importante de conocimientos. Señora ministra, hemos alcanzado a enseñar a casi todos, a enseñar poco, eso sí, a todos, y así nadie puede quejarse de la grave injusticia de haber aprendido más que el resto.
Han pasado 15 años desde la aprobación de la LOGSE y parece que fue ayer, porque los que han elaborado la LOE son los mismos protagonistas y no solamente son los mismos protagonistas, sino que las ideas, las recetas y terapias son copiadas. En suma, el nostálgico proyecto del PSOE arranca viejo y sin capacidad para mejorar lo ya existente, porque la finalidad de la LOE --entraremos posteriormente en debate-- no ha sido corregir lo que no ha funcionado de la LOGSE, sino derribar la LOCE, la ley del Partido Popular.
Seguiremos con un sistema educativo que no educa, es decir, que no enseña a vivir, que no prepara para hacer frente a la vida, que no entrena en la superación, el riesgo y la responsabilidad, y no educa porque no cree en el valor de la cultura y el conocimiento, porque niega los saberes de calidad y excelencia a los hijos de los trabajadores porque sólo pretende su incorporación masiva al sistema. En suma, la LOE no educa porque no ha sido concebida como un sistema de enseñanza, sino que más bien ha predominado la intención de adoctrinamiento.
Le decía antes que la LOE no tiene el consenso que demanda la sociedad y al que se comprometió el presidente del Gobierno: nos decía que esta ley iba a ser de todos y para todos. ¿Una ley que ha aparecido aquí con dos vetos y 927 enmiendas es una ley de todos y para todos? Sin comentarios.
Si es de todos, ¿cómo se explica que haya 10 millones de votantes --que es lo que representa mi partido-- que no hayamos llegado a nada en absoluto? Y, lo que es peor, en relación con lo poco a lo que ha llegado esta Cámara ha trabajado usted intensamente para que no quede ni rastro del Partido Popular, como veremos en las votaciones posteriores.
Usted ha anunciado a la prensa que se va a cargar todas las enmiendas, porque una cosa es la comisión y otra es el Pleno y el proyecto de ley orgánica necesita el voto de 131 senadores para que prospere alguna de esas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. No van a hablar los implicados, pero usted ha maniobrado para que estas enmiendas no prosperen.
Anteriormente he afirmado que nuestras comunidades autónomas no han participado, que no se ha tenido en cuenta las propuestas de las asociaciones de padres, de profesores y alumnos. Cuando le son afines, les recibe; cuando no, no las recibe. No quiero recordarle las movilizaciones y el rechazo popular que ha tenido este proyecto de ley, con más de un millón y medio de personas en la calle, con tres millones y medio de firmas, y el señor presidente les ha dicho a todos que no y les ha dejado en el olvido.
De lo nuestro, no comento nada, porque todo ha sido diálogo, pero no hemos llegado absolutamente a nada.
La LOE no asegura un sistema educativo vertebrado. Mientras se está aprobando un proyecto de ley orgánica, le está saliendo una consejera que le dice que ha llegado a un acuerdo con la comunidad educativa para hacer el modelo propio de una comunidad autónoma. Y espero que también me ratifique la portavoz que luego tendremos la oportunidad de oír que el Pacto del Tinell también aboga por un

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consenso para ese modelo educativo propio de una comunidad educativa.
Por lo tanto, si no garantizamos unos mínimos comunes; si no garantizamos en el Estado una enseñanza común y cada uno va a tener su modelo educativo, no es para sentirse totalmente satisfechos. Ya se están viendo muchas cosas que luego iremos analizando, pero es preocupante que en determinadas comunidades autónomas no se pueda aprender en lengua castellana y, lo que es peor, ni se imparta. Y no le he oído nunca a usted como española hacer una defensa de la lengua castellana, porque usted sabe como yo que hay comunidades autónomas en las que se está impartiendo lengua castellana en la plástica, en la música y en el dibujo, y usted también colabora a ello, porque ahora la lengua castellana la ha unido con la lengua cooficial, y durante el tiempo que esté de ministra le vamos a hacer responsable de los derroteros que se atraviesen con ese seminario de lengua castellana junto con lengua cooficial. Desde luego, a nosotros nos preocupa bastante.
No se garantiza la libre elección de centro a las familias. Si se garantizase la libre elección de centro a las familias ¿qué problema tendría usted en que apareciera el término familias en el preámbulo? Da la sensación de que en España no existen las familias, no aparecen nunca en el preámbulo, y tampoco figura que vaya a haber libertad de elección de centro, como garantiza la Constitución.
Señora ministra, en los principios generales de la ley parece que no existen los padres --y tampoco quieren introducir las enmiendas del PP--, obvia totalmente a los padres y la libertad de elección de centro. Y el artículo 15 que tanto le preocupa, aprobado en comisión, lo único que dice es que todas las familias españolas con niños de cero a tres años --sé que este extremo le preocupa mucho y va a intentar que esta tarde no salga adelante-- puedan tener plaza en centros públicos y en centros concertados para conciliar la vida familiar y laboral; y que para todas las familias que lo deseen --respetando la libertad de elección de centro, respetando la demanda-- la Administración haga una oferta de plazas suficientes para alumnos de 3 a 6 años, tanto en centros públicos como en centros privados. ¡Qué grave es! ¡Proviene del Partido Popular! En consecuencia, carguémonoslo porque, si no, esto es el fin del mundo.
Por ello hemos tenido que mejorar en comisión los artículos 15, 84 y 109.
¿Cómo cree usted que se puede garantizar la elección de centros? ¿Usted cree que se garantiza a las familias una oferta de plazas suficiente al señalar el artículo 109 que se garantizará la existencia de plazas en centros públicos o privados concertados suficientes en las zonas de nueva población? ¿Y qué sucede con esa interpretación? Pues que en absoluto está garantizada la libertad. Y, señora ministra, lo que es más importante, ¿en qué parte del proyecto se garantiza que vaya a tener acogida la opción que han elegido las familias elegidas en primero o segundo lugar? En ninguna parte. Pero no es que esto ocurra en los centros concertados, sino en la red pública, que es donde tenemos que buscar la calidad. De esos dos tercios de centros públicos, los padres llevarán a sus hijos al que les mande la Administración educativa. ¡Y a esto se le llama libertad de enseñanza! Eso sí, se curan ustedes en salud y nos dicen: Es que si hay más demanda que oferta... Pero es que la libertad es precisamente eso, señora ministra, porque cuando hay menos demanda que plazas ofrece el instituto, entran todos, y como es obvio, cuando hay que establecer garantías es cuando hay más demanda que oferta.
El proyecto no garantiza una buena calidad de la enseñanza. No puede haber calidad en una ley que no sitúa la riqueza de los contenidos y de su conocimiento en el eje director de la misma, unos contenidos en los que no prima lo universal por encima de los particularismos, pero, además, aparecen nuevos contenidos de adoctrinamiento político que, como he dicho antes, no nos gustan. Todos hemos escuchado decir: No me gusta haber tenido la mala suerte de que tres de mis alumnos hayan tenido que estudiar la LOCSE, debiendo aprender sobre los ríos y arroyos de su pueblo, en tanto que su padre les ha tenido que decir dónde está el Danubio y dónde el Amazonas.
El modelo educativo que nos trae usted para secundaria va a suponer un empobrecimiento de los contenidos actuales al debilitar asignaturas fundamentales como la tecnología, la informática --que desaparece--, la filosofía --que transforma--, la ética --que no sé en que transforma el señor Moratinos--, el latín, el griego, la música, el dibujo... y no sigo. Especialmente grave es el hecho de que unifique usted la asignatura de lengua castellana y literatura con la lengua cooficial, porque, señora ministra, ¿quiénes están siendo los perjudicados? ¿Qué resultados tenemos de los análisis que se han realizado? Pues que entre los alumnos de determinadas comunidades autónomas donde no se les ha dejado elegir la lengua materna hay un fracaso de más de un 10 por ciento. Pero aquí tenemos que decir de forma angelical que todo es muy bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Porque los hijos de los trabajadores que no puedan ir a las academias tendrán que sufrir ese grave inconveniente.
Me niego a que en cualquier rincón de España los hijos de esos trabajadores tengan que ir a una academia de pago para aprender el castellano, tal y como ha sugerido el presidente de un determinado partido político, y más concretamente el señor Mas, porque su partido, que se llena la boca de progresismo, no cree en la educación española ni en la lengua común de todos los españoles. ¿O es casual que sus compañeros de ministerio, el señor Blanco y el señor Montilla, lleven a sus hijos a colegios franceses, ingleses o alemanes cuando los demás los llevamos a colegios de la enseñanza pública? Hágase usted esa pregunta, señora ministra.
Ya le he dicho que se inventan ustedes una asignatura, como la de educación para la ciudadanía, que no nos gusta y para cuyo análisis de contenidos no ha contado prácticamente con nadie, motivo éste por el que el otro día la comisión la sacó de primaria, aunque, como ya ha dicho hoy, parece que tienen pactos con otros grupos parlamentarios para volver a meterla. Transforma usted la filosofía del bachillerato en una asignatura de filosofía y ciudadanía; crean en esa etapa la asignatura de ciencia para el mundo contemporáneo, de cuyo contenido no se sabe absolutamente

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nada, y a este senador le preocupa, y mucho, lo que van a hacer ustedes. Por último, devalúan la religión y eliminan la alternativa confesional. Sin duda este último es un cambio profundo para pasar de los valores occidentales europeos sobre los que se asienta la escuela a otra de carácter laico, vacía de valores y de sentimientos morales y espirituales.
Señorías, éste es un proyecto ideológico para una transformación cultural y social, y de consumarse, no será una conquista del progreso, sino un retroceso en la democracia. No puede haber calidad en una LOE que no apuesta por mejorar los resultados de los alumnos, porque no es cierto que los alumnos en primaria accedan al ciclo o etapa siguiente siempre que alcancen las competencias básicas correspondientes, ya que, al poder repetir únicamente una vez, en el resto de los cursos tendrán que promocionar incluso con todas las asignaturas suspensas.
A un joven no se le puede exigir al final de su etapa aquello para lo cual no se le preparó desde el principio. Ustedes han progresado siempre adecuadamente en su enseñanza primaria, tanto que nunca percibieron en qué consistía tal cosa, pero nadie les dijo nunca que a lo que se enfrentarían después era a la vida misma, a la vida real.
Señorías, mientras no consigamos que todos los niños salgan de primaria con conocimientos esenciales de historia, de geografía, de lengua, de matemáticas y de otros idiomas; mientras haya un 30 por ciento de alumnos que acaben primaria sin estos conocimientos mínimos; mientras no hagan un diagnóstico para detectar estas deficiencias y adoptemos medidas correctoras al finalizar la etapa, seguiremos condenando al fracaso escolar a estos alumnos. ¿Y qué vamos a hacer con esos alumnos que no progresen adecuadamente? Los mandaremos a la enseñanza secundaria.
Especialmente nociva es esta ley para la enseñanza secundaria obligatoria y su modelo de enseñanza comprensiva. La comprensividad complica todo porque para evitar la diferenciación que llevaría a caminos distintos, impide los exámenes y la exigencia, y hace ver que no son necesarios en el estudiante los conocimientos, es decir, todas aquellas cosas que inevitablemente seleccionan, pero que también aleccionan. Al establecer que los conocimientos no son importantes, la ley avala casi todo, la promoción de curso con tres asignaturas pendientes; la promoción automática cuando han repetido curso o dos veces en la etapa; los exámenes de septiembre lo deja en manos de las comunidades autónomas y el título degradado en secundaria obligatoria no dice con cuántos suspensos se va a obtener, permitiendo a cada comunidad autónoma con los que estime oportuno.
Para poder aprender es fundamental el esfuerzo y la exigencia personal, en los que no cree la ley del Gobierno socialista; insiste en sustituirlo por el esfuerzo compartido, entendiendo que el esfuerzo de uno lo tienen que hacer los demás por él. Con dos años de duración no sólo tendremos el bachillerato más corto de Europa...


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya, por favor.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Concluyo, señorías. Lamentablemente no tengo más tiempo y no he llegado ni a la tercera parte de lo que quería decir. No tengo la fortuna de disponer de todo el tiempo que necesitaría.


El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene el turno de portavoces.


El señor ABEJÓN ORTEGA: El veto del Grupo Parlamentario Popular se fundamenta en que este proyecto de ley no tiene el consenso que demanda la sociedad española y, en consecuencia, no es un proyecto para todos los españoles, señora ministra; no asegura un sistema educativo vertebrado y una formación común para todos los españoles; no se garantiza la libre elección de centro a las familias; tampoco mejora la calidad de la enseñanza; provocará un aumento de las desigualdades entre las comunidades autónomas y, sobre todo, la gran perjudicada será, una vez más, la escuela pública.
Dígame, señora ministra, y termino, señor presidente, ¿qué le han hecho a usted los profesores interinos de la enseñanza pública para dejarles tirados y obligar a sus socios a no apoyar esta enmienda al Partido Popular? En suma, es un proyecto que surge con un objetivo fundamental: derribar la LOCE del Partido Popular, y aparece una LOE cuyos mandamientos son: No destacarás. No respetarás. No te sancionarán. No competirás. No te esforzarás. No te examinarás. No repetirás. Y, en definitiva, no te formarás. Y, por ello, señora ministra, es una ley que nace vieja, con poca vida y condenada al fracaso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Pezzi, que utilizará su turno para contestar al senador Urrutia y al senador Abejón.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero saludar tanto a las señoras y señores senadores y senadoras, como también a los miembros de la comunidad educativa que nos acompañan hoy en el debate en el Senado.
Permítanme que comience mis palabras dedicándoselas al senador Urrutia, a quien agradezco la retirada de su veto, pero permítame también que brevísimamente, en un día especial para el País Vasco y para España, haga una intervención con la misma solemnidad que ha hecho usted la suya, y que lo haga este socialista andaluz ahora en nombre de todos los socialistas españoles, y especialmente de los vascos.
Señorías, el Partido Socialista hizo posible el primer Estatuto de Autonomía vasco, el del 36, gracias al acuerdo entre Indalecio Prieto y José Antonio Aguirre. Señorías, durante 40 años, en el exilio, sostuvimos el Gobierno vasco. Con la recuperación de la democracia y con el impulso

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del primer lehendakari socialista, Ramón Rubial, fuimos coautores del actual Estatuto de Gernika y de su desarrollo. Fueron consejeros socialistas los que reordenaron e impulsaron el sistema educativo de Euskadi. Por tanto, tenemos un compromiso con el Estatuto de Gernika, con el concierto económico y con las disposiciones constitucionales que confirman los derechos históricos del País Vasco. Así pues, los socialistas defenderemos el texto del Estatuto de Gernika y su pleno cumplimiento; asimismo, creemos necesario un proyecto de reforma estatutaria, contando con todas las fuerzas democráticas vascas, que profundice en el Estatuto, lo consolide y lo mejore.
Señorías, el Partido Socialista Obrero Español ha estado siempre detrás de los estatutos de autonomía para el País Vasco y en la defensa de sus derechos. El PSOE de Indalecio Prieto, de Ramón Rubial, de Javier Rojo, de Txiki Benegas, de Ramón Jáuregui, de Patxi López y de las senadoras y senadores socialistas aquí presentes: Miguel Ángel Urquiza, Francisco Buen, Yolanda Vicente y Víctor Manuel Urrutia, todos ellos están detrás del Estatuto de Gernika y en la defensa de Euskadi, con la misma fortaleza que cualquier otro senador.
Muchas gracias, por la retirada de su veto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No se alteren, por favor. Un socialista defendiendo a sus compañeros creo que es bonito en una Cámara. Es mi tiempo y lo hago con orgullo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio, por favor.


El señor PEZZI CERETO: Sin embargo, el veto, apoyado por la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, tiene otro cariz radicalmente distinto. El desarrollo del veto, en caso de que no prospere, es un conjunto de enmiendas parciales, que posteriormente discutiremos, que es el troceado de la enmienda a la totalidad, que sigue paso a paso la llamada Ley de Calidad, con leves retoques de puesta al día.
Desde mi punto de vista, el veto reproduce una foto fija y desvaída, ya que no analiza los cambios introducidos en el Congreso de los Diputados.
Se fija en un texto, que es el piensan que ha mandado el Gobierno, incluso mal interpretado, como se ha demostrado en la intervención del senador Abejón.
Creo que no han tenido en cuenta los avances producidos en la memoria económica, en la regulación del personal docente, en el currículum y el reparto 55/65, en la evaluación y promoción del alumnado, en la diversificación curricular, en la cualificación profesional inicial, en la prestación más clara de la educación como servicio público por los poderes públicos o por la iniciativa social, la nueva regulación de los centros concertados, la escolarización de los alumnos, la autonomía de los centros. Todo ello pasa inadvertido en la intervención del portavoz del Grupo Popular.
Desde mi punto de vista, se sigue con una estrategia de descalificación contra el Gobierno de Zapatero. Ahora toca hacerlo con la educación y no se tiene ningún reparo en utilizar este ámbito para intentar machacar al Gobierno, sin analizar las repercusiones ni lo que quedará por el camino.
La posición del Grupo Popular no es participativa, es inútil en el actuar normalizado de las instituciones e inútil para conseguir una buena ley.
Se busca el cuanto peor, mejor, lo que siempre resulta inasumible, pero, en educación, un dislate.
El veto y las enmiendas parciales --repito, texto alternativo troceado-- no persiguen en modo alguno mejorar el texto de la ley que estamos debatiendo. Sencillamente, intenta romperla, añorando la LOCE, sin considerar que estamos en otro momento, en otra legislatura, en otras mayorías.
Desde mi perspectiva, el veto se justifica en varios argumentos que, además de señalar, si tengo la fortuna, desmontaré.
Los portavoces del Partido Popular dicen que la LOE es la LOGSE, y ya se sabe que aquella ley produjo todos los males en España.
El segundo argumento del Partido Popular es que la LOE reduce la competencia del Estado y se la da a las comunidades autónomas, con el riesgo de que cada una haga un modelo educativo distinto, y ya saben ustedes que las comunidades autónomas son menores de edad y no son capaces de asumir competencias tan serias y tan importantes como las de educación.
El tercer argumento básico del Partido Popular es que la LOE llega sin consenso y no gusta a nadie, y las movilizaciones lo demuestran.
Respecto a la primera, dice el Partido Popular que la LOGSE, aprobada por el Gobierno Socialista en 1990, ha hundido la educación. Desde mi perspectiva, se construye un maniqueo para simplificar el análisis fijando el recorrido de los últimos quince años colgado en exclusividad de una de las leyes educativas, la LOGSE, que, irremediablemente, como recuerda el «ananque» griego, nos ha empujado contra los acantilados y ha hundido la educación y el país. Para construir un maniqueo de estas características se han visto obligados a magnificar la enseñanza anterior a 1990 como el mejor de los mundos, según sus perspectivas, una educación de calidad, al parecer, inmejorable.
Por otro lado, los informes PISA, realizados por la OCDE, son la demostración científica del fracaso del sistema y han minusvalorado el paso de los gobiernos de Aznar, como empujados inevitablemente por el mal de ojo de la LOGSE.
Un análisis somero de la situación de nuestro país en los años anteriores a la LOGSE, por ejemplo, en 1986, nos puede mostrar rápidamente un panorama menos paradisíaco de la realidad educativa. En 1986, los alumnos escolarizados con 15 años eran el 50 por ciento, ahora son el cien por cien; en Bachillerato, eran el 30 por ciento, ahora son el 60 por ciento; universitarios eran el 18 por ciento, ahora son el 30 por ciento. En escolarización estamos peor. ¿Tenemos que añorar que no haya habido una LOGSE que haya conseguido todos esos objetivos? Pero, ¿y el fracaso

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escolar? En EGB en 1986 era del 32 por ciento; en Bachillerato era del 50 por ciento, y en Formación Profesional era del 67 por ciento. Tampoco hemos mejorado. Vean ustedes las cifras que da el informe PISA y comprobarán que no podemos tirar cohetes, señorías, volviendo la cara a un pasado que recordamos y soñamos que fue mejor, pero en modo alguno es así. La realidad es que en aquellos años estudiaban pocos, las clases altas y medias y apenas las bajas, y los resultados --vean ustedes las hemerotecas-- decían lo mismo que ahora; siempre se ha dicho lo mismo del sistema educativo desde la etapa de Platón: que los estudiantes de esa época eran los peores de cualquier época que hubiera habido. Es el dicho conocido, una frase común como cuando uno entra en el ascensor y dice: hoy puede llover o está nublado. Es una frase común que se incorpora al día a día.
Otro debate al que se han sumado con fruición el Partido Popular y los colectivos que lo apoyan sin matices, en mi opinión expresado burdamente, es que los informes de la OCDE, PISA 2000 y PISA 2003, demuestran el desastre sin paliativos de la educación española. Ciertamente, nos indican bajas tasas de éxito y alto abandono escolar en comparación con otros países de referencia, pero con cierta mesura, sobre todo al fijar la responsabilidad de la situación y el marco europeo en el que se produce.
Primer dato relevante: los informes PISA y algún otro de los años 2003, 2000 y de años anteriores, se producen durante los mandatos de Aznar, de Esperanza Aguirre, de Mariano Rajoy y de Pilar del Castillo, siendo ministros o ministras de Educación. La evaluación se hace sobre los ocho años de Gobierno popular, pero en este punto se produce el primer proceso de magia y prestidigitación. Es cierta la coincidencia, dicen, pero el Gobierno de Aznar no podía hacer nada contra el huracán de la LOGSE, nada contra el fracaso escolar. Se sabía, se sufría, se decía, pero los hados no dejaban hacer nada para remediarlo. No se podía cambiar la ley; no se podían aumentar los medios económicos para la educación; no se podían aumentar las becas; no se podían hacer desdobles; no se podían hacer refuerzos, etcétera.
El Partido Popular dice: ¡Qué frustración! Gobernar y ser impotente para resolver este gran problema. Ocho años perdidos. Con la LOGSE ya se sabe; qué podíamos hacer, etcétera. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en sus 15 meses de ministro de Educación, bajo la espléndida dirección del señor Aznar, intentó resolverlo , pero no pudo ser porque no había ocho años para resolver ningún programa educativo.
La LOGSE era la culpable de todos los males. ¡Qué simpleza! ¡Qué análisis sociológico, histórico, político más pobre! Una ley causante de todos los males. Un renglón para explicar 15 años de nuestra historia educativa.
¿Qué pasa con el modelo de familia, señorías? ¿Qué, con la progresiva pérdida de valor de la educación como mecanismo de movilidad social? ¿Qué, con la escasa importancia que la sociedad y los poderes públicos le otorgan a la educación? ¿Qué, con el sistema de valores imperantes, que se transmite a través de los medios de comunicación? ¿Qué, con la insuficiente financiación del sistema? ¿Qué, con la menor implicación de la familia en el proceso formativo de sus hijos? ¿Qué, con la baja consideración que tiene la labor docente? ¿Qué, con la presencia cada vez más masiva de inmigrantes de culturas diversas? ¿Qué pasa con los análisis serios y complejos como la vida misma? ¿Han desaparecido del debate en el Senado? Si un problema tan grave se analiza desde el simplismo las soluciones serán igualmente simplistas y, por tanto, la catástrofe estará asegurada.
Y precisamente fue lo que ocurrió: un mal análisis llevó a que con mayoría absoluta y sin consensuar con nadie, a la mitad de la II Legislatura del Partido Popular se aprobara la LOCE; se encontró una fórmula mágica para romper el hechizo, el mal de ojo: se pone la palabra calidad en el nombre de la ley, y ya está; hay que añadir también una dosis de más exámenes, más reválidas, más itinerarios, más segregación y señalar al alumno como el culpable único por no esforzarse, y ya tenemos la solución. El alumno y la LOGSE. Ambos son los culpables. Nada que decir de la Administración, de la sociedad, de la familia, del profesorado, del centro. Señorías, poco pollo para tanto arroz, como dicen en mi tierra.
Si la LOGSE es la gran culpable en su análisis, ¿qué ha pasado en Estados Unidos, en Portugal, en Italia, en Grecia, donde los rendimientos de los alumnos en matemáticas, por ejemplo, son peores, según el Informe PISA 2003? ¿También tenían la LOGSE en esos países? ¿Qué pasa en Alemania, en Francia, en Noruega, cuyos rendimientos educativos son similares a los españoles? ¿También aplicaron la LOGSE? ¿Qué pasa en Francia? ¿Están leyendo el debate del informe Thélot, que es el presidente de la Comisión para el debate sobre el futuro de la escuela en ese país? ¿Es que no ven que el modelo educativo se rompe porque ha cambiado el modelo de sociedad? ¿Es que no ven que el modelo de globalización y el modelo que surgió de la revolución industrial ha saltado por los aires? ¿No ven que la LOE intenta buscar el aire propicio para que las velas se hinchen y llevarnos a una Unión Europea en la que estos valores nuevos sean capaces de tirar de la educación? No queremos darnos cuenta de lo que el informe PISA revela y seguimos culpando a algunos de males que no tenemos. Y, señorías, este informe dice lo que dice y con los porcentajes que dice: la media de la Unión Europea en matemáticas es de 500 puntos; pues bien, España está en 485 puntos, es decir, un 3 por ciento por debajo de la media, cuando el error del Informe PISA es del 2,4 por ciento.
Tampoco dramaticemos. Sepamos lo que dice y hagámoslo mejor. Pero no añadamos elementos que dramatizan el sistema cuando hemos experimentado una fuerte mejora. Y precisamente, la LOE, sobre la que ahora estamos debatiendo, intenta dar una respuesta. Para ello, introduce serios elementos de calidad, de refuerzo, de apoyo, de preparación del profesorado y de evaluaciones de diagnóstico. No estamos hablando de evaluaciones finales para decir que determinado alumno es un torpe, sino de evaluaciones de diagnóstico --en cuarto de Primaria y en segundo de Secundaria Obligatoria--, para descubrir si un chico o una chica tienen algún problema y, en ese caso, ofrecerle un refuerzo y un apoyo para que lo supere porque, en definitiva,

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cuando lo que se lleva a cabo es un diagnóstico final, se trata ya de un hecho inevitable. Por tanto, tenemos que ser capaces de diagnosticar a los que tienen problemas para ayudarles y para que puedan recuperar, con exámenes también.
Se concede más autonomía a los centros para buscar soluciones a problemas específicos; se dota la educación de mayores medios económicos; se exige más a los alumnos, pero también al profesorado, a la Administración, al centro y a las familias. Sí, señorías, se trata de aportar calidad y equidad, con la participación y el esfuerzo de todos.
El segundo motivo de veto se basa --y voy a ser muy breve en este extremo porque me parece obvio-- en que todo lo que no sea Estado o Administración central es un desastre para la educación. Las comunidades autónomas --ya se sabe-- se centran en enseñar a los niños el río de su pueblo y algunas cuestiones que no tienen ningún valor. ¿Ocurre eso mismo en las ocho comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular? Si no fuera así, porque son más serios, ya habría ocho salvadas. ¿Ocurre eso en las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas? Si tampoco es así, ya tenemos otro montón más salvado. ¿Cuál es el problema, señoría? ¿El País Vasco y Cataluña? Si eso es lo que creen, díganlo, pero también demuestren que Cataluña y el País Vasco no son capaces de llevar adelante las competencias que la Constitución y sus estatutos de autonomía les otorgan. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor PEZZI CERETO: Mi experiencia en temas educativos me lleva a decir que estamos hablando de personas muy serias a la hora de ejercer sus competencias y que los resultados educativos vienen a demostrarlo en el día a día. Por tanto, no es procedente mostrar ningún tipo de desconfianza; es el modelo constitucional, el modelo del bloque constitucional y, por tanto, el hecho de decir que vamos a poner en marcha 17 modelos educativos es una parodia de la realidad, que no creo que sea asumible desde ningún punto de vista.
El tercer motivo de rechazo y de veto es que la LOE llega sin consenso y, en este sentido, mi pregunta es la siguiente, ¿comparada con cuál? ¿Con la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, del PP, que la aprobó dos años antes de terminar la legislatura? Si es así, ganamos por goleada porque la LOCE fue aprobada prácticamente con el exclusivo apoyo del PP; recibió más recursos de inconstitucionalidad, manifestaciones masivas, además de la oposición de sindicatos, patronales, etcétera. Por tanto, me parece bastante relativa la afirmación de que llega sin consenso.
Creo que se ha llevado a cabo un buen trabajo con los sindicatos, con las patronales, con las comunidades autónomas, con las asociaciones de padres y madres, con colectivos diversos --por ejemplo, los colectivos de sordos que hoy nos acompañan-- y con aquellos que tienen necesidades educativas especiales; hemos intentado tratar con cada colectivo para que la ley fuera mejor. En este sentido, hemos mantenido 40 reuniones con sindicatos, patronales y asociaciones; hemos analizado 304 documentos y hemos recibido un amplio apoyo que nos puede permitir sacar adelante la ley.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente, ya termino.
Con esta tramitación termina una buena ley, una ley sensata, una ley que sabe abordar las necesidades educativas de nuestro país y, por ello, pedimos el respaldo de sus señorías para rechazar el veto; veto injusto e innecesario porque creo que la LOE merece la suerte de convertirse en una ley de Estado, que dure muchos años.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor URRUTIA ELORZA: Señorías, hemos mantenido dilatados diálogos durante bastantes horas, tanto en la comisión como en los pasillos. Lo cierto es que usted ya tenía preparada su réplica y a mí me ha recordado cuando en la Universidad de Sarriko, por diversas circunstancias --por ejemplo, que el profesor hubiera sacado la cátedra o el doctorado--, se daba el aprobado general y muchos alumnos decían: yo quiero hacer el examen, quiero ir a por nota. Señor Pezzi, Manuel, encima de que te he puesto en bandeja el veto, me has hecho una recriminación, aunque cariñosamente. Ningún problema.
En su contestación, señor Pezzi, ha hecho referencias retrospectivas, aludiendo al año 1936 y al primer Gobierno del lehendakari Aguirre, del cual formaron parte ministros nacionalistas del PNV, de ANV, republicanos, y también socialistas, perfectamente unidos frente a una desgracia y a la verdadera opresión que supuso el levantamiento militar, en el que sufrimos circunstancias desagradables y del que han quedado muchos temas sin resolver. Sin embargo, señor Pezzi, no comparto uno de los datos que usted ha dado, que es incorrecto. El señor Rubial --con gran respeto hacia él, magnífica persona, y a su familia-- no fue primer lehendakari, fue presidente del Consejo General Vasco durante la época preautonómica. Por favor, modifique sus notas. El primer lehendakari de la autonomía fue Carlos Garaicoetxea Urriza, del cual tuve el honor de ser viceconsejero en su departamento de Economía y Hacienda. Fue lehendakari del año 1980 al año 1984, y aportó dos ideas básicas, una de las cuales sale a colación en este momento:

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montar dos mesas, una de pacificación y otra de normalización.


El señor PRESIDENTE: Señoría, tenía cinco minutos para explicar la posición de su grupo. Quiero decirle que le quedan dos minutos y 28 segundos. Si quiere seguir hablándonos de historia, estoy encantado, pero sepa que tiene dos minutos y 24 segundos. Hay que estar a lo que estamos.


El señor URRUTIA ELORZA: «Lehendakari jauna, parkatu». Señor presidente, disculpe, pero estoy contestando a la réplica que me ha dirigido el señor Pezzi. Además, seguro que terminaré antes de dos minutos.
Decía que el lehendakari Garaicoetxea tuvo dos ideas: en primer lugar, la creación de las dos mesas y, en segundo lugar, decir que la transición estaba inacabada, cuando de verdad estaba inacabada. Ojalá que en este momento el Partido Socialista, acompañado de todos los partidos, pueda concluirla. Los socialistas han defendido el estatuto a su manera, pues han estado gobernando desde el año 1982 a 1996 y todavía hay treinta y tantas competencias sin transferir. El que aquí suscribe, este senador humilde, durante los 18 ó 19 meses que todavía me quedan, defenderá el estatuto de autonomía ante toda proposición de ley o toda ley que lo ataque.
Espero que pronto podamos debatir en esta tribuna la próxima ley de dependencia, que ataca los servicios sociales.
Nada más, señor presidente.
«Milla esker».


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar manifestando que el voto del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria será contrario al veto del Grupo Parlamentario Popular.
El proyecto de ley que hoy se presenta mejora, sin duda alguna, el anterior al proporcionar una educación de más calidad a los ciudadanos, al tratar de cumplir los objetivos educativos de la Unión Europea y al dar respuesta a algunas de las singularidades de las comunidades autónomas. Pero no todo es positivo en este proyecto de ley. El sistema educativo español se caracteriza por su inestabilidad. Por eso pedíamos al comienzo de la legislatura un gran pacto social y político para lograr un sistema educativo estable. Es cierto que el Gobierno abrió un período de diálogo con todos los estamentos de la comunidad educativa, pero no sólo hay que dialogar, sino que hay que consensuar. Lamentablemente, no se logró ese consenso y la ley saldrá adelante con una mayoría insuficiente para que el sistema educativo sea duradero. La ausencia de ese consenso hará que este proyecto sea una ley más y no un proyecto pactado por encima de las posiciones partidistas, que es lo que realmente necesita nuestra sociedad.
La semana pasada dije en la comisión que el grupo que apoya al Gobierno no acaba de asumir el fracaso de la LOGSE. En mi opinión, nos ha traído un proyecto de ley que vuelve en parte al espíritu de la LOGSE, en el que se han introducido algunos aspectos importantes de la llamada Ley de Calidad, del Grupo Parlamentario Popular, quizá con la intención de atraer al otro grupo mayoritario. Sin embargo, hay que destacar que por primera vez se acompaña al proyecto de ley una memoria económica, que a nuestro juicio es un gran avance y valoramos positivamente, pero sigue siendo necesario una ley de financiación que permita afrontar los gastos derivados de la LOE, corregir los desequilibrios territoriales existentes y acercarnos a la media europea antes de los diez años contemplados en el proyecto de ley. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego que guarden silencio.


El señor AYALA FONTE: Se ha suscitado también un gran debate con la escuela privada y concertada. Algunos hablan del derecho de los padres para elegir centro, pero cuando dicen eso ¿a qué padres se refieren?, ¿los padres residentes en los núcleos rurales o en los miles de pequeños municipios pueden elegir centro? O en el caso de las Islas Canarias o de las Baleares, ¿ eligen centro los padres de las islas periféricas o no capitalinas? ¿Es, por tanto, compatible la libertad de elegir centro con la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos? Por eso mi grupo parlamentario ha apostado prioritariamente por el sistema público, porque el reparto del alumnado entre las redes pública y privada no penalice de alguna manera a la escuela pública, y porque potenciarla es la mejor manera de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en lo que se refiere al derecho a la educación.
El proyecto de ley, aunque contiene avances muy importantes, continúa sin tratar adecuadamente la diversidad del alumnado. No se han modificado las ratios profesor-- alumnos, sigue igual que hace muchos años. Estimo que el proyecto de ley no tiene las herramientas necesarias para motivar al alumnado, para luchar contra la indisciplina constante en los centros educativos, ni para resolver de forma inmediata esos conflictos disciplinarios, que someten al profesorado y a los alumnos a estados de ansiedad, incluso de miedo ante las agresiones que se vienen produciendo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego que guarden silencio.
Apenas se oye a quien está en el uso de la palabra. Rogaría silencio o que se abandone el hemiciclo.


El señor AYALA FONTE: ... agresiones que se vienen produciendo en los centros e inciden en la convivencia escolar y en el trabajo diario de los profesores.
Por último, entendemos que esta ley debería contener, y no lo tiene, un mayor reconocimiento al profesorado, base fundamental del sistema educativo. Actualmente en los centros apenas se habla de la LOE, hay apatía ...


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El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya, por favor.


El señor AYALA FONTE: Termino, señor presidente.
Falta ilusión por parte del profesorado, que está harto de tanto cambio, inspirado la mayoría de las veces en motivos partidistas, pensando que no se abordan, ni resuelven los problemas reales que hay en los centros. Nos preocupa, por ejemplo, la regulación en este proyecto de ley del acceso a la función pública del colectivo de profesores interinos, cuya labor no puede calificarse sino de forma positiva durante muchísimos años.
Por tanto, con las enmiendas presentadas a este proyecto de ley esperamos corregir alguna de estas deficiencias y reitero el voto negativo al veto presentado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve.
En primer lugar, saludo a toda la comunidad educativa que ha venido a escucharnos.
Hoy estamos en esta Cámara en el tramo final de una ley que debía haber sido la estrella de la legislatura, al menos a nuestro modo de ver. Podía haber sido la ley «Sansegundo» o la ley «Zapatero» para los próximos treinta años. Una ley fruto del consenso que hubiese permitido a la educación de España salir del lugar no precisamente idóneo donde se encuentra. Una ley que devolviera a la escuela española el prestigio perdido, y todos somos, son, culpables en la medida en que de una forma o de otra todos hemos y han estado en los distintos gobiernos. Las distintas alternativas democráticamente se suceden y continuamos teniendo problemas en la educación.
Hemos pasado, como siempre, de la LOGSE a la LOCE, y ahora a la LOE. Ésta debería estar en medio, pero no vamos a discutirlo.
Debería ser una ley que devolviese a los profesores, a los maestros, con justicia, las compensaciones económicas que hasta ahora no han tenido --la ley intenta solucionar esto, aunque a nuestro modo de ver no suficientemente-- y el respeto que se merecen, tanto por parte de los padres como de la sociedad en general. Una ley que exigiese a los alumnos responsabilidad, palabra perdida hace casi veinte años, y que hiciera capaz a la escuela de sacar lo mejor de los mejores, de reconocer de entre los alumnos a aquellos con altas capacidades --no siempre son los mejores, pero si tienen esas altas capacidades debemos aprovecharlo porque la sociedad no puede prescindir de ellos-- en todas las áreas técnicas, ciencias o matemáticas, pero también las artísticas. Una escuela donde el alumno con dificultades fuese estimulado, ayudado y se sienta acogido y respaldado. Y por último y no menos importante, devolver a las aulas un mínimo de disciplina. Señorías, la disciplina no está reñida en absoluto ni con creatividad ni con desarrollo de las libertades individuales, pero es necesaria en un aula; aulas donde la violencia y la intolerancia fuesen imposibles. Una ley que diese a los padres, conscientes de su responsabilidad --han olvidado muchas veces que son responsables--, frente a sus hijos y frente a la sociedad, el derecho a elegir, como no podía ser de otra manera, el tipo de educación que querían para sus hijos, con sus propios principios, tal como recoge nuestra Constitución. Por eso en nuestro modelo así lo elegimos, así lo elaboramos y así lo mantuvimos cuando gobernamos durante 23 años.
Una ley que hiciese posible una sociedad por la que muchos luchamos y motivo para algunos de nuestra presencia en esta Cámara, o sea, una sociedad formada por individuos libres, orgullosos de su libertad, de una libertad responsable, formados e informados --sin formación la información no sirve de nada--, capaces de hacer de este mundo un mundo mejor. Sí, señorías, ya sé que parece una utopía, pero algunos lo creíamos posible. Así lo pedimos ya al actual presidente del Gobierno en su debate de investidura --lo hizo nuestro portavoz, el señor Durán i Lleida--, y esta portavoz se lo ha pedido en reiteradas ocasiones a la ministra Sansegundo, pero no ha sido posible. No ha habido consenso porque, señorías, consenso no es poner encima de la mesa una ley y preguntar a ver quién se apunta e intentar ganar adeptos. Eso no es consenso. Consenso significa hacer una ley entre todos basada en un gran pacto que hubiese tenido que perdurar treinta años. Un pacto no es ceder a las presiones de los que se manifiestan en la calle, aunque sí escucharles. Por tanto, nos alegramos de que les hayan escuchado, a ellos y a nosotros.
Esta ley saldrá del Senado, confío, mucho mejor de lo que entró, y espero, aunque debería decir deseo, que con mucho más consenso. En algunas ocasiones este consenso habrá sido forzado, pero no importa porque habrá sido consenso. Y tengo la esperanza --aunque me gustaría decir la certeza-- de que el Congreso mantenga los acuerdos de esta Cámara. En ese sentido, presentamos enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado; enmiendas que debatiremos después. Muchas de ellas han sido aceptadas o transaccionadas. El Partido Socialista ha hecho un esfuerzo notable: tanto en el ministerio como por medio del portavoz en la Comisión, el señor Pezzi. Ha hecho un ejercicio de negociación, apartándose de los extremos, centrándose. Por nuestra parte, siempre hemos estado en el centro.
Nuestro voto hubiera sido hoy negativo en el caso de que se hubieran mantenido los dos vetos: el del Grupo Popular y el de Eusko Alkartasuna.
Celebramos que lo haya retirado, señor Urrutia. Apoyar el veto era negarle a esta Cámara la posibilidad de colaborar en el desarrollo de la ley; aunque la posibilidad sea mínima, puesto que esta Cámara es de segunda lectura, aunque nos sepa mal.
Esta ley podría haber sido la mejor: la estrella de la legislatura. Al menos, esperamos que sea una gran ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


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El señor MAQUEDA LAFUENTE: «¡Arratsaldeon danori!»; buenas tardes a todos.
Señor presidente, señora ministra, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al Senado --la casa de todos-- a los representantes de varios grupos de la comunidad educativa. Hemos estado reunidos en numerosas ocasiones hablando con profesores y representantes de diferentes colectivos: religión, psicólogos, informáticos, etcétera. A todos ellos les hemos escuchado, y hemos valorado sus intereses --como luego se verá en las enmiendas--, que, a nuestro modo de ver, eran muy justos. Van a seguir ustedes el debate tras el cual vendrán las votaciones, que será lo más interesante. No obstante, les anticipo que pueden estar tranquilos: escuchando a los portavoces, tanto al del Grupo Popular como al del Grupo Socialista, pienso que no van a tener ustedes ningún problema; les van a solucionar todos los que han planteado.
No voy a hacer ninguna valoración del comunicado que ha emitido hoy la banda terrorista ETA. Ya lo ha hecho esta tarde nuestro lehendakari; el lehendakari Ibarretxe, el lehendakari de todos los vascos. En consecuencia, nuestro grupo, que ha condenado siempre la violencia y ha mostrado un ánimo decidido de libertad, no tiene que decir nada más en ese sentido.
En la comisión se presentaron dos vetos. Hoy se ha retirado uno de ellos: el que presentó Eusko Alkartasuna. En consecuencia, queda vivo el que presentó el Grupo Parlamentario Popular. Ya manifestamos en la comisión, y consta en el «Diario de Sesiones», que nos parecía que ninguno de los dos grupos quería que prosperara el veto. Si no, lo hubieran tenido muy fácil: hoy no estaríamos aquí si los representantes del Grupo Popular --12 miembros-- hubieran sumado sus votos en comisión al del representante de Eusko Alkartasuna; total, trece miembros de 25. No sé para qué hacía falta más discurso ni reunión. Lo mismo ocurre esta tarde: si querían que prosperase el veto --los unos, que lo han retirado, y los otros, que han estado hablando tanto tiempo-- sólo hubieran tenido que sumar sus fuerzas. Pero está bien trabajar para la galería. Lo que pasa es que los de la galería no son tontos, y se dan cuenta de las circunstancias de cada uno y de a qué juega cada uno.
Vamos a votar en contra del veto presentado por el Grupo Popular, como ya lo hicimos en comisión. El Partido Popular tuvo su momento --sus ocho años de Gobierno-- y sus leyes. El Partido Socialista tiene su momento ahora, y lo tuvo en anteriores legislaturas; también sus leyes. Le he dicho a la ministra en más de una ocasión que todos los ministros de Educación tienen la tentación de pasar a la historia; también lo ha dicho la representante de Convergència i Unió: la Ley Rodríguez, ésta será la ley Sansegundo, etcétera. Son referentes de la educación primaria y secundaria, y también de la universitaria, de la que haré luego un apunte breve, aunque hoy no toque.
Ésta no nos parece una buena ley, ya lo hemos dicho en varias ocasiones.
No se ha querido que haya consenso. Se podrían haber consensuado muchos artículos. La postura de nuestro grupo quedará clara en las diferentes votaciones. Efectivamente, ha habido negociaciones --no podría ser de otra manera-- tanto en el Congreso como en el Senado, y también ha habido reuniones. Pero a nosotros, a los miembros del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos hubiera gustado que la ministra nos hubiera llamado, y, teniendo en cuenta que somos siete senadores, decisivos en cierta medida a la hora de votar las enmiendas, como se verá, algo podríamos haber dicho.
No ha sido así. La ministra se ha reunido --quizá creyendo que con eso cumplía-- con el representante-consejero de Eusko Alkartasuna en repetidas ocasiones, pero, como se va a ver luego, nosotros no estamos de acuerdo con la política de Eusko Alkartasuna --aunque estemos en coalición--, y por eso vamos a votar en contra de algunas de las enmiendas propuestas por Eusko Alkartasuna, como también vamos a votar en contra de enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, como se verá más adelante. En ese sentido, ministra, sí nos hubiera gustado, al menos, haber tenido el mismo trato que el Grupo Parlamentario Mixto, que el representante de Eusko Alkartasuna, un solo representante en esta Cámara, pero quizá usted pensaba que recibiendo al consejero ya recibía a todo el Gobierno vasco.
No nos ha gustado esa situación, y menos aún nos ha gustado que nos lleguen los recados --como nos llegaron ayer-- desde el Congreso de los Diputados, y no a través de los representantes del Partido Socialista en esta Cámara, diciéndonos qué es lo que deberíamos decir. No nos ha parecido de recibo, y así se lo decimos. Ya sabemos que en el Senado pintamos poco, pero le vuelvo a repetir que tenemos siete votos, como se verá luego, que son decisivos para inclinar la balanza en un sentido o en el otro. Se lo digo para que en la próxima ley, que será la LOU, si ha aprendido la lección, hablemos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya, por favor.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Termino, señor presidente.
En nuestro modelo educativo tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer: vamos a defender nuestras posiciones; nos estamos enterando por la prensa de lo que se está haciendo en la LOU, y, como ha acabado el tiempo, sólo quiero decir que no se debe tratar como se está haciendo en la ley a familias, a estudiantes, al futuro del país; que se debe negociar más con todos los grupos, y, un último ruego: pediría a los representantes portavoces de los grupos Popular y Socialista en esta Cámara, para este trámite que estamos siguiendo, un poco de respeto, una defensa de sus posiciones, que es lo que tienen que hacer, para convencer a los grupos y a la sociedad, y que dejen de mirar hacia el pasado, a lo que hicieron unos y otros. Hagamos futuro, y entre todos busquemos el consenso, por el bien de la sociedad, de los representantes de la comunidad educativa y del país.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, saludo a toda la comunidad educativa que nos está acompañando en este debate. Señora ministra, nuestro grupo ya votó en contra del veto en comisión. Nos parecía que habrían tenido la oportunidad de haberlo retirado incluso en comisión, pero es lícito y es democrático mantenerlo y que haya llegado al Pleno. Incluso creemos que es bueno que lo hayamos podido debatir, porque a nosotros nos parece que cualquier debate sobre educación es positivo.
De las palabras del senador Abejón no he podido interpretar si encontraba bien o mal la presentación de tantas enmiendas; supongo que si encontraba bien la presentación de un veto, también debería parecerle bien que hubiera muchas enmiendas, porque ayudan a puntualizar en algunas ocasiones aspectos de la ley o incluso a cuestionar otros. Nosotros presentamos enmiendas, retiramos enmiendas, algunas han prosperado, otras no, y hoy algunas prosperarán y otras no, pero nos parece bien, ya que el mismo concepto de participar es puramente educativo; es un valor que debemos situar entre los propios de la educación.
Hoy se decía --quizá por los muchos años que llevo en la profesión, lo recordaba-- que todos somos responsables del fracaso de la educación, pero a mí me gustaría recordar, por un momento, que en el año 1995 se celebraron elecciones legislativas, y todos los grupos políticos, los socialistas, pero también los populares, decíamos en aquel momento que teníamos la juventud mejor formada de la historia. Era el año 1995, y estábamos muy satisfechos. Habíamos conseguido que muchos más jóvenes ingresaran en la universidad y también que otros muchos continuaran sus estudios de enseñanza secundaria puesto que algunos los dejaban a los 15 años. Y hemos dado pasos aún mejores: ahora tenemos una educación mucho más universal. (Rumores.) Pero se ve que por el camino hemos ido dejando a esta juventud tan bien formada. ¿Y quién ha gobernado desde 1995 hasta hace dos años? El Partido Popular, el partido que quiso que, con la aplicación de la LOGSE, no se consiguieran los frutos oportunos. Dice usted que la LOE derriba la LOCE, y yo le digo que la LOCE hizo fracasar la LOGSE en su momento más delicado, en el de su aplicación a la enseñanza secundaria. (Fuertes rumores.) Y ahora estamos en un camino nuevo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.


