Año 2006 VIII Legislatura
Núm. 75
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Previo
-- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA
EXCELENTÍSIMA SEÑORA SENADORA DOÑA ALMUDENA MONTSERRAT DE LEÓN. (Número
de expediente 500/000272).
Primero
PREGUNTAS
-- De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, sobre el calendario previsto por el Gobierno para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Vicepresidenta Primera
del Gobierno durante su visita a la Comunidad Autónoma de Canarias,
especialmente en lo que concierne a la saturación de los centros de
internamiento de inmigrantes irregulares. (Número de expediente S.
680/000801).
-- De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si el Gobierno considera que el
plan de choque y prevención de suicidios de la cárcel de Langraitz
(Álava) es suficiente para garantizar la seguridad de los internos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000786).
-- De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con
la afluencia masiva de inmigrantes a
las Islas Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de
2006). (Número de expediente S. 680/000790).
-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre la valoración del Gobierno con respecto al traslado, el
pasado día 4 de marzo, de veinticinco inmigrantes a Guinea-Bissau
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000792).
-- De D. JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del número
de muertes violentas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año en
relación con el mismo período en años anteriores. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435,
de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000793).
-- De Dª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para
garantizar la eficiencia energética en las edificaciones. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000781).
-- De Dª MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre si tiene conocimiento el Gobierno acerca de la petición
de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y de la Federación
Andaluza de Asociaciones Pesqueras, de modificación del trazado del
gasoducto de Argelia en el tramo correspondiente al litoral de la
provincia de Almería. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000789).
-- De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
sobre si el Gobierno puede aclarar las declaraciones de su Presidente al
afirmar que en relación al sector energético hay que favorecer fusiones y
alianzas amistosas y no ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA)
hostiles. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de
expediente S. 680/000791).
-- De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la opinión que los
ciudadanos tienen del Sistema Nacional de Salud, recogida en el Barómetro
Sanitario 2005. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000799).
-- De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre si piensa el Gobierno que los consumidores españoles, según los
datos del estudio realizado por el Instituto Nacional de Consumo (INC),
deben estar satisfechos con el funcionamiento de los servicios de interés
general. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de
expediente S. 680/000800).
-- De Dª ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si el Gobierno tiene
previsto algún cambio para acortar el plazo necesario para la
convalidación de carreras universitarias y especialidades médicas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000780).
-- De Dª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA
DE PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno
acerca de la prevención de la violencia en los centros educativos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000782).
-- De Dª ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en el marco
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 680/000797).
-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre
si la reanudación de la pesca de la anchoa en el golfo de Vizcaya
autorizada por la Unión Europea a partir del día 1 de marzo de 2006
pondrá en riesgo la recuperación de la especie. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha
21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000776).
-- De D. FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, sobre las iniciativas que está tomando el Gobierno acerca
de la protección del sector ovino ante los nuevos casos de encefalopatía
espongiforme transmisible (EET) en la Unión Europea. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435,
de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000787).
-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre las repercusiones que va a tener el Programa de actuaciones
contemplado en el Real Decreto 287/2006, por el que se regulan las obras
urgentes de mejora y consolidación de regadíos, aprobado por el Consejo
de Ministros el pasado 10 de marzo, para un ahorro del agua que
contribuya a paliar el actual déficit hídrico. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha
21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000795).
-- De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre
la evolución en España de la producción y comercialización de productos
ecológicos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de
expediente S. 680/000796).
-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Gobierno acerca de si la
Administración de Justicia ha actuado correctamente en el caso de los
malos tratos a la niña Alba, en Montcada i Reixac (Barcelona). (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000777).
-- De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre las actuaciones que piensa incorporar el Ministerio de Justicia al
«Plan de Actuación Específico para Soria», aprobado en el Consejo de
Ministros de 6 de mayo de 2005. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de
2006). (Número de expediente S. 680/000794).
-- De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, sobre las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de
Justicia para mejorar la gestión en la tramitación de los expedientes de
indulto. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de
expediente S. 680/000798).
-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
DE COALICIÓN CANARIA, sobre la posición del Gobierno con respecto a la
supresión del centro de producción del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435,
de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000784).
-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre
la intención del Gobierno respecto a la construcción de un segundo
aeropuerto en la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de
marzo de 2006). (Número de expediente S. 680/000779).
-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si preocupa al Gobierno la carta
entregada en la Embajada de España en Caracas (República Bolivariana de
Venezuela), objetando un artículo del Embajador español, junto a otros
documentos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de
expediente S. 680/000783).
-- De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con
el robo de una pieza bibliográfica de la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense, trasladada fuera de España para una exposición
de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S. A. (SEACEX).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
680/000788).
Segundo
INTERPELACIONES
-- De D. ANTOLÍN SANZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre la política del Gobierno dirigida a reconducir el bajo
nivel de reconocimiento de las funciones constitucionales del Senado.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
670/000099).
-- De D. JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre los planes que tiene previsto desarrollar el Gobierno
para frenar la pérdida de poder adquisitivo que las familias españolas
vienen sufriendo como consecuencia de la inflación y de la subida de los
tipos de interés. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006).
(Número de expediente S. 670/000100).
-- De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, sobre el servicio de transporte ferroviario de
viajeros que la entidad pública empresarial RENFE-Operadora presta en las
líneas de cercanías y regionales de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 435, de fecha 21 de marzo de 2006). (Número de expediente S.
670/000101).
Tercero
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO
-- Proposición de Ley del medicamento y de la prestación farmacéutica.
(Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número
41, de fecha 24 de febrero de 2006). (Número de expediente S.
622/000032).
Cuarto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica de Educación. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 38, de fecha 21 de marzo de
2006). (Número de expediente S. 621/000038). (Número de expediente C. D.
121/000043).
-- De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 46, de fecha
17 de marzo de 2006). (Número de expediente S. 621/000046). (Número de
expediente C. D. 121/000051).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EXCELENTÍSIMA
SEÑORA SENADORA DOÑA ALMUDENA MONTSERRAT DE LEÓN (Página 4299)
La señora Montserrat de León promete acatar la Constitución.
De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, sobre el calendario previsto por el Gobierno para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Vicepresidenta Primera
del Gobierno durante su visita a la Comunidad Autónoma de Canarias,
especialmente en lo que concierne a la saturación de los centros de
internamiento de inmigrantes irregulares (Página 4299)
El señor Ayala Fonte formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Ayala Fonte. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).
De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, sobre si el Gobierno considera que el plan de
choque y prevención de suicidios de la cárcel de Langraitz (Álava) es
suficiente para garantizar la seguridad de los internos (Página 4300)
La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del
Gobierno le contesta el señor Ministro
del Interior (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de
nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso
Suárez).
De Dª MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación con la
afluencia masiva de inmigrantes a las Islas Canarias (Página 4301)
La señora Guerra Guerra formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora Guerra Guerra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).
De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre la valoración del Gobierno con respecto al traslado, el
pasado día 4 de marzo, de veinticinco inmigrantes a Guinea-Bissau
(Página 4303)
El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).
De D. JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno de la evolución del número de
muertes violentas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año en
relación con el mismo período en años anteriores (Página 4304)
El señor Echeverría Echániz formula su pregunta. En nombre del Gobierno
le contesta el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Echeverría Echániz. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Alonso Suárez).
De Dª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA
DE PROGRÉS, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para
garantizar la eficiencia energética en las edificaciones (Página 4305)
La señora Elices Marcos formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).
De Dª MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre si tiene conocimiento el Gobierno acerca de la petición de
la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y de la Federación
Andaluza de Asociaciones Pesqueras, de modificación del trazado del
gasoducto de Argelia en el tramo correspondiente al litoral de la
provincia de Almería (Página 4306)
La señora Agüero Ruano formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla
Aguilera). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Agüero
Ruano. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria,
Turismo y Comercio (Montilla Aguilera).
De D. JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
sobre si el Gobierno puede aclarar las declaraciones de su Presidente al
afirmar que en relación al sector energético hay que favorecer fusiones y
alianzas amistosas y no ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA)
hostiles (Página 4307)
El señor Seguí Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla
Aguilera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Seguí Díaz.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y
Comercio (Montilla Aguilera).
De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre la valoración del Gobierno acerca de la opinión que los ciudadanos
tienen del Sistema Nacional de Salud, recogida en el Barómetro Sanitario
2005 (Página 4308)
El señor Sabando Suárez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).
De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre
si piensa el Gobierno que los consumidores españoles, según los datos del
estudio realizado por el Instituto
Nacional de Consumo (INC), deben estar satisfechos con el funcionamiento
de los servicios de interés general (Página 4309)
El señor Palacios Rojo formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).
De Dª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si el Gobierno tiene previsto
algún cambio para acortar el plazo necesario para la convalidación de
carreras universitarias y especialidades médicas (Página 4310)
La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del
Gobierno le contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia
(Sansegundo Gómez de Cadiñanos). En turno de réplica, interviene de nuevo
la señora Aleixandre i Cerarols.
De Dª MARIA BURGUÉS BARGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE
PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno acerca
de la prevención de la violencia en los centros educativos (Página 4312)
La señora Burgués Bargués formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de
Cadiñanos). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Burgués
Bargués.
De Dª ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre
el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), en el marco
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007 (Página 4313)
La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de
Cadiñanos).
De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si
la reanudación de la pesca de la anchoa en el golfo de Vizcaya
autorizada por la Unión Europea a partir del día 1 de marzo de 2006
pondrá en riesgo la recuperación de la especie (Página 4314)
El señor Urrutia Elorza formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Urrutia Elorza. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).
De D. FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre las iniciativas que está tomando el Gobierno acerca de
la protección del sector ovino ante los nuevos casos de encefalopatía
espongiforme transmisible (EET) en la Unión Europea (Página 4315)
El señor Rodríguez Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Rodríguez Pérez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).
De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre
las repercusiones que va a tener el Programa de actuaciones contemplado
en el Real Decreto 287/2006, por el que se regulan las obras urgentes de
mejora y consolidación de regadíos, aprobado por el Consejo de Ministros
el pasado 10 de marzo, para un ahorro del agua que contribuya a paliar el
actual déficit hídrico (Página 4317)
El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Espinosa Mangana).
De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la
evolución en España de la producción y comercialización de productos
ecológicos (Página 4318)
El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Espinosa Mangana).
De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la valoración del Gobierno acerca de si la
Administración de Justicia ha actuado correctamente en el caso de los
malos tratos a la niña Alba, en Montcada i Reixac (Barcelona)
(Página 4319)
El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de réplica,
interviene de nuevo el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).
De D. FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre
las actuaciones que piensa incorporar el Ministerio de Justicia al «Plan
de Actuación Específico para Soria», aprobado en el Consejo de Ministros
de 6 de mayo de 2005 (Página 4321)
El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).
De D. VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia para
mejorar la gestión en la tramitación de los expedientes de indulto
(Página 4322)
El señor Urrutia Abaigar formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).
De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, sobre la posición del Gobierno con respecto a la
supresión del centro de producción del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) en la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 4323)
El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la
Presidencia (Fenández de la Vega Sanz). En turno de réplica, interviene
de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace la
señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia
(Fenández de la Vega Sanz).
De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la
intención del Gobierno respecto a la construcción de un segundo
aeropuerto en la Comunidad de Madrid.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si preocupa al Gobierno la carta
entregada en la Embajada de España en Caracas (República Bolivariana de
Venezuela), objetando un artículo del Embajador español, junto a otros
documentos.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con el robo
de una pieza bibliográfica de la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense, trasladada fuera de España para una exposición de la
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, S.A. (SEACEX).
De D. ANTOLÍN SANZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
sobre la política del Gobierno dirigida a reconducir el bajo nivel de
reconocimiento de las funciones constitucionales del Senado
(Página 4324)
El señor Sanz Pérez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia (Fenández de la Vega Sanz). Vuelve a
intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia
(Fenández de la Vega Sanz).
De D. JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre los planes que tiene previsto desarrollar el Gobierno para
frenar la pérdida de poder adquisitivo que las familias españolas
vienen sufriendo como consecuencia de la inflación y de la subida de los
tipos de interés (Página 4333)
El señor Sánchez-Simón Muñoz realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir el
señor interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. LLUÍS ARAGONÈS DELGADO DE TORRES, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, sobre el servicio de transporte ferroviario de
viajeros que la entidad pública empresarial RENFE-Operadora presta en las
líneas de cercanías y regionales de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Esta interpelación ha sido aplazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 4338)
Proposición de Ley del medicamento y de la prestación farmacéutica
(Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Página 4338)
La señora Casado Sobrino defiende la toma en consideración. El señor
López Carvajal consume un turno en contra. En turno de portavoces,
intervienen las señoras Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Loroño Ormaechea, por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Espasa
i Oliver; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y López
Carvajal, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora
Casado Sobrino, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4346)
De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de Educación (Página 4346)
La señora Aránega Jiménez, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen. La señora Ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de
Cadiñanos) presenta a la Cámara el proyecto de ley.
Comienza el debate de las propuestas de veto.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, retira la
propuesta de veto número 2. El señor Abejón Ortega defiende la propuesta
de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular. El señor Pezzi Cereto
consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los
señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Ayala Fonte,
por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora
Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; el señor Maqueda Lafuente, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Baig i Torras,
por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores
Pezzi Cereto, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Abejón Ortega, por
el Grupo Parlamentario Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario
Popular, por 120 votos a favor y 127 en contra.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 4363)
Proposición de Ley del medicamento y de la prestación farmacéutica.
(Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Votación)
(Página 4363)
Se rechaza la toma en consideración por 119 votos a favor y 127 en
contra.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4363)
De la Comisión de Educación y Ciencia en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de Educación (Continuación) (Página 4363)
Preámbulo. Título preliminar, artículos 1 a 11. Título I, artículos 12 a
70.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 515 y 517 a 524. El señor Mur Bernad, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 5, así como las
restantes por él presentadas al proyecto de ley. El señor Jorquera
Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 8
a 24 y 26 a 50. El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas números 412 a 431 y 433 a 447. El señor Ayala
Fonte defiende las enmiendas números 556, 562 a 565 y 567 a 578, del
Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. La señora
Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 680, 683 a 688, 690
y 691, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 600 a 605,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Baig
i Torras retira la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés número 777 y defiende las números 755, 760, 765, 767, 768 y 782,
así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en
lo modificado por las enmiendas números 159 a 173, 411 y transaccional en
relación con la 202 del Grupo Parlamentario Popular, 681, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 25, del
señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto. El señor Pezzi
Cereto defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números
629 a 632 y 634 a 636, así como la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 159
a 173, 411 y transaccional en relación con la 202 del Grupo Parlamentario
Popular, 681, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y 25, del señor Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto. El señor Abejón Ortega defiende las enmiendas
números 174 a 201 y 203 a 259, del Grupo Parlamentario Popular.
Título II, artículos 71 a 90. Título III, artículos 91 a 106. Título IV,
artículos 107 a 117.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 526 a 531 y 533 a 535. El señor Jorquera Caselas, del
Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 51 a 88. El
señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 449 a 473. El señor Ayala Fonte defiende las enmiendas
números 580 a 582 y 584, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria. La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas
números 693, 694 y 696 a 703, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las
enmiendas números 607 y 608, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. La señora Baig i Torras retira la enmienda del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés número 819 y defiende las
números 817, 824 y 831, así como la vuelta al texto remitidos por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 705,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Urrutia Abaigar defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista números 640 a 650, así como la vuelta al texto remitidos por
el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 705,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La
señora Gallego Esperanza y el señor Laguna Peña defienden las enmiendas
números 206 a 327, del Grupo Parlamentario Popular.
Título V, artículos 118 a 139. Título VI, artículos 140 a 147. Título
VII, artículos 148 a 154. Título VIII, artículos 155 a 157.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 536 a 546. El señor Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 89 a 120 y 122 a 125.
El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 474 a 490. El señor Ayala Fonte defiende las enmiendas
números 585 a 592, 594 y 595, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria. La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas
números 708, 710, 713 y 715 a 720, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente defiende las
enmiendas números 611, 612 y 614, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. La señora Baig i Torras defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 849 y 853, así
como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la número 610, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, la transaccional relacionada con la 331, del Grupo
Parlamentario Popular, y la 707, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, así como las números 367 y 375, del Grupo
Parlamentario Popular. La señora Hernández Gutiérrez defiende las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 653 y 655, así como
la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la número 610, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, la transaccional relacionada con la 331, del Grupo
Parlamentario Popular, y la 707, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, así como las números 367 y 375, del Grupo
Parlamentario Popular. El señor Laguna Peña y la señora Vallejo de Miguel
defienden las enmiendas números 328 a 330, 332 a 366, 368 a 374, 376 y
377, del Grupo Parlamentario Popular.
Disposiciones adicionales primera a trigesimotercera. Disposiciones
transitorias primera a decimonovena. Disposición derogatoria única.
Disposiciones finales primera a octava.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 547 a 555. El señor Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 121 y 126 a 158. El
señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 491 a 513. El señor Perestelo Rodríguez defiende las
enmiendas números 597 y 599, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria. La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas
números 725 a 728, 732 y 733, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Maqueda Lafuente retira las
enmiendas números 622 y 626 y defiende las números 616 a 618, 621 y 623 a
625, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La señora
Baig i Torras retira la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés número 882 y defiende las números 871, 891 a 893, 896, 897 y
925, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los
Diputados en lo modificado por las números 379 y 627, del Grupo
Parlamentario Popular, 619 y 620 ,del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, y 722 y 731, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Pezzi Cereto retira las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista números 657 y 665, y defiende las
números 658 a 664 y 666 a 670, 671 a 673, 675 a 677 y 679, así como la
vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las números 379 y 627, del Grupo Parlamentario Popular,
619 y 620, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y
722, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La señora Vallejo de Miguel defiende las enmiendas números 378 y 380 a
410, del Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 515 y 517 a 524, del señor Urrutia
Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 13 votos a favor, 228 en
contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1, del señor Mur Bernad, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 114 votos a favor, 126 en contra y 5
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 3, del señor Mur Bernad, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 123 votos a favor, 111 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2, 4 y 5, del señor Mur Bernad, del
Grupo Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 231 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 16, 17 y 18, del señor Jorquera
Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor, 226 en
contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 38, 42 a 44, 46 y 49, del señor
Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor,
230 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las restantes enmiendas del mismo señor senador por 12 votos
a favor, 231 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 423 y 439, del señor Cuenca Cañizares,
del Grupo Parlamentario Mixto, por 113 votos a favor, 125 en contra y 6
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 428, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor, 217 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 424 y 426, del señor Cuenca Cañizares,
del Grupo Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor, 217 en contra y 7
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 430, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 7 votos a favor, 229 en contra y 9
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del mismo señor senador por 4 votos a
favor, 230 en contra y 11 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 556, 562 a 565, 567 a 570 y 572 a 578,
del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 13 votos a
favor, 231 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 688, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 226 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 680, 683 a 687 y 690, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a
favor, 227 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 691, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 225 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 600 a 605, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 227 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda número 760, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 18 votos a favor, 216 en contra y 11
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 755, 765 y 767, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 114 votos a favor, 125 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés por 18 votos a favor, 216 en contra y 11
abstenciones.
Se aprueba la enmienda 629, del Grupo Parlamentario Socialista, por 124
votos a favor y 121 en contra.
Se rechaza la enmienda número 634, del Grupo Parlamentario Socialista,
por 117 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
por 117 votos a favor, 120 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de
Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda transaccional
relativa a la 202 del Grupo Parlamentario Popular y por la 681, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo
15, por 114 votos a favor y 131 en contra.
Se aprueba la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de
Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 159
a 173 y 411 del Grupo Parlamentario Popular al preámbulo, por 125 votos a
favor y 120 en contra.
Se aprueba la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de
Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 25 del
señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, al artículo 18,
por 119 votos a favor y 126 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 174 a 201, 203 a 212 y 214 a 259, del
Grupo Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 125 en contra.
Se rechaza la propuesta de modificación con número de registro 57.760,
por 119 votos a favor y 126 en contra
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 57.761,
por 123 votos a favor, 121 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 57.762,
por 131 votos a favor, 112 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 526 a 528 y 533 a 535, del señor
Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 226
en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 529 a 531, del señor Urrutia Elorza,
del Grupo Parlamentario Mixto, por 12 votos a favor, 231 en contra y 2
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 7, del señor Mur Bernad, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 117 votos a favor, 120 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 55 a 62, del señor Jorquera Caselas,
del Grupo Parlamentario Mixto, por 18 votos a favor, 226 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 231 en contra y 5
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 454, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 113 votos a favor, 125 en contra y 7
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 459, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 21 votos a favor, 216 en contra y 7
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 464, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 20 votos a favor, 217 en contra y 8
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 230 en contra y 11
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 580 a 582 y 584, del Grupo
Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 13 votos a favor,
231 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 693, 694 y 696 a 703, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a
favor, 226 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 607 y 608, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 227 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda número 831, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 118 votos a favor, 120 en contra y 7
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 817, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 17 votos a favor, 215 en contra y 12
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 824, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 17 votos a favor, 216 en contra y 12
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 648, del Grupo Parlamentario Socialista,
por 113 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda número 650, del Grupo Parlamentario Socialista,
por 124 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
por 117 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de
Progrés y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 705, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo
109, por 110 votos a favor, 131 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 260 a 327, del Grupo Parlamentario
Popular, por 121 votos a favor y 124 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 536, 537 y 546, del señor Urrutia
Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 13 votos a favor, 226 en
contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Urrutia Elorza, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 232 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 92, 113, 115 y 118, del señor Jorquera
Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor, 226 en
contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 231 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 474, 477 y 486, del señor Cuenca
Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 216 en
contra y 11 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 488, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 121 votos a favor, 119 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 229 en contra y 11
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 588 y 591, del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria, por 16 votos a favor, 226 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 231 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 710 y 715 a 720, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a
favor, 227 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 713, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 21 votos a favor, 223 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las enmiendas números 611, 612 y 614, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 226 en contra y
1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 849 y 853, del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 113 votos a favor, 125 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 653 y 655, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 120 votos a favor, 122 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de
los Diputados en lo modificado por la número 375, del Grupo Parlamentario
Popular, al artículo 155, por 118 votos a favor, 125 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de
los Diputados en lo modificado por la número 610, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos al artículo 119, por 114 votos a favor
y 131 en contra.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de
los Diputados en lo modificado por la transaccional relativa a las
números 331, del Grupo Parlamentario Popular, y 707, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al artículo
120, por 113 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
y Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de
los Diputados en lo modificado por la número 367, del Grupo Parlamentario
Popular, al artículo 147, por 113 votos a favor, 125 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 328 a 330, 332 a 366, 368 a 374, 376 y
377, del Grupo Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 125 en
contra.
Se rechazan las enmiendas números 547 a 550 y 552 a 555, del señor
Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario
Mixto, por 13 votos a favor, 231 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 551, del señor Urrutia Elorza, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 236 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 121, 127, 128 y 129, del señor Jorquera
Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 14 votos a favor, 226 en
contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 231 en contra y 5
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 500, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 216 en contra y 11
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 507, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 18 votos a favor, 216 en contra y 11
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto, por 4 votos a favor, 230 en contra y 11
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 597 y 599, del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria, por 11 votos a favor, 231 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 725 a 728, 732 y 733, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a
favor, 227 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 621, 624 y 625, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 227 en contra y
1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 218 y 623, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 232 en contra y 1
abstención.
Se rechaza la enmienda número 616, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 227 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos por 12 votos a favor y 232 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 892, 896, 897 y 925, del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 109 votos a favor, 127 en
contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados
en lo modificado por la número 731 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, a la disposición final primera, por 15
votos a favor, 228 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés por 17 votos a favor, 217 en contra y 11
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 670, del Grupo Parlamentario Socialista,
por 123 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 675 y 677, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 118 votos a favor, 120 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 672, del Grupo Parlamentario Socialista,
por 113 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 668, 671 y 673, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 112 votos a favor, 125 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 666, del Grupo Parlamentario Socialista,
por 124 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las enmiendas números 658, 659 y 660, del Grupo Parlamentario
Socialista, por 123 votos a favor, 120 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
por 117 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de
Progrés y Socialista que propugna vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 627 del Grupo
Parlamentario Popular a la disposición transitoria decimoséptima por 116
votos a favor, 123 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda de los Grupso Parlamentarios Entesa Catalana de
Progrés y Socialista que propugna vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 379 del Grupo
Parlamentario Popular a la disposición adicional segunda, por 119 votos a
favor, 124 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de
Progrés y Socialista que propugna vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 619 y 620 del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a la disposición
adicional decimoquinta por 109 votos a favor y 136 en contra.
Se rechaza la enmienda de los Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés y que propugna vuelta al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo modificado por la número 722 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió a la disposición adicional
vigesimosexta, por 114 votos a favor y 131 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 378 y 380 a 410, del Grupo
Parlamentario Popular, por 120 votos a favor y 124 en contra.
Se aprueba el preámbulo por 123 votos a favor, 120 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba el artículo 15 del dictamen por 124 votos a favor, 118 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba el artículo 18 del dictamen por 126 votos a favor, 118 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba el artículo 24 del dictamen por 243 votos a favor y 2
abstenciones.
Se aprueba el artículo 25 del dictamen por 131 votos a favor, 112 en
contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el artículo 32.5 del dictamen por 127 votos a favor, 117 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba el resto del artículo 32 por 242 votos a favor y 2
abstenciones.
Se aprueba el artículo 120 del dictamen por 128 votos a favor, 116 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba el artículo 155 del dictamen por 131 votos a favor, 112 en
contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la disposición adicional segunda del dictamen por 125 votos a
favor, 118 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la disposición adicional decimoquinta del dictamen por 127
votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la disposición transitoria decimoséptima del dictamen por 130
votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba la disposición transitoria decimonovena del dictamen por 242
votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban los artículos 14.1, 109, 119 y 147, así como la disposición
adicional vigesimosexta por 131 votos a favor, 112 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba el resto del dictamen por 124 votos a favor, 119 en contra y 2
abstenciones.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al
Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley por
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4414)
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Sanz Blanco defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Popular. El señor Bella Galán consume un turno en contra.
En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo
Parlamentario Mixto: Melchior Navarro, por el Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria, y Companys i Sanfeliú, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora
Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, y los señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés; Castaño del Olmo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Sanz Blanco, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1 del Grupo Parlamentario Popular
por 115 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas números 1 a 15. El señor Companys i Sanfeliú
defiende las enmiendas números 87 a 113, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. La señora Loroño Ormaechea defiende
las enmiendas números 17 a 20, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas
números 46 a 84, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El
señor Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda
número 16. El señor Castaño del Olmo da por defendidas las enmiendas
números 85 y 86, del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Sacristán
Rodríguez defiende las enmiendas números 21 a 45, del Grupo Parlamentario
Popular. En turno de portavoces, intervienen los señores Companys i
Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Castaño del Olmo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
Sacristán Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se suspende la sesión a las dos horas y cuarenta y cinco minutos del
miércoles, día 23 de marzo.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
-- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA
EXCELENTÍSIMA SEÑORA SENADORA DOÑA ALMUDENA MONTSERRAT DE LEÓN (S.
500/000272).
El señor PRESIDENTE: Asunto previo del orden del día: juramento o promesa
de acatamiento a la Constitución.
Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de la
excelentísima señora doña Almudena Montserrat de León.
Excelentísima señora doña Almudena Montserrat de León, ¿juráis o
prometéis acatar la Constitución?
La señora MONTSERRAT DE LEÓN: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, la
excelentísima señora doña Almudena Montserrat de León ha adquirido la
condición plena de senadora. (Aplausos.)
PREGUNTAS:
-- DE DON FÉLIX AYALA FONTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL CALENDARIO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA VICEPRESIDENTA PRIMERA
DEL GOBIERNO DURANTE SU VISITA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS,
ESPECIALMENTE EN LO QUE CONCIERNE A LA SATURACIÓN DE LOS CENTROS DE
INTERNAMIENTO DE INMIGRANTES IRREGULARES (S. 680/000801).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: preguntas.
Pregunta del senador Félix Ayala Fonte.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
La conmoción que produjo la semana pasada la masiva llegada de
inmigrantes a las costas canarias ha dado paso a un tedioso y estéril
cruce de acusaciones entre los dos grandes partidos sobre la política
migratoria del Gobierno y sobre un informe del CNI, que desvela datos que
supuestamente conocía el Ministerio del Interior acerca del número de
ahogados en la travesía hacia las islas. Y mientras en Madrid se aviva el
enfrentamiento entre unos y otros, en Canarias se mantiene vigente la
sensación de inquietud ante la persistente llegada de inmigrantes a las
islas procedentes de las costas mauritanas. Este hecho, al parecer
inesperado e imprevisto por las autoridades estatales, ha puesto en jaque
la red de centros de internamiento de inmigrantes que existen en el
archipiélago y al propio sistema social y sanitario de las islas. Y es
que Canarias, como usted conoce, señor ministro, es un territorio
limitado en el que las avalanchas como las registradas en las últimas
semanas generan una importante alarma social, debido a la fragilidad de
las fronteras y a las repercusiones que tiene en la sociedad insular.
La vicepresidenta primera del Gobierno se comprometió el pasado sábado a
agilizar las repatriaciones, y ayer anunció que el Ejecutivo prepara un
Plan África para hacer frente al problema de la llegada incesante de
cayucos y pateras a Canarias. En estos momentos me acaban de comunicar
que está llegando una nueva patera a la isla del Hierro, la más
occidental y alejada de África.
La cuestión que le voy a formular persigue simplemente insistir en la
situación de desamparo en la que nos encontramos en Canarias, y conocer
los plazos que se ha trazado el Gobierno para agilizar las repatriaciones
y solucionar el problema de saturación que existe en los centros de
internamiento. Por ello la pregunta que le formulo, señor ministro, es la
siguiente: ¿Cuál es el calendario que prevé el Gobierno para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la vicepresidenta primera
durante la visita a Canarias el pasado sábado día 18, especialmente en lo
que concierne a la saturación de los centros de internamiento de
inmigrantes irregulares, cuya ocupación supera los límites de su
capacidad debido a la llegada masiva de inmigrantes irregulares en las
últimas fechas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor
presidente.
Senador, efectivamente la vicepresidenta primera del Gobierno está
coordinando la labor de cuatro departamentos ministeriales: el de
Interior, el de Asuntos Exteriores, el de Trabajo y Asuntos Sociales y el
de Defensa. Los resultados, por ceñirme a la pregunta que usted me
formula, son los siguientes: en primer lugar, ya se han habilitado
espacios específicos como lugares de acogida temporal de inmigrantes en
Las Palmas, en Fuerteventura y en Santa Cruz de Tenerife. En segundo
lugar, se han agilizado los trámites de repatriación y vamos a seguir
agilizándolos. En tercer lugar, las gestiones diplomáticas han conllevado
que Mauritania ya haya aceptado la readmisión de 170 personas inmigrantes
ilegales, y vamos a seguir trabajando por la readmisión de todos los
inmigrantes ilegales que, con arreglo a los acuerdos internacionales,
tiene que readmitir Mauritania. En cuarto lugar hemos reforzado con 39
funcionarios las unidades de intervención policial de las islas. En
quinto lugar, como ya sabe, teníamos previsto de antemano un nuevo centro
de internamiento de extranjeros en Arrecife. En sexto lugar, se está
levantando en estos momentos un centro de acogida en Nuadibú. En séptimo
lugar hemos aumentado el fondo de apoyo a la Cruz Roja para la ayuda a
pie de playa en un millón de euros. Y en octavo lugar
hemos reforzado el programa de acogida e integración con tres
millones de euros. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo que
está en nuestras manos para dar salida a lo que realmente es un
problema muy serio, del cual somos muy conscientes y en el que
vamos a trabajar, por cierto, en colaboración con
las autoridades del Gobierno canario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ha dicho que se están tomando medidas temporales. Me
supongo que se referirá a la actitud del Ministerio de Defensa de prestar
los cuarteles para acoger a los inmigrantes, actitud que es de agradecer,
pero que no deja de ser una medida provisional. El fenómeno de la
inmigración que hoy nos ocupa está generando problemas permanentes, que
no se solucionan con medidas provisionales. Además, el Gobierno de
Canarias estos últimos días ha rechazado la posibilidad de que se
continúe ampliando el número de centros de acogida de inmigrantes en el
archipiélago, y exige también el cumplimiento del acuerdo que se tomó en
el Congreso de los Diputados que establece la derivación a otras
comunidades autónomas, si se sobrepasa el cupo establecido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor
presidente.
Señoría, le he referido las medidas que no tienen un carácter temporal,
sino el carácter que exija en el tiempo la naturaleza del problema. Por
lo tanto, son medidas que tendrán la permanencia que tenga el problema.
Hay que actuar en origen, en las costas africanas, como llevamos
haciendo, por cierto, desde que estamos en el Gobierno. En este sentido,
le recuerdo los proyectos «SeaHorse» y Atlantis, y estamos activando por
vía diplomática los acuerdos de readmisión, que creo que es donde está
buena parte de la solución al problema planteado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE EL
PLAN DE CHOQUE Y PREVENCIÓN DE SUICIDIOS DE LA CÁRCEL DE LANGRAITZ
(ÁLAVA) ES SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS INTERNOS (S.
680/000786).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Etxegoyen.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro, y buenos días a todos.
El pasado 9 de marzo fue hallado muerto, colgado de los barrotes de su
celda en la prisión de Nanclares de Oca, un nuevo recluso, el sexto en
los últimos doce meses, el octavo si retrocedemos hasta 16 meses atrás.
Esta muerte, en circunstancias aún por esclarecer, pone en evidencia lo
que esta portavoz y su grupo parlamentario venimos denunciando hace ya
tiempo, y lamento profundamente, créame, señor ministro, tener que volver
a subrayarlo hoy.
Algo está funcionando mal, muy mal, en la cárcel de Nanclares. De ahí que
le pregunte, señor ministro, si el Gobierno está en disposición de
afirmar que el plan de choque y prevención de suicidios de aplicación en
este centro garantiza de forma suficiente la seguridad de los internos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, presidente.
Senadora, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, el
Gobierno está haciendo una política penitenciaria que pone el máximo
cuidado, en Nanclares y en cualquier otro centro penitenciario que sea
competencia de la Administración del Estado, en garantizar los más altos
estándares de bienestar en esa relación de especial sujeción que vincula
a los internos con la Administración.
En Nanclares se han producido tres suicidios en los últimos doce meses, y
efectivamente la respuesta, como bien sabe usted, de la directora general
de Instituciones Penitenciarias fue inmediata, activando un nuevo plan de
prevención de suicidios y un plan de choque específico que estamos
seguros de que van a ofrecer muy buenos resultados en el futuro, en
Nanclares y en el resto de las prisiones dependientes de la
Administración del Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor ministro.
He estado muy atenta a su respuesta y a las explicaciones que me ha dado,
pero con independencia de que son ciertas porque evidentemente hay un
nuevo plan de choque y un nuevo protocolo de prevención de suicidios en
Nanclares, creo que, cuanto menos, habría que ponerle alguna coma que
otra, porque hace falta mucho más que las directrices que usted nos acaba
de formular, ya que entiendo que en Nanclares, vista la estadística que
todos conocemos, no es tiempo de explicaciones. Todo lo dicho y todo lo
actuado no ha sido suficiente para evitar que un recluso joven, que tenía
previsto salir de prisión en nueve meses, haya optado por quitarse la
vida, como antes otros, y tampoco procede hoy reproducir un debate en
iguales términos que hace seis o doce meses.
Con independencia de cualquier otro tipo de valoración que derive de la
investigación interna puesta en marcha con motivo de este último
fallecimiento, lo cierto es que el número alarmante de muertos en
Nanclares pone de manifiesto, cuanto menos, que las condiciones de la
prisión son de todo punto inadecuadas.
Una persona que conoce bien esta cárcel porque trabaja en ella me
comentaba que en Nanclares empieza a fallar todo, y en ese sentido y este
ambiente no hay plan de choque y prevención de suicidios que valga cuando
dichas condiciones se mantienen y perpetúan en una situación de
precariedad por todos conocida.
En cualquier caso, esta portavoz no le va a exigir ni dimisiones ni el
cierre de la prisión, como he escuchado. Tampoco va a tirar del hilo de
esta nueva desgracia para solicitar el traspaso de las competencias
penitenciarias, aunque tampoco voy a negar que ha habido una serie de
actuaciones precedentes, como que por ejemplo el clima en el interior de
la prisión ha mejorado mucho en los últimos meses tras el relevo de la
dirección. Tampoco voy a negar, sino reconocer públicamente --así lo he
hecho en alguna otra ocasión--, que me consta la voluntad y el esfuerzo
de su ministerio, singularmente de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, para resolver esta situación de Nanclares. Pero me tendrá
que reconocer que voluntad y esfuerzo ya no son suficientes, e igualmente
me tendrá que reconocer que algo sigue fallando. Seis muertos en doce
meses es, además de una tragedia, el reflejo irrefutable del fracaso de
la gestión penitenciaria en el centro de Nanclares, porque es la
Administración penitenciaria la que tiene la responsabilidad de velar por
la dignidad, la protección y la seguridad de las personas encarceladas, y
ello pasa, además de por planes marco de choque y protocolos de
prevención de suicidios, por programas individualizados de tratamiento,
sin olvidar la investigación inmediata de cuantas denuncias de abuso,
coacciones, malos tratos y presiones de todo tipo se produzcan. Y usted
sabe que en Nanclares, precisamente, no han sido pocas. Sin ir más lejos,
las del recluso muerto el pasado día 9.
Y termino, señor presidente, casi como empecé. No quisiera, señor
ministro, y lo lamentaría profundamente, tener que volver a interpelarle
dentro de unos meses porque muera otro recluso en la prisión de
Nanclares, y como estoy convencida de que usted lo lamentaría tanto como
yo, le pido, señor ministro, algo más que lo que se está haciendo para
evitar la situación tan lamentable e inaceptable que se está viviendo en
la prisión de Nanclares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señor presidente, en
primer lugar, quiero romper una lanza en favor de los funcionarios de
Instituciones Penitenciarias, que desarrollan su trabajo con limpieza y
honestidad, de acuerdo con la ley a la que están vinculados; ¡faltaría
más!
En segundo lugar, senadora, el plan de choque específico cuenta con más
profesionales, tanto de asistencia psicológica, como de asistencia social
y de formación. Además, pone en marcha el nuevo catálogo de actividades
de tratamiento y de escolarización, así como de actividades formativas y
laborales. También los grupos de autoayuda y más actividades culturales,
que les permitan a los internos vivir en privación de libertad de la
manera menos gravosa posible.
El trabajo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está
dando frutos, senadora; se lo digo a usted y a sus compañeros de la
Cámara. Los datos nacionales son buenos. El trabajo intensivo que realiza
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha puesto de
manifiesto que, de los 40 suicidios de 2004, se ha pasó a 36 en 2005.
Durante los primeros meses de 2006 ha habido cinco casos, mientras que
durante el mismo período del año pasado hubo nueve. Estamos actuando con
toda la eficacia y rigor posibles, y vamos a seguir haciéndolo, para
apuntalar la relación de especial sujeción que tienen los internos con la
Administración del Estado que requiere que la pena privativa de libertad
se cumpla en condiciones humanitarias y lo menos gravosas posible para el
interno.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN
RELACIÓN CON LA AFLUENCIA MASIVA DE INMIGRANTES A LAS ISLAS CANARIAS (S.
680/000790).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Guerra Guerra.
Tiene la palabra su señoría.
La señora GUERRA GUERRA: Buenos días, señor presidente. Buenos días,
señor ministro.
La pregunta es sobre las medidas previstas por el Gobierno en relación
con la afluencia masiva de inmigrantes a las Islas Canarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor
presidente.
Señora senadora, me tengo que remitir, por razones obvias, a la respuesta
que le he dado al senador de Coalición Canaria: las medidas consisten
básicamente en la coordinación de la labor de cuatro ministerios que
lleva a cabo la vicepresidencia del Gobierno. Es una labor ardua para
tratar un problema arduo y complejo, que estamos encarando con toda la
eficacia posible, y con el aparato del Estado funcionando a pleno
rendimiento. El problema es grave y
serio, y afecta a unas islas muy queridas para el Gobierno, pero
el trabajo dará frutos en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra su señoría.
La señora GUERRA GUERRA: Señor ministro, aunque usted se remita a la
respuesta que ha dado antes, yo no me puedo remitir a la pregunta que la
ha producido. Quiero decir que mi pregunta es completamente diferente. Le
voy a situar, señor ministro.
En las costas de Mauritania hay miles y miles de personas esperando con
embarcaciones como cayucos, pateras, barcos nodriza o como quiera
llamarlos, para abordar Canarias. Canarias tiene los centros de
inmigrantes desbordados. Las costas están ocupadas por la Guardia Civil,
las organizaciones no gubernamentales y los voluntarios que atienden a
los inmigrantes. Por cierto, señor ministro, que no necesitan que se les
dé lecciones de humanidad para tratar a los inmigrantes. Esa es la
situación de Canarias.
Como la experiencia es un grado, y yo la tengo, señor ministro, le voy a
decir lo que hizo el Partido Popular, porque sé que usted se remitirá a
ello. El Partido Popular promulgó una ley de extranjería, puso en marcha
el programa GRECO para regular la situación de los inmigrantes en España
e implantó el SIVE en Fuerteventura; no siguió haciéndolo en las demás
islas porque se fue del Gobierno de España. Sin embargo, ustedes llevan
dos años en el Gobierno y no lo han puesto.
Habla usted de las medidas que se van a adoptar, señor ministro. Pues
bien, por si lo dicho fuera poco, ayer tuvimos noticia de un informe que
la Guardia Civil les remitió en diciembre, que no hablaba ya de los
vivos, señor ministro, sino de cuántos muertos iban a aparecer en las
costas. Y así ha sido.
La situación de las Islas Canarias es de emergencia, pero ustedes
llamaron a los inmigrantes. Sí, señor ministro: ustedes los llamaron. Los
llamaron cuando hicieron un proceso de regularización sobre el que la
Unión Europea les advirtió que tuviesen cuidado. Y de aquellos polvos
vienen estos lodos, señor ministro. No nos vale, pues, que nos diga hoy
que se están tomando medidas ni que nos visite la vicepresidenta del
Gobierno para replicarnos, cuando le decimos que nuestra casa se está
inundando, que nos traerá más cubos para que los utilicemos. Hay que
solucionar el problema de los inmigrantes en el lugar de origen.
Canarias es territorio español, señor ministro; insular, pero español.
Sus ciudadanos pertenecen a la nación española, y esperan que su Gobierno
adopte las medidas necesarias para preservar a los inmigrantes y también
a ellos.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor
presidente.
Senadora, me parece que usted no se ha enterado. La Guardia Civil no ha
hecho ese informe al que usted se refiere; la Guardia Civil, cuando
recibe las informaciones que tiene que recibir de los servicios de
información y de inteligencia del Estado, actúa como tal, y, por tanto,
la estructura interior tiene que intervenir reforzando la vigilancia, que
fue lo que hizo en ese caso concreto al que usted se refiere. Y además,
con muy buenos resultados, porque en los dos primeros meses del año, y
sólo en Canarias, se salvaron las vidas de más de 600 personas, que
fueron rescatadas, y siguen rescatando personas todos los días, en una
situación ardua y difícil, por tanto, siguen haciendo lo que tienen que
hacer: desarticular redes que trafican ilegalmente con seres humanos. 54
redes desarticuladas, sólo en los dos primeros meses de 2006.
Tengo que decirle también que en 2005 y en 2006 se desarticularon más de
300 redes, que se interceptaron más de 555 embarcaciones, que se
rescataron más de 10.000 personas entre la Guardia Civil y Salvamento
Marítimo, y que ésos son los datos que la propia Guardia Civil, y, por
tanto, la estructura operativa del Ministerio del Interior, han hecho
públicos, que demuestran un alto grado de eficacia y de cumplimiento de
nuestras responsabilidades.
Además de ello, la vicepresidenta primera del Gobierno efectivamente está
coordinando la labor de los cuatro ministerios a los que me refería:
Interior, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales y Defensa, y
estamos poniendo en marcha los centros de acogida, como le decía al
senador que me interpeló antes. Estamos procediendo a la devolución de
las 170 personas cuya devolución ya admite Mauritania. Hemos puesto en
marcha y desarrollado, ya desde 2005, los proyectos «SeaHorse» y
«Atlantis», para hacer frente al problema en origen, al problema de las
costas africanas, que tienen proyección en las islas Canarias y en el sur
de la península. Vamos a ceder cuatro patrulleras a Mauritania; vamos a
formar a sus gendarmes, y todo eso se va a hacer en un comité mixto
hispano-mauritano que ha sido activado por vía diplomática. Por tanto,
Exteriores también ha cumplido con sus responsabilidades.
En cuanto a las Canarias, saben --sobre todo usted, que es de allí-- que
hemos reforzado lo existente --en el sentido que le decía al senador que
me preguntó antes-- también mediante la creación de una base de servicio
marítimo nueva, en Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente vamos a
construir un centro de internamiento de extranjeros en Arrecife, y ésos
son hechos y resultados que demuestran una labor sólida de un gobierno,
enfrentado como es su responsabilidad a un problema grave, serio y
complejo, que tiene proyecciones nacionales. Nuestra labor es proteger
nuestras costas y nuestras aguas territoriales, pero también tenemos la
obligación de ayudar humanitariamente, en todo lo que podamos, fuera de
nuestras fronteras y de nuestras aguas territoriales.
Termino en cinco segundos, señor presidente, diciendo que yo no sé lo que
hizo o dejó de hacer el PP, pero, ya que me lo pregunta, le diré que con
el PP había más pateras y más inmigrantes. De 942 pateras en 2003, cuando
ustedes gobernaban, pasamos en 2005 a 567; y, de más de 19.000
inmigrantes por vía marítima en 2003, pasamos a 11.781
en 2005. Éstos son datos concluyentes que acreditan la eficacia y
la mejora en la calidad de actuación de este Gobierno con relación
al anterior.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL TRASLADO, EL
PASADO DÍA 4 DE MARZO, DE VEINTICINCO INMIGRANTES A GUINEA-BISSAU (S.
680/000792).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó.
Tiene la palabra, señoría.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted coincidirá conmigo en que el camino más corto entre
Ceuta y Madrid no pasa por Guinea-Bissau. Por tanto, me gustaría que me
aclarase por qué envió usted de excursión a 31 policías nacionales y a 25
inmigrantes ilegales a Guinea-Bissau; si este vuelo fue simplemente una
maniobra de distracción para posteriormente dejarles en libertad en
Madrid, o si es una chapuza más de las muchas que este Gobierno está
cometiendo en materia de inmigración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor
presidente.
Le puedo decir, senador, dos cosas fundamentalmente: que el Estado, el
Gobierno legítimo del Estado, y por tanto las autoridades policiales y
diplomáticas del Estado hacen todo lo posible para cumplir la legalidad
vigente, y, por tanto, para repatriar a sus lugares de origen a los
inmigrantes que no llegan legalmente a nuestro territorio. Que usted
califique de excursión esa tarea del Estado, puede demostrar lo gracioso
que es usted, pero desde luego no comparto para nada esa afirmación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra, señoría.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la vicepresidenta primera del Gobierno recientemente
afirmó, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que todo
inmigrante ilegal que llegue a nuestras fronteras será devuelto a su
país. Le faltó añadir: como paso previo para ser puesto en libertad en
Madrid, como consecuencia de la incompetencia del ministro del Interior.
Señor ministro, la chapuza y la improvisación
--y esto desgraciadamente no es ninguna gracia-- son las principales
características de la política migratoria de este Gobierno, y conste que
esto no es un juicio de valor de los que tanto le molestan a usted sino
simplemente la constatación de un hecho real, que es lo que fue esa
excursión
--llámele usted como le parezca-- de 25 inmigrantes ilegales que fueron
enviados a Guinea-Bissau para ser puestos en libertad acto seguido en la
estación de Atocha. Parece que en esta materia, o no se entera usted de
nada o no se quiere enterar, puesto que ni siquiera es consciente de los
propios informes que se hacen en su misma Casa.
Quiero recordarle que tienen ustedes firmado un acuerdo que está en
ejecución con Guinea-Bissau desde el año 2003, del mismo modo que tienen
otro suscrito con Mauritania. Precisamente esta Cámara, a través de una
moción que presentó nuestro grupo parlamentario en el Pleno, le instó a
que se firmaran esos acuerdos. Lo que quiero pedirle hoy simplemente es
que cumplan ustedes los acuerdos que ya están firmados y que sean capaces
de repatriar a los inmigrantes ilegales, como es su obligación y le pedía
la vicepresidenta primera del Gobierno.
Señor ministro, casi 4.000 inmigrantes ilegales han llegado a las Islas
Canarias en los tres primeros meses de este año, y parece ser que mil de
ellos por desgracia han muerto ahogados en el Atlántico. Mientras no
rectifiquen ustedes su política de inmigración esto irá a peor, pero para
que ustedes rectifiquen es necesario que previamente reconozcan ese
error. Yo le insto en esta Cámara a que usted reconozca que su política
de inmigración es un error, porque si no lo reconoce va a ser imposible
que rectifique, con lo cual esto va a ir a peor, lo repito, como se está
demostrando crisis tras crisis. Pero voy a decirle más. Si ustedes
rectifican esta política de inmigración tenga la seguridad de que el
Partido Popular les va a apoyar porque este tema es muy serio y muy
importante para todos los españoles. Cuente de antemano con nuestro apoyo
siempre y cuando haya una rectificación, porque esos casi 4.000
inmigrantes que han llegado a Canarias en estos tres primeros meses son
casi más que todos los que llegaron a lo largo de 2005. Y le aseguro,
señor ministro, que esas casi mil personas ahogadas merecen una
rectificación de su política.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor
presidente.
Senador, en cuanto a los datos generales, se los acabo de dar a su
compañera de grupo con toda mi estima.
Quiero decirle que de 942 pateras que llegaron a nuestras costas en 2003,
cuando ustedes gobernaban, pasamos a 567 en 2005. Son datos consolidados.
Y de más de 19.000 inmigrantes ilegales que llegaron por vía marítima en
2003 pasamos a 11.781, también por vía marítima, en 2005. Son datos
objetivos que acreditan la mayor y mejor eficacia de este Gobierno en la
lucha contra la inmigración ilegal.
Y por lo que hace a su pregunta sobre la repatriación a Guinea-Bissau
tengo que decirle, se ponga usted como se ponga, que eso no fue una
excursión sino el cumplimiento por parte de las autoridades policiales y
diplomáticas de la legislación española vigente. (Rumores.) En primer
lugar, hubo un reconocimiento de la nacionalidad por el consulado de
Guinea-Bissau. En segundo lugar, hubo una autorización de ese país que
fue comunicada al cónsul español. En tercer lugar, hubo una comunicación
a las autoridades guineanas de la realización del vuelo y de la solicitud
correspondiente del sobrevuelo o sobrevuelos, así como la comunicación de
todo ello por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cuarto
lugar, se realizó ese vuelo, pero una vez llegado a Guinea-Bissau fue
recibido de modo negativo por las autoridades de allí. Por tanto, la
policía española cumplió adecuadamente con sus obligaciones y no tuvo
ninguna culpa de lo que pasó, es decir, de la falta de acogida por parte
de las autoridades de Guinea-Bissau.
Y finalmente puedo decirle que en 2005 también aumentamos y mejoramos en
materia de vuelos para repatriar inmigrantes que no llegaron legalmente a
nuestro territorio. Hubo 41 vuelos con 2.831 ciudadanos extranjeros
repatriados, lo que también acredita la eficacia y la competencia de las
autoridades policiales y diplomáticas del Reino de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN
DEL NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN LO QUE VA DE
AÑO EN RELACIÓN CON EL MISMO PERÍODO EN AÑOS ANTERIORES (S. 680/000793).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Echeverría.
Tiene su señoría la palabra.
El señor ECHEVERRÍA ECHÁNIZ: Muchas gracias, señor presidente.
La pregunta es la siguiente: Valoración del Gobierno de la evolución del
número de muertes violentas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año
en relación con el mismo período en años anteriores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señor presidente, paso a
responder al señor senador con toda premura.
Le voy a dar los datos consolidados. Durante los años 2004 y 2005 se han
reducido en un 25 por ciento los homicidios en Madrid con relación a los
ocurridos en el año 2003; en concreto, se han producido 40 homicidios
menos que cuando estaba en el gobierno el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ECHEVERRÍA ECHÁNIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted no me ha contestado a lo que yo le he preguntado,
porque quería que me hablara del año 2006. En cualquier caso, no me
extraña que no me responda porque, de hecho, sus datos nunca coinciden
con los que yo tengo. No es de extrañar, porque tampoco coinciden con los
de la Unión Federal de Policía, la Asociación Unificada de Guardias
Civiles o los dados por el decano de los juzgados de Madrid.
A esta confusión de cifras debemos añadir que la Asociación Unificada de
Guardias Civiles ha lanzado la gravísima acusación de que desde el
Ministerio del Interior se manipulan las cifras de delitos y faltas, al
menos en la demarcación de la guardia civil --tengo aquí el texto y se lo
puedo enseñar--; acusación que nadie ha contestado desde el ministerio.
Es más, a esta confusión de datos estadísticos hay que sumar lo que para
mí es una clara voluntad política de no dar a la oposición información
sobre la delincuencia, y le voy a poner dos ejemplos. Primero, con fecha
6 de junio de 2005 se envió una circular a las comisarías firmada por el
subdirector general operativo donde consta la prohibición de facilitar
datos sobre delincuencia, exactamente datos estadísticos de criminalidad,
mientras no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado de
Seguridad. Segundo, en febrero de 2005 tuvo lugar en su ministerio una
reunión con los representantes de las comunidades autónomas
comprometiéndose el ministerio a dar datos a las comunidades, pero hasta
ahora la Comunidad de Madrid no ha recibido ninguno. Sin embargo, señor
ministro, a fecha de hoy, 22 de marzo, sí hay datos objetivos: más de
veinte personas han sido asesinadas en la Comunidad de Madrid, y sobre
eso le preguntaba.
Si comparamos este año con el pasado, podemos afirmar que en el año 2006
se han producido el doble de asesinatos que en el mismo período del
pasado año 2005. El pasado mes de febrero cada tres días una persona
moría violentamente en Madrid. Como a su señoría no se le oculta, todos
los madrileños estamos muy preocupados por esta escalada de violencia y
no podemos entender, por ejemplo, que en los Presupuestos Generales del
Estado no se dedique a Madrid ni un céntimo para inversión en seguridad,
equipamientos o construcción de casas cuarteles y comisarías.
Tampoco podemos entender por qué se rechaza la ayuda y colaboración de la
Comunidad de Madrid. ¿Por qué se rechazó, señor ministro, la oferta de la
Comunidad de Madrid de financiar el 50 por ciento de una comisaría en el
distrito de Villaverde, necesaria con gran demanda
social? ¿Por qué no se ha aceptado por parte del ministerio estudiar
la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid y sí se ha hecho con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha? Espero que no sea porque en
Madrid gobierna el Partido Popular, señor ministro.
De nuevo le ofrezco la leal colaboración del Gobierno de la Comunidad de
Madrid en la lucha contra la delincuencia. Muchas gracias, señor
presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señoría, cuando hablamos
de cuestiones como la seguridad ciudadana soy un firme defensor, y usted
lo sabe, del principio de colaboración entre las instituciones, y subrayo
instituciones.
Déjeme que le diga que, por más que usted se empeñe, los datos
consolidados son tozudos. Uno no puede congelar el período de tiempo que
le interesa; por ejemplo, si congelamos esta semana y la comparamos con
la misma del año anterior, igual encontramos una reducción del cien por
cien en el número de homicidios porque puede que no haya habido ninguno.
Por eso, se dan los datos consolidados anualmente, ejercicio por
ejercicio, y puedo decirle que durante los años 2004 y 2005, con relación
al 2003, se ha producido una reducción del 25 por ciento en los
homicidios violentos.
Senador, eso obedece a una política de seguridad muy clara: el aumento
del número de efectivos y un mayor despliegue policial. Hay 1.463 agentes
de policía y guardia civil más ahora que en 2003, lo que conlleva una
mayor tasa de eficacia policial. Ha aumentado la tasa de detenciones, es
decir hay más responsables de los delitos y de las faltas que, en su
caso, son detenidos.
Pero lo más importante, señor senador --y éste es el dato--, es que hay
una menor tasa de homicidios. Ustedes la dejaron en 1,34 homicidios por
cada 100.000 habitantes y nosotros la hemos reducido a menos de uno por
cada 100.000 habitantes. Esos son datos tozudos que demuestran que,
gracias a las políticas de seguridad del Gobierno, la seguridad neta de
los habitantes de Madrid está, por fortuna, aumentando y, en
consecuencia, el índice de inseguridad ciudadana que ustedes dejaron
disminuyendo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DOÑA MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
GARANTIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EDIFICACIONES (S.
680/000781).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Elices, tiene la palabra su
señoría.
La señora ELICES MARCOS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como es sabido, en los últimos años se está luchando
desde todos los ámbitos de la industria para conseguir unas mejoras
medioambientales y una seguridad mayor en todos los procesos. La
edificación de viviendas es un sector que no se queda al margen de este
proceso, por eso el Gobierno está promoviendo decretos y normativas
encaminadas a la buena conducta de la edificación en todos los aspectos
medioambientales y de sostenibilidad.
Como sabemos de la aprobación por el Consejo de Ministros, posterior a la
entrada de nuestra pregunta en el registro, del Real Decreto por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, consideramos que esta
sede parlamentaria es el lugar idóneo para que usted nos explique con el
mayor detalle que el tiempo le permita cómo se regula la construcción y
cuáles serán las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad
de los edificios.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor
presidente, señoría.
Como bien ha dicho, el pasado viernes 17 de marzo el Consejo de Ministros
aprobó el Código Técnico de la Edificación, que supone avanzar no sólo en
la eficiencia energética de la edificación, en la calidad de nuestras
viviendas y edificios, en la innovación, en la productividad y en la
competitividad del sector de la edificación, sino que también supone un
avance importante en la sostenibilidad como eje de las políticas de
vivienda y suelo.
La aprobación del Código Técnico de la Edificación por el Consejo de
Ministros supone la mayor reforma de la normativa sobre edificación de
los últimos 30 años; además supone el desarrollo de la Ley de Ordenación
de la Edificación, la trasposición de directivas comunitarias --entre
ellas la muy importante de Eficiencia energética en la edificación-- y
significa también el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales
y de nuestros compromisos de Gobierno.
El objeto del Código Técnico de la Edificación es hacer edificios más
seguros, edificios más habitables y más sostenibles, garantizando la
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección
del medio ambiente. El Código Técnico de la Edificación es un código
flexible que, como decía antes, fomenta la innovación desarrollando
nuevas tecnologías en el sector de la edificación, incrementa, por
supuesto, la productividad en este sector y mejora la competitividad del
mismo.
Ha sido un código fruto de la participación y el consenso, donde han
intervenido todos los agentes de la edificación y en cuya intervención yo
destacaría la de las comunidades autónomas, que recientemente, en una
conferencia sectorial y por unanimidad, dieron el visto bueno al Código
Técnico de la Edificación.
El objeto final del Código supone tener edificios más seguros, edificios
más habitables y sostenibles para los
ciudadanos, esto es, viviendas y edificios más ecológicos y más
eficientes. El Código Técnico de la Edificación va a mejorar
nuestro entorno urbano y va a mejorar nuestros
edificios fomentando la eficiencia energética y además fomentando el uso
de las energías renovables en la edificación: los edificios serán más
funcionales, serán más seguros en lo que se refiere a la estructura de
los mismos, a la seguridad en caso de incendio y también a la seguridad
en el uso normal del edificio; pero también serán más habitables desde el
punto de vista de la higiene, de la salud y de la protección del medio
ambiente, fomentando el ahorro de la energía y el aislamiento térmico.
España recupera el tiempo perdido utilizando las energías renovables en
la edificación; la casa «verde» y el edificio «verde» ya no serán un
reclamo publicitario, sino que todas las casas y todos los edificios
serán «verdes». Los ciudadanos pagarán menos por sus facturas de consumo
de energía gracias a la incorporación de esas medidas, por ejemplo, la
introducción de placas solares para la producción de agua caliente
sanitaria, la introducción de placas solares fotovoltaicas... En
definitiva, todas esas medidas serán rentables y amortizables en un
período corto de tiempo, de cuatro a cinco años.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
¿Va a hacer uso de la palabra, senadora Elices? (Denegaciones.)
Gracias.
-- DE DOÑA MARÍA DEL MAR AGÜERO RUANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI TIENE CONOCIMIENTO EL GOBIERNO ACERCA DE LA PETICIÓN
DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE COFRADÍAS DE PESCADORES Y DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE ASOCIACIONES PESQUERAS DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DEL
GASODUCTO DE ARGELIA EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE AL LITORAL DE LA
PROVINCIA DE ALMERÍA (S. 680/000789).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Agüero Ruano. Tiene la
palabra su señoría.
La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, sabemos que el importante proyecto de Mezgad, que une por
medio del gasoducto Argelia con España, tiene el informe favorable del
Ministerio de Industria y nos parece bien. Pero la Federación Andaluza de
Cofradías de Pescadores y la Federación Andaluza de Asociaciones
Pesqueras le han mandado al señor ministro una petición para que se
modifique este trazado en su tramo marítimo por el litoral de la
provincia de Almería, por lo que le pregunto si tiene conocimiento de
ello y qué opinión tiene al respecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Gracias, señor presidente.
Su señoría me pregunta si conozco la petición de los pescadores
almerienses en relación al trazado del gasoducto. La respuesta es
obviamente que sí la conozco, y no sólo eso, sino que el Gobierno ha
propiciado recientemente un encuentro entre los pescadores y la empresa
para tratar el asunto y encontrar soluciones que puedan ser
satisfactorias para ambas partes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.
La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no esperaba una respuesta tan escueta. Usted sabe
perfectamente lo que quiero transmitirle, cuestión que abarca más que el
objeto de mi pregunta, y quisiera saber si tiene conocimiento del escrito
de alegaciones presentado a finales de 2003 en el que el sector pesquero
remitía las copias de los planos del gasoducto de Mezgad a la empresa
sobre la propuesta del trazado alternativo.
Pero, señor ministro, si hay un tema respecto del que no quiero polemizar
absolutamente nada es precisamente éste. Si lo hubiera querido hacer,
evidentemente, le habría pedido su opinión sobre unas declaraciones del
secretario de Estado de Energía en la Comisión de Industria del Congreso
en las que dejó en el aire que la tubería iba a pasar por la playa del
Perdigal, en Almería, y que iba a ser sólo de paso, no para la
distribución del gas a la ciudad y a la provincia. Por lo tanto, señor
ministro, puede que no veamos el gas ni en pintura aunque, en todo caso,
eso sería objeto de otra pregunta.
Lo verdaderamente importante es que si los responsables del proyecto
Mezgad están estudiando la posibilidad del cambio del trazado del
gasoducto para que el sector pesquero no pierda esos caladeros, el
Ministerio de Industria podría echar una mano y atender la legítima
preocupación de los pescadores y armadores, que ven cómo el actual
trazado interfiere en los caladeros de gamba roja, de vital importancia
para la subsistencia de un sector en donde, como usted sabe, faenan
barcos de Almería, Garrucha y Carboneras. Los puntos de interferencia
están muy especificados en todo el trayecto. Uno es el denominado Canto
Mónsul y otro el trazado del gasoducto que discurre paralelo a unas tres
millas de la costa, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Nijar, desde la
punta del cabo hasta la entrada en tierra por la playa del Perdigal.
Señor ministro, me hago eco de las protestas de los vecinos de El
Alquián, que están en contra de la entrada del gasoducto en esa playa y
han solicitado que se encuentre al menos a una distancia de 2 kilómetros
de dicha barriada. Esperamos que su señoría y la ministra de Medio
Ambiente tengan la sensibilidad que el caso requiere y que con
una pequeña modificación --puesto que, como he señalado anteriormente,
la empresa está estudiando el asunto-- todos quedemos contentos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, por supuesto que el Gobierno está tratando de responder a las
inquietudes de los pescadores y de los vecinos del barrio de El Alquián.
De hecho, me consta que la Subdelegación del Gobierno en Almería ha
estado en contacto con los distintos colectivos y ha trasladado a las dos
empresas implicadas, tanto a Mezgad como a Enagas las reivindicaciones de
cada uno de ellos tratando de encontrar una solución lo más positiva
posible para el conjunto de los afectados.
El último contacto formal se produjo el 17 de febrero, día en el que
atendiendo una petición de las cofradías de pescadores y una asociación
de armadores pesqueros la Subdelegación propició una reunión con los
representantes de Mezgad en la que también estuvo presente un
representante del Ministerio de Agricultura. La empresa se comprometió a
estudiar la propuesta de los pescadores --seguramente podría aportar
algunos detalles más--, pero es cuanto podemos decir en este momento.
Ahora bien, sea cual sea la resolución --que estoy convencido que será
satisfactoria para todos--, habría que recordar que este gasoducto que
une España con Argelia y que entra en nuestro país por Almería es un
proyecto estratégico para garantizar el suministro de Gas Natural. Es uno
de los proyectos prioritarios del Gobierno y su construcción cuenta,
además, con un amplio respaldo político y social también en Almería,
entre otros motivos, porque --y no lo dude usted, señoría-- también
comportará beneficios económicos para esta provincia.
Éste es mi deseo y trabajaremos para que este proyecto salga adelante con
el máximo consenso y con la máxima celeridad posible a fin de cumplir los
objetivos estratégicos del Estado en materia energética. Por supuesto que
existe esta línea de trabajo, y estoy convencido de que se encontrará una
solución satisfactoria. Nosotros nos esforzaremos para que ello sea
posible, para que se concilien los intereses generales que representa la
construcción de este gasoducto y los intereses de los pescadores y de los
vecinos de este barrio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON JOSÉ SEGUÍ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE SI EL GOBIERNO PUEDE ACLARAR LAS DECLARACIONES DE SU PRESIDENTE AL
AFIRMAR QUE EN RELACIÓN AL SECTOR ENERGÉTICO HAY QUE FAVORECER FUSIONES Y
ALIANZAS AMISTOSAS Y NO OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (OPA)
HOSTILES (S. 680/000791).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Seguí, que tiene la palabra.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado lunes 13 de marzo el presidente del Gobierno,
el señor Rodríguez Zapatero, afirmó en rueda de prensa celebrada con el
señor Villepin que en relación al sector energético hay que favorecer
fusiones y alianzas amistosas, y no OPAs hostiles.
Señor ministro, ¿qué quiso decir exactamente el señor presidente?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, las declaraciones del presidente del Gobierno referidas a la
política energética europea que se debatirá durante esta semana en el
Consejo Europeo fueron lo suficientemente claras, y por tanto, no es
preciso hacer ninguna interpretación de las mismas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, gracias por su claridad. Últimamente está siendo usted
absolutamente claro en sus respuestas.
Las palabras del señor Zapatero, que insiste en decir una cosa y hacer
otra distinta, nos parece son de un sarcasmo inaceptable. Usted sabe muy
bien que han amparado desde un primer momento una de las OPAs más
hostiles que se recuerdan, que es la de Gas Natural sobre Endesa. Ustedes
han puesto una alfombra roja a dicha operación a base de condiciones no
sólo aceptables, sino también beneficiosas para la opante. Ustedes, señor
ministro, incluso han ido a por Endesa, la opada hostilmente, con
amenazas y advertencias, y sobre todo, presionando o dirigiendo en su
contra a los organismos reguladores. Y ahora nos dice el señor Zapatero
que quiere fusiones o alianzas amistosas, cuando él mismo ha ido a
celebrar la hostilidad de la OPA al domicilio particular del responsable
de la empresa opante.
La Comisión Europea les está dando serios varapalos precisamente por
amparar en tres días vía decreto-ley la conducta de beneficiar una OPA
hostil e impedir otra bastante más pacífica. Les van a abrir un
expediente por ello; hasta un juzgado está cuestionando ya la OPA que
ustedes amparan. Todo el mundo les está diciendo que ésta es una conducta
de país bananero, y el presidente Zapatero dice que quiere fusiones
amistosas.
Señor ministro, basta ya de engañar a la gente. Digan claro que ustedes
tienen deudas que pagar y que tratan de responder a las mismas. Digan
claro que en eso, en pagar esa deuda, consiste su patriotismo. Por lo
menos así la sociedad española sabrá a qué atenerse, sabrá que no hacen
ustedes patriotismo energético, sino que precisamente torpedean el
prestigio de España en Europa y en el mundo. No traten ustedes de
justificar lo injustificable. Ustedes han pregonado por activa y por
pasiva su europeísmo, pero a la primera de cambio se burlan de las
autoridades europeas variando arbitrariamente el marco normativo y
quebrantando los principios económicos esenciales de Europa.
Creo, señor ministro, que si a ustedes no se les cae la cara de vergüenza
por decir una cosa y hacer arbitrariamente todo lo contrario, es porque
ya no les queda prestigio que defender. Ustedes ya no se acuerdan de lo
que es velar por los intereses generales en lugar de defender los
particulares.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, al igual que otros Estados miembros, España está adaptando su
legislación para avanzar en la construcción del mercado interior de la
energía y en la liberalización del mercado energético europeo. Y partimos
de una situación en la que la mayoría de los países, como usted sabe,
bien a través de mayorías públicas o por el desarrollo de medidas
regulatorias, mantienen un control de sus principales empresas. Esa es la
realidad, nos guste o no, una realidad caracterizada por la falta de
armonización y la falta de reciprocidad por una asimetría que hemos de
tratar de superar. De eso en concreto se hablará en este Consejo de
primavera. De hecho, como usted sabe, determinadas empresas del sector en
países como Francia, Italia o Alemania tienen importantes ventajas
competitivas, derivadas de posiciones dominantes o cuasi monopolísticas,
no necesariamente derivadas de una mayor excelencia en la gestión.
En fin, en España el sector está liberalizado, compuesto por empresas
privadas absolutamente. Dadas las ventajas de estas empresas de otros
países frente a las españolas en tamaño, entre otras cosas, si no se
corrigen estos desequilibrios, podríamos estar construyendo un mercado
europeo de concentración en unos pocos operadores, sin que ello redunde
en una mayor competencia y eficacia en el sector energético.
Estamos hablando de un sector que cuenta, como usted sabe, con activos
estratégicos en cada país, menos el nuestro, con centrales nucleares, con
aprovisionamientos de gas, con recursos hídricos, con producciones
asociadas a minas de carbón, redes de transporte y electricidad y, por
tanto, hablamos de un sector que no debe analizarse sólo desde una óptica
de mercado y de competencia. En definitiva, se hace necesario elaborar
una nueva política energética europea, en la que se definan los objetivos
estratégicos comunes --de eso habló el presidente del Gobierno-- y en la
que se diseñen reglas comunes para los procesos de concentración
empresarial, de forma que la liberalización no perjudique los objetivos
estratégicos de seguridad, de competitividad y de sostenibilidad de los
Estados miembros y del conjunto de la Unión. Y mientras tanto, es
preferible que se haga respetar como estación de España el interés
energético del país y que las concentraciones empresariales en el sector
energético europeo se realicen mediante, por supuesto, acuerdos
empresariales entre empresas, pero sin perder de vista ese horizonte.
Eso es lo que quiso decir el presidente. Pero usted no lo entenderá,
usted nos ha soltado un mitin más propio de una campaña electoral o de
una asamblea de su partido, señor Seguí. Pero eso es lo que quiso decir
el señor presidente. Ustedes no lo entenderán porque, de hecho, no
entienden más que un hecho, y es que peligran los intereses, que aún
desconocemos, de un amigo del señor Aznar. Algún día tendrán que explicar
por qué defienden con uñas y dientes el interés de este señor en lugar de
defender el interés del sector energético español. En fin, para ustedes
vale el lema de antes alemana que catalana, es decir, española. Ése es su
lema.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON PEDRO FELICIANO SABANDO SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA OPINIÓN QUE LOS
CIUDADANOS TIENEN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, RECOGIDA EN EL BARÓMETRO
SANITARIO 2005 (S. 680/000799).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sabando.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SABANDO SUÁREZ: Señora ministra de Sanidad y Consumo, buenos
días.
Usted conoce muy bien que para hacer el diagnóstico del Sistema Nacional
de Salud, entre otros, hay un dato precioso, y es la opinión que del
mismo tienen los ciudadanos, pero no sólo para hacer el diagnóstico del
Sistema Nacional de Salud, sino también para valorar el pronóstico de ese
mismo sistema, para conocer hacia dónde va la orientación de ese Sistema
Nacional de Salud.
Por eso mismo, hoy desde el Grupo Socialista queremos preguntarle, señora
ministra, cómo valora el Gobierno la opinión de los ciudadanos acerca del
Sistema Nacional de Salud expresada en el barómetro sanitario 2005.
Conocemos, señora ministra, a través de los medios de comunicación la
opinión global, esa opinión global que dice que mejora la opinión de los
ciudadanos. Pero hoy queríamos preguntarle pormenorizadamente --si usted
lo tiene a
bien-- que nos desagregue esa opinión, que desagregue la
opinión de los ciudadanos con respecto a la atención primaria, con
respecto a la atención especializada extra e intra hospitalaria, con
respecto a la opinión que tienen los ciudadanos de nuestros hospitales
antes de haber pasado por sus servicios y después de haber estado
ingresados en ellos, con respecto a la opinión que tienen nuestros
ciudadanos de los servicios de urgencias, de las esperas.
Queremos también conocer, señora ministra, si es posible, aquellos
aspectos que los ciudadanos mejor valoran de los servicios que se les
prestan desde el Sistema Nacional de Salud, queremos conocer la opinión
que los ciudadanos tienen de ese capítulo, siempre en discusión, como son
las listas de espera y, por otra parte, también queremos conocer, señora
ministra, la opinión de esos mismos ciudadanos acerca de la actual
financiación del Sistema Nacional de Salud, acerca de la coordinación
entre las distintas comunidades autónomas, acerca --en último extremo--
de cómo se configura desde un punto de vista sanitario y desde un punto
de vista institucional ese Sistema Nacional de Salud.
Entendemos que hay otros criterios para valorar el futuro del Sistema
Nacional de Salud, pero éste es un criterio precioso, es un criterio muy
importante no sólo para valorar ese futuro, sino también es un criterio
de gestión para las comunidades autónomas que tienen transferidos los
recursos sanitarios de la Seguridad Social --del antiguo Insalud--, y
también es un criterio precioso para poder dirigir el conjunto del
Sistema Nacional de Salud. Por esta razón, señora ministra, es por lo que
hoy el Grupo Parlamentario Socialista le dirige esta pregunta sobre un
tema no sólo importante, sino también crucial para el sistema sanitario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, los ciudadanos valoran de manera positiva el funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud. Así lo recoge el Barómetro Sanitario: el 69,1
por ciento de los encuestados opinan que funciona bien o muy bien --por
cierto, un porcentaje que representa un 2,2 puntos mayor que en 2004--.
La satisfacción general del sistema se sitúa, en una escala de uno a
diez, en 6,2 puntos, manifestando una mejora respecto a años precedentes,
pues esa valoración era de 5,9 en 2002 y de 6,0 en 2003.
Más de las tres cuartas partes de los ciudadanos piensan que la sanidad
debe financiarse únicamente con los impuestos, y hay un pequeño
porcentaje que dice que debe también financiarse parcialmente por un pago
en los servicios. Casi la mitad de los ciudadanos piensa que la atención
primaria ha mejorado en los cinco últimos años, y esos porcentajes son
similares, aunque algo menores, en las consultas de especialidades y en
los hospitales. Los porcentajes de satisfacción son del 84,2 en atención
primaria, 77,3 en atención ambulatoria, 86,5 en hospitales, 78,6 en
urgencias. Los aspectos mejor valorados son el equipamiento y los medios
técnicos, la atención recibida, la confianza en los profesionales, la
cercanía de los centros y el número de especialidades accesibles.
El problema citado más frecuentemente es el de los tiempos de espera,
bien los tiempos de espera en la sala para acceder a las consultas, bien
la espera para ser intervenido en operaciones no urgentes. De hecho y
referido a este tema, un porcentaje sustancial de los ciudadanos opina
que las administraciones sanitarias trabajan para resolverlo, pero
todavía la mitad de los encuestados no han percibido mejoras en el último
año.
La información institucional también ha mejorado, aunque ahí hay campo
suficiente para seguirlo haciendo. La gran mayoría de los encuestados
opinan que el Sistema Nacional de Salud es equitativo en lo que se
refiere a la edad y al nivel económico, pero esta opinión está más
matizada respecto de la equidad territorial entre comunidades autónomas
y, por supuesto, entre el medio urbano y el medio rural. La gran mayoría
de los encuestados, un 82,4 por ciento nos señala así la necesidad de que
las comunidades autónomas se coordinen a la hora de ofrecer nuevos
servicios a los ciudadanos y un porcentaje importante de ellos también
desean que las administraciones ofrezcan más y mejor información sobre
los servicios disponibles.
En definitiva, los ciudadanos valoran en conjunto muy positivamente el
sistema sanitario, sin que por ello dejen de mencionar aquellos problemas
que, a su juicio, deben ser mejorados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
-- DE DON JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO QUE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES, SEGÚN LOS
DATOS DEL ESTUDIO REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (INC),
DEBEN ESTAR SATISFECHOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERÉS
GENERAL (S. 680/000800).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Palacios. Tiene la palabra su
señoría.
El señor PALACIOS ROJO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, buenos días y bienvenida nuevamente a esta Cámara.
A lo largo de los últimos años la mayoría de los servicios denominados de
interés general han experimentado un profundo proceso de cambio, como
puede ser la liberación en los sectores de telecomunicaciones y de la
energía, circunstancia que ha propiciado un incremento en la oferta y en
determinados sectores de competencia. Por lo que se refiere al resto de
los servicios, éstos han variado su oferta
y, en ocasiones, su regulación por circunstancias relacionadas
con la protección de los consumidores.
Como de todos es conocido, el pasado día 15 de marzo se celebró el Día
Mundial del Consumo. Nada más oportuno para celebrar esta efemérides que
pulsar la opinión del conjunto de los ciudadanos acerca del grado de
satisfacción sobre servicios tan trascendentales como son la telefonía,
tanto fija como móvil, la distribución de electricidad, el servicio de
distribución de gas a los domicilios, el acceso a Internet, el transporte
urbano e interurbano, el transporte aéreo, el uso y la contratación de
los servicios financieros en general, los seguros del hogar y de
vehículos particulares, los servicios de reparación de vehículos o los
servicios de asistencia técnica de electrodomésticos. El uso de estos
servicios supone casi un 10 por ciento del gasto de las familias
españolas. Algunos de ellos vienen experimentando un gran crecimiento,
como la telefonía y el acceso a Internet.
Entre los objetivos marcados por el Instituto Nacional de Consumo en la
elaboración del estudio figuran, entre otros, detectar el nivel de
satisfacción del usuario respecto a los servicios enumerados
anteriormente, determinar si las expectativas de los usuarios son
satisfechas y conocer cuáles son los canales más habituales para resolver
los problemas o conflictos que afectan a los usuarios. El estudio también
se plantea si la sociedad española percibe la existencia de competencia
en el mercado de los servicios y si los usuarios consumidores encuentran
dificultades, y cuáles son éstas, cuando deciden cambiar de proveedor de
servicios.
Como puede observarse fácilmente, en este estudio se hace referencia a
cuestiones fundamentales en las actividades de los ciudadanos en su
calidad de consumidores. Es por todo ello por lo que desde el Grupo
Parlamentario Socialista le formulo la siguiente pregunta. Según los
datos del estudio realizado por el Instituto Nacional de Consumo, ¿piensa
el Gobierno que los consumidores españoles como usuarios de servicios
deben estar satisfechos con el funcionamiento de los llamados servicios
de interés general?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, a la vista de los resultados del estudio, es evidente que el
nivel medio de satisfacción de los usuarios, un 7,39 por ciento sobre 10,
es muy elevado; es decir, los consumidores tienen una confianza
importante en la calidad de los servicios que se le prestan. No obstante,
al examinar este estudio, es necesario analizar los aspectos menos
positivos, para mejorar el nivel de protección de los consumidores,
aumentar la transparencia y elevar la competencia.
Desde esta perspectiva, cabe recordar que el Gobierno ha adoptado algunas
iniciativas. El anteproyecto de ley de mejora de la protección de los
consumidores, que será próximamente aprobado por el Consejo de Ministros
para su remisión a las Cámaras, prohíbe las prácticas de redondeo y
obliga a que se establezcan procedimientos para darse de baja de los
servicios contratados que sean idénticos a los procedimientos para darse
de alta. Desde nuestro punto de vista, ello aumentará la competencia,
facilitará el cambio de prestador de servicio y reducirá los problemas en
relación al cobro de los servicios no facilitados. Asimismo, el
Ministerio de Industria ha regulado de una nueva manera el acceso a
Internet y los derechos de los usuarios de las comunicaciones
electrónicas.
Del estudio se desprende que, cuando tienen una reclamación, los
consumidores acuden en primer lugar a los centros de atención al cliente
de las empresas, razón por la que el ministerio desea impulsar el diálogo
con esos prestadores de servicios de interés general para mejorar la
calidad de los centros, dedicando una especial atención a los sectores
donde se produce el mayor número de reclamaciones. Las oficinas
municipales de información a los consumidores se sitúan en segundo lugar,
razón por la que el ministerio va a incrementar la colaboración con las
mismas a través de un convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Hemos detectado también que no siempre una situación insatisfactoria
viene acompañada de una reclamación. Entendemos, por tanto, que es
necesario formar mejor a nuestros consumidores, para que presenten
reclamación o denuncia en todos aquellos casos en que los servicios
prestados no les satisfagan de acuerdo con el contrato firmado.
En cuanto al control de los servicios, los ciudadanos desean un mayor
control por parte de las administraciones y por eso, en cooperación con
las comunidades autónomas, vamos a impulsar el incremento de las campañas
de control del mercado. Asimismo, estamos trabajando en una modificación
del arbitraje de consumo, para impulsar este sistema extrajudicial de
resolución de conflictos, y estamos potenciando las asociaciones de
consumidores, que creemos que son un elemento esencial para abordar los
problemas que este estudio ha puesto de manifiesto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DOÑA ROSA NÚRIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE
PREVISTO ALGÚN CAMBIO PARA ACORTAR EL PLAZO NECESARIO PARA LA
CONVALIDACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS (S.
680/000780).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Me alegro de que estén en la sala las dos ministras afectadas, por
decirlo de alguna manera, las ministras de Educación y de Sanidad.
Por cierto, señora ministra de Sanidad, doña Elena Salgado, no comparto
su optimismo en cuanto a la evolución del sistema sanitario, al menos
respecto de nuestra comunidad, donde hay síntomas de agotamiento. Y por
uno de esos problemas precisamente es por el que ahora vamos a preguntar
a la ministra de Educación.
Durante estas últimas semanas se está informando en la prensa de forma
reiterada y con preocupación -- ayer era portada de un periódico catalán,
«Avui»-- de que la Conselleria de Salud de la Generalitat de Catalunya
contratará directamente especialistas de ginecología y pediatría, entre
otras especialidades, procedentes de países sudamericanos e incluso
marroquíes, todos extracomunitarios. Hasta la fecha, cualquier
universitario que quisiera ejercer en nuestro país debía convalidar su
titulación universitaria, y en el caso de los especialistas, después de
este primer trámite debía convalidar su especialidad en una segunda fase,
lo que ha supuesto un largo período de tramitación, ya que debe ser la
Comisión de Expertos de cada especialidad la que valide esta formación.
Si bien estas convalidaciones se hacen en muchas ocasiones excesivamente
largas, estamos seguros de que son necesarias, muy especialmente en
algunas carreras universitarias entre las que, evidentemente, se
encuentran las especialidades médicas, y el Ministerio de Sanidad tiene
la obligación, como señala la Constitución, de velar por la salud de
todos los españoles y los ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad
de conceder las especialidades médicas que garanticen los conocimientos
de los profesionales.
Por ello le preguntamos, ¿tiene previsto el Ministerio de Educación algún
cambio en la convalidación de las carreras universitarias, especialmente
las médicas, garantizando los conocimientos necesarios para ofrecer la
calidad asistencial necesaria y que ha caracterizado nuestro sistema
sanitario --que ya he dicho en muchas ocasiones, y ustedes estarán de
acuerdo conmigo, que es uno de los mejores de Europa porque tiene grandes
profesionales-- acortando el plazo necesario para su convalidación? La
falta de algunas especialidades o de especialistas está siendo importante
en Cataluña, especialmente en la sanidad pública --en la privada la
situación es distinta--, de ahí mi preocupación por el sistema
sanitario.
Gracias, señoras ministras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de
Cadiñanos): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me alegra mucho que formule esta pregunta que se ocupa de una
importante cuestión que no siempre recibe la atención general, que es el
problema de la convalidación de estudios que se realizan fuera de
España.
Su pregunta hace referencia a dos cuestiones que voy a comentar: las
medidas que se han tomado en relación con convalidaciones en general y
los que se refieren a los títulos de especialidades médicas.
