Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 127, de 20/06/2007
 

parte 1      parte 2     



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 127
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 20 de junio de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS

-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para la firma de un nuevo convenio con el Gobierno de Canarias para la realización de actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas y de calidad de las aguas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001339).


-- De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que la Confederación Hidrográfica del Norte de España no ha iniciado las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Las Caldas, en Oviedo (Asturias). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001351).


-- De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001355).


Página 7814


-- De D.a ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno para la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de ley básica del Gobierno y de la Administración Local. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001340).


-- De D.a ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los motivos que tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo para no haber modificado la normativa relativa a los complementos alimenticios, siendo consciente de la situación de indefensión de las empresas del sector. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001344).


-- De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para proteger a los niños y adolescentes del consumo de alcohol en cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno del Senado el pasado 20 de marzo de 2007.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S.
680/001359).


-- De D.a ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno acerca de la evolución de la estrategia en diabetes dentro del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001360).


-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión del Gobierno acerca del cumplimiento de los objetivos, plazos y presupuestos previstos para la Exposición Internacional del año 2008 en Zaragoza. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S.
680/001341).


-- De D. JOSEP MARÍA BATLLE FARRÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los principales acuerdos alcanzados en la reciente reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas frescas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001345).


-- De D.a MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto al primer año de aplicación del Banco Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001356).


-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los resultados que ha obtenido España para los productos transformados en la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001357).


-- De D. FRANCISCO BUEN LACAMBRA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas propuestas en el Plan de Vivienda 2005-2008 para mantener la población en el ámbito rural. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001361).


-- De D. JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los criterios previstos por el Gobierno para la inversión en renta variable de parte del Fondo de Reserva de las Pensiones Públicas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S.
680/001353).


-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno acerca del cierre del canal de televisión venezolano «Radio Caracas Televisión».
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001321).


-- De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las perspectivas para superar el actual estado de indecisión sobre el Tratado Constitucio-

Página 7815


nal para Europa y el futuro inmediato de la Unión Europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001346).


-- De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la posición que mantendrá el Gobierno con respecto a Cuba en el próximo Consejo Europeo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001350).


-- De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos que se ha planteado el Gobierno en relación con el próximo viaje de Estado a la República Popular China. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001358).


-- De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la posición del Gobierno ante las reiteradas manifestaciones de representantes del gobierno argelino en relación con una posible retirada del proyecto del gasoducto Medgas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001347).


-- De D. JOSÉ LUIS JUAN SANZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si apoya el Gobierno el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Valencia el 31 de mayo de 2007, con respecto al cierre y traslado de la subestación eléctrica de Patraix. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001348).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Ministerio del Interior para pronunciarse en relación con la alternativa propuesta por el Cabildo Insular de Tenerife con respecto a la edificación, con carácter transitorio, de un nuevo campamento de inmigrantes, tras la decisión del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATFE) de paralizar las obras junto a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la playa de Las Américas, en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001338).


-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los resultados previstos de la reunión celebrada el 11 de junio en Vitoria (Álava) entre los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001342).


-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la información de que dispone el Ministerio del Interior con respecto al fallecimiento de un inmigrante nigeriano mientras era deportado desde Madrid a su país el pasado 9 de junio. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001349).


-- De D. JOSÉ MACÍAS SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las gestiones que ha realizado y tiene previsto realizar el Gobierno para localizar al niño Yeremi Vargas, desaparecido en Gran Canaria (Las Palmas) desde el pasado 10 de marzo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001352).


-- De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la información que puede dar el Gobierno acerca del incidente sucedido el pasado día 13 de junio de 2007 en relación con la seguridad del presidente de una empresa del sector eléctrico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001354).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa tomar el Ministerio de Fomento para que a partir del año 2009 pueda ser utilizado el túnel transpirenaico de la línea de alta velocidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 680/001343).


Página 7816


Segundo

INTERPELACIONES

-- De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en defensa de los ciudadanos españoles en Venezuela. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 670/000167).


-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de desarrollo de la energía eólica y su relación con las competencias de las Comunidades Autónomas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 670/000163).


-- De D.a MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la política del Gobierno en materia de biocarburantes. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 670/000165).


-- De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política general del Gobierno en materia de protección del patrimonio cultural submarino y sobre las medidas previstas para evitar posibles expolios. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 733, de fecha 18 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 670/000168).


Cuarto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 98, de fecha 20 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 621/000098). (Núm. exp. C.D. 121/000065).


Tercero

SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. (Primer firmante: D. Pío García-Escudero Márquez). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 731, de fecha 15 de junio de 2007).
(Núm. exp. S. 650/000004).


HABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA

-- Habilitación de todos los días del mes de julio de 2007 para los trabajos de la Ponencia de estudio sobre el Islam y Occidente, situación actual y perspectivas, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación. (550/000039).


Cuarto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 104, de fecha 20 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 621/000104). (Núm. exp. C.D.
121/000125).


Página 7817


-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 96, de fecha 20 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 621/000096). (Núm. exp. C.D. 121/000097).


-- De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 21, de fecha 20 de junio de 2007). (Núm. exp. S. 624/000015). (Núm. exp.
C.D. 122/000144).


Página 7818


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 7825)

De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para la firma de un nuevo convenio con el Gobierno de Canarias para la realización de actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas y de calidad de las aguas (Página 7825)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que la Confederación Hidrográfica del Norte de España no ha iniciado las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Las Caldas, en Oviedo (Asturias) (Página 7825)

El señor Sopeña Velasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sopeña Velasco. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid (Página 7827)

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D.a ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno para la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de ley básica del Gobierno y de la Administración Local (Página 7828)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


De D.a ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los motivos que tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo para no haber modificado la normativa relativa a los complementos alimenticios, siendo consciente de la situación de indefensión de las empresas del sector (Página 7829)

La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aleixandre i Cerarols. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para proteger a los niños y adolescentes del consumo de alcohol en cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno del Senado el pasado 20 de marzo de 2007 (Página 7831)

El señor Palacios Rojo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D.a ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si puede informar el Gobierno acerca de la evolución de la estrategia en diabetes dentro del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud (Página 7832)

La señora Víboras Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión del Gobierno acerca del cumplimiento de los objetivos, plazos y presupuestos previstos para la Exposición Internacional del año 2008 en Zaragoza (Página 7833)

Página 7819


El señor Mur Bernad formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mur Bernad. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. JOSEP MARÍA BATLLE FARRÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los principales acuerdos alcanzados en la reciente reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas frescas (Página 7834)

El señor Batlle Farrán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D.a MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto al primer año de aplicación del Banco Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas (Página 7835)

La señora González Lahidalga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los resultados que ha obtenido España para los productos transformados en la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas (Página 7836)

El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. FRANCISCO BUEN LACAMBRA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas propuestas en el Plan de Vivienda 2005-2008 para mantener la población en el ámbito rural (Página 7837)

El señor Buen Lacambra formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).


De D. JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los criterios previstos por el Gobierno para la inversión en renta variable de parte del Fondo de Reserva de las Pensiones Públicas (Página 7838)

El señor Sánchez-Simón Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sánchez-Simón Muñoz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la opinión del Gobierno acerca del cierre del canal de televisión venezolano «Radio Caracas Televisión» (Página 7840)

El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las perspectivas para superar el actual estado de indecisión sobre el Tratado Constitucional para Europa y el futuro inmediato de la Unión Europea (Página 7841)

El señor De Puig Olive formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la posición que mantendrá el Gobierno con respecto a Cuba en el próximo Consejo Europeo (Página 7842)

El señor Piqué i Camps formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Piqué i Camps. En turno de dúplica, lo hace el el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


Página 7820


De D. JOSÉ CASTRO RABADÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos que se ha planteado el Gobierno en relación con el próximo viaje de Estado a la República Popular China (Página 7843)

El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la posición del Gobierno ante las reiteradas manifestaciones de representantes del gobierno argelino en relación con una posible retirada del proyecto del gasoducto Medgas (Página 7844)

El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marin. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D. JOSÉ LUIS JUAN SANZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si apoya el Gobierno el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Valencia el 31 de mayo de 2007, con respecto al cierre y traslado de la subestación eléctrica de Patraix (Página 7845)

El señor Juan Sanz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Juan Sanz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Ministerio del Interior para pronunciarse en relación con la alternativa propuesta por el Cabildo Insular de Tenerife con respecto a la edificación, con carácter transitorio, de un nuevo campamento de inmigrantes, tras la decisión del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATFE) de paralizar las obras junto a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la playa de Las Américas, en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Página 7847)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los resultados previstos de la reunión celebrada el 11 de junio en Vitoria (Álava) entre los responsables de Interior de los gobiernos central y vasco (Página 7848)

El señor Urrutia Elorza formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Urrutia Elorza. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la información de que dispone el Ministerio del Interior con respecto al fallecimiento de un inmigrante nigeriano mientras era deportado desde Madrid a su país el pasado 9 de junio (Página 7849)

El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. JOSÉ MACÍAS SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las gestiones que ha realizado y tiene previsto realizar el Gobierno para localizar al niño Yeremi Vargas, desaparecido en Gran Canaria (Las Palmas) desde el pasado 10 de marzo (Página 7850)

El señor Macías Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias Santana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la información que puede dar el Gobierno

Página 7821


acerca del incidente sucedido el pasado día 13 de junio de 2007 en relación con la seguridad del presidente de una empresa del sector eléctrico (Página 7852)

El señor Muñoz-Alonso Ledo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Muñoz-Alonso Ledo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las medidas que piensa tomar el Ministerio de Fomento para que a partir del año 2009 pueda ser utilizado el túnel transpirenaico de la línea de alta velocidad

Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 7853)

De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en defensa de los ciudadanos españoles en Venezuela (Página 7853)

El señor García Carnero expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). Vuelve a intervenir el señor García Carnero. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de desarrollo de la energía eólica y su relación con las competencias de las Comunidades Autónomas (Página 7859)

El señor Jorquera Caselas expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). Vuelve a intervenir el señor Jorquera Caselas. Cierra el debate el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D.a MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la política del Gobierno en materia de biocarburantes (Página 7866)

La señora Elices Marcos expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu). Vuelve a intervenir la señora Elices Marcos. Cierra el debate el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política general del Gobierno en materia de protección del patrimonio cultural submarino y sobre las medidas previstas para evitar posibles expolios.


Esta interpelación a sido aplazada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7870)

De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad (Página 7870)

El señor Blanco García, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Companys i Sanfeliú defiende la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Caballero Moya.


En turno de portavoces, interviene el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se pospone la votación.


Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


Página 7822


SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN (Página 7873)

Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. (Primer firmante: D. Pío García-Escudero Márquez).


En turno a favor interviene el señor Seguí Díaz.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Bru Parra.


En turno de portavoces, intervienen los señores Mur Bernad, Urrutia Elorza y Cuenca Cañizares, por el Grupo Parlamentario Mixto; Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Bru Parra, por el Grupo Parlamentario Socialista. El señor Piqué i Camps, del Grupo Parlamentario Popular, hace uso de la palabra por alusiones, en virtud del artículo 87. Seguidamente, interviene el señor Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista. El señor presidente señala que no va a conceder la palabra a más senadores por este artículo.
Finaliza el turno de portavoces el señor Seguí Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se pospone la votación.


HABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA (Página 7884)

Habilitación de todos los días del mes de julio de 2007 para los trabajos de la Ponencia de Estudio sobre el Islam y Occidente, situación actual y perspectivas, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.


Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.


SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN (Página 7884)

Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. (Primer firmante: D. Pío García-Escudero Márquez). (Votación.)

Se rechaza la solicitud por 122 votos a favor, 130 en contra y 1 abstención.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación.) (Página 7884)

De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. (Votación.) (Página 7884)

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 232 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 21 votos a favor, 228 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueba el dictamen por 249 votos a favor y 3 abstenciones.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.


De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 7884)

El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas números 2 a 4.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 5 a 8.


El señor Gasòliba i Böhm defiende las enmiendas números 15 a 23, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La señora Aroz Ibáñez retira las enmiendas 9 a 14, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora Durán Fraguas defiende las enmiendas números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 7823


El señor Iglesias García defiende las enmiendas números 24 a 27, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Durán Fraguas.


En turno de portavoces, intervienen los señores Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Iglesias García, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 217 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 4, del mismo señor senador, por 12 votos a favor, 217 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el señor Cuenca Cañizares, por 7 votos a favor, 226 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 6 a 8, presentadas por el mismo señor senador, por 13 votos a favor, 226 en contra y 7 abstenciones.


Se aprueban las enmiendas números 15 a 23, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 135 votos a favor, 110 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las enmiendas números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Socialista, por 127 votos a favor, 1 en contra y 118 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Popular, por 132 votos a favor y 114 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 24, 26 y 27, del Grupo Parlamentario Popular, tras repetirse tres veces la votación por producirse empate, por 123 votos a favor y 123 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 245 votos a favor y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (Página 7890)

El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 22 a 37.


El señor Cuenca Cañizares defiende las enmiendas números 1 a 21, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este senador.


El señor Gasòliba i Böhm defiende las enmiendas 68 y 70 a 78 y retira la número 69, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y retira la número 69

La señora Aroz Ibáñez retira las enmiendas 38 a 67, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora Angulo Martínez defiende la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora Gastón Menal consume un turno en contra.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Gastón Menal, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Murria Climent, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 22, 28 y 34, del señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, por 12 votos a favor, 223 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 23, 24 a 26 y 33, del mismo señor senador, por 13 votos a favor, 226 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la enmienda número 30, del señor Urrutia Elorza, por 134 votos a favor y 107 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Urrutia Elorza por 16 votos a favor, 224 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 3, 11 a 17, 19, 20 y 21, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Cuenca Cañizares, por 3 votos a favor, 223 en contra y 15 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 4 y 6, presentadas por el mismo señor senador, por 8 votos a favor, 107 en contra y 126 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 5 y 8, también presentadas por el señor Cuenca Cañizares, por 8 votos a favor, 222 en contra y 11 abstenciones.


Página 7824


Se rechazan las enmiendas números 9, 10 y 18, del mismo señor senador, por 3 votos a favor, 228 en contra y 9 abstenciones.


Se aprueban las enmiendas números 68, 72, 75 y 77, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 131 votos a favor, 107 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 76, del mismo grupo parlamentario, por 14 votos a favor, 108 en contra y 119 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 12 votos a favor, 224 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Popular, por 123 votos a favor y 118 en contra.


Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, por 239 votos a favor.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 240 votos a favor.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos (Página 7898)

El señor García Miralles, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


El señor Mansilla Hidalgo hace uso de la palabra en el turno a favor.


El señor Ferrández Otaño consume un turno en contra.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 2 a 6.


El señor Urrutia Elorza defiende las enmiendas números 7 a 18, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por este senador, y da por defendidas las presentadas por el señor Jorquera Caselas, del mismo grupo parlamentario, números 19 a 22.


El señor Mendoza Cabrera retira la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.


La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas números 23 a 42, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mansilla Hidalgo.


En turno de portavoces, intervienen los señores Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Mansilla Hidalgo, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 2 a 6, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor, 222 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 7 a 18, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Urrutia Elorza, por 2 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 19 a 22, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Jorquera Caselas, por 2 votos a favor, 218 en contra y 16 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 23 a 42, del Grupo Parlamentario Popular, por 114 votos a favor y 123 en contra.


Se aprueba la proposición de ley por 123 votos a favor y 114 en contra.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.


Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.


Página 7825


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Buenos días, señorías.


PREGUNTAS:

-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA FIRMA DE UN NUEVO CONVENIO CON EL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE CALIDAD DE LAS AGUAS (S. 680/001339).


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: preguntas.


La pregunta del senador Macias i Arau ha sido aplazada.


Pregunta del senador Melchior Navarro.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra. Buenos días, señoras y señores senadores.


Mi pregunta es cuándo prevé el Ministerio de Medio Ambiente sellar un nuevo convenio con el gobierno de Canarias para actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas y de calidad de las aguas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señoría, el contenido de ese convenio está acordado ya plenamente con el Gobierno de Canarias; el texto ha sido sometido al informe preceptivo de la Abogacía del Estado y de la Comisión Interministerial de Política Autonómica, en ambos casos con resultado positivo, y, para poder firmar el convenio tan solo nos falta la aportación de algunos datos por parte del Gobierno de Canarias para completar la memoria económica en los términos en que nos lo solicita la Intervención General del Estado.


Por tanto, espero que esos datos puedan incorporarse a la mayor brevedad y podamos firmar ese convenio.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señora ministra.


Una vez más le agradezco la sensibilidad hacia los problemas del territorio español con mayor necesidad de obras hidráulicas, donde se está haciendo un esfuerzo importante por parte del Gobierno de Canarias y de las administraciones, cabildos y corporaciones locales, si bien también necesitamos de ese esfuerzo que ha de venir del Estado en las obras de interés general del Estado, necesarias para el abastecimiento de la población y, en definitiva, para poder disponer de ese recurso tan escaso que es el agua.


Gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señoría, para completar mi contestación, le diré que usted sabe que todavía se están ejecutando obras del convenio anterior, en aquel momento fijado en 80.000 millones de las antiguas pesetas, y la razón por la que todavía quedan obras en trámite de ejecución es porque, efectivamente, en el grueso del contenido del convenio se trata de actuaciones que desarrolla de forma directa el Gobierno de Canarias y, una vez se lleva a cabo la ejecución de la inversión, se remiten las certificaciones para su contraste por el Ministerio de Medio Ambiente.


Ese mecanismo de colaboración económica con Canarias, que se mantiene también cara al siguiente convenio de obras hidráulicas, en algunos casos supone un cierto retraso entre la ejecución del propio convenio y la validación de la inversión asociada. No obstante, como usted bien sabe, en el caso del nuevo convenio de costas, que comenzó a negociarse prácticamente en los mismos días en que empezábamos a negociar el convenio sobre obras hidráulicas, ya ha sido firmado y se encuentra en ejecución.


Señoría, en ningún caso se está interrumpiendo la inversión del Gobierno de España en Canarias, puesto que, como digo, todavía están en ejecución algunas actuaciones del anterior convenio, y tenemos el máximo interés, por supuesto, en que se produzca la firma en el plazo más breve posible para tener ese nuevo horizonte de 323 millones de euros para Canarias en actuaciones tan necesarias, como usted señala, en un archipiélago que hace un enorme esfuerzo para gestionar adecuadamente el agua y aprovechar todas las tecnologías actuales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JAVIER SOPEÑA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE DE ESPAÑA NO HA INICIADO LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CALDAS, EN OVIEDO (ASTURIAS) (680/001351).


Página 7826


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sopeña.


Tiene la palabra su señoría.


El señor SOPEÑA VELASCO: Señor presidente, señora ministra, a propuesta del Gobierno del Estado se declararon de interés general la construcción en Oviedo del colector interceptor del río Gafo y de la estación depuradora de aguas residuales de Las Caldas. Están recogidas en varios planes y programas, es el Real Decreto Ley 15/1984, y hasta en el Plan Hidrológico Nacional, que las reseña con claridad estableciendo que su ejecución es responsabilidad del Estado y que serán realizadas antes de 2008.


Sobre la base de esta programación el Ayuntamiento de Oviedo autorizó una serie de desarrollos urbanos solicitando y obteniendo de la Confederación una autorización de vertidos. Las obras del colector interceptor adjudicado en el año 2002 se concluyeron en el verano de 2006, manteniendo la Confederación este hecho en la clandestinidad, no comunicándoselo al ayuntamiento hasta seis meses después. Estamos a mediados de 2007 y la Confederación no ha comenzado ni siquiera los trámites para contratar la construcción de la planta depuradora, ocasionando un grave problema de vertidos.


¿Cuáles son los motivos, señora ministra, por los que su departamento no ha iniciado la construcción de dicha planta, incumpliendo toda la programación prevista?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, como usted seguramente sabe, en Asturias al inicio de esta legislatura estaba pendiente de ejecución nada menos que el 80 por ciento de la inversión prevista en el Plan Hidrológico Nacional para esa comunidad autónoma, inversiones que, como usted mismo ha señalado, en el caso de la depuradora de Las Caldas venían de muy atrás en cuanto a su eventual programación.


Cuando se inició esa legislatura, señoría, el proyecto de la depuradora de Las Caldas estaba en tramitación, pero nos encontramos con que no se ajustaba a las exigencias medioambientales puesto que se había declarado un lugar de interés comunitario precisamente en la zona donde se iba a ubicar esta depuradora. Por lo tanto, de acuerdo con el Gobierno de Asturias se ha llevado a cabo el trámite ambiental preceptivo, el estudio de impacto ambiental, y se ha iniciado la información pública el pasado día 1 de junio; esto significará que a lo largo de este año podrá completarse el trámite ambiental con la declaración de impacto ambiental que es necesaria por el efecto que puede causar la depuradora de acuerdo con su ubicación en un LIC.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Sopeña.


El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señora ministra.


Lo que yo tengo que deducir de su contestación es que, evidentemente, la estación depuradora sufre un retraso de más de tres años y que también la culpa es del anterior Gobierno, aunque ustedes lleven ya más de tres años instalados en el mismo.


Lo cierto, señora ministra, es que la obra del colector interceptor del río Gafo al día de hoy está terminada, pero que es una obra inútil puesto que su finalidad es transportar los vertidos a la estación depuradora, cuya construcción ni siquiera se ha licitado, y su puesta en servicio sólo conseguirá concentrar que los vertidos del río Gafo al Nalón se recojan en un solo punto, para lo cual se le exige al ayuntamiento que haga una nueva solicitud lo que ya ha hecho sin recibir contestación.


Lo cierto, señora ministra, es que nadie sabe en qué situación administrativa se encuentra la construcción de la depuradora -ahora tenemos la primera noticia-, pero en los Presupuestos Generales del Estado de este año no figura un solo euro. También es cierto que el Ayuntamiento de Oviedo ha cumplido con la programación prevista construyendo los colectores secundarios, sin que pueda conectarse a las infraestructuras por responsabilidad del Estado.


Es también cierto, señora ministra, que un ministerio ha mantenido en todo momento una actitud sectaria hacia un municipio, suponemos que por el simple hecho de que se resiste a votarles, y los ejemplos son muchos: se han negado a conectar los depósitos del Cristo haciendo caso omiso a una moción aprobada en esta Cámara; están mareando la perdiz con la planta potabilizadora de Oviedo, resistiéndose a comenzar unas obras adjudicadas hace casi un año; quisieron paralizar y retrasar la construcción del polígono de Olloniego y hoy retrasan, no se sabe muy bien por qué, la construcción de esta EDAR, causando un grave daño medioambiental a la cuenca del río Gafo y probablemente a las márgenes del río Nalón que, como usted muy bien dijo, han sido declaradas lugar de interés comunitario.


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo.


El señor SOPEÑA VELASCO: Pretenden enmascarar su incapacidad con una maraña de resoluciones administrativas, la última de las cuales es pedir un informe al...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor SOPEÑA VELASCO: Voy terminando, señor presidente.


...instituto público donde casualmente fue director el actual presidente de la confederación.


La zancadilla, señora ministra, no justifica el daño al ecosistema de la zona y a la salud pública, y el único responsable es precisamente el ministerio cuya razón de ser es justamente evitar estas situaciones.


Señora ministra, el Ayuntamiento de Oviedo no se va a quedar con los brazos cruzados, y le comunico que está harto...


Página 7827


El señor PRESIDENTE: Señoría.


El señor SOPEÑA VELASCO: Termino ya, señor presidente.


Esta harto de la marginación de la que está siendo objeto por parte de su ministerio, y va a hacer valer sus derechos en esta Cámara, en el Congreso, ante la Comisión Europea y ante los tribunales de justicia...


El señor PRESIDENTE: Señoría.


El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, espero que el Ayuntamiento de Oviedo no se quede con los brazos cruzados, que es exactamente lo que está haciendo con los depósitos del Cristo.


Quiero recordar a su señoría que el abastecimiento y saneamiento de las aguas residuales son competencias locales y que la obra de los depósitos del Cristo está terminada. Además, eso que usted llama marañas administrativas son exigencias legales para la construcción de una depuradora que, por cierto, tal y como usted señalaba, desde el año 1984 es de interés general del Estado. Sin embargo, durante los ocho años que gobernó el señor Aznar en España, no pareció importarle demasiado que no se construyera esa infraestructura en Oviedo -donde se vota al mismo partido del que era el señor Aznar-, obra que ahora está ejecutando este Gobierno; y lo tenemos que ejecutar, señoría, le parezca bien, mal o le resulte ridícula la legislación ambiental, de acuerdo con las exigencias que se derivan de haberse aprobado la ubicación de un lugar de interés comunitario.


Señoría, tampoco serán nada creíbles todas las quejas del Ayuntamiento de Oviedo frente al Ministerio de Medio Ambiente, si siguen sin asumir sus competencias en la gestión de infraestructuras de saneamiento, ya que, después, habrán de asumir también las competencias sobre la gestión de esa planta depuradora que usted ahora tanto reclama. Por tanto, no se trata solo de quejarse y de cobrar la tarifa a los ciudadanos de Oviedo, tarifa que expresa muy bien quién es el responsable en el abastecimiento y el saneamiento, mientras que ahí están los depósitos del Cristo sin poder funcionar por no asumir correctamente sus competencias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS INVERSIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID (S.680/001355).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Barranco.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, con frecuencia se escuchan por parte de los portavoces del Gobierno de la Comunidad de Madrid acusaciones o quejas en relación con la falta de inversiones en dicha comunidad. Ayer mismo, sin ir más lejos, en la constitución de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el portavoz del Grupo Popular, grupo que apoya al Gobierno de la comunidad, afirmó en su intervención que durante el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero no se había invertido ni un solo euro en esta comunidad. La actitud de victimismo cheli de estas declaraciones de los portavoces del Gobierno de la Comunidad de Madrid no se corresponden ni con la realidad ni con los datos concretos de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad.


El Gobierno de nuestra nación autolimitó sus gastos en campañas de publicidad a través de una ley. En contraste, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha gastado 324 millones de euros durante los dos últimos años en campañas apologéticas, es decir, en publicidad pura y dura en vísperas electorales.


Ante esta situación, y para el conocimiento de todos los ciudadanos madrileños, señora ministra, me gustaría preguntarle cuáles son las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a depuración, reutilización y abastecimiento de agua en nuestra comunidad.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente ha ejecutado inversiones en actuaciones ligadas a la política del agua desde el inicio de esta legislatura por un importe que supone ya más del doble de lo ejecutado por el anterior Gobierno en la anterior legislatura. Le daré algunas cifras de la inversión ejecutada. En el año 2002, se invirtieron 11,8 millones de euros; en el año 2003, 34,3 millones de euros; en el año 2004, 45 millones de euros; en el año 2005, 116,7 millones de euros y en el año 2006, 156,6 millones de euros. Eso quiere decir, señoría, que, desde el año 2003, se ha multiplicado por cinco el volumen anual de inversión en la Comunidad de Madrid por parte del Ministerio de Medio Ambiente.


Durante los ocho años de gobierno del Partido Popular no vimos en ningún momento el exceso propagandístico ligado a las necesidades de agua de Madrid. Madrid necesita más agua, y hemos podido comprobar eso desde hace bastante tiempo y, sin embargo, durante el periodo de gobierno del Partido Popular se incrementó en cero hectómetros cúbicos la disponibilidad de agua para abasteci-

Página 7828


miento en la Comunidad de Madrid. Desde el inicio de esta legislatura, con las actuaciones que hemos llevado a cabo, que se corresponden con la práctica ejecución de grandes plantas depuradoras previstas desde el año 1995, en la Gavia, en el Culebro, con sus correspondientes emisarios y con toda una política de reasignación de concesiones a favor del abastecimiento de agua en Madrid y con actuaciones de modernización de regadíos, hemos conseguido que en estos momentos los madrileños puedan disponer de casi 200 hectómetros cúbicos más de agua para abastecimiento de los que estaban disponibles al inicio de esta legislatura, con más inversión, multiplicando por cinco entre el año 2003 y el año 2006 la inversión en esta comunidad autónoma y ejerciendo nuestras competencias en materia de gestión desde la Confederación Hidrográfica del Tajo.


Por lo tanto, señoría una vez más hay un victimismo que pretende engañar a los ciudadanos sobre la falta de inversión del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, cuando los datos están ahí porque estoy hablando no de lo que se presupuesta cada año, sino de la inversión efectivamente ejecutada y que cualquiera puede comprobar simplemente acercándose a esas grandes obras que permiten no sólo depurar el agua de Madrid y evitar la contaminación, sino también aumentar la capacidad de reutilización del agua en nuestra comunidad autónoma.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA REMISIÓN A LAS CORTES GENERALES DEL ANTEPROYECTO DE LEY BÁSICA DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (S. 680/001340).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Etxegoyen. Tiene la palabra su señoría.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Presidente jauna, senatore jaun/andrea, ministro jauna, egun on guztiori.


La pregunta de esta senadora, señor ministro, no tiene por objetivo sino conocer de primera mano las previsiones del Gobierno para la remisión a Cortes del anteproyecto de ley del Gobierno y de la Administración Local.
Espero su respuesta

Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.


Las previsiones del Gobierno es remitirla a la mayor brevedad posible.
Como conoce su señoría, ésta debe de ser una de las leyes más y mejor preparadas de la historia de nuestra trayectoria legislativa en democracia. Llevamos prácticamente tres años desde que se inició el proceso de elaboración del libro blanco con ello. Elaboramos luego un anteproyecto, que ha sido ampliamente discutido y debatido fundamentalmente con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero no sólo con ella, y en un momento determinado cuando había un cierto consenso en torno al texto, dada la proximidad de las elecciones municipales, el Gobierno estimó oportuno entrar en un contacto con los grupos parlamentarios que casi por unanimidad nos solicitaron que dejáramos pasar las elecciones municipales antes de remitirlo a las Cortes. Éstas elecciones han pasado. Yo esta misma semana retomaré los contactos para ver si ese amplio consenso que existía en torno a esta ley sigue existiendo, como espero y deseo, y si es así, a la mayor brevedad posible lo remitiremos a las Cortes.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor ministro, por su información y permítame que haga una simple puntualización. Evidentemente tiene que ser a la mayor brevedad posible, si efectivamente, como es voluntad del Gobierno así anunciada, debe ser aprobada en esta legislatura, habida cuenta de que nos quedan pocos meses ya para su finalización.


Y siguiendo un poco el hilo de sus explicaciones, permítame también que haga un par de reflexiones. Somos conscientes, creo que todos, de que en este Estado complejo en el que existen varias administraciones territoriales, la central, la autonómica y la local -no olvidemos la singularidad de las instituciones forales en Euskadi y Navarra- la tradicionalmente gran olvidada ha sido siempre la local, cuando se da la paradoja de que juega un papel esencial en la vida política de este país porque su proximidad a los ciudadanos -y cito palabras textuales suyas de su última comparecencia en diciembre pasado ante la Comisión de Entidades Locales- permite conciliar la capacidad de gestión con un nivel más intenso y directo de participación política. Yo estoy absolutamente de acuerdo con su opinión.


En los últimos 25 años la sociedad ha evolucionado mucho y con ello las necesidades y los retos que los ayuntamientos tienen que afrontar, y si los problemas son ahora muy distintos, tienen que ser evidentemente distintas las soluciones aportar.


En este sentido, las Cortes Generales aprobaron en la pasada legislatura la Ley de Medidas para la Moderniza-

Página 7829


ción del Gobierno Local, cuya propia denominación nos da una pista certera de por dónde discurren las nuevas necesidades y los retos que antes mencionaba.


Como consecuencia de todo ello, y usted lo ha comentado, antes del mismo inicio de la presente legislatura se pusieron sobre la mesa instrumentos y documentos de trabajo anunciando una nueva ley básica de régimen local que, finalmente, parece que se tramitará en el Parlamento tan sólo a unos meses vista de que se acabe la presente legislatura. Aunque sea tarde, le damos la bienvenida, señor ministro, y sin ánimo alguno de polémica o ni siquiera de reproche, pero sí con un punto de crítica, me gustaría resaltar que todos somos conscientes de la complejidad del tema a regular y de la voluntad de consenso que ha presidido las negociaciones con los distintos agentes implicados -que, desde luego, no han sido pocos-, para llegar a un texto más o menos definitivo sobre el que debatirán las Cortes, y así se lo reconozco; sin embargo, no por ello dejo de considerar que llega tarde y tal vez con un pie forzado habida cuenta de que estamos al final de la legislatura y, como consecuencia precisamente de este factor, mucho me temo que habremos de trabajar a contrarreloj. No sé cómo lo harán en el Congreso de los Diputados, pero le aseguro que así será en el Senado y, como decía anteriormente, se trata de un proyecto de ley que se erige como uno de los pilares básicos de la organización y gestión política de este país. Señor ministro, trabajar condicionados por la premura del tiempo y la presión de los plazos no suele ser bueno.


En cualquier caso, cuente como siempre con la colaboración del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señoría.


Agradezco especialmente el apoyo y colaboración que sé que vienen prestando a este proyecto de ley desde hace tiempo; sin lugar a dudas, en el caso de que se pueda remitir a las Cámaras, efectivamente los plazos quizás serán un poco acelerados, pero es una ley ampliamente conocida, casi al detalle, por cada una de sus señorías y de sus grupos parlamentarios.


Su señoría ha dicho que tradicionalmente se ha considerado la Administración local como la gran olvidada, y es verdad, pero no ha sido ése el caso de este Gobierno; este Gobierno ha reforzado mucho, más del 34 por ciento, las transferencias a los municipios y a las entidades locales, hemos establecido un fondo para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que, por primera vez, garantiza una financiación mínima per cápita, y hemos abierto un amplio proceso de modernización de la Ley de bases que está dando un resultado que, al final, se ha incorporado a la Ley del Suelo en cuanto al fortalecimiento de las medidas de la lucha contra la corrupción y también en el propio texto de la ley de bases del gobierno y de la administración local. Por tanto, en la agenda política de este Gobierno y, particularmente de mi ministerio, lo local ha estado en un lugar claramente destacado.


Tal y como ha señalado su señoría, una reforma como ésta se tiene que hacer con un amplio consenso; por ello, espero y deseo que quienes hasta ahora han mostrado reticencias a la hora de apoyar un texto de ley muy consensuado por todo el mundo -incluidos los que muestran esas resistencias-, a partir de este momento de verdad antepongan los intereses de los ciudadanos y los intereses de las administraciones locales a las estrategias electorales partidistas y que una vez superadas las elecciones podamos llegar a un acuerdo para hacer un gran servicio a España, un gran servicio a las autonomías y un gran servicio a los ayuntamientos, aprobando por práctica unanimidad una nueva ley de bases de régimen local.


En eso confío.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LOS MOTIVOS QUE TIENE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA NO HABER MODIFICADO LA NORMATIVA RELATIVA A LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, SIENDO CONSCIENTE DE LA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (S. 680/001344).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Aleixandre, para formular su pregunta.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora ministra.


El pasado 6 de noviembre, la Comisión de Sanidad aprobó una moción instando al Gobierno a modificar el Real Decreto 1275/2003, de 10 de octubre, relativo a los Complementos Alimenticios, en sus disposiciones adicional segunda y transitoria primera.


La moción instaba al Gobierno solucionar un problema creado por la propia administración: la inadecuada transposición de la normativa europea sobre complementos alimenticios, la Directiva Europea 2002/46/CE, del Parlamento y del Consejo de 10 de junio, pero la utilización en el real decreto de las concentraciones máximas recomendables, distintas a las establecidas en la directiva europea, vulneraban la norma.


En la disposición adicional segunda se toman como valores de referencia y se utilizan como límite para el fabricante tanto sus valores mínimos, el 15 por ciento, como sus valores máximos y las concentraciones no deben superar en el territorio español el cien por cien de los valores recomendados, de ahí el error.


Página 7830


La normativa entró en vigor el 31 de julio de 2005 y, a partir de esa fecha, nuestros empresarios han tenido graves problemas a la hora de utilizar nuestros productos, los mismos en España que en la Unión Europea. Han pasado seis meses desde la aprobación de la moción y, aunque tenemos noticias de que el ministerio está trabajando en ello, desconocemos cuándo se restablecerá la normalidad para nuestros empresarios.


Por ello, preguntamos a la señora ministra de Sanidad qué motivos tiene el ministerio para no haber modificado ya la normativa relativa a los complementos alimentarios, siendo consciente de la indefensión en la que se hallan las empresas de nuestro sector.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, tal como usted ha señalado, efectivamente con el Real Decreto 1275/2003, de 10 de octubre, se aprobó una normativa relativa a los complementos alimenticios; normativa que incorpora nuestro ordenamiento jurídico en la directiva 2002/46, del Parlamento Europeo y del Consejo.
En ese decreto se establecieron normas específicas para vitaminas y minerales utilizados como ingredientes en los complementos alimenticios y se situaron en niveles máximos a fin de proteger al consumidor de una ingesta excesiva de vitaminas y minerales.


Desde hace tiempo, señoría, y de acuerdo con el contenido del punto primero de la moción a la que ha hecho usted referencia, se está trabajando con las comunidades autónomas y los sectores responsables de la comercialización de estos productos en una modificación de este real decreto y, especialmente, en el establecimiento de las cantidades diarias, no máximas sino recomendadas, para vitaminas y minerales.


Para ello, estamos realizando un inventario actualizado de las sustancias que, aunque no están comprendidas en esa mencionada directiva, se pueden considerar complementos alimenticios, a fin de realizar una ampliación de las sustancias diferentes de vitaminas y minerales anticipándonos al desarrollo prometido por la Comisión en la Directiva 2002/46, de 10 octubre, sobre completos alimenticios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, es cierto que el motivo de la reglamentación es evitar la ingesta excesiva de vitaminas y minerales para que no puedan ser perjudiciales y garanticen que su utilización sea compatible con la ingesta normal y no suponga ningún peligro para el usuario, evidentemente siempre que se sigan las instrucciones del fabricante, ya que los consumidores que lo utilizan lo hacen con el propósito de complementar su dieta habitual.


Este tipo de complementos, como usted ha dicho, son consumidos en la actualidad por un gran número de usuarios de todas las edades, lo que hace imprescindible clarificar la normativa. Pero esta modificación también es importante para la industria alimentaria de nuestro país, ya que supone tener reglamentos distintos aquí que en el resto de la Unión Europea y que los productos que se distribuyen en nuestro país no puedan ser los mismos que los del resto de la Unión Europea, como he dicho antes, quedando en manos de la benevolencia de algunos servicios de inspección su sanción; este es el problema, lo que produce cierta indefensión para nuestra industria.


Es evidente que es importante para todos que haya una reglamentación. Si el Estado español hubiese querido una reglamentación distinta, se lo hubiese podido exigir a la Unión Europea utilizando el reglamento oportuno de la Directiva Europea 98/34/CE para comunicar a las autoridades del Consejo la decisión. Sin embargo, el Estado español tampoco ha comunicado el cambio de estas concentraciones.


Por ello, le pedimos de nuevo a la señora ministra que acelere estos trámites a fin de evitar la indefensión en la que se encuentra la industria alimenticia de nuestro país.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, le agradezco, por supuesto, el tono y el contenido de su respuesta, pero he de decirle que no somos los únicos, ya que otros Estados miembros también han establecido cantidades máximas; cantidades que sabemos han sido aceptadas a nivel comunitario, en virtud de la Directiva 98/34 por la que se establece procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones.


Ciñéndonos a los niveles máximos de vitaminas y minerales, cabe decir que el real decreto no se ha modificado porque la Comisión Europea ha comenzado ya a trabajar para el establecimiento de valores máximos y mínimos que deberán ser incorporados a nuestra normativa. Le aseguro que si esos trabajos se demoran, como ministra y responsable del ministerio, estaría dispuesta a abordar una modificación de los niveles para vitaminas y minerales.


Aunque sea un aspecto sobradamente conocido, quiero recordar a su señoría que la promoción de iniciativas de derecho interno en ámbitos cuya armonización ya ha comenzado resulta infructuosa por cuanto la Comisión Europea bloquearía previsiblemente cualquier proyecto de norma nacional, salvo que transcurriese el plazo establecido en la directiva 98/34 sin que la Comisión diera curso a su propuesta de armonización. Si esta situación se produjera no tenga duda de que emprenderíamos esa modificación a la que usted ha hecho referencia, porque somos conscientes de que la armonización parcial de la directiva

Página 7831


está suponiendo problemas para el buen desarrollo del mercado interior.