La señora BAIG I TORRAS: El grupo de la Entesa quiere decirle, señoría, que la LOCE no nos favorecía, ni por el tipo de escuela que proponía, una escuela con la que nosotros no nos sentíamos satisfechos, ni porque por nuestras competencias autonómicas se nos impedía lo que luego hemos podido conseguir, el Pacte Nacional per lÆEducació para poder dar, junto con esta ley que usted, señora ministra, impulsa con el Gobierno, y de cuyo trabajo nos hemos sentido satisfechos, para poder dar --decía-- un paso adelante hacia la ley catalana de educación.
Señor Abejón, señorías, les recomiendo que se lean el Pacto del Tinell, y más concretamente el Pacte Nacional per lÆEducació, para que vean que su Capítulo II está dedicado a las familias y a la educación. Pero en este caso no se va a hacer lo que en aquella ley en que se hablaba constantemente de familias y de educación y en que se aludía a la calidad de la educación resultando al final que no se contaba con los elementos necesarios para llevar a cabo lo que en ella se decía. En el propio índice del pacto nacional de educación ya se ve que en él se habla de una serie de principios: de la dimensión individual de la familia en la escuela y de su participación, de la dimensión colectiva en las federaciones y asociaciones de padres de alumnos, de la participación desde el consejo escolar del centro, de la participación del alumnado en la escuela, de las necesidades horarias y de servicios de las familias, horario, jornada y calendario escolar.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


La señora BAIG I TORRAS: Nosotros no ponemos las palabras única y exclusivamente. También ponemos programas y nuevos recursos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


La señora BAIG I TORRAS: Queremos extender la escuela a las familias y que el alumno tenga más horario escolar.
Y respecto a la cuestión de la lengua, a lo que usted ha aludido, por favor, cuando hable usted de la lenguas catalana y castellana en la escuela en Cataluña, intente conocer todas las realidades. Yo no sé si ustedes se guían por un ejemplo o por dos, pero estoy segura de que no se guían ni por lo que se dice en el Pacto del Tinell ni por la verdadera realidad de la escuela en Cataluña. El Pacto del Tinell habla en su punto 18 de la educación,...


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


La señora BAIG I TORRAS: ... y dice lo siguiente: Elaborar y ejecutar un plan de impulso en el aprendizaje de lenguas con el objetivo de garantizar a todo el alumnado el conocimiento del catalán, del castellano y del inglés, así como la optatividad para iniciarse en el conocimiento de otras lenguas. Y en cuanto a algo específico para el castellano, dice lo siguiente: Garantizar el dominio...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


La señora BAIG I TORRAS: Sí, señor presidente. Sólo quiero puntualizar en un momento este aspecto porque me parece muy importante.
Estaba diciendo que respecto del castellano, se dice en ese documento lo siguiente: Garantizar el dominio comunicativo del castellano a un nivel correcto de expresión, de

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comprensión oral y escrita. Y en cuanto a la enseñanza obligatoria que en Cataluña se decidió por unanimidad con la ley lingüística de 1983, he de decir que había un modelo de escuela para conseguir en la enseñanza obligatoria --y se consiguió-- el mismo dominio de la lengua castellana que de la catalana.
No ridiculicemos el tema de las lenguas...


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


La señora BAIG I TORRAS: ... ni pongamos cada día este tema encima de la mesa.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quizá las palabras de algún portavoz, sobre todo las pronunciadas por el portavoz del Grupo Popular, el señor Abejón, han podido crear cierta inquietud por los contenidos de la Ley Orgánica de Educación. Como su señoría ha relatado una especie de mandamientos o eslóganes, me gustaría centrar algunos temas que me parecen básicos.
Primero. Apunta que la LOE no asegura un sistema educativo vertebral y una formación común para todos los españoles, cuando es incierto. El artículo 6.3 dice que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan. Prácticamente, se trata de la misma redacción que la LOCE en su artículo 8.2.
Segundo. Señala que no se garantiza la libre elección del centro por parte de las familias, y es incierto. El artículo 84.1 de la LOE dice que las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados, de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en las condiciones de igualdad y la libertad de elección de centros por padres o tutores. Otra vez nos encontramos un texto similar al artículo 72.1 de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
Tercero. En la programación de red de centros se echa en cara que la LOE invoca, en el artículo 109, el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Quieren que citemos el uso del despilfarro y de la ineficacia? Cuarto. Manifiesta que aparecen nuevos contenidos de adoctrinamiento, como educación para la ciudadanía y los derechos humanos. ¿Cabe algo contra este título tan limpio, claro, evidente y necesario? ¿Cómo los mismos que defienden la religión católica no aplauden a rabiar que se enseñe educación para la ciudadanía y los derechos humanos? ¿Es que la religión católica está en contra de la educación de la ciudadanía y los derechos humanos? ¿Es que no hay una identidad y una adaptación a lo largo del proceso histórico de la religión? No es posible asumirlo de esa forma.
Quinto. Mantiene que el modelo de educación secundaria va a empobrecer los contenidos actuales. Búsqueme usted una asignatura que esté en la ley que ustedes hicieron y que no figure en ésta. No hay ninguna. La LOE incluye informática, y ustedes no la contemplaban, y la filosofía de la que hablan ustedes la denominaron ética y ahora se llama educación ético-cívica.
Sexto. Dicen que se unifica en un mismo área, asignatura o seminario la lengua española y la cooficial. Estarán leyendo otra ley distinta. En la LOE se habla de materias y no se dice nada de áreas, seminarios, asignaturas conjuntas, ni de que una se coma a la otra. Es ciencia ficción. Figura la lengua y literatura castellana y, en su caso, la lengua y literatura en la lengua cooficial correspondiente, por ejemplo catalana o vasca.
Séptimo. Afirman que es muy negativo que los alumnos de primaria sólo puedan repetir una vez en la etapa. ¿Cuántas veces repetían en la etapa con la Ley de Calidad de la Educación? Una vez. Pues si la suya era buena, la nuestra también lo será. Explíquele usted a un andaluz que no se entera cómo puede ser que, si la suya era buena, la mía sea mala.
Octavo. Apuntan que es una barbaridad que un alumno de secundaria pueda pasar al siguiente curso con todas las asignaturas suspendidas. Lo mismo ocurría con su ley porque se repetía curso una sola vez y, si volvía a suspender todas las asignaturas, pasaba al siguiente curso con todas. Es igual que su ley, solamente que usted quería que los alumnos de secundaria estuvieran hasta los 20 años, lo cual me parece un poco sacado de contexto. Con esta ley se repite dos veces en secundaria obligatoria.
Noveno. Tachan de escándalo que la LOE tenga el bachillerato más corto de Europa, dos años. ¿Acaso la LOCE tenía tres o más? No, tenía dos. Pues su ley era buenísima y la nuestra un mamarracho. ¡Hay que ver! Décimo. Señalan que no tenemos recursos para la escuela pública. ¿Quién hizo una memoria económica para la LOE? Este Gobierno. ¿Qué hicieron ustedes? Cero patatero.
Por favor, vetos apoyados en estos argumentos, de ninguna de las maneras.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio, por favor.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores.
Estamos haciendo un debate serio y un debate serio no se hace con descalificaciones (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No, no!.--Rumores.) Este partido ha aprobado enmiendas en comisión de Esquerra Republicana de Cataluña, ha aprobado enmiendas de Izquierda Unida, ha aprobado enmiendas de Convergència

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i Unió, ha aprobado enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ha aprobado enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, ha aprobado enmiendas de todos, ¡y ustedes ni una sola enmienda del Partido Popular, ni una sola! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso sí, diálogo y consenso: el diálogo de sordos. ¿Por qué hay entendimiento entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Mixto u otros grupos y nos escandalizan? ¿Qué es lo que hemos aprobado, señorías, qué es lo que hemos aprobado? ¡Pues van a ver qué escándalo mayúsculo! Primera enmienda que hemos aprobado --señora ministra, ¡que no la voten, que no la vote nadie, qué pecado!--: que de cero a tres años las administraciones educativas promuevan plazas para conciliar la vida familiar y laboral tanto en centros públicos como en centros concertados --¿pero dónde está esta gente, qué proponen?--. Y si vamos al 15.2, que es la enmienda transaccionada: que haya plazas suficientes para atender la demanda de las familias tanto en los centros públicos como concertados en el segundo ciclo de Educación Infantil, ¿pero adónde van? Seguimos con las enmiendas que hemos transaccionado y hemos aprobado. Una enmienda muy importante en el tema de financiación. ¿Qué dice la financiación? Que no nos tomen más el pelo. Ya sé que en medios de comunicación nos ganan y que inmediatamente lo van a transmitir, eso no lo dudo, pero fíjense ustedes (Risas y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor Zapatero en su programa electoral dice: Alcanzaremos el gasto educativo de la media europea en la presente legislatura, es decir, alcanzaremos el 5,3 por ciento del PIB en la presente legislatura. ¿Saben ustedes qué han aprobado en el Congreso? Para el 2016. ¿Qué enmienda propone el Grupo Parlamentario Popular? Que sea en 2012. ¡Pero qué dice el Partido Popular! Siguiente punto. Efectivamente, las comunidades autónomas en estos momentos gestionan más del 90 por ciento de los recursos económicos que tiene la educación, en torno al 94 por ciento, ¿y qué dice el Partido Popular? Pues que ya que la señora ministra habla aquí de que tiene mucha importancia la atención a la diversidad en la ESO y doña Assumpta Baig dice que ha fracasado la LOGSE porque el Partido Popular en la atención a la diversidad y a la diversificación curricular no empleó el dinero que tenía que emplear, lo que dice el partido con los socios que han apoyado la enmienda es: Hagamos un plan de choque, que todos los años vía Presupuestos Generales del Estado se garanticen todas estas medidas de atención que tiene que haber en todas las comunidades, sean ricas o sean pobres. ¡También les parece mal, es que todo les parece mal! Pero no queda ahí la cuestión, seguimos. ¿Y qué nos parece que es mejorable? Señora ministra, usted dice 3.500 millones de euros, ¿pero es que a mí alguna vez me ha oído que yo le diga que eso no está bien o que no sea bienvenido? Lo que la estoy diciendo es que con eso no nos vamos a acercar a Europa, pero se lo voy a tratar de explicar: no nos acercamos a Europa porque usted el año que se pone en marcha el primero de Infantil ayuda a las comunidades autónomas y cofinancia la medida de esas comunidades autónomas, pero al año siguiente y en los siguientes les quita la cofinanciación para eso curso, con lo cual ha creado usted un agujero. Luego el Estado sólo ayuda para poner en marcha la medida el primer año y el resto de los años lo tienen que pagar las comunidades autónomas. ¿Qué dice la enmienda del Grupo Parlamentario Popular aprobada en comisión? Lo que dice la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es que el Estado cofinanciará con las comunidades autónomas no solamente, señora ministra, el año de la puesta en marcha de la medida, sino los cinco años de aplicación de la ley; no tiene nada que ver, esto sí nos dirige a homologarnos con Europa. ¡Pues nada tiene que ver, tampoco les gusta esto! Pero, señorías, hemos aprobado una enmienda que es el mal de todos y hay que pedir perdón en esta Cámara. ¿Saben cuál es esa enmienda por la que hay que pedir perdón y no nos perdonan? Señora ministra, diga aquí si es o no verdad. Se nos ha dicho que la retiremos inmediatamente.
La enmienda propone una convocatoria especial durante dos años para los profesores interinos, que se les valore al máximo el mérito, que se les valore también una memoria y que haya una prueba que no sea eliminatoria.
¡Y dicen que eso hay que retirarlo! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Así seguiríamos con todas las enmiendas. No tienen voluntad de diálogo ni de consenso, lo que nosotros ya hemos demostrado. Hay que ser serios, y yo pido seriedad al debate. ¿Es que son tan malas todas estas enmiendas que hoy va a cargarse el Grupo Parlamentario Socialista? ¿Son tan malas estas enmiendas que buscan el diálogo y el encuentro con el Partido Socialista? ¿Quién si no ha dado el paso para encontrar una fórmula de consenso educativo que no haya sido el Partido Popular y cuando estamos cerca de conseguirlo se da instrucción a los grupos de esta Cámara para que al Partido Popular «ni agua».
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego concluya.


El señor ABEJÓN ORTEGA : Concluyo, señor presidente.
Señora ministra, defienda la escuela pública; defienda a los profesores de Informática, a quienes va a echar usted a la calle; defienda a los profesores de Tecnología, a quienes va a echar usted a la calle, porque no apuesta por la Tecnología, no apuesta por la Informática, no apuesta por la Lengua y, como ha señalado el señor Pezzi, demuéstreme a mí, con la ley en la mano, que en una misma área en Primaria, o en un mismo seminario en Secundaria no dice textualmente el proyecto: lengua castellana y lengua

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cooficial si la hubiera. Y hasta ahora, todas las leyes decían: lengua castellana con una identidad propia y lengua cooficial si la hubiere, como otra asignatura. No nos engañemos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Concluyo, señor presidente.
Por lo tanto, hay que hacer un debate serio. El Grupo Parlamentario Popular ha puesto sobre la mesa sus enmiendas, ha negociado duramente con todos los grupos --quienes podrán decir si es o no verdad--, con el único objetivo de mejorar la educación. Pero el Grupo Parlamentario Socialista, anclado en la demagogia de siempre ha manifestado: Al Partido Popular, ni agua, porque nos lo impide el Pacto del Tinell.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación vamos a votar la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley orgánica de educación, y seguidamente votaremos la toma en consideración de la proposición de ley cuyo debate se celebró a última hora de esta mañana.
Votamos, pues, la propuesta de veto al proyecto de ley orgánica de educación del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 120; en contra, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

-- PROPOSICIÓN DE LEY DEL MEDICAMENTO Y DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO (S. 622/000032) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del medicamento y de la prestación farmacéutica.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 119; en contra, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (S. 621/000038) (C. D.121/000043) (Continuación).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar... (Pausa.--Risas.) Perdón, señorías, pero no está mal verles a todos ustedes de vez en cuando.
Debatimos a continuación las enmiendas y votos particulares al Preámbulo, Título Preliminar, artículos 1 a 11, y Título I, artículos 12 a 70.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Eusko Alkartasuna presenta ocho enmiendas referidas, fundamentalmente, a tres temas concretos, siendo uno de ellos el de las enseñanzas comunes y sus contenidos básicos. El texto del proyecto de ley hace una referencia a aquellas comunidades que tienen una cooficialidad del idioma, en este caso concreto el País Vasco o Euskadi, y dice que el contenido mínimo de los horarios escolares debe ser, al menos, el 55 por ciento --en aquellas comunidades que no tengan la cooficialidad sería el 65 por ciento.
Nos parece interesante que haya unos contenidos básicos idénticos porque estamos educando para la globalización, estamos haciendo una educación para el mundo, abierta al mundo, y es fundamental que contenga unos contenidos básicos comunes. Pero lo que no nos parece correcto de la ley --y así lo hemos enmendado-- es que se diga que esos contenidos sean mínimos, dejando a disposición del ministerio o del Gobierno del Estado que lo amplíe por registro o por un real decreto. Hubiera sido mucho más justo, y así lo propugnamos, que...


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, no se oye absolutamente nada.
Yo rogaría que quien no quiera estar en el hemiciclo, saliera del mismo, y, por favor, si permanecen en la sala, les ruego silencio.
Senador Urrutia, puede continuar.


El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que hubiera sido, a nuestro modo de ver, mucho más correcto que en el contenido de la ley figurara que el máximo de esas enseñanzas comunes fuera el 55 o el 65 por ciento, al objeto de poder después argumentar o incorporar aquellos otros contenidos encaminados a la formación cuantitativa y cualitativa del alumno o de la alumna. Es un tema que parece nimio, pero es fundamental.
La formación debe ser formación humana, formación ética, formación en valores y formación cuantitativa, y es básico que eso debe respetar la filosofía y la idiosincrasia propia de cada una de las comunidades, eso sí, siempre pensando en un desarrollo intelectual y en un desarrollo formativo que mire al mundo, a la colectividad, al progreso social, tratando de lograr, fundamentalmente, una

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cohesión social y una educación integradora que no tenga en cuenta ni el nacimiento ni el origen ni el color ni las capacidades de los alumnos. A esto se refieren dos de nuestras enmiendas que, a nuestro juicio, son interesantes y, por ello, nos gustaría contar con el apoyo de otros grupos políticos.
También hemos presentado enmiendas respecto al tema de la evaluación continua y en relación al respeto de las competencias propias de la comunidad autónoma.
Nos parece interesante que, en vez de que en períodos del desarrollo estudiantil de los alumnos o de las alumnas haya unas evaluaciones al final de unas etapas, hubiera una evaluación continua no sólo desde el punto de vista formativo, sino social y humano y dentro de un bienestar de la colectividad.
También creemos fundamental que la Educación Infantil --sobre ello hemos presentado dos o tres enmiendas-- distinga perfectamente el nivel primero y el nivel segundo, de cero a tres y de tres a seis años, fundamentalmente al objeto de distinguir la formación propiamente asistencial educativa al inicio ya de una formación educativa, en el cómputo de que ese niño o esa niña va acercándose ya al inicio de la enseñanza primaria.
Básica y fundamental es también la enmienda cuyo objetivo es que el nivel de cero a tres años vaya cubriéndose, para que los padres --o progenitores a y b, como empieza a decirse-- puedan realizar sus labores profesionales al tiempo que el niño vaya adquiriendo, además de ese cariño a la escuela --«ikastola» la llamamos nosotros--, la formación necesaria para ir asumiendo los diversos niveles formativos.
Termino refiriéndome al último grupo de enmiendas, sobre competencias, en concreto, respecto a la etapa de cero a seis años, que no es obligatoria, porque en la actualidad muchas comunidades autónomas estamos haciendo el esfuerzo de integrar a los niños de estas edades en la escuela. Así, en el caso del País Vasco es una competencia de la comunidad y pretendemos que no sea luego ponderada al objeto de que todo lo relacionado con las ayudas, subvenciones, conciertos y demás elementos tenga una participación por parte del Estado. Quisiéramos delimitar y definir claramente cuáles son las competencias y cuál es la enseñanza obligatoria, distinguiéndola de la preobligatoria, de la que hablaremos posteriormente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, corresponde la defensa de las enmiendas del senador Mur, del senador Jorquera y del senador Cuenca Cañizares.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Voy a emplear un único turno, en el que voy a exponer cuál es el objetivo de las enmiendas que he presentado en nombre del Partido Aragonés.
Tengo que agradecer la predisposición del portavoz del Grupo Socialista, puesto que, de siete enmiendas, nos han aceptado tres, hemos transaccionado una y, por tanto, restan otras tres, que son las que voy a defender a continuación, que además tienen un mismo hilo conductor.
Quizás estas enmiendas no se entienden bien en la globalidad del conjunto del Estado, pero en Aragón concurren las circunstancias de tratarse de un territorio amplio, despoblado y con municipios pequeños, por lo que se encuentra una dificultad añadida para prestar el servicio educativo.
Estas enmiendas se refieren a los artículos 12, 14 y un 15 nuevo y con ellas pretendemos que la Educación Infantil, de cero a seis años, además de ser considerada etapa educativa, se considere también asistencial.
Sus señorías se preguntarán sobre el porqué de este concepto. Es muy sencillo. De cero a tres años, los niños necesitan, además de un primer contacto con la educación, también un servicio asistencial. La finalidad está en poder prestarla sin los requisitos formales que se requieren cuando se trata de una etapa plenamente educativa. Este objetivo es más necesario en los pequeños núcleos rurales, donde a veces solo hay dos o tres niños a los que prestar esta asistencia y donde no se cuenta con las personas cualificadas, con arreglo a la normativa, de modo que no se puede prestar esta asistencia educativa, tal y como se dice en la ley, si no se entiende también desde una versión asistencial.
Éste es el matiz que queremos introducir mediante nuestras enmiendas, lo que someto a la consideración de sus señorías. Les pido que las apoyen con su voto, porque no perjudican a nadie, no perjudican al conjunto, no perjudican a la Ley e introducen un matiz importante, que creo que puede ser de aplicación en Aragón y en otros muchos lugares donde existe el mismo problema de despoblación, lugares muy alejados de la capital o de los grandes núcleos urbanos y, por tanto, donde se hace necesaria esta manera de entender esta especificidad, insisto, para que estos niños de cero a tres años en grupos reducidos no se queden sin asistencia educativa por no haberse entendido la faceta asistencial.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Jorquera para defender las enmiendas números 8 a 24 y 26 a 50.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego y antes de entrar en materia, quiero expresar que para nosotros es un motivo de esperanza, con toda la prudencia y cautela que desde nuestro punto de vista tiene que presidir cualquier valoración, el anuncio hecho por la organización terrorista ETA en el día de hoy. En primer lugar, es justo empezar por expresar nuestra consideración y nuestro reconocimiento a las víctimas del terrorismo y apelar a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas democráticas para, desde el respeto al Estado de Derecho, aprovechar la oportunidad que se presta para conseguir la pacificación y normalización definitiva de la situación política en Euskadi.
Dicho esto, quiero manifestar que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado 151 enmiendas al conjunto del

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articulado del proyecto de ley de educación y 42 enmiendas al preámbulo, título preliminar y título I.
Estas enmiendas son sintomáticas de que discrepamos en muchos aspectos del proyecto de ley que se somete hoy a la discusión del Senado.
Lamentamos que una dialéctica política, condicionada por la presión ejercida por el entorno del Partido Popular y por la jerarquía de la Iglesia Católica, desde nuestro punto de vista haya dificultado un debate sereno y constructivo sobre cuáles son los problemas reales que tiene la educación española y, en virtud de este análisis, cuál debe ser la orientación y la profundidad de las reformas para hacerles frente.
Consideramos que el proyecto de ley que se somete a la consideración de esta Cámara es más progresista desde el punto de vista pedagógico que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, es un proyecto menos restrictivo y rígido sobre lo que debe ser la educación y se caracteriza por un centralismo menos avasallador, pero entendemos que el sustrato fundamental de los dos modelos, el expresado por la LOE y el expresado por la LOCE, mantienen concomitancias filosóficas fundamentales, que justifican nuestra discrepancia en muchos aspectos.
En las enmiendas que hemos presentado tanto al preámbulo como al Título Preliminar y al Título I se desgranan muchos de los ejes de discrepancia que justifican las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado al conjunto del articulado. Permítanme que me detenga un momento, sin consumir todo el tiempo que me corresponde, en la explicación de estos ejes de discrepancia, para posteriormente, en los sucesivos turnos de intervención, procurar ser más sintético.
En primer lugar, consideramos que no se avanza suficientemente en el reconocimiento y en el respeto al carácter plurilingüe, pluricultural y plurinacional del Estado español y, en consecuencia, en el respeto a las competencias autonómicas. Consideramos también que no se hace una apuesta lo suficientemente decidida en defensa de la enseñanza pública.
El Bloque Nacionalista Galego entiende la educación como un servicio público y que, por tanto, debe ser prestado básicamente por los centros dependientes de las administraciones públicas. En virtud de esta filosofía, entendemos que el alcance de la enseñanza concertada debe ser limitado en el tiempo y debe ajustarse además a ser un complemento de la carencia de la educación pública en tanto ésta no se subsane. No es ésta la orientación del proyecto de ley que se somete a la consideración de esta Cámara, en nuestra opinión no se distingue claramente entre enseñanza pública y privada concertada, y la enseñanza privada concertada, en vez de ser una posibilidad, se convierte de facto en un derecho.
Consideramos que no hace una apuesta lo suficientemente decidida por asegurar una educación gratuita y de calidad, que es un aspecto básico.
La educación tiene una importancia fundamental para el progreso de los países y para asegurar el bienestar cultural y material de las personas.
La gran apuesta estratégica que tiene que hacer el Estado español para su desarrollo futuro deben ser las políticas de educación, las políticas de conocimiento y no las políticas de cemento, y pensamos que esta apuesta no es suficientemente ambiciosa en el texto de este proyecto de ley.
Por último, desgranando los grandes ejes que motivan muestras discrepancias con este proyecto de ley, entendemos que el mismo sigue sin resolver una de las grandes asignaturas pendientes del Estado español: que el carácter aconfesional del Estado no sea meramente declarativo, que no sea un brindis al sol y que tenga efectos prácticos y, en congruencia, la defensa del carácter laico de la educación.
Partiendo de estos ejes, voy a desgranar algunas de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a los apartados que nos ocupan y que afectan a estos enunciados.
En primer lugar, en mi opinión, no se avanza suficientemente en el reconocimiento y en el respeto al carácter plurilingüe, pluricultural y plurinacional del Estado español, en el respeto al carácter plural del Estado español, si prefieren que lo exprese así y, por tanto, en el respeto a las competencias autonómicas. Desde nuestro punto de vista, el modelo educativo debe estar inspirado en los valores contenidos en la Constitución, pero también en los contenidos en los estatutos de autonomía. La concertación de políticas educativas no debe conllevar que las comunidades autónomas no puedan desarrollar sus propios sistemas educativos y, en congruencia, uno de los principios que debe orientar el modelo educativo debe ser su adecuación a la realidad plurinacional del Estado español. En consecuencia, las comunidades autónomas deben poder hacer una planificación escolar claramente insertada en su realidad social, cultural y económica. Asimismo, pensamos que se debe plasmar como uno de los fines del sistema educativo la educación en el respeto a la pluralidad del Estado español, en el respeto a la pluralidad de lenguas, en el respeto a la pluralidad de culturas.
Dicho esto, hay que hacer un deslinde más claro entre las competencias compartidas entre el Estado central y las comunidades autónomas y las competencias exclusivas de éstas. La fijación de los objetivos, de las competencias básicas y de los criterios de evaluación, así como la definición de las características de las pruebas de acceso a la universidad y los requisitos para la solicitud de plaza en una facultad, debe hacerse de común acuerdo con las comunidades autónomas, no basta con que sean consultadas. Al mismo tiempo, debe asegurarse que las comunidades autónomas puedan decidir si pruebas realizadas en otras comunidades se adaptan a su sistema universitario.
Es necesaria, por otra parte, una mayor flexibilidad para que las distintas administraciones educativas puedan organizar sus currículos y en lo que afecta a la formación profesional puedan adaptar el mapa de cualificaciones a su realidad sociolaboral. Debe transferirse, asimismo, la formación continua, asegurando de esta manera la integración de los tres subsistemas que comprende la formación profesional en un sistema integrado de formación profesional.
El Bloque Nacionalista Galego considera que hay que hacer una decidida apuesta por la enseñanza pública --y éste es otro de nuestros grandes ejes de discrepancia--.


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En este sentido, como expresamos en nuestra enmienda número 9, entendemos que la red de centros de titularidad pública y la red de centros concertados no deben estar situados al mismo nivel; la red de centros concentrados debe cumplir una función única y exclusivamente complementaria de la red de centros de titularidad pública, que es por la que las administraciones educativas tienen que apostar .
Del mismo modo, entendemos que debe plasmarse como una responsabilidad de las administraciones públicas el garantizar una oferta suficiente de plazas en el primer ciclo de la Educación Infantil, y abogamos por que no se extienda la enseñanza concertada a enseñanzas no obligatorias.
Consideramos que la educación infantil debe impartirse única y exclusivamente en los centros de la red pública, así como los programas de cualificación profesional y las enseñanzas de personas adultas, El Bloque Nacionalista Galego apuesta decididamente por que el segundo ciclo de Educación Infantil pase a formar parte de la enseñanza obligatoria, cuestión que también plasmamos en nuestras enmiendas.
Finalmente, hay una serie de enmiendas que pretenden enfatizar la importancia, que tiene que conseguir una enseñanza gratuita y de calidad.
Creo que el texto debe recoger un compromiso expreso en el sentido de que la gratuidad efectiva de la enseñanza tiene que extenderse también a los libros de texto, al material escolar, al transporte, al comedor escolar y a las actividades extraescolares porque todos estos elementos son fundamentales para impartir una enseñanza universal y de calidad.
Desde nuestro punto de vista, se deben contemplar mejoras en la dotación de las plantillas de profesores, en la reducción del número de alumnos por aula, en los refuerzos de las tutorías y en la dotación de orientadores y profesores de apoyo, que forman parte de las medidas necesarias para avanzar en el camino hacia una enseñanza de mayor calidad. Por ello, es necesario establecer claramente ratios más ambiciosas; así, por lo que afecta a la Educación Infantil, el Bloque Nacionalista Galego apuesta por una ratio de 6 alumnos, como máximo, en el primer ciclo, para alumnos menores de un año; por una ratio de 10 alumnos como máximo, para alumnos de un año; y por una ratio de 12 alumnos como máximo, para alumnos de dos años. Por lo que respecta al segundo ciclo de Educación Infantil, de quince alumnos como máximo o doce si son de distintas edades; y, en el caso de la ESO, de 20 alumnos como máximo.
Para finalizar esta intervención, me gustaría señalar que el Bloque Nacionalista Galego apuesta claramente por un modelo de enseñanza laico.
Defendemos con plena convicción que el estudio de la religión en el sistema educativo tiene que abordarse desde el punto de vista histórico y cultural. No puede formarse correctamente a ningún alumno ignorando la importancia que han tenido las diferentes religiones en la conformación de las distintas sociedades; sería imposible entender la historia de Europa, por ejemplo, y sería imposible entender su arte si prescindimos del hecho religioso. Sin embargo, no es función del sistema educativo la educación de los alumnos en una creencia determinada.
Desde nuestro punto de vista, la enseñanza religiosa no debe formar parte del currículo escolar, ni siquiera como asignatura optativa y, por lo tanto, debe procederse a la revisión del Concordato con la Iglesia Católica para hacerlo posible.
La función de la Educación es educar a las personas con el fin de que tengan la capacidad de formarse un criterio propio sobre las cosas y, por lo tanto, es necesario que dispongan de un conocimiento integrado y global de la realidad. Eso significa educar en el respeto a todas las creencias religiosas y no en una determinada creencia. Esto último debe formar parte del ámbito privado y debe ser objeto de atención por parte de las familias que sean religiosas y quieran educar a sus hijos en unas determinadas creencias y por parte de las propias confesiones religiosas.
El Bloque Nacionalista Galego defiende esta postura porque ésta es su filosofía sobre lo que debe ser un sistema educativo. Apostamos claramente por la enseñanza laica y apostamos claramente por que la afirmación de que el Estado español es aconfesional sea un hecho y no un simple brindis al sol; pero es que, además, si somos conscientes de que la sociedad es cada vez más plural desde el punto de vista étnico y religioso, la incorporación de la enseñanza religiosa así entendida puede plantear en el futuro graves problemas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida ha presentado 102 enmiendas al proyecto de ley, lo que pone de manifiesto el elevado nivel de discrepancia que todavía tenemos con el partido en el Gobierno y con la propuesta que en este momento estamos debatiendo.
En concreto, Izquierda Unida ha presentado 32 enmiendas a este apartado porque siempre ha defendido que la educación pública debe ser una prioridad política, ya que contribuye de manera especial a una mayor cohesión social y a la formación de personas más libres e iguales.
Señorías, el servicio público educativo es, en efecto, el único capaz de garantizar una educación de calidad para todos y todas, en condiciones de igualdad, porque la educación pública acoge a todos, sean cuales sean sus características personales, sociales o culturales. Los centros educativos de carácter público constituyen un espacio de convivencia y respeto para la diversidad, un espacio donde se compensan las desigualdades sociales y se atiende a todos por igual, sin exclusiones ni discriminación alguna.
Por eso, apostamos por la educación pública con todas sus características: científica, laica, coeducativa, participativa, democrática, ligada a su entorno, pluralista e, incluso, orientada hacia la información integral, a la autonomía personal y al desarrollo del espíritu crítico. Por ello y para

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ello se requiere una financiación suficiente, que proporcione buena formación y mejores condiciones laborales a sus profesionales, así como centros educativos bien equipados y abiertos a su entorno y a la participación de la comunidad educativa y vecinal.
Señorías, con estos dos elementos que acabo de comentar, condensamos nuestro discurso en torno a lo que debe ser la ley que estamos discutiendo. Sin embargo, no podemos pasar por alto que ha habido elementos o acontecimientos en la tramitación de la propia ley que, de alguna forma, han hecho que hoy nos encontremos en una posición muy distante, y así lo haremos constar con nuestro voto, respecto a lo que plantea en este caso concreto el Gobierno y el partido que lo sustenta.
En este apartado hemos planteado un conjunto de enmiendas, cuyo elemento fundamental es destacar todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación como servicio público, que tiene que ser garantizado a través de una red de centros de titularidad pública. Por lo tanto, a nosotros nos resulta poco adecuado hablar del carácter complementario de ambas redes, ya que para nosotros es claro que le corresponde a la red pública desempeñar el papel vertebrador del sistema.
En la enmienda número 414 señalamos que la educación no debe estar al servicio de la economía más competitiva ni de un crecimiento económico sostenido. En la enmienda número 415 pretendemos que la Educación Infantil recupere el carácter estrictamente educativo que le asignó la LOGSE, sin retroceder, como se pretendió en la LOCE, a una concepción preescolar más propia de las guarderías aparcamiento de antaño. Por lo tanto, señorías, pretendemos evitar el carácter asistencial de la Educación Infantil.
La enmienda número 416 recoge nuestra intención de que en el segundo ciclo se contemple la posibilidad de convenios de financiación y no de conciertos. Por otra parte, pretendemos adecuar las enmiendas números 417 y 418 al contenido de lo que planteamos en nuestras enmiendas a los artículo 34 y 38. Entendemos que para acceder a la universidad sólo debe requerirse estar en posesión del título de bachiller, que es el que acredita la formación necesaria y, solo en caso de que en determinados estudios superiores exista un problema de oferta y demanda, tendría sentido plantear circunstancialmente algún procedimiento selectivo complementario.
La enmienda número 419 pretende que en la escolarización del alumnado con más necesidades de apoyo educativo prime, ante todo, la idoneidad del centro en relación con las características del alumno. En ningún caso debe transmitirse la idea de que la escolarización de estos alumnos debe responder a un criterio de mero reparto entre los centros públicos y privados concertados. Queremos precisar la redacción, mencionando explícitamente: centros sostenidos con fondos públicos.
En la enmienda número 420 señalamos que los conciertos solo deben cumplir etapas obligatorias. Por lo tanto, no los contemplamos en la Educación Infantil.
En la enmienda número 421 apostamos por un modelo de elección del director o directora por parte del consejo escolar, dejando claro que pretendemos la elección y no la selección.
La enmienda número 422 pretende enfatizar el papel de la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo y añadir un nuevo principio.
La enmienda número 423 aborda el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual.
En la enmienda número 424 pretendemos la previsión de una regulación específica para las enseñanzas artísticas.
En la enmienda número 425 tratamos de proteger la labor educativa.
Queremos recuperar el punto que figuraba en el anteproyecto de ley, relativo a evitar que la labor educativa que se realiza desde la escuela se pueda ver contrarrestada desde determinados mass-media, mediante la difusión de valores y conductas claramente opuestos a los transmitidos en las aulas.
En la enmienda número 426 pretendemos cambiar la palabra «promoverán» por «garantizarán». Las administraciones públicas, señorías, tienen la obligación de garantizar plazas públicas suficientes en las distintas etapas educativas, para asegurar el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños y niñas.
Con la enmienda número 427 pretendemos asegurar la satisfacción de la demanda desde los centros públicos. En el segundo ciclo proponemos convenios, como hemos dicho anteriormente, y no conciertos.
En la enmienda número 428, para la que solicitamos votación separada, planteamos que la atención a la diversidad, que compartimos, debe garantizarse con la detección temprana de dichas dificultades. Por tanto, incluimos una referencia a la atención psicopedagógica y la orientación educativa.
En la enmienda número 429 proponemos añadir que las medidas de refuerzo se adopten al detectar la dificultad, sin tener que esperar al fracaso escolar.
Con la enmienda número 430, para la que también solicitamos votación separada, planteamos cambiar el carácter de las pruebas de diagnóstico, es decir, señorías, evitar el ranking que se ha hecho en la Comunidad de Madrid y que ha sido tan criticado por toda la comunidad educativa e, incluso, por el Partido Socialista. Se pretende es evitar que lo que hacen algunos consejeros del Partido Popular en determinadas comunidades se eleve ahora a rango de ley por esta vía.
En la enmienda número 431 advertimos de un error. El artículo 20.5 del texto remitido a la Cámara se ha duplicado por error, incluyéndolo también como parte del artículo 22.5. Por tanto, señorías, al menos deberían corregir esto para no repetir el mismo texto tanto en el artículo 20.5 como en el artículo 22.5.
La enmienda número 433 se refiere a la organización de la Educación Secundaria. Creemos que una ley orgánica no debe entrar a detallar las materias a impartir en cada curso, sino establecer una arquitectura global que debe ser objeto de un desarrollo posterior. Por otra parte, en la misma enmienda planteamos el carácter orientador del cuarto curso, que no debe dar pie a un establecimiento de itinerarios encubiertos, sino estar al servicio de la demandas del alumnado de cada centro y de su elección sobre opciones posteriores.


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La enmienda número 435 se refiere a los planes de actuación para dar mayor nivel de concreción a las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.
Con la enmienda número 436, al artículo 28, sobre evaluación, promoción y titulación, pretendemos evitar hablar de repeticiones de curso, por lo que cuando se decida que un alumno permanezca un año mas en el mismo nivel educativo, ante todo hay que asegurar que esa medida le permita superar las dificultades detectadas y no se limite a hacer más de lo mismo. Debería propiciarse un sistema de recuperación centrado en reforzar los contenidos no adquiridos en las áreas o materias evaluadas negativamente, que no obligue a repetir lo aprobado.
En la enmienda número 437 al artículo 29, tratamos de evitar el ranking en Educación Secundaria igual que lo hacemos en primaria.
Con la enmienda número 438, al artículo 30.6, tratamos de garantizar una oferta pública de programas de cualificación profesional.
Por otro lado, en la enmienda número 439 solicitamos la vuelta a la redacción del artículo 22.3 de la LOGSE.
En la enmienda número 440 al artículo 34, que se refiere a la organización del bachillerato, también solicitamos volver al texto del artículo 27.3 de la LOGSE, tanto para el punto uno como para el punto seis.
La enmienda número 441 se refiere a la compensación curricular para el título.
La número 442 habla del acceso a la universidad, para lo que sólo debe requerirse estar en posesión del título de bachiller.
La número 444 trata de asegurar el incremento de las plazas públicas en ciclos de formación profesional. Con eso evitaríamos el desánimo de muchos jóvenes que pretenden realizar sus estudios en este ámbito y que se quedan fuera todos los años por no tener plazas.
Las enmiendas números 445 y 446 se refieren a los estudios superiores de música, danza y arte dramático.
Y por último, la enmienda número 447 se refiere a todo lo relacionado con las escuelas oficiales de idiomas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, vamos a debatir las enmiendas números 556, 562 a 565, 567 y 568 de Coalición Canaria.
Para su defensa tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado 17 enmiendas a este bloque. Una de ellas al preámbulo del proyecto de ley porque pretendemos considerar la educación como un servicio público y darle a la escuela pública carácter prioritario, puesto que este servicio está destinado a toda la sociedad y especialmente a las personas más desfavorecidas, evitando su utilización para intereses mercantilistas.
Al Título Preliminar hemos presentado tres enmiendas, de las cuales dos pretenden dar al segundo ciclo de la Educación Infantil, que en el proyecto de ley es voluntario y gratuito, carácter obligatorio, puesto que la Educación Infantil, en aquellas localidades donde ya está consolidada, como ocurre en la Comunidad canaria, ha confirmado su carácter compensador al reducir las desigualdades de origen sociocultural. Además, ayudará a que las familias comprendan que esta etapa es igual de importante que el resto y a que las administraciones la potencien como elemento preventivo del fracaso escolar.
La enmienda número 564 pretende dotar a los centros de la autonomía necesaria para reorganizar y reordenar el currículum para adaptar sus planes a la diversidad del alumnado.
Por su parte, la enmienda número 565, igual que las dos anteriormente mencionadas, se refiere a la obligatoriedad de la Educación Infantil.
La enmienda número 567 está encaminada a que la tutoría personal de los alumnos constituya un elemento fundamental de esa etapa.
Con la enmienda número 568 se quiere desvincular el horario de los alumnos que necesiten apoyos complementarios del horario lectivo del profesor.
Asimismo, queremos incluir la informática como materia importante en los primeros cursos de la ESO. Su inclusión obedece a la importancia de esta disciplina, reconocida por múltiples instancias nacionales e internacionales.
Con la enmienda número 575 queremos suprimir la evaluación de diagnóstico en el segundo curso de la ESO, pues entendemos que someter al alumnado de tan corta edad a este tipo de pruebas es totalmente antipedagógico y que en nada beneficia al proceso educativo de los niños y de las niñas y, además, puede suponer una discriminación hacia los centros que tengan alumnos socialmente desfavorecidos, contribuyendo más que a la calidad de la enseñanza al desprestigio de algunos centros.
Por último, con la enmienda número 578 pretendemos atender a quienes por cargas familiares y otras razones no pueden acudir a la escolarización en régimen ordinario.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra la senadora Aleixandre para defender las enmiendas de su grupo parlamentario.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Sólo vamos a defender nueve enmiendas presentadas al Título Preliminar y al Título I. En ellas proponemos, en la misma línea que presentamos en el Congreso y en la misma línea que siempre hemos actuado, abundar en la garantía del derecho de los padres para elegir centro docente. Así lo reflejamos en la enmienda número 685 pidiendo a las administraciones públicas que promuevan el incremento progresivo de las plazas de Educación Primaria y Bachillerato tanto en centros públicos como concertados. Esta enmienda ha sido transaccionada con algunos grupos. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Otro grupo de enmiendas tiene por objeto promover la educación vial en distintos momentos de la vida educativa. Aunque ya haya sido aprobada por todos su inclusión en la

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Educación Primaria, creemos que también debe continuarse a lo largo de los distintos ciclos, y así lo recogemos en la enmienda número 683 para el tercer ciclo, y en la enmienda número 688 para la formación profesional. Quizá en el tercer ciclo y en la Formación Profesional la educación vial diese sus frutos.
A través de la enmienda número 684 intentamos recuperar la atención a la diversidad proponiendo una nueva redacción del artículo 22, apartado 5, ya que creemos que este apartado es un error y supone una repetición del apartado 5 del artículo 20. De mantener el redactado actual los apartados siguientes del artículo 22 quedarán sin sentido.
Hemos presentado también una serie de enmiendas de carácter competencial.
Así, en la enmienda número 680 pedimos la declaración de no básicos de una serie de cuestiones, modificando los apartados 1 y 2 del artículo 6, ya que las competencias básicas no forman parte del currículum, sino que se obtienen al seguir el currículum.
Mediante la enmienda número 686 modificamos modificar el apartado 3 del artículo 34 porque esta disposición puede tener carácter inconstitucional, ya que corresponde a las comunidades autónomas establecer la estructura de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número de materias que deben cursar los alumnos. Por tanto, no debe tener carácter básico. Les recuerdo a sus señorías que si una norma es de carácter básico está por encima de cualquier otra que dicten las comunidades autónomas. De modo que, cuando le pedimos al Gobierno que quite el carácter básico de una serie de artículos, pretendemos que dichos artículos no puedan situarse sobre las atribuciones que tienen las comunidades autónomas.
En la enmienda 687 pedimos que se supriman los apartados 4, 5, 7 y 8 del artículo 34, exactamente por el mismo motivo: el carácter básico de estos apartados. En la misma línea y por medio de la enmienda 690, pedimos que se supriman los apartados 3 y 4 del artículo 45, ya que, si bien el Estado puede crear los órganos de asesoramiento, consulta y participación que quiera, la inclusión de dichos órganos en esta ley general hace que sus funciones invadan las competencias de las comunidades autónomas. Por eso pedimos su supresión. Si los órganos no estuvieran en esta ley, las comunidades autónomas podrían desempeñar mejor su trabajo, puesto que las competencias son suyas.
Por último, en la enmienda 689 pedimos una nueva redacción para el apartado 3 del artículo 45. Proponemos que las enseñanzas artísticas superiores y su evaluación se realice en el marco europeo, con la participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas o, en su caso, con la del Consejo de Coordinación Universitaria, en caso de que estas enseñanzas pasen a tener rango universitario. El Estado debe limitar, definir y evaluar lo que le corresponda sin entrar --volvemos a lo mismo-- en las competencias de las comunidades autónomas.
Votaremos a favor de las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco y de algunas del Grupo Parlamentario Mixto, porque van en el mismo sentido: en contra de la vuelta al Congreso de algunas cuestiones aprobadas en Comisión y pactadas con el PP, y no con nosotros.
Por otro lado, votaremos en contra de algunas enmiendas de Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario Mixto --del senador Mur-- y de Entesa Catalana de Progrés.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Igual que la senadora Nuria Aleixandre, seremos breves en la defensa de nuestras enmiendas, porque ya se han debatido en Comisión. Mantendremos la misma postura, tanto en lo que se refiere a este como al resto de los grupos de enmiendas.
Hemos presentado en estos títulos seis enmiendas. Pedimos respeto a la distribución territorial. A nuestro modo de ver, no se respeta en el proyecto de ley el carácter pluricultural y plurilingüe del sistema educativo, razón por la que pretendemos introducir una modificación.
Hemos presentado dos enmiendas al currículo. En concreto, a los contenidos de las enseñanzas mínimas, que no deben requerir más del 55 por ciento de los horarios escolares, ni más del 65 por ciento para aquellos que no lo tengan. La justificación es que los contenidos deben permanecer en el ámbito de las capacidades básicas que ha conformado el Espacio Europeo de Educación. La ley no debe transgredir el consenso europeo.
Otra enmienda al currículo se refiere a la extralimitación competencial del Estado con la excusa de la cooperación internacional. No nos parece de recibo que el Gobierno estatal trate de acaparar las competencias exclusivas de la Administración autonómica.
Otra de nuestras enmiendas se refiere a la cooperación territorial. Nos parece que el Estado no tiene competencias para obligar a las comunidades autónomas a participar en los programas de cooperación internacional. La participación en estos programas debe quedar en manos de las comunidades autónomas, y no debe imponerla el Estado.
Por último, hemos presentado dos enmiendas al alcance exagerado, a nuestro entender, de la participación del Estado en los criterios básicos. El Gobierno estatal, en contra de la regla, provoca un auténtico vaciamiento de las competencias de las comunidades autónomas.
Todas las hemos defendido en Comisión, y esperamos que puedan contar con el respaldo de los demás grupos.
Nada más, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senador Baig.