Sobre este último asunto, como su señoría conoce, actuamos siempre en
perfecta coordinación con las normas que se adoptan en la Unión Europea,
como no podía ser de otra manera. Se trata de favorecer la libre
circulación de profesionales sanitarios y construir el Espacio Europeo de
Educación Superior, pero siempre con total garantía del derecho de
protección de la salud, al que hacía referencia, y también de toda la
normativa comunitaria.
Recientemente se ha publicado la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales. Dicha directiva ha de incorporarse al
ordenamiento de los Estados miembros para octubre del año 2007. Para que
se produzca esta adaptación en los distintos países se ha constituido un
grupo de trabajo europeo en el que se van a analizar las propuestas de
los Estados miembros. La primera reunión tendrá lugar el día 31 de marzo
de 2006. El resultado de este proceso, sin duda, va a ser un equilibrio
entre la garantía del derecho de protección de la salud y una mayor
eficiencia en los procesos que permita acortar los plazos en la
tramitación de la homologación en los distintos países, ajustándolos, por
supuesto, a todas las garantías.
En cuanto a la convalidación general de títulos universitarios
extranjeros en nuestro país, le recuerdo que hemos realizado dos tipos de
reformas en estos dos años. En primer lugar, modificamos la normativa
existente y, a continuación, se ha procedido a revisar la gestión, tanto
el funcionamiento de las comisiones como la información que se da a los
solicitantes vía internet; toda una serie de medidas que ha ofrecido ya
resultados. A pesar de que, dado el incremento de población extranjera,
cada día tenemos un número más elevado de solicitudes, en los dos últimos
años, el número de expedientes resueltos supera en 17.000 a los nuevos
presentados. Es decir, se está consiguiendo una mejora en la gestión, una
mejor atención a todos los ciudadanos que residen en nuestro país y que
tienen una cualificación que necesita ser reconocida para poder actuar en
nuestra sociedad y en nuestra economía.
Por tanto, como le he comentado, seguiremos trabajando para mejorar los
plazos, la gestión y todas las normas que se apliquen pero, por supuesto,
garantizando la protección a la salud y la verificación de los controles
necesarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra.
Señoría, debo suponer que las convalidaciones continúan siendo
obligatorias y necesarias, aunque con un trámite más rápido, de lo cual
me alegro muchísimo, ya que en muchas ocasiones nos ha preocupado la
lentitud de los mismos.
Una persona no puede irse a un país extracomunitario --y esto es lo que
más me preocupa-- con un sistema educativo distinto al nuestro sin
necesitar una posterior convalidación; por experiencia sabemos que
carreras de título superior en determinados países son convalidadas en el
nuestro como de grado medio, como carreras técnicas, lo cual significa
que nuestro sistema educativo es diferente, gracias a Dios.
Por tanto, repito, debo entender que la convalidación continúa siendo
necesaria, aunque agilizando los trámites.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DOÑA MARÍA BURGUÉS BARGUÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA
DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO
ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (S.
680/000782).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Burgués.
Tiene la palabra su señoría.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Cada vez con mayor frecuencia observamos la
existencia de problemas que los jóvenes y adolescentes presentan en las
relaciones entre profesores y alumnos y también entre compañeros.
El problema de la violencia en los centros educativos es complejo y no
compete solamente a los educadores. Es un problema social en el que la
primer responsable es la familia, porque es la que tiene la obligación de
educar a sus hijos e hijas en valores democráticos, de respeto y
tolerancia.
Sin embargo, las familias hacen dejación de sus responsabilidades,
delegando en la escuela y en los educadores esta función y éstos, además
de atender los programas educativos, deben ocuparse de su personalidad y
desarrollo psicológico. Pero los educadores no han sido preparados a este
respecto ni tampoco para la educación intercultural que hoy exigen las
aulas, ni para el conocimiento de las nuevas tecnologías como instrumento
necesario para combatir la desmotivación del alumno que, por otra parte,
suele mostrar una destreza muy superior a los profesores en este campo.
Los cambios en la familia han sido radicales; de un esquema patriarcal
autoritario se ha pasado a un exceso de centralización en el niño sin
represión alguna. Esta permisividad familiar ha perdido elementos de
contención en la conducta de jóvenes y adolescentes.
Por otro lado --y es otra preocupación importante--, la atención a la
salud mental y equilibrio emocional de jóvenes y adolescentes va cada vez
más en aumento. Los programas televisivos de contenidos agresivos o
violentos explican que los más jóvenes necesitan cada vez más atención
psiquiátrica. Hay estudios que demuestran que 4 de cada 10 niños entre 6
y 7 años pasan ante el televisor más de cuatro horas diarias.
Ante todos estos problemas, señora ministra, quiero preguntarle qué
medidas de prevención de la violencia en los centros educativos tiene
previsto adoptar el Ministerio de Educación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la Ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de
Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Señoría, comparto su diagnóstico acerca de los cambios producidos en el
sistema educativo que hacen necesaria una continua actualización de la
formación de los docentes y dotar a nuestros centros de nuevos medios que
les permitan mejorar la convivencia y construir entre todos una
ciudadanía activa desde la escuela.
Por ello, el ministerio está trabajando en diferentes escenarios y
plazos; las reformas contenidas en la Ley Orgánica de Educación en
general apuestan más por la prevención, por el futuro de nuestro sistema
educativo, y considero que a medio plazo serán muy importantes para
reforzar la formación en valores y la educación que damos en todos los
sentidos en nuestras escuelas. Además, estamos completando durante estos
días un plan de ayuda para mejorar la convivencia en los centros
escolares, plan que supone el desarrollo del segundo punto del acuerdo
básico que firmamos con los sindicatos en octubre de 2005. Este plan
busca, por supuesto, las sinergias con las actuaciones de las comunidades
autónomas, de manera que todo aquello que nuestras administraciones
educativas están llevando a cabo para potenciar la convivencia se vea
reforzado por la actuación del Gobierno central.
En este sentido, nuestra actuación es muy importante. Por un lado,
difundiendo las mejores prácticas y todas aquellas actividades que se
desarrollan en distintos territorios y que obtienen buenos resultados.
Por ello, mantendremos una página web sobre convivencia, concederemos de
ayudas y otorgaremos premios para proyectos de fomento de la convivencia,
y estamos seguros de que las comunidades autónomas colaborarán también en
estas actividades.
Por otra parte, vamos a celebrar un congreso anual sobre temas de
convivencia escolar, con la participación de todos nuestros territorios,
de los agentes del sistema educativo y con participación internacional.
Además, vamos a crear el observatorio estatal de convivencia escolar,
destinado a la prevención de los conflictos escolares.
En el seno de la Conferencia Sectorial realizaremos una revisión de toda
nuestra legislación básica. Consideramos que es allí, junto con todas las
administraciones responsables, donde debemos revisar la reforma de los
puntos de nuestra legislación que nos puede ayudar a conseguir los
objetivos buscados. Y, por supuesto, en el marco de la Conferencia
Sectorial se seguirán difundiendo todas las prácticas de las distintas
comunidades autónomas.
Su señoría, se ha referido a un punto fundamental: la formación de
docentes. Por supuesto, el Ministerio de Educación y Ciencia, como
siempre, va a llevar a cabo una actividad muy intensa en este campo, de
la formación de los profesores, atendiendo a la multiplicidad de
situaciones que se producen a diario. Para mejorar la convivencia en
nuestros centros es fundamental que hagamos un esfuerzo por conectar cada
día más nuestros centros con las familias, el entorno y los municipios.
Por lo tanto, vamos a establecer acuerdos de colaboración en este campo
con la Federación Española de Municipios y Provincias, con las
organizaciones representativas de padres y madres...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, ruego concluya.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de
Cadiñanos): ... con todo lo que puede colaborar a que nuestro sistema
educativo funcione cada día mejor, destinando 4 millones de euros a este
plan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Agradezco su respuesta, señora ministra, así como el hecho de que el
ministerio tenga prevista la aplicación de este plan de convivencia,
porque la formación en valores, el diálogo, el respeto y la tolerancia
sean el eje de la convivencia de nuestra sociedad; convivencia en las
aulas, con los educadores y con los compañeros de clase. Para conseguir
este objetivo, es necesaria la colaboración y la coordinación con las
comunidades autónomas, las escuelas, padres, madres, educadores y el
entorno más próximo a la escuela del niño, el barrio, trabajando
conjuntamente y compartiendo una responsabilidad que es de la sociedad.
Muchas gracias.
-- DE DOÑA ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E
INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA 13), EN EL MARCO
DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 2004-2007 (S. 680/000797).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aránega.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ARÁNEGA JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra.
Señorías, en este tiempo de la historia, la investigación y el desarrollo
representan un factor decisivo para lograr una mayor realización personal
y un mayor progreso social y económico, lo que puede derivar en un
incremento del bienestar social e individual. Por ello, el futuro de
nuestro país, y su capacidad de generar oportunidades de desarrollo y
empleo, está directamente relacionado con la potenciación de la
investigación científica. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori,
ocupa la Presidencia.) El Gobierno ha venido realizando durante los
últimos años una apuesta decidida por la mejora y la consolidación de la
calidad de la investigación. Ha emprendido, entre otras actuaciones, un
plan de potenciación de los recursos humanos con medidas específicas
dirigidas a los becarios y a su continuidad, a los programas Ramón y
Cajal o Juan de la Cierva. Señorías, somos de los convencidos de que se
han de potenciar los mecanismos para que las universidades y los OPI
puedan incorporar investigadores a sus plantillas, y abrir así la vía
para el desarrollo de una verdadera carrera investigadora. Es necesario,
señor ministra, la captación de profesores investigadores de alto nivel y
de jóvenes con buen potencial investigador, que además deseen
incorporarse o retornar al sistema de ciencia y tecnología español,
concretamente a grupos consolidados. En este sentido, el nuevo Programa
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad
Investigadora, concretamente, el denominado Programa I3 del Ministerio de
Educación y Ciencia, propone reforzar las políticas de apoyo a la
incorporación de doctores al sistema español de I+D+I, incentivando la
oferta de puestos de carácter permanente en las universidades.
Por todo ello, señor ministra, le pregunto ¿cuál es el grado de
desarrollo del Programa I3 de Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ( Sansegundo Gómez de
Cadiñanos): Gracias, señor presidente.
Como bien decía su señoría, nuestro sistema necesita encontrar un lugar
para nuestros jóvenes investigadores, de gran valía, prometedores para el
futuro de nuestro sistema. Cuando llegamos al Gobierno recuerdo que en
esta misma Cámara les comenté en alguna ocasión que encontrar una plaza
estable para los investigadores que, a pesar de su relativa juventud, han
demostrado su trayectoria en el campo científico no era para nosotros un
problema, sino un reto que, sin duda, estábamos encantados de afrontar. A
ello nos hemos dedicado desde todo el Gobierno, pero muy especialmente
desde el Ministerio de Educación y Ciencia con diferentes programas.
Habrá que seguir haciéndolo durante los próximos años porque estamos
convencidos de que para alcanzar los niveles europeos que proponemos,
nuestro sistema tiene que seguir esa senda de expansión, crecer en
cantidad y en calidad.
¿Qué medidas se han tomado, entre las que se encuentra el Programa I3, al
que se ha referido muy específicamente su señoría? Nuestro sistema sigue
ofreciendo plazas de incorporación a los jóvenes investigadores, pero,
además, ha reforzado las vías que permiten ofrecer plazas estables,
plazas permanentes en las universidades, en los organismos públicos de
investigación, y vamos a trabajar cada día más para hacer posible esta
mayor incorporación en las empresas. En las universidades hay un dato muy
ilustrativo, la última convocatoria de habilitación supone más de 2.000
plazas en nuestras universidades, multiplicamos las cifras de los últimos
años de manera muy notable. Son plazas que van a permitir alcanzar
puestos estables en nuestro agente número uno del sistema de ciencia y
tecnología, que son las universidades públicas.
En segundo lugar, en los organismos públicos de investigación, la oferta
pública de empleo en los dos últimos años representa un crecimiento de
aproximadamente unas 800 plazas estables entre ambas convocatorias, un
crecimiento a niveles desconocidos y que, de nuevo, va dirigido a ofrecer
esas oportunidades a nuestros jóvenes. Por supuesto, estas soluciones son
muy adecuadas para los jóvenes que teníamos contratados en el Programa
Ramón y Cajal y en las universidades, para un conjunto de figuras de
investigadores, y todos ellos, como no puede ser menos, tienen que ser
tratados con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben
prevalecer a la hora de acceder a esas plazas estables.
Para incentivar que los organismos públicos de investigación, que las
universidades deseen contratar a personas con estos perfiles, que todos
deseamos que sean miembros estables de nuestro sistema, en el año 2005, a
través del Programa I3, se ha acordado con nuestras comunidades autónomas
y nuestras OPI 306 plazas estables incentivadas con 120.000 euros, si se
trata de una plaza de profesor titular, y 150.000, si se trata de una
plaza con nivel de catedrático. En este año 2006 se van a aprobar los
protocolos que desarrollan estos convenios, lo que permitirá ofrecer al
menos otras 300 plazas, con lo cual, antes de que terminen los primeros
contratos Ramón y Cajal habremos incentivado unas 600 plazas a través del
Programa I3, número muy superior al de personas que quedan con estos
contratos. Además, como le decía, tenemos las 2.000 plazas en las
universidades públicas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.
-- DE DON JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
SI LA REANUDACIÓN DE LA PESCA DE LA ANCHOA EN EL GOLFO DE VIZCAYA
AUTORIZADA POR LA UNIÓN EUROPEA A PARTIR DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2006
PONDRÁ EN RIESGO LA RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE. (S. 680/000776).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de don José Ramón
Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: «Egunon guztioi. Milla ezker lehendakari
jauna».
Buenos días a todos y muchas gracias, señor presidente.
«Ongi etorria», ministra.
Muy buenos días, señora ministra. La pregunta que planteamos es la
siguiente: ¿la reapertura de la pesca de la anchoa el 1 de marzo del año
2006 pondrá en riesgo la recuperación de la especie?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Urrutia, los resultados de la campaña realizada por el Instituto
vasco el pasado mes de septiembre indican que la biomasa estimada es
mayor que en el año 2004 y un 40 por ciento superior a la del año 2003,
lo cual indica que el TAC aprobado no debería suponer un riesgo para la
recuperación de la especie y, como consecuencia, para la pesquería que se
ha aprobado.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Señora ministra, la Comisión Europea había
recomendado la parada biológica para el año 2006 en la pesquería de la
anchoa. Usted lo sabe perfectamente, y le voy a justificar por qué con
las estadísticas que obran en su poder y en poder de todas las cofradías.
En el año 1965 se recogieron 80.000 toneladas de anchoa; en el año 1990,
30.000 toneladas; de 2002 a 2004, 10.000 toneladas, y hasta el 13 de mayo
de 2005 --señora ministra, creo que usted está en un error-- sólo 200
toneladas. Por ese motivo, en ese momento el Gobierno del Estado español,
de acuerdo con las cofradías de pescadores y con las comunidades
autónomas, tomó la decisión de paralizar la pesca y retrasar su
reapertura hasta finales del año 2006.
La decisión que se tomó el primer día de invierno de 2005, el 21 de
diciembre --usted estuvo presente y, además, con poca representación por
parte del Gobierno español--, con la única abstención de Suecia y con la
presión de Francia y de los belgas, supuso la apertura el 1 de marzo del
año 2006 con unas cuantías ridículas, 4.500 toneladas para los barcos del
Estado español y 500 toneladas para los franceses, en dos tandas de 250.
Esto se produjo por la presión francesa, por un mercadeo con los
franceses para que ellos, en su momento, pudieran entrar en nuestros
caladeros.
Además, señora ministra, usted sabe perfectamente que estas 250 toneladas
posteriores a cubrir en el golfo de Vizcaya podían ser utilizadas por los
arranchales guipuzcoanos para coger cebo vivo para luego hacer la costera
del atún.
Usted sabe, señora ministra, que todos los informes técnicos, tanto de
los institutos oceanográficos como de los institutos técnicos --el de
ASTI por más señas, que goza de gran prestigio en Europa y en el mundo--
recomendaban la paralización total. La cifra de 4.500 toneladas es una
verdadera miseria, y no resuelve nada: sólo acuerdos con los franceses,
acuerdos en los que las decisiones adoptadas no son correctas.
Creo que usted no ha hecho caso de la información técnica, señora
ministra, y no nos puede decir que no importa, porque si no hay pesca o
ésta se retrasa el futuro del sector de la pesca de la anchoa corre
riesgos. Estamos arriesgándonos a que suba el IPC y la cesta de la compra
porque no hay anchoa. Estamos arriesgando...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya, por
favor.
El señor URRUTIA ELORZA: «Momento honetan; minutu bat bakarrik». Un
momento, por favor; sólo un minuto.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): No le doy un minuto; le doy
unos segundos para que termine.
El señor URRUTIA ELORZA: Perfecto.
Decía que estamos arriesgando la estrategia futura del sector pesquero, y
arriesgando también el sector conservero.
Señora ministra, hágalo cuanto antes, dése cuenta de que estamos a 22 de
marzo, y según la información que tenemos no se está cogiendo nada de
verdel ni de anchoa. Son noticias de ayer mismo, señora ministra.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor
senador.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor senador, efectivamente, la pesquería de la anchoa pasó por un
momento crítico en 2005. Pero debería recordar también que España
solicitó de la Comisión Europea medidas de emergencia, adaptando un
reglamento mediante el cual se cerró la pesquería hasta finales del año
pasado y se concedieron ayudas a los buques afectados. En el Consejo de
Ministros de diciembre, al que usted hacía referencia, la Comisión
Europea se mostró favorable al establecimiento de un TAC mínimo de entre
4.000 y 6.000 toneladas, por entender que éste no tendría efecto negativo
sobre el stock y que, de existir anchoa, la captura permitiría atender
las necesidades de la flota durante los primeros meses del año.
También me gustaría recordarle que España negoció con la Comisión para
que la apertura se retrasara hasta el mes de marzo, fecha próxima al
inicio de la pesquería por parte del sector español. Así, en caso de que
el recurso se encontrara recuperado la flota española de cerco podría
beneficiarse, puesto que no pesca entre enero y marzo. Tendrá que
reconocer que esto nada tiene que ver con los intereses franceses.
En definitiva, no es España, sino el Consejo de Ministros, el que puede
determinar el incremento del TAC de la anchoa a partir de julio en
función de los informes técnico-científicos de pesca, basados en las
evaluaciones científicas de primavera, que determinarán los niveles de la
biomasa del stock y por supuesto, de la misma forma que se tendrá que
determinar si procede un incremento del TAC, se tendrá que tomar una
decisión si nos encontramos en la situación opuesta a la que le estoy
exponiendo.
Quiero insistir en que el asesoramiento científico constituye la base del
establecimiento de medidas de gestión en la pesquería de la anchoa. Desde
hace varios años, el buque «Vizconde de Eza» realiza una campaña de
estimación de huevos y larvas en primavera. Durante los últimos años, el
Instituto Tecnológico de Investigación Marina del País Vasco ha venido
realizando igualmente una campaña dirigida a estimar la fuerza de
reclutamiento de la especie. Durante el otoño pasado, y por acuerdo con
el sector, buques comerciales llevaron a cabo una campaña experimental, a
fin de completar las evaluaciones obtenidas en las dos campañas
realizadas por los buques oceanográficos. Y en cuanto a este año,
continuaremos con las campañas de investigación, y está prevista la
incorporación del nuevo buque oceanográfico «Emma Bardán», que ha
empezado a navegar. Los resultados de las campañas, así como las que
lleve a cabo el organismo científico francés, servirán para determinar el
futuro de la pesquería durante los próximos meses.
Por último, diré que la semana pasada tuvimos una reunión con la
interfederativa de Cofradías del Cantábrico para explicarle los sistemas
de gestión que se implantarán en una u otra circunstancia: tanto si
disminuye el stock como en caso contrario.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batollori) Muchas gracias, señora
ministra.
-- DE DON FERNANDO CARLOS RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO
ACERCA DE LA PROTECCIÓN DEL SECTOR OVINO ANTE LOS NUEVOS CASOS DE
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE (EET) EN LA UNIÓN EUROPEA (S.
680/000787).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batollori): Pregunta del senador
Rodríguez Pérez.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente. Señora ministra,
buenos días.
Su señoría tiene la palabra.
Las revistas de información agraria se hacían eco hace unos días de una
noticia realmente preocupante: La Comisión
Europea investiga casos extraños de ovejas con encefalopatía
espongiforme transmisible: una en Chipre y dos en Francia. Otra
noticia decía: La Comisión decide que
continúen las investigaciones tras los resultados de las primeras pruebas
en los tres casos de EET, encefalopatía espongiforme transmisible,
detectados en ovejas.
Por todo lo expuesto, ¿qué medidas ha tomado su Gobierno tras la
publicación de esas noticias?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Señora ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor Rodríguez, para tranquilidad de sus señorías, y
principalmente de los consumidores españoles, le diré que la única EET
conocida en ovino y caprino es el «scrapie», una enfermedad que se conoce
hace más de doscientos años y que no se transmite al hombre. Por tanto,
no afecta al ámbito de la salud.
Por otro lado, la Comisión Europea y los Estados miembros hemos llegado
al acuerdo de aplicar el principio de precaución, reforzando el sistema
de vigilancia mediante un aumento del número de animales a vigilar.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora
ministra.
Tiene la palabra, señoría.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, lo que usted me acaba de decir no se corresponde en
absoluto con la realidad. Tengo delante un trabajo de un equipo de
investigadores españoles, del CISA, Centro de Investigaciones de Sanidad
Animal, dependiente del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, en Valdeolmos, Madrid, que indica que, efectivamente, el
«scrapie» --la denominación anglosajona de esta enfermedad-- o la
tembladera --como se la conoce-- es una encefalopatía espongiforme, que
puede ser ovina, y que no afecta al hombre. Pero yo le pregunto por el
contagio, tras la aparición de esos tres casos --usted no ha debido leer
la pregunta--, por encefalopatía espongiforme bovina, que sí puede
afectar a la especie humana, porque es la variante de la enfermedad de
Creutzfeldt-- Jakob.
Lo que le estoy diciendo es importante y muy grave, y por eso me
decepciona enormemente su respuesta, ya que demuestra una ignorancia que,
además, es realmente peligrosa por lo que se refiere a la salud pública.
Le voy a leer un párrafo del estudio al que me he refiriendo:
Afortunadamente, existe una barrera de especie que limita la transmisión
de las EET entre organismos de diferentes especies. Sin embargo, en
ocasiones esta barrera puede ser atravesada... --es el caso que nos ocupa
en este momento--..., como ha ocurrido con la encefalopatía espongiforme
bovina. Afortunadamente se considera que el «scrapie» no puede afectar a
la especie humana; sin embargo es necesario un control riguroso de la
presencia de «scrapie» para limitar al máximo la posible dispersión de
este agente infeccioso. Asimismo, la posibilidad de que la EEB pueda
haber infectado a la población ovina y encontrarse presente en ésta no ha
de descartarse. De modo que el análisis detallado de las EET en el ganado
ovino supone un asunto de enorme trascendencia, de gran importancia desde
el punto de vista de la sanidad animal y pública.
Señora ministra, le ruego que reconsidere este tema, que se preocupe por
él, porque es muy grave. Además, hay un precedente que usted debe
conocer, porque somos de la misma comunidad. Usted sabe lo que supuso la
encefalopatía espongiforme bovina en España, pero sobre todo en Galicia,
nuestra comunidad: de los 625 casos acaecidos desde el año 2000, más de
doscientos se produjeron allí, y el primero se detectó en la provincia de
Lugo.
Y quiero hacer un inciso: la enfermedad no se inventó en España ni
tampoco la inventó el Partido Popular. Se lo digo, señora ministra, por
si luego me contesta en ese sentido, usted, que es tan proclive a echarle
la culpa de todos los males al Partido Popular. Nos tocó vivirla en
Galicia, a mí en primer plano y también a quien tiene usted detrás de su
escaño, el señor Fraga; y su Gobierno en aquel momento puso todos los
medios: humanos, técnicos, de infraestructuras y de ayudas económicas,
para luchar contra una enfermedad grave, sobre la que, por cierto,
ustedes contribuyeron a crear una alarma social enorme, lo que nosotros
no vamos a hacer ahora. Otra cosa es que, en función de nuestra
responsabilidad, le instemos a que se preocupe por este tema, porque no
en vano, señora ministra
--usted lo sabe--, el sector ovino es, dentro de la Unión Europea de los
Veinticinco, el segundo en importancia. Tenemos una cabaña de millones de
cabezas...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, le ruego concluya,
por favor.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: ... y por eso creo que merece la pena que usted
se preocupe por este problema, aparte de su incidencia en la salud
pública, y que no dé respuestas tan frívolas como la que me ha dado hace
un momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez, yo no doy respuestas frívolas. Seamos claros ante la
responsabilidad que tenemos tanto usted como yo.
Usted conoce muy bien cuáles son las diferencias entre la enfermedad de
«scrapie», que afecta al ovino, y la EEB, que afecta al bovino. Desde el
año pasado es obligatorio en toda la Unión Europea realizar pruebas
discriminatorias de diagnóstico, lo que ante un caso positivo de EET en
ovino
o en caprino nos permite distinguir si es la enfermedad de
«scrapie» o una EEB. Todas las ovejas analizadas en los Estados miembros
desde el año pasado y hasta el día de hoy, es decir, desde que disponemos
de esas pruebas específicas, han dado resultados negativos. Por tanto,
podemos afirmar que en el ovino comunitario no se ha detectado hasta la
fecha ningún caso de EEB.
En cuanto a los tres casos a que usted hacía referencia, la Comisión
Europea ha dicho que todos los datos apuntan a que no se trata de la
enfermedad EEB. De todos modos, se están haciendo investigaciones
complementarias en el laboratorio de referencia sito en el Reino Unido.
No obstante, la Comisión Europea ha decidido reforzar el sistema de
vigilancia, incrementando el número de ovejas para muestreo por parte de
los Estados miembros. Para su tranquilidad le diré que en España hemos
pasado de un mínimo de 20.000 ovejas a más de 180.000. Y quiero
recordarle también a su señoría que siguen vigentes los programas
nacionales de erradicación de enfermedades animales aprobados por el
Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de la Sanidad Animal. Vamos
a continuar aplicando las mismas medidas que hasta la fecha, que son
iguales para todos los países comunitarios.
También le diré para su información que sigue prohibido alimentar a los
rumiantes y a todos los animales de granja con harinas de carne y huesos
de mamíferos. Y en cuanto al material específico de riesgo, más conocido
como MER, seguirá retirándose de la cadena alimentaria al igual que los
escasos animales positivos de la EET. Por tanto, puede estar usted
tranquilo. Sepa que estamos cumpliendo con nuestra obligación y con las
recomendaciones comunitarias.
Finalmente, me gustaría reiterar el mensaje de tranquilidad con que
iniciaba mi intervención diciéndoles que tanto la carne de ovino como la
de vacuno son seguras. La vigilancia sanitaria ofrece suficientes
garantías una vez que las canales han superado los controles veterinarios
en los mataderos.
Por todo ello, señor senador, creo que debemos trabajar conjuntamente.
Como usted decía, éste es un sector muy importante. No le causemos ningún
daño y mucho menos creemos desconfianza ante el consumidor.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
-- DE DON PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE VA A TENER EL PROGRAMA DE ACTUACIONES
CONTEMPLADO EN EL REAL DECRETO 287/2006, POR EL QUE SE REGULAN LAS OBRAS
URGENTES DE MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS, APROBADO POR EL CONSEJO
DE MINISTROS EL PASADO 10 DE MARZO, PARA UN AHORRO DEL AGUA QUE
CONTRIBUYA A PALIAR EL ACTUAL DÉFICIT HÍDRICO (S. 680/000795).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de don Pedro
Rodríguez Cantero.
Tiene su señoría la palabra.
El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, buenos días.
Los actuales modelos de desarrollo económico están convirtiendo el agua
en un recurso de enorme valor estratégico para el que resulta
indispensable mantener su disponibilidad tanto en calidad como en
cantidad. Por otra parte, el aumento de la demanda de uso de agua por un
grupo cada vez mayor de sectores hace necesario un diseño de estrategias
para optimizar su gestión, de tal manera que se haga posible el consumo
de agua en las mejores condiciones por el mayor número de ciudadanos.
La gestión del agua en España es de especial importancia debido a nuestra
situación geográfica en la cuenca mediterránea y también a la
configuración física de nuestro país. Por otra parte, la escasez de
precipitaciones que periódicamente padecemos se traduce en una
insuficiencia de recursos hídricos, lo que hace que estemos obligados a
tener una política de prevención contra la sequía aplicable a todos los
sectores usuarios del agua.
Pues bien, señora ministra, entre esos sectores destaca especialmente el
de la agricultura. La actividad agraria sigue siendo en numerosas zonas
de nuestro medio rural el eje sobre el que pivota el desarrollo
económico, social y cultural, y dentro de la agricultura el regadío
constituye el principal motor de ese desarrollo, capaz de afrontar y de
dar respuesta a los nuevos retos que el sector tiene planteados: desde la
competitividad de unos mercados cada vez más globalizados hasta la
exigencia de productos saludables y de calidad por parte de los
consumidores, sin olvidar, lógicamente, la obligación de respeto al medio
ambiente y la explotación sostenible de los recursos naturales.
Es una verdad afortunada que la agricultura de regadío aporta más del 50
por ciento de nuestra producción final agraria, aunque sólo ocupa el 13
por ciento de la superficie agrícola útil, y que una hectárea de regadío
produce seis veces lo que una de secano y proporciona una renta cuatro
veces mayor. Todo eso es verdad, pero también lo es que el regadío es el
principal consumidor de agua en nuestro país: en torno al 75 por ciento
del total. Lamentablemente, también es verdad que no siempre ese consumo
se hace en las mejores condiciones técnicas y de eficiencia, y en muchas
zonas todavía tenemos unas conducciones obsoletas y unos sistemas de
distribución que no han abandonado definitivamente el riego por gravedad
o a pie.
En definitiva, señora ministra, esa política de prevención contra la
sequía a la que he hecho referencia tiene que considerar necesaria y
obligadamente al regadío. Creo que ése es el sentir del plan de actuación
que el pasado 10 de marzo aprobó el Consejo de Ministros acertadamente,
coordinando la actuación de los ministerios de Medio Ambiente y
Agricultura. Por ello, le pregunto en qué medida
ese plan de actuación aprobado recientemente va a corregir el
déficit hídrico y establece esa política preventiva contra la
sequía que todos necesitamos.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
El señor Rodríguez, como buen conocedor del regadío, ha realizado un
análisis sobre el valor estratégico del agua y su importancia para el
sector agrario, no sólo por su contribución a la competitividad, sino
también por su carácter medioambiental.
Coincido con usted en que el agua adquiere especial importancia por
nuestra situación geográfica y porque una agricultura dinámica y
competitiva constituye el eje principal para el desarrollo económico,
social y cultural de una amplia zona de nuestro país. Pero, señoría,
debemos anticiparnos a la lucha contra los efectos de la sequía y reducir
sus efectos sobre el sector agrario para no encontrarnos con situaciones
como las sufridas en años anteriores.
Por eso, el pasado 10 de marzo aprobamos un real decreto para ejecutar en
dos años obras urgentes de mejora y consolidación de los regadíos, y lo
denominamos plan de choque porque es necesario el ahorro urgente de agua.
El objetivo principal es el ahorro de 1.162 hectómetros cúbicos
--permítanme que les diga que esa cantidad es equivalente a la
contemplada en el derogado trasvase del Ebro--. Además, si tenemos en
cuenta las actuaciones del Plan Nacional de Regadíos, conseguiremos un
ahorro de agua próximo a los 3.000 hectómetros cúbicos al año.
Y quiero salir al paso de algunas afirmaciones erróneas. Señorías, el
plan de choque complementa el Plan Nacional de Regadíos, cuya aplicación
sigue en su curso. Por eso, lo hemos dotado con un presupuesto de 1.872
millones de euros, sin olvidar que los Presupuestos Generales del Estado
del año para 2006 han aumentado más del 12 por ciento en materia de
regadíos. Se trata de un plan que actuará sobre 867.000 hectáreas y que
beneficiará a más de 290.000 agricultores. Entre sus objetivos, porque no
voy a señalar todos, cabe citar el incremento de la eficiencia hídrica y
económica, el impulso de la implantación de nuevas tecnologías con
inversiones en I+D+I y la incorporación de recursos no convencionales,
como son la desalación o la depuración y reutilización de aguas
residuales de núcleos urbanos.
Señor Rodríguez, efectivamente, el agua es un bien cada vez más escaso,
la agricultura quiere ser solidaria con el conjunto de la sociedad y el
resto de los sectores económicos haciendo un uso racional y eficiente de
aquélla. Estoy convencida de que este plan va a contribuir a ello, como
han reconocido los responsables agrarios autonómicos y la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes de España.
Además, me gustaría recordar que hoy se celebra el Día Mundial del Agua,
por lo que su pregunta resulta muy oportuna. Le felicito por ello. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora
ministra.
Señoría, ¿desea hacer una segunda intervención? (Denegación.)
Gracias.
-- DE DON LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA EVOLUCIÓN EN ESPAÑA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS (S. 680/000796).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos a la siguiente
pregunta, formulada por el senador Lago.
Tiene su señoría la palabra.
El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra,
«bon dia».
Se puede definir con sencillez la agricultura ecológica como el conjunto
de técnicas agrarias y ganaderas que excluyen el uso de productos
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos,
etcétera, al objeto de preservar el medio ambiente, aumentar la
fertilidad de los suelos y proporcionar alimentos naturales. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Los productos ecológicos y biológicos están adquiriendo en nuestro país
cada vez más protagonismo, sobre todo en los hábitos del consumidor
medio, ya que, no sólo forman parte de una alimentación sana, sino que
también son compatibles con el respeto medioambiental sencillamente
porque esos productos se cultivan y elaboran sin abonos químicos y
pesticidas y con un uso limitado de aditivos. Y daré sólo un dato: en los
productos alimenticios convencionales se permiten hasta 3.000 aditivos,
mientras en esos productos ecológicos el máximo establecido es de 36.
Nuestro país reúne condiciones para el desarrollo de ese tipo de
agricultura por su favorable climatología y los sistemas extensivos de
producción aplicados en gran número de cultivos.
Y en cuanto a la producción animal, la conservación de un patrimonio
genético de razas autóctonas y adaptadas al medio favorece la cría y
explotación en régimen extensivo.
Los fines de la llamada agricultura ecológica están definidos por el
IFOAM --organización no gubernamental que agrupa a asociaciones de
agricultores, centros de investigación y organismos de control y que se
ocupa de la agricultura ecológica-- y resumen lo que se entiende por
sostenibilidad en la agricultura: producir alimentos de elevada calidad;
fomentar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario; incrementar la
fertilidad de los suelos; emplear recursos renovables; minimizar las
formas de contaminación agrícola, mantener la diversidad genética del
sistema
agrícola; garantizar los derechos humanos reconocidos de los
productores agrarios, y controlar el impacto social y ecológico del
sistema agrario.
Por esas razones, el Grupo Parlamentario Socialista le preguntamos al
Gobierno, señora ministra, cómo evoluciona en España la producción y
comercialización de los llamados productos ecológicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Lago, en lo que a la evolución del sector se refiere, quiero
señalar que durante los dos últimos años la producción ecológica en
España se ha consolidado. (En la tribuna de invitados se despliega una
pancarta aludiendo a la enseñanza de la informática.) Los datos relativos
al año 2005 indican que la superficie...
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Ruego a los servicios de la Cámara que retiren inmediatamente esa
pancarta (Pausa.)
Prosiga, señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Como decía, los datos del año 2005 indican que la superficie destinada al
cultivo ecológico supera las 800.000 hectáreas, con un crecimiento
superior al 10 por ciento en relación con el año anterior, ocupando así
los primeros puestos tanto a nivel comunitario como mundial. Respecto del
número de operadores, en 2005 el crecimiento más notable se ha producido
en la lista de elaboradores, mientras que la de productores se ha
reducido ligeramente, permitiendo aumentar el tamaño medio de la
explotación ecológica.
Pero la característica principal de la producción ecológica española es
su diversidad, consecuencia de los diferentes sistemas de producción,
climas y culturas existentes que están presentes en todas las comunidades
autónomas.
En relación con las orientaciones productivas, destacan los bosques y
pastos, que constituyen la base de la ganadería ecológica, principalmente
la del ganado vacuno.
Y quisiera aportar a su señoría algunos datos sobre el consumo. El Panel
de Consumo Alimentario que elabora el Ministerio de Agricultura incluye
el análisis de productos ecológicos, como las frutas, las hortalizas y el
aceite de oliva. Así, en los dos últimos años la compra de frutas y
hortalizas frescas ecológicas ha pasado del 3 al 5 por ciento del consumo
total de esos productos, es decir, de apenas 193.000 toneladas se ha
pasado a casi 320.000, con un incremento del 65 por ciento. También, los
resultados de ese estudio reciente sobre el consumo de productos
ecológicos en España ponen de manifiesto que el 72,5 por ciento de los
consumidores ha oído hablar de los alimentos ecológicos y los consideran
más naturales, más sanos, sin aditivos ni colorantes, y producidos sin la
utilización de pesticidas químicos.
Conseguida la estabilización de la producción, es preciso dar un nuevo
enfoque, ya que no podemos seguir dependiendo de la demanda externa, que
absorbe casi el 90 por ciento de nuestra producción. Para lograrlo vamos
a desarrollar una campaña de información y promoción cofinanciada por la
Unión Europea, con una duración de dos años, y un plan de acción para la
agricultura ecológica. Nos hemos propuesto tres objetivos: promover la
agricultura ecológica, mejorar el conocimiento de estos productos y
promover su comercialización y consumo, y mejorar la coordinación, la
gestión de recursos y la vertebración del sector.
Finalmente, en respuesta a la reiterada demanda del sector, y en
cumplimiento de la normativa comunitaria, recientemente hemos aprobado un
real decreto que reserva en exclusiva para la agricultura ecológica las
menciones «ecológico-eco; biológico-bio y orgánico», sobre el que vamos a
realizar una campaña de información.
Como verá, señor Lago, se trata de un sector que va a seguir contando con
nuestro apoyo, ya que además de ser un compromiso parlamentario forma
parte de los compromisos electorales que ofrecimos a la ciudadanía en el
año 2004.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE
SI LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HA ACTUADO CORRECTAMENTE EN EL CASO DE
LOS MALOS TRATOS A LA NIÑA ALBA, EN MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) (S.
680/000777).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macias.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, me va a permitir que empiece mi intervención leyendo un
artículo de Pilar Rahola que, traducido, dice así: Llego a casa y, como
si fuera una necesidad urgente, abrazo a mi hija Ada. El abrazo es más
intenso que nunca. Tiene cinco años, y su deseo es ser una princesa. A
los cinco años, las hadas existen, y mi Ada particular sabe que la vienen
a saludar cada noche.
Señor ministro de Justicia, como puede imaginarse, me estoy refiriendo a
un hecho muy lamentable acaecido hace pocas semanas; a un cúmulo de
errores administrativos y judiciales que desembocó en la severa lesión de
la niña Alba, en Montcada i Reixac. Evidentemente, parte de esta cadena
de errores compete a administraciones catalanas, a ayuntamientos y a la
Generalitat; por tanto, no voy a referirme
a ellos, aunque en mi opinión se han producido gravísimos errores.
Pero también ha habido una actuación que, como mínimo, cabe
calificar de negligente por parte de algunos juzgados.
En ese sentido, señor ministro, mi pregunta es la siguiente. ¿Considera
el ministerio que la Administración de Justicia ha actuado correctamente
en el caso de los malos tratos a la niña Alba, en Montcada i Reixac?
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor
presidente.
Señoría, permítame que muestre y comparta con toda la Cámara, y con la
sociedad española y su opinión pública, mi indignación y consternación
por el conocimiento de los hechos dramáticos que han puesto en peligro la
vida de la niña de cinco años a la que usted ha hecho referencia en su
pregunta.
Su señoría trae este asunto a la Cámara porque la representación de la
soberanía popular entiende que ningún asunto socialmente relevante puede
ser sustraído al conocimiento y a la reflexión de esa representación.
Todo lo que pueda significar un problema para la gente también lo es para
el Gobierno; por tanto, éste lo es aun cuando se haya producido en un
ámbito de responsabilidad y competencia que no es el del Gobierno de la
nación. Pero esto no significa que no estemos dispuestos a comprometernos
a fondo en la dilucidación de los hechos y por su puesto en la depuración
de las responsabilidades, además de adoptar las medidas que puedan ser
oportunas y necesarias para aprender de esta triste experiencia y no se
vuelva a repetir, menos aún en el caso de una persona especialmente
vulnerable, como es por definición un menor de edad y, en circunstancias
insuperables, una niña de cinco años.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor ministro.
Estoy de acuerdo con usted. Éstos son los titulares de algunos medios
informativos de ámbito nacional catalán y nacional español que tratan
esta cuestión: Canción triste de Alba. La protección de los menores es
prioritaria. Algo ha fallado. Rectificar con tres meses de retraso. Nadie
amparó a Alba. La pesadilla de Alba, etcétera. Sin embargo, da la
sensación de que, habiéndose reconocido que algo ha fallado, nadie quiera
dar la cara. Por ejemplo, la directora general de Atención a la Infancia
de la Generalitat dice: En el caso de Alba no ha habido ninguna
negligencia. Pues bien, esta afirmación me parece gravísima. La
Consellería de Bienestar y Familia señala: Independientemente de las
apreciaciones, se ha actuado con rapidez. Y el conseller primer llega a
hablar de un cúmulo de deficiencias y de que se está analizando lo que ha
pasado, de que nadie es culpable de lo que pasado. Eso da cierta idea del
tono de algunos dirigentes.
En cualquier caso, me preocupa más una noticia publicada hoy, y es que la
presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó claro ayer,
tras investigar durante algunas semanas, que el magistrado interviniente
adoptó una decisión adecuada y con la debida celeridad. Pasaron tres
meses desde que la menor recibiera unas lesiones gravísimas, y resulta
que actuó con la debida celeridad. Y sólo reconoce que quizá la
autorización del correo para las notificaciones comportó una demora
objetiva en el conocimiento de los hechos por parte de la policía.
Considero que esto es muy grave, señor ministro, y sepa usted que nuestro
grupo parlamentario va a solicitar la comparecencia de la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del presidente del Consejo
General del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia, porque ellos
deben responder ante la opinión pública de lo mal que ha funcionado la
Justicia.
Señor ministro, termino como empecé. Decía Pilar Rahola en este artículo:
Alba está muy grave. Los monstruos de los cuentos la enviaron al límite
de la muerte. Lo hicieron porque Alba no encontró ningún príncipe
salvador. Todos los príncipes que debían protegerla se estaban dedicando
a otras cosas.
Sé que en este caso su ámbito de competencia es el que es, pero le pido
por favor que tanto usted como el Gobierno de España no se dediquen a
otra cosa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor
presidente.
Señoría, seguramente no es necesario, pero sí conveniente, que conste en
el «Diario de Sesiones» que este asunto se ha desenvuelto dentro del
ámbito de la independencia con la que actúan los tribunales de Justicia.
Es una actuación judicial la que pone en conocimiento de la policía, y en
este caso de los Mossos dÆEsquadra dependientes del Departamento de
Interior de la Generalitat de Cataluña, la lesión infligida a la menor de
edad que había sido reportada por el sistema sanitario.
A partir de ahí, el Consejo General del Poder Judicial tiene competencia
para desarrollar su actividad de inspección y decidir en su caso si los
tribunales de Justicia han actuado con la diligencia necesaria para
evitar el mal, así como sacar las lecciones que se puedan aprender de
esta terrible experiencia para mejorar el funcionamiento en el futuro.
Por supuesto el Ministerio Fiscal tiene el protagonismo que le otorga la
ley en cuanto a protección jurídica del menor. La Ley de 1996 establece
con claridad este ámbito de protección, y no sólo la depuración de
responsabilidades en los hechos cometidos por menores de edad. Aquí tiene
que actuar el Ministerio Fiscal y lo está haciendo.
Por su parte, la Administración autonómica también debe hacer su trabajo,
y los órganos que velan por el correcto
funcionamiento de las administraciones, en este caso el Síndic de
Greuges, es decir, el Defensor del Pueblo autonómico catalán,
deben desarrollar también su actividad de inspección, así como de
necesaria reflexión.
De todo ello debemos aprender, y tenga por seguro que el Gobierno va a
seguir esta secuencia con el mayor detalle y compromiso posible, no sólo
colaborando con las autoridades en lo que sea de su competencia y sin
interferir en las que la Constitución Española reserva a otras instancias
de responsabilidad, sino también propiciando la adopción de protocolos
que nos permitan actuar con la mayor diligencia cada vez que tengamos
conocimiento de que efectivamente ha podido producirse un daño, una
lesión personal infligida a un menor de edad. Es imprescindible extraer
lecciones de esta dramática experiencia, y asegurar ante la opinión
pública que los poderes públicos velan especialmente por la seguridad de
las personas más vulnerables y garantizan los derechos de todos. Éste es
un trabajo esencial que la Constitución reserva al Ministerio Fiscal.
En la parte que nos toca estamos en disposición de adoptar las medidas
necesarias para que esta experiencia, que ya tiene nombre propio, el de
esa niña menor de edad, nos provoque la reacción necesaria y nos lleve a
la adopción de medidas que impidan que esto pueda repetirse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA INCORPORAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA AL
PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO PARA SORIA, APROBADO EN EL CONSEJO DE
MINISTROS DE 6 DE MAYO DE 2005 (S. 680/000794).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Lavilla, que tiene la palabra.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el presidente del Gobierno decía lo siguiente en el
debate del Estado de la Nación celebrado el 15 de mayo de 2005: La acción
del Gobierno en este año ha tenido una manifestación que me satisface
particularmente. Se trata del apoyo a unas zonas singulares del
territorio, que son las que más población pierden. El plan de actuación
específico para Soria pretende acabar con déficit acumulados por decenios
de abandono. Algo que también se encargó de recordar la vicepresidenta
primera del Gobierno aquí presente.
Señor ministro, para acabar con estos decenios de abandono en una tierra
gestionada caciquilmente por la derecha más ultramontana, el Consejo de
Ministros aprobó el día 6 de mayo de 2005 el PAES, el Plan de Actuación
Específico para Soria, que fijaba un conjunto de acciones e inversiones
para la provincia de Soria; un plan abierto, que permite la incorporación
de actuaciones de los distintos ministerios de forma complementaria. De
ahí la pregunta, señor ministro, sobre las actuaciones que piensa
incorporar el Ministerio de Justicia al PAES.
Como sabe, señor ministro, el presidente del Gobierno ha querido ubicar a
Soria en el mapa de España, pero en la España del eje de la solidaridad.
Hay partidos, como el Partido Popular, que se envuelven en la bandera de
España y se olvidan de los españoles. El inmortal poeta Antonio Machado,
como sabe muy vinculado a Soria, ya nos advertía en sus versos de la
existencia de las dos Españas que hablar de España y Castilla era hablar
de Soria. Nos advertía también de la España de la fanfarria, del tópico,
de la España del olmo seco, abatido por el rayo y la carcoma, de la
España, señor ministro, de los decenios de abandono a la provincia más
despoblada de España, abandono que ha venido ocultando por toneladas de
propaganda, moviendo los hilos de lo que, en su día, Juan Antonio Gaya
Nuño nos advertía como uno de los males de Soria: el caciquismo.
En este mapa del abandono, de la propaganda, de la España de la pandereta
que hablaba Machado, el pasado día 16 de febrero un tropel de cargos
institucionales y políticos de derecha visitaban, por ejemplo, la
localidad soriana de Almazán y nos hacían la siguiente afirmación: las
instalaciones del juzgado son deplorables; también los espacios del
Palacio de los Condes de Gómara, en Soria. Bien, a este tropel de
personajes de la derecha soriana y de Castilla y León, representantes de
la España del olmo y de la pandereta, se les olvidó decir, sin duda, que
gracias a estos ocho años de abandono de la España de Rajoy y de Aznar
que marginó nuestra provincia, la situación de los juzgados era
deplorable; se les olvidó decirlo.
Pero este senador socialista por Soria confía, ahora que ha llegado la
primavera, en lo que ya habló Machado: en la España solidaria, la España
del quehacer y la esperanza, de la rama verde que sale del olmo seco, que
renace y mira hacia el futuro, de la ilusión y la solidaridad,
preocupándose por los territorios despoblados de Soria. Y en este
contexto de esperanza, de optimismo y de buen hacer que el PAES supone
para Soria, señor ministro, le pregunto por las acciones que va a
comprometer su ministerio para ayudar a la provincia más despoblada de
España y una de las más despobladas de Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor
presidente.
El Gobierno tiene un compromiso con la corrección de los desequilibrios
interterritoriales y, por supuesto, con la mejora de los servicios
públicos y de las infraestructuras cuando realizan derechos fundamentales
de ciudadanía. Ése es el sentido al que sirve el Plan de Actuación
Específico para Soria, que fue aprobado en su momento por el Consejo de
Ministros el 6 de mayo de 2005. El Ministerio de Justicia puede
contribuir a esa estrategia, en particular en relación con la provincia
de Soria, a través de dos líneas básicas de actuación que son congruentes
con la política que estamos desarrollando: en primer lugar, el incremento
de la planta y, en segundo lugar, como es lógico, la mejora de las
infraestructuras que sirven a la Administración de Justicia.
En relación con la planta, la provincia de Soria está integrada
actualmente por tres partidos judiciales: Almazán, Burgo de Osma y Soria.
En lo relativo al partido judicial de Soria, hemos incrementado ya su
planta en el año 2005, añadiendo un cuarto juzgado mixto de primera
instancia e instrucción a los tres previamente existentes, lo cual
significa un incremento de la capacidad de respuesta del sistema judicial
en garantía de los derechos de ciudadanía, además contrastado con la
carga de trabajo que soportan los órganos judiciales en esa demarcación.
Pero hemos acometido también importantes operaciones de mejora de las
infraestructuras de la Administración de Justicia. Así es el caso del
concurso para la ejecución de obras en el Palacio de los Condes de
Gómara, que sirve de sede a la Justicia en Soria. El Palacio de Justicia
en Soria lo hemos presupuestado por una cantidad rayana en los 800.000
euros y hoy aparece publicada precisamente en el BOE la resolución de la
Secretaría de Estado, que abre la licitación para el concurso y que
pretende acometer la transformación y adaptación de las oficinas
judiciales para que puedan reportar nuevos espacios físicos a los que
actualmente han estado destinados a uso de vivienda de cargos de la
Administración de Justicia. Nos parece que la utilización como
infraestructura para el servicio público judicial es más adecuada a su
dotación física e infraestructural.
Lo mismo vamos a hacer en el partido de Almazán. Las instalaciones del
Juzgado de Primera Instancia de Almazán, efectivamente, son deplorables.
Por eso, hemos incorporado en la programación para el año 2006 una
presupuestación adecuada para acometer la renovación de la necesaria
infraestructura. Ya se ha asignado un solar a esta finalidad y en la
actualidad el proyecto se encuentra en fase de redacción, de manera que
de una y otra forma, incrementando la planta y mejorando las
infraestructuras de la Administración de Justicia en Soria, el Ministerio
de Justicia está intentando contribuir a través de este plan específico
de actuaciones para la provincia de Soria a la corrección de
desigualdades, por tanto, a mejora de los servicios públicos.
No competiré con su señoría en la evocación de la poesía de Machado, pero
sí creemos que estamos prestando un buen servicio en la provincia en la
que escribió lo mejor de su obra y en la que seguramente pasó los mejores
capítulos de su vida.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON VÍCTOR MANUEL URRUTIA ABAIGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA PUESTO EN MARCHA EL MINISTERIO DE
JUSTICIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
INDULTO (S. 680/000798).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Urrutia.
Tiene la palabra su señoría.
El señor URRUTIA ABAIGAR: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
Como es conocido, las peticiones de indulto son presentadas por las
personas condenadas ante el Ministerio de Justicia y posteriormente son
concedidas o no por el Consejo de Ministros. Todas las semanas se
presentan en el Consejo de Ministros alrededor de 200 expedientes en
demanda de conmutación total o parcial de penas, de los que solo 10
prosperan con resultado favorable.
A lo largo del pasado año 2005, se indultó a un cinco por ciento de las
9.390 personas reas que solicitaron la medida de gracia, siendo en su
mayor parte de carácter parcial y condicionado. Entre las solicitudes de
indulto que menos posibilidades tuvieron de ser concedidas se encontraban
las relacionadas con los delitos económicos, contra la seguridad del
tráfico, las que tienen connotaciones racistas y las de violencia de
género.
Ante esta situación, señor ministro, ¿qué medidas ha puesto en marcha su
ministerio para mejorar la gestión de la tramitación de los expedientes
de indulto?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor
presidente.
Señoría, le agradezco que traiga a conocimiento de la Cámara esta
competencia, que efectivamente tiene su lugar constitucional y, sin
embargo, es escasamente conocida por la opinión pública, porque la de
indulto es una prerrogativa que la Constitución confía al Rey, bajo la
responsabilidad política y refrendo del Gobierno, y la ejerce el
Ministerio de Justicia, de conformidad con la ley.
El indulto no consiste en sustituir la decisión relativa a la inocencia o
culpabilidad del solicitante de indulto sino en acatar la resolución
judicial, aceptar, por tanto, el contenido del fallo condenatorio y,
dándolo por bueno, establecer, a través de una decisión discrecional por
la que el Gobierno asume su responsabilidad con transparencia, si procede
excepcionar el cumplimiento de la pena, a la luz del tiempo transcurrido
desde la comisión del delito, de su rehabilitación manifiesta o de las
circunstancias que puedan aconsejar que esa persona recupere la vida en
libertad, en función del carácter excesivo o desproporcionado de la pena,
o innecesario de su cumplimiento efectivo.
La Ley es nada menos que de 1870. Estamos en el año 2006. Por tanto, hace
136 años que la Ley que regula la prerrogativa de gracia está en vigor. Y
establece, sí, trámites preceptivos que el Gobierno observa
escrupulosamente. Hace falta contar con el informe del tribunal
sentenciador y también del ministerio fiscal y a menudo escuchar al
ofendido, es decir, escuchar la voz de la parte que resultó perjudicada
por el delito.
Por tanto, la tramitación del indulto puede depender del cumplimiento de
este trámite preceptivo y, al mismo tiempo, de la acumulación objetiva,
cuantitativa de los expedientes de indulto, de modo que, si son muy
numerosos, lógicamente, el tiempo de tramitación y de resolución será más
extenso. Y cuando llegamos al Gobierno, los tiempos eran dilatados por la
abultada bandeja de entrada de solicitudes de indulto.
Hemos intentado mejorar esa situación con un plan de choque, que nos ha
permitido, en primer lugar, reducir de dos meses a uno el tiempo en el
que el Gobierno solicita del tribunal sentenciador, el tribunal que
impuso la condena, y del ministerio fiscal los informes preceptivos a
partir de los cuales resulta posible evaluar la pertinencia del indulto,
y, en segundo lugar, aumentar la agilidad en la propia tramitación del
indulto, reduciendo de tres meses a uno, como media, el tiempo
transcurrido, teniendo en cuenta que al menos ingresan en el Ministerio
de Justicia 580 solicitudes de indulto como promedio mensual.
Esto es lo que explica que efectivamente consideremos en el Consejo de
Ministros todos los viernes un promedio de 200 desestimaciones de
solicitudes de indulto y unas 10 propuestas de estimación favorable. Y se
han seguido además unos criterios --que hemos explicado con transparencia
y por los que el Gobierno asume su responsabilidad-- que intentan
objetivar en la medida de lo posible, sin perjuicio, lógicamente, de la
tramitación y de la valoración individualizada que cada expediente de
indulto merece y reclama, en beneficio, primero, de la propia
Administración de Justicia, porque lanza un mensaje de certidumbre y
celeridad al propio tribunal sentenciador, que, a menudo, suspende la
ejecución de la condena hasta que el Gobierno administre su decisión
sobre la prerrogativa de gracia, pero también, y por supuesto, sobre los
ciudadanos que esperan de esa evaluación que corresponde administrar al
Gobierno, que lo somete a la firma del Rey bajo su refrendo, el ingreso
en prisión y, por tanto, el conocimiento también de criterios ciertos de
política criminal en este aspecto relativo a la ejecución de las
condenas. Por ello, creemos que estamos mejorando la Administración de
Justicia y la garantía de la calidad de los derechos de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA
SUPRESIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA (RTVE) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (S. 680/000784).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro. Tiene la
palabra su señoría.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el plan de saneamiento propuesto por el Gobierno
parece que pone fin al centro de producción del Ente Público
Radiotelevisión Española en Canarias, una medida que provocaría un
notable perjuicio no sólo para la plantilla afectada que, según nuestra
información, es del orden del 80 por ciento, sino también para la
cohesión territorial de nuestro archipiélago ultraperiférico.
El centro de producción del Ente Público Radiotelevisión Española en
Canarias, creado hace más de 40 años, ha contribuido en estas últimas
cuatro décadas a superar obstáculos derivados del hecho insular y la
lejanía entre las propias islas y el continente. Ha sido y es uno de los
canales de comunicación más sólidos entre los canarios que residen en las
islas y aquellos que tuvieron que emigrar a América. Más de 200 horas al
año de programación propia son retransmitidas a través del canal
internacional del total de 1.680 horas de programación propias realizadas
en 2005. Hay programas líderes de audiencia en el archipiélago y entre
los cientos de miles de canarios en América, programas como Tenderete o
La Luchada.
Por ello, mi pregunta es, ¿qué planes tiene el Gobierno con respecto al
centro de producción de Radiotelevisión Española en Canarias, que
desempeña ese papel fundamental en la cohesión territorial, en la
pluralidad y en la difusión de las ciencias y de la cultura?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, la pregunta que usted me plantea hace referencia a dos
cuestiones que están en estos momentos muy interrelacionadas entre sí;
por un lado, a un proyecto de ley que está en trámite, precisamente en el
Senado, que es el proyecto de ley de reforma de los medios de titularidad
estatal y, por otro, al plan de saneamiento del Ente Público de
Radiotelevisión, que está previsto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. En ambos instrumentos se han de abordar tanto las reformas
generales como las particulares, tanto las generales como las
territoriales; en ambos instrumentos hemos de que tener en cuenta el
interés general, que es muy importante, lo que es el servicio público, y
en ambos instrumentos hemos de tener en cuenta, también, las
especificidades territoriales y, por tanto, las especificidades de la
comunidad autónoma a la que usted representa y de la que estamos hablando
en este momento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Melchior.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, le agradezco su contestación pero tenemos esa
inmensa preocupación por la garantía del interés general, por la garantía
de la cohesión territorial de Canarias, por la garantía de que esos
cientos de miles de canarios que están en América puedan seguir
conectados con su archipiélago desde el punto de vista de la transmisión
cultural, científica, de noticias, incluso, lógicamente, de su cultura y
su deporte.
Por ello, le pedimos al Gobierno que haga el máximo esfuerzo --yo creo
que tiene el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas-- para que
este centro de producción, cuyo resultado durante los últimos cuarenta
años o más ha sido francamente importante, bueno y necesario, siga
cumpliendo su función.
Si me lo permite, voy a terminar con una cita de un presidente de una
conocida cadena de la televisión privada, que en un foro en Tenerife dijo
lo siguiente: «La radio y la televisión privadas existen para mantener
una audiencia que ofrecer a los anunciantes».
Dado que Canarias es un territorio muy alejado del continente, es un
territorio archipielágico y además hay casi tantos canarios viviendo en
América como en Canarias, nosotros queremos que sigan cohesionados con
los medios de comunicación, con Radiotelevisión Española, y con esa
garantía que debemos ofrecer a todos nuestros ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, yo comprendo su preocupación, pero quiero reflexionar sobre cuál
es el punto de partida. Como le decía, el punto de partida en estos
momentos, al margen del proyecto de ley que se está tramitando, es un
Plan de saneamiento y de futuro porque, como ustedes muy bien saben, no
es admisible en términos de racionalidad económica, organizativa, ni
financiera, ni siquiera en términos jurídicos comunitarios, mantener la
situación de un ente financiado con cargo a la deuda avalada por el
Estado. Ése es el motivo por el que hemos puesto en marcha este Plan de
saneamiento, que tiene que ser el instrumento básico para que sea viable
el nuevo modelo de radiotelevisión que se está tramitando precisamente en
esta Cámara.
En la medida en que es posible pronunciarse sobre una materia objeto de
una ley que está en trámite en el Senado, quiero señalar, en primer
lugar, que la nueva corporación de Radiotelevisión contará con una
estructura territorial necesaria para atender la prestación adecuada de
sus funciones de servicio público, y, en segundo lugar, que el plan que
se está llevando a cabo no va a dejar abandonado a su suerte a ninguno de
los trabajadores, sino que, por el contrario, se está empezando a
negociar con ellos.
Dicho esto, quiero tranquilizar a su señoría porque, tanto en el plan
como en los dos instrumentos que tenemos, vamos a contemplar la
especificidad de la comunidad autónoma a la que usted representa. El
Gobierno va a tener en cuenta la singularidad de Canarias, la diversidad
insular, su vocación internacional y especialmente su vertiente
americana. Es un patrimonio que está ahí, del que no podemos prescindir,
y a través de estos dos instrumentos que hemos puesto en marcha debemos
tratar de conseguir con ustedes y con el resto de los grupos políticos un
acuerdo que sea satisfactorio y que nos permita reconducir un ente para
hacer la televisión que los ciudadanos desean y, al mismo tiempo,
conseguir una televisión pública de calidad e independiente, que es
fundamental y ha sido el criterio mantenido por este Gobierno, pero
también sostenible financieramente y, por supuesto, que contribuya a
mantener la cohesión de nuestros territorios, como ha hecho hasta ahora.
Ése es el proyecto, ése es el programa y creo que en este momento
disponemos de los instrumentos adecuados para ponerlo en marcha, pero es
evidente que el Plan de saneamiento, el Plan de reducción y de adaptación
a la nueva situación hay que ejecutarlo. Creo que las dos cosas son
compatibles con el esfuerzo de todos.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
INTERPELACIONES:
-- DE DON ANTOLÍN SANZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DIRIGIDA A RECONDUCIR EL BAJO
NIVEL DE RECONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL SENADO (S.
670/000099).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto
segundo del orden del día: Interpelaciones.
La interpelación del senador Aragonés ha sido aplazada. Por tanto,
comenzamos con la interpelación del senador Antolín Sanz Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la política del Gobierno
dirigida a reconducir el bajo nivel de reconocimiento de las funciones
constitucionales del Senado.
Para su exposición, tiene la palabra su señoría.
El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, como todo el mundo sabe, nos encontramos
ya en el ecuador teórico de la actual legislatura. Dos años parecen
tiempo suficiente para hacer un repaso de la gestión del Gobierno en las
diferentes parcelas de la actividad política. De hecho, estos últimos
días hemos leído o escuchado muchos balances provisionales.
Hoy me centraré en el ámbito concreto de las relaciones Gobierno-Senado y
lo haré no sólo como es lógico por mi condición de senador, sino porque
pienso --y supongo que la Cámara coincidirá conmigo-- que esta cuestión
es un
indicador de primer orden para medir el nivel de salud democrática
de todo sistema parlamentario.
Señora vicepresidenta, mi ánimo, el ánimo del Grupo Parlamentario
Popular, se lo aseguro, es absolutamente constructivo. No lo dude.
Supongo que al Gobierno le preocupa el balance de su gestión, y también
supongo que, salvo que esté animado por un propósito exclusivamente
triunfalista, le interesará conocer la valoración del grupo mayoritario
de esta Cámara.
Por ello, en nombre de mi grupo, primero le transmitiré nuestra
valoración, después espero que la señora vicepresidenta nos exponga la
del Gobierno, y confío que finalmente entre todos lleguemos a algunas
conclusiones que sirvan para lo que supongo será un propósito compartido
por todos: mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y esta Cámara
parlamentaria.
Señorías, el Senado se encuentra actualmente en una situación sin
precedentes en nuestra historia democrática reciente; excepción hecha de
los últimos meses de la V Legislatura, en los que el Grupo Parlamentario
Popular llegó a ser --aunque por estrecho margen, bien es cierto--
mayoritario en esta Cámara, esta es la primera vez que el Congreso y el
Senado presentan un juego de mayorías muy diferente. El Partido
Socialista ostenta la mayoría relativa en el Congreso, pero el Partido
Popular hace lo propio en el Senado, y ésta es la situación democrática
que han querido todos los ciudadanos españoles.
Señorías, en 1978, los españoles decidimos que nuestro sistema
parlamentario fuese bicameral y , para no hacerlo inoperante, asimétrico.
La investidura y la confianza parlamentaria dependen del Congreso de los
Diputados y en el ejercicio de la función legislativa la Cámara Baja
ostenta un papel netamente preeminente.
Podemos discutir sobre si esta hegemonía pudiera ser mayor o menor, o de
qué otra forma podría modularse, pero este no es el tema del debate esta
mañana. Hoy no estoy aquí, señora vicepresidenta, interpelando al
Gobierno sobre la reforma del Senado, tiempo habrá de hablar de esta
cuestión. Estoy aquí para hablar de las reglas del juego porque las
reglas del juego son por el momento las que son y según ellas debemos
actuar todos. Esas mismas reglas, que marcan un bicameralismo asimétrico,
nos dicen también que el Senado, junto con el Congreso de los Diputados,
integra las Cortes Generales, y que éstas en su conjunto representan al
pueblo español; ambas Cámaras, Congreso y Senado, poseen idéntica
legitimidad democrática y su única diferencia radica en la representación
de la soberanía popular, proporcional en un caso y territorial en el
nuestro.
Las reglas del juego también nos dicen en el artículo 66.1 de la propia
Constitución que en el Congreso, al igual que en el Senado, ejercen la
potestad legislativa del Estado; aprueban sus presupuestos y controlan la
acción del Gobierno, además de otras competencias expresamente atribuidas
por la Constitución.
Señorías, hasta aquí son las reglas del juego. Pero veamos ahora cómo se
está jugando la partida desde hace dos años. Comencemos brevemente por el
ejercicio de la potestad legislativa del Estado. Desde el inicio de la
legislatura, como no puede ser de otra forma, el Senado ha tramitado y
tramita en tiempo y forma cuantos expedientes legislativos le han llegado
desde el Congreso de los Diputados. Hasta aquí, señorías, todo normal.
Ahora bien, por primera vez esta Cámara ha ejercido su derecho a veto
sobre dos proyectos de ley a los que posteriormente me referiré.
Por supuesto, el Senado hace mucho más que vetar; también enmienda, y lo
hacen todos los grupos, y es normal que una parte de esas enmiendas sean
finalmente rechazadas por el Congreso; sin embargo, no parece tan lógico
que ahora la norma sea que el Congreso rechace las enmiendas que le
llegan del Senado y la excepción que las acepte. Precisamente esto es lo
que viene sucediendo desde hace dos años.
Señorías, no olvidemos que el Senado también dispone de iniciativa
legislativa; de hecho, ésta es la legislatura en la que el Senado, con
diferencia respecto a otras, está haciendo más uso de esa potestad, y ya
son 20 las proposiciones de ley cuya toma en consideración ha sido
aprobada por esta Cámara en dos años, pero tan sólo dos han llegado al
«Boletín Oficial del Estado».
Cabe preguntarse si todo esto es legal. Pues naturalmente que sí. ¿Es
conforme a la letra de la Constitución? Indiscutiblemente sí. Sin
embargo, cabe también que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿El hecho
de que el Senado apruebe vetos, introduzca enmiendas o tome en
consideración proposiciones de ley --acabando en saco roto casi de modo
regular todas estas aportaciones-- es sinónimo de potenciar el papel
legislativo del Senado? ¿Es un modo de revitalizar la vida parlamentaria?
¿Es un indicio de excelencia democrática? Evidentemente, señora
vicepresidenta, no. Se nos dirá que el Congreso hace su trabajo, al igual
que el Senado, y que se trata de una cuestión de relaciones entre Cámaras
en las que el Gobierno no tiene que intervenir. Sin embargo, el Gobierno
conoce esta situación, sabe que se encuentra en minoría en esta Cámara y,
por tanto, debería hacer algún esfuerzo de consenso y de búsqueda de
acuerdos, integrando de forma positiva la voluntad del Senado en el
procedimiento legislativo.
¿Está haciendo el Gobierno este esfuerzo, señora vicepresidenta? ¿Piensa
el Gobierno cambiar de actitud? Otra de las funciones clásicas del
Parlamento, de esta Cámara en especial, es la aprobación y control de la
ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Evidentemente, todo
lo que he señalado antes al referirme a la actividad legislativa es
aplicable a este apartado, especialmente si recordamos, señorías, que uno
de los proyectos de ley que el Senado ha vetado hasta el momento es
precisamente el proyecto de presupuestos del año pasado, hecho que el
presidente del Gobierno definió de la siguiente forma: para mí tiene una
importancia relativa, es una situación de conflicto entre el Congreso y
el Senado; el Congreso lo solucionará vetando el veto del Senado. Se
define por sí mismo, señora vicepresidenta. Sin embargo, la innegable
pérdida de peso del Senado en materia presupuestaria desde que el Partido
Socialista llegó al Gobierno no termina aquí. Las Cortes no están solo
para aprobar presupuestos, sino para algo igualmente importante:
controlar
su ejecución. En este sentido, voy a demostrar la actitud
obstruccionista del Gobierno.
A principios de septiembre del pasado año, señora vicepresidenta, mi
grupo solicitó una ronda de 16 comparecencias de altos cargos para
analizar el desarrollando de la ejecución presupuestaria del año
2004-2005. Sin embargo, en el día de ayer, y por segunda vez, se negaron
estas comparecencias, alegando lo siguiente, señora vicepresidenta: que
eran demasiadas comparecencias y demasiadas reuniones de las comisiones.
Por lo tanto, transparencia poca y opacidad mucha.
No puedo terminar este rápido repaso del apartado presupuestario sin
recordar lo que sin duda es más grave, si por grave entendemos que el
Senado pierda competencias que antes tenía. Me estoy refiriendo, como
muchas de sus señorías habrán adivinado, al papel de esta Cámara en la
fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria. Todos recordamos los
sudores sufridos por el Gobierno para sacar adelante esa votación en el
Senado el pasado mes de julio de 2004. ¿Cuál fue la solución, para no
volver a tener problemas? Cambiar las reglas a mitad de la partida, de
tal modo que el pronunciamiento del Senado sobre este particular ha
quedado reducido a un papel meramente testimonial. Desde luego, debemos
reconocer y reconozco que la postura del Partido Socialista sobre este
particular es inequívoca, porque el atropello no ha sucedido una sola
vez, sino que ha sucedido tres veces en esta Cámara. En primer lugar,
modificando la Ley General de Estabilidad Presupuestaria; en segundo
lugar, tumbando una enmienda del Senado, y, por último, echando por
tierra una proposición de ley aprobada por esta Cámara para recuperar
esta atribución perdida. Señora vicepresidenta, ¿van ustedes a
rectificar? Se trata sin duda de una paradoja, pues este es el Gobierno
que más habla de la reforma del Senado, pero, hasta la fecha, la única
reforma real que ha impulsado, entre otras --que posteriormente
valoraré--, es restar a esta Cámara una competencia que antes tenía.
Curioso modo de potenciar esta Cámara, señora vicepresidenta. La función
de una Cámara parlamentaria no es solo la de aprobar leyes o
presupuestos, también está en su razón de ser el control e impulso
político de la acción de gobierno, algo que no es un tema menor.
No sé si su señoría está enterada, pero en esta Cámara se aprueban muchas
mociones, de todos los grupos parlamentarios. Es decir, empleando
términos de doctrina científica, manifiesta su voluntad, su aspiración o
su deseo sobre diversos temas políticos y, muy frecuentemente, estas
manifestaciones de la voluntad entrañan mandatos claros para el Gobierno,
mandatos claros que está obligado a cumplir.
Por cierto, aprovecho para subrayar algo que creo que no debe pasar
inadvertido. Esta Cámara tiene aquilatado un estilo propio a la hora de
deliberar mociones. Un estilo que se basa en la disposición generalizada
para intentar sacar las iniciativas adelante. Por eso el 80 por ciento de
estas iniciativas han sido aprobadas, y la mayoría de ellas por el
asentimiento de toda la Cámara, señora vicepresidenta.
Como decía antes y todo el mundo sabe, aunque algunos prefieran
olvidarlo, las mociones que se aprueban por el Senado, al igual que las
del Congreso de los Diputados, son de obligado cumplimiento para el
Gobierno. De hecho, el Reglamento de la Cámara fija un plazo de seis
meses para que el Gobierno preceptivamente informe por escrito sobre el
cumplimiento de cada moción aprobada. ¿Y cuál es el balance del Gobierno
sobre este particular? ¿Me puede usted contestar, señora vicepresidenta?
Pues el balance, desde mi punto de vista, tiene una claridad meridiana,
porque lo cierto es que su Gobierno ignora de forma casi sistemática
cuantas mociones son aprobadas en esta Cámara con el voto en contra del
Partido Socialista e, incluso, en bastantes ocasiones hace lo propio con
mociones que fueron refrendadas por su propio grupo parlamentario. Y se
lo voy a demostrar.
Pero antes es importante dejar constancia de una idea clara: que el Grupo
Parlamentario Socialista o cualquier otro grupo del Senado apoye o deje
de apoyar una moción es algo indiferente. Cuando esta Cámara aprueba una
moción, esa moción ya no es de tal o cual grupo político, sino del Senado
en su conjunto, del Senado como institución. Y si el Gobierno incumple,
desoye o ignora una moción, no está haciendo de menos a este o aquel
grupo parlamentario, hace de menos a esta Cámara, hace menos al Senado. Y
eso, señora vicepresidenta, es muy grave, porque es muy grave para una
democracia que el Poder Ejecutivo actúe a espaldas de una Cámara del
Legislativo.
Los ejemplos de lo que digo son abundantes. Le refrescaré algunos. Señora
vicepresidenta, esta tarde el Pleno del Senado tramitará y presuntamente
aprobará el proyecto de ley orgánica de educación. Pues precisamente a
ella se refería la primera moción aprobada por el Senado en esta
legislatura, con un mandato muy claro para el Gobierno: no derogar, no
modificar o suspender la aplicación de la LOCE sin diálogo y acuerdo con
la comunidad educativa. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues el Gobierno ha
hecho lo contrario: derogar por decreto, no dialogar y no llegar
absolutamente a ningún acuerdo. Tres cuartos de lo mismo con la formación
profesional. Aquí se han aprobado mociones muy importantes con el
asentimiento de todos los grupos parlamentarios en materia de formación
profesional. Por cierto, ¿qué ha hecho el Gobierno hasta ahora en esta
materia? ¿Ha desarrollado un sistema integrado de formación reglada
ocupacional o continua? ¿Ha finalizado el catálogo nacional de
cualificaciones con el acuerdo de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos? ¿Acaso ha incrementado de forma significativa los recursos
humanos y materiales dedicados a la formación profesional? Esto se
aprobó, señora vicepresidenta, el 30 de noviembre de 2004, hace un año,
con el asentimiento de todos los grupos parlamentarios. No tenemos
constancia absolutamente de nada respecto de esta moción.
Tres cuartos de lo mismo con la OCM del azúcar, que afecta a 22
provincias y a cinco comunidades autónomas, a un número importante de
familias. Después de las negociaciones le planteamos en dos mociones
planes alternativos. Le hemos instado dos veces y les fijamos un plazo
para presentar en esta Cámara, antes del 30 de septiembre de 2005, esos
planes alternativos. ¿Dónde están esos planes, señora vicepresidenta?
Todo eso estamos esperando
del Gobierno, porque a ello le instamos en
varias mociones que, a las pruebas me remito, ha ignorado olímpicamente.
Ésta, señora vicepresidenta, es la historia de los incumplimientos
sistemáticos de este Gobierno. Insisto, sólo he hablado de algunos
ejemplos por la sencilla razón de que dispongo de poco tiempo para
exponerle más. Porque también podríamos hablar del Plan de
Infraestructuras, del rescate de peaje de autopistas, de la actitud del
Gobierno frente al problema del Sahara o de la atención a los inmigrantes
y de un largo etcétera. Los temas son variados, pero todos comparten,
señorías, un denominador común; al final, en todos los casos acabamos
llegando a una misma conclusión: vote sí o vote no el Grupo Parlamentario
Socialista del Senado, al Gobierno le dejan absolutamente frío las
mociones y otras cuestiones que se aprueban en esta Cámara. Ésta es la
realidad, señora vicepresidenta. He sido realista, riguroso y objetivo,
se lo aseguro, créame. Creo que he aportado un buen número de datos y de
argumentos que demuestran que la actitud de este Gobierno en relación con
el Senado es manifiestamente mejorable. Ahora espero que usted nos haga
una lectura de la situación. Y por supuesto, le digo desde el corazón, se
lo aseguro, créame, que tiene a este grupo parlamentario para buscar
alternativas y para reconducir esta situación, de la que el grupo
parlamentario y también otros grupos parlamentarios no están
satisfechos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la vicepresidenta
primera del Gobierno y ministra de la Presidencia.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, muchas gracias por el contenido de su intervención y por el tono
empleado.
Es para mí un honor comparecer de nuevo en el Senado y, además, hacerlo
para contestar a las preguntas de su señoría sobre la política del
Gobierno dirigida a impulsar el funcionamiento constitucional del Senado,
a impulsar el papel político de esta Cámara.
Coincido con usted en la manifestación que ha hecho en el sentido de que
este es un acto que, en definitiva, viene a poner de manifiesto el estado
de nuestra salud democrática. Desde esa perspectiva, es un acto
claramente democrático, y lo creo así porque desde el inicio de la
legislatura el Gobierno ha estado y está comprometido, como respuesta a
una convicción profunda, con el hecho de que el Parlamento es y debe ser
el centro del debate político, el punto de referencia de todo el sistema
político, porque es el lugar en el que de manera jurídicamente ordenada
se produce el debate a través del cual se expresan las plurales
convicciones de los distintos grupos políticos. En definitiva, es el
Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado, el lugar por donde
circulan las diversas propuestas de organización de nuestra sociedad, las
distintas alternativas. Y precisamente porque estamos en democracia, como
su señoría dice, el debate político no es irrelevante, incluso aunque no
se gane. Es trascendental que el debate se produzca y que, además, sea en
el lugar adecuado ya que, repito, es el instrumento imprescindible para
la creación de una opinión pública libre que, a su vez, es el instrumento
fundamental de la vida democrática.
Por tanto, me complace mucho venir a hablar sobre la función que tiene
esta Cámara y el papel que tenemos todos para promover y colocarla en el
centro de la vida política.
Quiero señalar --y lo digo con absoluta humildad-- que, a mi juicio, el
Parlamento ha invertido su tendencia y en estos momentos está ocupando un
lugar mucho más central en la vida política de lo que lo venía haciendo
en los últimos años. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha
habido una revitalización y que, desde luego, de esa misma revitalización
se ha beneficiado también, por supuesto, el Senado.
La predisposición del Gobierno no sólo se ha visto con la decisión de su
presidente de someterse al control parlamentario, sino que --y no le voy
a dar datos porque no creo que sea éste un trámite para pelearse por las
cifras-- la presencia de los miembros del Gobierno se ha multiplicado en
esta Cámara y el ejemplo más palmario, como digo, es la presencia del
propio presidente del Gobierno que, desde luego, contrasta con la
importante ausencia de otros presidentes.
En consecuencia, el compromiso del Gobierno de contribuir a la
revitalización del Parlamento es claro, contribución que hemos llevado a
cabo mediante el impulso de sus dos principales tareas, es decir,
contribuyendo a potenciar la función central del Parlamento, la función
legislativa, tal y como me comprometí en mi primera comparecencia ante la
Comisión Constitucional en el sentido de propugnar una labor legislativa
de mayor calidad mediante una mejor elaboración y construcción de los
textos legislativos, mediante un mayor respeto a los temas competenciales
y mediante la introducción de las normas básicas y las que no lo son, las
orgánicas y las que no lo son. Creo que en eso hemos mejorado
notablemente. Sobre todo, hemos hecho todo esto desde la segunda
perspectiva a la que me refería: la de producir la centralidad de la
política, facilitando la labor de control al Gobierno de modo que los
ciudadanos tengan información a tiempo sobre todas las actuaciones
políticas y puedan adquirir, por medio de esa información y del
correspondiente debate, una opinión que es --como decía al principio de
mi intervención-- trascendental para el funcionamiento de la democracia.
Lo hemos hecho así como consecuencia de nuestra vocación de transparencia
y de nuestro empeño en estimular un debate abierto sobre la realidad como
elemento imprescindible de la acción política. Lo hemos hecho como
consecuencia también de nuestro sentido de las labores legislativa y de
control parlamentario. Como consecuencia, por tanto, de nuestra visión
pluralista de la comunidad política, que requiere que todas las voces se
oigan. En definitiva, como consecuencia de nuestro sentido democrático.
Le decía que no voy a dar cifras. Creo que los datos de la presencia del
Gobierno en esta Cámara durante esta legislatura dan cuenta de la medida
en que estamos cumpliendo nuestro compromiso. El presidente del Gobierno
ha sido el principal protagonista. Sólo señalaré que viene adoptando
desde el principio de su mandato decisiones que han auspiciado una mayor
participación del Senado en el debate público. Lo hizo inmediatamente
después de tomar posesión de su cargo, presentando formalmente a su
Gabinete ante el Pleno del Senado en mayo de 2004, recuperando así una
costumbre parlamentaria interrumpida durante 18 años. Fue entonces cuando
anunció su disposición a intensificar su presencia en el Senado,
compromiso que ha cumplido asistiendo mensualmente --como usted sabe-- a
la sesiones de control, en las que ha respondido a todas las preguntas
orales que le han formulado los grupos, a excepción del Grupo
Parlamentario Socialista; un hecho que, como saben, no tiene
precedentes.
Tampoco los tenía que el presidente del Gobierno presentara un proyecto
de ley en esta Cámara; un hecho que se ha producido en esta legislatura,
señoría. Sucedió en mayo del año pasado, cuando el presidente Zapatero
presentó el proyecto de ley orgánica de ratificación del Tratado de la
Constitución Europea. Además, el presidente del Gobierno convocó el
debate del Estado de las Autonomías, tras ocho años de interrupción, y
participó en él. Dicho debate les permitió a todos los ciudadanos conocer
el estado de nuestro modelo autonómico y territorial, por medio de las
intervenciones de los presidentes de Gobierno de las comunidades
autónomas. El debate permitió, asimismo, que se aprobaran una serie de
conclusiones ampliamente sentidas, sobre la necesidad de llevar a cabo
determinadas reformas, así como la de incrementar y ampliar los ámbitos
de colaboración y cooperación dentro de nuestro modelo territorial.
Por fin, aunque no se trata de una actuación estrictamente parlamentaria
del Gobierno, permítame que mencione también en este punto de mi
intervención la decisión de que fuera precisamente esta Cámara el lugar
en que se celebraran las conferencias de presidentes autonómicos que han
tenido lugar durante esta legislatura, como expresión --aunque sea sólo
simbólica-- del papel que el Gobierno quiere que desempeñe esta Cámara.
Quizá haya sido en el ámbito del control parlamentario donde ha sido
posible apreciar el mayor protagonismo del Senado durante esta
legislatura. Si analizamos las interpelaciones, las preguntas orales a
ministros y secretarios de Estado o las comparecencias --repito que no
voy a dar datos-- del Gobierno en Comisión, veremos que el balance es
razonablemente positivo. Siempre se puede pedir más, por supuesto, y
entiendo que es función de la oposición tratar de que el Gobierno y los
altos cargos estén aquí cuanto más tiempo mejor para darles información.
Sin embargo, insisto en que, si miramos los datos y los comparamos con
los de períodos anteriores, el balance es razonablemente positivo. Es
posible asegurar, con la certeza que aportan los datos objetivos, que
nunca habían estado tan presentes en la Cámara los miembros del
Gobierno.
Lo mismo ocurre con los datos sobre el control por escrito. Se ha
producido un salto cuantitativo y cualitativo respecto de legislaturas
anteriores. Por primera vez, se ha introducido en el Senado un artículo,
similar al famoso artículo 7 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, que reconoce el derecho de los senadores a recibir datos,
informes y documentos de la Administración; derecho del que, hasta ahora,
sólo disfrutaban los diputados. Además, me parece particularmente
importante, ya que la información es el instrumento inicial, por
excelencia, para conocer y ejercer con rigor y con propiedad la función
parlamentaria, la función de control.
En lo que se refiere a las preguntas contestadas por escrito --y lo hemos
dicho en muchísimas ocasiones, señoría-- se ha producido un incremento
muy notable respecto de otros períodos. Sólo le diré, como resumen, que
se han contestado más de treinta mil preguntas en esta Cámara, cifra que
ha superado ya en nueve mil a las contestadas en la anterior legislatura.
Y hablando de preguntas escritas, voy a contestar a algo planteado por
usted: el control presupuestario. Ustedes han formulado once mil
preguntas sobre distintos programas presupuestarios. Pues bien, estamos
contestando individualmente a esas once mil preguntas, y además
haciéndolo a través de una solicitud a la Intervención General del
Estado, lo cual en algunas ocasiones está retrasando las respuestas, pero
eso contrasta con períodos anteriores. No quiero entrar en una guerra,
pero he de decirle que, a similares preguntas sobre programas
presupuestarios, el senador Laborda recibía una respuesta para todas
ellas. En eso hemos mejorado, y hemos introducido un criterio que creo es
francamente positivo.