Pero le aseguro que vamos a intentar encontrar el equilibrio para evitar situaciones de agravio comparativo para el sector español sin menoscabo, por supuesto, de la defensa de la salud de los consumidores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA PROTEGER A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN CUMPLIMIENTO DE LA MOCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL SENADO EL PASADO 20 DE MARZO DE 2007 (S.680/001359).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Palacios Rojo que tiene la palabra.


El señor PALACIOS ROJO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le damos la más cordial bienvenida nuevamente a esta Cámara.


Las últimas estadísticas elaboradas tomando como referencia los distintos planes de lucha contra la droga arrojan un dato que vemos con preocupación: la edad de inicio de los jóvenes, casi niños diría yo, al mundo de la droga va disminuyendo de forma progresiva. Así, nos encontramos con cifras de 12,5 años para el alcohol, de 13, 5 años para el consumo de cannabis, de 14 años para el tabaco y de 16 años para la cocaína.


Estos datos se califican por sí solos. Pocos comentarios se pueden hacer de ellos. Estos datos se califican por sí solos. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que estamos ante un grave problema de salud pública.


El artículo 39 de la Constitución Española establece en su punto 2 la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos y, en su punto 4, que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.


En esta línea, el Pleno del Senado en la sesión del pasado 20 de marzo aprobó una moción por unanimidad de todos los grupos políticos instando al Gobierno a tomar una serie de medidas para proteger a los niños y adolescentes del consumo de todo tipo de drogas. Entre ellas destacaría la adopción de medidas normativas y de control junto con la Administración autonómica y municipal para que los centros educativos tanto de Educación Primaria como de Secundaria y los locales de ocio donde se desarrollan las actividades de los jóvenes sean áreas libres totalmente de estas sustancias.


Por otra parte, hay que elaborar los planes necesarios y realizar las acciones de difusión de la evidencia científica disponible para informar a los jóvenes, educadores, Ampas, etcétera, de los efectos negativos físicos y psíquicos que causan el consumo de estas sustancias.


Otro apartado será promover, a través de los medios de comunicación audiovisuales y escritos, informaciones reales combatiendo las falsas ideas, así como la seudociencia utilizada para la promoción de estas sustancias, realizando campañas permanentes para alertar a los jóvenes sobre el peligro del consumo de estas sustancias.


Por todo ello, señora ministra, le pregunto ¿qué medidas está adoptando el Gobierno para proteger a los niños y adolescentes del consumo del alcohol en cumplimiento de la moción aprobada en el Pleno del Senado del pasado 20 de marzo?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en el caso del alcohol les puedo informar de actuaciones muy recientes posteriores a esa moción y en cumplimiento de la misma.


El pasado 11 de junio presenté en el ministerio una nueva campaña de prevención del consumo de alcohol en los jóvenes con una doble creatividad. El lema dirigido a los jóvenes es: El alcohol daña tu cuerpo y tu cerebro. El alcohol te destroza por partida doble. En el caso de las familias el lema es: No siempre son los hijos de los demás quienes se emborrachan los fines de semana. La razón de este mensaje dirigido a los padres es que, según nuestras encuestas, el 94 por ciento de los padres y madres consideran que el consumo de alcohol por parte de los menores es un grave problema, pero sólo un 15 por ciento entienden que les afecta a ellos directamente.


En esta campaña, que tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros, tratamos, por tanto, de mencionar brevemente los daños del alcohol. En su presentación estuvieron los representantes de las confederaciones de padres y madres de alumnos, de organizaciones sindicales que representan a los educadores y asociaciones de consumidores. Y todos ellos nos han pedido que hagamos una amplia difusión de los mensajes contenidos en esta campaña dirigida a los padres.


Al mismo tiempo, hemos firmado un convenio con la Asociación de Editores de Diarios Españoles para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes.
Con él se prevé la elaboración de un código de autorregulación para la publicidad de bebidas alcohólicas en la prensa diaria, evitando su inserción en publicaciones o secciones dirigidas a menores, no incluyendo a menores en la creatividad de ese tipo de anuncios y no utilizando mensajes que asocien el consumo de bebidas alcohólicas con el éxito social, profesional o sexual, con la mejora del rendimiento o con propiedades saludables.


Quiero recordarle, por cierto, que a partir del próximo 1 de julio no se podrá realizar ninguna alegación de propiedades saludables para ninguna bebida que tenga un conte-

Página 7832


nido alcohólico superior al 1,2 por ciento, en cumplimiento estricto de una normativa europea que entra en vigor el próximo día 1 de julio. De este modo, la Asociación de Editores de Diarios da un paso más y se compromete a colaborar con el ministerio en la divulgación y distribución de material informativo sobre los efectos del consumo de alcohol en los menores. Asimismo, el pasado 13 de junio suscribimos un convenio con las empresas de distribución comercial, que representan a más de 20.000 establecimientos, por el que se comprometen a colaborar en la difusión de una campaña publicitaria sobre los daños que representa el consumo de alcohol para la salud de los menores, y el pasado 16 de abril celebramos un seminario internacional, cuyo objetivo fue trasladar a los profesionales de la salud las más recientes evidencias disponibles que relacionan el consumo de alcohol con alteraciones en los procesos de memoria y aprendizaje, con cambios cerebrales, funcionales y estructurales, y con diferencias del daño observadas en chicos y chicas producidos por los distintos patrones de consumo. Además, hemos difundido el informe sobre alcohol de la Comisión Clínica del Plan Nacional de Drogas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN DIABETES DENTRO DEL PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (S. 680/001360).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Víboras.


Tiene la palabra su señoría.


La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como usted sabe, la diabetes es una enfermedad de elevada morbilidad y causa importante de mortalidad prematura. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 180 millones de personas en el mundo tienen diabetes y es probable que se duplique el número antes de 2030. Se estima que una de cada 20 muertes en el mundo es atribuible a la diabetes, y la proporción es de una de cada 10 en la población de entre 35 y 64 años de edad. En 2005, 1.100.000 personas fallecieron a causa de la diabetes, la mitad de las muertes afectaron a menores de 70 años y más de la mitad -el 55 por ciento- a mujeres. En nuestro país, España, la diabetes mellitus causó en 2004 más de 10.000 muertes, de las cuales 3.924 fueron de varones y 5.042 de mujeres. A estos datos habría que añadir un porcentaje desconocido de muertes por enfermedad cardiovascular, que puede ser directamente atribuible a la diabetes. Por otra parte, la prevalencia estimada de diabetes en nuestro país se sitúa en torno al 6,5 por ciento para la población de entre 30 y 65 años, y oscila en diversos estudios alrededor del 12 por ciento.


Señora ministra, el progresivo envejecimiento de la población, la obesidad, la presencia de diabetes en la historia familiar, el sedentarismo, el nivel socioeconómico bajo, la mala tolerancia de la glucosa, la hipertensión arterial o la hiperlipemia son factores de riesgo que se asocian con el crecimiento de la incidencia de esta enfermedad durante los últimos años en todo el mundo, y no solo en nuestro país, como ha subrayado la Organización Mundial de la Salud. De hecho, existen evidencias científicas de que una buena alimentación y actividad física pueden reducir el riesgo de diabetes, fundamentalmente de diabetes tipo 2, hasta en un 60 por ciento. La promoción de estilos de vida saludable, los hábitos de vida igualmente saludables, la actividad física y una dieta adecuada, como he dicho, pueden disminuir de manera clara la mortalidad debida a la diabetes.


Señora ministra, sabemos además que su ministerio propugna, conforme a los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, un enfoque integrado que combine la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Un enfoque dirigido a actuar sobre factores de riesgo como la inactividad física, las dietas no equilibradas o el tabaquismo, que, al ser comunes a otras patologías como neoplasias, ictus y otras enfermedades crónicas, requieren una respuesta similar de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.


Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta estos elementos y factores, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió el 16 de junio...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Voy a la pregunta y termino.


Decidió, decía, abordar conjuntamente una estrategia en diabetes para todo el Sistema Nacional de Salud.


Por todo ello, esta senadora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, desea conocer la evolución de la Estrategia en Diabetes puesta en funcionamiento por su ministerio e implantada en el Sistema Nacional de Salud.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente la Estrategia en Diabetes fue aprobada el pasado 11 de octubre de 2006 en el Consejo Interterritorial, fruto de un amplio consenso alcanzado entre administraciones sanitarias, expertos y asociaciones de pacientes. Pretende ser un instrumento de coordinación para reducir la incidencia de la enfermedad, garantizar una atención de calidad y, en condiciones de equidad, promover políticas de prevención y fomentar la investigación.


Página 7833


En el año 2006, el ministerio destinó un total de 6 millones 715.000 euros a las comunidades autónomas para que desarrollaran proyectos relacionados con las estrategias de salud, y en el ámbito particular de la diabetes se financió el diseño e implantación de proyectos para facilitar la continuidad del tratamiento entre atención primaria y especializada, se desarrollaron campañas de comunicación sobre factores de riesgo, promoción de hábitos de vida saludables y la elaboración de guías de práctica clínica. Además, hemos firmado convenios con el Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Gobierno vasco para elaborar una guía de práctica clínica de diabetes tipo 2, y con la Fundación Progreso y Salud de Andalucía para el estudio de los análogos a la insulina, los nuevos antidiabéticos orales, el uso de la telemedicina y los modelos organizativos en la asistencia a pacientes con diabetes mellitus 1 y 2.


En el campo de la investigación, el Instituto de Salud Carlos III impulsó la red temática de investigación cooperativa sobre diabetes, que reúne a 38 grupos de investigación clínica y básica de siete comunidades autónomas, financiando con 8,7 millones de euros 166 proyectos sobre la enfermedad. En el año 2007 el Consejo Interterritorial ha decidido destinar 5 millones de euros a las estrategias de salud, y el ministerio, por su parte, ha ampliado la financiación para actuaciones de apoyo a la Estrategia en Diabetes. Así en el marco del plan de calidad se prevé este año la elaboración de la guía de práctica clínica para diabetes 1 y de varios protocolos de diagnóstico y tratamiento, así como el desarrollo de acciones de formación y la financiación de proyectos de investigación básica y aplicada. Asimismo, se ha creado un Centro de Investigación Biomédica en Red, un cíber dedicado a diabetes, y se están elaborando un conjunto de medidas para la difusión de la Estrategia en Diabetes entre la población en general y los profesionales sanitarios.


Por último, quiero señalarle que vamos a presentar un informe de evaluación de la estrategia cuando se cumplan dos años de su aprobación.
Esta evaluación nos permitirá revisar y actualizar los contenidos, poder valorar los resultados y, por tanto, poder adoptar medidas adicionales si resulta preciso.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, PLAZOS Y PRESUPUESTOS PREVISTOS PARA LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO 2008 EN ZARAGOZA (S. 680/001341).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mur.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor vicepresidente.


Falta menos de un año para que la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 abra sus puertas al público, y quería preguntarle qué opina el Gobierno sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los plazos y los presupuestos de esta exposición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.


Como su señoría sabe, siempre en este tipo de acontecimientos la preparación de los trabajos es laboriosa y muchas veces da la sensación de que el trabajo que se ha hecho todavía no se visualiza. Por eso tal vez sea bueno que nos fijemos en algunas cifras y datos que nos indican dónde estamos y cuáles son las previsiones futuras.


Valoración específica. Yo diría que, a un año de la inauguración, el Gobierno está razonablemente satisfecho con la marcha y el grado de cumplimiento de los objetivos. De forma prudente, podemos decir que, como media, aproximadamente el 35 por ciento de las obras está, a mayo de 2007, ya realizado. Algunas obras, como el edificio de participantes está ya por encima del 60 por ciento, muy cerca del 50 por ciento está el acuario fluvial, y del total del presupuesto comprometido para el periodo 2005-2008, a fecha de 18 de junio de este año se ha dispuesto ya, por ejemplo, en el capítulo de construcciones del 66 por ciento, y, por tanto, todo nos da la sensación de que se siguen los plazos establecidos y que todo estará en condiciones para la inauguración el 14 de junio de 2008.


Otro tanto podemos decir en cuanto a la participación de extranjeros, tanto de países como de instituciones internacionales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, además de la fecha, que es muy significativa, le he formulado esta pregunta porque este Senado ha tenido mucha relación con el acontecimiento de la Exposición Internacional de Zaragoza. El entonces senador Belloch, hoy alcalde, el entonces alcalde y hoy senador, señor Atarés, y este senador que le habla, como vicepresidente de la comisión promotora de la Expo, fuimos algunos de sus impulsores y estuvimos peleando hasta conseguir la nominación.


Usted sabe perfectamente, me consta, la importancia que este acontecimiento tiene no solamente para Aragón y Zaragoza sino también para España entera, puesto que es un escaparate de lo que podemos y sabemos hacer en nuestro país en materia de grandes eventos y exposiciones.


Página 7834


El leitmotiv de la exposición, Agua y desarrollo sostenible, es de máximo interés y actualidad, y así se demuestra con los más de 90 países que van a participar activamente. La Tribuna del Agua, que ha nacido en torno a esta exposición; la Agencia de la Década; la Agencia del Agua de la ONU, también asignada a Zaragoza, son ejemplos de la importancia de esta muestra.


Está previsto que acudan siete millones de visitantes, que espero se cumplirá a la vista de cómo van las cosas, lo que también va a promocionar turísticamente a Aragón, a Zaragoza y, por consiguiente, al conjunto del país.


Por tanto, sé que tiene usted un muy buen equipo, que las cosas se están haciendo bien, pero quiero pedirle que en este último año logremos mantener y, si se puede, mejorar la coordinación entre las administraciones implicadas. Es muy importante que las tres administraciones, empezando por el Estado, al que usted representa, funcionen bien y, sobre todo, que empecemos a pensar en el día de después, en el día post Expo, porque, aunque en mi opinión la Expo está ya prácticamente garantizada, sería bueno que para el día después tuviéramos un plan, un programa y unas ideas claras.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.


Señoría, según los datos que ambos tenemos, puedo confirmarle que 90 países han anunciado su participación, con un buen equilibrio entre los distintos continentes: Naciones Unidas, Comisión Europea, Parlamento Europeo, y todas las comunidades autónomas estarán presentes. Y una parte de las obras, como le he señalado anteriormente, estará finalizada en el año 2007, otra a principios de 2008, y esperamos que todo vaya de acuerdo con lo previsto para que en junio no se presente ninguna dificultad.


Su señoría plantea un nuevo reto que sin duda es fundamental y para el que cualquier idea es útil. Siempre hemos pensado no sólo en la situación actual sino en lo que sucederá al día siguiente porque es evidente que la inversión y el esfuerzo que se están realizando no deben terminar el día que finalice la obra y, en consecuencia, se está desarrollando el trabajo pertinente. Y, lo mismo que en su momento fueron útiles aportaciones de terceros sobre posibles ideas para Expo Agua, también lo son ahora posibles ideas para el desarrollo futuro de las actuaciones en Zaragoza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


-- DE DON JOSEP MARÍA BATLLE FARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LOS PRINCIPALES ACUERDOS ALCANZADOS EN LA RECIENTE REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS (S. 680/001345).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Batlle.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.


Bon dia, señora ministra. A mediados del mes de abril le pregunté por las prioridades que el sector de frutas y hortalizas había planteado en las reuniones mantenidas con su ministerio ante la inminente reforma de la OCM de frutas y hortalizas.


En una detallada contestación me explicó su señoría que las prioridades del sector se habían convertido en objetivos para el ministerio, consciente, como no puede ser de otra manera, de la importancia económica de esta reforma y de las incidencias en negativo que pudieran tener un mal resultado en la negociación.


Señora ministra, a usted le consta la preocupación del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y la mía personal como senador por Lleida, una de las provincias que, como bien conoce, es una de las más importantes en cuanto a producción de fruta fresca, y somos conscientes de que un mal resultado de esta reforma hubiera trasladado en diferentes ocasiones un malestar muy generalizado al sector.


Esta es una reforma de máxima importancia, no solo para Lleida y para Cataluña, sino también para España en general. Somos conscientes de que el sector de frutas y hortalizas representa más de un tercio de la producción final agraria y más de la mitad de la producción vegetal.
Asimismo, es importante resaltar que se trata de un sector claramente orientado hacia el mercado que cuenta con muy poca ayuda pública y que genera un importante volumen de negocio como sector exportador.


Nosotros entendemos que la existencia de normas de comercialización que favorezcan la transparencia del mercado durante todo el proceso, así como de compromisos serios en cuanto a los controles sanitarios de las importaciones de terceros países, es básica para que la producción pueda seguir manteniendo un ritmo creciente de comercialización y volumen de negocio.


Aparte de ser este un sector económico muy potente, tiene un gran valor estratégico como sector productor dada su implantación territorial De ahí, señora ministra, nuestra preocupación y la pregunta que le formulamos: ¿Cuáles son las principales mejoras introducidas en los acuerdos alcanzados en la reciente reforma de la Organización Común de Mercado, sobre todo en lo que se refiere al sector de frutas y hortalizas frescas?

Muchas gracias.


Página 7835


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Senador Batlle, considero que el acuerdo político alcanzado por unanimidad el pasado día 12 en Luxemburgo es muy positivo para los intereses hortofrutícolas españoles. Efectivamente, hace unos dos meses expuse en este Pleno cuáles eran nuestros objetivos en las negociaciones. Hoy, a la vista de los resultados, quiero decirle que los acuerdos alcanzados respaldan ampliamente las posiciones que defendíamos.


Considerábamos que el eje de la reforma debería pasar por mantener y reforzar las organizaciones de productores como instrumentos de ordenación del sector, al tiempo que debería aumentar la flexibilidad en la constitución y utilización de los fondos operativos, y lo hemos logrado. Se han introducido nuevas medidas de apoyo a las organizaciones incentivando la incorporación de nuevos socios a las mismas; en concreto, las aportaciones de los socios para la constitución de los fondos operativos podrán ser sustituidas por aportaciones de la propia organización. El apoyo financiero comunitario se ha incrementado del 50 al 60 por ciento para las organizaciones de las regiones ultraperiféricas y para el primer programa operativo presentado por entidades fusionadas o por asociaciones de organizaciones de productores. Los agricultores podrán integrarse en diferentes organizaciones para los diferentes productos cultivados en la explotación.


Como usted recordará, también solicitábamos establecer un mecanismo específico en caso de que se produzcan perturbaciones de mercado, y también lo hemos conseguido. Así, se han incluido medidas de gestión de crisis o la ampliación de las medidas de gestión de crisis a la posibilidad de financiar con créditos actuaciones ante situaciones imprevisibles, y la posibilidad de que los agricultores no asociados puedan acogerse a estas medidas con financiación nacional, además de la aportación comunitaria a los fondos operativos, especialmente en prevención y gestión de crisis, que ha pasado del 4,1 al 4,6 por ciento.
A ello hay que añadir que la ficha financiera ha quedado abierta ante el previsible aumento del número de agricultores a incorporar en las organizaciones de productores.


Entre otras medidas que también responden a las demandas de España, quiero mencionar el mantenimiento durante un período de tres años de la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en superficies acogidas al sistema de pago único; el fomento de acciones de promoción dirigidas a escolares o el compromiso para que la Comisión refuerce las exigencias y controles fitosanitarios de las importaciones de terceros países, tal y como usted señalaba. Nuestra valoración del acuerdo es, pues, claramente positiva. Ahora, señoría, toca seguir trabajando, y para ello vamos a continuar manteniendo reuniones con las comunidades autónomas y con el sector para desarrollar estos acuerdos de gran importancia económica para los ciudadanos cuya actividad se fundamenta en el sector hortofrutícola.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL PRIMER AÑO DE APLICACIÓN DEL BANCO NACIONAL COORDINADO DE CUOTAS LÁCTEAS (S.680/001356).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora González Lahidalga.


Tiene la palabra su señoría.


La señora GONZÁLEZ LAHIDALGA: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Buenos días, señora ministra.


Señoría, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está realizando un gran esfuerzo para abordar los retos que el sector lácteo tiene planteados, siendo el principal orientar la producción hacia el mercado. Por ello, en el año 2005 se puso en marcha un plan de reestructuración que, como ustedes saben, estaba basado en dos pilares: un plan de abandono y la asignación de cuota desde el fondo nacional. Con este plan de reestructuración del año 2005 se perseguían unos objetivos claros: dar transparencia al mercado, cuotas a precios ventajosos para el ganadero, posibilitar la viabilidad de las explotaciones -sobre todo de las familiares- y la incorporación y mantenimiento de jóvenes y mujeres en el sector. Muchos de estos objetivos fueron alcanzados y, además, quedó una reflexión clara, y es que la intervención de la Administración fue beneficiosa para el mercado porque se ha hecho más transparente y se han puesto precios accesibles de cuota, lo que ha permitido la incorporación de nuevos activos al sector.


Su ministerio sigue trabajando y se ha propuesto seguir profundizando porque el escenario tiene unos decorados que no son muy fáciles. Se trata de unos decorados muy determinantes, como la introducción del pago único, la reforma de la OCM, la revisión de la normativa comunitaria en el año 2008, es decir, es un momento delicado en un contexto comunitario en el que incluso la comisaria de Agricultura se plantea el debate de la desaparición de cuotas.


Una vez evaluados los resultados de este plan de reestructuración, y con el ánimo, como decía hace un momento, de seguir avanzando y, por supuesto y muy importante, en coordinación con las comunidades autónomas, se puso en marcha el pasado año lo que se ha llamado el Banco Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas. Esta medida tiene varios cometidos: evitar los grandes desequilibrios territoriales con el fin de que no se produzcan excesivas

Página 7836


deslocalizaciones de cuota entre comunidades autónomas, darle transparencia y estabilidad al sector y propiciar una gestión adecuada desde las comunidades autónomas. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

El Banco Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas es un sistema de compra-venta de cuota intervenido por la Administración, a precio fijo.
También tiene una misión importante, que es la de gestionar gratuitamente cuotas a explotaciones prioritarias con el fin de fortalecer y rejuvenecer el sector. Este nos pareció un instrumento novedoso, un instrumento ya en funcionamiento desde el año 2006 y, por lo tanto, nos gustaría que hiciese una valoración en cuanto a objetivos conseguidos, como cantidad movilizada, cómo se han realizado las asignaciones gratuitas, intervención desde las comunidades autónomas, si ha habido alguna solicitud excluida, la repercusión en el sector... En definitiva, me gustaría saber si esta medida del Banco Nacional ha sido positiva y cómo ha influido en el sector lácteo español.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


El Ministerio de Agricultura puso en marcha el año pasado, como usted bien decía, el Banco Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas, como instrumento para mantener el esfuerzo realizado en el año 2005, estableciendo un sistema de compraventa de cuota a precio fijo y así evitar la especulación de los intermediarios.


El modelo de Banco Nacional, como instrumento de reestructuración, ha cumplido los objetivos que nos marcamos, y la valoración de este primer año de aplicación es muy positiva. Mediante esta medida se han asignado casi 240.000 toneladas de cuota, que es la cantidad media movilizada por transferencias entre particulares en los tres últimos períodos. Las comunidades autónomas han realizado el reparto de 151.815 toneladas a 4.851 ganaderos, a un precio de 0,27 euros por kilogramo. Esto significa un 60 por ciento menos del precio que se pagaba hace dos años. Por su parte, el ministerio ha asignado 86.500 toneladas de cuota gratuita de la reserva nacional a los 1.984 ganaderos cuyas explotaciones cumplían alguno de los requisitos de prioridad establecidos.


Señoría, hemos asignado cuota láctea a la totalidad de las explotaciones que, además de tener calificación sanitaria, cumplían con el perfil de prioritarios y tenían una cuota inferior a 220.000 toneladas. Como usted sabe, para la asignación de cuota gratuita procedente de la reserva nacional realizamos una decidida apuesta por los jóvenes de primera instalación y el relevo generacional como claves para el mantenimiento de un sector dinámico, que pueda hacer frente a los retos de futuro que impone la nueva PAC.


Los 935 jóvenes de primera instalación, bien en titularidad exclusiva o bien como cotitulares que han solicitado cuota gratuita, han recibido 53.800 toneladas, es decir, el 62 por ciento del total de la cuota procedente de la reserva nacional. Esto ha permitido que al grupo de ganaderos de máxima prioridad, es decir, a los jóvenes de primera incorporación, les haya correspondido una asignación gratuita media por explotación de 57.540 kilogramos. Al otro grupo prioritario, constituido por 991 ganaderos que han realizado inversiones en los dos últimos años y han solicitado cuota gratuita, le ha correspondido 31.000 toneladas. Las 1.750 toneladas restantes han sido asignadas a las 63 nuevas explotaciones asociativas.


Señoría, para el período 2007 y los siguientes vamos a dar continuidad a este instrumento de reestructuración, que está demostrando ser muy eficaz y que está contribuyendo a mejorar la competitividad del sector lácteo español para que siga cumpliendo no sólo con esa función económica, sino también con la función social y de mantenimiento de nuestro medio ambiente en prácticamente todo el territorio español.


Muchas gracias.


-- DE DON PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS RESULTADOS QUE HA OBTENIDO ESPAÑA PARA LOS PRODUCTOS TRANSFORMADOS EN LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DE FRUTAS Y HORTALIZAS (680/001357).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, buenos días. La OCM de frutas y hortalizas afecta a las producciones que se comercializan en fresco. De los acuerdos alcanzados en la reciente reforma ha dado usted cuenta en la respuesta a la pregunta del senador Batlle, y le felicito por ellos, pero también esta OCM afecta a aquellas producciones que se destinan a la transformación. Y mi pregunta va referida a estas últimas, a las producciones para transformación, que aun cuando su volumen comercializado es muy inferior al correspondiente en fresco, no deja de tener una gran importancia, tanto por su íntima vinculación con el tejido industrial en el medio rural, como por la función reguladora de mercados en fresco que opera para aquellos productos que tienen la doble actitud, como es el caso de los cítricos.


Pues bien, señora ministra, existía justificadamente una preocupación y un rechazo en el Gobierno y en el sector ante la inicial propuesta de la Comisión de desvincular las ayudas para las producciones transformadas de la entrega que se hacía a la industria e integrarlas en el régimen de pago único. Estaba justificado y ha formado parte de las exigencias del sector y del Gobierno en sus negociaciones

Página 7837


en Bruselas. Pero más preocupación había porque en el caso del tomate para transformado las ayudas que recibía se reducían hasta en un 62 por ciento en alguna campaña, y todo ello como consecuencia de que en noviembre de 2005 se aprobaron unas penalizaciones desproporcionadas, con el voto favorable del Gobierno del Partido Popular y la insensatez de un ministro, como Arias Cañete, que se paseó por toda España, especialmente por Murcia y Extremadura, voceando las excelencias del acuerdo que había alcanzado y de las penalizaciones que se iban a producir.


De ahí que usted en su reciente negociación haya tenido que afrontar dos cosas: por un lado, intentar corregir aquellos aspectos menos convenientes para el sector de frutas y hortalizas que se recogían en la propuesta de la Comisión -en el caso de frescos, insisto, lo ha conseguido con éxito y le doy mi felicitación-; y por otro, en el caso de los transformados, tenía la urgente necesidad de terminar con un sistema de penalizaciones que estaba amenazando la estabilidad y la continuidad del cultivo del tomate transformado en nuestro país.


Por eso yo le pregunto esta mañana qué acuerdos se han alcanzado en el capítulo de transformados que den tranquilidad al sector y, desde luego, permitan la viabilidad y la continuidad de las producciones, sobre todo, en esas dos regiones que antes he mencionado, Murcia y Extremadura. Estoy convencido de que al igual que le he felicitado respecto de los productos en fresco, también su negociación merecerá mi felicitación respecto de los productos transformados.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ( Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Cantero, usted es conocedor de que durante el último año hemos realizado desde el ministerio un intenso esfuerzo en la búsqueda de posiciones comunes con otros Estados miembros productores de frutas y hortalizas, con las comunidades autónomas y con los sectores de la producción, de la transformación y de la exportación. Señoría, los resultados hablan por sí solos. Creo que es justo reconocer públicamente el trabajo que han realizado las diferentes instituciones. Y llegado este momento, quiero expresar mi agradecimiento a los que con sus aportaciones han ayudado a configurar la posición española.


Señor Rodríguez Cantero, la propuesta de la Comisión para el sector de los transformados significaba un cambio radical: eliminar las ayudas a la transformación de frutas y hortalizas e incorporarlas al sistema de pago único. Esta propuesta ha sido modulada mediante la aplicación de un desacoplamiento parcial de las ayudas, estableciendo un período transitorio para aquellos productos o sectores que determinen los Estados miembros. Así, los productores o industriales van a disponer de un período de tiempo suficiente para tomar sus decisiones, facilitando una transición armoniosa al nuevo sistema. Además, se ha conseguido una flexibilidad sin precedentes para dar solución a los problemas específicos de España y, en concreto, del tomate al que usted hacía referencia.


Hablando del tomate, debo decirle que se ha terminado con el sistema de penalizaciones que veníamos arrastrando desde el año 2000, con un sistema de cálculo perverso al establecer reducciones de la ayuda desproporcionadas que perjudicaban las rentas de los productores y la estabilidad del sector. Se dispone ahora de un período transitorio de hasta cuatro años con la posibilidad de un acoplamiento de hasta el 50 por ciento de la ayuda. Se ha consolidado un nivel de apoyo para el sector de 56 millones de euros al año, muy superior al correspondiente al umbral establecido para España en este producto. Para la campaña actual, que podemos considerar de transición entre dos sistemas de ayudas muy distintas, se permite reducir la excesiva penalización de este año mediante la concesión de ayudas nacionales para que, en el caso de España, podamos utilizar 15 millones de euros para sufragar, precisamente, esas penalizaciones que teníamos.


En el sector de cítricos, otro de los que a usted le preocupaba, se ha establecido un período transitorio de hasta cinco años, de tal forma que durante los tres primeros se podrá mantener acoplado el cien por cien de la ayuda por superficie y en los dos siguientes hasta el 75 por ciento, con la obligación de entregar a la industria una cantidad mínima por hectárea.


Hemos informado a las comunidades autónomas y al sector del acuerdo político alcanzado. Y como le decía al senador Batlle hace escasos minutos, vamos a seguir trabajando con los sectores en el desarrollo de esta reforma, ya que en algunos aspectos tenemos subsidiariedad dentro de los Estados miembros para aplicar las decisiones correspondientes. En cualquier caso, enhorabuena al sector, que va a ser el gran beneficiado de esta reforma.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


-- DE DON FRANCISCO BUEN LACAMBRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE VIVIENDA 2005-2008 PARA MANTENER LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL (S. 680/001361).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Buen Lacambra.


El señor BUEN LACAMBRA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra. Está fuera de toda duda que la población española reside mayoritariamente en

Página 7838


poblaciones importantes, capitales de provincia y pueblos del cinturón de estas ciudades, además de otros municipios que superan los 50.000 habitantes. Es en el entorno rural en el que la población se ha ido reduciendo, trasladándose hacia poblaciones mayores en las que a la oferta de trabajo se unen las mejores prestaciones de servicios de todo tipo, como la educación, la salud, los servicios sociales, etcétera. En una palabra, en las poblaciones medias y grandes se dan mayores oportunidades a los ciudadanos para mejorar económicamente, acceder a una vivienda pública o de protección oficial, además de otro tipo de servicios individuales y familiares.


Es una preocupación de las autoridades públicas, desde el ámbito local pasando por el provincial, hasta las comunidades autónomas y el Gobierno de España, la despoblación que se ha ido produciendo en una parte importante de regiones españolas. Es por eso necesario llevar a cabo políticas integrales que ayuden a que la población se mantenga en los pequeños municipios. De los 8.111 municipios españoles, 6.800 tienen menos de 5.001 habitantes. No tengo ninguna duda de que la posibilidad de tener una vivienda digna y a un precio asequible puede ser un acicate, una de las maneras de que los vecinos no busquen otras oportunidades fuera de los lugares donde nacieron y se mantengan en esos pueblos y comarcas. Esto hará factible que los vecinos de esos municipios crean en sus posibilidades y empiecen a crecer para de esa manera poder acceder a todos los servicios que se dan en otros ámbitos con mayor población.


Por todo esto, señora ministra, le pregunto: ¿Cuáles son las medidas propuestas en el Plan de Vivienda 2005-2008 para fijar la población en el ámbito rural?

Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en la política de vivienda el Gobierno de España ha puesto en marcha medidas para garantizar el disfrute de una vivienda a todos los ciudadanos con independencia de que vivan en ciudades grandes, medianas o pequeñas, o de que vivan en pueblos.


En primer lugar, el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, actualmente en ejecución, contiene ayudas para la compra de vivienda protegida nueva y usada, para las viviendas en alquiler, para los propietarios que deseen alquilar su vivienda, para los inquilinos y también para la rehabilitación. Pero con objeto de mantener la población en el entorno rural y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de la política de vivienda, por primera vez el plan estatal prevé un programa de vivienda rural que supone ayudas para comprar vivienda usada de hasta 120 metros cuadrados en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Son ayudas importantes. En primer lugar, para pagar la entrada hay una ayuda de hasta 12.200 euros dependiendo de las circunstancias personales, familiares y sociales del ciudadano y de la localización de la vivienda.
En segundo lugar, está la posibilidad de acceder a préstamos hipotecarios con mejores condiciones a las del mercado hipotecario libre y con unos tipos de interés más bajos. En tercer lugar, hay unas subvenciones de una media de 600 anuales para pagar la vivienda en el supuesto de que sean municipios de menos de 10.000 habitantes. Solo para comprar vivienda usada, y en los dos primeros años de ejecución del Plan Estatal de Vivienda, han sido casi 3.000 familias las que se han beneficiado de estas ayudas.


Pero además de estas ayudas tenemos otras tales como ayudas para la rehabilitación de la vivienda en el medio rural y también para la recuperación del patrimonio arquitectónico y la arquitectura tradicional.
La rehabilitación en el medio rural supone que hasta la fecha haya firmado 137 acuerdos con otros tantos alcaldes de municipios con menos de 20.000 habitantes para rehabilitar casi 10.000 viviendas, con una inversión total de más de 188 millones de euros. Pero además de esta recuperación en las áreas de rehabilitación integral en los cascos históricos y urbanos de los municipios con menos de 20.000 habitantes, estamos llevando a cabo una política muy grande de rehabilitación aislada.


La rehabilitación aislada que se hace en toda España está financiada por el Plan Estatal de Vivienda, por el Gobierno de España, y son miles y miles de viviendas en todos los municipios de este país, sobre todo en el medio rural, las que reciben ayudas para sustituir, por ejemplo, las cubiertas, para instalar ascensores, para rehabilitar las fachadas, para fontanería, saneamiento, etcétera, todas ellas, como decía, integradas en el Plan de Vivienda.


Y estamos también preservando la arquitectura rural tradicional invirtiendo en la recuperación del patrimonio arquitectónico de nuestros pueblos y ciudades medianas y pequeñas. Se trata de garantizar dotaciones e infraestructuras socioculturales públicas y de mantener la arquitectura tradicional, algo muy importante para la actividad turística y económica.
Noventa y tres municipios de menos de 20.000 habitantes están recibiendo financiación del Estado , concretamente 124 millones de euros.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


-- DE DON JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO PARA LA INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE DE PARTE DEL FONDO DE RESERVA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS (S. 680/001353).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Sánchez-Simón.


Página 7839


El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señor ministro. Mi pregunta es acerca de los criterios previstos por el Gobierno para la inversión en renta variable de parte del Fondo de Reserva de las Pensiones Públicas.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Como sabe usted, señor senador, el Fondo de Reserva está establecido para garantizar el equilibrio financiero y para reforzar la viabilidad del sistema de Seguridad Social -es la hucha de nuestras pensiones- y responde a un acuerdo del Pacto de Toledo que, por cierto, puso en marcha el anterior Gobierno. Para que se haga usted una idea, el Gobierno del Partido Popular entonces pensaba que este fondo podría tener un alcance de unos 6.000 millones de euros. Hoy, estamos por encima de los 41.000 millones, el año que viene superaremos los 50.000 y todas las previsiones indican que al menos este fondo sobrepasará los 100.000 millones de euros.


Por tanto, parece que es necesario establecer una nueva regulación; todo el mundo lo solicita así, de acuerdo con los agentes sociales, con el Parlamento, que lo ha solicitado, con el Tribunal de Cuentas y con organismos internacionales, haciendo caso de la experiencia que hemos acumulado el incremento sustancial de este excedente y las perspectivas favorables de futuro, pensamos que hay que desarrollar un nuevo sistema de gestión, una de cuyas principales novedades consiste en la posibilidad de invertir en bolsa una parte de los recursos en renta variable; por cierto, tal y como hacen los países de nuestro entorno, como hace prácticamente todo el mundo: Francia, Holanda, Suecia, etcétera.


Sí le diré que los elementos fundamentales, los cuatro objetivos que persigue el Gobierno son: publicidad, transparencia, seguridad y rentabilidad, no solo rentabilidad económica, sino social, y sin duda, también nos gustaría mucho que esta decisión, esta nueva ley, fuera aprobada por consenso, para lo cual el Gobierno está dispuesto a hacer cuantos esfuerzos sean necesarios.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllorí): Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Sánchez-Simón.


El señor SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ: Muchas gracias, señor ministro.


En relación con su respuesta la verdad es que surgen otras muchas preguntas sobre asuntos que claramente dependen de una decisión política acerca de la inversión que se va a realizar, y que se haría cualquier inversor que fuera a entrar en bolsa con una cantidad tan sumamente importante de dinero, como, por ejemplo, la necesidad de plantear cuáles van a ser sus principios estratégicos.


Así, creo que será importante que el Gobierno defina si va a entrar en el mercado primario o en el mercado secundario, si va a entrar en empresas del Ibex 35 o va a buscar otras oportunidades, si va a entrar en valores de alta volatilidad o en valores que tienen mayor seguridad, si van a marcarse stop loss en cada uno de los valores, si va a asegurar los riesgos en los mercados, si va a influir en la decisión de las empresas, si va tomar posesiones relevantes en el patrimonio de las sociedades, si va a invertir a través de fondos de inversión, si va a invertir a través de sociedades de capital riesgo, si va a formar un nuevo grupo empresarial público, si va a definir previamente en qué sectores va a invertir, si lo va a hacer en derivados, en futuros, si va a invertir en sociedades extranjeras o si se va a gestionar desde paraísos fiscales.
Son decisiones que cualquier persona -yo no conozco ninguna- que vaya a invertir la friolera de unos 4.500 millones de euros en una primera tacada conviene que resuelva, son decisiones que no puede dejar en manos de técnicos, porque claramente son políticas.


Pero me temo que el Gobierno no lo tiene planteado, me temo que el Gobierno no lo tiene todavía resuelto y aún no tiene respuesta, porque lo que sí me temo es que el Gobierno tiene claras dos cosas, en primer lugar, que el analista de inversiones no va a ser el CNI, ese organismo que está vigilando a empresarios -desde luego, con unos resultados que, para eso, mejor que contrate a Mortadelo y Filemón-, ese organismo -digo-, que está vigilando empresarios, aunque parezca chiste, no va a ser el analista de inversiones. Y lo que también tiene claro el Gobierno es que va a ser un método fantástico para conceder un buen dinero, mediante comisiones bursátiles, a una serie de amigos muy próximos al poder y La Moncloa, y ellos son los que realmente van a hacer ese negocio.


En definitiva, si bien es cierto que eso ocurre en otros países, si bien es cierto que es una posibilidad, es una fórmula que debe contar con el máximo consenso sobre una serie de principios que han de ser claros, tales como la responsabilidad, la prudencia y la garantía del futuro de nuestras pensiones, calificativos que, desde luego, en este Gobierno no recaen.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


El señor ministro de Trabajo tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señor presidente, no sé si merece la pena contestar a tanta osadía. De verdad, créame, señoría, que me parece que su intervención es muy poco seria.