La señora BAIG I TORRAS: «Moltes gràcies, president».
La primera de nuestras enmiendas a estos títulos es la número 755 al artículo 14.2, y pretende resaltar la importancia

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que nos gustaría que diese la ley al carácter educativo del primer y segundo ciclo de Educación Infantil.
La enmienda número 760, al artículo 15.1, sustituye «Las Administraciones públicas» por «Las Administraciones educativas...» Nos parece muy importante que quede explícitamente indicado quién ha de promover la creación de plazas. Igual que se indica en otros tramos de la ley, han de ser las administraciones educativas y no las públicas, ya que estas últimas incluyen todas las administraciones, también las corporaciones locales. Por eso hay una contradicción en el redactado de este artículo, cuando se refiere a las políticas de cooperación entre administraciones públicas, y sin embargo se dice que sean ellas las que determinen las condiciones para establecer convenios con corporaciones locales. Por tanto, si son las administraciones públicas las que definen las políticas de cooperación, cómo van a determinar las condiciones para establecer estos convenios. Nos parece una enmienda a adecuar, aunque también tiene sentido para dejar bien claro quién es el responsable de promocionar la creación de plazas.
En la enmienda número 765, al artículo 19.1, compartimos la atención a la diversidad, en la que ponemos especial énfasis, pero nos gustaría poder añadir que son las administraciones educativas las que garantizarán, en esta etapa, la atención psicopedagógica y la orientación educativa. La detección temprana, sí, pero hay que poner los recursos al lado.
La enmienda número 767, al artículo 20.5, añade al final «De esta etapa con la Educación Secundaria Obligatoria», para remarcar después que el paso de primaria a secundaria, que en muchas ocasiones coincide también con un cambio de centro, pueda ir acompañado del trabajo coordinado de los respectivos centros, los de primaria y los de secundaria, así como de los profesores.
La enmienda número 768 es al artículo 21, y es de modificación de la forma de hacer la evaluación en primaria. Nos parece más importante poder hacer una evaluación de funcionamiento del sistema educativo, y no del propio alumno, que después pueda dar pie a comparar los diferentes centros.
La enmienda número 777 la retiramos, a favor de la enmienda número 632, del Grupo Parlamentario Socialista, porque nos parece que persiguen un mismo objetivo.
En cuanto a la enmienda número 782, al artículo 36, apartado 1, propone un redactado para la evaluación del Bachillerato, en el sentido de que el aprendizaje de los alumnos sea continuo y diferenciado según las distintas materias. Nuestra aportación a este artículo se debe a que el proyecto establece una opción demasiado rígida sobre la evaluación del aprendizaje. Nos parecería mejor que una ley orgánica no cerrara el modelo de esta manera, sino que permitiera que la normativa reglamentaria concretara el modelo. Nosotros optaríamos por un modelo determinado, que sería el de la evaluación colegiada, que es el mismo que se establece para la Educación Secundaria Obligatoria en el artículo 28 del proyecto.
Pero, a pesar de todo, nos parece que nuestro redactado permite otras opciones, mientras que el redactado actual deja cerrada esta posibilidad.
En este apartado defendemos la vuelta al texto del Congreso en la parte correspondiente del preámbulo. Consideramos que es algo obvio, ya que el preámbulo ha de dar respuesta siempre al contenido de una ley, y el preámbulo que aparece en el dictamen de la comisión no refleja el contenido del articulado. También pedimos la vuelta al Congreso de los Diputados de los apartados 1 y 2 del artículo 15 dado que nos parece que en estos momentos debemos dar prioridad a la creación de plazas escolares.
En el Parlamento de Cataluña se aprobó por unanimidad una ley por la que se creaban 30.000 plazas públicas a lo largo de cuatro años para niños de cero a tres años. Esto se consiguió a partir de una iniciativa legislativa popular. Sólo dos años después ya hemos cumplimiento el objetivo, y por eso consideramos que debemos dar prioridad en estos momentos a las plazas públicas, aún insuficientes, antes que a las concertadas.
También solicitamos la vuelta al texto del Congreso del artículo 18.3 ya que en él se suprime la educación primaria para la ciudadanía.
Personalmente he defendido en varias ocasiones que la transversalidad de valores no debe referirse a una asignatura concreta sino a todas las materias que existen dentro de la educación primaria, pero visto los resultados, es decir, visto que hay pocas escuelas y pocos profesores que incluyen en su proyecto pedagógico esta transversalidad, nosotros nos apuntamos a que exista en estos momentos la posibilidad de que se impartiera Educación para la Ciudadanía en educación primaria como una materia más, y que ese trabajo sea continuado, objetivo y se tenga en cuenta en todos los centros educativos de educación primaria.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en este debate agrupado del Preámbulo, del Título Preliminar y del Título I, debo centrarme en primer lugar en solicitar respetuosamente el apoyo de todos los senadores y senadoras al voto particular para que el Preámbulo vuelva al texto enviado por el Congreso de los Diputados.
El actual Preámbulo, que fue aprobado en comisión con los votos favorables del Grupo Parlamentario Popular y la abstención de algún grupo, responde al texto troceado que el Grupo Parlamentario Popular había hecho de la enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados. Por tanto, según el tenor literal actual del dictamen de la comisión, el Preámbulo no tiene nada que ver con el articulado, es decir, hay una total incoherencia. En él se narran cosas que nadie encontrará después y se produce un desajuste que sólo se puede solucionar de dos formas: aceptando que se cambie el Preámbulo o cambiando todo el articulado. Entre estas dos fórmulas me imagino que el Grupo Parlamentario Popular se inclinará más por la segunda, la de

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cambiar todo el articulado, pero eso también requiere un gran trabajo.
En cualquier caso, creo que hacer el preámbulo de una ley por un lado y por otro el articulado podría ser motivo de un pacto de Estado --si se me permite que lo diga así-- para poder decir, por ejemplo: Esta ley es fantástica. El preámbulo lo ha hecho un partido y el articulado lo han hecho otros partidos diferentes. Pues bien, señorías, me parece que esta fórmula no tiene demasiados precedentes en Derecho Comparado. Por tanto, solicito humildemente que apoyen ustedes la retirada del Preámbulo y su vuelta al texto del Congreso de los Diputados.
Y llamo ahora la atención de los servicios jurídicos de la Cámara. En caso de que tuviésemos la fortuna de que se aprobase el voto particular, deberían incorporarse las transaccionales aprobadas en comisión referidas a los párrafos 24 y 55, que provienen de la 735 de Entesa y la número 557 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, enmiendas que habían decaído en el texto del actual articulado. Estas transaccionales habían sido aprobadas en comisión, pero si se hubiera introducido se habría provocado una incoherencia mayor y supongo que por eso no se hizo.
En cuanto al Título I, hay unos votos particulares que tienen un cierto sentido común. Se ha aprobado un cambio en los apartados 1 y 2 del artículo 15 con una transaccional que el Grupo Popular y el de CiU han impulsado, aunque creo que tiene cierta dificultad. La transaccional dice que las administraciones públicas promoverán la oferta de plazas de primer ciclo de infantil en centros públicos y concertados. Que la administración pública promueva la oferta de plazas en una etapa que no es gratuita, como el primer ciclo de infantil, es un poco contradictorio, porque promovería plazas que paga el ciudadano que lleva a su niño a ese colegio. No parece que sea misión de las administraciones públicas buscar alumnos para etapas que son privadas y no concertadas, porque lo que se concierta es el segundo ciclo de la infantil. Creemos que la redacción no es la ideal porque no parece sensato dar a las administraciones públicas esa labor que, en última instancia, corresponde a los empresarios privados, que son los que abren colegios donde se imparte el primer ciclo de infantil, de 0 a 2 años, y han de buscar clientes a los que van a cobrar ese servicio; por el contrario, de acuerdo con esta ley, sí tendría coherencia que lo hiciera en la etapa gratuita, en el segundo ciclo de infantil.
El tercer voto particular que propone la vuelta al texto del Congreso guarda relación con el artículo 18.3. Sólo con los votos del Grupo Popular se aprobó la enmienda 25 del senador Jorquera, formulada al artículo 18.3, y es la que ha producido esas incoherencias tan típicas del proceso legislativo. Leyendo el texto del dictamen el señor Jorquera puede ver que en su enmienda, aprobada sólo con los votos del Partido Popular, se ha eliminado en primaria «la Educación para la Ciudadanía» pero no «los derechos humanos», con lo cual el texto del artículo 18.3 mantiene una materia que se llama «de los derechos humanos» pero no «de la educación para la ciudadanía». Usted redactó su enmienda señalando que en el tercer renglón del citado artículo debería eliminarse «Educación para la Ciudadanía», dejando fuera «los derechos humanos». Por tanto, ahora nos encontramos con una materia de derechos humanos a la que hemos quitado la Educación para la Ciudadanía. Señor Jorquera, su intención era buena pero el resultado ha sido catastrófico. Por tanto, pido la vuelta al texto del Congreso.
Además, de verdad que no comprendo el temor a un área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que es una competencia clave y necesaria, como ha señalado repetidamente la Unión Europea, a la hora de preparar a las personas para participar de manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, así como para participar plenamente en la vida cívica. Requiere el aprendizaje de los valores democráticos y conocer los fundamentos y los modos de organización del Estado democrático; asimismo, comporta el desarrollo de valores para una convivencia libre y democrática y, en definitiva, la educación de individuos comprometidos con los derechos humanos y los valores constitucionales. No cabe hablar de adoctrinamiento en el sentido perverso de la palabra porque no se apoya en creencias ni se imparte por un profesorado buscado ex profeso. Cuando anuncio que en un centro privado concentrado ha de darse esa asignatura, los titulares de los centros dicen que va a ser adoctrinamiento. ¡Pero si van a poner ustedes al profesor que quieran para dar la asignatura! ¿Cómo va a ser adoctrinamiento? ¿O es que el profesor que imparte la materia de educación para la ciudadanía va a tener un currículo distinto? Como apoyo de valor del debate que estoy sosteniendo, voy a hacer referencia a la reunión que mantuvo el ministerio con una serie de colectivos para estudiar el contenido del decreto que desarrollaría la asignatura Educación para la Ciudadanía, a la que asistieron FERE-CECA, la Federación de Religiosos de la Enseñanza, el Movimiento de Renovación Pedagógica, la Asociación de Profesores Universitarios, Oxfam, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Asociación para la Paz, el Proyecto Atlántida, un grupo de trabajo de educación en valores de la Universidad de Barcelona, el Instituto de la Mujer, el Consejo de la Juventud, etcétera, y tengo la cita de Europa Press. Dice así: «El presidente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza --no cojo la cita de Juan Pallés, del Movimiento de Renovación Pedagógica para que nadie diga nada, sino de don Manuel de Castro-- calificó la reunión de positiva (...) y agregó --y quiero que conste en el ææDiario de SesionesÆÆ-- que la asignatura --dice Manuel de Castro, de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-- en vez de convertirse en un peligro, se puede convertir en una oportunidad, ya que defiende una serie de valores ciudadanos con los que estamos todos de acuerdo. De este modo, estimó ææque se podría convertir en una asignatura de interés educativo para todosÆÆ.» Sigue De Castro: «Todo lo planteado en la reunión en ningún momento va en contra de los contenidos de la asignatura de Religión ni de los valores de los proyectos educativos de los centros católicos», y descartó que el Gobierno tenga intención de «adoctrinar en algún sentido» con esta asignatura.


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El señor Abejón me hace gestos. Debo decirle que he comprobado si don Manuel de Castro, en representación de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, está en el listado de afiliados al Partido Socialista y le aseguro firmemente que no y dudo que a cualquier partido de la izquierda de este país. Sencillamente ha hablado con sentido común.
En un modelo educativo como el nuestro no es posible hacer hoy en día una asignatura pensando que es un adoctrinamiento. ¿Quién daría esa asignatura? Los profesores del centro. Y a los profesores del centro, en la libertad de cátedra, ¿quién los controla? ¿La Administración? ¿Usted, en las comunidades que gobierna, puede asegurar que esta asignatura se dará como quiera el Partido Popular? ¡Vamos hombre, eso no se le ocurre --como dicen por mi tierra-- ni al que asó la manteca! La Educación para la Ciudadanía son valores democráticos, son los valores de la Revolución Francesa, de la Ilustración, son los valores que han integrado el modelo de ciudadanía que nos ha traído hasta aquí. Es verdad que la religión católica también ha metido valores dentro de ese modelo occidental, pero no me niegue usted que la Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos es la raíz del modelo europeo que hemos construido en la Ilustración, desde el principio del siglo XVII al siglo XVIII, toda la Ilustración está plasmada de esa laicidad, de esos derechos humanos, de esos valores. Por tanto, les pido de verdad un respaldo, no hagamos sólo titulares de periódico. En esta Cámara ya no vale el titular de periódico, en esta Cámara tenemos que educar a los chicos y chicas que están en el colegio y la Educación para la Ciudadanía debe ser transversal, como el señor Jorquera decía, por supuesto, y ahora estamos en una materia que creo que va a ayudar a resolver problemas.
La mayoría de las restantes enmiendas son de carácter técnico, las cuales no tuve la fortuna de conseguir que sus señorías, miembros de la Comisión de Educación, me apoyaran, con gran desolación por mi parte. Hablo de párrafos repetidos en los que veía que perdía la votación y yo me volvía y decía: Señorías, es que está dos veces el mismo párrafo con las mismas letras. Pero perdía la votación. Yo me decía: No estoy capacitado para ser parlamentario a pesar de que llevo veintitantos años dedicado a esta labor. ¡Qué penuria por mi parte no convencer a sus señorías! Espero que hoy tenga mejor suerte y que las enmiendas de carácter técnico se puedan resolver.
Enmienda de carácter técnico. Hubo un error informático en el Congreso de los Diputados: la enmienda socialista número 629 se hace al artículo 22.5, que es idéntico, palabra por palabra, con el artículo 20.5; esa repetición se debió, repito, a un error en el Congreso que eliminó de esta manera el texto que sí debía ir en el 22.5 según el texto original.
Señorías, por favor, el Congreso se ha equivocado y al Senado, Cámara de segunda lectura, nos corresponde solucionarlo. Fíjense ustedes lo que pone y el texto que yo pido que se recupere: «Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del currículum, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo, la oferta en materias optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.» Si ustedes no me aprueban esta enmienda sencillamente el Congreso no lo puede hacer ya, porque es la última oportunidad, con lo cual eliminamos los programas de refuerzo, los programas de tratamiento personalizado..., algo en lo que estábamos todos de acuerdo en el Congreso, sólo que un error lo eliminó.
Por ejemplo, hay otras citas de enmiendas --voy terminando-- sobre formación profesional cuando citamos la Ley de cualificaciones. Se llegó a un acuerdo con gobiernos del PP y se elaboró la Ley 5/2002, de Cualificaciones y de la formación profesional. Es una cita encaminada a dar solvencia al tipo de enseñanza en que se va adscribir la Formación Profesional, así como en lo relativo a los técnicos superiores de Artes Plásticas y Diseño.
Señorías, me restan 11,50 minutos de tiempo que no voy a emplear. Sólo pido piedad para el Grupo Parlamentario Socialista, les pido a ustedes que hagan algo por el Grupo Parlamentario Socialista, que seguro ha cometido muchos errores, pero el proyecto de ley no tiene la culpa de que este portavoz no les haya convencido suficientemente de los errores técnicos que hay que subsanar. Hagan ustedes el favor de aprobar todas estas enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Del Preámbulo del proyecto de ley no nos ha quedado ninguna enmienda viva. En consecuencia, seguimos manteniendo la misma postura en contra de lo que ha señalado el señor Pezzi, y esa misma postura la vamos a mantener en la votación. Es lógico que usted defienda que la LOE es más rica y también es lógico que nosotros digamos que lo es la LOCE. Estamos en un Parlamento y es él quien decide. El Parlamento lee, el Parlamento está muy preparado y no podemos decir lo que tiene que hacer. El Parlamento ya se ha manifestado en comisión y espero que a partir de las enmiendas que se han aprobado en comisión --aunque a la vista de lo que hemos oído todo está mal, como ha señalado el Grupo Parlamentario Socialista-- cada uno opere en conciencia pues sabemos muy bien cada uno lo que tenemos que hacer.
Señor presidente, al Título Preliminar, artículo 1 del proyecto de ley hemos presentado la enmienda 174 de sustitución. Es cierto que en la LOE hay principios fundamentales como la calidad, la equidad, pero no aparece la palabra libertad. No se entiende. No se comprende que en unos principios generales de la ley no se dedique una sola palabra a la familia y la libertad de ésta para elegir la educación de sus hijos.
¡Díganos si los hijos no son de las familias, si no tienen ningún derecho para no dedicarles ni un principio! La familia no aparece en los principios generales.


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¡No se ha visto una cosa igual! Señorías, yo me he leído todas las normas europeas y es la única ley donde la familia no existe. Principios generales de la ley: el alumno, el profesor...¿Y la familia? Nada. ¿La libertad? Tampoco.
Nosotros seguimos afirmando que la familia es muy importante en la educación. Junto al alumno y los profesores tiene un papel principal en la tarea educativa, y no se puede obviar una realidad tan elemental. Yo no me puedo explicar cómo podríamos educar sin la familia. No me explico qué puede hacer un profesor cuando le diga un alumno: No tengo a nadie.
Efectivamente, se le atiende desde otras perspectivas pero, señorías, no es normal. No es lo normal que la familia no participe en la tarea educativa de sus hijos como elemento o principio general.
Más adelante, en los artículos 15, 84 y 109 se recorta totalmente la libertada de enseñanza. Veremos a posteriori las votaciones. Ha habido modificaciones muy importantes que anunciado el señor Pezzi. Por supuesto que no está de acuerdo con la oferta de plazas de cero a tres años. ¿Cómo va a estar de acuerdo el señor Pezzi con que las administraciones educativas promuevan plazas suficientes para los niños entre cero y tres años para conciliar la vida laboral y familiar tanto en los centros públicos como en los concertados? Claro que no lo está, pero el hecho de que no esté de acuerdo no significa que eso no sea excelente para los padres. Dejen ustedes que los padres elijan los centros donde quieran llevar a sus hijos de cero a tres años, promuevan esas plazas y que sean los padres quienes elijan y no cojan al niño y le digan que vaya a este colegio porque es el que quieren para él, porque se está presumiendo permanente de libertad y resulta que luego en cuanto nace el niño meten las narices en la puerta de la casa para decirle: te queremos llevar a este centro. Dejen en una sociedad libre y democrática de un país moderno que cada uno pueda elegir el centro y nos respetemos, lo que será bueno para todos.
Espero, pues, que esta enmienda cuente con el apoyo de sus señorías a fin de no dejar huérfanos los principios que deben inspirar el sistema educativo, haciendo el esfuerzo necesario de aquí al final de esta tramitación para que al menos aparezca la familia como algo que sí tiene que ver con la educación de los hijos.
Las enmiendas número 176 a 179 hacen referencia a los derechos y deberes de quienes son los verdaderos protagonistas de la comunidad educativa: profesores, padres y alumnos. Tampoco en este sentido se explica uno esta ley, porque al leerla, lo primero que nos deberíamos encontrar son los principios generales, y a continuación, los derechos y deberes de los protagonistas de la educación. Pero aquí no se contemplan derechos ni deberes para los alumnos, para los profesores ni para los padres. ¡Pues muy bien, señorías! ¡Fantástico! En los principios generales falta la familia y a continuación no figuran, como así debería ser, los derechos y deberes.
Para que en una comunidad exista lo que debe existir, es decir, respeto, democracia, valores y principios, cada uno debe saber cuáles son sus derechos y cuáles sus deberes, y con estas enmiendas pedimos que se incluya ese catálogo de derechos y deberes para los alumnos, para los padres y para los profesores.
Concretamente la enmienda número 176 se refiere a la necesidad de enunciar los derechos y deberes de los alumnos, como, por ejemplo, el derecho a recibir una formación integral o el derecho a que se respete su libertad, su dignidad y su integridad personal. ¿Nada de esto ocurre ahora en los centros como para que no podamos ponerlo en una carta de derechos? Y aprovecho para hacer una referencia especial a los casos de violencia escolar, algo que en estos momentos preocupa a todos los grupos sin excepción. No pensemos que en la escuela son todos angelitos; en la escuela hay problemas, como los hay en todos los ámbitos de la vida, problemas que en estos momentos nos preocupan y para los que debemos buscar una solución entre todos. Tenemos que dar con la clave para ver qué podemos hacer con esta triste situación, demasiado común en la actualidad en nuestras aulas, que nadie quiere que vaya a más.
¿Y qué ocurre con esos planes de disciplina que ha anunciado la ministra? La felicito por el anuncio; bienvenidos sean los planes, pero cuando uno se los lee, se echa a temblar. Se habla de planes de disciplina, pero se dice que al alumno no se le echará del aula. Parece que hemos encontrado la figura fantástica: la del mediador. Cogemos al agredido y al agresor y llamamos al mediador para que dé una solución y para que les forme un poco. ¡Se acabó! Antes la ley decía que se podía echar al alumno hasta tres días si la falta era leve, hasta un mes si la falta era grave, y si ésta era muy grave hasta se le podía cambiar de centro. Quien ha sido director sabe perfectamente que no es nada bueno para las familias ni para los alumnos que el agredido y el agresor convivan permanentemente. Quienes hemos sido director en las aulas durante muchos años podríamos poner muchos ejemplos, porque nadie deseamos lo que después ocurre en esos casos. En unas leyes estamos diciendo que se separe al agresor y al agredido, pero no lo hacemos en las aulas, no lo decimos en la de educación. ¡Aquí es diferente! La falta que está cometiendo un alumno puede ser muy grave, puede estar machacando a otro crío que puede caer en una profunda depresión y que puede hacer cualquier cosa, pero no se puede decir nada al primero; se le educa para que estar ahí. No se puede decir nada a quien no es capaz de respetar el aula, a quien no es capaz de respetar a sus compañeros, a quien los agrede y agrede también a sus profesores. Simplemente se habla con el mediador y se soluciona todo.
Creo que debemos enfocar todos estos temas desde la perspectiva de los derechos de los alumnos, y esto es sencillamente lo que pretenden nuestras enmiendas.
La ley no dice una palabra de los derechos y deberes de los profesores; parece que los profesores no tienen ningún derecho ni ningún deber. ¡Pues claro que los tienen! Tienen derechos y deberes necesarios para el buen funcionamiento de la comunidad educativa.
La enmienda número 180 incorpora como novedad el uso de la terminología internacional utilizado para las distintas enseñanzas. Tendríamos que haber aprovechado la

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tramitación de esta ley para haberla colocado a nivel europeo. No tiene sentido que hablemos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. ¡Pero qué país es éste? Habrá que hablar de educación primaria obligatoria y de educación secundaria obligatoria, o de educación primaria y de educación secundaria general.
Si las dos son obligatorias, ¿por qué sólo denominamos así a la secundaria y no a la primaria? Creo que la técnica debe mejorarse, y éste es el momento adecuado para hacerlo.
Asimismo, y para situarnos también a nivel europeo, consideramos al Bachillerato y a la formación profesional como educación secundaria superior.
Hemos presentado la enmienda 183 al artículo 6. Se ha dicho que todo es fantástico y que no hay que hacer nada, pero yo creo que hay que conciliar entre el modelo de educación para una determinada comunidad con el modelo nacional y encontrar una fórmula que lo haga posible.
Nosotros nos preguntamos: ¿por qué la educación universal, concebida como algo que es de todos ya no es buena si entramos en particularismos? Yo preguntaría a determinadas comunidades autónomas si las matemáticas de allí van a ser diferentes en un el 45 por ciento a las de otra comunidad autónoma. Me dice el señor Urrutia que sí. Pues yo creo que sumar y restar se hará exactamente igual en el País Vasco que en Castilla y León.
No lo sé. A lo mejor han encontrado otra metodología y otros sistemas.
Lo que quiero decir es que en los principios educativos, respecto a contenidos curriculares, es muy difícil que nos diferenciemos en un 35 o en un 45 por ciento y no aseguremos las enseñanzas comunes. Porque, para qué nos vamos a engañar, el Parlamento está muy bien, podemos quedar muy bien, pero, si tuviéramos tiempo disponible para estudiar los planes de todas las comunidades autónomas, nos encontraríamos con que los contenidos de alguna comunidad ya no se parecen en nada, en nada, en nada al de otras. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún control; la Alta Inspección no ha funcionado para nada; el ministerio no ha ejercitado labores ni de evaluación ni de control ni de nada y no sabemos realmente lo que se da ni lo que se aprende. Yo estoy haciendo una crítica razonable del sistema respecto a todas las comunidades. ¿Hay algún sistema en Europa donde no se haga ni una sola evaluación externa en primaria y en secundaria y bachillerato exterior para saber cómo van? La ministra ha comentado el modelo de Finlandia. Pues bien, el modelo de Finlandia hace una evaluación externa al terminar la primaria, hace una evaluación externa al terminar la ESO, hace una evaluación externa al terminar el bachillerato. Otra cosa es que tenga validez o no.
Por todo ello, yo creo que debiéramos haber aprovechado este proyecto de ley para ir poniendo todas estas cosas para el bien del sistema educativo. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa que tengamos un sistema educativo desvertebrado, porque los principios universales son buenos para todos y al final, señorías, el tiempo dará la razón a cada uno.
Ahora todos estamos preocupados en ver cómo hacemos nuestra política local, nuestra política municipal en nuestra comunidad para que sea diferente a la de al lado. Pues los países europeos, los «länder» alemanes ahora ya caminan justamente en dirección contraria a la de hace un tiempo que caminaban hacia la descentralización de la educación, generando distintos modelos educativos y distintos sistemas. Sin embargo, ahora, como digo, dicen que el Estado debe coordinar unos principios generales porque beneficia absolutamente a todos.
Por eso nosotros hemos incluido en la enmienda 183 unos temas que consideramos fundamentales. La señora Baig ya ha hablado de esto antes respecto a que su modelo contemplara que todos los alumnos tengan unas competencias básicas en lengua castellana. Nosotros no queremos que la ley nacional sea menos y en el artículo 6.3, en cuanto al currículo decimos que al finalizar la enseñanza básica los alumnos deben haber adquirido las competencias de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito en la lengua castellana y en la lengua cooficial del Estado --no creo que a esto haya que decir absolutamente nada-- y, además en este apartado, también queremos que las familias tengan esa posibilidad de educar en la lengua que quieran, es decir, que las dos lenguas sean vehiculares, tanto la lengua cooficial, como la lengua castellana, a lo largo de toda la enseñanza obligatoria e incluso postobligatoria --aquí podría haber un entendimiento--. Es bueno que todos los alumnos tengan posibilidad de educarse en dos lenguas vehiculares. Antes decían que en Cataluña el catalán tenía dificultades, pues ahora no pasemos al otro extremo, pues los dos son malos. Lo que estamos pidiendo es que las dos lenguas sean vehiculares. Y, señorías, respecto a que en primaria las dos lenguas no sean vehiculares, creo que se debería tener en cuenta el daño que se les está ocasionando a estos pobres alumnos que no se enteran de nada y deberíamos preguntarles a ellos qué opinan, aunque no creo que se haga esto, pero ésta es una Cámara donde podemos reflexionar ya que lo que estamos diciendo es razonable. Las enmiendas números 184, 185 y 186 hacen referencia a que hay comunidades autónomas que gestionan ya más del 90 por ciento de los recursos educativos y que les corresponde el diseño de una parte importante del currículum, que tienen la competencia de la planificación y sobre la buena marcha del sistema educativo.
Por eso creemos que es fundamental introducir tres factores; el primero, una moderna regulación de la Conferencia de Educación. Creo que todavía estamos a tiempo. Hasta ahora la Conferencia de Educación se reúne anualmente sólo para decir que ya han cumplido y sólo van la mitad de los consejeros. Por eso, sería enriquecedor contar con un nuevo artículo que contemplase nuevas funciones para esa Conferencia de Educación y otro donde se estableciese el marco adecuado para el cumplimiento de sus fines.
Señorías, si las comunidades tienen transferidas todas las competencias en la materia y el Estado cumple funciones básicas, qué mejor que dar prestigio a esta Conferencia en la que Estado y autonomías puedan debatir. Pero seguiremos sin que se vean los consejeros de las comunidades autónomas con la señora ministra, porque parece ser que no es bueno.


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Mediante la enmienda número 190, referida a un nuevo artículo, pretendemos la creación de un fondo de cohesión interterritorial educativo. Hace un momento se pedía que fuéramos sensibles a las medidas de atención a la diversidad. ¿Cómo no vamos a ser sensibles respecto de la flexibilidad de los grupos, a dividirlos, a adaptar el currículum a los alumnos, a que pueda haber una especialización curricular, a que existan diferentes grupos en relación a los idiomas? Pero tampoco podemos dejar de ser sensibles a que todas las comunidades autónomas tengan las mismas oportunidades. De otra forma, algunas comunidades autónomas podrán decir que han llevado a cabo todas las divisiones de grupos que han pedido los centros y, en cambio, otras que no van a hacer ninguna división de las solicitadas.
Por tanto, creo que es bueno que se cree ese fondo de cohesión interterritorial para atender este tipo de medidas específicas. Lo agradecerán los hijos de trabajadores y de personas que no pueden utilizar algunos recursos complementarios a la formación, así como comunidades autónomas que no tienen dinero para llevar a cabo lo que se determina.
Está muy bien que se prevea la existencia de medidas de atención a la diversidad para todos los alumnos. ¿Pero alguien se cree que habrá clases para todas las asignaturas que repita el alumno? ¿Alguien se imagina, detectada una deficiencia, que todos los grupos van a contar con las respectivas clases de apoyo? ¿Alguien imagina que todos los grupos que no pueden seguir van a contar con una adaptación curricular? Señorías, no es así. En consecuencia, ese fondo de cohesión interterritorial trataría de paliar lo que viene ocurriendo.
Con esta enmienda queremos apoyar al mundo rural. Don Manuel en Galicia, mi compañero en Canarias, yo mismo en Castilla y León, ¿qué vamos a hacer ahora con los alumnos de la ESO y de Educación Infantil si la Administración educativa sólo tiene la obligación de crear plazas gratuitas en Educación Primaria? No lo sé. Los alcaldes y los consejeros de Educación no son conscientes de lo que van a tener que hacer. Que digan a los alcaldes, sea cual sea su color político, que todos los alumnos van a ir a institutos de cabeceras comarcales. Que digan a algunos alcaldes que su pueblo se queda sin Educación Infantil, o sin Educación Secundaria Obligatoria, pero, eso sí, que sus jóvenes van a estar de miedo en un instituto a 60 kilómetros, donde, en lugar de 500 alumnos, habrá 1.500. Saben sus señorías que eso es lo que dice la ley, artículo 80. Es muy importante que el mundo rural y el mundo urbano dispongan de calidad en el sistema educativo.
Las enmiendas números 193 a 197 sustentan un nuevo capítulo, con cinco artículos, dedicados a la cooperación internacional y a la acción educativa en el exterior. La verdad es que nos ha sorprendido que una ley que tiene vocación de ser general en nuestro sistema educativo no dé la importancia que se merece a un aspecto que cada vez resulta más importante. En un mundo cada vez más abierto e interrelacionado, la educación de los diferentes Estados produce mayor movilidad de alumnos y profesores. Claro que estamos inmersos en el tema de las comunidades autónomas, pero no podemos olvidar que estamos inmersos en la Europa de las naciones y en el mundo globalizado. Hemos creado cinco artículos que pretenden fomentar la movilidad de alumnos y profesores, así como los intercambios de buenas prácticas educativas.
Paso, señor presidente, al Título I. La enmienda 198 ordena la Educación Infantil en dos ciclos, así es como la entienden mi grupo parlamentario y varios grupos de esta Cámara. El primer ciclo es la educación infantil preescolar, hasta los tres años, y el segundo es la educación infantil escolar, de tres a seis años. Esta estructura queda ordenada conforme a los modelos preponderantes en los sistemas educativos europeos.
La enmienda 199 atribuye a las comunidades autónomas la organización, supervisión y control de la educación infantil preescolar. Es lo que nos pidieron en su día, cuando gobernaba el Partido Popular, los 17 consejeros de las comunidades autónomas, lo hicimos y lo mantenemos para ser coherentes.
La enmienda 200, al artículo 13, se refiere a la necesidad de que los niños, en el segundo ciclo de educación infantil se inicien en el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las habilidades numéricas básicas, y que se generalice en todo el ciclo el aprendizaje de una lengua extranjera. Parece que todo suena igual pero no es lo mismo, no es lo mismo lo que señala la ley, que a partir de los seis años haya una segunda lengua extranjera, que lo que solicitamos nosotros, que sea a partir de los tres años, y no es lo mismo que a partir de los tres años haya lectoescritura a que sea a partir de los seis, y bienvenido sea, porque en la etapa infantil, señorías, antes no había el compromiso de educar a los niños en el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de las habilidades numéricas, de las lenguas extranjeras y de las tecnologías de la información y de la comunicación, y se puede mejorar.
Las enmiendas 203 a 207, referidas a la Educación Primaria, tienen por objeto que los alumnos acumulen destrezas y técnicas instrumentales así como el desarrollo de los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio y en el trabajo bien hecho.
En lo que respecta a la Educación Primaria, quisiera hacer hincapié en la enmienda número 205, que define con una mayor corrección epistemológica las áreas de la Educación Primaria, y se dotaría al artículo de mayor coherencia al incorporar los principios metodológicos.
No estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho hoy, con que el área de Ciencias y Geografía e Historia sea sustituida por Conocimiento del Medio y que en ella se incluyan gran cantidad de conocimientos, que está demostrado que no es lo mejor. Tampoco estamos de acuerdo con que Lengua Castellana y Literatura se unifique en un área con la lengua cooficial, porque ¿quién la va a dar? El mismo profesor, y ¿quién la va a trabajar? El mismo seminario, y si el profesor sólo tiene para dar las cinco horas en lengua cooficial, ¿cuándo va a dar la lengua? Señorías, a todos nos vendría fenomenal un viajecito por las escuelas españolas para ver qué es lo que realmente pasa en los centros. Nos llevaríamos una enorme sorpresa porque yo no me imagino que en algún lugar del Reino

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Unido o de Francia digan que allí no se estudia el francés en ningún aula, no habrá ni una sola aula en la que no se imparta francés. Aquí nos encontraríamos con la duda de en cuántas aulas no se imparte la lengua castellana.
Sé que ahora gobierna el Partido Socialista con grupos que le apoyan, pero nosotros también gobernamos anteriormente y tuvimos unos grupos de apoyo. ¿Qué dirá el Grupo Parlamentario Socialista en otro momento que no gobierne? Dirá exactamente lo mismo que está diciendo ahora el Partido Popular, que no lo entiende. Yo creo que entraremos todos en razón y que diremos: vamos a hacer esto, que es bueno para los alumnos, vamos a hacer estos mínimos, que lo agradecerán. Pero no es nada fácil, y lamento los sucesos que están ocurriendo. Pueden ser casos aislados, pero que haya que llegar a una huelga de hambre significa que hay una gran tozudez, porque un padre de familia que pide que se eduque a su hijo en castellano, y al que le asiste el derecho, la consejera le dice que no, y que no, y que no, y sería muy fácil, porque es sólo un padre.
La enmienda número 209, nueva en el Senado, que espero apoyen sus señorías, dice que uno de los objetivos que deberíamos plantearnos con esta ley es que todos los alumnos terminen la Educación Primaria. Por tanto, ¿qué hacemos cuando después de la evaluación general un 20 por ciento no haya adquirido las competencias básicas? Pueden recibir clases por la tarde a lo largo del día para que concluya la Enseñanza Primaria en condiciones y a partir de ahí pasar a la Educación Secundaria Obligatoria. Lo que no queremos es que si un alumno no sabe multiplicar o dividir pase a hacer ecuaciones de primer grado en la ESO. Eso es lo que queremos en la Educación Primaria.
En la Educación Secundaria Obligatoria hay más diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista que apoya al Gobierno. En nuestra opinión, la organización de la Educación Secundaria Obligatoria es crucial para nuestro sistema educativo y está profundamente equivocada, porque quienes hemos estado dirigiendo las aulas durante mucho tiempo sabemos los problemas que existían con anterioridad al modelo de la ESO y, resumiendo, les puedo decir que cuando los niños de 12 años llegaban al instituto, veían a los mayores y no estaban muy integrados; al día siguiente podrán soltar algún taco, lo cual no les favorecía demasiado; y al otro día ya fumaban. Por tanto, llegué a la conclusión de que debíamos reflexionar acerca del sistema educativo. Pueden no estar de acuerdo, pero lo cierto es que han reflexionado.
¿Qué han hecho con la ESO? La ESO es la Educación General Básica de antes, porque la ESO que plantea hoy la ministra reduce el número de asignaturas, como máximo dos más que en primaria, además impartidas por el mismo profesor. Y esto, ¿qué es? La Educación Primaria. Y ¿eso qué es? La Educación General Básica. Si son las mismas asignaturas impartidas por el mismo profesor, díganme ustedes qué es. Sin embargo, cuando hago este razonamiento a sus señorías ¡Bueno! El modelo comprensivo ha traído todas las virtudes a la enseñanza. Son aspectos en los que debemos reflexionar, están ahí y hemos de seguir trabajando en ello.
Los profesores nos piden un nuevo modelo de Educación Secundaria Obligatoria. El reciente documento emitido por las asociaciones de directores de instituto de toda España lo reclama sin ambages, con distintos colores políticos, pero en la educación es muy difícil buscar colores políticos, y deberíamos haberles hecho caso, haber hecho algo en esta etapa y no seguir en la misma situación.
Nosotros planteábamos en la LOCE unos itinerarios: Enseñanza Básica hasta los 14 años, y de los 15 a 16 años dos sencillos itinerarios en tercero y dos en cuarto: Humanidades, por un lado, y Ciencias y Tecnológico, por otro, que se diferencian en dos asignaturas. Fue algo que levantó ampollas, todo el mundo se puso en huelga. ¡Es una discriminación! ¡Son itinerarios basura! ¡Son segregadores! ¡Esto acaba con la escuela pública! ¡Acaba con todo! etcétera. Pues bien, nosotros somos más respetuosos y no decimos que se va a acabar con la escuela pública cuando resulta que en una clase de la ESO se coloca a los alumnos que van bien y en otra a aquellos que no van tan bien y a eso se le llama diversificación curricular. Pero si hiciéramos lo que dice la norma, si cada profesor tiene 20 alumnos en un aula, pues habría que hacer 20 diversificaciones curriculares diferentes. Y si tiene cuatro grupos en Primero de la ESO, 80 diversificaciones curriculares. Y si tiene los dos cursos, 160 diversificaciones curriculares.
Por tanto, pregunto a sus señorías: ¿Era segregador que los alumnos libremente eligieran un itinerario de Humanidades o Científico y Tecnológico, que se diferenciaban en las asignaturas puramente específicas, que era reversible y que conducía al título, y ahora no lo es colocar en un aula a los que peor van y en otra a los que van mejor? No quiero calificarlo de segregador ni utilizar adjetivo alguno porque debemos ser serios en el debate.
La enmienda número 213 pretende corregir múltiples errores, en primer lugar, la asignatura debe ser la unidad básica para el aprendizaje. Mi grupo no está de acuerdo en que la Enseñanza Secundaria Obligatoria siga con las áreas, con la unidad didáctica y no con libros de texto ni con deberes. Yo, como padre, he mirado los libros y resulta que un área determinada toca todo y no toca nada; en cuanto a la unidad didáctica, antes uno decía: libro, asignatura de Matemáticas, primera lección, sumar, definición de sumar y ejercicios; pues bien, ahora coge uno el libro de Matemáticas y no entiende absolutamente nada: el conjunto de los niños y niñas de la unión de los elementos y el elemento neutro...
Tenemos que volver a lo que nos están demandando porque no creo que haya aportado nada a la Enseñanza Secundaria, y lo dice un profesor y un director que ha hecho muchas unidades didácticas y que prácticamente me sentía imposibilitado para impartir una unidad didáctica que abarcase todas las lecciones; era más fácil dividirlo en distintas lecciones. Por lo tanto, insisto en que creo que hay que unificar.
Otro tremendo error es la introducción de la Educación para la Ciudadanía, que aquí se ha comentado que va a ser la panacea de todos los males: ya no habrá violencia en las aulas, los alumnos estarán cargados de valores y será una asignatura fantástica. Sin embargo, no entiendo que no sea una asignatura transversal y que este conjunto de valores