Dicho esto, no quiero dejar de mencionar la potestad legislativa a la que
usted se ha referido al inicio de su intervención. Es evidente que el
Gobierno tiene una menor capacidad para influir en determinados temas de
la potestad legislativa, ya que una vez que se remiten los proyectos de
ley a las Cortes Generales, son las Cámaras las que autónomamente deciden
sobre su contenido y sobre su tramitación. Es cierto, sin embargo, que
los miembros de este Gobierno han procurado estar presentes durante los
debates legislativos del Senado, y no es inusual que hayan acudido a esta
Cámara para presentar sus proyectos de ley, y eso a pesar de que, como su
señoría sabe, a veces se producen coincidencias con las sesiones de
control del Congreso de los Diputados, que han impedido en ocasiones una
presencia mayor.
Por otra parte, la distinta composición política del Senado respecto del
Congreso de los Diputados --algo que mencionaba su señoría-- determina
que sean más frecuentes que en otros períodos las modificaciones y
enmiendas a proyectos de ley que realiza el Senado. Pero también he de
decirle que es cierto que el éxito que puedan tener las enmiendas del
Senado tampoco atañe a las relaciones del Gobierno con esta Cámara, sino
más estrictamente, señoría, al equilibrio constitucional entre las dos
Cámaras que forman las Cortes Generales. En todo caso, sí puedo apreciar
algunas evoluciones que se han producido, que además forman parte de las
actuaciones que conforman las mayorías en esta Cámara y que han tendido,
por ejemplo en lo que se refiere a los presupuestos, a pasar de un veto a
la presentación de enmiendas. Por ejemplo, el primer veto que la Cámara
Alta interpuso al proyecto de ley de Presupuestos de 2005; el año
siguiente se produjo un esfuerzo --y con los debidos respetos a las
posiciones que sus señorías, libre y legítimamente, puedan formular en
cuanto a los diferentes proyectos del Gobierno--, al pasar del veto a la
introducción de enmiendas en el presupuesto del 2005, y ese esfuerzo,
señoría, ha tenido como resultado que de las enmiendas finalmente
presentadas al presupuesto de 2006, 125, casi el 25 por ciento de ellas,
tuvieran su origen en el Senado; el 25 por ciento. Es una posición muy
positiva que pone de manifiesto esa evolución a la que me refería al
principio.
Algo similar podría decirle sobre las iniciativas legislativas del
Senado. Nada puede hacer el Gobierno para evitar que las formaciones
políticas que no tienen éxito con sus iniciativas en el Congreso las
presenten en esta Cámara, con mayor esperanza de que puedan prosperar;
iniciativas rechazadas en el Congreso son presentadas por los mismos
grupos, idénticamente, en el Senado.
Como creo que usted señalaba, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy
para su toma en consideración como proposición de ley el mismo texto que
presentó como enmienda de totalidad al proyecto de ley del medicamento el
pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Pues bien, señoría, el
Congreso rechazó ese texto, pero eso no impide que hoy el Senado pueda
tomarlo en consideración. Y no puede escandalizar a nadie que si esto
ocurriese, el Congreso, que ya lo rechazó, lo rechace de nuevo. Ése es el
juego de las mayorías y de las minorías que hoy están constitucionalmente
establecidas en ambas Cámaras.
A pesar de ello, también es una buena noticia para todos --como usted
decía-- poder decir que jamás esta Cámara ha tenido la iniciativa
legislativa que está teniendo en la presente legislatura, por la que
todos nos felicitamos. Como usted decía, se han tomado en consideración
20 proposiciones de ley. Es verdad que nueve de ellas han sido rechazadas
en el Congreso, pero también hay que decir que en estos momentos cinco
están en trámite de enmienda, cuatro están en otras fases de tramitación
y otras dos, como ha señalado usted también, ya han sido aprobadas y
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, dos leyes ya
han tenido su origen en el Senado en este período de dos años, es decir,
el mismo número que en toda la pasada legislatura, en la que por otra
parte sólo se tomaron en consideración cinco iniciativas.
Por tanto, estos datos ponen de manifiesto, en primer lugar, que hay una
voluntad política por parte del Gobierno y, en segundo lugar, que hay una
configuración en el funcionamiento y en el juego democrático en las dos
Cámaras que en muchas ocasiones nos han llevado a decir que tenemos que
reflexionar sobre ese tema, lo que encajaría con esa necesidad
ampliamente sentida por todos los grupos políticos de abordar una
reforma.
Pero antes de entrar en ese tema, del que haré mención, quiero señalar
que la modificación introducida en la Ley de estabilidad presupuestaria
sólo pretende solucionar una imprevisión de la ley originaria, que no
establecía procedimiento para dirimir eventuales discrepancias entre las
Cámaras, optando por una solución similar a la que ya existe para el
procedimiento legislativo y que, por otra parte, es la que también se
utiliza para aprobar los Presupuestos. Por ello, parece lógico, señoría,
que el procedimiento que la Constitución establece para la aprobación de
las cuentas públicas se aplique también a lo que constituye el acto
previo de esta aprobación, es decir, la fijación del objetivo de
estabilidad y del techo de gastos. En definitiva, señoría, creo que desde
la perspectiva del procedimiento legislativo las cosas han mejorado
dentro de los límites permitidos en el juego de las mayorías y las
minorías que tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja establece
nuestra Constitución.
Y quiero señalarle también que el Gobierno se ha comprometido por vez
primera, y de hecho lo ha cumplido --me estoy refiriendo a una cuestión
que usted ha abordado, al cumplimiento de las mociones o decisiones de
esta Cámara--, decía que el Gobierno se ha comprometido a enviar a las
Cámaras los informes correspondientes sobre el cumplimiento de los
mandatos parlamentarios, lo que es en realidad el resultado de un
compromiso que yo misma asumí en nombre del Gobierno en mi primera
comparecencia ante esta Cámara el día 17 de julio de 2004. En esa fecha
anuncié en la Comisión Constitucional mi propósito de remitir al inicio
de cada período de sesiones un informe sobre el grado de cumplimiento de
las delegaciones legislativas vigentes, los desarrollos reglamentarios,
los mandatos legislativos pendientes y sobre el cumplimiento de las
mociones. Desde entonces hemos remitido dos informes, uno el día 4 de
noviembre y otro el día 25 de mayo de 2005. La preparación de estos dos
primeros --se lo señalo para que sepa su señoría que no vamos a dejar de
cumplir nuestro compromiso-- nos ha puesto de manifiesto que sería más
útil la elaboración de los informes anualmente, tanto por la distinta
duración de los períodos de sesiones como por la especial dedicación de
uno de ellos a los trámites de aprobación de los Presupuestos.
Actualmente está en fase de redacción final un nuevo informe, esta vez
anual, como digo, que será remitido a las Cortes Generales en breves
fechas, donde tendrá su señoría toda la información referente al
cumplimiento por parte del Gobierno de las cuestiones a que nos hemos
comprometido.
Finalmente, tengo que señalar que al inicio de su intervención usted ha
comentado que no quería convertir esta interpelación en un debate sobre
la reforma del Senado pero inevitablemente, señoría, a mi entender y a
juicio del Gobierno y de todos los grupos parlamentarios --y así se ha
expresado reiteradamente--, algunas de las cuestiones que afectan al
funcionamiento de esta Cámara pasan por la conveniencia y la necesidad de
llevar a cabo una reforma que coloque al Senado en situación de actuar,
desde el punto de vista constitucional, como una Cámara de representación
territorial. Desde luego, todas las posturas políticas y posiciones
doctrinales coinciden en el mismo análisis: que la necesidad de
incrementar la funcionalidad de esta Cámara lleva consigo el abordar una
reforma de la misma. Esta reforma ha sido sentida y promovida por esta
Cámara, llevándose a cabo en un primer momento modificaciones
en su Reglamento y sucesivos pronunciamientos a lo largo del tiempo.
Señoría, creo que éste es el reto que en este momento tenemos pendiente.
Por lo demás, créame si le digo que nunca verá a este Gobierno, y menos a
esta vicepresidenta, caer en la autocomplacencia. Usted ejerce su función
expresándome su posición respecto a la necesidad de mejorar el
funcionamiento de esta Cámara, pero con sinceridad le digo que el
Gobierno al que represento --y las cifras y los datos están ahí-- ha
mejorado de forma cualitativa y cuantitativa la posición política y
constitucional de esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Tiene la palabra el senador Antolín Sanz.
El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, gracias por el tono de su intervención, aunque es
lo mínimo que se debe exigir en un debate parlamentario. Pero sepa que en
un debate parlamentario hay que concretar y usted aquí no ha concretado
absolutamente nada, ni ha contestado a ninguna de las preguntas que le he
planteado.
He intentado que mi primera intervención se ajustara a la realidad y
fuera realista, sosegada, colaboradora y constructiva, y en la misma le
he hecho una llamada a la rectificación y al consenso; es decir, a la
integración positiva de la voluntad del Senado en su conjunto --me
refiero a todos los grupos parlamentarios-- en el procedimiento
legislativo.
Señora vicepresidenta, a lo largo del debate de la mañana --y le anuncio
que conllevará una moción para el próximo Pleno-- he puesto de
manifiesto, desde el rigor y la verdad, cuestiones concretas que su
señoría ha dejado sin respuesta. Por lo tanto, permítame que le diga que
su intervención me ha decepcionado porque yo le he hablado de cuestiones
en las que trabajan todos los grupos de esta Cámara y que preocupan a los
ciudadanos españoles. Me he referido a la financiación local y
autonómica, a la potenciación de la Formación Profesional, a las
propuestas presentadas en esta Cámara para la reforma del IRPF o del
Estatuto de los Trabajadores, a cuestiones muy concretas para resolver la
sequía y las heladas o luchar contra los incendios, a la OCM de la
remolacha y a un largo etcétera de iniciativas. En eso consiste el debate
de hoy, en poner de manifiesto que los grupos de esta Cámara hacen los
deberes, cumplen con su trabajo, llegan a acuerdos y consensos, estudian
y reflexionan sobre los temas que preocupan y ocupan a los ciudadanos de
a pie y, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, presentan iniciativas
que, tras los debidos consensos, salen adelante; por cierto, a nuestro
grupo le preocupa que, una vez publicadas en el boletín oficial de esta
Cámara, dichas iniciativas caigan en el olvido y de ellas nunca más se
supo.
Por su parte, usted dice que, como responsable de estas cuestiones y
vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, remite información
puntual a esta Cámara. ¿Qué información, señora vicepresidenta? Yo invito
a los señores senadores a que se lean esa información y deje en manos de
estos senadores la competencia de que, si consideran oportuno cambiar el
Reglamento, en lugar de seis meses sea un año, pero no nos la traigan del
Gobierno porque el Reglamento dice que se dará la información cada seis
meses.
Yo intento, en la medida en que puedo, estudiarme los temas y he leído
una entrevista suya en plena campaña electoral en la revista «El
Socialista», en la que decía: Para mí la palabra dada y el respeto al
Parlamento son claves, es el motor del Gobierno y es una convicción
profunda. Señora vicepresidenta, pues contésteme a las preguntas que yo
le he hecho esta mañana aquí, contésteme por qué ustedes cambian las
reglas del juego y le quitan competencias al Senado en lo que respecta a
su posicionamiento en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. ¿O es
que cambian a su antojo para no tener problemas? Dígame usted que el
Gobierno va a tener en cuenta lo que apruebe esta Cámara y a tomar en
consideración el trabajo serio y sosegado de todos los grupos
parlamentarios.
Su actitud hoy aquí --permítame que se lo diga con todo el cariño-- ha
sido de una conferencia, en una academia o en cualquier sitio, pero este
es un debate parlamentario, estamos hablando de algo tan serio, señora
vicepresidenta, como es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo,
de algo tan serio como eso, respetando los márgenes constitucionales. Y
esta relación es insatisfactoria para el Grupo Parlamentario Popular,
pero aquí han manifestado también otros grupos parlamentarios --como el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió-- al propio
presidente del Gobierno --léase el «Diario de Sesiones» de 28 de
septiembre de 2005-- su preocupación, la misma que le manifiesto yo hoy
respecto a todas estas cuestiones. Se lo hemos dicho ya, señora
vicepresidenta en septiembre de 2005, todavía no han hecho nada y hoy mi
grupo parlamentario se lo vuelve a plantear.
Usted no me ha dicho nada en absoluto del ejercicio de la potestad
legislativa del Estado, del ejercicio de enmienda de los grupos, de la
iniciativa legislativa. Y es que, señoría, esta Cámara ha debatido más
proposiciones de ley que proyectos de ley ha remitido el Gobierno a esta
Cámara a través del trámite del Congreso, bien es cierto; pero es que
esas proposiciones de ley se han tomado en consideración casi por
asentimiento de todos los grupos. ¿Por qué no tiene usted en cuenta las
cuestiones que tratamos en esas proposiciones de ley?
Usted habla de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
¡Faltaría más! Mire usted: 125 no, 370, no tiene bien los datos; 125 eran
del grupo parlamentario pero de las 370 ninguna ha sido aprobada en el
Congreso de los Diputados y eran enmiendas consensuadas por los grupos.
Respetamos el trabajo, pero ustedes, que son Gobierno, tomen en
consideración algunas cuestiones de las que planteamos aquí.
No voy a volver a insistir sobre el objetivo de estabilidad
presupuestaria aunque sí le pido que rectifiquen porque
sería muy importante para estos senadores. Pero también usted,
como vicepresidenta y ministra de la Presidencia, es responsable
de lo que estamos hablando aquí y usted tiene que decirles a
sus ministros que vengan a comparecer. Porque el señor Sebastián,
director de la Oficina Económica, está en paradero desconocido,
no ha pisado esta Cámara desde febrero de 2005 (El
señor Lago Lage: ¡Todavía no es ministro!), ni tampoco el 30 de junio y 9
de julio de 2005; o el señor ministro de Trabajo, el señor Caldera, que
aunque lo pida a petición propia no viene: una decena, 10 comparecencias
desde el 30 de noviembre de 2004, a petición propia algunas. Dígales a
sus ministros que vengan aquí y no le voy a hablar de las 12
comparecencias pendientes de hace más de un año del ministro de Defensa.
Y es que, por lo visto, a ustedes les damos demasiado trabajo, tanto como
para que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes --que me da
la impresión que depende de usted-- amague por escrito con la sugerencia
de que sean los directores generales y no los ministros ni los
secretarios de Estado quienes contesten a las preguntas orales del
Gobierno porque no contestan a las preguntas por escrito.
Suelo ser una persona objetiva y valoro los datos de las contestaciones
que dan a los diferentes grupos parlamentarios, los valoro, pero
contesten a todas y, desde luego, no lo hagan por escrito amagando que no
vendrán los secretarios de Estado o los ministros y mandarán a los
directores generales, así como no sugieran, señorías, que cambiemos el
Reglamento de la Cámara a este respecto --está por escrito--. Depende de
usted, señora vicepresidenta.
Usted me ha hablado de transparencia, de proximidad, de diálogo y de
respeto permanente. Pues empiecen por ser transparentes y vengan al
Senado a rendir cuentas a lo que se les ha pedido por dos veces. Señor
vicepresidente económico, por dos veces se ha solicitado en esta Cámara
la presencia de dieciséis subsecretarios para analizar la ejecución
presupuestaria de 2004 a 2005. Se nos ha negado. Ayer se nos comunicó que
son muchas comparecencias y muchas comisiones. Señoría, estamos hablando
de transparencia, y de transparencia de los dineros públicos de los
ciudadanos españoles.
Me hablaba de diálogo y respeto. Nadie lo duda. Para terminar le voy a
plantear dos cuestiones. La ministra de Cultura se lleva el primer premio
de incumplimientos. Todos los grupos de esta Cámara, por asentimiento,
hemos aprobado lo siguiente: un plan integral de museos que tenía que
estar aprobado antes del mes de abril de 2005 y presentado en esta Cámara
hace un año. Señora vicepresidenta, no sabemos nada de él; un plan de
apoyo a la producción cinematográfica que tenía que haberse presentado en
esta Cámara en 2005, del que tampoco sabemos nada, señora vicepresidenta,
y tenía que haber remitido a esta Cámara y a los representantes de los
ciudadanos españoles: una ley de archivos, una ley de música y una ley
del libro y de lectura. Y usted me dice que el presidente del Gobierno ha
venido a comparecer. Yo lo valoro pero ¿para qué?
Voy a mencionar la última perla: financiación local. En noviembre de 2004
el Senado insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses remita a la
Cámara una comunicación sobre sus planteamientos de partida para alcanzar
un pacto de Estado en materia de financiación de entidades locales. El
Gobierno hace caso omiso. En mayo de 2005, en contestación a una pregunta
de nuestro portavoz, el presidente del Gobierno se compromete en sede
parlamentaria a establecer un proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo
sobre la materia. En octubre de 2005, el Senado vuelve a reiterar la
moción aprobada un año antes y acuerda constituir una ponencia en la
Comisión de Entidades Locales para trabajar sobre la base de la
información que sigue y seguimos demandando al Gobierno y que este
Gobierno al que usted representa no remite.
Señora vicepresidenta, en marzo de 2006 --mes en el que nos encontramos--
seguimos donde estábamos, esperando el santo advenimiento. Así, en el
Pleno pasado mi grupo volvió a insistir con una nueva moción de
recordatorio de aquello que ya se había aprobado por dos veces. ¿Sabe lo
que votó su grupo, el que sustenta al Gobierno, cuyos puntos de la moción
eran un reflejo de las mismas palabras del presidente del Gobierno, señor
Zapatero? Voto en contra.
Mi grupo y yo valoramos la presencia del presidente del Gobierno en esta
Cámara, pero ¿para qué nos sirve?
Para terminar, debo preguntarme ¿cuál ha sido el desenlace provisional de
toda esta saga? Pues que ahora el Gobierno arroja la toalla en materia de
financiación local a través del Grupo Parlamentario Socialista quien,
como digo, votó en contra de lo que anteriormente defendió y a lo que se
comprometió aquí el presidente del Gobierno.
Señora vicepresidenta ¿ése es el respeto a esta Cámara? ¿Es ese el
riguroso cumplimiento de la palabra dada por el presidente del Gobierno
cada vez que comparece en esta Cámara? La respuesta se contesta por sí
sola.
Señora vicepresidenta, para finalizar, debo decirle que éste no era el
debate de la reforma del Senado. Ya habrá tiempo de hablar de ella.
Conoce claramente la posición de mi grupo parlamentario y sí le digo que
si no siguen manteniendo la firma en el Pacto del Tinell --y este grupo
en esta Cámara siempre ha dado ejemplo de ello-- estamos a dispuestos a
trabajar en esa línea.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la
Presidencia.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor
presidente; muchas gracias, señoría.
Creo que mantenemos una discrepancia en cuanto a los datos y a la
participación del Gobierno en los trabajos de impulso y centralidad
constitucional de esta Cámara.
Señoría, como he indicado, mi compromiso era presentar un balance
semestral --luego he dicho anual-- en relación con los temas a los que se
compromete el Gobierno. Es cierto que el Reglamento del Senado establece
seis meses
para dar cumplimiento a las mociones e informaremos cada seis
meses sobre las mismas. Pero, señoría, yo no me refería sólo a las
mociones. Estaba diciendo que por primera vez este Gobierno presenta ante
esta Cámara un balance completo del estado de todos sus compromisos, cosa
que hasta ahora no se había hecho y que, por supuesto, va a permitir a su
señoría disponer de más información para ejercer la función de control y
ver cuál es el margen de discrepancia, y quizá podamos comprobar así --y
se lo digo con el debido respeto-- que en algunos casos se está haciendo
un poquito de demagogia.
Me dice usted que estamos cambiando las reglas del juego. Desde luego la
suya es una concepción muy particular de lo que es cambiar las reglas del
juego. ¿Comparecer más ante esta Cámara no es cambiar las reglas del
juego?, ¿dar más información no es cambiar las reglas del juego?,
¿responder de forma individual a 11.000 preguntas sobre temas
presupuestarios no es cambiar las reglas del juego?, ¿el hecho de que
comparezca en el Senado el presidente del Gobierno --aunque a usted no le
guste lo que éste pueda decir-- no es también cambiar las reglas del
juego?
Me dice usted que, en lo que se refiere a la función legislativa, tienen
el mérito de haber presentado muchas proposiciones de ley que han salido
adelante, y que el Gobierno no tiene nada que ver en eso, pero a su vez
dice que el Gobierno es el culpable de que no salgan más proposiciones de
ley. ¡Pero, señoría, si somos los responsables para una cosa, también
tendremos alguna responsabilidad en la otra! Como ya he manifestado, es
cierto que en dos años se han tramitado en esta Cámara 20 proposiciones
de ley, y he reconocido que ha habido mucha más iniciativa legislativa
que nunca, pero algo habrá tenido que ver el Gobierno en ello, y no sólo
para que se aprueben esas dos proposiciones de ley en dos años --algo que
ustedes hicieron en toda una legislatura--, sino también para que haya
otras nueve en distintas fases de tramitación en estos momentos. Así
pues, y en lo que se refiere al impulso legislativo, si es cierto que
nosotros no tenemos nada que ver en ello porque la autonomía de las
Cámaras es tal que lo deciden ustedes y el mérito es suyo, tampoco
tendremos nada que ver en que éstas no prosperen.
No, señoría. Yo creo que todos tenemos responsabilidad, y yo asumo lo
bueno y lo malo de la misma. Creo que en ese tema ha habido un cambio
sustancial y ha habido progreso, de la misma forma que también le digo
que ha habido progreso en lo que se refiere a la admisión de enmiendas en
el trámite presupuestario; lo hubo en los presupuestos que se han
tramitado en diciembre de 2005 respecto de los que se tramitaron en
diciembre de 2004. ¿Y ello por qué? Pues porque en la primera tramitación
prosperó el veto, en tanto que en la segunda ha habido posibilidad de
negociar, de hablar y de admitir un buen número de enmiendas por parte
del grupo que sustenta al Gobierno en el trámite del Senado. Y lo mismo
le puedo decir respecto de cualesquiera de las cuestiones que podamos
abordar.
Me decía usted que en estos momentos se ha solicitado la presencia de 16
altos cargos en la Comisión de Presupuestos. Señoría, el Gobierno
comparece en el Senado cuando así lo acuerda la Cámara según sus propios
mecanismos reglamentarios de decisión, y la Mesa de la Comisión de
Presupuestos del Senado acordó ayer rechazar la comparecencia de esos 16
altos cargos. Permítame que le diga que en muchas ocasiones se solicitan
muchas comparecencias que se acumulan hasta tal punto que hay dos
comisiones que piden la comparecencia de la ministra para hablar del
mismo tema, como pasa, por ejemplo, con la Comisión General de las
Comunidades Autónomas y con la Comisión de Fomento para explicar el PEIT.
Deberían ustedes coordinarse y ponerse de acuerdo respecto de en cuál de
las dos comisiones quieren que comparezca la ministra de Fomento.
Si usted analiza los datos podrá comprobar fácilmente que el grado de
presencia del Gobierno en esta Cámara es ahora más alto que nunca, y que
si ésta hubiera aprobado esas 16 comparecencias, se habrían producido.
Pero, en cualquier caso, la sugerencia que hacía el secretario de Estado,
por supuesto con todo el respeto hacia ustedes, era la de que, para
agilizar determinada información, que no para otra cosa, hubiera un
mecanismo semejante al existente en el Congreso de los Diputados. E hizo
esa sugerencia porque se está demostrando que la posibilidad de que
comparezcan los subsecretarios en el Congreso está permitiendo una mayor
agilidad a los efectos de facilitar información sobre los presupuestos de
cada departamento. Pero es evidente que ésa es una decisión soberana de
la Cámara, y lo único que hacemos en el ejercicio de esa función de
cooperación y colaboración que ustedes demandan, es hacer únicamente una
sugerencia. Y en relación con el presupuesto también quiero señalar que
el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, que es el responsable
de la ejecución presupuestaria del Gobierno y quien dispone de los datos
de ejecución, comparece cada cuatro meses ante esta Cámara.
Por lo tanto, señoría, creo que hemos mejorado razonablemente, creo que
tenemos que mejorar muchísimo más y creo que es imprescindible abordar
determinadas reformas. Ya sé que usted no quiere que hoy hablemos aquí de
ellas, y no voy a hacerlo, pero sí tengo que mencionarla porque me parece
que hablar del funcionamiento constitucional del Senado y no hablar de la
necesidad mayoritaria y socialmente sentida de que es necesario abordar
una reforma en profundidad sobre el funcionamiento de esta Cámara es
cerrar los ojos a la realidad.
En cualquier caso, le reitero que sobre educación van a tener un debate
esta tarde. Pienso, y ahí discrepo, que sí ha habido un debate sobre
educación en este país. Llevamos un año debatiendo el proyecto de ley
orgánica de educación, un año. Ha habido un nivel de consenso con toda la
comunidad educativa como no se había producido hasta ahora. No ha habido
un acuerdo con ustedes porque no han querido, pero incluso las mayores
observaciones que ustedes planteaban en relación con la ley orgánica de
educación están incorporadas. A mí me gustaría mucho que se unieran a ese
consenso y que el mismo se produjera en el trámite de la ley orgánica de
educación en el Senado. Lo mismo le puedo decir en relación con la
Formación Profesional --ahí hay mucha información de los pasos que ha
ido dando este Gobierno-- y con la OCM de la remolacha y del azúcar.
Señoría,son muchos los asuntos en los que este Gobierno está
trabajando y cuya información está a disposición de esta Cámara.
En cualquier caso, le agradezco su disposición al diálogo. Sabe que este
Gobierno está siempre abierto al mismo. Entre todos deberíamos contribuir
a que cuanto antes se abordase lo que es más importante para el
funcionamiento constitucional de esta Cámara, y es sentarnos a discutir.
Va a haber en los próximos meses una auténtica reforma constitucional,
que permita que esta Cámara sea una Cámara de representación territorial
y haga su función de acuerdo con el deseo de la mayoría de los
ciudadanos, de los grupos políticos y con el espíritu constitucional del
propio legislador.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
-- DE DON JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LOS PLANES QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL GOBIERNO
PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO QUE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS
VIENEN SUFRIENDO COMO CONSECUENCIA DE LA INFLACIÓN Y DE LA SUBIDA DE LOS
TIPOS DE INTERÉS (S. 670/000100).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del senador Sánchez-Simón Muñoz, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los planes que tiene
previsto desarrollar el Gobierno para frenar la pérdida de poder
adquisitivo que las familias españolas vienen sufriendo como consecuencia
de la inflación y de la subida de los tipos de interés.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra el senador
Sánchez-Simón.
El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. Los datos macroeconómicos que nos ofrecen las distintas
instituciones como el Instituto Nacional de Estadística fundamentalmente,
los órganos correspondientes dentro de la Unión Europea, o el propio
Banco de España, nos ponen de manifiesto una realidad fuera del dato
macroeconómico. Basta decir que el año 2005 cerró en España con una
subida de precios del 3,7 por ciento; que en enero de 2006 esa subida se
convirtió en un 4,2 por ciento y que en el mes de febrero se ha
mantenido, no subió el IPC y por el efecto de la interanualidad se redujo
del 4,2 al 4 por ciento. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa
de inflación.
Por otra parte, nos encontramos con que, como consecuencia de las
decisiones en materia de política monetaria y de las distintas acciones
que se están realizando, los tipos de interés han subido en un año cerca
de un punto, el tipo de interés de referencia en los créditos
hipotecarios, el euribor, ha subido cerca de un punto. La última subida
se ha producido hace bien poquito tiempo y en una hipoteca normal de
120.000 euros, de 20 millones de las antiguas pesetas, a un plazo de 20
años suponga una cuota mensual de unos 46 euros. Pero ese efecto es mucho
mayor si se tiene en cuenta que habitualmente la revisión de la hipoteca
se realiza cada seis meses o cada año y que en estos momentos la subida
puede estar rondando entre los 120 y 180 euros para la cuota de la
hipoteca.
Estos son los datos macroeconómicos, que representan parte de la
realidad. Pero la realidad de la familia es otra. La mayor parte de las
familias, la casi totalidad, en torno al 90 por ciento tiene rentas con
enorme rigidez, con una absoluta imposibilidad para adaptarse a los
efectos de la inflación. En el 90 por ciento de las familias, las rentas
proceden del trabajo, ya se trate de trabajo activo o de pensiones o son
pequeños o medianos empresarios. Todas ellas muestran una baja capacidad
de adaptación a la inflación. Por tanto, la renta disponible se ve
visiblemente diezmada como consecuencia de los efectos de la inflación y
de la subida de los tipos de interés, teniendo en cuenta que la mayor
parte de las familias tenemos una hipoteca.
Es cierto que estamos en el siglo XXI, y que España forma parte de la
Unión Europea y que determinadas políticas económicas no dependen
exclusivamente del Estado español, de nuestro Gobierno, pero también es
cierto que el problema existente también requiere medidas y que, si bien
el catálogo de las que puede aplicar el Gobierno es pequeño, éstas sólo
resultar eficaces si se adoptan.
Habitualmente, cuando se habla de economía, no se suele decir que las
familias, que usan algún medio de transporte, por ejemplo, para
trasladarse al puesto de trabajo, han visto aumentado su precio en más de
un 20 por ciento en los últimos cuatro años. Tampoco se suele decir que
la persona que quiere acceder a una vivienda ha visto cómo se
incrementaba su precio en más de un siete por ciento en el último año.
Tampoco se considera que la familia ha visto incrementar aproximadamente
en un 20 por ciento durante los últimos cuatro años el precio de la cesta
de la compra. Es cierto que en comunicaciones se ha efectuado una
reducción de los precios, pero también es una realidad que el precio de
los servicios, algunos de primera necesidad, se ha elevado en más de un
20 por ciento durante los últimos cuatro años.
Por tanto, tenemos la necesidad de que el Gobierno adopte algunas de las
medidas que figuran en el catálogo del que dispone. No se puede decir que
no disponemos de competencias, que las políticas monetarias corresponden
a otros ámbitos, ni que las grandes magnitudes van de maravilla y que el
producto interior bruto ha sufrido un incremento grande, por encima de la
media de la Unión Europea, porque, aunque este dato es cierto, también lo
es que el nivel de bienestar de los ciudadanos se ha ido reduciendo,
fundamentalmente como consecuencia de la inflación.
Pero esta inflación no afecta sólo a ese 90 por ciento de familias que no
puede adaptar sus rentas de forma inmediata a la situación actual y que
claramente pierde capacidad
de gasto, sino que además afecta de forma
particular a todas aquellas cuyo reparto de renta disponible se destina
de forma sustancial a bienes de primera necesidad, por lo que el nivel de
ahorro se reduce cada vez más. Pues bien, no solamente se produce ese
efecto, el llegar o no llegar a fin de mes, que es grave, importante,
relevante y dramático, sino que también tiene un efecto añadido, que es
el que se produce respecto a la competitividad de nuestras empresas y de
la competitividad de nuestra economía. El dato está claro: en el sector
de exportación tenemos una cifra baja, que, además, la estamos
reduciendo, según el último dato del último trimestre; nuestros productos
cada vez son más caros; tenemos dificultades para llegar a ellos; tenemos
efectos que también se empiezan a traducir en cifras y en datos
macroeconómicos, como es la confianza de los consumidores que se ha
reducido en este último trimestre --éstos son los datos del informe del
Banco de España-- o las compras en el comercio minorista o las
matriculaciones de vehículos, fundamentalmente vehículos a particulares.
Todos estos datos, como digo, son significativos, importantes y requieren
por parte del Gobierno que actúe con eficacia, es decir, que actúe de
forma diferente a lo que ha venido haciendo recientemente.
Es fácil efectuar críticas a determinados ministerios encuadrados en el
área económica o en el área de fomento, pero en cuanto al Ministerio de
Vivienda, que está en el más absoluto vacío y que, por supuesto, no está
adoptando ni media medida para reducir el precio de la vivienda con
elementos tan necesarios como la oferta de suelo o la oferta de
edificaciones, cuyo único planteamiento es repartir zapatillas para que
la gente vaya a ver pisos creo, señorías, que es evidente que lo menos
que se puede exigir es esa mínima eficacia y que esa mínima acción real
no se quede en una anécdota y, si no, que se suprima ese ministerio.
En cuanto a las acciones del ministerio de industria, ya debatidas en
esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, su mayor preocupación
recientemente ha sido incidir en las empresas privadas, incidir en
Endesa, principal empresa de distribución y producción de energía
eléctrica, con una finalidad de apoyo político a otra empresa para
favorecer su desarrollo y unas determinadas actuaciones, que no las
comprenden ni los accionistas ni los consumidores ni absolutamente nadie,
y cuyo resultado ha sido --como ya dije en este pleno-- meter a esa
sociedad en un follón terrible. El resultado ha sido sacar al mercado a
Endesa --que nace de la fusión de otras empresas--, con un claro programa
de negocio --yo no soy quien lo va a defender, ni siquiera soy
accionista-- y el Gobierno apuesta claramente para que se efectúe su
adquisición por otra sociedad. Eso produce un revulsivo dentro de todas
las empresas mundiales, pero fundamentalmente europeas, para gastar
mercado, para producir crecimiento sobre la base de la incorporación de
nuevos consumidores a esas otras empresas y ahora el Gobierno se
encuentra con un enorme dilema: se tiene que oponer al plan de negocio
que tenía la compañía con unos criterios que Europa no acepta, se tiene
que oponer a la decisión que puedan tomar los accionistas pudiendo dar
lugar a un incumplimiento de la normativa europea, dando a entender que
probablemente seamos los consumidores quienes paguemos en la factura de
la luz todos los inconvenientes que se están planteando.
No son medidas que desde esta tribuna vayamos a plantear, no son medidas
eficaces; son medidas que tratan de recoger un capricho del Gobierno en
un momento determinado, capricho que va a tener unos costes que vamos a
pagar todos los ciudadanos.
La mayor preocupación del Ministerio de Trabajo es recoger las
diferencias existentes entre el grado de satisfacción que tiene el equipo
de Gobierno y la realidad social. Mientras que el ministro está
contentísimo de su actuación, cosa que me parece bien, los agentes
sociales no lo están tanto, y cuando el representante de la patronal hace
manifestaciones con cierta espontaneidad pone de manifiesto hacia dónde
van los tiros. No se está efectuando ninguna actuación para llevar a cabo
la reforma del mercado laboral, que es imprescindible.
En definitiva, señor ministro, lo que pretendemos al plantear esta
interpelación es que nos diga qué es lo que se va a hacer. En primer
lugar, si al Gobierno le preocupa la inflacción, la reducción de la
capacidad de ahorro, la reducción del bienestar de la familia como
consecuencia de la subida de los tipos de interés, de los gastos
financieros, de las hipotecas y del índice de los precios al consumo. En
segundo lugar, qué medidas tiene planteadas el Gobierno para conseguir la
máxima eficacia y qué elementos pretende cambiar para que, en definitiva,
consigamos un mayor bienestar de los ciudadanos y de las familias.
Confío y espero, y creo que toda la sociedad, que el Gobierno tenga un
plan y que entienda que en este caso, como en tantos otros, la eficacia
no se presume sino que hay que determinarla, hay que precisarla y, en
este caso, hay que imponerla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, entre el batiburrillo de temas que usted ha planteado, muy pocos
tienen que ver con su interpelación; sin embargo, hay uno al que me
quiero referir, el de la eficiencia y eficacia. Usted me ha planteado un
asunto referido a la industria y a la energía y me pregunta qué vamos a
hacer. Pues vamos a hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron
ustedes. No vamos a liberalizar sin regular el mercado ni vamos a hacer
el reconocimiento de tarifas para el futuro de tal forma que traslademos
el problema a nuestros sucesores. Lo que vamos a hacer es intentar hacer
las cosas bien y hacerlas de forma correcta.
Hay dos formas de plantear la cuestión: hablando de chascarrillos de
prensa, que si usted quiere yo estoy encantado de plantearlo así, o
hablando sobre datos reales y sobre cifras concretas, que en mi opinión
es más útil para entender lo que está pasando en España y para entender
de qué estamos discutiendo.
¿Por qué aumenta la inflación en España? Una parte muy sustancial es
consecuencia del incremento del precio del petróleo; del 4 por ciento del
IPC del mes de febrero, 1,24 puntos corresponden al componente
energético, y a esta incidencia hay que añadir los efectos indirectos del
aumento del precio de la energía sobre otros elementos, como el
transporte. Les recuerdo que en su pedido tampoco se aumentaban ciertos
transportes, especialmente los públicos, para evitar cuestiones de
inflación, y me estoy refiriendo al caso de Renfe.
Hasta ahora, los efectos de la segunda ronda han sido limitados y la
inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, se mantiene
en una cifra relativamente baja; por cierto, les recordaré que con un
precio del petróleo claramente inferior en los años 1999 y 2000, su
inflación subió también al 3,5 por ciento y la subyacente al 2,7 por
ciento, y estamos hablando de unas diferencias entre 30 y 60 dólares;
posiblemente sean datos interesantes para saber de qué estamos
debatiendo.
En España, la mayor incidencia en los incrementos en los precios
internacionales del crudo sobre la tasa de inflación ha tenido un mayor
impacto como consecuencia de varios factores. Primero, la elevada
dependencia energética en nuestro país, a lo que contribuye también que
no hayan hecho ustedes nada para reducir el consumo energético por unidad
de producto en los últimos años. Segundo, la estructura impositiva de los
impuestos de carburantes y combustibles, que tampoco han aumentado
ustedes, y no han llegado a los mínimos comunitarios para mantener los
precios más bajos, pero alguien tendrá que hacerlo, porque son
obligaciones comunitarias existentes.
En este escenario, y considerando que el precio de la energía es ajeno al
control del Gobierno, las mejoras esperadas de inflación dependerán
básicamente de la evolución de los precios del petróleo. Una vez superado
el efecto del alza del petróleo veremos una caída de la inflación, a la
que debe contribuir también la composición del crecimiento económico al
moderarse la demanda interna en paralelo a una mejora progresiva de las
exportaciones. Si observan ustedes las cifras del año 2005 y las de los
primeros meses del año 2006, comprobarán que la demanda externa tiene una
detracción algo inferior al crecimiento total que obtuvo en años
anteriores.
El punto fundamental que nos interesa es qué ha sucedido con las rentas
de las familias. Evidentemente, en términos reales se ven afectadas por
la subida de precios energéticos; sin embargo, los datos disponibles de
estadísticas no avalan en absoluto que se haya producido una pérdida de
valor adquisitivo. La Contabilidad Nacional estima un crecimiento nominal
de la renta disponible bruta de las familias del 6,8 en 2004 y del 6,6
por ciento en 2005; hoy se acaba de publicar la encuesta de presupuestos
familiares y podrá usted ver las cifras, que son muy superiores en ambos
casos a los incrementos del IPC del 3 y del 3,4 por ciento.
El aumento de las rentas, muy por encima del IPC, se debe, entre otras
razones, a que los grupos más desfavorecidos, como los pensionistas, y
especialmente las pensiones mínimas, tienen no solamente garantizado sino
mejorado su poder adquisitivo; estas son decisiones del Gobierno, pero
también se debe a que las rentas salariales se han beneficiado de un
fuerte aumento del empleo; además, en cuanto a la remuneración, a pesar
de tener un ritmo relativamente moderado, el crecimiento también ha
compensado el empleo asalariado, de tal forma que la masa salarial ha
crecido un 6,1 por ciento, frente a una inflación del 3,4 por ciento.
Si además analizamos la negociación colectiva, puede comprobarse que en
los incrementos salariales pactados, incluida la cláusula de revisión
salvaguardias y salarial, sistemáticamente se permite respetar la
inflación real en los últimos años, siendo la diferencia entre las dos
magnitudes en el año 2005 de medio punto porcentual de ganancia de poder
adquisitivo de los salarios de convenio.
Por tanto, hasta ahora, en ningún caso comparto las preocupaciones que
tiene su señoría. También debe matizarse el impacto que las subidas de
los tipos de interés tienen sobre la economía familiar. Si bien es cierto
que el aumento de los tipos supone el incremento de las cargas de
intereses pagadas en los préstamos hipotecarios y, por tanto, una merma
de poder adquisitivo, también es cierto que se reciben intereses, cuyo
volumen es aproximadamente el doble de los intereses pagados, lo cual no
quiere decir que no haya familias concretas para quienes su situación no
case exactamente con lo expuesto. En 2004, según la Contabilidad
Nacional, los intereses recibidos fueron de 17.000 millones de euros y
los pagados 8.700 millones de euros. En todo caso, y debido a las
condiciones de la economía española, los tipos de interés son todavía
bajos e, incluso, negativos en términos reales. Por lo tanto, ese no es
el problema fundamental. Las subidas que puedan llevarse a cabo de
acuerdo con las decisiones del Banco Central Europeo, y según lo que
conocemos, serán moderadas y graduales y no crearán problemas en la
economía española, sino que ayudarán a controlar la inflación al moderar
la demanda de consumo a las familias.
Si observamos los análisis de sensibilidad, comprobamos que las subidas
graduales y razonables de los tipos pueden asumirse perfectamente, sin
que aparezcan problemas de empleo o crecimiento. A este hecho contribuye
la mejora de la renta disponible de las familias. No hay que olvidar
tampoco que una parte significativa de las hipotecas hoy existentes fue
contraída bajo condiciones financieras menos favorables, por lo que, en
combinación con la mejora de la renta de las familias, presumimos que
aumentos graduales y anticipados en los tipos serán perfectamente
asumidos por los ciudadanos.
Un elemento importante cuando nos comparamos con Europa, sobre todo en
términos de competitividad, es el diferencial de inflación, sobre todo
frente a la zona euro, que tiene mucho que ver con el fuerte dinamismo de
la demanda interna española. La demanda nacional, pese a la moderación
reciente, ha contribuido con 5,3 puntos porcentuales al aumento real del
PIB del año 2005. Indudablemente, el Gobierno está preocupado por la
inflación y está siguiendo distintas líneas de actuación con el objetivo
de frenarla. No disponemos de una política monetaria propia, por lo que
tenemos que prestar más atención a la política
fiscal. Ésa es la razón por la que hemos planteado la necesidad de
respetar las leyes de estabilidad, y ésa es la razón por la que,
por primera vez en la historia y como resultado de la liquidación
presupuestaria, hemos obtenido un superávit para el conjunto de
las administraciones públicas de un 1,1 por ciento del PIB en el
año 2005. Esta cifra no tiene precedentes desde la
transición política.
Es cierto que la disciplina fiscal, junto a la evolución alcista de los
tipos de interés, puede afectar gradualmente a la demanda agregada y, por
tanto, a las presiones inflacionistas, lo que a corto plazo terminará por
reflejarse en los índices de inflación. Tal y como he dicho, una parte
importante del incremento de la inflación se debe a la energía,
componente respecto al cual el Gobierno tiene unas posibilidades
limitadas a corto plazo, aunque algunas tenemos. El reciente paquete de
medidas relativas al mercado eléctrico debería tener un impacto
perceptible a la baja en los precios de la electricidad. En último
término, existe un encarecimiento de la materia prima energética, sobre
la que el Gobierno tiene una capacidad de influencia limitada, excepto si
hacemos lo que ustedes hicieron, es decir, reconocer todo el déficit de
tarifa, pero no incrementarla, dejando el problema y el incremento de la
tarifa a los que vienen detrás.
Junto a estas, hay otras medidas de coyuntura económica orientadas a
medio y largo plazo, con menores efectos inmediatos, pero mucha mayor
importancia a la hora de elevar nuestros niveles de prosperidad futura.
Por ejemplo, el peso de la energía en la cesta de la compra y, sobre
todo, la menor utilización de la energía. Por eso, el Gobierno ha
adoptado medidas para hacer frente a estos problemas: el Plan de ahorro y
eficiencia energética 2005-2007, que debe disminuir los altos niveles de
consumo de energía que hoy registra nuestra economía, y el Plan de
energías renovables 2005-2010, que debe disminuir la dependencia española
de las energías tradicionales, elevando gradualmente el peso de las
renovables. Durante las dos legislaturas anteriores la eficiencia
energética y las energías renovables no fueron, en absoluto, aspectos
prioritarios de la política económica. Por el contrario, este Gobierno
atribuye una gran relevancia a estos objetivos, claramente perceptible en
los dos planes citados. Ambos han sido discutidos y han recibido una
notable dotación financiera. Y con ello esperamos orientar a medio y
largo plazo la economía española hacia un patrón energético más
sostenible.
El segundo gran conjunto de medidas adoptadas en este horizonte a largo
plazo es el Plan de Dinamización e Impulso de la Productividad, que
contiene un programa de reformas económicas para toda la legislatura
referido a cinco áreas: defensa de la competencia; mayor competencia en
bienes, servicios y factores; impulso del I+D+I, y mayor calidad y
eficiencia de las finanzas públicas, así como la mejora del marco
regulatorio. Este plan fue acompañado de un paquete no despreciable de
medidas, articuladas a través de numerosas iniciativas legislativas. Y si
bien los efectos derivados de la puesta en marcha de las reformas
contenidas en el plan no se han materializado totalmente a corto plazo,
aunque sí la mayoría, sus efectos sobre la economía y, en concreto, sobre
la inflación serán positivos, ya que facilitarán la transición hacia un
patrón de crecimiento más equilibrado, en el que la aportación exterior
al crecimiento económico sea mayor.
Por otro lado, las medidas del plan de dinamización contribuyen a
flexibilizar la oferta agregada mejorando su capacidad de respuesta ante
posibles «shocks» o ante presiones en la demanda, que en caso contrario
se traducirán en crecimientos de los precios. En este sentido se orientan
las medidas dirigidas a mejorar el nivel de competencia en los mercados
de bienes y servicios, ayudando a contener los márgenes empresariales y a
mejorar la formación de los salarios, con el objetivo de garantizar una
evolución acorde con la productividad.
Pensamos, por tanto, que la inflación va a ir reduciéndose. Pensamos que
sus afirmaciones en cuanto a pérdida de poder adquisitivo no son
correctas. Pensamos que la energía juega un papel fundamental en todos
estos temas. Y es cierto que la transferencia en recursos de un país a
otro significa que todos pagamos la energía más cara y que cada uno
deberá hacer frente a ese coste de la energía, salvo si lo traslada a
otros, que es lo que, lógicamente, todo el mundo pretende, pero que es la
peor de las soluciones en términos económicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sánchez-Simón.
El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que después de oírle me ha resultado absolutamente
sorprendente que el Gobierno entienda que las familias están cada vez
mejor, que, por supuesto, llegan a fin de mes, que, además, el Partido
Popular tiene la culpa de todo, y que parafraseando a Catón el Censor
--se lo voy a decir en latín--, «omnia rei popularum delenda sunt». Es
decir, todo aquello que hizo el Partido Popular hay que destruirlo.
Señor vicepresidente del Gobierno, respecto a los chascarrillos de los
periódicos, la verdad es que leo la prensa como la lee usted, pero aparte
de leer la prensa generalista leo también la información económica y algo
que no es un chascarrillo de prensa, que es el Boletín Económico del
Banco de España de febrero del año 2006. Allí se dice que el gasto
interno ha observado una apreciable ralentización del consumo privado y
de la construcción. Asimismo, dice que en los indicadores de consumo
privado se aprecia un cierto debilitamiento, o que las matriculaciones
--antes le di el dato, que fundamentalmente se refiere a particulares--,
disminuyeron en enero en tasa interanual, o que el incremento del
endeudamiento de las familias ha subido de una forma muy considerable,
particularmente a finales del año 2005.
También leo la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, que
yo creo que es algo bastante serio, y pone que la enseñanza ha subido un
3,9 por ciento; que los hoteles y restaurantes han subido un 4,5 por
ciento; que la vivienda ha subido un 7,8 por ciento; que los alimentos y
bebidas no alcohólicas han subido un 4,3 por ciento; que las
bebidas alcohólicas y tabaco han bajado un 0,5 por ciento --esto es
consecuencia de la respuesta que dieron las compañías tabaqueras
a la política del Gobierno--, y así sucesivamente. Esos son los
datos que, fundamentalmente, utilizo para defender esta interpelación,
datos que, además, entiendo que son los que debe utilizar el Gobierno
para adoptar medidas y considerar si la cuestión debe ser analizada y
tomar o no tomar decisiones.
Señoría, entiendo que hay que tomar medidas antes de que sea
excesivamente tarde, medidas eficaces que no se queden en discursos más o
menos bonitos, más o menos inteligibles o absolutamente ininteligibles.
Hay que tomar medidas en las que claramente los ciudadanos aprecien que,
efectivamente, su bolsillo le da más de sí, porque al final se trata de
eso, de medidas que den un mayor bienestar y un reparto más justo y
equitativo de la riqueza y de la carga tributaria.
Usted ha dicho, y tiene razón, que en lo que mayor libertad tiene el
Gobierno es en política fiscal. Usted ha anunciado una reforma fiscal,
aprobada por el Consejo de Ministros, en la que se van a tomar tantas y
tan buenas medidas que van a resolver muchas cosas. Habla de que va a
haber sencillez en el régimen de imputación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, pero esa sencillez consiste en que se quitan la
mayoría de las deducciones, o que la deducción por inversión en vivienda
se va a reducir del 25 y del 20 por ciento los dos primeros años al 15
por ciento exclusivamente, o que las aportaciones a los planes de
pensiones se van a reducir, o modificaciones que probablemente van a
suponer que las familias de dos o más hijos van a tener mayor carga
tributaria, o que la fiscalidad al ahorro también va a aumentar del 15 al
18 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.
El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Son medidas, en definitiva, que el Gobierno
introduce porque está facultado para ello, pero entiendo que no lo hace
con la correspondiente y clara eficacia. Esto es un juicio de valor, pero
la realidad va a ser la que es, y la realidad es la que está recogida en
esos informes estadísticos.
Tanto mi grupo parlamentario como yo entendemos que si el Gobierno estima
que todo va estupendamente y que no hace falta introducir nuevas medidas,
seremos nosotros quienes las plantearemos en la correspondiente moción
consecuencia de esta interpelación. Y entiendo que el Gobierno no las
apoye, pero espero que, por lo menos, reflexione sobre ellas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente. Muchas gracias,
señoría.
Los informes dicen todas esas cosas que usted dice y muchas más, lo que
pasa es que los informes hay que leerlos en su contexto y plantearlos no
de forma aislada.
Es verdad que el índice de confianza de los consumidores baja en enero y
en febrero como consecuencia de las expectativas en construcción. Eso ya
lo sabemos, pero también sabemos que un indicador de confianza de dos
meses no quiere decir nada. Las matriculaciones de los vehículos bajan,
por supuesto. Pero ¿cuánto habían subido antes? No está bajando la
matriculación de vehículos; lo que está bajando es el crecimiento de la
matriculación de vehículos. El endeudamiento de las familias: ahí tiene
usted razón; teníamos un endeudamiento de alrededor del 70 por ciento del
PIB, y ahora estamos en más del 100 por cien. Pero ¿dónde ha ido ese
endeudamiento? ¿Por qué no compara usted la situación financiera de las
familias en este momento con la anterior, y mira en qué han utilizado
este recurso? Vería usted que la propiedad de viviendas de los ciudadanos
representa el 400 por cien del PIB. Por tanto, se han utilizado esos
recursos para comprar otras casas.
Léase la encuesta de presupuestos familiares del cuarto trimestre de 2005
--se lo digo porque ha salido esta mañana, y por nada más--; aclarará sus
dudas. Leo casi textualmente: El gasto total del consumo de los hogares,
en términos constantes, ha aumentado un 6,4 por ciento en el cuarto
trimestre de 2005 frente al mismo trimestre del año anterior. Este dato
está en consonancia con la estimación de la evolución del consumo en
contabilidad nacional y continúa. El gasto en consumo final de los
hogares, en términos brutos, aumenta del 3,5 hasta el 4 por ciento este
año. Evolución del consumo en 2005: en su conjunto, ha aumentado un 6,6
por ciento respecto a 2004. En este caso, la tendencia positiva de este
dato no coincide con lo estimado por contabilidad nacional, cuya tasa se
mantiene más estable. Pero se debe a que la contabilidad nacional incluye
gastos estructurales, cuya evolución amortigua el crecimiento del dato
global. Ahora le leo lo que puede ser más interesante para usted:
Percepción subjetiva del momento económico: los resultados sobre la
percepción subjetiva de la economía arrojan resultados positivos en sus
tres categorías. Por un lado, el porcentaje de los hogares que pueden
dedicar algún dinero al ahorro aumenta en el último año del 38,6 al 39,5
por ciento. Por su parte, un 45,1 por ciento de los hogares manifiestan
que llegan a fin de mes con algún grado de facilidad, frente al 44,4 del
pasado año; por tanto, la situación es algo mejor. Por último, el
porcentaje de hogares que consideran el momento actual adecuado para
realizar compras importantes aumenta cuatro puntos, pasando del 44 al 48
por ciento.
De modo que si analiza qué percibe la gente, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística, verá que está más en mi línea que en la suya.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
-- PROPOSICIÓN DE LEY DEL MEDICAMENTO Y DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
(AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO) (S. 622/000032).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día: toma en
consideración de proposiciones de ley del Senado: proposición de ley del
medicamento y de la prestación farmacéutica. Autor: el Grupo
Parlamentario Popular.
Para la exposición de la misma, tiene la palabra la senadora Casado.
La señora CASADO SOBRINO: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
para defender la toma en consideración de una proposición de ley del
medicamento y de la prestación farmacéutica.
A estas alturas del debate parlamentario, todos nos hemos respuesto ya de
la sorpresa que supuso la sesión parlamentaria del jueves pasado en el
Congreso de los Diputados. En ella quedó claro que meses de negociaciones
y reuniones no habían conseguido avanzar en un mal texto. Pero parece ser
que todo ha cambiado en 24 horas. La sorpresa que nos produjo el debate
de este proyecto de ley en el Congreso la semana pasada --y no sólo a mi
grupo, sino también a todos los demás, exceptuando a Convergència i Unió
y a Esquerra-- nos deja sin saber cuál es el texto sobre el que seguir
trabajando. A la espera de que se consensúe un texto razonable,
presentamos esta proposición de ley para su toma en consideración.
En junio de 2005, el Gobierno presentó un borrador de anteproyecto de ley
de garantías y de uso racional de los medicamentos y los productos
sanitarios que reflejaba voluntad de cambio de la legislación vigente
sobre prestación farmacéutica. Sin embargo, el texto contenía muy pocas
modificaciones y estaba plagado de lagunas; lagunas que inquietaban
profundamente al sector sanitario y a los usuarios.
Es cierto que había que hacer frente a modificaciones legislativas, por
lo que el Partido Popular presentó, en septiembre de 2005 --señorías, en
septiembre de 2005-- un texto que recoge el sentir del sector del
medicamento y de la sociedad, y creemos, señorías, que es un texto
coherente. Quiero dejar claro que si este texto se hubiese empezado a
tramitar en septiembre, cuando fue presentado por el Partido Popular,
probablemente ahora ya tendríamos elaborada la ley del medicamento que
todos queremos, que garantizaría la mejor de las posibles prestaciones
farmacéuticas en España.
Señorías, la legislación que era válida hace quince años se ha visto
superada por la evolución de nuestro sistema sanitario descentralizado y
por la evolución del propio mercado farmacéutico. Además, han surgido
nuevas directrices que marca la Unión Europea y que hemos de asumir en
nuestra propia legislación. Es necesario, asimismo, afrontar reformas que
supongan un avance de las políticas del uso racional de los medicamentos
e incorporar todas las posibilidades de investigación y desarrollo que
ponen a nuestro alcance las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
Hemos de ser capaces de poner las nuevas tecnologías al servicio de los
usuarios de la sanidad; hemos de ser capaces de servirnos de ellas para
conseguir una mejor atención a los pacientes. Tengamos en cuenta que la
sociedad de la información debe llegar al ámbito sanitario de modo que,
por ejemplo, podamos disponer de listados nacionales de todos los
asegurados, dentro del Sistema Nacional de Salud, o de historiales
clínicos únicos de cada paciente, independientemente de la comunidad
autónoma en la que vivan, y preservando siempre, por supuesto, la
confidencialidad que se debe de exigir.
A todo ello hemos de unir, destacándolo de forma principal, las legítimas
expectativas de los ciudadanos de mejora de la calidad del Sistema
Nacional de Salud. Si analizamos la última encuesta de los índices
sanitarios, presentada recientemente por la señora ministra de Sanidad,
veremos que los usuarios valoran muy positivamente los medios
tecnológicos y los medios profesionales, y sin embargo suspenden la
coordinación y el funcionamiento de los sistemas sanitarios. En
definitiva, señorías, nos están pidiendo nuevas inversiones en el
sistema.
Por todo ello, hoy se hace necesario presentar ante la sociedad un texto
legislativo que aglutine todas las expectativas y las necesidades de un
sector primordial, un sector como el de la prestación farmacéutica, que
genera una especial sensibilidad en toda la población. A diario se
producen en España más de 150.000 dispensaciones de medicamentos con
cargo al Sistema Nacional de Salud. A éstas debemos añadir las
dispensaciones provenientes de prescripciones de la sanidad privada, y
con todo este volumen de prestación farmacéutica, señorías, los pacientes
valoran muy positivamente la atención que reciben dentro del sistema
sanitario, y aprueban especialmente la calidad, la accesibilidad y la
equidad que demuestra este servicio, principalmente en los pequeños
núcleos de población.
Oyendo los comentarios de diputados socialistas el pasado jueves en el
Congreso, cualquiera podría pensar que la situación actual de la
prestación farmacéutica en España está sumida en un caos, y esto,
señorías, no es así como demuestra la buena valoración que hacen de la
misma los usuarios. Aun así, se hace necesaria una nueva ley de
medicamentos que recoja la realidad de la prestación farmacéutica en
España y de la sociedad española en constante evolución; y nuestro deber,
a la hora de legislar, debe ir encaminado a garantizar la calidad
asistencial como un objetivo permanente. Con la legislación actual el
paciente ya disfruta de esas garantías, luego debemos de ser muy cautos a
la hora de introducir nuevas reformas que puedan poner en peligro los
derechos de los que ya hoy gozan todos los pacientes, y esto es lo que
pretendemos con el texto que hoy presentamos para su toma en
consideración.
Es un texto que tiene en cuenta la necesaria solidaridad interterritorial
y la participación de las comunidades autónomas
en la política del medicamento y de los productos sanitarios. No
olvidemos que son las comunidades autónomas las competentes en
cuanto a la gestión de los servicios sanitarios, y que son muchas
las comunidades autónomas que ya han legislado --y otras tantas
las que lo están haciendo en este momento-- sobre regulación
en la gestión de la prestación sanitaria.
Esta ley debe establecer el marco de colaboración entre las
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas y el Ministerio
de Sanidad y Consumo. La falta de coordinación entre las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad está generando diferencias en la
gestión de la Sanidad entre las distintas regiones de España.
Según palabras de la propia ministra en su comparecencia ante la la
Comisión de Sanidad en la última sesión celebrada en esta Cámara, el 98
por ciento de la cartera de servicios que reciben los pacientes coincide
en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, si no establecemos los
mecanismos de colaboración adecuados, ese 2 por ciento restante puede
convertir en desigualdad lo que hoy son simples diferencias.
Por otra parte, es necesario que de una vez por todas seamos capaces de
articular las reformas precisas que confieran estabilidad al sector del
medicamento, de tal manera que éste no se encuentre sumido en un marco de
inseguridad jurídica y económica que le impida avanzar en beneficio de la
sanidad en su conjunto. Por ello, el texto que hoy les presentamos recoge
buena parte de los argumentos expuestos por el sector de la industria
farmacéutica, por la distribución, por las oficinas de farmacia y por los
médicos y usuarios.
En este proyecto de ley apostamos de forma clara por una política de
prescripción y de dispensación de medicamentos genéricos, articulando las
necesidades de homogeneización de los envases y la denominación de estos
fármacos siempre bajo criterio científico y olvidándonos de denominarlos
bajo marcas de fantasía, puesto que ello dificultaría la implantación de
una cultura de genéricos en España.
Este texto que presentamos para su toma en consideración, señorías,
pretende sumar, nunca restar. Es un texto con el que pretendemos buscar
el consenso y admitir nuevas aportaciones. Hemos elaborado una
proposición de ley del medicamento estando en permanente contacto con el
sector y en sintonía con sus demandas profesionales para que podamos
contar con una ley estable a lo largo de los años que garantice la
prestación farmacéutica que todos deseamos y que genere estabilidad en la
industria farmacéutica, en la distribución farmacéutica y en las oficinas
de farmacia.
Nuestra proposición de ley, reconociendo la preparación y la formación de
los profesionales sanitarios en España, favorece la cooperación entre
médicos y farmacéuticos, siempre en beneficio del paciente. Es una ley
que colma las necesidades de pacientes y usuarios y da respuesta a sus
necesidades, ya que son ellos los verdaderos protagonistas, señorías, y
en quienes debe siempre redundar el beneficio que pueda generar esta
legislación.
Es una ley que promueve una política de investigación con medicamentos y
que apuesta por las nuevas tecnologías. De esta manera podremos abrir
nuevas perspectivas y conseguiremos crear una política clara de apoyo al
desarrollo científico y a la investigación, lo que nos llevará a la
admisión de nuevos medicamentos que beneficien al enfermo.
En este texto sentamos las bases necesarias para incentivar la
investigación farmacéutica en nuestro país. Debemos dotar a la industria
farmacéutica española de los medicamentos necesarios para que siga siendo
una industria innovadora y para que siga generando empleos de calidad, no
en vano trabajan actualmente en esta industria más de 100.000 personas en
España.
He de decir que en relación con las nuevas tecnologías tenemos por
delante retos importantes, y sirvan como ejemplo estos dos: la
implantación de la receta electrónica y la trazabilidad de los
medicamentos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya, por favor.
La señora CASADO SOBRINO: Termino enseguida, señor presidente.
Pues bien, a la hora de legislar debemos de tener en cuenta que esta
trazabilidad ha de servir para llevar a cabo una mejor farmacovigilancia
y para que esa trazabilidad no se quede en un mero control de
transacciones comerciales. Y en cuanto a la receta electrónica, debemos
establecer un marco de desarrollo adecuado dejando claro cuáles son las
obligaciones que debe asumir cada agente implicado.
En definitiva, señorías, tenemos que asumir nuevos retos y nuevas
realidades, y a ello se dirige esta proposición de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Popular y cuyo único objetivo es garantizar una
prestación farmacéutica de calidad para todos los españoles con
independencia del lugar en que vivan, lo que se basa en un continuo
contacto con los sectores sociales, sanitarios, profesionales y
económicos presentes en el ámbito de los medicamentos y de los productos
sanitarios.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra tiene la palabra el senador López Carvajal.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.
Senadora Casado, doy por hecho que usted conoce el trastorno definido con
el nombre de asomatognosia; es decir, la falta de orientación que sufren
aquellos pacientes que no pueden definir su propio cuerpo en el espacio.
Haciendo una especie de paráfrasis, yo diría que la moción que ustedes
presentan padece de asomatognosia. ¿Por qué digo esto? Porque el discurso
que usted ha hecho es totalmente válido para la situación que existía en
el año 2003, cuando ustedes gobernaban, pero en absoluto adecuado para el
espacio y tiempo político actual: el año 2006.
La toma en consideración de una proposición de ley tiene, como mínimo,
que responder a tres premisas: la
oportunidad política, la viabilidad parlamentaria y la idoneidad
de su contenido. Siguiendo este hilo conductor, voy a intentar
hacer algunas reflexiones.
Como antes he comentado, su discurso es totalmente válido para la
situación del año 2003, pero en absoluto se ajusta a lo que ocurre en
este momento. ¿Por qué? Porque usted desconoce o no quiere tomar
conciencia de que en este momento hay en el Congreso un proyecto de ley
en tramitación; un proyecto de ley al que ustedes han presentado 102
enmiendas y una enmienda a la totalidad con un texto alternativo. No se
puede hacer una reflexión política sobre la toma en consideración de una
proposición de ley obviando este dato que le estoy comentando. Usted ha
reflexionado correctamente al poner de manifiesto que hay que modificar
la Ley del medicamento, pero eso ya se está haciendo. Comparto con usted
la premisa de que hay que modificar la Ley del medicamento, pero eso no
nos lleva a la conclusión de que debamos tener en consideración la
proposición de ley que usted ha presentado aquí. ¿Por qué? Porque
políticamente no es oportuna, toda vez que está tramitándose en el
Congreso de los Diputados un proyecto de ley.
Como su señoría bien sabe, ustedes han presentado una enmienda a la
totalidad con texto alternativo a dicho proyecto de ley; enmienda a la
totalidad que ha sido rechazada. Pero ese proyecto de ley no es algo
casual, es la conclusión que en política farmacéutica presenta este
Gobierno a partir de una serie de iniciativas que se iniciaron en el año
2004. En el mes de junio del año 2004 este Gobierno convocó por primera
vez a la Comisión de Farmacia en el Consejo Interterritorial para que se
empezasen a elaborar los trabajos sobre la reforma de la Ley del
medicamento, y la repuesta de los consejeros del Partido Popular que
están representados en dicho consejo interterritorial fue no asistir. En
noviembre de ese mismo año, este Gobierno presentó el Plan estratégico
sobre el uso racional de los medicamentos. En junio del año 2005 el
Gobierno presentó un anteproyecto de ley que fue remitido al Consejo de
Estado y a numerosos agentes sociales para que se pronunciasen al
respecto, y a ustedes les faltó tiempo, por un sentido puramente
oportunista, para presentar una proposición de ley en el Congreso y en el
Senado. Le reitero que esta iniciativa no es políticamente oportuna, por
lo que ustedes no cumplen la primera de las premisas.
Hay una segunda premisa, que es la viabilidad parlamentaria, y en este
sentido conviene hacer una reflexión importante. En el supuesto de que el
Senado tomase en consideración la proposición de ley que ustedes
proponen, ¿qué ocurría? Ese texto se enviaría al Congreso de los
Diputados y allí se iniciaría un trámite absolutamente insólito del que
no hay precedente parlamentario desde el año 1978, me refiero a que
concurran simultáneamente una proposición de ley con un proyecto de ley
cuyas enmiendas a la totalidad ya han sido debatidas en Pleno. O sea, de
momento ustedes van a dar más trabajo del que tienen a los letrados del
Congreso, que han de resolver esta cuestión; cuestión sobre la que
aquellos que han estudiado el artículo 89 de la Constitución, que regula
las proposiciones de ley, han manifestado que tienen serias dudas de que
pueda simultanearse la tramitación de una proposición de ley y un
proyecto de ley.
Por lo tanto, con el mecanismo que ustedes emplean pretenden en el fondo
--y usted lo ha dicho insistentemente-- el cumplimiento de una premisa:
utilizar la proposición de ley para enmendar un proyecto de ley. Esto no
es así. Cuando el constituyente redacta y aprueba el artículo 98 lo que
está reconociéndole a las Cámaras es la capacidad legislativa, pero en
ningún momento las proposiciones de ley pueden ser un mecanismo para
enmendar --repito-- un proyecto de ley. De forma tal que lo que ustedes
están haciendo en este momento ya ni siquiera es enmendar, ni siquiera es
un acto de oposición, lo que ustedes están haciendo --pienso yo
modestamente-- es obstruir el trámite ordinario que tiene un proyecto de
ley, en este caso en el Congreso.
Hay una última premisa que le he dicho a usted que, a mi modo de ver, es
necesario analizar a la hora de la toma en consideración, y es la
idoneidad; es decir, la idoneidad del contenido de la proposición de ley
que ustedes nos traen aquí. Yo les quiero decir que el texto que ustedes
presentan es un refrito, y ello es así porque está hecho con
precipitación --antes se lo he dicho-- y porque la posición del Grupo
Parlamentario Popular --en definitiva, del Partido Popular-- sobre la
política farmacéutica ha pasado por tantas estaciones desde el año 2003
que ya es difícil saber en cuál de ellas están ahora mismo. Le voy a
hacer un pequeño indicador cronológico de cuáles han sido los documentos
más importantes que ustedes han presentado a la opinión pública sobre
este particular con contenidos sensiblemente distintos.
En primer lugar, el ministerio, en el año 2003, presenta un plan
estratégico que no se llega a convertir nunca en ley como consecuencia y
como respuesta a una iniciativa presentada en su momento por el Grupo
Parlamentario Socialista (El señor vicepresidente, Molas i Batllori,
ocupa la Presidencia.) En el año 2004 --ya gobernando el Partido
Socialista-- ustedes elaboran un plan integral en el Foro Alternativo de
Valencia, que yo he tenido la curiosidad de leerme. Después, en
septiembre del año 2005, ustedes presentan una proposición de ley en el
Congreso y en el Senado que es la misma, es exactamente la misma;
posteriormente ustedes han presentado 160 enmiendas al proyecto de ley y
un texto alternativo que no coincide con la proposición de ley presentada
en el Congreso y en el Senado, de forma tal que ahora mismo estamos
debatiendo un texto que en el índice cronológico de todas sus
manifestaciones sobre política farmacéutica es de los más antiguos, no de
los más modernos, porque le recuerdo que entre esta proposición de ley y
la enmienda a la totalidad que ustedes presentaron en el Congreso hay 12
sustanciales diferencias --que no es la ocasión en este momento, a mi
modo de ver, de exponer aquí.
En definitiva, ¿qué quiero decir con todo esto? Ustedes no tienen más
credibilidad que el Gobierno para poder liderar la tramitación de la
reforma de la Ley del medicamento, y no la tienen porque la conclusión de
las políticas que sobre el sector farmacéutico han llevado ustedes a
cabo en los últimos ocho años cuando estuvieron gobernando se
sintetizan de la siguiente manera: Han tenido una política de
genéricos que no es de promoción de los genéricos, sino de
contención de los genéricos; han hecho una política de precios
de referencia que no ha fomentado la
competencia entre los diferentes medicamentos; han conseguido que el
ministerio le garantizase a Farmaindustria que, después del convenio
firmado en el año 2002, no iba a tomar ninguna medida más de contención
del gasto farmacéutico; han hecho que Farmaindustria se presente ante la
sociedad como el gran patrocinador de la investigación biomédica en
España, con unos acuerdos que son absolutamente cuestionables, tan
cuestionables que, por ejemplo, la suspensión de esa cláusula que
anteriormente le citaba ha proporcionado que este ministerio recaude 100
millones de euros más en el año 2005 que en los años anteriores; ustedes
han hecho que el peso de la contención del gasto farmacéutico recaiga
fundamentalmente sobre los mayoristas, sobre las farmacias --y usted eso
lo sabe perfectamente--, pero no sobre la industria farmacéutica, y le
puedo dar datos absolutamente demoledores en ese sentido. Por ejemplo --y
para concluir--, en el año 1996 la participación en el gasto farmacéutico
de la industria era del 59,31 por ciento, en este momento es del 67,51
por ciento; por el contrario, los mayoristas participaban en el 8,10 por
ciento en el gasto farmacéutico en el año 1996 y en la actualidad lo
hacen en el 6,4 por ciento, y las farmacias, que participaban en el 28,8
por ciento, en este momento lo hacen en el 22,18 por ciento. ¿Quién ha
soportado el peso de la contención del gasto farmacéutico en este país en
los últimos ocho años? Repito, las farmacias y los mayoristas, no la
industria farmacéutica.
Por lo tanto, es obvio que este Gobierno tiene más credibilidad para
liderar la reforma de la Ley del Medicamento, y daré solo un dato
--reservándome algunas líneas argumentales para el próximo turno--:
ustedes dejaron el ministerio con un incremento del gasto farmacéutico
público del 12,6 por ciento, y en un año este Gobierno lo ha rebajado por
debajo del 6 por ciento. Sólo con este dato se demuestra la conveniencia
del proyecto de ley presentado por el Gobierno para liderar la reforma de
este sector, que todos compartimos que debe reformarse, y no esta
aventura jurídico-parlamentaria que ustedes nos proponen y que, como
señalaba al principio de mi intervención, desde mi punto de vista,
desconoce el espacio y el tiempo en el que se está desarrollando
actualmente el sector farmacéutico.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Abrimos un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, senyor president.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy para su toma en
consideración una proposición de ley alternativa a la Ley del medicamento
en trámite en el Congreso. Las dos iniciativas tienen un mismo fin: poner
al día la prestación farmacéutica y el uso racional de los medicamentos
después de dieciséis años, ya que la ley en vigor es la Ley 25/1990, de
20 de diciembre.
Durante estos últimos dieciséis años los avances científicos y
tecnológicos han sido espectaculares, muy especialmente en el campo de la
medicina, pero no solamente hemos avanzado en estos campos sino que
nuestra sociedad también ha evolucionado. Todo ello requiere, pues, una
puesta al día --no lo dudamos-- para adaptarse a las nuevas tecnologías y
a las nuevas necesidades, así como a las directivas europeas que se han
publicado en estos años sobre investigación, nuevas tecnologías, nuevas
enfermedades, nuevas terapias y nuevas necesidades sociales. Las dos
leyes nos hablan de fabricación, elaboración, control de calidad,
circulación, distribución, comercialización, información, publicidad,
importación, exportación, almacenamiento, prescripción, dispensación,
evaluación, autorización, registro de medicamentos de uso humano,
veterinario o actualización de cuantas personas físicas, jurídicas y
profesionales del medicamento se dedican a ello.
En ambas leyes se incorpora el uso de radiofármacos o medicinas no
tradicionales, como la homeopatía, en los tratamientos. Quizá la única
diferencia --y hasta cierto punto lógica ya que el PP no forma parte del
Gobierno-- es que en la suya existe una ausencia de contención del gasto
que sí está patente en la presentada por el Gobierno, así como en la
disposición adicional novena, relativa a la aportación al Sistema
Nacional de Salud por volumen de ventas.
Curiosamente, el Grupo Parlamentario Popular da más libertad a las
comunidades autónomas, lo que nos ha llamado la atención, puesto que en
función de sus competencias serán los que deban garantizar el uso
racional de estos medicamentos. Señorías del Grupo Parlamentario Popular,
¿por qué no la presentaron hace tres o cuatro años? Tuvieron seis años
para hacerlo y no lo han hecho. ¿Por qué lo hacen ahora, en que el
momento en que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado otra y
está en trámite parlamentario? La verdad es que por poco lo consiguen, ya
que la semana pasada, en su empecinamiento por no dialogar, el ministerio
estuvo a punto de conseguir --ustedes del Partido Popular y nosotros,
Convergència i Unió-- que el veto presentado por Esquerra Republicana
diera sus frutos y con ello su devolución al Gobierno, abriendo la
posibilidad de que este proyecto de ley en trámite en el Senado, volviese
de nuevo al Congreso. Hubiese sido curioso.
Por suerte o por desgracia, ha imperado el sentido común y la democracia,
es decir, la voz de las Cámaras ha sido oída; el veto decayó y será el
proyecto de Ley sobre garantía y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios el que se debatirá en las Cámaras.
Hoy no hablaremos de la titularidad de la red de farmacias una red
gratuita, por cierto, que no ha hecho ningún
gobierno, ha hecho una red que cubre todo el Estado español sin
ninguna aportación de la pública. Les recuerdo a todas sus
señorías que la red de farmacias es totalmente
privada y, por cierto, cubre muchas de las deficiencias de la sanidad
pública.
Tampoco hablaremos de ensayos clínicos, de los que estamos interesados en
hablar, ya que han evolucionado muchísimo; ni de la industria
farmacéutica, un 80 por ciento de la cual se encuentra en nuestra
comunidad; ni de genéricos, ni de la relación
médico-farmacéutico-usuario, de la que ésta que les habla también tiene
mucho que decir; ni de trazabilidad, con la que estamos totalmente de
acuerdo. De nada de ello hablaremos ahora, lo haremos en su momento, es
decir, cuando el proyecto de ley llegue a esta Cámara.
Nosotros vamos a ser menos intransigentes que el senador López Carvajal;
y como estamos de acuerdo con algunos de los artículos de este texto,
vamos a pedir al Grupo Parlamentario Popular que cuando el proyecto de
ley entre en el Senado presente de nuevo sus enmiendas, unas enmiendas
que reflejen parte de este texto, pues seguro que entonces nos podremos
encontrar. Porque la ley de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios debe ser una norma que sume el esfuerzo de todos:
de la industria, de los farmacéuticos, de los médicos y también de los
usuarios. Ésta debe ser una ley que sirva para avanzar, no sólo en el uso
de los medicamentos, sino también en la mejor salud de todos los
ciudadanos. Ello requiere, como decía, del esfuerzo de todos, del suyo y
del nuestro; y ahí nos encontrarán.
Pero hoy, a diferencia de lo que habitualmente hace nuestro grupo
parlamentario, vamos a votar en contra de la toma en consideración de
esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy ante esta Cámara, día 22 de
marzo --lo subrayo--, una proposición de ley del medicamento y de la
prestación farmacéutica sobre cuya toma en consideración hemos de
posicionarnos. Esta misma proposición de ley se presentó en el Congreso
de los Diputados el pasado mes de septiembre de 2005.
Por otro lado, el día 16 de diciembre se publica en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales» del Congreso de los Diputados el proyecto de ley
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
cuyo debate de totalidad tuvo lugar el pasado 16 de marzo, proyecto al
que el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda a la totalidad
con texto alternativo que difiere en algunos aspectos de la proposición
de ley cuya toma en consideración estamos debatiendo en estos momentos. Y
en estos momentos debatimos en el Senado la toma en consideración de una
proposición de ley que en cierto modo entra en contradicción con el
procedimiento seguido hasta ahora.
Señorías, éste no es el momento de debatir el contenido del proyecto de
ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, y cuyo debate
de totalidad, repito, ya tuvo lugar la pasada semana, ni el contenido de
esta proposición de ley. Por ello, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos va a ser coherente con la postura adoptada frente al
texto alternativo presentado en el Congreso junto con la enmienda a la
totalidad del Grupo Parlamentario Popular, y va a votar en contra de la
toma en consideración de esta proposición de ley. Ello no significa que
estemos de acuerdo con la actual redacción del proyecto de ley que se
debate en la Cámara Baja, pero consideramos que con el tesón y el
esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, así como con voluntad por
parte del Gobierno, éste se puede mejorar sustancialmente.
Decía que éste no es momento de debatir contenidos, y con toda sinceridad
pensamos que procede votar en contra de la toma en consideración de esta
proposición de ley, dado que ya hay en marcha un debate sobre la materia
objeto de la proposición y puesto que ya fue rechazada en el Congreso
cuando se presentó, con ciertos matices, como texto alternativo en una
enmienda a la totalidad.
Aunque mi grupo parlamentario tiene por costumbre posicionarse a favor de
la toma en consideración de las proposiciones de ley que se presentan,
salvo en algunas ocasiones, hoy no es posible votar a favor de ésta, en
primer lugar, por respeto a las Cortes Generales, en las que ya se está
tramitando un proyecto de ley cuyo debate de totalidad, insisto, ya se ha
celebrado, y en segundo lugar, por una cuestión de rigor parlamentario,
además de por coherencia con la postura mantenida por nuestro grupo
parlamentario en el Congreso durante el debate del proyecto de ley
celebrado el 16 de marzo. Así, pues, señorías, vamos a votar en contra de
esta toma en consideración.
Senadora Casado, usted en su intervención decía, entre otras de las cosas
que ha planteado para defender la toma en consideración de esta
proposición de ley que éste es un texto que pretende buscar y sumar
consenso y que pretende generar estabilidad --yo diría que estabilidad en
general, es decir, no sólo en el sector farmacéutico en su conjunto, sino
en todo lo que está vinculado en estos momentos al ámbito del medicamento
y de la sanidad. Pues bien, si ustedes pretenden buscar y sumar el
consenso, generar estabilidad en el sector y obtener una prestación
farmacéutica de calidad, les diré que el procedimiento que están
utilizando en estos momentos no pretende precisamente buscar y sumar
consenso ni generar estabilidad. Porque, con independencia de que ustedes
hayan presentado esta proposición de ley en septiembre en las Cortes
Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado,
existiendo en estos momentos en el Congreso un proyecto de ley cuyo
debate de totalidad ha tenido lugar el pasado 16 de marzo, no es oportuno
ni procedente que hoy, 22 de marzo, estemos debatiendo en el Senado la
toma en consideración de una proposición de ley que, repito, tiene que
ver con la materia objeto de ese proyecto de ley, y que en cierto modo
viene a ser una enmienda a la totalidad.
Apelo, pues, al rigor parlamentario que debemos tenemos todos los
senadores y senadoras en esta Cámara; y si de verdad queremos buscar y
sumar consenso, creo que la mejor forma de hacerlo es que todos pongamos
la carne en el asador cuando llegue el debate del proyecto de ley a esta
Cámara, haciendo nuestras aportaciones e introduciendo todas las mejoras
que se consideren oportunas, siempre y cuando haya voluntad por parte del
Gobierno de lograr el objetivo del que usted hablaba al final de su
intervención: conseguir una prestación farmacéutica de calidad para el
conjunto de la sociedad y para todo el sector que está involucrado en la
prestación farmacéutica en nuestro país: desde el sector farmacéutico
hasta los profesionales sanitarios, pasando por todo el entramado de la
propia prestación farmacéutica.
Sintiéndolo mucho, insisto en que a mi grupo parlamentario no le queda
más remedio que votar en contra de la toma en consideración de esta
proposición de ley por los argumentos que he comentado, sin entrar en el
contenido de la proposición de ley en sí, con la que podemos estar de
acuerdo en algunos aspectos y en desacuerdo en otros, lo mismo que nos
pasa en estos momentos con el proyecto de ley. En cualquier caso, espacio
y ámbito tendremos para buscar y sumar ese consenso al que usted apelaba
en su intervención. Pero en estos momentos, procedimentalmente, creo que
sobra este debate hoy en la Cámara si en el ánimo de todos está buscar el
mayor grado de consenso posible.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo de Entesa Catalana tiene la palabra el senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
La verdad es que hasta hace unos minutos he tenido la esperanza de que
finalmente el Grupo Parlamentario Partido Popular retiraría la toma en
consideración de esta proposición de ley. Pero no lo ha hecho, lo que nos
obliga a pronunciarnos y decir que vamos a variar nuestra tradicional
posición favorable, rota en contadísimas ocasiones, a las tomas en
consideración de proposiciones de ley, máxime en esta Cámara, donde
fuimos --creo recordar-- pioneros en esa iniciativa para que el Senado
tuviese protagonismo parlamentario. A pesar de todo ello, senadora
Casado, repito que no podremos votar a favor de esta toma en
consideración.
No voy a ser muy prolijo en mis argumentos, puesto que repetiría los que
brillantemente ya han expresado los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra. Simplemente subrayaré algunos aspectos.
En primer lugar quiero reconocer el mérito y la coherencia interna,
aunque no compartida respecto de sus objetivos políticos, de presentar
una proposición de ley del medicamento en esta Cámara, o en forma de
enmienda con texto alternativo al proyecto de ley que el Gobierno, en uso
de su legitimidad, de su responsabilidad y de su programa político, ha
presentado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, aun no
compartiendo muchos de los aspectos de esta iniciativa, he de reconocer
que es una proposición de ley completa, integrada, que, respondiendo a un
proyecto político que no comparto, expresa coherencia interna. En este
sentido es respetable, y hubiésemos votado favorablemente su toma en
consideración, aun cuando en los aspectos más esenciales de la política
farmacéutica que diseña no estemos de acuerdo, como tampoco lo estuvimos
con la política de genéricos que en su día hizo el Partido Popular y con
su política de precios de referencia y los resultados que produjo en el
gasto farmacéutico. Como nos recordaba el senador López Carvajal,
constatamos la enorme diferencia existente en la contención del gasto
farmacéutico entre las políticas del Gobierno del Partido Popular y las
políticas de la ministra Salgado en los dos años que lleva en el
ejercicio del cargo. Así pues, las diferencias son grandes en lo que se
refiere al diseño y el contenido, que daríamos a una proposición de ley
sobre el medicamento, cuya reforma, como ha dicho la senadora Casado, es
necesario acometer. Tenemos una ley del año 1990 y, por tanto, en este
punto sí podemos darle la razón. Es necesario acometer una renovación
legislativa de todas las políticas del medicamento. Pero resulta --a
veces el pero se convierte en la objeción fundamental--, que el problema
radica en la oportunidad --ustedes lo saben mejor que yo--, porque
presentan una proposición de ley, o no la retiran --podían haberlo
hecho-- cuando se ha debatido en el Congreso de los Diputados una
enmienda a la totalidad con texto alternativo a un proyecto de ley y se
ha producido un determinado resultado político que provoca una nueva
situación parlamentaria, es decir, la preeminencia de un texto ya votado
en el Congreso de los Diputados, texto que es proyecto de ley y que ya
está en trámite de debate parlamentario.
A pesar de ello, ustedes presentan esta proposición de ley en el Senado;
pero, de ser tomada en consideración, ¿debería adjuntarse como texto
añadido al proyecto de ley en trámite de comisión en el Congreso de los
Diputados? ¿Debería convertirse en un texto alternativo al proyecto de
ley ya en trámite parlamentario en las Cortes? ¿Debería ser cantera de
posibles enmiendas, si aún está abierto el plazo, al proyecto de ley en
este momento procesal de su debate parlamentario en el Congreso de los
Diputados?