El Gobierno tiene el acuerdo de los agentes sociales -punto primero-, empresarios españoles y sindicatos para traer esta ley al Parlamento; tiene el acuerdo de todas las organizaciones políticas y espero que su intervención

Página 7840


sea desmentida por una posición razonable de su grupo, que seguro será así en su momento.


Le he indicado los principios -publicidad, trasparencia, seguridad, rentabilidad- y las cuestiones que usted plantea serán objeto de desarrollo reglamentario pactado, acordado. No tenemos ningún problema en diversificar gestores, los sectores de inversión, limitar los porcentajes en los que se puede concentrar la inversión en determinadas empresas concretas, utilizar, por supuesto, los criterios de responsabilidad social y ambiental en las inversiones que son de todos los españoles; no tenemos ningún problema, pero queremos mantener la seguridad e incrementar la rentabilidad del fondo porque somos de los fondos con menos rentabilidad. Si usted me explica cómo se puede hacer eso sin invertir una parte -que acordaremos con todos el máximo de inversión- en renta variable, se lo agradeceré; yo no veo otra forma de hacerlo.
Señoría, este proceso será controlado por el Parlamento y los interlocutores sociales; serán ellos quienes controlen la inversión de estas cantidades.


Y, por último, los mercados financieros han supuesto un factor esencial en la modernización de España; hay millones de ahorradores que tienen sus recursos en fondos de inversión, en planes de pensiones..., es decir, en renta variable. No me parece responsable crear temores que pueden afectar a inversiones de millones de españoles, entre ellos nuestros pensionistas. Pero, créame, estoy convencido de que alcanzaremos el consenso porque eso es lo beneficioso para los trabajadores españoles y para los pensionistas.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


-- DE DON IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTA VASCOS, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL CIERRE DEL CANAL DE TELEVISIÓN VENEZOLANO «RADIO CARACAS TELEVISIÓN» (S.
680/001321).


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Pregunta del senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor ministro, ¿condena el Gobierno español el cierre de Radio Caracas Televisión?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): El señor ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente. Gracias, señoría.


Señor Anasagasti, yo creo que es consciente y ha podido escuchar por mi parte y por parte del Gobierno una enorme preocupación por lo que ha supuesto la no renovación por parte del gobierno venezolano de la licencia de emisión de Radio Caracas Televisión. El Gobierno español hizo gestiones antes para evitar que ocurriese ese hecho y posteriormente seguimos expresando nuestra preocupación, nuestro rechazo, para garantizar al máximo la libre expresión, la libre información y todas las garantías que necesita un Estado de Derecho.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, yo le he preguntado si usted condenaba y me ha dicho que estaba preocupado. Todos estamos preocupados, pero nosotros condenamos y la palabra condena no es una palabra baladí, es una palabra que tiene mucha carga.


Ustedes saben lo que ocurrió con la ocupación de las tierras de Yaracuy: el Gobierno ahí anduvo tarde y mal. Usted sabe las críticas que durante tres años y medio hemos hecho al Gobierno respecto de la actitud del embajador Morodo. Usted sabe mejor que nadie que también criticamos aquella venta de armamento al ejército venezolano y todos los problemas que aquello ocasionó. Usted sabe que se nos negó a las Cortes Generales el acudir como observadores internacionales a las últimas elecciones presidenciales y usted entenderá que nosotros pongamos bajo sospecha una elección democrática, y no escuchamos una condena, un llamamiento al embajador. Y ahora se cierra Radio Caracas Televisión, probablemente el siguiente paso será cerrar Globovisión, aunque no tiene una cobertura nacional; y Venevisión, del millonario Cisneros está avalando al Gobierno venezolano ojalá no le pase lo que le pasó aquí a aquellos periódicos que apoyaron al franquismo.


Indudablemente la situación de los derechos humanos en Venezuela es inquietante, porque un sistema democrático no puede funcionar sin libertad de expresión, y cerrar un canal de televisión es algo gravísimo.
Eso requiere una condena contundente,un llamamiento incluso al embajador, un tratamiento al Gobierno venezolano como se trató en su día al general Pinochet, es decir, meterle en un gueto desde el punto de vista democrático y ayudar más a la oposición venezolana, pues en este momento está surgiendo con mucha fuerza el movimiento estudiantil. Todo eso requiere una gesticulación democrática mucho más intensa.


Yo ya sé que el presidente Chávez ha dicho que todos aquellos que critican el cierre de Radio Caracas Televisión se tienen que ir al carajo. Pues yo, señor ministro, creo que el que se tiene que ir el carajo es el señor Chávez democráticamente.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


Página 7841


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Señorías, yo puedo comprender al senador Anasagasti, sé cuál es su preocupación, creo que es una preocupación legítima, conoce bien Venezuela, tiene vínculos personales, pero sobre todo una voluntad de ayudar al reforzamiento de la democracia y de la institucionalidad democrática en Venezuela, objetivos que comparte con el Gobierno español.


Su descripción ha expresado una preocupación y un rechazo. Sin embargo, el Gobierno de España ha querido mantener siempre un diálogo para consolidar lo que, en definitiva, ha sido un Gobierno elegido democráticamente, tal y como han avalado los distintos observadores internacionales; nos hubiera gustado que una misión parlamentaria española participara en ello, pero no fue el caso, aunque sí participó en otras ocasiones.


En cuanto a los límites de actuación, debemos tener en cuenta la legislación actual de Venezuela e, incluso, lo manifestado por el propio secretario general de la OEA, el señor Insulza, que tiene la misma preocupación que podamos tener todos nosotros sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela. El señor Insulza señaló que la suspensión de la concesión a Radio Caracas no ha gustado a los países miembros. Sin embargo, ningún país perteneciente a la OEA ha pedido una condena, ni siquiera Estados Unidos, por algo que constituye una decisión administrativa de un Gobierno en cuya gestión no se puede interferir.
Esto es lo que señaló y expresó el señor Insulza. Por lo tanto, ninguno de los miembros de la OEA pidió medidas contra el Gobierno de Venezuela en la Asamblea General de la organización, celebrada a comienzos de esta semana en Panamá. Incluso, lo único que solicitó la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, fue una gestión del propio secretario general, señor Insulza, gestión que, como ya le he trasladado al senador Anasagasti, también está llevando a cabo el Gobierno español.


Nosotros creemos que, a través del diálogo y de la interlocución con las autoridades venezolanas, podremos mejorar y garantizar el respeto a la libre expresión y de todas las garantías democráticas, para que estas puedan manifestarse y consolidarse en Venezuela.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor ministro.


-- DE DON LLUÍS MARÍA DE PUIG OLIVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS PERSPECTIVAS PARA SUPERAR EL ACTUAL ESTADO DE INDECISIÓN SOBRE EL TRATADO CONSTITUCIONAL PARA EUROPA Y EL FUTURO INMEDIATO DE LA UNIÓN EUROPEA (S. 680/001346).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Lluís María de Puig.


El señor DE PUIG OLIVE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, cuando formulé la pregunta, poco después de las elecciones en Francia, se abría la posibilidad de encauzar de nuevo el proceso europeo en torno al Tratado Constitucional. Desde entonces ha llovido tanto, casi torrencialmente, que no solo se abrieron las expectativas, sino que, día a día, semana a semana, hemos asistido a la presentación de toda una serie de propuestas, que podremos considerar positivas o negativas, y que, todavía a día de hoy, nos llevan a precipitarnos sobre los teletipos y periódicos españoles y extranjeros para conocer las últimas posiciones de unos y otros. La verdad es que existe una vorágine importante de ideas y, también, para el común de los mortales, ciertas confusiones, pues no sabemos cómo va a acabar esto.


Mi pregunta iría en esta dirección. Hemos analizado las posiciones italianas, las posiciones del señor Blair, de los inefables hermanos polacos, del señor Sarkozy, desde luego, del propio presidente del Gobierno español y, todavía hoy, leemos las declaraciones del secretario de Estado, don Alberto Navarro, planteando la posición española en relación con los grandes interrogantes sobre el Tratado Constitucional: sobre si va a haber o no presidencia de la Unión, si va a haber o no ministro de Exteriores de la Unión, veto o doble mayoría, qué va a pasar con la Carta de Derechos, la preminencia o no del Derecho comunitario, o los votos de cada país. Todavía no sabemos cómo se sustanciará todo esto.
Sin embargo, nos alegra pensar, tal y como hemos leído, que puede haber una mayoría de 22 frente a 27 -el grupo de amigos que intentó animar el presidente Zapatero-, que podría dar una gran mayoría a la solución de un nuevo tratado o de una nueva constitución que todavía no vemos clara.


Por estas razones, le formulamos la pregunta que aparece escrita.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


El señor ministro de Asuntos Exteriores, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señoría. La pregunta es muy oportuna. Mañana, acompañando al presidente del Gobierno, viajaremos al Consejo Europeo, un consejo europeo histórico, clave, crítico para salir del estancamiento que produjeron los dos referendos negativos de los Países Bajos y Francia, y lo haremos con el ánimo de que habrá un resultado positivo.


Es verdad que justo antes del Consejo siempre todas las partes, todos los Estados miembros defienden lógicamente, sus intereses y sus posiciones nacionales, pero estamos convencidos de que la Presidencia alemana, estará acompañada por los esfuerzos de algunos países, como España,

Página 7842


que está actuando con un gran activismo para acercar posiciones y buscar una solución que comporte la defensa y el mantenimiento de la sustancia y los equilibrios del actual Tratado constitucional y que al mismo tiempo sirva como catalizador para que todos los Estados miembros, los 27, puedan aprobar ese mandato, un mandato claro, detallado, que la Presidencia alemana quiere trasladar a la Presidencia portuguesa para iniciar la conferencia intergubernamental que pueda redactar finalmente el tratado de la Unión.


¿Cuál es la situación en estos momentos? Como sabe su señoría, el pasado domingo el ministro de Asunto Exteriores francés, el señor Kouchner, y yo mismo presentamos una iniciativa conjunta en la que se establecen doce fundamentos -yo los denominé los doce mandamientos- de lo que debe constituir el armazón esencial para que España y, sobre todo, una Europa dinámica, abierta al mundo, responsable, eficaz, democrática, pueda seguir actuando en la realidad internacional. Esos doce fundamentos han sido recogidos ayer en el texto inicial que la Presidencia ha distribuido como base de discusión para el mandato que queremos negociar este fin de semana. La Presidencia alemana distribuyó un documento de 12 páginas que contiene las conclusiones, el mandato detallado de los elementos que deben constituir el futuro tratado de la Unión. En ese mandato, repito, se incluyen los doce puntos que España y Francia defiende en su iniciativa conjunta.


¿Qué queda? Quedan posiciones distantes de Polonia respecto del sistema de doble mayoría, y del Reino Unido, con un elemento muy preocupante en su última actuación, como es vaciar de contenido la política exterior de seguridad común. Ya no solamente se trata del ministro, sino del propio avance que podemos tener en un momento en que Europa tiene que estar más capacitada para responder a los retos y desafíos del siglo XXI; y el Reino Unido nos diluye esa capacidad exterior. Y también queda la Carta de los Derechos. Creemos que estos tres temas son los que van a constituir el debate, y confío en que con el impulso de todos consigamos un texto suficiente, razonable, que se inspire en los doce puntos que Francia y España aprobaron conjuntamente.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSEP PIQUÉ I CAMPS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POSICIÓN QUE MANTENDRÁ EL GOBIERNO CON RESPECTO A CUBA EN EL PRÓXIMO CONSEJO EUROPEO (S. 680/001350).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Piqué.


Tiene la palabra su señoría.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, en ese contexto de condescendencia hacia los dictadores pretendidamente de izquierdas, que hemos visto en su respuesta a la pregunta del senador Anasagasti, me gustaría conocer por qué el Gobierno ha intentado eliminar de la posición común europea sobre Cuba aquellos aspectos que, evidentemente, no complacen a la dictadura castrista.


Nada más, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


El señor ministro de Asuntos Exteriores, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente

Gracias, señoría. El Gobierno lo que ha hecho desde que asumió su responsabilidad es cambiar la posición en relación con Cuba y abandonar una que no daba resultados, pues su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular -no usted como ministro, pero sí su sucesora-, estableció un sistema de aislamiento, de no diálogo, de no interlocución con las autoridades cubanas que, como digo, no dio ningún resultado; no dio resultado en los avances y progresos que se podían alcanzar en materia de derechos humanos, no dio resultado en lo que es la interlocución, y, por lo tanto, la capacidad de crítica y de diálogo con las autoridades; no liberó a ningún disidente ni a ningún prisionero político, y desde luego impidió incluso a los propios europeos avanzar en lo que debe ser la nueva situación de Europa en relación con Cuba.


Este Gobierno ha ido defendiendo y explicando su posición y, lo que es más satisfactorio, ha contado con el apoyo de todos los socios europeos.
Hemos llegado a unas conclusiones satisfactorias que avalan la política del Gobierno; una política de diálogo con las autoridades cubanas, pero también con todos los sectores críticos al régimen cubano.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el senador Piqué.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señor ministro.


Como es natural, hay que decir la verdad, y la verdad es que el Gobierno español intentó modificar la posición común de arriba abajo, pero el resto de socios europeos ha dicho al Gobierno español que eso no era posible. Al final, se han llegado a unas conclusiones que no hacen referencia a la posición común y en las que se incluye la conveniencia, si el Gobierno cubano lo tiene a bien, de establecer un diálogo en todos los frentes con ese régimen, pero, en cualquier caso, en el marco de la posición común -la cual, que yo sepa, no ha sido derogada-, lo que significa, por lo tanto, una atención muy específica también a los disidentes.


Página 7843


Hemos podido apreciar que el señor ministro se paseaba complacido y sonriente, y que incluso se dejaba fotografiar con los máximos jerarcas del régimen cubano; sin embargo, no ha tenido a bien recibir a la disidencia, como venía siendo tradición y norma de la propia posición común. Es verdad que delegó en un director general, pero, como todo el mundo sabe, esa reunión fue un fiasco; y en este momento la disidencia cubana está completamente desmoralizada.


De momento, eso es lo que han conseguido con su nueva política, señor ministro, y desde el punto de vista del régimen cubano pocas cosas están cambiando -que yo sepa, no ha cambiado nada-. Incluso el íntimo amigo del señor Castro, y amigo también del Gobierno español, el presidente Chávez, ha dicho que Fidel Castro se volverá a poner el uniforme muy pronto. Creo que ésa no es la forma adecuada de explicar que se están produciendo cambios.


Por primera vez en la historia se ha producido un rechazo de nuestros socios europeos a un planteamiento sobre Cuba del Gobierno español, y me temo que su nueva política, señor ministro, lo que está haciendo es envalentonar al régimen y haciendo que se sienta menos apretado, menos presionado desde el punto de vista de la firmeza democrática.


Nosotros no creemos en la política de apaciguamientos a las dictaduras porque hemos comprobado los resultados de esa política en Bolivia, lo estamos viendo en Venezuela y, desde luego, estoy seguro de que, lamentablemente, lo vamos a seguir comprobando en Cuba. Por ahora esa política de diálogo nos está llevando a comprobar las cada vez mayores coincidencias entre esos regímenes, y entre Venezuela y Cuba me parece que cada día más Incluso utilizan los mismos eslóganes: por ejemplo, socialismo o muerte; y, como me decía un disidente cubano, valga la redundancia, señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señor Piqué, la Unión Europea ha apoyado la posición y la política del Gobierno.


Usted alega que nosotros intentábamos cambiar la posición común, pero no hemos perseguido ese objetivo en absoluto; nuestro propósito era mantener la suspensión de las medidas que su Gobierno estableció -aunque, repito, no usted en el momento de su etapa como ministro, sino su sucesora-, porque fue una mala política: de no diálogo, de no interlocución y de aislamiento. Sin embargo, con el aislamiento no se cambia la situación en ningún país, y eso lo sabemos todos. En este sentido, hay otros países y otros actores internacionales que han querido el aislamiento de Cuba, que llevan cuarenta años haciéndolo y no han conseguido un solo cambio.


Desde nuestro punto de vista, a través del diálogo se puede cambiar; y hemos obtenido resultados concretos a través de un mecanismo de diálogo sobre los derechos humanos que ha sido ensalzado y elogiado por muchos de nuestros socios por su contenido, por su eficacia y por su intensidad.
Ayer mismo, el director general para Iberoamérica recibió a un grupo importante de los sectores críticos en el exilio cubano, que elogiaron y apoyaron la posición española.


En cualquier caso, la población de Cuba está compuesta por 11 millones de ciudadanos, no solamente por los disidentes, y nos tenemos que ocupar de todos ellos y hacerlo con visión de futuro.


Usted no sabe exactamente qué es lo que está pasando en Cuba; nosotros disponemos de más información, y le puedo decir que sus apreciaciones sobre el regreso o no del comandante Castro no son totalmente acertadas.


En cualquier caso, se está viviendo una nueva situación que Europa y España deben aprovechar.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


-- DE DON JOSÉ CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE SE HA PLANTEADO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PRÓXIMO VIAJE DE ESTADO A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (S. 680/001358).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castro Rabadán.


Tiene la palabra su señoría.


El señor CASTRO RABADÁN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, las relaciones entre España y la República Popular China se encuentran en una fase de profundización caracterizada por el incremento de las visitas institucionales a todos los niveles. En este ámbito debe enmarcarse la visita que los Reyes efectuarán a China el próximo día 24; éste será su tercer viaje oficial al país asiático, que ya visitaron en los años 1978 y 1995.


Los monarcas estarán acompañados por el señor ministro de Asuntos Exteriores y por cerca de un centenar de empresarios. El viaje de la delegación española debe constituir una contribución esencial al importante incremento que en los últimos años se ha producido de las relaciones económico-comerciales y económico-culturales y educativas entre ambos países.


China ha sido la puerta de entrada en Asia para el presidente del Gobierno, ya que su primera visita oficial a ese continente, efectuada en julio de 2005, tuvo como destino Pekín. Las relaciones bilaterales tienen el carácter de asociación estratégica a partir de la visita de Estado que en noviembre de 2005 realizó a Madrid el presidente Hu Jintao.


Conviene, por tanto, resaltar el reforzamiento de la presencia cultural e institucional en el país con la apertura del

Página 7844


Instituto Cervantes en Pekín, la oficina de la Sociedad General de Autores y Editores en Shangai, así como por el aumento del número de lectores y el apoyo general a la difusión del español en ese país.


La celebración del Año de España en China a lo largo de 2007 y 2008 debe contribuir especialmente a estrechar las relaciones bilaterales. Sin duda, es una oportunidad para equilibrar el déficit comercial existente y para reforzar el acercamiento de las respectivas sociedades.


Por todo ello, le pregunto: ¿Qué objetivos y perspectivas se ha planteado el Gobierno en relación con el próximo viaje de Estado a China?

Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señoría, por su pregunta. La visita de Sus Majestades los Reyes a China, prevista para la última semana de este mes de junio, constituye una ocasión excelente para impulsar y profundizar en las excelentes relaciones bilaterales que existen entre los dos países. Durante la visita está previsto que Sus Majestades los Reyes mantengan un encuentro con el presidente Hu Jintao, con el primer ministro Wen Jiabao y con el presidente de la Asamblea consultiva Wu Bangguo. Yo mismo mantendré una reunión de trabajo con mi homólogo chino, que acaba de ser nombrado nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Yang Jiechi.


Como ha señalado su señoría, las relaciones entre la República Popular China y España son muy buenas. Durante nuestro Gobierno se ha podido suscribir un acuerdo en materia de asociación estratégica integral.
Además, se han establecido el Plan de desarrollo integral del mercado, el Foro España-China y el observatorio empresarial. Por otro lado, en julio tuvo lugar la apertura del Instituto Cervantes en Pekín, y durante todo este año se celebra la conmemoración del Año de España en China.


La celebración del Año de España en China, que va a tener su mayor expresión con la presencia de Sus Majestades los Reyes en visita de Estado a la República Popular, y que concluirá en 2008, es una contribución esencial a esta nueva etapa que inauguramos en cuanto a nuestras relaciones.


Señoría, se trata de dar cumplimiento a los siguientes objetivos. En primer lugar, dar a conocer la realidad española proyectando una imagen de modernidad, innovación y pluralidad. En segundo lugar, aglutinar de manera integral y coherente las actividades e iniciativas de carácter público y privado que se llevan a cabo en los campos comercial, cultural y de difusión de la lengua española; la cultura y el intercambio social y económico tendrán también un carácter especial. En tercer lugar, dar un salto cualitativo y afianzar la posición de España en China; un país prioritario para nuestros intereses según el Plan de Acción Asia-Pacífico establecido para el periodo 2005-2008, y llamado a convertirse en una gran potencia del siglo XXI. En cuarto lugar, fomentar y diversificar el conocimiento de ambas realidades y los contactos entre las dos sociedades, así como identificar nuestros ámbitos de cooperación y profundización en las relaciones bilaterales.


La proyectada visita de Estado prevé, a través de actos concretos, dar respuesta a estos objetivos. En este sentido, cabe mencionar que Sus Majestades los Reyes inaugurarán la segunda cumbre empresarial España-China; se avanzará en el establecimiento en Pekín de un centro conjunto hispano-chino de investigación de energías renovables y cambio climático y se prevé la firma de un acuerdo con la Universidad de Shangai para la apertura de un aula Cervantes. Por otra parte, Telefónica y China Netcom, procederán a la firma de cuatro acuerdos de colaboración. Y Sus Majestades inaugurarán la exposición de obras maestras del Museo del Prado.


En definitiva, señoría, como he dicho, se trata de dar un contenido cultural, comercial, político y económico al carácter y a la asociación estratégica entre España y China.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor ministro.


-- DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LAS REITERADAS MANIFESTACIONES DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ARGELINO EN RELACIÓN CON UNA POSIBLE RETIRADA DEL PROYECTO DEL GASODUCTO MEDGAS (S.
680/001347).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Albistur.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ALBISTUR MARIN : Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señor ministro.


Formulamos esta pregunta, sobre todo, para tratar de obtener información del Gobierno dado que hace una semana en la prensa aparecía un titular que decía que Argelia amenazaba con reducir el uso del gasoducto Medgas.
Se refería a unas declaraciones del ministro argelino de Energía, Chakib Jelil, que amenazó -decía hace una semana- con cargarse en la práctica el gasoducto Medgas que a partir de 2009 debería transportar 8.000 millones de metros cúbicos de Argelia a España.


El ministro aprovechó un nuevo encuentro con la prensa en Argel para manifestar, esta vez con más vehemencia, sus reproches hacia las autoridades españolas y Gas Natu-

Página 7845


ral. Quisiéramos saber la posición del Gobierno respecto de esta importante infraestructura gasística.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori ): Gracias.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias, señor presidente.


Señorías, no tenemos ninguna confirmación oficial ni ninguna información fidedigna del Gobierno de Argelia sobre que haya algún replanteo con relación al Medgas.


Evidentemente, estamos en un proceso de negociación que afecta no sólo al Medgas, sino a otros aspectos de nuestro aprovisionamiento de energía en Argelia, muy especialmente, por ejemplo, al precio del gas, que tiene que pasar por una transición de revisión. Pero, por lo que hace referencia a la construcción de esta importantísima infraestructura que es el Medgas, en estos momentos no hay por parte española ni por parte argelina ninguna actitud que replantee lo que fueron los acuerdos que en su día se tomaron para construir esta importante infraestructura que va a interconectar dos países de forma muy importante y que va a doblar de hecho la capacidad de transporte de gas que en estos momentos tenemos a través del otro gasoducto que transita también por tierras de Marruecos y que tiene una capacidad parecida al Medgas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por lo tanto, aparte de algunas declaraciones a las que no se le tienen que dar más valor que el que tienen, lo importante es saber que desde el punto de vista oficial, dadas las relaciones establecidas entre los dos gobiernos, no hay ninguna revisión ni ningún cambio estructural en las relaciones hisopano-argelinas con relación al Medgas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.


Las palabras del señor ministro son tranquilizadoras, o por lo menos pretenden ser tranquilizantes, pero las afirmaciones del señor ministro argelino son muy duras, pues ha llegado a decir incluso que cada vez que se necesiten fondos para construir el gasoducto Sonatrach sólo contribuirá en el 26 por ciento, lo que conlleva riesgos que pueden retrasar la terminación del proyecto; y eso no es nada tranquilizador.


Todo esto parece que proviene precisamente de la limitación impuesta por la Comisión Nacional de Energía de permitir a Argelia comercializar los 3.000 millones de metros cúbicos que quería, aproximadamente el 40 o el 50 por ciento de lo que va a circular por ahí. Sin embargo, ayer mismo la presidenta de la Comisión Nacional decía que para garantizar la seguridad de suministro es necesario pasar por la cesión de soberanía y por la creación de estructuras supranacionales, como es esta, que además encuentra su apoyo en la decisión número 3.364, de 6 de septiembre, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo.


En el artículo 4 de dicha decisión se cita expresamente, entre las prioridades de la actuación para las redes de gas, en el punto 3.b), la garantía de interoperabilidad de las redes de gas natural dentro de la comunidad y con las de los países en vías de adhesión, los países candidatos y demás países de Europa y de las cuencas del Mediterráneo. Y en el anexo segundo se cita este gasoducto como uno de los prioritarios.
Usted sabe perfectamente que hoy en día al 70 por ciento de la población española se le suministra gas, conoce el crecimiento del gas dentro de la Unión Europea y sabe que de los 1,7 millones de nuevos clientes hay más de 400.000 del Estado español. El gas es, pues, una energía necesaria, una demanda social, y además el sector público y el sector privado han realizado inversiones elevadas que se deben potenciar.


Ha destacado usted la importancia de este gaseoducto, que duplica la capacidad de transporte. Es una conexión transeuropea y esperamos...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor ALBISTUR MARÍN: ...que el ministerio actúe con responsabilidad en esta materia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, senador.


No le voy a decir lo que sigue simplemente por tranquilizarle, pero quiero comunicarle que somos plenamente conscientes de la trascendencia de esta inversión, de la trascendencia de esta red de transporte de gas entre Argelia y España. Las relaciones económicas entre los dos países se están afianzando cada vez más. El comercio en ambas direcciones se incrementa y, aunque pueda haber desacuerdos coyunturales al negociar aspectos concretos, las aproximaciónes de fondo y estratégica para firmar contratos de suministro de energía a largo plazo, y concretamente de gas, se basan en la capacidad de diálogo de los dos países, en su amistad y en el deseo de afianzar sus relaciones.


El Gobierno español ha expresado su interés indudable en este asunto, y en esa dirección trabaja. Además, estoy plenamente convencido de que lo mismo le sucede al Gobierno argelino.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ LUIS JUAN SANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI APOYA EL GOBIERNO EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIEN-

Página 7846


TO DE VALENCIA EL 31 DE MAYO DE 2007, CON RESPECTO AL CIERRE Y TRASLADO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE PATRAIX (S. 680/001348).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Juan Sanz.


Tiene la palabra su señoría.


El señor JUAN SANZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, abordamos con esta pregunta un tema de gran interés social cuya competencia corresponde al Gobierno: el suministro de energía eléctrica, que afecta a todos los ciudadanos e implica a otras administraciones. Por ello, agradecería que contestara si el Gobierno respalda y apoya en todos sus puntos el acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia el pasado 31 de mayo con respecto a la subestación eléctrica de Patraix, del que se ha dado traslado al Ministerio de Industria.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): En cuanto a la propuesta del Ayuntamiento de Valencia sobre la reubicación de la subestación de Patraix, le diré, en primer lugar, que su ubicación se propuso en la planificación energética del Gobierno anterior y cada paso obtuvo el aval de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia.


El Ayuntamiento de Valencia ha mostrado recientemente su desacuerdo en una carta de su alcaldesa, con motivo de un accidente. Teniendo en cuenta las competencias de cada Administración, el ayuntamiento y la comunidad autónoma deben dialogar con Iberdrola y con Red Eléctrica para analizar la situación y proponer, si lo consideran oportuno, una ubicación alternativa.


Por nuestra parte, si esto sucede, no pondremos ninguna objeción a que se haga llegar lo que depende de nuestra competencia -la alta tensión- donde la comunidad autónoma y el ayuntamiento quieran ubicar, de acuerdo con las compañías, la estación de transformación de alta a baja tensión, para la distribución.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Juan.


El señor JUAN SANZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, como usted bien sabe, en Valencia se produjo una grave alarma social con ocasión de la puesta en marcha de la subestación eléctrica de Patraix, que fue general y reiteradamente rechazada porque está situada en una zona urbana totalmente consolidada y habitada. Esta situación llegó al límite por un desgraciado accidente, como usted ha dicho: nada menos que una explosión, poco después de la entrada en funcionamiento de la subestación, que pudo tener consecuencias muy graves por la cercanía de viviendas y colegios. Inmediatamente, la alcaldesa de Valencia ordenó su cierre y reiteró el ofrecimiento de permuta de terrenos para una nueva ubicación de la estación con plenas garantías de seguridad y el desmantelamiento de la actual, que corresponde a Red Eléctrica Española, la cual, por cierto, hemos de recordar que está participada activamente por el Ministerio de Industria. Este es parte del acuerdo plenario adoptado por la unanimidad de los representantes municipales y, por tanto, de todos los vecinos de Valencia.


Otro punto era dar traslado de la posibilidad de diálogo de Red Eléctrica Española, que, como muy bien ha dicho, trae la alta tensión, con Iberdrola, que la transforma, y con el Ministerio de Industria, que -repito- participa activamente en Red Eléctrica Española, exigiendo que haya un plan dialogado entre el ministerio, Red Eléctrica e Iberdrola, y ayuntamiento y vecinos, es decir, no dejando fuera a nadie, para realizar un trabajo de consenso que analice todas las posibilidades de suministro eléctrico en la ciudad de Valencia.


A pesar del tiempo transcurrido, y ante un problema tan grave en su doble vertiente: la garantía del servicio del suministro a los usuarios y la total seguridad para los ciudadanos, todavía no ha habido respuesta formal, aunque sí tenemos noticias.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor JUAN SANZ: Quiero manifestar la voluntad de la ciudad de Valencia, a través de sus representantes municipales, de alcanzar un acuerdo por la vía del diálogo, pero Red Eléctrica Española e Iberdrola están anunciando ya problemas graves de suministro.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor JUAN SANZ: Termino, señor presidente.


Casualmente, hace muy pocos días se ha producido un corte de suministro eléctrico de casi tres horas en el centro de Valencia.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor JUAN SANZ: Señor ministro, los valencianos, a través de sus representantes, quisiéramos que el ministerio tomara cartas en el asunto para no pensar que nos siguen olvidando o desatendiendo, como en otros casos importantes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias, señor presidente.


Como se entiende fácilmente por sus palabras, el esquema y la situación está muy clara: Red Eléctrica garantiza la llegada de la alta tensión, y la Comunidad Valenciana y

Página 7847


los ayuntamientos afectados, se ubique donde se ubique la instalación de distribución, son los competentes para decidir dónde ubicar esas centrales. Por tanto, como he dicho, nosotros estamos perfectamente dispuestos a dialogar en cuanto la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Valencia nos traigan propuestas sobre dónde ubicar la próxima central de distribución. Las compañías las construirán, y se producirán las conexiones de la red. Evidentemente, hay que buscar una ubicación alternativa, y financiar su reconstrucción para que se pueda distribuir la electricidad en la zona afectada lo más rápidamente posible y con la mejor calidad. Pero una vez más repito que es responsabilidad de la comunidad autónoma y del ayuntamiento decidir dónde se ubica la central de distribución.


Muchas gracias.


EL señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro

-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA PRONUNCIARSE EN RELACIÓN CON LA ALTERNATIVA PROPUESTA POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE CON RESPECTO A LA EDIFICACIÓN, CON CARÁCTER TRANSITORIO, DE UN NUEVO CAMPAMENTO DE INMIGRANTES, TRAS LA DECISIÓN DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE (CIATFE) DE PARALIZAR LAS OBRAS JUNTO A LA COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN LA PLAYA DE LAS AMÉRICAS, EN LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (S.
680/001338).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior Navarro.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, a principios de este año el Ministerio del Interior inició unas obras para construir un campamento de inmigrantes en las proximidades de la Comisaría de Policía de Playa de las Américas. Dichas obras fueron paralizadas por la autoridad competente por contravenir la Ley de Aguas de Canarias. También el Cabildo de Tenerife adoptó un acuerdo el pasado 7 de abril en el que se incide en lo inadecuado de dicha ubicación y se propone un emplazamiento alternativo.


Sin embargo, hasta la fecha el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre la alternativa propuesta por el cabildo, y tampoco ha procedido a la supresión del vallado de las obras, que han sido paralizadas. Ante todo ello, ¿cuándo va a pronunciarse el Ministerio del Interior?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Melchior, como usted ha señalado, a finales del año pasado el ministerio adoptó diversas medidas, todas ellas de carácter urgente, para paliar la problemática que se había producido durante ese año -esperemos que este año no ocurra lo mismo- en relación con la recepción y el alojamiento de inmigrantes ilegales que acceden a las costas del archipiélago canario de forma irregular.


Entre estas medidas estaba la realización de una instalación modular, con capacidad para acoger aproximadamente a 350 inmigrantes; se entendió que la ubicación más idónea eran las inmediaciones de la comisaría sur de Tenerife, y le ahorro explicarle las ventajas que supondría para la policía esa ubicación porque, por otra parte, son bastante evidentes; se adoptaron una serie de previsiones, se iniciaron las obras y se encargaron los módulos; posteriormente, como usted ha dicho, el ayuntamiento paralizó las obras; hemos mantenido diversas reuniones con el ayuntamiento y con el cabildo y en estos momentos estamos estudiando las posibilidades que tenemos, entre ellas la oferta del cabildo, para decidir lo más rápidamente posible la ubicación definitiva de este centro que seguimos considerando de importancia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, quisiera pedirles a usted y a su ministerio que esa decisión se adoptase lo antes posible; que volviese a su situación primitiva el emplazamiento que, tanto el propio ministerio como el ayuntamiento, el cabildo y el Consejo Insular de Aguas consideran inadecuado, y conseguir esa infraestructura necesaria, aunque sea con carácter provisional, próxima a la comisaría de la Playa de las Américas, pero en el lugar adecuado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente, como usted ha señalado, se adoptará inmediatamente esa decisión. Contamos con distintas alternativas, una es la opción que nos ha proporcionado el Consejo Insular. Estamos estudiando todas ellas.
La decisión es compleja pero tiene usted razón, y la adoptaremos lo más rápidamente posible.


Muchas gracias.


Página 7848


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS RESULTADOS PREVISTOS DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 11 DE JUNIO EN VITORIA (ÁLAVA) ENTRE LOS RESPONSABLES DE INTERIOR DE LOS GOBIERNOS CENTRAL Y VASCO (S.680/001342).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Urrutia Elorza. Tiene la palabra su señoría.


El señor URRUTIA ELORZA: Egun on danori. Ongi etorri, ministro. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor ministro.


La pregunta que le formulo es la siguiente: ¿Qué resultados se pueden esperar de la reunión celebrada el pasado día 11 de junio en Vitoria-Gasteiz entre los responsables de Interior de los gobiernos central y vasco?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, mantuvimos una reunión -es cierto; fue público y notorio-, el 11 de junio. No es la primera reunión de estas características que tiene lugar. Es cierto que es la primera que se celebra en la sede del Gobierno vasco con la presencia de las autoridades políticas del Gobierno del Estado y del Gobierno vasco en materia de Interior y también de los responsables policiales, tanto de las unidades operativas como de las unidades de información.


La razón es evidente: hay una situación desde el punto de vista de la lucha policial que deberíamos considerar conjuntamente mejor, que es la ruptura por parte de la banda terrorista ETA del alto el fuego permanente. Dicha reunión sirvió para intercambiar información, para compartir diagnóstico y principalmente para estrechar la cooperación entre ambas instituciones, Gobierno del Estado-Gobierno de Euskadi , y, sobre todo, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los dos que dependen directamente del Estado, más la policía vasca.


Desde esa perspectiva cabe esperar una mejora de la coordinación y un trabajo conjunto más eficaz, y de ambas cosas, coordinación y eficacia, una mejor protección de la vida y de la seguridad de los ciudadanos, en este caso del País Vasco, que es una misión que comparten ambos gobiernos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, muchas gracias. Ha sido una contestación agradable y positiva porque se trata de una cumbre política y policial histórica y, además, según palabras de ambos responsables de los departamentos de Interior del Gobierno central, de usted y del señor Balza, se quería transmitir un mensaje político pero también social y de voluntad conjunta de actuar contra ETA.


Señor ministro, me gustaría que me respondiera a una serie de cuestiones relacionadas con esta cumbre y que preocupan a la sociedad vasca y a Eusko Alkartasuna. Se trata fundamentalmente de tres temas: los centros penitenciarios, la saturación y el índice de mortalidad.


Sé que me va a hablar usted del plan de infraestructuras 2006-2012, pero han transcurrido ya casi dos años desde que entró en vigor. ¿Qué pasa con el traspaso de las competencias relacionadas con los centros penitenciarios? ¿De qué forma se va a replantear y a acordar el apoyo y la colaboración que viene prestando el Gobierno vasco en estos centros penitenciarios y en estas cárceles en educación, sanidad, asistencia a menores y ayuda?

Y el último punto, señor ministro, que creo es el más delicado -y por favor, interprétemelo usted correctamente-, que es esencial, difícil y conflictivo, pero necesario y urgente para no cerrar todas las puertas a la resolución del conflicto político, es el siguiente: ¿Cuándo se va a llevar a cabo el cumplimiento de la Ley General Penitenciaria en materia de acercamiento de presos y la excarcelación de presos terminales y con enfermedades crónicas? Creo que este es un asunto delicado e importante con vistas al futuro, y para, al menos, poner las primeras piedras para la solución del conflicto que desde hace tiempo vive nuestro país.


Gracias, señor ministro.


Mila esker.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Señoría, hace poco he tenido oportunidad de responder a una interpelación en el Congreso de los Diputados sobre centros penitenciarios. Es cierto que había un convenio y que ese convenio se ha roto. En aquella interpelación hice dos manifestaciones: en primer lugar, que sentía que el convenio se hubiera roto de forma unilateral, y en segundo lugar, que esperaba que esa denuncia del convenio no significara que el Gobierno vasco dejaba de prestar los servicios que presta en las cárceles ubicadas en el País Vasco, pues son importantes para los presos.


La señora Lasagabaster, perteneciente a su grupo parlamentario, me dijo que el consejero tenía la voluntad de mantener las previsiones presupuestarias del convenio, algo que yo ignoraba y que me permitió manifestar mi satisfacción y seguir insistiendo en que nosotros queremos que esa colaboración, que es fructífera, se mantenga, con

Página 7849


independencia de las transferencias de las competencias de los servicios penitenciarios, que, como sabe, tienen otros componentes y otras valoraciones, y que han sido objeto de respuesta por mi parte, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados.


Mi voluntad y la del Gobierno es seguir colaborando tal y como hacemos en el campo de la seguridad; me refiero sobre todo a las policías. Creo que se ha avanzado mucho. Considero que es muy bueno que, además de la reunión entre los dos responsables políticos, el consejero de Interior y el ministro, se celebre una reunión operativa, porque, tal y como usted dice, con ello se transmite a la sociedad que no se trata solo de una voluntad política, sino que también existe una decidida voluntad policial de colaborar. Eso está encima de la mesa y creo que es muy bueno.


En cuanto a la política penitenciaria, como usted sabe, no tengo en este momento intención de hacer ningún cambio; no la he tenido en los últimos meses, y ahora menos todavía.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA INFORMACIÓN DE QUE DISPONE EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON RESPECTO AL FALLECIMIENTO DE UN INMIGRANTE NIGERIANO MIENTRAS ERA DEPORTADO DESDE MADRID A SU PAÍS EL PASADO 9 DE JUNIO (S. 680/001349).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó.


Tiene la palabra.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro.


Cada vez que tiene usted un problema en el Ministerio del Interior, desaparece, y dado que en un ministerio como el suyo hay siempre muchos problemas, va camino de convertirse en el ministro invisible, algo que no deja de generar preocupación en la oposición porque, como usted sabe, y aunque parezca mentira, sus silencios inquietan siempre mucho más que sus palabras.