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no se impartan en el resto de asignaturas, ni que para introducir Educación para la Ciudadanía --como dice la señora ministra--, en infantil, primaria, ESO, bachillerato y hasta en la universidad, haya que sacar del currículo --como se ha sacado--, la Tecnología, la Informática, la Música y la Plástica, que ni siquiera aparecen.
Los profesores de estas materias me preguntan ahora qué va a pasar con estas asignaturas y les tengo que contestar que no lo sé. ¿Va a haber Música? Lo cierto es que no lo sé porque la ley no dice nada al respecto. ¿Va a haber Plástica? No lo sé.
¿Va a haber Tecnología? ¡Yo qué sé...! La ley dice que se impartirán esas asignaturas, pero posteriormente no las introduce. Esta cuestión la había planteado razonablemente el portavoz del Bloque Nacionalista Galego; nosotros estábamos de acuerdo en que esta asignatura fuese transversal pero, además, no creo que seamos el único grupo parlamentario que opine de la misma manera.
Como saben sus señorías, en el resto de Europa --salvo en un caso--, esta asignatura es transversal. Desde mi punto de vista se podría haber encontrado una fórmula adecuada para colocar esta asignatura en un punto intermedio, entre transversal y específica, integrada dentro de algún área. ¡Aquí o nos pasamos o no llegamos! Ahora se va a convertir en una asignatura obligatoria y para todas las etapas.
En este sentido, desde mi experiencia de muchos años como director ya les anuncio lo que va a ocurrir: tendremos otra «maría», no se examinarán de esa asignatura y ya veremos si la Educación para la Ciudadanía tiene o no el mismo final que otras asignaturas parecidas.
Estamos en total desacuerdo en la reconversión de la Ética en Ética Cívica. El dictamen sobre Humanidades, que todos recordamos, hablaba muy claramente de la dimensión de la asignatura de la Ética. No debemos transformarla, a pesar de que el señor Moratinos nos haya pedido ya que introduzcamos un módulo sobre la Alianza de las Civilizaciones. Desde luego, estoy en desacuerdo y los profesores de Filosofía están de uñas porque la Ética se reconvierta en Ética Cívica. Creo que debemos dejar la Ética como está y que no debemos mutilarla.
Asimismo, debemos dejar la Lengua Castellana como asignatura independiente y no debemos convertir la Tecnología, la Informática, la Música, la Plástica, la Cultura Clásica y el Latín en asignaturas de segunda categoría. Es inconcebible que para dar entrada a esta asignatura hayamos tenido que renunciar a todas éstas y espero de sus señorías que apoyen las enmiendas que he presentado hoy, transaccionadas con algún grupo parlamentario, con el fin de introducir la Tecnología en los primeros cursos de la ESO y que no me pongan también a escurrir por el pecado de haber propuesto que se imparta en la ESO una asignatura sobre las nuevas tecnologías. ¡Qué atrevimiento! El Partido Popular ahora pretende quitar la Educación para la Ciudadanía y, sin embargo, propone impartir Tecnología en los tres primeros cursos de la ESO e Informática en el cuarto. Insisto en que espero que no me pongan a «escurrir».
Por lo que respecta a la titulación de la ESO, señorías, nuestra enmienda propone que los alumnos de secundaria tengan todas las asignaturas aprobadas. Todos sabemos cómo son las juntas de evaluación, la flexibilidad de los profesores y que con sólo un suspenso nadie va a dejar a un alumno sin el título --e incluso con dos suspensos--, pero no podemos limitarnos a decir que los alumnos tendrán que haber cumplido unas competencias básicas, máxime cuando nadie aclara cuáles son esas competencias básicas. Porque, ¿qué va a ocurrir? Si un alumno ha repetido primero o segundo con todas suspensas ¿mejorará cuando llegue esa diversificación curricular? Yo no digo que no haya que darle el título, pero, desde luego, una ley orgánica debería garantizar los mínimos que han de cumplir los títulos.
En la enmienda número 219 establecemos una evaluación general de diagnóstico de carácter externo al finalizar el sistema educativo, acorde con los países europeos. Queremos que al terminar cuarto de la ESO haya un plan de choque para que, al menos, el 90 por ciento de estos alumnos pueda terminar este curso.
Señor presidente, en lo que respecta al Bachillerato, se nos ha hecho una crítica bastante dura, pero lo único que estamos diciendo es que creemos en la sustantividad histórica del Bachillerato español. Esto quiere decir que no apoyamos ni apoyaremos la idea de que el Bachillerato sea un mero apéndice de la ESO. Si analizamos el Bachillerato de ahora, no sabemos qué asignaturas ni qué modalidades va a haber. Una ley orgánica tendría que aclarar esta cuestión, porque si yo fuera profesor de Bachillerato diría: ¡qué va a ser de mí! Por tanto, ¿qué va a ser de las comunidades autónomas? ¿Van a definir los modelos del Bachillerato? Tendríamos que haber definido un modelo concreto, donde se supiera cuáles son las troncales, cuáles son las asignaturas especiales y cuáles optativas, dando libertad total para elegirlas o propuestas por la misma comunidad.
Teníamos que haber dicho algo. El Bachillerato no existe, el Bachillerato, según se recoge en un artículo, tiene unas asignaturas y no tiene más. Yo creo que se podía haber dado un paso relativamente importante. La enmienda número 224 quiere evitar un Bachillerato a la carta como el propuesto en la LOE. Digo a la carta o, si lo prefieren, desconocido, introduciendo en el Bachillerato unas asignaturas troncales, otras de especialidad y otras optativas; todo ello, por supuesto, negociable. Yo creo que se podía haber llegado a esto y no se ha llegado.
En cuanto a la prueba general de Bachillerato, lo único que dicen nuestras enmiendas, para quienes las haya leído, y que tanto han penalizado, es que debe existir una prueba general de Bachillerato, de homologación, de reflexión, de sana competitividad al terminar, pues no existe esta prueba ni en primaria, ni en la ESO, ni en ningún sitio.
Consideramos que esta prueba debe hacerse al final, elaborando la media de los cursos con la media de la prueba, prueba que sirva para la universidad y para la vida pública. Pues no, en vez de ello tenemos que hacer las pruebas de acceso a la universidad, PAU; eso sí, son muy modernas, yo no las voy a criticar. Estas pruebas proceden de la época de Carolo, cuando nuestra universidad era lo que decía el señor Pezzi, y seguimos manteniéndolas. Fantástico. Muchos decanos nos dirán: ¿por qué hacéis esas pruebas de acceso a Derecho, si no se necesitan? ¿Para qué? Y lo mismo ocurre con un montón de carreras técnicas, por no decir en todas. Pues

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no, seguimos con la prueba de acceso a la universidad para todo el mundo, que es fantástica, solo porque el que dice lo contrario es el Partido Popular. Y yo pregunto: ¿si no hubiera que hacer esa prueba, porque en el 90 por ciento de las carreras no lo necesitan? Pues no, hay que hacerlo porque lo dice el Gobierno y el Partido Socialista que le sustenta. Yo pido que razonen un poco, porque la realidad es que esto ya está muy anticuado, obsoleto. Manden la PAU al museo de memoria histórica que nos va a hacer Caldera en Salamanca. Mándenla allí, que allí estará muy bien.
Me gustaría dedicar un tiempo al tema de la formación profesional, para llamar a la sensibilidad de sus señorías. No sé qué han podido hacer los alumnos de Formación Profesional, pobrecillos, no sé qué han hecho para tener esta situación. Los alumnos españoles que, terminada la ESO, acceden a los ciclos de grado medio, no pueden continuar con los ciclos de grado superior. Espero sensibilidad, y yo sé que la voy a encontrar.
Hay muchos hijos de obreros que han hecho los ciclos de grado medio y no tienen continuidad en el grado superior. Están esperando a ver qué hacemos. El Gobierno les dice: váyase usted a hacer Bachillerato y después a los ciclos de grado superior. ¿Y qué hacemos con los alumnos de la cualificación profesional inicial? Sólo una de las tres vías conduce al graduado, y nosotros queremos que todas conduzcan al graduado, para que esos alumnos vayan de la cualificación profesional inicial a los ciclos de grado medio, y de los ciclos de grado medio a los ciclos de grado superior y a la universidad. Señorías, solicito esa sensibilidad para todos estos alumnos, a los que haríamos un gran favor si aceptan esta enmienda del Grupo Parlamentario. Es muy sencilla, solicita que la cualificación profesional conduzca al graduado, que haya un curso puente para que los alumnos que lo aprueben puedan ir de los ciclos de grado medio a grado superior, y de ahí a la universidad. Por tanto, lo único que pretendemos con esta postura es abrir puentes, abrir caminos y oportunidades para todos esos alumnos.
El otro día estuve en un centro politécnico muy importante, con 2.000 alumnos, y su director, aparte de contarme los enormes problemas que tenía con 20 ó 30 chicos, nos solicitaba una persona experta porque un día podía ocurrir cualquier cosa. Me decía: Aquí tenemos 700 alumnos que están cursando los ciclos de grado medio; si nos dierais un curso puente y la posibilidad de que esos alumnos hiciesen los ciclos de grado superior, a lo mejor, no pegaban patadas a las paredes. Pero es que este alumno ve que no tiene posibilidades. Tú, que estás en Madrid, a ver si te escuchan. Le dije que lo intentaría y que pediría el apoyo de mis compañeros, pues el éxito no depende de mi, sino del resto de los grupos parlamentarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, ha concluido su tiempo.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Señor presidente, he terminado.
Creo que las enmiendas, como pueden ver, no son descabelladas y pretenden, de verdad, mejorar el sistema educativo.
Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Empezamos con la presentación de las enmiendas a los Títulos Il, III y IV. Recuerdo a los señores senadores que cuando defiendan sus enmiendas pueden acumular también, si así lo desean, las que han presentado a otros títulos, para poder acercar lo más posible el debate a la defensa de las enmiendas.
Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente. «Eskerrik Asko».
A los Títulos II, III y IV hemos presentado nueve enmiendas, las números 526 a 531 y 533 a 535. Son dos bloques con los que intentamos enmendar -- vamos a ver si tenemos suerte y sus señorías atienden lo que les voy a decir, no les cuento ninguna historia-- las cuestiones de los conciertos y las retribuciones del personal.
Las enmiendas números 526, 527 y 528 se refieren a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias y a las becas, ayudas y subvenciones que se conceden. El artículo 149 de la Constitución garantiza la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Perfecto, lo que sí quisiéramos es que cuando se trate de enseñanzas no obligatorias, es decir, de cero a seis años y de 16 en adelante, la LOE no incorpore toda la batería de normas y estipulaciones para la concesión de becas y ayudas. Si estas enseñanzas no son obligatorias, en el caso de las comunidades autónomas, entre ellas la del País Vasco, se podía haber dictado un articulado mínimo, y que éstas, con base en las competencias propias, determinen cómo son estas becas, ayudas y subvenciones. Lo mismo sucede con la determinación de las cuantías en los conciertos. Está claro que, a diferencia de los convenios, en el caso de los conciertos la determinación temporal es de tres a seis años y la determinación de las cuantías está en función de los mínimos que se determine en la legislación para las enseñanzas obligatorias. En las enseñanzas no obligatorias la determinación corresponderá a las comunidades autónomas, en virtud de su competencia, tras comunicar lo que se hace al Gobierno central. Ésa es la determinación y así debiera ser.
Paso ahora a las enmiendas números 533 a 535, referidas fundamentalmente a las retribuciones del personal docente de los centros concertados.
Solicitamos que las cantidades a percibir por dicho personal sean abonadas directamente al profesorado como pago delegado en nombre de la entidad titular del centro y en la forma que determine la Administración.
Nos parece básico que, al objeto de que no se produzcan interferencias, delimitaciones, diferencias de retribución, pequeñas pegas que se suelen dar a la hora de que los centros retribuyan directamente, haya un pago delegado de la Administración de tal forma que la relación sea totalmente directa.
Eso tiene relación con las siguientes enmiendas al objeto de ver cómo la actualización de las retribuciones anuales no ofrece dificultad respecto a lo que se haga en cada

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uno de los centros. Si existe un pago delegado veremos que el porcentaje de incremento retributivo del profesorado docente tiene que ser idéntico porque todos los centros públicos, al estar concertados, tienen que tener la misma retribución delimitada.
Lo mismo ocurre en las dos últimas enmiendas, en las que establecemos el porcentaje del módulo con que se financiarán los conciertos de carácter singular, pues la redacción actual, en nuestra modesta opinión, supone una invasión de competencias.
En cuanto a la titulación profesional, sabemos que tanto el artículo 27 de la Constitución como el artículo 149.1 atribuyen a la Administración central la competencia para la habilitación, la redacción y hasta la titulación y el engarce completo del título. Lo que solicitamos en la enmienda número 536 es que cuando haya titulaciones o acuerdos académicos o profesionales para nuevos centros experimentales o nuevas situaciones que se planteen en ramas profesionales o de iniciación profesional, aunque el título sea dado por la Administración central, que toda la formulación y el tratamiento sea llevado a cabo por las administraciones educativas correspondientes.
Termino con las enmiendas números 537, 538 y 539, que se refieren a los órganos de gobierno en los centros docentes, los consejos escolares y modo de conformarlos. Nos parece fundamental que padres, alumnos y profesores formen parte de ese consejo escolar porque es básico a la hora de llevar el centro en su orden jerárquico y educativo.
Proponemos que los alumnos de los dos primeros cursos de educación secundaria no puedan participar en la designación por motivos obvios --así nos lo parece dada la edad--. Respecto al consejo escolar, creemos que profesores y alumnos que superen una cierta edad tienen que ser totalmente participativos.
Lo mismo ocurre con la elección del director. Busquen la forma para que los canales de elección de esta persona tengan la característica propia de una designación democrática y no haya intervenciones partidistas o políticas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Jorquera intervendrá en defensa de sus enmiendas. ¿También va a defender las enmiendas del senador Mur?

El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, el señor Mur dijo que intervendría sólo una vez, y que, en esa intervención, defendería todas sus enmiendas al articulado. Están, pues, defendidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muy bien.


El señor JORQUERA CASELAS: Procuraré ser breve. Si he subido a la tribuna es únicamente porque me siento más cómodo para mover los papeles.
Quiero empezar haciendo un comentario a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Los argumentos que ha expuesto para defender la retirada de la asignatura educación para la ciudadanía y los derechos humanos no se corresponden en absoluto con los que ha expuesto el Bloque Nacionalista Galego. El BNG nunca ha utilizado argumentos como que la asignatura podría ser un adoctrinamiento. Lo que defendemos es que estos principios deben ser valores universales y que deben tener un tratamiento transversal e interdisciplinar que no se concrete en una asignatura más. Añadir una nueva asignatura podría llevar a esta a convertirse en lo que vulgarmente se llama una maría. Los valores transversales que deben regir la enseñanza tienen que contener otros muchos ingredientes que exponemos en la justificación de motivos de la enmienda.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista apelaba a la generosidad del Bloque Nacionalista Galego, y a mí me gustaría que la generosidad fuese recíproca. El Bloque Nacionalista Galego ha presentado 151 enmiendas en el Senado, y el Partido Socialista no ha hecho ningún esfuerzo de aproximación por aceptar alguna, o al menos por transaccionarla. Nuestra generosidad no ha sido, pues, correspondida. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sabe que tenemos muchos motivos de discrepancia que justificarían que votáramos en contra del proyecto de ley si no se introdujeran modificaciones sustanciales. No obstante, no lo vamos a hacer por responsabilidad y por la extraordinaria presión que han ejercido algunos sectores inmovilistas a los que no queremos seguirles el juego en absoluto. De todos modos, repito que nos gustaría que la generosidad fuese recíproca.
Teniendo en cuenta la incongruencia técnica a la que aludía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no tendríamos ningún problema, en un nuevo alarde de generosidad, en apoyar la vuelta al texto original salido del Congreso. La redacción resultaría incongruente con lo incorporado, dado que se mantendría una asignatura de derechos humanos divorciada de la de educación para la ciudadanía.
Por lo demás, el BNG presenta 38 enmiendas a los títulos que nos ocupan.
Voy a ser muy breve, porque los argumentos básicos ya los he expuesto en mi primera intervención. Hay varias enmiendas que pretenden asegurar la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en política de becas y ayudas, en régimen de admisión de alumnos en la etapa obligatoria y postobligatoria, y en cuanto a la fijación del importe del módulo del concierto económico por unidad. También hay otras enmiendas que pretenden asegurar la participación efectiva de las comunidades autónomas en la definición de distintas políticas. Por fin, me detendré en otros aspectos.
En lo que se refiere a la defensa de la enseñanza pública, la enmienda 74 sintetiza perfectamente nuestra filosofía. Consideramos que las administraciones, a la hora de programar la oferta educativa, deben tener en cuenta sólo la existente en centros públicos. Los centros concertados deben ser únicamente complementarios, y no condicionar la programación de la oferta. Los centros públicos tienen que ser el elemento vertebrador del sistema educativo.


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Las enmiendas 83 y 84 se refieren a los conciertos educativos.
Consideramos que estos deben tener carácter excepcional. Los criterios para acogerse a ellos deben ser los siguientes: que no haya plazas suficientes en los centros públicos y que la enseñanza pública no pueda atender las necesidades de escolarización de la totalidad de la población. En cualquier caso, deben tener preferencia los centros en régimen de cooperativa y aquellos especializados en la atención a segmentos de población con condiciones socioeconómicas desfavorables.
Hay varias enmiendas a estos títulos que pretenden mejorar la calidad de la enseñanza, con compromisos efectivos que tienen que ir acompañados de un mayor esfuerzo de inversión en materia de educación que asegure el cumplimiento de estos objetivos, pero también concedemos extraordinaria importancia --y es lo que fundamenta nuestras enmiendas 63 a 69, así como la número 72-- a plasmar compromisos claros de cara a mejorar las condiciones laborales, las condiciones de impartición de la docencia por parte del profesorado.
Esto lo hacemos desde la convicción de que, recogiendo todas estas propuestas, no estamos atendiendo sólo a demandas sindicales; lo que estamos haciendo es apostar por un profesorado que tenga los incentivos y las condiciones para el ejercicio de su trabajo, que realmente le permitan estar plenamente ilusionado e implicado en el hecho educativo, porque pensamos que eso redunda de una manera decisiva en la calidad de la enseñanza.
No voy a abusar más del tiempo para procurar que estemos en condiciones de votar a una hora no demasiado intempestiva.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Cuenca, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
A estos títulos hemos presentado un conjunto de enmiendas que paso a relatar brevemente. La 451 pretende ofrecer de forma gratuita el servicio de comedor escolar en el mundo rural. La 452 se refiere a la agilización de las becas, porque la finalidad que se propone con ellas queda desvirtuada a menudo por la tardanza en su libramiento. La 453 señala que la principal obligación de la Administración debería ser garantizar la suficiencia de la red pública. La 454 propone cambiar el término «análogo» por «el mismo». El motivo es que el procedimiento de admisión de alumnos en todos los centros financiados con dinero público debe ser el mismo, para evitar desigualdades en el acceso a las plazas escolares que se pagan con el dinero de todos.
La enmienda número 455 se refiere al respeto al ideario. La 456 es una enmienda de supresión, porque entendemos que este apartado sobra, ya que su inclusión sólo obedece al intento de los centros concertados de imponer su ideario, como puede constatarse al comparar este apartado con el artículo 121.6, por el que se incluye el ideario en el proyecto educativo, que será dispuesto por el titular del centro, lo que nos parece de todo punto inaceptable.
La enmienda número 457, sobre las normas de admisión, pretende establecer zonas, no ámbitos, así como que las comisiones de escolarización sean permanentes. La 458 plantea reservar plazas a lo largo de todo el curso, sin aumentar ratios, evitando así que se plasme en la ley lo que ha hecho el consejero de Educación en la Comunidad de Madrid. De no ser así, la llegada sobre todo del alumnado inmigrante se canalizaría, como ha sido práctica habitual, hacia los centros públicos. Lo que pretendemos --al menos yo-- en la Comunidad de Madrid es que no se recoja en la ley.
La número 459, que es una enmienda que pretendemos que se vote por separado, se refiere a sobre la coeducación en centros sostenidos con fondos públicos. Para que nos entiendan sus señorías, con esta enmienda queremos evitar casos como el del Centro Monte Tabor, de Madrid, que separa niños y niñas. Recientemente hemos visto en prensa una noticia sobre este centro que dice: un colegio concertado, que segrega por sexos, pide 1.750 euros por plaza. Esto es lo que pretendemos evitar con nuestra enmienda. Pero no sólo eso, sino que además algún dirigente, en este caso del Partido Socialista, y compañero senador mío, anuncia que retirará las ayudas a los colegios que separen por sexos. Votando la enmienda se soluciona todo. Lo más adecuado para evitar que estas cosas ocurran es votar esta enmienda.
La enmienda número 460 trata sobre el control de aportaciones por parte del Consejo Escolar. La 461 sobre las prácticas docentes. La 462 sobre la incorporación a la docencia. La 463 es una enmienda que hemos hecho nuestra, a propuesta de Amnistía Internacional, que plantea incorporar el inciso sobre derechos humanos, que supone garantizar que la educación en derechos humanos estará presente en los programas de formación permanente del profesorado.
La enmienda 464 hace referencia al carácter de formación permanente, y trata de reconocer el propio centro y la jornada laboral como un ámbito natural de formación.
La número 465 pretende garantizar una oferta suficiente que incluya las nuevas tecnologías. La número 466 se refiere al esqueleto mínimo del estatuto del profesorado. El proyecto de ley ofrece en este caso prácticamente lo mismo que ofrecía la LOCE del Partido Popular. Por tanto, nosotros queremos ir un poco más allá.
La enmienda número 467 se refiere a extender beneficios al profesorado de los centros concertados. Con la número 468 queremos recuperar el carácter de servicio público que inicialmente figuraba en este proyecto de ley.
Con la número 469 queremos que se precisen las necesidades de escolarización. Esto va en coherencia con una enmienda que presentamos al apartado 2 del artículo 15. Para nosotros la concertación se limita a niveles obligatorios. Por otro lado, la enmienda trata de reforzar las garantías que deben amparar la concesión o prórroga de un concierto con un centro educativo. Por ello, se debe atajar la concesión de conciertos paralela a la supresión de puestos escolares públicos.


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La enmienda número 470 hace también referencia a los centros concertados.
Con ella pretendemos cambiar la expresión «tener preferencia» por «sólo podrán concertar». Con la número 472 queremos eliminar la expresión «con carácter preferente» en relación con los conciertos para cualificación profesional, y en la número 473 nos referimos a todo lo que tiene que ver con los módulos del concierto.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra enmienda número 580 al artículo 71 va encaminada a mejorar la atención a la diversidad dando autonomía a los propios centros para concretar sus planes y adaptarlos a la realidad de cada medio socioeducativo.
Con la número 581 queremos incluir en la redacción del artículo 73 a los alumnos con dificultades específica de aprendizaje que no derivan --como se dice en ese propio artículo-- ni de discapacidad ni de problemas graves de conducta.
Tenemos presentada la enmienda número 584 al artículo 105 para intentar dar una mayor consideración al profesorado, de reconocimiento por un lado y de operatividad en los centros por otro, pero esto no será real si supone una pérdida de ingresos en muchos casos inasumible por esos docentes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha mantenido diez enmiendas a los Títulos II, III y IV, pero no se preocupen sus señorías que no consumiré los diez minutos.
En la número 693 solicitamos que se añada la dislexia entre los trastornos de aprendizaje. Señorías, la mayoría de los fracasos escolares se deben precisamente a ese tipo de trastornos, pero no siempre los padres ni incluso los propios educadores los detectan a tiempo. La dislexia es uno de los trastornos de aprendizaje que más porcentaje ocupa entre nuestros escolares. Las últimas publicaciones sobre ello hablan de que un 10 o un 15 por ciento de la población escolar padece ese tipo de trastorno. Por eso, repito, hemos creído que se debería incluir entre los trastornos de aprendizaje.
La enmienda número 694 es reiterativa por parte de este grupo parlamentario en esta Cámara. Con ella pretendemos que se garantice que las comunidades autónomas tengan la posibilidad de definir, respetando los mínimos, una política de becas y ayudas ajustada a las necesidades y circunstancias. Podríamos hablar de ello durante la próxima media hora pero no voy a hacerlo porque, evidentemente ya lo hemos hecho en esta Cámara en otras ocasiones. Todos ustedes ya me han oído e incluso han aprobado mociones en este sentido.
La número 696 se refiere a la igualdad que debe haber en la aplicación de las normas de admisión, y su redacción tiene dos partes. Con la primera tratamos de clarificar el área de influencia, y a partir de ahí se debe averiguar qué centro corresponde a cada uno de los grupos de padres. Con la segunda parte queremos que las familias puedan presentar sus solicitudes directamente en los centros. El que la familia se acerque al centro es un forma de tomar contacto con el centro y de que el centro se acerque a la familia, y debe ser ésta la que empiece la baremación en las mismas condiciones que marquen las administraciones educativas.
Con las enmiendas números 697 y 698 proponemos que sea necesario el título de maestro para impartir educación primaria. Creemos que es necesaria esa titulación para garantizar la formación adecuada que deben tener nuestros educadores en una de las fases más delicadas de la educación de nuestros hijos: la infancia.
En esta misma línea hemos presentado las enmiendas 699, 700, 701, 702, y 703. Pedimos que la formación pedagógica y didáctica sea obligatoria, además del título correspondiente de licenciado, ingeniero o arquitecto para la educación secundaria, enseñanzas artísticas y la formación profesional, ya que, además de transmitir conocimientos, el profesorado ejerce una función educativa muy importante en el desarrollo de los individuos. Es más, en una sociedad compleja el educador debe solucionar conflictos a los que nunca se había enfrentado: alumnos de distintas procedencias con diferentes costumbres y educaciones; en definitiva, es una sociedad que está cambiando y los cambios, señorías, siempre conllevan problemas. Por lo tanto, creemos que es importante la formación del profesorado.
En lo que respecta a estos títulos votaremos a favor de las enmiendas de los senadores Urrutia, Mur y Jorquera precisamente porque algunas son de carácter autonomista, y en contra de las presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el señor Cuenca. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Senador Cuenca, usted y yo no podemos entendernos en casi nada, y eso es evidente. Por ejemplo, usted ha hablado de la coeducación y tengo que decirle que en esta Cámara hablaremos de ello en los próximos años, porque los últimos estudios señalan que la coeducación permanente a lo largo de todas las etapas educativas no da buenos resultados para la igualdad, o sea que a lo mejor tenemos que volver atrás. Quizá no sea el momento pero de esto ya hablaremos y, por lo tanto, seguro que usted y yo no vamos a ponernos de acuerdo.
Evidentemente, votaremos en contra de las transaccionales que proponen la vuelta al texto del Congreso, que nosotros hemos transaccionado. En una de ellas se garantizaba por parte de las administraciones públicas la exigencia

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de los centros públicos y concertados en las mismas condiciones.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Como todavía vamos por el segundo capítulo y quedan otros dos, voy a intentar ser breve.
Mantenemos dos enmiendas vivas. Una de ellas, la formulada al apartado 2 del artículo 83, guarda relación con las becas que concede el Gobierno.
En la enmienda de modificación que proponemos pedimos que se reconozca la particularidad del Departamento de Educación y Universidades del Gobierno Vasco en relación con las becas que se otorgan al estudio y que están financiadas exclusivamente con cargo a los presupuestos del Gobierno autónomo vasco.
En la enmienda 608 proponemos la supresión del artículo 102.4 debido a que, tal y como está redactado en este momento, el proyecto de ley permite al Ministerio de Educación y Ciencia diseñar y ofertar programas de formación de carácter estatal dirigidos a profesores de todas las enseñanzas. En este sentido, nos parece que con esta previsión el Estado quiere imitar una política que efectúa desde el campo laboral en materia de formación ocupacional y continua a sabiendas de que no se ajusta, como ha dicho repetidas veces, el dictado a la doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, pensamos que en la Comunidad Autónoma del País Vasco se deben organizar, porque así se recoge en su estatuto, las actividades de formación. Ha de quedar claro que cosa distinta es que esos cursos tengan validez en todo el Estado y, en ese sentido, debemos colaborar con el Estado para que las condiciones y requisitos se puedan homologar.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, he de decir que nosotros hemos reducido bastante el número de enmiendas.
Defenderemos la enmienda 817, formulada al artículo 83. Reconocemos el avance que el citado artículo 83 supone en cuanto a las becas, pero nos gustaría dar un paso más y que se contemplara la enmienda adicional con un apartado nuevo en el que se reconociera la territorialización de los fondos que el Estado destina a las becas y ayudas al estudio, puesto que se considera que ese modelo garantiza mejor que el actual un trato igual entre las comunidades autónomas y su respectiva población escolar, y tuviera suficientemente en cuenta las particularidades de las diferentes realidades socioeconómicas en las distintas comunidades autónomas. El sistema que se propone ha sido, además, avalado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 188 del año 2001. Retiramos la enmienda 819, al artículo 84, a favor de la 641 del Grupo Parlamentario Socialista.
Vamos a defender ahora la enmienda número 824, al artículo 87, dado el relieve que para nosotros tiene, dentro del capítulo de escolarización en centros públicos y concertados, la coeducación. Nos parece importantísimo que cuando se habla de fondos públicos se priorice para que en todas las aulas, en todos los centros escolares, haya niños y niñas que compartan los programas educativos para trabajar la igualdad de derechos, para que se aprendan a respetar los unos a los otros sea cual sea su sexo; además, este aspecto está muy relacionado con la futura ley de igualdad de trato de hombres y mujeres.
En la enmienda número 831, al artículo 96.2, tras «... Comunidades Autónomas...» añadimos «... y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas» para que no sea simplemente un consejo consultivo y de participación, sino que pase a convertirse en un órgano clave para la organización y el futuro de las enseñanzas artísticas.
En otra enmienda pedimos la vuelta al texto del Congreso del artículo 109.2, para que las Administraciones educativas garanticen la oferta de plazas suficientes en centros públicos en las zonas de nueva población.
Cuando no hay todo el dinero que a uno le parecería necesario se debe dar prioridad, y para nosotros la prioridad pasa por ofertar plazas públicas en las zonas rurales y en los barrios de nueva creación; posteriormente, cuando haya más dinero, ya pasaríamos a hacerlo también en otros centros.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ABAIGAR: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, me van a permitir que haga una precisión histórica --hoy estamos todos excelentes en Historia Contemporánea-- a efectos de que conste en el «Diario de Sesiones» respecto al primer «lehendakari» de la Comunidad Autónoma Vasca, el señor Rubial. Efectivamente, aquí se ha dicho que el señor Rubial no fue el primer «lehendakari». No vamos a discutir, ya sabemos que entre vascos tenemos diferencias y algunos nacionalistas piensan que no fue así. Sencillamente recordaré la existencia de un informe de la Real Academia de la Lengua Vasca, donde se habla al respecto sobre el concepto de presidente, es decir, «lehendakari».
Entre otras cosas, el señor Rubial, el «lehendakari» Rubial, tuvo el honor y la responsabilidad de formar el primer Gobierno vasco en 1977, además de elaborar ese estatuto que algunos nacionalistas ahora lo enarbolan de forma tan insistente (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No quiero polemizar de esta cuestión, pero a efectos de que conste en el «Diario de Sesiones»

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hago estas precisiones históricas para que las tengamos en cuenta.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a los Títulos II, III y IV son exactamente 10, más tres que vamos a apoyar también del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida, Entesa y el PAR.
Respecto del Título II, nuestro grupo plantea la enmienda 641, que hace referencia a una cuestión estrictamente técnica insistiendo en la etapa gratuita de los centros públicos. Es, como digo, una enmienda estrictamente técnica.
En este Título II también apoyaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida número 454, en la que se añade el mismo procedimiento para la admisión de los alumnos. Es una cuestión también de precisión técnica.
Al Título III hemos presentado las números 642, 643, 644, 645, 646 y 647.
La razón de ser de estas enmiendas se fundamenta en la precisión y coherencia del texto, se da una nueva organización a los mismos que adolecían de algunas redundancias y, como digo, vienen a mejorar técnicamente su redacción.
Vamos a apoyar la enmienda número 831 de Entesa Catalana de Progrés que hace referencia al papel del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, propugnando que no sea sólo un órgano de carácter consultivo sino que también tenga poder decisorio. Asimismo, también vamos a apoyar la enmienda número 7 del PAR, por la que se introduce un concepto nuevo relativo al trabajo en equipo que mejora la redacción del texto.
Respecto al Título IV, mantenemos la enmienda número 648 por coherencia con el resto de las enseñanzas artísticas a las que hace referencia el artículo 107.3. La número 650 propone una mejora técnica del texto por existir redundancias y repeticiones.
Asimismo, proponemos la vuelta al texto del Congreso de la enmienda 705 de CIU, que hace referencia al papel de los plazas concertadas en zonas de nueva creación por parte de la Administración pública.
Brevemente, deteniéndonos un poco más en la experiencia vivida en comisión, en la que pudimos debatir y aclarar muchos conceptos, me gustaría hacer dos observaciones. En primer lugar, una que tiene que ver con el bloque nacionalista. El senador Maqueda ha manifestado que tenemos que hacer futuro. Efectivamente, creo que tenemos que desarrollar una nueva cultura del entendimiento de este Estado Autonómico que estamos creando. Considero que las dificultades que en este momento estamos teniendo para apoyar una serie de enmiendas, como las que relataré a continuación, se debe a la excesiva fijación que tienen los grupos nacionalistas respecto del territorio en detrimento de la ciudadanía.
Considero que es una ley muy respetuosa con los estatutos y con esta concepción del Estado Autonómico que estamos desarrollando, sobre todo en los títulos II, III y IV a los que me estoy refiriendo. Pero el celo por lo propio en detrimento de los aspectos básicos y mínimos que debe establecer la Administración General del Estado en algunas cuestiones como, por ejemplo, en lo relativo a becas del artículo 83, hace que se pierda la perspectiva del importante papel que debe jugar la Administración Pública, la Administración Central del Estado, a la hora de determinar estos aspectos básicos y mínimos, que no deben ser desestimados a la baja sino que, por el contrario, hay que potenciar la labor de las comunidades autónomas con capacidad para superar estos mínimos que fija la Administración central.
Respecto a las enmiendas del bloque nacionalista, al hablar de competencia en lugar de colaboración con la Administración General del Estado hace que se creen ciertas dificultades a la hora de llegar a acuerdos respecto de algunos artículos; me estoy refiriendo concretamente al artículo 102 sobre los cursos de formación. La Administración General del Estado tiene perfecto derecho a establecer cualquier tipo de formación complementaria, sobre todo en la formación permanente del profesorado, porque va en mejora de este capital humano fundamental para el desarrollo de la educación. Por lo tanto, no debe interpretarse como una forma de competencia con las administraciones autonómicas. Si me permiten la metáfora deportiva, debemos dejar de jugar al frontón con la Administración General del Estado y jugar más al tenis. Ésa es la cultura que me gustaría se desarrollase en este Estado Autonómico, que no hubiese una visión unidimensionalidad en los planteamientos de los grupos nacionalistas sino más bien una colaboración con la Administración Central del Estado, concretamente en estos artículos a los que me he referido relativos a las becas y a los cursos de formación permanente del profesorado. Como dije en comisión, no se puede poner puertas al conocimiento; no podemos impedir que la Administración central del Estado oferte, en su caso, aquello que crea conveniente y suponga una mejora para el profesorado.
Por otra parte, voy a hacer unas observaciones que me parecen importantes respecto de las dificultades que hemos tenido con el Grupo Parlamentario Popular. Creo que aquí ha habido una cuestión metodológica. El Grupo Parlamentario Popular ha enfrentado a la LOCE con la LOE; y ha intentado hacer un «mix» no integrador de la ley. Esas 253 enmiendas --62 a los títulos II, III y IV-- son sencillamente un sistema de corta y pega, y por tanto, un sistema nada integrador a la hora de alcanzar acuerdos sustanciales desde un punto de vista parlamentario. Su ley, señorías, la LOCE, ha sido hábilmente troceada por ustedes en ese corta y pega, en ese «mix» popular, para integrarla en la LOE, y por ello metodológicamente no ha sido posible llegar a un mínimo acuerdo respecto de la educación.
Pero también hay una cuestión de fondo. Ustedes tienen una idea de la educación y una idea de la libertad, y nosotros tenemos otra. Para ustedes la educación es un ejercicio de adiestramiento para la competitividad.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor URRUTIA ABAIGAR: Tienen ustedes una idea darwinista de la educación; creen que la mejor forma de educar a los pobres es, como dijo su técnico en la comisión correspondiente, hacerles fuertes para competir con los fuertes, para competir con los ricos. Y ahí subyace esta

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idea darwinista, esta idea de la educación como ejercicio de adiestramiento. En cambio, para nosotros la educación es condición necesaria para la libertad, y sólo es posible avanzar en este camino con equidad.
Este choque de filosofías, señorías, supone un serio problema que no ha surgido ahora, sino que ya se planteó en el debate de la LOCE. Entonces no fue posible llegar a un acuerdo, como tampoco lo ha sido ahora.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Gallego.


La señora GALLEGO ESPERANZA: Gracias, señor presidente.
A continuación paso a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a los títulos II y III.
Por lo que se refiere al Título II debemos tener presente que el ejercicio del derecho a la educación por todos, sin ningún tipo de exclusión y en condiciones que garanticen realmente la igualdad de oportunidades, constituye en nuestro tiempo el mayor factor de cohesión social. Por ello el Estado social y democrático de Derecho que establece la Constitución Española asume un principio de responsabilidad en esta tarea.
Satisfacer el derecho a la educación supone la obligación, por parte de los poderes públicos, de adoptar una política que compense las situaciones de especial dificultad por razones de naturaleza socio-económica o cultural en las que se encuentren determinados sectores de la población. El futuro de nuestra sociedad dependerá de que una gran mayoría de la población adquiera la formación y cualificación que proporcionan las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria superior. Así lo han entendido los Estados de la Unión Europea a partir de la Conferencia de Lisboa, que ha establecido compromisos tan ambiciosos como necesarios en este ámbito y que España debe cumplir en 2010.
Por ello debemos lograr una educación de calidad que nos permita converger en conocimientos y resultados con la media de la Unión Europea, lo que permitirá, además, una efectiva movilidad de los alumnos españoles en todo el territorio de la Unión, además de asignar un incremento del gasto público en educación que permitirá alcanzar la media del PIB en la Unión Europea en el año 2012.
Para expresar con mayor claridad los objetivos que debe poner de manifiesto el título, consideramos que la ambigüedad de equidad en la educación debe ser sustituida por la igualdad de oportunidades y la cohesión social, de acuerdo con la tradición y la actual reorganización de la OCDE. El mismo Consejo de Europa establece como objetivo, en el término cohesión social, garantizar un nivel suficiente de protección social, proteger eficazmente a los grupos sociales más vulnerables, favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la exclusión y la discriminación. Este planteamiento debe regir el enfoque de la educación de las personas con necesidades educativas especiales.
En cuanto a este alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, nuestra enmienda 261 está destinada a precisar los principios en los que se basan las políticas orientadas a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social, dirigidas al alumnado con necesidad de mayor apoyo educativo.
La enmienda 263 deja claro que las administraciones educativas garantizan el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y de centro docente para estos alumnos, con la intención de paliar la actitud negativa y de desconfianza por parte de los autores de la ley, cuando las familias intentan ejercitar su libertad, en este caso, en algo tan sencillo como es la elección de centro para sus hijos.
Como complemento a la enmienda anterior, mi grupo incluye las enmiendas 264, 265 y 272 también para contar con la colaboración de las familias o prestar el asesoramiento necesario según los casos.
De todos es sabido que la diversidad del alumnado que nos ocupa aconseja unos planteamientos de métodos y programas muy diferentes. Para ello, la flexibilidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta gran parte de nuestras enmiendas y está presente en este Capítulo I del Título II. Si conseguimos llevar al articulado una configuración flexible capaz de adaptarse a las diferencias individuales, habremos logrado ampliar el horizonte de las oportunidades y alcanzar resultados de calidad para todos y, muy en especial, para los alumnos que presentes necesidades educativas especiales.
En el caso de la educación especial, nuestras enmiendas 264, 265, 269 y 271 consideran que la adaptación de programas y metodología a las características de estos alumnos es fundamental. Incorporamos, además, la supresión de límite de edad en los centros de educación especial en la enmienda 265 en donde se dice que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se adaptará a las condiciones de estos alumnos con arreglo al principio de flexibilidad.
La detección precoz ha de ser uno de los objetivos primordiales a lograr, por lo que el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios y para ello habrá de prestar una especial atención a la identificación de las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos con discapacidad, así se recoge en las enmiendas 263, 264 y 268. Hacemos una modificación en la Sección Segunda sustituyendo altas capacidades intelectuales por sobredotación, basándonos en una terminología acuñada con criterios científicos.
El instrumento definitivo para llevar a cabo todas estas mejoras que introducen nuestras enmiendas es el profesorado, un profesorado que requiere una formación específica que le permita diseñar, desarrollar y evaluar adecuadamente las adaptaciones curriculares que necesitan estos alumnos. En el caso concreto de los sobredotados existen estudios que confirman ciertas carencias en la formación específica de este tema en todos los niveles del sistema educativo, lo que confirma que hasta la llegada de la LOCE estos alumnos eran incluidos con el nombre de necesidades educativas especiales y fue la Ley de Calidad del

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Gobierno del Partido Popular quien la situó en un ámbito competencial distinto, creando ex novo las necesidades educativas específicas.
A continuación la enmienda 262 pone en valor el aprovechamiento de iniciativas sociales. No se puede despreciar el potencial que ofrecen asociaciones o colectivos que trabajan en estos campos. Una buena integración en el sistema escolar de los alumnos con incorporación tardía constituye un reto al que hay que dar una respuesta eficaz, partiendo del principio en el que se establece que todos los alumnos procedentes de otros países que se incorporan al sistema educativo español gozarán de los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles, sin que resulte admisible un trato diferenciado. Sin embargo, existe una determinada población de alumnos con incorporación tardía que llegan a estos sistemas educativos en situación de desventaja y que por razones lingüísticas, carencias formativas o condiciones sociales hace necesario desarrollar acciones específicas de carácter compensatorio. La situación de estos alumnos es contemplada en nuestra enmienda número 271.
De acuerdo con el principio de la filosofía de la educación compensatoria, que consiste en dar más a quien menos tiene, entendemos que el Capítulo II de este Título II tal como está concebido supone una ausencia de medidas efectivas que promuevan y garanticen la cohesión social y la integración a través de la educación. Ello nos obliga a tener presente, por una parte, el papel decisivo que ésta juega y, por otra, a no olvidar las experiencias de los países próximos y la nuestra, que ponen de manifiesto que la desatención de la educación no solo acarrea problemas individuales para el alumnado, como es la falta de preparación y el fracaso escolar, sino que, al convertirse en un problema generalizado, sobre todo en los sectores más sensibles, abre el camino hacia la violencia juvenil y la marginación.
Explicitar el papel del Estado para avanzar en las políticas de compensación educativa con criterios de equidad, entendida ésta en su dimensión territorial, es la finalidad de nuestra enmienda número 273.
Entendemos que el Estado social y democrático de Derecho no puede aceptar que la educación sea un factor de desigualdades territoriales en el conjunto de la nación. Ésta es la razón por la que se contempla la creación de un fondo de cohesión interterritorial educativo, para promover y asegurar que el derecho a la educación se ha ejercido en las condiciones básicas de igualdad en todo el territorio español.
Los recursos destinados a esta materia se contemplan en la enmienda número 274. Creemos que los centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos que estén realizando tareas en áreas desatendidas a poblaciones con especiales dificultades de carácter socioeconómico o sociocultural necesitan recursos adicionales, que deben ser puestos a su disposición por las administraciones educativas y el Estado, incluso con cargo al fondo de cohesión interterritorial.
Las características de los centros educativos prioritarios las describe la enmienda número 275, que incorpora una idea ya presente en muchas administraciones educativas españolas sobre las actuaciones singulares en los centros educativos prioritarios, que son aquellos situados en zonas geográficas que por características socioeconómicas y socioculturales necesitan una intervención educativa diferenciada de carácter compensatorio.
Se trata de dejar claro en la ley la legitimidad de un apoyo y una intervención educativa propia, según las necesidades de los centros, en los que las administraciones educativas mostrarían atención preferente y una organización adaptada a las importantes tareas formativas que realizan.
El mundo rural ha de ser objeto por parte de los poderes públicos de una especial atención que garantice la igualdad de oportunidades. Una apuesta decidida por la igualdad real entre el mundo rural y el mundo urbano está recogida en nuestra enmienda número 278. Se trata de ofertar la enseñanza básica y el segundo ciclo infantil en las mismas condiciones que en las zonas urbanas. De esa forma se evitaría el desarraigo familiar, los inconvenientes del transporte, permitiría la fijación de la población en el mundo rural y redundaría en claros beneficios para los alumnos al mejorar sus condiciones de aprendizaje, de estudio y, en general, de vida. A esto hay que añadir el impulso del aprendizaje de idiomas y el desarrollo de las tecnologías de la información, con planes específicos para el mundo rural.
Un elemento compensador son las becas y las ayudas al estudio que contempla nuestra enmienda número 279. En esta materia, nuestras aportaciones son de mejora. Coincidimos con el texto del Gobierno en que, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, existe un sistema nacional de becas en el que al Gobierno le corresponden unas funciones normativas básicas. Las becas también deben seguir apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado y el Tribunal Constitucional precisó con claridad cuáles eran las competencias del Estado.
Lo que queremos añadir es, por un lado, una cláusula que establezca la adaptación del sistema general de becas a los territorios insulares, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, que tienen características propias para favorecer precisamente las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes en dicho territorio, y, por otro lado, una segunda cláusula, que también nos parece importante, y es que se deje claro, para que los resultados de aplicación de los sistemas de becas se logren sin menoscabo de la garantía de la igualdad, que hay coordinación entre las funciones del Estado y de las comunidades autónomas, conforme a sus respectivos ámbitos de competencias. Este es el sentido de nuestras enmiendas, que dejan patentes los principios de equidad, solidaridad y compensación.
En cuanto a la escolarización en centros públicos y privados concertados, debemos tener en cuenta que los dos pilares del modelo constitucional educativo, programados en el artículo 27.1 de la Constitución, son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Ambos gozan de la máxima protección jurídica que nuestro ordenamiento constitucional otorga, y deben ser desarrollados armónicamente.