El senador López Carvajal se preguntaba, y apuntaba opiniones de
importantes juristas, si eso es posible o no. Independientemente de esas
reflexiones, que comparto con el senador, creo que para cualquier persona
medianamente experimentada en trámites parlamentarios es de todo punto
imposible pensar que se puede acumular en el Congreso un proyecto de ley
en trámite de enmiendas en comisión y una proposición de ley como ésta,
pues de ser aprobada en esta Cámara --insisto en que nosotros hubiésemos
votado a favor de su toma en consideración-- se convertiría en un
problema jurídico-parlamentario añadido al trámite de aquel proyecto de
ley.
Ésa es la razón fundamental por la que nos vamos a oponer: porque no
queremos contribuir --y esperábamos de ustedes que tampoco lo hicieran--
a este pequeño gran lío procedimental parlamentario respecto del trámite
de un
proyecto de ley tan importante como es el del medicamento.
Por tanto, aparte de que el contenido de la proposición de ley del
medicamento no hubiese sido el más aceptable según nuestra filosofía y
nuestros proyectos políticos, votaremos en contra sobre todo por razón de
oportunidad, que en este caso se convierte en fundamental. No quiero
polemizar con ustedes en contenidos ni en futuribles en el caso de que se
aprobara esta proposición de ley. Simplemente, repito, esta cuestión de
oportunidad es la que nos lleva a la decisión clara, rotunda y firme de
votar en contra o decirles, como están aún a tiempo, que la retiren.
En definitiva, señoras y señores del Grupo Popular, ustedes quieren
convertir en realidad un imposible; ustedes quieren tocar las campanas e
ir en la procesión, y las dos cosas a la vez no se pueden hacer.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor López Carvajal.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.
No voy a abundar en mis argumentos antes expuestos, pero es bueno hacerse
eco del clima general de los intervinientes, pues todos han apelado
fundamentalmente a la sensatez. Yo quiero, por tanto, hacer una última
reflexión en el sentido de que, aun cuando no compartiesen el 90 por
ciento de un proyecto de ley, no solamente de éste, el del medicamento,
sino de cualquier otro, el iniciar un trámite de proposición de ley como
un procedimiento de enmienda es algo absolutamente insólito. Si
estuviésemos ante un gobierno que fuese remiso a tomar decisiones en el
sector farmacéutico me parecería absolutamente comprensible una
iniciativa como la de una proposición de ley. Pero éste no es el caso.
Las medidas tomadas por el Gobierno de Zapatero han sido muy variadas:
desde el Plan estratégico de política farmacéutica, al que antes he
aludido, a la contención del gasto farmacéutico, pasando por la
potenciación de la Agencia Española del Medicamento. También se ha creado
un código ético importante, se ha aumentado significativamente la
plantilla, y se ha potenciado el Consejo interterritorial con el
funcionamiento de la Comisión de farmacia. Por tanto, desde el primer día
ha habido un impulso de este sector.
En definitiva, creo que la presentación de esta proposición de ley en
este momento no es oportuna, no parece parlamentariamente viable, ni
tampoco idónea, sobre todo porque ustedes, en el ejercicio de Gobierno
durante ocho años, han dejado una secuela en el sector farmacéutico, con
cuenta con muchos agujeros sobre los que no quiero hablar en este
momento.
Por todo ello, les pido que vuelvan a la sensatez, a la que hemos apelado
todos los portavoces para que retiren esa proposición de ley y, por
tanto, se sumen a la tramitación del proyecto tanto en el Congreso de los
Diputados, como en su día en el Senado, donde el número de enmiendas que
se pueden presentar, como usted sabe, es ilimitado. Aunque no creo que
tenga mucha suerte, confío en que dentro de unos minutos su opinión sobre
el particular sea la que tenemos en estos momentos todos los portavoces
que hemos intervenido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Casado.
La señora CASADO SOBRINO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor López Carvajal, parece ser que todo se traduce a una cuestión
formal --todos van a votar en contra por una cuestión formal--.
Ciertamente, algunos grupos han entrado en el fondo, han analizado el
texto que hemos propuesto, se lo han leído; pero me da la sensación, por
cómo me ha respondido, de que usted ni siquiera se ha leído el texto que
hemos presentado. Y a estas alturas, por la defensa que hace de su
proyecto de ley, creo que probablemente tampoco se ha leído el que
presentó el Gobierno. Puede ser un problema de formas, puede que éstas no
le gusten, pero insisto en que varios grupos han entrado en el fondo del
texto que hemos presentado. Por cierto, aprovecho la ocasión para recoger
el ofrecimiento que se nos ha hecho sobre las enmiendas que se puedan
presentar a la Ley del medicamento cuando llegue al Senado.
Senador López Carvajal, me acusa usted de que en este momento no es
oportuno ni viable ni idóneo presentar esta toma en consideración. Pues
bien, oportuno sí es. Nosotros no hemos fijado la fecha; presentamos este
texto en septiembre de 2005, hace ya seis meses, pero no fuimos los que
decidimos que se debatiera ahora en esta Cámara. La oportunidad, pues, no
la decidimos nosotros.
En mi opinión también es viable, y así lo demuestra el hecho de que esta
senadora le esté hablando en este momento y de que estemos debatiendo
esta toma en consideración. Puede ser insólito o raro, puede que el
sistema parlamentario no esté acostumbrado a asumirlo, pero es posible y
viable. También es viable porque el Grupo Parlamentario Popular ha
trabajado mucho durante estos dos últimos años --antes también, como es
lógico-- preparando este texto que les presentamos para su toma en
consideración. Hemos tenido reuniones con todo el mundo: con personas del
sector de la industria, de la distribución, de la farmacia, de los
usuarios, de los médicos y de los veterinarios; hemos recogido
aportaciones y propuestas de todos, y hemos elaborado un texto que
consideramos bueno. Y ya que es viable, queremos agotar todas las
oportunidades disponibles para que este texto se tramite. Ésta es la
oportunidad que nos queda y, por supuesto, no vamos a retirar esta toma
en consideración; no ha habido un cambio de opinión desde que he bajado
de mi escaño, por lo que mantenemos esta toma en consideración, como no
podía ser de otra manera.
Me acusa usted de que tampoco es idónea. Esta misma mañana yo escuchaba
decir desde esta tribuna a la vicepresidenta del Gobierno que quería dar
protagonismo al Senado.
Aprovechando esas palabras de la señora vicepresidenta del Gobierno,
recojo la oferta y le doy protagonismo al Senado, ¿por qué no?, para
que decida si se admite a trámite o no esta iniciativa.
Señoría, se han quedado en las formas, no han querido bajar al fondo.
Pero, si me lo permiten, en el tiempo que me queda me gustaría ir al
fondo de este texto así como del que se está tramitando en este momento
en el Congreso de los Diputados.
Ya le he dicho antes que este texto se había presentado en septiembre de
2005 y que ahora no sabemos de qué texto estamos hablando. No sabemos si
estamos hablando del anterior o del que se está enmendando en ponencia,
de las enmiendas que se aceptaron ayer, de las que no se aceptaron o de
las que se van a aceptar hoy. No lo sabemos, señoría. Sin embargo, sí
sabemos que durante meses el Gobierno ha hecho caso omiso de todas las
voces que se han alzado desde todas las áreas sanitarias y sociales. Y
ustedes son los responsables de que en este momento se intenten tramitar
dos textos alternativos para la misma materia. Porque si se hubiese
tramitado en tiempo y forma el texto que presentó el Grupo Parlamentario
Popular, probablemente a estas alturas estaría aceptado o rechazado, pero
no estaríamos aquí debatiendo esta toma en consideración, que quizá se
podría haber convertido, como me hubiera gustado, en la ley del
medicamente que todos, tanto en esta Cámara como en el Congreso, queremos
que salga adelante, en la mejor de las leyes de prestación farmacéutica.
Han recibido ustedes todo tipo de críticas. Desde diciembre, en que
plantearon este texto, han llamado a multitud de personas a comparecer en
el Congreso, y absolutamente todos los comparecientes han enmendado su
proyecto. Han hablado de pérdida de puestos de trabajo en la industria
farmacéutica si la ley saliera adelante tal como estaba planteada. Han
hablado del poco apoyo a los medicamentos genéricos. Han hablado del poco
reconocimiento al papel de los profesionales sanitarios. Han dicho que
gravar con la tasa que ustedes quieren a la industria farmacéutica no va
a incentivar la investigación en ella. En definitiva, señorías, han hecho
muchísimas aportaciones. Y es verdad que a todos escucharon y que a todos
atendieron con muy buenas palabras y con muy buenas formas, como no podía
ser de otra manera. Pero lo cierto es que después de meses de trabajo, de
comparecencias y de reuniones parece ser que tan sólo en 24 horas van a
admitir las enmiendas y que la ley va a cambiar de forma razonablemente
positiva. Señorías, da la sensación de que en 24 horas han conseguido
sacar adelante una ley --creo que no es para estar orgulloso-- que
pretende ser la ley del sector, la ley de los usuarios, la ley que va a
regir en España en materia de prestación farmacéutica durante los
próximos 10 ó 20 años.
Creo que esto no es serio, que no está bien. Pero confío en que se
admitan las enmiendas que sean razonables; confío en que no se quede
simplemente en un intento de aceptar unas enmiendas técnicas; confío en
que realmente se modifique en profundidad el texto presentado por el
Gobierno, y cuando llegue a esta Cámara veremos las enmiendas que quedan
vivas del Congreso, y espero que sigamos trabajando para conseguir la
mejor de las leyes posibles.
Han hablado ustedes de reconocer la innovación académica, del papel de
los farmacéuticos, de la dispensación sin receta, de la coordinación con
las comunidades autónomas, etcétera. Pero aún quedan muchos flecos de los
que no se ha hablado. Por ejemplo, no sabemos cómo se va a garantizar la
protección de los usuarios frente a la venta de fármacos por Internet. No
se ha hablado de los medicamentos huérfanos. No se ha hablado de modelo
sostenible en investigación en materia de fármacos. No se ha hablado de
una mejor información a los profesionales de la salud. Todas esas
cuestiones tendrán que debatirse en esta Cámara. Lo cierto es que después
de dos años en los que ha habido una absoluta falta de diálogo, a día de
hoy insistimos en ejercer nuestra responsabilidad.
Como le he dicho, señor senador, es muy fácil criticar; un texto malísimo
de ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos
sanitarios. Nos ha puesto muy fácil la crítica. Pero, evidentemente,
nuestra responsabilidad como políticos y como representantes de los
ciudadanos no puede quedarse exclusivamente ahí, por lo que hemos querido
ejercer esa responsabilidad y presentar un texto alternativo y un
proyecto de ley que, insisto, consideramos razonable, coherente y que
está en permanente contacto con la realidad de la prestación farmacéutica
en España.
Señorías, me imagino que ya tendremos ocasión de hablar del texto de la
ley de uso racional y garantías de los medicamentos y productos
sanitarios cuando llegue a esta Cámara, y también de los medicamentos por
Internet. Por cierto, no entiendo cómo denominan la ley así: de uso
racional del medicamento y a la vez, sin más, abren la puerta a la
posibilidad de la adquisición por parte de los usuarios de medicamentos
por Internet, cuando saben ustedes que esa vía es totalmente insegura,
como se ha demostrado, pues más del 60 por ciento de los medicamentos que
actualmente se ofertan de esa forma son falsos.
Como he dicho anteriormente, espero que tengamos ocasión de hablar de la
necesaria cohesión que debe existir entre las distintas comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad, de cómo vamos a proteger la
innovación, de cómo vamos a aumentar la seguridad de los medicamentos,
etcétera.
Para terminar, me gustaría reiterar la disposición que ya hizo pública mi
grupo parlamentario en el Congreso para trabajar en aras de articular
entre todos el mejor de los proyectos legislativos posibles, pues el
único y principal objetivo de ese proyecto debe ser ofrecer la mejor de
las prestaciones farmacéuticas a todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Señorías, la votación de esta toma en consideración tendrá lugar en la
sesión de esta tarde, después de la primera votación.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (S. 621/000038) (C. D. 121/000043).
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y
proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados: de la
Comisión de Educación y Ciencia en relación con el proyecto de ley
orgánica de educación.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Aránega.
La señora ARÁNEGA JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designada por los miembros de la
Comisión de Educación y Ciencia para presentar el dictamen sobre el
proyecto de ley orgánica de educación.
Este proyecto de ley orgánica de educación tuvo entrada en la Cámara el
día 28 de diciembre de 2005. El plazo de presentación de enmiendas, que
terminaba el día 8 de febrero de 2006, fue ampliado hasta el día 14 de
ese mismo mes.
Por otro lado, la Mesa y los portavoces de la comisión de la que soy
presidenta decidieron, en la reunión del 6 de febrero, abrir un plazo
para la celebración ante la comisión de comparecencias de autoridades y
expertos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios, a fin de
que aportasen su punto de vista sobre este proyecto de ley. En base a
este acuerdo, celebramos una sesión de la comisión el día 14 de febrero
en la que se realizaron las siguientes comparecencias: don Alejandro
Tiana Ferrer, secretario general de Educación; don Vicente Manuel Patón y
don Antonio Aguirre, presidente y vicepresidente del Consejo General de
los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y
Profesores de Dibujo de España; don José de Mirandés, presidente de la
Confederación Española de Asociaciones de Superdotación; don Felipe José
de Vicente, vicepresidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de
Bachillerato y de la Asociación de Catedráticos de Enseñanza Secundaria
de Cataluña; doña Mercedes Blasi, experta en educación infantil; don
Carlos Andradas, presidente de la Real Sociedad Matemática Española; don
Miquel Martínez, catedrático del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación; don Fernando Izard Rodríguez, presidente de la Unión
Profesional de Directores de Institutos; don Javier Orrico Martínez,
catedrático de Lengua y Literatura de Bachillerato; y, don Luis Carbonel,
presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y
Padres de Alumnos.
Los portavoces de los grupos parlamentarios en aquella sesión y a lo
largo de la tramitación de todo el proyecto de ley en el seno de la
comisión han sido los siguientes senadores: don Adolfo Abejón, del Grupo
Parlamentario Popular; don Manuel Pezzi, del Grupo Parlamentario
Socialista; doña Assumpta Baig, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés; don Francisco Javier Maqueda Lafuente, Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; doña Rosa Nuria Aleixandre, Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Félix
Ayala Fonte, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; y
don José Ramón Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto.
Al proyecto de ley se presentaron dos propuestas de veto: la primera, del
Grupo Parlamentario Popular, y, la segunda, del señor Urrutia, del Grupo
Parlamentario Mixto. Además, se presentaron 927 enmiendas, de todos los
grupos parlamentarios.
La comisión dictaminó directamente durante las sesiones de los días 13 y
14 de marzo, resultando aprobado como dictamen el texto remitido por el
Congreso de los Diputados, con la incorporación del contenido de 49
enmiendas, de los señores Mur Bernad y Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto y de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria,
Convergència i Unió, Nacionalistas Vascos, Socialista y Popular; así como
34 enmiendas transaccionales acordadas con los señores Cuenca Cañizares y
Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto, y con los restantes grupos
parlamentarios.
El dictamen ha sido publicado el día 21 de marzo y se ha presentado un
total de 11 votos particulares por parte de todos los grupos
parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La señora ministra de Educación me ha solicitado la palabra.
Tiene la palabra su señoría.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de
Cadiñanos): Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores senadores. Es un honor poderme dirigir
hoy a todos ustedes y compartir con sus señorías, aunque sea brevemente,
los objetivos que persigue el Gobierno con esta ley orgánica de
educación.
Durante los dos últimos años he comparecido en numerosas ocasiones, tanto
en Pleno como en comisión, ante esta Cámara y conozco el interés de sus
señorías por la política educativa, interés que saben valoro y agradezco.
En las últimas semanas la Comisión de Educación de esta Cámara ha
trabajado sobre el texto de la LOE, una ley que aspira a impulsar nuestro
sistema educativo tan lejos como quiera llegar en su ambición de mejorar
los conocimientos y competencias de toda nuestra población, comenzando
por los más jóvenes. Mi agradecimiento a los grupos parlamentarios, sobre
todo al Grupo Parlamentario Socialista,
que ha dirigido los análisis y negociaciones de las propuestas de
mejora, y de manera destacada a los que con responsabilidad han
decidido trabajar con nosotros en esta ley, enriqueciéndola con
sus aportaciones y haciendo de ella un poco más un
proyecto de todos. Porque en esta ley de educación, austera en el título,
ambiciosa en los objetivos, generosa en los recursos y con clara vocación
de colaborar a la mejora constante del sistema educativo, cabemos todos.
Durante las primeras fases de su elaboración y debate, desde el
ministerio decidimos dar protagonismo a aquellos que deben aplicarla: las
comunidades autónomas, los sindicatos de profesores, las asociaciones de
madres y padres, de alumnos y los centros. Mi reconocimiento a la inmensa
mayoría de ellos por su participación generosa, analítica, crítica --en
el mejor sentido del término-- y productiva para la formulación del
texto.
Tras la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, el
protagonismo y la responsabilidad recae lógicamente en los grupos
políticos representados en nuestro Parlamento. De ahí mi gratitud por su
dedicación y apoyo mayoritario. Con sus señorías tuve la ocasión de
compartir, solo 24 horas después de su presentación en la Conferencia
Sectorial, el borrador de la ley en la Comisión de Comunidades Autónomas
de esta Cámara, en lo que fue, de hecho, el primer debate de la propuesta
del Gobierno. Por ello, no voy a repetir en esta ocasión una descripción
detallada de los contenidos que tan bien conocen, sino que me centraré
brevemente en una exposición del espíritu y los objetivos de la LOE.
El texto que debatimos hoy en esta Cámara intenta aprender de nuestros
avances educativos durante los últimos 30 años y propone los cambios
necesarios para continuar progresando en la calidad de la formación que
ofrecemos a todos los ciudadanos. Tenemos ante nosotros una ley seria y
ambiciosa en los objetivos y también rigurosa en los esfuerzos que se nos
piden a todos los agentes del sistema educativo, porque solo trabajando
entre todos --administraciones, centros, profesores, familias y
estudiantes--, podemos garantizar la educación de calidad con equidad que
nuestro país necesita en los inicios del siglo XXI. Si estudios
internacionales, como PISA, demuestran que es perfectamente posible
alcanzar ambos, no podemos aspirar a menos para los estudiantes
españoles. Nuestros jóvenes deben ser europeos en cuanto al nivel y la
calidad de la formación que reciben; solo así estarán en las mejores
condiciones para participar en la trayectoria de desarrollo económico y
social que se persigue en nuestro continente.
La ley que tienen ante ustedes clarifica nuestro panorama legislativo
contribuyendo a aumentar la seguridad jurídica con la que se actúa en el
mundo educativo. La LOE sustituye a cuatro leyes: la ley general de 1970,
la LOGSE de 1990; la LOPEG de 1995; y la LOCE de 2002. De estas tres
últimas leyes de nuestra democracia, se han preservado todos los puntos
que se han rebelado útiles y que han suscitado soluciones de consenso que
nos siguen ayudando a convivir; convivencia, por ejemplo, sobre la
enseñanza de las religiones, que se ofrecen en nuestros centros, pero no
son obligatorias, pues con la misma claridad debemos respetar los
derechos de aquellas familias que no las desean para sus hijos.
Desde el Gobierno y los grupos políticos que nos apoyan proponemos textos
que cumplen escrupulosamente con lo dispuesto en la Constitución y en
nuestra legislación, como no podía ser de otro modo, y como ha señalado
el informe de legalidad del Consejo de Estado. Además, estos textos
representan soluciones útiles para la convivencia, construimos sobre lo
que nos une, y nos permite respetarnos como sociedad porque parte del
respeto a todos los individuos, sin excepciones.
Permítanme que destaque a continuación las principales novedades y
virtudes de la ley que me llevan a pedirles su apoyo, su voto, al texto
que propone el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la LOE
busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos mejorar los
conocimientos y competencias de toda la población? Aprendiendo de las
mejores prácticas de los países con mayor éxito educativo, la ley define
un edificio de aprendizajes ambicioso y coherente, que parte de la
definición, evaluación, apoyo y refuerzo de las competencias básicas,
gran novedad en esta ley. Comienza por resaltar el carácter educativo de
la Educación Infantil, en la que se desarrollan capacidades y se
previenen desigualdades. En la Enseñanza Primaria debemos destacar la
comprensión lectora como cimiento sólido de nuestro edificio. En
educación secundaria resaltan también la expresión oral y escrita y las
competencias matemáticas. Todas estas destrezas y capacidades básicas
abren la puerta a conocimientos diversos, que sin ello no serían
posibles. En definitiva, son la clave sobre la que seguir construyendo
conocimientos y competencias en todos los campos, en humanidades y en
ciencias, en idiomas, tecnologías y artes.
La ley busca preparar a unos jóvenes que van a requerir una formación que
no descuide ni la tradición humanística, ni los avances científicos, ni
tampoco la educación en valores. La LOE refuerza la educación en valores
haciendo que, además de su inclusión de manera transversal en el
currículo, aparezca un espacio específico para su análisis y debate. Como
es común en la mayoría de los países europeos, y como recomiendan
organismos internacionales como el Consejo de Europa o las recientemente
aprobadas competencias básicas de la Unión Europea, se incorpora la
Educación para la Ciudadanía a la enseñanza obligatoria, para transmitir
valores éticos individuales y sociales a unas generaciones que van a
vivir en una sociedad desarrollada, democrática, a la vez que diversa y
compleja. Nuestros jóvenes necesitan y merecen que les armemos con las
mejores competencias de convivencia que seamos capaces de ayudarles a
construir.
Como segunda novedad me gustaría destacar que la LOE es la primera ley
que refuerza toda la secuencia de aprendizajes de la educación
obligatoria. Para mejorar los resultados, y para hacerlo para toda la
población, debemos actuar desde el primer momento en que se detectan
deficiencias de aprendizaje. Por eso los Programas de Refuerzo,
Orientación y Apoyo (PROA), desde hace un año ya ofrecen apoyo y refuerzo
a alumnos de todo el país
desde primaria. Verán que en esta ley pedimos
esfuerzo a los alumnos, como no podía ser menos en una ley educativa,
pero también nos lo exigimos a administraciones y centros con la misma
firmeza. Somos responsables de ofrecer a los jóvenes aquellas actuaciones
y medidas que les permitan superar carencias de conocimientos o
competencias. Sabemos que los estudiantes serán más propicios a realizar
los esfuerzos si, además de reclamárselos, les mostramos nuestra propia
dedicación y contribución a la mejora de la educación. En la LOE se fijan
actividades de recuperación para todos los alumnos que no superen los
objetivos de áreas o materias. Y si estas actuaciones no resuelven las
carencias de conocimientos y competencias, se establecen normas de
repetición de curso, similares a los de muchos países europeos de nuestro
entorno, pero no confiamos todo a la repetición, sino que proponemos
estrategias más exigentes, pero también más efectivas, como señaló
recientemente el señor Schleiser, de la OCDE, en su aportación a este
Parlamento, o como les hemos oído describir a expertos finlandeses que
han visitado nuestro país.
Este año iniciamos entre todos el apoyo a la atención a la diversidad en
secundaria que nos permite la nueva partida presupuestaria, que debe
complementar las actuaciones que llevan a cabo nuestras comunidades
autónomas y ayudar así a los centros a combinar opciones valiosas, como
la organización flexible de las enseñanzas, agrupamientos flexibles de
alumnos, desdoblamientos de grupos en algunas materias, programas de
refuerzo y todo aquello que conduce a una atención más individualizada.
Nuestro sistema hará así efectiva una solución difícil a una realidad que
se caracteriza, sin duda, por una complejidad creciente.
En tercer lugar destacaré que, en línea con las tendencias
internacionales recientes, con las recomendaciones europeas y con nuestra
lógica ambición para los próximos años, la LOE es una ley que apuesta por
la educación a lo largo de toda la vida. Esta perspectiva exige que
formemos a nuestros jóvenes para seguir aprendiendo en diferentes
momentos de su vida personal y laboral. En la ley se flexibilizan las
transiciones entre niveles educativos, académicos y profesionales y se
extiende el reconocimiento de carácter de educación superior a las
enseñanzas artísticas de nivel superior y a la formación profesional de
grado superior. La adopción de créditos europeos ECTS y de suplemento
europeo al título potenciará estas enseñanzas y facilitará su
reconocimiento en España y en Europa.
En el espacio europeo de educación superior, es el estudiante el que
decide qué estudiar y dónde estudiarlo en cada momento. Reforzar la
flexibilidad del sistema educativo implica reconocer el espacio propio de
autonomía que debe corresponder a nuestros centros docentes, como es hoy
habitual en otros países desarrollados. Para hacerlo posible debemos
proporcionarles los recursos y los medios que necesitan, y a cambio
debemos pedirles que los utilicen con rigor y eficiencia para alcanzar
las metas establecidas. Es tan necesario fijar las normas comunes que
todos los centros tienen que respetar como reconocer la autonomía de que
deben disponer. Apostando por una mayor autonomía, con evaluación y
rendición de cuentas, convergemos así con las prácticas más habituales en
los países desarrollados, especialmente aquellos con mejores resultados
educativos, como Finlandia o Irlanda.
La evaluación es un instrumento indispensable para el diagnóstico y la
elaboración de planes de mejora; evaluaciones internacionales que nos dan
importantes puntos de referencia, pero también en nuestro propio sistema,
en particular evaluaciones de diagnóstico como las que incluye la ley en
cuarto de primaria o en segundo de secundaria en todos los centros. Este
Parlamento deberá tener puntual información, todos los años, del
resultado de estas evaluaciones, así como de los indicadores del sistema
educativo español. La mejora continua de la educación y la rendición de
cuentas recorrerán así todas las instituciones y administraciones y
llegarán al Parlamento, porque necesitamos prestar una gran atención
social, política y presupuestaria a la educación todos los años.
Docentes del siglo XXI para una sociedad basada en el conocimiento. En
varias ocasiones he compartido con sus señorías los planes del ministerio
en relación con la carrera docente, con el apoyo a todas las tareas que
llevan a cabo nuestros maestros y profesores. El sistema educativo que
aspiramos a construir requiere los docentes mejor formados que hayamos
tenido nunca. El proyecto prevé la adecuación de la formación inicial del
profesorado al sistema de grados y posgrados del Espacio Europeo de
Educación Superior, y ya hemos comenzado a hacerlo. Estos objetivos de
mejora de la formación de nuestros profesores y de armonización de su
capacitación técnica con su capacitación pedagógica son los que persiguen
las directrices de los nuevos títulos de maestro y el posgrado que
capacita para el profesorado en secundaria que ya se están analizando en
nuestras comisiones del Consejo de Coordinación Universitaria. El papel
crucial que los docentes tienen en cualquier plan serio de mejora del
sistema educativo hace que no hayamos esperado a tener aprobada la ley
para avanzar en estos nuevos programas de formación inicial.
También se encuentra en fase avanzada la elaboración del estatuto de la
Función Pública Docente, que debe ayudar a todas las administraciones a
hacer realidad el reconocimiento social y profesional de todas las tareas
que desarrollan nuestros profesores.
Como les he dicho esta mañana, en breve presentaremos el plan de
convivencia, que reforzará las acciones de otras administraciones,
difundirá las mejores prácticas de fomento de la convivencia dentro y
fuera de nuestras fronteras, y nos ayudará a conectar mejor a nuestros
centros y profesores con las familias y con el entorno. Cuando hablamos
de mejorar la convivencia y el respeto a los demás, de impulsar la
resolución pacífica de conflictos, estamos hablando de cuestiones
cruciales para la vida diaria de las escuelas, pero también para la de
nuestra sociedad; una sociedad cohesionada, con corresponsabilidad de las
redes pública y concertada. Este, sin duda, es un rasgo destacado de la
ley que hoy nos ocupa.
Nuestra Constitución reconoció la existencia de centros escolares
públicos y privados, y la Ley orgánica del derecho a la educación
estableció en 1985 un sistema de conciertos para hacer efectivo el
derecho a la educación básica
obligatoria y gratuita en condiciones de igualdad y en el marco
de la programación general de la enseñanza. Como
ya ha ocurrido en otros países desarrollados, la vitalidad de nuestra
sociedad y de nuestra economía durante los últimos años se ha reflejado
en la atracción de población inmigrante. Por otro lado, también durante
los últimos años, hemos hecho realidad la ampliación de la edad de
escolarización obligatoria y el acceso generalizado a la educación, como
objetivos compartidos por toda nuestra sociedad. Las condiciones en que
los centros desarrollan su tarea se han hecho más complejas, como nuestra
sociedad. Por ese motivo la sociedad española actual necesita contar con
todos los centros, tanto los de titularidad pública como los concertados,
para conseguir la educación de calidad para todos que buscamos y realizar
una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter
complementario de ambas redes. Las administraciones, por su parte, deben
apoyar con recursos las necesidades de atención al alumnado diverso, como
recoge la ley. De todo ello depende en buena medida nuestra cohesión
social, nuestro futuro como país desarrollado en todos los órdenes.
Como último rasgo definitorio de la ley quiero destacar que es propia de
un Estado de las autonomías. La ley se va a aprobar cuando en la mitad de
nuestro país las comunidades autónomas llevan entre 20 y 25 años a cargo
del sistema educativo, y todas nuestras autonomías han consolidado una
administración educativa. Esta Cámara es especialmente sensible a los
avances que nuestro país ha conseguido por medio de una amplia
descentralización, y debemos partir de esos avances. La LOE se debe
aplicar en un marco de corresponsabilidad política, con respeto a las
competencias respectivas: las autonómicas y las del Gobierno central; y
también con corresponsabilidad financiera para llevar a cabo los
programas de mejora que necesitamos.
El Gobierno está convencido, como sé que lo están sus señorías, de la
necesidad de contar con recursos suficientes para impulsar la calidad,
garantizar la equidad y llevar a nuestro sistema educativo más lejos de
lo que nunca ha llegado. Por ello, la ley incluye una memoria económica
que asciende a 7.000 millones de euros para los años 2006 a 2010, y los
presupuestos de este año incluyen el 100 por cien de los compromisos
recogidos en dicha memoria; lo que está permitiendo, por ejemplo, la
aplicación del PROA --al que me he referido antes--, de «Internet en el
aula», la expansión de las becas o los programas de mejora de las
bibliotecas escolares.
Nada vertebra tanto nuestro país como identificar objetivos comunes,
definir programas y financiarlos y evaluarlos en colaboración. Juntos
somos más fuertes, y esta vía de colaboración voluntaria entre
administraciones debe ser durante los próximos años fuente permanente de
avance y cohesión. Si hoy aplicamos los programas de apoyo y refuerzo en
610 centros, en septiembre llegaremos a 1.200 en todo el territorio
nacional, cofinanciados al 50 por ciento. Para ser coherentes con la
importancia que la LOE concede a la lectura, ya en el año 2005 hemos
repartido veinticinco millones de euros para mejorar las bibliotecas
escolares de todos los centros públicos de Formación Profesional y
Bachillerato del país, y otros diez millones este año permitirán llegar a
las escuelas de primaria.
Señorías, cuando valoramos en siete mil millones de euros el esfuerzo
adicional que nuestra sociedad debe hacer en cinco años, estamos
reflejando el convencimiento compartido en el sistema educativo de que la
tarea de mejora es ardua, requiere recursos importantes, pero también
objetivos claros: exigencia para todos los que tenemos responsabilidades,
y perseverancia para conseguir resultados que no siempre son inmediatos,
pero que sabemos merecen la pena.
Si, a nivel individual, estudiar, invertir en la propia formación es un
signo vital de optimismo, de apuesta por el propio futuro, también lo es
a nivel colectivo. Como sociedad, apostamos por más y mejor educación,
porque creemos en nuestro futuro como país: un país cada día más
desarrollado, económica y culturalmente, y con unos sólidos cimientos
democráticos y de cohesión social; un país por el que merece la pena
trabajar. Sé que podemos contar con todos ustedes en esa tarea, y les
agradezco su colaboración, muy especialmente a los grupos que nos están
ayudando a definir esta ley, que también es su ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se han presentado dos vetos. El primero de ellos
ha sido propuesto por el senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto,
que tiene la palabra.
El señor URRUTIA ELORZA: «Lehendakari jauna, arratsaldeon danori, ongi
etorria ministra andrea.» (El senador Urrutia Elorza comienza su
intervención en euskera.) Hoy es un día grande, hoy es un día feliz. Ha
habido una gran noticia: ETA, en tregua permanente. El pueblo vasco, y
con él todos los ciudadanos del Estado, de Europa, y del mundo entero,
tenemos que estar exultantes.
Antes de nada, quiero dedicar un recuerdo cariñoso y sincero a todos los
que sufren y han sufrido todo tipo de violencia; a ellos, a sus
familiares y amigos. También tenemos que tener un recuerdo cariñoso,
cercano y sensible para todos los pueblos y para todos los ciudadanos del
mundo que están sufriendo el azote de la violencia o el problema de los
desencuentros. El origen de ETA fue un conflicto, es un conflicto entre
los Estados y Euskal Herria; hagamos todos los intentos posibles y
pongámonos a trabajar desde este momento para solventar el problema
vasco. Normalicemos la situación del país, y dejémonos de crear
conflictos entre todos.
Vamos a buscar la unidad de los partidos políticos; que los partidos
políticos democráticamente se sienten en la mesa, dialoguen, hablen,
resuelvan el conflicto, y dejemos luego a los ciudadanos del País Vasco
que decidan lo que tiene que ser. «Zorionak denori. Zorionak» a todos.
Felicidades, de verdad.
Este humilde senador esta mañana, cuando estaba preparando el veto a la
ley orgánica de educación, recordaba la infinidad de conversaciones
mantenidas con la señora ministra, y tengo que decirle que me siento
agradecido, de
corazón. La señora ministra y yo nos conocemos desde hace
muchos años, en las aulas de Sarriko, en la Facultad de Ciencias
Económicas, de la Universidad del País Vasco. También estoy agradecido a
todos los colaboradores --entre ellos el señor Ajenjo--, a los miembros
de todos los partidos y de todos los grupos.
Tengo un recuerdo especial para todos los colaboradores de su
departamento, señora ministra, así como para el portavoz del Congreso de
los Diputados y para el senador Pezzi, con quien hemos trabajado largo y
tendido en este proyecto de ley orgánica.
Eusko Alkartasuna, como partido nacionalista que intenta la soberanía por
métodos democráticos, sin ninguna violencia y con respeto a todas las
personas y a todas las ideas, siempre ha sido y será defensor de esa
idea, pero en este momento, mientras no consigamos esa libre decisión del
país, seremos unos fieles y celosos defensores de nuestro Estatuto de
Autonomía de 1979. Y lo fuimos cuando se elaboró la Ley de presupuestos
para 2006, y presentamos un veto. ¿Por qué? Porque afectaba y atacaba a
cuatro artículos básicos de nuestro Estatuto de Autonomía, una ley
orgánica. Este proyecto de ley presentado por el PSOE ataca violentamente
la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene
desde el año 1979 precisamente por esa misma ley orgánica. El artículo 16
de nuestro Estatuto de Autonomía dice que tenemos competencia exclusiva y
total, además de inmanente, por la disposición adicional primera de la
Constitución, y nos da la competencia total y exclusiva en todas las
áreas que no sean competencia del Estado dependientes del artículo 27,
ley orgánica y básica para la educación básica obligatoria y gratuita de
6 a 16 años, pero no en la parte relacionada con los títulos y con la
inspección. El resto, señorías, es competencia del País Vasco, y así la
viene ejerciendo, y lo mismo sucede en muchas otras comunidades. Yo he
viajado por bastantes comunidades autónomas del Estado español y he
podido ver que la educación y los sistemas educativos van funcionando.
Desde hace 26 años el País Vasco tiene, en función de su Estatuto,
escuela vasca. No voy a entrar en comparaciones, ni mucho menos, pero sí
les voy a dar una ratio interesante: el fracaso escolar en el País Vasco
en 1992 rondaba el 18 por ciento. En este momento ese fracaso escolar
está en un 12,5. En Europa está alrededor del 16 por ciento, y se aspira
a que descienda al 10 por ciento en 2010. Y el fracaso escolar femenino
en el País Vasco está incluso por debajo del 8,5 por ciento.
Es decir, creo que no estamos haciendo las cosas mal, ni mucho menos,
como tampoco se están haciendo mal en el Estado español, de verdad. Creo
que este proyecto de ley --porque también hay que hablar de las virtudes,
señora ministra-- tiene también muchas ventajas con respecto a la LOGSE,
la Ley 1/1990. Y digo que tiene ventajas porque toca en su articulado
aspectos relacionados con calidad, innovación, iniciación profesional,
diversidad curricular, e incluso ofrece la posibilidad de que puedan
reciclarse todas aquellas personas que perdieron a los 16 o a los 18 años
el tren de la enseñanza por fracaso escolar o por los motivos que fuere,
lo mismo que ocurre en el País Vasco y en muchas otras comunidades
autónomas. Pero, señora ministra, señorías, este proyecto de ley tiene
verdaderos inconvenientes --no me refiero a los técnicos, en los que
después entraremos--, siendo uno de ellos que afecta e invade muchísimas
competencias.
Eusko Alkartasuna intenta ser celoso con su Estatuto. Por eso le
recordamos, señora ministra, los seis input en que esta ley afecta a
nuestro Estatuto. Se lo hemos dicho varias veces en las cuatro o cinco
conversaciones que hemos mantenido con usted, y hubiésemos estado
encantados de retirar nuestro veto si nos hubiera dicho que la
financiación está en función del Concierto Económico y del Convenio para
Navarra. Pero no ha querido incorporar nuestra enmienda 552, que señala
que estas disposiciones nunca estarán en contra de lo que dicen la
disposición adicional primera de la Constitución y los estatutos de
autonomía con competencia, como el nuestro. Nos ha dicho de viva voz que
siempre van a respetarlo y seguramente así sea cuando esté usted
presente, pero tenemos miedo de que en posteriores intervenciones puedan
invadir, lanzar dardos y dar zarpazos ante nuestra actuación.
Creo que esta ley afecta a seis aspectos, y voy a citarlos rápidamente.
En primer lugar, considero que esta ley, si es básica y orgánica, debe
afectar sólo a la educación comprendida entre los 6 y 16 años, que es
donde tiene competencia la Administración central. Por el contrario, en
la preobligatoria: los dos ciclos de educación infantil que se imparten
de 0 a 6 años, y en la postobligatoria: el bachiller, la formación
profesional, la artística, la musical, la deportiva, la de idiomas, la
iniciación profesional, la del reciclaje y la del aprendizaje continuo,
que va de los 16 años en adelante, no es posible su intervención porque
no se contempla en los artículos 27 y 149.1 de la Constitución. Por
tanto, no podemos aceptarlo y tenemos que luchar por ello.
En segundo lugar, no podemos aceptar toda la parte relacionada con la
financiación correspondiente a estos aspectos que no son la formación
obligatoria, ya sean convenios, ayudas o subvenciones. Ustedes podrían
haberse implicado muy poco y haber proyectado una invasión mínima y, sin
embargo, han entrado a fondo con un desglose pormenorizado que muchas
veces supera lo que sucede con respecto a la competencia. Han intervenido
en cuestiones relacionadas con la Función pública, a pesar de que el
artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía establece que tenemos
competencia en la Función pública. Ustedes también han entrado a regular
la parte correspondiente a la ordenación y los elementos básicos
referidos a los centros públicos, como la elección y no selección del
director y de los órganos de gobierno, invadiendo con ello competencias.
Igualmente, esta ley intenta crear aspectos totalmente contraproducentes
para nuestra competencia al intervenir en el tema de los funcionarios
interinos, cuestión que hay que solventar de alguna forma, y en aspectos
relacionados con los trabajadores docentes: reconocimiento y valoración,
elementos futuros, creación de un sistema.
Señora ministra, de verdad que nos produce cierta tristeza plantear este
veto, a pesar de que haya empezado mi intervención diciendo que, como
vasco y representante de una gente de nuestro país que en este momento
está feliz, hoy era un día grande y alegre. Por eso, señora ministra y
señores senadores, entendiendo que la educación es la base para la
creación de la persona humana y fundamento de una sociedad más justa y
equilibrada y que debe ser un elemento que cree personas para la
convivencia, la paz, el respeto y la ciudadanía en el mundo y Europa,
Eusko Alkartasuna ha tomado la decisión de retirar este veto en honor de
la paz, de la convivencia y del respeto a las personas, a las ideas y a
las formas de ser y actuar. La única petición que hacemos, señora
ministra y señor Pezzi, es que, a partir de este momento, respeten en su
actuación del día a día las ideas, las formas y los planteamientos que
realicemos y, sobre todo, nuestro Estatuto de Autonomía, elemento
generador mientras no consigamos nuestra soberanía y nuestro poder de
decisión de los pueblos.
«Eskerrik asko. Zorionak Danori». (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa del veto del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, señora ministra, bienvenida al debate
educativo.
Hoy sin duda es uno de los días más importantes de la actual legislatura
porque debatimos el futuro de la educación --como usted ha dicho-- de
nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado veto a este
proyecto de ley porque su contenido no nos gusta pero, como sabe muy
bien, no gusta a una parte muy importante de la comunidad educativa --he
oído a pocos profesores que defiendan esta ley, a bastantes pocos--.
Además, señora ministra, no goza del consenso al que usted se comprometió
y al que se comprometió el señor presidente del Gobierno, a no ser que
considere que media España no existe. No tiene el consenso con las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que suponen
aproximadamente el 42 por ciento de los alumnos, y tampoco tiene el
consenso con la comunidad educativa --luego entraremos de lleno en este
tema.
Entendemos nosotros que no se van a resolver los principales problemas
que aquejan a la educación española sino que más bien se van a empeorar,
y el tiempo dejará las cosas en su sitio. Y si esto no se resuelve, lejos
de acercarnos a Europa y reducir la brecha que nos separa, es posible que
se agrande, cosa que no deseamos nadie. Porque, ciertamente, señora
ministra, es muy mejorable el nivel de conocimiento de nuestros alumnos,
es muy mejorable el nivel de fracaso escolar y es muy mejorable el nivel
de abandono en la Educación Secundaria, de eso nadie nos sentimos
satisfechos. Es cierto que en los últimos años se ha logrado que las
tasas de escolarización sean altas y que la universalización de la
educación entre 6 y 16 años se ha hecho realidad, pero no es menos cierto
que se ha conseguido a costa de una reducción importante de
conocimientos. Señora ministra, hemos alcanzado a enseñar a casi todos, a
enseñar poco, eso sí, a todos, y así nadie puede quejarse de la grave
injusticia de haber aprendido más que el resto.
Han pasado 15 años desde la aprobación de la LOGSE y parece que fue ayer,
porque los que han elaborado la LOE son los mismos protagonistas y no
solamente son los mismos protagonistas, sino que las ideas, las recetas y
terapias son copiadas. En suma, el nostálgico proyecto del PSOE arranca
viejo y sin capacidad para mejorar lo ya existente, porque la finalidad
de la LOE --entraremos posteriormente en debate-- no ha sido corregir lo
que no ha funcionado de la LOGSE, sino derribar la LOCE, la ley del
Partido Popular.
Seguiremos con un sistema educativo que no educa, es decir, que no enseña
a vivir, que no prepara para hacer frente a la vida, que no entrena en la
superación, el riesgo y la responsabilidad, y no educa porque no cree en
el valor de la cultura y el conocimiento, porque niega los saberes de
calidad y excelencia a los hijos de los trabajadores porque sólo pretende
su incorporación masiva al sistema. En suma, la LOE no educa porque no ha
sido concebida como un sistema de enseñanza, sino que más bien ha
predominado la intención de adoctrinamiento.
Le decía antes que la LOE no tiene el consenso que demanda la sociedad y
al que se comprometió el presidente del Gobierno: nos decía que esta ley
iba a ser de todos y para todos. ¿Una ley que ha aparecido aquí con dos
vetos y 927 enmiendas es una ley de todos y para todos? Sin comentarios.
Si es de todos, ¿cómo se explica que haya 10 millones de votantes --que
es lo que representa mi partido-- que no hayamos llegado a nada en
absoluto? Y, lo que es peor, en relación con lo poco a lo que ha llegado
esta Cámara ha trabajado usted intensamente para que no quede ni rastro
del Partido Popular, como veremos en las votaciones posteriores.
Usted ha anunciado a la prensa que se va a cargar todas las enmiendas,
porque una cosa es la comisión y otra es el Pleno y el proyecto de ley
orgánica necesita el voto de 131 senadores para que prospere alguna de
esas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. No van a hablar los
implicados, pero usted ha maniobrado para que estas enmiendas no
prosperen.
Anteriormente he afirmado que nuestras comunidades autónomas no han
participado, que no se ha tenido en cuenta las propuestas de las
asociaciones de padres, de profesores y alumnos. Cuando le son afines,
les recibe; cuando no, no las recibe. No quiero recordarle las
movilizaciones y el rechazo popular que ha tenido este proyecto de ley,
con más de un millón y medio de personas en la calle, con tres millones y
medio de firmas, y el señor presidente les ha dicho a todos que no y les
ha dejado en el olvido.
De lo nuestro, no comento nada, porque todo ha sido diálogo, pero no
hemos llegado absolutamente a nada.
La LOE no asegura un sistema educativo vertebrado. Mientras se está
aprobando un proyecto de ley orgánica, le está saliendo una consejera que
le dice que ha llegado a un acuerdo con la comunidad educativa para hacer
el modelo propio de una comunidad autónoma. Y espero que también me
ratifique la portavoz que luego tendremos la oportunidad de oír que el
Pacto del Tinell también aboga por un
consenso para ese modelo educativo propio de una comunidad educativa.
Por lo tanto, si no garantizamos unos mínimos comunes; si no garantizamos
en el Estado una enseñanza común y cada uno va a tener su modelo
educativo, no es para sentirse totalmente satisfechos. Ya se están viendo
muchas cosas que luego iremos analizando, pero es preocupante que en
determinadas comunidades autónomas no se pueda aprender en lengua
castellana y, lo que es peor, ni se imparta. Y no le he oído nunca a
usted como española hacer una defensa de la lengua castellana, porque
usted sabe como yo que hay comunidades autónomas en las que se está
impartiendo lengua castellana en la plástica, en la música y en el
dibujo, y usted también colabora a ello, porque ahora la lengua
castellana la ha unido con la lengua cooficial, y durante el tiempo que
esté de ministra le vamos a hacer responsable de los derroteros que se
atraviesen con ese seminario de lengua castellana junto con lengua
cooficial. Desde luego, a nosotros nos preocupa bastante.
No se garantiza la libre elección de centro a las familias. Si se
garantizase la libre elección de centro a las familias ¿qué problema
tendría usted en que apareciera el término familias en el preámbulo? Da
la sensación de que en España no existen las familias, no aparecen nunca
en el preámbulo, y tampoco figura que vaya a haber libertad de elección
de centro, como garantiza la Constitución.
Señora ministra, en los principios generales de la ley parece que no
existen los padres --y tampoco quieren introducir las enmiendas del PP--,
obvia totalmente a los padres y la libertad de elección de centro. Y el
artículo 15 que tanto le preocupa, aprobado en comisión, lo único que
dice es que todas las familias españolas con niños de cero a tres años
--sé que este extremo le preocupa mucho y va a intentar que esta tarde no
salga adelante-- puedan tener plaza en centros públicos y en centros
concertados para conciliar la vida familiar y laboral; y que para todas
las familias que lo deseen --respetando la libertad de elección de
centro, respetando la demanda-- la Administración haga una oferta de
plazas suficientes para alumnos de 3 a 6 años, tanto en centros públicos
como en centros privados. ¡Qué grave es! ¡Proviene del Partido Popular!
En consecuencia, carguémonoslo porque, si no, esto es el fin del mundo.
Por ello hemos tenido que mejorar en comisión los artículos 15, 84 y 109.
¿Cómo cree usted que se puede garantizar la elección de centros? ¿Usted
cree que se garantiza a las familias una oferta de plazas suficiente al
señalar el artículo 109 que se garantizará la existencia de plazas en
centros públicos o privados concertados suficientes en las zonas de nueva
población? ¿Y qué sucede con esa interpretación? Pues que en absoluto
está garantizada la libertad. Y, señora ministra, lo que es más
importante, ¿en qué parte del proyecto se garantiza que vaya a tener
acogida la opción que han elegido las familias elegidas en primero o
segundo lugar? En ninguna parte. Pero no es que esto ocurra en los
centros concertados, sino en la red pública, que es donde tenemos que
buscar la calidad. De esos dos tercios de centros públicos, los padres
llevarán a sus hijos al que les mande la Administración educativa. ¡Y a
esto se le llama libertad de enseñanza! Eso sí, se curan ustedes en salud
y nos dicen: Es que si hay más demanda que oferta... Pero es que la
libertad es precisamente eso, señora ministra, porque cuando hay menos
demanda que plazas ofrece el instituto, entran todos, y como es obvio,
cuando hay que establecer garantías es cuando hay más demanda que
oferta.
El proyecto no garantiza una buena calidad de la enseñanza. No puede
haber calidad en una ley que no sitúa la riqueza de los contenidos y de
su conocimiento en el eje director de la misma, unos contenidos en los
que no prima lo universal por encima de los particularismos, pero,
además, aparecen nuevos contenidos de adoctrinamiento político que, como
he dicho antes, no nos gustan. Todos hemos escuchado decir: No me gusta
haber tenido la mala suerte de que tres de mis alumnos hayan tenido que
estudiar la LOCSE, debiendo aprender sobre los ríos y arroyos de su
pueblo, en tanto que su padre les ha tenido que decir dónde está el
Danubio y dónde el Amazonas.
El modelo educativo que nos trae usted para secundaria va a suponer un
empobrecimiento de los contenidos actuales al debilitar asignaturas
fundamentales como la tecnología, la informática --que desaparece--, la
filosofía --que transforma--, la ética --que no sé en que transforma el
señor Moratinos--, el latín, el griego, la música, el dibujo... y no
sigo. Especialmente grave es el hecho de que unifique usted la asignatura
de lengua castellana y literatura con la lengua cooficial, porque, señora
ministra, ¿quiénes están siendo los perjudicados? ¿Qué resultados tenemos
de los análisis que se han realizado? Pues que entre los alumnos de
determinadas comunidades autónomas donde no se les ha dejado elegir la
lengua materna hay un fracaso de más de un 10 por ciento. Pero aquí
tenemos que decir de forma angelical que todo es muy bueno. ¿Y qué vamos
a hacer? Porque los hijos de los trabajadores que no puedan ir a las
academias tendrán que sufrir ese grave inconveniente.
Me niego a que en cualquier rincón de España los hijos de esos
trabajadores tengan que ir a una academia de pago para aprender el
castellano, tal y como ha sugerido el presidente de un determinado
partido político, y más concretamente el señor Mas, porque su partido,
que se llena la boca de progresismo, no cree en la educación española ni
en la lengua común de todos los españoles. ¿O es casual que sus
compañeros de ministerio, el señor Blanco y el señor Montilla, lleven a
sus hijos a colegios franceses, ingleses o alemanes cuando los demás los
llevamos a colegios de la enseñanza pública? Hágase usted esa pregunta,
señora ministra.
Ya le he dicho que se inventan ustedes una asignatura, como la de
educación para la ciudadanía, que no nos gusta y para cuyo análisis de
contenidos no ha contado prácticamente con nadie, motivo éste por el que
el otro día la comisión la sacó de primaria, aunque, como ya ha dicho
hoy, parece que tienen pactos con otros grupos parlamentarios para volver
a meterla. Transforma usted la filosofía del bachillerato en una
asignatura de filosofía y ciudadanía; crean en esa etapa la asignatura de
ciencia para el mundo contemporáneo, de cuyo contenido no se sabe
absolutamente
nada, y a este senador le preocupa, y mucho, lo que van a
hacer ustedes. Por último, devalúan la religión y eliminan la alternativa
confesional. Sin duda este último es un cambio profundo para pasar de los
valores occidentales europeos sobre los que se asienta la escuela a otra
de carácter laico, vacía de valores y de sentimientos morales y
espirituales.
Señorías, éste es un proyecto ideológico para una transformación cultural
y social, y de consumarse, no será una conquista del progreso, sino un
retroceso en la democracia. No puede haber calidad en una LOE que no
apuesta por mejorar los resultados de los alumnos, porque no es cierto
que los alumnos en primaria accedan al ciclo o etapa siguiente siempre
que alcancen las competencias básicas correspondientes, ya que, al poder
repetir únicamente una vez, en el resto de los cursos tendrán que
promocionar incluso con todas las asignaturas suspensas.
A un joven no se le puede exigir al final de su etapa aquello para lo
cual no se le preparó desde el principio. Ustedes han progresado siempre
adecuadamente en su enseñanza primaria, tanto que nunca percibieron en
qué consistía tal cosa, pero nadie les dijo nunca que a lo que se
enfrentarían después era a la vida misma, a la vida real.
Señorías, mientras no consigamos que todos los niños salgan de primaria
con conocimientos esenciales de historia, de geografía, de lengua, de
matemáticas y de otros idiomas; mientras haya un 30 por ciento de alumnos
que acaben primaria sin estos conocimientos mínimos; mientras no hagan un
diagnóstico para detectar estas deficiencias y adoptemos medidas
correctoras al finalizar la etapa, seguiremos condenando al fracaso
escolar a estos alumnos. ¿Y qué vamos a hacer con esos alumnos que no
progresen adecuadamente? Los mandaremos a la enseñanza secundaria.
Especialmente nociva es esta ley para la enseñanza secundaria obligatoria
y su modelo de enseñanza comprensiva. La comprensividad complica todo
porque para evitar la diferenciación que llevaría a caminos distintos,
impide los exámenes y la exigencia, y hace ver que no son necesarios en
el estudiante los conocimientos, es decir, todas aquellas cosas que
inevitablemente seleccionan, pero que también aleccionan. Al establecer
que los conocimientos no son importantes, la ley avala casi todo, la
promoción de curso con tres asignaturas pendientes; la promoción
automática cuando han repetido curso o dos veces en la etapa; los
exámenes de septiembre lo deja en manos de las comunidades autónomas y el
título degradado en secundaria obligatoria no dice con cuántos suspensos
se va a obtener, permitiendo a cada comunidad autónoma con los que estime
oportuno.
Para poder aprender es fundamental el esfuerzo y la exigencia personal,
en los que no cree la ley del Gobierno socialista; insiste en sustituirlo
por el esfuerzo compartido, entendiendo que el esfuerzo de uno lo tienen
que hacer los demás por él. Con dos años de duración no sólo tendremos el
bachillerato más corto de Europa...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya, por favor.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Concluyo, señorías. Lamentablemente no tengo más tiempo y no he llegado
ni a la tercera parte de lo que quería decir. No tengo la fortuna de
disponer de todo el tiempo que necesitaría.
El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene el turno de portavoces.
El señor ABEJÓN ORTEGA: El veto del Grupo Parlamentario Popular se
fundamenta en que este proyecto de ley no tiene el consenso que demanda
la sociedad española y, en consecuencia, no es un proyecto para todos los
españoles, señora ministra; no asegura un sistema educativo vertebrado y
una formación común para todos los españoles; no se garantiza la libre
elección de centro a las familias; tampoco mejora la calidad de la
enseñanza; provocará un aumento de las desigualdades entre las
comunidades autónomas y, sobre todo, la gran perjudicada será, una vez
más, la escuela pública.
Dígame, señora ministra, y termino, señor presidente, ¿qué le han hecho a
usted los profesores interinos de la enseñanza pública para dejarles
tirados y obligar a sus socios a no apoyar esta enmienda al Partido
Popular?
En suma, es un proyecto que surge con un objetivo fundamental: derribar
la LOCE del Partido Popular, y aparece una LOE cuyos mandamientos son: No
destacarás. No respetarás. No te sancionarán. No competirás. No te
esforzarás. No te examinarás. No repetirás. Y, en definitiva, no te
formarás. Y, por ello, señora ministra, es una ley que nace vieja, con
poca vida y condenada al fracaso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno en contra, tiene la palabra el senador Pezzi, que utilizará su
turno para contestar al senador Urrutia y al senador Abejón.
El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero saludar tanto a las señoras y señores senadores y senadoras, como
también a los miembros de la comunidad educativa que nos acompañan hoy en
el debate en el Senado.
Permítanme que comience mis palabras dedicándoselas al senador Urrutia, a
quien agradezco la retirada de su veto, pero permítame también que
brevísimamente, en un día especial para el País Vasco y para España, haga
una intervención con la misma solemnidad que ha hecho usted la suya, y
que lo haga este socialista andaluz ahora en nombre de todos los
socialistas españoles, y especialmente de los vascos.
Señorías, el Partido Socialista hizo posible el primer Estatuto de
Autonomía vasco, el del 36, gracias al acuerdo entre Indalecio Prieto y
José Antonio Aguirre. Señorías, durante 40 años, en el exilio, sostuvimos
el Gobierno vasco. Con la recuperación de la democracia y con el impulso
del primer lehendakari socialista, Ramón Rubial, fuimos coautores del
actual Estatuto de Gernika y de su desarrollo. Fueron consejeros
socialistas los que reordenaron e impulsaron el sistema educativo de
Euskadi. Por tanto, tenemos un compromiso con el Estatuto de Gernika, con
el concierto económico y con las disposiciones constitucionales que
confirman los derechos históricos del País Vasco. Así pues, los
socialistas defenderemos el texto del Estatuto de Gernika y su pleno
cumplimiento; asimismo, creemos necesario un proyecto de reforma
estatutaria, contando con todas las fuerzas democráticas vascas, que
profundice en el Estatuto, lo consolide y lo mejore.
Señorías, el Partido Socialista Obrero Español ha estado siempre detrás
de los estatutos de autonomía para el País Vasco y en la defensa de sus
derechos. El PSOE de Indalecio Prieto, de Ramón Rubial, de Javier Rojo,
de Txiki Benegas, de Ramón Jáuregui, de Patxi López y de las senadoras y
senadores socialistas aquí presentes: Miguel Ángel Urquiza, Francisco
Buen, Yolanda Vicente y Víctor Manuel Urrutia, todos ellos están detrás
del Estatuto de Gernika y en la defensa de Euskadi, con la misma
fortaleza que cualquier otro senador.
Muchas gracias, por la retirada de su veto. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
No se alteren, por favor. Un socialista defendiendo a sus compañeros creo
que es bonito en una Cámara. Es mi tiempo y lo hago con orgullo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio, por favor.
El señor PEZZI CERETO: Sin embargo, el veto, apoyado por la enmienda a la
totalidad del Grupo Parlamentario Popular, tiene otro cariz radicalmente
distinto. El desarrollo del veto, en caso de que no prospere, es un
conjunto de enmiendas parciales, que posteriormente discutiremos, que es
el troceado de la enmienda a la totalidad, que sigue paso a paso la
llamada Ley de Calidad, con leves retoques de puesta al día.
Desde mi punto de vista, el veto reproduce una foto fija y desvaída, ya
que no analiza los cambios introducidos en el Congreso de los Diputados.
Se fija en un texto, que es el piensan que ha mandado el Gobierno,
incluso mal interpretado, como se ha demostrado en la intervención del
senador Abejón.
Creo que no han tenido en cuenta los avances producidos en la memoria
económica, en la regulación del personal docente, en el currículum y el
reparto 55/65, en la evaluación y promoción del alumnado, en la
diversificación curricular, en la cualificación profesional inicial, en
la prestación más clara de la educación como servicio público por los
poderes públicos o por la iniciativa social, la nueva regulación de los
centros concertados, la escolarización de los alumnos, la autonomía de
los centros. Todo ello pasa inadvertido en la intervención del portavoz
del Grupo Popular.
Desde mi punto de vista, se sigue con una estrategia de descalificación
contra el Gobierno de Zapatero. Ahora toca hacerlo con la educación y no
se tiene ningún reparo en utilizar este ámbito para intentar machacar al
Gobierno, sin analizar las repercusiones ni lo que quedará por el camino.
La posición del Grupo Popular no es participativa, es inútil en el actuar
normalizado de las instituciones e inútil para conseguir una buena ley.
Se busca el cuanto peor, mejor, lo que siempre resulta inasumible, pero,
en educación, un dislate.
El veto y las enmiendas parciales --repito, texto alternativo troceado--
no persiguen en modo alguno mejorar el texto de la ley que estamos
debatiendo. Sencillamente, intenta romperla, añorando la LOCE, sin
considerar que estamos en otro momento, en otra legislatura, en otras
mayorías.
Desde mi perspectiva, el veto se justifica en varios argumentos que,
además de señalar, si tengo la fortuna, desmontaré.
Los portavoces del Partido Popular dicen que la LOE es la LOGSE, y ya se
sabe que aquella ley produjo todos los males en España.
El segundo argumento del Partido Popular es que la LOE reduce la
competencia del Estado y se la da a las comunidades autónomas, con el
riesgo de que cada una haga un modelo educativo distinto, y ya saben
ustedes que las comunidades autónomas son menores de edad y no son
capaces de asumir competencias tan serias y tan importantes como las de
educación.
El tercer argumento básico del Partido Popular es que la LOE llega sin
consenso y no gusta a nadie, y las movilizaciones lo demuestran.
Respecto a la primera, dice el Partido Popular que la LOGSE, aprobada por
el Gobierno Socialista en 1990, ha hundido la educación. Desde mi
perspectiva, se construye un maniqueo para simplificar el análisis
fijando el recorrido de los últimos quince años colgado en exclusividad
de una de las leyes educativas, la LOGSE, que, irremediablemente, como
recuerda el «ananque» griego, nos ha empujado contra los acantilados y ha
hundido la educación y el país. Para construir un maniqueo de estas
características se han visto obligados a magnificar la enseñanza anterior
a 1990 como el mejor de los mundos, según sus perspectivas, una educación
de calidad, al parecer, inmejorable.
Por otro lado, los informes PISA, realizados por la OCDE, son la
demostración científica del fracaso del sistema y han minusvalorado el
paso de los gobiernos de Aznar, como empujados inevitablemente por el mal
de ojo de la LOGSE.
Un análisis somero de la situación de nuestro país en los años anteriores
a la LOGSE, por ejemplo, en 1986, nos puede mostrar rápidamente un
panorama menos paradisíaco de la realidad educativa. En 1986, los alumnos
escolarizados con 15 años eran el 50 por ciento, ahora son el cien por
cien; en Bachillerato, eran el 30 por ciento, ahora son el 60 por ciento;
universitarios eran el 18 por ciento, ahora son el 30 por ciento. En
escolarización estamos peor. ¿Tenemos que añorar que no haya habido una
LOGSE que haya conseguido todos esos objetivos? Pero, ¿y el fracaso
escolar? En EGB en 1986 era del 32 por ciento; en Bachillerato era del 50
por ciento, y en Formación Profesional era del 67 por ciento. Tampoco
hemos mejorado. Vean ustedes las cifras que da el informe PISA y
comprobarán que no podemos tirar cohetes, señorías, volviendo la cara a
un pasado que recordamos y soñamos que fue mejor, pero en modo alguno es
así. La realidad es que en aquellos años estudiaban pocos, las clases
altas y medias y apenas las bajas, y los resultados --vean ustedes las
hemerotecas-- decían lo mismo que ahora; siempre se ha dicho lo mismo del
sistema educativo desde la etapa de Platón: que los estudiantes de esa
época eran los peores de cualquier época que hubiera habido. Es el dicho
conocido, una frase común como cuando uno entra en el ascensor y dice:
hoy puede llover o está nublado. Es una frase común que se incorpora al
día a día.
Otro debate al que se han sumado con fruición el Partido Popular y los
colectivos que lo apoyan sin matices, en mi opinión expresado burdamente,
es que los informes de la OCDE, PISA 2000 y PISA 2003, demuestran el
desastre sin paliativos de la educación española. Ciertamente, nos
indican bajas tasas de éxito y alto abandono escolar en comparación con
otros países de referencia, pero con cierta mesura, sobre todo al fijar
la responsabilidad de la situación y el marco europeo en el que se
produce.
Primer dato relevante: los informes PISA y algún otro de los años 2003,
2000 y de años anteriores, se producen durante los mandatos de Aznar, de
Esperanza Aguirre, de Mariano Rajoy y de Pilar del Castillo, siendo
ministros o ministras de Educación. La evaluación se hace sobre los ocho
años de Gobierno popular, pero en este punto se produce el primer proceso
de magia y prestidigitación. Es cierta la coincidencia, dicen, pero el
Gobierno de Aznar no podía hacer nada contra el huracán de la LOGSE, nada
contra el fracaso escolar. Se sabía, se sufría, se decía, pero los hados
no dejaban hacer nada para remediarlo. No se podía cambiar la ley; no se
podían aumentar los medios económicos para la educación; no se podían
aumentar las becas; no se podían hacer desdobles; no se podían hacer
refuerzos, etcétera.
El Partido Popular dice: ¡Qué frustración! Gobernar y ser impotente para
resolver este gran problema. Ocho años perdidos. Con la LOGSE ya se sabe;
qué podíamos hacer, etcétera. El líder del Partido Popular, Mariano
Rajoy, en sus 15 meses de ministro de Educación, bajo la espléndida
dirección del señor Aznar, intentó resolverlo , pero no pudo ser porque
no había ocho años para resolver ningún programa educativo.
La LOGSE era la culpable de todos los males. ¡Qué simpleza! ¡Qué análisis
sociológico, histórico, político más pobre! Una ley causante de todos los
males. Un renglón para explicar 15 años de nuestra historia educativa.
¿Qué pasa con el modelo de familia, señorías? ¿Qué, con la progresiva
pérdida de valor de la educación como mecanismo de movilidad social?
¿Qué, con la escasa importancia que la sociedad y los poderes públicos le
otorgan a la educación? ¿Qué, con el sistema de valores imperantes, que
se transmite a través de los medios de comunicación? ¿Qué, con la
insuficiente financiación del sistema? ¿Qué, con la menor implicación de
la familia en el proceso formativo de sus hijos? ¿Qué, con la baja
consideración que tiene la labor docente? ¿Qué, con la presencia cada vez
más masiva de inmigrantes de culturas diversas? ¿Qué pasa con los
análisis serios y complejos como la vida misma? ¿Han desaparecido del
debate en el Senado? Si un problema tan grave se analiza desde el
simplismo las soluciones serán igualmente simplistas y, por tanto, la
catástrofe estará asegurada.
Y precisamente fue lo que ocurrió: un mal análisis llevó a que con
mayoría absoluta y sin consensuar con nadie, a la mitad de la II
Legislatura del Partido Popular se aprobara la LOCE; se encontró una
fórmula mágica para romper el hechizo, el mal de ojo: se pone la palabra
calidad en el nombre de la ley, y ya está; hay que añadir también una
dosis de más exámenes, más reválidas, más itinerarios, más segregación y
señalar al alumno como el culpable único por no esforzarse, y ya tenemos
la solución. El alumno y la LOGSE. Ambos son los culpables. Nada que
decir de la Administración, de la sociedad, de la familia, del
profesorado, del centro. Señorías, poco pollo para tanto arroz, como
dicen en mi tierra.
Si la LOGSE es la gran culpable en su análisis, ¿qué ha pasado en Estados
Unidos, en Portugal, en Italia, en Grecia, donde los rendimientos de los
alumnos en matemáticas, por ejemplo, son peores, según el Informe PISA
2003? ¿También tenían la LOGSE en esos países? ¿Qué pasa en Alemania, en
Francia, en Noruega, cuyos rendimientos educativos son similares a los
españoles? ¿También aplicaron la LOGSE? ¿Qué pasa en Francia? ¿Están
leyendo el debate del informe Thélot, que es el presidente de la Comisión
para el debate sobre el futuro de la escuela en ese país? ¿Es que no ven
que el modelo educativo se rompe porque ha cambiado el modelo de
sociedad? ¿Es que no ven que el modelo de globalización y el modelo que
surgió de la revolución industrial ha saltado por los aires? ¿No ven que
la LOE intenta buscar el aire propicio para que las velas se hinchen y
llevarnos a una Unión Europea en la que estos valores nuevos sean capaces
de tirar de la educación?
No queremos darnos cuenta de lo que el informe PISA revela y seguimos
culpando a algunos de males que no tenemos. Y, señorías, este informe
dice lo que dice y con los porcentajes que dice: la media de la Unión
Europea en matemáticas es de 500 puntos; pues bien, España está en 485
puntos, es decir, un 3 por ciento por debajo de la media, cuando el error
del Informe PISA es del 2,4 por ciento.
Tampoco dramaticemos. Sepamos lo que dice y hagámoslo mejor. Pero no
añadamos elementos que dramatizan el sistema cuando hemos experimentado
una fuerte mejora. Y precisamente, la LOE, sobre la que ahora estamos
debatiendo, intenta dar una respuesta. Para ello, introduce serios
elementos de calidad, de refuerzo, de apoyo, de preparación del
profesorado y de evaluaciones de diagnóstico. No estamos hablando de
evaluaciones finales para decir que determinado alumno es un torpe, sino
de evaluaciones de diagnóstico --en cuarto de Primaria y en segundo de
Secundaria Obligatoria--, para descubrir si un chico o una chica tienen
algún problema y, en ese caso, ofrecerle un refuerzo y un apoyo para que
lo supere porque, en definitiva,
cuando lo que se lleva a cabo es un diagnóstico final, se trata ya
de un hecho inevitable. Por tanto, tenemos que ser capaces de
diagnosticar a los que tienen problemas para ayudarles
y para que puedan recuperar, con exámenes también.
Se concede más autonomía a los centros para buscar soluciones a problemas
específicos; se dota la educación de mayores medios económicos; se exige
más a los alumnos, pero también al profesorado, a la Administración, al
centro y a las familias. Sí, señorías, se trata de aportar calidad y
equidad, con la participación y el esfuerzo de todos.
El segundo motivo de veto se basa --y voy a ser muy breve en este extremo
porque me parece obvio-- en que todo lo que no sea Estado o
Administración central es un desastre para la educación. Las comunidades
autónomas --ya se sabe-- se centran en enseñar a los niños el río de su
pueblo y algunas cuestiones que no tienen ningún valor. ¿Ocurre eso mismo
en las ocho comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular? Si
no fuera así, porque son más serios, ya habría ocho salvadas. ¿Ocurre eso
en las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas? Si tampoco
es así, ya tenemos otro montón más salvado. ¿Cuál es el problema,
señoría? ¿El País Vasco y Cataluña? Si eso es lo que creen, díganlo, pero
también demuestren que Cataluña y el País Vasco no son capaces de llevar
adelante las competencias que la Constitución y sus estatutos de
autonomía les otorgan. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor PEZZI CERETO: Mi experiencia en temas educativos me lleva a
decir que estamos hablando de personas muy serias a la hora de ejercer
sus competencias y que los resultados educativos vienen a demostrarlo en
el día a día. Por tanto, no es procedente mostrar ningún tipo de
desconfianza; es el modelo constitucional, el modelo del bloque
constitucional y, por tanto, el hecho de decir que vamos a poner en
marcha 17 modelos educativos es una parodia de la realidad, que no creo
que sea asumible desde ningún punto de vista.
El tercer motivo de rechazo y de veto es que la LOE llega sin consenso y,
en este sentido, mi pregunta es la siguiente, ¿comparada con cuál? ¿Con
la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, del PP, que la
aprobó dos años antes de terminar la legislatura? Si es así, ganamos por
goleada porque la LOCE fue aprobada prácticamente con el exclusivo apoyo
del PP; recibió más recursos de inconstitucionalidad, manifestaciones
masivas, además de la oposición de sindicatos, patronales, etcétera. Por
tanto, me parece bastante relativa la afirmación de que llega sin
consenso.
Creo que se ha llevado a cabo un buen trabajo con los sindicatos, con las
patronales, con las comunidades autónomas, con las asociaciones de padres
y madres, con colectivos diversos --por ejemplo, los colectivos de sordos
que hoy nos acompañan-- y con aquellos que tienen necesidades educativas
especiales; hemos intentado tratar con cada colectivo para que la ley
fuera mejor. En este sentido, hemos mantenido 40 reuniones con
sindicatos, patronales y asociaciones; hemos analizado 304 documentos y
hemos recibido un amplio apoyo que nos puede permitir sacar adelante la
ley.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.
El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente, ya termino.
Con esta tramitación termina una buena ley, una ley sensata, una ley que
sabe abordar las necesidades educativas de nuestro país y, por ello,
pedimos el respaldo de sus señorías para rechazar el veto; veto injusto e
innecesario porque creo que la LOE merece la suerte de convertirse en una
ley de Estado, que dure muchos años.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor URRUTIA ELORZA: Señorías, hemos mantenido dilatados diálogos
durante bastantes horas, tanto en la comisión como en los pasillos. Lo
cierto es que usted ya tenía preparada su réplica y a mí me ha recordado
cuando en la Universidad de Sarriko, por diversas circunstancias --por
ejemplo, que el profesor hubiera sacado la cátedra o el doctorado--, se
daba el aprobado general y muchos alumnos decían: yo quiero hacer el
examen, quiero ir a por nota. Señor Pezzi, Manuel, encima de que te he
puesto en bandeja el veto, me has hecho una recriminación, aunque
cariñosamente. Ningún problema.
En su contestación, señor Pezzi, ha hecho referencias retrospectivas,
aludiendo al año 1936 y al primer Gobierno del lehendakari Aguirre, del
cual formaron parte ministros nacionalistas del PNV, de ANV,
republicanos, y también socialistas, perfectamente unidos frente a una
desgracia y a la verdadera opresión que supuso el levantamiento militar,
en el que sufrimos circunstancias desagradables y del que han quedado
muchos temas sin resolver. Sin embargo, señor Pezzi, no comparto uno de
los datos que usted ha dado, que es incorrecto. El señor Rubial --con
gran respeto hacia él, magnífica persona, y a su familia-- no fue primer
lehendakari, fue presidente del Consejo General Vasco durante la época
preautonómica. Por favor, modifique sus notas. El primer lehendakari de
la autonomía fue Carlos Garaicoetxea Urriza, del cual tuve el honor de
ser viceconsejero en su departamento de Economía y Hacienda. Fue
lehendakari del año 1980 al año 1984, y aportó dos ideas básicas, una de
las cuales sale a colación en este momento:
montar dos mesas, una de pacificación y otra de normalización.
El señor PRESIDENTE: Señoría, tenía cinco minutos para explicar la
posición de su grupo. Quiero decirle que le quedan dos minutos y 28
segundos. Si quiere seguir hablándonos de historia, estoy encantado, pero
sepa que tiene dos minutos y 24 segundos. Hay que estar a lo que
estamos.
El señor URRUTIA ELORZA: «Lehendakari jauna, parkatu». Señor presidente,
disculpe, pero estoy contestando a la réplica que me ha dirigido el señor
Pezzi. Además, seguro que terminaré antes de dos minutos.
Decía que el lehendakari Garaicoetxea tuvo dos ideas: en primer lugar, la
creación de las dos mesas y, en segundo lugar, decir que la transición
estaba inacabada, cuando de verdad estaba inacabada. Ojalá que en este
momento el Partido Socialista, acompañado de todos los partidos, pueda
concluirla. Los socialistas han defendido el estatuto a su manera, pues
han estado gobernando desde el año 1982 a 1996 y todavía hay treinta y
tantas competencias sin transferir. El que aquí suscribe, este senador
humilde, durante los 18 ó 19 meses que todavía me quedan, defenderá el
estatuto de autonomía ante toda proposición de ley o toda ley que lo
ataque.
Espero que pronto podamos debatir en esta tribuna la próxima ley de
dependencia, que ataca los servicios sociales.
Nada más, señor presidente.
«Milla esker».
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar manifestando que el voto del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria será contrario al veto del Grupo
Parlamentario Popular.
El proyecto de ley que hoy se presenta mejora, sin duda alguna, el
anterior al proporcionar una educación de más calidad a los ciudadanos,
al tratar de cumplir los objetivos educativos de la Unión Europea y al
dar respuesta a algunas de las singularidades de las comunidades
autónomas. Pero no todo es positivo en este proyecto de ley. El sistema
educativo español se caracteriza por su inestabilidad. Por eso pedíamos
al comienzo de la legislatura un gran pacto social y político para lograr
un sistema educativo estable. Es cierto que el Gobierno abrió un período
de diálogo con todos los estamentos de la comunidad educativa, pero no
sólo hay que dialogar, sino que hay que consensuar. Lamentablemente, no
se logró ese consenso y la ley saldrá adelante con una mayoría
insuficiente para que el sistema educativo sea duradero. La ausencia de
ese consenso hará que este proyecto sea una ley más y no un proyecto
pactado por encima de las posiciones partidistas, que es lo que realmente
necesita nuestra sociedad.
La semana pasada dije en la comisión que el grupo que apoya al Gobierno
no acaba de asumir el fracaso de la LOGSE. En mi opinión, nos ha traído
un proyecto de ley que vuelve en parte al espíritu de la LOGSE, en el que
se han introducido algunos aspectos importantes de la llamada Ley de
Calidad, del Grupo Parlamentario Popular, quizá con la intención de
atraer al otro grupo mayoritario. Sin embargo, hay que destacar que por
primera vez se acompaña al proyecto de ley una memoria económica, que a
nuestro juicio es un gran avance y valoramos positivamente, pero sigue
siendo necesario una ley de financiación que permita afrontar los gastos
derivados de la LOE, corregir los desequilibrios territoriales existentes
y acercarnos a la media europea antes de los diez años contemplados en el
proyecto de ley. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego que guarden silencio.
El señor AYALA FONTE: Se ha suscitado también un gran debate con la
escuela privada y concertada. Algunos hablan del derecho de los padres
para elegir centro, pero cuando dicen eso ¿a qué padres se refieren?,
¿los padres residentes en los núcleos rurales o en los miles de pequeños
municipios pueden elegir centro? O en el caso de las Islas Canarias o de
las Baleares, ¿ eligen centro los padres de las islas periféricas o no
capitalinas? ¿Es, por tanto, compatible la libertad de elegir centro con
la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos? Por eso mi grupo
parlamentario ha apostado prioritariamente por el sistema público, porque
el reparto del alumnado entre las redes pública y privada no penalice de
alguna manera a la escuela pública, y porque potenciarla es la mejor
manera de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos
en lo que se refiere al derecho a la educación.
El proyecto de ley, aunque contiene avances muy importantes, continúa sin
tratar adecuadamente la diversidad del alumnado. No se han modificado las
ratios profesor-- alumnos, sigue igual que hace muchos años. Estimo que
el proyecto de ley no tiene las herramientas necesarias para motivar al
alumnado, para luchar contra la indisciplina constante en los centros
educativos, ni para resolver de forma inmediata esos conflictos
disciplinarios, que someten al profesorado y a los alumnos a estados de
ansiedad, incluso de miedo ante las agresiones que se vienen
produciendo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego que guarden silencio.
Apenas se oye a quien está en el uso de la palabra. Rogaría silencio o
que se abandone el hemiciclo.
El señor AYALA FONTE: ... agresiones que se vienen produciendo en los
centros e inciden en la convivencia escolar y en el trabajo diario de los
profesores.
Por último, entendemos que esta ley debería contener, y no lo tiene, un
mayor reconocimiento al profesorado, base fundamental del sistema
educativo. Actualmente en los centros apenas se habla de la LOE, hay
apatía ...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya, por favor.
El señor AYALA FONTE: Termino, señor presidente.
Falta ilusión por parte del profesorado, que está harto de tanto cambio,
inspirado la mayoría de las veces en motivos partidistas, pensando que no
se abordan, ni resuelven los problemas reales que hay en los centros. Nos
preocupa, por ejemplo, la regulación en este proyecto de ley del acceso a
la función pública del colectivo de profesores interinos, cuya labor no
puede calificarse sino de forma positiva durante muchísimos años.
Por tanto, con las enmiendas presentadas a este proyecto de ley esperamos
corregir alguna de estas deficiencias y reitero el voto negativo al veto
presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente. Intentaré ser
breve.
En primer lugar, saludo a toda la comunidad educativa que ha venido a
escucharnos.
Hoy estamos en esta Cámara en el tramo final de una ley que debía haber
sido la estrella de la legislatura, al menos a nuestro modo de ver. Podía
haber sido la ley «Sansegundo» o la ley «Zapatero» para los próximos
treinta años. Una ley fruto del consenso que hubiese permitido a la
educación de España salir del lugar no precisamente idóneo donde se
encuentra. Una ley que devolviera a la escuela española el prestigio
perdido, y todos somos, son, culpables en la medida en que de una forma o
de otra todos hemos y han estado en los distintos gobiernos. Las
distintas alternativas democráticamente se suceden y continuamos teniendo
problemas en la educación.
Hemos pasado, como siempre, de la LOGSE a la LOCE, y ahora a la LOE. Ésta
debería estar en medio, pero no vamos a discutirlo.
Debería ser una ley que devolviese a los profesores, a los maestros, con
justicia, las compensaciones económicas que hasta ahora no han tenido
--la ley intenta solucionar esto, aunque a nuestro modo de ver no
suficientemente-- y el respeto que se merecen, tanto por parte de los
padres como de la sociedad en general. Una ley que exigiese a los alumnos
responsabilidad, palabra perdida hace casi veinte años, y que hiciera
capaz a la escuela de sacar lo mejor de los mejores, de reconocer de
entre los alumnos a aquellos con altas capacidades --no siempre son los
mejores, pero si tienen esas altas capacidades debemos aprovecharlo
porque la sociedad no puede prescindir de ellos-- en todas las áreas
técnicas, ciencias o matemáticas, pero también las artísticas. Una
escuela donde el alumno con dificultades fuese estimulado, ayudado y se
sienta acogido y respaldado. Y por último y no menos importante, devolver
a las aulas un mínimo de disciplina. Señorías, la disciplina no está
reñida en absoluto ni con creatividad ni con desarrollo de las libertades
individuales, pero es necesaria en un aula; aulas donde la violencia y la
intolerancia fuesen imposibles. Una ley que diese a los padres,
conscientes de su responsabilidad --han olvidado muchas veces que son
responsables--, frente a sus hijos y frente a la sociedad, el derecho a
elegir, como no podía ser de otra manera, el tipo de educación que
querían para sus hijos, con sus propios principios, tal como recoge
nuestra Constitución. Por eso en nuestro modelo así lo elegimos, así lo
elaboramos y así lo mantuvimos cuando gobernamos durante 23 años.
Una ley que hiciese posible una sociedad por la que muchos luchamos y
motivo para algunos de nuestra presencia en esta Cámara, o sea, una
sociedad formada por individuos libres, orgullosos de su libertad, de una
libertad responsable, formados e informados --sin formación la
información no sirve de nada--, capaces de hacer de este mundo un mundo
mejor. Sí, señorías, ya sé que parece una utopía, pero algunos lo
creíamos posible. Así lo pedimos ya al actual presidente del Gobierno en
su debate de investidura --lo hizo nuestro portavoz, el señor Durán i
Lleida--, y esta portavoz se lo ha pedido en reiteradas ocasiones a la
ministra Sansegundo, pero no ha sido posible. No ha habido consenso
porque, señorías, consenso no es poner encima de la mesa una ley y
preguntar a ver quién se apunta e intentar ganar adeptos. Eso no es
consenso. Consenso significa hacer una ley entre todos basada en un gran
pacto que hubiese tenido que perdurar treinta años. Un pacto no es ceder
a las presiones de los que se manifiestan en la calle, aunque sí
escucharles. Por tanto, nos alegramos de que les hayan escuchado, a ellos
y a nosotros.
Esta ley saldrá del Senado, confío, mucho mejor de lo que entró, y
espero, aunque debería decir deseo, que con mucho más consenso. En
algunas ocasiones este consenso habrá sido forzado, pero no importa
porque habrá sido consenso. Y tengo la esperanza --aunque me gustaría
decir la certeza-- de que el Congreso mantenga los acuerdos de esta
Cámara. En ese sentido, presentamos enmiendas, tanto en el Congreso como
en el Senado; enmiendas que debatiremos después. Muchas de ellas han sido
aceptadas o transaccionadas. El Partido Socialista ha hecho un esfuerzo
notable: tanto en el ministerio como por medio del portavoz en la
Comisión, el señor Pezzi. Ha hecho un ejercicio de negociación,
apartándose de los extremos, centrándose. Por nuestra parte, siempre
hemos estado en el centro.
Nuestro voto hubiera sido hoy negativo en el caso de que se hubieran
mantenido los dos vetos: el del Grupo Popular y el de Eusko Alkartasuna.
Celebramos que lo haya retirado, señor Urrutia. Apoyar el veto era
negarle a esta Cámara la posibilidad de colaborar en el desarrollo de la
ley; aunque la posibilidad sea mínima, puesto que esta Cámara es de
segunda lectura, aunque nos sepa mal.
Esta ley podría haber sido la mejor: la estrella de la legislatura. Al
menos, esperamos que sea una gran ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: «¡Arratsaldeon danori!»; buenas tardes a
todos.
Señor presidente, señora ministra, en primer lugar, quiero dar la
bienvenida al Senado --la casa de todos-- a los representantes de varios
grupos de la comunidad educativa. Hemos estado reunidos en numerosas
ocasiones hablando con profesores y representantes de diferentes
colectivos: religión, psicólogos, informáticos, etcétera. A todos ellos
les hemos escuchado, y hemos valorado sus intereses --como luego se verá
en las enmiendas--, que, a nuestro modo de ver, eran muy justos. Van a
seguir ustedes el debate tras el cual vendrán las votaciones, que será lo
más interesante. No obstante, les anticipo que pueden estar tranquilos:
escuchando a los portavoces, tanto al del Grupo Popular como al del Grupo
Socialista, pienso que no van a tener ustedes ningún problema; les van a
solucionar todos los que han planteado.