Tras el fallecimiento del ciudadano nigeriano en un vuelo de repatriación, usted adquirió el compromiso, por boca del portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, de comparecer ante el Parlamento para informar sobre tan lamentable suceso. Usted ha incumplido ese compromiso, y mi grupo parlamentario quiere darle hoy la oportunidad de que explique en esta Cámara a todos los españoles qué sucedió, qué medidas ha adoptado el Ministerio del Interior tras ese suceso, y si lo tiene a bien, que defienda al Cuerpo Nacional de Policía, que más allá de cualquier responsabilidad individual, realiza un trabajo encomiable y muy difícil en la lucha contra la inmigración ilegal.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


No sabe cómo le agradezco que me saque de mi invisibilidad. Estoy encantado. Lo que no entiendo es cómo no me hacen ustedes más visible, porque hacerle visible a un ministro es facilísimo: basta con traerlo aquí; vengo y ya me ven todos.


Me habían dicho muchas cosas en mi vida política, pero reconozco que usted me sorprende cada día con una nueva. Lo de la invisibilidad jamás me lo habían dicho. Tengo más bien la impresión contraria: que soy muy visible.
Por cierto, no como alguno de sus compañeros de partido cuando eran ministros del Interior, que esos sí que eran invisibles incluso para esta Cámara, para el Senado, porque no aparecieron en toda la legislatura.


Vamos a la pregunta.


En primer lugar, ya lo dije justamente en la rueda de prensa que tuvo lugar con ocasión de la reunión con el consejero Balza a la que se refería la pregunta anterior. Hablé de este tema en concreto y lo primero que hice fue expresar las condolencias y el sentimiento del Ministerio del Interior por el fallecimiento, en este caso, de un ciudadano nigeriano que estaba siendo enviado a su país, a Nigeria, en cumplimiento de una resolución judicial. Lo primero es, por tanto, lamentar ese fallecimiento.


A continuación añadí -está en los periódicos y lo repito hoy aquí- que el ministerio había abierto inmediatamente una información reservada que cuenta con tres elementos fundamentales: primero, una información interna de la propia Jefatura Superior de Policía, de la cual dependen los dos policías que iban haciendo la tarea de escolta de este súbdito nigeriano; en segundo lugar, una información específica de la Secretaría de Estado, que sabe usted que tiene una unidad de reciente creación -desde hace tres años- referida justamente a personal y servicios, con independencia de los servicios estrictamente policiales; y en tercer lugar, como es lógico, la Comisaría de Extranjería, que estaba haciendo las investigaciones oportunas. Y todo ello en un marco que no podemos olvidar, que es el de una autoridad judicial que está investigando, puesto que inmediatamente después de producirse el fallecimiento se puso en conocimiento del juzgado, que ha abierto un sumario en el que, entre otras cosas, hay una pieza fundamental para mantener las actuaciones, que es la autopsia, aunque todavía no se ha realizado en todos sus detalles.
Cuando se haga esa autopsia y se comunique al ministerio, en función de su resultado el ministerio adoptará las oportunas decisiones. Entre tanto, no me cuesta nada defender la tarea del Cuerpo Nacional de Policía; nada, tan poco como a usted atacarla. No me cuesta nada porque, en efecto, lleva a cabo una tarea importantísima. Realiza vuelos de repatriación que son extremadamente complejos y que se están haciendo por primera vez en nuestro país, porque en sus tiempos hablaban mucho pero repatriaban muy poco.


Página 7850


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Ministro, tiene usted cien preguntas orales pendientes de contestar en la Comisión de Interior del Senado, o sea que si tiene alguna gana de hacerse visible, de verdad que nosotros estaríamos encantados de recibirlo en nuestra comisión, a la que solamente ha venido una vez a los pocos días de su mandato, y después no ha querido volver. (Una señora senadora: ¡Muy bien!)

En todo caso, le diré que, a diferencia de lo que hacen ustedes, -exactamente de lo que harían ustedes en este caso-, nosotros no le vamos a pedir ninguna responsabilidad política por este triste suceso, y me uno, por supuesto, a las condolencias a la familia de esta persona fallecida. Pero a cambio sí voy a pedirle algo, y es que cumpla el mandato que le dio el Pleno de esta Cámara para que el Ministerio del Interior estableciera un protocolo de actuación claro en materia de repatriaciones, porque no es este el primer problema que ha habido en este asunto ni, por desgracia, será el último. Ese protocolo tiene que servir, por supuesto, para garantizar la seguridad y los derechos que asisten a todo inmigrante que vaya a ser repatriado, pero también para dar plena seguridad y garantía a la actuación de los policías que cumplen esa difícil tarea. Por lo tanto, lo que le pido, como le reclaman además los sindicatos dentro del propio Cuerpo Nacional de Policía, es que cumpla con su obligación -ahí sí tiene usted una responsabilidad-, y que, cuanto antes, ponga en marcha ese protocolo de actuación.


También deseos hacerle una reflexión brevísima: cuanto mayor sea la firmeza en la lucha contra la inmigración ilegal -y sabe el señor ministro que va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en esa política de firmeza para acabar con esa lacra que constituye la inmigración ilegal que tantas vidas humanas cuesta-, mayores serán las garantías de respeto de los derechos humanos. Por tanto, le instó a que se tomen todas las medidas posibles para que en el futuro, no tengamos que volver a contemplar sucesos tan tristes y tan lamentables como estos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor, ministro, tiene 30 segundos para responder.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Ya no voy a entrar más en el tema de las visibilidades. Le diré solo dos cosas: pueden ustedes dar al ordenador y comparar las veces que he comparecido yo con las que comparecieron sus compañeros cuando eran ministros y verán que tengo una ventaja que me permite ser invisible durante los próximos tres años.


Hacemos muchos vuelos de repatriación. Es verdad que por razones obvias no los publicitamos todos, porque -como he explicado en esta Cámara en distintas ocasiones- los vuelos de repatriación son complejos para los países que acogen a los repatriados, pues siempre suponen tensiones políticas para estos países. Por eso no los publicitamos, aunque fíjese que tendría dos ventajas hacerlo. En primer lugar, la población española sabría que estamos practicando una política de mucha firmeza, también la oposición, aunque usted tiene información sobre esta materia, lo cual es razonable. En segundo lugar, enviaríamos un mensaje nítido a las mafias, que yo repito una y otra vez, y es que con los datos que tenemos en la mano el que coge un barco ilegal al amparo de una mafia para venir a España tiene muchísimas más posibilidades de volver por donde llegó que de quedarse en nuestro país. Aun así, hay que ser prudente con este tipo de vuelos. Cumplimos siempre la ley, las normativas internacionales. En este vuelo en concreto la normativa es la de seguridad aérea, puesto que el vuelo era un vuelo comercial de la compañía Iberia.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Acabo ya, señor presidente.


Como le decía antes, la policía hace un excelente trabajo porque, como usted bien sabe, son vuelos muy delicados, a veces muy complejos de gestionar porque va mucha gente y van muchos policías, hacen un trabajo excelente en vuelos muy complejos y, sin duda, vamos a adoptar todas las medidas, faltaría más, para intentar que, dentro de lo posible, este suceso o un suceso como este, como usted lamenta, no vuelva a repetirse.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSÉ MACÍAS SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS GESTIONES QUE HA REALIZADO Y TIENE PREVISTO REALIZAR EL GOBIERNO PARA LOCALIZAR AL NIÑO YEREMI VARGAS, DESAPARECIDO EN GRAN CANARIA (LAS PALMAS) DESDE EL PASADO 10 DE MARZO (S. 680/001352).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macías.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MACÍAS SANTANA: Doy por hecha la pregunta en sus propios términos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Página 7851


Para que tenga conocimiento la Cámara, les diré que el señor Macías me pregunta por las investigaciones que ha realizado el Gobierno para localizar al niño Yeremi Vargas, que desapareció en Gran Canaria el 10 de marzo de este año. Tengo aquí un relato completo de todo lo que hemos hecho, que me voy a permitir resumir porque no dispongo de mucho tiempo y se han hecho muchísimas cosas. Desde el primer momento, la Guardia Civil inició las tareas de búsqueda y localización del niño desaparecido. Eso implicó que, a la hora de denunciado el secuestro, se alertara ya a las empresas navieras, a los puertos deportivos y a los aeropuertos para impedir que el niño saliera del sitio donde vivía.


Se han desplegado infinidad de recursos en las islas Canarias, yo diría que nunca ha habido una operación policial tan amplia. Desde el punto de vista de la investigación, han trabajado distintas unidades policiales; desde el punto de vista de la búsqueda, han trabajando no solo unidades policiales, sino también del Ejército, distintos grupos de montaña, y, por supuesto, de las administraciones autonómicas y locales. Hemos hecho muchísimas investigaciones cuyo relato no procede aquí, como creo que no procede tampoco hablar de las investigaciones en curso, que las hay.
Baste con darles un dato: se han recibido 600 llamadas en relación con este secuestro. Todas ellas se han investigado y algunas de ellas todavía han dejado pistas que seguimos. También hemos procurado apoyar a la familia, que ha sido informada puntualmente del desarrollo de la investigación. El delegado del Gobierno en Canarias se ha reunido, junto con los responsables de la investigación, tanto con la madre como con el padre.


Finalmente, no quisiera acabar esta intervención sin decir dos cosas más: en primer lugar, mostrar el agradecimiento de la Guardia Civil a las instituciones canarias, al ayuntamiento y a la policía local de Santa Lucía, que en todo momento ha colaborado con nosotros y, en segundo lugar, manifestar en esta Cámara, y por tanto públicamente, que es voluntad de las fuerzas de seguridad seguir trabajando para esclarecer definitivamente este hecho.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Macías.


El señor MACÍAS SANTANA: Gracias, señor ministro.


Sé que se ha hecho mucho para la localización de Yeremi, -hoy hace 102 días que desapareció-, en Vecindario y en Gran Canaria. El domingo visité una vez más a la familia y demostraron su agradecimiento al delegado del Gobierno, a toda la sociedad canaria, a todos los voluntarios de las distintas unidades de la Policía y de la Guardia Civil que han hecho esas pesquisas, pero se ha notado, por lo menos desde mi punto de vista, una baja actividad en su búsqueda.


No voy a pedirle que se informe de lo que se ha hecho o se va a hacer, pero sí creo que en este llamado secuestro está faltando una mayor difusión de sus datos y fotografías tanto a nivel local como regional, peninsular e internacional. Yeremi puede estar en Vecindario, en Gran Canaria, en la península o en cualquier país fuera de España, ya que en Vecindario residen actualmente ciudadanos de 97 países, pero observo que no se ha hecho esa difusión fuera de Canarias. Esa es mi impresión, aunque me gustaría estar equivocado. Mi duda y mi solicitud es ¿por qué no se agotan las medidas disponibles? ¿Por qué no se hace una mayor difusión fuera de España? ¿Por qué no se pide colaboración, si es que no se ha solicitado, a otros medios policiales y de difusión? ¿Por qué no pedir la colaboración a las organizaciones internacionales policiales? Esperemos que los políticos directamente responsables en este asunto no piensen que ellos no pueden ser los afectados. Esperemos que eso no suceda.


Por último, señor ministro, pongámonos en la piel de la familia de Yeremi Vargas. La prensa de Canarias está colaborando activamente y ha publicado titulares como estos. El día 1 de abril: No te vamos a abandonar. El 2 de abril: La brigada de desaparecidos de la Policía Nacional investiga el caso de Yeremi. El 2 de abril: El dispositivo de búsqueda peinó de nuevo barrancos sin lograr resultados; una veintena de personas rastrearon durante la mañana pasaje de Tenisa. El 5 de abril: Los expertos definen la desaparición de Yeremi como un secuestro de alto riesgo, de los que solo hay 12 casos; el alcalde agradece la implicación del Estado en la búsqueda; caso único para la Guardia Civil; Santa Lucía reanuda hoy la búsqueda de Yeremi Vargas. El día 10 de junio: El tiempo no resta esperanza y Yeremi volverá a casa en cualquier momento; la madre: Mi instinto de madre me dice que el niño sigue vivo, me preocupa su asma, dónde duerme y quién lo tiene. Y el 12 de junio: La familia de Yeremi confía en encontrar al menor de edad.


Señor ministro, sé que se están haciendo muchísimas gestiones. Me consta porque lo he podido comprobar, pero repito que yo pediría una mayor implicación fuera de España. Aquí sabemos que se han hecho rastreos por todo Vecindario. Como decía antes, puede estar en Vecindario, en la isla o en cualquier país fuera de aquí. Por lo tanto, mi preocupación es por qué no se hace esa mayor difusión del cartel, de las fotografías y de los datos de Yeremi.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como le digo, creo que no ha habido nunca en Canarias un operativo policial como el que se ha puesto en marcha para intentar localizar al niño Yeremi Vargas. Repito, que tengo aquí un relato extenso que con mucho gusto le facilitaré, en el bien entendido de que hay partes de ese relato que, por razones obvias, no conviene hacer públicas.
Añadiré dos cuestiones más. La primera es que, naturalmente existe cooperación internacional. Los datos de Yeremi Vargas se han puesto en conocimiento de todos los organismos internacionales, de las policías europeas,

Página 7852


de Europol, de Interpol, y, por tanto, en este momento está entre los niños buscados en todo el mundo. También le puedo hacer un relato de la cantidad de pistas que se han seguido, justamente por este tipo de información internacional. No le quepa duda, no hay que recordar a la Guardia Civil su tarea. Créame, esto va de suyo, en cuanto se produce un secuestro de esta naturaleza se activan todas las alarmas de los múltiples organismos de cooperación internacional que funcionan en materia policial.


Por último, como le dije al final de mi primera intervención, no hemos renunciado a nada. Seguimos trabajando intensamente, y figura entre las prioridades de la Guardia Civil esclarecer, en la medida de lo posible, todo lo que ha pasado en torno a este secuestro.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DON ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE DAR EL GOBIERNO ACERCA DEL INCIDENTE SUCEDIDO EL PASADO DÍA 13 DE JUNIO DE 2007 EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE UNA EMPRESA DEL SECTOR ELÉCTRICO (S.
680/001354).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Muñoz-Alonso. Tiene la palabra su señoría.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, doy por formulada la pregunta en los términos en que figura en el orden del día.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.

Le contesto con la misma brevedad. Se hizo pública una nota del CNI al día siguiente del suceso por el que se interesa, que da cuenta de los contenidos de la investigación del CNI y, por tanto, da cuenta del contenido de su pregunta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, no me aclara nada nuevo porque las explicaciones que me da, que son las que ya se han dado, evidentemente no resuelven ninguna cuestión y, además, pertenecen al género de lo increíble. No son aceptables porque no coinciden exactamente con los hechos.


Usted, señor Rubalcaba, fue autor de una frase que se ha repetido insistentemente a lo largo de esta legislatura, que fue pronunciada en unas determinadas circunstancias sin razón y sin honor -se lo tengo que decir así-. Me refiero a aquella frase de: No nos merecemos un Gobierno que nos mienta. Esa frase se ha vuelto contra ustedes como un búmeran, porque lo cierto es que en este mismo caso y en otros muchos el Gobierno ha estado mintiendo insistentemente a la opinión pública, suponiendo que desde el poder estas cosas no deben tener nunca ninguna consecuencia.


Lo cierto es que -por entrar ya en el tema objeto de la pregunta- desde que se planteó la primera opa sobre Endesa, el presidente de esa empresa, señor Pizarro, ha sido objeto de una serie de acosos por parte de servicios del Estado: empezó la famosa Oficina Económica del Presidente y después, en el mes de febrero, hubo una actuación de la Guardia Civil -Guardia Civil que depende de usted directamente, señor ministro-. Nunca supimos bien lo que había sucedido, porque se abrieron unas diligencias, se cerraron las diligencias y se aceptó la versión de los guardias civiles, que era la de que pasábamos por allí, es decir, como si fuera una pura casualidad. Es evidente que eso no lo puede creer absolutamente nadie.


Después ha sucedido el incidente de la semana pasada, el del día 13 de junio, en el que estaban implicados unos agentes del CNI, que no dependen directamente de usted, pero yo se lo digo como miembro que es usted del Gobierno. No voy a entrar en el detalle de ese incidente, que ha sido comentado ampliamente por la prensa, y en ocasiones, por desgracia, desde un punto de vista humorístico, ya que suponía algo muy parecido a una historieta de tebeo infantil o incluso parecido a una mala película de espías. Esto es algo un tanto triste, porque aparte de estar implicados derechos importantes de la persona, es que ahí se estaba poniendo en la picota a una institución del Estado, lo cual es muy grave. La explicación que se dio en aquel momento, la semana pasada, era que realizaban una actividad informativa en el ámbito de la contrainteligencia. Mire, señor ministro, eso resulta muy poco creíble, a no ser que contrainteligencia quiera decir sinrazón, contra el sentido común, y lo que es más grave -insisto en ello-, contra los derechos de la persona. Después he visto en algún confidencial que se hablaba de que estaban espiando a un mafioso del Este. Parece un buen pretexto, pero, tampoco resulta muy aceptable.


Estas explicaciones, señor ministro, no se las cree nadie, y no se las cree nadie sencillamente porque son increíbles. Usted lleva mucho tiempo en la política y sabe perfectamente que en política las casualidades no existen, y menos aún cuando sospechosamente se repiten una y otra vez en torno a la misma persona. Lo que está sucediendo me preocupa; parece que se esté volviendo a una etapa ya pasada, a aquella etapa del Cesid, en que se espiaba a todo el mundo, incluso a Su Majestad el Rey -se decía que aleatoriamente echándoles la culpa a las ondas-, como si desde eso que se llamaban las cloacas del Estado se pudiera llevar a cabo todo.


Página 7853


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Acabo ya, señor presidente.


Señor ministro, quiero decirle que el aparato del Estado no puede dedicarse a espiar a los ciudadanos. No es esa su misión. Al Estado no le interesa la vida de los otros, como el título de una película muy conocida.


Termino preguntándole, señor ministro, ¿qué nuevas diligencias se van a abrir para aclarar este caso? ¿Quién va a dimitir como consecuencia de estos incidentes y qué responsabilidades políticas se van a exigir? Todo ello es una piedra de toque de nuestra calidad democrática.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Empezaba usted, señor senador, por recordar una frase mía. Dije la verdad (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular): que ustedes habían mentido. Y además, ¿sabe qué pasa? Cada día se sabe más que habían mentido, cada vez se sabe más. ¡Si está habiendo un proceso judicial que día a día les recuerda a ustedes hasta qué punto mintieron! Dije la verdad y la dije con honor, el que no tuvieron ustedes con nosotros cuando nos engañaron durante tres días. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Eso sí que es deshonor. Nos lo dijeron a nosotros, que habíamos sido leales con ustedes durante todo el proceso de nuestra oposición. A nosotros. Eso sí que es deshonor, porque lo hicieron ustedes para ganar las elecciones. (Fuertes rumores.)

Por tanto, no me arrepiento ni de una sola coma de la frase que dije. Es más, no sabe usted cómo le agradezco que me la repita para que yo pueda volver a repetir (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) lo que pienso, y hoy, fíjese, mucho más que hace tres años. Y le diré más: hoy, un año después de ser ministro del Interior, mucho más que hace dos años, muchísimo más.


Y voy ya a la pregunta, señor presidente. Ha habido una nota del CNI, lo cual es bastante excepcional -no se suele hacer-, que es buena prueba de la voluntad del CNI de explicar que no se ha espiado al señor Pizarro. No se le ha espiado. (Fuertes rumores.) Ha habido una conversación del director del CNI con el señor Pizarro, en la que le ha dado cuenta exacta de todo lo que pasó. Así están las cosas. Y si hay que comparecer se comparecerá y se explicará, porque hay una explicación que a usted le parecerá fantástica pero que es absolutamente real. Y usted debería enterarse, porque tiene medios para ello, antes de decir las cosas que ha dicho aquí, si es fantástica o no lo es, si es real o no, porque usted sabe cómo hacerlo. Y si no lo hace y dice las cosas que ha dicho aquí es porque usted quiere, porque usted es, como yo, un político experto y sabe perfectamente que lo que ha dicho es una calumnia detrás de otra.


Y le diré más, respecto a la Guardia Civil, personalmente hablé con el señor Pizarro y le expresé lo que ahora voy a hacer en público: que no ha habido nunca, nunca, instrucciones por parte de nadie en la Guardia Civil -y cuando digo nadie no me refiero solo al ministro, sino a éste, al secretario de Estado, al director general-, de ningún mando de la Guardia Civil para espiar a nadie, y mucho menos al señor Pizarro; nunca. Se lo dije y me creyó.


Y a continuación le dije dos cosas más: que el juzgado número 44 de Madrid había trabajado o investigado al respecto, que había sobreseído este supuesto y que, en todo caso, el director general había abierto una investigación reservada, que previamente había cerrado, la había reabierto para conocer exactamente lo que pasó y que hacían ahí esos dos guardias civiles, uno fuera de servicio y, otro en baja psicológica. Pero nunca -y se lo vuelvo a repetir- se han dado instrucciones desde ningún mando de la Guardia Civil -desde luego, tampoco desde el poder político- de investigar a nadie, y menos al señor Pizarro.


Y una cosa más, señoría. Lo bueno que tiene esto, entre comillas, es que las diligencias policiales están en un juzgado de Madrid, en el juzgado número 11. Yo confío en la Justicia. Espero que usted también. Y cuando el juzgado número 11 diga si es verdad o mentira versión del CNI -que ya le digo yo que es verdad-, espero que me pregunte usted otra vez y me pida las disculpas oportunas, porque en democracia tan bueno es acusar como disculparse cuando uno acusa falsamente.


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES:

-- DE DON DIONISIO GARCÍA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN VENEZUELA (670/000167).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día: interpelaciones.


La interpelación del senador Van-Halen ha sido aplazada.


Tiene la palabra el senador García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular, para presentar la interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en defensa de los ciudadanos españoles en Venezuela.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


Página 7854


Señorías, quiero iniciar mi intervención expresando la satisfacción, la alegría de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, por la reciente liberación de Nicolás Cid Souto y de Francisco Muradás Bugallo, dos ciudadanos españoles, de Orense y de Pontevedra, residentes en Venezuela, que han permanecido secuestrados en aquel país durante 38 y 32 días, respectivamente.


Y, junto a la expresión de nuestra alegría por la liberación de estos dos compatriotas, debo iniciar esta interpelación formulándole el más severo reproche al señor Moratinos.


Sus señorías recordarán que el pasado día 9 de mayo, durante la sesión de control al Gobierno, preguntábamos al señor ministro por las gestiones que el Gobierno estaba llevando a cabo para resolver la trágica situación que muchos españoles residentes en Venezuela están padeciendo, y en concreto preguntábamos por la situación de Nicolás y Francisco, que en aquel momento permanecían secuestrados.


Cumplíamos entonces, señorías, como lo hacemos ahora, con nuestro deber de controlar al Gobierno, defender los intereses de los ciudadanos españoles y exigir al Gobierno de España el máximo celo en el cumplimiento de su responsabilidad.


Usted, señor ministro, trató de ocultar su inoperancia, lanzando una acusación, una muy grave acusación. Me acusó a mí, señor ministro, de poner en peligro la vida de Nicolás y de Francisco por denunciar desde esta tribuna que estaban secuestrados y por exigirle a usted, como responsable de la política exterior, que defendiese a nuestros compatriotas.


Hizo usted, señor ministro, una injusta y grave acusación en su última intervención, justo cuando ya no había oportunidad de réplica. Le pido, señor ministro, le exijo ahora que retire aquellas palabras y que nunca más vuelva usted a caer en la tentación de formular este tipo de acusaciones a un parlamentario que está en el ejercicio de sus derechos.
No encuentro, señor ministro, ningún calificativo apropiado para su comportamiento más que el de ruin, en lo personal, y miserable, en lo político.


Ya sé, señoría, que a usted este tema le molesta mucho, que se siente usted muy incómodo dando cuenta de su vergonzosa gestión en la defensa de los españoles que viven en Venezuela. Pero debe usted saber, señor ministro, que mientras haya españoles -y hay muchos- que tengan en peligro sus vidas o sus bienes en aquel país o en cualquier otra parte del mundo, nosotros estaremos denunciando su situación y exigiéndole al Gobierno de España que cumpla con su obligación.


Señorías, ni Francisco Muradás ni Nicolás Cid olvidarán nunca la tragedia que han vivido, no la olvidarán ni ellos ni sus familias, como tampoco la olvidarán Manolo Negreira, ni Fátima, ni Marbella, ni tantos y tantos españoles que han vivido o están viviendo tragedias similares. Tampoco la olvidará Antonio Ruiz Zapata, un español de La Palma que estuvo secuestrado durante 74 días hasta que su familia pagó el rescate que le exigieron y a quien el ejército venezolano hace ya meses que ocupó sus instalaciones; lleva mucho tiempo -desde entonces- recurriendo a todas las instancias posibles sin ninguna atención, hace meses que pide al Gobierno español que le ayude y ni siquiera les ha recibido el embajador.
Tampoco lo va a olvidar nunca la familia Solórzano, a los que invadieron sus propiedades en el Estado de Guárico hace más de dos años; destruyeron sus enseres, les robaron el ganado, les amenazaron, le intimidan a diario de manera continua. Los Solórzano han denunciado reiteradamente su situación ante todas las instancias judiciales y administrativas posibles -tengo en mi posesión, señor ministro, 42 copias de otros tantos escritos dirigidos a todas las instancias-, han acudido a los medios de comunicación de Venezuela, han pedido reiterada y dramáticamente, dramáticamente, con palabras de auxilio -que yo las tengo aquí- ayuda, pero ninguna autoridad representante del Gobierno de España los ha recibido.


Señorías, sería interminable la relación de los agraviados, de fincas invadidas, de propiedades arrasadas, de industrias y comercios ocupados, de personas secuestradas, agredidas, de mujeres violadas, de asesinados, de desaparecidos. En Yaracauy, en Barinas, en Zulia, en Guárico, en Carabobo, en Cojedes, por toda la geografía de Venezuela hay centenares de españoles que están viviendo una tragedia que es difícil de describir, que nosotros estamos denunciando y que el Gobierno de España se empeña en minimizar.


Los invasores ilegales -conocidos allá como los paracaidistas- llegan antes del amanecer, armados con rifles y machetes, rodean las fincas, amenazan con matar a quienes interfieran, después prenden fuego a cultivos y enseres y declaran que aquella tierra es suya; quienes intentan hacerles frente para defender sus propiedades son agredidos, quemados, violados o asesinados, según el estado de ánimo o el carácter de los asaltantes. Así describe la situación Fhandor Quiroga, que es el director de la Cámara de Comercio en el Estado de Yaracuy. Quiroga define la situación que se vive en Venezuela como terrorismo agrario fomentado por el Estado, porque los asaltantes -dice- son conocidos y permanecen impunes, porque se amparan en una ley, la Ley de tierras ociosas, dictada por el Gobierno de Venezuela, porque gozan del amparo de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Tierras, el Inti, y porque además tienen apoyo económico de la banca estatal.


Así, señor ministro, viven muchos españoles en Venezuela, aterrados, asustados por haber perdido el fruto del trabajo de toda su vida y temerosos de perder su propia vida o la de los seres queridos. Es por eso, señor ministro, por lo que ellos nos demandan su ayuda, y es por eso, señor Moratinos, por lo que yo se la exijo al Gobierno de España.
Por eso, señor ministro, por la trágica situación que viven a diario nuestros compatriotas, es por lo que acuden a miles cada día a los consulados de España, para arreglar sus papeles y salir de allí en cuanto les sea posible. Por eso, señor ministro, por esa tragedia que viven hacen larguísimas colas y no, como dijo usted aquí en esta

Página 7855


Cámara, porque quieren irse de vacaciones a los Estados Unidos debido al alto nivel de vida de que gozan. ¡Qué declaraciones, señor ministro! ¡Qué ocasión perdió usted otra vez de callarse! Denigrantes, ofensivas, chabacanas, frívolas, fueron, entre otros, los calificativos, que sus palabras en esta Cámara le merecieron a los responsables de asociaciones y centros culturales en diversos puntos de Venezuela, y ciertamente, señoría, no es para menos.


Y ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno? El Gobierno al principio hace nada y después poco y a la fuerza (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-El señor Curiel Alonso: Qué desastre, qué desastre.) Así es, señorías, así es. Durante todo el año 2005, el Gobierno ignoró intencionadamente la situación; la Embajada en Caracas hizo caso omiso de las llamadas, de las cartas, de las solicitudes de audiencia, de las denuncias constantes. Solo a partir de febrero de 2006, y como consecuencia de las denuncias formuladas en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Popular -así es, señor ministro-, la Embajada envió al Estado de Yaracuy a tres funcionarios de segundo nivel para que hicieran un informe de la situación. Y cuando ya no pudieron seguir ignorándolo, ocultaron la verdadera dimensión. Esos funcionarios indicaban convenientemente a los españoles a los que iban a visitar que, previamente, había que firmar una carta, que ya llevaban redactada, de agradecimiento al Gobierno de España. Pues bien, esa carta, obtenida en dichas circunstancias, señor ministro, la exhibieron usted y el propio presidente del Gobierno aquí como ejemplo de lo bien que lo estaba haciendo el Gobierno y de lo agradecidos que estaban los españoles. Y cuando ya no pudieron seguir ocultando la realidad, ¿qué hicieron? Minimizarla constantemente, intentando restarle importancia, presentando lo que ocurría allí como hechos aislados y acusando al Partido Popular de exagerar y dramatizar la situación. Sin ir más lejos, el día 9 de mayo, hace bien poco, dijo usted aquí, según sus propias palabras, que la situación en Venezuela se podía considerar normal, aunque añadió: de vez en cuando se producen ligeros picos de inseguridad.


Cuando ya no les quedó más remedio, hicieron algunas gestiones ante el Gobierno venezolano para que abonase cantidades -nunca para que satisficiese los derechos de una expropiación que no se produjo- a algunos, pocos, de los afectados del Estado de Yaracuy, para que se conformasen y dejasen de incordiar. Eso sí, junto a esas gestiones, manifestaron reiterados halagos y alabanzas hacia las autoridades venezolanas por su excelente disposición.


La verdad, señoría, es que el Gobierno español nunca ha defendido el derecho de los españoles, nunca ha exigido el cumplimiento del Estado de Derecho, nunca ha hecho nada por defender a los españoles si con ello podía molestar al teniente-coronel Hugo Chávez. Lo que sí ha hecho el Gobierno, y usted, señor ministro, es reaccionar contra el Partido Popular por denunciar esa situación, que son hechos reales con nombres y apellidos, y manifestar reproches continuos, incluso acusaciones como las que le acabo de citar.


En Caracas, además del embajador -del que los españoles de allá tendrán para siempre un infausto recuerdo-, nombraron ustedes hace tres años al embajador en misión especial, el señor Cortizo, que, según sus palabras, debería ocuparse de atender la situación de los españoles de manera especial. ¿Qué ha sido del señor Cortizo? Por otra parte, no hace muchos meses que nombraron una secretaria de Estado para Iberoamérica, la señora Trinidad Jiménez. De manera, señorías, que por falta de altos cargos no será. Lo que yo me temo, y creo que los hechos me dan la razón, es que ambos nombramientos obedecieron más al interés del Partido Socialista por encontrar una colocación a esas personas que al de intensificar la acción política.


Pero, ¿por qué el Gobierno español consiente en abandonar a su suerte a muchos compatriotas con tal de no incomodar a Chávez? Señorías, el Gobierno bolivariano de Hugo Chávez ha tomado una deriva totalitaria que ignora los derechos humanos, que elimina la libertad de expresión y que ahoga las libertades colectivas individuales. El socialismo del siglo XXI que proclama Chávez es el del partido único, el del Parlamento monocolor, el de un presidente que asume competencias legislativas a su conveniencia, que modifica la Constitución para perpetuarse en el poder, que nombra a su antojo a los representantes en el poder electoral, en el poder judicial, que utiliza los medios de comunicación para su mayor gloria y que los cierra cuando osan criticarle. Señor ministro, Chávez es merecedor de la crítica y de la denuncia pública, del reproche, de la condena política sin paliativos y no de la actitud complaciente, del halago y del respaldo que constantemente le está brindando el Gobierno español.


Señor ministro, señorías, llevamos años advirtiéndoles de esa deriva totalitaria, pero del Gobierno español nunca hemos escuchado una sola crítica, ni un mal gesto, ni un reproche. Esta mañana, ante una pregunta del senador Anasagasti, usted ha sido incapaz, a pesar de que ha insistido, de condenar la última de las tropelías chavistas: el cierre de Radio Caracas Televisión, y se ha limitado a decir que es una decisión administrativa. Se lo pidió reiteradamente el señor Anasagasti y fue usted incapaz de pronunciar la condena al avasallamiento de la libertad de expresión en aquel país. A ustedes se les llena la boca siempre de palabras de igualdad, de paz, de libertad, de derechos, de justicia, pero se callan de manera vergonzante ante los atropellos reiterados del régimen de Chávez. Ustedes consienten que Chávez esté avasallando los derechos, los bienes y hasta las vidas de muchos españoles, pero no alzan la voz para no molestar al teniente coronel. Usted sabrá por qué, señor ministro.


De todo el mundo es conocido que el populismo chavista no sólo está conduciendo a Venezuela hacia el totalitarismo, sino que se va extendiendo peligrosamente hacia otros países de la región, y eso merced, ni más ni menos, que a la generosa chequera que a través del petróleo maneja a su antojo Hugo Chávez. El eje Cuba-Venezuela se extendió a Bolivia, luego a Ecuador, a Nicaragua, a punto ha estado de hacerlo -así es, señor ministro- a México y a Perú, y es un serio peligro para toda la región.


Página 7856


Eso es algo que ve todo el mundo, menos usted, señor ministro, que además se sonríe y se ve que le gusta.


La verdad es que la imagen del Gobierno de España consintiendo, alentando, haciendo de valedor de ese eje está contemplada con estupor por las democracias de derechas y de izquierdas -que las hay aún en el continente americano-. Apoyando, señor ministro -como lo ha hecho usted aquí la última vez esta mañana a pregunta, por ejemplo, del senador Piqué-, a Castro, a Chávez, a Morales y compañía, el prestigio de España se está dilapidando ante esas democracias del continente americano que están esperando de España el referente político y el liderazgo democrático, y también se dilapida ante los países de la Unión Europea, donde España debería ser la voz autorizada de América Latina.


Es bastante claro, señorías, que es esta obstinación del Gobierno por no hacer nada que pueda molestar a Chávez, la causa de la desidia, del abandono en la defensa de los derechos de nuestros compatriotas. Yo sé que seguramente usted hoy volverá a hacer lo mismo: negar las evidencias y atacar al Partido Popular, como lo ha venido haciendo durante este tiempo, pero como hoy de lo que se trata es de saber qué medidas va a tomar el Gobierno para defender a los españoles en Venezuela, quiero concluir mi intervención formulándole las siguientes preguntas, que se contestan simplemente diciendo si o no y que serán, señor ministro -tanto si contesta sí o no como si no las contesta, que será lo más probable-, la prueba del nueve para saber verdaderamente si el Gobierno está dispuesto o no a defender a nuestros compatriotas.


Concluyo con esas preguntas, señor presidente, señorías. Señor ministro, escúcheme, por favor. ¿Está el Gobierno de España dispuesto a prestar a los españoles que viven en Venezuela la asistencia jurídica que necesitan para defender su situación ante los tribunales de justicia? ¿Está el Gobierno España dispuesto a apoyar económicamente a aquellos españoles que estando en esas circunstancias no puedan defenderse y lo necesiten? ¿Está dispuesto el Gobierno de España a prestar apoyo y protección física a aquellos que se sienten amenazados, con razones, y que sufren las extorsiones cada día? ¿Piensa el Gobierno de España o no piensa presentar una protesta formal ante el Gobierno de Venezuela por la situación que padecen nuestros compatriotas españoles allí con el atropello y el avasallamiento de las leyes del propio país? ¿Está dispuesto el Gobierno, si es necesario, a demandar ante los tribunales internacionales la vulneración de esos derechos de que son objeto nuestros compatriotas? ¿Se compromete el Gobierno y el ministro de España en esta Cámara a que de manera inmediata el embajador en Caracas reciba a los españoles que están en esa situación y que llevan meses pidiéndolo? Y por último, señor ministro, ¿está usted dispuesto a encabezar una delegación parlamentaria para visitar a las personas afectadas y convencerse, si es que no lo está, de que la situación que viven es verdaderamente trágica?

Nada más, señor presidente. Espero sus respuestas, señor ministro.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé) Gracias, señor presidente.


Señoría, hace apenas dos semanas me formulaba su señoría una pregunta oral en el Pleno de esta Cámara para conocer precisamente las gestiones del Gobierno en relación con la situación de dos españoles residentes en Venezuela que se encontraban en paradero desconocido, acusando su señoría de inactividad al Gobierno. Yo le respondí que debía ser más prudente a la hora de formular sus acusaciones y le indiqué que el Gobierno estaba realizando gestiones con cautela, en concertación con las familias de los secuestrados. En este sentido, gracias a nuestra actuación -la de los agentes de policía españoles especializados en secuestros-, en colaboración con las autoridades venezolanas y con las familias de los secuestrados, pero trabajando de manera discreta -sin utilizar la megafonía de esta Cámara, como usted lo hizo-, gracias a Dios se pudo resolver satisfactoriamente.


Señoría, esperaba que usted hubiese dado las gracias y felicitado al Gobierno por su gestión y por su eficacia; sin embargo, señor García Carnero, de nuevo ha vuelto a pecar de imprudente porque el hecho de utilizar la situación de los españoles en Venezuela como hace su señoría, como arma arrojadiza contra el Gobierno, me parece altamente imprudente.
Se lo indiqué en aquella ocasión y se lo repito ahora.


Creo que lo más importante para los españoles en Venezuela es contar con el apoyo, lógicamente, de las autoridades españolas, del Gobierno español y de todas las fuerzas políticas, con el fin de resolver los distintos contenciosos, disputas o situaciones que puedan vivir los españoles en ese país.


Señoría, es cierto que hay numerosos ciudadanos españoles residentes en Venezuela, prácticamente todos ellos hispanovenezolanos -y no hay que olvidar esa característica-, que se ven afectados por la ocupación de sus tierras, así como por la nueva legislación venezolana relativa a la utilización agrícola de propiedades rurales. La situación resulta preocupante en algunos casos, habida cuenta -como ha señalado su señoría- de las condiciones de inseguridad personal y jurídica en las que se encuentran estos ciudadanos. A lo largo de los últimos meses, se ha podido constatar un incremento del número de denuncias por robos, secuestros e intentos de homicidio interpuestas por los afectados por las invasiones, en su mayoría ciudadanos hispanovenezolanos de origen canario, afincados principalmente en los Estados de Yaracuy, Anzoátegui, Zulia, Barinas y Táchira, pero también por nacionales italianos afectados por esa misma situación que, lógicamente, no se dirige única y exclusivamente a los hispanovenezolanos.


Las primeras invasiones de tierras en las que resultaron afectados ciudadanos hispanovenezolanos se produjeron en el Estado de Yaracuy. Como su señoría sabe, el 2 de

Página 7857


mayo de 2006, tras numerosas gestiones por parte del Gobierno español, en las que se implicó muy directamente nuestra Embajada en Caracas y el propio embajador, se alcanzó un acuerdo con las autoridades venezolanas del Instituto Nacional de Tierras, en virtud del cual se acordó el pago de indemnizaciones por un valor de 6.800 millones de bolívares -cerca de tres millones de dólares- a once ciudadanos hispanovenezolanos cuyas fincas rústicas habían sido invadidas.