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El primer pilar, como ya se ha visto, es el derecho a la educación. El segundo pilar es la libertad de enseñanza. Esta libertad comprende el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación y centro escolar para sus hijos. El modelo educativo que ofrece nuestro grupo configura un sistema de oferta plural en el que concurren tanto los centros de titularidad pública como los de iniciativa social.
En las enseñanzas declaradas gratuitas se ha de garantizar que todos estos centros ofrezcan las enseñanzas gratuitamente, en las condiciones que la ley establezca. De este modo, los padres pueden ejercer su derecho a elegir centro docente sin estar condicionados por razones de carácter económico.
Las familias españolas aprecian cada vez más este derecho y quieren ejercerlo sin trabas ni obstáculos. Los poderes públicos tienen la obligación de crear las condiciones favorables para el ejercicio real de esta libertad, así como de garantizar la oferta de plazas escolares que deben atender a las demandas de las familias y facilitar su derecho de elección.
La libertad de elección del centro por parte de las familias está recogida en nuestras enmiendas números 280 a 285.
Para concluir este capítulo, mi grupo propone la enmienda número 284, que tiene su justificación en el incremento del número máximo de alumnos por aula. Es una medida que debe ser rechazada por incidir negativamente en la calidad de enseñanza, además es contradictorio hablar de un número máximo de alumnos por aula para después sobrepasarlo.
Señorías, en este momento, cuando en la Unión Europea todas las políticas educativas intentan recuperar la autoridad del profesor, aquí la nueva ley no aporta nada innovador en relación con el profesorado. Todas las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al Título III tienen como finalidad mejorar las condiciones profesionales del profesorado. Es evidente que éste es el elemento más imprescindible para lograr un eficiente sistema educativo. No sería posible la educación de calidad que deseamos si no logramos retener e ilusionar a los magníficos profesionales con los que contamos en este campo.
Nuestras enmiendas van encaminadas a procurar una mejora de sus condiciones profesionales, a reforzar el sistema de formación inicial y continua, a articular la carrera profesional, a procurar un mayor respaldo de las familias y a consolidar de modo indefinido el sistema de la jubilación voluntaria a los 60 años, al considerar que es una medida que beneficia la calidad del sistema.
Se incorpora también un catálogo de derechos y deberes del profesorado, con la finalidad de garantizar y mejorar las condiciones que resulten más idóneas para el desempeño de sus funciones y propugnar la equiparación retributiva de todo el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, todo ello sin perjuicio de que resulte ya inaplazable la elaboración de un estatuto de la función pública docente. A tal fin se requiere al Gobierno que en el plazo máximo de seis meses elabore las normas relativas al estatuto básico de la función pública docente.
Las medidas de apoyo al profesorado, como reconoce expresamente la función tutorial, la reducción de la jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años, primar la excelencia de los profesores y reconocer el trabajo de los profesores que impartan clases en centros de especialización curricular, como son los centros bilingües, se han de tener en cuenta en la carrera docente, y así lo recoge nuestra enmienda 288, lo mismo que la adopción de las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica del profesorado en el ejercicio de su labor, y me estoy refiriendo a todo el profesorado, incluyendo los profesores de centros sostenidos con fondos públicos.
En el Capítulo III, defendemos la formación del profesorado, piedra angular de una educación de calidad. Por tanto, es necesario potenciar tanto la formación inicial como la permanente.
Respecto al título de especialización didáctica y para establecer de forma más precisa las características de la formación inicial y permanente del profesorado, el Grupo Parlamentario Popular presentó la enmienda 295, en la que defiende que las universidades pueden organizar las enseñanzas correspondientes a este título mediante los oportunos convenios con la administración educativa.
Para tratar de dar respuesta a la demanda de una nueva sociedad en constante innovación en todos los campos, hay que facilitar al profesorado oportunidades sobre las que basar programas permanentes de mejora, orientados, en especial, a la actuación científica y didáctica de las distintas asignaturas, a la formación para la atención a los alumnos con necesidades educativas, a la utilización de la tecnología de la información y comunicación y a la formación de lenguas extranjeras. Todo esto lo recogemos en la enmienda 297.
Extender las ventajas de formación a todo el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos es el objetivo de nuestra enmienda número 298. Hemos de lograr que la formación sea para todos los que presten sus servicios a fin de conseguir consolidar mejor el sistema educativo.
En cuanto al reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado, mi grupo parlamentario tiene el convencimiento de que la promoción profesional y la carrera docente han de ser una realidad para todos los cuerpos del profesorado y que, además de lo que se está haciendo en estos momentos y de lo que se ha avanzado en nuestro país en lo relacionado con el reconocimiento de la función tutorial, de la formación continuada o de la formación científica, existe una carrera docente sobre la que nos hemos de poner de acuerdo y fijar un número determinado de grados y unos complementos retributivos.
La carrera docente ha de ser sobre todo un reconocimiento expreso al profesor, pero también ha de tener un correlato económico y una valoración de méritos profesionales en tres elementos básicos, que son el ejercicio de la docencia, la actividad de formación y también la actividad investigadora , en las que se deben basar tanto el Gobierno como las comunidades autónomas con objeto de ponerla en marcha sin demora.


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Señorías, nuestro sistema de promoción del profesorado se articula a través de una carrera docente, constituida por el conjunto de grados que el profesor puede alcanzar como consecuencia del reconocimiento de su ejercicio profesional, en función de los puestos docentes y educativos desempeñados; la realización de tareas con repercusión directa en la docencia; las actividades de formación continua recibida e impartida; las tareas de innovación e investigación relacionadas con la función docente;y la evaluación voluntaria y positiva.
La carrera docente tendrá efectos en las retribuciones económicas, así como en la determinación de los méritos considerados en los diferentes concursos y en las promociones profesionales a las que se presenten los docentes.
Cada grado de carrera profesional tendrá asignado un complemento retributivo. Los funcionarios docentes podrán ocupar puestos de trabajo en la administración educativa, de acuerdo con lo que determinen las respectivas relaciones de puestos de trabajo, con la posibilidad de progresar en su grado personal. El tiempo dedicado al desempeño de estos puestos de trabajo computará a todos los efectos como ejercicio de la función docente. Para conseguir estos objetivos hemos presentado las enmiendas números 299, 300 y 306.
El estatuto básico de la función pública docente, que ayer anunció la ministra que quizá se presente en las Cámaras para el próximo curso, es el objetivo de nuestra enmienda número 303. Este estatuto, como pueden apreciar, señorías, no por muy debatido lleva visos de hacerse realidad, como sería de desear.
El Grupo Parlamentario Popular atiende las indicaciones del Consejo de Estado sobre la conveniencia de regular la función pública docente en el cuerpo de la ley, pues de todos es conocido que en un informe de éste se recomendaba que las disposiciones finales y transitorias sobre todo lo relativo al profesorado se incluyeran en el articulado. A ello hay que añadir la discriminación que supone que todo lo referente a este profesorado siga manteniéndose en las disposiciones finales, ya que su contenido es elemento importante y clave esencial en la ordenación de la función pública docente.
Por tanto, mi grupo parlamentario ha presentado las enmiendas de supresión números 383, 384, 385, 386, 387 y 388, que se corresponden con las adicionales sexta, séptima, octava, novena, décima y duodécima, para proponer la incorporación de todas ellas al articulado en el Título III, dentro de un nuevo capítulo, tercero bis, que se denominaría De la Función Pública Docente. Así lo define la enmienda número 302.
El Grupo Parlamentario Popular tiene el convencimiento en estos momentos de que nuestro sistema educativo comienza a estar tan cuestionado que en el apartado de profesorado la mejor fórmula para la escuela pública, a fin de llevar a buen puerto el desempeño de la función docente, es la relación estatutaria y, por tanto, la condición de funcionario público; partiendo de esta premisa, compartida por grupos políticos y sindicatos, consideramos que es el momento idóneo para pedir que urge establecer un marco funcional más apropiado.
Está claro que esta parte de la ley nace con fecha de caducidad si el estatuto de la función pública docente llegara a buen fin, porque la modificaría para recoger la carrera docente. En esta ley aparece una promoción del profesorado limitada; que hoy se incorpore lo básico de la carrera docente, que pretende nuestro grupo, no sería óbice para negociarlo en un ámbito más colectivo.
Desde el punto de vista jurídico he de decir que el día que se elabore y se apruebe el estatuto de la función pública docente, esta ley tendrá que ser modificada porque estará modificando la promoción profesional. Hago esta reflexión, señorías, con el ánimo de contribuir a la mejora del profesorado e insistir en la necesidad de acuerdo del Gobierno con las principales fuerzas representativas del profesorado, con el fin de desarrollar el estatuto básico de la función docente, que supondrá un salto cualitativo en las condiciones laborales y en la propia carrera docente. Señorías, por más que mi grupo parlamentario intente llevar las adicionales del profesorado al articulado, esta situación no quedará resuelta porque la ley va a carecer de posibilidades de desarrollo.
Los cuerpos de la función pública docente se contemplan en nuestra enmienda número 304, que pone de manifiesto que no existen variantes con los cuerpos establecidos en la ley de calidad. Nosotros defendemos la existencia de los distintos cuerpos de catedráticos, frente al proyecto del Gobierno que excluye el ingreso directo a los distintos cuerpos de catedráticos de Educación Secundaria, Escuela Oficial de Idiomas, Música y Artes Plásticas, y Artes Plásticas y Diseño.
Por lo que se refiere al cuerpo de catedráticos de Educación Secundaria, que había sido incorporado de nuevo al ordenamiento jurídico por la LOCE, observamos que se produce una disminución en sus funciones y, las que se mantienen, carecen de la consideración que tenían en la ley de calidad.
En ese punto surgen nuestras discrepancias pues consideramos que sería importante introducir algunas funciones con carácter exclusivo para este cuerpo. Además, entre las funciones con carácter preferente que se atribuyen al cuerpo de catedráticos en la adicional octava, mi grupo parlamentario propone en su enmienda número 305 que, al menos, deberían tener carácter exclusivo para este cuerpo «... el ejercicio de la Jefatura de los departamentos de Coordinación Didáctica, así como, en su caso, del Departamento de Orientación.» También proponemos como función con carácter preferente del cuerpo de catedráticos la vicepresidencia en los tribunales de la Prueba General de Bachillerato o, en su defecto, la vicepresidencia en los tribunales de pruebas análogas.
Para concluir, señorías, les diré que el ingreso, acceso y concurso de traslados quedan reflejados en un conjunto de enmiendas que tratan de garantizar los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad, que son algunos de los aspectos más importantes en el ordenamiento de cualquier sector de la Función Pública pues sabemos que, en gran medida, de ellos va a depender la calidad de nuestros docentes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Laguna.


El señor LAGUNA PEÑA: Gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser breve y ceñirme a aquellas enmiendas que considero más importantes.
Mi grupo parlamentario ha presentado 18 enmiendas a este Título IV, Centros Docentes.
En la enmienda número 310, solicitábamos la supresión de los puntos 3, 4 y 5 del artículo 107 porque es necesario que las enseñanzas artísticas superiores pasen a ser reguladas en el marco jurídico de las enseñanzas universitarias y, por lo tanto, deben tener la personalidad jurídica de los centros universitarios, como lo están demandando todos los sectores artísticos. De hecho, el sector de las artes escénicas, con el secretario de la Unión de Actores a la cabeza, don Jorge Bosso, persona y personalidad con experiencia reconocida en movilizaciones del «No a la guerra», ha criticado que el Gobierno haya desoído sus peticiones sobre los estudios universitarios de teatro, cine, música y danza en la LOE, para salir --según él--, de la prehistoria en estos estudios. Anuncia manifestaciones --con la experiencia que le caracteriza--, pasando por tanto del «No a la guerra» al «No a la LOE». En esta misma posición se encuentra Faedeta, Federación estatal de asociación de empresas protectoras de teatro y danza, y FAEE, Federación de actores del Estado español. También hemos suprimido la referencia de dos líneas a los centros docentes en el extranjero, porque nos parece que en este momento tienen entidad suficiente; por eso, hemos incluido la referencia de estos centros docentes en una enmienda con un capítulo propio.
La enmienda de modificación número 314 al artículo 109 pretende dejar meridianamente claro, no solo el derecho a la escolarización, sino también el derecho a la elección de centro docente. Tal y como saben sus señorías, muchas de las reticencias que la LOE suscita en lo referente al derecho de elección del centro docente por parte de los padres se disiparían con la redacción planteada en la enmienda. Sin embargo, la ministra considera que la ley garantiza este derecho. Si esto es así --y lo debemos creer, porque lo dice la ministra--, digámoslo con claridad y disipemos cualquier duda, cualquier recelo o cualquier reticencia.
La enmienda de adición número 315 propone un nuevo artículo sobre la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, en consonancia con la garantía constitucional de libertad en la elección de centro y en la aplicación de los criterios objetivos legalmente establecidos a aplicar en cada centro, es decir, por el titular, en el caso de los centros privados concertados, o el consejo escolar, en el caso de los centros públicos.
Las enmiendas de adición números 316, 317 y 318 nos parecen muy importantes, pues con ellas pretendemos introducir --a través de un nuevo capítulo dentro del título de centros docentes-- los conceptos de innovación, investigación y mejora escolar. Creemos que una ley de educación del siglo XXI tiene que recoger un capítulo como el que proponemos con estas tres enmiendas, donde quede plasmada la apuesta clara y decidida por la modernización y puesta al día permanente de nuestro sistema educativo, con medidas de divulgación, incentivación y estímulo. Son factores claves de calidad, que contribuyen decisivamente a que los centros docentes avancen en lo referente a los procesos y a sus resultados. En el punto 2 de la enmienda proponemos que quede explícita la recuperación del concepto de centro experimental, es decir, centros que asuman proyectos innovadores, que deben contar con el mayor apoyo posible de la comunidad educativa, del consejo escolar, del claustro de profesores y también con el aliento y la colaboración de las administraciones educativas. No tenemos por qué tener centros hechos a multicopista o clónicos, sino que debemos potenciar el que existan centros experimentales con peculiaridades propias --cosa que saben muy bien los ingleses, con la última ofensiva de Blair--, pues esto nos haría avanzar en parámetros de calidad.
En la enmienda número 318 queremos explicitar la posibilidad de que los centros educativos puedan establecer relaciones de cooperación con las universidades para la realización de tareas de investigación.
La enmienda de modificación número 320 al artículo 112 mejora la redacción y el contenido, diferenciando los medios humanos de los medios materiales, puesto que parece lógico que vayan en capítulos diferentes.
No parece muy razonable que se diga que en los centros hacen falta medios humanos y medios materiales. En cuanto a los medios humanos, en una de nuestras enmiendas hemos contemplado la importancia de que en los centros públicos se potencien los servicios de departamentos de orientación como uno de los elementos fundamentales.
Puesto que la señora ministra ha hecho mención a cómo se van a potenciar las bibliotecas de los centros educativos, destinando importantes cantidades de dinero para la ampliación de los fondos videográficos, en la enmienda número 321 solicitamos que se incluya en la ley que las bibliotecas escolares deben contar con personal dedicado a este servicio, con una organización que permita un funcionamiento abierto a la comunidad educativa. Si realmente queremos tomar medidas efectivas para el fomento de la lectura, tenemos que comenzar por potenciarla desde los centros docentes optimizando los recursos que proporcionan las bibliotecas escolares. No hacemos nada con aumentar los fondos bibliográficos, con que estén más llenas las estanterías, si luego resulta que no tenemos el momento en que puedan acercarse los escolares, sus hermanos o las familias para retirar fondos y, por lo tanto, potenciar los hábitos lectores.
Nos parece muy importante la enmienda número 323, al artículo 115, puesto que la ley debe recoger el derecho constitucional a la creación y dirección de centros docentes que tiene reconocido toda persona física y jurídica, así como el derecho al establecimiento de su carácter propio como consecuencia del principio del derecho de libertad de enseñanza, reconocido en el articulo 27.1 de la Constitución. Y también debe estar claramente establecido en la ley que el derecho de libre elección del centro por parte de los padres o, como habría que decir ahora también, de los progenitores a y b implica la aceptación del carácter propio del centro.


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Nuestras enmiendas números 325, 326 y 327 se refieren al régimen económico de los centros privados concertados. El concierto es la fórmula para garantizar que los centros de iniciativa social puedan impartir sus enseñanzas en condiciones de gratuidad a los escolares acogidos en su centro. Por lo tanto, se trata de una entidad sin finalidad lucrativa.
Para fortalecer este modelo de centro concertado como entidad sin fin de lucro, deberían asumir los beneficios que se dan a las fundaciones benéfico-docentes con carácter general, que es lo que proponemos en la enmienda de adición número 326. Y si hay que garantizar que los centros de iniciativa social puedan dar sus enseñanzas en condiciones de gratuidad, nuestro sistema de financiación debe responder al principio de suficiencia financiera. Los módulos actualmente en vigor son insuficientes, y por esta razón, y no por otra, algunas comunidades autónomas los han ido incrementando. Pero este es el momento en que tenemos la oportunidad y la obligación de ir a la actualización de los módulos contemplando conceptos como amortizaciones, compensaciones por el ejercicio de la función directiva no docente, material informático y bibliotecas, como hemos reivindicado también para los centros públicos en nuestra enmienda número 321. En esta materia yo sé que a algunos les parece que se les da demasiado, para otros que se les da muy poco, yo creo que podríamos clarificar este punto si llegáramos a hacer un estudio serio y fiable del coste real de la plaza tanto en un centro público como en un centro concertado. El día que tengamos esos estudios serios y fiables podremos ver en qué medida estamos contribuyendo a que los centros de iniciativa social puedan dar sus enseñanzas en régimen y en condiciones de gratuidad.
Finalmente, la enmienda número 327, de adición, regula las actividades complementarias y extraescolares que, también -- queremos que quede bien claro en la ley--, en ningún caso deben tener carácter lucrativo. Éstas son las enmiendas que presentamos al Título IV.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, pasamos a los título V, VI, VII y VIII. En primer lugar, tiene la palabra el senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Aunque antes me ha llamado la atención, tengo que hacer un comentario, por lo menos para que conste en el «Diario de Sesiones». En todo caso, no voy a ser demasiado explícito.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco del año 1936 es el que determinó la denominación gobierno vasco y «lehendakari». El primer lehendakari fue José Antonio Aguirre, y en el momento de la guerra, cuando se fue a París, siguió siendo primer lehendakari del gobierno vasco.
Don Ramón Rubial fue nominado presidente o lehendakari del Consejo General Vasco. Entonces no existía la autonomía del País Vasco. El Estatuto de Autonomía del País Vasco, el nuevo, se aprobó en diciembre del año 1979 y se publicó concretamente el día 22 en el Boletín Oficial del Estado. El señor Rubial fue a visitar al lehendakari Leizaola a París en marzo de 1980. Con el Estatuto de Autonomía se constituyó el primer gobierno vasco posterior a 1936. En consecuencia, el primer lehendakari del gobierno vasco después de la transición fue Garaicoechea, por lo que lo ratifico. El señor don Ramón Rubial, al que tengo total respeto, a él y a su familia, sobre todo a su hija, fue presidente o lehendakari del Consejo General Vasco preautonómico. (Un señor senador: Por lo tanto, lehendakari vasco a todos los efectos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
Señoría, rogaría que las clases de historia se dieran en otro momento.
Por favor, vayamos a la cuestión.


El señor URRUTIA ELORZA: Pido disculpas y no quiero determinar nada con respecto a lo manifestado por el señor Urrutia Abaigar.
A los títulos V, VI, VII y VIII hemos presentado, por parte de Eusko Alkartasuna, las enmiendas números 536 a 546.
Antes, intentando anticipar acontecimientos, he defendido dos relativas a los títulos académicos profesionales en aquellos elementos en los cuales fuera iniciación profesional o posterior a los 16 años, por lo que me voy a centrar fundamentalmente en las enmiendas referidas a la elección, que no selección, de director y consejo escolar.
Lo que nos interesa decir es que la participación en el consejo escolar para la elección de director debe ser totalmente democrática y abierta.
Deben participar todos los estamentos y todos los elementos que conforman el mismo. Se ha de conocer y valorar las candidaturas --lo digo en la enmienda número 538-- al objeto de que se pueda participar democráticamente en la elección del equipo directivo. Es el consejo escolar el que debe tomar parte activa para que la elección del director y de su equipo sea lo más representativa y asumible por todo el grupo del centro escolar.
Pensamos que la designación del director se ha de hacer en función de lo que determine el consejo escolar. El consejo escolar, como hemos dicho antes, es la representación máxima y, en consecuencia debe tomar la designación para nominar al director, tal y como se recoge en los artículos 127 y 129.
En la designación del director abogamos por que sea en el órgano de representación de la comunidad educativa de cada centro en donde se residencie la designación al entender que el consejo escolar es el máximo órgano de gobierno. Además, debe participar la totalidad del centro.
Con la enmienda número 541 queremos evitar lo que está sucediendo en los centros educativos, que no hay representación ni participación de ninguna de las personas que conforman la actividad docente para cargos de dirección. Creemos que es fundamental ir creando esa mentalidad y, además, pensamos que es necesario dar formación y cualificación para el cargo de dirección.
Es básico que sean las administraciones educativas las que determinen el procedimiento y los plazos. El País Vasco mantiene una cierta polémica con la Administración Central, porque en la Ley de la Escuela Pública Vasca, no recurrida, se determinan los plazos y la designación. Sé

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que en este momento hay conflicto interno, y lo hemos querido plasmar en la enmienda 542.
Enmiendas 543 y 544. Los que aspiren a ser directores deben completar un programa de formación inicial organizado por las administraciones educativas, con objeto de incentivarles. Queremos que sean los docentes más jóvenes los que vayan ocupando esos puestos, que, más que otra cosa, necesitan candidatos de valía.
Termino, señor presidente. En coherencia con las enmiendas anteriores, solicitamos la supresión del artículo 138, por la forma en que la LOE determina la designación de director.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado varias enmiendas en estos títulos que pretenden asegurar la participación efectiva de las comunidades autónomas en asuntos como la autorización de experimentaciones o los planes de trabajo y formas de organización de los centros, que puedan afectar a titulaciones académicas o profesionales; la participación en las evaluaciones internacionales o en el informe sobre los principales indicadores del sistema educativo español que remite el Gobierno anualmente al Congreso de los Diputados.
En otras enmiendas se pretende asegurar la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en asuntos como la fijación del número de miembros del Consejo Escolar, su distribución por sectores, etcétera, la regulación de competencias y el funcionamiento de los claustros de profesores, las competencias del director y de los demás cargos directivos de los centros o la evaluación del sistema educativo.
En cualquier caso, las presentadas por el BNG son enmiendas recurrentes, como lo son las que presentan otras fuerzas nacionalistas en defensa de las competencias de las comunidades autónomas. Me voy a referir brevemente, con toda consideración y cariño, a las alusiones que ha hecho el senador Víctor Urrutia en su último turno a las enmiendas que presentan los grupos nacionalistas a este respecto. El Bloque Nacionalista Galego apuesta claramente por una política de cooperación entre las administraciones, y no de competencia. De hecho, lo que pretenden muchas de nuestras enmiendas es asegurar que la Administración Central y la Autonómica tomen decisiones de común acuerdo. No obstante, pensamos que este principio general de cooperación es perfectamente compatible con la defensa de la exclusividad competencial en muchas materias. Una ley orgánica de educación debe fijar un marco, pero las comunidades autónomas deben tener la capacidad de diseñar sus propias políticas educativas para que estas se ajusten realmente a las necesidades de sus territorios y se adecuen a su realidad social, cultural y económica.
Quiero hacer dos observaciones a este respecto. Cuando los miembros del Bloque Nacionalista Galego defienden mayor poder político para Galicia, cuando defienden la posibilidad de que nuestras instituciones diseñen políticas propias, no están contraponiendo la defensa del territorio a los ciudadanos. Lo hacen porque están convencidos de que así dotan al pueblo gallego --a los ciudadanos y ciudadanas gallegas-- de instrumentos políticos más adecuados para el diseño de políticas públicas que se ajusten a sus necesidades e intereses. Servimos a los ciudadanos gallegos, y lo hacemos con la visión universalista e internacionalista que tiene el Bloque Nacionalista Galego.
Desarrollando este tipo de políticas educativas no estamos poniendo puertas al conocimiento, sino sentando las bases para que los diseños educativos de Galicia contribuyan, entre otras cosas, a la formación de las personas y a su desarrollo en sociedad. Si algún papel histórico ha jugado el sistema educativo español ha sido el de ser elemento de alienación, y la alienación difícilmente puede favorecer el conocimiento.
Daniel Rodríguez Castelao expresaba de una manera enormemente gráfica en una de sus viñetas cómo la utilización de una lengua vehicular en la enseñanza, que no es la lengua propia del país, que no es la lengua propia de los alumnos, es un factor de absoluta alienación y una barrera al conocimiento. Y, ¿cómo lo expresaba? El profesor le preguntaba al alumno: ¿cuántos años tienes? Y le contestaba el alumno: «Eu non teño años; nada mais teño unha vaca». Traduzco: yo no tengo años, nada más que tengo una vaca. En gallego, un año es un corderito.
Hecha esta reflexión, voy a centrarme en las enmiendas que puedan resultar novedosas en estos títulos respecto de las líneas argumentales que he ido desgranando en mis anteriores intervenciones. En ese sentido, quiero referirme a la enmienda número 122, en la que apostamos por la necesidad de acompañar este proyecto de una ley de financiación.
Consideramos que es básico, para asegurar que se dote a la política educativa de los recursos públicos necesarios para conseguir una efectiva mejora de la calidad de la enseñanza. Fijamos como objetivo destinar el 6 por ciento del producto interior bruto a educación, así como que se contemplen los mecanismos de corrección de los déficit acumulados en materia de financiación educativa de las comunidades autónomas.
Por último, me voy a referir a las enmiendas relativas a la organización de los centros. Nosotros apostamos por que el claustro de profesores tenga capacidad plena para poder decidir en todo lo concerniente a los aspectos educativos del centro. Apostamos por la homologación de los centros integrados de FP a efectos de que se rijan por la misma normativa que otros centros públicos. Creemos que el equipo directivo del centro tiene que tener el carácter de un órgano de funcionamiento colegiado y que, por tanto, hay que ponderar las facultades del director. En ese sentido, pensamos que el director debe tener la capacidad de proponer, pero no de elegir ni de remover al resto de los miembros del equipo directivo, ya que esta función debe corresponder al claustro y al Consejo Escolar.


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También somos partidarios de asegurar la igualdad de concurrencia y la elección democrática de los directores por parte de la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar y, por tanto, somos partidarios --y así lo reflejamos en una serie de enmiendas-- de prescindir del concurso de méritos y de la intervención de la administración educativa en la elección del director. En cualquier caso, la administración tiene que proporcionar la formación básica a los directores electos para el ejercicio de la función directiva.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Quizá uno de los valores que habría que incorporar a las tareas educativas es el de la paciencia, sobre todo por la que hay que tener para estar defendiendo las enmiendas que tratan de mejorar el sistema educativo en nuestro país, cuando cabe preguntarse si a estas alturas sirve para algo todo esto, sobre todo dada la mecánica del debate y lo que tenemos enfrente: al partido del Gobierno, que poco --por no decir nada-- le interesa lo que estamos planteando.
Paso brevemente a relatar el bloque de enmiendas a este apartado. Las enmiendas números 474 y 477 tratan de facilitar la participación de padres y madres en la actividad del propio centro educativo. La 474 facilita que puedan acudir a las entrevistas que fueran necesarias al centro educativo, y la 477 propicia la participación en las reuniones del Consejo Escolar. Si creemos de verdad que hay que potenciar la participación de los padres y las madres, hay que generar los mecanismos necesarios y adecuados para que así se pueda hacer.
La enmienda número 475 plantea la vuelta a la redacción del anteproyecto, porque se trata de impedir que los titulares de los centros concertados puedan imponer su ideario. Llevamos toda la tarde cuestionando todo lo relacionado con los colegios concertados, es cierto, pero nosotros somos defensores de la escuela pública y vamos a poner los requisitos y las condiciones para que la concertada cumpla igual que cumple la pública.
Por tanto, en este caso no estamos de acuerdo en absoluto con la imposición de idearios.
Nuestra enmienda número 476 se refiere a todo lo relacionado con las bibliotecas de centro y con los recursos con que se debe dotar a todas las bibliotecas de los centros educativos.
En la número 478 planteamos modificar la expresión «instituciones laborales» por la de «organizaciones sindicales».
La número 479, se refiere al equipo directivo. Entendemos que la redacción del proyecto es contradictoria con el título del Capítulo III, que reconoce la existencia de otros órganos colegiados de gobierno, pues da a entender que es el único existente.
Las enmiendas números 480, 481, 482, 483 y 484 hacen todas referencia a un modelo alternativo respecto de la autonomía y el funcionamiento de la dirección en los centros educativos. Este modelo que nosotros plasmamos en estas enmiendas tiene los avales necesarios, fundamentalmente del Consejo Escolar del Estado y de los establecidos en el programa electoral del Partido Socialista.
La número 485 se refiere a los indicadores para las evaluaciones.
La número 486 tiene que ver con la inspección educativa y con cómo queremos que se establezca. La número 487 trata de los efectivos de esa inspección educativa.
Quiero llamar su atención, señorías, respecto de la enmienda número 488, referente a la garantía de equiparación a la media de los países de la Unión Europea al final de los diez años. Señorías, de no admitirse esta enmienda estaríamos de acuerdo con lo incorporado en comisión a través de la enmienda número 375 del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, como digo, de no admitirse nuestra enmienda, votaríamos que el texto se quedara tal y como queda con la enmienda número 375, es decir, en el camino de alcanzar la equiparación con la Unión Europea a plazo fijo y con dotación del fondo de compensación interterritorial para la reforma educativa, con mejores ratios, etcétera.
En esa misma línea hemos formulado nuestras enmiendas números 489 y 490 referentes a añadir fondos de compensación y consolidación presupuestaria. Proponemos adecuar las ratios a lo que nosotros estimamos prudente para poder ofrecer una enseñanza de calidad ya que el proyecto mantiene las ratios vigentes de la LOGSE, cuando resulta evidente que la complejidad en las aulas no es la misma hoy que en 1990. La gratuidad de la enseñanza básica debe comprender los libros de texto y el material necesario; y ya que algunas comunidades autónomas ya han incorporado este objetivo, entendemos que esto debe universalizarse para todos los alumnos independientemente de su lugar de residencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Al Título V presentamos ocho enmiendas. La número 585 propone una mejor redacción del apartado 4 del artículo 120 para intentar buscar un cauce para el debido control de las experimentaciones realizadas por los centros.
La número 586 consiste en una simple corrección técnica de mejora de la redacción del artículo 125, relativo a la programación general anual.
Con la número 588, al artículo 127, pretendemos dar agilidad a los procedimientos disciplinarios. Es necesario mantener que los directores de los centros tengan la competencia en la imposición de sanciones disciplinarias al alumnado, respetando siempre las garantías normales en este tipo de procedimientos y con la facultad del Consejo

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Escolar de conocer en todo momento dichos procedimientos.
Con la enmienda número 590 pretendemos mejorar la redacción del apartado 3 del artículo 131 ampliando la composición del equipo directivo de los centros.
La número 591 está en consonancia con la número 588, a la que me referí antes y referida a la facultad de los directores para imponer sanciones disciplinarias.
La número 592 busca garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en todo momento.
Al Título VII sólo tenemos una enmienda al artículo 151, encaminada a dotar a la inspección educativa de una función mediadora, función a nuestro juicio importantísima en el contexto educativo actual.
Al Título VIII presentamos una enmienda al artículo 157 que pretende reducir la ratio profesor-alumno. Consideramos esta enmienda fundamental si es que se desea realmente disminuir el fracaso escolar y atender debidamente a la diversidad del alumnado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
En los Títulos V, VI, VII y VIII quedan vivas nueve enmiendas. En la número 710 pedíamos que los alumnos pudiesen ser elegidos como miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de Educación Secundaria, en coherencia con el procedimiento establecido en la selección, evaluación y cese del director del centro. Señorías, una cosa es la participación y otra que ésta recaiga en alguien que de ninguna manera tiene la madurez, incluso fisiológica, necesaria para ejercerla.
En la 711 reclamábamos que el claustro de profesores fuese el órgano propio de participación de los profesores en el control del gobierno de los centros, y puede calificarse de medida técnica.
En esta misma línea de reforzar el reconocimiento de la función directiva presentamos la enmienda 713, donde con un apartado nuevo pretendemos garantizar la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares de las personas que acceden a los cargos directivos de los centros, poniéndoles un sustituto en el caso de paternidad y maternidad.
Señorías, cuando estamos hablando de extender el permiso de paternidad para todos los trabajadores, resulta que los profesores que acceden a la dirección no pueden disfrutarlo por no tener un sustituto, con lo cual saben que están obligados a volver lo antes posible.
En cuanto a la evaluación del sistema educativo, hemos presentado una serie de enmiendas referidas al ámbito de la evaluación. Con la 715 queremos evitar que, dado que las competencias del instituto de evaluación no están definidas en esta ley, éste acabe haciendo lo que no debe, o sea, coordinando la evaluación de las administraciones educativas, función que no le corresponde.
En esta misma línea se halla la número 716, puesto que el instituto de evaluación de la calidad podría acabar actuando, precisamente porque en esta ley no se definen sus funciones, en el ámbito de las administraciones educativas cuando tampoco es su misión.
La enmienda 717 es técnica y se basa en el principio general de colaboración establecido entre las distintas administraciones.
Respecto a la difusión de los resultados de la evaluación, hemos presentado la enmienda 718, puesto que, si se quiere, el Estado puede ser competente en evaluaciones generales pero no en el diagnóstico.
En las números 719 y 720 proponemos que la alta inspección educativa sólo deba garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas, o sea la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables, así como las demás normas básicas, tal y como dispone el artículo 27 de la Constitución. Por lo tanto, proponemos un redactado mucho más respetuoso con las comunidades autónomas.
Anuncio ahora el sentido de nuestro voto. Votaremos a favor de las enmiendas 536, 537 y 546 del señor Urrutia, de la 92, 113, 115 y 118 del senador Jorquera y de las números 611, 612 y 614 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la 653 y 655 del Partido Socialista. En cuanto a las enmiendas que piden la vuelta al texto del Congreso, votaremos en contra de todas, a excepción de la 375 del Grupo Parlamentario Popular, formulada al artículo 115. Por último, también votaremos en contra de las que quedan vivas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Maqueda, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Vuelvo a repetir que no entiendo este debate cuando ya en comisión se han defendido una a una las diferentes enmiendas. No comprendo la necesidad de que los distintos representantes de los grupos tengan que volver a defender todas las enmiendas. Como no quiero perder el tiempo, voy a comentar brevemente las tres enmiendas que mantenemos vivas en este título.
En concreto, nos referimos a tres aspectos. El primero de ellos es el proyecto educativo, que, a nuestro modo de ver, tendrá que tener en cuenta el entorno social y las características de cada una de las zonas del Estado. Nos estamos refiriendo al proyecto lingüístico, a la acción tutorial, etcétera. En este sentido sería importante seguir la línea de lo acordado en la Conferencia de Lisboa, que plantea para el año 2010 esta convergencia.
En segundo lugar, solicitamos que el Ministerio de Educación y Ciencia aporte a las comunidades educativas administrativas toda aquella información que se le requiera para que éstas puedan ejercer sus competencias en materia de evaluación educativa. Pensamos que debe ser

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una colaboración mutua y en ningún caso, como se plantea en la ley, una mera decisión unilateral.
En tercer lugar, en la enmienda 614 nos referimos a la inspección estatal, que, a nuestro modo de ver, únicamente podrá incidir en los programas subvencionales que se financien a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero nunca en los que se financien a través de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que estos últimos se hacen con cargo exclusivo a los propios presupuestos de dicha comunidad.
Para terminar, señor presidente, quisiera recordar que se produjo un error por parte de los servicios del Congreso que ayer le hicimos ver al letrado de la Cámara, en el sentido de que el punto 2 del artículo 157 ya se debería haber corregido en el texto que se ha redactado en el Senado puesto que el 20 de febrero, por acuerdo del Congreso, se hacía esta rectificación. No ha sido recogida en el texto, se lo indicamos al Letrado Mayor y nos dijo que se corregiría inmediatamente. Quiero que quede constancia porque, evidentemente, no vamos a mantener ninguna enmienda en la medida en que se produzca dicha corrección.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente, seré muy breve.
En la enmienda número 849, que corresponde al artículo 118, pedimos la modificación del apartado 6, para que corresponda a las administraciones educativas regular la participación en los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores. Nos parece que nada justifique que el Gobierno establezca la normativa básica para regular la participación en los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores, cuando en todo el Título V del proyecto no se incluye ninguna remisión a la actividad reglamentaria del Gobierno en relación con los centros que imparten las enseñanzas no superiores.
La enmienda número 853 corresponde al artículo 127 y modifica la letra j) para que conste como una competencia del Consejo Escolar aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación. En el proyecto de ley no consta quién ha de aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación; sí que se dice que los directores tienen competencias para gestionar el dinero, para realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, pero nos parece imprescindible que si ese dinero es público haya un organismo que se ocupe de aprobar el proyecto del centro y su liquidación. Es una norma elemental de la democracia que el dinero público se controle y no se quede en una gestión unipersonal; así estaba contemplado en la LODE. Nos parece que debe tratarse de un error, porque no podemos entender que en el proyecto de ley no se recoja la aprobación del presupuesto del centro y su liquidación.
Doy por defendidas las enmiendas correspondientes a la vuelta al texto del Congreso.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Hernández.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
A los Títulos V a VIII de la LOE mi grupo parlamentario presenta seis enmiendas. La primera al artículo 119.6, en la que pedimos la vuelta al texto del Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado en comisión? Se ha suprimido la expresión «de gobierno», con lo que el claustro de profesores y el Consejo Escolar se convertirían en órganos consultivos y no decidirían nada.
Desde 1985, en que se apostó por la participación en la LODE como valor fundamental, hasta el año 2002 se profundizó en la participación en las diferentes leyes educativas. La mal llamada Ley de calidad acabó con la participación; para esta ley sólo se trataba de un proceso de información de los equipos directivos a madres y padres, profesores, alumnos y alumnas.
Me van a disculpar, pero yo no sé cómo leen ustedes los informes internacionales, el informe PISA, por ejemplo. Yo fui alumna LOGSE y a pesar de que fue una ley tan horrorosa, cuasi demoniaca, me enseñó a leer perfectamente cualquier documento, sin ir saltándome los párrafos según me convenga. Decía que los informes internacionales destacan que en la calidad de la educación tiene mucho que ver la corresponsabilidad de los centros, y además la participación de las familias se detecta como una de las causas del aumento del rendimiento escolar. La participación es fundamental en la buena marcha educativa de los centros, no sólo en la elección del director o en la gestión, sino también en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como decía en comisión ¿cuál es la solución que ustedes nos trajeron con la Ley de calidad y que vuelven a presentar hoy? Que la responsabilidad del fracaso escolar recaiga en el alumno; que repita el alumno; se segrega en itinerarios al alumno; el responsable siempre el alumno. El profesor sólo tiene que decir: ¿Tú no llegas? Repites. Si no llegas nunca, te mandan a un itinerario; y padres y madres a mirar como sucede todo.
Y mientras tanto ¿qué hacía el Estado, qué hacía el Gobierno central? Obviamente, el gobierno del Partido Popular no podía hacer otra cosa que colaborar con la buena marcha del alumno. Efectivamente, concediendo menos becas, dando menos dinero a los centros, menos cuantía en las becas, en definitiva, menos recursos. Total, que el único responsable es el alumno. Hacer responsable de todo al alumno aparte de antipedagógico es una locura y, además es inmoral, pero en en el caso de ustedes mucho más. Ustedes consideran que los alumnos son unos irresponsables para que, conjuntamente con el resto de la comunidad educativa, decidan sobre sus centros, pero para cargar solos con la responsabilidad del fracaso escolar sí son responsables; para eso sí lo son.
Y algo que se me olvidaba: la familia tan utilizada por parte de ustedes.
Abejón dixit: Es imposible educar sin la familia --lo acaba de mencionar ahora mismo--. No sé si es que él entiende por familia algo diferente de lo que entendemos

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nosotros por familia, ya que en sus enmiendas niegan la posibilidad de que padres, madres y profesores decidan la participación del centro. Señores del Partido Popular, suprimen las competencias del Consejo Escolar y el claustro, los excluyen de la participación y solamente los conciben para consultar.
Con respecto a los derechos de los padres y las madres --lo que ustedes denominan derechos de la familia o derechos de los alumnos-- en el siguiente bloque relativo a las disposiciones adicionales les contestará mi compañero Manuel Pezzi.
En cuanto a los recursos, de la misma manera que no es posible una calidad en la educación sin la participación de madres y padres, tampoco lo es sin recursos, y vuelvo a remitirme a los informes internacionales.
En este punto salto a la enmienda número 375 del Grupo Parlamentario Popular, en la que nosotros solicitamos la vuelta al texto del Congreso del artículo 155.
Lo primero que debemos hacer es dar la bienvenida al Grupo Parlamentario Popular por pretender equipararnos a Europa en gasto en educación. ¡Ojalá pudiéramos equipararnos con la media de la Unión Europea en gasto en la educación en 2010 y no en 2012! Y como diría Groucho Marx: ¡Y dos huevos duros! ¿Y por qué no en 2007? ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes nos han alejado de la media de la Unión Europea. No es que nos hayan intentado acercar, es que en los ocho años de gobierno del Partido Popular la inversión en educación se ha alejado de la media de la Unión Europea. Ustedes no hicieron su trabajo, y ahora nosotros tenemos que dedicar más tiempo a ello.
Y vamos a ver si me aclaran algo. Como yo estudié con la LOGSE --repito--, a lo mejor me enseñaron mal las matemáticas. Porque esto de si es mucho o poco es relativo si lo comparamos con otros datos. Ayúdenme ustedes. ¿62 es menos que 1.400? ¿Verdad que sí? A mí me enseñaron que sí y si me dicen ustedes que sí, que no estudiaron LOGSE, es una garantía.
Me quedo más tranquila, pues pensé que me lo habían enseñado mal. Estaba yo preocupada porque el incremento medio según un documento que el Gobierno del Partido Popular barajó y luego no presentó era de 186 millones en tres años; es decir, un incremento anual medio de 62 millones; según nuestra memoria, 1.400 millones de incremento anual. Por lo tanto, aunque sea de la LOGSE esto lo tengo bastante claro.
Al final no presentaron nada y, como decía el senador del Grupo Parlamentario Popular, señor Abejón, no se iban a hacer desdoblamientos.
Efectivamente, si no se tiene previsto en la financiación, probablemente no se hagan desdoblamientos, pero la partida figura en la memoria económica que ustedes no presentaron pero nosotros sí. Incluso en el último título de este proyecto de ley nos hemos comprometido a aportar los recursos necesarios para cada uno de los artículos, estableciendo que el Estado ponga un 65 por ciento y el resto la comunidad educativa, la comunidad autónoma.
Sinceramente no les entiendo. Mejor dicho, sí les entiendo; ahora que no están gobernando dicen: ¡Y dos huevos duros! Ahora, lo que ustedes no hicieron --alejándonos de la media de la Unión Europea-- quieren que lo resolvamos nosotros en dos días.
Es verdad que necesitamos más recursos en educación; ya lo hemos dicho y por ello hemos hablado con todos los sectores educativos y con todas las comunidades autónomas --con las suyas, con las nuestras y con las de otros partidos--, de un incremento presupuestario.
Todas sus señorías se han comprometido a no agotar el tiempo, y creo que ya se me ha encendido la luz naranja.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Laguna.