No voy a hacer ninguna valoración del comunicado que ha emitido hoy la
banda terrorista ETA. Ya lo ha hecho esta tarde nuestro lehendakari; el
lehendakari Ibarretxe, el lehendakari de todos los vascos. En
consecuencia, nuestro grupo, que ha condenado siempre la violencia y ha
mostrado un ánimo decidido de libertad, no tiene que decir nada más en
ese sentido.
En la comisión se presentaron dos vetos. Hoy se ha retirado uno de ellos:
el que presentó Eusko Alkartasuna. En consecuencia, queda vivo el que
presentó el Grupo Parlamentario Popular. Ya manifestamos en la comisión,
y consta en el «Diario de Sesiones», que nos parecía que ninguno de los
dos grupos quería que prosperara el veto. Si no, lo hubieran tenido muy
fácil: hoy no estaríamos aquí si los representantes del Grupo Popular
--12 miembros-- hubieran sumado sus votos en comisión al del
representante de Eusko Alkartasuna; total, trece miembros de 25. No sé
para qué hacía falta más discurso ni reunión. Lo mismo ocurre esta tarde:
si querían que prosperase el veto --los unos, que lo han retirado, y los
otros, que han estado hablando tanto tiempo-- sólo hubieran tenido que
sumar sus fuerzas. Pero está bien trabajar para la galería. Lo que pasa
es que los de la galería no son tontos, y se dan cuenta de las
circunstancias de cada uno y de a qué juega cada uno.
Vamos a votar en contra del veto presentado por el Grupo Popular, como ya
lo hicimos en comisión. El Partido Popular tuvo su momento --sus ocho
años de Gobierno-- y sus leyes. El Partido Socialista tiene su momento
ahora, y lo tuvo en anteriores legislaturas; también sus leyes. Le he
dicho a la ministra en más de una ocasión que todos los ministros de
Educación tienen la tentación de pasar a la historia; también lo ha dicho
la representante de Convergència i Unió: la Ley Rodríguez, ésta será la
ley Sansegundo, etcétera. Son referentes de la educación primaria y
secundaria, y también de la universitaria, de la que haré luego un apunte
breve, aunque hoy no toque.
Ésta no nos parece una buena ley, ya lo hemos dicho en varias ocasiones.
No se ha querido que haya consenso. Se podrían haber consensuado muchos
artículos. La postura de nuestro grupo quedará clara en las diferentes
votaciones. Efectivamente, ha habido negociaciones --no podría ser de
otra manera-- tanto en el Congreso como en el Senado, y también ha habido
reuniones. Pero a nosotros, a los miembros del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, nos hubiera gustado que la ministra nos
hubiera llamado, y, teniendo en cuenta que somos siete senadores,
decisivos en cierta medida a la hora de votar las enmiendas, como se
verá, algo podríamos haber dicho.
No ha sido así. La ministra se ha reunido --quizá creyendo que con eso
cumplía-- con el representante-consejero de Eusko Alkartasuna en
repetidas ocasiones, pero, como se va a ver luego, nosotros no estamos de
acuerdo con la política de Eusko Alkartasuna --aunque estemos en
coalición--, y por eso vamos a votar en contra de algunas de las
enmiendas propuestas por Eusko Alkartasuna, como también vamos a votar en
contra de enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo
Socialista, como se verá más adelante. En ese sentido, ministra, sí nos
hubiera gustado, al menos, haber tenido el mismo trato que el Grupo
Parlamentario Mixto, que el representante de Eusko Alkartasuna, un solo
representante en esta Cámara, pero quizá usted pensaba que recibiendo al
consejero ya recibía a todo el Gobierno vasco.
No nos ha gustado esa situación, y menos aún nos ha gustado que nos
lleguen los recados --como nos llegaron ayer-- desde el Congreso de los
Diputados, y no a través de los representantes del Partido Socialista en
esta Cámara, diciéndonos qué es lo que deberíamos decir. No nos ha
parecido de recibo, y así se lo decimos. Ya sabemos que en el Senado
pintamos poco, pero le vuelvo a repetir que tenemos siete votos, como se
verá luego, que son decisivos para inclinar la balanza en un sentido o en
el otro. Se lo digo para que en la próxima ley, que será la LOU, si ha
aprendido la lección, hablemos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya, por favor.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Termino, señor presidente.
En nuestro modelo educativo tenemos muy claro qué es lo que tenemos que
hacer: vamos a defender nuestras posiciones; nos estamos enterando por la
prensa de lo que se está haciendo en la LOU, y, como ha acabado el
tiempo, sólo quiero decir que no se debe tratar como se está haciendo en
la ley a familias, a estudiantes, al futuro del país; que se debe
negociar más con todos los grupos, y, un último ruego: pediría a los
representantes portavoces de los grupos Popular y Socialista en esta
Cámara, para este trámite que estamos siguiendo, un poco de respeto, una
defensa de sus posiciones, que es lo que tienen que hacer, para convencer
a los grupos y a la sociedad, y que dejen de mirar hacia el pasado, a lo
que hicieron unos y otros. Hagamos futuro, y entre todos busquemos el
consenso, por el bien de la sociedad, de los representantes de la
comunidad educativa y del país.
Nada más y muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra
la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, saludo a toda la comunidad educativa que nos está acompañando
en este debate. Señora ministra, nuestro grupo ya votó en contra del veto
en comisión. Nos parecía que habrían tenido la oportunidad de haberlo
retirado incluso en comisión, pero es lícito y es democrático mantenerlo
y que haya llegado al Pleno. Incluso creemos que es bueno que lo hayamos
podido debatir, porque a nosotros nos parece que cualquier debate sobre
educación es positivo.
De las palabras del senador Abejón no he podido interpretar si encontraba
bien o mal la presentación de tantas enmiendas; supongo que si encontraba
bien la presentación de un veto, también debería parecerle bien que
hubiera muchas enmiendas, porque ayudan a puntualizar en algunas
ocasiones aspectos de la ley o incluso a cuestionar otros. Nosotros
presentamos enmiendas, retiramos enmiendas, algunas han prosperado, otras
no, y hoy algunas prosperarán y otras no, pero nos parece bien, ya que el
mismo concepto de participar es puramente educativo; es un valor que
debemos situar entre los propios de la educación.
Hoy se decía --quizá por los muchos años que llevo en la profesión, lo
recordaba-- que todos somos responsables del fracaso de la educación,
pero a mí me gustaría recordar, por un momento, que en el año 1995 se
celebraron elecciones legislativas, y todos los grupos políticos, los
socialistas, pero también los populares, decíamos en aquel momento que
teníamos la juventud mejor formada de la historia. Era el año 1995, y
estábamos muy satisfechos. Habíamos conseguido que muchos más jóvenes
ingresaran en la universidad y también que otros muchos continuaran sus
estudios de enseñanza secundaria puesto que algunos los dejaban a los 15
años. Y hemos dado pasos aún mejores: ahora tenemos una educación mucho
más universal. (Rumores.) Pero se ve que por el camino hemos ido dejando
a esta juventud tan bien formada. ¿Y quién ha gobernado desde 1995 hasta
hace dos años? El Partido Popular, el partido que quiso que, con la
aplicación de la LOGSE, no se consiguieran los frutos oportunos. Dice
usted que la LOE derriba la LOCE, y yo le digo que la LOCE hizo fracasar
la LOGSE en su momento más delicado, en el de su aplicación a la
enseñanza secundaria. (Fuertes rumores.) Y ahora estamos en un camino
nuevo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.
La señora BAIG I TORRAS: El grupo de la Entesa quiere decirle, señoría,
que la LOCE no nos favorecía, ni por el tipo de escuela que proponía, una
escuela con la que nosotros no nos sentíamos satisfechos, ni porque por
nuestras competencias autonómicas se nos impedía lo que luego hemos
podido conseguir, el Pacte Nacional per lÆEducació para poder dar, junto
con esta ley que usted, señora ministra, impulsa con el Gobierno, y de
cuyo trabajo nos hemos sentido satisfechos, para poder dar --decía-- un
paso adelante hacia la ley catalana de educación.
Señor Abejón, señorías, les recomiendo que se lean el Pacto del Tinell, y
más concretamente el Pacte Nacional per lÆEducació, para que vean que su
Capítulo II está dedicado a las familias y a la educación. Pero en este
caso no se va a hacer lo que en aquella ley en que se hablaba
constantemente de familias y de educación y en que se aludía a la calidad
de la educación resultando al final que no se contaba con los elementos
necesarios para llevar a cabo lo que en ella se decía. En el propio
índice del pacto nacional de educación ya se ve que en él se habla de una
serie de principios: de la dimensión individual de la familia en la
escuela y de su participación, de la dimensión colectiva en las
federaciones y asociaciones de padres de alumnos, de la participación
desde el consejo escolar del centro, de la participación del alumnado en
la escuela, de las necesidades horarias y de servicios de las familias,
horario, jornada y calendario escolar.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
La señora BAIG I TORRAS: Nosotros no ponemos las palabras única y
exclusivamente. También ponemos programas y nuevos recursos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
La señora BAIG I TORRAS: Queremos extender la escuela a las familias y
que el alumno tenga más horario escolar.
Y respecto a la cuestión de la lengua, a lo que usted ha aludido, por
favor, cuando hable usted de la lenguas catalana y castellana en la
escuela en Cataluña, intente conocer todas las realidades. Yo no sé si
ustedes se guían por un ejemplo o por dos, pero estoy segura de que no se
guían ni por lo que se dice en el Pacto del Tinell ni por la verdadera
realidad de la escuela en Cataluña. El Pacto del Tinell habla en su punto
18 de la educación,...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
La señora BAIG I TORRAS: ... y dice lo siguiente: Elaborar y ejecutar un
plan de impulso en el aprendizaje de lenguas con el objetivo de
garantizar a todo el alumnado el conocimiento del catalán, del castellano
y del inglés, así como la optatividad para iniciarse en el conocimiento
de otras lenguas. Y en cuanto a algo específico para el castellano, dice
lo siguiente: Garantizar el dominio...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
La señora BAIG I TORRAS: Sí, señor presidente. Sólo quiero puntualizar en
un momento este aspecto porque me parece muy importante.
Estaba diciendo que respecto del castellano, se dice en ese documento lo
siguiente: Garantizar el dominio comunicativo del castellano a un nivel
correcto de expresión, de
comprensión oral y escrita. Y en cuanto a la
enseñanza obligatoria que en Cataluña se decidió por unanimidad con la
ley lingüística de 1983, he de decir que había un modelo de escuela para
conseguir en la enseñanza obligatoria --y se consiguió-- el mismo dominio
de la lengua castellana que de la catalana.
No ridiculicemos el tema de las lenguas...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
La señora BAIG I TORRAS: ... ni pongamos cada día este tema encima de la
mesa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quizá las palabras de algún portavoz, sobre todo las
pronunciadas por el portavoz del Grupo Popular, el señor Abejón, han
podido crear cierta inquietud por los contenidos de la Ley Orgánica de
Educación. Como su señoría ha relatado una especie de mandamientos o
eslóganes, me gustaría centrar algunos temas que me parecen básicos.
Primero. Apunta que la LOE no asegura un sistema educativo vertebral y
una formación común para todos los españoles, cuando es incierto. El
artículo 6.3 dice que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas
requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares para las
Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para
aquellas que no la tengan. Prácticamente, se trata de la misma redacción
que la LOCE en su artículo 8.2.
Segundo. Señala que no se garantiza la libre elección del centro por
parte de las familias, y es incierto. El artículo 84.1 de la LOE dice que
las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en
centros públicos y privados concertados, de tal forma que se garantice el
derecho a la educación, el acceso en las condiciones de igualdad y la
libertad de elección de centros por padres o tutores. Otra vez nos
encontramos un texto similar al artículo 72.1 de la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación.
Tercero. En la programación de red de centros se echa en cara que la LOE
invoca, en el artículo 109, el principio de economía y eficiencia en el
uso de los recursos públicos. ¿Quieren que citemos el uso del despilfarro
y de la ineficacia?
Cuarto. Manifiesta que aparecen nuevos contenidos de adoctrinamiento,
como educación para la ciudadanía y los derechos humanos. ¿Cabe algo
contra este título tan limpio, claro, evidente y necesario? ¿Cómo los
mismos que defienden la religión católica no aplauden a rabiar que se
enseñe educación para la ciudadanía y los derechos humanos? ¿Es que la
religión católica está en contra de la educación de la ciudadanía y los
derechos humanos? ¿Es que no hay una identidad y una adaptación a lo
largo del proceso histórico de la religión? No es posible asumirlo de esa
forma.
Quinto. Mantiene que el modelo de educación secundaria va a empobrecer
los contenidos actuales. Búsqueme usted una asignatura que esté en la ley
que ustedes hicieron y que no figure en ésta. No hay ninguna. La LOE
incluye informática, y ustedes no la contemplaban, y la filosofía de la
que hablan ustedes la denominaron ética y ahora se llama educación
ético-cívica.
Sexto. Dicen que se unifica en un mismo área, asignatura o seminario la
lengua española y la cooficial. Estarán leyendo otra ley distinta. En la
LOE se habla de materias y no se dice nada de áreas, seminarios,
asignaturas conjuntas, ni de que una se coma a la otra. Es ciencia
ficción. Figura la lengua y literatura castellana y, en su caso, la
lengua y literatura en la lengua cooficial correspondiente, por ejemplo
catalana o vasca.
Séptimo. Afirman que es muy negativo que los alumnos de primaria sólo
puedan repetir una vez en la etapa. ¿Cuántas veces repetían en la etapa
con la Ley de Calidad de la Educación? Una vez. Pues si la suya era
buena, la nuestra también lo será. Explíquele usted a un andaluz que no
se entera cómo puede ser que, si la suya era buena, la mía sea mala.
Octavo. Apuntan que es una barbaridad que un alumno de secundaria pueda
pasar al siguiente curso con todas las asignaturas suspendidas. Lo mismo
ocurría con su ley porque se repetía curso una sola vez y, si volvía a
suspender todas las asignaturas, pasaba al siguiente curso con todas. Es
igual que su ley, solamente que usted quería que los alumnos de
secundaria estuvieran hasta los 20 años, lo cual me parece un poco sacado
de contexto. Con esta ley se repite dos veces en secundaria obligatoria.
Noveno. Tachan de escándalo que la LOE tenga el bachillerato más corto de
Europa, dos años. ¿Acaso la LOCE tenía tres o más? No, tenía dos. Pues su
ley era buenísima y la nuestra un mamarracho. ¡Hay que ver!
Décimo. Señalan que no tenemos recursos para la escuela pública. ¿Quién
hizo una memoria económica para la LOE? Este Gobierno. ¿Qué hicieron
ustedes? Cero patatero.
Por favor, vetos apoyados en estos argumentos, de ninguna de las maneras.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio, por favor.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente, señoras y
señores senadores.
Estamos haciendo un debate serio y un debate serio no se hace con
descalificaciones (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡No, no!.--Rumores.)
Este partido ha aprobado enmiendas en comisión de Esquerra Republicana de
Cataluña, ha aprobado enmiendas de Izquierda Unida, ha aprobado enmiendas
de Convergència
i Unió, ha aprobado enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, ha aprobado enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, ha aprobado enmiendas de todos, ¡y ustedes ni
una sola enmienda del Partido Popular, ni una sola! (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso sí, diálogo y consenso: el
diálogo de sordos. ¿Por qué hay entendimiento entre el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, el Grupo Parlamentario Mixto u otros grupos y nos escandalizan?
¿Qué es lo que hemos aprobado, señorías, qué es lo que hemos aprobado?
¡Pues van a ver qué escándalo mayúsculo!
Primera enmienda que hemos aprobado --señora ministra, ¡que no la voten,
que no la vote nadie, qué pecado!--: que de cero a tres años las
administraciones educativas promuevan plazas para conciliar la vida
familiar y laboral tanto en centros públicos como en centros concertados
--¿pero dónde está esta gente, qué proponen?--. Y si vamos al 15.2, que
es la enmienda transaccionada: que haya plazas suficientes para atender
la demanda de las familias tanto en los centros públicos como concertados
en el segundo ciclo de Educación Infantil, ¿pero adónde van?
Seguimos con las enmiendas que hemos transaccionado y hemos aprobado. Una
enmienda muy importante en el tema de financiación. ¿Qué dice la
financiación? Que no nos tomen más el pelo. Ya sé que en medios de
comunicación nos ganan y que inmediatamente lo van a transmitir, eso no
lo dudo, pero fíjense ustedes (Risas y protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El señor Zapatero en su programa electoral
dice: Alcanzaremos el gasto educativo de la media europea en la presente
legislatura, es decir, alcanzaremos el 5,3 por ciento del PIB en la
presente legislatura. ¿Saben ustedes qué han aprobado en el Congreso?
Para el 2016. ¿Qué enmienda propone el Grupo Parlamentario Popular? Que
sea en 2012. ¡Pero qué dice el Partido Popular!
Siguiente punto. Efectivamente, las comunidades autónomas en estos
momentos gestionan más del 90 por ciento de los recursos económicos que
tiene la educación, en torno al 94 por ciento, ¿y qué dice el Partido
Popular? Pues que ya que la señora ministra habla aquí de que tiene mucha
importancia la atención a la diversidad en la ESO y doña Assumpta Baig
dice que ha fracasado la LOGSE porque el Partido Popular en la atención a
la diversidad y a la diversificación curricular no empleó el dinero que
tenía que emplear, lo que dice el partido con los socios que han apoyado
la enmienda es: Hagamos un plan de choque, que todos los años vía
Presupuestos Generales del Estado se garanticen todas estas medidas de
atención que tiene que haber en todas las comunidades, sean ricas o sean
pobres. ¡También les parece mal, es que todo les parece mal!
Pero no queda ahí la cuestión, seguimos. ¿Y qué nos parece que es
mejorable? Señora ministra, usted dice 3.500 millones de euros, ¿pero es
que a mí alguna vez me ha oído que yo le diga que eso no está bien o que
no sea bienvenido? Lo que la estoy diciendo es que con eso no nos vamos a
acercar a Europa, pero se lo voy a tratar de explicar: no nos acercamos a
Europa porque usted el año que se pone en marcha el primero de Infantil
ayuda a las comunidades autónomas y cofinancia la medida de esas
comunidades autónomas, pero al año siguiente y en los siguientes les
quita la cofinanciación para eso curso, con lo cual ha creado usted un
agujero. Luego el Estado sólo ayuda para poner en marcha la medida el
primer año y el resto de los años lo tienen que pagar las comunidades
autónomas. ¿Qué dice la enmienda del Grupo Parlamentario Popular aprobada
en comisión? Lo que dice la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es
que el Estado cofinanciará con las comunidades autónomas no solamente,
señora ministra, el año de la puesta en marcha de la medida, sino los
cinco años de aplicación de la ley; no tiene nada que ver, esto sí nos
dirige a homologarnos con Europa. ¡Pues nada tiene que ver, tampoco les
gusta esto! Pero, señorías, hemos aprobado una enmienda que es el mal de
todos y hay que pedir perdón en esta Cámara. ¿Saben cuál es esa enmienda
por la que hay que pedir perdón y no nos perdonan? Señora ministra, diga
aquí si es o no verdad. Se nos ha dicho que la retiremos inmediatamente.
La enmienda propone una convocatoria especial durante dos años para los
profesores interinos, que se les valore al máximo el mérito, que se les
valore también una memoria y que haya una prueba que no sea eliminatoria.
¡Y dicen que eso hay que retirarlo! (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Así seguiríamos con todas las enmiendas. No
tienen voluntad de diálogo ni de consenso, lo que nosotros ya hemos
demostrado. Hay que ser serios, y yo pido seriedad al debate. ¿Es que son
tan malas todas estas enmiendas que hoy va a cargarse el Grupo
Parlamentario Socialista? ¿Son tan malas estas enmiendas que buscan el
diálogo y el encuentro con el Partido Socialista? ¿Quién si no ha dado el
paso para encontrar una fórmula de consenso educativo que no haya sido el
Partido Popular y cuando estamos cerca de conseguirlo se da instrucción a
los grupos de esta Cámara para que al Partido Popular «ni agua».
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego concluya.
El señor ABEJÓN ORTEGA : Concluyo, señor presidente.
Señora ministra, defienda la escuela pública; defienda a los profesores
de Informática, a quienes va a echar usted a la calle; defienda a los
profesores de Tecnología, a quienes va a echar usted a la calle, porque
no apuesta por la Tecnología, no apuesta por la Informática, no apuesta
por la Lengua y, como ha señalado el señor Pezzi, demuéstreme a mí, con
la ley en la mano, que en una misma área en Primaria, o en un mismo
seminario en Secundaria no dice textualmente el proyecto: lengua
castellana y lengua
cooficial si la hubiera. Y hasta ahora, todas las
leyes decían: lengua castellana con una identidad propia y lengua
cooficial si la hubiere, como otra asignatura. No nos engañemos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Concluyo, señor presidente.
Por lo tanto, hay que hacer un debate serio. El Grupo Parlamentario
Popular ha puesto sobre la mesa sus enmiendas, ha negociado duramente con
todos los grupos --quienes podrán decir si es o no verdad--, con el único
objetivo de mejorar la educación. Pero el Grupo Parlamentario Socialista,
anclado en la demagogia de siempre ha manifestado: Al Partido Popular, ni
agua, porque nos lo impide el Pacto del Tinell.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación vamos a votar la propuesta
de veto del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley orgánica de
educación, y seguidamente votaremos la toma en consideración de la
proposición de ley cuyo debate se celebró a última hora de esta mañana.
Votamos, pues, la propuesta de veto al proyecto de ley orgánica de
educación del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a
favor, 120; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
-- PROPOSICIÓN DE LEY DEL MEDICAMENTO Y DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
(AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO (S. 622/000032)
(Votación).
El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación la toma en
consideración de la proposición de ley del medicamento y de la prestación
farmacéutica.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a
favor, 119; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CIENCIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (S. 621/000038) (C. D.121/000043)
(Continuación).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar... (Pausa.--Risas.)
Perdón, señorías, pero no está mal verles a todos ustedes de vez en
cuando.
Debatimos a continuación las enmiendas y votos particulares al Preámbulo,
Título Preliminar, artículos 1 a 11, y Título I, artículos 12 a 70.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Eusko Alkartasuna presenta ocho enmiendas referidas, fundamentalmente, a
tres temas concretos, siendo uno de ellos el de las enseñanzas comunes y
sus contenidos básicos. El texto del proyecto de ley hace una referencia
a aquellas comunidades que tienen una cooficialidad del idioma, en este
caso concreto el País Vasco o Euskadi, y dice que el contenido mínimo de
los horarios escolares debe ser, al menos, el 55 por ciento --en aquellas
comunidades que no tengan la cooficialidad sería el 65 por ciento.
Nos parece interesante que haya unos contenidos básicos idénticos porque
estamos educando para la globalización, estamos haciendo una educación
para el mundo, abierta al mundo, y es fundamental que contenga unos
contenidos básicos comunes. Pero lo que no nos parece correcto de la ley
--y así lo hemos enmendado-- es que se diga que esos contenidos sean
mínimos, dejando a disposición del ministerio o del Gobierno del Estado
que lo amplíe por registro o por un real decreto. Hubiera sido mucho más
justo, y así lo propugnamos, que...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, no se oye absolutamente nada.
Yo rogaría que quien no quiera estar en el hemiciclo, saliera del mismo,
y, por favor, si permanecen en la sala, les ruego silencio.
Senador Urrutia, puede continuar.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que hubiera sido, a nuestro modo de ver, mucho más correcto que en
el contenido de la ley figurara que el máximo de esas enseñanzas comunes
fuera el 55 o el 65 por ciento, al objeto de poder después argumentar o
incorporar aquellos otros contenidos encaminados a la formación
cuantitativa y cualitativa del alumno o de la alumna. Es un tema que
parece nimio, pero es fundamental.
La formación debe ser formación humana, formación ética, formación en
valores y formación cuantitativa, y es básico que eso debe respetar la
filosofía y la idiosincrasia propia de cada una de las comunidades, eso
sí, siempre pensando en un desarrollo intelectual y en un desarrollo
formativo que mire al mundo, a la colectividad, al progreso social,
tratando de lograr, fundamentalmente, una
cohesión social y una educación integradora que no tenga en cuenta
ni el nacimiento ni el origen ni el color ni las capacidades de los
alumnos. A esto se refieren dos de nuestras enmiendas que, a
nuestro juicio, son interesantes y, por ello,
nos gustaría contar con el apoyo de otros grupos políticos.
También hemos presentado enmiendas respecto al tema de la evaluación
continua y en relación al respeto de las competencias propias de la
comunidad autónoma.
Nos parece interesante que, en vez de que en períodos del desarrollo
estudiantil de los alumnos o de las alumnas haya unas evaluaciones al
final de unas etapas, hubiera una evaluación continua no sólo desde el
punto de vista formativo, sino social y humano y dentro de un bienestar
de la colectividad.
También creemos fundamental que la Educación Infantil --sobre ello hemos
presentado dos o tres enmiendas-- distinga perfectamente el nivel primero
y el nivel segundo, de cero a tres y de tres a seis años,
fundamentalmente al objeto de distinguir la formación propiamente
asistencial educativa al inicio ya de una formación educativa, en el
cómputo de que ese niño o esa niña va acercándose ya al inicio de la
enseñanza primaria.
Básica y fundamental es también la enmienda cuyo objetivo es que el nivel
de cero a tres años vaya cubriéndose, para que los padres --o
progenitores a y b, como empieza a decirse-- puedan realizar sus labores
profesionales al tiempo que el niño vaya adquiriendo, además de ese
cariño a la escuela --«ikastola» la llamamos nosotros--, la formación
necesaria para ir asumiendo los diversos niveles formativos.
Termino refiriéndome al último grupo de enmiendas, sobre competencias, en
concreto, respecto a la etapa de cero a seis años, que no es obligatoria,
porque en la actualidad muchas comunidades autónomas estamos haciendo el
esfuerzo de integrar a los niños de estas edades en la escuela. Así, en
el caso del País Vasco es una competencia de la comunidad y pretendemos
que no sea luego ponderada al objeto de que todo lo relacionado con las
ayudas, subvenciones, conciertos y demás elementos tenga una
participación por parte del Estado. Quisiéramos delimitar y definir
claramente cuáles son las competencias y cuál es la enseñanza
obligatoria, distinguiéndola de la preobligatoria, de la que hablaremos
posteriormente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, corresponde la defensa de las enmiendas del senador Mur,
del senador Jorquera y del senador Cuenca Cañizares.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Voy a emplear un único turno, en el que voy a exponer cuál es el objetivo
de las enmiendas que he presentado en nombre del Partido Aragonés.
Tengo que agradecer la predisposición del portavoz del Grupo Socialista,
puesto que, de siete enmiendas, nos han aceptado tres, hemos
transaccionado una y, por tanto, restan otras tres, que son las que voy a
defender a continuación, que además tienen un mismo hilo conductor.
Quizás estas enmiendas no se entienden bien en la globalidad del conjunto
del Estado, pero en Aragón concurren las circunstancias de tratarse de un
territorio amplio, despoblado y con municipios pequeños, por lo que se
encuentra una dificultad añadida para prestar el servicio educativo.
Estas enmiendas se refieren a los artículos 12, 14 y un 15 nuevo y con
ellas pretendemos que la Educación Infantil, de cero a seis años, además
de ser considerada etapa educativa, se considere también asistencial.
Sus señorías se preguntarán sobre el porqué de este concepto. Es muy
sencillo. De cero a tres años, los niños necesitan, además de un primer
contacto con la educación, también un servicio asistencial. La finalidad
está en poder prestarla sin los requisitos formales que se requieren
cuando se trata de una etapa plenamente educativa. Este objetivo es más
necesario en los pequeños núcleos rurales, donde a veces solo hay dos o
tres niños a los que prestar esta asistencia y donde no se cuenta con las
personas cualificadas, con arreglo a la normativa, de modo que no se
puede prestar esta asistencia educativa, tal y como se dice en la ley, si
no se entiende también desde una versión asistencial.
Éste es el matiz que queremos introducir mediante nuestras enmiendas, lo
que someto a la consideración de sus señorías. Les pido que las apoyen
con su voto, porque no perjudican a nadie, no perjudican al conjunto, no
perjudican a la Ley e introducen un matiz importante, que creo que puede
ser de aplicación en Aragón y en otros muchos lugares donde existe el
mismo problema de despoblación, lugares muy alejados de la capital o de
los grandes núcleos urbanos y, por tanto, donde se hace necesaria esta
manera de entender esta especificidad, insisto, para que estos niños de
cero a tres años en grupos reducidos no se queden sin asistencia
educativa por no haberse entendido la faceta asistencial.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Jorquera para defender las enmiendas números
8 a 24 y 26 a 50.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego y antes de entrar en materia,
quiero expresar que para nosotros es un motivo de esperanza, con toda la
prudencia y cautela que desde nuestro punto de vista tiene que presidir
cualquier valoración, el anuncio hecho por la organización terrorista ETA
en el día de hoy. En primer lugar, es justo empezar por expresar nuestra
consideración y nuestro reconocimiento a las víctimas del terrorismo y
apelar a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas democráticas
para, desde el respeto al Estado de Derecho, aprovechar la oportunidad
que se presta para conseguir la pacificación y normalización definitiva
de la situación política en Euskadi.
Dicho esto, quiero manifestar que el Bloque Nacionalista Galego ha
presentado 151 enmiendas al conjunto del
articulado del proyecto de ley de educación y 42 enmiendas al
preámbulo, título preliminar y título I.
Estas enmiendas son sintomáticas de que discrepamos en muchos aspectos
del proyecto de ley que se somete hoy a la discusión del Senado.
Lamentamos que una dialéctica política, condicionada por la presión
ejercida por el entorno del Partido Popular y por la jerarquía de la
Iglesia Católica, desde nuestro punto de vista haya dificultado un debate
sereno y constructivo sobre cuáles son los problemas reales que tiene la
educación española y, en virtud de este análisis, cuál debe ser la
orientación y la profundidad de las reformas para hacerles frente.
Consideramos que el proyecto de ley que se somete a la consideración de
esta Cámara es más progresista desde el punto de vista pedagógico que la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación, es un proyecto menos restrictivo
y rígido sobre lo que debe ser la educación y se caracteriza por un
centralismo menos avasallador, pero entendemos que el sustrato
fundamental de los dos modelos, el expresado por la LOE y el expresado
por la LOCE, mantienen concomitancias filosóficas fundamentales, que
justifican nuestra discrepancia en muchos aspectos.
En las enmiendas que hemos presentado tanto al preámbulo como al Título
Preliminar y al Título I se desgranan muchos de los ejes de discrepancia
que justifican las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha
presentado al conjunto del articulado. Permítanme que me detenga un
momento, sin consumir todo el tiempo que me corresponde, en la
explicación de estos ejes de discrepancia, para posteriormente, en los
sucesivos turnos de intervención, procurar ser más sintético.
En primer lugar, consideramos que no se avanza suficientemente en el
reconocimiento y en el respeto al carácter plurilingüe, pluricultural y
plurinacional del Estado español y, en consecuencia, en el respeto a las
competencias autonómicas. Consideramos también que no se hace una apuesta
lo suficientemente decidida en defensa de la enseñanza pública.
El Bloque Nacionalista Galego entiende la educación como un servicio
público y que, por tanto, debe ser prestado básicamente por los centros
dependientes de las administraciones públicas. En virtud de esta
filosofía, entendemos que el alcance de la enseñanza concertada debe ser
limitado en el tiempo y debe ajustarse además a ser un complemento de la
carencia de la educación pública en tanto ésta no se subsane. No es ésta
la orientación del proyecto de ley que se somete a la consideración de
esta Cámara, en nuestra opinión no se distingue claramente entre
enseñanza pública y privada concertada, y la enseñanza privada
concertada, en vez de ser una posibilidad, se convierte de facto en un
derecho.
Consideramos que no hace una apuesta lo suficientemente decidida por
asegurar una educación gratuita y de calidad, que es un aspecto básico.
La educación tiene una importancia fundamental para el progreso de los
países y para asegurar el bienestar cultural y material de las personas.
La gran apuesta estratégica que tiene que hacer el Estado español para su
desarrollo futuro deben ser las políticas de educación, las políticas de
conocimiento y no las políticas de cemento, y pensamos que esta apuesta
no es suficientemente ambiciosa en el texto de este proyecto de ley.
Por último, desgranando los grandes ejes que motivan muestras
discrepancias con este proyecto de ley, entendemos que el mismo sigue sin
resolver una de las grandes asignaturas pendientes del Estado español:
que el carácter aconfesional del Estado no sea meramente declarativo, que
no sea un brindis al sol y que tenga efectos prácticos y, en congruencia,
la defensa del carácter laico de la educación.
Partiendo de estos ejes, voy a desgranar algunas de las enmiendas
presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a los apartados que nos
ocupan y que afectan a estos enunciados.
En primer lugar, en mi opinión, no se avanza suficientemente en el
reconocimiento y en el respeto al carácter plurilingüe, pluricultural y
plurinacional del Estado español, en el respeto al carácter plural del
Estado español, si prefieren que lo exprese así y, por tanto, en el
respeto a las competencias autonómicas. Desde nuestro punto de vista, el
modelo educativo debe estar inspirado en los valores contenidos en la
Constitución, pero también en los contenidos en los estatutos de
autonomía. La concertación de políticas educativas no debe conllevar que
las comunidades autónomas no puedan desarrollar sus propios sistemas
educativos y, en congruencia, uno de los principios que debe orientar el
modelo educativo debe ser su adecuación a la realidad plurinacional del
Estado español. En consecuencia, las comunidades autónomas deben poder
hacer una planificación escolar claramente insertada en su realidad
social, cultural y económica. Asimismo, pensamos que se debe plasmar como
uno de los fines del sistema educativo la educación en el respeto a la
pluralidad del Estado español, en el respeto a la pluralidad de lenguas,
en el respeto a la pluralidad de culturas.
Dicho esto, hay que hacer un deslinde más claro entre las competencias
compartidas entre el Estado central y las comunidades autónomas y las
competencias exclusivas de éstas. La fijación de los objetivos, de las
competencias básicas y de los criterios de evaluación, así como la
definición de las características de las pruebas de acceso a la
universidad y los requisitos para la solicitud de plaza en una facultad,
debe hacerse de común acuerdo con las comunidades autónomas, no basta con
que sean consultadas. Al mismo tiempo, debe asegurarse que las
comunidades autónomas puedan decidir si pruebas realizadas en otras
comunidades se adaptan a su sistema universitario.
Es necesaria, por otra parte, una mayor flexibilidad para que las
distintas administraciones educativas puedan organizar sus currículos y
en lo que afecta a la formación profesional puedan adaptar el mapa de
cualificaciones a su realidad sociolaboral. Debe transferirse, asimismo,
la formación continua, asegurando de esta manera la integración de los
tres subsistemas que comprende la formación profesional en un sistema
integrado de formación profesional.
El Bloque Nacionalista Galego considera que hay que hacer una decidida
apuesta por la enseñanza pública --y éste es otro de nuestros grandes
ejes de discrepancia--.
En este sentido, como expresamos en nuestra
enmienda número 9, entendemos que la red de centros de titularidad
pública y la red de centros concertados no deben estar situados al mismo
nivel; la red de centros concentrados debe cumplir una función única y
exclusivamente complementaria de la red de centros de titularidad
pública, que es por la que las administraciones educativas tienen que
apostar .
Del mismo modo, entendemos que debe plasmarse como una responsabilidad de
las administraciones públicas el garantizar una oferta suficiente de
plazas en el primer ciclo de la Educación Infantil, y abogamos por que no
se extienda la enseñanza concertada a enseñanzas no obligatorias.
Consideramos que la educación infantil debe impartirse única y
exclusivamente en los centros de la red pública, así como los programas
de cualificación profesional y las enseñanzas de personas adultas,
El Bloque Nacionalista Galego apuesta decididamente por que el segundo
ciclo de Educación Infantil pase a formar parte de la enseñanza
obligatoria, cuestión que también plasmamos en nuestras enmiendas.
Finalmente, hay una serie de enmiendas que pretenden enfatizar la
importancia, que tiene que conseguir una enseñanza gratuita y de
calidad.
Creo que el texto debe recoger un compromiso expreso en el sentido de que
la gratuidad efectiva de la enseñanza tiene que extenderse también a los
libros de texto, al material escolar, al transporte, al comedor escolar y
a las actividades extraescolares porque todos estos elementos son
fundamentales para impartir una enseñanza universal y de calidad.
Desde nuestro punto de vista, se deben contemplar mejoras en la dotación
de las plantillas de profesores, en la reducción del número de alumnos
por aula, en los refuerzos de las tutorías y en la dotación de
orientadores y profesores de apoyo, que forman parte de las medidas
necesarias para avanzar en el camino hacia una enseñanza de mayor
calidad. Por ello, es necesario establecer claramente ratios más
ambiciosas; así, por lo que afecta a la Educación Infantil, el Bloque
Nacionalista Galego apuesta por una ratio de 6 alumnos, como máximo, en
el primer ciclo, para alumnos menores de un año; por una ratio de 10
alumnos como máximo, para alumnos de un año; y por una ratio de 12
alumnos como máximo, para alumnos de dos años. Por lo que respecta al
segundo ciclo de Educación Infantil, de quince alumnos como máximo o doce
si son de distintas edades; y, en el caso de la ESO, de 20 alumnos como
máximo.
Para finalizar esta intervención, me gustaría señalar que el Bloque
Nacionalista Galego apuesta claramente por un modelo de enseñanza laico.
Defendemos con plena convicción que el estudio de la religión en el
sistema educativo tiene que abordarse desde el punto de vista histórico y
cultural. No puede formarse correctamente a ningún alumno ignorando la
importancia que han tenido las diferentes religiones en la conformación
de las distintas sociedades; sería imposible entender la historia de
Europa, por ejemplo, y sería imposible entender su arte si prescindimos
del hecho religioso. Sin embargo, no es función del sistema educativo la
educación de los alumnos en una creencia determinada.
Desde nuestro punto de vista, la enseñanza religiosa no debe formar parte
del currículo escolar, ni siquiera como asignatura optativa y, por lo
tanto, debe procederse a la revisión del Concordato con la Iglesia
Católica para hacerlo posible.
La función de la Educación es educar a las personas con el fin de que
tengan la capacidad de formarse un criterio propio sobre las cosas y, por
lo tanto, es necesario que dispongan de un conocimiento integrado y
global de la realidad. Eso significa educar en el respeto a todas las
creencias religiosas y no en una determinada creencia. Esto último debe
formar parte del ámbito privado y debe ser objeto de atención por parte
de las familias que sean religiosas y quieran educar a sus hijos en unas
determinadas creencias y por parte de las propias confesiones
religiosas.
El Bloque Nacionalista Galego defiende esta postura porque ésta es su
filosofía sobre lo que debe ser un sistema educativo. Apostamos
claramente por la enseñanza laica y apostamos claramente por que la
afirmación de que el Estado español es aconfesional sea un hecho y no un
simple brindis al sol; pero es que, además, si somos conscientes de que
la sociedad es cada vez más plural desde el punto de vista étnico y
religioso, la incorporación de la enseñanza religiosa así entendida puede
plantear en el futuro graves problemas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares, del Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Izquierda Unida ha presentado 102 enmiendas al proyecto de ley, lo que
pone de manifiesto el elevado nivel de discrepancia que todavía tenemos
con el partido en el Gobierno y con la propuesta que en este momento
estamos debatiendo.
En concreto, Izquierda Unida ha presentado 32 enmiendas a este apartado
porque siempre ha defendido que la educación pública debe ser una
prioridad política, ya que contribuye de manera especial a una mayor
cohesión social y a la formación de personas más libres e iguales.
Señorías, el servicio público educativo es, en efecto, el único capaz de
garantizar una educación de calidad para todos y todas, en condiciones de
igualdad, porque la educación pública acoge a todos, sean cuales sean sus
características personales, sociales o culturales. Los centros educativos
de carácter público constituyen un espacio de convivencia y respeto para
la diversidad, un espacio donde se compensan las desigualdades sociales y
se atiende a todos por igual, sin exclusiones ni discriminación alguna.
Por eso, apostamos por la educación pública con todas sus
características: científica, laica, coeducativa, participativa,
democrática, ligada a su entorno, pluralista e, incluso, orientada hacia
la información integral, a la autonomía personal y al desarrollo del
espíritu crítico. Por ello y para
ello se requiere una financiación suficiente, que proporcione buena
formación y mejores condiciones laborales a sus profesionales, así
como centros educativos bien equipados y abiertos a su entorno y a
la participación de la comunidad educativa y vecinal.
Señorías, con estos dos elementos que acabo de comentar, condensamos
nuestro discurso en torno a lo que debe ser la ley que estamos
discutiendo. Sin embargo, no podemos pasar por alto que ha habido
elementos o acontecimientos en la tramitación de la propia ley que, de
alguna forma, han hecho que hoy nos encontremos en una posición muy
distante, y así lo haremos constar con nuestro voto, respecto a lo que
plantea en este caso concreto el Gobierno y el partido que lo sustenta.
En este apartado hemos planteado un conjunto de enmiendas, cuyo elemento
fundamental es destacar todo lo que tiene que ver con el derecho a la
educación como servicio público, que tiene que ser garantizado a través
de una red de centros de titularidad pública. Por lo tanto, a nosotros
nos resulta poco adecuado hablar del carácter complementario de ambas
redes, ya que para nosotros es claro que le corresponde a la red pública
desempeñar el papel vertebrador del sistema.
En la enmienda número 414 señalamos que la educación no debe estar al
servicio de la economía más competitiva ni de un crecimiento económico
sostenido. En la enmienda número 415 pretendemos que la Educación
Infantil recupere el carácter estrictamente educativo que le asignó la
LOGSE, sin retroceder, como se pretendió en la LOCE, a una concepción
preescolar más propia de las guarderías aparcamiento de antaño. Por lo
tanto, señorías, pretendemos evitar el carácter asistencial de la
Educación Infantil.
La enmienda número 416 recoge nuestra intención de que en el segundo
ciclo se contemple la posibilidad de convenios de financiación y no de
conciertos. Por otra parte, pretendemos adecuar las enmiendas números 417
y 418 al contenido de lo que planteamos en nuestras enmiendas a los
artículo 34 y 38. Entendemos que para acceder a la universidad sólo debe
requerirse estar en posesión del título de bachiller, que es el que
acredita la formación necesaria y, solo en caso de que en determinados
estudios superiores exista un problema de oferta y demanda, tendría
sentido plantear circunstancialmente algún procedimiento selectivo
complementario.
La enmienda número 419 pretende que en la escolarización del alumnado con
más necesidades de apoyo educativo prime, ante todo, la idoneidad del
centro en relación con las características del alumno. En ningún caso
debe transmitirse la idea de que la escolarización de estos alumnos debe
responder a un criterio de mero reparto entre los centros públicos y
privados concertados. Queremos precisar la redacción, mencionando
explícitamente: centros sostenidos con fondos públicos.
En la enmienda número 420 señalamos que los conciertos solo deben cumplir
etapas obligatorias. Por lo tanto, no los contemplamos en la Educación
Infantil.
En la enmienda número 421 apostamos por un modelo de elección del
director o directora por parte del consejo escolar, dejando claro que
pretendemos la elección y no la selección.
La enmienda número 422 pretende enfatizar el papel de la escuela pública
como eje vertebrador del sistema educativo y añadir un nuevo principio.
La enmienda número 423 aborda el reconocimiento de la diversidad
afectivo-sexual.
En la enmienda número 424 pretendemos la previsión de una regulación
específica para las enseñanzas artísticas.
En la enmienda número 425 tratamos de proteger la labor educativa.
Queremos recuperar el punto que figuraba en el anteproyecto de ley,
relativo a evitar que la labor educativa que se realiza desde la escuela
se pueda ver contrarrestada desde determinados mass-media, mediante la
difusión de valores y conductas claramente opuestos a los transmitidos en
las aulas.
En la enmienda número 426 pretendemos cambiar la palabra «promoverán» por
«garantizarán». Las administraciones públicas, señorías, tienen la
obligación de garantizar plazas públicas suficientes en las distintas
etapas educativas, para asegurar el ejercicio del derecho a la educación
de todos los niños y niñas.
Con la enmienda número 427 pretendemos asegurar la satisfacción de la
demanda desde los centros públicos. En el segundo ciclo proponemos
convenios, como hemos dicho anteriormente, y no conciertos.
En la enmienda número 428, para la que solicitamos votación separada,
planteamos que la atención a la diversidad, que compartimos, debe
garantizarse con la detección temprana de dichas dificultades. Por tanto,
incluimos una referencia a la atención psicopedagógica y la orientación
educativa.
En la enmienda número 429 proponemos añadir que las medidas de refuerzo
se adopten al detectar la dificultad, sin tener que esperar al fracaso
escolar.
Con la enmienda número 430, para la que también solicitamos votación
separada, planteamos cambiar el carácter de las pruebas de diagnóstico,
es decir, señorías, evitar el ranking que se ha hecho en la Comunidad de
Madrid y que ha sido tan criticado por toda la comunidad educativa e,
incluso, por el Partido Socialista. Se pretende es evitar que lo que
hacen algunos consejeros del Partido Popular en determinadas comunidades
se eleve ahora a rango de ley por esta vía.
En la enmienda número 431 advertimos de un error. El artículo 20.5 del
texto remitido a la Cámara se ha duplicado por error, incluyéndolo
también como parte del artículo 22.5. Por tanto, señorías, al menos
deberían corregir esto para no repetir el mismo texto tanto en el
artículo 20.5 como en el artículo 22.5.
La enmienda número 433 se refiere a la organización de la Educación
Secundaria. Creemos que una ley orgánica no debe entrar a detallar las
materias a impartir en cada curso, sino establecer una arquitectura
global que debe ser objeto de un desarrollo posterior. Por otra parte, en
la misma enmienda planteamos el carácter orientador del cuarto curso, que
no debe dar pie a un establecimiento de itinerarios encubiertos, sino
estar al servicio de la demandas del alumnado de cada centro y de su
elección sobre opciones posteriores.
La enmienda número 435 se refiere a los planes de actuación para dar
mayor nivel de concreción a las medidas de atención a la diversidad en la
Educación Secundaria Obligatoria.
Con la enmienda número 436, al artículo 28, sobre evaluación, promoción y
titulación, pretendemos evitar hablar de repeticiones de curso, por lo
que cuando se decida que un alumno permanezca un año mas en el mismo
nivel educativo, ante todo hay que asegurar que esa medida le permita
superar las dificultades detectadas y no se limite a hacer más de lo
mismo. Debería propiciarse un sistema de recuperación centrado en
reforzar los contenidos no adquiridos en las áreas o materias evaluadas
negativamente, que no obligue a repetir lo aprobado.
En la enmienda número 437 al artículo 29, tratamos de evitar el ranking
en Educación Secundaria igual que lo hacemos en primaria.
Con la enmienda número 438, al artículo 30.6, tratamos de garantizar una
oferta pública de programas de cualificación profesional.
Por otro lado, en la enmienda número 439 solicitamos la vuelta a la
redacción del artículo 22.3 de la LOGSE.
En la enmienda número 440 al artículo 34, que se refiere a la
organización del bachillerato, también solicitamos volver al texto del
artículo 27.3 de la LOGSE, tanto para el punto uno como para el punto
seis.
La enmienda número 441 se refiere a la compensación curricular para el
título.
La número 442 habla del acceso a la universidad, para lo que sólo debe
requerirse estar en posesión del título de bachiller.
La número 444 trata de asegurar el incremento de las plazas públicas en
ciclos de formación profesional. Con eso evitaríamos el desánimo de
muchos jóvenes que pretenden realizar sus estudios en este ámbito y que
se quedan fuera todos los años por no tener plazas.
Las enmiendas números 445 y 446 se refieren a los estudios superiores de
música, danza y arte dramático.
Y por último, la enmienda número 447 se refiere a todo lo relacionado con
las escuelas oficiales de idiomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, vamos a debatir las enmiendas números 556, 562 a 565, 567
y 568 de Coalición Canaria.
Para su defensa tiene la palabra el senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado 17 enmiendas a este bloque. Una de ellas al preámbulo
del proyecto de ley porque pretendemos considerar la educación como un
servicio público y darle a la escuela pública carácter prioritario,
puesto que este servicio está destinado a toda la sociedad y
especialmente a las personas más desfavorecidas, evitando su utilización
para intereses mercantilistas.
Al Título Preliminar hemos presentado tres enmiendas, de las cuales dos
pretenden dar al segundo ciclo de la Educación Infantil, que en el
proyecto de ley es voluntario y gratuito, carácter obligatorio, puesto
que la Educación Infantil, en aquellas localidades donde ya está
consolidada, como ocurre en la Comunidad canaria, ha confirmado su
carácter compensador al reducir las desigualdades de origen
sociocultural. Además, ayudará a que las familias comprendan que esta
etapa es igual de importante que el resto y a que las administraciones la
potencien como elemento preventivo del fracaso escolar.
La enmienda número 564 pretende dotar a los centros de la autonomía
necesaria para reorganizar y reordenar el currículum para adaptar sus
planes a la diversidad del alumnado.
Por su parte, la enmienda número 565, igual que las dos anteriormente
mencionadas, se refiere a la obligatoriedad de la Educación Infantil.
La enmienda número 567 está encaminada a que la tutoría personal de los
alumnos constituya un elemento fundamental de esa etapa.
Con la enmienda número 568 se quiere desvincular el horario de los
alumnos que necesiten apoyos complementarios del horario lectivo del
profesor.
Asimismo, queremos incluir la informática como materia importante en los
primeros cursos de la ESO. Su inclusión obedece a la importancia de esta
disciplina, reconocida por múltiples instancias nacionales e
internacionales.
Con la enmienda número 575 queremos suprimir la evaluación de diagnóstico
en el segundo curso de la ESO, pues entendemos que someter al alumnado de
tan corta edad a este tipo de pruebas es totalmente antipedagógico y que
en nada beneficia al proceso educativo de los niños y de las niñas y,
además, puede suponer una discriminación hacia los centros que tengan
alumnos socialmente desfavorecidos, contribuyendo más que a la calidad de
la enseñanza al desprestigio de algunos centros.
Por último, con la enmienda número 578 pretendemos atender a quienes por
cargas familiares y otras razones no pueden acudir a la escolarización en
régimen ordinario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra la senadora Aleixandre para defender las
enmiendas de su grupo parlamentario.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Sólo vamos a defender nueve enmiendas presentadas al Título Preliminar y
al Título I. En ellas proponemos, en la misma línea que presentamos en el
Congreso y en la misma línea que siempre hemos actuado, abundar en la
garantía del derecho de los padres para elegir centro docente. Así lo
reflejamos en la enmienda número 685 pidiendo a las administraciones
públicas que promuevan el incremento progresivo de las plazas de
Educación Primaria y Bachillerato tanto en centros públicos como
concertados. Esta enmienda ha sido transaccionada con algunos grupos. (El
señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
Otro grupo de enmiendas tiene por objeto promover la educación vial en
distintos momentos de la vida educativa. Aunque ya haya sido aprobada por
todos su inclusión en la
Educación Primaria, creemos que también debe
continuarse a lo largo de los distintos ciclos, y así lo recogemos en la
enmienda número 683 para el tercer ciclo, y en la enmienda número 688
para la formación profesional. Quizá en el tercer ciclo y en la Formación
Profesional la educación vial diese sus frutos.
A través de la enmienda número 684 intentamos recuperar la atención a la
diversidad proponiendo una nueva redacción del artículo 22, apartado 5,
ya que creemos que este apartado es un error y supone una repetición del
apartado 5 del artículo 20. De mantener el redactado actual los apartados
siguientes del artículo 22 quedarán sin sentido.
Hemos presentado también una serie de enmiendas de carácter competencial.
Así, en la enmienda número 680 pedimos la declaración de no básicos de
una serie de cuestiones, modificando los apartados 1 y 2 del artículo 6,
ya que las competencias básicas no forman parte del currículum, sino que
se obtienen al seguir el currículum.
Mediante la enmienda número 686 modificamos modificar el apartado 3 del
artículo 34 porque esta disposición puede tener carácter
inconstitucional, ya que corresponde a las comunidades autónomas
establecer la estructura de las modalidades, las materias específicas de
cada modalidad y el número de materias que deben cursar los alumnos. Por
tanto, no debe tener carácter básico. Les recuerdo a sus señorías que si
una norma es de carácter básico está por encima de cualquier otra que
dicten las comunidades autónomas. De modo que, cuando le pedimos al
Gobierno que quite el carácter básico de una serie de artículos,
pretendemos que dichos artículos no puedan situarse sobre las
atribuciones que tienen las comunidades autónomas.
En la enmienda 687 pedimos que se supriman los apartados 4, 5, 7 y 8 del
artículo 34, exactamente por el mismo motivo: el carácter básico de estos
apartados. En la misma línea y por medio de la enmienda 690, pedimos que
se supriman los apartados 3 y 4 del artículo 45, ya que, si bien el
Estado puede crear los órganos de asesoramiento, consulta y participación
que quiera, la inclusión de dichos órganos en esta ley general hace que
sus funciones invadan las competencias de las comunidades autónomas. Por
eso pedimos su supresión. Si los órganos no estuvieran en esta ley, las
comunidades autónomas podrían desempeñar mejor su trabajo, puesto que las
competencias son suyas.
Por último, en la enmienda 689 pedimos una nueva redacción para el
apartado 3 del artículo 45. Proponemos que las enseñanzas artísticas
superiores y su evaluación se realice en el marco europeo, con la
participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas o, en su
caso, con la del Consejo de Coordinación Universitaria, en caso de que
estas enseñanzas pasen a tener rango universitario. El Estado debe
limitar, definir y evaluar lo que le corresponda sin entrar --volvemos a
lo mismo-- en las competencias de las comunidades autónomas.
Votaremos a favor de las enmiendas presentadas por el Partido
Nacionalista Vasco y de algunas del Grupo Parlamentario Mixto, porque van
en el mismo sentido: en contra de la vuelta al Congreso de algunas
cuestiones aprobadas en Comisión y pactadas con el PP, y no con nosotros.
Por otro lado, votaremos en contra de algunas enmiendas de Coalición
Canaria, del Grupo Parlamentario Mixto --del senador Mur-- y de Entesa
Catalana de Progrés.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Igual que la senadora Nuria Aleixandre, seremos breves en la defensa de
nuestras enmiendas, porque ya se han debatido en Comisión. Mantendremos
la misma postura, tanto en lo que se refiere a este como al resto de los
grupos de enmiendas.
Hemos presentado en estos títulos seis enmiendas. Pedimos respeto a la
distribución territorial. A nuestro modo de ver, no se respeta en el
proyecto de ley el carácter pluricultural y plurilingüe del sistema
educativo, razón por la que pretendemos introducir una modificación.
Hemos presentado dos enmiendas al currículo. En concreto, a los
contenidos de las enseñanzas mínimas, que no deben requerir más del 55
por ciento de los horarios escolares, ni más del 65 por ciento para
aquellos que no lo tengan. La justificación es que los contenidos deben
permanecer en el ámbito de las capacidades básicas que ha conformado el
Espacio Europeo de Educación. La ley no debe transgredir el consenso
europeo.
Otra enmienda al currículo se refiere a la extralimitación competencial
del Estado con la excusa de la cooperación internacional. No nos parece
de recibo que el Gobierno estatal trate de acaparar las competencias
exclusivas de la Administración autonómica.
Otra de nuestras enmiendas se refiere a la cooperación territorial. Nos
parece que el Estado no tiene competencias para obligar a las comunidades
autónomas a participar en los programas de cooperación internacional. La
participación en estos programas debe quedar en manos de las comunidades
autónomas, y no debe imponerla el Estado.
Por último, hemos presentado dos enmiendas al alcance exagerado, a
nuestro entender, de la participación del Estado en los criterios
básicos. El Gobierno estatal, en contra de la regla, provoca un auténtico
vaciamiento de las competencias de las comunidades autónomas.
Todas las hemos defendido en Comisión, y esperamos que puedan contar con
el respaldo de los demás grupos.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra la senador Baig.
La señora BAIG I TORRAS: «Moltes gràcies, president».
La primera de nuestras enmiendas a estos títulos es la número 755 al
artículo 14.2, y pretende resaltar la importancia
que nos gustaría que diese la ley al carácter educativo del primer y
segundo ciclo de Educación Infantil.
La enmienda número 760, al artículo 15.1, sustituye «Las Administraciones
públicas» por «Las Administraciones educativas...» Nos parece muy
importante que quede explícitamente indicado quién ha de promover la
creación de plazas. Igual que se indica en otros tramos de la ley, han de
ser las administraciones educativas y no las públicas, ya que estas
últimas incluyen todas las administraciones, también las corporaciones
locales. Por eso hay una contradicción en el redactado de este artículo,
cuando se refiere a las políticas de cooperación entre administraciones
públicas, y sin embargo se dice que sean ellas las que determinen las
condiciones para establecer convenios con corporaciones locales. Por
tanto, si son las administraciones públicas las que definen las políticas
de cooperación, cómo van a determinar las condiciones para establecer
estos convenios. Nos parece una enmienda a adecuar, aunque también tiene
sentido para dejar bien claro quién es el responsable de promocionar la
creación de plazas.
En la enmienda número 765, al artículo 19.1, compartimos la atención a la
diversidad, en la que ponemos especial énfasis, pero nos gustaría poder
añadir que son las administraciones educativas las que garantizarán, en
esta etapa, la atención psicopedagógica y la orientación educativa. La
detección temprana, sí, pero hay que poner los recursos al lado.
La enmienda número 767, al artículo 20.5, añade al final «De esta etapa
con la Educación Secundaria Obligatoria», para remarcar después que el
paso de primaria a secundaria, que en muchas ocasiones coincide también
con un cambio de centro, pueda ir acompañado del trabajo coordinado de
los respectivos centros, los de primaria y los de secundaria, así como de
los profesores.
La enmienda número 768 es al artículo 21, y es de modificación de la
forma de hacer la evaluación en primaria. Nos parece más importante poder
hacer una evaluación de funcionamiento del sistema educativo, y no del
propio alumno, que después pueda dar pie a comparar los diferentes
centros.
La enmienda número 777 la retiramos, a favor de la enmienda número 632,
del Grupo Parlamentario Socialista, porque nos parece que persiguen un
mismo objetivo.
En cuanto a la enmienda número 782, al artículo 36, apartado 1, propone
un redactado para la evaluación del Bachillerato, en el sentido de que el
aprendizaje de los alumnos sea continuo y diferenciado según las
distintas materias. Nuestra aportación a este artículo se debe a que el
proyecto establece una opción demasiado rígida sobre la evaluación del
aprendizaje. Nos parecería mejor que una ley orgánica no cerrara el
modelo de esta manera, sino que permitiera que la normativa reglamentaria
concretara el modelo. Nosotros optaríamos por un modelo determinado, que
sería el de la evaluación colegiada, que es el mismo que se establece
para la Educación Secundaria Obligatoria en el artículo 28 del proyecto.
Pero, a pesar de todo, nos parece que nuestro redactado permite otras
opciones, mientras que el redactado actual deja cerrada esta
posibilidad.
En este apartado defendemos la vuelta al texto del Congreso en la parte
correspondiente del preámbulo. Consideramos que es algo obvio, ya que el
preámbulo ha de dar respuesta siempre al contenido de una ley, y el
preámbulo que aparece en el dictamen de la comisión no refleja el
contenido del articulado. También pedimos la vuelta al Congreso de los
Diputados de los apartados 1 y 2 del artículo 15 dado que nos parece que
en estos momentos debemos dar prioridad a la creación de plazas
escolares.
En el Parlamento de Cataluña se aprobó por unanimidad una ley por la que
se creaban 30.000 plazas públicas a lo largo de cuatro años para niños de
cero a tres años. Esto se consiguió a partir de una iniciativa
legislativa popular. Sólo dos años después ya hemos cumplimiento el
objetivo, y por eso consideramos que debemos dar prioridad en estos
momentos a las plazas públicas, aún insuficientes, antes que a las
concertadas.
También solicitamos la vuelta al texto del Congreso del artículo 18.3 ya
que en él se suprime la educación primaria para la ciudadanía.
Personalmente he defendido en varias ocasiones que la transversalidad de
valores no debe referirse a una asignatura concreta sino a todas las
materias que existen dentro de la educación primaria, pero visto los
resultados, es decir, visto que hay pocas escuelas y pocos profesores que
incluyen en su proyecto pedagógico esta transversalidad, nosotros nos
apuntamos a que exista en estos momentos la posibilidad de que se
impartiera Educación para la Ciudadanía en educación primaria como una
materia más, y que ese trabajo sea continuado, objetivo y se tenga en
cuenta en todos los centros educativos de educación primaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en este debate agrupado del Preámbulo, del Título Preliminar y
del Título I, debo centrarme en primer lugar en solicitar respetuosamente
el apoyo de todos los senadores y senadoras al voto particular para que
el Preámbulo vuelva al texto enviado por el Congreso de los Diputados.
El actual Preámbulo, que fue aprobado en comisión con los votos
favorables del Grupo Parlamentario Popular y la abstención de algún
grupo, responde al texto troceado que el Grupo Parlamentario Popular
había hecho de la enmienda a la totalidad en el Congreso de los
Diputados. Por tanto, según el tenor literal actual del dictamen de la
comisión, el Preámbulo no tiene nada que ver con el articulado, es decir,
hay una total incoherencia. En él se narran cosas que nadie encontrará
después y se produce un desajuste que sólo se puede solucionar de dos
formas: aceptando que se cambie el Preámbulo o cambiando todo el
articulado. Entre estas dos fórmulas me imagino que el Grupo
Parlamentario Popular se inclinará más por la segunda, la de
cambiar todo el articulado, pero eso también requiere un gran trabajo.
En cualquier caso, creo que hacer el preámbulo de una ley por un lado y
por otro el articulado podría ser motivo de un pacto de Estado --si se me
permite que lo diga así-- para poder decir, por ejemplo: Esta ley es
fantástica. El preámbulo lo ha hecho un partido y el articulado lo han
hecho otros partidos diferentes. Pues bien, señorías, me parece que esta
fórmula no tiene demasiados precedentes en Derecho Comparado. Por tanto,
solicito humildemente que apoyen ustedes la retirada del Preámbulo y su
vuelta al texto del Congreso de los Diputados.
Y llamo ahora la atención de los servicios jurídicos de la Cámara. En
caso de que tuviésemos la fortuna de que se aprobase el voto particular,
deberían incorporarse las transaccionales aprobadas en comisión referidas
a los párrafos 24 y 55, que provienen de la 735 de Entesa y la número 557
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, enmiendas que habían
decaído en el texto del actual articulado. Estas transaccionales habían
sido aprobadas en comisión, pero si se hubiera introducido se habría
provocado una incoherencia mayor y supongo que por eso no se hizo.
En cuanto al Título I, hay unos votos particulares que tienen un cierto
sentido común. Se ha aprobado un cambio en los apartados 1 y 2 del
artículo 15 con una transaccional que el Grupo Popular y el de CiU han
impulsado, aunque creo que tiene cierta dificultad. La transaccional dice
que las administraciones públicas promoverán la oferta de plazas de
primer ciclo de infantil en centros públicos y concertados. Que la
administración pública promueva la oferta de plazas en una etapa que no
es gratuita, como el primer ciclo de infantil, es un poco contradictorio,
porque promovería plazas que paga el ciudadano que lleva a su niño a ese
colegio. No parece que sea misión de las administraciones públicas buscar
alumnos para etapas que son privadas y no concertadas, porque lo que se
concierta es el segundo ciclo de la infantil. Creemos que la redacción no
es la ideal porque no parece sensato dar a las administraciones públicas
esa labor que, en última instancia, corresponde a los empresarios
privados, que son los que abren colegios donde se imparte el primer ciclo
de infantil, de 0 a 2 años, y han de buscar clientes a los que van a
cobrar ese servicio; por el contrario, de acuerdo con esta ley, sí
tendría coherencia que lo hiciera en la etapa gratuita, en el segundo
ciclo de infantil.
El tercer voto particular que propone la vuelta al texto del Congreso
guarda relación con el artículo 18.3. Sólo con los votos del Grupo
Popular se aprobó la enmienda 25 del senador Jorquera, formulada al
artículo 18.3, y es la que ha producido esas incoherencias tan típicas
del proceso legislativo. Leyendo el texto del dictamen el señor Jorquera
puede ver que en su enmienda, aprobada sólo con los votos del Partido
Popular, se ha eliminado en primaria «la Educación para la Ciudadanía»
pero no «los derechos humanos», con lo cual el texto del artículo 18.3
mantiene una materia que se llama «de los derechos humanos» pero no «de
la educación para la ciudadanía». Usted redactó su enmienda señalando que
en el tercer renglón del citado artículo debería eliminarse «Educación
para la Ciudadanía», dejando fuera «los derechos humanos». Por tanto,
ahora nos encontramos con una materia de derechos humanos a la que hemos
quitado la Educación para la Ciudadanía. Señor Jorquera, su intención era
buena pero el resultado ha sido catastrófico. Por tanto, pido la vuelta
al texto del Congreso.
Además, de verdad que no comprendo el temor a un área de educación para
la ciudadanía y los derechos humanos, que es una competencia clave y
necesaria, como ha señalado repetidamente la Unión Europea, a la hora de
preparar a las personas para participar de manera eficaz y constructiva
en la vida social y profesional, así como para participar plenamente en
la vida cívica. Requiere el aprendizaje de los valores democráticos y
conocer los fundamentos y los modos de organización del Estado
democrático; asimismo, comporta el desarrollo de valores para una
convivencia libre y democrática y, en definitiva, la educación de
individuos comprometidos con los derechos humanos y los valores
constitucionales. No cabe hablar de adoctrinamiento en el sentido
perverso de la palabra porque no se apoya en creencias ni se imparte por
un profesorado buscado ex profeso. Cuando anuncio que en un centro
privado concentrado ha de darse esa asignatura, los titulares de los
centros dicen que va a ser adoctrinamiento. ¡Pero si van a poner ustedes
al profesor que quieran para dar la asignatura! ¿Cómo va a ser
adoctrinamiento? ¿O es que el profesor que imparte la materia de
educación para la ciudadanía va a tener un currículo distinto?
Como apoyo de valor del debate que estoy sosteniendo, voy a hacer
referencia a la reunión que mantuvo el ministerio con una serie de
colectivos para estudiar el contenido del decreto que desarrollaría la
asignatura Educación para la Ciudadanía, a la que asistieron FERE-CECA,
la Federación de Religiosos de la Enseñanza, el Movimiento de Renovación
Pedagógica, la Asociación de Profesores Universitarios, Oxfam, la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Asociación Pro Derechos
Humanos, la Asociación para la Paz, el Proyecto Atlántida, un grupo de
trabajo de educación en valores de la Universidad de Barcelona, el
Instituto de la Mujer, el Consejo de la Juventud, etcétera, y tengo la
cita de Europa Press. Dice así: «El presidente de la Federación Española
de Religiosos de la Enseñanza --no cojo la cita de Juan Pallés, del
Movimiento de Renovación Pedagógica para que nadie diga nada, sino de don
Manuel de Castro-- calificó la reunión de positiva (...) y agregó --y
quiero que conste en el ææDiario de SesionesÆÆ-- que la asignatura --dice
Manuel de Castro, de la Federación Española de Religiosos de la
Enseñanza-- en vez de convertirse en un peligro, se puede convertir en
una oportunidad, ya que defiende una serie de valores ciudadanos con los
que estamos todos de acuerdo. De este modo, estimó ææque se podría
convertir en una asignatura de interés educativo para todosÆÆ.»
Sigue De Castro: «Todo lo planteado en la reunión en ningún momento va en
contra de los contenidos de la asignatura de Religión ni de los valores
de los proyectos educativos de los centros católicos», y descartó que el
Gobierno tenga intención de «adoctrinar en algún sentido» con esta
asignatura.
El señor Abejón me hace gestos. Debo decirle que he comprobado si don
Manuel de Castro, en representación de la Federación Española de
Religiosos de la Enseñanza, está en el listado de afiliados al Partido
Socialista y le aseguro firmemente que no y dudo que a cualquier partido
de la izquierda de este país. Sencillamente ha hablado con sentido
común.
En un modelo educativo como el nuestro no es posible hacer hoy en día una
asignatura pensando que es un adoctrinamiento. ¿Quién daría esa
asignatura? Los profesores del centro. Y a los profesores del centro, en
la libertad de cátedra, ¿quién los controla? ¿La Administración? ¿Usted,
en las comunidades que gobierna, puede asegurar que esta asignatura se
dará como quiera el Partido Popular? ¡Vamos hombre, eso no se le ocurre
--como dicen por mi tierra-- ni al que asó la manteca! La Educación para
la Ciudadanía son valores democráticos, son los valores de la Revolución
Francesa, de la Ilustración, son los valores que han integrado el modelo
de ciudadanía que nos ha traído hasta aquí. Es verdad que la religión
católica también ha metido valores dentro de ese modelo occidental, pero
no me niegue usted que la Educación para la Ciudadanía y los derechos
humanos es la raíz del modelo europeo que hemos construido en la
Ilustración, desde el principio del siglo XVII al siglo XVIII, toda la
Ilustración está plasmada de esa laicidad, de esos derechos humanos, de
esos valores. Por tanto, les pido de verdad un respaldo, no hagamos sólo
titulares de periódico. En esta Cámara ya no vale el titular de
periódico, en esta Cámara tenemos que educar a los chicos y chicas que
están en el colegio y la Educación para la Ciudadanía debe ser
transversal, como el señor Jorquera decía, por supuesto, y ahora estamos
en una materia que creo que va a ayudar a resolver problemas.
La mayoría de las restantes enmiendas son de carácter técnico, las cuales
no tuve la fortuna de conseguir que sus señorías, miembros de la Comisión
de Educación, me apoyaran, con gran desolación por mi parte. Hablo de
párrafos repetidos en los que veía que perdía la votación y yo me volvía
y decía: Señorías, es que está dos veces el mismo párrafo con las mismas
letras. Pero perdía la votación. Yo me decía: No estoy capacitado para
ser parlamentario a pesar de que llevo veintitantos años dedicado a esta
labor. ¡Qué penuria por mi parte no convencer a sus señorías! Espero que
hoy tenga mejor suerte y que las enmiendas de carácter técnico se puedan
resolver.
Enmienda de carácter técnico. Hubo un error informático en el Congreso de
los Diputados: la enmienda socialista número 629 se hace al artículo
22.5, que es idéntico, palabra por palabra, con el artículo 20.5; esa
repetición se debió, repito, a un error en el Congreso que eliminó de
esta manera el texto que sí debía ir en el 22.5 según el texto original.
Señorías, por favor, el Congreso se ha equivocado y al Senado, Cámara de
segunda lectura, nos corresponde solucionarlo. Fíjense ustedes lo que
pone y el texto que yo pido que se recupere: «Entre las medidas señaladas
en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del currículum,
la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los
desdoblamientos de grupo, la oferta en materias optativas, programas de
refuerzo y programas de tratamiento personalizado para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.» Si ustedes no me aprueban esta
enmienda sencillamente el Congreso no lo puede hacer ya, porque es la
última oportunidad, con lo cual eliminamos los programas de refuerzo, los
programas de tratamiento personalizado..., algo en lo que estábamos todos
de acuerdo en el Congreso, sólo que un error lo eliminó.
Por ejemplo, hay otras citas de enmiendas --voy terminando-- sobre
formación profesional cuando citamos la Ley de cualificaciones. Se llegó
a un acuerdo con gobiernos del PP y se elaboró la Ley 5/2002, de
Cualificaciones y de la formación profesional. Es una cita encaminada a
dar solvencia al tipo de enseñanza en que se va adscribir la Formación
Profesional, así como en lo relativo a los técnicos superiores de Artes
Plásticas y Diseño.
Señorías, me restan 11,50 minutos de tiempo que no voy a emplear. Sólo
pido piedad para el Grupo Parlamentario Socialista, les pido a ustedes
que hagan algo por el Grupo Parlamentario Socialista, que seguro ha
cometido muchos errores, pero el proyecto de ley no tiene la culpa de que
este portavoz no les haya convencido suficientemente de los errores
técnicos que hay que subsanar. Hagan ustedes el favor de aprobar todas
estas enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Del Preámbulo del proyecto de ley no nos ha quedado ninguna enmienda
viva. En consecuencia, seguimos manteniendo la misma postura en contra de
lo que ha señalado el señor Pezzi, y esa misma postura la vamos a
mantener en la votación. Es lógico que usted defienda que la LOE es más
rica y también es lógico que nosotros digamos que lo es la LOCE. Estamos
en un Parlamento y es él quien decide. El Parlamento lee, el Parlamento
está muy preparado y no podemos decir lo que tiene que hacer. El
Parlamento ya se ha manifestado en comisión y espero que a partir de las
enmiendas que se han aprobado en comisión --aunque a la vista de lo que
hemos oído todo está mal, como ha señalado el Grupo Parlamentario
Socialista-- cada uno opere en conciencia pues sabemos muy bien cada uno
lo que tenemos que hacer.
Señor presidente, al Título Preliminar, artículo 1 del proyecto de ley
hemos presentado la enmienda 174 de sustitución. Es cierto que en la LOE
hay principios fundamentales como la calidad, la equidad, pero no aparece
la palabra libertad. No se entiende. No se comprende que en unos
principios generales de la ley no se dedique una sola palabra a la
familia y la libertad de ésta para elegir la educación de sus hijos.
¡Díganos si los hijos no son de las familias, si no tienen ningún derecho
para no dedicarles ni un principio! La familia no aparece en los
principios generales.
¡No se ha visto una cosa igual! Señorías, yo me he
leído todas las normas europeas y es la única ley donde la familia no
existe. Principios generales de la ley: el alumno, el profesor...¿Y la
familia? Nada. ¿La libertad? Tampoco.
Nosotros seguimos afirmando que la familia es muy importante en la
educación. Junto al alumno y los profesores tiene un papel principal en
la tarea educativa, y no se puede obviar una realidad tan elemental. Yo
no me puedo explicar cómo podríamos educar sin la familia. No me explico
qué puede hacer un profesor cuando le diga un alumno: No tengo a nadie.
Efectivamente, se le atiende desde otras perspectivas pero, señorías, no
es normal. No es lo normal que la familia no participe en la tarea
educativa de sus hijos como elemento o principio general.
Más adelante, en los artículos 15, 84 y 109 se recorta totalmente la
libertada de enseñanza. Veremos a posteriori las votaciones. Ha habido
modificaciones muy importantes que anunciado el señor Pezzi. Por supuesto
que no está de acuerdo con la oferta de plazas de cero a tres años. ¿Cómo
va a estar de acuerdo el señor Pezzi con que las administraciones
educativas promuevan plazas suficientes para los niños entre cero y tres
años para conciliar la vida laboral y familiar tanto en los centros
públicos como en los concertados? Claro que no lo está, pero el hecho de
que no esté de acuerdo no significa que eso no sea excelente para los
padres. Dejen ustedes que los padres elijan los centros donde quieran
llevar a sus hijos de cero a tres años, promuevan esas plazas y que sean
los padres quienes elijan y no cojan al niño y le digan que vaya a este
colegio porque es el que quieren para él, porque se está presumiendo
permanente de libertad y resulta que luego en cuanto nace el niño meten
las narices en la puerta de la casa para decirle: te queremos llevar a
este centro. Dejen en una sociedad libre y democrática de un país moderno
que cada uno pueda elegir el centro y nos respetemos, lo que será bueno
para todos.
Espero, pues, que esta enmienda cuente con el apoyo de sus señorías a fin
de no dejar huérfanos los principios que deben inspirar el sistema
educativo, haciendo el esfuerzo necesario de aquí al final de esta
tramitación para que al menos aparezca la familia como algo que sí tiene
que ver con la educación de los hijos.
Las enmiendas número 176 a 179 hacen referencia a los derechos y deberes
de quienes son los verdaderos protagonistas de la comunidad educativa:
profesores, padres y alumnos. Tampoco en este sentido se explica uno esta
ley, porque al leerla, lo primero que nos deberíamos encontrar son los
principios generales, y a continuación, los derechos y deberes de los
protagonistas de la educación. Pero aquí no se contemplan derechos ni
deberes para los alumnos, para los profesores ni para los padres. ¡Pues
muy bien, señorías! ¡Fantástico! En los principios generales falta la
familia y a continuación no figuran, como así debería ser, los derechos y
deberes.
Para que en una comunidad exista lo que debe existir, es decir, respeto,
democracia, valores y principios, cada uno debe saber cuáles son sus
derechos y cuáles sus deberes, y con estas enmiendas pedimos que se
incluya ese catálogo de derechos y deberes para los alumnos, para los
padres y para los profesores.
Concretamente la enmienda número 176 se refiere a la necesidad de
enunciar los derechos y deberes de los alumnos, como, por ejemplo, el
derecho a recibir una formación integral o el derecho a que se respete su
libertad, su dignidad y su integridad personal. ¿Nada de esto ocurre
ahora en los centros como para que no podamos ponerlo en una carta de
derechos?
Y aprovecho para hacer una referencia especial a los casos de violencia
escolar, algo que en estos momentos preocupa a todos los grupos sin
excepción. No pensemos que en la escuela son todos angelitos; en la
escuela hay problemas, como los hay en todos los ámbitos de la vida,
problemas que en estos momentos nos preocupan y para los que debemos
buscar una solución entre todos. Tenemos que dar con la clave para ver
qué podemos hacer con esta triste situación, demasiado común en la
actualidad en nuestras aulas, que nadie quiere que vaya a más.
¿Y qué ocurre con esos planes de disciplina que ha anunciado la ministra?
La felicito por el anuncio; bienvenidos sean los planes, pero cuando uno
se los lee, se echa a temblar. Se habla de planes de disciplina, pero se
dice que al alumno no se le echará del aula. Parece que hemos encontrado
la figura fantástica: la del mediador. Cogemos al agredido y al agresor y
llamamos al mediador para que dé una solución y para que les forme un
poco. ¡Se acabó!
Antes la ley decía que se podía echar al alumno hasta tres días si la
falta era leve, hasta un mes si la falta era grave, y si ésta era muy
grave hasta se le podía cambiar de centro. Quien ha sido director sabe
perfectamente que no es nada bueno para las familias ni para los alumnos
que el agredido y el agresor convivan permanentemente. Quienes hemos sido
director en las aulas durante muchos años podríamos poner muchos
ejemplos, porque nadie deseamos lo que después ocurre en esos casos. En
unas leyes estamos diciendo que se separe al agresor y al agredido, pero
no lo hacemos en las aulas, no lo decimos en la de educación. ¡Aquí es
diferente!
La falta que está cometiendo un alumno puede ser muy grave, puede estar
machacando a otro crío que puede caer en una profunda depresión y que
puede hacer cualquier cosa, pero no se puede decir nada al primero; se le
educa para que estar ahí. No se puede decir nada a quien no es capaz de
respetar el aula, a quien no es capaz de respetar a sus compañeros, a
quien los agrede y agrede también a sus profesores. Simplemente se habla
con el mediador y se soluciona todo.
Creo que debemos enfocar todos estos temas desde la perspectiva de los
derechos de los alumnos, y esto es sencillamente lo que pretenden
nuestras enmiendas.
La ley no dice una palabra de los derechos y deberes de los profesores;
parece que los profesores no tienen ningún derecho ni ningún deber. ¡Pues
claro que los tienen! Tienen derechos y deberes necesarios para el buen
funcionamiento de la comunidad educativa.
La enmienda número 180 incorpora como novedad el uso de la terminología
internacional utilizado para las distintas enseñanzas. Tendríamos que
haber aprovechado la
tramitación de esta ley para haberla colocado a
nivel europeo. No tiene sentido que hablemos de Educación Primaria y de
Educación Secundaria Obligatoria. ¡Pero qué país es éste? Habrá que
hablar de educación primaria obligatoria y de educación secundaria
obligatoria, o de educación primaria y de educación secundaria general.
Si las dos son obligatorias, ¿por qué sólo denominamos así a la
secundaria y no a la primaria? Creo que la técnica debe mejorarse, y éste
es el momento adecuado para hacerlo.
Asimismo, y para situarnos también a nivel europeo, consideramos al
Bachillerato y a la formación profesional como educación secundaria
superior.
Hemos presentado la enmienda 183 al artículo 6. Se ha dicho que todo es
fantástico y que no hay que hacer nada, pero yo creo que hay que
conciliar entre el modelo de educación para una determinada comunidad con
el modelo nacional y encontrar una fórmula que lo haga posible.
Nosotros nos preguntamos: ¿por qué la educación universal, concebida como
algo que es de todos ya no es buena si entramos en particularismos? Yo
preguntaría a determinadas comunidades autónomas si las matemáticas de
allí van a ser diferentes en un el 45 por ciento a las de otra comunidad
autónoma. Me dice el señor Urrutia que sí. Pues yo creo que sumar y
restar se hará exactamente igual en el País Vasco que en Castilla y León.
No lo sé. A lo mejor han encontrado otra metodología y otros sistemas.
Lo que quiero decir es que en los principios educativos, respecto a
contenidos curriculares, es muy difícil que nos diferenciemos en un 35 o
en un 45 por ciento y no aseguremos las enseñanzas comunes. Porque, para
qué nos vamos a engañar, el Parlamento está muy bien, podemos quedar muy
bien, pero, si tuviéramos tiempo disponible para estudiar los planes de
todas las comunidades autónomas, nos encontraríamos con que los
contenidos de alguna comunidad ya no se parecen en nada, en nada, en nada
al de otras. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún control; la Alta
Inspección no ha funcionado para nada; el ministerio no ha ejercitado
labores ni de evaluación ni de control ni de nada y no sabemos realmente
lo que se da ni lo que se aprende. Yo estoy haciendo una crítica
razonable del sistema respecto a todas las comunidades. ¿Hay algún
sistema en Europa donde no se haga ni una sola evaluación externa en
primaria y en secundaria y bachillerato exterior para saber cómo van? La
ministra ha comentado el modelo de Finlandia. Pues bien, el modelo de
Finlandia hace una evaluación externa al terminar la primaria, hace una
evaluación externa al terminar la ESO, hace una evaluación externa al
terminar el bachillerato. Otra cosa es que tenga validez o no.
Por todo ello, yo creo que debiéramos haber aprovechado este proyecto de
ley para ir poniendo todas estas cosas para el bien del sistema
educativo. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa que tengamos un sistema
educativo desvertebrado, porque los principios universales son buenos
para todos y al final, señorías, el tiempo dará la razón a cada uno.
Ahora todos estamos preocupados en ver cómo hacemos nuestra política
local, nuestra política municipal en nuestra comunidad para que sea
diferente a la de al lado. Pues los países europeos, los «länder»
alemanes ahora ya caminan justamente en dirección contraria a la de hace
un tiempo que caminaban hacia la descentralización de la educación,
generando distintos modelos educativos y distintos sistemas. Sin embargo,
ahora, como digo, dicen que el Estado debe coordinar unos principios
generales porque beneficia absolutamente a todos.
Por eso nosotros hemos incluido en la enmienda 183 unos temas que
consideramos fundamentales. La señora Baig ya ha hablado de esto antes
respecto a que su modelo contemplara que todos los alumnos tengan unas
competencias básicas en lengua castellana. Nosotros no queremos que la
ley nacional sea menos y en el artículo 6.3, en cuanto al currículo
decimos que al finalizar la enseñanza básica los alumnos deben haber
adquirido las competencias de comprender y expresarse con corrección,
oralmente y por escrito en la lengua castellana y en la lengua cooficial
del Estado --no creo que a esto haya que decir absolutamente nada-- y,
además en este apartado, también queremos que las familias tengan esa
posibilidad de educar en la lengua que quieran, es decir, que las dos
lenguas sean vehiculares, tanto la lengua cooficial, como la lengua
castellana, a lo largo de toda la enseñanza obligatoria e incluso
postobligatoria --aquí podría haber un entendimiento--. Es bueno que
todos los alumnos tengan posibilidad de educarse en dos lenguas
vehiculares. Antes decían que en Cataluña el catalán tenía dificultades,
pues ahora no pasemos al otro extremo, pues los dos son malos. Lo que
estamos pidiendo es que las dos lenguas sean vehiculares. Y, señorías,
respecto a que en primaria las dos lenguas no sean vehiculares, creo que
se debería tener en cuenta el daño que se les está ocasionando a estos
pobres alumnos que no se enteran de nada y deberíamos preguntarles a
ellos qué opinan, aunque no creo que se haga esto, pero ésta es una
Cámara donde podemos reflexionar ya que lo que estamos diciendo es
razonable.
Las enmiendas números 184, 185 y 186 hacen referencia a que hay
comunidades autónomas que gestionan ya más del 90 por ciento de los
recursos educativos y que les corresponde el diseño de una parte
importante del currículum, que tienen la competencia de la planificación
y sobre la buena marcha del sistema educativo.