Resuelto satisfactoriamente este primer grupo de contenciosos, restan todavía por solucionar algunos casos cuyas características implican un mayor grado de complejidad respecto de los de Yaracuy, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. En este segundo grupo de contenciosos la casuística es muy amplia, puesto que no sólo se encuentran involucradas fincas rústicas -aproximadamente el 80 por ciento de los casos-, sino también urbanas -cerca del 10 por ciento de los casos-, e instalaciones industriales -el 10 por ciento restante-, y están situados en prácticamente todos los Estados de Venezuela. En total, según nuestros datos, hay aproximadamente 70 ciudadanos hispanosvenezolanos afectados. Eso es rigor y aportar cifras exactas.


Por otro lado, el procedimiento de invasión también varía; en general, la invasión se lleva a cabo por miembros de comunidades cercanas a la propiedad y a veces existe una declaración de expropiación, pero ésta no siempre se ha producido, aun cuando se inicia la invasión. Finalmente, en algunos casos los interesados presentan denuncia ante las autoridades venezolanas correspondientes, mientras que en otros no lo hacen. En concreto, resulta particularmente destacable la delicada situación que atraviesa la localidad de El Tigre, situada al sur del Estado de Anzoátegui. A diferencia de las invasiones acaecidas en el Estado de Yaracuy, las cuales afectaron a terrenos de una extensión media de 250 hectáreas, las fincas ocupadas en El Tigre tienen una extensión media de 500 hectáreas. En algunos de estos casos, además, la inversión efectuada por los ciudadanos hispanovenezolanos alcanza cifras multimillonarias.


Por todo ello, señoría, quiero manifestarle que la Embajada de España en Venezuela y el Consulado General en Caracas han estado antes, durante y estarán siempre en permanente contacto con los ciudadanos españoles afectados por las invasiones. Por lo tanto, ante su pregunta sobre si el embajador de España está dispuesto a recibirlos, debo contestar que siempre ha recibido a todos los españoles que se lo han solicitado. En este sentido, se ha procedido a impulsar con cada afectado la actualización tanto de sus datos como de la situación que atraviesa, así como a recabar su acuerdo para que sus datos fueran facilitados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Todos los afectados estuvieron conformes con esta medida.


Con el fin de promover la oportuna protección de los intereses de estos ciudadanos, se han llevado a cabo las pertinentes gestiones ante las autoridades venezolanas a diferente nivel. Entre esas gestiones, aparte de las que yo mismo he realizado con el propio ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, cabe destacar las realizadas por el propio embajador Morodo ante el presidente Chávez y el presidente del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, a quienes se les ha trasladado la gran preocupación de la comunidad hispanovenezolana y del Gobierno español.
Así también contesto a una de sus preguntas.


Frente a los hechos denunciados, las autoridades venezolanas han puesto de manifiesto su interés en resolver este conflicto, teniendo esta resolución carácter prioritario, como así me comunicó el propio ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.


Además, funcionarios diplomáticos españoles, no de segunda o de tercera, sino funcionarios diplomáticos españoles que merecen todo el respeto de esta Cámara, han visitado las localidades afectadas y se han entrevistado con las autoridades locales y los productores agropecuarios afectados. En concreto, conviene señalar que el pasado mes de abril viajaron a la localidad de El Tigre el presidente del Inti, don Juan Carlos Loyo, y el cónsul general de España, don José María Matres. Allí se reunieron con los afectados y se les ofreció asistencia para entregar la documentación necesaria en defensa de sus derechos. Por lo tanto, también respondo con un sí a su pregunta.


Fruto destacado de este conjunto de medidas adoptadas en defensa de los ciudadanos españoles ha sido el establecimiento de un mecanismo institucional de trabajo para el tratamiento de estas situaciones, dentro del cual juegan un papel importante las reuniones periódicas de coordinación entre el Inti, la Embajada de España y el Consulado de España en Caracas. Pero todavía resulta más importante que se haya logrado generar un clima de confianza entre los afectados y las autoridades venezolanas, que sin duda contribuirá a la resolución de los contenciosos, lejos de ese dramatismo y narración dantesca que nos ha hecho su señoría.


Junto a las medidas específicas señaladas, está siempre la protección consular, que podrá presentarse con mayor eficacia tras las medidas aprobadas el pasado 1 de septiembre de 2006 por acuerdo del Consejo de Ministros para la potenciación de la acción exterior del Estado. Dentro de esas medidas y a los efectos que aquí nos ocupan, cabe destacar la próxima apertura del Consulado de España en la ciudad venezolana de Valencia; el acuerdo también contempla la convocatoria extraordinaria de plazas para reforzar la plantilla de nuestras oficinas consulares con el fin de hacer frente a las exigencias en materia de protección y asistencia de los españoles en Venezuela. El personal seleccionado será preferentemente destinado a estas oficinas consulares tanto de Valencia como del Consulado General de Caracas porque, como sabe su señoría, la protección de los españoles es una de las prioridades de este Gobierno y de este Ministerio de Asuntos Exteriores.


Señoría, quiero quedarme con la última parte de su intervención, donde hace propuestas concretas y pone de manifiesto las respuestas positivas por parte del Gobierno. Lógicamente, lo más eficaz es trabajar conjuntamente. No haga demagogia política, haga propuestas constructivas para que de manera conjunta las autoridades, el ministerio,

Página 7858


el consulado y la embajada puedan defender a los ciudadanos españoles en el exterior. Si es esa su propuesta podemos trabajar y estudiar el modo de avanzar en la defensa de los intereses españoles, pero le pido que no haga una descripción catastrofista, dantesca y ridícula como la que ha realizado al subir a esta tribuna.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, lo primero que debía de haber hecho, y no ha hecho, es retirar sus palabras de acusación. No lo ha hecho. Ha concluido usted calificando de ridícula mi intervención. Yo estoy dispuesto a hacer el ridículo todos los días que sean necesarios mientras haya un español que necesite atención. Usted ha dicho que hay 70. Yo le puedo hablar de otros cien más que están en esa situación para que actualice sus datos.


Venir a esta tribuna a defender a unos españoles que están viviendo una situación trágica es para el señor ministro una actitud ridícula. Usted no ha hecho en toda su intervención, una vez más, ni un solo reproche al Gobierno totalitario del teniente coronel Hugo Chávez, ni un sólo reproche, ni un sólo gesto; ni lo hizo esta mañana cuando le preguntaba con toda razón el senador Anasagasti ni lo ha vuelto a hacer ahora.


Usted no ha contestado a ninguna de las siete preguntas. No lo ha hecho, señor ministro. Se las voy a volver a repetir y si usted cree que ha contestado se dará cuenta de que no. Lo único que ha dicho es que el embajador de España recibe. Le voy a dar nombres y apellidos. Ayer por la noche, mediodía en Venezuela, hablé con Antonio Ruíz Zapata, de 72 años; vive en el estado Barinas, y tiene un matadero industrial que se llama «Tribansa», que lleva desde el mes de febrero ocupado por el ejército venezolano. Pues bien, ha intentado insistentemente ser recibido por el embajador Morodo. No le ha recibido, señor ministro. ¿Sabe usted que a base de mucha insistencia consiguió que le recibiera un noble funcionario y que la recomendación que le hizo fue que hiciera menos ruido? Lo que te aconsejo Antonio -le dijo- es que no hagas tanto ruido que eso no te va a beneficiar. Eso, señor ministro, es lo que hace la Embajada de España.
¿Entiende? Y eso es lo que hace el embajador. Yo le estoy dando nombres y apellidos. Le voy a dar otro. Luis Solórzano. Vive en el estado Guárico, y es, junto a su familia, propietario de una finca denominada «Ato la vaca». Lleva dos años y medio ocupada. Ha escrito hasta 70 veces a todas las autoridades. Ni el señor embajador ni ninguna autoridad le ha recibido.


Por lo tanto, a lo único que ha contestado, señor ministro, lo ha hecho con una mentira, y o le engaña a usted el embajador o miente usted, no a mí que tendría poca importancia, sino a la Cámara.


Siguiente cuestión. Usted ha recalcado aquí que los españoles que están allí viviendo esa situación, que no ha negado claro, pero que ha minimizado otra vez, son hispanovenezolanos. Ha dicho usted que no olvidemos que son hispanovenezolanos. Le pregunto, señor ministro, ¿ser hispanovenezolano le resta en algo su condición de español? ¿Cree usted que por ser hispanovenezolanos son menos españoles o tienen menos derechos? Y si no diga exactamente qué es lo que quiso decir cuando decía: No olvidemos que son hispanovenezolanos.


Dice usted también que restan algunos casos por resolver y reconoce que al menos 70. Yo le he dicho que si quiere le facilito documentación de otros cien más, señor ministro. Califica usted la situación que viven allí estos españoles de contenciosos y de disputas. Ha dicho: quedan algunos contenciosos y disputas. ¿Por qué no se lo dice usted a estas dos personas que le acabo de citar, por ejemplo? ¿O a Fátima? ¿Aquella -lo recuerda- que fue violada y asesinado su marido? ¿O a Marbella, aquella que fue quemada y que ya cité aquí? Dígale usted a ellas o a toda la familia Solórzano que le acabo de citar que la situación que viven son contenciosos y disputas.


Señor ministro, ¡es vergonzosa! Es absolutamente vergonzosa para un ministro del Gobierno de España esa actitud reiterada de defensa a toda costa, de no ver mácula -nada- en la actitud de un Gobierno totalitario como el de Hugo Chávez, y de no tener empacho por minimizar, ocultar, disfrazar y tapar la tragedia que viven muchos españoles.


Voy a concluir, señor presidente, y voy a decirle a usted de nuevo, señor ministro, que tiene una nueva oportunidad para contestarme sí o no a las siguientes preguntas; se las voy a repetir, porque no las ha entendido usted bien: ¿está usted dispuesto a que el Gobierno de España preste apoyo jurídico a las demandas que estos españoles tienen presentadas ante los tribunales de Venezuela? Diga sí o no.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.


¿Está usted dispuesto, señor ministro, a presentar una protesta formal? Ha citado usted el caso de Italia; dijo: también había italianos entre los invadidos. ¡Cómo si eso fuese una eximente! Oiga, es que eran muchos, también italianos. Pues, ya que ha citado usted el ejemplo de Italia, le pregunto: ¿va usted a hacer lo que hizo el Gobierno de Italia: presentar una protesta formal ante el Gobierno de Venezuela? Lo hizo el Gobierno de Italia. ¿Lo va a hacer usted?

Concluyo, señor ministro: ¿va usted a llevar al Gobierno de Hugo Chávez ante los tribunales internacionales por el avasallamiento de derechos humanos que se está produciendo allí contra españoles, sí o no?

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino ya, señor presidente.


¿Está usted dispuesto a encabezar una delegación parlamentaria? Diga sí o no. Yo quiero ir en esa delegación y

Página 7859


me pagaré los gastos de mi bolsillo, señor ministro, para que no se diga, como ya se dijo aquí, que queríamos hacer turismo parlamentario. No lo dijo usted, lo dijo alguien del grupo que le sustenta. Yo estoy dispuesto a ir, si usted encabeza la delegación, señor ministro...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor GARCÍA CARNERO: ... y a pagar mis gastos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Señoría, veo que sigue usted extremadamente apasionado. Lógicamente, todos nos apasionamos cuando tenemos que defender la situación de los españoles en el exterior, y más un ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como es mi caso. Sin embargo, la pasión puede ser aconsejable en algunos momentos, pero puede ser también imprudente, como le he dicho en varias ocasiones. En este sentido, lamento que no haya aceptado mis últimas conclusiones: precisamente dialogar e intercambiar posibilidades y actuaciones.


Sus palabras para el embajador Morodo y para la Embajada, como representante de un partido, el Popular, que ha gobernado en otras ocasiones y sabe lo que son las embajadas -y usted debería saberlo también-, deberían contener un poco más de respeto hacia el Cuerpo Diplomático y los embajadores, en particular. Los embajadores, en las embajadas, lo son de todos los españoles, y están precisamente defendiendo y protegiendo diariamente a los españoles. Pero bueno, veo que no le tiene demasiado respeto al Estado, que, en el exterior, son las embajadas. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-El señor García Carnero. Al Señor Morado.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Pero el señor Morodo está representando al Estado español y tiene cartas credenciales de Su Majestad el Rey de España: del Estado.
Por tanto, es el embajador de todos los españoles, y tendría que merecer su respeto. Quiero apoyar aquí formalmente el trabajo excepcional que ha hecho el embajador Morodo en Caracas y en Venezuela.


No obstante, no quiero insistir en la polémica, y usted quiere que le responda. Claro que le voy a responder, y lo voy a hacer con la naturalidad que quiere hacerlo el Gobierno. ¡Claro que España está para atender a todos los españoles y a los residentes! La primera pregunta dice que no les recibe el señor Morodo. Si le han llamado, se habrá producido algún problema de calendario, pero le puedo garantizar que todo español que solicite ser recibido por el embajador de España será recibido. Y será recibido para atenderle, escucharle y protegerle. Por tanto, la respuesta a su pregunta es sí.


Segunda pregunta: ¿está dispuesto el Gobierno español a prestar asistencia jurídica a aquellos que no tienen los medios para defender su caso? Sí, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones.


¿Está dispuesto el Gobierno a asistir económicamente con medios, recursos y procedimientos cuando sea necesario atender sus necesidades? Sí, está dispuesto; de hecho lo estamos haciendo, y por eso hemos creado un estatuto de los españoles en el exterior... (El señor García Carnero hace signos negativos).


Sí, señor García Carnero, antes no existía, pero ahora tenemos los instrumentos jurídicos y financieros para atender las peticiones que usted está solicitando.


¿Está dispuesto el Gobierno a apoyar una misión parlamentaria, no presidida por el ministro -no voy a entrar en ese juego-? Si usted quiere que haya una delegación parlamentaria, estamos dispuestos a organizarla y a llevarla a cabo para que usted mismo tenga la oportunidad de enfrentarse a los problemas jurídicos y políticos existentes para la defensa de los españoles. Y no hace falta que se pague el viático; el Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha tenido ocasión de financiar, con el acuerdo de la Presidencia del Senado, misiones parlamentarias.


Por tanto, en esa dinámica podremos trabajar; en la descalificación, en la exageración, en toda esa descripción dantesca y ridícula que ha hecho, no podremos trabajar. De todas formas, nosotros vamos a trabajar, vamos a defender los derechos de los españoles, vamos a resolver casos, como el de los dos secuestrados, usted dijo que no estábamos haciendo nada; que se solucionaron favorablemente y sigo esperando su felicitación por ello.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (S. 670/000163).


El señor PRESIDENTE: Interpelación del senador Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de desarrollo de la energía eólica y su relación con las competencias de las comunidades autónomas.


Para su exposición, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Página 7860


Señorías, señor ministro, el 26 de abril de 2006, este senador preguntó al Gobierno en esta Cámara sobre las causas por las que en su última propuesta de revisión del Plan de Energías Renovables 2005/2010 el Ministerio de Industria rebajaba a la mitad las aspiraciones de la Comunidad Autónoma de Galicia para poder desarrollar la producción de energía eólica, incumpliendo de esta manera una promesa contraída por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una visita institucional a nuestra tierra.


En aquel debate, señor ministro, le explicaba a su predecesor, el señor José Montilla, que esta rebaja amenazaba la estrategia que el Gobierno gallego había diseñado para aprovechar al máximo las ventajas comparativas que tiene Galicia por razones climáticas y orográficas para el desarrollo de este sector. Un sector que, como usted sabe, históricamente ha tenido una fuerte implantación en Galicia, sin que apenas esta especialización productiva se haya traducido en beneficios para nuestro país.


La generación eólica en Galicia, hasta el momento responde a los parámetros de lo que se ha dado en llamar industrias de enclave, que aprovechan intensivamente los recursos naturales de un país para satisfacer la demanda de otros mercados, soportando el país que acoge la actividad productora buena parte de los costes sociales y medioambientales de la misma, sin apenas extraer beneficios.


En aquel debate explicaba que el Gobierno gallego estaba intentando modificar esta situación, diseñando una estrategia que hiciese del sector de generación de energía de origen eólico un motor para favorecer el desarrollo endógeno de nuestra comunidad. Esta estrategia se sustentaba y se sustenta en los siguientes pilares.


En primer lugar, reordenar los parques eólicos existentes para reducir su impacto paisajístico.


En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, sustituir los actuales eurogeneradores por otros con mayor capacidad de generación, que cumplan los requisitos técnicos del operador del sistema.


En tercer lugar, impulsar la creación de una empresa mixta, con participación de capital público de la Xunta de Galicia y de agentes privados locales para que los beneficios de esta actividad reviertan en la comunidad.


Y, por último, aunque no menos importante, apostar junto a estas políticas por el desarrollo de una energía renovable que permita combatir el cambio climático y cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto. En definitiva, introducir el concepto de sostenibilidad, apostando por la preservación del medio ambiente, así como por una aplicación más social de los mecanismos previstos en la legislación eléctrica.


Señor ministro, pasado más de un año desde aquel debate, nuestras preocupaciones, lejos de verse disipadas, han ido en aumento. Pasado un año, el Gobierno sigue sin aclarar definitivamente los objetivos de producción en energía eólica y su reparto por comunidades. Pasado un año, sigue sobre la mesa la propuesta del ministerio para fijar la cuota de producción en Galicia en 3.800 megavatios, poco más de la mitad de los 6.500 que se planteaba como objetivo la comunidad gallega.


De llevarse a cabo este recorte supondría un serio revés para el sector eólico y energético de Galicia, puesto que la cuota de producción que se propone se sobrepasaría tan pronto entraran en funcionamiento los parques eólicos que están en construcción y los que están en tramitación. Del mismo modo, impide el desarrollo de proyectos de importancia estratégica en Galicia, como el de la industria de aerogeneradores y sus componentes, industria emergente en nuestra comunidad, además de suponer un paso atrás en el necesario objetivo de impulsar de manera decidida energías limpias y renovables.


El Gobierno gallego, en consonancia con las directrices europeas, se ha fijado como meta que en el año 2011 el 90 por ciento de la energía eléctrica que se produzca en Galicia provenga de estas fuentes.
Difícilmente se puede luchar contra el cambio climático y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de Kioto si desde el Gobierno central se dificulta el desarrollo de estas políticas.


Y, señor ministro, los nuevos pasos que desde entonces ha dado el Gobierno central han introducido nuevos motivos de incertidumbre e inquietud y nos han dado también motivos objetivos para dudar de las razones esgrimidas en aquel entonces para justificar la no satisfacción de nuestras demandas.


Me estoy refiriendo, en primer lugar, al borrador del real decreto por el que se regula el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de parques eólicos marítimos. En Galicia ha surgido una gran preocupación por el impacto que supondría su hipotética instalación, primero, por su impacto ambiental y su posible afectación a otros aprovechamientos económicos de nuestro mar, como la pesca y el marisqueo, razón por la cual el Parlamento gallego aprobó por unanimidad mostrar ante el Gobierno del Estado su oposición a la instalación de este tipo de parques, máxime teniendo en cuenta la previsión que existe en Galicia de elaborar un plan de ordenación y usos del litoral gallego, ordenación y usos del litoral que podrían verse alterados por este tipo de instalaciones.


En segundo lugar, por la repercusión que estas instalaciones podrían tener en la cuota de producción que se asigne a Galicia. ¿Cómo se puede argumentar para no satisfacer nuestras legítimas aspiraciones de incrementar sensiblemente la cuota de producción en materia de energía eólica que las demandas de producción de nuestra comunidad excederían la capacidad de evacuación a la red y por otro lado proponer este tipo de instalaciones que recortarían aun más nuestras expectativas para incrementar esa cuota de producción y contradicen el argumento del Gobierno de no exceder la capacidad de evacuación?

En tercer lugar, señor ministro, y no por ello menos importante, por la falta de capacidad decisoria del Gobierno gallego; aunque se trate de instalaciones situadas sobre dominio público marítimo terrestre y, por tanto, de competencia estatal, concurren diversos elementos que hacen necesaria la participación autonómica en el procedimiento de autorización de estos parques eólicos. Estas instalaciones necesitarán infraestructuras de evacuación de energía

Página 7861


eléctrica que deberán estar localizadas en tierra; el emplazamiento y características de estas infraestructuras afectarán a materias sobre las que Galicia tiene competencias exclusivas.


Pero al margen de estos argumentos jurídicos, hay una razón política para nosotros aun más importante: estas instalaciones aprovecharán nuestros recursos naturales, nuestro mar y nuestro viento, y por eso Galicia debe controlar estos recursos para que reviertan en su legítimo beneficio.


Finalmente, el recientemente aprobado Real Decreto 661/2007 ha acentuado aún más ese clima de incertidumbre e inquietud al que me he referido al comienzo de mi intervención.


En este real decreto el Gobierno español estableció una prima para parques en régimen ordinario, es decir, con potencia superior a 50 megavatios, sin consultar, como era preceptivo, con las comunidades autónomas y sin someterse al control de las Cámaras. No consultó con las comunidades autónomas puesto que en el trámite del Consejo Consultivo de la Electricidad el texto sometido a consideración era diferente al finalmente aprobado. Por tanto, este decreto fija el derecho de manera unilateral, incumpliendo así el trámite preceptivo del artículo 30.5 de la Ley del Sector Eléctrico, que obliga a consultar previamente a las comunidades autónomas.


Por otra parte, el Gobierno eludió el control parlamentario al optar por la política de decretazo a la hora de desarrollar legislación básica en lugar de realizarlo mediante proyecto de ley, lo que hubiese propiciado una mayor participación de todas las fuerzas políticas en su concreción final favoreciendo de esta manera el consenso.


¿Y por qué el Gobierno actúa así? Mucho nos tememos que para intentar apropiarse de una política en materia energética limitando la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar políticas propias en esta materia en ejercicio de las competencias que tienen atribuidas. Así, el decreto finalmente aprobado estableció un sistema de primas para las eólicas de más de 50 megavatios que modifica la situación anterior en la que, de estas primas, que tenían la consideración legal de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, solo se podían beneficiar las instalaciones de régimen especial, es decir, las instalaciones de menos de 50 megavatios pertenecientes al ámbito competencial de las comunidades autónomas.


Es cierto que al final no se optó por la homologación plena del sistema de primas, pero se modificó el criterio hasta ahora vigente. Con el cambio normativo se restringen en la práctica las competencias autonómicas al incentivar a dichas empresas a solicitar las autorizaciones al Gobierno estatal. Los argumentos dados en su momento por el Gobierno central para no satisfacer las demandas de las comunidades autónomas quedan, a nuestro juicio, en entredicho.


Se aducían problemas técnicos con respecto a la capacidad de evacuación del sistema, pero lo cierto es que el incentivo de instalaciones de más de 50 megavatios provocará mayores dificultades de evacuación; se aducían problemas relacionados con el incremento de costes para los consumidores, pero lo cierto es que el nuevo sistema de primas incrementará esos costes.


Es difícil no pensar que estas contradicciones encubren el problema real que es, como decía, la voluntad del Gobierno central de apropiarse de la iniciativa y de las competencias en materia eólica, así como la voluntad de hacerlo, además, para favorecer los oligopolios que dominan el sector eléctrico, impidiendo el desarrollo de tejidos empresariales autóctonos que favorezcan el desarrollo endógeno de las distintas comunidades autónomas.


Señorías, Galicia ha padecido lo que una persona en apariencia tan alejada de los planteamientos del Bloque Nacionalista Galego, como el ex miembro del Gobierno de UCD, don Víctor Moro, definió en su día como el expolio energético de Galicia. El pueblo gallego ha visto cómo muchos de sus valles más fértiles y de mayor belleza paisajística eran anegados para hacer centrales hidroeléctricas, impidiendo otros aprovechamientos económicos, mientras sus habitantes tuvieron que emigrar. El pueblo gallego ha visto cómo sus recursos mineros se van agotando para alimentar centrales térmicas que hacen que Galicia padezca los índices de contaminación por lluvia ácida más altos de Europa. El pueblo gallego ve cómo con el cierre inminente de las minas de lignito pardo de Meirama y As Pontes, que han contribuido a generar energía eléctrica para favorecer el desarrollo de otros mercados, todavía sigue sin solución, por parte del Gobierno central, el problema de la recolocación de los trabajadores de empresas auxiliares de estas minas.El pueblo gallego ve cómo muchos de sus montes se pueblan de aerogeneradores y puede empezar a ver ahora también cómo colonizan su mar.


Al mismo tiempo muchas zonas de Galicia tienen una electrificación muy deficiente. Gran parte de esta energía, que se produce en Galicia, emigra fuera de ella, y con ella emigran también gran parte de los beneficios que esta actividad genera.


Como decía el gran patriarca del nacionalismo galego, don Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, estamos fartos de ser una colonia; estamos hartos de ser una colonia.


Señor ministro, señorías, senadores del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Bloque Nacionalista Galego ha valorado, como creemos que se merece, la nueva sensibilidad que ha demostrado el actual Gobierno a la hora de comprender que el Estado español es un Estado plural, a la hora de comprender la pluralidad de pueblos, lenguas y culturas que lo conforman, como ha valorado también en su justa medida el nuevo talante y el diálogo que caracteriza al actual Gobierno. Pero, señor ministro, señorías, senadores del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, si esa España plural que ustedes invocan se limita a expresar esa mayor sensibilidad, pero no modifican los diseños económicos de Galicia; si siguen considerando a Galicia a efectos prácticos como una colonia interior del Estado español y hacen políticas que impiden que, a través de sus instituciones de autogobierno, pueda aprovechar sus recursos para favorecer un desarrollo endógeno del país, políticas como las que estoy descri-

Página 7862


biendo en esta interpelación, tengan la seguridad de que al Bloque Nacionalista Galego y a una gran parte de la sociedad gallega esa España plural nos vale tan poco como la España una, grande y libre que otros invocaban.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, desde el comienzo de la legislatura este Gobierno presta especial atención al fomento de las energías renovables, entre las que como saben sus señorías se incluye de una forma muy especial la eólica. Así, en agosto del año 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías Renovables 2005-2010, que venía a sustituir el Plan de fomento de las Energías Renovables anterior, que iba del 2000 al 2005, cuyos resultados eran, hasta el año 2005, claramente insuficientes, ya que durante su aplicación solo se había alcanzado el 28 por ciento de los objetivos previstos.


Los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010, en cuanto a energía eólica se refiere, consisten en alcanzar a lo largo de su desarrollo una potencia instalada de 12.000 megavatios para alcanzar en el año 2010 una potencia total instalada de 20.000 megavatios. Estos objetivos serán posibles por la existencia de factores que propician un mayor desarrollo del sector eólico en España. Para empezar, tenemos un amplio potencial eólico todavía sin explotar. Consciente de ello, el Gobierno ha desarrollado una normativa que ha permitido consolidar la confianza y el interés de los promotores en esta energía. Además, tenemos un sector industrial maduro, con elevado nivel tecnológico y con capacidad de fabricación nacional. El desarrollo del sector de la energía eólica precisa de una normativa que ofrezca garantías y seguridad a los promotores, cosa que el Gobierno ha perseguido y espero que consigamos con la aprobación del reciente Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.


El nuevo real decreto persigue el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley del Sector Eléctrico, esto es, garantizar a los titulares de instalaciones en régimen especial, entre las que se encuentran las eólicas, una retribución razonable para sus inversiones y que los consumidores eléctricos tengan un razonable coste imputable de este servicio.


La modificación de la cuantía de las tarifas e incentivos se ha motivado por las siguientes razones. Por un lado, por la necesidad de fomentar aquellas tecnologías cuyo desarrollo se encuentra aún muy por debajo del esperado. En segundo lugar, para corregir los efectos derivados del comportamiento que han experimentado los precios del mercado, donde en los últimos tiempos han tomado más relevancia ciertas variables no consideradas en el régimen retributivo del decreto 436 de 2004.


El Gobierno ha establecido un sistema análogo al contemplado en dicho decreto, en el que el titular de la instalación tiene varias opciones.
Puede optar por vender su energía a una tarifa regulada, obteniendo una retribución fija por su energía, sin correr ningún riesgo, o bien puede vender dicha energía directamente al mercado diario, en el mercado a plazo o a través de un contrato bilateral, percibiendo en este caso el precio negociado en el mercado más una prima. Esta opción tiene un grado de incertidumbre mayor que la anterior, pero sus expectativas de beneficio también son más elevadas. Así, señorías, el sistema retributivo propuesto incentiva la participación de las instalaciones en el mercado por estimarse que con ello se consigue una menor intervención administrativa en la fijación de los precios de la electricidad, así como una mejor y más eficiente imputación de los costes del sistema, en especial en lo referido a gestión de desvíos y a la prestación de servicios complementarios.


El nuevo texto contempla también unos objetivos de potencia instalada por las tecnologías con un horizonte de tres años, recogidos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 y en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, la E-4.


Alcanzados dichos objetivos, las nuevas instalaciones no tendrían derecho a prima. Esta medida viene obligada por la necesidad de salvaguardar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en el sistema, así como para minimizar las restricciones de producción a aquellas tecnologías consideradas hoy por hoy como no gestionables.


No obstante lo anterior, durante el año 2008 se iniciará la elaboración de un nuevo plan de energías renovables para su aplicación en el período 2011-2020. La aplicación de nuevas medidas para contribuir a la seguridad del sistema, entre ellas la ampliación de la red de transporte, permitirá elevar los objetivos citados, que serán recogidos en la revisión del régimen retributivo prevista para finales del año 2010.


El nuevo régimen mantendrá un régimen económico transitorio para las instalaciones recogidas en el actual Real Decreto 436/2004 hasta el 31 de diciembre de 2012, de forma que aquellos titulares que estimen que la retribución del nuevo real decreto es más favorable puedan permanecer en él si así lo desean. El texto contempla también la posibilidad de que instalaciones no incluidas en el régimen especial, ya sea debido a lo elevado de su potencia o bien por estar suficientemente amortizadas, pero de las mismas tecnologías que el régimen especial, puedan percibir una retribución específica adicional.


El nuevo régimen se enmarca en el compromiso que tiene el Gobierno en materia de política energética de impulsar la utilización en nuestro país de las energías limpias, autóctonas y eficientes. La propuesta gubernamental a favor de estas tecnologías energéticas ha sido la razón por la que en la nueva regulación se busca una estabilidad en el tiempo que permita a los empresarios una programación a medio y a largo plazo, así como una rentabilidad suficiente y razonable que, unida a la estabilidad, dote de atractivo a la inversión y a la dedicación a esta actividad.


Página 7863


Con este real decreto el Gobierno pretende que en el año 2010 se alcance el objetivo nacional incluido en la Directiva 2001/77, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de las fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. De esta forma, al menos el 29,4 por ciento, casi el 30 por ciento del consumo bruto de electricidad en 2010 debe provenir de fuentes de energías renovables.


Para el caso particular de la generación eólica, cuyo desarrollo ha sido espectacular en los últimos años de nuestro Gobierno gracias a una política de apoyo firme a dicha tecnología, el nuevo texto contempla un régimen económico muy beneficioso y que posibilita alcanzar el objetivo de estos 20.155 megavatios instalados en el año 2010. Este objetivo ha sido incrementado desde los 13.000 megavatios recogidos en el anterior Real Decreto 436/2004, de acuerdo con el Plan de Energías Renovables 2005-2010, en coherencia con la apuesta del Gobierno en relación con el fomento de la energía renovable.


El nuevo marco introduce una novedad en el sistema retributivo de las instalaciones de generación a partir de energías renovables, entre ellas la eólica, y es la incorporación de un límite inferior y un límite superior a la retribución obtenida en el mercado. De esta forma, el promotor se protege contra los ingresos derivados del precio del mercado cuando estos fueren excesivamente bajos y elimina la prima cuando el precio del mercado es suficientemente elevado para garantizar la cobertura de sus costes. Con ello el Gobierno elimina las irracionalidades en la retribución de tecnologías, cuyos costes no están directamente ligados a los precios del petróleo en los mercados internacionales.


Por otro lado, el crecimiento experimentado por el régimen especial en los últimos años, especialmente el eólico, ha puesto de manifiesto la necesidad de regular ciertos aspectos técnicos y administrativos para contribuir a su crecimiento, salvaguardando la seguridad en el suministro eléctrico y garantizando su calidad de suministro, así como para minimizar las restricciones a la producción de dicha generación. Con objeto de avanzar en la penetración eólica en nuestro país, vamos a iniciar en el año 2007 un estudio del potencial eólico evacuable a la red, cuyos resultados se tendrán en cuenta en la planificación futura de las infraestructuras eléctricas para el periodo 2007-2016.


Señorías, el Gobierno también está trabajando en la tramitación del real decreto que regulará el procedimiento de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, en particular las instalaciones eólicas marinas. La regulación normativa que se establece pretende recoger toda la normativa nacional que resulta de aplicación y la integra en un solo procedimiento administrativo, con la finalidad de orientar a la iniciativa privada sobre el tratamiento administrativo al que deberán someterse los expedientes de autorización de instalaciones de generación de electricidad marítima. Esto permite a la Administración participar en la implementación de estas instalaciones, permite salvaguardar los espacios físicos donde éstas vayan a instalarse frente a posibles impactos medioambientales y, cómo no, racionalizar el procedimiento administrativo de aplicación. Resulta especialmente necesaria esta norma en el caso de las instalaciones de generación eólica, que por sus dimensiones, su inversión necesaria, sus características propias y el gran interés recientemente suscitado, requieren, por tanto, un procedimiento que las regule de forma particular. En el territorio nacional existen multitud de instalaciones de generación eléctrica en tierra, siendo la normativa que les sirve de aplicación en cada caso esencialmente autonómica. Pero la novedad que aquí se nos presenta viene dada por el emplazamiento de las instalaciones de generación en el mar, por la ausencia de experiencia previa en dicho medio y por ser la competencia para su tramitación estatal. En particular, para el caso de las tecnologías eólicas el establecimiento de esas instalaciones en el mar requiere previamente de la realización de estudios, ensayos y análisis, que por la envergadura de los proyectos y por la inexistencia de experiencias anteriores deben necesariamente abarcar un extenso período de tiempo. Para ello, se establece un procedimiento similar al establecido en las legislaciones de hidrocarburos y de minas, en las que se reserva un periodo con un permiso de investigación que posteriormente da lugar a la concesión de explotación. Además, las características de la plataforma continental española hacen que existan zonas susceptibles de una mayor concentración de parques eólicos y, por tanto, que sus promotores entren en competencia. Por ello se establece un procedimiento en concurrencia, de tal manera que sea aquel promotor que presente un mejor proyecto el que obtenga la autorización precisa, que le permita concluir la construcción y explotación de dichos parques eólicos marinos.


En cuanto a las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas, se mantienen las que están recogidas en el Real Decreto 436/2004, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 661/2007. Estas competencias son las siguientes: En primer lugar, la autorización administrativa para la construcción, explotación y modificación sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones de producción en régimen especial. En segundo lugar, el reconocimiento de la condición de instalación de producción acogida a dicho régimen, salvo cuando la comunidad autónoma donde esté ubicada la instalación no cuente con las competencias en la materia; cuando las instalaciones estén ubicadas en más de una comunidad autónoma...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, termine, por favor.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muy bien. Muchas gracias.


Por tanto, partiendo de todos estos principios quiero decirle como conclusión que no es pretensión del Gobierno en ningún caso entrometerse en las legítimas competencias de las comunidades autónomas. No tenemos pretensión alguna de disminuir la capacidad normativa de la

Página 7864


Comunidad Autónoma de Galicia. Coincidimos con la voluntad de incrementar la capacidad de generación de energías renovables instalada hoy en Galicia. Estoy convencido de que incluso las instalaciones que se vayan a poner en la plataforma marítima serán reiteradamente consultadas con la comunidades autónomas, y evidentemente se tendrán en cuenta todos los informes sobre impacto ambiental que se deriven de las aportaciones de la comunidad autónoma. Estaremos especialmente atentos a las opiniones, indicaciones y voluntades de cada una de las comunidades autónomas. Lo que pretendemos desde el Gobierno es mantener una coherencia de la red que permita gestionar lo mejor posible el máximo de energías renovables a instalar. No tenemos ninguna objeción a que se hagan empresas mixtas o de la naturaleza que se considere oportuno. Sí nos interesa -esto es bien cierto- tener un marco regulatorio general que nos permita, como le decía, conseguir el máximo de instalaciones de energías renovables. Le ofrezco dialogar con el Ministerio de Industria para que, junto con la Comunidad Autónoma de Galicia, exploremos todos estos extremos que se abren con las nuevas regulaciones y también con la voluntad del Gobierno de abrir ese nuevo capítulo de las instalaciones eólicas en la plataforma continental.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor ministro. Empiezo por agradecerle esa disposición de diálogo que ha manifestado, entiendo que no solo con el Bloque Nacionalista Galego, al que represento en esta Cámara, sino también al diálogo con el Gobierno gallego, que es muy crítico con algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno central porque entienden que obstaculizan claramente el desarrollo de las políticas en materia energética que el Gobierno gallego estaba implementando. Por tanto, en ejercicio de ese diálogo haremos todos los esfuerzos necesarios para buscar los puntos de aproximación. Nada más lejos de la voluntad del BNG que buscar elementos gratuitos de confrontación y de conflictos con el Gobierno central, pero aun así sigue habiendo aspectos que nos preocupan y que su intervención no ha contribuido a disipar.


Permítame que le diga, en primer lugar, que observo una contradicción en algunos de los elementos argumentales que ha utilizado en su intervención. Por un lado ha justificado muchas medidas para favorecer el desarrollo de las energías renovables, en particular de la energía eólica y de las tecnologías asociadas a la misma y necesarias para este desarrollo, cuando al mismo tiempo -éste era uno de los objetos fundamentales de nuestra interpelación- el Gobierno sigue sin dar satisfacción a la demanda de Galicia de poder incrementar a 6.500 megavatios su cuota de producción en materia de energía eólica. La última propuesta del Gobierno sigue siendo de 3.800 megavatios y, como ya he dicho, estos 3.800 megavatios se verían superados simplemente por los parques eólicos que actualmente están en construcción o en tramitación para su construcción en Galicia. Y también he señalado en mi intervención el impacto tan enormemente negativo que este recorte a las expectativas de incremento de la producción tendría en una industria emergente como es en Galicia la de los aerogeneradores y sus componentes, y, por tanto, sobre el desarrollo de las tecnologías asociadas a las energías renovables.


Tenga usted en cuenta que Galicia fundamenta esta expectativa de poder incrementar sus cuotas de producción hasta los 6.500 megavatios en hechos objetivos. ¿Y a qué me refiero cuando digo hechos objetivos? Me refiero a que Galicia tiene montes y viento. Y hay muy pocos países en el mundo donde la energía eólica sea tan rentable como en Galicia, porque muy pocos tienen la fuerza de viento tantas horas y días como Galicia para obtener la máxima rentabilidad a los parques eólicos. Por lo tanto, es una aspiración fundamentada en que tenemos ventajas comparativas objetivas para desarrollar al máximo esta industria.


En segundo lugar, observamos una contradicción en que, mientras que a efectos prácticos se pone cortapisas al desarrollo de la energía eólica terrestre, se apuesta por una energía eólica marítima, lo que supondría un recorte a esa cuota de producción que tiene asignada Galicia, puesto que repercutiría en un descenso a efectos prácticos de la cuota de producción de energía eólica terrestre en lo que afecta a instalaciones de régimen especial.


Por tanto, observamos contradicciones en su intervención y usted sabe bien, señor ministro, que, formalmente, muchas veces se puede respetar las competencias autonómicas y, en la práctica, impulsar políticas a nivel estatal que las vacían de contenido en lo que es fundamental, porque las competencias autonómicas para nosotros no son importantes en el objetivo de que se descentralice la gestión administrativa, sino para que, en el ejercicio de las mismas, podamos diseñar políticas propias que realmente se ajusten a los intereses y necesidades de nuestro pueblo, en este caso del pueblo gallego.


Por tanto, un respeto formal de las competencias autonómicas, cuando en la práctica las medidas que ustedes están adoptando incentivan primas a los parques eólicos de más de 50 megavatios, que son de competencia estatal, e incentivan el desarrollo de parques eólicos marítimos, que son de competencia estatal, está impidiendo que Galicia pueda desarrollar una política propia en su beneficio, para corregir una injusticia histórica: ese expolio energético, ese expolio de recursos que históricamente ha sufrido nuestro país, Galicia, puesto que ha tenido que soportar los costes sociales y medioambientales de ese tipo de instalaciones, mientras que los beneficios siempre se han expatriado. Y tenemos la aspiración legítima de modificar esa situación, porque es de justicia y Galicia lo necesita para favorecer su desarrollo endógeno.