El señor LAGUNA PEÑA: Gracias, señor presidente. Buenas noches.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 30 enmiendas a este Título V de participación, autonomía y gobierno de los centros. Esta cantidad de enmiendas nos da una idea de la máxima importancia que concedemos a estos aspectos, y por otra parte, de las carencias, indefiniciones e imprecisiones que detectamos en la LOE, que se vienen arrastrando de épocas anteriores y que han demostrado sus múltiples fallos y su ineficacia para conseguir el clima escolar más adecuado para desarrollar con garantías una educación y una enseñanza de calidad.
El Título V es clave para la calidad de la educación, partiendo de unos objetivos claros y pasando por una dirección con preparación, pero también con autoridad, con unos equipos directivos innovadores, pero con las competencias que les haga posible asumir la responsabilidad y el liderazgo pedagógico, organizativo y de convivencia de los centros.
Mantenemos estos principios sin renunciar, ni muchísimo menos --y lo intentaré demostrar luego--, a la participación de la comunidad educativa. Es muy fácil, y resulta muy demagógico, decir que no se quiere la participación educativa. Pues bien, nosotros no renunciamos ni mucho menos a la participación de la comunidad educativa porque ésta es totalmente necesaria y debe estar contemplada y regulada en la ley. Sólo desde un pseudoprogresismo ya trasnochado y caducado se puede seguir poniendo en peligro el gobierno de los centros. ¿O es que ya no es progresista ningún sistema educativo europeo porque los directores ejercen su liderazgo con autoridad, aunque también con preparación y competencia? ¿Es que el sistema británico, por ejemplo, con la figura del head master como una autoridad indiscutible e incuestionada, es un sistema derechoso, facha, caduco o dictatorial? Hay aspectos de la ley que pueden ser enfocados, tratados y resueltos desde los prismas de las diferentes ideologías, y es lógico que cada ideología pueda tener su enfoque. Pero en la participación, autonomía y gobierno de los centros, en un momento en que todos --e insisto, todos-- compartimos una preocupación por la crisis de autoridad en nuestra sociedad, por el deterioro de la convivencia y el aumento no sólo de la agresividad, sino de las agresiones, tenemos que reflexionar sobre qué clima escolar necesitamos,

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en qué marco educativo queremos que se desarrolle nuestra actividad docente para obtener los mejores resultados y para que se respete el derecho de los alumnos a estudiar y a trabajar en las mejores condiciones, así como el derecho de los profesores a desarrollar su profesión de una manera digna y no traumática, de una manera ilusionante y no resignada, con ganas de seguir trabajando y no añorando la jubilación o la baja por enfermedad.
Seguimos insistiendo, porque estamos convencidos de ello, y así se reclama en muchos sectores educativos, en la distinción que debe hacerse entre los órganos de gobierno y los de participación y gestión.
La enmienda 332 al artículo 121 refuerza la autonomía pedagógica como un factor esencial y, dentro de ello, se destaca el proyecto educativo como un elemento fundamental para definir la peculiaridad y la singularidad del centro. Los centros docentes tienen que hacer público este proyecto para favorecer y potenciar la participación de la comunidad educativa.
Con las enmiendas 333 y 334, de sustitución, queremos reforzar y dejar definidas tanto la autonomía organizativa, como la autonomía de gestión económica. Y también añadimos un artículo que nos parece fundamental de fomento de la convivencia, porque la convivencia constituye en estos momentos --aunque lo ha constituido siempre-- un factor de extraordinaria importancia para conseguir la calidad.
Y con la enmienda 338 de adición se introduce un artículo que contempla explícitamente los centros docentes con especialización curricular, que hoy en día son una realidad en todos los sistemas educativos avanzados y en todos los sistemas educativos que se consideran dinámicos y que presentan ofertas singulares y ofertas diferenciadoras.
En las enmiendas 343 a 347 se contemplan la composición y atribuciones del Consejo Escolar, el Claustro de profesores y los órganos de coordinación pedagógica, en correspondencia con el principio del que he hablado al comienzo de mi intervención de que se trata de órganos de participación en el control y gestión de los centros educativos o en el desarrollo académico de los centros en el caso de los órganos de coordinación pedagógica.
Ustedes, nos decía la portavoz socialista, tienen al Consejo Escolar ya sin atribuciones porque no les interesa, al Claustro de profesores sin atribuciones porque no les interesa. Yo estoy seguro de que no se ha leído la enmienda 344, atribuciones del Consejo Escolar, porque en el proyecto de ley llegan en atribuciones hasta la letra l). En la enmienda que presentamos llegamos hasta la letra ñ). No queremos ninguna atribución en el Consejo Escolar, pero ponemos más de las que contempla el proyecto de ley. Y lo mismo ocurre con las atribuciones del Claustro de profesores, dice que lo dejamos también sin atribuciones; pero mientras ellos llegan a la letra k), nosotros añadimos un apartado más, que es la letra l). Según ustedes esto es lo que nosotros pretendemos; dejar vacíos de atribuciones tanto al Consejo escolar como al Claustro de profesores. Hay que leerse las enmiendas y no decir lo que a uno le pueda venir en gana para quedar bien afirmando que no queremos la participación en los centros. Defendemos la participación en los centros, pero también dejamos muy claro que el órgano de gobierno es el director y el equipo directivo. También defendemos la presencia de alumnos en el Consejo Escolar, pero a partir de 3º de la ESO, a partir de los catorce años.
Y al Capítulo IV y último de este Título, Dirección de los centros públicos, tenemos presentadas diez enmiendas y nos parece un capítulo muy importante, si queremos potenciar de verdad y sin pseudoprogresismos la enseñanza pública, una vez que sabemos fracasados los modelos anteriores.
Y no es que sea el único factor de la crisis que se vive en algunos centros, ni que vayamos con su modificación a una situación ya paradisiaca sin más, pero no cabe duda de que va a aportar una mejora considerable en la escuela pública, porque realmente ni en la escuela ni en las empresas ni en el mundo artístico se considera frívola o baladí la figura de una dirección con autoridad y con preparación. A ninguna empresa se le ocurre decir que al director que sí, que puede valer para algo, pero que mandan otra serie de factores o de personas. Y lo mismo digo en cuanto al mundo del arte, es decir, en la dirección de una película o de una obra de teatro o de una orquesta, etcétera; se puede decir, el director sí, pero tampoco vamos a darle muchas atribuciones porque eso es dictatorial y está pasado de moda; entre todos tenemos que compartir la dirección. Realmente estos aspectos los tenemos, yo diría, clarísimos, y realmente esto tiene que ser así.
En la enmienda 348 queremos dejar meridianamente clara la consideración del equipo directivo como el órgano de gobierno. Se crea la figura del vicedirector porque consideramos que es un apoyo importante y necesario.
Y en la 349 modifica, completándolo, el artículo 132 sobre el director.
Se pretende establecer sus atribuciones y fortalecer sus funciones, como garantía, para asegurar el buen funcionamiento del centro, dotándolo de la autoridad suficiente para el eficaz desarrollo de su función, y entre sus atribuciones figura la de promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos de innovación e investigación educativa. Por tanto, tiene que ser el director también el líder pedagógico del centro.
En la enmienda número 350 se pretende establecer con claridad que la selección se realizará bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad, para lograr la mayor profesionalización de la función directiva. Establecemos con mayor precisión los requisitos para participar en los concursos de méritos, así como respecto al procedimiento de selección. La composición de los órganos de selección debe garantizar que el proceso de selección de los directores se atenga a los principios de publicidad, mérito y capacidad. No se entiende --y así lo denunció en su comparecencia ante esta Cámara la Unión Profesional de Directores de Instituto-- que en el punto cuarto se diga que la selección, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales, será decidida democráticamente por los miembros de la comisión.
Lo que nos parece un despropósito es que un menor de edad, de 12 años, como figura en la LOE, o de 14 años, como proponemos nosotros, que forma parte del Consejo Escolar, por responsable que sea, por madurez que tenga,

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intervenga en la selección de un funcionario público docente para dirigir un centro, y no sólo para dirigir un centro sino también para la valoración profesional de la carrera de ese docente.
Si resulta que nuestros alumnos de 12 y 14 años están maduros para esto, ¿por qué no lo van a estar también para votar? ¿Por qué no van a poder votar, si pueden elegir al director de su centro y pueden condicionar su carrera profesional con su voto? Les diría que no hay ningún funcionario en el mundo que cuyo proceso de selección intervenga un menor de edad.
Señorías, se nos llena a todos la boca cuando hablamos de potenciar la escuela pública, de apostar por la enseñanza pública, de mejorar su calidad, equiparándola a los estándares europeos. La propia señora ministra emplea muchas veces, también hoy en esta Cámara, la comparación con los países europeos. Este Título V nos debe hacer reflexionar sobre si siguiendo las pautas europeas estamos poniendo los medios idóneos que nos sirvan de garantía para conseguir los objetivos en las mejores condiciones posibles, porque no tenemos que inventar nada, sino observar y asumir con humildad y aprovechamiento lo que se hace en los países desarrollados de nuestro entorno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Vallejo.


La señora VALLEJO DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender las enmiendas al Título VI, que hace referencia a la evaluación del sistema educativo.
Todos somos conscientes de que la evaluación del sistema educativo es una parte importantísima de la metodología y que influye decididamente en la orientación del proceso del sistema para la consecución de los objetivos y los fines de la educación. Poca cosa sería la evaluación del sistema educativo si fuera un mero control del mismo. Debe ser mucho más. Los datos que ésta nos puede aportar son orientaciones fundamentales para la consecución de los objetivos y los fines, aportando datos que permitan también optimizar los recursos. De nada serviría una evaluación si terminara en sí misma, nada aportaría al sistema si no fuera integral, equilibrada y objetiva. De ahí que, teniendo en cuenta su importancia y complejidad, el Grupo Popular haya presentado una serie de enmiendas.
Voy a hacer referencia a cuestiones muy puntuales de estas enmiendas, que consideramos que son fundamentales.
Con la enmienda número 358 pretendemos que se añada que la evaluación no sólo ha de contribuir a la calidad y a la equidad sino también a la cohesión social. No podemos olvidar que la educación es una preparación para la vida y que ha de orientar las políticas educativas en este sentido.
Al artículo 142 hemos presentado la enmienda número 361. En el proyecto de ley figura: «Instituto de Evaluación», pero queda muy poco preciso y muy indefinido, y nosotros, siguiendo las propuestas del Consejo de Estado, creemos que debe llamarse «Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo».
La enmienda número 362, al artículo 144, en su apartado 1 pretende introducir que las evaluaciones han de serlo de áreas y asignaturas, y versarán, entre otros aspectos de la calidad educativa, sobre los conocimientos y las competencias básicas del currículo, y todo ello sin interferir en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas, que procederán de manera análoga. Con ello, señorías, tratamos de homologar nuestro sistema de evaluación al de los países de nuestro entorno, con los cuales debemos converger. De ahí también nuestra enmienda número 363, de adición.
Por otro lado, la enmienda número 364 propone la adición de un nuevo artículo 144 ter, que en su punto 1 contempla la elaboración periódica de un sistema estatal de indicadores de la educación, en coherencia con el artículo 140 del proyecto de ley, sobre la finalidad de la evaluación del sistema educativo.
Como el resto de enmiendas a este punto ya se defendieron en la comisión las doy por defendidas, pero sí quiero, señorías, decirles que, como han podido ver, nuestras enmiendas mejoran el proyecto de ley de educación y pretenden sin más, pero también sin menos, que la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio de Educación y Ciencia, cumpla lo mejor posible su función en el ámbito de la evaluación del sistema educativo, siempre dentro de sus competencias, respetando los ámbitos de las diferentes comunidades, como ya he dicho anteriormente, colaborando con ellas, y todo ello con un solo objetivo: la mejora de nuestro sistema educativo en todos y cada uno de los territorios de España y en relación con los países de nuestro entorno y sobre todo con los de la Unión Europea.
Paso a defender las enmiendas al Título VIII, que corresponden a la labor inspectora, también de gran importancia, y su papel dentro del sistema educativo dependerá en gran medida de la legislación que al respecto se promulgue; legislación que, dado que su función es compartida por distintas administraciones, de nuevo vuelvo a insistir en que debe ser clara y precisa, porque de esa forma nos evitaremos muchos problemas. Por todo esto es por lo que nuestras enmiendas deben ser entendidas como una mejora de esta labor inspectora.
Mi grupo tiene claro que la Alta Inspección ha de garantizar exclusivamente el cumplimiento de aquellas facultades atribuidas al Estado, al tiempo que entendemos que aquella requiere y debe aceptar la colaboración de las comunidades autónomas, compatible con el mutuo respeto de las funciones legislativa y ejecutiva y de garantías del ordenamiento legal autonómico.
La Alta Inspección lo es por configurarse como una función del Estado, como consta en la ley y como así lo ha reconocido en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, y es así como deben ser entendidas nuestras enmiendas; enmiendas que respetan los ámbitos competenciales e inspectores y que clarifican la función que la labor inspectora debe tener sin injerencias con las competencias

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de otras administraciones pero sin abdicar de sus responsabilidades y de sus obligaciones.
Es importante la enmienda número 369 al artículo 150, que recoge competencias que la alta inspección tiene atribuidas para el cumplimiento de sus objetivos y fines, y que no aparecen en la LOE, sobre las cuales el Tribunal Constitucional se ha manifestado. Nosotros mantenemos que la Alta Inspección debe comprobar que los currículos, los libros de texto y demás material didáctico se adecuarán a las enseñanzas comunes; comprobar que éstas se impartan con la observancia de lo dispuesto por el ordenamiento del Estado sobre materias obligatorias básicas de los respectivos currículos; comprobar asimismo la duración de la escolaridad obligatoria, los requisitos de acceso de un nivel de enseñanza a otro; verificar que los estudios cursados se adecuen a la legislación del Estado a efectos de expedición de títulos académicos y profesionales, válidos en todo el territorio del Estado español.
Tal y como figura en la LOE, todo queda muy vago e impreciso. Nuestra enmienda explicita que la Alta Inspección ha de velar por los derechos lingüísticos y ,en particular, por el derecho a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado, de acuerdo con las disposiciones vigentes según el artículo 3.1 de la Constitución.
Señorías, a continuación paso a defender nuestra enmienda número 371, que en su punto dos establece la necesidad de recoger en la ley que los funcionarios que sean nombrados para desempeñar puestos de la Alta Inspección Educativa pasarán a la situación de servicios especiales regulada por la Ley 30/1984 de 2 de agosto.
Voy a dar por defendidas algunas enmiendas, pero no quiero dejar de hacer referencia a la número 373, que propone la modificación del artículo 154 respecto a la organización de la inspección, y que, a juicio de mi grupo, presenta graves deficiencias, y no por lo que dice sino por lo que no dice.
En el apartado 1 proponemos se establece que para que una inspección de calidad pueda cumplir sus objetivos y fines con las mejores garantías de eficacia es imprescindible que se tengan en cuenta los diferentes niveles y especialidades docentes. Fue sin lugar a dudas un atraso y un dislate pedagógico el Cuerpo de inspectores generalistas que, como el ungüento amarillo, valían para todo pero servían para muy poco: profesores de primaria que inspeccionaban enseñanzas medias; o de enseñanzas medias que lo hacían de infantil; especialistas de física y química que pretendían enseñar a enseñar latín. Esto no sólo fue negativo para el sistema sino también para el Cuerpo de inspectores. Su autoridad no quedó bien parada.
Nosotros consideramos que la especialización no sólo debe contar como mérito sino que debe ser un requisito imprescindible. Nuestra enmienda propone una inspección más técnica, más especializada, más pedagógica, que constituya el auténtico motor de nuestro sistema educativo, frente a lo que propone la LOE, que no es otra cosa que una inspección mediocre para una educación más mediocre todavía.
Doy por defendidas las enmiendas del Título VIII, puesto que la enmienda que proponíamos fue aceptada en comisión.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, pasamos a debatir las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Urrutia Elorza.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Vamos concluyendo ya porque, como decía aquel, ya son horas. Tenemos pendientes todas las disposiciones adicionales, las transitorias, la derogatoria única y las finales.
Eusko Alkartasuna, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado 9 enmiendas, 3 de las cuales se refieren fundamentalmente a un exceso de los redactores y del Partido Socialista, portavoz de la LOE, con respecto a dejar en blanco una serie de aspectos contenidos en la ley para futuros reglamentos. Esto es un cheque en blanco, máxime cuando no está contemplado así en la propia Constitución. El artículo 97 de la Constitución únicamente permite regular las bases, pero el desarrollo y la gestión son propios de las comunidades autónomas con competencia. Por ello, a través de la enmienda número 547 hemos propuesto una modificación a la disposición adicional sexta.
En el mismo sentido, en la disposición adicional decimoctava hemos propuesto que, con anterioridad a que la Administración central lleve a cabo algunas actuaciones o las debata en la Conferencia Sectorial, consulte a las administraciones educativas que tengan competencia en esa materia.
En la enmienda número 549, al apartado primero de la disposición adicional vigesimoctava, proponemos la revisión de los módulos con el fin de que las partidas correspondientes al personal docente de los centros privados concertados, que se revisan anualmente por la administración educativa competente, estén de acuerdo con las retribuciones del personal docente de los centros públicos. No queremos que se produzcan distorsiones entre los aumentos salariales y retributivos entre los docentes de los centros públicos y los de los centros privados concertados.
La enmienda número 551, correspondiente a la disposición adicional trigesimoprimera, se refiere única y exclusivamente a un centro existente en el territorio histórico de Álava, a una escuela municipal no concertada, con el fin de que se posibilite su conversión en escuela pública, al objeto de no crear ninguna distorsión en el territorio ni en toda la comunidad.
Paso ahora a abordar un problema candente, el de los profesores interinos, que es un aspecto que debemos resolver. En la enmienda número 553, a la disposición transitoria decimoséptima, proponemos que «... en el plazo de cuatro años, desde la entrada en vigor de esta Ley, no se sobrepasen los límites establecidos de forma general para la función pública.» Asimismo, se solicita la adopción de medidas para solventar este problema, llevando a la Conferencia Sectorial de Educación todos los debates e informaciones al respecto.


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Por otra parte, el punto 2 de la citada enmienda dice lo siguiente: «El acceso a la función pública docente se realizará mediante un procedimiento selectivo en el que, en la fase de concurso se valorarán la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa en los centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos.» En este sentido, creemos que la redacción original del proyecto afecta fundamentalmente a la competencia contenida en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, relativo a la Función Pública.
Las dos últimas enmiendas, las números 554 y 555, se centran en el entramado de las disposiciones finales, que suponen una carga de profundidad con respecto al carácter básico y orgánico de algunos preceptos. Hemos querido hacer una distinción con respecto a lo que la LOE determina como básico y orgánico porque creemos que se ataca frontalmente nuestro Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a dar por defendidas las enmiendas presentadas por el BNG a todas estas disposiciones. Tan solo me referiré a algunas de ellas por su singularidad, como las enmiendas números 127 y 128. En ellas se pretende asegurar que los libros de texto cuenten con la autorización previa de las administraciones educativas e incluyan los valores de los estatutos de autonomía y la función de la diversidad nacional, lingüística y cultural.
Al mismo tiempo, las enmiendas números 144 a 149 pretenden mejorar las condiciones de jubilación de los profesores. Quiero manifestar también nuestro apoyo a la enmienda número 670, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pues se da satisfacción a muchas de estas propuestas.
Existe otro grupo de enmiendas que van en la línea de evitar una excesiva jerarquización del cuerpo de profesores, avanzando en la propuesta del cuerpo único, demanda de gran cantidad de movimientos sindicales. Pero quería referirme en particular a dos enmiendas que señalan un tema al que somos particularmente sensibles: las enmiendas números 136 y 139. En en la primera se propone establecer un sistema de acceso extraordinario y transitorio específico para el profesorado interino, mediante concurso-oposición, en que la fase de oposición no sea eliminatoria y la experiencia laboral docente sea valorada hasta el máximo legal. Además, se propone arbitrar también un sistema transitorio de incorporación a la Función Pública de aquel personal que esté impartiendo docencia y no tenga la titulación requerida. Además, la enmienda número 139 prevé arbitrar también, y con el mismo carácter extraordinario y transitorio, un sistema de concurso.
Nosotros consideramos que con estas enmiendas, para las que solicitamos el apoyo y la aprobación, estamos intentando resolver un problema social muy grave que padecen nada más y nada menos que 80.000 docentes. Estamos abordando un problema que incide en la calidad de la enseñanza porque, sin lugar a dudas, la existencia de importantes índices de temporalidad y de inestabilidad en el empleo en el colectivo de profesores repercute también en la calidad de la enseñanza. Defendemos la compatibilidad de dos sistemas: el concurso-oposición y el sistema de concurso, aclarando que este último está contemplado en la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Con ello pretendemos solucionar un problema que, desde nuestro punto de vista, no es un problema de carácter coyuntural, sino un problema estructural, porque, sin lugar a dudas, el sistema educativo generará nuevas bolsas de interinidad. Por lo tanto, hay que responder a este problema.
Por otra parte, nos hacemos eco de una demanda compartida por distintas fuerzas sociales, incluso, por el defensor del pueblo, en cuyo informe emitido al respecto insta a la administración educativa a solucionar el problema.
Sé que este aspecto y otros han sido objeto de una negociación entre el Gobierno y el partido que le da soporte con distintas fuerzas sindicales. Sin embargo, tengo que aclarar que en este proceso de negociación no han estado presentes todas las fuerzas sindicales, excluyéndose a algunas muy importantes y que reflejan la pluralidad del Estado español. Por ejemplo, la fuerza sindical mayoritaria en la enseñanza pública en Galicia fue excluida de este proceso de negociación, al igual que otras muchas fuerzas sindicales y otros colectivos que avalan estas demandas básicas. Nosotros consideramos básico dar satisfacción a este problema, porque con ello no solo respondemos a una demanda laboral que nos parece justa y que es necesario atender, sino que además estamos atacando el problema de la inestabilidad y temporalidad en el empleo, asunto que repercute también a la hora de conseguir una mejor calidad de la enseñanza.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el último apartado de enmiendas, en la enmienda número 491 planteamos suprimir la disposición adicional segunda que habla sobre el tema de la religión, sobre todo, porque el Grupo Parlamentario Popular ha colado en el debate de la comisión el modelo de la LOCE en todo lo relacionado con la enseñanza de la religión. Por ello, pensamos que es más adecuado suprimir dicha adicional.
Señorías, no entendemos que se utilice la educación financiada con dinero público en beneficio del adoctrinamiento religioso y que continúe el privilegio de la Iglesia Católica a la hora de imponer la enseñanza de su religión a cargo de catequistas designados por los obispos, pero, eso sí, pagados por todos. No entendemos, señorías, que se obligue al alumnado que no desea recibir enseñanza de religión alguna a adaptarse al horario y a las exigencias de los que quieren seguir imponiendo esas enseñanzas, amparándose

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en acuerdos preconstitucionales. Y, señoría, no entendemos que la patronal católica siga recibiendo fondos públicos a través de conciertos educativos a pesar de sus prácticas sexistas, discriminatorias, dogmáticas y contrarias a la libertad sindical y a los derechos de sus trabajadores. Por eso, señorías, hemos planteado una enmienda para sustituir dicha disposición adicional en lo referente a la religión.
La enmienda número 492 se refiere al profesorado de religión y se trata de trasladar su regulación de una disposición adicional a una transitoria por las razones que hemos explicado anteriormente. La enmienda número 493 aborda todo lo relacionado con el cuerpo unificado del profesorado. La número 495 se refiere a la adquisición de la condición de catedrático. La número 498 sobre el acceso a la condición de catedrático. La número 499 trata del bachillerato, que planteamos en concordancia con la enmienda presentada al artículo 34.1.
La enmienda número 500 es para nosotros clave y fundamental, al igual que la referente a la religión, y pretendemos que la cesión de suelo público sea sólo y exclusivamente para centros públicos. En ningún momento abrir la espita, como se está dando en la Comunidad de Madrid, que es la que conozco, en la que se está cediendo suelo público para centros educativos privados y concertados. Si lo criticamos en la Comunidad de Madrid, deberíamos ser coherentes y eliminarlo de la ley para que no pueda suceder. La enmienda número 501 se refiere a la formación profesional en artes escénicas. Ya estaba en la LOGSE y no entendemos por qué se omite en este caso concreto. La enmienda número 502 pretende la adición de una nueva disposición transitoria uno y se refiere a las enseñanzas de las religiones tiene como objetivo que los distintos niveles educativos de dichas enseñanzas se desarrollen, en su caso, al margen del currículum común y fuera del horario escolar obligatorio de todo el alumnado y que, en salvaguarda del artículo 16.2 de la Constitución, no conste en la documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas cursado. Con la enmienda número 503 pretendemos introducir una nueva disposición transitoria dos y se refiere a la situación del profesorado de religión. La número 504 tiene su justificación en el estudio de la transformación de los títulos de Maestro en una titulación con nivel de licenciatura. La número 505 se refiere al acceso al cuerpo unificado. La número 506 trata el ámbito afectivo sexual. La número 507 se refiere a las recomendaciones del profesorado. En la número 508 planteamos una nueva redacción que sería el artículo 27 de la antigua LODE. Y su motivación es que la comunidad autónoma debe programar las actuaciones públicas de creación de centros. La prioridad debe ser ofrecer un tejido de centros públicos para atender la demanda. Se concertará con centros creados por iniciativa privada, creados dónde y cuándo ésta libremente decida, si cumplen estrictamente los criterios contenidos en la LODE y en la presente ley. En la enmienda número 509 tratamos de añadir representantes de la Administración educativa en los centros concertados.
La enmienda número 511 propone una nueva redacción del artículo 59. En este caso pretendemos acercar los procedimientos seguidos por los centros públicos y privados concertados de cara al nombramiento del director. La enmienda número 513 se refiere a la tipificación de faltas e incumplimientos de conciertos.
Por último, anuncio que nosotros vamos a apoyar la vuelta al texto del proyecto que entró en la Cámara en lo que hace referencia a la disposición final primera punto 8, puesto que desaparece el representante del ayuntamiento en los consejos escolares de centros concertados, introducido a instancias nuestras en el Congreso de los Diputados y que también demandaban Coalición Canaria y Esquerra Republicana. Permítame que les diga a estas horas de la noche que hubo un buen rollito entre varios grupos, pero lo que está claro es que se hace desaparecer el representante del ayuntamiento en los consejos escolares. Si está en la escuela pública tiene que estar en la concertada, lo que no puede ser es que cada uno subamos aquí y lo que no nos apetece lo excluimos y lo que nos apetece lo incluimos.
Por lo tanto, señorías, acaba este debate, y mi grupo, o en este caso el que les habla, en representación de Izquierda Unida, votará abstención en el dictamen global del proyecto de ley porque no compartimos muchas de las cosas que ahí se plantean. Reconocemos que es un avance, pero no es la ley que esperábamos ni la que aspirábamos consensuar y debatir con el partido en el Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para defender las dos enmiendas vivas que restan a Coalición Canaria en este paquete.
La enmienda número 597 se refiere a la disposición adicional duodécima, relativa al acceso a la Función pública docente. Ha sido constante preocupación de este senador en estos seis años que he tenido el honor de compartir con sus señorías el acceso diferenciado a la Función pública docente para el profesorado interino. Recuerdo tres preguntas al Gobierno, tanto en la etapa anterior como en esta. En la primera nos decían que había una comisión que estaba estudiando cómo regular ese acceso diferenciado, mientras que en esta etapa se nos contesta que la ley orgánica de educación iba a profundizar en la manera de establecer ese acceso diferenciado. Señorías, nosotros entendemos que el proponente de la ley no acierta cuando habla de la fórmula de garantizar ese acceso diferenciado. Creemos, como decía el senador Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego, que ha habido una negociación del Gobierno con algunas organizaciones sindicales en el marco de la Ley de la Función Pública. Sin embargo, hay otras organizaciones sindicales importantes en el sector de la educación que no participaron de estos debates y que no coinciden con el criterio establecido por el Gobierno en su proyecto de ley. De ahí la enmienda número 597, que pretendía establecer el acceso diferenciado en la disposición adicional duodécima.


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Creemos, como se ha dicho aquí por parte de algunos senadores, que no es sostenible un número tan importante de interinos que tienen incertidumbre sobre dónde van a ejercer la docencia al año siguiente, que han demostrado su capacidad a lo largo de muchos años y que, por tanto, se tienen que buscar fórmulas para ese acceso diferenciado. En consecuencia, nosotros mantenemos esa enmienda.
Asimismo, mantenemos la enmienda número 599, a la disposición transitoria sexta, que pretende que los directores nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley no deban someterse de nuevo a un proceso selectivo.
Con estas dos enmiendas cerramos nuestra participación en este bloque.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Ya estamos en la última parte de la ley y contemplamos las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Nuestro grupo ha presentado siete enmiendas, pero no voy a consumir los siete minutos.
La enmienda número 725, por la que se pretende introducir una disposición adicional nueva, se refiere a los planes y fondos de pensiones que pretenden adecuar lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, a lo que establece el convenio colectivo para el personal de los centros educativos privados. Sabemos que los centros concertados son centros de entidades privadas, pero creemos que los educadores deberían tener las mismas ventajas o, al menos, tender a ello.
La enmienda número 726 es una obviedad, ya que proponemos que lo dispuesto en esta ley lo sea de aplicación sin perjuicio de lo establecido en los respectivos estatutos de autonomía, naturalmente.
La enmienda número 727, sobre jubilación voluntaria anticipada de los educadores, está en la misma línea que venimos siguiendo los últimos años.
Por su parte, la enmienda número 728 pretende que la duración de los mandatos de gobierno de los centros para los cargos en funciones en el momento de la puesta en vigor de ley sea la misma que se había establecido en el momento de su elección. Ello favorecería subsanar la sensación de inestabilidad que sufren quienes ejercen estos mandatos y, al mismo tiempo, haría que la renovación fuese escalonada.
En cuanto a la enmienda número 732, se refiere a la disposición adicional quinta, al título competencial. Se propone que se exceptúen del carácter básico de la ley una serie de apartados y artículos que creemos que afectan a las competencias de las comunidades autónomas. De lo contrario ello permitiría al Estado legislar y, por lo tanto, interferir en las decisiones que por ley les corresponde a las comunidades autónomas. No vamos a defender esta enmienda de forma individual porque estaríamos consumiendo ya todos nuestros minutos.
La última, la 733, trata de modificar la disposición final séptima, suprimiendo el carácter orgánico del artículo 24, puesto que vaciaría de contenido las competencias de las comunidades autónomas, así como los artículos 30 y 38, ya que esta naturaleza sólo se puede atribuir a artículos que se pueden considerar desarrollo directo del derecho fundamental a la educación, delimitado por el artículo 27 de la Constitución, y siempre con una interpretación muy restrictiva. También se propone declarar no orgánicos los artículos 71, 74 y 78, ya que es dudoso que lo sean en su totalidad en la medida en que no desarrollan derechos fundamentales diferentes de los que disfrutan todos los alumnos.
El artículo 85 no regula cuestiones relativas a la educación básica ni ningún aspecto nuclear del derecho a la educación. Por último, en relación con el apartado 5 de la disposición final primera, el artículo comienza: «En los términos que establezcan las administraciones educativas»; es una materia no básica y no orgánica, el derecho de los menores de edad en las decisiones colectivas que adopten los alumnos con respecto a la asistencia o no a clase no es ilimitado y puede ser condicionado, cuando no ejercido por sus padres. La enmienda ha sido transaccionada y, si bien no cumple totalmente nuestro deseo, la transacción o el pacto es precisamente esto: llegar a acuerdos sin vencedores ni vencidos.
En cuanto a nuestro voto, lo ejerceremos en el mismo sentido que lo hicimos en comisión. Por tanto, sobre la adicional segunda, que se refiere a la asignatura de religión, mantenemos la misma postura. Señor Cuenca, usted y yo seguimos sin ponernos de acuerdo. Podríamos debatir durante las próximas dos horas, y me encantaría hacerlo porque tengo muchos argumentos para el debate; pero no lo haremos, y lo dejaremos para otro día.
De la adicional vigesimosexta, sobre coeducación, decíamos que, además de la coeducación, hay métodos pedagógicos que sirven con eficacia al mismo objetivo. Le aseguro que existen, señoría. La coeducación, el hecho de poner juntos a niños y niñas, no equivale por sí sola a educación en igualdad. Debemos hacer que se eduquen en igualdad con independencia de que estén juntos o separados.
Nos abstendremos en la votación de la enmienda 627 a la disposición transitoria decimoséptima, y votaremos en contra de la mayoría de las propuestas por el Partido Popular y de algunas de las del Partido Socialista, tal como hicimos en la comisión; por ejemplo, la 672, la 668 y la 671. Los motivos son diferentes en cada caso, pero discrepamos de las propuestas de ambos partidos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


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En primer lugar, anunciamos la retirada de dos enmiendas: la 622 y la 626. En consecuencia, haré una breve defensa de las que mantenemos vivas.
Enmienda 616 a la disposición adicional tercera. Consideramos que el presupuesto de los profesores de religión debe habilitarlo la Administración general del Estado puesto que, por sentencia de la Sala de lo Social de 12 de junio de 2002, la condición de empleador corresponde al Estado en tanto no se traspase a la comunidad autónoma.
En cuanto a la disposición adicional cuarta, sobre adopción de los libros de texto, entendemos que no se necesita la autorización del Estado, salvo que las comunidades autónomas competentes digan lo contrario.
Sobre la disposición adicional sexta, entendemos que el Gobierno deberá desarrollar reglamentariamente el complemento técnico indispensable para la aplicación de las bases con el objetivo de garantizar el marco común básico de la función pública docente.
Proponemos suprimir la disposición adicional decimoctava porque introduce una presunción relativa a que se entenderán realizadas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación todas las consultas y audiencias a las comunidades autónomas que se prevén en el proyecto de ley. Por otro lado, no nos parece adecuado que sea una ley de este calado, y menos un proyecto de ley declarado orgánico por su disposición final séptima, la que se pronuncie sobre este tipo de cuestiones.
La disposición adicional trigésimo segunda es un llamamiento al Gobierno del Estado para que en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se pueda impartir enseñanza bilingüe, en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia. En el caso de Ceuta, la árabe-castellana y, en el de Melilla, la castellano-tamezight.
La enmienda 624 al título competencial de la disposición final quinta propone una serie de modificaciones a unos artículos, de manera que quede claro que acotamos, en consonancia con la distribución competencial, el carácter básico de dicho artículo.
En lo que se refiere a la disposición final sexta, las normas de esta ley podrán ser desarrolladas por las comunidades autónomas, a excepción de las relativas a aquellas materias que requieran ser desarrolladas por parte del Gobierno central por ser complemento técnico indispensable de las bases contenidas en esta ley. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la doctrina del Tribunal Constitucional y la Resolución aprobada por el Congreso de los Diputados el 17 de mayo de 2005, en la que se instaba al Gobierno a utilizar normas con rango de ley para introducir normativa básica en el ordenamiento jurídico.
Con esto termino, porque la última enmienda, la 626, al igual que la 622, las retiramos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS. Muchas gracias, señor presidente.
Para optimizar el tiempo voy a dar por defendidas las enmiendas números 871, 891, 892 y 893. Retiramos la enmienda números 882, que habíamos presentado para tratar la implantación de la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil en aquellas comunidades autónomas como Cataluña, en que se anticiparon, y luego no recibieron ninguna compensación económica, porque la ley del Partido Popular no estuvo acompañada por una memoria económica. Por eso presentamos esta enmienda, pero también entendemos que en estos momentos parece difícil volver a hacer los números que requeriría la memoria económica, que sí contempla la ley que hoy debatimos.
Con la enmienda número 896 pretendemos introducir una modificación en la disposición final primera, 3, en los apartados de derechos y deberes básicos de los alumnos. Proponemos sustituir en el apartado e) del punto 3 y en el apartado f) del punto 4 la expresión «convicciones religiosas y morales» por «convicciones morales y, en su caso, religiosas». Una persona no tiene que tener necesariamente convicciones religiosas, siendo posible llevar una vida rica y digna apoyada en su ética personal, sin necesidad de convicciones religiosas.
La enmienda número 897 hace referencia a la disposición final primera, 4; se produjo un error en el momento de publicar las enmiendas porque figuraba disposición final primera, 3, cuando debe ser punto 4. La modificación es respecto a los deberes básicos del alumno, porque antes --y así consta-- en la LODE figuraba «seguir directrices del profesorado», y nosotros proponemos: «c) Atender las recomendaciones del profesorado respecto a su educación y aprendizaje». Participar en la propia educación quiere decir que el alumno también ha de participar en esta educación, es un concepto mucho más amplio y seguramente más eficiente.
La enmienda número 925 es de modificación de la disposición final séptima y se pretende que donde dice «22», diga 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. Estos apartados deben tener rango de ley orgánica, mientras que las medidas contenidas en los apartados números 5 y 6, que tratan de atención a la diversidad, así como de la forma organizativa de las mismas corresponden a la autonomía de los centros y no tienen carácter orgánico.
En cuanto a las enmiendas que solicitan la vuelta al texto del Congreso, tenemos presentada una a la disposición adicional segunda, que trata de la enseñanza de la religión. Nosotros preferimos el texto procedente del Congreso a pesar de que la Entesa lo contemplo en el Pacto del Tinell y dijo que la enseñanza de la religión se ha de situar en primer lugar en el ámbito familiar y en el de la comunidad religiosa, ofreciendo después la enseñanza de la cultura religiosa en las etapas de educación obligatoria. En consecuencia, proponemos que se modifique --también se dice en el Pacto del Tinell-- la normativa actual. Pero mientras no haya una renovación del Concordato, se corresponde más con nuestro acuerdo, como digo, el texto que fue anteriormente aprobado en el Congreso de los Diputados.
Las enmiendas que solicitan la vuelta al texto del Congreso de los Diputados de los apartados 2 y 3 de la disposición

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adicional decimoquinta las doy por defendidas. Lo mismo ocurre con la disposición transitoria decimoséptima.
En cuanto a la disposición adicional vigesimosexta, que trata de la coeducación, en la defensa del anterior bloque de enmiendas ya expuse cómo la entendemos nosotros. Es evidente que podemos entender algunos aspectos de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pero nosotros queremos la vuelta al texto del Congreso casi más por desconfianza política, y es que en Cataluña hemos comprobado que se ha dado preferencia a determinadas escuelas que no cumplen con el primer principio de la coeducación y que es el tener entre sus alumnos niños y niñas, y es que a veces no se ha actuado a este respecto con el rigor que nosotros creemos que es necesario. Por eso hablamos de la vuelta al texto del Congreso.
Voy también a defender la enmienda referente a la vuelta al Congreso de la disposición final primera 8.1. A los tres partidos que formamos el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés nos parece positivo que el representante municipal esté también en el Consejo Escolar de centros concertados del mismo modo que lo está en el Consejo Escolar de los centros públicos. Defendemos esto por considerar que los consejos escolares de centros públicos y concertados deberían ser idénticos en cuanto a sus representantes. Y en cuanto a las escuelas gestionadas con fondos públicos, nos parece que lo óptimo será introducir la cultura de la rendición de cuentas y que ésta se pudiera hacer, como dinero público que es, ante la administración más próxima, el municipio, ante la que conoce la realidad del día a día y la de la escuela puesto que está en su propio municipio. Por todo esto defendemos la vuelta al texto del Congreso.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
En este debate agrupado de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, quiero señalar en primer lugar que retiramos nuestras enmiendas números 657 y 665.
En cuanto al conjunto de enmiendas y votos particulares que solicitan la vuelta al texto del Congreso, señalaré algunas referidas a unas cuestiones que nos merecen una especial atención: alteración de la enseñanza de la religión, mantenimiento, vigilancia y conservación de colegios de enseñanza infantil, primaria y educación especial, competencias por parte de los ayuntamientos, que ahora pasan a ser competencias de las comunidades autónomas, coeducación, lengua de signos y profesores interinos y maestros de orientación educativa junto con algún detalle también referente a la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias en el Consejo Escolar del Estado y al régimen sancionador de centros concertados.
Es cierto que en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales se han concentrado, como en un cajón de sastre, cosas diversas, lo que ha hecho que todo este apartado sea especialmente complicado.
En cuanto al cambio del texto de la religión, no consideramos que sea necesario. El texto que viene del Congreso de los Diputados señala que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. Por tanto, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para los alumnos.
Volvemos, por una enmienda del Partido Popular, a un modelo que no es razonable, que es que haya una oferta de religión católica, por tanto confesional, y como alternativa otra religión no confesional. Existe la desconfianza de que un padre decida que su hijo estudie religión católica porque, en caso contrario, se vea obligado a dar una religión no confesional. A mí no me parece que eso sea voluntario, es un sistema de presión que no viene al caso.
Tampoco viene al caso que la religión, por la redacción que tiene la enmienda, sea equiparable al resto de las materias y, por tanto, que su evaluación --y ya es evaluable-- sirva a efectos de repetir curso, nota media y selectividad. Es decir, el alumno que suspenda una asignatura, la que sea, y la religión repetirá curso. Por el contrario, ¿ustedes creen que un alumno con una nota magnífica en religión puede conseguir entrar en la carrera universitaria del carácter que sea porque su nota media en la selectividad ha subido por la calificación obtenida en religión católica? No parece razonable y la fórmula que se había buscado, desde mi punto de vista, es generosa, y empleo una terminología que un filósofo, como José Antonio Marina, ha utilizado en un artículo recientemente publicado en El Mundo. La solución que han dado los socialistas a la enseñanza de la religión católica es generosa porque lo que pedían muchísimos colectivos es que la enseñanza de la religión católica estuviera fuera de la escuela, tal como acordó el Consejo Escolar del Estado en el informe del curso 2002-2003, donde se pedía sacar la religión del horario escolar y del currículum. Según el citado informe del Consejo Escolar del Estado, los acuerdos de la enseñanza de las religiones en centros públicos son claramente contradictorios con la aconfesionalidad del Estado, por lo que deberían ser denunciados. Por tanto, la generosidad del Gobierno y del partido que le apoya se resuelve intentando meter por un portillo, de nuevo, el modelo de religión sí o religión también. Es una alternativa que hace a los hombres más libres, porque pueden escoger libremente entre dos religiones, las mismas por cierto.
El segundo bloque al que quería referirme tiene que ver con una enmienda del PNV, por la que el mantenimiento, vigilancia y conservación de los colegios de infantil, primaria y secundaria ha pasado a ser competencia de las comunidades autónomas. Nosotros podríamos discutir el fondo de la cuestión. Los ayuntamientos tienen ahí una carga prolija pero también reciben unos fondos económicos para hacer frente a esa conservación, mantenimiento y

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vigilancia de los centros que son de su competencia porque la propiedad demanial, es decir, la de esos centros, es del propio ayuntamiento y, por eso, tienen la conservación. Imaginen lo que puede suponer en cualquier comunidad esta enmienda relativa a los fondos económicos y que, por efecto de la misma, la comunidad tenga que hacer frente a todos estos gastos. Creo que se debería haber hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias, introducido la Ley de Presupuestos y compensado a las comunidades autónomas por el gasto que ello ocasiona, pero nada de esto ha ocurrido.
Tercer tema, la coeducación, para la que se busca una fórmula que yo creo que es un portillo, uno de esos portillos falsos que permiten entrar. La ley pretendía en la disposición adicional vigesimosexta el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y para ello se daba una atención preferente y prioritaria a los centros que desarrollasen el principio de coeducación. Ahora se le añade «u otros métodos pedagógicos que sirvan con eficacia a este objetivo». ¿Alguien sabe lo que son «otros métodos pedagógicos que sirvan con eficacia a este objetivo»? ¿Es una conferencia el día inicial del curso que diga: Hombres y mujeres son iguales, y ya es coeducación? Yo creo que el modelo es malo y por eso queremos volver al texto inicial.
Una señal significativa. Hemos incluido la enmienda número 668, sobre la lengua de signos. Como están aquí presentes amigos de organizaciones de sordos les reiteramos que la nueva disposición adicional pide que se incluya la lengua de signos --hay un error: cuando pone lenguaje de signos está mal expresado, se llama lengua de signos-- y dice: «De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, las administraciones educativas facilitarán el aprendizaje de la lengua de signos al alumnado sordo que lo solicite, así como la modalidad bilingüe como una opción dentro de la oferta educativa..., como lengua vehicular y la lengua propia de la comunidad autónoma». Me parece que es de justicia reconocérselo en la LOE.
Como me parece de justicia también la vía de la integración de personal de otras administraciones de cuerpos docentes, por ejemplo, del Instituto Social de la Marina, transferido a Andalucía recientemente; son docentes y tenemos que darles la posibilidad de que se integren en los cuerpos docentes de esta ley. Les abrimos ese portillo con la enmienda número 669.
En la cuestión de los interinos, señorías, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de responsabilidad. Dado que tenemos experiencia en educación durante muchos años sabemos que la trochas a veces parece que te permiten llegar más rápidamente a un sitio pero después te provocan muchos problemas. Hay sentencias repetidas del Tribunal Constitucional que declaran contrarias a la Constitución Española pruebas restringidas sólo para acceso de interinos a la función docente, repetidas sentencias, y solamente fija la excepcionalidad de la medida cuando se haya reordenado el sistema educativo o la función pública docente de una manera profunda, cosa que ocurrió con la LOGSE en 1990, cuando se reordenaba el modelo educativo y la función pública docente.
Considero que la fórmula de entrada de los interinos por una vía restringida aparentemente entraña enormes ventajas y estoy convencido de que con que un licenciado, uno sólo, cuando se apruebe el decreto de ese concurso-oposición restringido, vaya al contencioso-administrativo conseguirá parar esta vía por encima de los dos años que fija la ley en estos momentos. Se había llegado a un acuerdo entre el ministerio y seis sindicatos, los mayoritarios, pero hemos buscado una trocha en el Senado --mala fórmula--, que aparentemente da respaldo a unos compañeros docentes interinos repartidos por toda España, pero que pueden pagar duramente el no haber sido sensatos con las sentencias repetidas del Tribunal Constitucional.
En cuanto a los maestros de equipo de orientación educativa, hemos buscado una fórmula que nos parece transaccional e inteligente: quien saque el concurso-oposición se puede quedar en la plaza que ahora disponga y a efectos de jubilación --por tanto, a efectos económicos-- se podrá acoger a la disposición que la ley prevé de jubilación anticipada y, por tanto, a todos los efectos en el nivel que le corresponda una vez que haya aprobado la oposición. Quitamos el agravio a tantos profesores que han sacado sus oposiciones y que ahora ven que otros les pasan por encima.
Por último, disposiciones finales. La Federación Española de Municipios y Provincias nos ha pedido entrar en el Consejo Escolar del Estado y para ello hemos presentado la enmienda número 675, respecto de la que pedimos el apoyo de la Cámara.
Y en cuanto al régimen sancionador de los centros concertados, la enmienda número 667 --llamo la atención a los forofos con el tema del régimen sancionador de centros concertados-- dice que el régimen sancionador recupera, por un lado, incumplimientos muy graves, pero incluye referencias a normas reglamentarias, es decir, tú puedes ser sancionado por cosas que dice la ley pero también por otras que no dice y que se acordarán en reglamentos. No hay régimen sancionador que resista ante un tribunal si toda la normativa no se ha fijado en ley. Usted no puede intentar en un reglamento nuevos efectos sancionadores, porque ello produce mucha indefensión a los centros concertados y a los colectivos y, por lo tanto, lo hemos corregido suficientemente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vallejo.