Por eso creemos que es fundamental introducir tres factores; el primero,
una moderna regulación de la Conferencia de Educación. Creo que todavía
estamos a tiempo. Hasta ahora la Conferencia de Educación se reúne
anualmente sólo para decir que ya han cumplido y sólo van la mitad de los
consejeros. Por eso, sería enriquecedor contar con un nuevo artículo que
contemplase nuevas funciones para esa Conferencia de Educación y otro
donde se estableciese el marco adecuado para el cumplimiento de sus
fines.
Señorías, si las comunidades tienen transferidas todas las competencias
en la materia y el Estado cumple funciones básicas, qué mejor que dar
prestigio a esta Conferencia en la que Estado y autonomías puedan
debatir. Pero seguiremos sin que se vean los consejeros de las
comunidades autónomas con la señora ministra, porque parece ser que no es
bueno.
Mediante la enmienda número 190, referida a un nuevo artículo,
pretendemos la creación de un fondo de cohesión interterritorial
educativo. Hace un momento se pedía que fuéramos sensibles a las medidas
de atención a la diversidad. ¿Cómo no vamos a ser sensibles respecto de
la flexibilidad de los grupos, a dividirlos, a adaptar el currículum a
los alumnos, a que pueda haber una especialización curricular, a que
existan diferentes grupos en relación a los idiomas? Pero tampoco podemos
dejar de ser sensibles a que todas las comunidades autónomas tengan las
mismas oportunidades. De otra forma, algunas comunidades autónomas podrán
decir que han llevado a cabo todas las divisiones de grupos que han
pedido los centros y, en cambio, otras que no van a hacer ninguna
división de las solicitadas.
Por tanto, creo que es bueno que se cree ese fondo de cohesión
interterritorial para atender este tipo de medidas específicas. Lo
agradecerán los hijos de trabajadores y de personas que no pueden
utilizar algunos recursos complementarios a la formación, así como
comunidades autónomas que no tienen dinero para llevar a cabo lo que se
determina.
Está muy bien que se prevea la existencia de medidas de atención a la
diversidad para todos los alumnos. ¿Pero alguien se cree que habrá clases
para todas las asignaturas que repita el alumno? ¿Alguien se imagina,
detectada una deficiencia, que todos los grupos van a contar con las
respectivas clases de apoyo? ¿Alguien imagina que todos los grupos que no
pueden seguir van a contar con una adaptación curricular? Señorías, no es
así. En consecuencia, ese fondo de cohesión interterritorial trataría de
paliar lo que viene ocurriendo.
Con esta enmienda queremos apoyar al mundo rural. Don Manuel en Galicia,
mi compañero en Canarias, yo mismo en Castilla y León, ¿qué vamos a hacer
ahora con los alumnos de la ESO y de Educación Infantil si la
Administración educativa sólo tiene la obligación de crear plazas
gratuitas en Educación Primaria? No lo sé. Los alcaldes y los consejeros
de Educación no son conscientes de lo que van a tener que hacer. Que
digan a los alcaldes, sea cual sea su color político, que todos los
alumnos van a ir a institutos de cabeceras comarcales. Que digan a
algunos alcaldes que su pueblo se queda sin Educación Infantil, o sin
Educación Secundaria Obligatoria, pero, eso sí, que sus jóvenes van a
estar de miedo en un instituto a 60 kilómetros, donde, en lugar de 500
alumnos, habrá 1.500. Saben sus señorías que eso es lo que dice la ley,
artículo 80. Es muy importante que el mundo rural y el mundo urbano
dispongan de calidad en el sistema educativo.
Las enmiendas números 193 a 197 sustentan un nuevo capítulo, con cinco
artículos, dedicados a la cooperación internacional y a la acción
educativa en el exterior. La verdad es que nos ha sorprendido que una ley
que tiene vocación de ser general en nuestro sistema educativo no dé la
importancia que se merece a un aspecto que cada vez resulta más
importante. En un mundo cada vez más abierto e interrelacionado, la
educación de los diferentes Estados produce mayor movilidad de alumnos y
profesores. Claro que estamos inmersos en el tema de las comunidades
autónomas, pero no podemos olvidar que estamos inmersos en la Europa de
las naciones y en el mundo globalizado. Hemos creado cinco artículos que
pretenden fomentar la movilidad de alumnos y profesores, así como los
intercambios de buenas prácticas educativas.
Paso, señor presidente, al Título I. La enmienda 198 ordena la Educación
Infantil en dos ciclos, así es como la entienden mi grupo parlamentario y
varios grupos de esta Cámara. El primer ciclo es la educación infantil
preescolar, hasta los tres años, y el segundo es la educación infantil
escolar, de tres a seis años. Esta estructura queda ordenada conforme a
los modelos preponderantes en los sistemas educativos europeos.
La enmienda 199 atribuye a las comunidades autónomas la organización,
supervisión y control de la educación infantil preescolar. Es lo que nos
pidieron en su día, cuando gobernaba el Partido Popular, los 17
consejeros de las comunidades autónomas, lo hicimos y lo mantenemos para
ser coherentes.
La enmienda 200, al artículo 13, se refiere a la necesidad de que los
niños, en el segundo ciclo de educación infantil se inicien en el
aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las habilidades numéricas
básicas, y que se generalice en todo el ciclo el aprendizaje de una
lengua extranjera. Parece que todo suena igual pero no es lo mismo, no es
lo mismo lo que señala la ley, que a partir de los seis años haya una
segunda lengua extranjera, que lo que solicitamos nosotros, que sea a
partir de los tres años, y no es lo mismo que a partir de los tres años
haya lectoescritura a que sea a partir de los seis, y bienvenido sea,
porque en la etapa infantil, señorías, antes no había el compromiso de
educar a los niños en el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de
las habilidades numéricas, de las lenguas extranjeras y de las
tecnologías de la información y de la comunicación, y se puede mejorar.
Las enmiendas 203 a 207, referidas a la Educación Primaria, tienen por
objeto que los alumnos acumulen destrezas y técnicas instrumentales así
como el desarrollo de los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio y en el trabajo bien hecho.
En lo que respecta a la Educación Primaria, quisiera hacer hincapié en la
enmienda número 205, que define con una mayor corrección epistemológica
las áreas de la Educación Primaria, y se dotaría al artículo de mayor
coherencia al incorporar los principios metodológicos.
No estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho hoy, con que el área de Ciencias
y Geografía e Historia sea sustituida por Conocimiento del Medio y que en
ella se incluyan gran cantidad de conocimientos, que está demostrado que
no es lo mejor. Tampoco estamos de acuerdo con que Lengua Castellana y
Literatura se unifique en un área con la lengua cooficial, porque ¿quién
la va a dar? El mismo profesor, y ¿quién la va a trabajar? El mismo
seminario, y si el profesor sólo tiene para dar las cinco horas en lengua
cooficial, ¿cuándo va a dar la lengua?
Señorías, a todos nos vendría fenomenal un viajecito por las escuelas
españolas para ver qué es lo que realmente pasa en los centros. Nos
llevaríamos una enorme sorpresa porque yo no me imagino que en algún
lugar del Reino
Unido o de Francia digan que allí no se estudia el
francés en ningún aula, no habrá ni una sola aula en la que no se imparta
francés. Aquí nos encontraríamos con la duda de en cuántas aulas no se
imparte la lengua castellana.
Sé que ahora gobierna el Partido Socialista con grupos que le apoyan,
pero nosotros también gobernamos anteriormente y tuvimos unos grupos de
apoyo. ¿Qué dirá el Grupo Parlamentario Socialista en otro momento que no
gobierne? Dirá exactamente lo mismo que está diciendo ahora el Partido
Popular, que no lo entiende. Yo creo que entraremos todos en razón y que
diremos: vamos a hacer esto, que es bueno para los alumnos, vamos a hacer
estos mínimos, que lo agradecerán. Pero no es nada fácil, y lamento los
sucesos que están ocurriendo. Pueden ser casos aislados, pero que haya
que llegar a una huelga de hambre significa que hay una gran tozudez,
porque un padre de familia que pide que se eduque a su hijo en
castellano, y al que le asiste el derecho, la consejera le dice que no, y
que no, y que no, y sería muy fácil, porque es sólo un padre.
La enmienda número 209, nueva en el Senado, que espero apoyen sus
señorías, dice que uno de los objetivos que deberíamos plantearnos con
esta ley es que todos los alumnos terminen la Educación Primaria. Por
tanto, ¿qué hacemos cuando después de la evaluación general un 20 por
ciento no haya adquirido las competencias básicas? Pueden recibir clases
por la tarde a lo largo del día para que concluya la Enseñanza Primaria
en condiciones y a partir de ahí pasar a la Educación Secundaria
Obligatoria. Lo que no queremos es que si un alumno no sabe multiplicar o
dividir pase a hacer ecuaciones de primer grado en la ESO. Eso es lo que
queremos en la Educación Primaria.
En la Educación Secundaria Obligatoria hay más diferencias entre el
Partido Popular y el Partido Socialista que apoya al Gobierno. En nuestra
opinión, la organización de la Educación Secundaria Obligatoria es
crucial para nuestro sistema educativo y está profundamente equivocada,
porque quienes hemos estado dirigiendo las aulas durante mucho tiempo
sabemos los problemas que existían con anterioridad al modelo de la ESO
y, resumiendo, les puedo decir que cuando los niños de 12 años llegaban
al instituto, veían a los mayores y no estaban muy integrados; al día
siguiente podrán soltar algún taco, lo cual no les favorecía demasiado; y
al otro día ya fumaban. Por tanto, llegué a la conclusión de que debíamos
reflexionar acerca del sistema educativo. Pueden no estar de acuerdo,
pero lo cierto es que han reflexionado.
¿Qué han hecho con la ESO? La ESO es la Educación General Básica de
antes, porque la ESO que plantea hoy la ministra reduce el número de
asignaturas, como máximo dos más que en primaria, además impartidas por
el mismo profesor. Y esto, ¿qué es? La Educación Primaria. Y ¿eso qué es?
La Educación General Básica. Si son las mismas asignaturas impartidas por
el mismo profesor, díganme ustedes qué es. Sin embargo, cuando hago este
razonamiento a sus señorías ¡Bueno! El modelo comprensivo ha traído todas
las virtudes a la enseñanza. Son aspectos en los que debemos reflexionar,
están ahí y hemos de seguir trabajando en ello.
Los profesores nos piden un nuevo modelo de Educación Secundaria
Obligatoria. El reciente documento emitido por las asociaciones de
directores de instituto de toda España lo reclama sin ambages, con
distintos colores políticos, pero en la educación es muy difícil buscar
colores políticos, y deberíamos haberles hecho caso, haber hecho algo en
esta etapa y no seguir en la misma situación.
Nosotros planteábamos en la LOCE unos itinerarios: Enseñanza Básica hasta
los 14 años, y de los 15 a 16 años dos sencillos itinerarios en tercero y
dos en cuarto: Humanidades, por un lado, y Ciencias y Tecnológico, por
otro, que se diferencian en dos asignaturas. Fue algo que levantó
ampollas, todo el mundo se puso en huelga. ¡Es una discriminación! ¡Son
itinerarios basura! ¡Son segregadores! ¡Esto acaba con la escuela
pública! ¡Acaba con todo! etcétera. Pues bien, nosotros somos más
respetuosos y no decimos que se va a acabar con la escuela pública cuando
resulta que en una clase de la ESO se coloca a los alumnos que van bien y
en otra a aquellos que no van tan bien y a eso se le llama
diversificación curricular. Pero si hiciéramos lo que dice la norma, si
cada profesor tiene 20 alumnos en un aula, pues habría que hacer 20
diversificaciones curriculares diferentes. Y si tiene cuatro grupos en
Primero de la ESO, 80 diversificaciones curriculares. Y si tiene los dos
cursos, 160 diversificaciones curriculares.
Por tanto, pregunto a sus señorías: ¿Era segregador que los alumnos
libremente eligieran un itinerario de Humanidades o Científico y
Tecnológico, que se diferenciaban en las asignaturas puramente
específicas, que era reversible y que conducía al título, y ahora no lo
es colocar en un aula a los que peor van y en otra a los que van mejor?
No quiero calificarlo de segregador ni utilizar adjetivo alguno porque
debemos ser serios en el debate.
La enmienda número 213 pretende corregir múltiples errores, en primer
lugar, la asignatura debe ser la unidad básica para el aprendizaje. Mi
grupo no está de acuerdo en que la Enseñanza Secundaria Obligatoria siga
con las áreas, con la unidad didáctica y no con libros de texto ni con
deberes. Yo, como padre, he mirado los libros y resulta que un área
determinada toca todo y no toca nada; en cuanto a la unidad didáctica,
antes uno decía: libro, asignatura de Matemáticas, primera lección,
sumar, definición de sumar y ejercicios; pues bien, ahora coge uno el
libro de Matemáticas y no entiende absolutamente nada: el conjunto de los
niños y niñas de la unión de los elementos y el elemento neutro...
Tenemos que volver a lo que nos están demandando porque no creo que haya
aportado nada a la Enseñanza Secundaria, y lo dice un profesor y un
director que ha hecho muchas unidades didácticas y que prácticamente me
sentía imposibilitado para impartir una unidad didáctica que abarcase
todas las lecciones; era más fácil dividirlo en distintas lecciones. Por
lo tanto, insisto en que creo que hay que unificar.
Otro tremendo error es la introducción de la Educación para la
Ciudadanía, que aquí se ha comentado que va a ser la panacea de todos los
males: ya no habrá violencia en las aulas, los alumnos estarán cargados
de valores y será una asignatura fantástica. Sin embargo, no entiendo que
no sea una asignatura transversal y que este conjunto de valores
no se impartan en el resto de asignaturas, ni que para introducir
Educación para la Ciudadanía --como dice la señora ministra--, en
infantil, primaria, ESO, bachillerato y hasta en la universidad,
haya que sacar del currículo --como se ha sacado--, la Tecnología,
la Informática, la Música y la Plástica, que ni siquiera aparecen.
Los profesores de estas materias me preguntan ahora qué va a pasar
con estas asignaturas y les tengo que contestar que no lo sé. ¿Va a
haber Música? Lo cierto es que no lo sé
porque la ley no dice nada al respecto. ¿Va a haber Plástica? No lo sé.
¿Va a haber Tecnología? ¡Yo qué sé...! La ley dice que se impartirán esas
asignaturas, pero posteriormente no las introduce. Esta cuestión la había
planteado razonablemente el portavoz del Bloque Nacionalista Galego;
nosotros estábamos de acuerdo en que esta asignatura fuese transversal
pero, además, no creo que seamos el único grupo parlamentario que opine
de la misma manera.
Como saben sus señorías, en el resto de Europa --salvo en un caso--, esta
asignatura es transversal. Desde mi punto de vista se podría haber
encontrado una fórmula adecuada para colocar esta asignatura en un punto
intermedio, entre transversal y específica, integrada dentro de algún
área. ¡Aquí o nos pasamos o no llegamos! Ahora se va a convertir en una
asignatura obligatoria y para todas las etapas.
En este sentido, desde mi experiencia de muchos años como director ya les
anuncio lo que va a ocurrir: tendremos otra «maría», no se examinarán de
esa asignatura y ya veremos si la Educación para la Ciudadanía tiene o no
el mismo final que otras asignaturas parecidas.
Estamos en total desacuerdo en la reconversión de la Ética en Ética
Cívica. El dictamen sobre Humanidades, que todos recordamos, hablaba muy
claramente de la dimensión de la asignatura de la Ética. No debemos
transformarla, a pesar de que el señor Moratinos nos haya pedido ya que
introduzcamos un módulo sobre la Alianza de las Civilizaciones. Desde
luego, estoy en desacuerdo y los profesores de Filosofía están de uñas
porque la Ética se reconvierta en Ética Cívica. Creo que debemos dejar la
Ética como está y que no debemos mutilarla.
Asimismo, debemos dejar la Lengua Castellana como asignatura
independiente y no debemos convertir la Tecnología, la Informática, la
Música, la Plástica, la Cultura Clásica y el Latín en asignaturas de
segunda categoría. Es inconcebible que para dar entrada a esta asignatura
hayamos tenido que renunciar a todas éstas y espero de sus señorías que
apoyen las enmiendas que he presentado hoy, transaccionadas con algún
grupo parlamentario, con el fin de introducir la Tecnología en los
primeros cursos de la ESO y que no me pongan también a escurrir por el
pecado de haber propuesto que se imparta en la ESO una asignatura sobre
las nuevas tecnologías. ¡Qué atrevimiento! El Partido Popular ahora
pretende quitar la Educación para la Ciudadanía y, sin embargo, propone
impartir Tecnología en los tres primeros cursos de la ESO e Informática
en el cuarto. Insisto en que espero que no me pongan a «escurrir».
Por lo que respecta a la titulación de la ESO, señorías, nuestra enmienda
propone que los alumnos de secundaria tengan todas las asignaturas
aprobadas. Todos sabemos cómo son las juntas de evaluación, la
flexibilidad de los profesores y que con sólo un suspenso nadie va a
dejar a un alumno sin el título --e incluso con dos suspensos--, pero no
podemos limitarnos a decir que los alumnos tendrán que haber cumplido
unas competencias básicas, máxime cuando nadie aclara cuáles son esas
competencias básicas. Porque, ¿qué va a ocurrir? Si un alumno ha repetido
primero o segundo con todas suspensas ¿mejorará cuando llegue esa
diversificación curricular? Yo no digo que no haya que darle el título,
pero, desde luego, una ley orgánica debería garantizar los mínimos que
han de cumplir los títulos.
En la enmienda número 219 establecemos una evaluación general de
diagnóstico de carácter externo al finalizar el sistema educativo, acorde
con los países europeos. Queremos que al terminar cuarto de la ESO haya
un plan de choque para que, al menos, el 90 por ciento de estos alumnos
pueda terminar este curso.
Señor presidente, en lo que respecta al Bachillerato, se nos ha hecho una
crítica bastante dura, pero lo único que estamos diciendo es que creemos
en la sustantividad histórica del Bachillerato español. Esto quiere decir
que no apoyamos ni apoyaremos la idea de que el Bachillerato sea un mero
apéndice de la ESO. Si analizamos el Bachillerato de ahora, no sabemos
qué asignaturas ni qué modalidades va a haber. Una ley orgánica tendría
que aclarar esta cuestión, porque si yo fuera profesor de Bachillerato
diría: ¡qué va a ser de mí! Por tanto, ¿qué va a ser de las comunidades
autónomas? ¿Van a definir los modelos del Bachillerato? Tendríamos que
haber definido un modelo concreto, donde se supiera cuáles son las
troncales, cuáles son las asignaturas especiales y cuáles optativas,
dando libertad total para elegirlas o propuestas por la misma comunidad.
Teníamos que haber dicho algo. El Bachillerato no existe, el
Bachillerato, según se recoge en un artículo, tiene unas asignaturas y no
tiene más. Yo creo que se podía haber dado un paso relativamente
importante. La enmienda número 224 quiere evitar un Bachillerato a la
carta como el propuesto en la LOE. Digo a la carta o, si lo prefieren,
desconocido, introduciendo en el Bachillerato unas asignaturas troncales,
otras de especialidad y otras optativas; todo ello, por supuesto,
negociable. Yo creo que se podía haber llegado a esto y no se ha
llegado.
En cuanto a la prueba general de Bachillerato, lo único que dicen
nuestras enmiendas, para quienes las haya leído, y que tanto han
penalizado, es que debe existir una prueba general de Bachillerato, de
homologación, de reflexión, de sana competitividad al terminar, pues no
existe esta prueba ni en primaria, ni en la ESO, ni en ningún sitio.
Consideramos que esta prueba debe hacerse al final, elaborando la media
de los cursos con la media de la prueba, prueba que sirva para la
universidad y para la vida pública. Pues no, en vez de ello tenemos que
hacer las pruebas de acceso a la universidad, PAU; eso sí, son muy
modernas, yo no las voy a criticar. Estas pruebas proceden de la época de
Carolo, cuando nuestra universidad era lo que decía el señor Pezzi, y
seguimos manteniéndolas. Fantástico. Muchos decanos nos dirán: ¿por qué
hacéis esas pruebas de acceso a Derecho, si no se necesitan? ¿Para qué? Y
lo mismo ocurre con un montón de carreras técnicas, por no decir en
todas. Pues
no, seguimos con la prueba de acceso a la universidad para
todo el mundo, que es fantástica, solo porque el que dice lo contrario es
el Partido Popular. Y yo pregunto: ¿si no hubiera que hacer esa prueba,
porque en el 90 por ciento de las carreras no lo necesitan? Pues no, hay
que hacerlo porque lo dice el Gobierno y el Partido Socialista que le
sustenta. Yo pido que razonen un poco, porque la realidad es que esto ya
está muy anticuado, obsoleto. Manden la PAU al museo de memoria histórica
que nos va a hacer Caldera en Salamanca. Mándenla allí, que allí estará
muy bien.
Me gustaría dedicar un tiempo al tema de la formación profesional, para
llamar a la sensibilidad de sus señorías. No sé qué han podido hacer los
alumnos de Formación Profesional, pobrecillos, no sé qué han hecho para
tener esta situación. Los alumnos españoles que, terminada la ESO,
acceden a los ciclos de grado medio, no pueden continuar con los ciclos
de grado superior. Espero sensibilidad, y yo sé que la voy a encontrar.
Hay muchos hijos de obreros que han hecho los ciclos de grado medio y no
tienen continuidad en el grado superior. Están esperando a ver qué
hacemos. El Gobierno les dice: váyase usted a hacer Bachillerato y
después a los ciclos de grado superior. ¿Y qué hacemos con los alumnos de
la cualificación profesional inicial? Sólo una de las tres vías conduce
al graduado, y nosotros queremos que todas conduzcan al graduado, para
que esos alumnos vayan de la cualificación profesional inicial a los
ciclos de grado medio, y de los ciclos de grado medio a los ciclos de
grado superior y a la universidad. Señorías, solicito esa sensibilidad
para todos estos alumnos, a los que haríamos un gran favor si aceptan
esta enmienda del Grupo Parlamentario. Es muy sencilla, solicita que la
cualificación profesional conduzca al graduado, que haya un curso puente
para que los alumnos que lo aprueben puedan ir de los ciclos de grado
medio a grado superior, y de ahí a la universidad. Por tanto, lo único
que pretendemos con esta postura es abrir puentes, abrir caminos y
oportunidades para todos esos alumnos.
El otro día estuve en un centro politécnico muy importante, con 2.000
alumnos, y su director, aparte de contarme los enormes problemas que
tenía con 20 ó 30 chicos, nos solicitaba una persona experta porque un
día podía ocurrir cualquier cosa. Me decía: Aquí tenemos 700 alumnos que
están cursando los ciclos de grado medio; si nos dierais un curso puente
y la posibilidad de que esos alumnos hiciesen los ciclos de grado
superior, a lo mejor, no pegaban patadas a las paredes. Pero es que este
alumno ve que no tiene posibilidades. Tú, que estás en Madrid, a ver si
te escuchan. Le dije que lo intentaría y que pediría el apoyo de mis
compañeros, pues el éxito no depende de mi, sino del resto de los grupos
parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, ha concluido
su tiempo.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Señor presidente, he terminado.
Creo que las enmiendas, como pueden ver, no son descabelladas y
pretenden, de verdad, mejorar el sistema educativo.
Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores
senadores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor
senador.
Empezamos con la presentación de las enmiendas a los Títulos Il, III y
IV. Recuerdo a los señores senadores que cuando defiendan sus enmiendas
pueden acumular también, si así lo desean, las que han presentado a otros
títulos, para poder acercar lo más posible el debate a la defensa de las
enmiendas.
Tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente. «Eskerrik Asko».
A los Títulos II, III y IV hemos presentado nueve enmiendas, las números
526 a 531 y 533 a 535. Son dos bloques con los que intentamos enmendar --
vamos a ver si tenemos suerte y sus señorías atienden lo que les voy a
decir, no les cuento ninguna historia-- las cuestiones de los conciertos
y las retribuciones del personal.
Las enmiendas números 526, 527 y 528 se refieren a las enseñanzas
obligatorias y no obligatorias y a las becas, ayudas y subvenciones que
se conceden. El artículo 149 de la Constitución garantiza la gratuidad de
la enseñanza obligatoria. Perfecto, lo que sí quisiéramos es que cuando
se trate de enseñanzas no obligatorias, es decir, de cero a seis años y
de 16 en adelante, la LOE no incorpore toda la batería de normas y
estipulaciones para la concesión de becas y ayudas. Si estas enseñanzas
no son obligatorias, en el caso de las comunidades autónomas, entre ellas
la del País Vasco, se podía haber dictado un articulado mínimo, y que
éstas, con base en las competencias propias, determinen cómo son estas
becas, ayudas y subvenciones. Lo mismo sucede con la determinación de las
cuantías en los conciertos. Está claro que, a diferencia de los
convenios, en el caso de los conciertos la determinación temporal es de
tres a seis años y la determinación de las cuantías está en función de
los mínimos que se determine en la legislación para las enseñanzas
obligatorias. En las enseñanzas no obligatorias la determinación
corresponderá a las comunidades autónomas, en virtud de su competencia,
tras comunicar lo que se hace al Gobierno central. Ésa es la
determinación y así debiera ser.
Paso ahora a las enmiendas números 533 a 535, referidas fundamentalmente
a las retribuciones del personal docente de los centros concertados.
Solicitamos que las cantidades a percibir por dicho personal sean
abonadas directamente al profesorado como pago delegado en nombre de la
entidad titular del centro y en la forma que determine la Administración.
Nos parece básico que, al objeto de que no se produzcan interferencias,
delimitaciones, diferencias de retribución, pequeñas pegas que se suelen
dar a la hora de que los centros retribuyan directamente, haya un pago
delegado de la Administración de tal forma que la relación sea totalmente
directa.
Eso tiene relación con las siguientes enmiendas al objeto de ver cómo la
actualización de las retribuciones anuales no ofrece dificultad respecto
a lo que se haga en cada
uno de los centros. Si existe un pago delegado
veremos que el porcentaje de incremento retributivo del profesorado
docente tiene que ser idéntico porque todos los centros públicos, al
estar concertados, tienen que tener la misma retribución delimitada.
Lo mismo ocurre en las dos últimas enmiendas, en las que establecemos el
porcentaje del módulo con que se financiarán los conciertos de carácter
singular, pues la redacción actual, en nuestra modesta opinión, supone
una invasión de competencias.
En cuanto a la titulación profesional, sabemos que tanto el artículo 27
de la Constitución como el artículo 149.1 atribuyen a la Administración
central la competencia para la habilitación, la redacción y hasta la
titulación y el engarce completo del título. Lo que solicitamos en la
enmienda número 536 es que cuando haya titulaciones o acuerdos académicos
o profesionales para nuevos centros experimentales o nuevas situaciones
que se planteen en ramas profesionales o de iniciación profesional,
aunque el título sea dado por la Administración central, que toda la
formulación y el tratamiento sea llevado a cabo por las administraciones
educativas correspondientes.
Termino con las enmiendas números 537, 538 y 539, que se refieren a los
órganos de gobierno en los centros docentes, los consejos escolares y
modo de conformarlos. Nos parece fundamental que padres, alumnos y
profesores formen parte de ese consejo escolar porque es básico a la hora
de llevar el centro en su orden jerárquico y educativo.
Proponemos que los alumnos de los dos primeros cursos de educación
secundaria no puedan participar en la designación por motivos obvios
--así nos lo parece dada la edad--. Respecto al consejo escolar, creemos
que profesores y alumnos que superen una cierta edad tienen que ser
totalmente participativos.
Lo mismo ocurre con la elección del director. Busquen la forma para que
los canales de elección de esta persona tengan la característica propia
de una designación democrática y no haya intervenciones partidistas o
políticas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Jorquera intervendrá en defensa de sus enmiendas. ¿También va a
defender las enmiendas del senador Mur?
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, el señor Mur dijo que
intervendría sólo una vez, y que, en esa intervención, defendería todas
sus enmiendas al articulado. Están, pues, defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muy bien.
El señor JORQUERA CASELAS: Procuraré ser breve. Si he subido a la tribuna
es únicamente porque me siento más cómodo para mover los papeles.
Quiero empezar haciendo un comentario a la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Los argumentos que ha expuesto para
defender la retirada de la asignatura educación para la ciudadanía y los
derechos humanos no se corresponden en absoluto con los que ha expuesto
el Bloque Nacionalista Galego. El BNG nunca ha utilizado argumentos como
que la asignatura podría ser un adoctrinamiento. Lo que defendemos es que
estos principios deben ser valores universales y que deben tener un
tratamiento transversal e interdisciplinar que no se concrete en una
asignatura más. Añadir una nueva asignatura podría llevar a esta a
convertirse en lo que vulgarmente se llama una maría. Los valores
transversales que deben regir la enseñanza tienen que contener otros
muchos ingredientes que exponemos en la justificación de motivos de la
enmienda.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista apelaba a la generosidad
del Bloque Nacionalista Galego, y a mí me gustaría que la generosidad
fuese recíproca. El Bloque Nacionalista Galego ha presentado 151
enmiendas en el Senado, y el Partido Socialista no ha hecho ningún
esfuerzo de aproximación por aceptar alguna, o al menos por
transaccionarla. Nuestra generosidad no ha sido, pues, correspondida. El
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sabe que tenemos muchos
motivos de discrepancia que justificarían que votáramos en contra del
proyecto de ley si no se introdujeran modificaciones sustanciales. No
obstante, no lo vamos a hacer por responsabilidad y por la extraordinaria
presión que han ejercido algunos sectores inmovilistas a los que no
queremos seguirles el juego en absoluto. De todos modos, repito que nos
gustaría que la generosidad fuese recíproca.
Teniendo en cuenta la incongruencia técnica a la que aludía el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, no tendríamos ningún problema, en un
nuevo alarde de generosidad, en apoyar la vuelta al texto original salido
del Congreso. La redacción resultaría incongruente con lo incorporado,
dado que se mantendría una asignatura de derechos humanos divorciada de
la de educación para la ciudadanía.
Por lo demás, el BNG presenta 38 enmiendas a los títulos que nos ocupan.
Voy a ser muy breve, porque los argumentos básicos ya los he expuesto en
mi primera intervención. Hay varias enmiendas que pretenden asegurar la
competencia exclusiva de las comunidades autónomas en política de becas y
ayudas, en régimen de admisión de alumnos en la etapa obligatoria y
postobligatoria, y en cuanto a la fijación del importe del módulo del
concierto económico por unidad. También hay otras enmiendas que pretenden
asegurar la participación efectiva de las comunidades autónomas en la
definición de distintas políticas. Por fin, me detendré en otros
aspectos.
En lo que se refiere a la defensa de la enseñanza pública, la enmienda 74
sintetiza perfectamente nuestra filosofía. Consideramos que las
administraciones, a la hora de programar la oferta educativa, deben tener
en cuenta sólo la existente en centros públicos. Los centros concertados
deben ser únicamente complementarios, y no condicionar la programación de
la oferta. Los centros públicos tienen que ser el elemento vertebrador
del sistema educativo.
Las enmiendas 83 y 84 se refieren a los conciertos educativos.
Consideramos que estos deben tener carácter excepcional. Los criterios
para acogerse a ellos deben ser los siguientes: que no haya plazas
suficientes en los centros públicos y que la enseñanza pública no pueda
atender las necesidades de escolarización de la totalidad de la
población. En cualquier caso, deben tener preferencia los centros en
régimen de cooperativa y aquellos especializados en la atención a
segmentos de población con condiciones socioeconómicas desfavorables.
Hay varias enmiendas a estos títulos que pretenden mejorar la calidad de
la enseñanza, con compromisos efectivos que tienen que ir acompañados de
un mayor esfuerzo de inversión en materia de educación que asegure el
cumplimiento de estos objetivos, pero también concedemos extraordinaria
importancia --y es lo que fundamenta nuestras enmiendas 63 a 69, así como
la número 72-- a plasmar compromisos claros de cara a mejorar las
condiciones laborales, las condiciones de impartición de la docencia por
parte del profesorado.
Esto lo hacemos desde la convicción de que, recogiendo todas estas
propuestas, no estamos atendiendo sólo a demandas sindicales; lo que
estamos haciendo es apostar por un profesorado que tenga los incentivos y
las condiciones para el ejercicio de su trabajo, que realmente le
permitan estar plenamente ilusionado e implicado en el hecho educativo,
porque pensamos que eso redunda de una manera decisiva en la calidad de
la enseñanza.
No voy a abusar más del tiempo para procurar que estemos en condiciones
de votar a una hora no demasiado intempestiva.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Cuenca, por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
A estos títulos hemos presentado un conjunto de enmiendas que paso a
relatar brevemente. La 451 pretende ofrecer de forma gratuita el servicio
de comedor escolar en el mundo rural. La 452 se refiere a la agilización
de las becas, porque la finalidad que se propone con ellas queda
desvirtuada a menudo por la tardanza en su libramiento. La 453 señala que
la principal obligación de la Administración debería ser garantizar la
suficiencia de la red pública. La 454 propone cambiar el término
«análogo» por «el mismo». El motivo es que el procedimiento de admisión
de alumnos en todos los centros financiados con dinero público debe ser
el mismo, para evitar desigualdades en el acceso a las plazas escolares
que se pagan con el dinero de todos.
La enmienda número 455 se refiere al respeto al ideario. La 456 es una
enmienda de supresión, porque entendemos que este apartado sobra, ya que
su inclusión sólo obedece al intento de los centros concertados de
imponer su ideario, como puede constatarse al comparar este apartado con
el artículo 121.6, por el que se incluye el ideario en el proyecto
educativo, que será dispuesto por el titular del centro, lo que nos
parece de todo punto inaceptable.
La enmienda número 457, sobre las normas de admisión, pretende establecer
zonas, no ámbitos, así como que las comisiones de escolarización sean
permanentes. La 458 plantea reservar plazas a lo largo de todo el curso,
sin aumentar ratios, evitando así que se plasme en la ley lo que ha hecho
el consejero de Educación en la Comunidad de Madrid. De no ser así, la
llegada sobre todo del alumnado inmigrante se canalizaría, como ha sido
práctica habitual, hacia los centros públicos. Lo que pretendemos --al
menos yo-- en la Comunidad de Madrid es que no se recoja en la ley.
La número 459, que es una enmienda que pretendemos que se vote por
separado, se refiere a sobre la coeducación en centros sostenidos con
fondos públicos. Para que nos entiendan sus señorías, con esta enmienda
queremos evitar casos como el del Centro Monte Tabor, de Madrid, que
separa niños y niñas. Recientemente hemos visto en prensa una noticia
sobre este centro que dice: un colegio concertado, que segrega por sexos,
pide 1.750 euros por plaza. Esto es lo que pretendemos evitar con nuestra
enmienda. Pero no sólo eso, sino que además algún dirigente, en este caso
del Partido Socialista, y compañero senador mío, anuncia que retirará las
ayudas a los colegios que separen por sexos. Votando la enmienda se
soluciona todo. Lo más adecuado para evitar que estas cosas ocurran es
votar esta enmienda.
La enmienda número 460 trata sobre el control de aportaciones por parte
del Consejo Escolar. La 461 sobre las prácticas docentes. La 462 sobre la
incorporación a la docencia. La 463 es una enmienda que hemos hecho
nuestra, a propuesta de Amnistía Internacional, que plantea incorporar el
inciso sobre derechos humanos, que supone garantizar que la educación en
derechos humanos estará presente en los programas de formación permanente
del profesorado.
La enmienda 464 hace referencia al carácter de formación permanente, y
trata de reconocer el propio centro y la jornada laboral como un ámbito
natural de formación.
La número 465 pretende garantizar una oferta suficiente que incluya las
nuevas tecnologías. La número 466 se refiere al esqueleto mínimo del
estatuto del profesorado. El proyecto de ley ofrece en este caso
prácticamente lo mismo que ofrecía la LOCE del Partido Popular. Por
tanto, nosotros queremos ir un poco más allá.
La enmienda número 467 se refiere a extender beneficios al profesorado de
los centros concertados. Con la número 468 queremos recuperar el carácter
de servicio público que inicialmente figuraba en este proyecto de ley.
Con la número 469 queremos que se precisen las necesidades de
escolarización. Esto va en coherencia con una enmienda que presentamos al
apartado 2 del artículo 15. Para nosotros la concertación se limita a
niveles obligatorios. Por otro lado, la enmienda trata de reforzar las
garantías que deben amparar la concesión o prórroga de un concierto con
un centro educativo. Por ello, se debe atajar la concesión de conciertos
paralela a la supresión de puestos escolares públicos.
La enmienda número 470 hace también referencia a los centros concertados.
Con ella pretendemos cambiar la expresión «tener preferencia» por «sólo
podrán concertar». Con la número 472 queremos eliminar la expresión «con
carácter preferente» en relación con los conciertos para cualificación
profesional, y en la número 473 nos referimos a todo lo que tiene que ver
con los módulos del concierto.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra enmienda número 580 al artículo 71 va encaminada a mejorar la
atención a la diversidad dando autonomía a los propios centros para
concretar sus planes y adaptarlos a la realidad de cada medio
socioeducativo.
Con la número 581 queremos incluir en la redacción del artículo 73 a los
alumnos con dificultades específica de aprendizaje que no derivan --como
se dice en ese propio artículo-- ni de discapacidad ni de problemas
graves de conducta.
Tenemos presentada la enmienda número 584 al artículo 105 para intentar
dar una mayor consideración al profesorado, de reconocimiento por un lado
y de operatividad en los centros por otro, pero esto no será real si
supone una pérdida de ingresos en muchos casos inasumible por esos
docentes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha
mantenido diez enmiendas a los Títulos II, III y IV, pero no se preocupen
sus señorías que no consumiré los diez minutos.
En la número 693 solicitamos que se añada la dislexia entre los
trastornos de aprendizaje. Señorías, la mayoría de los fracasos escolares
se deben precisamente a ese tipo de trastornos, pero no siempre los
padres ni incluso los propios educadores los detectan a tiempo. La
dislexia es uno de los trastornos de aprendizaje que más porcentaje ocupa
entre nuestros escolares. Las últimas publicaciones sobre ello hablan de
que un 10 o un 15 por ciento de la población escolar padece ese tipo de
trastorno. Por eso, repito, hemos creído que se debería incluir entre los
trastornos de aprendizaje.
La enmienda número 694 es reiterativa por parte de este grupo
parlamentario en esta Cámara. Con ella pretendemos que se garantice que
las comunidades autónomas tengan la posibilidad de definir, respetando
los mínimos, una política de becas y ayudas ajustada a las necesidades y
circunstancias. Podríamos hablar de ello durante la próxima media hora
pero no voy a hacerlo porque, evidentemente ya lo hemos hecho en esta
Cámara en otras ocasiones. Todos ustedes ya me han oído e incluso han
aprobado mociones en este sentido.
La número 696 se refiere a la igualdad que debe haber en la aplicación de
las normas de admisión, y su redacción tiene dos partes. Con la primera
tratamos de clarificar el área de influencia, y a partir de ahí se debe
averiguar qué centro corresponde a cada uno de los grupos de padres. Con
la segunda parte queremos que las familias puedan presentar sus
solicitudes directamente en los centros. El que la familia se acerque al
centro es un forma de tomar contacto con el centro y de que el centro se
acerque a la familia, y debe ser ésta la que empiece la baremación en las
mismas condiciones que marquen las administraciones educativas.
Con las enmiendas números 697 y 698 proponemos que sea necesario el
título de maestro para impartir educación primaria. Creemos que es
necesaria esa titulación para garantizar la formación adecuada que deben
tener nuestros educadores en una de las fases más delicadas de la
educación de nuestros hijos: la infancia.
En esta misma línea hemos presentado las enmiendas 699, 700, 701, 702, y
703. Pedimos que la formación pedagógica y didáctica sea obligatoria,
además del título correspondiente de licenciado, ingeniero o arquitecto
para la educación secundaria, enseñanzas artísticas y la formación
profesional, ya que, además de transmitir conocimientos, el profesorado
ejerce una función educativa muy importante en el desarrollo de los
individuos. Es más, en una sociedad compleja el educador debe solucionar
conflictos a los que nunca se había enfrentado: alumnos de distintas
procedencias con diferentes costumbres y educaciones; en definitiva, es
una sociedad que está cambiando y los cambios, señorías, siempre
conllevan problemas. Por lo tanto, creemos que es importante la formación
del profesorado.
En lo que respecta a estos títulos votaremos a favor de las enmiendas de
los senadores Urrutia, Mur y Jorquera precisamente porque algunas son de
carácter autonomista, y en contra de las presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria y el señor Cuenca. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Senador Cuenca, usted y yo no podemos
entendernos en casi nada, y eso es evidente. Por ejemplo, usted ha
hablado de la coeducación y tengo que decirle que en esta Cámara
hablaremos de ello en los próximos años, porque los últimos estudios
señalan que la coeducación permanente a lo largo de todas las etapas
educativas no da buenos resultados para la igualdad, o sea que a lo mejor
tenemos que volver atrás. Quizá no sea el momento pero de esto ya
hablaremos y, por lo tanto, seguro que usted y yo no vamos a ponernos de
acuerdo.
Evidentemente, votaremos en contra de las transaccionales que proponen la
vuelta al texto del Congreso, que nosotros hemos transaccionado. En una
de ellas se garantizaba por parte de las administraciones públicas la
exigencia
de los centros públicos y concertados en las mismas
condiciones.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Como todavía vamos por el segundo capítulo y quedan otros dos, voy a
intentar ser breve.
Mantenemos dos enmiendas vivas. Una de ellas, la formulada al apartado 2
del artículo 83, guarda relación con las becas que concede el Gobierno.
En la enmienda de modificación que proponemos pedimos que se reconozca la
particularidad del Departamento de Educación y Universidades del Gobierno
Vasco en relación con las becas que se otorgan al estudio y que están
financiadas exclusivamente con cargo a los presupuestos del Gobierno
autónomo vasco.
En la enmienda 608 proponemos la supresión del artículo 102.4 debido a
que, tal y como está redactado en este momento, el proyecto de ley
permite al Ministerio de Educación y Ciencia diseñar y ofertar programas
de formación de carácter estatal dirigidos a profesores de todas las
enseñanzas. En este sentido, nos parece que con esta previsión el Estado
quiere imitar una política que efectúa desde el campo laboral en materia
de formación ocupacional y continua a sabiendas de que no se ajusta, como
ha dicho repetidas veces, el dictado a la doctrina del Tribunal
Constitucional. Por tanto, pensamos que en la Comunidad Autónoma del País
Vasco se deben organizar, porque así se recoge en su estatuto, las
actividades de formación. Ha de quedar claro que cosa distinta es que
esos cursos tengan validez en todo el Estado y, en ese sentido, debemos
colaborar con el Estado para que las condiciones y requisitos se puedan
homologar.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, he de decir que nosotros hemos reducido bastante el
número de enmiendas.
Defenderemos la enmienda 817, formulada al artículo 83. Reconocemos el
avance que el citado artículo 83 supone en cuanto a las becas, pero nos
gustaría dar un paso más y que se contemplara la enmienda adicional con
un apartado nuevo en el que se reconociera la territorialización de los
fondos que el Estado destina a las becas y ayudas al estudio, puesto que
se considera que ese modelo garantiza mejor que el actual un trato igual
entre las comunidades autónomas y su respectiva población escolar, y
tuviera suficientemente en cuenta las particularidades de las diferentes
realidades socioeconómicas en las distintas comunidades autónomas. El
sistema que se propone ha sido, además, avalado por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 188 del año 2001.
Retiramos la enmienda 819, al artículo 84, a favor de la 641 del Grupo
Parlamentario Socialista.
Vamos a defender ahora la enmienda número 824, al artículo 87, dado el
relieve que para nosotros tiene, dentro del capítulo de escolarización en
centros públicos y concertados, la coeducación. Nos parece importantísimo
que cuando se habla de fondos públicos se priorice para que en todas las
aulas, en todos los centros escolares, haya niños y niñas que compartan
los programas educativos para trabajar la igualdad de derechos, para que
se aprendan a respetar los unos a los otros sea cual sea su sexo; además,
este aspecto está muy relacionado con la futura ley de igualdad de trato
de hombres y mujeres.
En la enmienda número 831, al artículo 96.2, tras
«... Comunidades Autónomas...» añadimos «... y al Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas» para que no sea simplemente un consejo consultivo
y de participación, sino que pase a convertirse en un órgano clave para
la organización y el futuro de las enseñanzas artísticas.
En otra enmienda pedimos la vuelta al texto del Congreso del artículo
109.2, para que las Administraciones educativas garanticen la oferta de
plazas suficientes en centros públicos en las zonas de nueva población.
Cuando no hay todo el dinero que a uno le parecería necesario se debe dar
prioridad, y para nosotros la prioridad pasa por ofertar plazas públicas
en las zonas rurales y en los barrios de nueva creación; posteriormente,
cuando haya más dinero, ya pasaríamos a hacerlo también en otros
centros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Urrutia.
El señor URRUTIA ABAIGAR: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, me van a permitir que haga una precisión histórica --hoy
estamos todos excelentes en Historia Contemporánea-- a efectos de que
conste en el «Diario de Sesiones» respecto al primer «lehendakari» de la
Comunidad Autónoma Vasca, el señor Rubial. Efectivamente, aquí se ha
dicho que el señor Rubial no fue el primer «lehendakari». No vamos a
discutir, ya sabemos que entre vascos tenemos diferencias y algunos
nacionalistas piensan que no fue así. Sencillamente recordaré la
existencia de un informe de la Real Academia de la Lengua Vasca, donde se
habla al respecto sobre el concepto de presidente, es decir,
«lehendakari».
Entre otras cosas, el señor Rubial, el «lehendakari» Rubial, tuvo el
honor y la responsabilidad de formar el primer Gobierno vasco en 1977,
además de elaborar ese estatuto que algunos nacionalistas ahora lo
enarbolan de forma tan insistente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) No quiero polemizar de esta cuestión, pero a
efectos de que conste en el «Diario de Sesiones»
hago estas precisiones históricas para que las tengamos en cuenta.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a los
Títulos II, III y IV son exactamente 10, más tres que vamos a apoyar
también del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida, Entesa y el PAR.
Respecto del Título II, nuestro grupo plantea la enmienda 641, que hace
referencia a una cuestión estrictamente técnica insistiendo en la etapa
gratuita de los centros públicos. Es, como digo, una enmienda
estrictamente técnica.
En este Título II también apoyaremos la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto-Izquierda Unida número 454, en la que se añade el mismo
procedimiento para la admisión de los alumnos. Es una cuestión también de
precisión técnica.
Al Título III hemos presentado las números 642, 643, 644, 645, 646 y 647.
La razón de ser de estas enmiendas se fundamenta en la precisión y
coherencia del texto, se da una nueva organización a los mismos que
adolecían de algunas redundancias y, como digo, vienen a mejorar
técnicamente su redacción.
Vamos a apoyar la enmienda número 831 de Entesa Catalana de Progrés que
hace referencia al papel del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas,
propugnando que no sea sólo un órgano de carácter consultivo sino que
también tenga poder decisorio. Asimismo, también vamos a apoyar la
enmienda número 7 del PAR, por la que se introduce un concepto nuevo
relativo al trabajo en equipo que mejora la redacción del texto.
Respecto al Título IV, mantenemos la enmienda número 648 por coherencia
con el resto de las enseñanzas artísticas a las que hace referencia el
artículo 107.3. La número 650 propone una mejora técnica del texto por
existir redundancias y repeticiones.
Asimismo, proponemos la vuelta al texto del Congreso de la enmienda 705
de CIU, que hace referencia al papel de los plazas concertadas en zonas
de nueva creación por parte de la Administración pública.
Brevemente, deteniéndonos un poco más en la experiencia vivida en
comisión, en la que pudimos debatir y aclarar muchos conceptos, me
gustaría hacer dos observaciones. En primer lugar, una que tiene que ver
con el bloque nacionalista. El senador Maqueda ha manifestado que tenemos
que hacer futuro. Efectivamente, creo que tenemos que desarrollar una
nueva cultura del entendimiento de este Estado Autonómico que estamos
creando. Considero que las dificultades que en este momento estamos
teniendo para apoyar una serie de enmiendas, como las que relataré a
continuación, se debe a la excesiva fijación que tienen los grupos
nacionalistas respecto del territorio en detrimento de la ciudadanía.
Considero que es una ley muy respetuosa con los estatutos y con esta
concepción del Estado Autonómico que estamos desarrollando, sobre todo en
los títulos II, III y IV a los que me estoy refiriendo. Pero el celo por
lo propio en detrimento de los aspectos básicos y mínimos que debe
establecer la Administración General del Estado en algunas cuestiones
como, por ejemplo, en lo relativo a becas del artículo 83, hace que se
pierda la perspectiva del importante papel que debe jugar la
Administración Pública, la Administración Central del Estado, a la hora
de determinar estos aspectos básicos y mínimos, que no deben ser
desestimados a la baja sino que, por el contrario, hay que potenciar la
labor de las comunidades autónomas con capacidad para superar estos
mínimos que fija la Administración central.
Respecto a las enmiendas del bloque nacionalista, al hablar de
competencia en lugar de colaboración con la Administración General del
Estado hace que se creen ciertas dificultades a la hora de llegar a
acuerdos respecto de algunos artículos; me estoy refiriendo concretamente
al artículo 102 sobre los cursos de formación. La Administración General
del Estado tiene perfecto derecho a establecer cualquier tipo de
formación complementaria, sobre todo en la formación permanente del
profesorado, porque va en mejora de este capital humano fundamental para
el desarrollo de la educación. Por lo tanto, no debe interpretarse como
una forma de competencia con las administraciones autonómicas. Si me
permiten la metáfora deportiva, debemos dejar de jugar al frontón con la
Administración General del Estado y jugar más al tenis. Ésa es la cultura
que me gustaría se desarrollase en este Estado Autonómico, que no hubiese
una visión unidimensionalidad en los planteamientos de los grupos
nacionalistas sino más bien una colaboración con la Administración
Central del Estado, concretamente en estos artículos a los que me he
referido relativos a las becas y a los cursos de formación permanente del
profesorado. Como dije en comisión, no se puede poner puertas al
conocimiento; no podemos impedir que la Administración central del Estado
oferte, en su caso, aquello que crea conveniente y suponga una mejora
para el profesorado.
Por otra parte, voy a hacer unas observaciones que me parecen importantes
respecto de las dificultades que hemos tenido con el Grupo Parlamentario
Popular. Creo que aquí ha habido una cuestión metodológica. El Grupo
Parlamentario Popular ha enfrentado a la LOCE con la LOE; y ha intentado
hacer un «mix» no integrador de la ley. Esas 253 enmiendas --62 a los
títulos II, III y IV-- son sencillamente un sistema de corta y pega, y
por tanto, un sistema nada integrador a la hora de alcanzar acuerdos
sustanciales desde un punto de vista parlamentario. Su ley, señorías, la
LOCE, ha sido hábilmente troceada por ustedes en ese corta y pega, en ese
«mix» popular, para integrarla en la LOE, y por ello metodológicamente no
ha sido posible llegar a un mínimo acuerdo respecto de la educación.
Pero también hay una cuestión de fondo. Ustedes tienen una idea de la
educación y una idea de la libertad, y nosotros tenemos otra. Para
ustedes la educación es un ejercicio de adiestramiento para la
competitividad.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor URRUTIA ABAIGAR: Tienen ustedes una idea darwinista de la
educación; creen que la mejor forma de educar a los pobres es, como dijo
su técnico en la comisión correspondiente, hacerles fuertes para competir
con los fuertes, para competir con los ricos. Y ahí subyace esta
idea darwinista, esta idea de la educación como ejercicio de
adiestramiento. En cambio, para nosotros la educación es condición
necesaria para la libertad, y sólo es posible avanzar en este
camino con equidad.
Este choque de filosofías, señorías, supone un serio problema que no ha
surgido ahora, sino que ya se planteó en el debate de la LOCE. Entonces
no fue posible llegar a un acuerdo, como tampoco lo ha sido ahora.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Gallego.
La señora GALLEGO ESPERANZA: Gracias, señor presidente.
A continuación paso a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular a los títulos II y III.
Por lo que se refiere al Título II debemos tener presente que el
ejercicio del derecho a la educación por todos, sin ningún tipo de
exclusión y en condiciones que garanticen realmente la igualdad de
oportunidades, constituye en nuestro tiempo el mayor factor de cohesión
social. Por ello el Estado social y democrático de Derecho que establece
la Constitución Española asume un principio de responsabilidad en esta
tarea.
Satisfacer el derecho a la educación supone la obligación, por parte de
los poderes públicos, de adoptar una política que compense las
situaciones de especial dificultad por razones de naturaleza
socio-económica o cultural en las que se encuentren determinados sectores
de la población. El futuro de nuestra sociedad dependerá de que una gran
mayoría de la población adquiera la formación y cualificación que
proporcionan las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria
superior. Así lo han entendido los Estados de la Unión Europea a partir
de la Conferencia de Lisboa, que ha establecido compromisos tan
ambiciosos como necesarios en este ámbito y que España debe cumplir en
2010.
Por ello debemos lograr una educación de calidad que nos permita
converger en conocimientos y resultados con la media de la Unión Europea,
lo que permitirá, además, una efectiva movilidad de los alumnos españoles
en todo el territorio de la Unión, además de asignar un incremento del
gasto público en educación que permitirá alcanzar la media del PIB en la
Unión Europea en el año 2012.
Para expresar con mayor claridad los objetivos que debe poner de
manifiesto el título, consideramos que la ambigüedad de equidad en la
educación debe ser sustituida por la igualdad de oportunidades y la
cohesión social, de acuerdo con la tradición y la actual reorganización
de la OCDE. El mismo Consejo de Europa establece como objetivo, en el
término cohesión social, garantizar un nivel suficiente de protección
social, proteger eficazmente a los grupos sociales más vulnerables,
favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la exclusión y la
discriminación. Este planteamiento debe regir el enfoque de la educación
de las personas con necesidades educativas especiales.
En cuanto a este alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
nuestra enmienda 261 está destinada a precisar los principios en los que
se basan las políticas orientadas a la igualdad de oportunidades y a la
cohesión social, dirigidas al alumnado con necesidad de mayor apoyo
educativo.
La enmienda 263 deja claro que las administraciones educativas garantizan
el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y
de centro docente para estos alumnos, con la intención de paliar la
actitud negativa y de desconfianza por parte de los autores de la ley,
cuando las familias intentan ejercitar su libertad, en este caso, en algo
tan sencillo como es la elección de centro para sus hijos.
Como complemento a la enmienda anterior, mi grupo incluye las enmiendas
264, 265 y 272 también para contar con la colaboración de las familias o
prestar el asesoramiento necesario según los casos.
De todos es sabido que la diversidad del alumnado que nos ocupa aconseja
unos planteamientos de métodos y programas muy diferentes. Para ello, la
flexibilidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta gran
parte de nuestras enmiendas y está presente en este Capítulo I del Título
II. Si conseguimos llevar al articulado una configuración flexible capaz
de adaptarse a las diferencias individuales, habremos logrado ampliar el
horizonte de las oportunidades y alcanzar resultados de calidad para
todos y, muy en especial, para los alumnos que presentes necesidades
educativas especiales.
En el caso de la educación especial, nuestras enmiendas 264, 265, 269 y
271 consideran que la adaptación de programas y metodología a las
características de estos alumnos es fundamental. Incorporamos, además, la
supresión de límite de edad en los centros de educación especial en la
enmienda 265 en donde se dice que la escolarización de los alumnos con
necesidades educativas especiales se adaptará a las condiciones de estos
alumnos con arreglo al principio de flexibilidad.
La detección precoz ha de ser uno de los objetivos primordiales a lograr,
por lo que el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios y
para ello habrá de prestar una especial atención a la identificación de
las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos con
discapacidad, así se recoge en las enmiendas 263, 264 y 268. Hacemos una
modificación en la Sección Segunda sustituyendo altas capacidades
intelectuales por sobredotación, basándonos en una terminología acuñada
con criterios científicos.
El instrumento definitivo para llevar a cabo todas estas mejoras que
introducen nuestras enmiendas es el profesorado, un profesorado que
requiere una formación específica que le permita diseñar, desarrollar y
evaluar adecuadamente las adaptaciones curriculares que necesitan estos
alumnos. En el caso concreto de los sobredotados existen estudios que
confirman ciertas carencias en la formación específica de este tema en
todos los niveles del sistema educativo, lo que confirma que hasta la
llegada de la LOCE estos alumnos eran incluidos con el nombre de
necesidades educativas especiales y fue la Ley de Calidad del
Gobierno del Partido Popular quien la situó en un ámbito competencial
distinto, creando ex novo las necesidades educativas específicas.
A continuación la enmienda 262 pone en valor el aprovechamiento de
iniciativas sociales. No se puede despreciar el potencial que ofrecen
asociaciones o colectivos que trabajan en estos campos. Una buena
integración en el sistema escolar de los alumnos con incorporación tardía
constituye un reto al que hay que dar una respuesta eficaz, partiendo del
principio en el que se establece que todos los alumnos procedentes de
otros países que se incorporan al sistema educativo español gozarán de
los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles, sin
que resulte admisible un trato diferenciado. Sin embargo, existe una
determinada población de alumnos con incorporación tardía que llegan a
estos sistemas educativos en situación de desventaja y que por razones
lingüísticas, carencias formativas o condiciones sociales hace necesario
desarrollar acciones específicas de carácter compensatorio. La situación
de estos alumnos es contemplada en nuestra enmienda número 271.
De acuerdo con el principio de la filosofía de la educación
compensatoria, que consiste en dar más a quien menos tiene, entendemos
que el Capítulo II de este Título II tal como está concebido supone una
ausencia de medidas efectivas que promuevan y garanticen la cohesión
social y la integración a través de la educación. Ello nos obliga a tener
presente, por una parte, el papel decisivo que ésta juega y, por otra, a
no olvidar las experiencias de los países próximos y la nuestra, que
ponen de manifiesto que la desatención de la educación no solo acarrea
problemas individuales para el alumnado, como es la falta de preparación
y el fracaso escolar, sino que, al convertirse en un problema
generalizado, sobre todo en los sectores más sensibles, abre el camino
hacia la violencia juvenil y la marginación.
Explicitar el papel del Estado para avanzar en las políticas de
compensación educativa con criterios de equidad, entendida ésta en su
dimensión territorial, es la finalidad de nuestra enmienda número 273.
Entendemos que el Estado social y democrático de Derecho no puede aceptar
que la educación sea un factor de desigualdades territoriales en el
conjunto de la nación. Ésta es la razón por la que se contempla la
creación de un fondo de cohesión interterritorial educativo, para
promover y asegurar que el derecho a la educación se ha ejercido en las
condiciones básicas de igualdad en todo el territorio español.
Los recursos destinados a esta materia se contemplan en la enmienda
número 274. Creemos que los centros públicos y centros sostenidos con
fondos públicos que estén realizando tareas en áreas desatendidas a
poblaciones con especiales dificultades de carácter socioeconómico o
sociocultural necesitan recursos adicionales, que deben ser puestos a su
disposición por las administraciones educativas y el Estado, incluso con
cargo al fondo de cohesión interterritorial.
Las características de los centros educativos prioritarios las describe
la enmienda número 275, que incorpora una idea ya presente en muchas
administraciones educativas españolas sobre las actuaciones singulares en
los centros educativos prioritarios, que son aquellos situados en zonas
geográficas que por características socioeconómicas y socioculturales
necesitan una intervención educativa diferenciada de carácter
compensatorio.
Se trata de dejar claro en la ley la legitimidad de un apoyo y una
intervención educativa propia, según las necesidades de los centros, en
los que las administraciones educativas mostrarían atención preferente y
una organización adaptada a las importantes tareas formativas que
realizan.
El mundo rural ha de ser objeto por parte de los poderes públicos de una
especial atención que garantice la igualdad de oportunidades. Una apuesta
decidida por la igualdad real entre el mundo rural y el mundo urbano está
recogida en nuestra enmienda número 278. Se trata de ofertar la enseñanza
básica y el segundo ciclo infantil en las mismas condiciones que en las
zonas urbanas. De esa forma se evitaría el desarraigo familiar, los
inconvenientes del transporte, permitiría la fijación de la población en
el mundo rural y redundaría en claros beneficios para los alumnos al
mejorar sus condiciones de aprendizaje, de estudio y, en general, de
vida. A esto hay que añadir el impulso del aprendizaje de idiomas y el
desarrollo de las tecnologías de la información, con planes específicos
para el mundo rural.
Un elemento compensador son las becas y las ayudas al estudio que
contempla nuestra enmienda número 279. En esta materia, nuestras
aportaciones son de mejora. Coincidimos con el texto del Gobierno en que,
de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, existe
un sistema nacional de becas en el que al Gobierno le corresponden unas
funciones normativas básicas. Las becas también deben seguir apareciendo
en los Presupuestos Generales del Estado y el Tribunal Constitucional
precisó con claridad cuáles eran las competencias del Estado.
Lo que queremos añadir es, por un lado, una cláusula que establezca la
adaptación del sistema general de becas a los territorios insulares, así
como a las ciudades de Ceuta y Melilla, que tienen características
propias para favorecer precisamente las condiciones de igualdad en el
ejercicio de la educación de los estudiantes en dicho territorio, y, por
otro lado, una segunda cláusula, que también nos parece importante, y es
que se deje claro, para que los resultados de aplicación de los sistemas
de becas se logren sin menoscabo de la garantía de la igualdad, que hay
coordinación entre las funciones del Estado y de las comunidades
autónomas, conforme a sus respectivos ámbitos de competencias. Este es el
sentido de nuestras enmiendas, que dejan patentes los principios de
equidad, solidaridad y compensación.
En cuanto a la escolarización en centros públicos y privados concertados,
debemos tener en cuenta que los dos pilares del modelo constitucional
educativo, programados en el artículo 27.1 de la Constitución, son el
derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Ambos gozan de la
máxima protección jurídica que nuestro ordenamiento constitucional
otorga, y deben ser desarrollados armónicamente.
El primer pilar, como ya se ha visto, es el derecho a la educación. El
segundo pilar es la libertad de enseñanza. Esta libertad comprende el
derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación y centro
escolar para sus hijos. El modelo educativo que ofrece nuestro grupo
configura un sistema de oferta plural en el que concurren tanto los
centros de titularidad pública como los de iniciativa social.
En las enseñanzas declaradas gratuitas se ha de garantizar que todos
estos centros ofrezcan las enseñanzas gratuitamente, en las condiciones
que la ley establezca. De este modo, los padres pueden ejercer su derecho
a elegir centro docente sin estar condicionados por razones de carácter
económico.
Las familias españolas aprecian cada vez más este derecho y quieren
ejercerlo sin trabas ni obstáculos. Los poderes públicos tienen la
obligación de crear las condiciones favorables para el ejercicio real de
esta libertad, así como de garantizar la oferta de plazas escolares que
deben atender a las demandas de las familias y facilitar su derecho de
elección.
La libertad de elección del centro por parte de las familias está
recogida en nuestras enmiendas números 280 a 285.
Para concluir este capítulo, mi grupo propone la enmienda número 284, que
tiene su justificación en el incremento del número máximo de alumnos por
aula. Es una medida que debe ser rechazada por incidir negativamente en
la calidad de enseñanza, además es contradictorio hablar de un número
máximo de alumnos por aula para después sobrepasarlo.
Señorías, en este momento, cuando en la Unión Europea todas las políticas
educativas intentan recuperar la autoridad del profesor, aquí la nueva
ley no aporta nada innovador en relación con el profesorado. Todas las
enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al Título III
tienen como finalidad mejorar las condiciones profesionales del
profesorado. Es evidente que éste es el elemento más imprescindible para
lograr un eficiente sistema educativo. No sería posible la educación de
calidad que deseamos si no logramos retener e ilusionar a los magníficos
profesionales con los que contamos en este campo.
Nuestras enmiendas van encaminadas a procurar una mejora de sus
condiciones profesionales, a reforzar el sistema de formación inicial y
continua, a articular la carrera profesional, a procurar un mayor
respaldo de las familias y a consolidar de modo indefinido el sistema de
la jubilación voluntaria a los 60 años, al considerar que es una medida
que beneficia la calidad del sistema.
Se incorpora también un catálogo de derechos y deberes del profesorado,
con la finalidad de garantizar y mejorar las condiciones que resulten más
idóneas para el desempeño de sus funciones y propugnar la equiparación
retributiva de todo el profesorado de los centros sostenidos con fondos
públicos, todo ello sin perjuicio de que resulte ya inaplazable la
elaboración de un estatuto de la función pública docente. A tal fin se
requiere al Gobierno que en el plazo máximo de seis meses elabore las
normas relativas al estatuto básico de la función pública docente.
Las medidas de apoyo al profesorado, como reconoce expresamente la
función tutorial, la reducción de la jornada lectiva de aquellos
profesores mayores de 55 años, primar la excelencia de los profesores y
reconocer el trabajo de los profesores que impartan clases en centros de
especialización curricular, como son los centros bilingües, se han de
tener en cuenta en la carrera docente, y así lo recoge nuestra enmienda
288, lo mismo que la adopción de las medidas oportunas para garantizar la
debida protección y asistencia jurídica del profesorado en el ejercicio
de su labor, y me estoy refiriendo a todo el profesorado, incluyendo los
profesores de centros sostenidos con fondos públicos.
En el Capítulo III, defendemos la formación del profesorado, piedra
angular de una educación de calidad. Por tanto, es necesario potenciar
tanto la formación inicial como la permanente.
Respecto al título de especialización didáctica y para establecer de
forma más precisa las características de la formación inicial y
permanente del profesorado, el Grupo Parlamentario Popular presentó la
enmienda 295, en la que defiende que las universidades pueden organizar
las enseñanzas correspondientes a este título mediante los oportunos
convenios con la administración educativa.
Para tratar de dar respuesta a la demanda de una nueva sociedad en
constante innovación en todos los campos, hay que facilitar al
profesorado oportunidades sobre las que basar programas permanentes de
mejora, orientados, en especial, a la actuación científica y didáctica de
las distintas asignaturas, a la formación para la atención a los alumnos
con necesidades educativas, a la utilización de la tecnología de la
información y comunicación y a la formación de lenguas extranjeras. Todo
esto lo recogemos en la enmienda 297.
Extender las ventajas de formación a todo el profesorado de los centros
sostenidos con fondos públicos es el objetivo de nuestra enmienda número
298. Hemos de lograr que la formación sea para todos los que presten sus
servicios a fin de conseguir consolidar mejor el sistema educativo.
En cuanto al reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado, mi grupo
parlamentario tiene el convencimiento de que la promoción profesional y
la carrera docente han de ser una realidad para todos los cuerpos del
profesorado y que, además de lo que se está haciendo en estos momentos y
de lo que se ha avanzado en nuestro país en lo relacionado con el
reconocimiento de la función tutorial, de la formación continuada o de la
formación científica, existe una carrera docente sobre la que nos hemos
de poner de acuerdo y fijar un número determinado de grados y unos
complementos retributivos.
La carrera docente ha de ser sobre todo un reconocimiento expreso al
profesor, pero también ha de tener un correlato económico y una
valoración de méritos profesionales en tres elementos básicos, que son el
ejercicio de la docencia, la actividad de formación y también la
actividad investigadora , en las que se deben basar tanto el Gobierno
como las comunidades autónomas con objeto de ponerla en marcha sin
demora.
Señorías, nuestro sistema de promoción del profesorado se articula a
través de una carrera docente, constituida por el conjunto de grados que
el profesor puede alcanzar como consecuencia del reconocimiento de su
ejercicio profesional, en función de los puestos docentes y educativos
desempeñados; la realización de tareas con repercusión directa en la
docencia; las actividades de formación continua recibida e impartida; las
tareas de innovación e investigación relacionadas con la función
docente;y la evaluación voluntaria y positiva.
La carrera docente tendrá efectos en las retribuciones económicas, así
como en la determinación de los méritos considerados en los diferentes
concursos y en las promociones profesionales a las que se presenten los
docentes.
Cada grado de carrera profesional tendrá asignado un complemento
retributivo. Los funcionarios docentes podrán ocupar puestos de trabajo
en la administración educativa, de acuerdo con lo que determinen las
respectivas relaciones de puestos de trabajo, con la posibilidad de
progresar en su grado personal. El tiempo dedicado al desempeño de estos
puestos de trabajo computará a todos los efectos como ejercicio de la
función docente. Para conseguir estos objetivos hemos presentado las
enmiendas números 299, 300 y 306.
El estatuto básico de la función pública docente, que ayer anunció la
ministra que quizá se presente en las Cámaras para el próximo curso, es
el objetivo de nuestra enmienda número 303. Este estatuto, como pueden
apreciar, señorías, no por muy debatido lleva visos de hacerse realidad,
como sería de desear.
El Grupo Parlamentario Popular atiende las indicaciones del Consejo de
Estado sobre la conveniencia de regular la función pública docente en el
cuerpo de la ley, pues de todos es conocido que en un informe de éste se
recomendaba que las disposiciones finales y transitorias sobre todo lo
relativo al profesorado se incluyeran en el articulado. A ello hay que
añadir la discriminación que supone que todo lo referente a este
profesorado siga manteniéndose en las disposiciones finales, ya que su
contenido es elemento importante y clave esencial en la ordenación de la
función pública docente.
Por tanto, mi grupo parlamentario ha presentado las enmiendas de
supresión números 383, 384, 385, 386, 387 y 388, que se corresponden con
las adicionales sexta, séptima, octava, novena, décima y duodécima, para
proponer la incorporación de todas ellas al articulado en el Título III,
dentro de un nuevo capítulo, tercero bis, que se denominaría De la
Función Pública Docente. Así lo define la enmienda número 302.
El Grupo Parlamentario Popular tiene el convencimiento en estos momentos
de que nuestro sistema educativo comienza a estar tan cuestionado que en
el apartado de profesorado la mejor fórmula para la escuela pública, a
fin de llevar a buen puerto el desempeño de la función docente, es la
relación estatutaria y, por tanto, la condición de funcionario público;
partiendo de esta premisa, compartida por grupos políticos y sindicatos,
consideramos que es el momento idóneo para pedir que urge establecer un
marco funcional más apropiado.
Está claro que esta parte de la ley nace con fecha de caducidad si el
estatuto de la función pública docente llegara a buen fin, porque la
modificaría para recoger la carrera docente. En esta ley aparece una
promoción del profesorado limitada; que hoy se incorpore lo básico de la
carrera docente, que pretende nuestro grupo, no sería óbice para
negociarlo en un ámbito más colectivo.
Desde el punto de vista jurídico he de decir que el día que se elabore y
se apruebe el estatuto de la función pública docente, esta ley tendrá que
ser modificada porque estará modificando la promoción profesional. Hago
esta reflexión, señorías, con el ánimo de contribuir a la mejora del
profesorado e insistir en la necesidad de acuerdo del Gobierno con las
principales fuerzas representativas del profesorado, con el fin de
desarrollar el estatuto básico de la función docente, que supondrá un
salto cualitativo en las condiciones laborales y en la propia carrera
docente. Señorías, por más que mi grupo parlamentario intente llevar las
adicionales del profesorado al articulado, esta situación no quedará
resuelta porque la ley va a carecer de posibilidades de desarrollo.
Los cuerpos de la función pública docente se contemplan en nuestra
enmienda número 304, que pone de manifiesto que no existen variantes con
los cuerpos establecidos en la ley de calidad. Nosotros defendemos la
existencia de los distintos cuerpos de catedráticos, frente al proyecto
del Gobierno que excluye el ingreso directo a los distintos cuerpos de
catedráticos de Educación Secundaria, Escuela Oficial de Idiomas, Música
y Artes Plásticas, y Artes Plásticas y Diseño.
Por lo que se refiere al cuerpo de catedráticos de Educación Secundaria,
que había sido incorporado de nuevo al ordenamiento jurídico por la LOCE,
observamos que se produce una disminución en sus funciones y, las que se
mantienen, carecen de la consideración que tenían en la ley de calidad.
En ese punto surgen nuestras discrepancias pues consideramos que sería
importante introducir algunas funciones con carácter exclusivo para este
cuerpo. Además, entre las funciones con carácter preferente que se
atribuyen al cuerpo de catedráticos en la adicional octava, mi grupo
parlamentario propone en su enmienda número 305 que, al menos, deberían
tener carácter exclusivo para este cuerpo «... el ejercicio de la
Jefatura de los departamentos de Coordinación Didáctica, así como, en su
caso, del Departamento de Orientación.»
También proponemos como función con carácter preferente del cuerpo de
catedráticos la vicepresidencia en los tribunales de la Prueba General de
Bachillerato o, en su defecto, la vicepresidencia en los tribunales de
pruebas análogas.
Para concluir, señorías, les diré que el ingreso, acceso y concurso de
traslados quedan reflejados en un conjunto de enmiendas que tratan de
garantizar los principios constitucionales de publicidad, mérito y
capacidad, que son algunos de los aspectos más importantes en el
ordenamiento de cualquier sector de la Función Pública pues sabemos que,
en gran medida, de ellos va a depender la calidad de nuestros docentes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Laguna.
El señor LAGUNA PEÑA: Gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser breve y ceñirme a aquellas enmiendas que considero más
importantes.
Mi grupo parlamentario ha presentado 18 enmiendas a este Título IV,
Centros Docentes.
En la enmienda número 310, solicitábamos la supresión de los puntos 3, 4
y 5 del artículo 107 porque es necesario que las enseñanzas artísticas
superiores pasen a ser reguladas en el marco jurídico de las enseñanzas
universitarias y, por lo tanto, deben tener la personalidad jurídica de
los centros universitarios, como lo están demandando todos los sectores
artísticos. De hecho, el sector de las artes escénicas, con el secretario
de la Unión de Actores a la cabeza, don Jorge Bosso, persona y
personalidad con experiencia reconocida en movilizaciones del «No a la
guerra», ha criticado que el Gobierno haya desoído sus peticiones sobre
los estudios universitarios de teatro, cine, música y danza en la LOE,
para salir --según él--, de la prehistoria en estos estudios. Anuncia
manifestaciones --con la experiencia que le caracteriza--, pasando por
tanto del «No a la guerra» al «No a la LOE». En esta misma posición se
encuentra Faedeta, Federación estatal de asociación de empresas
protectoras de teatro y danza, y FAEE, Federación de actores del Estado
español. También hemos suprimido la referencia de dos líneas a los
centros docentes en el extranjero, porque nos parece que en este momento
tienen entidad suficiente; por eso, hemos incluido la referencia de estos
centros docentes en una enmienda con un capítulo propio.
La enmienda de modificación número 314 al artículo 109 pretende dejar
meridianamente claro, no solo el derecho a la escolarización, sino
también el derecho a la elección de centro docente. Tal y como saben sus
señorías, muchas de las reticencias que la LOE suscita en lo referente al
derecho de elección del centro docente por parte de los padres se
disiparían con la redacción planteada en la enmienda. Sin embargo, la
ministra considera que la ley garantiza este derecho. Si esto es así --y
lo debemos creer, porque lo dice la ministra--, digámoslo con claridad y
disipemos cualquier duda, cualquier recelo o cualquier reticencia.
La enmienda de adición número 315 propone un nuevo artículo sobre la
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, en
consonancia con la garantía constitucional de libertad en la elección de
centro y en la aplicación de los criterios objetivos legalmente
establecidos a aplicar en cada centro, es decir, por el titular, en el
caso de los centros privados concertados, o el consejo escolar, en el
caso de los centros públicos.
Las enmiendas de adición números 316, 317 y 318 nos parecen muy
importantes, pues con ellas pretendemos introducir --a través de un nuevo
capítulo dentro del título de centros docentes-- los conceptos de
innovación, investigación y mejora escolar. Creemos que una ley de
educación del siglo XXI tiene que recoger un capítulo como el que
proponemos con estas tres enmiendas, donde quede plasmada la apuesta
clara y decidida por la modernización y puesta al día permanente de
nuestro sistema educativo, con medidas de divulgación, incentivación y
estímulo. Son factores claves de calidad, que contribuyen decisivamente a
que los centros docentes avancen en lo referente a los procesos y a sus
resultados. En el punto 2 de la enmienda proponemos que quede explícita
la recuperación del concepto de centro experimental, es decir, centros
que asuman proyectos innovadores, que deben contar con el mayor apoyo
posible de la comunidad educativa, del consejo escolar, del claustro de
profesores y también con el aliento y la colaboración de las
administraciones educativas. No tenemos por qué tener centros hechos a
multicopista o clónicos, sino que debemos potenciar el que existan
centros experimentales con peculiaridades propias --cosa que saben muy
bien los ingleses, con la última ofensiva de Blair--, pues esto nos haría
avanzar en parámetros de calidad.
En la enmienda número 318 queremos explicitar la posibilidad de que los
centros educativos puedan establecer relaciones de cooperación con las
universidades para la realización de tareas de investigación.
La enmienda de modificación número 320 al artículo 112 mejora la
redacción y el contenido, diferenciando los medios humanos de los medios
materiales, puesto que parece lógico que vayan en capítulos diferentes.
No parece muy razonable que se diga que en los centros hacen falta medios
humanos y medios materiales. En cuanto a los medios humanos, en una de
nuestras enmiendas hemos contemplado la importancia de que en los centros
públicos se potencien los servicios de departamentos de orientación como
uno de los elementos fundamentales.
Puesto que la señora ministra ha hecho mención a cómo se van a potenciar
las bibliotecas de los centros educativos, destinando importantes
cantidades de dinero para la ampliación de los fondos videográficos, en
la enmienda número 321 solicitamos que se incluya en la ley que las
bibliotecas escolares deben contar con personal dedicado a este servicio,
con una organización que permita un funcionamiento abierto a la comunidad
educativa. Si realmente queremos tomar medidas efectivas para el fomento
de la lectura, tenemos que comenzar por potenciarla desde los centros
docentes optimizando los recursos que proporcionan las bibliotecas
escolares. No hacemos nada con aumentar los fondos bibliográficos, con
que estén más llenas las estanterías, si luego resulta que no tenemos el
momento en que puedan acercarse los escolares, sus hermanos o las
familias para retirar fondos y, por lo tanto, potenciar los hábitos
lectores.
Nos parece muy importante la enmienda número 323, al artículo 115, puesto
que la ley debe recoger el derecho constitucional a la creación y
dirección de centros docentes que tiene reconocido toda persona física y
jurídica, así como el derecho al establecimiento de su carácter propio
como consecuencia del principio del derecho de libertad de enseñanza,
reconocido en el articulo 27.1 de la Constitución. Y también debe estar
claramente establecido en la ley que el derecho de libre elección del
centro por parte de los padres o, como habría que decir ahora también, de
los progenitores a y b implica la aceptación del carácter propio del
centro.
Nuestras enmiendas números 325, 326 y 327 se refieren al régimen
económico de los centros privados concertados. El concierto es la fórmula
para garantizar que los centros de iniciativa social puedan impartir sus
enseñanzas en condiciones de gratuidad a los escolares acogidos en su
centro. Por lo tanto, se trata de una entidad sin finalidad lucrativa.
Para fortalecer este modelo de centro concertado como entidad sin fin de
lucro, deberían asumir los beneficios que se dan a las fundaciones
benéfico-docentes con carácter general, que es lo que proponemos en la
enmienda de adición número 326. Y si hay que garantizar que los centros
de iniciativa social puedan dar sus enseñanzas en condiciones de
gratuidad, nuestro sistema de financiación debe responder al principio de
suficiencia financiera. Los módulos actualmente en vigor son
insuficientes, y por esta razón, y no por otra, algunas comunidades
autónomas los han ido incrementando. Pero este es el momento en que
tenemos la oportunidad y la obligación de ir a la actualización de los
módulos contemplando conceptos como amortizaciones, compensaciones por el
ejercicio de la función directiva no docente, material informático y
bibliotecas, como hemos reivindicado también para los centros públicos en
nuestra enmienda número 321. En esta materia yo sé que a algunos les
parece que se les da demasiado, para otros que se les da muy poco, yo
creo que podríamos clarificar este punto si llegáramos a hacer un estudio
serio y fiable del coste real de la plaza tanto en un centro público como
en un centro concertado. El día que tengamos esos estudios serios y
fiables podremos ver en qué medida estamos contribuyendo a que los
centros de iniciativa social puedan dar sus enseñanzas en régimen y en
condiciones de gratuidad.
Finalmente, la enmienda número 327, de adición, regula las actividades
complementarias y extraescolares que, también -- queremos que quede bien
claro en la ley--, en ningún caso deben tener carácter lucrativo. Éstas
son las enmiendas que presentamos al Título IV.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, pasamos a los título V, VI, VII y VIII. En primer lugar, tiene
la palabra el senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Aunque antes me ha llamado la atención, tengo que hacer un comentario,
por lo menos para que conste en el «Diario de Sesiones». En todo caso, no
voy a ser demasiado explícito.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco del año 1936 es el que determinó
la denominación gobierno vasco y «lehendakari». El primer lehendakari fue
José Antonio Aguirre, y en el momento de la guerra, cuando se fue a
París, siguió siendo primer lehendakari del gobierno vasco.
Don Ramón Rubial fue nominado presidente o lehendakari del Consejo
General Vasco. Entonces no existía la autonomía del País Vasco. El
Estatuto de Autonomía del País Vasco, el nuevo, se aprobó en diciembre
del año 1979 y se publicó concretamente el día 22 en el Boletín Oficial
del Estado. El señor Rubial fue a visitar al lehendakari Leizaola a París
en marzo de 1980. Con el Estatuto de Autonomía se constituyó el primer
gobierno vasco posterior a 1936. En consecuencia, el primer lehendakari
del gobierno vasco después de la transición fue Garaicoechea, por lo que
lo ratifico. El señor don Ramón Rubial, al que tengo total respeto, a él
y a su familia, sobre todo a su hija, fue presidente o lehendakari del
Consejo General Vasco preautonómico. (Un señor senador: Por lo tanto,
lehendakari vasco a todos los efectos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
Señoría, rogaría que las clases de historia se dieran en otro momento.
Por favor, vayamos a la cuestión.
El señor URRUTIA ELORZA: Pido disculpas y no quiero determinar nada con
respecto a lo manifestado por el señor Urrutia Abaigar.
A los títulos V, VI, VII y VIII hemos presentado, por parte de Eusko
Alkartasuna, las enmiendas números 536 a 546.
Antes, intentando anticipar acontecimientos, he defendido dos relativas a
los títulos académicos profesionales en aquellos elementos en los cuales
fuera iniciación profesional o posterior a los 16 años, por lo que me voy
a centrar fundamentalmente en las enmiendas referidas a la elección, que
no selección, de director y consejo escolar.
Lo que nos interesa decir es que la participación en el consejo escolar
para la elección de director debe ser totalmente democrática y abierta.
Deben participar todos los estamentos y todos los elementos que conforman
el mismo. Se ha de conocer y valorar las candidaturas --lo digo en la
enmienda número 538-- al objeto de que se pueda participar
democráticamente en la elección del equipo directivo. Es el consejo
escolar el que debe tomar parte activa para que la elección del director
y de su equipo sea lo más representativa y asumible por todo el grupo del
centro escolar.
Pensamos que la designación del director se ha de hacer en función de lo
que determine el consejo escolar. El consejo escolar, como hemos dicho
antes, es la representación máxima y, en consecuencia debe tomar la
designación para nominar al director, tal y como se recoge en los
artículos 127 y 129.
En la designación del director abogamos por que sea en el órgano de
representación de la comunidad educativa de cada centro en donde se
residencie la designación al entender que el consejo escolar es el máximo
órgano de gobierno. Además, debe participar la totalidad del centro.
Con la enmienda número 541 queremos evitar lo que está sucediendo en los
centros educativos, que no hay representación ni participación de ninguna
de las personas que conforman la actividad docente para cargos de
dirección. Creemos que es fundamental ir creando esa mentalidad y,
además, pensamos que es necesario dar formación y cualificación para el
cargo de dirección.
Es básico que sean las administraciones educativas las que determinen el
procedimiento y los plazos. El País Vasco mantiene una cierta polémica
con la Administración Central, porque en la Ley de la Escuela Pública
Vasca, no recurrida, se determinan los plazos y la designación. Sé
que en este momento hay conflicto interno, y lo hemos querido plasmar
en la enmienda 542.
Enmiendas 543 y 544. Los que aspiren a ser directores deben completar un
programa de formación inicial organizado por las administraciones
educativas, con objeto de incentivarles. Queremos que sean los docentes
más jóvenes los que vayan ocupando esos puestos, que, más que otra cosa,
necesitan candidatos de valía.
Termino, señor presidente. En coherencia con las enmiendas anteriores,
solicitamos la supresión del artículo 138, por la forma en que la LOE
determina la designación de director.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado varias enmiendas en estos
títulos que pretenden asegurar la participación efectiva de las
comunidades autónomas en asuntos como la autorización de
experimentaciones o los planes de trabajo y formas de organización de los
centros, que puedan afectar a titulaciones académicas o profesionales; la
participación en las evaluaciones internacionales o en el informe sobre
los principales indicadores del sistema educativo español que remite el
Gobierno anualmente al Congreso de los Diputados.
En otras enmiendas se pretende asegurar la competencia exclusiva de las
comunidades autónomas en asuntos como la fijación del número de miembros
del Consejo Escolar, su distribución por sectores, etcétera, la
regulación de competencias y el funcionamiento de los claustros de
profesores, las competencias del director y de los demás cargos
directivos de los centros o la evaluación del sistema educativo.