Concluyo analizando si tenemos elementos reales para que ese diálogo sea posible a efectos de ponernos de

Página 7865


acuerdo en el terreno práctico. Le emplazo a que me responda con claridad a las siguientes preguntas: ¿Piensa el Gobierno negociar con las comunidades autónomas la cantidad de potencia eólica hasta 2012 fijada en el Plan de Energías Renovables para dar satisfacción, en la medida de lo posible, a sus legítimas demandas? ¿Piensa el Gobierno tramitar en forma de proyecto de ley los aspectos de la normativa básica que afecten a la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas? ¿Piensa el Gobierno supeditar la instalación de los parques eólicos marítimos, no simplemente consular con las comunidades autónomas sino supeditar la instalación de los parques eólicos marítimos a los planes de ordenación y usos del litoral existentes en las comunidades autónomas, así como a solicitar un informe preceptivo vinculante del Gobierno autonómico correspondiente? ¿Piensa el Gobierno supeditar la instalación de parques eólicos de potencia superior a 50 megavatios a la previa solicitud de un informe preceptivo vinculante al Gobierno autonómico correspondiente? Si me contesta afirmativamente a estas preguntas sacaremos la conclusión de que realmente esa oferta de diálogo es real y va a dar resultados positivos tanto para Galicia como para el Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias.


Creo que puedo responderle positivamente de forma parcial a alguna de sus preguntas, no a todas, porque me parece que todas ellas son un tanto ambiciosas.


En primer lugar, la negociación de la potencia instalada. El problema de la negociación de la potencia instalada es que es una negociación colectiva en la que están todas las comunidades autónomas, no es algo que podamos acordar bilateralmente una a una. En estos momentos hemos llegado a la conclusión de que autorizamos hasta 20.000 megavatios y si de 20.000 megavatios 6.000 se los queda solo Galicia, parece que la cosa es un poco desproporcionada. Por lo tanto, tenemos que encontrar unas proporciones que sean equitativas en relación con las posibilidades que hay de gestión para la red de la instalación eólica.


Dicho lo cual, estoy con usted en la medida en que si sus parques eólicos tienen mejor eficiencia porque el régimen de vientos es más favorable, esto sin duda tiene que tener -y lo tendrá- un reconocimiento especial.
Como ya lo tiene en el caso de la sustitución de los molinos antiguos por molinos nuevos, que es uno de los supuestos que estoy seguro que se puede aprovechar más en Galicia, donde sí que autorizamos 2.000 megavatios más en el caso del cambio de aerogeneradores en instalaciones ya existentes por el hecho de que los nuevos aerogeneradores permiten una gestión mejor de esta electricidad. Por tanto, de entrada, aquí ya le digo que sí, que hay 2.000 megavatios que están flotando, que no tienen asignación geográfica y que dependen de la sustitución de aerogeneradores antiguos por aerogeneradores nuevos, y si esto se hace en parques eólicos donde las horas de viento superan las 2.000-2.500-2.700, mejor que mejor. En definitiva, este es un primer motivo por el cual se pueden acoger a estos iniciales incrementos de 2.000 megavatios más.


Estamos dispuestos para en el próximo plan de energía eólica renegociar las cantidades, ya veremos las cifras, pero ya le he dicho que a partir de este año estamos trabajando para el nuevo plan. Si ahora tenemos 20.000 megavatios es previsible que en el próximo plan nos pongamos un objetivo mucho más ambicioso. Para que este plan se pueda aumentar tenemos que acordar también cuál es el régimen de retribución, y espero que en esto esté de acuerdo conmigo. Ahora producir un kilovatio de electricidad normal nos cuesta cinco céntimos; si este kilovatio lo producimos con energía eólica nos viene a costar nueve céntimos, es decir, que a los usuarios cuando consumimos un kilovatio eólico nos cuesta un poco más, tenemos que pagar un poquito más en la tarifa.


Por lo tanto, lo que tampoco podemos hacer -y supongo que estará de acuerdo conmigo- es ampliar de una forma generalizada la capacidad eólica sin tener en cuenta que esto tiene una repercusión en la tarifa, porque en nuestro país nos hemos comprometido -y éste es un régimen especial de España- a que el sistema compra toda la energía eólica que se produce, ya sea por tarifa o por mercado. Tenemos un compromiso con todos los eólicos: les compramos toda la energía eléctrica que producen aunque esta energía eléctrica sea un poco más cara, bastante más cara que la normal, la que se produce por otros métodos, y sabemos que con este compromiso estamos pidiendo a los usuarios que hagan un esfuerzo de pagar un poco más la electricidad. Luego usted estará conmigo en que no podemos ampliar esto de una forma descontrolada, porque estaríamos amenazando la evolución de la tarifa futura de una forma que sería poco razonable. En definitiva, debemos acordar conjuntamente todas las comunidades autónomas y el Gobierno cuánta cantidad de energía eólica estamos dispuestos a pagar.


Evidentemente, y estoy con usted totalmente en esto e insisto en ello: ¿Qué nos interesa? Parques eólicos con el máximo de horas posibles de generación, porque esto es más rentable y es más fácil de gestionar en la red. Por lo tanto, las instalaciones con mayor tiempo de duración tendrán ventaja y obtendrán una recompensa en los futuros planes.


En cuanto a la cuestión de establecer el límite por encima o por debajo de los 50 megavatios, quiero decirle que estamos dispuestos a reconsiderar el límite y a establecer las suficientes garantías para que, en el diálogo que se establezca entre la Administración central y la autonómica, todos nos sintamos confortables y de acuerdo con la concesión de más licencias y mayores instalaciones. Sin embargo, todos debemos ser conscientes de que tenemos que regular la capacidad total si queremos mantener el compromiso de comprar toda la electricidad que se produce.


Página 7866


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): En otros países europeos, como Inglaterra o Italia, que trabajan de otra manera -de lo cual también estaríamos dispuestos a hablar, aunque yo no soy partidario de ello-, el Gobierno no se compromete a comprar toda la electricidad producida por la eólica. Por lo tanto,...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Termino ya. La regulación de instalaciones en esos casos es más laxa. Sin embargo, si mantenemos nuestro compromiso de comprar toda la energía eólica que se produce, usted comprenderá que seamos bastante rigurosos a la hora de asignar los parques para no provocar un despegue de la tarifa que no podamos controlar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE BIOCARBURANTES (S. 670/000165).


El señor PRESIDENTE: Interpelación de la senadora Elices Marcos, del Grupo Parlamentario de la Entesa, sobre la política del Gobierno en materia de biocarburantes.


Tiene la palabra su señoría.


La señora ELICES MARCOS: Gracias, señor presidente.


En la zona que yo resido, Tarragona, los parlamentarios tenemos la sana costumbre de ir a visitar empresas. En una de esas visitas fuimos a ver una empresa, situada en la zona de Reus, que se dedica a la fabricación de biodiesel. Esta visita nos sirvió para familiarizarnos con el sector, saber de sus intereses y sus preocupaciones, de sus reivindicaciones y sus agradecimientos; aunque la anécdota que hoy les quiero explicar es bien distinta.


Éramos ocho los compañeros que habíamos acudido a aquella vista y, cuando salimos de la fábrica, todos llevábamos en la mano una botellita de biodiesel, que muy amablemente nos habían ofrecido a lo largo de la visita. Fue muy curioso observar cómo nos mirábamos todos unos a otros preguntándonos quién sería capaz de mezclar el biodiesel con el gasoil de su coche. Señorías, solamente dos de las ocho personas que allí estábamos se atrevieron a poner el biodiesel dentro del coche y mezclarlo con el gasoil. ¿Miedo, desinformación? Seguramente las dos cosas.


Buenos días, señor ministro, señorías, permítanme también dar la bienvenida a esta sede parlamentaria a los representantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables, así como a otros directivos de las empresas del sector.


Señor ministro, mi grupo, la Entesa Catalana de Progrés, tiene hoy el honor de poder formularle esta interpelación para poder conocer más de cerca las medidas que desde su ministerio se están llevando a cabo en todo lo relacionado con los biocarburantes. El biodiesel y el etanol son los dos biocombustibles que se obtienen de cultivos como el maíz, la remolacha, el trigo o de aceites usados y se pueden mezclar con los combustibles convencionales sin que esto afecte a los motores. Para los que no estén duchos en el tema: el biodiesel se puede mezclar con el gasoil y el bioetanol con la gasolina.


Hoy en día podemos decir que existe una realidad incuestionable: los carburantes ecológicos no despegan en España, si bien es cierto que desde el Gobierno se ha impulsado constantemente este sector. Hace ya dos años, desde el 2005, se les retiró el Impuesto de hidrocarburos, una medida tan demandada por este sector. Todos recordamos cómo empezaron entonces la inversiones en fábricas de producción y cómo los agricultores empezaron a pensar que tenían una solución a la vista para sus cosechas. Sin embargo, ahora, en junio de 2007, la realidad es bien distinta y aquel optimismo de hace dos años no existe. Las cifras hablan por sí solas. Solamente un 0,53 por ciento de los carburantes que se vendieron en España en 2006 procedían de combustibles ecológicos. Sin embargo, la producción de combustibles ecológicos es mucho más elevada en nuestro país, y es necesario venderlo fuera de nuestras fronteras.


No podemos obviar que hasta la fecha las grandes petroleras que controlan la distribución del carburante en el país no han apostado por el verde.
Un dato incuestionable es que solamente 128 de las 8.500 gasolineras que existen en España ofrecen a sus usuarios biocarburantes.


Y así las cosas, señor ministro, desde mi grupo, la Entesa Catalana de Progrés, se introdujo una enmienda en la Ley de Hidrocarburos, aprobada ya definitivamente, enmienda que fue apoyada por todos los grupos de la Cámara y que significará, sin duda alguna, un gran impulso a los biocarburantes. Pocas medidas harán tanto y tan de golpe para fomentar las energías renovables. Porque, si bien es verdad que el panorama de los biodiéseles está complicado en estos momentos, no es menos cierto que el sector tiene confianza y que los empresarios siguen apostando, esperando que este Gobierno regule el sector para que la producción pueda ser consumida en España. ¿Por qué digo esto, por qué digo que los empresarios siguen apostando por este sector? Porque hay datos que lo confirman. Las 23 nuevas plantas de biocarburantes que están en diferentes procesos de construcción y que entrarán en funcionamiento de aquí a 2009, con una producción de 2,2 millones de toneladas, representan casi diez veces más que la cantidad actual de producción. Y tampoco podemos olvidar que hay 29 proyectos más de factorías que el Ministerio de Industria tiene sobre su mesa. En un plazo máximo de cinco años la producción de combustibles ecológicos podría duplicarse de nuevo, y esta vez

Página 7867


hasta los 4,7 millones de toneladas. Así pues, los inversores siguen apostando por el biodiésel y por el bioetanol. Nosotros, pues, no vamos a ser menos.


Como decía antes, la ya aprobada Ley de Hidrocarburos recoge objetivos anuales para la venta en España de biocarburantes destinados al transporte. En 2008 ya será del 1,9 por ciento en el total del consumo de carburantes. Las cifras van creciendo año tras año hasta llegar a 2010, cuando un porcentaje del 5,83 de la energía del transporte procederá del biocarburante.


Ahora, una vez que la obligatoriedad existe por ley, cabe esperar cómo será la norma. Señor ministro, usted, como todos los que hoy en día están interesados en este sector, sabe la gran expectación que hay en torno a la orden ministerial que desarrolle la ley, ya que aún hoy hay muchas incógnitas por resolver. Se mira con lupa la letra pequeña de todo lo relacionado en este sector, con el desarrollo de la norma. ¿Nos va a poder adelantar hoy, en sede parlamentaria, señor ministro, alguno de los puntos trascendentales de esta orden ministerial? ¿Las petroleras podrán comprar derechos de uso? ¿Quién y dónde realizará las mezclas? ¿La orden ministerial va a diferenciar en los porcentajes de biodiésel y etanol? ¿La obligatoriedad del porcentaje será para los biocombustibles biodiésel y etanol, o los cómputos serán conjuntos?

Antes de seguir, definamos este sector en cifras. ¿De qué volumen de negocio estamos hablando? En España el biocarburante generó un negocio de 320 millones de euros, gracias a una producción de 445.000 toneladas, de las que 321.000 fueron de bioetanol y 125.000 de biodiésel. De estas 445.000 toneladas solamente hubo demanda interna, solamente se pudieron vender en España unas 240.000, con lo cual prácticamente la mitad de la producción se dedicó a la exportación. Seguramente, los fabricantes no pensaron en exportar la producción, teniendo en cuenta la apuesta del Gobierno por la energía renovable, pero a lo largo de estos dos años, por la baja demanda interna, no les ha quedado otra salida que la exportación.


Sabemos que en este momento hay fábricas paradas porque no les es rentable producir aquí para vender fuera; y sabemos que es un sector nuevo que, como tal, se tiene que adaptar a los nuevos retos pero, como parlamentarios, hay varias cuestiones más que nos interesan y que consideramos fundamentales: en primer lugar, el incremento del autoabastecimiento energético con el fin de que no tengamos que depender de fuera en la misma medida que hasta ahora. España no produce petróleo y, a estas alturas, estoy segura de que ya no lo vamos a encontrar y, por lo tanto, hay que fomentar el autoabastecimiento a través de las energías renovables. En segundo lugar, es necesario garantizar que los agricultores encuentren en la producción de biocarburantes un método para que sus cosechas tengan la seguridad de la venta y la rentabilidad que necesita el campo para seguir produciendo beneficios a sus propietarios.
En tercer lugar, hay que fomentar el establecimiento de las fábricas de producción de biocarburantes en territorios fundamentalmente agrícolas y con necesidad de industrialización, como es el caso de algunas de las producciones que se están instalando actualmente. En cuarto lugar, debemos conseguir que este sector sea rentable, para que los capitales apuesten por él y el círculo se pueda cerrar. Y, en quinto lugar, es necesario que nuestro aire sea cada día mejor. No debemos menospreciar el porcentaje de reducción de emisiones por la utilización de biocarburantes.


Como decía antes, señor ministro, este sector es suficientemente nuevo como para vivir en un continuo sobresalto. Sabemos que recientemente ha saltado otra alarma y esta vez muy potente: la entrada en España de biodiésel procedente de Estados Unidos, una grave situación que amenaza realmente la propia supervivencia de la industria española de este sector, y no por el hecho de que llegue biodiésel de fuera, sino porque se considera como una competencia desleal, puesto que el biodiésel procedente de Estados Unidos ya llega con el beneficio fiscal de su país, que sumado al beneficio fiscal de España, hace que el precio de venta de ese biodiésel sea inferior al precio de producción en nuestro país. En este sentido, se ha constatado que alguno de los operadores que controlan la distribución de carburantes en España ya están comprando biodiésel en Estados Unidos, y hay que tener en cuenta que éste es un sector amenazado continuamente por los avatares del mercado porque o bien no logran vender la producción dentro de nuestro país o bien ahora llega desde Estados Unidos, a un precio subvencionado, el mismo producto que ellos están haciendo en España.


Por tanto, no es de extrañar que confíen en el Gobierno para que al igual que actúa en otros sectores -el calzado o la agricultura-, pueda controlar la entrada externa de estos productos y adopte las medidas necesarias para que la competencia que se ejerza sobre nuestros productores sea leal.


Para terminar, señor ministro, a mi grupo parlamentario le gustaría pensar que, a partir del próximo año, cuando los conductores llenen su depósito, en la gasolina o el gasoil que pongan haya un porcentaje de biocarburante; que la población española se empiece a concienciar de que los biocarburantes son buenos para los coches y que no se van a estropear los motores por echar combustibles procedentes de energías renovables; sobre todo, que desaparezca ese miedo y ese desconocimiento que hace poco más de un año teníamos también los compañeros parlamentarios que visitamos aquella empresa que le relataba al principio; que las flotas de autobuses urbanos, como ya ocurre en algunas ciudades de España -muy pocas-, empiecen a consumir combustibles biológicos; y, poco a poco, que la cultura de las energías renovables vaya calando en la población.


Señor ministro, esto es lo que hoy por hoy consideramos fundamental a la hora de contribuir a la consecución de los objetivos marcados por todos los presentes: el Gobierno, el sector y la sociedad.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


Página 7868


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, aumentar la participación de los biocarburantes en el consumo energético del transporte es un objetivo de primer orden en la política energética en nuestro país y en la mayoría de los países desarrollados.
Esto se debe, básicamente, a tres factores: en primer lugar, que la actividad del transporte público o privado es responsable, como mínimo, del 40 por ciento del consumo final de la energía en España; en segundo lugar, que esta actividad muestra una tendencia de aumento en su consumo energético mayor que la de otros sectores económicos, con lo que su peso relativo -si no se cambian las cosas-, incluso puede aumentar; y, en tercer lugar, que la práctica totalidad del consumo de energía en el transporte se debe a la utilización de combustibles fósiles y las tecnologías que utilizan estos combustibles son aún hoy dominantes.


Como consecuencia de esta situación y si no conseguimos los objetivos de biocarburantes para el futuro próximo, la dependencia energética de España aumentará y veremos las consecuencias negativas en nuestra balanza de pagos y en la contaminación atmosférica.


Por todo ello, el fomento de los biocarburantes en España resulta capital.
España, como muy bien ha dicho usted, no dispone de esas reservas de petróleo ni de gas pero, en cambio, posee un potencial muy significativo de producción de biocarburantes. Aunque la producción autóctona no fuese suficiente frente a la demanda del consumo en transporte, los países que pueden ser suministradores de biocarburantes o de materias primas para su producción son distintos a los exportadores de petróleo, con lo que al menos se diversifica la cesta de suministradores externos.


Por otra parte, el fomento de los biocarburantes es la estrategia más efectiva de que se dispone actualmente para la reducción de los gases de efecto invernadero en el transporte, junto con el fomento del transporte de mercancías por ferrocarril. Además, colateralmente los biocarburantes pueden ofrecer una alternativa a la actividad en el campo, y en un momento de reducción de las ayudas agrícolas a nuestro país conviene buscar otras vías que sostengan al máximo la actividad en el ámbito rural.


Por todo ello, el Gobierno está comprometido con el fomento de los biocarburantes en España y vamos a desarrollar seis ejes estratégicos.
Promover la mayor participación posible de las materias primas autóctonas en la fabricación de biocarburantes es la primera estrategia. Involucrar al sector agrícola español en la expansión de los biocarburantes es un aspecto vital para el futuro de este sector. De este modo se aúna nuestra tarea por la seguridad e independencia energética con el impulso de un nuevo tipo de actividad en el campo en un momento en que existe incertidumbre sobre el futuro de algunos de los cultivos tradicionales de nuestra agricultura por el cambio normativo europeo.


En este contexto, la constitución de la Mesa sobre biocarburantes el pasado mes de octubre ha aportado cierta estabilidad. Gracias a esta mesa, agricultores y productores de biocarburantes comparten inquietudes con el objetivo de conseguir que la mayor parte posible del abastecimiento de las plantas españolas se realice desde nuestro campo.
Uno de los resultados más sobresalientes de la actividad de la Mesa fue la aprobación, el pasado mes de febrero, de varios contratos tipo que regulasen la venta de semillas de girasol y colza para la producción de biodiésel.


Señorías, estamos siendo muy activos en el apoyo a la implicación del sector agrícola en el desarrollo del de los biocarburantes. Así, el IDAE participa en la actualidad en dos sociedades promotoras de plantas de producción de biodiésel en las que las cooperativas agrarias tienen un papel muy relevante, bien de liderazgo, como en el caso de Arento en Zaragoza, bien como pieza clave, como en el caso de Esla Campos en León.


Por último, en lo que se refiere al futuro del sector agroenergético nacional, existen varios aspectos sobre los que se trabaja ya y se espera obtener resultados en un plazo razonable, como en la selección de variedades y especies adecuadas a las condiciones españoles que, a ser posible, no compitan en el mercado alimentario.


El segundo eje de los seis a los que he hecho alusión tiene que ver con la creación de un marco estable que permita a los productores nacionales abastecerse en el exterior de materias primas producidas de forma sostenible. Las necesidades de materias primas del sector productor de biocarburantes ya superan la capacidad de abastecimiento de la agricultura nacional. En el futuro esta situación previsiblemente puede aumentar, con lo que es importante contar con una estructura de acuerdos internacionales sólidos que permita a los productores acudir a abastecerse con garantías de calidad y plazo en los principales mercados de materias primas, y que asegure, evidentemente, sostenibilidad de los métodos de cultivo empleados en estos países de origen.


El tercer eje es la promoción de instalaciones de planta de producción de biocarburantes en nuestro país. Desde los comienzos del sector las distintas administraciones han apoyado la instalación de plantas de producción. Sin embargo, la forma en que se ha concretado este apoyo ha ido evolucionando con el tiempo, desde los programas basados en subvenciones a la inversión, como el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, hasta los que se basaron en las ayudas a la financiación de los proyectos. En la actualidad estos apoyos se centran en la existencia de un tipo cero de impuesto especial para los hidrocarburos, así como en la posibilidad de que estos proyectos se beneficien del programa de incentivos regionales. De hecho, las solicitudes de ayuda para la instalación de plantas de producción de biocarburantes dentro de este programa constituyen una parte importante del total de las realizadas.


La situación actual del sector es en buena medida resultado de las políticas de promoción realizadas que han llevado a que a finales del año 2007 existan en España 22 instalaciones de producción de carburantes con una capacidad de producción total equivalente a 860.000 toneladas

Página 7869


de petróleo. De estas 22 plantas, cuatro son de bioetanol, sector en el que nuestro país fue el segundo productor europeo el año pasado, mientras que las 18 restantes, son de biodiésel, mercado en el que la capacidad de producción de la industria española ocupa el quinto lugar dentro de la Unión Europea.


El cuarto eje es la creación de un marco favorable a la introducción de los biocarburantes en el mercado. La creación de un mercado para biocarburantes requiere de un importante esfuerzo normativo que permita el encaje de aquellos en el mercado de los carburantes.


Nuestro país dispone en la actualidad de un marco regulatorio claro para el desarrollo de los biocarburantes, que desde el punto de vista fiscal se benefician -como le decía- de un tipo cero del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta finales del año 2012.


Desde el punto de vista de las especificaciones de calidad, se cuenta con lo dispuesto en el Real Decreto específico 61/2006. En este sentido conviene destacar que si bien es cierto que las líneas maestras de este marco se encuentran definidas en la legislación europea, también lo es que nuestro país ha exprimido al máximo las posibilidades de esta normativa europea para conseguir el mayor desarrollo del sector en nuestro país.


En cualquier caso, todos los esfuerzos por desarrollar este mercado podrían ser baldíos si no existiese una demanda del producto que les diese sentido. Es precisamente en el fomento de la demanda de biocarburantes donde el Gobierno está desarrollando en la actualidad una de las medidas que se pretende más transcendental para el definitivo despegue del sector en nuestro país y que nos habrá de conducir a los niveles de consumo que en su día marcó como objetivo el Plan de Energías Renovables 2005-2010: la obligación de uso de los biocarburantes.


En este punto quiero agradecer a todos los grupos de la Cámara el trabajo realizado para la aprobación de la Ley del sector de hidrocarburos que ya incluye esta obligación y que será próximamente estructurada a través de una orden ministerial. El objetivo que nos hemos marcado en esta ley es que en 2010 el 5,83 por ciento del consumo de carburantes para el transporte corresponda a biocarburantes.


El quinto eje es para asegurar la calidad del producto. Uno de los pilares fundamentales para conseguir la consolidación del mercado de biocarburantes será que los usuarios tengan confianza en la calidad del producto.


En relación con este proyecto, se está desarrollando con el sector un estudio para contrastar la calidad del biodiésel que se comercializa en el mercado nacional. En cuanto a la deseable evolución de los estándares de calidad que permitirá el progreso del sector, cabe destacar que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el IDAE , la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente están profundamente involucrados en el proceso que se está desarrollando en las instituciones comunitarias para reformar la directiva de calidad de carburantes, proceso con el que se pretende conseguir, entre otros objetivos, un aumento de la proporción de los biocarburantes en el consumo del sector europeo del transporte. España tiene una postura activa para conseguir que las normas de calidad de los carburantes no sean instrumentos que se utilicen torcidamente para no desarrollar adecuadamente el mercado de biocarburantes.


Por último, el sexto eje lo constituye el impulso de la investigación y desarrollo en tecnologías de producción de biocarburantes, para la utilización de nuevas materias primas no alimentarias. Desde el punto de vista tecnológico, se puede afirmar que el sector se encuentra maduro y tiene tecnología suficiente. Sin embargo, lo relevante es que queremos que se desarrollen nuevas tecnologías para que se pueda utilizar cada vez más biomasa que no compita con los productos alimentarios, para evitar que el uso de las energías en forma de biocarburantes produzca un efecto colateral indeseado: el incremento del precio de los alimentos. En este sentido, se han aprobado dos proyectos CENIT: uno, de 28.200.000 euros, de los cuales 13 millones los subvenciona el sector público, para el estudio de nuevos biocarburantes para el etanol, y otro de 22 millones de euros, de los cuales 10 millones provienen del sector público, para el biodiésel.


Sabemos, señorías, que hay amenazas competitivas en el mercado y que puede haber conductas asimilables al dumping que favorezcan el movimiento irregular de material biocombustible en los mercados internacionales. No les quepa duda de que el Gobierno estará atento, y dentro de él mi ministerio, y en contacto permanente con la Unión Europea, para evitar que se produzcan irregularidades en el comercio de biocarburantes en los mercados internacionales. Por ejemplo, podría darse el caso de que se concedieran subvenciones cruzadas que favorecieran a sectores agrícolas de países que ya estén subvencionados por otros mecanismos de apoyo.


Todo ello favorecerá, en primer lugar, que se consuma más biocarburantes en nuestro país dentro del mix energético...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): ... y que este mayor consumo de biocarburantes se base, en la medida de nuestras posibilidades, en la agricultura nacional y, si puede ser, con materias de biomasa que no compitan con el sector alimentario. En cualquier caso, habrá que estar atentos para evitar prácticas comerciales que puedan ser perjudiciales para nuestros productores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Elices.


La señora ELICES MARCOS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, consideramos fundamental el elevado grado de concienciación del Gobierno en cuanto a energías renovables, y en concreto en cuanto a biocarburantes, que nos ocupan hoy. Estoy segura de que la sociedad, los agri-

Página 7870


cultores y el sector de fabricantes de biocarburantes se lo agradecerán.


Una garantía de este compromiso es la constitución, de la Mesa de los biocarburantes, de la que nos ha hablado. Le agradecemos también los datos que nos ha facilitado sobre la entrada del IDAE, la empresa del ministerio, en sociedades del sector, así como las ayudas que las administraciones autonómicas y estatal dan a las plantas de producción.


No nos ha explicado mucho de la orden ministerial, por lo que tendremos que esperar con paciencia al próximo mes, cuando finalmente salga publicada.


Nos alegramos del apunte que nos ha dado sobre la investigación, algo muy importante porque, si es verdad que hoy en día hay alguna voz en contra de los biocarburantes, es precisamente esta, la de que se están utilizando materias comestibles para realizar biocarburantes.
Consideramos fundamental que se esté investigando en este proceso y que se busquen materias que no sean comestibles para la utilización de estos biocarburantes.


Gracias señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Gracias, señor presidente.


No se preocupe, señoría, la orden ministerial estará dentro de un mes. Por tanto, es una petición de paciencia, pero esta paciencia tiene un plazo y además un plazo corto, ya lo verá. Estamos convencidos de que desarrollaremos una normativa que nos permitirá acelerar y adelantarnos al máximo a la hora de la comercialización equitativa entre todos los operadores del mercado. Queremos que todo el sector, grandes y pequeños, pueda participar en esta nueva actividad, y desarrollaremos la orden ministerial de la mejor forma posible para conseguir este objetivo. En cualquier caso, nuestra prioridad absoluta es conseguir cumplir el objetivo del 5,83 por ciento en el año 2010.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


-- DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS 13/1985, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL MILITAR Y 8/1998, DE 2 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DEL REAL DECRETO-LEY 8/2004, DE 5 DE NOVIEMBRE, SOBRE INDEMNIZACIONES A LOS PARTICIPANTES EN OPERACIONES INTERNACIONALES DE PAZ Y SEGURIDAD (S. 621/000098) (C.D. 121/000065).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de interpelaciones, por acuerdo de la Junta de Portavoces, pasamos a debatir el proyecto de ley de la Comisión de Defensa, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Blanco.


El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Este proyecto de ley orgánica modifica tres leyes: la del Código Penal militar, la del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y un Real Decreto Ley sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y de seguridad.


El proyecto de ley tuvo entrada en la Cámara el día 3 de mayo y fue remitido a la Mesa de la Comisión. Ya vino del Congreso de los Diputados con un alto grado de acuerdo. Se presentaron tres enmiendas, lo que indica el alto grado de acuerdo también en el Senado: la número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La ponencia nombrada a tal efecto para estudiar las enmiendas estaba integrada por: don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Hilario Caballero Moya, del Grupo Parlamentario Socialista; don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Agustín Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular; don Alejandro Muñoz-Alonso, también del Grupo Parlamentario Popular y doña Isabel Rodriguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.


La ponencia se reunió el 18 de junio del presente año y acordó rechazar dichas enmiendas. La comisión se reunió ese mismo día 18 de junio para dictaminar el proyecto, manteniendo el texto del informe de la ponencia, quedando vivas las tres enmiendas que he citado.


Durante la tramitación del proyecto se ha observado un error en el texto remitido por el Congreso de los Diputados que afecta al último párrafo de la exposición de motivos y, por unanimidad, con acuerdo expreso de todos los portavoces, se procedió a la corrección de dicho error.


Sin nada más que comunicarles, queda presentado el proyecto de ley.


Gracias, señor presidente, y gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, pasamos al debate de las enmiendas.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.


Página 7871


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, voy a intervenir solamente una vez, por tanto, aprovecho el turno de defensa de enmiendas para manifestar también la posición de mi grupo parlamentario, ya que hemos presentado una única enmienda, que paso inmediatamente a defender.


Señor presidente, señoras y señores senadores, como ha explicado el presidente de la comisión, estamos debatiendo un proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, la Ley Orgánica 8/1998, y de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Dicho de forma más entendible: pretendemos adaptar el código de disciplina militar a algunos problemas nuevos que van surgiendo, como, por ejemplo, el incumplimiento por parte de algún comandante de las Fuerzas Aéreas de las normas e instrucciones de vuelo que pudiese poner en peligro la vida o seguridad de las personas o que pudiera provocar alarma social; básicamente, me estoy refiriendo a los vuelos rasantes por encima de las ciudades. Y por otra parte, ya sin tratamiento de ley orgánica, se trata de regular de forma más clara las indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad y resolver así un problema nuevo que surge como consecuencia de una mayor presencia de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior.


Mi grupo parlamentario ha mantenido a lo largo de muchos años la idea de que el papel del Ejército debe ser el propio de un Estado moderno: ha de estar preparado, ser eficaz y, sobre todo, estar al servicio de la Constitución bajo la dirección indiscutible del Gobierno, más allá de las funciones que tiene el Rey. Por ello, considero que las políticas ligadas a la defensa son básicamente políticas de Estado, y el conjunto de las fuerzas políticas debemos ser capaces de mantener vigente un modelo que, como en este caso, se vaya adaptando a las necesidades de los tiempos y, sobre todo, que no cuestione cada cuatro años las líneas básicas de actuación.


Por este motivo, mi grupo parlamentario mantiene una sola enmienda, que no se va a aprobar porque no está en la lógica de la mentalidad de los dos grandes grupos parlamentarios de esta Cámara: el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. Con nuestra enmienda se trata de incorporar cada día más el Ejército a la vida de los ciudadanos y, por tanto, ir quemando etapas que en un pasado fueron auténticos muros que hicieron que una parte de la población viviese al margen de la existencia de él. Esa integración se logrará cuando el Ejército sea de todos y se continúe avanzando en temas importantes, como la adaptación no sólo a la letra sino también al espíritu de los constituyentes respecto del modelo de Estado, y que los mandatos que la Carta Magna recoge de forma expresa, como el respeto a la protección de los diferentes idiomas oficiales en España, sean la normalidad también en las Fuerzas Armadas, o el cumplimiento de las leyes de carácter orgánico, como los estatutos de autonomía, en lo relativo a la presencia de símbolos autonómicos en lugares destacados del Ejército y la Policía, algo que se incumple de forma reiterada. Por ejemplo, cuando en tiempos de UCD comenzaron a ondear las banderas autonómicas en los antiguos gobiernos civiles se creó una polémica importante, se habló entonces de la ruptura de España, etcétera, y actualmente esta situación se vive sin que pase nada.


Con esa voluntad de normalidad me cuesta entender cómo es posible que en el siglo XXI, siendo ministro de Defensa un especialista en Derecho y conocedor de este tema, se sigan manteniendo dos justicias paralelas que dan un tratamiento diferente al ciudadano en función de que sea o no militar, en contra, por cierto, del mandato constitucional. En mi opinión, en tiempos de guerra debería actuar la Justicia militar, y durante la paz la Justicia ordinaria es la que debería solucionar los problemas, cuando los haya, tanto en el ámbito civil como en el militar.


Señorías, este, que puede parecer un tema poco importante, en realidad no lo es, ya que en el fondo se pretende que la vara de la Justicia sea la misma frente a acciones punibles realizadas por un civil o por un militar, más allá de los agravantes que pudiesen existir. Y como estamos convencidos de que eso finalmente será así, continuaremos insistiendo con la seguridad de que finalmente se creará para tiempos de paz, si ustedes lo creen conveniente, un juzgado especial de lo militar, pero en el marco de la Justicia ordinaria, lo que representará un paso adelante en cuanto a la normatización de la aplicación de la Justicia al conjunto de los españoles más allá de su concepción de militares o civiles. Así pues, nuestro grupo parlamentario mantendrá nuestra enmienda, que textualmente dice: Esta ley orgánica será de aplicación solo para los delitos tipificados en tiempos de guerra.


Sé que esta posición es testimonial en este momento, pero me gustaría que como mínimo sirviera de reflexión de lo que, según nuestro punto de vista, habría que hacer para que también la Justicia militar y el Ejército se adaptasen a los tiempos modernos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.


Como ya se ha dicho, esta ley tuvo un amplio consenso en el Congreso de los Diputados. Las tres formaciones que confluyen en el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés votaron finalmente a favor del texto, pero una de ellas ha mantenido dos enmiendas. Con la primera se pretende, que se permita a los guardias civiles condenados por delitos menores que puedan beneficiarse de una suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, al igual que otros civiles, en tanto que la segunda recoge un mandato al Gobierno para que lleve a cabo dos modificaciones paralelas: la del Código Penal militar y la del Código Penal.


Página 7872


Como ambas enmiendas ya han sido explicadas, las doy por defendidas, y anuncio que nuestro grupo parlamentario votará las enmiendas según lo hizo en el Congreso de los Diputados y votará a favor del texto del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Caballero.


El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor presidente.


Si usted me lo permite, utilizaré un solo turno, pues, tal como está el debate, me da la sensación de que no será necesario utilizar el de portavoces.


Intervengo en este turno en contra de las enmiendas, tanto de la que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió como de las dos del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para expresar nuestro rechazo, lo que hacemos por considerar que las tres enmiendas exceden con mucho el objeto del proyecto de ley.


En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y a la del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés que se refieren a la contraposición entre los periodos de paz y de guerra, entendemos que esta cuestión no es una materia específica del proyecto de ley que ahora nos ocupa. En cuanto a la otra enmienda del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, referida a la Guardia Civil, debo decir que en estos momentos tiene un tratamiento legislativo específico; su régimen jurídico se va a ver afectado por otro proyecto que ya se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados: el régimen disciplinario de la Guardia Civil, que próximamente tendremos ocasión de ver en esta Cámara.


Vuelvo a insistir en que este es un proyecto de ley que modifica dos leyes orgánicas y que responde a un hecho, como es la preocupación que genera la posibilidad de que se produzcan nuevos e innecesarios factores de riesgo en los vuelos militares, sobre todo en zonas o alturas no permitidas, lo que a nuestro juicio es una imprudencia inaceptable que debe ser sancionada.


Así pues, con esta ley se pretende dar respuesta a conductas que puedan ocasionar daños a los ciudadanos y a sus bienes, así como al prestigio y bienes de las Fuerzas Armadas y a la integridad física de sus componentes. Con este proyecto se crea un tipo delictivo más específico, y en el caso de actuaciones que puedan ser calificadas como faltas muy graves por producir alarma social o perturbación a la población, se aumentan los supuestos para incoar un expediente gubernativo. Sin relación directa con las leyes orgánicas mencionadas ni con el objeto directo de este proyecto de ley, por razones de urgencia, y mediante una disposición adicional, se modifica el real decreto-ley sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad para que su aplicación se realice en términos de igualdad y con independencia de que se tenga o no la nacionalidad española. Se trata de corregir una discriminación injustificable.


En resumen, como decía, nos oponemos a las tres enmiendas porque creemos que claramente no tienen una relación directa con el objeto de este proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ya ha intervenido.


¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

El Grupo Parlamentario Socialista acaba de intervenir.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.


Voy a hacer una breve intervención para expresar nuestro acuerdo de fondo con el contenido de este proyecto, como ya dijimos tanto en ponencia como en comisión. Estamos de acuerdo con el dictamen y rechazamos las enmiendas. Pero me gustaría aprovechar la ocasión para decir que esta ley está plagada de defectos de técnica legislativa y sería bueno que reflexionáramos sobre ello. Es una ley breve, que escasamente cabe en tres folios, y a lo largo de ellos se multiplican una serie de defectos de los que quiero dejar constancia aquí, en el Pleno, porque me parece oportuno.


La ley tiene origen en un incidente concreto que muchos de ustedes conocerán. Se hizo entonces un proyecto muy rápidamente, que llega en estos momentos aquí; pero no creo que ese sea el modo adecuado de plantear una norma jurídica. Creo que habría que haber hecho una reflexión un poco más profunda, no tanto pendiente de las expectativas mediáticas como de las exigencias internas del propio ordenamiento jurídico; y seguramente si lo hubiéramos hecho así nos habría salido algo mejor.


Por supuesto, como he dicho, estamos de acuerdo en el fondo, por ejemplo, en que cuando un comandante de una aeronave tenga una conducta con infracción de órdenes y de reglamentos que ponga en peligro los bienes, la vida de las personas o la seguridad de la propia aeronave, haya una serie de sanciones que puedan llevarle incluso a la inhabilitación definitiva. Lo mismo decimos del artículo de la ley orgánica de régimen disciplinario que se modifica, en la que se fija además un cuadro de sanciones entre las que se incluye la pérdida definitiva de la aptitud aeronáutica. No obstante, creemos que esta podría haber sido la ocasión para pensar en otros posibles riesgos que pueden producirse en operaciones militares o maniobras de este tipo. Pienso, por poner un ejemplo, en los nuevos sistemas de armas, como los UAV, los aviones no tripulados, que pue-

Página 7873


den llegar a generar graves consecuencias. ¿Habría en estos casos responsabilidad penal o solamente nos limitaríamos a la responsabilidad civil? Creo que todo eso hubiera sido oportuno reflexionarlo e incluirlo en esta norma.


Y cuando se llega al colmo de lo que a mí me parece la inconsecuencia jurídica del proyecto es cuando se modifican los dos primeros artículos del Real Decreto-ley 8/2004, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. Estoy plenamente de acuerdo con la modificación porque me parece muy oportuna y mejora ese real decreto-ley, pero no tiene nada que ver con las dos a las que nos acabamos de referir, en primer lugar, porque esta no es una ley orgánica y las otras dos sí. Me da la impresión de que hemos hecho una ley que es una especie de pequeño cajón de sastre en el que caben una serie de cosas, y creo que eso no es adecuado. En su momento se suprimieron las leyes de acompañamiento de los presupuestos porque en ellas cabía todo y no era una técnica jurídica adecuada -estábamos todos de acuerdo-, y ahora parece que queremos utilizar esa misma técnica, la de meter cosas diversas en una misma norma. Quería que esto quedara claro.