La señora VALLEJO DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente.
Paso a defender las enmiendas presentadas por mi grupo a las disposiciones finales, transitorias y adicionales.
Respecto a la disposición adicional segunda, referida a la enseñanza de la religión, mi grupo la defendió en comisión, fue aprobada y por ello la doy por defendida.
La número 391 es una enmienda de adición a la disposición adicional vigésimo segunda bis, en virtud de la cual los centros que estén autorizados para impartir el primer

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ciclo de la Educación Infantil quedarán automáticamente autorizados para impartir la Educación Infantil preescolar establecida en esta ley con el fin de asegurar el tránsito de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación a la nueva legislación.
En la enmienda número 392 contemplamos la concertación de los programas de iniciación profesional, que lo serán conforme a lo previsto en el presente proyecto, a los que podrán acceder los centros concertados que impartan la Educación Secundaria.
Doy por defendidas el resto de enmiendas a las adicionales y paso a la número 395, considerada de vital importancia para un sector del profesorado, ya que contempla la regulación de la jubilación anticipada de los funcionarios de los cuerpos docentes a que hace referencia las disposiciones adicionales décima 1 y decimocuarta 1, 2 y 3 de La LOGSE, así como los pertenecientes a los grupos y escalas declaradas a extinguir con anterioridad a la vigencia de la LOGSE incluidos en el ámbito de aplicación del régimen de las clases pasivas del Estado, que podrán optar a un régimen de jubilación voluntaria siempre que reúnan los requisitos que esta enmienda propone. ¿Por qué lo hacemos así? Porque consideramos que la regulación de la jubilación anticipada debe hacerse en disposiciones, puesto que en la presente ley se establece con carácter indefinido, a diferencia del proyecto que estamos debatiendo.
Otra enmienda que consideramos importante es la número 396 relativa a las enseñanzas artísticas. Mi grupo considera que la integración de las enseñanzas artísticas superiores en el ámbito universitario debe hacerse a todos los efectos y, en consecuencia, es necesario acomodar el régimen y las figuras del profesorado relativos al personal docente investigador de las universidades.
Doy por defendidas las restantes enmiendas a las adicionales y paso a las disposiciones transitorias.
Quiero detenerme especialmente en la número 405, que es una enmienda de supresión de la transitoria duodécima, en coherencia con la enmienda al artículo 59 del presente proyecto de ley. Consideramos que no tiene mucho sentido exigir tener aprobados los dos primeros cursos de la Secundaria para que los muchachos puedan matricularse en la Escuela de Idiomas, cuando de todos es sabido que el aprendizaje de una lengua es más fácil para los niños que para los mayores. ¿Por qué retrasar la edad? Da la sensación de que de nuevo se pretende retrasar los aprendizajes, como ya se hizo con la lectura. ¿Por qué? No alcanzamos a entenderlo, a no ser que existan causas y motivaciones que no se puedan confesar y que nada tienen que ver con los intereses educativos de nuestros niños y jóvenes.
La disposición transitoria es una traba, un inconveniente, un freno y va contra la libertad, por lo que sería mejor que desapareciera; es una obstrucción sin sentido, sin sentido común.
En cuanto a las disposiciones finales, quisiera detenerme en el punto cinco de la disposición final primera, a la que hemos presentado la enmienda número 408. Nuestro grupo parlamentario propone la supresión de dicho punto, que hace referencia a lo que comúnmente se está llamando novillos.
Es cierto que en comisión se ha introducido una mejora respecto del derecho a la huelga, a no ir a clase, por parte de los alumnos si así lo deciden en asamblea en el sentido de que ese derecho puede ejercer a partir de 3º de Secundaria. En la LOE no figuraba a qué edad ni en qué circunstancias se podía ejercer este derecho. No se decía absolutamente nada al respecto.
En nuestra opinión este punto cinco se basta por sí mismo para echar por tierra todas las bondades que cualquier sistema educativo pudiera tener, salvo que los alumnos tengan más sentido común que quienes han tenido la ocurrencia de reconocerles el derecho a ausentarse de clase cuando lo estimen oportuno.
Se viene insistiendo en la necesidad de respaldar la figura del profesor.
Pues bien, esta enmienda ayudará a conseguirlo. Pedimos que la función directiva sea valorada y respetada. ¿Es ésta la forma de lograrlo? Queremos un ambiente de estudio, orden y respeto en nuestros centros.
¿Esto va a ayudar a conseguirlo? Queremos autonomía para los centros, y considero que esto constituye una injerencia en la autonomía de régimen interno de los centros. Queremos terminar con el fracaso escolar. Pues, señorías, piénsenlo bien, porque considero que esto va a aumentar ese fracaso escolar.
Insisto en que este punto quinto dará al traste por sí mismo con todos los objetivos que decimos pretender con nuestra ley de educación. ¿O es que queremos otras cosas? ¿Qué padre va a llevar a su hijo a un centro donde sabe que éste, u otros en su nombre, van a decidir no ir a clase cuando lo crean oportuno? ¿Qué padre va a estar tranquilo preguntándose dónde estará su hijo si no va a clase? A juzgar por los resultados, parece que los padres de la LOCSE se propusieron terminar con una escuela pública de calidad. Con este punto no vamos a ayudar en absoluto a conseguir la calidad de la educación, máxime cuando se refiere a un tramo educativo como el de Secundaria, del que, como todos los docentes somos conscientes, va a depender lo que el alumno haga posteriormente. Ésos son los años más delicados para la educación de nuestros jóvenes.
Yo no entiendo el porqué de este punto, señorías. En la ley ya se contempla que los alumnos tengan en los centros sus órganos de representación, en los que tienen voz y voto. Ustedes han considerado que no era bueno que los alumnos adoptaran esta decisión en primero y en segundo de Secundaria, ¿es que acaso consideran que es bueno en tercero, en cuarto o en bachillerato? Se trata de menores de edad y legalmente alguien tiene que responder de estos alumnos. Cuando falten a clase, ¿quién se responsabilizará de ellos? ¿Será el centro? ¿Serán los padres? Como el centro no sabrá dónde están y los padres tampoco, ¿quiénes serán sus responsables? Piénselo, señoría, porque algo que les parece a ustedes que no tiene importancia, nosotros pensamos que la tiene y mucho.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


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Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular ? (Pausa.) Concluido el debate, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a votar las enmiendas, de conformidad, como los portavoces conocen bien, con los bloques de debate y las solicitudes que se han hecho de votación separada. A medida que avanzaba el debate ha habido algunas modificaciones, consecuencia de haber retirado enmiendas, así como de peticiones realizadas por los distintos portavoces. Y al final, evidentemente, votaremos el dictamen.
Señorías, rogaría silencio, porque tenemos que votar muchísimas.
Empezaremos votando el bloque primero.
En primer lugar, enmiendas números 515 y 517 a 524, del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 13; en contra, 228; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1, del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor,114; en contra, 126 ; abstenciones, cinco .


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 3, del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 123 ; en contra, 111; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las enmiendas números 2, 4 y 5, del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, ocho; en contra, 231; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas números 16, 17 y 18, del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 14; en contra, 226; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas números 38, 42 a 44, 46 y 49, del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 14; en contra, 230; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el resto del bloque de enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 12; en contra, 231; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 423 y 439 , del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 113; en contra, 125; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 428, del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 21; en contra, 217; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas números 424 y 426, del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 21; en contra, 217; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 430, del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, siete; en contra, 229; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, cuatro; en contra, 230; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas de Coalición Canaria números 556, 562 a 565 y 567 a 578, con la excepción de la número 571, que soporta una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 13; en contra, 231; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 688.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 13; en contra, 226; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 680, 683 a 687 y 690.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 16; en contra, 227; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 691.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 225; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 600 a 605.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la número 760.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 18; en contra, 216; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 755, con texto transaccional en comisión, y las números 765 y 767.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 114; en contra, 125; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas en bloque de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 18; en contra, 216; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 629.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 124; en contra, 121 .


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 634.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 117; en contra, 120; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 117; en contra, 120; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y las del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda transaccional sobre la 202 del Grupo Parlamentario Popular y 681 del Grupo Parlamentario

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Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 114; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda de Entesa y del Grupo Socialista que propone la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 159 a 173 y 411 del Grupo Parlamentario Popular, al Preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 125; en contra, 120.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 25 del senador Jorquera, al artículo 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 119; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, las enmiendas números 174 a 201 y 203 a 259, salvo las números 213 y 214, que soportan transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 120; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, votamos a continuación las propuestas de modificación del dictamen con los números de registro 57760, 57761 y 57762.
En primer lugar, votación de la modificación del dictamen con el número de registro 57760.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 119; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 57761.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 123; en contra, 121; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 57762.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 131; en contra, 112; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Comenzamos a votar el bloque segundo.
En primer lugar, enmiendas del senador Urrutia.
Enmiendas números 526 a 528 y 533 a 535.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 226; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 529 a 531 del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 12; en contra, 231; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 7 del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 117; en contra, 120; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 55 a 62 del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 18; en contra, 226; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, nueve; en contra, 231; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del senador Cuenca Cañizares.
Enmienda número 454.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 459 del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 21; en contra, 216; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 464 del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor,20; en contra, 217; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, cuatro; en contra, 230; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 580 a 582 y 584 de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 13; en contra, 231; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 693, 694 y 696 a 703.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 16; en contra, 226; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 607 y 608.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas de la Entesa. En primer lugar, la número 831.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 118; en contra, 120; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 817 de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 17; en contra, 215; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 824.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 216; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 648.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 113; en contra, 131; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 650 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 124; en contra, 120; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 117; en contra, 120; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa y el Grupo Parlamentario Socialista para la vuelta al texto del Congreso, modificado por la enmienda número 705 de Convergència i Unió al artículo 109.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 110; en contra, 131; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 260 a 327.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 121; en contra, 124.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el bloque tercero. Empezamos con las enmiendas números 536, 537 y 546, del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 13; en contra, 226; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, ocho; en contra, 232; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Acto seguido, votamos las enmiendas números 92, 113, 115 y 118, del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 14; en contra, 226; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, nueve; en contra, 231; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del senador Cuenca números 474, 477 y 486.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 17; en contra, 216; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 488, del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 121; en contra, 119; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Seguidamente votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, cuatro; en contra, 229; abstenciones, once.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 588 y 591, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 16; en contra, 226; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 11; en contra, 231; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos ahora a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, las enmiendas números 710 y 715 a 720.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 713, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 21; en contra, 223; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos: 611, 612 y 614.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 18; en contra, 226; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés: 849 y 853.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista: 653 y 655.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 120; en contra, 122; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Grupo Socialista. En primer lugar, votamos la vuelta al texto del Congreso, en lo modificado por la enmienda 375 del Grupo Parlamentario Popular al artículo 155.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 118; en contra, 125; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 610 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al artículo 119.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 114; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda transaccional sobre la 331 del Grupo Parlamentario Popular y la 707 de Convergència i Unió al artículo 120.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 113; en contra, 131; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 367 del Grupo Parlamentario Popular al artículo 147.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, 328 a 330, 332 a 366, 368 a 374, 376 y 377.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 120; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el bloque cuarto. En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Urrutia números 547 a 555, salvo la 551.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 13; en contra, 231; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 551, del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, cuatro; en contra, 236; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del senador Jorquera números 121, 127, 128 y 129.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 14; en contra, 226; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, nueve; en contra, 231; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del senador Cuenca Cañizares. Votamos en primer lugar la número 500.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 17; en contra, 216 ; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 507, del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 18; en contra, 216; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Resto del bloque de enmiendas del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, cuatro; en contra, 230; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria números 597 y 599.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 11; en contra, 231; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 725 a 728, 732 y 733.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 16; en contra, 227; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Han sido retiradas las números 622 y 626. Votamos en primer lugar las números 621, 624 y 625. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 618 y 623.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 11; en contra, 232; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la número 616 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 12; en contra, 227; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 12; en contra, 232.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès números 892, 896, 897 y 925 con texto transaccional en comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 109; en contra, 127; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 731 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a la disposición final primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 15; en contra, 228; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el resto del bloque de enmiendas de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 217; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 670, 675 y 677 del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Jorquera Caselas y el señor Maqueda Lafuente piden la palabra.) Puede hacer uso de la palabra, senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Solicito votación separada de la enmienda número 670.


El señor PRESIDENTE: Está bien.
Creo que el senador Maqueda solicita lo mismo. ¿Es así? (Asentimiento.) Votamos, pues, en primer lugar, la enmienda número 670 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 123; en contra, 120; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 675 y 677.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 118; en contra, 120; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 672 del Grupo Parlamentario Socialista.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 668, 671 y 673.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 112; en contra, 125; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, ahora, la número 666.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 124; en contra, 120; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas 658, 659 y 660 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 123; en contra, 120; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 117; en contra, 120; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, señorías, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, votamos la vuelta al texto al Congreso en lo modificado por la enmienda 627 del Grupo Parlamentario Popular a la disposición transitoria decimoséptima.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 116; en contra, 123; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 379 del Grupo Parlamentario Popular a la disposición adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 119; en contra, 124; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 619 y 620 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a la disposición adicional decimoquinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 109; en contra, 136 .


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 722 de Convergència i Unió a la disposición adicional vigesimosexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 114; en contra, 131 .


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 378 y 380 a 410.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 120; en contra, 124 .


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, en función del resultado de la votación pregunto si estamos en disposición de votar el dictamen como se ha ordenado o piden un tiempo.
(El señor Sanz Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra, senador Sanz.


El señor SANZ PÉREZ: Además de las votaciones separadas que ha solicitado nuestro grupo, queremos incorporar para votar separadamente los artículos 24, 25 y el 32. (El señor Pezzi Cereto pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, senador Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias.
Pedimos votación separada, pero se puede hacer conjunta, de los artículos 14.1, 15, 18, 25, 32.5... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, pido silencio.
¿Puede repetirlo, por favor, senador Pezzi?

El señor PEZZI CERETO: ¿Es por la rapidez o por la pronunciación andaluza? (Risas.) Supongo que por la rapidez, ¿verdad? Son los artículos 14.1, 15, 18, 25, 32.5, 109, 119, 120, 147, 155, disposiciones adicional segunda, decimoquinta y

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vigesimosexta, disposición transitoria decimoséptima y el resto.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, estamos ordenando la votación, pido silencio para no equivocarnos. (El señor Pezzi Cereto pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Señor presidente, si nadie pide nada en contrario, todo lo que he enumerado se puede votar conjuntamente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Los señores Perestelo Rodríguez y Maqueda Lafuente piden la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
De la votación propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, pedimos votación separada del artículo 25 y de la disposición transitoria decimoséptima.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Señor presidente, pedimos votación separada de la disposición adicional segunda y de la disposición transitoria decimoséptima.


El señor PRESIDENTE: Señorías, voy a repetir lo que me han transmitido.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado votación separada de los artículos 24, 25 y 32.
El senador Pezzi, del Grupo Parlamentario Socialista, ha solicitado votación separada de los artículos 14.1, 15, 18, 25, 32.5, 109, 119, 120,147, 155, disposiciones adicionales segunda, decimoquinta, vigesimosexta y disposición transitoria decimoséptima.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha solicitado votación separada de la disposición adicional segunda y de la transitoria decimoséptima.
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria ha solicitado votación separada del artículo 25 y de la disposición transitoria decimoséptima. (El señor Sánz Pérez pide la palabra).
Sí señoría.


El señor SANZ PÉREZ: Señor presidente, quisiera pedir que hiciésemos un receso a fin de ordenar la votación final.


El señor PRESIDENTE: Señorías, efectivamente vamos a hacer un receso de unos minutos. (Pausa.) Se reanuda la sesión.
Señorías, vamos a empezar a votar el dictamen.
En primer lugar, votamos el Preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 123; en contra, 120; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo número 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 124; en contra, 118; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo número 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 126; en contra, 118; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo 24.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 243; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 131 ; en contra, 112; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 32.5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 127; en contra, 117; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto del artículo 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 242; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo 120.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 128 ; en contra, 116; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


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Votamos, a continuación, el artículo 155.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 131; en contra, 112; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, la disposición adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 125; en contra, 118; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la disposición adicional decimoquinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 127; en contra, 117; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la disposición transitoria decimoséptima.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 130; en contra, 112; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la disposición transitoria decimonovena.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 242; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, votamos en bloque los artículos 14.1, 109, 119 y 147 y la disposición adicional vigesimosexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 131; en contra, 112; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 124; en contra, 119; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000046) (C.
D. 121/000051).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Nadie presenta dictamen.
A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el senador Sanz Blanco.


El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender la ratificación del veto sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Montes del año 2003, veto que se aprobó en la comisión. Y como en aquella ocasión, quiero expresar, en primer lugar, mi enérgica protesta por el trámite que se ve forzado a seguir este proyecto de ley. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Socialista, se manifestaron en el mismo sentido de crítica y de protesta por este trámite, y todos, implícitamente, se formularon una pregunta: ¿Qué razones han motivado que este proyecto de ley tenga que ser debatido por el procedimiento de urgencia? La verdad es que no encontramos razón alguna para este trámite ¿Por qué? Porque teníamos una ley que apenas llevaba dos años en vigor, y por tanto no había causa que justificara este trámite de urgencia. Ciertamente, esta ley puede tener deficiencias y carencias, pero en ningún caso justificarían este trámite de urgencia. Para demostrar lo ilógico e improcedente de este procedimiento, basta señalar que no recoge las posibles deficiencias detectadas en el breve espacio de tiempo de funcionamiento de esta ley y además no aporta, a excepción de la creación de las secciones de medio ambiente en las fiscalías de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales, algo importante y trascendente que lo justifique. Personalmente, opino que esta urgencia no proviene de necesidades detectadas como urgentes, sino de otras razones ajenas a la necesidad de modificar la legislación actual.
En mi opinión, la razón de esta urgencia hay que buscarla, como ya manifesté en comisión, en la situación de descrédito en la que se encontraba el Partido Socialista, en concreto, el Gobierno, por el trágico incendio de Guadalajara en el que perecieron 12 personas y por la quema de miles de hectáreas en los incendios que afectaron a las provincias

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de Sevilla y Huelva. Ésta fue a mi entender la causa que motivó el proyecto de ley de modificación de la ley actualmente en vigor.
El Gobierno Socialista en aquellos momentos se encontraba entre la espada y la pared ante las protestas airadas de los afectados y las críticas, un día sí y otro también, de todos los medios de comunicación por la falta de coordinación, por la ausencia de medios y, sobre todo, por la falta de previsión.
Ante lo que le estaba cayendo, con una pérdida en picado de credibilidad, el Gobierno pone en funcionamiento toda su maquinaria y estrategia informativa para contrarrestar todas las críticas. En primer lugar, publica un decreto sobre medidas excepcionales para prevenir los incendios --por cierto, señorías, participando en el incumplimiento de ese decreto, redactado y publicado por el Gobierno, el propio presidente del Gobierno, señor Zapatero, en su tierra natal, León--. Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente anuncia un cambio legislativo a bombo y platillo que impide el cambio de uso forestal por razón de incendio durante un plazo de 30 años y la propia vicepresidenta del Gobierno, que normalmente es la que impone todas las modas en el Gobierno, anuncia con gran énfasis que se acabaron las recalificaciones y las urbanizaciones de los montes.
Considero que la falta de coordinación, la ausencia de medios, las críticas a una mala gestión y, sobre todo, la gran tragedia humana de Guadalajara y posteriormente la de Huelva y Sevilla con la quema de miles de hectáreas, precipitaron al Gobierno a la formulación de juicios y valoraciones sobre las causas de los incendios que no eran acordes con los datos de su propio ministerio.
La ministra de Medio Ambiente y la vicepresidenta del Gobierno se pasaron unos cuantos pueblos, --por emplear un léxico popular-- y aquellos errores en las valoraciones que han arrastrado después, el contenido de la propuesta legislativa y el propio trámite de esta ley.
Para el Grupo Parlamentario Popular el proyecto de ley invade competencias de las comunidades autónomas; son ellas que tienen competencias sobre ordenación del territorio, competencias urbanísticas y es a ellas a las que les corresponde determinar los plazos y procedimientos para hacer efectiva la prohibición, en este caso, del cambio de uso forestal por razón de incendio.
Lo cierto es que resulta un tanto extraño que un Gobierno tan proclive a hacer concesiones sin ton ni son en esta cuestión no haya tenido inconveniente alguno en invadir competencias de las comunidades autónomas; en ocasiones, la demagogia juega malas pasadas y una de ellas es que deja aflorar las propias contradicciones.
Como decía, la propia ministra no tiene inconveniente en anunciar una medida que invade competencias de las comunidades autónomas pero ,por otra parte, no ha dudado en someterse a las exigencias de algún grupo en lo relativo al título competencial del Estado en las cuencas hidrográficas que exceden el ámbito territorial de una comunidad autónoma, como ha ocurrido con la reforestación hidrológica forestal, haciendo a las claras una dejación de las funciones propias de la Administración general del Estado.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que son las comunidades autónomas las que deben establecer los plazos y los procedimientos para prohibir el cambio de uso forestal, y si una comunidad autónoma, en función de su orografía, en función de su topografía, en función de su pluviometría o en función de otras características específicas entiende que debe dar un determinado plazo, será ella la que lo tendrá que decidir, pero en ningún caso el Gobierno central. ¿Por qué? Porque aparte de restar competencias que ya se recogen en la vigente ley, el Gobierno suele ser ajeno a estos problemas y, desde luego, no está cerca de la problemática urbanística ni, por supuesto, de los posibles desarrollos que afecten a entornos o ciudades.
Sin embargo, independientemente de que esta medida sea una invasión de competencias de las comunidades autónomas, también quiero dejar muy claro --como dije en la Comisión de Medio Ambiente-- que con esta medida no se acabarán los incendios; más aún, me atrevo a afirmar que esta medida puede ser una coartada o un pretexto para provocar incendios en contra de alguien.
Esta medida abre la posibilidad de empeoramiento de la situación actual, abre la puerta a la posibilidad de incendios para impedir futuros desarrollos urbanísticos o la ejecución de infraestructuras que el propio Gobierno quiera desarrollar. Nada más fácil para oponerse a la revisión del planeamiento urbanístico de una localidad que quemar la posible ampliación en un determinado sector si un competidor, con intereses en otro sector, prevé desarrollos urbanísticos que le puedan perjudicar.
Abre la posibilidad de que un constructor --desaprensivo, por supuesto--, quiera fastidiar a su competidor, que durante treinta años no podrá actuar en la zona que él no ha quemado sino que le han quemado. Se puede dar la paradoja de que un incendio en el sur de la Sierra de Guadarrama se extienda, por la fuerza de los vientos, a la provincia de Segovia y que algunos pueblos de esa provincia se vean afectados por un incendio que no han provocado ni han querido y, lógicamente, estarán en contra de que posteriormente se tomen medidas por algo de lo que ellos no son responsables.Creo que con esta medida no sólo no se acabarán los incendios sino que puede ser una coartada para fomentar situaciones que nadie desea.
El Gobierno socialista ha querido, demagógicamente, vincular los incendios a intereses especulativos. El Gobierno socialista ha vinculado los incendios a especulaciones y recalificaciones de suelo forestal. Así lo dijo la señora vicepresidenta del Gobierno: se acabaron las recalificaciones de los montes. Sin embargo, la señora vicepresidenta del Gobierno no sabía lo que decía porque estoy convencido que de esto sabía muy poco y decía lo que marcaba en aquel momento su guión para salir del paso y alejar el descrédito del Gobierno socialista.
La quema del monte para recalificar o cambiar de uso para urbanizar no es la causa real de los incendios. Una investigación especial encargada por el ministerio, en 1990, descarta esta hipótesis como motivo de incendios --y esto lo dijo un Gobierno socialista, en 1990--, como también en este mismo sentido se pronunció la comisión especial del Senado encargada de este asunto.


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Señorías, según los datos del propio ministerio, sólo en el 0,001 por ciento de los casos se puede vincular el cambio de uso forestal a incendios. Los datos del Seprona que corresponden a los incendios acaecidos entre junio y agosto arrojan los siguientes datos sobre los 829 incendios esclarecidos: 227, debidos a causas naturales; 230, debidos a accidentes; 247, debidos a negligencias, y, 125, intencionados --unas veces por pirómanos, otras, por venganzas y por conflictos cinegéticos--.
En esos mismos datos se mueve también el estudio que presento la señora ministra de Medio Ambiente, en el mes de octubre, en el Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, aquí nos surge una pregunta: ¿En qué se apoyaba la afirmación de la señora vicepresidenta del Gobierno cuando con tanto énfasis afirmaba que se habían acabado las recalificaciones de los montes? ¿Había que culpar a alguien para descargar negligencias y culpabilidades propias? ¿Por qué mentir? ¿Por qué engañar a los ciudadanos con un tópico que lo único que pretende es desviar responsabilidades y criminalizar a un sector determinado? Los incendios no se provocan por recalificaciones de terrenos, señorías, porque todo el mundo sabe que un suelo afectado por un incendio no tiene posibilidad de cambio de uso, así figura en estos momentos en la ley vigente. Todo el mundo sabe también que un suelo arbolado tiene más valor para urbanizar que cuando el árbol ha desaparecido por el fuego.
Con este proyecto de ley, que modifica la ley actualmente en vigor, el Gobierno socialista no ha acertado ni en la forma de tramitarlo ni en su contenido, por una razón muy sencilla, porque el diagnóstico no es acertado; más bien es equivocado y erróneo. No acierta cuando resta competencias a las comunidades autónomas y se equivoca cuando pretende atribuir las causas de los incendios a posibles aprovechamientos urbanísticos, criminalizando una vez más a los propietarios, cuando la cruda realidad pone de manifiesto que son otras las causas que provocan los incendios.
El Gobierno socialista no acierta y se equivoca cuando consagra en su proyecto de ley un intervencionismo trasnochado, en el que el propietario es un mero espectador, simplemente oído, pero no atendido, sujeto a obligaciones y limitaciones sin garantías de compensaciones. ¿Creen sus señorías que de esta forma se va a conseguir el objetivo pretendido, es decir, la protección del monte? El propietario no puede ser un mero espectador de algo que es de su titularidad, de su propiedad; debe ser un agente dinámico, implicado en la conservación y protección del monte.
Solamente así conseguiremos que nuestra masa forestal y nuestros espacios naturales estén mejor protegidos. A los propietarios de los montes se les pone obligaciones y limitaciones: usted no puede cortar, usted tiene que pedir permiso para abrir zanjas, para sanear, para repoblar, para limpiar, y ya le diremos cuándo y cómo lo debe hacer, todo ello después de mucho tiempo de espera y de largos expedientes. El propietario, señorías, se ve envuelto en múltiples obligaciones y con muchas limitaciones sobre un monte que es de su propiedad, pero no se le reconoce su aportación al medio ambiente ni lo que supone el hecho de cuidar una masa forestal que va a contribuir a la depuración de ese CO2 que todos enviamos a la atmósfera que todos contaminamos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.


El señor SANZ BLANCO: Estoy terminando, señor presidente, pero piense que se ha tramitado por el trámite de urgencia. Espero la benevolencia del señor presidente. Termino.
Al propietario le ponemos obligaciones y limitaciones, ¿pero le preguntamos si el monte le es rentable? ¿Le preguntamos si pierde economía y dinero con esa masa forestal que está obligado a proteger y forzado a mirarlo a distancia porque tendrá que pedir permiso para podar un árbol cuando una rama se desgaje del tronco por la fuerza del viento o por el peso de la nieve? Señoría, yo creo que lo que mejor pudiera ocurrir con esta ley es que el Gobierno la retirara, porque es una ley mala, una ley que empeora la ley actual, una ley que invade competencias de las comunidades autónomas, abre la posibilidad de empeorar las cosas y criminaliza al propietario de los montes, aparte de otros muchos defectos que, como ya dijimos en comisión, aporta esta ley.
Por lo tanto, señorías, yo pediría al Grupo Parlamentario Socialista que instara al Gobierno a retirar esta ley y al resto de grupos parlamentarios que apoyaran la ratificación de este veto, porque yo estoy convencido de que, dadas las razones que expusimos en el debate en comisión, todos los grupos estábamos más o menos de acuerdo en que esta ley no es buena y que necesitamos otra ley. Por lo tanto, lo mejor sería retirarla o apoyar este veto, para que el Gobierno reflexionara y tuviera en cuenta los inconvenientes que lleva consigo esta ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Bella.


El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el veto que presenta el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley no queda suficientemente justificado. Todo el mundo entiende la necesidad de modificar la Ley 43/2003 en base a cuatro criterios fundamentales. El primero es que, resulta evidente que hay que clarificar aspectos muy poco precisos de esa ley. Nadie duda en este momento de que se han detectado suficientes deficiencias en esa norma, como para que todo el mundo piense que hay que modificarla. Por tanto, para cuidar mejor y conservar el patrimonio natural de nuestros montes y bosques es necesaria la modificación de esa ley.
En segundo lugar, la precisión de la norma conllevaría un aumento de las garantías necesarias para la protección de esos espacios amenazados y, en consecuencia, la persecución de los posibles delitos medioambientales. La ley también necesita un mayor rigor para actuar contra la utilización del fuego con fines especulativos, frente a las acciones de los pirómanos que persiguen esta finalidad y está

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más que demostrado. Pero al mismo tiempo las propias organizaciones profesionales, sociales y empresariales han abogado realmente para que haya un ley de montes más ampliada y modificada, que permita ser un instrumento adecuado.
En la elaboración de esta ley ya se han admitido más de 40 enmiendas en el Congreso de los Diputados. Ha sido un proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, por el de Justicia y el del Interior. Se han elaborado los preceptivos informes por el Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal y se han hecho las suficientes consultas a las organizaciones profesionales, sociales y empresariales del sector forestal. Pero, por si fuera poco, también se ha tenido en cuenta el compromiso adquirido por este partido y el Gobierno cuando tomó posesión, sobre todo, en lo referente a la creación de una fiscalía especial para los delitos ecológicos, en la defensa y el mantenimiento del patrimonio actual de suelo ecológicamente activo, en la promoción y recuperación de los suelos degradados y en la incorporación de criterios de sostenibilidad a la ordenación del territorio, el urbanismo y las infraestructuras, principalmente estableciendo límites serios al uso del suelo.
Los objetivos que se han planteado son varios. En primer lugar, proteger los bosques y los montes españoles. En segundo lugar, perseguir y castigar los delitos medioambientales. Y en tercer lugar, destinar fondos y esfuerzos a la mejor conservación y desarrollo de toda la masa arbórea del país. Por lo tanto, el nuevo texto presenta mayor rigor y contundencia. Es una normativa más precisa y exhaustiva a la hora de avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. El veto contradice el cumplimiento de tales objetivos y se disuelve y se evapora en una intrascendente demagogia, que dificultaría absolutamente la posibilidad de avance tanto en la protección como en el castigo o en la mejor conservación y aumento de la masa arbórea de este país. Los criterios para establecer estos objetivos están claros. En primer lugar, se trata de clarificar aspectos que, como digo, quedaron poco precisos en esa ley.
En segundo lugar, aumentar las garantías de protección de los espacios y los suelos forestales. Y el tercer criterio son las actuaciones contra la utilización del fuego con fines especulativos. Por tanto, en este momento no cabe simplificar tanto el problema y pensar que esta ley se hace exclusivamente para adoptar una medida. La entidad del veto que ustedes plantean se basa exclusivamente en una enmienda sectorial hacia una de las medidas concretas.
¿Cuáles son los instrumentos de esta ley para acabar con los problemas que hemos detectado? En primer lugar, se prohibirá cambiar el uso del suelo durante 30 años tras un incendio. Desaparecerá así la posibilidad del cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizables.
Esto ya es un logro en sí mismo para profundizar en la mejora de los bosques de nuestro país.
En segundo lugar, se impide la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal en las zonas quemadas para garantizar su recuperación. Ninguna tolerancia hacia ningún delito ecológico, y en particular hacia los incendios forestales que conllevan gravísimas consecuencias sociales y económicas.
La tercera medida es que se crea la figura del fiscal de la sala de medio ambiente. El proyecto de ley introduce la modificación de la ley reguladora del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, con la labor de dedicación en exclusiva para actuar frente a los delitos contra el medio ambiente, los incendios forestales, la ordenación del territorio y el patrimonio histórico. En la fiscalía de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias provinciales existirán secciones de medio ambiente especializadas en la ordenación del territorio, los incendios forestales, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, así como la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos.
Buscamos precisión, rigor y contundencia ante cualquier delito ambiental.
Por lo tanto, hay no sólo que hablar de sostenibilidad en este aspecto, sino que hay que asumirla con todas las consecuencias. Hemos estado oyendo hablar al Partido Popular de sostenibilidad a lo largo de ocho años de Gobierno, pero nunca se ha querido atajar seriamente el problema.
Otra de las medidas que se adoptan dentro de la ley es la figura de los agentes forestales, a los que se les otorga naturaleza de agentes de autoridad, lo cual va a servir para esos objetivos que nos proponemos.
Hay una medida más, que es la creación de un fondo para el patrimonio natural destinado a financiar programas de limpieza de montes y bosques, reforestación y vigilancia forestal, entre otros que serán desarrollados por las respectivas comunidades autónomas. La materialización de este fondo garantizará la estabilidad y continuidad de los recursos económicos en apoyo de los espacios forestales. De esta forma el fondo apoyará más acciones de prevención de incendios forestales, mayor desarrollo de cultivos que faciliten el mantenimiento y conservación de los bosques y más acciones específicas de investigación en materia forestal.
Otra de las medidas que nos va a permitir esta ley es que se extenderá la protección que se deriva del catálogo de montes de utilidad pública a la totalidad de la masa forestal. Definitivamente se abandona el criterio de la titularidad del monte como elemento clave para la atribución de las competencias de gestión. Las limitaciones que con el objetivo de conservación por su alto valor social y ambiental se establezcan para los dueños de los montes podrán ser objeto de compensación económica. La sensibilidad ecológica y ambiental asumida por nuestra sociedad actual y la consideración expresa que refleja el conjunto del país hacia la multifuncional de nuestros bosques y montes trasciende los intereses privados y convierten la conservación y la ampliación forestal en una cuestión de orden público generada a raíz de una preocupación general de la sociedad española. Debemos aplicar la lógica constitucional derivada del artículo 45, según la cual la protección debe tomar como referencia las cualidades objetivas del recurso que se ha de conservar y restaurar.
Otro de los instrumentos que nos va a facilitar esta ley es que se va a impulsar la certificación forestal, reconocida

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como un instrumento voluntario, transparente y no discriminatorio, aunando el compromiso de las administraciones públicas de promover el consumo responsable de productos forestales en los procedimientos de contratación pública. El objetivo, en fin, es favorecer la adquisición de madera y productos derivados procedentes de bosques y explotaciones que se rigen por criterios ambiental y socialmente responsables, evitando aquellos procedentes de talas ilegales incluso de terceros países.
La última medida es la que se ha precisado referente a la delimitación de las competencias, ahondando con respecto a la Ley 43/2003 en la claridad y la definición de las competencias pertenecientes a la Administración del Estado y las pertenecientes a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, además, podrán regular el acceso público a los montes, y en particular el acceso de vehículos a motor, cuestión difícil pero más que necesaria. Por tanto, corresponde al Gobierno la aprobación de la normativa reguladora de los requisitos mínimos de ordenación y aprovechamiento de los montes, mientras que serán las comunidades autónomas las competentes para aprobar las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de tales montes.
Por lo tanto, si hurgamos en la necesidad de cambiar la ley, si hurgamos en los objetivos que se establecen en la modificación de esta ley, si nos paramos a mirar los criterios a través de los cuales se han establecido esos objetivos y cuáles son las medidas que esta ley nos va a aportar para la gestión de nuestro bosque, evidentemente pensamos que no podemos perder la oportunidad y, por tanto, no tiene ningún sentido dar veracidad a ese veto que plantea el Grupo Popular. De hecho, pienso que ese veto, que se encamina fundamentalmente hacia una de las medidas que plantea esta ley, no hace más que reducirlo y, evidentemente, dejar más que en evidencia esa pobre concepción que de la ordenación del territorio y de la sostenibilidad tiene el Partido Popular.
Así pues, nosotros no vamos a apoyar ese veto, hacemos este turno en contra y solicitamos al resto de los grupos de la Cámara que tengan a bien seguir con el debate de esta ley porque realmente es un instrumento muy importante para la conservación de los montes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comenzamos con el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a consumir el turno de portavoces sobre el veto que ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Popular y tan bien defendido por el senador Sanz, con tanta claridad.
Ya le anticipo, senador, que no lo voy a votar a favor. Le voy a dar la razón en muchas cosas, pero no lo voy a votar a favor. No lo voy a hacer porque hay muchas enmiendas, y, si sacáramos el veto adelante, como ocurrió en comisión, acabaríamos ya el debate --cosa que agradeceríamos todos, a estas horas de la noche--, pero no podríamos defender las enmiendas tan interesantes que los grupos hemos presentado.
Ahora quiero observar el veto desde dos puntos de vista. Primero, el del procedimiento. Es profundamente lamentable que una ley tan importante, que tiene objetivos tan asumibles --como ha dejado tan claro el portavoz socialista-- y tan dignos de ser apoyados, haya sido declarada de urgencia por el Gobierno, y que esta urgencia la haya tenido cinco meses en el Congreso de los Diputados y 20 días escasos en el Senado. En la comisión tuvimos que debatir las enmiendas cuando apenas se habían publicado y ni siquiera los miembros de la comisión las conocíamos. Si eso es dar facilidades para enriquecer un texto de cuya importancia no me cabe la menor duda, la moral se me queda un poquito baja. Si se pretende que esta Cámara haga una buena contribución a una ley que llega del Congreso, habría que arbitrar otros procedimientos y otras maneras.
A pesar de todo, hemos presentado muchas enmiendas que tienden a mejorar una ley que es precipitada, que no está justificada, que está inspirada en una coyuntura muy concreta, que es obsesiva con algunos conceptos y que invade competencias de las comunidades autónomas. Las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en ordenación del territorio, ya me dirán ustedes cómo las van a ejercer cuando se apruebe la ley que debatimos.
Los principios de proteger el monte, de perseguir y de castigar, tres de los motivos que se han expuesto, no se van a cumplir. Esta ley no será más eficaz para luchar contra los incendios, y espero y deseo que no sea contraproducente y consiga lo contrario de lo que dice que va a conseguir. Evidentemente, parte de la bondad humana, y no todos los humanos son bondadosos. Es una ley alejada de la realidad, y aún diría más: tiene una visión desde la meseta, y no quiero decir «mesetaria». Yo soy del Pirineo, y esta ley es de difícil aplicación allí: no tiene en cuenta la realidad de los montes, de los bosques, de las delimitaciones municipales, de los linderos o de los caminos; difícilmente conseguirá lo que dice. No garantiza la gestión forestal sostenible, en contra de lo que se dice en el preámbulo.
Además, la ley es obsesiva. Las causas de los incendios no siempre se deben a la acción humana. Es más, estadísticamente, por lo menos en Aragón, se deben más a los fenómenos naturales que a la acción humana. El rayo es la primera causa de los incendios en Aragón, y me imagino que también en otras comunidades autónomas. Fundamentalmente, los incendios se deben a la falta de prevención, cosa que con esta ley tampoco se va a corregir. La educación medioambiental de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad, la limpieza de los bosques, los cortafuegos, los depósitos de agua, en definitiva las inversiones necesarias, con simplemente hacer la ley no vamos a conseguirlas. Además, no se cuenta con un elemento fundamental: los vecinos y los propietarios de los montes.
Con todas estas cuestiones, comprenderán que haya más de una razón para apoyar lo que el senador Sanz ha defendido. Sin embargo, por razones prácticas, me permitirá que no le dé el voto en esta circunstancia, señoría.
Gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, presidente.
Yo, al igual que el senador Mur y el senador Sanz, lamento que esta ley, que ofrece la oportunidad de hacer las modificaciones adecuadas y conseguir una ley de montes que cumpla con los objetivos de la de 2003, se tramite por el procedimiento de urgencia. Lamento también que se debata en esta Cámara a la una y media de la noche, después de una jornada de más de catorce horas de trabajo. Por tanto, sinceramente, no le auguro ningún futuro esperanzador. Yo creo que se pierde la oportunidad de aprobar una ley que, en vez de mejorar ligeramente la Ley de Montes de 2003, podría mejorarla considerablemente.
Nuestros montes son totalmente distintos. No se puede considerar exactamente igual un monte de la Cornisa Cantábrica que uno del Mediterráneo o uno de las islas Canarias. Tienen especies vegetales distintas, floras distintas, densidades de masa forestal distintas, importancia diferente para cada sociedad, incidencia distinta sobre el entorno, régimen de propiedad, porcentaje público y privado totalmente distintos. Incluso es diferente la aplicación del artículo 50 referido al mantenimiento y restauración de carácter forestal de los terrenos incendiados prohibiendo el cambio de uso forestal al menos durante 30 años, período que se toma porque es el tiempo equivalente al necesario para regenerar la masa forestal, pero que en el caso de Canarias es de un año, porque las plantas endémicas de Canarias resisten el fuego y, por tanto, al año siguiente ya se han regenerado.
Es por ello una ley que probablemente no nos lleve a avanzar lo que todos quisiéramos ni a proteger la actividad forestal en España. Sin embargo, entiendo también, al igual que el senador Mur, que el veto no nos ayuda a mejorar el proyecto de ley. Espero de este Senado, a pesar de la hora, a pesar de la urgencia, que consigamos aprobar algunas enmiendas que mejoren ligeramente este proyecto de ley, y lamento este trámite por el procedimiento de urgencia, y también lamento la hora en que se debate.
Nosotros no vamos a apoyar el veto, pero creo que esta ley, lamentablemente, no tiene un futuro muy esperanzador para nuestros montes.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, la verdad es que en principio no quería intervenir porque, efectivamente, en el debate en comisión del veto ya expliqué la posición de nuestro grupo parlamentario, pero en esta ocasión lo hago porque tengo la sensación de que el Grupo Parlamentario Socialista está enrocado en la posición de la absoluta verdad, y por tanto enmiendas que se han presentado y que tienen una lógica absoluta, desde nuestro punto de vista, obtienen poca comprensión. Por ello, voy a usar este turno de portavoces para ver si puedo convencer al grupo que da soporte al Gobierno de que se incorporen algunas de las enmiendas que hemos presentado los diferentes grupos de la Cámara.
De hecho, señor presidente, señoras y señores senadores, con la presentación del actual proyecto de ley el Gobierno, a nuestro entender, pierde una gran oportunidad de iniciar un proceso de solución para una serie de problemas que tiene el sector forestal, en el más amplio sentido de la palabra. En cambio, el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que modifica la Ley 40/2003, de Montes, y no aprovecha la ocasión para presentar un proyecto de ley moderna, acorde con las necesidades no sólo del sector forestal,para que sea éste viable, sino para que también sea capaz de que el bosque continúe aportando ese importante capital medioambiental al conjunto de la sociedad.
Lo que sí logra el proyecto de ley con gran maestría es la criminalización del sector, ya que, de entrada, sin ninguna competencia en ordenación del territorio, condena a todos los montes que se quemen, por ejemplo, a la prohibición de recalificación por un tiempo de treinta años, independientemente de las competencias que en ordenación del territorio tienen las comunidades autónomas. Señoras y señores senadores, éste es un titular fácil en los medios de comunicación, pero creo que, efectivamente, es el resultado de una posición poco estudiada. Pero vayamos por partes.
Quien regula la posibilidad de que una finca o un monte cambie su uso es, desde nuestro punto de vista, la comunidad autónoma a través de sus respectivas consejerías de Medio Ambiente o de Agricultura. Por tanto, si en aplicación de una normativa propia de una comunidad autónoma no se puede cambiar el uso de un monte, ese uso no se puede cambiar se queme o no se queme ese monte. Y si en aplicación de las normas de una comunidad autónoma sí se permite el cambio de uso de un monte, ese cambio se debe permitir se queme o no se queme dicho monte. Por tanto, no podemos castigar por dos veces a un monte --digámoslo así-- por el solo hecho de que se haya quemado, sobre todo tal y como ha sido explicado por diferentes portavoces cuando han dicho que en la inmensa mayoría de los incendios forestales no hay voluntad de que éstos se produzcan, y que de hecho en muchas ocasiones hay incendios a muchísimos kilómetros de distancia provocados por la caída de rayos o por las líneas de alta tensión, elementos importantes en el origen de estos incendios.
En otras legislaturas tuve la oportunidad de formar parte de una ponencia que hizo un estudio sobre incendios forestales. Efectivamente, cuando llegamos a las conclusiones se habló de que los grandes incendios forestales eran el resultado de elevadas temperaturas, de sequedad ambiental, de sequías persistentes, de fuertes vientos, de variedades resinosas de árboles de tipo mediterráneo, y sobre todo de que el monte está sucio puesto que hay en ellos una gran cantidad de materia vegetal puesto que no se limpian. Y cuando se dan todas estas circunstancias y empieza