En cualquier caso, las presentadas por el BNG son enmiendas recurrentes,
como lo son las que presentan otras fuerzas nacionalistas en defensa de
las competencias de las comunidades autónomas. Me voy a referir
brevemente, con toda consideración y cariño, a las alusiones que ha hecho
el senador Víctor Urrutia en su último turno a las enmiendas que
presentan los grupos nacionalistas a este respecto. El Bloque
Nacionalista Galego apuesta claramente por una política de cooperación
entre las administraciones, y no de competencia. De hecho, lo que
pretenden muchas de nuestras enmiendas es asegurar que la Administración
Central y la Autonómica tomen decisiones de común acuerdo. No obstante,
pensamos que este principio general de cooperación es perfectamente
compatible con la defensa de la exclusividad competencial en muchas
materias. Una ley orgánica de educación debe fijar un marco, pero las
comunidades autónomas deben tener la capacidad de diseñar sus propias
políticas educativas para que estas se ajusten realmente a las
necesidades de sus territorios y se adecuen a su realidad social,
cultural y económica.
Quiero hacer dos observaciones a este respecto. Cuando los miembros del
Bloque Nacionalista Galego defienden mayor poder político para Galicia,
cuando defienden la posibilidad de que nuestras instituciones diseñen
políticas propias, no están contraponiendo la defensa del territorio a
los ciudadanos. Lo hacen porque están convencidos de que así dotan al
pueblo gallego --a los ciudadanos y ciudadanas gallegas-- de instrumentos
políticos más adecuados para el diseño de políticas públicas que se
ajusten a sus necesidades e intereses. Servimos a los ciudadanos
gallegos, y lo hacemos con la visión universalista e internacionalista
que tiene el Bloque Nacionalista Galego.
Desarrollando este tipo de políticas educativas no estamos poniendo
puertas al conocimiento, sino sentando las bases para que los diseños
educativos de Galicia contribuyan, entre otras cosas, a la formación de
las personas y a su desarrollo en sociedad. Si algún papel histórico ha
jugado el sistema educativo español ha sido el de ser elemento de
alienación, y la alienación difícilmente puede favorecer el
conocimiento.
Daniel Rodríguez Castelao expresaba de una manera enormemente gráfica en
una de sus viñetas cómo la utilización de una lengua vehicular en la
enseñanza, que no es la lengua propia del país, que no es la lengua
propia de los alumnos, es un factor de absoluta alienación y una barrera
al conocimiento. Y, ¿cómo lo expresaba? El profesor le preguntaba al
alumno: ¿cuántos años tienes? Y le contestaba el alumno: «Eu non teño
años; nada mais teño unha vaca». Traduzco: yo no tengo años, nada más que
tengo una vaca. En gallego, un año es un corderito.
Hecha esta reflexión, voy a centrarme en las enmiendas que puedan
resultar novedosas en estos títulos respecto de las líneas argumentales
que he ido desgranando en mis anteriores intervenciones. En ese sentido,
quiero referirme a la enmienda número 122, en la que apostamos por la
necesidad de acompañar este proyecto de una ley de financiación.
Consideramos que es básico, para asegurar que se dote a la política
educativa de los recursos públicos necesarios para conseguir una efectiva
mejora de la calidad de la enseñanza. Fijamos como objetivo destinar el 6
por ciento del producto interior bruto a educación, así como que se
contemplen los mecanismos de corrección de los déficit acumulados en
materia de financiación educativa de las comunidades autónomas.
Por último, me voy a referir a las enmiendas relativas a la organización
de los centros. Nosotros apostamos por que el claustro de profesores
tenga capacidad plena para poder decidir en todo lo concerniente a los
aspectos educativos del centro. Apostamos por la homologación de los
centros integrados de FP a efectos de que se rijan por la misma normativa
que otros centros públicos. Creemos que el equipo directivo del centro
tiene que tener el carácter de un órgano de funcionamiento colegiado y
que, por tanto, hay que ponderar las facultades del director. En ese
sentido, pensamos que el director debe tener la capacidad de proponer,
pero no de elegir ni de remover al resto de los miembros del equipo
directivo, ya que esta función debe corresponder al claustro y al Consejo
Escolar.
También somos partidarios de asegurar la igualdad de concurrencia y la
elección democrática de los directores por parte de la comunidad
educativa, representada en el Consejo Escolar y, por tanto, somos
partidarios --y así lo reflejamos en una serie de enmiendas-- de
prescindir del concurso de méritos y de la intervención de la
administración educativa en la elección del director. En cualquier caso,
la administración tiene que proporcionar la formación básica a los
directores electos para el ejercicio de la función directiva.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca
Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Quizá uno de los valores que habría que incorporar a las tareas
educativas es el de la paciencia, sobre todo por la que hay que tener
para estar defendiendo las enmiendas que tratan de mejorar el sistema
educativo en nuestro país, cuando cabe preguntarse si a estas alturas
sirve para algo todo esto, sobre todo dada la mecánica del debate y lo
que tenemos enfrente: al partido del Gobierno, que poco --por no decir
nada-- le interesa lo que estamos planteando.
Paso brevemente a relatar el bloque de enmiendas a este apartado. Las
enmiendas números 474 y 477 tratan de facilitar la participación de
padres y madres en la actividad del propio centro educativo. La 474
facilita que puedan acudir a las entrevistas que fueran necesarias al
centro educativo, y la 477 propicia la participación en las reuniones del
Consejo Escolar. Si creemos de verdad que hay que potenciar la
participación de los padres y las madres, hay que generar los mecanismos
necesarios y adecuados para que así se pueda hacer.
La enmienda número 475 plantea la vuelta a la redacción del anteproyecto,
porque se trata de impedir que los titulares de los centros concertados
puedan imponer su ideario. Llevamos toda la tarde cuestionando todo lo
relacionado con los colegios concertados, es cierto, pero nosotros somos
defensores de la escuela pública y vamos a poner los requisitos y las
condiciones para que la concertada cumpla igual que cumple la pública.
Por tanto, en este caso no estamos de acuerdo en absoluto con la
imposición de idearios.
Nuestra enmienda número 476 se refiere a todo lo relacionado con las
bibliotecas de centro y con los recursos con que se debe dotar a todas
las bibliotecas de los centros educativos.
En la número 478 planteamos modificar la expresión «instituciones
laborales» por la de «organizaciones sindicales».
La número 479, se refiere al equipo directivo. Entendemos que la
redacción del proyecto es contradictoria con el título del Capítulo III,
que reconoce la existencia de otros órganos colegiados de gobierno, pues
da a entender que es el único existente.
Las enmiendas números 480, 481, 482, 483 y 484 hacen todas referencia a
un modelo alternativo respecto de la autonomía y el funcionamiento de la
dirección en los centros educativos. Este modelo que nosotros plasmamos
en estas enmiendas tiene los avales necesarios, fundamentalmente del
Consejo Escolar del Estado y de los establecidos en el programa electoral
del Partido Socialista.
La número 485 se refiere a los indicadores para las evaluaciones.
La número 486 tiene que ver con la inspección educativa y con cómo
queremos que se establezca. La número 487 trata de los efectivos de esa
inspección educativa.
Quiero llamar su atención, señorías, respecto de la enmienda número 488,
referente a la garantía de equiparación a la media de los países de la
Unión Europea al final de los diez años. Señorías, de no admitirse esta
enmienda estaríamos de acuerdo con lo incorporado en comisión a través de
la enmienda número 375 del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, como
digo, de no admitirse nuestra enmienda, votaríamos que el texto se
quedara tal y como queda con la enmienda número 375, es decir, en el
camino de alcanzar la equiparación con la Unión Europea a plazo fijo y
con dotación del fondo de compensación interterritorial para la reforma
educativa, con mejores ratios, etcétera.
En esa misma línea hemos formulado nuestras enmiendas números 489 y 490
referentes a añadir fondos de compensación y consolidación
presupuestaria. Proponemos adecuar las ratios a lo que nosotros estimamos
prudente para poder ofrecer una enseñanza de calidad ya que el proyecto
mantiene las ratios vigentes de la LOGSE, cuando resulta evidente que la
complejidad en las aulas no es la misma hoy que en 1990. La gratuidad de
la enseñanza básica debe comprender los libros de texto y el material
necesario; y ya que algunas comunidades autónomas ya han incorporado este
objetivo, entendemos que esto debe universalizarse para todos los alumnos
independientemente de su lugar de residencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Al Título V presentamos ocho enmiendas. La número 585 propone una mejor
redacción del apartado 4 del artículo 120 para intentar buscar un cauce
para el debido control de las experimentaciones realizadas por los
centros.
La número 586 consiste en una simple corrección técnica de mejora de la
redacción del artículo 125, relativo a la programación general anual.
Con la número 588, al artículo 127, pretendemos dar agilidad a los
procedimientos disciplinarios. Es necesario mantener que los directores
de los centros tengan la competencia en la imposición de sanciones
disciplinarias al alumnado, respetando siempre las garantías normales en
este tipo de procedimientos y con la facultad del Consejo
Escolar de conocer en todo momento dichos procedimientos.
Con la enmienda número 590 pretendemos mejorar la redacción del apartado
3 del artículo 131 ampliando la composición del equipo directivo de los
centros.
La número 591 está en consonancia con la número 588, a la que me referí
antes y referida a la facultad de los directores para imponer sanciones
disciplinarias.
La número 592 busca garantizar el funcionamiento de los servicios
públicos en todo momento.
Al Título VII sólo tenemos una enmienda al artículo 151, encaminada a
dotar a la inspección educativa de una función mediadora, función a
nuestro juicio importantísima en el contexto educativo actual.
Al Título VIII presentamos una enmienda al artículo 157 que pretende
reducir la ratio profesor-alumno. Consideramos esta enmienda fundamental
si es que se desea realmente disminuir el fracaso escolar y atender
debidamente a la diversidad del alumnado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
En los Títulos V, VI, VII y VIII quedan vivas nueve enmiendas. En la
número 710 pedíamos que los alumnos pudiesen ser elegidos como miembros
del Consejo Escolar a partir del primer curso de Educación Secundaria, en
coherencia con el procedimiento establecido en la selección, evaluación y
cese del director del centro. Señorías, una cosa es la participación y
otra que ésta recaiga en alguien que de ninguna manera tiene la madurez,
incluso fisiológica, necesaria para ejercerla.
En la 711 reclamábamos que el claustro de profesores fuese el órgano
propio de participación de los profesores en el control del gobierno de
los centros, y puede calificarse de medida técnica.
En esta misma línea de reforzar el reconocimiento de la función directiva
presentamos la enmienda 713, donde con un apartado nuevo pretendemos
garantizar la conciliación de las responsabilidades laborales y
familiares de las personas que acceden a los cargos directivos de los
centros, poniéndoles un sustituto en el caso de paternidad y maternidad.
Señorías, cuando estamos hablando de extender el permiso de paternidad
para todos los trabajadores, resulta que los profesores que acceden a la
dirección no pueden disfrutarlo por no tener un sustituto, con lo cual
saben que están obligados a volver lo antes posible.
En cuanto a la evaluación del sistema educativo, hemos presentado una
serie de enmiendas referidas al ámbito de la evaluación. Con la 715
queremos evitar que, dado que las competencias del instituto de
evaluación no están definidas en esta ley, éste acabe haciendo lo que no
debe, o sea, coordinando la evaluación de las administraciones
educativas, función que no le corresponde.
En esta misma línea se halla la número 716, puesto que el instituto de
evaluación de la calidad podría acabar actuando, precisamente porque en
esta ley no se definen sus funciones, en el ámbito de las
administraciones educativas cuando tampoco es su misión.
La enmienda 717 es técnica y se basa en el principio general de
colaboración establecido entre las distintas administraciones.
Respecto a la difusión de los resultados de la evaluación, hemos
presentado la enmienda 718, puesto que, si se quiere, el Estado puede ser
competente en evaluaciones generales pero no en el diagnóstico.
En las números 719 y 720 proponemos que la alta inspección educativa sólo
deba garantizar el cumplimiento de las facultades que le están
atribuidas, o sea la observancia de los principios y normas
constitucionales aplicables, así como las demás normas básicas, tal y
como dispone el artículo 27 de la Constitución. Por lo tanto, proponemos
un redactado mucho más respetuoso con las comunidades autónomas.
Anuncio ahora el sentido de nuestro voto. Votaremos a favor de las
enmiendas 536, 537 y 546 del señor Urrutia, de la 92, 113, 115 y 118 del
senador Jorquera y de las números 611, 612 y 614 del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la 653 y 655 del Partido
Socialista. En cuanto a las enmiendas que piden la vuelta al texto del
Congreso, votaremos en contra de todas, a excepción de la 375 del Grupo
Parlamentario Popular, formulada al artículo 115. Por último, también
votaremos en contra de las que quedan vivas del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Maqueda, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Vuelvo a repetir que no entiendo este debate cuando ya en comisión se han
defendido una a una las diferentes enmiendas. No comprendo la necesidad
de que los distintos representantes de los grupos tengan que volver a
defender todas las enmiendas. Como no quiero perder el tiempo, voy a
comentar brevemente las tres enmiendas que mantenemos vivas en este
título.
En concreto, nos referimos a tres aspectos. El primero de ellos es el
proyecto educativo, que, a nuestro modo de ver, tendrá que tener en
cuenta el entorno social y las características de cada una de las zonas
del Estado. Nos estamos refiriendo al proyecto lingüístico, a la acción
tutorial, etcétera. En este sentido sería importante seguir la línea de
lo acordado en la Conferencia de Lisboa, que plantea para el año 2010
esta convergencia.
En segundo lugar, solicitamos que el Ministerio de Educación y Ciencia
aporte a las comunidades educativas administrativas toda aquella
información que se le requiera para que éstas puedan ejercer sus
competencias en materia de evaluación educativa. Pensamos que debe ser
una colaboración mutua y en ningún caso, como se plantea en la ley, una
mera decisión unilateral.
En tercer lugar, en la enmienda 614 nos referimos a la inspección
estatal, que, a nuestro modo de ver, únicamente podrá incidir en los
programas subvencionales que se financien a través de los Presupuestos
Generales del Estado, pero nunca en los que se financien a través de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que estos últimos se hacen con
cargo exclusivo a los propios presupuestos de dicha comunidad.
Para terminar, señor presidente, quisiera recordar que se produjo un
error por parte de los servicios del Congreso que ayer le hicimos ver al
letrado de la Cámara, en el sentido de que el punto 2 del artículo 157 ya
se debería haber corregido en el texto que se ha redactado en el Senado
puesto que el 20 de febrero, por acuerdo del Congreso, se hacía esta
rectificación. No ha sido recogida en el texto, se lo indicamos al
Letrado Mayor y nos dijo que se corregiría inmediatamente. Quiero que
quede constancia porque, evidentemente, no vamos a mantener ninguna
enmienda en la medida en que se produzca dicha corrección.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa tiene la palabra la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente, seré muy
breve.
En la enmienda número 849, que corresponde al artículo 118, pedimos la
modificación del apartado 6, para que corresponda a las administraciones
educativas regular la participación en los centros que impartan
enseñanzas artísticas superiores. Nos parece que nada justifique que el
Gobierno establezca la normativa básica para regular la participación en
los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores, cuando en todo
el Título V del proyecto no se incluye ninguna remisión a la actividad
reglamentaria del Gobierno en relación con los centros que imparten las
enseñanzas no superiores.
La enmienda número 853 corresponde al artículo 127 y modifica la letra j)
para que conste como una competencia del Consejo Escolar aprobar el
proyecto de presupuesto del centro y su liquidación. En el proyecto de
ley no consta quién ha de aprobar el proyecto de presupuesto del centro y
su liquidación; sí que se dice que los directores tienen competencias
para gestionar el dinero, para realizar las contrataciones de obras,
servicios y suministros, pero nos parece imprescindible que si ese dinero
es público haya un organismo que se ocupe de aprobar el proyecto del
centro y su liquidación. Es una norma elemental de la democracia que el
dinero público se controle y no se quede en una gestión unipersonal; así
estaba contemplado en la LODE. Nos parece que debe tratarse de un error,
porque no podemos entender que en el proyecto de ley no se recoja la
aprobación del presupuesto del centro y su liquidación.
Doy por defendidas las enmiendas correspondientes a la vuelta al texto
del Congreso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
A los Títulos V a VIII de la LOE mi grupo parlamentario presenta seis
enmiendas. La primera al artículo 119.6, en la que pedimos la vuelta al
texto del Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado en comisión? Se ha suprimido
la expresión «de gobierno», con lo que el claustro de profesores y el
Consejo Escolar se convertirían en órganos consultivos y no decidirían
nada.
Desde 1985, en que se apostó por la participación en la LODE como valor
fundamental, hasta el año 2002 se profundizó en la participación en las
diferentes leyes educativas. La mal llamada Ley de calidad acabó con la
participación; para esta ley sólo se trataba de un proceso de información
de los equipos directivos a madres y padres, profesores, alumnos y
alumnas.
Me van a disculpar, pero yo no sé cómo leen ustedes los informes
internacionales, el informe PISA, por ejemplo. Yo fui alumna LOGSE y a
pesar de que fue una ley tan horrorosa, cuasi demoniaca, me enseñó a leer
perfectamente cualquier documento, sin ir saltándome los párrafos según
me convenga. Decía que los informes internacionales destacan que en la
calidad de la educación tiene mucho que ver la corresponsabilidad de los
centros, y además la participación de las familias se detecta como una de
las causas del aumento del rendimiento escolar. La participación es
fundamental en la buena marcha educativa de los centros, no sólo en la
elección del director o en la gestión, sino también en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Como decía en comisión ¿cuál es la solución que
ustedes nos trajeron con la Ley de calidad y que vuelven a presentar hoy?
Que la responsabilidad del fracaso escolar recaiga en el alumno; que
repita el alumno; se segrega en itinerarios al alumno; el responsable
siempre el alumno. El profesor sólo tiene que decir: ¿Tú no llegas?
Repites. Si no llegas nunca, te mandan a un itinerario; y padres y madres
a mirar como sucede todo.
Y mientras tanto ¿qué hacía el Estado, qué hacía el Gobierno central?
Obviamente, el gobierno del Partido Popular no podía hacer otra cosa que
colaborar con la buena marcha del alumno. Efectivamente, concediendo
menos becas, dando menos dinero a los centros, menos cuantía en las
becas, en definitiva, menos recursos. Total, que el único responsable es
el alumno. Hacer responsable de todo al alumno aparte de antipedagógico
es una locura y, además es inmoral, pero en en el caso de ustedes mucho
más. Ustedes consideran que los alumnos son unos irresponsables para que,
conjuntamente con el resto de la comunidad educativa, decidan sobre sus
centros, pero para cargar solos con la responsabilidad del fracaso
escolar sí son responsables; para eso sí lo son.
Y algo que se me olvidaba: la familia tan utilizada por parte de ustedes.
Abejón dixit: Es imposible educar sin la familia --lo acaba de mencionar
ahora mismo--. No sé si es que él entiende por familia algo diferente de
lo que entendemos
nosotros por familia, ya que en sus enmiendas niegan la
posibilidad de que padres, madres y profesores decidan la participación
del centro. Señores del Partido Popular, suprimen las competencias del
Consejo Escolar y el claustro, los excluyen de la participación y
solamente los conciben para consultar.
Con respecto a los derechos de los padres y las madres --lo que ustedes
denominan derechos de la familia o derechos de los alumnos-- en el
siguiente bloque relativo a las disposiciones adicionales les contestará
mi compañero Manuel Pezzi.
En cuanto a los recursos, de la misma manera que no es posible una
calidad en la educación sin la participación de madres y padres, tampoco
lo es sin recursos, y vuelvo a remitirme a los informes internacionales.
En este punto salto a la enmienda número 375 del Grupo Parlamentario
Popular, en la que nosotros solicitamos la vuelta al texto del Congreso
del artículo 155.
Lo primero que debemos hacer es dar la bienvenida al Grupo Parlamentario
Popular por pretender equipararnos a Europa en gasto en educación. ¡Ojalá
pudiéramos equipararnos con la media de la Unión Europea en gasto en la
educación en 2010 y no en 2012! Y como diría Groucho Marx: ¡Y dos huevos
duros! ¿Y por qué no en 2007? ¿Cuál es el problema? El problema es que
ustedes nos han alejado de la media de la Unión Europea. No es que nos
hayan intentado acercar, es que en los ocho años de gobierno del Partido
Popular la inversión en educación se ha alejado de la media de la Unión
Europea. Ustedes no hicieron su trabajo, y ahora nosotros tenemos que
dedicar más tiempo a ello.
Y vamos a ver si me aclaran algo. Como yo estudié con la LOGSE
--repito--, a lo mejor me enseñaron mal las matemáticas. Porque esto de
si es mucho o poco es relativo si lo comparamos con otros datos. Ayúdenme
ustedes. ¿62 es menos que 1.400? ¿Verdad que sí? A mí me enseñaron que sí
y si me dicen ustedes que sí, que no estudiaron LOGSE, es una garantía.
Me quedo más tranquila, pues pensé que me lo habían enseñado mal. Estaba
yo preocupada porque el incremento medio según un documento que el
Gobierno del Partido Popular barajó y luego no presentó era de 186
millones en tres años; es decir, un incremento anual medio de 62
millones; según nuestra memoria, 1.400 millones de incremento anual. Por
lo tanto, aunque sea de la LOGSE esto lo tengo bastante claro.
Al final no presentaron nada y, como decía el senador del Grupo
Parlamentario Popular, señor Abejón, no se iban a hacer desdoblamientos.
Efectivamente, si no se tiene previsto en la financiación, probablemente
no se hagan desdoblamientos, pero la partida figura en la memoria
económica que ustedes no presentaron pero nosotros sí. Incluso en el
último título de este proyecto de ley nos hemos comprometido a aportar
los recursos necesarios para cada uno de los artículos, estableciendo que
el Estado ponga un 65 por ciento y el resto la comunidad educativa, la
comunidad autónoma.
Sinceramente no les entiendo. Mejor dicho, sí les entiendo; ahora que no
están gobernando dicen: ¡Y dos huevos duros! Ahora, lo que ustedes no
hicieron --alejándonos de la media de la Unión Europea-- quieren que lo
resolvamos nosotros en dos días.
Es verdad que necesitamos más recursos en educación; ya lo hemos dicho y
por ello hemos hablado con todos los sectores educativos y con todas las
comunidades autónomas --con las suyas, con las nuestras y con las de
otros partidos--, de un incremento presupuestario.
Todas sus señorías se han comprometido a no agotar el tiempo, y creo que
ya se me ha encendido la luz naranja.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Laguna.
El señor LAGUNA PEÑA: Gracias, señor presidente. Buenas noches.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 30 enmiendas a este Título V
de participación, autonomía y gobierno de los centros. Esta cantidad de
enmiendas nos da una idea de la máxima importancia que concedemos a estos
aspectos, y por otra parte, de las carencias, indefiniciones e
imprecisiones que detectamos en la LOE, que se vienen arrastrando de
épocas anteriores y que han demostrado sus múltiples fallos y su
ineficacia para conseguir el clima escolar más adecuado para desarrollar
con garantías una educación y una enseñanza de calidad.
El Título V es clave para la calidad de la educación, partiendo de unos
objetivos claros y pasando por una dirección con preparación, pero
también con autoridad, con unos equipos directivos innovadores, pero con
las competencias que les haga posible asumir la responsabilidad y el
liderazgo pedagógico, organizativo y de convivencia de los centros.
Mantenemos estos principios sin renunciar, ni muchísimo menos --y lo
intentaré demostrar luego--, a la participación de la comunidad
educativa. Es muy fácil, y resulta muy demagógico, decir que no se quiere
la participación educativa. Pues bien, nosotros no renunciamos ni mucho
menos a la participación de la comunidad educativa porque ésta es
totalmente necesaria y debe estar contemplada y regulada en la ley. Sólo
desde un pseudoprogresismo ya trasnochado y caducado se puede seguir
poniendo en peligro el gobierno de los centros. ¿O es que ya no es
progresista ningún sistema educativo europeo porque los directores
ejercen su liderazgo con autoridad, aunque también con preparación y
competencia? ¿Es que el sistema británico, por ejemplo, con la figura del
head master como una autoridad indiscutible e incuestionada, es un
sistema derechoso, facha, caduco o dictatorial?
Hay aspectos de la ley que pueden ser enfocados, tratados y resueltos
desde los prismas de las diferentes ideologías, y es lógico que cada
ideología pueda tener su enfoque. Pero en la participación, autonomía y
gobierno de los centros, en un momento en que todos --e insisto, todos--
compartimos una preocupación por la crisis de autoridad en nuestra
sociedad, por el deterioro de la convivencia y el aumento no sólo de la
agresividad, sino de las agresiones, tenemos que reflexionar sobre qué
clima escolar necesitamos,
en qué marco educativo queremos que se desarrolle nuestra actividad
docente para obtener los mejores resultados y para que se respete
el derecho de los alumnos a estudiar y a trabajar
en las mejores condiciones, así como el derecho de los profesores a
desarrollar su profesión de una manera digna y no traumática, de una
manera ilusionante y no resignada, con ganas de seguir trabajando y no
añorando la jubilación o la baja por enfermedad.
Seguimos insistiendo, porque estamos convencidos de ello, y así se
reclama en muchos sectores educativos, en la distinción que debe hacerse
entre los órganos de gobierno y los de participación y gestión.
La enmienda 332 al artículo 121 refuerza la autonomía pedagógica como un
factor esencial y, dentro de ello, se destaca el proyecto educativo como
un elemento fundamental para definir la peculiaridad y la singularidad
del centro. Los centros docentes tienen que hacer público este proyecto
para favorecer y potenciar la participación de la comunidad educativa.
Con las enmiendas 333 y 334, de sustitución, queremos reforzar y dejar
definidas tanto la autonomía organizativa, como la autonomía de gestión
económica. Y también añadimos un artículo que nos parece fundamental de
fomento de la convivencia, porque la convivencia constituye en estos
momentos --aunque lo ha constituido siempre-- un factor de extraordinaria
importancia para conseguir la calidad.
Y con la enmienda 338 de adición se introduce un artículo que contempla
explícitamente los centros docentes con especialización curricular, que
hoy en día son una realidad en todos los sistemas educativos avanzados y
en todos los sistemas educativos que se consideran dinámicos y que
presentan ofertas singulares y ofertas diferenciadoras.
En las enmiendas 343 a 347 se contemplan la composición y atribuciones
del Consejo Escolar, el Claustro de profesores y los órganos de
coordinación pedagógica, en correspondencia con el principio del que he
hablado al comienzo de mi intervención de que se trata de órganos de
participación en el control y gestión de los centros educativos o en el
desarrollo académico de los centros en el caso de los órganos de
coordinación pedagógica.
Ustedes, nos decía la portavoz socialista, tienen al Consejo Escolar ya
sin atribuciones porque no les interesa, al Claustro de profesores sin
atribuciones porque no les interesa. Yo estoy seguro de que no se ha
leído la enmienda 344, atribuciones del Consejo Escolar, porque en el
proyecto de ley llegan en atribuciones hasta la letra l). En la enmienda
que presentamos llegamos hasta la letra ñ). No queremos ninguna
atribución en el Consejo Escolar, pero ponemos más de las que contempla
el proyecto de ley. Y lo mismo ocurre con las atribuciones del Claustro
de profesores, dice que lo dejamos también sin atribuciones; pero
mientras ellos llegan a la letra k), nosotros añadimos un apartado más,
que es la letra l). Según ustedes esto es lo que nosotros pretendemos;
dejar vacíos de atribuciones tanto al Consejo escolar como al Claustro de
profesores. Hay que leerse las enmiendas y no decir lo que a uno le pueda
venir en gana para quedar bien afirmando que no queremos la participación
en los centros. Defendemos la participación en los centros, pero también
dejamos muy claro que el órgano de gobierno es el director y el equipo
directivo. También defendemos la presencia de alumnos en el Consejo
Escolar, pero a partir de 3º de la ESO, a partir de los catorce años.
Y al Capítulo IV y último de este Título, Dirección de los centros
públicos, tenemos presentadas diez enmiendas y nos parece un capítulo muy
importante, si queremos potenciar de verdad y sin pseudoprogresismos la
enseñanza pública, una vez que sabemos fracasados los modelos anteriores.
Y no es que sea el único factor de la crisis que se vive en algunos
centros, ni que vayamos con su modificación a una situación ya
paradisiaca sin más, pero no cabe duda de que va a aportar una mejora
considerable en la escuela pública, porque realmente ni en la escuela ni
en las empresas ni en el mundo artístico se considera frívola o baladí la
figura de una dirección con autoridad y con preparación. A ninguna
empresa se le ocurre decir que al director que sí, que puede valer para
algo, pero que mandan otra serie de factores o de personas. Y lo mismo
digo en cuanto al mundo del arte, es decir, en la dirección de una
película o de una obra de teatro o de una orquesta, etcétera; se puede
decir, el director sí, pero tampoco vamos a darle muchas atribuciones
porque eso es dictatorial y está pasado de moda; entre todos tenemos que
compartir la dirección. Realmente estos aspectos los tenemos, yo diría,
clarísimos, y realmente esto tiene que ser así.
En la enmienda 348 queremos dejar meridianamente clara la consideración
del equipo directivo como el órgano de gobierno. Se crea la figura del
vicedirector porque consideramos que es un apoyo importante y necesario.
Y en la 349 modifica, completándolo, el artículo 132 sobre el director.
Se pretende establecer sus atribuciones y fortalecer sus funciones, como
garantía, para asegurar el buen funcionamiento del centro, dotándolo de
la autoridad suficiente para el eficaz desarrollo de su función, y entre
sus atribuciones figura la de promover planes de mejora de la calidad del
centro, así como proyectos de innovación e investigación educativa. Por
tanto, tiene que ser el director también el líder pedagógico del centro.
En la enmienda número 350 se pretende establecer con claridad que la
selección se realizará bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, para lograr la mayor profesionalización de la función
directiva. Establecemos con mayor precisión los requisitos para
participar en los concursos de méritos, así como respecto al
procedimiento de selección. La composición de los órganos de selección
debe garantizar que el proceso de selección de los directores se atenga a
los principios de publicidad, mérito y capacidad. No se entiende --y así
lo denunció en su comparecencia ante esta Cámara la Unión Profesional de
Directores de Instituto-- que en el punto cuarto se diga que la
selección, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los méritos
académicos y profesionales, será decidida democráticamente por los
miembros de la comisión.
Lo que nos parece un despropósito es que un menor de edad, de 12 años,
como figura en la LOE, o de 14 años, como proponemos nosotros, que forma
parte del Consejo Escolar, por responsable que sea, por madurez que
tenga,
intervenga en la selección de un funcionario público docente para
dirigir un centro, y no sólo para dirigir un centro sino también para la
valoración profesional de la carrera de ese docente.
Si resulta que nuestros alumnos de 12 y 14 años están maduros para esto,
¿por qué no lo van a estar también para votar? ¿Por qué no van a poder
votar, si pueden elegir al director de su centro y pueden condicionar su
carrera profesional con su voto? Les diría que no hay ningún funcionario
en el mundo que cuyo proceso de selección intervenga un menor de edad.
Señorías, se nos llena a todos la boca cuando hablamos de potenciar la
escuela pública, de apostar por la enseñanza pública, de mejorar su
calidad, equiparándola a los estándares europeos. La propia señora
ministra emplea muchas veces, también hoy en esta Cámara, la comparación
con los países europeos. Este Título V nos debe hacer reflexionar sobre
si siguiendo las pautas europeas estamos poniendo los medios idóneos que
nos sirvan de garantía para conseguir los objetivos en las mejores
condiciones posibles, porque no tenemos que inventar nada, sino observar
y asumir con humildad y aprovechamiento lo que se hace en los países
desarrollados de nuestro entorno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Vallejo.
La señora VALLEJO DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender las enmiendas al Título VI, que hace referencia
a la evaluación del sistema educativo.
Todos somos conscientes de que la evaluación del sistema educativo es una
parte importantísima de la metodología y que influye decididamente en la
orientación del proceso del sistema para la consecución de los objetivos
y los fines de la educación. Poca cosa sería la evaluación del sistema
educativo si fuera un mero control del mismo. Debe ser mucho más. Los
datos que ésta nos puede aportar son orientaciones fundamentales para la
consecución de los objetivos y los fines, aportando datos que permitan
también optimizar los recursos. De nada serviría una evaluación si
terminara en sí misma, nada aportaría al sistema si no fuera integral,
equilibrada y objetiva. De ahí que, teniendo en cuenta su importancia y
complejidad, el Grupo Popular haya presentado una serie de enmiendas.
Voy a hacer referencia a cuestiones muy puntuales de estas enmiendas, que
consideramos que son fundamentales.
Con la enmienda número 358 pretendemos que se añada que la evaluación no
sólo ha de contribuir a la calidad y a la equidad sino también a la
cohesión social. No podemos olvidar que la educación es una preparación
para la vida y que ha de orientar las políticas educativas en este
sentido.
Al artículo 142 hemos presentado la enmienda número 361. En el proyecto
de ley figura: «Instituto de Evaluación», pero queda muy poco preciso y
muy indefinido, y nosotros, siguiendo las propuestas del Consejo de
Estado, creemos que debe llamarse «Instituto Nacional de Evaluación y
Calidad del Sistema Educativo».
La enmienda número 362, al artículo 144, en su apartado 1 pretende
introducir que las evaluaciones han de serlo de áreas y asignaturas, y
versarán, entre otros aspectos de la calidad educativa, sobre los
conocimientos y las competencias básicas del currículo, y todo ello sin
interferir en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas,
que procederán de manera análoga. Con ello, señorías, tratamos de
homologar nuestro sistema de evaluación al de los países de nuestro
entorno, con los cuales debemos converger. De ahí también nuestra
enmienda número 363, de adición.
Por otro lado, la enmienda número 364 propone la adición de un nuevo
artículo 144 ter, que en su punto 1 contempla la elaboración periódica de
un sistema estatal de indicadores de la educación, en coherencia con el
artículo 140 del proyecto de ley, sobre la finalidad de la evaluación del
sistema educativo.
Como el resto de enmiendas a este punto ya se defendieron en la comisión
las doy por defendidas, pero sí quiero, señorías, decirles que, como han
podido ver, nuestras enmiendas mejoran el proyecto de ley de educación y
pretenden sin más, pero también sin menos, que la Administración General
del Estado, en este caso el Ministerio de Educación y Ciencia, cumpla lo
mejor posible su función en el ámbito de la evaluación del sistema
educativo, siempre dentro de sus competencias, respetando los ámbitos de
las diferentes comunidades, como ya he dicho anteriormente, colaborando
con ellas, y todo ello con un solo objetivo: la mejora de nuestro sistema
educativo en todos y cada uno de los territorios de España y en relación
con los países de nuestro entorno y sobre todo con los de la Unión
Europea.
Paso a defender las enmiendas al Título VIII, que corresponden a la labor
inspectora, también de gran importancia, y su papel dentro del sistema
educativo dependerá en gran medida de la legislación que al respecto se
promulgue; legislación que, dado que su función es compartida por
distintas administraciones, de nuevo vuelvo a insistir en que debe ser
clara y precisa, porque de esa forma nos evitaremos muchos problemas. Por
todo esto es por lo que nuestras enmiendas deben ser entendidas como una
mejora de esta labor inspectora.
Mi grupo tiene claro que la Alta Inspección ha de garantizar
exclusivamente el cumplimiento de aquellas facultades atribuidas al
Estado, al tiempo que entendemos que aquella requiere y debe aceptar la
colaboración de las comunidades autónomas, compatible con el mutuo
respeto de las funciones legislativa y ejecutiva y de garantías del
ordenamiento legal autonómico.
La Alta Inspección lo es por configurarse como una función del Estado,
como consta en la ley y como así lo ha reconocido en reiteradas ocasiones
el Tribunal Constitucional, y es así como deben ser entendidas nuestras
enmiendas; enmiendas que respetan los ámbitos competenciales e
inspectores y que clarifican la función que la labor inspectora debe
tener sin injerencias con las competencias
de otras administraciones pero sin abdicar de sus responsabilidades
y de sus obligaciones.
Es importante la enmienda número 369 al artículo 150, que recoge
competencias que la alta inspección tiene atribuidas para el cumplimiento
de sus objetivos y fines, y que no aparecen en la LOE, sobre las cuales
el Tribunal Constitucional se ha manifestado. Nosotros mantenemos que la
Alta Inspección debe comprobar que los currículos, los libros de texto y
demás material didáctico se adecuarán a las enseñanzas comunes; comprobar
que éstas se impartan con la observancia de lo dispuesto por el
ordenamiento del Estado sobre materias obligatorias básicas de los
respectivos currículos; comprobar asimismo la duración de la escolaridad
obligatoria, los requisitos de acceso de un nivel de enseñanza a otro;
verificar que los estudios cursados se adecuen a la legislación del
Estado a efectos de expedición de títulos académicos y profesionales,
válidos en todo el territorio del Estado español.
Tal y como figura en la LOE, todo queda muy vago e impreciso. Nuestra
enmienda explicita que la Alta Inspección ha de velar por los derechos
lingüísticos y ,en particular, por el derecho a recibir la enseñanza en
la lengua oficial del Estado, de acuerdo con las disposiciones vigentes
según el artículo 3.1 de la Constitución.
Señorías, a continuación paso a defender nuestra enmienda número 371, que
en su punto dos establece la necesidad de recoger en la ley que los
funcionarios que sean nombrados para desempeñar puestos de la Alta
Inspección Educativa pasarán a la situación de servicios especiales
regulada por la Ley 30/1984 de 2 de agosto.
Voy a dar por defendidas algunas enmiendas, pero no quiero dejar de hacer
referencia a la número 373, que propone la modificación del artículo 154
respecto a la organización de la inspección, y que, a juicio de mi grupo,
presenta graves deficiencias, y no por lo que dice sino por lo que no
dice.
En el apartado 1 proponemos se establece que para que una inspección de
calidad pueda cumplir sus objetivos y fines con las mejores garantías de
eficacia es imprescindible que se tengan en cuenta los diferentes niveles
y especialidades docentes. Fue sin lugar a dudas un atraso y un dislate
pedagógico el Cuerpo de inspectores generalistas que, como el ungüento
amarillo, valían para todo pero servían para muy poco: profesores de
primaria que inspeccionaban enseñanzas medias; o de enseñanzas medias que
lo hacían de infantil; especialistas de física y química que pretendían
enseñar a enseñar latín. Esto no sólo fue negativo para el sistema sino
también para el Cuerpo de inspectores. Su autoridad no quedó bien parada.
Nosotros consideramos que la especialización no sólo debe contar como
mérito sino que debe ser un requisito imprescindible. Nuestra enmienda
propone una inspección más técnica, más especializada, más pedagógica,
que constituya el auténtico motor de nuestro sistema educativo, frente a
lo que propone la LOE, que no es otra cosa que una inspección mediocre
para una educación más mediocre todavía.
Doy por defendidas las enmiendas del Título VIII, puesto que la enmienda
que proponíamos fue aceptada en comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, pasamos a debatir las disposiciones adicionales, las
disposiciones transitorias, la disposición derogatoria única y las
disposiciones finales.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Urrutia Elorza.
El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.
Vamos concluyendo ya porque, como decía aquel, ya son horas. Tenemos
pendientes todas las disposiciones adicionales, las transitorias, la
derogatoria única y las finales.
Eusko Alkartasuna, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado 9
enmiendas, 3 de las cuales se refieren fundamentalmente a un exceso de
los redactores y del Partido Socialista, portavoz de la LOE, con respecto
a dejar en blanco una serie de aspectos contenidos en la ley para futuros
reglamentos. Esto es un cheque en blanco, máxime cuando no está
contemplado así en la propia Constitución. El artículo 97 de la
Constitución únicamente permite regular las bases, pero el desarrollo y
la gestión son propios de las comunidades autónomas con competencia. Por
ello, a través de la enmienda número 547 hemos propuesto una modificación
a la disposición adicional sexta.
En el mismo sentido, en la disposición adicional decimoctava hemos
propuesto que, con anterioridad a que la Administración central lleve a
cabo algunas actuaciones o las debata en la Conferencia Sectorial,
consulte a las administraciones educativas que tengan competencia en esa
materia.
En la enmienda número 549, al apartado primero de la disposición
adicional vigesimoctava, proponemos la revisión de los módulos con el fin
de que las partidas correspondientes al personal docente de los centros
privados concertados, que se revisan anualmente por la administración
educativa competente, estén de acuerdo con las retribuciones del personal
docente de los centros públicos. No queremos que se produzcan
distorsiones entre los aumentos salariales y retributivos entre los
docentes de los centros públicos y los de los centros privados
concertados.
La enmienda número 551, correspondiente a la disposición adicional
trigesimoprimera, se refiere única y exclusivamente a un centro existente
en el territorio histórico de Álava, a una escuela municipal no
concertada, con el fin de que se posibilite su conversión en escuela
pública, al objeto de no crear ninguna distorsión en el territorio ni en
toda la comunidad.
Paso ahora a abordar un problema candente, el de los profesores
interinos, que es un aspecto que debemos resolver. En la enmienda número
553, a la disposición transitoria decimoséptima, proponemos que «... en
el plazo de cuatro años, desde la entrada en vigor de esta Ley, no se
sobrepasen los límites establecidos de forma general para la función
pública.» Asimismo, se solicita la adopción de medidas para solventar
este problema, llevando a la Conferencia Sectorial de Educación todos los
debates e informaciones al respecto.
Por otra parte, el punto 2 de la citada enmienda dice lo siguiente: «El
acceso a la función pública docente se realizará mediante un
procedimiento selectivo en el que, en la fase de concurso se valorarán la
formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa
en los centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los límites
legales permitidos.» En este sentido, creemos que la redacción original
del proyecto afecta fundamentalmente a la competencia contenida en el
artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, relativo a la Función Pública.
Las dos últimas enmiendas, las números 554 y 555, se centran en el
entramado de las disposiciones finales, que suponen una carga de
profundidad con respecto al carácter básico y orgánico de algunos
preceptos. Hemos querido hacer una distinción con respecto a lo que la
LOE determina como básico y orgánico porque creemos que se ataca
frontalmente nuestro Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a dar por defendidas las enmiendas presentadas por el BNG a todas
estas disposiciones. Tan solo me referiré a algunas de ellas por su
singularidad, como las enmiendas números 127 y 128. En ellas se pretende
asegurar que los libros de texto cuenten con la autorización previa de
las administraciones educativas e incluyan los valores de los estatutos
de autonomía y la función de la diversidad nacional, lingüística y
cultural.
Al mismo tiempo, las enmiendas números 144 a 149 pretenden mejorar las
condiciones de jubilación de los profesores. Quiero manifestar también
nuestro apoyo a la enmienda número 670, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, pues se da satisfacción a muchas de estas
propuestas.
Existe otro grupo de enmiendas que van en la línea de evitar una excesiva
jerarquización del cuerpo de profesores, avanzando en la propuesta del
cuerpo único, demanda de gran cantidad de movimientos sindicales. Pero
quería referirme en particular a dos enmiendas que señalan un tema al que
somos particularmente sensibles: las enmiendas números 136 y 139. En en
la primera se propone establecer un sistema de acceso extraordinario y
transitorio específico para el profesorado interino, mediante
concurso-oposición, en que la fase de oposición no sea eliminatoria y la
experiencia laboral docente sea valorada hasta el máximo legal. Además,
se propone arbitrar también un sistema transitorio de incorporación a la
Función Pública de aquel personal que esté impartiendo docencia y no
tenga la titulación requerida. Además, la enmienda número 139 prevé
arbitrar también, y con el mismo carácter extraordinario y transitorio,
un sistema de concurso.
Nosotros consideramos que con estas enmiendas, para las que solicitamos
el apoyo y la aprobación, estamos intentando resolver un problema social
muy grave que padecen nada más y nada menos que 80.000 docentes. Estamos
abordando un problema que incide en la calidad de la enseñanza porque,
sin lugar a dudas, la existencia de importantes índices de temporalidad y
de inestabilidad en el empleo en el colectivo de profesores repercute
también en la calidad de la enseñanza. Defendemos la compatibilidad de
dos sistemas: el concurso-oposición y el sistema de concurso, aclarando
que este último está contemplado en la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública. Con ello pretendemos solucionar un
problema que, desde nuestro punto de vista, no es un problema de carácter
coyuntural, sino un problema estructural, porque, sin lugar a dudas, el
sistema educativo generará nuevas bolsas de interinidad. Por lo tanto,
hay que responder a este problema.
Por otra parte, nos hacemos eco de una demanda compartida por distintas
fuerzas sociales, incluso, por el defensor del pueblo, en cuyo informe
emitido al respecto insta a la administración educativa a solucionar el
problema.
Sé que este aspecto y otros han sido objeto de una negociación entre el
Gobierno y el partido que le da soporte con distintas fuerzas
sindicales. Sin embargo, tengo que aclarar que en este proceso de
negociación no han estado presentes todas las fuerzas sindicales,
excluyéndose a algunas muy importantes y que reflejan la pluralidad del
Estado español. Por ejemplo, la fuerza sindical mayoritaria en la
enseñanza pública en Galicia fue excluida de este proceso de negociación,
al igual que otras muchas fuerzas sindicales y otros colectivos que
avalan estas demandas básicas. Nosotros consideramos básico dar
satisfacción a este problema, porque con ello no solo respondemos a una
demanda laboral que nos parece justa y que es necesario atender, sino que
además estamos atacando el problema de la inestabilidad y temporalidad en
el empleo, asunto que repercute también a la hora de conseguir una mejor
calidad de la enseñanza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el último apartado de enmiendas, en la enmienda número 491
planteamos suprimir la disposición adicional segunda que habla sobre el
tema de la religión, sobre todo, porque el Grupo Parlamentario Popular ha
colado en el debate de la comisión el modelo de la LOCE en todo lo
relacionado con la enseñanza de la religión. Por ello, pensamos que es
más adecuado suprimir dicha adicional.
Señorías, no entendemos que se utilice la educación financiada con dinero
público en beneficio del adoctrinamiento religioso y que continúe el
privilegio de la Iglesia Católica a la hora de imponer la enseñanza de su
religión a cargo de catequistas designados por los obispos, pero, eso sí,
pagados por todos. No entendemos, señorías, que se obligue al alumnado
que no desea recibir enseñanza de religión alguna a adaptarse al horario
y a las exigencias de los que quieren seguir imponiendo esas enseñanzas,
amparándose
en acuerdos preconstitucionales. Y, señoría, no entendemos
que la patronal católica siga recibiendo fondos públicos a través de
conciertos educativos a pesar de sus prácticas sexistas,
discriminatorias, dogmáticas y contrarias a la libertad sindical y a los
derechos de sus trabajadores. Por eso, señorías, hemos planteado una
enmienda para sustituir dicha disposición adicional en lo referente a la
religión.
La enmienda número 492 se refiere al profesorado de religión y se trata
de trasladar su regulación de una disposición adicional a una transitoria
por las razones que hemos explicado anteriormente. La enmienda número 493
aborda todo lo relacionado con el cuerpo unificado del profesorado. La
número 495 se refiere a la adquisición de la condición de catedrático. La
número 498 sobre el acceso a la condición de catedrático. La número 499
trata del bachillerato, que planteamos en concordancia con la enmienda
presentada al artículo 34.1.
La enmienda número 500 es para nosotros clave y fundamental, al igual que
la referente a la religión, y pretendemos que la cesión de suelo público
sea sólo y exclusivamente para centros públicos. En ningún momento abrir
la espita, como se está dando en la Comunidad de Madrid, que es la que
conozco, en la que se está cediendo suelo público para centros educativos
privados y concertados. Si lo criticamos en la Comunidad de Madrid,
deberíamos ser coherentes y eliminarlo de la ley para que no pueda
suceder. La enmienda número 501 se refiere a la formación profesional en
artes escénicas. Ya estaba en la LOGSE y no entendemos por qué se omite
en este caso concreto. La enmienda número 502 pretende la adición de una
nueva disposición transitoria uno y se refiere a las enseñanzas de las
religiones tiene como objetivo que los distintos niveles educativos de
dichas enseñanzas se desarrollen, en su caso, al margen del currículum
común y fuera del horario escolar obligatorio de todo el alumnado y que,
en salvaguarda del artículo 16.2 de la Constitución, no conste en la
documentación académica oficial del alumno referencia alguna a haberlas
cursado. Con la enmienda número 503 pretendemos introducir una nueva
disposición transitoria dos y se refiere a la situación del profesorado
de religión. La número 504 tiene su justificación en el estudio de la
transformación de los títulos de Maestro en una titulación con nivel de
licenciatura. La número 505 se refiere al acceso al cuerpo unificado. La
número 506 trata el ámbito afectivo sexual. La número 507 se refiere a
las recomendaciones del profesorado. En la número 508 planteamos una
nueva redacción que sería el artículo 27 de la antigua LODE. Y su
motivación es que la comunidad autónoma debe programar las actuaciones
públicas de creación de centros. La prioridad debe ser ofrecer un tejido
de centros públicos para atender la demanda. Se concertará con centros
creados por iniciativa privada, creados dónde y cuándo ésta libremente
decida, si cumplen estrictamente los criterios contenidos en la LODE y en
la presente ley. En la enmienda número 509 tratamos de añadir
representantes de la Administración educativa en los centros concertados.
La enmienda número 511 propone una nueva redacción del artículo 59. En
este caso pretendemos acercar los procedimientos seguidos por los centros
públicos y privados concertados de cara al nombramiento del director. La
enmienda número 513 se refiere a la tipificación de faltas e
incumplimientos de conciertos.
Por último, anuncio que nosotros vamos a apoyar la vuelta al texto del
proyecto que entró en la Cámara en lo que hace referencia a la
disposición final primera punto 8, puesto que desaparece el representante
del ayuntamiento en los consejos escolares de centros concertados,
introducido a instancias nuestras en el Congreso de los Diputados y que
también demandaban Coalición Canaria y Esquerra Republicana. Permítame
que les diga a estas horas de la noche que hubo un buen rollito entre
varios grupos, pero lo que está claro es que se hace desaparecer el
representante del ayuntamiento en los consejos escolares. Si está en la
escuela pública tiene que estar en la concertada, lo que no puede ser es
que cada uno subamos aquí y lo que no nos apetece lo excluimos y lo que
nos apetece lo incluimos.
Por lo tanto, señorías, acaba este debate, y mi grupo, o en este caso el
que les habla, en representación de Izquierda Unida, votará abstención en
el dictamen global del proyecto de ley porque no compartimos muchas de
las cosas que ahí se plantean. Reconocemos que es un avance, pero no es
la ley que esperábamos ni la que aspirábamos consensuar y debatir con el
partido en el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la
palabra el senador Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para defender las dos enmiendas vivas que restan a
Coalición Canaria en este paquete.
La enmienda número 597 se refiere a la disposición adicional duodécima,
relativa al acceso a la Función pública docente. Ha sido constante
preocupación de este senador en estos seis años que he tenido el honor de
compartir con sus señorías el acceso diferenciado a la Función pública
docente para el profesorado interino. Recuerdo tres preguntas al
Gobierno, tanto en la etapa anterior como en esta. En la primera nos
decían que había una comisión que estaba estudiando cómo regular ese
acceso diferenciado, mientras que en esta etapa se nos contesta que la
ley orgánica de educación iba a profundizar en la manera de establecer
ese acceso diferenciado. Señorías, nosotros entendemos que el proponente
de la ley no acierta cuando habla de la fórmula de garantizar ese acceso
diferenciado. Creemos, como decía el senador Jorquera, del Bloque
Nacionalista Galego, que ha habido una negociación del Gobierno con
algunas organizaciones sindicales en el marco de la Ley de la Función
Pública. Sin embargo, hay otras organizaciones sindicales importantes en
el sector de la educación que no participaron de estos debates y que no
coinciden con el criterio establecido por el Gobierno en su proyecto de
ley. De ahí la enmienda número 597, que pretendía establecer el acceso
diferenciado en la disposición adicional duodécima.
Creemos, como se ha dicho aquí por parte de algunos senadores, que no es
sostenible un número tan importante de interinos que tienen incertidumbre
sobre dónde van a ejercer la docencia al año siguiente, que han
demostrado su capacidad a lo largo de muchos años y que, por tanto, se
tienen que buscar fórmulas para ese acceso diferenciado. En consecuencia,
nosotros mantenemos esa enmienda.
Asimismo, mantenemos la enmienda número 599, a la disposición transitoria
sexta, que pretende que los directores nombrados con anterioridad a la
entrada en vigor de esta ley no deban someterse de nuevo a un proceso
selectivo.
Con estas dos enmiendas cerramos nuestra participación en este bloque.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra la senadora Aleixandre.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Ya estamos en la última parte de la ley y contemplamos las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Nuestro grupo ha
presentado siete enmiendas, pero no voy a consumir los siete minutos.
La enmienda número 725, por la que se pretende introducir una disposición
adicional nueva, se refiere a los planes y fondos de pensiones que
pretenden adecuar lo establecido en la disposición adicional primera del
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones, a lo que establece el convenio colectivo para el personal
de los centros educativos privados. Sabemos que los centros concertados
son centros de entidades privadas, pero creemos que los educadores
deberían tener las mismas ventajas o, al menos, tender a ello.
La enmienda número 726 es una obviedad, ya que proponemos que lo
dispuesto en esta ley lo sea de aplicación sin perjuicio de lo
establecido en los respectivos estatutos de autonomía, naturalmente.
La enmienda número 727, sobre jubilación voluntaria anticipada de los
educadores, está en la misma línea que venimos siguiendo los últimos
años.
Por su parte, la enmienda número 728 pretende que la duración de los
mandatos de gobierno de los centros para los cargos en funciones en el
momento de la puesta en vigor de ley sea la misma que se había
establecido en el momento de su elección. Ello favorecería subsanar la
sensación de inestabilidad que sufren quienes ejercen estos mandatos y,
al mismo tiempo, haría que la renovación fuese escalonada.
En cuanto a la enmienda número 732, se refiere a la disposición adicional
quinta, al título competencial. Se propone que se exceptúen del carácter
básico de la ley una serie de apartados y artículos que creemos que
afectan a las competencias de las comunidades autónomas. De lo contrario
ello permitiría al Estado legislar y, por lo tanto, interferir en las
decisiones que por ley les corresponde a las comunidades autónomas. No
vamos a defender esta enmienda de forma individual porque estaríamos
consumiendo ya todos nuestros minutos.
La última, la 733, trata de modificar la disposición final séptima,
suprimiendo el carácter orgánico del artículo 24, puesto que vaciaría de
contenido las competencias de las comunidades autónomas, así como los
artículos 30 y 38, ya que esta naturaleza sólo se puede atribuir a
artículos que se pueden considerar desarrollo directo del derecho
fundamental a la educación, delimitado por el artículo 27 de la
Constitución, y siempre con una interpretación muy restrictiva. También
se propone declarar no orgánicos los artículos 71, 74 y 78, ya que es
dudoso que lo sean en su totalidad en la medida en que no desarrollan
derechos fundamentales diferentes de los que disfrutan todos los alumnos.
El artículo 85 no regula cuestiones relativas a la educación básica ni
ningún aspecto nuclear del derecho a la educación. Por último, en
relación con el apartado 5 de la disposición final primera, el artículo
comienza: «En los términos que establezcan las administraciones
educativas»; es una materia no básica y no orgánica, el derecho de los
menores de edad en las decisiones colectivas que adopten los alumnos con
respecto a la asistencia o no a clase no es ilimitado y puede ser
condicionado, cuando no ejercido por sus padres. La enmienda ha sido
transaccionada y, si bien no cumple totalmente nuestro deseo, la
transacción o el pacto es precisamente esto: llegar a acuerdos sin
vencedores ni vencidos.
En cuanto a nuestro voto, lo ejerceremos en el mismo sentido que lo
hicimos en comisión. Por tanto, sobre la adicional segunda, que se
refiere a la asignatura de religión, mantenemos la misma postura. Señor
Cuenca, usted y yo seguimos sin ponernos de acuerdo. Podríamos debatir
durante las próximas dos horas, y me encantaría hacerlo porque tengo
muchos argumentos para el debate; pero no lo haremos, y lo dejaremos para
otro día.
De la adicional vigesimosexta, sobre coeducación, decíamos que, además de
la coeducación, hay métodos pedagógicos que sirven con eficacia al mismo
objetivo. Le aseguro que existen, señoría. La coeducación, el hecho de
poner juntos a niños y niñas, no equivale por sí sola a educación en
igualdad. Debemos hacer que se eduquen en igualdad con independencia de
que estén juntos o separados.
Nos abstendremos en la votación de la enmienda 627 a la disposición
transitoria decimoséptima, y votaremos en contra de la mayoría de las
propuestas por el Partido Popular y de algunas de las del Partido
Socialista, tal como hicimos en la comisión; por ejemplo, la 672, la 668
y la 671. Los motivos son diferentes en cada caso, pero discrepamos de
las propuestas de ambos partidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, anunciamos la retirada de dos enmiendas: la 622 y la
626. En consecuencia, haré una breve defensa de las que mantenemos
vivas.
Enmienda 616 a la disposición adicional tercera. Consideramos que el
presupuesto de los profesores de religión debe habilitarlo la
Administración general del Estado puesto que, por sentencia de la Sala de
lo Social de 12 de junio de 2002, la condición de empleador corresponde
al Estado en tanto no se traspase a la comunidad autónoma.
En cuanto a la disposición adicional cuarta, sobre adopción de los libros
de texto, entendemos que no se necesita la autorización del Estado, salvo
que las comunidades autónomas competentes digan lo contrario.
Sobre la disposición adicional sexta, entendemos que el Gobierno deberá
desarrollar reglamentariamente el complemento técnico indispensable para
la aplicación de las bases con el objetivo de garantizar el marco común
básico de la función pública docente.
Proponemos suprimir la disposición adicional decimoctava porque introduce
una presunción relativa a que se entenderán realizadas en el seno de la
Conferencia Sectorial de Educación todas las consultas y audiencias a las
comunidades autónomas que se prevén en el proyecto de ley. Por otro lado,
no nos parece adecuado que sea una ley de este calado, y menos un
proyecto de ley declarado orgánico por su disposición final séptima, la
que se pronuncie sobre este tipo de cuestiones.
La disposición adicional trigésimo segunda es un llamamiento al Gobierno
del Estado para que en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se pueda
impartir enseñanza bilingüe, en colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia. En el caso de Ceuta, la árabe-castellana y, en el de
Melilla, la castellano-tamezight.
La enmienda 624 al título competencial de la disposición final quinta
propone una serie de modificaciones a unos artículos, de manera que quede
claro que acotamos, en consonancia con la distribución competencial, el
carácter básico de dicho artículo.
En lo que se refiere a la disposición final sexta, las normas de esta ley
podrán ser desarrolladas por las comunidades autónomas, a excepción de
las relativas a aquellas materias que requieran ser desarrolladas por
parte del Gobierno central por ser complemento técnico indispensable de
las bases contenidas en esta ley. Lo que estamos pidiendo es que se
cumpla la doctrina del Tribunal Constitucional y la Resolución aprobada
por el Congreso de los Diputados el 17 de mayo de 2005, en la que se
instaba al Gobierno a utilizar normas con rango de ley para introducir
normativa básica en el ordenamiento jurídico.
Con esto termino, porque la última enmienda, la 626, al igual que la 622,
las retiramos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra
la senadora Baig.
La señora BAIG I TORRAS. Muchas gracias, señor presidente.
Para optimizar el tiempo voy a dar por defendidas las enmiendas números
871, 891, 892 y 893. Retiramos la enmienda números 882, que habíamos
presentado para tratar la implantación de la gratuidad del segundo ciclo
de educación infantil en aquellas comunidades autónomas como Cataluña, en
que se anticiparon, y luego no recibieron ninguna compensación económica,
porque la ley del Partido Popular no estuvo acompañada por una memoria
económica. Por eso presentamos esta enmienda, pero también entendemos que
en estos momentos parece difícil volver a hacer los números que
requeriría la memoria económica, que sí contempla la ley que hoy
debatimos.
Con la enmienda número 896 pretendemos introducir una modificación en la
disposición final primera, 3, en los apartados de derechos y deberes
básicos de los alumnos. Proponemos sustituir en el apartado e) del punto
3 y en el apartado f) del punto 4 la expresión «convicciones religiosas y
morales» por «convicciones morales y, en su caso, religiosas». Una
persona no tiene que tener necesariamente convicciones religiosas, siendo
posible llevar una vida rica y digna apoyada en su ética personal, sin
necesidad de convicciones religiosas.
La enmienda número 897 hace referencia a la disposición final primera, 4;
se produjo un error en el momento de publicar las enmiendas porque
figuraba disposición final primera, 3, cuando debe ser punto 4. La
modificación es respecto a los deberes básicos del alumno, porque antes
--y así consta-- en la LODE figuraba «seguir directrices del
profesorado», y nosotros proponemos: «c) Atender las recomendaciones del
profesorado respecto a su educación y aprendizaje». Participar en la
propia educación quiere decir que el alumno también ha de participar en
esta educación, es un concepto mucho más amplio y seguramente más
eficiente.
La enmienda número 925 es de modificación de la disposición final séptima
y se pretende que donde dice «22», diga 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. Estos
apartados deben tener rango de ley orgánica, mientras que las medidas
contenidas en los apartados números 5 y 6, que tratan de atención a la
diversidad, así como de la forma organizativa de las mismas corresponden
a la autonomía de los centros y no tienen carácter orgánico.
En cuanto a las enmiendas que solicitan la vuelta al texto del Congreso,
tenemos presentada una a la disposición adicional segunda, que trata de
la enseñanza de la religión. Nosotros preferimos el texto procedente del
Congreso a pesar de que la Entesa lo contemplo en el Pacto del Tinell y
dijo que la enseñanza de la religión se ha de situar en primer lugar en
el ámbito familiar y en el de la comunidad religiosa, ofreciendo después
la enseñanza de la cultura religiosa en las etapas de educación
obligatoria. En consecuencia, proponemos que se modifique --también se
dice en el Pacto del Tinell-- la normativa actual. Pero mientras no haya
una renovación del Concordato, se corresponde más con nuestro acuerdo,
como digo, el texto que fue anteriormente aprobado en el Congreso de los
Diputados.
Las enmiendas que solicitan la vuelta al texto del Congreso de los
Diputados de los apartados 2 y 3 de la disposición
adicional decimoquinta las doy por defendidas. Lo mismo ocurre
con la disposición transitoria decimoséptima.
En cuanto a la disposición adicional vigesimosexta, que trata de la
coeducación, en la defensa del anterior bloque de enmiendas ya expuse
cómo la entendemos nosotros. Es evidente que podemos entender algunos
aspectos de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, pero nosotros queremos la
vuelta al texto del Congreso casi más por desconfianza política, y es que
en Cataluña hemos comprobado que se ha dado preferencia a determinadas
escuelas que no cumplen con el primer principio de la coeducación y que
es el tener entre sus alumnos niños y niñas, y es que a veces no se ha
actuado a este respecto con el rigor que nosotros creemos que es
necesario. Por eso hablamos de la vuelta al texto del Congreso.
Voy también a defender la enmienda referente a la vuelta al Congreso de
la disposición final primera 8.1. A los tres partidos que formamos el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés nos parece positivo que el
representante municipal esté también en el Consejo Escolar de centros
concertados del mismo modo que lo está en el Consejo Escolar de los
centros públicos. Defendemos esto por considerar que los consejos
escolares de centros públicos y concertados deberían ser idénticos en
cuanto a sus representantes. Y en cuanto a las escuelas gestionadas con
fondos públicos, nos parece que lo óptimo será introducir la cultura de
la rendición de cuentas y que ésta se pudiera hacer, como dinero público
que es, ante la administración más próxima, el municipio, ante la que
conoce la realidad del día a día y la de la escuela puesto que está en su
propio municipio. Por todo esto defendemos la vuelta al texto del
Congreso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias, señor presidente.
En este debate agrupado de las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatoria y finales, quiero señalar en primer lugar que retiramos
nuestras enmiendas números 657 y 665.
En cuanto al conjunto de enmiendas y votos particulares que solicitan la
vuelta al texto del Congreso, señalaré algunas referidas a unas
cuestiones que nos merecen una especial atención: alteración de la
enseñanza de la religión, mantenimiento, vigilancia y conservación de
colegios de enseñanza infantil, primaria y educación especial,
competencias por parte de los ayuntamientos, que ahora pasan a ser
competencias de las comunidades autónomas, coeducación, lengua de signos
y profesores interinos y maestros de orientación educativa junto con
algún detalle también referente a la participación de la Federación
Española de Municipios y Provincias en el Consejo Escolar del Estado y al
régimen sancionador de centros concertados.
Es cierto que en las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias y finales se han concentrado, como en un cajón de sastre,
cosas diversas, lo que ha hecho que todo este apartado sea especialmente
complicado.
En cuanto al cambio del texto de la religión, no consideramos que sea
necesario. El texto que viene del Congreso de los Diputados señala que la
enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el
acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede
y el Estado español. Por tanto, se incluirá la religión católica como
área o materia en los niveles educativos que corresponda, será de oferta
obligatoria en los centros y de carácter voluntario para los alumnos.
Volvemos, por una enmienda del Partido Popular, a un modelo que no es
razonable, que es que haya una oferta de religión católica, por tanto
confesional, y como alternativa otra religión no confesional. Existe la
desconfianza de que un padre decida que su hijo estudie religión católica
porque, en caso contrario, se vea obligado a dar una religión no
confesional. A mí no me parece que eso sea voluntario, es un sistema de
presión que no viene al caso.
Tampoco viene al caso que la religión, por la redacción que tiene la
enmienda, sea equiparable al resto de las materias y, por tanto, que su
evaluación --y ya es evaluable-- sirva a efectos de repetir curso, nota
media y selectividad. Es decir, el alumno que suspenda una asignatura, la
que sea, y la religión repetirá curso. Por el contrario, ¿ustedes creen
que un alumno con una nota magnífica en religión puede conseguir entrar
en la carrera universitaria del carácter que sea porque su nota media en
la selectividad ha subido por la calificación obtenida en religión
católica? No parece razonable y la fórmula que se había buscado, desde mi
punto de vista, es generosa, y empleo una terminología que un filósofo,
como José Antonio Marina, ha utilizado en un artículo recientemente
publicado en El Mundo. La solución que han dado los socialistas a la
enseñanza de la religión católica es generosa porque lo que pedían
muchísimos colectivos es que la enseñanza de la religión católica
estuviera fuera de la escuela, tal como acordó el Consejo Escolar del
Estado en el informe del curso 2002-2003, donde se pedía sacar la
religión del horario escolar y del currículum. Según el citado informe
del Consejo Escolar del Estado, los acuerdos de la enseñanza de las
religiones en centros públicos son claramente contradictorios con la
aconfesionalidad del Estado, por lo que deberían ser denunciados. Por
tanto, la generosidad del Gobierno y del partido que le apoya se resuelve
intentando meter por un portillo, de nuevo, el modelo de religión sí o
religión también. Es una alternativa que hace a los hombres más libres,
porque pueden escoger libremente entre dos religiones, las mismas por
cierto.
El segundo bloque al que quería referirme tiene que ver con una enmienda
del PNV, por la que el mantenimiento, vigilancia y conservación de los
colegios de infantil, primaria y secundaria ha pasado a ser competencia
de las comunidades autónomas. Nosotros podríamos discutir el fondo de la
cuestión. Los ayuntamientos tienen ahí una carga prolija pero también
reciben unos fondos económicos para hacer frente a esa conservación,
mantenimiento y
vigilancia de los centros que son de su competencia
porque la propiedad demanial, es decir, la de esos centros, es del propio
ayuntamiento y, por eso, tienen la conservación. Imaginen lo que puede
suponer en cualquier comunidad esta enmienda relativa a los fondos
económicos y que, por efecto de la misma, la comunidad tenga que hacer
frente a todos estos gastos. Creo que se debería haber hablado con la
Federación Española de Municipios y Provincias, introducido la Ley de
Presupuestos y compensado a las comunidades autónomas por el gasto que
ello ocasiona, pero nada de esto ha ocurrido.
Tercer tema, la coeducación, para la que se busca una fórmula que yo creo
que es un portillo, uno de esos portillos falsos que permiten entrar. La
ley pretendía en la disposición adicional vigesimosexta el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y para ello se daba una
atención preferente y prioritaria a los centros que desarrollasen el
principio de coeducación. Ahora se le añade «u otros métodos pedagógicos
que sirvan con eficacia a este objetivo». ¿Alguien sabe lo que son «otros
métodos pedagógicos que sirvan con eficacia a este objetivo»? ¿Es una
conferencia el día inicial del curso que diga: Hombres y mujeres son
iguales, y ya es coeducación? Yo creo que el modelo es malo y por eso
queremos volver al texto inicial.
Una señal significativa. Hemos incluido la enmienda número 668, sobre la
lengua de signos. Como están aquí presentes amigos de organizaciones de
sordos les reiteramos que la nueva disposición adicional pide que se
incluya la lengua de signos --hay un error: cuando pone lenguaje de
signos está mal expresado, se llama lengua de signos-- y dice: «De
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, las
administraciones educativas facilitarán el aprendizaje de la lengua de
signos al alumnado sordo que lo solicite, así como la modalidad bilingüe
como una opción dentro de la oferta educativa..., como lengua vehicular y
la lengua propia de la comunidad autónoma». Me parece que es de justicia
reconocérselo en la LOE.
Como me parece de justicia también la vía de la integración de personal
de otras administraciones de cuerpos docentes, por ejemplo, del Instituto
Social de la Marina, transferido a Andalucía recientemente; son docentes
y tenemos que darles la posibilidad de que se integren en los cuerpos
docentes de esta ley. Les abrimos ese portillo con la enmienda número
669.
En la cuestión de los interinos, señorías, me gustaría que hiciéramos un
ejercicio de responsabilidad. Dado que tenemos experiencia en educación
durante muchos años sabemos que la trochas a veces parece que te permiten
llegar más rápidamente a un sitio pero después te provocan muchos
problemas. Hay sentencias repetidas del Tribunal Constitucional que
declaran contrarias a la Constitución Española pruebas restringidas sólo
para acceso de interinos a la función docente, repetidas sentencias, y
solamente fija la excepcionalidad de la medida cuando se haya reordenado
el sistema educativo o la función pública docente de una manera profunda,
cosa que ocurrió con la LOGSE en 1990, cuando se reordenaba el modelo
educativo y la función pública docente.
Considero que la fórmula de entrada de los interinos por una vía
restringida aparentemente entraña enormes ventajas y estoy convencido de
que con que un licenciado, uno sólo, cuando se apruebe el decreto de ese
concurso-oposición restringido, vaya al contencioso-administrativo
conseguirá parar esta vía por encima de los dos años que fija la ley en
estos momentos. Se había llegado a un acuerdo entre el ministerio y seis
sindicatos, los mayoritarios, pero hemos buscado una trocha en el Senado
--mala fórmula--, que aparentemente da respaldo a unos compañeros
docentes interinos repartidos por toda España, pero que pueden pagar
duramente el no haber sido sensatos con las sentencias repetidas del
Tribunal Constitucional.
En cuanto a los maestros de equipo de orientación educativa, hemos
buscado una fórmula que nos parece transaccional e inteligente: quien
saque el concurso-oposición se puede quedar en la plaza que ahora
disponga y a efectos de jubilación --por tanto, a efectos económicos-- se
podrá acoger a la disposición que la ley prevé de jubilación anticipada
y, por tanto, a todos los efectos en el nivel que le corresponda una vez
que haya aprobado la oposición. Quitamos el agravio a tantos profesores
que han sacado sus oposiciones y que ahora ven que otros les pasan por
encima.
Por último, disposiciones finales. La Federación Española de Municipios y
Provincias nos ha pedido entrar en el Consejo Escolar del Estado y para
ello hemos presentado la enmienda número 675, respecto de la que pedimos
el apoyo de la Cámara.
Y en cuanto al régimen sancionador de los centros concertados, la
enmienda número 667 --llamo la atención a los forofos con el tema del
régimen sancionador de centros concertados-- dice que el régimen
sancionador recupera, por un lado, incumplimientos muy graves, pero
incluye referencias a normas reglamentarias, es decir, tú puedes ser
sancionado por cosas que dice la ley pero también por otras que no dice y
que se acordarán en reglamentos. No hay régimen sancionador que resista
ante un tribunal si toda la normativa no se ha fijado en ley. Usted no
puede intentar en un reglamento nuevos efectos sancionadores, porque ello
produce mucha indefensión a los centros concertados y a los colectivos y,
por lo tanto, lo hemos corregido suficientemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Vallejo.
La señora VALLEJO DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente.
Paso a defender las enmiendas presentadas por mi grupo a las
disposiciones finales, transitorias y adicionales.
Respecto a la disposición adicional segunda, referida a la enseñanza de
la religión, mi grupo la defendió en comisión, fue aprobada y por ello la
doy por defendida.
La número 391 es una enmienda de adición a la disposición adicional
vigésimo segunda bis, en virtud de la cual los centros que estén
autorizados para impartir el primer
ciclo de la Educación Infantil quedarán automáticamente autorizados
para impartir la Educación Infantil preescolar establecida en esta
ley con el fin de asegurar el tránsito de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre de Calidad de la Educación a la nueva legislación.
En la enmienda número 392 contemplamos la concertación de los programas
de iniciación profesional, que lo serán conforme a lo previsto en el
presente proyecto, a los que podrán acceder los centros concertados que
impartan la Educación Secundaria.
Doy por defendidas el resto de enmiendas a las adicionales y paso a la
número 395, considerada de vital importancia para un sector del
profesorado, ya que contempla la regulación de la jubilación anticipada
de los funcionarios de los cuerpos docentes a que hace referencia las
disposiciones adicionales décima 1 y decimocuarta 1, 2 y 3 de La LOGSE,
así como los pertenecientes a los grupos y escalas declaradas a extinguir
con anterioridad a la vigencia de la LOGSE incluidos en el ámbito de
aplicación del régimen de las clases pasivas del Estado, que podrán optar
a un régimen de jubilación voluntaria siempre que reúnan los requisitos
que esta enmienda propone. ¿Por qué lo hacemos así? Porque consideramos
que la regulación de la jubilación anticipada debe hacerse en
disposiciones, puesto que en la presente ley se establece con carácter
indefinido, a diferencia del proyecto que estamos debatiendo.
Otra enmienda que consideramos importante es la número 396 relativa a las
enseñanzas artísticas. Mi grupo considera que la integración de las
enseñanzas artísticas superiores en el ámbito universitario debe hacerse
a todos los efectos y, en consecuencia, es necesario acomodar el régimen
y las figuras del profesorado relativos al personal docente investigador
de las universidades.
Doy por defendidas las restantes enmiendas a las adicionales y paso a las
disposiciones transitorias.
Quiero detenerme especialmente en la número 405, que es una enmienda de
supresión de la transitoria duodécima, en coherencia con la enmienda al
artículo 59 del presente proyecto de ley. Consideramos que no tiene mucho
sentido exigir tener aprobados los dos primeros cursos de la Secundaria
para que los muchachos puedan matricularse en la Escuela de Idiomas,
cuando de todos es sabido que el aprendizaje de una lengua es más fácil
para los niños que para los mayores. ¿Por qué retrasar la edad? Da la
sensación de que de nuevo se pretende retrasar los aprendizajes, como ya
se hizo con la lectura. ¿Por qué? No alcanzamos a entenderlo, a no ser
que existan causas y motivaciones que no se puedan confesar y que nada
tienen que ver con los intereses educativos de nuestros niños y jóvenes.
La disposición transitoria es una traba, un inconveniente, un freno y va
contra la libertad, por lo que sería mejor que desapareciera; es una
obstrucción sin sentido, sin sentido común.
En cuanto a las disposiciones finales, quisiera detenerme en el punto
cinco de la disposición final primera, a la que hemos presentado la
enmienda número 408. Nuestro grupo parlamentario propone la supresión de
dicho punto, que hace referencia a lo que comúnmente se está llamando
novillos.
Es cierto que en comisión se ha introducido una mejora respecto del
derecho a la huelga, a no ir a clase, por parte de los alumnos si así lo
deciden en asamblea en el sentido de que ese derecho puede ejercer a
partir de 3º de Secundaria. En la LOE no figuraba a qué edad ni en qué
circunstancias se podía ejercer este derecho. No se decía absolutamente
nada al respecto.
En nuestra opinión este punto cinco se basta por sí mismo para echar por
tierra todas las bondades que cualquier sistema educativo pudiera tener,
salvo que los alumnos tengan más sentido común que quienes han tenido la
ocurrencia de reconocerles el derecho a ausentarse de clase cuando lo
estimen oportuno.
Se viene insistiendo en la necesidad de respaldar la figura del profesor.
Pues bien, esta enmienda ayudará a conseguirlo. Pedimos que la función
directiva sea valorada y respetada. ¿Es ésta la forma de lograrlo?
Queremos un ambiente de estudio, orden y respeto en nuestros centros.
¿Esto va a ayudar a conseguirlo? Queremos autonomía para los centros, y
considero que esto constituye una injerencia en la autonomía de régimen
interno de los centros. Queremos terminar con el fracaso escolar. Pues,
señorías, piénsenlo bien, porque considero que esto va a aumentar ese
fracaso escolar.
Insisto en que este punto quinto dará al traste por sí mismo con todos
los objetivos que decimos pretender con nuestra ley de educación. ¿O es
que queremos otras cosas? ¿Qué padre va a llevar a su hijo a un centro
donde sabe que éste, u otros en su nombre, van a decidir no ir a clase
cuando lo crean oportuno? ¿Qué padre va a estar tranquilo preguntándose
dónde estará su hijo si no va a clase?
A juzgar por los resultados, parece que los padres de la LOCSE se
propusieron terminar con una escuela pública de calidad. Con este punto
no vamos a ayudar en absoluto a conseguir la calidad de la educación,
máxime cuando se refiere a un tramo educativo como el de Secundaria, del
que, como todos los docentes somos conscientes, va a depender lo que el
alumno haga posteriormente. Ésos son los años más delicados para la
educación de nuestros jóvenes.
Yo no entiendo el porqué de este punto, señorías. En la ley ya se
contempla que los alumnos tengan en los centros sus órganos de
representación, en los que tienen voz y voto. Ustedes han considerado que
no era bueno que los alumnos adoptaran esta decisión en primero y en
segundo de Secundaria, ¿es que acaso consideran que es bueno en tercero,
en cuarto o en bachillerato? Se trata de menores de edad y legalmente
alguien tiene que responder de estos alumnos. Cuando falten a clase,
¿quién se responsabilizará de ellos? ¿Será el centro? ¿Serán los padres?
Como el centro no sabrá dónde están y los padres tampoco, ¿quiénes serán
sus responsables? Piénselo, señoría, porque algo que les parece a ustedes
que no tiene importancia, nosotros pensamos que la tiene y mucho.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular ? (Pausa.)
Concluido el debate, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a votar las enmiendas, de
conformidad, como los portavoces conocen bien, con los bloques de debate
y las solicitudes que se han hecho de votación separada. A medida que
avanzaba el debate ha habido algunas modificaciones, consecuencia de
haber retirado enmiendas, así como de peticiones realizadas por los
distintos portavoces. Y al final, evidentemente, votaremos el dictamen.
Señorías, rogaría silencio, porque tenemos que votar muchísimas.
Empezaremos votando el bloque primero.
En primer lugar, enmiendas números 515 y 517 a 524, del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 13; en contra, 228; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1, del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor,114; en contra, 126 ; abstenciones, cinco .
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 3, del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 123 ; en contra, 111; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las enmiendas números 2, 4 y 5, del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, ocho; en contra, 231; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas números 16, 17 y 18, del
senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 14; en contra, 226; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas números 38, 42 a 44, 46 y
49, del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 14; en contra, 230; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el resto del bloque de enmiendas del senador
Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 12; en contra, 231; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 423 y 439 , del senador
Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 113; en contra, 125; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 428, del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 21; en contra, 217; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas números 424 y 426, del senador
Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 21; en contra, 217; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 430, del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, siete; en contra, 229; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, cuatro; en contra, 230; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas de Coalición Canaria números 556,
562 a 565 y 567 a 578, con la excepción de la número 571, que soporta una
transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 13; en contra, 231; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 688.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 13; en contra, 226; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 680, 683 a 687 y 690.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 16; en contra, 227; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 691.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 225; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, números 600 a 605.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés. En primer lugar, la número 760.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 18; en contra, 216; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 755, con texto transaccional en comisión, y
las números 765 y 767.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 114; en contra, 125; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas en bloque de Entesa
Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 18; en contra, 216; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 629.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 124; en contra, 121 .
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 634.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 117; en contra, 120; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 117; en contra, 120; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés y las del Grupo Parlamentario Socialista. En primer
lugar, vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por
la enmienda transaccional sobre la 202 del Grupo Parlamentario Popular y
681 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
al artículo 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 114; en contra, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda de Entesa y del Grupo Socialista que
propone la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado
por las enmiendas números 159 a 173 y 411 del Grupo Parlamentario
Popular, al Preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 125; en contra, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la
enmienda número 25 del senador Jorquera, al artículo 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 119; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular.
En primer lugar, las enmiendas números 174 a 201 y 203 a 259, salvo las
números 213 y 214, que soportan transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 120; en contra, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, votamos a continuación las propuestas de modificación del
dictamen con los números de registro 57760, 57761 y 57762.
En primer lugar, votación de la modificación del dictamen con el número
de registro 57760.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 119; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 57761.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 123; en contra, 121; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 57762.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 131; en contra, 112; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Comenzamos a votar el bloque segundo.
En primer lugar, enmiendas del senador Urrutia.
Enmiendas números 526 a 528 y 533 a 535.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 226; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 529 a 531 del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 12; en contra, 231; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 7 del senador Mur.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 117; en contra, 120; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 55 a 62 del senador
Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 18; en contra, 226; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, nueve; en contra, 231; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del senador Cuenca Cañizares.
Enmienda número 454.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 459 del senador Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 21; en contra, 216; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 464 del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor,20; en contra, 217; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, cuatro; en contra, 230; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 580 a 582 y 584 de Coalición
Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 13; en contra, 231; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 693, 694 y 696 a
703.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 16; en contra, 226; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos números 607 y 608.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas de la Entesa. En primer lugar, la
número 831.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 118; en contra, 120; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 817 de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 17; en contra, 215; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 824.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 216; abstenciones, doce.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. En primer lugar, la número 648.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 113; en contra, 131; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 650 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 124; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 117; en contra, 120; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa
y el Grupo Parlamentario Socialista para la vuelta al texto del Congreso,
modificado por la enmienda número 705 de Convergència i Unió al artículo
109.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 110; en contra, 131; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 260 a 327.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 121; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el bloque tercero. Empezamos con las enmiendas
números 536, 537 y 546, del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 13; en contra, 226; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, ocho; en contra, 232; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Acto seguido, votamos las enmiendas números 92, 113, 115 y 118, del
senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 14; en contra, 226; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, nueve; en contra, 231; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del senador Cuenca números 474, 477 y 486.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 17; en contra, 216; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 488, del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 121; en contra, 119; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Seguidamente votamos el resto del bloque de enmiendas del senador
Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, cuatro; en contra, 229; abstenciones, once.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 588 y 591, del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 16; en contra, 226; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 11; en contra, 231; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos ahora a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, las
enmiendas números 710 y 715 a 720.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 713, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 21; en contra, 223; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos: 611, 612 y 614.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 18; en contra, 226; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés:
849 y 853.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista: 653 y 655.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 120; en contra, 122; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y Grupo
Socialista. En primer lugar, votamos la vuelta al texto del Congreso, en
lo modificado por la enmienda 375 del Grupo Parlamentario Popular al
artículo 155.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 118; en contra, 125; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda
610 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al artículo 119.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 114; en contra, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda
transaccional sobre la 331 del Grupo Parlamentario Popular y la 707 de
Convergència i Unió al artículo 120.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 113; en contra, 131; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda
367 del Grupo Parlamentario Popular al artículo 147.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar,
328 a 330, 332 a 366, 368 a 374, 376 y 377.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 120; en contra, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el bloque cuarto. En primer lugar, votamos las enmiendas del
senador Urrutia números 547 a 555, salvo la 551.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 13; en contra, 231; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 551, del senador Urrutia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, cuatro; en contra, 236; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del senador Jorquera números 121, 127, 128 y 129.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 14; en contra, 226; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del senador Jorquera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, nueve; en contra, 231; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del senador Cuenca Cañizares. Votamos en primer lugar la número
500.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 17; en contra, 216 ; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 507, del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 18; en contra, 216; abstenciones, 11.
Resto del bloque de enmiendas del senador Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, cuatro; en contra, 230; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria números
597 y 599.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 11; en contra, 231; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 725 a 728, 732 y 733.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 16; en contra, 227; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Han sido retiradas las números 622 y 626. Votamos
en primer lugar las números 621, 624 y 625.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 227; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 618 y 623.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 11; en contra, 232; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la número 616 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 12; en contra, 227; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del bloque de enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 12; en contra, 232.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrès números 892, 896, 897 y 925 con texto transaccional
en comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 109; en contra, 127; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la
enmienda número 731 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió a la disposición final primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 15; en contra, 228; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el resto del bloque de enmiendas de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 17; en contra, 217; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 670, 675 y 677 del Grupo Parlamentario
Socialista. (El señor Jorquera Caselas y el señor Maqueda Lafuente piden
la palabra.)