En cuanto a las indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales, este real decreto-ley de 2004, que está muy bien hecho, lleva en su memoria justificativa una relación de las misiones internacionales en el exterior, y esta podría haber sido la ocasión para que se hubiera completado esa relación de misiones, con lo que hubiéramos tenido un documento jurídico, evidentemente, de mucho más valor.


Como digo, estas son objeciones de tipo formal y reflexiones que yo hago ante el Pleno; pero reitero nuestra aprobación de fondo a las tres cuestiones básicas que están en este proyecto de ley que, por lo tanto, cuenta con nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalizado el debate, votaremos este proyecto de ley después de la votación del primer punto del orden del día de la tarde.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


-- SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

-- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (PRIMER FIRMANTE: DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ) (S. 650/000004).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Solicitud de creación de comisiones de investigación. Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.


¿Turno a favor de la misma?

Tiene la palabra el señor Seguí. (Rumores.)

Señorías, les rogaría silencio o que abandonasen el hemiciclo.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular acude a este pleno con la esperanza clara de que la mayoría de la Cámara sea sensible a una cuestión que ha despertado gran alarma tanto en la propia sociedad española, como en los influyentes círculos mediáticos y económicos de ámbito internacional. Me estoy refiriendo, señorías, a la sonrojante intervención de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en diversas cuestiones, pero en todo caso en asuntos de aparente turbio contenido y de mínima explicación pública.


Nuestra formación política ha venido insistiendo a lo largo de esta legislatura en que desde la Oficina Económica del Presidente del Gobierno no se estaba cumpliendo con las funciones encomendadas por el Decreto 1689/2004, sino que en apariencia se ha practicado la intermediación y la presión económica; en definitiva, que desde dicha oficina se ha institucionalizado el favoritismo político y económico.


No estamos hablando, señorías, de una mera oficina, de un chiringuito al uso. La relación de puestos de trabajo de la llamada Oficina Económica del Presidente del Gobierno consta de 63 puestos autorizados. Cuando finalizó la anterior legislatura, esta oficina económica tenía un solo director general frente a dos ahora, más ahora también un superior con rango de secretario de Estado. Sólo contaba con un coche oficial y un conductor, frente a tres coches ahora y cuatro conductores. Y lo que es más llamativo, sólo tenía cinco altos asesores frente a nada menos 22 ahora. Téngase en cuenta, además, señorías, que no estamos hablando del Ministerio de Economía, sino de un mero órgano de apoyo al presidente del Gobierno.


Según el citado decreto, esta oficina se encarga de asistir al presidente del Gobierno en asuntos económicos, proporcionando análisis sobre la situación económica internacional a corto, medio y largo plazo y de evaluar las propuestas de política económica, así como su posterior desarrollo. Se trata de conocer los programas, planes y actividades de los departamentos ministeriales, con el objeto de facilitar la labor del presidente del Gobierno y -dice-, cooperar a la interlocución de éste con agentes sociales, sector privado y organismos económicos internacionales para el desarrollo satisfactorio de sus funciones. Y es ahí, señoría, donde al parecer los responsables de la Oficina Económica del Presidente, cumpliendo o no instrucciones, han desdibujado las funciones encomendadas, porque lejos de ser un mero asistente o consultor, esta oficina económica se ha dedicado, señorías, al parecer, a

Página 7874


otros menesteres nada productivos, muy pocos claros y en ocasiones ignorando los dictados de la ley.


Señorías, no se trata sólo de que esta oficina se haya destinado por el presidente a tratar de solucionar un determinado conflicto laboral de deslocalización industrial porque se acercaban las elecciones, dejando al margen todos los demás que se producen en nuestro país, como aquí ya se ha denunciado, el tema es que -como no ha denunciado cualquiera, sino el recientemente dimitido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Manuel Conthe- esta Oficina Económica del Presidente ha intervenido activamente a favor de unos y en contra de otros en determinados procesos empresariales, donde el Gobierno debía permanecer totalmente al margen.


Sucintamente, los hechos que hasta ahora conocemos y que han sido denunciados ante los tribunales por poder constituir infracciones penales son los siguientes: primero, no es ningún secreto, y aquí lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que desde el Gobierno se protagonizaron actitudes muy distintas en relación a los procesos de opa relativos a la eléctrica Endesa en función de quien protagonizara las acciones. A una actitud de descarado apoyo a la exigua opa de Gas Natural, sucedió un ataque frontal, vía incluso el Boletín Oficial del Estado, contra la que posteriormente planteó la alemana E.ON.


Según declaró el propio Manuel Conthe ante el Congreso, antes de dimitir como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, existieron interferencias graves en las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores relativas a la opa de E.ON y, más concretamente, a las acciones que en su contra ejercieron la pública italiana Enel en concertación con la española Acciona.


Cabe recordar, pese a que la comisión nacional fijó un criterio claro para impedir que estos dos nuevos protagonistas no pudieran interferir en la sustanciación de la opa de E.ON, que lo cierto y verdad es que la actitud de estos fue la de burlar los condicionantes impuestos no sólo adquiriendo buena parte de las acciones de Endesa disponibles en el mercado, sino anunciando una opa futura sobre dicha eléctrica en mejores condiciones para perturbar a la que se hallaba vigente. Conthe no dudó en su comparecencia en afirmar que tal actitud debía ser sancionada por la comisión nacional y así lo decidió su comité ejecutivo.


No obstante lo anterior, Conthe refirió que en la reunión no ya del comité ejecutivo, sino del consejo de la comisión nacional, de fecha 2 de abril, no se aprobó la propuesta de aquel y se optó por no abrir expediente sancionador contra Enel y Acciona. Conthe afirmó en la Comisión de Economía del Congreso que la decisión de no abrir expediente sancionador contra Enel y Acciona por sus actuaciones por hacerse con el control de Endesa resquebrajó la autoridad moral de una institución como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el principio de confianza legítima de quienes como E.ON siguieron escrupulosamente sus indicaciones. Y en relación con tal decisión, aunque negó haber recibido ninguna presión ni del vicepresidente segundo del Gobierno ni del secretario de Estado de Economía, afirmó que en el caso de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno sus palabras no serían ya tan rotundas.


Manuel Conthe no dudó tampoco en cuestionar a su vicepresidente en la comisión nacional, el señor Arenillas, no sólo por su vinculación personal con una miembro del Gobierno, sino por haber mantenido con los dos últimos jefes de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno vínculos que no se han circunscrito siempre al ámbito de lo personal, de la simple amistad o de la militancia política, sino que han trascendido a asuntos concretos, en los que don Carlos Arenillas actuó como vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y leo textualmente: Señorías, las manifestaciones que les he reproducido anteriormente, de extrema gravedad y que implican plenamente a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, no han sido efectuadas por cualquiera, sino por alguien que ha venido presidiendo el supuestamente independiente organismo regulador del mercado de valores y quien, como consecuencia de las presiones que denuncia, no ha dudado en dimitir de su relevante cargo.


Algunos apuntes más en relación al asunto de las sucesivas opas sobre Endesa. Según se ha publicado, en fecha 16 de febrero de 2007, el ministro de Industria, Joan Clos, y, cómo no, el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, se reunieron en secreto con el consejero delegado de Enel, señor Fulvio Conti. Acto seguido, en fecha 20 de febrero, Zapatero y el primer ministro italiano, Prodi, se reúnen en Ibiza. En fechas 23, 26 y 27 de febrero de 2007, la empresa pública italiana Enel por la vía del banco de inversión UBS compra nueve millones de acciones de Endesa. En fecha 12 de marzo Enel hace público que controla el 24,98 por ciento de Endesa. Y en fecha 20 de marzo Enel y Acciona, que también había ido adquiriendo acciones de Endesa en el mercado, confirman que lanzarán una opa por Endesa si fracasa la opa por E.ON.


Un segundo apunte: el día 3 de mayo de 2007, donde Julio Segura, que entonces era candidato a suceder al señor Conthe al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, reconoció en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados que don David Taguas, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, le hizo dos llamadas telefónicas en sendas ocasiones en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores debía tomar decisiones respecto de Endesa; incluso, especificó que en una de ellas le habló en relación a los argumentos de una de las empresas interesadas en hacerse con el control de dicha empresa.


La conclusión de todo ello es que la Oficina Económica del Presidente del Gobierno pudo prevalerse de su posición y presionar -en palabras de Conthe- a miembros del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que éstos adoptaran una resolución desajustada a derecho impidiendo el resultado previsible. Y otra conclusión es también que dicha oficina pudo intervenir activamente en todo el proceso de relación y favorecimiento de unos sobre otros en la pugna por Endesa.


Página 7875


Pero no acaba ahí la cosa, señorías, no es ningún secreto ya que la llamada Oficina Económica del Presidente del Gobierno utilizó sistemas muy poco ortodoxos para intentar desequilibrar en el Consejo del BBVA a su presidente, don Francisco González, en un momento de convulsiones bancarias. Nuevamente es el propio don Manuel Conthe quien refiere públicamente que el día 15 de enero de 2005, el señor Arenillas, a la sazón vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le convocó en su propia casa de Mirasierra, donde le informó que había acudido a una convocatoria de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y que allí le habían entregado...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Voy terminando, señor presidente.


Allí le habían entregado un dosier relativo a antiguas actividades mercantiles de don Francisco González, presidente del BBVA. En estas fechas se estaban produciendo movimientos empresariales para hacerse con el control de dicho banco y, según distintas noticias publicadas, de dichos movimientos estaba muy al tanto el entonces director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, don Miguel Sebastián. El señor Conthe ha revelado, además, que a la cita acudió un periodista, en cuyo poder también obraba la misma documentación y que, de hecho, fue publicada pocos días después por el medio para el que trabajaba.


Señorías, no me detendré en esta primera intervención en el hecho de que en el asunto Endesa coinciden las actuaciones expuestas con escandalosos seguimientos al presidente de dicha compañía por miembros de la Guardia Civil y del CNI. Tampoco aludiré ahora, más allá de la mera enunciación de hechos, a la circunstancia clara de que todas las actuaciones enumeradas de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno casualmente tratan de conseguir el mismo resultado que el posicionamiento público hecho en relación a las cuestiones suscitadas por el propio presidente Rodríguez Zapatero. Saquen ustedes sus propias conclusiones, señorías, pero voten a favor de que este Senado trate de esclarecer hechos tan aparentemente escandalosos. No duden que una actuación así no será en beneficio de una u otra formación política, sino claramente en beneficio de la transparencia y, en definitiva, de la democracia.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, senador Seguí, yo francamente me he perdido mucho antes de la mitad de su penosa, poco convincente y plúmbea intervención. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor BRU PARRA: Cuando a la cuarta vez que ha dicho «al parecer», a la tercera vez que ha dicho «pudo», «cumpliendo o no»... En definitiva, un ejercicio de inverecundia parlamentaria. (Fuertes rumores.-Protestas.)

Muchas gracias a las señorías del tendido del 7. (Risas.-Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías...


El señor BRU PARRA: Así es que, simplemente por obligación e imperativo reglamentario, me voy a limitar a exponerle con toda brevedad y concisión las razones por las cuales mi grupo parlamentario... (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Fuera, maleducado!) No me iré fuera señor Agramunt, me quedo aquí. (Risas.-Fuertes rumores.)

Voy a limitarme a exponerle con toda concisión y brevedad -sosiéguese su señoría, cálmese, cálmese- las razones por las cuales mi grupo parlamentario se va a oponer a la comisión de investigación que ustedes solicitan. (Fuertes rumores.-Protestas.) Sosiéguense sus señorías, calmen su ánimo. Témplense, témplense.


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.


El señor BRU PARRA: En primer lugar, porque ya lo solicitaron el pasado día 31 de mayo en el Congreso de los Diputados, y se encontraron por diversos motivos, algunos muy duros por su conducta e intenciones, con el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.


Así pues, traer al Senado una moción derrotada en la Cámara Baja, una moción que no guarda relación alguna con la problemática de carácter territorial, tratar de convertir a la Cámara Alta en una especie de corte de casación de sus frustraciones políticas, de sus derrotas (Fuertes protestas y rumores.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), tratar de convertir a esta Cámara, no en una Cámara de segunda lectura sino en una Cámara de segundo plato para ver si cuela por el sistema mayoritario lo que no pasa por el sistema proporcional, nos parece una afrenta sin precedentes a la dignidad, al decoro del Senado (El señor Agramunt Font de Mora: (Qué lástima!-Fuertes protestas.), máxime tratándose de una figura importante, de una figura como la creación de una comisión de investigación, nada usual, por cierto, en esta Cámara, donde hace 12 años que no se crea ninguna. (Fuertes rumores.-Protestas.)

En segundo lugar, ustedes ya han planteado lo que presuntamente desean investigar ante los tribunales. Han denunciado el pasado 9 de mayo ante los juzgados al vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos Arenillas, y al ex director de la Oficina Económica, Miguel Sebastián (Fuertes protestas.-Fuertes rumores.-Varios senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!), por el supuesto caso del presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria...


Página 7876


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.


El señor BRU PARRA: ...y el pasado 22 de mayo han denunciado a Arenillas, Taguas, Sebastián y Núñez en el ejercicio de sus funciones públicas para evitar la adquisición de Endesa por parte de la empresa alemana E.ON.
¡Vaya fijación tienen ustedes con esa empresa alemana! ¡Vaya fijación! (Fuertes rumores.)

Han podido incurrir, según ustedes, en delitos literalmente de: tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y uso de información privilegiada. (Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular:¡Qué barbaridad!-Fuertes protestas.) Así pues, ¿qué tendría que investigar la comisión, si ustedes ya han investigado? (Fuertes rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senador Bru.


Yo pediría silencio.


El señor BRU PARRA: ¡Si ustedes tienen ya diagnóstico (Un señor senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Que no ofenda!), si tienen ya conclusiones tan graves y definitivas puesto que creen que hay ilícitos penales que merecen ser castigados y lo han puesto en conocimiento los tribunales! ¿Pero qué ejercicio de hipocresía parlamentaria es éste?

Por último, señorías, ¿en qué sustentan ustedes todo esto? En un ejercicio de soliloquio, divagaciones varias, afirmaciones dispersas que no pueden ser sustentadas en la mínima carga de ninguna prueba, en absoluto.


Ya hemos conocido el tenor literal del escrito en el que ustedes sustentan su iniciativa. Acabamos de escuchar lo que hemos podido reconocer inteligible en la penosa, plúmbea y poco convincente intervención del senador Seguí... (Protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías.


El señor BRU PARRA: Han sido una serie de afirmaciones vagas, inconexas, dispersas, sin el menor fundamento y sin soportar la mínima carga de la prueba, señorías; un ejercicio de inverecundia parlamentaria, que ni el señor Goebbels hubiera superado. (Protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías silencio.


Turno de portavoces.


El Grupo Parlamentario Mixto ha dividido su tiempo. Saben que tienen diez minutos en total.


En primer lugar, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


En este tiempo compartido con mis compañeros del Grupo Parlamentario Mixto, muy brevemente, voy a decir que he escuchado con mucha atención los argumentos del senador Seguí, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al defender la propuesta que esta tarde se nos presenta en este acto.


Creo que ha sido coherente con el escrito que ya había presentado al hacer la petición, pero en el escaso tiempo de que dispongo diré que me he hecho algunas preguntas al respecto. ¿Y qué es lo que nos piden, en definitiva? Lo que nos piden es una comisión de investigación, como se dice textualmente, para investigar a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.


Luego ha ocurrido que en la exposición del senador se ha ido centrando la cuestión y creo que lo que piden es una comisión de investigación para el papel que ha tenido la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en el asunto de Endesa. Ya sé que al Grupo Popular le preocupa mucho el asunto de Endesa, como hemos vivido en la propia Comisión de Industria de este Senado a raíz de comparecencias y otras actuaciones, pero una de dos: o ustedes quieren investigar todo lo que ha hecho la Oficina Económica del Presidente del Gobierno o quieren una comisión de investigación para Endesa, y esta sería la primera cuestión que tendríamos que plantearnos y ustedes tendrían que fijar, porque, si no, da la impresión, al menos así lo he entendido, de que ustedes piden una comisión universal sobre un organismo que también tiene una indefinición en sus funciones. Por tanto, poca concreción, escasa correspondencia entre lo que ustedes presentan en el escrito y lo que acabamos de escuchar.


La segunda pregunta que me hago es por qué lo traen aquí y ahora. Lo traen aquí seguramente porque ustedes han hecho una cuenta política, perfectamente legítima, pero a este senador le hubiera gustado más que lo hubiesen hecho en primera instancia, porque, si no, da la impresión de una cierta utilización, por aquello de la lógica y la matemática parlamentaria. Ya sé que además de las razones, luego hay que tener los votos. Pero, para convencer, hay que empezar por los razones, porque los votos son la consecuencia de los argumentos.


Por último, señorías, no me ha quedado claro para qué quieren ustedes la comisión de investigación, si para pedir responsabilidades penales o políticas. Ya sé que, si puede ser, para todo, como es normal, pero ustedes saben perfectamente, porque experiencias hemos tenido todos sobre comisiones de investigación, que a lo más que se puede llegar es a pedir responsabilidades políticas.


Con todo ese marco, con todas esas dudas y ambigüedades y con esa falta de concreción, señorías, entendiendo su legítimo interés y su oportunismo en este caso, les anuncio que no podré apoyarles en esta petición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Arratsalde on; arratsalde on guztioi.


Muy buenas tardes a todos.


Página 7877


El Grupo Popular nos presenta la petición de la constitución de una comisión de investigación en esta Cámara. Soy de la opinión de que la actuación en al menos parte de los temas de los que la Oficina Económica del Gobierno ha sido protagonista recientemente ha sido variada y sonada.
Las cuestiones relativas a la opa de Gas Natural sobre Endesa, a la compañía alemana E-ON, a Enel y Acciona, con el desenlace final que ha tenido, han creado una cierta tensión. El comportamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el posicionamiento de su presidente, señor Conthe; han creado también cierta tensión. El manejo sobre la documentación e informes relativos a la actuación del señor presidente del BBVA en el tema de Sacyr ha creado tensión. El documento emitido, no sabemos si antes o después, sobre el sistema público de pensiones, el riesgo y el futuro incierto, ha creado tensión. Todas estas realidades, rumores, comentarios más o menos interesados, han dejado bastante tocada la confianza de las instituciones económicas del Estado y de sus órganos reguladores.


A Eusko Alkartasuna le parece totalmente necesario en todos estos temas, pero de forma especialísima en los de ámbito social, económico y financiero, que exista una absoluta transparencia, limpieza y claridad con una información amplia y urgente que creemos que no se ha dado. Somos de la opinión de que la constitución o no de esta comisión es otro de los debates entre el PP-PSOE, PSOE-PP, al objeto de sacar sus rendimientos políticos y de ubicarse en la cabecera de las encuestas de opinión: uno quiere, aprovechando las últimas elecciones, mantenerse y el otro recuperar posiciones.


Termino, señor presidente. Eusko Alkartsuna no debiera oponerse a la creación de una comisión parlamentaria de investigación de estos temas tan sometidos en estos momentos a valoraciones políticas, pero creemos que al ser temas tan politizados y enquistados entre los dos partidos (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) nuestra posición debe ser de una abstención razonada y responsable, dejando bien claro que EA siempre intenta la transparencia y limpieza tanto en la información como en la gestión.


Mila esker. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.


Señorías del Partido Popular, les venimos notando desde hace meses muy preocupados por todo el entorno de Endesa. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). Lo que no sabemos es si se han preocupado porque alguien pudo comprar millonarias acciones unos días antes de las opas -no sé si eso hay que investigarlo, analizarlo o no- o si a ustedes de Endesa les preocupa la repercusión que puedan tener todas estas acciones en los consumidores y los trabajadores de la propia empresa, pero yo me imagino que están más preocupados por todo el entorno jerárquico y de la cúpula de Endesa.


Traernos aquí la petición de una comisión de investigación sobre influencias etcétera, con lo que hemos visto en los ocho años del Gobierno de Aznar (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y lo que vemos todavía...


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Y lo que vemos todavía cuando alguien se quiere dedicar a ser imagen y referencia de ciertos fondos e incluso de la propia Fórmula 1... Está bien que les preocupe a ustedes esto de las influencias. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Como para nosotros el tiempo apremia y tenemos poquito, y a los españoles les preocupan mucho más otras cosas, no vamos a agotar el tiempo, vamos a votar en contra y a otra cosa mariposa. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como es bien conocido, puesto que en el mismo momento en que el Partido Popular anunció su intención de presentar esta propuesta nosotros dimos a conocer nuestra opinión, Convergència i Unió va a votar en contra de la constitución de esta comisión de investigación. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Me parece, sin embargo, que hay que dar cumplida cuenta de nuestra actitud, de nuestras razones ante la Cámara.


En primer lugar, como ustedes saben perfectamente, la posición de Convergència i Unió en el Congreso y en el Senado ante las comisiones de investigación ha sido siempre coherente. Nosotros solo hemos dado nuestro apoyo a la creación de aquellas comisiones que han contado con el aval unánime de las Cámaras, ya que, de otra forma, estas comisiones suelen convertirse, tal y como describían anteriormente algunos intervinientes, en un simple espectáculo mediático, en un simple instrumento en pro de aquellos que cada mañana consultan las encuestas electorales; a nosotros esto no nos interesa, pues creemos que estos espectáculos mediáticos van en descrédito de la política y, por tanto, Convergéncia i Unió no quiere participar en ellos.


Señorías, quiero recordar de forma muy especial una comisión de investigación, la del 11-M, en la que uno de los diputados más activos fue mi compañero Jordi Jané, que contribuyó como nadie a dar calidad y altura a esta comisión de investigación. Pues bien, las conclusiones de esta comisión de investigación han sido puestas en tela de

Página 7878


juicio, de forma reiterada, precisamente por el grupo que hoy pide la creación de esta comisión de investigación, y esta no nos parece una actitud ejemplar para pedir otra.


Nuestra posición, sin embargo, se basa también en otras líneas argumentales. En primer lugar, en este asunto hay elementos que todavía se encuentran en la órbita judicial. En estas circunstancias, nosotros consideramos que es bueno que sea la órbita judicial la que resuelva en cualquier caso las responsabilidades que pueda haber.


Tampoco podemos pasar por alto otra cuestión, tal y como decía con acierto el portavoz del PAR, como es el hecho de que uno de los elementos importantes de esta petición sea la actuación de la Oficina Económica del Gobierno en relación con la opa de Gas Natural sobre Endesa, E.ON, etcétera. Nosotros siempre hemos sido muy claros en estas cuestiones.
Hace pocos días, el portavoz de Convergència i Unió de la Comisión de Economía del Congreso decía con claridad que nuestro grupo había denunciado que la actuación del Gobierno en esta opa había sido torpe, muy negativa y muy desafortunada; los resultados no podían haber sido más negativos. Sin embargo, si la actuación del Gobierno ha sido torpe, creo que la actuación del Partido Popular ha sido torpe dos veces. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ustedes saben perfectamente que los catalanes fuimos excluidos de aquello que se llamaba no sé qué nacional, cuando una destacada dirigente del Partido Popular dijo que no podía ser que la primera compañía energética del Estado saliera de la zona nacional, o algún calificativo de esta categoría. (Rumores.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esto está escrito. Por tanto, si ustedes excluyen a Cataluña de lo que llaman la zona nacional por algo será. (Rumores.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MACIAS I ARAU: Señorías, no es el señor Carod quien dice esto, es doña Esperanza Aguirre. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

En cualquier caso -repito-, la actitud en relación con la OPA me parece muy desafortunada y, en este sentido, nosotros denunciamos claramente la torpeza del Gobierno y del principal grupo de la oposición.


Nos parece necesario evaluar otra cuestión que, como mínimo, hay que mencionar. El senador Seguí ha hecho referencia a ciertos elementos de parentesco, a un cruzado mágico entre algunos ilustres matrimonios.
Senador Segui, como seguramente sabrá, nosotros hemos sufrido durante mucho tiempo críticas relacionadas con los parentescos. Usted conocerá las críticas absolutamente crueles que sufrimos por parte de la izquierda catalana por el hecho de que un hijo del presidente Pujol fuera en su día nombrado director general de Asuntos Departamentales, es decir, que se dedicara a la política. Y nosotros, que no vimos ningún problema en el nombramiento de esta persona con vocación política, por otro lado, sin ningún interés en otra faceta distinta que no fuera la política catalana, tampoco podemos compartir ciertos argumentos por el simple hecho de que alguien sea el marido o la esposa de una persona, etcétera.


Sin embargo, senador Seguí, en algo sí tenemos que darle la razón. Creo que todo lo que aparece alrededor de las intervenciones del señor Arenillas no incita a aquello que deberíamos perseguir todos, ustedes (Señalando a los escaños de la derecha) y ustedes (Señalando a los escaños de la izquierda), que es la transparencia y la calidad democrática. En un régimen con calidad democrática como norte y como prioridad este señor habría dimitido. Por lo tanto, aunque vamos a votar claramente en contra de su petición, sí me parece que sería una muy buena noticia que el Grupo Socialista, después de aplaudir -si es que finalmente la creación de esta comisión no fuera aprobada por la mayoría de esta Cámara-, anunciara, con igual satisfacción, la dimisión de este señor. (Rumores) Esto sería prestar un gran servicio a la democracia. De esta manera, a lo mejor la petición del Grupo Parlamentario Popular no habría prosperado, pero habría conseguido un objetivo que sí compartimos: la calidad democrática por encima de cualquier otra cuestión.


No sé si esto le interesa al grupo de la mayoría. Nosotros no queremos dar ninguna lección a nadie, pero sí ofrecer algún consejo que me parece que sería bien recibido por los ciudadanos. En primer lugar, creemos que el entorno de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y el señor Arenillas han resultado seriamente contaminados por todo este asunto. Por tanto, repito, sería muy positivo, extraordinariamente positivo -si es que en la votación de esta Cámara se produce un resultado favorable al grupo que sostiene al Gobierno-, que se actuara con diligencia, con rapidez, dando un ejemplo de calidad democrática. Nosotros se lo pedimos; es más, se lo aconsejamos. Como todas las señoras y señores senadores pueden suponer, el grupo de la mayoría nos pidió un determinado sentido de voto -algo que no era necesario, pues ya lo habíamos anunciado-. Les transmitimos que podían estar tranquilos, que nosotros íbamos a ser coherentes. En definitiva, me gustaría que ustedes también fueran coherentes y que hoy mismo o mañana, a más tardar, tuviéramos noticias, que serían muy bien recibidas, no por este sector (Señalando a los escaños de la derecha) ni por este otro (Señalando a los escaños de la izquierda), sino por el sector más importante, que es el que está fuera de la Cámara.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Arratsalde on. Buenas tardes, señorías.
Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una solicitud de creación de una comisión de investigación con el objeto de analizar las prácticas de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno para com-

Página 7879


probar si estas son acordes con las funciones que legalmente tiene establecidas y que voy a resumir brevemente.


En primer lugar, quisiera señalar que en materia económica todo es relativo, por lo que el Gobierno, es decir, la Oficina Económica, puede decidir intervenir o no intervenir. E incluso algo que puede ser peor; que muchas veces se decide no intervenir cuando desde el punto de vista de la sociedad sería interesante que se interviniera por una razón social.


¿Qué es la Oficina Económica del Presidente? Se trata de un instrumento de nueva creación que, como ha dicho esta tarde el senador Seguí, se puso en marcha a través del decreto 1689/2004, el 12 de julio. ¿Qué debe hacer en teoría esta Oficina? La Oficina Económica del Presidente del Gobierno, según dice su propia página web, debe encargarse de tres cosas: en primer lugar, facilitar al presidente del Gobierno la información necesaria, tanto en el ámbito nacional como internacional, lógicamente, en materia económica; en segundo lugar, asesorar al presidente del Gobierno en asuntos de índole económica cuanto este así lo disponga; en tercer lugar, informar al presidente del Gobierno en relación con los proyectos y normas de carácter económico; y, en cuarto lugar, elaborar informes y estudios en materia económica. Estos son, según consta en la página web, los cometidos y funciones de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. El senador Seguí también ha mencionado cuál era la estructura inicial y la actual que, según sus datos, alcanza las 63 personas.


Por otro lado, sí quisiera decir que en la petición del Grupo Parlamentario Popular se hace constar que la Comisión de Economía y Hacienda ha solicitado en más de una ocasión la comparecencia del primer director, el señor Sebastián, pero este tardó 15 meses en comparecer. Y estoy viendo a varios compañeros portavoces en dicha comisión. En efecto, las explicaciones que allí se ofrecieron no fueron satisfactorias para la mayoría de los grupos -aunque, lógicamente, para algunos, para los que mandan, sí lo fuesen-. Por otro lado, aunque esta sea una Cámara de segunda lectura, consideramos que es tan importante como la otra. Si no, ¿qué hacemos aquí? Si el Senado no puede decidir nada porque ya se decide en el Congreso de los Diputados, no sé qué pintamos aquí.


También se ha solicitado en dos ocasiones la comparecencia del actual director de la Oficina, pero todavía no ha acudido a esta Cámara.
¡Esperemos que venga!

Mi grupo parlamentario está absolutamente convencido de que el respeto a los principios de una economía libre de mercado tiene que defenderse por encima de todo. No nos preocupó en su día, y quiero recordarlo desde esta tribuna, que los ciudadanos del Estado conocieran los entresijos de Gescartera cuando se creó la comisión de investigación en una legislatura anterior.


El pasado 31 de mayo, el Pleno del Congreso rechazó una petición del Grupo Popular para la creación de una comisión de investigación de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. En aquel caso, fueron 121 los votos a favor -del Grupo Popular y de Coalición Canaria-, y 174 los votos en contra -del resto de los partidos-.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos considera que dada la materia que estamos debatiendo, respecto de la solicitud de constitución de una comisión de investigación, en el caso concreto de que tenga por objeto el estudio de la legalidad de las actividades desarrolladas por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, debemos mostrarnos cautos y respetuosos con las capacidades organizativas y de trabajo de los diferentes organismos del Gobierno; y, sobre todo, no debemos trasladar a la opinión pública una sensación de quiebra en la confianza del sistema democrático, máxime en este caso concreto centrado en el área económica de la Presidencia del Gobierno.
Sin embargo, también pensamos que se debe dar una contrapartida, es decir, que el propio Gobierno y la Oficina Económica del Presidente deben transmitir esa confianza a los ciudadanos, algo que dudamos que se haya hecho.


Termino diciendo que esta es la posición de nuestro grupo, no únicamente en este caso concreto -y consideramos que hemos dado repetidas pruebas de ello-, sino en cada uno de los aspectos que se refieren a la estricta observancia de las reglas del juego de las que nos hemos dotado de una manera democrática los diferentes representantes elegidos por la ciudadanía popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.


En el decurso de la pregunta formulada por el senador Pío García-Escudero al presidente del Gobierno sobre las actividades de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en la pasada sesión plenaria ya se nos anunció la intención del Grupo Parlamentario Popular de presentar una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre aquella.


Ya saben que nuestro grupo está constituido por distintas formaciones políticas y que en la formación de nuestra posición mantenemos fidelidad a las posiciones adoptadas por nuestros respectivos grupos en el Congreso de los Diputados.


Efectivamente, en el Pleno que el pasado 16 de mayo se celebró en el Congreso de los Diputados ya se sustanció una moción consecuencia de interpelación urgente con la misma finalidad práctica que la que hoy nos ocupa. En aquel debate los tres grupos, los cuatro partidos que componemos el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, manifestamos nuestra posición y la mantuvimos respecto de la moción. Por eso cabe entender como normal que hoy mantengamos la misma posición de oposición a la creación de una comisión de investigación.


No voy a repetir toda la argumentación, pero sí la voy a reseñar. Un portavoz lo consideraba una actitud de estric-

Página 7880


to desgaste electoral hacia el adversario; otro les lanzaba la siguiente frase: Piensa el ladrón que todos son de su misma condición; y otro portavoz restaba credibilidad a las argumentaciones que mantenía el defensor de la moción.


Esta es, en resumen, la actitud de nuestro grupo, y por eso vamos a votar hoy en contra de la petición que debatimos. Pero hay una razón más, las mismas palabras del senador García-Escudero al anunciar la propuesta durante la pregunta que formuló al presidente del Gobierno, y leo textualmente del Diario de Sesiones: «Ustedes acaban de rechazar una comisión de investigación en el Congreso pero les vamos a dar una nueva oportunidad en el Senado.»

Últimamente, en esta Cámara hemos oído de forma reiterada voces sobre la esencia misma del Senado, sobre si se está minusvalorando, sobre si las enmiendas que se aprueban en esta Cámara no sirven de nada, etcétera.
Nuestro grupo entiende que el Senado debe poder desarrollar en la España actual, en la que existe realmente y no en la que mantenemos en nuestro imaginario particular, el papel de Cámara territorial que le asigna la Constitución y que hasta hoy no ha sido posible consensuar. Pero lo que hoy se nos propone es su utilización instrumental como una mala arma de repetición que en absoluto va a mejorar la imagen del Senado y que, por supuesto, no discurre en la dirección que nuestro grupo entiende que debería ir.


Esta consideración es un argumento más para que nuestro grupo haya decidido unánimemente votar en contra de la moción que nos proponen.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.


Quisiera agradecer a los portavoces que han intervenido la coherencia que han mostrado con las posiciones de sus respectivos grupos en el debate similar que se celebró en el Congreso. Evidentemente, senador Macias, tomamos nota de algunas de las sugerencias que se le han hecho en este sentido al grupo del Gobierno.


Entrando ya en el fondo, que no en la cuestión anecdótica que se plantea con esta iniciativa -respecto a fusiones y concentraciones-, quiero manifestar mi sorpresa por el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular trate de convertirse en esta Cámara en una especie de adalid o paladín en defensa de la libertad de los órganos reguladores, a favor de la libertad económica y en contra de la injerencia gubernamental. Son los mismos señores del Partido Popular que, durante sus ocho años de gobierno, consiguieron desmontar por completo el sistema de regulación en España, aumentar el grado de concentración del poder económico y financiero hasta niveles nunca vistos en la historia económica europea y construir un entramado oligopolista de empresas privatizadas dirigidas por personas que respondían no al principio de mercado sino al principio de autoridad: los famosos compañeros de pupitre del señor Aznar.


Habría sido también bonito que hubieran hecho referencia, por ejemplo, a cuando el señor Rajoy, don Mariano, en una conferencia pronunciada en la sede de La Caixa el 18 de noviembre del año 2005 y en presencia del senador Piqué, blasonó de que formaba parte de un Gobierno que había prohibido la fusión de Gas Natural con Iberdrola o que había impedido la fusión de Repsol con Gas Natural e Iberdrola. Si eso no es injerencia gubernamental, que venga Adam Smith y lo vea. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) O también se podría poner una conferencia a Washington para que don Rodrigo de Rato y Figaredo nos explicara por qué trató la opa de Fenosa-Hidrocantábrico o la de Endesa-Iberdrola. En fin, son tratos con discrecionalidad y arbitrariedad.


Pero volvamos a los compañeros de pupitre del señor Aznar -recuerden ustedes a los señores Villalonga, Blesa, Pizarro, Alierta, González y tutti cuanti-, aquellos que en el año 2003 (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No van a conseguir que me calle. (Continúan los rumores) No van a conseguir que me calle. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pido silencio, por favor.


El señor BRU PRA: No van a conseguir que me calle, señores del tendido del 7.


En el año 2003 -tomen nota-, 11 de las empresas del índice Ibex 35 estaban dirigidas por personas nombradas por el Gobierno, antes de ser privatizadas. Si a estas les sumamos la presidencia del Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria, resulta que un tercio de las empresas del Ibex, que suponían dos tercios de su capitalización total y un valor equivalente al 40 por ciento del producto interior bruto español, estaban dirigidas por personas nombradas por el Gobierno, o sea por amigos del señor Aznar. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Si esto es libertad económica, que venga Adam Smith y lo vea.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Porque esto es, pura y simplemente, capitalismo monopolista, y no de Estado sino de partido: del Partido Popular. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Un senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)

Pero claro, para este proceso, para el desarrollo de la operación privatizadora tendente a crear grandes grupos económicos dirigidos por una nueva clase empresarial creada por y al servicio del Gobierno popular, los órganos reguladores eran un obstáculo y la defensa de la competencia una amenaza. Este es el motivo por el cual se vacía de contenido al Tribunal de Defensa de la Competencia, que se convierte en un simple órgano consultivo, para lo cual está la reforma del año 1999. Y el Ejecutivo, mejor dicho el ministro de Economía, don Rodrigo de Rato y Figaredo, se reserva la última palabra sobre las grandes

Página 7881


fusiones y concentraciones, de manera que la suerte de decisiones, estrategias vitales para empresas y accionistas dependen en última instancia de la mejor o peor voluntad del ministro de Economía. (El señor Agramunt Font de Mora: Está prohibido leer). Si no lo creen, analicen la opa de Hidrocantábrico y el trato que le dieron a Endesa. En definitiva, más que liberalización, lo que ha habido es un proceso de intervencionismo descarado y descarnado (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Estás leyendo!)

Sosíeguese, señor Agramunt.


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor BRU PARRA: Arbitrariedad, potestad discrecional de un ministro que acumula un poder descarnado (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular,- El señor Agramunt Font de Mora: ¡Habla, no leas!)...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor BRU PARRA:... cada vez que pasa por esta Cámara, como ocurrió con la Ley de Reforma del Sistema Financiero, en la que el informe del Consejo de Estado llega a un nivel en el cual... (Continúan los rumores y las protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor BRU PARRA: Señor presidente, solicito su amparo. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio y respeto. Cálmense, por favor.


Continúe, senador Bru.


El señor BRU PARRA: El informe del Consejo de Estado sobre la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero se queja amargamente del aumento de la capacidad personal, arbitraria y discrecional del ministro de Economía, afirmando que esas excesivas habilitaciones que se le conceden -cito literalmente- constituyen una norma en blanco que no contiene ningún tipo de regulación sustantiva y que podría suscitar serias dudas de inconstitucionalidad. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) .


En definitiva, señores, dentro de esta operación, perfectamente dirigida y orquestada, como un Tribunal de Defensa de la Competencia independiente podría incordiar se le vacía de competencias, y como la Comisión Nacional del Mercado de Valores podría incordiar, se envía allí a los ínclitos señor Ramallo y doña Pilar Valiente, de grata memoria. En España, señores, con el Partido Popular desaparece por completo la regulación, y sin reguladores fuertes e independientes la política de la competencia se convierte en un caramelo o en un látigo para premiar a los afectos o castigar a los desafectos y a los disidentes, y cuando algún medio de comunicación se convierte en un incordio para el Gobierno, ¿qué se hace? Gracias a la defensa de la libertad, se le quiere meter en la cárcel con un juez prevaricador. ¿Y ustedes nos quieren dar lecciones de libertad económica? ¡Por el amor de Dios, señores!

¡Adiós! (Fuertes protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Fuera, fuera!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Piqué i Camps pide la palabra).


Tiene la palabra el señor Piqué.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Gracias, señor presidente.


Pido la palabra por alusiones y atendiendo al artículo 87.


El señor PRESIDENTE: Senador Piqué, el senador Bru ha hecho una cita sobre la asistencia con el señor Rajoy a una conferencia en Barcelona. La cita era del señor Rajoy, y usted lo acompañaba. Lo único que le pido es que nos diga si estuvo o no en la conferencia con el señor Rajoy. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)

Señorías, la cita no se refería al señor Piqué. Del señor Piqué no se ha dicho nada, se ha dicho del señor Rajoy, lo que se ha dicho es que el señor Piqué acompañó al señor Rajoy, y eso es lo que tenemos que aclarar.
Por tanto, no ha habido alusiones, salvo a su apellido, al hablar de una conferencia a la que asistió como acompañante del señor Rajoy.