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un fuego, se produce un gran incendio que no tiene en cuenta las fronteras provinciales, comarcales ni de comunidades autónomas y que se extiende por cualquier territorio. Esos son los hechos.
¿Y por qué hay grandes incendios forestales? Porque el bosque no es rentable y la gente no invierte en algo que no lo es. Por tanto, como el sotobosque está lleno de maleza, en el momento en que se dan esas circunstancias de temperaturas elevadas, baja humedad y vientos importantes, no hay quien pueda parar un incendio forestal.
Pero nosotros nos centramos en el castigo de los 30 años, que veremos cómo termina, porque yo estoy convencido de que los Parlamentos autonómicos van a actuar rápidamente en lo atinente a la ordenación de su territorio. Y es que, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, nada tiene que ver un bosque canario con uno de Galicia, con un monte de Castilla o con un bosque mediterráneo. Son problemas absolutamente diferentes, con lo cual, tratar por igual problemas diferentes es no querer darle solución al tema. Por tanto, señor presidente, aunque podríamos tener esa tentación, no vamos a dar soporte al veto por entender que se abre la posibilidad de que algunas enmiendas presentadas por diferentes grupos parlamentarios se incorporen. No obstante --y ya termino--, quiero poner sobre la mesa la posición de nuestro grupo parlamentario al haber declarado el Gobierno como de urgencia este proyecto de ley. Mientras que en el Congreso de los Diputados desde su publicación por el Gobierno hasta su aprobación han pasado, no ya cinco meses sino siete --pasó un mes para que el documento fuese desde La Moncloa hasta el Congreso--, resulta que a nosotros nos han dado veinte días tan sólo, y para que hoy, cuando es ya la una y media de la madrugada, aprobemos un tema que no es precisamente baladí puesto que puede afectar a muchísima gente. Lo cierto es que tenemos que conseguir que pase de una forma tan rápida que no hemos tenido ni tiempo de poderlo tratar en ponencia para acercar posiciones. Un tema tan importante como éste tuvimos que tratarlo en comisión un martes por la tarde cuando se habían publicado las enmiendas ese mismo día por la mañana, es decir, que no tuvimos posibilidad alguna de poderlas estudiar.
Es más, se aprobó el veto en la comisión porque no estábamos dispuestos a que en el momento de votar en el Pleno se hubieran presentado unas enmiendas que desconocíamos y tuviésemos delante un proyecto difícilmente solucionable por las contradicciones que conlleva.
Por lo tanto, tenemos la posibilidad de tener el mismo texto que nos llegó del Congreso de los Diputados y pido al Grupo Parlamentario Socialista que reflexione. Hay muchas enmiendas buenas que se pueden incorporar y la propuesta que hace el ministerio es tan mala como la que teníamos antes, pensada por burócratas y gente que sólo conoce el bosque de fin de semana.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías. Aunque ya es tarde, creo que es importante plantear desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos cuál es nuestra posición en relación a la ratificación del veto que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente la pasada semana.
En primer lugar, como grupo parlamentario, tenemos que decir, tal y como manifestamos en la Comisión de Medio Ambiente, que el procedimiento de urgencia llevado a cabo en esta Cámara nos hace debatir y tramitar proyectos de ley importantes e interesantes en un período de tiempo de 20 días que apenas da para tan siquiera plantear con detenimiento un análisis del proyecto de ley que nos llega del Congreso y presentar unas enmiendas incluso hasta coherentes con respecto a lo que se plantea en el propio texto del proyecto de ley. No digo ya lo que eso supondría a la hora de poder analizar detenidamente y de forma exhaustiva las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios para poder posicionarse sobre las mismas.
Quizá ésa es la crítica que podemos hacer respecto al procedimiento de urgencia, sin olvidar que el propio Consejo de Ministros ya adoptó la urgencia del proyecto de ley y lo calificó bajo esa determinación, y así ha sido tramitado también en el Congreso, pero los reglamentos de las Cámaras son distintos y esto nos lleva a actuar como lo estamos haciendo y a debatir a estas horas un proyecto de ley interesante e importante, y lo digo desde la perspectiva de una comunidad autónoma en la cual el 54 por ciento del territorio es masa forestal.
Por tanto, estamos incidiendo en una actuación en la cual un porcentaje muy importante del territorio de la comunidad autónoma a la que pertenezco se vería afectada directamente por esta ley de montes que en este momento va a ser objeto de modificación respecto a una ley que ya aprobamos en el año 2003. En el año 2003, cuando se aprobó la nueva normativa en materia de montes, la Ley de Montes de 21 de noviembre, que es la que vamos a modificar ahora a través de este proyecto de ley, tal y comentó mi compañero de grupo y entonces portavoz de este grupo parlamentario en el debate del mismo, el senador Gatzagaetxebarría, pretendía sustituir una ley incluso preconstitucional, porque la vigente en esos momentos era del año 1957.
Por aquel entonces el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos valoró como positiva la innovación que se introducía en materia de montes, dado que se procedía a tener una legislación actualizada y moderna y más acorde a la realidad del Estado autonómico del cual nos habíamos dotado y en el que había un claro reparto competencial, pero ni entonces ni ahora, que debatimos este proyecto de ley que modifica la Ley de Montes de 21 de noviembre de 2003, ha presentado veto. La ley que sustituía a la de 1957 la veíamos positiva con independencia de que mantuviéramos discrepancias en relación con su contenido, lo cual dio origen incluso a la presentación de numerosas enmiendas; en su momento este grupo parlamentario presentó un total de 134 enmiendas a ese proyecto de ley. Y también le digo, senador Sanz, que muchas

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de las enmiendas que este grupo parlamentario planteó al proyecto de Ley de montes de 21 de noviembre fueron precisamente desde la perspectiva competencial, es decir, entendíamos que había una invasión de competencias y, por tanto, se les limitaba el ejercicio de competencias que tenían atribuidas las comunidades autónomas en sus propios estatutos de autonomía.
A la hora de dar una serie de razones --con independencia de que también ha dado otras-- para presentación del veto por parte de su grupo parlamentario, ha dicho que hay una invasión de competencias de las comunidades autónomas. La verdad es que la había en la Ley de Montes de 21 de noviembre y la hay en estos momentos, pero también tengo que decirle --y se lo digo sincera y honestamente desde esta tribuna-- que aunque la propuesta de modificación de ciertos artículos a través de este proyecto de ley limita el ejercicio competencial en algunos aspectos, he de decir también que mejora sustancialmente el ejercicio competencial de las propias comunidades autónomas e incluso de entidades locales que la ley vigente restringe de alguna manera.
El tema fundamental es que hay aspectos que se introducen con la modificación --referidos fundamentalmente a incendios forestales desde la perspectiva de mejora de medios materiales, humanos, formación del personal, coordinación y colaboración-- que son importantes e interesantes, pero todos sabemos en esta Cámara que la prevención es el mejor ámbito para evitar incendios puesto que una buena parte de los mismos --y usted también lo ha dicho a la hora de dar los datos estadísticos-- se generan por conductas y actitudes negligentes y poco responsables. Tirar un cigarrillo por la ventanilla de un automóvil en marcha en una zona donde hay una importante masa forestal y en un momento en el que hay una incidencia importante de la sequía supone, en definitiva, un riesgo elevado y, por tanto, habrá que educar al conjunto de la sociedad para erradicar esas conductas de riesgo que las tenemos por normales y que, sin embargo, pueden generar un incendio forestal y la destrucción de una importante superficie de masa forestal.
La medida planteada --que es una de las cuestiones que yo creo que más dilema ha suscitado y suscita con respecto a la modificación de este proyecto de ley que pretende reformar la Ley de 21 de noviembre-- en relación con la imposibilidad de cambio de uso de la superficie forestal en 30 años si ésta se ha visto afectada por un incendio la podemos entender como vulneradora de los derechos del propietario sobre su propiedad, de las competencias de comunidades autónomas e incluso de competencias de entidades locales. Sin embargo, entendemos que la medida lo que busca es un proceso de regeneración de la cubierta vegetal y un proceso de reforestación ordenada que permita recuperar masa forestal, lo que ante todo tiene un efecto altamente positivo no sólo sobre el desarrollo socioeconómico --coherente también con la protección medioambiental--, sino que tiene una incidencia directa sobre factores que actúan en el proceso del cambio climático. Aquí estoy totalmente de acuerdo con algunas matizaciones que se han hecho por parte de algunos portavoces parlamentarios, incluso el portavoz de Coalición Canaria decía que no toda la superficie forestal ni toda la masa forestal es idéntica y que hay diferencias en cuanto a la propia esencia de la masa forestal de unas comunidades autónomas a otras porque los climas son distintos, el tipo de vegetación es distinto y, por tanto, el proceso de regeneración de la cubierta también es distinto, con lo cual esos procesos de reforestación también son distintos y también las limitaciones pueden ser matizadas y pueden ser distintas. Sin embargo, entendemos que los objetivos que se pretenden son positivos, y se establecen una serie de excepcionalidades, que incluso podríamos incrementar, dado que sería positivo que las comunidades autónomas, en el uso de esa excepcionalidad, pudieran acometer actuaciones de interés general para la propia comunidad autónoma.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Termino, señor presidente, diciendo que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra del veto que, como no podía ser de otra forma, ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a través de su portavoz, el senador Sanz, por entender que este proyecto de ley que modifica la Ley de Montes de 21 de noviembre también contiene aspectos positivos, tal y como lo hacía la propia ley que aprobamos en su momento el 21 de noviembre de 2003.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, yo también me sumo al criterio de estos portavoces que no entienden por qué se tiene que tramitar por el procedimiento de urgencia un proyecto de ley de modificación de la Ley de Montes. No lo entiendo, como tampoco entendí, señor Sanz, que tuviéramos que tramitar con tanta prisa el Estatuto valenciano. Son situaciones legislativas que no acabo de comprender.
Pero antes de entrar en el debate de la propuesta de veto que plantea el Grupo Parlamentario Popular, sí quisiera decir dos cosas. En primer lugar, no creo que sea bueno mezclar la tragedia de Guadalajara con la motivación de la propuesta de modificación de esta ley. Son cuestiones que no se deberían mezclar y todos tendríamos que tener un gran respeto a tragedias de este tipo y no mezclarlas con el justo y legítimo debate político de los diferentes grupos parlamentarios.
En segundo lugar, quisiera señalar que es una exageración reducir este proyecto de ley a la ligazón entre incendios y especulación urbanística y, a partir de aquí, establecer como penalización la prohibición de uso de esos bosques incendiados durante 30 años. Considero que es un reduccionismo de la lectura de esta modificación de ley.
En definitiva, mi grupo parlamentario es de los que considera que la Ley de Montes de 2003 que elaboró el

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Partido Popular era francamente mejorable, desde un punto de vista de las políticas forestales y de montes; era francamente favorable desde el punto de vista medioambiental y era francamente mejorable --no me explicaré mucho mejor que la senadora Loroño-- respecto a los aspectos competenciales.
En este sentido, este proyecto de ley incorpora cinco aspectos que, desde nuestro punto de vista, son importantes, como es el lograr una mayor participación e implicación de los sectores sociales y económicos en las políticas forestales y de montes; conseguir la definición de estrategias para la recuperación económica y socioambiental de los bosques y montes; la posibilidad de adoptar políticas que no sólo afecten a los problemas inmediatos que tienen nuestros bosques y montes sino que puedan abordarse políticas de resistencia frente a un problema tan grave y tan urgente como es el del cambio climático.
Asimismo, este proyecto nos permite poder afrontar con claridad y, a partir de la experiencia adquirida, la defensa, la preservación y un mejor aprovechamiento de nuestras masas forestales y, en definitiva, la lucha contra los incendios no sólo desde un aspecto legislativo, en el sentido de la suerte o la bondad que pueda tener esta ley, sino abordarlo con toda una serie de instrumentos, presupuestarios, de coordinación, de adopción de medidas que, en definitiva, son los que permiten luchar contra los incendios.
Los problemas de nuestros bosques y montes van en paralelo al abandono del mundo rural, a los problemas y dificultades que atraviesa el mundo rural español. Como han señalado otros portavoces, la pérdida de valor económico, los incendios, la presión urbanística, los efectos del cambio climático, entre otros, son problemas que afectan a todo este entorno forestal tan importante en España. Es una realidad muy compleja y este proyecto de modificación de la Ley de Montes nos permite obtener un mejor instrumento legal para poder abordarlo.
Quisiera terminar mi intervención diciéndole al señor Sanz que nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de este veto. Este proyecto de ley de modificación mejora la actual ley desde el punto de vista medioambiental y forestal, aunque todavía tiene mucho que mejorar en lo que a aspectos competenciales se refiere.
Por todo ello, señorías, señor presidente, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra del veto del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Castaño.


El señor CASTAÑO DEL OLMO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el tono empleado por todos los portavoces que han subido a la tribuna a manifestar su opinión en contra del veto planteado por el Grupo Parlamentario Popular; un veto que se plantea por una de esas razones que no se suele entender, ya que este proyecto de ley se tramita porque la urgencia de la situación así lo requiere. (Más que agua me podían haber traído un café dado la hora que es.--Risas.) Teniendo en cuenta que el trámite parlamentario por el procedimiento de urgencia son normas que a todos obliga, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y que la culpa de que este trámite sea así no es de esta Cámara, ni del Grupo Parlamentario Socialista ni del Gobierno, debo recordar que en este caso el mismo se aplica por una demanda social del pasado verano para que se tramitase la reforma de la Ley de Montes vigentes porque resultaba ineficaz para luchar contra los incendios forestales.
En el año 2003 las Cortes aprobaron una nueva normativa en materia de montes a través de la cual se procedía a actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada en la Constitución Española y con los principios de gestión forestal sostenibles que deben informar la ordenación y conservación de los montes españoles. La naturaleza de la materia regulada, su complejidad y la convergencia de potestades legislativas estatales básicas y autonómicas, amén de la existencia de legislaciones autonómicas forestales elaboradas con carácter previo a la promulgación de la Ley 43/2003, ha conducido al planteamiento de recursos de inconstitucionalidad contra la ley motivados por una presunta invasión de competencias autonómicas imputable a una extralimitación del alcance de las previsiones de carácter básico contenidas en dicha ley.
Adicionalmente, y a pesar del poco tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley 43/2003, se ha podido detectar en la norma ciertas deficiencias e insuficiencias concernientes, no sólo a la correcta definición de las atribuciones que, de acuerdo con determinados preceptos de la ley corresponden a diferentes administraciones públicas, sino también referidas a la propia ordenación de los mecanismos de protección y conservación de los montes, especialmente de aquellos que tienen que ver con la lucha contra los incendios forestales y con la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo de los distintos tipos de montes.
Estas circunstancias aconsejaban acometer una modificación parcial y muy definida de la ley en un momento todavía inicial del proceso social y una adaptación de los sistemas de ordenación de los montes a las prescripciones recogidas en el nuevo modelo de gestión forestal sostenible. En este contexto ha parecido necesario superar el enfoque marcadamente dualista que ha informado tradicionalmente la legislación forestal excesivamente basada en la diferenciación de los regímenes jurídicos de los montes en función de su titularidad pública o privada.
El conjunto del patrimonio forestal del país, la importancia de la función ambiental de los bosques independientemente de su carácter público o privado justifican un tratamiento más uniforme a través del establecimiento de disposiciones generales comunes que permitan su aplicación, definición o desarrollo por medio de las distintas legislaciones autonómicas.
En este sentido, y como novedad de esta ley, hay que destacar la regulación introducida en relación con el catálogo

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de montes de utilidad pública, que ha constituido históricamente un instrumento útil para la defensa y protección jurídica de los montes públicos con la finalidad de extender esta protección a la totalidad de la masa forestal y aplicar la lógica constitucional derivada del artículo 45, según el cual la protección debe tomar como referencia las cualidades objetivas del recurso que se ha de conservar y restaurar. Se añade a la ley un nuevo capítulo sobre las figuras de los montes protectores y protegidos. La especial importancia de estos montes, sean públicos o privados, deriva de los especiales valores que incorporan y les hacen acreedores de una singularidad que justifica la adopción de una regulación y un registro propio a través de los cuales las administraciones puedan velar por su especial protección y salvaguarda.
Algo que se ha comentado aquí mucho, en particular por el representante del Grupo Parlamentario Popular para la propuesta de este veto, es en cuanto al cambio de uso de los terrenos forestales, cambio de uso de los terrenos forestales incendiados en donde se ha llegado a decir, incluso, que puede haber algún tipo de competencia entre algunos vecinos para perjudicar a otros o incluso de algunos propietarios para perjudicar a otros quemando el suelo.
Y yo le digo una cosa y es: ¿cómo es posible que se pueda pensar esto si existiendo un planeamiento previamente aprobado ese planeamiento está vigente y, una vez que el suelo es rústico, tendría que hacerse un nuevo plan de ordenación territorial? Debería hacerse en tal sentido que antes de que se incendiase ese terreno, antes de que se cambiase el uso de ese sector, la calificación jurídica de ello ya fuera rústico, con las especiales incidencias que puede tener el rústico de especial protección.
Y hoy nos dice usted que puede ser que por un incendio forestal en el terreno de un vecino se le puede perjudicar a otro y la imposibilidad de cambiar el uso de ese suelo durante 30 años hace más necesario incluso que apoyemos esta ley para que no pueda especularse con el suelo que se incendie y que no se pueda especular con diferentes sectores para urbanizar terrenos que hoy día son considerados como rústicos, y como rústicos de especial protección, como es el caso de los forestales. Y el cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos en otros de carácter agrícola, pascícola, industrial, urbanizable se ha tratado de justificar en la pérdida de valor de dichos terrenos, al carecer de vegetación arbórea como consecuencia del desastre ecológico ocasionado por el incendio. En muchas ocasiones el cambio de uso no se promovía de forma inmediata tras el siniestro, sino sólo tras repetidos incendios en ese terreno forestal, que quedaba de esta manera en una situación de casi total degradación vegetal que dificultaba la posibilidad de rechazar justificada y motivadamente las peticiones de cambio de uso forestal, y ello en la medida en que estos terrenos en un corto plazo ya no podían alcanzar el potencial forestal arbolado que poseen antes del incendio.
Los incendios forestales tienen como causa en una pequeña parte de casos los fenómenos naturales, no como ha dicho usted, y desgraciadamente una inmensa mayoría de supuestos acciones humanas ya sean negligentes o dolosas. En ese sentido, en un país avanzado como es el nuestro, no puede permitirse una actitud de tolerancia hacia ningún delito ecológico ni en particular hacia los incendios forestales que conllevan gravísimas consecuencias sociales y económicas, incluyendo la pérdida de vidas humanas.
La especulación urbanística con los terrenos que resultan afectados por los incendios forestales constituyen una causa importante de ellos. Si se compara cómo estaba el litoral español hace veinte años y cómo está ahora, la diferencia es evidente, con miles de urbanizaciones que hoy se elevan sobre antiguas masas forestales. Han sido numerosos los pequeños incendios que acababan con los pinares en las costas. Hoy esas hectáreas quemadas están ocupadas por hoteles, urbanizaciones o campos de golf. La gravedad del problema merece un tratamiento más decidido que por parte...


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya, por favor.


EL señor CASTAÑO DEL OLMO: Termino ya, señor presidente.
Decía que la gravedad del problema merece un tratamiento más decidido que por parte de la ley de montes a través de medidas concretas y, en especial, por la fijación de un amplio plazo temporal para la previsión del cambio de uso forestal por razón del incendio.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta propuesta de veto por las razones evidentes que aquí les he explicado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.


El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer unas breves consideraciones en relación con las opiniones de los diferentes grupos parlamentarios.
En primer lugar, quiero dar las gracias a varios grupos parlamentarios porque en sus argumentaciones hemos coincido prácticamente en todo el razonamiento. Otra cosa es que hayan cambiado su intención de voto por circunstancias especiales.
Me voy a referir, en primer lugar, a mi amigo el senador Bella Galán. Yo creo que el Partido Socialista está enrocado en el concepto de que los incendios forestales son debidos principalmente a ideas especulativas. Yo le aconsejaría al senador Bella Galán y al último portavoz del Partido Socialista que se leyeran los datos que el propio Ministerio de Medio Ambiente y la propia ministra ha expuesto en el Congreso de los Diputados, donde las causas del cambio de uso por incendios no llega al 0,001 por ciento, es decir, prácticamente inexistente.
En segundo lugar, al último portavoz del Partido Socialista, le diré que no le voy a contestar porque no he encontrado una argumentación razonable. Creo que o no se

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ha leído la ley, o no la ha entendido, o algo por el estilo, porque, la verdad, lo ha hecho todo bastante confuso y complicado. Le aconsejaría, señoría, que se leyera la ley en relación con las consecuencias que va a ocasionar la prohibición durante 30 años de cambio de uso forestal. Me alegraría que usted reflexionara sobre ello, a no ser, como digo, que no haya entendido el significado de la medida.
El portavoz de Convergència i Unió dice que estaba tentado de votar a favor del veto. Creo que a estas horas de la madrugada sería bueno que cayera en esa tentación, además por una razón fundamental, porque nos ahorraríamos tiempo en el debate de las enmiendas, porque ustedes saben muy bien el destino que van a tener. Por sentido pragmático, les diría que apoyaran este veto, porque ya saben ustedes cuál va a ser el destino de esas enmiendas en el Congreso de los Diputados. Y lo mismo le digo al senador Mur.
Y fíjense ustedes si es mala esta ley que la propia ministra de Medio Ambiente ni se atrevió a presentarla en el Congreso, ni se ha atrevido tampoco a presentarla en el Senado, porque ella sabe que la motivación de esta ley está vinculada a unas circunstancias muy especiales, a pesar de que el portavoz de Entesa haya querido desligarlo. Como digo, esta ley está motivada en unas circunstancias muy especiales, en unas circunstancias trágicas, en las que el Gobierno se vio involucrado por mala coordinación, por falta de precisión y por ausencia de medios.
Por tanto, la señora ministra no se ha atrevido a venir por muchas razones, en primer lugar, porque es una ley que va a incrementar de forma considerable, más todavía, los incendios en este país.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Antes de proceder a la votación del veto, les comunico que en función del resultado veremos si debatimos o no las enmiendas. (Rumores, protestas y aplausos). En todo caso, votaremos mañana el proyecto de ley.
Votamos la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 115; en contra, 120; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.
Pasamos al debate las enmiendas y mañana, después de debatir la primera ley, votaremos este proyecto de ley.
El señor Mur ha presentado una enmienda. Su señoría tiene la palabra (Pausa.) Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Debido a la hora que es, doy por defendidas mis enmiendas números 1 a 15.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Companys, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, a pesar de lo avanzado de la hora, el proyecto de ley se merece el tiempo necesario para debatirlo y, por tanto, sintiéndolo mucho, mi grupo va a hacer uso del tiempo que le corresponde, aunque espero no utilizarlo todo.
Mi grupo parlamentario ha presentado 26 enmiendas al proyecto de ley que nos ha enviado el Congreso de los Diputados, a fin de hacer aportaciones que lo mejoren de forma sustancial, que falta le hace. A diferencia de otras ocasiones, podríamos suscribir la inmensa mayoría de las enmiendas, entre otras cosas, porque en el fondo existe un solo modelo y las aportaciones van mejorando en general el proyecto de ley.
Simplificando mucho, señoras y señores senadores, podemos afirmar que hemos presentado cuatro tipos de enmiendas: unas son mejoras de carácter técnico; otras que podríamos calificar de carácter competencial; otras de carácter fiscal, elemento básico de un sector forestal moderno, y, por último, algunas dirigidas al reconocimiento de las aportaciones del sector al conjunto de la sociedad, me refiero a la externalización. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) Voy a dar por defendido el primer bloque de enmiendas relativas a mejoras técnicas con el convencimiento de que pueden recibir el apoyo de los grupos mayoritarios, cuya obligación es que el proyecto de ley salga bien; estamos hablando de enmiendas absolutamente técnicas y supongo que otros grupos, sobre todo el Grupo Parlamentario Socialista , intentarán --así lo quiero entender-- buscar una redacción más clara y concisa a fin de evitar interpretaciones que quizá no estén en la voluntad del propio legislador.
En cuanto a las enmiendas de carácter competencial, hay otros grupos que han presentado algunas en la misma línea, y también las voy a dar por defendidas, entre otras cosas, porque otros grupos parlamentarios las van a defender, ya que los Parlamentos y gobiernos autonómicos podrán presentar algún recurso de inconstitucionalidad si consideran que esta ley va más allá de lo que debería. Por tanto, no voy a dedicarle más tiempo del absolutamente imprescindible.
En lo que se refiere a las externalidades y al tratamiento fiscal, es posible que nuestro grupo se quede más solo. Para Convergència i Unió es básico el reconocimiento de las aportaciones del sector al conjunto de la sociedad, aportaciones que denominamos externalidades positivas. En una economía abierta y liberalizada, todos nos atrevemos a organizar el sector forestal aplicandole una serie de restricciones que le impiden en muchos casos competir en un mercado libre, y lo ordenamos porque estamos convencidos de la aportación de una serie de beneficios al conjunto de la sociedad, pero a la hora de la verdad no somos capaces de reconocerlo. Y en este punto es donde nuestro

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grupo se queja de forma clara. Es más, hemos sido capaces de reconocer a las compañías eléctricas, a las grandes empresas emisoras de CO2 el derecho a contaminar e incluso se les permite comercializar unos cupos de cantidades de CO2 a la atmósfera; en cambio, no somos capaces de reconocer las aportaciones beneficiosas que genera la de masa forestal para la sociedad.
Por consiguiente, seguramente habrá menos personas dispuestas a defender el reconocimiento de estas aportaciones, pero el sector debe saber que mi grupo parlamentario continuará insistiendo en esta cuestión, porque es de vital importancia.
En ese aspecto, hay dos enmiendas claves. Por un lado, la número 87, en la que se reconoce esa aportación añadiendo una nueva letra al artículo 6, que dice «externalidades positivas de los montes: bienes y servicios que los montes prestan a la sociedad y que no se incluyen en la contabilidad nacional». Y, por otro, la enmienda número 111 es tan importante que incluso he planteado al Grupo Parlamentario Socialista que, caso de aceptarla, estaría dispuesto a retirar las enmiendas que mi grupo parlamentario mantiene vivas, por ello significaría el reconocimiento de las Cortes Generales de esa aportación positiva del conjunto de montes y de bosques a la sociedad. La enmienda propone que se añada una disposición adicional nueva con el siguiente texto: El Gobierno remitirá en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley una propuesta de ley reguladora del estatuto de la propiedad forestal, en la que se establecerán las bases, respetando las competencias que ostentan las comunidades autónomas, según sus respectivos estatutos, en esta materia.
Esa propuesta, señoras y señores senadores, no es un capricho del senador que les habla sino que supone dar cumplimiento a la vigente estrategia forestal española que anunciaba la necesidad de un estatuto de la propiedad forestal como una de sus principales aportaciones. Además, la estrategia forestal --que, por cierto, no se cumple-- fue aprobada por unanimidad en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, dando respuesta a una de las peticiones del sector del que dependen más de dos terceras partes del conjunto de la propiedad forestal, que es la privada y minifundista.
Estas enmiendas pretenden corregir esta situación y que se reconozca la aportación de este sector en la generación de externalidades positivas al conjunto de la sociedad y que la Administración, hasta el día de hoy, se niega a reconocer.
Por lo que hace referencia a las medidas fiscales, hemos presentado una serie de enmiendas que, en ningún caso, suponen una prebenda ni ningún invento para el sector forestal sino que son experiencias que se aplican en otros sectores, por ejemplo en el agrario, en la restauración y en las tiendas, donde cuentan con la posibilidad de funcionamiento por el sistema de módulos fiscales.
Asimismo, una de las enmiendas que se mantienen vivas propone la participación del Estado en la financiación de un seguro contra los incendios forestales, como se está haciendo en este momento en el caso de la agricultura. Si los montes continuasen como estaban anteriormente, ligados al Ministerio de Agricultura, estos temas estarían resueltos, pero se han sacado de ese ministerio y se han incluido en el de Medio Ambiente y falta esa sensibilidad --que es básica-- para que el monte sea rentable, para que se pueda reinvertir en su limpieza y para que, efectivamente, no se incendien los bosques como está sucediendo.
Un monte que económicamente no es viable está condenado al abandono, a convertirse en pasto de las llamas, por muchas medidas fiscales y por muchas normativas que el Gobierno ponga en marcha. Por lo tanto, tenemos que dar un paso a favor de que la viabilidad del sector se convierta en una realidad porque, de esa forma, contribuiremos a su supervivencia.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado cuatro enmiendas a este proyecto de ley. Las dos primeras proponen modificaciones del artículo 7.
La enmienda número 19 plantea una modificación al artículo 21.7, con el fin de que se recoja el derecho real o personal a la hora de actuar ante la jurisdicción civil, tanto de los interesados como de los colindantes cuando lo que se discuta sea el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real. En este sentido, proponemos que se añada también la posibilidad de que sea un derecho personal.
La enmienda número 20, al apartado 47.1, plantea la sustitución del término «Autoridad Local» por «Entidades Locales», para poder incluir así las distintas modalidades de entidades locales que puedan conjugar la actuación a la hora de movilizar medios para la extinción de incendios.
La aportación de mi grupo parlamentario a través de las enmiendas tiene un ánimo constructivo y de mejora del proyecto de ley que estamos debatiendo, por lo que esperamos que sean tenidas en consideración.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señorías, de las 38 enmiendas presentadas por Entesa, solo vamos a mantener vivas seis de ellas, más las tres transaccionales pactadas con el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos. Consideramos que era importante focalizar el debate en la mejora de los aspectos competenciales, importante aspecto que debía mejorar este proyecto de ley. También queremos expresar nuestro malestar

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por las dificultades que estamos encontrando para conseguir mejorar los elementos competenciales. Por ello, hemos trasladado a los servicios de la Cámara cuáles van a ser las seis enmiendas que dejamos vivas, con el compromiso de voto del Grupo Parlamentario Socialista, y las transaccionales que hemos podido pactar, las números 59 y 100, de Convergència i Unió, y las números 60 y 80, por considerar que ampliar y mejorar las competencias de las comunidades autónomas.
Quisiera terminar agradeciendo al ponente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Javier Castaño, su esfuerzo, capacidad de diálogo y negociación.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Le voy a dar la palabra al senador Mur, pues antes se ha producido una confusión.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Intervengo con muchísima brevedad, teniendo en cuenta lo avanzado de la hora.
Nuestra enmienda número 16 coincide básicamente con la enmienda número 82 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana y con la enmienda número 103 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Por tanto, los mismos argumentos que han utilizado ellos en su defensa sirven para defender mi enmienda. A la luz del artículo 50.1, sobre los famosos 30 años de imposibilidad de utilización de los terrenos quemados, en algunas comunidades autónomas va a ser muy difícil que esto se pueda cumplir, porque imposibilitaría obras e infraestructuras de interés general para las comunidades que tienen competencias en cuanto a la ordenación del territorio. Pues bien, tal y como argumentábamos en nuestra enmienda, el día 27 de septiembre de 2005, con motivo de la presentación del anteproyecto de ley, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón pedía al Gobierno de la nación que este artículo 50.1 quedara modificado en el sentido que solicita nuestra enmienda y las enmiendas que acabo de mencionar.
Con estos argumentos, creo que queda perfectamente clara cuál es la intención de mi enmienda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Castaño.


El señor CASTAÑO DEL OLMO: Gracias, señor presidente.
Dado lo avanzado de la hora, doy por defendidas las enmiendas números 85 y 86 en los justos términos en que están publicadas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sacristán.


El señor SACRISTÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que decir que casi me da vergüenza saludarles formalmente, porque somos tan pocos que prácticamente podríamos estar sentados alrededor de una mesa.
Coincido con el portavoz de Convergència i Unió en que cuando se nos encomienda el estudio e intento de mejora de una ley, se nos exige un esfuerzo. Por lo tanto, les voy a someter a seis o siete minutos de ese esfuerzo.
Teniendo en cuenta que no se ha aprobado el veto presentado por mi grupo parlamentario, nuestro siguiente cometido no es otro que el de intentar mejorar el dictamen remitido por el Congreso que, por cierto, valoramos como muy deficiente. Nosotros hemos presentado 25 enmiendas, de las cuales 11 lo son al dictamen remitido por el Congreso, y las 14 restantes al articulado de la Ley 43/2003 vigente, en aspectos que no han sido objeto de modificación en el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
En nuestra opinión, este proyecto de ley es malo, ya que propone la modificación de la ley vigente en aspectos que no lo necesitan, presuntamente para mejorarlos, y en ocasiones no sólo no logra mejorarlos, sino que incluso los empeora. Por el contrario, algunos aspectos en los que la ley se ha demostrado poco eficaz, ni se tocan. Les aseguro que esas 14 enmiendas referidas a la ley vigente nacen directamente de la solicitud de los profesionales que la aplican en el día a día, y tienen como finalidad corregir aquellos contenidos que se han demostrado ineficaces, confusos o técnicamente de difícil o dudosa aplicación. Creemos que sería irresponsable dejar pasar esta oportunidad para intentar cambiarlo.
De las 25 enmiendas que presentamos, trece tienen simplemente una intención de mejora técnica. Otras cinco enmiendas se ocupan de los aspectos relacionados con plazos y competencias para mejorar la eficacia de la ley en su aplicación. En estas y en las anteriores enmiendas vamos a hacer gracia a su señorías dejándolas sin explicación porque la justificación que las acompaña se puede entender como suficiente.
Por último, hay siete enmiendas, las números 28, 33, 35, 36, 38, 40 y 45, que nosotros consideramos de mayor importancia y que incluso podríamos decir que son de fondo. Sobre estas enmiendas es imprescindible dar alguna explicación, máxime cuando no tuvimos oportunidad de hacerlo en la comisión y, por lo que he oído, incluso creo que es necesario aleccionar o dar alguna información al portavoz socialista, que parece no haberse aclarado en algunos aspectos.
La enmienda número 28, al artículo 24.1 del proyecto, propone cambiar algo que para nosotros resulta injustificado, innecesario y de evidentes consecuencias negativas. Señorías, históricamente en todas las leyes de montes anteriores, y por ello en más de 100 años, han sido calificados montes protectores aquellos montes privados que cumplen algunas de las condiciones exigidas a los montes públicos para ser incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública. Los montes protectores han sido siempre en los montes privados los equivalentes a los catalogados entre los públicos. Con esta enmienda pretendemos evitar, insisto, un cambio innecesario y sin justificación, que ninguna mejora puede producir y sí

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mucha confusión. Esto sí que es lo que se puede llamar cambiar por cambiar.
En la enmienda número 33, al artículo 47.3, proponemos evitar otra modificación a peor de la ley. De entre los profesionales que actúan como responsables en la lucha contra los incendios, son muchos los que nos han hecho llegar su extrañeza, malestar y preocupación por esta modificación que cambia la fórmula clara y contundente de la ley vigente que dice: la Administración responsable asumirá la defensa jurídica del director técnico y del personal a su mando tanto en los aspectos civiles como en los penales, por la mucha menos clara de que la Administración responsable adoptará las medidas oportunas para garantizar la defensa jurídica del director técnico y del personal a su mando, etcétera. Un cambio injustificable y que sólo puede interpretarse como un intento de rebajar las garantías que ofrece el texto actual. La pregunta que todos se hacen es ¿ y esto a qué viene y cómo se justifica? De la enmienda número 35, al artículo 50, algo debo decir, aunque el senador Sanz en la explicación del veto se haya referido bastante a ella.
Por mi parte, cuatro ideas que abundan en lo incomprensible, inútil, ineficaz y peligroso que puede resultar la aplicación de la prohibición de cambiar de uso los terrenos quemados, al menos durante 30 años, sin ni siquiera dejar abierta un puerta de escape para el uso de las propias administraciones.
En primer lugar, la invocada causa de los incendios, como se ha dicho, achacada a la intención de cambiar el uso del terreno no es una causa importante, sino más bien una hipótesis de fácil venta que a fuerza de repetida ha terminado por darse por cierta cuando está precisamente probado lo contrario. Basta repasar las estadísticas oficiales del propio ministerio y las no oficiales. Por ejemplo, lean, porque es muy interesante, el estudio que en julio de 2005 publicó Adena con el título: ¿Por qué se queman los montes españoles? Las estadísticas, decía, de los incendios forestales en España demuestran que de los 20.000 incendios que padecemos de media al año en España, y en los últimos 25 años, prácticamente ni aparecen los producidos con este fin. Señorías, hablamos de más de 500.000 incendios. Insisto en que es la causa de menor incidencia de las 14 identificadas, y no llega, como ya se ha dicho, al 0,001 por ciento.
Si quieren otra prueba --también se ha mencionado--, lean el estudio-informe que sobre los incendios forestales elaboró una comisión especial del Senado en el año 1990, en el que se descartó esta hipótesis por no ajustada a la realidad, y les aseguro que investigamos muy a fondo esta posibilidad y la terminamos descartando por unanimidad. Lean las conclusiones, por favor.
Segundo. No permitir que sea la administración competente de cada autonomía la que fije la oportunidad y plazo de la prohibición es, además de otras cosas, indudablemente una grave prueba de desconfianza.
Señorías, todos sabemos que por producirse un incendio el terreno afectado jamás pierde el estatus de protección que tuviera antes del mismo. Un monte catalogado o uno protector, o un espacio natural protegido en cualesquiera de sus múltiples figuras, o uno simplemente calificado como rústico protegido, no pierde su estatus al quemarse, y por ello la protección ante cualquier cambio de uso. Este posible cambio de uso deberá ser aprobado por la administración correspondiente con el mismo trámite que si no se hubiera quemado. Los mismos pasos hay que dar para cambiar de uso un terreno arbolado que uno quemado.
Señorías, sólo cabe pensar que la prohibición nace simplemente porque no hay confianza en lo que hagan las administraciones autonómicas, lo cual resulta paradójico cuando las comunidades autónomas pueden cambiar el uso de un monte arbolado y, por lo visto, no uno quemado.
Tercero. Voy a hacer una ligera reflexión sobre los aspectos que podríamos llamar negativos en la aplicación de esta limitación. ¿Han pensado que ninguna administración podrá, al menos durante los treinta años posteriores a producirse un incendio, construir infraestructura de ningún tipo, sea carretera, ferrocarril, embalse, línea eléctrica, etcétera, por muy urgente que resulte? Y ello aunque el incendio se haya producido, por ejemplo, por un rayo. ¿Quién puede encontrarle sentido a este absurdo? ¿Han pensado sus señorías que con esta barbaridad se abre la puerta a los incendios provocados intencionadamente? Por ejemplo, por el que quiera modificar la situación de cualquier infraestructura o un determinado desarrollo urbanístico, así como la posibilidad de venganzas.
Muchas más razones cabría dar, pero efectivamente la hora no lo aconseja.
Creo que es suficiente.
En este sentido, creemos que como mal menor, pero de importante contenido, las enmiendas números 16, del senador Mur, y la 103, de Convergència i Unió, que van en la línea de al menos abrir una válvula de escape en la aplicación de la limitación que se impone, son valiosas y estamos de acuerdo con ellas.
Voy a explicar con la máxima brevedad nuestra enmienda número 38, al artículo 67, porque evidentemente es única. Se refiere a las infracciones tipificadas en la ley actual. Con el tiempo que puedo y pienso que debo dedicar a esto, espero que sea suficiente. En los poco más de dos años de vigencia de la Ley 43/2003 se ha comprobado que el criterio utilizado para tipificar las infracciones como graves, muy graves o leves es muy poco afortunado. El criterio que se utiliza, diferenciándolo para los distintos grados de gravedad, es el plazo necesario para restaurar o reparar los daños causados por la infracción. El criterio resulta poco afortunado, señorías, porque existen infracciones cuyos daños no tienen carácter renovable. Por ejemplo, la extracción de áridos o rocas sin permiso habilitante. También hay infracciones de riesgo, en las que no tiene por qué haber consumación de daños; como permanecer o hacer fuego en zonas restringidas. Es clara la imposibilidad de aplicar el criterio mencionado para tipificar las infracciones en estos casos.
Además, cuando se aplica a las infracciones contra los aprovechamientos forestales, en los que probablemente se pensó cuando se fijó el criterio --me refiero a los productos y recursos renovables que se generan en el monte--, también surgen dificultades técnicas, ya que la determinación del tiempo de recuperación de esos productos viene fijada por procesos biológicos que no siguen modelos matemáticos

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y que se ven influenciados por factores de tan difícil previsión como el clima. Estas circunstancias han traído consigo gran disparidad en la aplicación de la ley, lo que origina no pocas quejas por la aparente discriminación en su aplicación. Por eso proponemos en esta enmienda sustituir este criterio por el de la extensión o superficie afectada, y por el del número de cabezas de ganado que pueden estar pastando sin autorización; por supuesto, mucho más objetivos y fáciles de cuantificar.
En la enmienda 40 proponemos la modificación de la escala del régimen sancionador, haciéndola más progresiva y flexible para lograr un mejor encaje en las conductas infractoras. Pretendemos variar la sanción de las graves --que sería de 1.001 a 20.000-- y la de las muy graves: de 20.001 a un millón de euros. El que la sanción mínima de infracción muy grave venga siendo de 100.001 euros --más de 16 millones de pesetas--, por desproporcionada en bastantes casos, está produciendo efectos claramente perversos, ya que la tendencia es la de falsear la aplicación de la ley, estando prácticamente en vías de desaparición a efectos sancionadores las infracciones muy graves.
Creo que con esto y con las justificaciones que acompañan a nuestras enmiendas es suficiente.
Quisiera hacer una breve referencia, reconociendo que no hemos presentado enmienda al respecto, a nuestro temor, del que queremos dejar constancia, por la encomienda que en el artículo 6 q) se hace a los agentes forestales o equivalentes de las funciones de policía judicial, entre otras. Todos los profesionales tenemos claro que los guardas deben prevenir daños, custodiar montes y buscar las causas de los daños, siendo tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ocuparse del causante, instruyendo los atestados y poniéndolo a disposición judicial.
Esto requiere una preparación especial y, sobre todo, una coordinación y colaboración nada fáciles de lograr. Esperamos que estos aspectos se desarrollen reglamentariamente y que se escuche atentamente para hacerlo a la Administración autonómica y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Confiamos en haberles transmitido a ustedes el contenido de estas enmiendas, que hemos considerado las más importantes, y en que hayan entendido cuáles son nuestras intenciones al presentarlas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que siendo la hora que es, y como he tenido la posibilidad de intervenir en comisión, así como en ponencia, en el debate del veto y en la defensa de las enmiendas, y teniendo además presente que mañana en el primer punto del orden del día intervendré, doy por defendida nuestra posición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Castaño.


El señor CASTAÑO DEL OLMO: Muchas gracias, señor presidente.
En la misma dirección que el senador Companys, dada la hora, sólo voy a decir dos cosas. Una se refiere al esfuerzo de este grupo, aunque no lo parezca, por intentar acercar posturas, y buena muestra de ello es la presentación de tres transaccionales, aunque nos hubiese gustado que hubieran sido más. Nos hemos puesto en contacto con los grupos parlamentarios para intentar llegar a acuerdos, y hemos conseguido transaccionar la enmienda número 59, de Entesa Catalana de Progrés, con la número 100 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. También la número 60 de Entesa se ha transaccionado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos del Grupo Parlamentario Popular, así como la enmienda número 80, también de Entesa, referida a la disposición final tercera.
Quería anunciar, por otra parte, que en asuntos competenciales hemos acercado mucho nuestras posiciones, apoyando la enmienda número 51, de Entesa Catalana de Progrés, que dice que las comunidades autónomas ejercen aquellas competencias que en materia de montes, aprovechamientos forestales y otras materias conexas tienen atribuidas, en el marco de la Constitución y en sus estatutos de autonomía, dejando claro cuál es la competencia, tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico.
En cuanto a las enmiendas planteadas al artículo 50 del proyecto de ley, le quiero decir a los senadores representantes del Partido Popular que muchas de estas enmiendas desvirtúan el «petitum» original de la ley, y lo hacen por la imposibilidad del cambio de uso de suelo. Se lo repito, al igual que lo hice en el debate del veto: una vez que se aprueba un plan general para un sector que se declara rústico no urbanizable, o zona de especial protección sobre terrenos forestales, quiero que me digan algún caso en que se haya desafectado aquella categorización del terreno.
Tan sólo se explica en asuntos de interés general, como el contenido en la enmienda del senador Mur, del PAR, que se refiere a casos de interés general que plantee la comunidad autónoma, y ese interés general deja abiertas muchas posibilidades hacia las que poder dirigirnos.
Los argumentos que ustedes me dan para el artículo 50 de la ley, donde se prohíbe el cambio de uso del suelo hasta pasados treinta años, no son suficientes, en tanto en cuanto nos dicen que incluso la quema de terrenos puede tener su origen en venganzas, o para así poder iniciar la urbanización de terrenos aledaños. La urbanización de terrenos aledaños por causa de fuego es precisamente lo que se pretende evitar mediante este artículo 50.


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En definitiva, doy por defendidas las enmiendas de mi grupo y las transaccionales firmadas por todos los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Sacristán.


El señor SACRISTÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con la máxima brevedad simplemente quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar enmiendas de todos los grupos, excepto las dos del Grupo Parlamentario Socialista, porque aunque yo hablé con el portavoz y le ofrecí la posibilidad de apoyarlas, con ciertos cambios, no he vuelto a saber nada del tema. No sé si es que no le gustaron los cambios o se ha olvidado del asunto. Por otra parte, tampoco hemos tenido noticia de estas tres enmiendas consensuadas, de las que nos hemos enterado cuando se estaba debatiendo la propia ley. Votaremos a favor de una enmienda del senador Cuenca, del Grupo Parlamentario Mixto, de otra del senador Mur, de las números 18 y 19 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, de las números 53 y 59 de Entesa Catalana, y de unas diez o doce del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Digo todo esto para que por una parte no se nos tache, como siempre, de estar lejos de los demás, pero sobre todo porque creo que es un mérito de todos los ponentes, participantes y portavoces en el trámite hasta este momento. Es un mérito importantísimo en este trámite de urgencia que se ha utilizado haber sido capaces de presentar 103 enmiendas, muchas de ellas muy importantes y muy profundas.
Pero no sólo ha supuesto un gran mérito haber presentado cada grupo sus propias enmiendas sino el haber sido capaces de estudiar y de valorar las de los demás. Todo eso merece un reconocimiento que quiero que conste en acta.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo lo he intentado pero no lo he conseguido. Cuando usted trataba de explicar sus diferencias con respecto a lo que nosotros habíamos dicho --y no he sido yo sólo, también lo han dicho el senador Mur, el senador Companys, el senador Sanz y el representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria--, creo que lo que pasaba en realidad era que no nos había entendido a ninguno de nosotros, y concretamente en el Grupo Parlamentario Popular lo hemos repetido por separado una vez don Clemente Sanz y otra yo mismo.
No le demos más vueltas, señoría. Lo de limitar hasta un extremo tal que ni siquiera el órgano competente de la comunidad autónoma pueda utilizar unos terrenos quemados durante al menos treinta años --incluso por una causa tan siniestra como pueda ser un rayo-- ni para construir una carretera, ni para hacer un canal, ni para hacer un ferrocarril, es algo que no tiene ningún sentido. Al menos para mi inteligencia es incomprensible.
Repito que las enmiendas que se han presentado en la línea de abrir una válvula de escape a ese artículo son muy importantes, y para nosotros, por supuesto, es mucho mejor volver al texto de la ley vigente porque ahí se encomienda a la propia comunidad su propio derecho, cosa que ya se ha dicho repetidamente, es decir, fijar los tiempos de aplazamiento del uso de ese terreno en función de las circunstancias de oportunidad. Y, por supuesto, cuando hay una causa de interés general o incluso declarada de utilidad pública, siempre se tiene que poder ocupar esos terrenos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el debate, se suspende la sesión hasta las nueve y media del día de hoy.


Eran las dos horas y cuarenta y cinco minutos del miércoles 23 de febrero.

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