Puede hacer uso de la palabra, senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Solicito votación separada de la enmienda
número 670.
El señor PRESIDENTE: Está bien.
Creo que el senador Maqueda solicita lo mismo. ¿Es así? (Asentimiento.)
Votamos, pues, en primer lugar, la enmienda número 670 del Grupo
Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 123; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 675 y 677.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 118; en contra, 120; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la 672 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 113; en contra, 125; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 668, 671 y 673.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 112; en contra, 125; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, ahora, la número 666.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 124; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas 658, 659 y 660 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 123; en contra, 120; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 117; en contra, 120; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, señorías, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, votamos la vuelta al texto al Congreso en lo modificado
por la enmienda 627 del Grupo Parlamentario Popular a la disposición
transitoria decimoséptima.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 116; en contra, 123; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por la enmienda 379 del Grupo Parlamentario Popular a la disposición
adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 119; en contra, 124; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las
enmiendas 619 y 620 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos a la disposición adicional decimoquinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 109; en contra, 136 .
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por la enmienda 722 de Convergència i Unió a la disposición adicional
vigesimosexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 114; en contra, 131 .
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
números 378 y 380 a 410.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 120; en contra, 124 .
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, en función del resultado de la votación pregunto si estamos en
disposición de votar el dictamen como se ha ordenado o piden un tiempo.
(El señor Sanz Pérez pide la palabra.)
Tiene la palabra, senador Sanz.
El señor SANZ PÉREZ: Además de las votaciones separadas que ha solicitado
nuestro grupo, queremos incorporar para votar separadamente los artículos
24, 25 y el 32. (El señor Pezzi Cereto pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, senador Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Muchas gracias.
Pedimos votación separada, pero se puede hacer conjunta, de los artículos
14.1, 15, 18, 25, 32.5... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, pido silencio.
¿Puede repetirlo, por favor, senador Pezzi?
El señor PEZZI CERETO: ¿Es por la rapidez o por la pronunciación
andaluza? (Risas.) Supongo que por la rapidez, ¿verdad?
Son los artículos 14.1, 15, 18, 25, 32.5, 109, 119, 120, 147, 155,
disposiciones adicional segunda, decimoquinta y
vigesimosexta, disposición transitoria decimoséptima y el resto.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, estamos ordenando la votación, pido
silencio para no equivocarnos. (El señor Pezzi Cereto pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Señor presidente, si nadie pide nada en contrario,
todo lo que he enumerado se puede votar conjuntamente. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Los señores Perestelo
Rodríguez y Maqueda Lafuente piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
De la votación propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, pedimos
votación separada del artículo 25 y de la disposición transitoria
decimoséptima.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, senador Maqueda.
El señor MAQUEDA LAFUENTE: Señor presidente, pedimos votación separada de
la disposición adicional segunda y de la disposición transitoria
decimoséptima.
El señor PRESIDENTE: Señorías, voy a repetir lo que me han transmitido.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado votación separada de los
artículos 24, 25 y 32.
El senador Pezzi, del Grupo Parlamentario Socialista, ha solicitado
votación separada de los artículos 14.1, 15, 18, 25, 32.5, 109, 119,
120,147, 155, disposiciones adicionales segunda, decimoquinta,
vigesimosexta y disposición transitoria decimoséptima.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha solicitado
votación separada de la disposición adicional segunda y de la transitoria
decimoséptima.
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria ha solicitado
votación separada del artículo 25 y de la disposición transitoria
decimoséptima. (El señor Sánz Pérez pide la palabra).
Sí señoría.
El señor SANZ PÉREZ: Señor presidente, quisiera pedir que hiciésemos un
receso a fin de ordenar la votación final.
El señor PRESIDENTE: Señorías, efectivamente vamos a hacer un receso de
unos minutos. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
Señorías, vamos a empezar a votar el dictamen.
En primer lugar, votamos el Preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 123; en contra, 120; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo número 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 124; en contra, 118; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo número 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 126; en contra, 118; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo 24.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 243; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 131 ; en contra, 112; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 32.5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 127; en contra, 117; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto del artículo 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a
favor, 242; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo 120.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 128 ; en contra, 116; abstenciones, una.
Votamos, a continuación, el artículo 155.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 131; en contra, 112; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, la disposición adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 125; en contra, 118; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la disposición adicional decimoquinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 127; en contra, 117; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la disposición transitoria decimoséptima.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 130; en contra, 112; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la disposición transitoria decimonovena.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 242; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, votamos en bloque los artículos 14.1, 109, 119 y 147 y la
disposición adicional vigesimosexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 131; en contra, 112; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 124; en contra, 119; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO
DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE
MONTES. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000046) (C.
D. 121/000051).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en
relación con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Nadie presenta dictamen.
A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto. Para la
defensa de la misma, tiene la palabra el senador Sanz Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender la ratificación del veto sobre el proyecto de
ley por la que se modifica la Ley de Montes del año 2003, veto que se
aprobó en la comisión. Y como en aquella ocasión, quiero expresar, en
primer lugar, mi enérgica protesta por el trámite que se ve forzado a
seguir este proyecto de ley. Todos los grupos parlamentarios, a excepción
del Grupo Socialista, se manifestaron en el mismo sentido de crítica y de
protesta por este trámite, y todos, implícitamente, se formularon una
pregunta: ¿Qué razones han motivado que este proyecto de ley tenga que
ser debatido por el procedimiento de urgencia? La verdad es que no
encontramos razón alguna para este trámite ¿Por qué? Porque teníamos una
ley que apenas llevaba dos años en vigor, y por tanto no había causa que
justificara este trámite de urgencia. Ciertamente, esta ley puede tener
deficiencias y carencias, pero en ningún caso justificarían este trámite
de urgencia. Para demostrar lo ilógico e improcedente de este
procedimiento, basta señalar que no recoge las posibles deficiencias
detectadas en el breve espacio de tiempo de funcionamiento de esta ley y
además no aporta, a excepción de la creación de las secciones de medio
ambiente en las fiscalías de los tribunales superiores de justicia y de
las audiencias provinciales, algo importante y trascendente que lo
justifique. Personalmente, opino que esta urgencia no proviene de
necesidades detectadas como urgentes, sino de otras razones ajenas a la
necesidad de modificar la legislación actual.
En mi opinión, la razón de esta urgencia hay que buscarla, como ya
manifesté en comisión, en la situación de descrédito en la que se
encontraba el Partido Socialista, en concreto, el Gobierno, por el
trágico incendio de Guadalajara en el que perecieron 12 personas y por la
quema de miles de hectáreas en los incendios que afectaron a las
provincias
de Sevilla y Huelva. Ésta fue a mi entender la causa que
motivó el proyecto de ley de modificación de la ley actualmente en
vigor.
El Gobierno Socialista en aquellos momentos se encontraba entre la espada
y la pared ante las protestas airadas de los afectados y las críticas, un
día sí y otro también, de todos los medios de comunicación por la falta
de coordinación, por la ausencia de medios y, sobre todo, por la falta de
previsión.
Ante lo que le estaba cayendo, con una pérdida en picado de credibilidad,
el Gobierno pone en funcionamiento toda su maquinaria y estrategia
informativa para contrarrestar todas las críticas. En primer lugar,
publica un decreto sobre medidas excepcionales para prevenir los
incendios --por cierto, señorías, participando en el incumplimiento de
ese decreto, redactado y publicado por el Gobierno, el propio presidente
del Gobierno, señor Zapatero, en su tierra natal, León--. Por otra parte,
la ministra de Medio Ambiente anuncia un cambio legislativo a bombo y
platillo que impide el cambio de uso forestal por razón de incendio
durante un plazo de 30 años y la propia vicepresidenta del Gobierno, que
normalmente es la que impone todas las modas en el Gobierno, anuncia con
gran énfasis que se acabaron las recalificaciones y las urbanizaciones de
los montes.
Considero que la falta de coordinación, la ausencia de medios, las
críticas a una mala gestión y, sobre todo, la gran tragedia humana de
Guadalajara y posteriormente la de Huelva y Sevilla con la quema de miles
de hectáreas, precipitaron al Gobierno a la formulación de juicios y
valoraciones sobre las causas de los incendios que no eran acordes con
los datos de su propio ministerio.
La ministra de Medio Ambiente y la vicepresidenta del Gobierno se pasaron
unos cuantos pueblos, --por emplear un léxico popular-- y aquellos
errores en las valoraciones que han arrastrado después, el contenido de
la propuesta legislativa y el propio trámite de esta ley.
Para el Grupo Parlamentario Popular el proyecto de ley invade
competencias de las comunidades autónomas; son ellas que tienen
competencias sobre ordenación del territorio, competencias urbanísticas y
es a ellas a las que les corresponde determinar los plazos y
procedimientos para hacer efectiva la prohibición, en este caso, del
cambio de uso forestal por razón de incendio.
Lo cierto es que resulta un tanto extraño que un Gobierno tan proclive a
hacer concesiones sin ton ni son en esta cuestión no haya tenido
inconveniente alguno en invadir competencias de las comunidades
autónomas; en ocasiones, la demagogia juega malas pasadas y una de ellas
es que deja aflorar las propias contradicciones.
Como decía, la propia ministra no tiene inconveniente en anunciar una
medida que invade competencias de las comunidades autónomas pero ,por
otra parte, no ha dudado en someterse a las exigencias de algún grupo en
lo relativo al título competencial del Estado en las cuencas
hidrográficas que exceden el ámbito territorial de una comunidad
autónoma, como ha ocurrido con la reforestación hidrológica forestal,
haciendo a las claras una dejación de las funciones propias de la
Administración general del Estado.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que son las comunidades autónomas
las que deben establecer los plazos y los procedimientos para prohibir el
cambio de uso forestal, y si una comunidad autónoma, en función de su
orografía, en función de su topografía, en función de su pluviometría o
en función de otras características específicas entiende que debe dar un
determinado plazo, será ella la que lo tendrá que decidir, pero en ningún
caso el Gobierno central. ¿Por qué? Porque aparte de restar competencias
que ya se recogen en la vigente ley, el Gobierno suele ser ajeno a estos
problemas y, desde luego, no está cerca de la problemática urbanística
ni, por supuesto, de los posibles desarrollos que afecten a entornos o
ciudades.
Sin embargo, independientemente de que esta medida sea una invasión de
competencias de las comunidades autónomas, también quiero dejar muy claro
--como dije en la Comisión de Medio Ambiente-- que con esta medida no se
acabarán los incendios; más aún, me atrevo a afirmar que esta medida
puede ser una coartada o un pretexto para provocar incendios en contra de
alguien.
Esta medida abre la posibilidad de empeoramiento de la situación actual,
abre la puerta a la posibilidad de incendios para impedir futuros
desarrollos urbanísticos o la ejecución de infraestructuras que el propio
Gobierno quiera desarrollar. Nada más fácil para oponerse a la revisión
del planeamiento urbanístico de una localidad que quemar la posible
ampliación en un determinado sector si un competidor, con intereses en
otro sector, prevé desarrollos urbanísticos que le puedan perjudicar.
Abre la posibilidad de que un constructor --desaprensivo, por supuesto--,
quiera fastidiar a su competidor, que durante treinta años no podrá
actuar en la zona que él no ha quemado sino que le han quemado. Se puede
dar la paradoja de que un incendio en el sur de la Sierra de Guadarrama
se extienda, por la fuerza de los vientos, a la provincia de Segovia y
que algunos pueblos de esa provincia se vean afectados por un incendio
que no han provocado ni han querido y, lógicamente, estarán en contra de
que posteriormente se tomen medidas por algo de lo que ellos no son
responsables.Creo que con esta medida no sólo no se acabarán los
incendios sino que puede ser una coartada para fomentar situaciones que
nadie desea.
El Gobierno socialista ha querido, demagógicamente, vincular los
incendios a intereses especulativos. El Gobierno socialista ha vinculado
los incendios a especulaciones y recalificaciones de suelo forestal. Así
lo dijo la señora vicepresidenta del Gobierno: se acabaron las
recalificaciones de los montes. Sin embargo, la señora vicepresidenta del
Gobierno no sabía lo que decía porque estoy convencido que de esto sabía
muy poco y decía lo que marcaba en aquel momento su guión para salir del
paso y alejar el descrédito del Gobierno socialista.
La quema del monte para recalificar o cambiar de uso para urbanizar no es
la causa real de los incendios. Una investigación especial encargada por
el ministerio, en 1990, descarta esta hipótesis como motivo de incendios
--y esto lo dijo un Gobierno socialista, en 1990--, como también en este
mismo sentido se pronunció la comisión especial del Senado encargada de
este asunto.
Señorías, según los datos del propio ministerio, sólo en el 0,001 por
ciento de los casos se puede vincular el cambio de uso forestal a
incendios. Los datos del Seprona que corresponden a los incendios
acaecidos entre junio y agosto arrojan los siguientes datos sobre los 829
incendios esclarecidos: 227, debidos a causas naturales; 230, debidos a
accidentes; 247, debidos a negligencias, y, 125, intencionados --unas
veces por pirómanos, otras, por venganzas y por conflictos cinegéticos--.
En esos mismos datos se mueve también el estudio que presento la señora
ministra de Medio Ambiente, en el mes de octubre, en el Congreso de los
Diputados.
Por lo tanto, aquí nos surge una pregunta: ¿En qué se apoyaba la
afirmación de la señora vicepresidenta del Gobierno cuando con tanto
énfasis afirmaba que se habían acabado las recalificaciones de los
montes? ¿Había que culpar a alguien para descargar negligencias y
culpabilidades propias? ¿Por qué mentir? ¿Por qué engañar a los
ciudadanos con un tópico que lo único que pretende es desviar
responsabilidades y criminalizar a un sector determinado?
Los incendios no se provocan por recalificaciones de terrenos, señorías,
porque todo el mundo sabe que un suelo afectado por un incendio no tiene
posibilidad de cambio de uso, así figura en estos momentos en la ley
vigente. Todo el mundo sabe también que un suelo arbolado tiene más valor
para urbanizar que cuando el árbol ha desaparecido por el fuego.
Con este proyecto de ley, que modifica la ley actualmente en vigor, el
Gobierno socialista no ha acertado ni en la forma de tramitarlo ni en su
contenido, por una razón muy sencilla, porque el diagnóstico no es
acertado; más bien es equivocado y erróneo. No acierta cuando resta
competencias a las comunidades autónomas y se equivoca cuando pretende
atribuir las causas de los incendios a posibles aprovechamientos
urbanísticos, criminalizando una vez más a los propietarios, cuando la
cruda realidad pone de manifiesto que son otras las causas que provocan
los incendios.
El Gobierno socialista no acierta y se equivoca cuando consagra en su
proyecto de ley un intervencionismo trasnochado, en el que el propietario
es un mero espectador, simplemente oído, pero no atendido, sujeto a
obligaciones y limitaciones sin garantías de compensaciones. ¿Creen sus
señorías que de esta forma se va a conseguir el objetivo pretendido, es
decir, la protección del monte? El propietario no puede ser un mero
espectador de algo que es de su titularidad, de su propiedad; debe ser un
agente dinámico, implicado en la conservación y protección del monte.
Solamente así conseguiremos que nuestra masa forestal y nuestros espacios
naturales estén mejor protegidos. A los propietarios de los montes se les
pone obligaciones y limitaciones: usted no puede cortar, usted tiene que
pedir permiso para abrir zanjas, para sanear, para repoblar, para
limpiar, y ya le diremos cuándo y cómo lo debe hacer, todo ello después
de mucho tiempo de espera y de largos expedientes. El propietario,
señorías, se ve envuelto en múltiples obligaciones y con muchas
limitaciones sobre un monte que es de su propiedad, pero no se le
reconoce su aportación al medio ambiente ni lo que supone el hecho de
cuidar una masa forestal que va a contribuir a la depuración de ese CO2
que todos enviamos a la atmósfera que todos contaminamos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.
El señor SANZ BLANCO: Estoy terminando, señor presidente, pero piense que
se ha tramitado por el trámite de urgencia. Espero la benevolencia del
señor presidente. Termino.
Al propietario le ponemos obligaciones y limitaciones, ¿pero le
preguntamos si el monte le es rentable? ¿Le preguntamos si pierde
economía y dinero con esa masa forestal que está obligado a proteger y
forzado a mirarlo a distancia porque tendrá que pedir permiso para podar
un árbol cuando una rama se desgaje del tronco por la fuerza del viento o
por el peso de la nieve?
Señoría, yo creo que lo que mejor pudiera ocurrir con esta ley es que el
Gobierno la retirara, porque es una ley mala, una ley que empeora la ley
actual, una ley que invade competencias de las comunidades autónomas,
abre la posibilidad de empeorar las cosas y criminaliza al propietario de
los montes, aparte de otros muchos defectos que, como ya dijimos en
comisión, aporta esta ley.
Por lo tanto, señorías, yo pediría al Grupo Parlamentario Socialista que
instara al Gobierno a retirar esta ley y al resto de grupos
parlamentarios que apoyaran la ratificación de este veto, porque yo estoy
convencido de que, dadas las razones que expusimos en el debate en
comisión, todos los grupos estábamos más o menos de acuerdo en que esta
ley no es buena y que necesitamos otra ley. Por lo tanto, lo mejor sería
retirarla o apoyar este veto, para que el Gobierno reflexionara y tuviera
en cuenta los inconvenientes que lleva consigo esta ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para el turno en contra, tiene la palabra el senador
Bella.
El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el veto que presenta el Grupo Parlamentario Popular a este
proyecto de ley no queda suficientemente justificado. Todo el mundo
entiende la necesidad de modificar la Ley 43/2003 en base a cuatro
criterios fundamentales. El primero es que, resulta evidente que hay que
clarificar aspectos muy poco precisos de esa ley. Nadie duda en este
momento de que se han detectado suficientes deficiencias en esa norma,
como para que todo el mundo piense que hay que modificarla. Por tanto,
para cuidar mejor y conservar el patrimonio natural de nuestros montes y
bosques es necesaria la modificación de esa ley.
En segundo lugar, la precisión de la norma conllevaría un aumento de las
garantías necesarias para la protección de esos espacios amenazados y, en
consecuencia, la persecución de los posibles delitos medioambientales. La
ley también necesita un mayor rigor para actuar contra la utilización del
fuego con fines especulativos, frente a las acciones de los pirómanos que
persiguen esta finalidad y está
más que demostrado. Pero al mismo tiempo las propias organizaciones
profesionales, sociales y empresariales han
abogado realmente para que haya un ley de montes más ampliada y
modificada, que permita ser un instrumento adecuado.
En la elaboración de esta ley ya se han admitido más de 40 enmiendas en
el Congreso de los Diputados. Ha sido un proyecto de ley propuesto por el
Ministerio de Medio Ambiente, por el de Justicia y el del Interior. Se
han elaborado los preceptivos informes por el Consejo General del Poder
Judicial y del Consejo Fiscal y se han hecho las suficientes consultas a
las organizaciones profesionales, sociales y empresariales del sector
forestal. Pero, por si fuera poco, también se ha tenido en cuenta el
compromiso adquirido por este partido y el Gobierno cuando tomó posesión,
sobre todo, en lo referente a la creación de una fiscalía especial para
los delitos ecológicos, en la defensa y el mantenimiento del patrimonio
actual de suelo ecológicamente activo, en la promoción y recuperación de
los suelos degradados y en la incorporación de criterios de
sostenibilidad a la ordenación del territorio, el urbanismo y las
infraestructuras, principalmente estableciendo límites serios al uso del
suelo.
Los objetivos que se han planteado son varios. En primer lugar, proteger
los bosques y los montes españoles. En segundo lugar, perseguir y
castigar los delitos medioambientales. Y en tercer lugar, destinar fondos
y esfuerzos a la mejor conservación y desarrollo de toda la masa arbórea
del país. Por lo tanto, el nuevo texto presenta mayor rigor y
contundencia. Es una normativa más precisa y exhaustiva a la hora de
avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. El veto contradice el
cumplimiento de tales objetivos y se disuelve y se evapora en una
intrascendente demagogia, que dificultaría absolutamente la posibilidad
de avance tanto en la protección como en el castigo o en la mejor
conservación y aumento de la masa arbórea de este país. Los criterios
para establecer estos objetivos están claros. En primer lugar, se trata
de clarificar aspectos que, como digo, quedaron poco precisos en esa ley.
En segundo lugar, aumentar las garantías de protección de los espacios y
los suelos forestales. Y el tercer criterio son las actuaciones contra la
utilización del fuego con fines especulativos. Por tanto, en este momento
no cabe simplificar tanto el problema y pensar que esta ley se hace
exclusivamente para adoptar una medida. La entidad del veto que ustedes
plantean se basa exclusivamente en una enmienda sectorial hacia una de
las medidas concretas.
¿Cuáles son los instrumentos de esta ley para acabar con los problemas
que hemos detectado? En primer lugar, se prohibirá cambiar el uso del
suelo durante 30 años tras un incendio. Desaparecerá así la posibilidad
del cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para
transformarlos en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizables.
Esto ya es un logro en sí mismo para profundizar en la mejora de los
bosques de nuestro país.
En segundo lugar, se impide la realización de toda actividad incompatible
con la regeneración de la cubierta vegetal en las zonas quemadas para
garantizar su recuperación. Ninguna tolerancia hacia ningún delito
ecológico, y en particular hacia los incendios forestales que conllevan
gravísimas consecuencias sociales y económicas.
La tercera medida es que se crea la figura del fiscal de la sala de medio
ambiente. El proyecto de ley introduce la modificación de la ley
reguladora del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, con la labor de
dedicación en exclusiva para actuar frente a los delitos contra el medio
ambiente, los incendios forestales, la ordenación del territorio y el
patrimonio histórico. En la fiscalía de los tribunales superiores de
Justicia y de las audiencias provinciales existirán secciones de medio
ambiente especializadas en la ordenación del territorio, los incendios
forestales, la protección del patrimonio histórico, los recursos
naturales y el medio ambiente, así como la protección de la flora, la
fauna y los animales domésticos.
Buscamos precisión, rigor y contundencia ante cualquier delito ambiental.
Por lo tanto, hay no sólo que hablar de sostenibilidad en este aspecto,
sino que hay que asumirla con todas las consecuencias. Hemos estado
oyendo hablar al Partido Popular de sostenibilidad a lo largo de ocho
años de Gobierno, pero nunca se ha querido atajar seriamente el
problema.
Otra de las medidas que se adoptan dentro de la ley es la figura de los
agentes forestales, a los que se les otorga naturaleza de agentes de
autoridad, lo cual va a servir para esos objetivos que nos proponemos.
Hay una medida más, que es la creación de un fondo para el patrimonio
natural destinado a financiar programas de limpieza de montes y bosques,
reforestación y vigilancia forestal, entre otros que serán desarrollados
por las respectivas comunidades autónomas. La materialización de este
fondo garantizará la estabilidad y continuidad de los recursos económicos
en apoyo de los espacios forestales. De esta forma el fondo apoyará más
acciones de prevención de incendios forestales, mayor desarrollo de
cultivos que faciliten el mantenimiento y conservación de los bosques y
más acciones específicas de investigación en materia forestal.
Otra de las medidas que nos va a permitir esta ley es que se extenderá la
protección que se deriva del catálogo de montes de utilidad pública a la
totalidad de la masa forestal. Definitivamente se abandona el criterio de
la titularidad del monte como elemento clave para la atribución de las
competencias de gestión. Las limitaciones que con el objetivo de
conservación por su alto valor social y ambiental se establezcan para los
dueños de los montes podrán ser objeto de compensación económica. La
sensibilidad ecológica y ambiental asumida por nuestra sociedad actual y
la consideración expresa que refleja el conjunto del país hacia la
multifuncional de nuestros bosques y montes trasciende los intereses
privados y convierten la conservación y la ampliación forestal en una
cuestión de orden público generada a raíz de una preocupación general de
la sociedad española. Debemos aplicar la lógica constitucional derivada
del artículo 45, según la cual la protección debe tomar como referencia
las cualidades objetivas del recurso que se ha de conservar y restaurar.
Otro de los instrumentos que nos va a facilitar esta ley es que se va a
impulsar la certificación forestal, reconocida
como un instrumento voluntario, transparente y no discriminatorio,
aunando el compromiso de las administraciones públicas de promover
el consumo responsable de productos forestales en los procedimientos
de contratación pública. El objetivo, en fin, es favorecer la
adquisición de madera y productos derivados procedentes de bosques
y explotaciones que se rigen por criterios ambiental y socialmente
responsables, evitando aquellos procedentes de talas ilegales
incluso de terceros países.
La última medida es la que se ha precisado referente a la delimitación de
las competencias, ahondando con respecto a la Ley 43/2003 en la claridad
y la definición de las competencias pertenecientes a la Administración
del Estado y las pertenecientes a las comunidades autónomas. Las
comunidades autónomas, además, podrán regular el acceso público a los
montes, y en particular el acceso de vehículos a motor, cuestión difícil
pero más que necesaria. Por tanto, corresponde al Gobierno la aprobación
de la normativa reguladora de los requisitos mínimos de ordenación y
aprovechamiento de los montes, mientras que serán las comunidades
autónomas las competentes para aprobar las instrucciones de ordenación y
aprovechamiento de tales montes.
Por lo tanto, si hurgamos en la necesidad de cambiar la ley, si hurgamos
en los objetivos que se establecen en la modificación de esta ley, si nos
paramos a mirar los criterios a través de los cuales se han establecido
esos objetivos y cuáles son las medidas que esta ley nos va a aportar
para la gestión de nuestro bosque, evidentemente pensamos que no podemos
perder la oportunidad y, por tanto, no tiene ningún sentido dar veracidad
a ese veto que plantea el Grupo Popular. De hecho, pienso que ese veto,
que se encamina fundamentalmente hacia una de las medidas que plantea
esta ley, no hace más que reducirlo y, evidentemente, dejar más que en
evidencia esa pobre concepción que de la ordenación del territorio y de
la sostenibilidad tiene el Partido Popular.
Así pues, nosotros no vamos a apoyar ese veto, hacemos este turno en
contra y solicitamos al resto de los grupos de la Cámara que tengan a
bien seguir con el debate de esta ley porque realmente es un instrumento
muy importante para la conservación de los montes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comenzamos con el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a consumir el turno de portavoces sobre el veto que ha sido
presentado por el Grupo Parlamentario Popular y tan bien defendido por el
senador Sanz, con tanta claridad.
Ya le anticipo, senador, que no lo voy a votar a favor. Le voy a dar la
razón en muchas cosas, pero no lo voy a votar a favor. No lo voy a hacer
porque hay muchas enmiendas, y, si sacáramos el veto adelante, como
ocurrió en comisión, acabaríamos ya el debate --cosa que agradeceríamos
todos, a estas horas de la noche--, pero no podríamos defender las
enmiendas tan interesantes que los grupos hemos presentado.
Ahora quiero observar el veto desde dos puntos de vista. Primero, el del
procedimiento. Es profundamente lamentable que una ley tan importante,
que tiene objetivos tan asumibles --como ha dejado tan claro el portavoz
socialista-- y tan dignos de ser apoyados, haya sido declarada de
urgencia por el Gobierno, y que esta urgencia la haya tenido cinco meses
en el Congreso de los Diputados y 20 días escasos en el Senado. En la
comisión tuvimos que debatir las enmiendas cuando apenas se habían
publicado y ni siquiera los miembros de la comisión las conocíamos. Si
eso es dar facilidades para enriquecer un texto de cuya importancia no me
cabe la menor duda, la moral se me queda un poquito baja. Si se pretende
que esta Cámara haga una buena contribución a una ley que llega del
Congreso, habría que arbitrar otros procedimientos y otras maneras.
A pesar de todo, hemos presentado muchas enmiendas que tienden a mejorar
una ley que es precipitada, que no está justificada, que está inspirada
en una coyuntura muy concreta, que es obsesiva con algunos conceptos y
que invade competencias de las comunidades autónomas. Las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas en ordenación del territorio, ya
me dirán ustedes cómo las van a ejercer cuando se apruebe la ley que
debatimos.
Los principios de proteger el monte, de perseguir y de castigar, tres de
los motivos que se han expuesto, no se van a cumplir. Esta ley no será
más eficaz para luchar contra los incendios, y espero y deseo que no sea
contraproducente y consiga lo contrario de lo que dice que va a
conseguir. Evidentemente, parte de la bondad humana, y no todos los
humanos son bondadosos. Es una ley alejada de la realidad, y aún diría
más: tiene una visión desde la meseta, y no quiero decir «mesetaria». Yo
soy del Pirineo, y esta ley es de difícil aplicación allí: no tiene en
cuenta la realidad de los montes, de los bosques, de las delimitaciones
municipales, de los linderos o de los caminos; difícilmente conseguirá lo
que dice. No garantiza la gestión forestal sostenible, en contra de lo
que se dice en el preámbulo.
Además, la ley es obsesiva. Las causas de los incendios no siempre se
deben a la acción humana. Es más, estadísticamente, por lo menos en
Aragón, se deben más a los fenómenos naturales que a la acción humana. El
rayo es la primera causa de los incendios en Aragón, y me imagino que
también en otras comunidades autónomas. Fundamentalmente, los incendios
se deben a la falta de prevención, cosa que con esta ley tampoco se va a
corregir. La educación medioambiental de nuestros jóvenes y de nuestra
sociedad, la limpieza de los bosques, los cortafuegos, los depósitos de
agua, en definitiva las inversiones necesarias, con simplemente hacer la
ley no vamos a conseguirlas. Además, no se cuenta con un elemento
fundamental: los vecinos y los propietarios de los montes.
Con todas estas cuestiones, comprenderán que haya más de una razón para
apoyar lo que el senador Sanz ha defendido. Sin embargo, por razones
prácticas, me permitirá que no le dé el voto en esta circunstancia,
señoría.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Melchior.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, presidente.
Yo, al igual que el senador Mur y el senador Sanz, lamento que esta ley,
que ofrece la oportunidad de hacer las modificaciones adecuadas y
conseguir una ley de montes que cumpla con los objetivos de la de 2003,
se tramite por el procedimiento de urgencia. Lamento también que se
debata en esta Cámara a la una y media de la noche, después de una
jornada de más de catorce horas de trabajo. Por tanto, sinceramente, no
le auguro ningún futuro esperanzador. Yo creo que se pierde la
oportunidad de aprobar una ley que, en vez de mejorar ligeramente la Ley
de Montes de 2003, podría mejorarla considerablemente.
Nuestros montes son totalmente distintos. No se puede considerar
exactamente igual un monte de la Cornisa Cantábrica que uno del
Mediterráneo o uno de las islas Canarias. Tienen especies vegetales
distintas, floras distintas, densidades de masa forestal distintas,
importancia diferente para cada sociedad, incidencia distinta sobre el
entorno, régimen de propiedad, porcentaje público y privado totalmente
distintos. Incluso es diferente la aplicación del artículo 50 referido al
mantenimiento y restauración de carácter forestal de los terrenos
incendiados prohibiendo el cambio de uso forestal al menos durante 30
años, período que se toma porque es el tiempo equivalente al necesario
para regenerar la masa forestal, pero que en el caso de Canarias es de un
año, porque las plantas endémicas de Canarias resisten el fuego y, por
tanto, al año siguiente ya se han regenerado.
Es por ello una ley que probablemente no nos lleve a avanzar lo que todos
quisiéramos ni a proteger la actividad forestal en España. Sin embargo,
entiendo también, al igual que el senador Mur, que el veto no nos ayuda a
mejorar el proyecto de ley. Espero de este Senado, a pesar de la hora, a
pesar de la urgencia, que consigamos aprobar algunas enmiendas que
mejoren ligeramente este proyecto de ley, y lamento este trámite por el
procedimiento de urgencia, y también lamento la hora en que se debate.
Nosotros no vamos a apoyar el veto, pero creo que esta ley,
lamentablemente, no tiene un futuro muy esperanzador para nuestros
montes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, la verdad es que en principio no quería
intervenir porque, efectivamente, en el debate en comisión del veto ya
expliqué la posición de nuestro grupo parlamentario, pero en esta ocasión
lo hago porque tengo la sensación de que el Grupo Parlamentario
Socialista está enrocado en la posición de la absoluta verdad, y por
tanto enmiendas que se han presentado y que tienen una lógica absoluta,
desde nuestro punto de vista, obtienen poca comprensión. Por ello, voy a
usar este turno de portavoces para ver si puedo convencer al grupo que da
soporte al Gobierno de que se incorporen algunas de las enmiendas que
hemos presentado los diferentes grupos de la Cámara.
De hecho, señor presidente, señoras y señores senadores, con la
presentación del actual proyecto de ley el Gobierno, a nuestro entender,
pierde una gran oportunidad de iniciar un proceso de solución para una
serie de problemas que tiene el sector forestal, en el más amplio sentido
de la palabra. En cambio, el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que
modifica la Ley 40/2003, de Montes, y no aprovecha la ocasión para
presentar un proyecto de ley moderna, acorde con las necesidades no sólo
del sector forestal,para que sea éste viable, sino para que también sea
capaz de que el bosque continúe aportando ese importante capital
medioambiental al conjunto de la sociedad.
Lo que sí logra el proyecto de ley con gran maestría es la
criminalización del sector, ya que, de entrada, sin ninguna competencia
en ordenación del territorio, condena a todos los montes que se quemen,
por ejemplo, a la prohibición de recalificación por un tiempo de treinta
años, independientemente de las competencias que en ordenación del
territorio tienen las comunidades autónomas. Señoras y señores senadores,
éste es un titular fácil en los medios de comunicación, pero creo que,
efectivamente, es el resultado de una posición poco estudiada. Pero
vayamos por partes.
Quien regula la posibilidad de que una finca o un monte cambie su uso es,
desde nuestro punto de vista, la comunidad autónoma a través de sus
respectivas consejerías de Medio Ambiente o de Agricultura. Por tanto, si
en aplicación de una normativa propia de una comunidad autónoma no se
puede cambiar el uso de un monte, ese uso no se puede cambiar se queme o
no se queme ese monte. Y si en aplicación de las normas de una comunidad
autónoma sí se permite el cambio de uso de un monte, ese cambio se debe
permitir se queme o no se queme dicho monte. Por tanto, no podemos
castigar por dos veces a un monte --digámoslo así-- por el solo hecho de
que se haya quemado, sobre todo tal y como ha sido explicado por
diferentes portavoces cuando han dicho que en la inmensa mayoría de los
incendios forestales no hay voluntad de que éstos se produzcan, y que de
hecho en muchas ocasiones hay incendios a muchísimos kilómetros de
distancia provocados por la caída de rayos o por las líneas de alta
tensión, elementos importantes en el origen de estos incendios.
En otras legislaturas tuve la oportunidad de formar parte de una ponencia
que hizo un estudio sobre incendios forestales. Efectivamente, cuando
llegamos a las conclusiones se habló de que los grandes incendios
forestales eran el resultado de elevadas temperaturas, de sequedad
ambiental, de sequías persistentes, de fuertes vientos, de variedades
resinosas de árboles de tipo mediterráneo, y sobre todo de que el monte
está sucio puesto que hay en ellos una gran cantidad de materia vegetal
puesto que no se limpian. Y cuando se dan todas estas circunstancias y
empieza
un fuego, se produce un gran incendio que no tiene en cuenta las
fronteras provinciales, comarcales ni de comunidades autónomas y que se
extiende por cualquier territorio. Esos son los hechos.
¿Y por qué hay grandes incendios forestales? Porque el bosque no es
rentable y la gente no invierte en algo que no lo es. Por tanto, como el
sotobosque está lleno de maleza, en el momento en que se dan esas
circunstancias de temperaturas elevadas, baja humedad y vientos
importantes, no hay quien pueda parar un incendio forestal.
Pero nosotros nos centramos en el castigo de los 30 años, que veremos
cómo termina, porque yo estoy convencido de que los Parlamentos
autonómicos van a actuar rápidamente en lo atinente a la ordenación de su
territorio. Y es que, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
de Senadores de Coalición Canaria, nada tiene que ver un bosque canario
con uno de Galicia, con un monte de Castilla o con un bosque
mediterráneo. Son problemas absolutamente diferentes, con lo cual, tratar
por igual problemas diferentes es no querer darle solución al tema.
Por tanto, señor presidente, aunque podríamos tener esa tentación, no
vamos a dar soporte al veto por entender que se abre la posibilidad de
que algunas enmiendas presentadas por diferentes grupos parlamentarios se
incorporen. No obstante --y ya termino--, quiero poner sobre la mesa la
posición de nuestro grupo parlamentario al haber declarado el Gobierno
como de urgencia este proyecto de ley. Mientras que en el Congreso de los
Diputados desde su publicación por el Gobierno hasta su aprobación han
pasado, no ya cinco meses sino siete --pasó un mes para que el documento
fuese desde La Moncloa hasta el Congreso--, resulta que a nosotros nos
han dado veinte días tan sólo, y para que hoy, cuando es ya la una y
media de la madrugada, aprobemos un tema que no es precisamente baladí
puesto que puede afectar a muchísima gente. Lo cierto es que tenemos que
conseguir que pase de una forma tan rápida que no hemos tenido ni tiempo
de poderlo tratar en ponencia para acercar posiciones. Un tema tan
importante como éste tuvimos que tratarlo en comisión un martes por la
tarde cuando se habían publicado las enmiendas ese mismo día por la
mañana, es decir, que no tuvimos posibilidad alguna de poderlas estudiar.
Es más, se aprobó el veto en la comisión porque no estábamos dispuestos a
que en el momento de votar en el Pleno se hubieran presentado unas
enmiendas que desconocíamos y tuviésemos delante un proyecto difícilmente
solucionable por las contradicciones que conlleva.
Por lo tanto, tenemos la posibilidad de tener el mismo texto que nos
llegó del Congreso de los Diputados y pido al Grupo Parlamentario
Socialista que reflexione. Hay muchas enmiendas buenas que se pueden
incorporar y la propuesta que hace el ministerio es tan mala como la que
teníamos antes, pensada por burócratas y gente que sólo conoce el bosque
de fin de semana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías. Aunque ya es tarde, creo que es importante
plantear desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos cuál es nuestra posición en relación a la
ratificación del veto que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente la
pasada semana.
En primer lugar, como grupo parlamentario, tenemos que decir, tal y como
manifestamos en la Comisión de Medio Ambiente, que el procedimiento de
urgencia llevado a cabo en esta Cámara nos hace debatir y tramitar
proyectos de ley importantes e interesantes en un período de tiempo de 20
días que apenas da para tan siquiera plantear con detenimiento un
análisis del proyecto de ley que nos llega del Congreso y presentar unas
enmiendas incluso hasta coherentes con respecto a lo que se plantea en el
propio texto del proyecto de ley. No digo ya lo que eso supondría a la
hora de poder analizar detenidamente y de forma exhaustiva las enmiendas
presentadas por los distintos grupos parlamentarios para poder
posicionarse sobre las mismas.
Quizá ésa es la crítica que podemos hacer respecto al procedimiento de
urgencia, sin olvidar que el propio Consejo de Ministros ya adoptó la
urgencia del proyecto de ley y lo calificó bajo esa determinación, y así
ha sido tramitado también en el Congreso, pero los reglamentos de las
Cámaras son distintos y esto nos lleva a actuar como lo estamos haciendo
y a debatir a estas horas un proyecto de ley interesante e importante, y
lo digo desde la perspectiva de una comunidad autónoma en la cual el 54
por ciento del territorio es masa forestal.
Por tanto, estamos incidiendo en una actuación en la cual un porcentaje
muy importante del territorio de la comunidad autónoma a la que
pertenezco se vería afectada directamente por esta ley de montes que en
este momento va a ser objeto de modificación respecto a una ley que ya
aprobamos en el año 2003. En el año 2003, cuando se aprobó la nueva
normativa en materia de montes, la Ley de Montes de 21 de noviembre, que
es la que vamos a modificar ahora a través de este proyecto de ley, tal y
comentó mi compañero de grupo y entonces portavoz de este grupo
parlamentario en el debate del mismo, el senador Gatzagaetxebarría,
pretendía sustituir una ley incluso preconstitucional, porque la vigente
en esos momentos era del año 1957.
Por aquel entonces el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos valoró como positiva la innovación que se introducía en materia de
montes, dado que se procedía a tener una legislación actualizada y
moderna y más acorde a la realidad del Estado autonómico del cual nos
habíamos dotado y en el que había un claro reparto competencial, pero ni
entonces ni ahora, que debatimos este proyecto de ley que modifica la Ley
de Montes de 21 de noviembre de 2003, ha presentado veto. La ley que
sustituía a la de 1957 la veíamos positiva con independencia de que
mantuviéramos discrepancias en relación con su contenido, lo cual dio
origen incluso a la presentación de numerosas enmiendas; en su momento
este grupo parlamentario presentó un total de 134 enmiendas a ese
proyecto de ley. Y también le digo, senador Sanz, que muchas
de las enmiendas que este grupo parlamentario planteó al proyecto de
Ley de montes de 21 de noviembre fueron precisamente desde la
perspectiva competencial, es decir, entendíamos que había una invasión
de competencias y, por tanto, se les limitaba el ejercicio de
competencias que tenían atribuidas las comunidades autónomas en
sus propios estatutos de autonomía.
A la hora de dar una serie de razones --con independencia de que también
ha dado otras-- para presentación del veto por parte de su grupo
parlamentario, ha dicho que hay una invasión de competencias de las
comunidades autónomas. La verdad es que la había en la Ley de Montes de
21 de noviembre y la hay en estos momentos, pero también tengo que
decirle --y se lo digo sincera y honestamente desde esta tribuna-- que
aunque la propuesta de modificación de ciertos artículos a través de este
proyecto de ley limita el ejercicio competencial en algunos aspectos, he
de decir también que mejora sustancialmente el ejercicio competencial de
las propias comunidades autónomas e incluso de entidades locales que la
ley vigente restringe de alguna manera.
El tema fundamental es que hay aspectos que se introducen con la
modificación --referidos fundamentalmente a incendios forestales desde la
perspectiva de mejora de medios materiales, humanos, formación del
personal, coordinación y colaboración-- que son importantes e
interesantes, pero todos sabemos en esta Cámara que la prevención es el
mejor ámbito para evitar incendios puesto que una buena parte de los
mismos --y usted también lo ha dicho a la hora de dar los datos
estadísticos-- se generan por conductas y actitudes negligentes y poco
responsables. Tirar un cigarrillo por la ventanilla de un automóvil en
marcha en una zona donde hay una importante masa forestal y en un momento
en el que hay una incidencia importante de la sequía supone, en
definitiva, un riesgo elevado y, por tanto, habrá que educar al conjunto
de la sociedad para erradicar esas conductas de riesgo que las tenemos
por normales y que, sin embargo, pueden generar un incendio forestal y la
destrucción de una importante superficie de masa forestal.
La medida planteada --que es una de las cuestiones que yo creo que más
dilema ha suscitado y suscita con respecto a la modificación de este
proyecto de ley que pretende reformar la Ley de 21 de noviembre-- en
relación con la imposibilidad de cambio de uso de la superficie forestal
en 30 años si ésta se ha visto afectada por un incendio la podemos
entender como vulneradora de los derechos del propietario sobre su
propiedad, de las competencias de comunidades autónomas e incluso de
competencias de entidades locales. Sin embargo, entendemos que la medida
lo que busca es un proceso de regeneración de la cubierta vegetal y un
proceso de reforestación ordenada que permita recuperar masa forestal, lo
que ante todo tiene un efecto altamente positivo no sólo sobre el
desarrollo socioeconómico --coherente también con la protección
medioambiental--, sino que tiene una incidencia directa sobre factores
que actúan en el proceso del cambio climático. Aquí estoy totalmente de
acuerdo con algunas matizaciones que se han hecho por parte de algunos
portavoces parlamentarios, incluso el portavoz de Coalición Canaria decía
que no toda la superficie forestal ni toda la masa forestal es idéntica y
que hay diferencias en cuanto a la propia esencia de la masa forestal de
unas comunidades autónomas a otras porque los climas son distintos, el
tipo de vegetación es distinto y, por tanto, el proceso de regeneración
de la cubierta también es distinto, con lo cual esos procesos de
reforestación también son distintos y también las limitaciones pueden ser
matizadas y pueden ser distintas. Sin embargo, entendemos que los
objetivos que se pretenden son positivos, y se establecen una serie de
excepcionalidades, que incluso podríamos incrementar, dado que sería
positivo que las comunidades autónomas, en el uso de esa excepcionalidad,
pudieran acometer actuaciones de interés general para la propia comunidad
autónoma.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Termino, señor presidente, diciendo que
nuestro grupo parlamentario va a votar en contra del veto que, como no
podía ser de otra forma, ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a
través de su portavoz, el senador Sanz, por entender que este proyecto de
ley que modifica la Ley de Montes de 21 de noviembre también contiene
aspectos positivos, tal y como lo hacía la propia ley que aprobamos en su
momento el 21 de noviembre de 2003.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, yo también me sumo al criterio de estos
portavoces que no entienden por qué se tiene que tramitar por el
procedimiento de urgencia un proyecto de ley de modificación de la Ley de
Montes. No lo entiendo, como tampoco entendí, señor Sanz, que tuviéramos
que tramitar con tanta prisa el Estatuto valenciano. Son situaciones
legislativas que no acabo de comprender.
Pero antes de entrar en el debate de la propuesta de veto que plantea el
Grupo Parlamentario Popular, sí quisiera decir dos cosas. En primer
lugar, no creo que sea bueno mezclar la tragedia de Guadalajara con la
motivación de la propuesta de modificación de esta ley. Son cuestiones
que no se deberían mezclar y todos tendríamos que tener un gran respeto a
tragedias de este tipo y no mezclarlas con el justo y legítimo debate
político de los diferentes grupos parlamentarios.
En segundo lugar, quisiera señalar que es una exageración reducir este
proyecto de ley a la ligazón entre incendios y especulación urbanística
y, a partir de aquí, establecer como penalización la prohibición de uso
de esos bosques incendiados durante 30 años. Considero que es un
reduccionismo de la lectura de esta modificación de ley.
En definitiva, mi grupo parlamentario es de los que considera que la Ley
de Montes de 2003 que elaboró el
Partido Popular era francamente mejorable, desde un punto de vista
de las políticas forestales y de montes; era francamente favorable
desde el punto de vista medioambiental y era francamente mejorable
--no me explicaré mucho mejor que la senadora Loroño-- respecto
a los aspectos competenciales.
En este sentido, este proyecto de ley incorpora cinco aspectos que, desde
nuestro punto de vista, son importantes, como es el lograr una mayor
participación e implicación de los sectores sociales y económicos en las
políticas forestales y de montes; conseguir la definición de estrategias
para la recuperación económica y socioambiental
de los bosques y montes; la posibilidad de adoptar políticas que no sólo
afecten a los problemas inmediatos que tienen nuestros bosques y montes
sino que puedan abordarse políticas de resistencia frente a un problema
tan grave y tan urgente como es el del cambio climático.
Asimismo, este proyecto nos permite poder afrontar con claridad y, a
partir de la experiencia adquirida, la defensa, la preservación y un
mejor aprovechamiento de nuestras masas forestales y, en definitiva, la
lucha contra los incendios no sólo desde un aspecto legislativo, en el
sentido de la suerte o la bondad que pueda tener esta ley, sino abordarlo
con toda una serie de instrumentos, presupuestarios, de coordinación, de
adopción de medidas que, en definitiva, son los que permiten luchar
contra los incendios.
Los problemas de nuestros bosques y montes van en paralelo al abandono
del mundo rural, a los problemas y dificultades que atraviesa el mundo
rural español. Como han señalado otros portavoces, la pérdida de valor
económico, los incendios, la presión urbanística, los efectos del cambio
climático, entre otros, son problemas que afectan a todo este entorno
forestal tan importante en España. Es una realidad muy compleja y este
proyecto de modificación de la Ley de Montes nos permite obtener un mejor
instrumento legal para poder abordarlo.
Quisiera terminar mi intervención diciéndole al señor Sanz que nuestro
grupo parlamentario va a votar en contra de este veto. Este proyecto de
ley de modificación mejora la actual ley desde el punto de vista
medioambiental y forestal, aunque todavía tiene mucho que mejorar en lo
que a aspectos competenciales se refiere.
Por todo ello, señorías, señor presidente, nuestro grupo parlamentario va
a votar en contra del veto del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador
Castaño.
El señor CASTAÑO DEL OLMO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el tono empleado por todos los
portavoces que han subido a la tribuna a manifestar su opinión en contra
del veto planteado por el Grupo Parlamentario Popular; un veto que se
plantea por una de esas razones que no se suele entender, ya que este
proyecto de ley se tramita porque la urgencia de la situación así lo
requiere. (Más que agua me podían haber traído un café dado la hora que
es.--Risas.) Teniendo en cuenta que el trámite parlamentario por el
procedimiento de urgencia son normas que a todos obliga, tanto en el
Congreso de los Diputados como en el Senado, y que la culpa de que este
trámite sea así no es de esta Cámara, ni del Grupo Parlamentario
Socialista ni del Gobierno, debo recordar que en este caso el mismo se
aplica por una demanda social del pasado verano para que se tramitase la
reforma de la Ley de Montes vigentes porque resultaba ineficaz para
luchar contra los incendios forestales.
En el año 2003 las Cortes aprobaron una nueva normativa en materia de
montes a través de la cual se procedía a actualizar el régimen jurídico
regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción
del medio ambiente consagrada en la Constitución Española y con los
principios de gestión forestal sostenibles que deben informar la
ordenación y conservación de los montes españoles. La naturaleza de la
materia regulada, su complejidad y la convergencia de potestades
legislativas estatales básicas y autonómicas, amén de la existencia de
legislaciones autonómicas forestales elaboradas con carácter previo a la
promulgación de la Ley 43/2003, ha conducido al planteamiento de recursos
de inconstitucionalidad contra la ley motivados por una presunta invasión
de competencias autonómicas imputable a una extralimitación del alcance
de las previsiones de carácter básico contenidas en dicha ley.
Adicionalmente, y a pesar del poco tiempo transcurrido desde la
promulgación de la Ley 43/2003, se ha podido detectar en la norma ciertas
deficiencias e insuficiencias concernientes, no sólo a la correcta
definición de las atribuciones que, de acuerdo con determinados preceptos
de la ley corresponden a diferentes administraciones públicas, sino
también referidas a la propia ordenación de los mecanismos de protección
y conservación de los montes, especialmente de aquellos que tienen que
ver con la lucha contra los incendios forestales y con la protección que
deparan los sistemas administrativos de registro y catálogo de los
distintos tipos de montes.
Estas circunstancias aconsejaban acometer una modificación parcial y muy
definida de la ley en un momento todavía inicial del proceso social y una
adaptación de los sistemas de ordenación de los montes a las
prescripciones recogidas en el nuevo modelo de gestión forestal
sostenible. En este contexto ha parecido necesario superar el enfoque
marcadamente dualista que ha informado tradicionalmente la legislación
forestal excesivamente basada en la diferenciación de los regímenes
jurídicos de los montes en función de su titularidad pública o privada.
El conjunto del patrimonio forestal del país, la importancia de la
función ambiental de los bosques independientemente de su carácter
público o privado justifican un tratamiento más uniforme a través del
establecimiento de disposiciones generales comunes que permitan su
aplicación, definición o desarrollo por medio de las distintas
legislaciones autonómicas.
En este sentido, y como novedad de esta ley, hay que destacar la
regulación introducida en relación con el catálogo
de montes de utilidad pública, que ha constituido históricamente
un instrumento útil para la defensa y protección jurídica de los
montes públicos con la finalidad de extender esta protección a
la totalidad de la masa forestal y aplicar la
lógica constitucional derivada del artículo 45, según el cual la
protección debe tomar como referencia las cualidades objetivas del
recurso que se ha de conservar y restaurar. Se añade a la ley un nuevo
capítulo sobre las figuras de los montes protectores y protegidos. La
especial importancia de estos montes, sean públicos o privados, deriva de
los especiales valores que incorporan y les hacen acreedores de una
singularidad que justifica la adopción de una regulación y un registro
propio a través de los cuales las administraciones puedan velar por su
especial protección y salvaguarda.
Algo que se ha comentado aquí mucho, en particular por el representante
del Grupo Parlamentario Popular para la propuesta de este veto, es en
cuanto al cambio de uso de los terrenos forestales, cambio de uso de los
terrenos forestales incendiados en donde se ha llegado a decir, incluso,
que puede haber algún tipo de competencia entre algunos vecinos para
perjudicar a otros o incluso de algunos propietarios para perjudicar a
otros quemando el suelo.
Y yo le digo una cosa y es: ¿cómo es posible que se pueda pensar esto si
existiendo un planeamiento previamente aprobado ese planeamiento está
vigente y, una vez que el suelo es rústico, tendría que hacerse un nuevo
plan de ordenación territorial? Debería hacerse en tal sentido que antes
de que se incendiase ese terreno, antes de que se cambiase el uso de ese
sector, la calificación jurídica de ello ya fuera rústico, con las
especiales incidencias que puede tener el rústico de especial
protección.
Y hoy nos dice usted que puede ser que por un incendio forestal en el
terreno de un vecino se le puede perjudicar a otro y la imposibilidad de
cambiar el uso de ese suelo durante 30 años hace más necesario incluso
que apoyemos esta ley para que no pueda especularse con el suelo que se
incendie y que no se pueda especular con diferentes sectores para
urbanizar terrenos que hoy día son considerados como rústicos, y como
rústicos de especial protección, como es el caso de los forestales. Y el
cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos
en otros de carácter agrícola, pascícola, industrial, urbanizable se ha
tratado de justificar en la pérdida de valor de dichos terrenos, al
carecer de vegetación arbórea como consecuencia del desastre ecológico
ocasionado por el incendio. En muchas ocasiones el cambio de uso no se
promovía de forma inmediata tras el siniestro, sino sólo tras repetidos
incendios en ese terreno forestal, que quedaba de esta manera en una
situación de casi total degradación vegetal que dificultaba la
posibilidad de rechazar justificada y motivadamente las peticiones de
cambio de uso forestal, y ello en la medida en que estos terrenos en un
corto plazo ya no podían alcanzar el potencial forestal arbolado que
poseen antes del incendio.
Los incendios forestales tienen como causa en una pequeña parte de casos
los fenómenos naturales, no como ha dicho usted, y desgraciadamente una
inmensa mayoría de supuestos acciones humanas ya sean negligentes o
dolosas. En ese sentido, en un país avanzado como es el nuestro, no puede
permitirse una actitud de tolerancia hacia ningún delito ecológico ni en
particular hacia los incendios forestales que conllevan gravísimas
consecuencias sociales y económicas, incluyendo la pérdida de vidas
humanas.
La especulación urbanística con los terrenos que resultan afectados por
los incendios forestales constituyen una causa importante de ellos. Si se
compara cómo estaba el litoral español hace veinte años y cómo está
ahora, la diferencia es evidente, con miles de urbanizaciones que hoy se
elevan sobre antiguas masas forestales. Han sido numerosos los pequeños
incendios que acababan con los pinares en las costas. Hoy esas hectáreas
quemadas están ocupadas por hoteles, urbanizaciones o campos de golf. La
gravedad del problema merece un tratamiento más decidido que por
parte...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya, por favor.
EL señor CASTAÑO DEL OLMO: Termino ya, señor presidente.
Decía que la gravedad del problema merece un tratamiento más decidido que
por parte de la ley de montes a través de medidas concretas y, en
especial, por la fijación de un amplio plazo temporal para la previsión
del cambio de uso forestal por razón del incendio.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de esta propuesta
de veto por las razones evidentes que aquí les he explicado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Sanz.
El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer unas breves consideraciones en relación con las opiniones de
los diferentes grupos parlamentarios.
En primer lugar, quiero dar las gracias a varios grupos parlamentarios
porque en sus argumentaciones hemos coincido prácticamente en todo el
razonamiento. Otra cosa es que hayan cambiado su intención de voto por
circunstancias especiales.
Me voy a referir, en primer lugar, a mi amigo el senador Bella Galán. Yo
creo que el Partido Socialista está enrocado en el concepto de que los
incendios forestales son debidos principalmente a ideas especulativas. Yo
le aconsejaría al senador Bella Galán y al último portavoz del Partido
Socialista que se leyeran los datos que el propio Ministerio de Medio
Ambiente y la propia ministra ha expuesto en el Congreso de los
Diputados, donde las causas del cambio de uso por incendios no llega al
0,001 por ciento, es decir, prácticamente inexistente.
En segundo lugar, al último portavoz del Partido Socialista, le diré que
no le voy a contestar porque no he encontrado una argumentación
razonable. Creo que o no se
ha leído la ley, o no la ha entendido, o algo por el estilo, porque,
la verdad, lo ha hecho todo bastante confuso y complicado. Le
aconsejaría, señoría, que se leyera la ley en relación con
las consecuencias que va a ocasionar la prohibición durante 30 años de
cambio de uso forestal. Me alegraría que usted reflexionara sobre ello, a
no ser, como digo, que no haya entendido el significado de la medida.
El portavoz de Convergència i Unió dice que estaba tentado de votar a
favor del veto. Creo que a estas horas de la madrugada sería bueno que
cayera en esa tentación, además por una razón fundamental, porque nos
ahorraríamos tiempo en el debate de las enmiendas, porque ustedes saben
muy bien el destino que van a tener. Por sentido pragmático, les diría
que apoyaran este veto, porque ya saben ustedes cuál va a ser el destino
de esas enmiendas en el Congreso de los Diputados. Y lo mismo le digo al
senador Mur.
Y fíjense ustedes si es mala esta ley que la propia ministra de Medio
Ambiente ni se atrevió a presentarla en el Congreso, ni se ha atrevido
tampoco a presentarla en el Senado, porque ella sabe que la motivación de
esta ley está vinculada a unas circunstancias muy especiales, a pesar de
que el portavoz de Entesa haya querido desligarlo. Como digo, esta ley
está motivada en unas circunstancias muy especiales, en unas
circunstancias trágicas, en las que el Gobierno se vio involucrado por
mala coordinación, por falta de precisión y por ausencia de medios.
Por tanto, la señora ministra no se ha atrevido a venir por muchas
razones, en primer lugar, porque es una ley que va a incrementar de forma
considerable, más todavía, los incendios en este país.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Antes de proceder a la votación del veto, les comunico que en función del
resultado veremos si debatimos o no las enmiendas. (Rumores, protestas y
aplausos). En todo caso, votaremos mañana el proyecto de ley.
Votamos la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 115; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.
Pasamos al debate las enmiendas y mañana, después de debatir la primera
ley, votaremos este proyecto de ley.
El señor Mur ha presentado una enmienda. Su señoría tiene la palabra
(Pausa.)
Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Debido a la hora que es, doy por defendidas mis enmiendas números 1 a 15.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Companys, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, a pesar de lo avanzado de la hora, el
proyecto de ley se merece el tiempo necesario para debatirlo y, por
tanto, sintiéndolo mucho, mi grupo va a hacer uso del tiempo que le
corresponde, aunque espero no utilizarlo todo.
Mi grupo parlamentario ha presentado 26 enmiendas al proyecto de ley que
nos ha enviado el Congreso de los Diputados, a fin de hacer aportaciones
que lo mejoren de forma sustancial, que falta le hace. A diferencia de
otras ocasiones, podríamos suscribir la inmensa mayoría de las enmiendas,
entre otras cosas, porque en el fondo existe un solo modelo y las
aportaciones van mejorando en general el proyecto de ley.
Simplificando mucho, señoras y señores senadores, podemos afirmar que
hemos presentado cuatro tipos de enmiendas: unas son mejoras de carácter
técnico; otras que podríamos calificar de carácter competencial; otras de
carácter fiscal, elemento básico de un sector forestal moderno, y, por
último, algunas dirigidas al reconocimiento de las aportaciones del
sector al conjunto de la sociedad, me refiero a la externalización. (El
señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
Voy a dar por defendido el primer bloque de enmiendas relativas a mejoras
técnicas con el convencimiento de que pueden recibir el apoyo de los
grupos mayoritarios, cuya obligación es que el proyecto de ley salga
bien; estamos hablando de enmiendas absolutamente técnicas y supongo que
otros grupos, sobre todo el Grupo Parlamentario Socialista , intentarán
--así lo quiero entender-- buscar una redacción más clara y concisa a fin
de evitar interpretaciones que quizá no estén en la voluntad del propio
legislador.
En cuanto a las enmiendas de carácter competencial, hay otros grupos que
han presentado algunas en la misma línea, y también las voy a dar por
defendidas, entre otras cosas, porque otros grupos parlamentarios las van
a defender, ya que los Parlamentos y gobiernos autonómicos podrán
presentar algún recurso de inconstitucionalidad si consideran que esta
ley va más allá de lo que debería. Por tanto, no voy a dedicarle más
tiempo del absolutamente imprescindible.
En lo que se refiere a las externalidades y al tratamiento fiscal, es
posible que nuestro grupo se quede más solo. Para Convergència i Unió es
básico el reconocimiento de las aportaciones del sector al conjunto de la
sociedad, aportaciones que denominamos externalidades positivas. En una
economía abierta y liberalizada, todos nos atrevemos a organizar el
sector forestal aplicandole una serie de restricciones que le impiden en
muchos casos competir en un mercado libre, y lo ordenamos porque estamos
convencidos de la aportación de una serie de beneficios al conjunto de la
sociedad, pero a la hora de la verdad no somos capaces de reconocerlo. Y
en este punto es donde nuestro
grupo se queja de forma clara. Es más, hemos sido capaces de reconocer
a las compañías eléctricas, a las grandes empresas emisoras de CO2
el derecho a contaminar e incluso se les permite
comercializar unos cupos de cantidades de CO2 a la atmósfera; en cambio,
no somos capaces de reconocer las aportaciones beneficiosas que genera la
de masa forestal para la sociedad.
Por consiguiente, seguramente habrá menos personas dispuestas a defender
el reconocimiento de estas aportaciones, pero el sector debe saber que mi
grupo parlamentario continuará insistiendo en esta cuestión, porque es de
vital importancia.
En ese aspecto, hay dos enmiendas claves. Por un lado, la número 87, en
la que se reconoce esa aportación añadiendo una nueva letra al artículo
6, que dice «externalidades positivas de los montes: bienes y servicios
que los montes prestan a la sociedad y que no se incluyen en la
contabilidad nacional». Y, por otro, la enmienda número 111 es tan
importante que incluso he planteado al Grupo Parlamentario Socialista
que, caso de aceptarla, estaría dispuesto a retirar las enmiendas que mi
grupo parlamentario mantiene vivas, por ello significaría el
reconocimiento de las Cortes Generales de esa aportación positiva del
conjunto de montes y de bosques a la sociedad. La enmienda propone que se
añada una disposición adicional nueva con el siguiente texto: El Gobierno
remitirá en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta
ley una propuesta de ley reguladora del estatuto de la propiedad
forestal, en la que se establecerán las bases, respetando las
competencias que ostentan las comunidades autónomas, según sus
respectivos estatutos, en esta materia.
Esa propuesta, señoras y señores senadores, no es un capricho del senador
que les habla sino que supone dar cumplimiento a la vigente estrategia
forestal española que anunciaba la necesidad de un estatuto de la
propiedad forestal como una de sus principales aportaciones. Además, la
estrategia forestal --que, por cierto, no se cumple-- fue aprobada por
unanimidad en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, dando respuesta a
una de las peticiones del sector del que dependen más de dos terceras
partes del conjunto de la propiedad forestal, que es la privada y
minifundista.
Estas enmiendas pretenden corregir esta situación y que se reconozca la
aportación de este sector en la generación de externalidades positivas al
conjunto de la sociedad y que la Administración, hasta el día de hoy, se
niega a reconocer.
Por lo que hace referencia a las medidas fiscales, hemos presentado una
serie de enmiendas que, en ningún caso, suponen una prebenda ni ningún
invento para el sector forestal sino que son experiencias que se aplican
en otros sectores, por ejemplo en el agrario, en la restauración y en las
tiendas, donde cuentan con la posibilidad de funcionamiento por el
sistema de módulos fiscales.
Asimismo, una de las enmiendas que se mantienen vivas propone la
participación del Estado en la financiación de un seguro contra los
incendios forestales, como se está haciendo en este momento en el caso de
la agricultura. Si los montes continuasen como estaban anteriormente,
ligados al Ministerio de Agricultura, estos temas estarían resueltos,
pero se han sacado de ese ministerio y se han incluido en el de Medio
Ambiente y falta esa sensibilidad --que es básica-- para que el monte sea
rentable, para que se pueda reinvertir en su limpieza y para que,
efectivamente, no se incendien los bosques como está sucediendo.
Un monte que económicamente no es viable está condenado al abandono, a
convertirse en pasto de las llamas, por muchas medidas fiscales y por
muchas normativas que el Gobierno ponga en marcha. Por lo tanto, tenemos
que dar un paso a favor de que la viabilidad del sector se convierta en
una realidad porque, de esa forma, contribuiremos a su supervivencia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra la senadora Loroño. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado
cuatro enmiendas a este proyecto de ley. Las dos primeras proponen
modificaciones del artículo 7.
La enmienda número 19 plantea una modificación al artículo 21.7, con el
fin de que se recoja el derecho real o personal a la hora de actuar ante
la jurisdicción civil, tanto de los interesados como de los colindantes
cuando lo que se discuta sea el dominio, la posesión o cualquier otro
derecho real. En este sentido, proponemos que se añada también la
posibilidad de que sea un derecho personal.
La enmienda número 20, al apartado 47.1, plantea la sustitución del
término «Autoridad Local» por «Entidades Locales», para poder incluir así
las distintas modalidades de entidades locales que puedan conjugar la
actuación a la hora de movilizar medios para la extinción de incendios.
La aportación de mi grupo parlamentario a través de las enmiendas tiene
un ánimo constructivo y de mejora del proyecto de ley que estamos
debatiendo, por lo que esperamos que sean tenidas en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
el senador Guillot.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.
Señorías, de las 38 enmiendas presentadas por Entesa, solo vamos a
mantener vivas seis de ellas, más las tres transaccionales pactadas con
el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos. Consideramos
que era importante focalizar el debate en la mejora de los aspectos
competenciales, importante aspecto que debía mejorar este proyecto de
ley. También queremos expresar nuestro malestar
por las dificultades que estamos encontrando para conseguir mejorar
los elementos competenciales. Por ello, hemos trasladado a los
servicios de la Cámara cuáles van a ser las seis enmiendas que
dejamos vivas, con el compromiso de voto del Grupo
Parlamentario Socialista, y las transaccionales que hemos podido pactar,
las números 59 y 100, de Convergència i Unió, y las números 60 y 80, por
considerar que ampliar y mejorar las competencias de las comunidades
autónomas.
Quisiera terminar agradeciendo al ponente y portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Javier Castaño, su esfuerzo, capacidad
de diálogo y negociación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Le voy a dar la palabra al senador Mur, pues antes se ha producido una
confusión.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Intervengo con muchísima brevedad, teniendo en cuenta lo avanzado de la
hora.
Nuestra enmienda número 16 coincide básicamente con la enmienda número 82
del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana y con la enmienda número 103
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Por tanto, los mismos
argumentos que han utilizado ellos en su defensa sirven para defender mi
enmienda. A la luz del artículo 50.1, sobre los famosos 30 años de
imposibilidad de utilización de los terrenos quemados, en algunas
comunidades autónomas va a ser muy difícil que esto se pueda cumplir,
porque imposibilitaría obras e infraestructuras de interés general para
las comunidades que tienen competencias en cuanto a la ordenación del
territorio. Pues bien, tal y como argumentábamos en nuestra enmienda, el
día 27 de septiembre de 2005, con motivo de la presentación del
anteproyecto de ley, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón pedía
al Gobierno de la nación que este artículo 50.1 quedara modificado en el
sentido que solicita nuestra enmienda y las enmiendas que acabo de
mencionar.
Con estos argumentos, creo que queda perfectamente clara cuál es la
intención de mi enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Castaño.
El señor CASTAÑO DEL OLMO: Gracias, señor presidente.
Dado lo avanzado de la hora, doy por defendidas las enmiendas números 85
y 86 en los justos términos en que están publicadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Sacristán.
El señor SACRISTÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que decir que casi me da vergüenza saludarles formalmente, porque
somos tan pocos que prácticamente podríamos estar sentados alrededor de
una mesa.
Coincido con el portavoz de Convergència i Unió en que cuando se nos
encomienda el estudio e intento de mejora de una ley, se nos exige un
esfuerzo. Por lo tanto, les voy a someter a seis o siete minutos de ese
esfuerzo.
Teniendo en cuenta que no se ha aprobado el veto presentado por mi grupo
parlamentario, nuestro siguiente cometido no es otro que el de intentar
mejorar el dictamen remitido por el Congreso que, por cierto, valoramos
como muy deficiente. Nosotros hemos presentado 25 enmiendas, de las
cuales 11 lo son al dictamen remitido por el Congreso, y las 14 restantes
al articulado de la Ley 43/2003 vigente, en aspectos que no han sido
objeto de modificación en el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
En nuestra opinión, este proyecto de ley es malo, ya que propone la
modificación de la ley vigente en aspectos que no lo necesitan,
presuntamente para mejorarlos, y en ocasiones no sólo no logra
mejorarlos, sino que incluso los empeora. Por el contrario, algunos
aspectos en los que la ley se ha demostrado poco eficaz, ni se tocan. Les
aseguro que esas 14 enmiendas referidas a la ley vigente nacen
directamente de la solicitud de los profesionales que la aplican en el
día a día, y tienen como finalidad corregir aquellos contenidos que se
han demostrado ineficaces, confusos o técnicamente de difícil o dudosa
aplicación. Creemos que sería irresponsable dejar pasar esta oportunidad
para intentar cambiarlo.
De las 25 enmiendas que presentamos, trece tienen simplemente una
intención de mejora técnica. Otras cinco enmiendas se ocupan de los
aspectos relacionados con plazos y competencias para mejorar la eficacia
de la ley en su aplicación. En estas y en las anteriores enmiendas vamos
a hacer gracia a su señorías dejándolas sin explicación porque la
justificación que las acompaña se puede entender como suficiente.
Por último, hay siete enmiendas, las números 28, 33, 35, 36, 38, 40 y 45,
que nosotros consideramos de mayor importancia y que incluso podríamos
decir que son de fondo. Sobre estas enmiendas es imprescindible dar
alguna explicación, máxime cuando no tuvimos oportunidad de hacerlo en la
comisión y, por lo que he oído, incluso creo que es necesario aleccionar
o dar alguna información al portavoz socialista, que parece no haberse
aclarado en algunos aspectos.
La enmienda número 28, al artículo 24.1 del proyecto, propone cambiar
algo que para nosotros resulta injustificado, innecesario y de evidentes
consecuencias negativas. Señorías, históricamente en todas las leyes de
montes anteriores, y por ello en más de 100 años, han sido calificados
montes protectores aquellos montes privados que cumplen algunas de las
condiciones exigidas a los montes públicos para ser incluidos en el
catálogo de montes de utilidad pública. Los montes protectores han sido
siempre en los montes privados los equivalentes a los catalogados entre
los públicos. Con esta enmienda pretendemos evitar, insisto, un cambio
innecesario y sin justificación, que ninguna mejora puede producir y sí
mucha confusión. Esto sí que es lo que se puede llamar cambiar por
cambiar.
En la enmienda número 33, al artículo 47.3, proponemos evitar otra
modificación a peor de la ley. De entre los profesionales que actúan como
responsables en la lucha contra los incendios, son muchos los que nos han
hecho llegar su extrañeza, malestar y preocupación por esta modificación
que cambia la fórmula clara y contundente de la ley vigente que dice: la
Administración responsable asumirá la defensa jurídica del director
técnico y del personal a su mando tanto en los aspectos civiles como en
los penales, por la mucha menos clara de que la Administración
responsable adoptará las medidas oportunas para garantizar la defensa
jurídica del director técnico y del personal a su mando, etcétera. Un
cambio injustificable y que sólo puede interpretarse como un intento de
rebajar las garantías que ofrece el texto actual. La pregunta que todos
se hacen es ¿ y esto a qué viene y cómo se justifica?
De la enmienda número 35, al artículo 50, algo debo decir, aunque el
senador Sanz en la explicación del veto se haya referido bastante a ella.
Por mi parte, cuatro ideas que abundan en lo incomprensible, inútil,
ineficaz y peligroso que puede resultar la aplicación de la prohibición
de cambiar de uso los terrenos quemados, al menos durante 30 años, sin ni
siquiera dejar abierta un puerta de escape para el uso de las propias
administraciones.
En primer lugar, la invocada causa de los incendios, como se ha dicho,
achacada a la intención de cambiar el uso del terreno no es una causa
importante, sino más bien una hipótesis de fácil venta que a fuerza de
repetida ha terminado por darse por cierta cuando está precisamente
probado lo contrario. Basta repasar las estadísticas oficiales del propio
ministerio y las no oficiales. Por ejemplo, lean, porque es muy
interesante, el estudio que en julio de 2005 publicó Adena con el título:
¿Por qué se queman los montes españoles? Las estadísticas, decía, de los
incendios forestales en España demuestran que de los 20.000 incendios que
padecemos de media al año en España, y en los últimos 25 años,
prácticamente ni aparecen los producidos con este fin. Señorías, hablamos
de más de 500.000 incendios. Insisto en que es la causa de menor
incidencia de las 14 identificadas, y no llega, como ya se ha dicho, al
0,001 por ciento.
Si quieren otra prueba --también se ha mencionado--, lean el
estudio-informe que sobre los incendios forestales elaboró una comisión
especial del Senado en el año 1990, en el que se descartó esta hipótesis
por no ajustada a la realidad, y les aseguro que investigamos muy a fondo
esta posibilidad y la terminamos descartando por unanimidad. Lean las
conclusiones, por favor.
Segundo. No permitir que sea la administración competente de cada
autonomía la que fije la oportunidad y plazo de la prohibición es, además
de otras cosas, indudablemente una grave prueba de desconfianza.
Señorías, todos sabemos que por producirse un incendio el terreno
afectado jamás pierde el estatus de protección que tuviera antes del
mismo. Un monte catalogado o uno protector, o un espacio natural
protegido en cualesquiera de sus múltiples figuras, o uno simplemente
calificado como rústico protegido, no pierde su estatus al quemarse, y
por ello la protección ante cualquier cambio de uso. Este posible cambio
de uso deberá ser aprobado por la administración correspondiente con el
mismo trámite que si no se hubiera quemado. Los mismos pasos hay que dar
para cambiar de uso un terreno arbolado que uno quemado.
Señorías, sólo cabe pensar que la prohibición nace simplemente porque no
hay confianza en lo que hagan las administraciones autonómicas, lo cual
resulta paradójico cuando las comunidades autónomas pueden cambiar el uso
de un monte arbolado y, por lo visto, no uno quemado.
Tercero. Voy a hacer una ligera reflexión sobre los aspectos que
podríamos llamar negativos en la aplicación de esta limitación. ¿Han
pensado que ninguna administración podrá, al menos durante los treinta
años posteriores a producirse un incendio, construir infraestructura de
ningún tipo, sea carretera, ferrocarril, embalse, línea eléctrica,
etcétera, por muy urgente que resulte? Y ello aunque el incendio se haya
producido, por ejemplo, por un rayo. ¿Quién puede encontrarle sentido a
este absurdo?
¿Han pensado sus señorías que con esta barbaridad se abre la puerta a los
incendios provocados intencionadamente? Por ejemplo, por el que quiera
modificar la situación de cualquier infraestructura o un determinado
desarrollo urbanístico, así como la posibilidad de venganzas.
Muchas más razones cabría dar, pero efectivamente la hora no lo aconseja.
Creo que es suficiente.
En este sentido, creemos que como mal menor, pero de importante
contenido, las enmiendas números 16, del senador Mur, y la 103, de
Convergència i Unió, que van en la línea de al menos abrir una válvula de
escape en la aplicación de la limitación que se impone, son valiosas y
estamos de acuerdo con ellas.
Voy a explicar con la máxima brevedad nuestra enmienda número 38, al
artículo 67, porque evidentemente es única. Se refiere a las infracciones
tipificadas en la ley actual. Con el tiempo que puedo y pienso que debo
dedicar a esto, espero que sea suficiente. En los poco más de dos años de
vigencia de la Ley 43/2003 se ha comprobado que el criterio utilizado
para tipificar las infracciones como graves, muy graves o leves es muy
poco afortunado. El criterio que se utiliza, diferenciándolo para los
distintos grados de gravedad, es el plazo necesario para restaurar o
reparar los daños causados por la infracción. El criterio resulta poco
afortunado, señorías, porque existen infracciones cuyos daños no tienen
carácter renovable. Por ejemplo, la extracción de áridos o rocas sin
permiso habilitante. También hay infracciones de riesgo, en las que no
tiene por qué haber consumación de daños; como permanecer o hacer fuego
en zonas restringidas. Es clara la imposibilidad de aplicar el criterio
mencionado para tipificar las infracciones en estos casos.
Además, cuando se aplica a las infracciones contra los aprovechamientos
forestales, en los que probablemente se pensó cuando se fijó el criterio
--me refiero a los productos y recursos renovables que se generan en el
monte--, también surgen dificultades técnicas, ya que la determinación
del tiempo de recuperación de esos productos viene fijada por procesos
biológicos que no siguen modelos matemáticos
y que se ven influenciados por factores de tan difícil previsión
como el clima. Estas circunstancias han traído consigo gran disparidad
en la aplicación de la ley, lo que origina no pocas quejas por la
aparente discriminación en su aplicación. Por eso proponemos en esta
enmienda sustituir este criterio por el de la extensión o superficie
afectada, y por el del número de cabezas de ganado
que pueden estar pastando sin autorización; por supuesto, mucho más
objetivos y fáciles de cuantificar.
En la enmienda 40 proponemos la modificación de la escala del régimen
sancionador, haciéndola más progresiva y flexible para lograr un mejor
encaje en las conductas infractoras. Pretendemos variar la sanción de las
graves --que sería de 1.001 a 20.000-- y la de las muy graves: de 20.001
a un millón de euros. El que la sanción mínima de infracción muy grave
venga siendo de 100.001 euros --más de 16 millones de pesetas--, por
desproporcionada en bastantes casos, está produciendo efectos claramente
perversos, ya que la tendencia es la de falsear la aplicación de la ley,
estando prácticamente en vías de desaparición a efectos sancionadores las
infracciones muy graves.
Creo que con esto y con las justificaciones que acompañan a nuestras
enmiendas es suficiente.
Quisiera hacer una breve referencia, reconociendo que no hemos presentado
enmienda al respecto, a nuestro temor, del que queremos dejar constancia,
por la encomienda que en el artículo 6 q) se hace a los agentes
forestales o equivalentes de las funciones de policía judicial, entre
otras. Todos los profesionales tenemos claro que los guardas deben
prevenir daños, custodiar montes y buscar las causas de los daños, siendo
tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ocuparse del
causante, instruyendo los atestados y poniéndolo a disposición judicial.
Esto requiere una preparación especial y, sobre todo, una coordinación y
colaboración nada fáciles de lograr. Esperamos que estos aspectos se
desarrollen reglamentariamente y que se escuche atentamente para hacerlo
a la Administración autonómica y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Confiamos en haberles transmitido a ustedes el contenido de estas
enmiendas, que hemos considerado las más importantes, y en que hayan
entendido cuáles son nuestras intenciones al presentarlas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que siendo la hora que es, y como he tenido la posibilidad
de intervenir en comisión, así como en ponencia, en el debate del veto y
en la defensa de las enmiendas, y teniendo además presente que mañana en
el primer punto del orden del día intervendré, doy por defendida nuestra
posición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador
Castaño.
El señor CASTAÑO DEL OLMO: Muchas gracias, señor presidente.
En la misma dirección que el senador Companys, dada la hora, sólo voy a
decir dos cosas. Una se refiere al esfuerzo de este grupo, aunque no lo
parezca, por intentar acercar posturas, y buena muestra de ello es la
presentación de tres transaccionales, aunque nos hubiese gustado que
hubieran sido más. Nos hemos puesto en contacto con los grupos
parlamentarios para intentar llegar a acuerdos, y hemos conseguido
transaccionar la enmienda número 59, de Entesa Catalana de Progrés, con
la número 100 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. También la número 60 de Entesa se ha transaccionado
con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos del Grupo
Parlamentario Popular, así como la enmienda número 80, también de Entesa,
referida a la disposición final tercera.
Quería anunciar, por otra parte, que en asuntos competenciales hemos
acercado mucho nuestras posiciones, apoyando la enmienda número 51, de
Entesa Catalana de Progrés, que dice que las comunidades autónomas
ejercen aquellas competencias que en materia de montes, aprovechamientos
forestales y otras materias conexas tienen atribuidas, en el marco de la
Constitución y en sus estatutos de autonomía, dejando claro cuál es la
competencia, tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico.
En cuanto a las enmiendas planteadas al artículo 50 del proyecto de ley,
le quiero decir a los senadores representantes del Partido Popular que
muchas de estas enmiendas desvirtúan el «petitum» original de la ley, y
lo hacen por la imposibilidad del cambio de uso de suelo. Se lo repito,
al igual que lo hice en el debate del veto: una vez que se aprueba un
plan general para un sector que se declara rústico no urbanizable, o zona
de especial protección sobre terrenos forestales, quiero que me digan
algún caso en que se haya desafectado aquella categorización del terreno.
Tan sólo se explica en asuntos de interés general, como el contenido en
la enmienda del senador Mur, del PAR, que se refiere a casos de interés
general que plantee la comunidad autónoma, y ese interés general deja
abiertas muchas posibilidades hacia las que poder dirigirnos.
Los argumentos que ustedes me dan para el artículo 50 de la ley, donde se
prohíbe el cambio de uso del suelo hasta pasados treinta años, no son
suficientes, en tanto en cuanto nos dicen que incluso la quema de
terrenos puede tener su origen en venganzas, o para así poder iniciar la
urbanización de terrenos aledaños. La urbanización de terrenos aledaños
por causa de fuego es precisamente lo que se pretende evitar mediante
este artículo 50.
En definitiva, doy por defendidas las enmiendas de mi grupo y las
transaccionales firmadas por todos los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador
Sacristán.
El señor SACRISTÁN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con la máxima brevedad simplemente quiero decir que el Grupo
Parlamentario Popular va a apoyar enmiendas de todos los grupos, excepto
las dos del Grupo Parlamentario Socialista, porque aunque yo hablé con el
portavoz y le ofrecí la posibilidad de apoyarlas, con ciertos cambios, no
he vuelto a saber nada del tema. No sé si es que no le gustaron los
cambios o se ha olvidado del asunto. Por otra parte, tampoco hemos tenido
noticia de estas tres enmiendas consensuadas, de las que nos hemos
enterado cuando se estaba debatiendo la propia ley. Votaremos a favor de
una enmienda del senador Cuenca, del Grupo Parlamentario Mixto, de otra
del senador Mur, de las números 18 y 19 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, de las números 53 y 59 de Entesa
Catalana, y de unas diez o doce del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. Digo todo esto para que por una parte no
se nos tache, como siempre, de estar lejos de los demás, pero sobre todo
porque creo que es un mérito de todos los ponentes, participantes y
portavoces en el trámite hasta este momento. Es un mérito importantísimo
en este trámite de urgencia que se ha utilizado haber sido capaces de
presentar 103 enmiendas, muchas de ellas muy importantes y muy profundas.
Pero no sólo ha supuesto un gran mérito haber presentado cada grupo sus
propias enmiendas sino el haber sido capaces de estudiar y de valorar las
de los demás. Todo eso merece un reconocimiento que quiero que conste en
acta.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo lo he intentado
pero no lo he conseguido. Cuando usted trataba de explicar sus
diferencias con respecto a lo que nosotros habíamos dicho --y no he sido
yo sólo, también lo han dicho el senador Mur, el senador Companys, el
senador Sanz y el representante del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria--, creo que lo que pasaba en realidad era que no nos había
entendido a ninguno de nosotros, y concretamente en el Grupo
Parlamentario Popular lo hemos repetido por separado una vez don Clemente
Sanz y otra yo mismo.
No le demos más vueltas, señoría. Lo de limitar hasta un extremo tal que
ni siquiera el órgano competente de la comunidad autónoma pueda utilizar
unos terrenos quemados durante al menos treinta años --incluso por una
causa tan siniestra como pueda ser un rayo-- ni para construir una
carretera, ni para hacer un canal, ni para hacer un ferrocarril, es algo
que no tiene ningún sentido. Al menos para mi inteligencia es
incomprensible.
Repito que las enmiendas que se han presentado en la línea de abrir una
válvula de escape a ese artículo son muy importantes, y para nosotros,
por supuesto, es mucho mejor volver al texto de la ley vigente porque ahí
se encomienda a la propia comunidad su propio derecho, cosa que ya se ha
dicho repetidamente, es decir, fijar los tiempos de aplazamiento del uso
de ese terreno en función de las circunstancias de oportunidad. Y, por
supuesto, cuando hay una causa de interés general o incluso declarada de
utilidad pública, siempre se tiene que poder ocupar esos terrenos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Finalizado el debate, se suspende la sesión hasta las nueve y media del
día de hoy.
Eran las dos horas y cuarenta y cinco minutos del miércoles 23 de
febrero.
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