Tiene la palabra, señor Piqué.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, yo estuve en esa conferencia (Rumores.)?

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PIQUÉ I CAMPS: ?pero la alusión estaba directamente relacionada con un hecho que se refiere a un periodo en el que yo era ministro de Industria y Energía del Gobierno, y se han dicho cosas que, como no responden a la verdad, creo que tengo el derecho, por lo menos, a hablar 30 segundos, señor presidente. (Rumores.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


Tiene la palabra el señor Piqué.


Ruego silencio, por favor.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Muchísimas gracias, señor presidente.


Se ha hecho referencia a la posición contraria del Gobierno al cual yo pertenecía respecto a determinadas operaciones de concentración, y es verdad, porque el inte-

Página 7882


rés que finalmente se defendía era el de los consumidores, la libertad y la competencia en el mercado.... (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio.


Señor Piqué, le ruego se centre en la alusión que ha hecho el senador Bru a esta cuestión.


El señor PIQUÉ I CAMPS: Señor presidente, es precisamente por eso, porque se ha presentado como una injerencia lo que era la defensa de los consumidores y la libertad de mercado. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Dicho esto -y acabo en diez segundos, señor presidente-, claro que el Gobierno nombraba a los presidentes de las empresas: cuando eran públicas, que es el caso. Nosotros las privatizamos y lo que no puede ser es que se intente intervenir en los nombramientos cuando son privadas.
(Fuertes protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-El señor Lerma Blasco pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.


Tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir únicamente para decir que si cada vez que las citas teóricas no respondiesen a la verdad yo me considerara aludido, seguramente no intervendría nadie más que yo en el Senado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-El señor García-Escudero Márquez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. No voy a conceder otro turno de palabra. (Fuertes protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-El señor García-Escudero Márquez pide la palabra.)

Señor García-Escudero, no le voy a dar la palabra. (Fuertes protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, les ruego que me escuchen y así se podrán enterar. He dado la palabra al senador Piqué porque el senador Bru ha hecho alusión a una conferencia celebrada en Barcelona a la que acudió el señor Rajoy y a la que le acompañó un miembro del Gobierno, el señor Piqué. El señor Piqué, como miembro del Gobierno, ha aclarado la alusión del senador Bru. Está aclarado y, por tanto, no hay nada más que decir. (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ruego que sigamos el debate. El senador Lerma ha dicho que si los senadores tuvieran que intervenir por cada una de las alusiones que se les hacen, estaríamos permanentemente hablando. No voy a conceder más turnos de palabra, señorías. (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ruego silencio, señorías.


Tiene la palabra el senador Seguí.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a tratar de centrar el debate no en cuanto a las palabras que ha podido balbucear el senador Bru (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) porque realmente no he entendido lo que ha querido decir.


El senador Mur ha dicho que estamos hablando sólo de la operación Endesa, y no es cierto. Le voy a leer la petición -que usted habrá leído- de la comisión de investigación para que sepa que hemos centrado de forma ejemplar (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) la actuación que ha venido observando la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Digamos que esos han sido los dos temas estrella, pero realmente esa actitud se ha mantenido durante toda la legislatura, y por ello hemos dicho que la comisión de investigación ha de que tener por objeto el establecer si las actividades desarrolladas en la práctica por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno son acordes con el objeto y funciones que legalmente tiene atribuidas; y debe determinar si desde dicho órgano se han producido intromisiones indebidas en la actividad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de otros organismos reguladores y supervisores, y en el libre funcionamiento de la actividad económica. Es decir, ha quedado muy claro que nuestra pretensión no es incidir únicamente en un asunto gravísimo como es el de las opas, sino en toda la actuación, poco clara, turbia y muy poco transparente de esta Oficina Económica del Presidente del Gobierno.


Pero quiero hacer otras consideraciones. Señorías, en esta legislatura no ha habido ni una sola comisión de investigación que afecte a actuaciones del Gobierno socialista; ni una sola. Y debo decirles, señores del Grupo Parlamentario Socialista, que ustedes saben que la Comisión de Gescartera se creó cuando el Grupo Parlamentario Popular tenía mayoría absoluta en el Parlamento, y eso no me lo van a poder negar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Y es que, señorías, aquí estamos hablando precisamente de transparencia, de democracia, del ejercicio de un legítimo control al Gobierno por parte de las Cámaras. En definitiva nosotros queremos que esta Cámara -¿por qué no esta Cámara, señorías?- controle las actividades, que nosotros calificamos de turbias, de esta Oficina Económica. ¿Por qué esta Cámara no puede controlar esas actividades? ¿Es que esta Cámara es menos que el Congreso de los Diputados?

En absoluto, señorías, esta Cámara puede y debe controlar al Gobierno, y nosotros así lo solicitamos. Creo que si realmente los grupos parlamentarios de esta Cámara reivindican un papel para el Senado, no deberían remitirse, como aquí se ha hecho, al posicionamiento que ya se

Página 7883


manifestó en el Congreso. ¿O es que esta Cámara no es lo suficientemente independiente como para que los grupos parlamentarios puedan manifestar su propio posicionamiento? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Otra consideración que quiero hacer, señorías, es la siguiente. No estamos hablando de un problema pequeño, sino muy grande. Saben ustedes perfectamente que las actuaciones de esta Oficina Económica han tenido como consecuencia un grave desprestigio de nuestro país a nivel internacional que repercute en las relaciones internacionales, en materia económica de forma muy importante. El resto del mundo nos mira diciéndose que España tiene un organismo al lado del presidente del Gobierno, o dirigido por él, que interviene en los organismos reguladores y les dice lo que tienen que hacer, y ese es un mensaje que ha llegado al resto del mundo.


¿Realmente creen ustedes que eso no debe investigarse aquí? ¿Creen que nosotros no debemos saber qué actividad ha desarrollado esta oficina, y en que términos? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Una oficina que precisamente ha intervenido en operaciones en las que se ha favorecido claramente que sea una empresa pública de otro país la que se haga con una energética española. ¿Y eso no debe ser investigado? Nosotros creemos que sí.


Senador Bru, dice usted que me he perdido en mi penosa y turbia intervención, pero es que, como ya le he dicho, no le he entendido. Dice que yo he dicho que la Oficina Económica del Presidente del Gobierno pudo hacer tal o cual cosa. Evidentemente, claro que lo he dicho, porque quiero que sea una comisión de investigación la que lo determine. No quiero prejuzgar antes de que esa comisión de investigación se pronuncie, pues en ese caso me diría usted que lo estoy haciendo.


Dice que nosotros ya lo hemos denunciado en los juzgados.


¿Es que las Cámaras están supeditadas a que haya una querella o una denuncia en los juzgados? ¿Es que estas Cámaras no pueden investigar? ¿Es que la comisión del 11-M no podía investigar pese a que había, evidentemente, una actuación judicial? ¿Es ese, senador Bru, todo su argumento? ¿Es su argumento estrella decir que tratamos de convertir a la Cámara en una corte de casación de los fracasos del Partido Popular en el Congreso? ¿Es este el tono amable de su intervención y, sobre todo, el tono intelectual de su disertación? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Senador Bru, usted alude a esa denuncia, y si quiere le paso una copia detallada y contundente, por si no la tiene; denuncia que llevará a mucha gente a preocuparse muy mucho, y usted lo sabe. (El señor Bru Parra: Denuncia falsa.) Usted sabe perfectamente que hay mucha gente de esa Oficina Económica del Presidente del Gobierno que en estos momentos está preocupada por ver qué pasa con esa denuncia presentada en relación con estos temas, porque usted sabe perfectamente que esa denuncia va a ir para adelante.


Aparte de esa denuncia, nosotros queremos que el Senado se pronuncie, que el Senado conozca las circunstancias, y no solo de los dos o tres temas planteados en esa denuncia, sino de todas las circunstancias y de todas las cuestiones turbias que han pasado por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.


Senador Urrutia, senador Mur, lamento que no se sumen a lo que es únicamente una petición de transparencia.


Senador Cuenca, usted habla de que durante ocho años no se investigó: pues vote usted a favor de esta comisión porque ahora tiene la oportunidad de ayudar a la democracia y a la transparencia para conocer qué es lo que realmente ha pasado. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Senador Macias, evidentemente, tanto en el Congreso como en el Senado, la política en general es un hecho mediático. Si ese es su gran argumento para decir que no debemos investigar, que no debemos investigar porque va a salir en los papeles y en la televisión, realmente creo que usted podría haber utilizado otros argumentos y no este que, permítame que se lo diga, es de escasa altura.


Dice usted que la actuación del PP ha sido torpe dos veces. Su intervención hoy puede haber sido la segunda torpe intervención de su grupo, una en el Congreso y otra en el Senado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

En definitiva, señorías, concluiría mi intervención diciendo que hoy tenemos la oportunidad -muchas veces algún portavoz de grupo parlamentario dice que tenemos que activar los contenidos de esta Cámara y que tenemos que darle protagonismo porque esta Cámara debe ser conocida por la sociedad- de que esta Cámara contribuya a que se sepa la verdad.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Hoy tenemos la oportunidad de que eso sea así, y creo que si ustedes hacen un pequeño esfuerzo se puede conseguir. Es cierto que tendríamos que trabajar este verano, ¿pero ustedes no creen que merece la pena saber lo que pasa en la oficina económica del Gobierno aunque nos quitemos horas de sueño durante los meses de julio y agosto? Yo realmente creo que sí y quiero saber qué ha pasado en esa oficina y, por qué no decirlo, también quiero saber qué intervención ha tenido el presidente del Gobierno para que la actuación de esa oficina haya sido la que ha sido, por lo menos hasta lo que ahora conocemos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Al finalizar la votación de este punto del orden del día, votaremos el proyecto de ley que se ha debatido esta mañana.


Página 7884


-- HABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA

-- HABILITACIÓN DE TODOS LOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2007 PARA LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL ISLAM Y OCCIDENTE, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (550/000039).


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación, quiero decirles que la Mesa del Senado, en su reunión del 12 de junio, oída la Junta de Portavoces, ha acordado solicitar al Pleno la habilitación de todos los días del mes de julio para los trabajos de la ponencia de estudio sobre el Islam y Occidente, situación actual y perspectivas, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.


¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asen timiento.) Queda aprobada.


SOLICITUD DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

-- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (PRIMER FIRMANTE: D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ) (S. 650/000004). (Votación)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, a continuación, a la votación de la creación de la Comisión de Investigación.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 122; en contra, 130; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS 13/1985, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL MILITAR Y 8/1998, DE 2 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DEL REAL DECRETO-LEY 8/2004, DE 5 DE NOVIEMBRE, SOBRE INDEMNIZACIONES A LOS PARTICIPANTES EN OPERACIONES INTERNACIONALES DE PAZ Y SEGURIDAD. (S. 621/000098). (C.D. 121/000065).
(VOTACIÓN)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación a votar el proyecto de ley orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.


Señorías, en primer lugar, votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 15; en contra, 232; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 21; en contra, 228; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Antes de someter a votación el dictamen, quiero decirles que los grupos parlamentarios tienen una corrección de errores, firmada por todos los grupos, que no modifica en absoluto el fundamento de la ley.


Votamos el dictamen del proyecto.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 249; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.


-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2004, DE 29 DE OCTUBRE. SE

Página 7885


TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA ( S. 621/000104). (C.D.
121/000125).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 21 de octubre.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Señor presidente, señorías, me honro, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, en presentar ante este Pleno el dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.


El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 4 de junio de 2007, tramitándose por el procedimiento de urgencia, terminando el plazo de presentación de vetos y enmiendas el 8 de junio de 2007. Se presentaron un total de 29 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las enmiendas números 2 a 4, del senador Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas números 5 a 8, del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas números 9 a 14, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; las enmiendas números15 a 23, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; las enmiendas números 24 a 27, del Grupo Parlamentario Popular, y las enmiendas números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Socialista.


La Comisión de Economía y Hacienda designó a los miembros de la ponencia el 18 de junio y esta se reunió el mismo día, siendo estos sus acuerdos: la ponencia ha acordado diferir el debate de las enmiendas a una fase ulterior del procedimiento y mantener el texto de este proyecto de ley en los mismos términos en que fue aprobado por el Congreso de los Diputados.
La comisión aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia. Se han presentado seis votos particulares, a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en el Pleno las siguientes enmiendas: En el voto número 1, las enmiendas 2 a 4, del senador Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; en el voto número 2, las enmiendas 5 a 8, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el senador Cuenca Cañizares; en el voto número 3, las enmiendas 28 y 29, del Grupo Parlamentario Socialista; en el voto número 4, las enmiendas 15 a 23, del Grupo Parlamentario Convergéncia i Unió; en el voto número 5, las enmiendas 9 a 14, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y en el voto número 6, las enmiendas 24 a 27, del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Debate de totalidad.


¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)

Pasamos al debate de las enmiendas.


En primer lugar, enmiendas del senador Urrutia, del Grupo Mixto.


Tiene la palabra su señoría.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor pre sidente. Arratsalde on danori.


El proyecto de ley que se presenta a debate en este momento pretende incorporar al Derecho interno la Directiva 2005/14, de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de mayo 2005, que modifica diversas directivas anteriores, relativas al seguro de responsabilidad civil, derivadas de la circulación de vehículos automóviles. Además, en este proyecto se ha aprovechado para dar un paso más en la regulación del seguro obligatorio de vehículos a motor, uno de los más importantes dentro el mundo del seguro no sólo desde el punto de vista de primas anuales y número de pólizas, sino como elemento de protección de las víctimas de accidentes de circulación y personas aseguradas.


Uno de los objetivos de este proyecto es conseguir que los asegurados tengan un seguro que cubra sus posibles contingencias, con un límite financiero que permita al menos solventar todo tipo de perjuicios ocasionados. Eusko Alkartasuna ha presentado a este proyecto tres enmiendas que intentan reforzar este objetivo. La número 2, al artículo primero, dos, último párrafo, pretende que el asegurado que haya suscrito un seguro de responsabilidad civil acredite el mismo en el momento del accidente mediante la presentación documental, para que la persona o personas implicadas en el accidente puedan averiguar o constatar quién es la compañía, todos los aspectos de la póliza y el contrato suscrito, una visión fundamental. Las enmiendas números 3 y 4, al artículo primero, diecisiete, sexto, pretenden reforzar la protección del asegurado o de sus deudos más próximos, en caso de fallecimiento, al objeto de que en la evaluación de la indemnización por el perjuicio ocasionado se contemple explícitamente no sólo la fijada en las tablas biométricas, sino también los gastos de asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria, así como los relacionados con la recuperación anímica y psicológica del afectado o afectados. Este aspecto de la recuperación anímica y la recuperación psicológica es básico e imprescindible que aparezca reflejado en los seguros colectivos para los accidentes de circulación de vehículos. Estas coberturas contempladas en otras legislaciones europeas y, por lo tanto, susceptibles de ser incorporadas explicita y concretamente al proyecto de ley, es lo que ha motivado la presentación de estas dos enmiendas. Espero el

Página 7886


apoyo de sus señorías, para lo cual quedo a su entera disposición.


Mila esker.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos a las enmiendas del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.


Izquierda Unida ha presentado las enmiendas números 5 a 8, ambas inclusive, todas referidas a evitar la discriminación de las personas por razón de discapacidad. Por eso hemos planteado desde la posibilidad de cambiar el propio título del proyecto de ley hasta determinadas modificaciones para evitar, como decía anteriormente, la posibilidad de discriminar, a la hora de contratar este tipo de seguros, a personas que tengan discapacidad. Por tanto, pretendemos una protección en positivo e instamos al grupo parlamentario que sustenta al Gobierno a incorporar estas enmiendas, que creemos adecuadas para evitar discriminaciones hacia este colectivo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nuestras enmiendas a este proyecto de ley, como muy bien ha comentado el senador Urrutia, proponen unas mejoras en algunos aspectos de nuestra adaptación a la normativa comunitaria, en un tema realmente muy sensible para los ciudadanos: su seguridad y protección. Hemos presentado una serie de enmiendas y quiero llamar la atención sobre la número 15, que propone una nueva redacción del artículo primero, cuatro, para mejorar la protección de las víctimas de los accidentes de circulación mediante límites de cobertura muy superiores a los que con carácter de mínimos establece la directiva que se incorpora a nuestro Derecho interno. La propia jurisprudencia, los litigios que ha habido y las decisiones sobre temas relativos a indemnizaciones en accidentes aconsejan este incremento de los límites de cobertura. Además, nuestra propuesta no hace otra cosa que acercar el esquema legal español al de la mayoría de los Estados de la Unión Europea, que optan normalmente por establecer un límite de indemnización conjunto por siniestro. Este es un tema muy importante: la no distinción y la consideración conjunta de la cobertura en las indemnizaciones.


Nuestra enmienda número 16 mejora el precepto para el mismo artículo primero, pero en este caso referido al apartado siete, el cual, siguiendo la propuesta que realizamos, permitiría evitar el plazo previsto en tanto no se haya determinado la responsabilidad y cuantificado el daño.


Creemos también que es muy importante la enmienda número 17, que también hace referencia al apartado siete del artículo primero. En ella se mejora y se concreta una posible falta de regulación en lo que se determina la mora con respecto a la oferta motivada, pero nada se dice en el caso de la respuesta motivada, cuando en realidad deberían darse los mismos efectos jurídicos de enervación de intereses moratorios en ambos casos, tal y como se prevé en la directiva comunitaria que otorga idénticos efectos jurídicos en todos los ámbitos.


Nuestras enmiendas restantes siguen en la misma línea de ajustarse mejor al espíritu y a la orientación de la directiva europea. Como ustedes saben, nosotros la conoceríamos aquí como una ley de bases. Cada Estado miembro tiene un margen de maniobra para transponerla, es decir, para aplicarla, en nuestro caso, al régimen jurídico español. Sin embargo, creemos que hay una excesiva discrecionalidad en la práctica común en la Unión Europea en la aplicación que se hace de la directiva respecto a la que se propone en este proyecto de ley.


Nosotros insistimos en acercarnos de manera más clara para dejar menos ámbitos de indefinición y sobre todo para mejorar la protección y asegurar mejor el caso de las posibles indemnizaciones en el ámbito, en la tradición y en el nivel de cobertura que es usual en la Unión Europea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés retira las seis enmiendas que manteníamos vivas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Durán.


La señora DURÁN FRAGUAS: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista mantiene vivas dos enmiendas, las números 28 y 29, las dos de carácter técnico.


La número 28 es una enmienda de modificación del artículo 11.3 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, proponiéndose para la misma una redacción prácticamente igual en la que se incluye el concepto de robo de uso del vehículo causante del siniestro.


Consideramos necesario añadir el término robo de uso en el texto a fin de clarificar la acción del recobro del Consorcio de Compensación de Seguros, que indemniza a las víctimas de accidentes producidos por vehículos no solo robados sino también robados de uso, supuesto que ya está previsto en el apartado 11.c) del propio artículo 11.


Página 7887


La enmienda número 29 también es de modificación, en este caso del primer párrafo del artículo 13, que pasa a tener una redacción prácticamente igual, en la que se incluye la frase Consorcio de Compensación de Seguros. Creemos también que en este caso es necesario hacer referencia expresa al Consorcio de Compensación de Seguros ya que éste también debe emitir oferta o respuesta motivada. Además, en ese mismo párrafo se corrige «anexo I» simplemente por «anexo» ya que el texto refundido que se modifica solo tiene un anexo.


Para estas dos enmiendas que mantenemos vivas pedimos el apoyo del resto de los grupos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a defender las cuatro enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Con ellas buscamos el perfeccionamiento de la ley para permitir que todo ello redunde aún más en beneficio de los millones de asegurados españoles. Incluso queremos buscar por medio de ellas algunas soluciones para las compañías aseguradoras en el importante mercado español del seguro.


La primera de las enmiendas que presentamos, la número 24, hace referencia a que en los importes de la cobertura del seguro obligatorio, que están estipulados en 70 millones de euros para las personas y 15 millones para los bienes, puedan fijarse límites de indemnización conjunta por siniestro, es decir, en el caso de que la indemnización por bienes superara los 15 millones, las compañías aseguradoras pudieran echar mano, si me permiten esta sencilla expresión, de los 70 millones de euros previstos para las víctimas, con lo que existiría una mayor protección a las víctimas, se simplificaría en un solo seguro toda la cobertura de responsabilidad civil, pues se facilitaría la supresión de las pólizas de seguro de responsabilidad civil voluntaria, que con esta redacción serían innecesarias, y, como he dicho anteriormente, se ampliaría el límite de indemnización. Esta enmienda es similar a otra presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Mediante la enmienda 25, al artículo 7, sobre obligaciones del asegurador, introducimos una modificación relativa a que el asegurador será tenido como parte en el proceso en la defensa de la responsabilidad civil. Se refiere a que no está justificado, desde nuestro punto de vista, el que se facilite a las aseguradoras del perjudicado personarse en el proceso penal si no reflejáramos en esta ley, en esta oportunidad de cambio legal la posibilidad a las aseguradoras de los causantes del daño de hacer lo propio, ya que se trataría de los casos en que las entidades pudieran resultar civilmente responsables. Creemos que redondearía, por justicia y equidad, las actuaciones en casos de litigios para las compañías aseguradoras.


La enmienda número 26 establece un nuevo apartado 4 en el artículo 7, en el que, en caso de que no se hubiese realizado una oferta de indemnización por no identificarse plenamente el daño, se establecen tres puntos, en los que aparecen el pago del importe mínimo, el compromiso de pago de indemnización tan pronto como se conozca y el compromiso por la entidad aseguradora de informar motivadamente cada tres meses de los asuntos que le corresponden. Creemos que así queda reflejado de una manera mucho más evidente y concisa, beneficiando claramente al asegurado. Esta enmienda es similar a la número 18, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Por último, mediante la enmienda 27 incorporamos un nuevo párrafo al artículo 9, en el que se habla de que tampoco se impondrán intereses por mora cuando el asegurador hubiese dado una respuesta motivada, conforme a lo indicado en el artículo 7.4 de esta ley y quede acreditado que la falta de una oferta de indemnización está fundada en una causa justificada o que no le fuera imputable al asegurador, conforme al artículo 20.8.o de la Ley de Contrato de Seguro. Si como es el caso frecuente, no se pudiera realizar una oferta de indemnización por no estar debidamente consolidadas las secuelas, no se devengarían intereses de demora, siempre que esta respuesta motivada estuviera convenientemente ajustada a Derecho y la falta de oferta de indemnización se debiera a una causa justificada.


Por tanto, pido el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a estas cuatro enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Turno en contra?

La senadora Durán tiene la palabra.


La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.


Más que turno en contra este es un turno de explicación de algunos aspectos que queremos dejar claros respecto a las enmiendas, porque no las vamos a apoyar.


La enmienda número 1, del Grupo de Coalición Canaria, y la 25, del Grupo Parlamentario Popular, creemos que resultan innecesarias ya que la nueva redacción que el proyecto da al artículo 13 supone una actualización de la normativa procesal especial de responsabilidad civil de automóviles que supera los problemas de la actual normativa, entre ellos los que esas enmiendas pretenden atajar.


La enmienda número 2, del Grupo Mixto, cae, en nuestra opinión, en el error de considerar que lo relevante es acreditar la existencia de un contrato de seguro, que pudo existir en su momento y no estar ya vigente.
Desde nuestro punto de vista, lo importante es acreditar que existe un contrato de seguro vigente, pues eso es lo que supone el cumplimiento de la obligación que la norma establece.


En cuanto a las enmiendas núemros 3 y 4, del Grupo Parlamentario Mixto, opinamos que su aceptación supondría una modificación parcial y aislada del baremo sin

Página 7888


considerarlo en su conjunto, lo cual solo produciría distorsiones del sistema.


Respecto a las números 5, 6, 9 y 10, no podemos apoyarlas ya que modificarían la Ley de Contrato de Seguro.


Las enmiendas números 7, 8, 11, 12, 13 y 14 entendemos que exceden a la finalidad y al propio contenido normativo de este proyecto de ley.


En la 15, de CiU, nos parece que la compensación prevista coadyuva a la mejora de la cobertura de los perjudicados por daños materiales sin disminuir la cobertura de daños personales.


Respecto a la 16, de CiU, la regulación que el proyecto de ley efectúa en los mecanismos de oferta motivada y de respuesta motivada trae su causa en la incorporación al Derecho interno de la quinta Directiva del seguro de automóviles, ajustándose y respetando lo previsto en la norma comunitaria, cuyo ámbito de aplicación se refiere al seguro de responsabilidad civil derivado de la circulación de vehículos a motor.


En cuanto a la enmienda 26, del Grupo Parlamentario Popular, en la redacción dada por el proyecto de ley en el artículo 7 se incorpora al Derecho interno el mecanismo oferta-respuesta motivada establecido en la quinta Directiva. En el apartado dos se regula también la obligación de dar una oferta o respuesta motivada, los supuestos de una y otra, los plazos y las consecuencias en caso de incumplimiento.


Por último, respecto a la número 27, del Grupo Parlamentario Popular, no podemos apoyarla porque entendemos que no es conforme con la quinta Directiva del seguro de automóviles que se traspone en esta ley y, además, adolece de cierta incoherencia ya que parece igualar la oferta y la respuesta motivada cuando son cosas muy distintas.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos a continuación al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero agradecer el apoyo recibido por los grupos parlamentarios a nuestras propuestas y lamentar que el Grupo Parlamentario Socialista se haya mostrado contrario. Entiendo que lo hace en sintonía con las indicaciones del Gobierno y, sinceramente, creo que se equivoca.


Insisto: los litigios que existen en la actualidad, el nivel de coberturas, las propias sentencias, la práctica de lo que está ocurriendo en el conjunto de la Unión Europea, llevan a una mejor adaptación a la normativa comunitaria. No se quiere hacer, no sé si por una limitación o porque hay una cierta renuencia a ponerse al día en lo que ya está ocurriendo, pero el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista deberían ser más sensibles a las necesidades que se expresan. Además, las propuestas que hacemos van en defensa de los perjudicados, de aquellos que son víctimas inocentes en algunos de los conflictos que se generan y que trata de cubrir precisamente esta directiva.


Por lo tanto, insisto en que lamento esta falta de sensibilidad y dejo constancia de nuestra posición y de nuestras enmiendas porque en un futuro no muy lejano sus señorías verán cómo se tendrá que hacer una modificación de la legislación vigente para adaptarla a las propuestas que nosotros hacemos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?

Tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no ha presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley y únicamente voy a intervenir -brevemente, señor presidente- para manifestar la posición de nuestro grupo en relación con las enmiendas que permanecen vivas.


En este sentido, quiero anunciar que votaremos a favor de las enmiendas presentadas por el senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto; nos abstendremos en las presentadas por el senador Cuenca, del Grupo Parlamentario Mixto; votaremos a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en el Senado; he entendido que se han retirado las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en su totalidad; votaremos a favor también de las dos enmiendas técnicas del Grupo Parlamentario Socialista y, por último, vamos a votar en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a excepción de la número 25, porque consideramos que coincide con la número 1 del Grupo de Coalición Canaria.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? La senadora Durán tiene la palabra.


La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que hoy debatimos cumple con el doble objetivo de incorporar a nuestro Derecho interno la Directiva 14/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica diversa legislación relativa a la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y, por otra parte, la regulación el seguro obligatorio de vehículos, sin duda, uno de los de mayor importancia en el mercado español de seguros.
Creemos que potencia un

Página 7889


modelo integral, que protege al consumidor y que es equilibrado y universal. En resumen, los ciudadanos y ciudadanas van a tener un seguro que cubra cualquier contingencia y que lo haga con un amplio límite.


Para destacar algunas de las modificaciones que propone esta ley, citaremos las siguientes: la definición de estacionamiento habitual del vehículo en España, a efectos del seguro obligatorio, eliminando las lagunas que antes existían; controles de sondeo y certificado de antecedentes de siniestralidad, cláusulas que no podrá oponer el asegurador frente al perjudicado; se incluye, además, la obligación de oferta motivada de indemnización, en el plazo de tres meses, ante la reclamación del perjudicado; se regulan las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros, se tipifican las infracciones y se mejora fundamentalmente la protección de las víctimas y asegurados. Por tanto, y aunque no haya sido posible llegar a puntos de encuentro sobre las enmiendas que han quedado vivas para el debate en el Pleno del Senado, e independientemente de los cambios -que son parte de la vida, pues todo el mundo cambia-, la intención y el deseo del Grupo Parlamentario Socialista es que el texto que definitivamente se apruebe, aparte de transponer la quinta Directiva, aumente la protección y las garantías de los asegurados, algo que creo hemos conseguido con esta ley y que el Gobierno socialista ha potenciado.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.


La modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor tiene, tal y como recoge el preámbulo de esta ley y como ha reconocido algún portavoz, una trascendencia importante dentro del mercado de seguros de España e importantes repercusiones de carácter social y económico; quizá no tenga trascendencia política, pero todos los aquí presentes tenemos algún tipo de seguro, al igual que millones y millones de españoles. Por ello, y como representante del Grupo Parlamentario Popular, quiero expresar mi sorpresa y estupefacción por la intervención, sin lugar a dudas amparada y probablemente copiada de la posición estricta, férrea e inflexible del Gobierno de España ante lo que, a mi juicio, son unas enmiendas interesantes que mejoran sustancialmente la ley, que no perjudican absolutamente a nadie y tratan de dar mejor cobertura en los siniestros de vehículos a motor en España a las personas y víctimas a las que van dirigidas eventualmente, solventado importantes lagunas de carácter jurídico sobre las compañías aseguradoras. De ahí mi estupefacción y mi sorpresa.


Las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado son enmiendas muy sensatas y razonables, que no interfieren para nada en el conjunto del desarrollo legislativo de este proyecto de ley, que, efectivamente, introduce dos tipos de modificaciones: una, la incorporación al Derecho español de la Directiva 14/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, y otro tipo de modificaciones que todos aprovechamos para mejorar la cobertura legal de los seguros de los vehículos a motor en España.


Igualmente, agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos el apoyo a nuestra enmienda número 25. En cualquier caso, las otras tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son coincidentes absolutamente con las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió, con el que podríamos llegar a un principio de acuerdo, porque la verdad es que tendría poco sentido que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacioanlistas Vascos votara en contra, porque lo haría en todo caso con las enmiendas del Grupo de CiU, y le agradezco mucho su apoyo.


Espero que el resultado satisfactorio que, a buen seguro, obtengamos para los intereses de todos los españoles que tenemos seguros de vehículos a motor, sea después refrendado en el Congreso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley que acabamos de debatir.


En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos las números 2 y 3 del senador Urrutia Elorza.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 17; en contra, 217; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 4 del senador Urrutia Elorza.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 12; en contra, 217; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la enmienda número 5, del senador Cuenca Cañizares.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, siete; en contra, 226; abstenciones, 13.


Página 7890


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 6 a 8, del senador Cuenca Cañizares.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 13; en contra, 226; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Sometemos a votación las enmiendas números 15 a 23, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 135; en contra, 110; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Sometemos a votación las enmiendas números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 127; en contra, uno; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 132; en contra, 114.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas números 24, 26 y 27, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 123; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Dado que se ha producido un empate, es necesario repetir la votación.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 123; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Es necesario repetir la votación por tercera vez.


Votación de las enmiendas números 24, 26 y 27, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 123; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Señorías, tres votaciones, tres empates. En consecuencia, quedan rechazadas.


Señorías, al incorporarse al proyecto de ley aquellas enmiendas que han sido votadas favorablemente, votamos el resto del proyecto de Ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 245; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES (S. 621/000096) (C.D. 121/000097).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, me honro en presentar ante este Pleno el dictamen de la citada comisión en relación al proyecto de ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.


El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 de abril de 2007, tramitándose por el procedimiento ordinario y terminándose el plazo de presentación de vetos y enmiendas el 10 de mayo, que finalmente se amplió hasta el 17 del mismo mes.


Se presentaron un total de 81 enmiendas distribuidas de la siguiente manera. Las enmiendas números 1 a 21 del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas números 22 a 37 del senador Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto; las enmiendas números 38 a 67 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; las enmiendas números 68 a 78 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la enmienda número 79 del Grupo Parlamentario Popular; y las enmiendas 80 y 81 del Grupo Parlamentario Socialista.


La Comisión de Economía y Hacienda designó a los miembros de la ponencia el día 30 de mayo y esta se reunió el día 18 de junio. La ponencia ha acordado por una-

Página 7891


nimidad incorporar al informe la enmienda 80 del Grupo Parlamentario Socialista, así como diferir el debate del resto de las enmiendas a una fase ulterior del procedimiento y mantener el texto de este proyecto de ley, con la excepción ya aludida, en los mismos términos en que fue aprobado por el Congreso de los Diputados. Finalmente, la comisión aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia.


Se han presentado cinco votos particulares, a través de los cuales se mantienen las siguientes enmiendas para su debate y votación en el Pleno.
En el voto número 1 las enmiendas 1 a 21 del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el senador Cuenca Cañizares; en el voto número 2 las enmiendas 22 a 37 del senador Urrutia Elorza, también del Grupo Parlamentario Mixto; en el voto número 3 las enmiendas 68 a 78 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; en el voto número 4 las enmiendas 38 a 67 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; y en el voto número 5 la enmienda 79 del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


No hay debate de totalidad. Procede, pues, el debate de las enmiendas.


El senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente.


Estamos ante un proyecto de ley que es transposición de la Directiva comunitaria 2002/65 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ya ha sido incorporada al ordenamiento jurídico del Estado mediante la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de los seguros privados y que guarda relación con una que vulgarmente se conoce en la calle como directiva sobre el comercio electrónico, que fue incorporada mediante la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.


Lo que la Unión Europea quiere es reforzar la exclusividad y la importancia de este asunto. La directiva, además de regular el comercio electrónico y la sociedad de la información que aparecen en su título, se propone regular específicamente los servicios que se ofertan a los consumidores a distancia. En nuestra sociedad se impone la costumbre de comprar y vender a distancia, y hay que ofrecerle garantías y seguridad al consumidor para que estas operaciones a distancia no le creen problemas. Así, el objetivo general de este proyecto de ley es proteger a los consumidores de estos servicios financieros.


¿De qué servicios financieros se trata? De los que se prestan a distancia, que son, fundamentalmente, los que prestan las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las entidades aseguradoras -las compañías de seguros-, las sociedades gestoras de inversión colectiva, las sociedades gestoras de fondos de pensiones, los mediadores de seguros, las sociedades de capital riesgo -hedge funds-, las sucursales en España de entidades extranjeras y otros proveedores de servicios financieros; en definitiva, aquellos que ofrecen servicios a distancia.


¿Qué intención tienen la directiva y el proyecto de ley? Proteger al consumidor de estos servicios financieros. Es preciso que el consumidor disponga de información rigurosa para que esté contento con lo que recibe. Igualmente, hay que regular el derecho de desistimiento, para que el cliente pueda rescindir el contrato dentro de un plazo determinado, aunque se exceptúan algunos casos; el desistimiento es un acto básico.
Además, hay que ofrecer garantías complementarias a los consumidores y defensa judicial, e imponer un régimen sancionador.


Este proyecto de ley considera también una serie de aspectos a los que este senador de Eusko Alkartasuna ha presentado 16 enmiendas. De ellas, dos tienen contenido competencial, porque creemos que falta en el proyecto: la enmienda número 15 es una de ellas. Hay otras que se refieren a tres aspectos que quiero destacar: el soporte documental de que debe disponer el consumidor, que contenga la garantía de estos servicios financieros a distancia, el tiempo de comunicación y de respuesta que necesite y la lengua en la que se comuniquen todas las informaciones que reciba. Las enmiendas relativas al soporte documental son la 1, la 7, la 9, la 10 y la 11. Al tiempo de comunicación hemos presentado cuatro enmiendas y hemos establecido 14 días naturales como tiempo de respuesta, antes o después. En cuanto a la lengua, a la que se refiere el artículo 7.1 y 7.3, pensamos que debe concretarse la lengua -o lenguas- en que se redacten las condiciones contractuales y la información. En la enmienda que presentamos al artículo 7.2 proponemos la libre voluntad a la hora de contratar y que no haya coste alguno; es decir que ni el oferente ni el demandante tengan que pagar por estos servicios.


Al artículo 9.3 presentamos una enmienda de adición que propone que las condiciones contractuales lleguen a poder del consumidor, a quien deben enviársele de forma gratuita.


A los trámites de venta de servicios financieros a distancia les falta constatación física, y el oferente debe enviarle al demandante del servicio que lo solicite la conveniente información de todas las condiciones escrita en soporte físico.


Con la enmienda al artículo 10 nos proponemos evitar que haya perjuicios al consumidor en cuanto a información y documentación.


En el artículo 11, apartado 1, pretendemos añadir una referencia temporal de treinta días para la comunicación, a fin de procurar brevedad en el servicio y exigir un plazo de garantía.


Queremos hacer una mención especial al tema competencial. En la disposición final primera pretendemos salvar las competencias que con carácter exclusivo tienen las comunidades autónomas, y por eso hemos presentado una enmienda de adición que hace referencia a la Constitución pero teniendo siempre en cuenta las competencias que, con carácter exclusivo, ostentan las comunidades autónomas en materia de consumo, porque hay varias comunidades autónomas que tienen competencia en esta cuestión.


Página 7892


La última enmienda se refiere al artículo 18, apartado 2, y en ella queremos especificar la duración del soporte en la comunicación de la documentación.


Independientemente de que se aprueben o no estas enmiendas, vamos apoyar este proyecto de ley porque nos parece fundamental la adaptación de esta directiva. Hay que dar total garantía al consumidor en los servicios financieros prestados a distancia. El cambio de mentalidad va a exigir que la información, el soporte documental, el tiempo de respuesta y el coste que se exija den garantías a aquella persona que ha comunicado vía comercio electrónico una utilización de servicios.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.


Izquierda Unida ha presentado 21 enmiendas, que doy por defendidas, pero quiero concretarlas en dos grandes apartados. Hay una serie de enmiendas que afectan fundamentalmente a las garantías para el consumidor, incluso le protegen en lo que respecta al idioma oficial de cada comunidad en el que tienen que estar redactadas las cláusulas. Otro gran paquete de enmiendas afecta al artículo 10 del proyecto de ley, relativo a los derechos de desestimiento. En nuestra opinión, han añadido muchas excepciones que la directiva no contempla porque no son necesarias, y no entendemos por qué tienen que aparecer incluidas tantas excepciones. Por tanto, planteamos su supresión y que se dejen, como no puede ser de otra forma, a las competencias propias de cada una de las comunidades, fundamentalmente para preservar los derechos de los consumidores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, hemos presentado once enmiendas de las cuales retiramos la número 69 porque está planteada de manera errónea y no tiene un soporte adecuado en el articulado del proyecto de ley. El resto de las enmiendas tienen un común denominador: la defensa de los consumidores.


Como ha señalado el senador Urrutia, este proyecto de ley que debatimos hace referencia a la comercialización a distancia de servicios financieros. Es la adaptación, la transposición a la legislación española de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, y hace mención a lo que se ha conocido como la aplicación de servicios financieros a la directiva del comercio electrónico, es decir, a la utilización de nuevas tecnologías en muchas de las operaciones, en este caso con las instituciones financieras.


Nuestras enmiendas responden, como en el caso anterior, al conocimiento de la práctica en diversos países de la Unión Europea, porque otros países la han aplicado antes -no diré mejor pero sí antes- y por su desarrollo en la realidad conocemos las lagunas y los aspectos que deberían ser mejorados a fin de asegurar una mejor protección de los consumidores en el ámbito de aplicación por comercialización a distancia de los servicios financieros.

En la enmienda número 68 precisamos un poco más, al proponer sustituir el inciso «todo tipo de servicios financieros» por «de los servicios financieros que se definen en el apartado 2 siguiente» porque, como ustedes saben -precisamente en los últimos días ha sido una constante en los medios de comunicación- hay entidades que ponen en peligro las garantías que deberían exigirse en este ámbito a operaciones que podrían acabar siendo fraudulentas. No queremos que al amparo de esta directiva se pueda entender por parte de algunas instituciones financieras que pudieran crearse, como ha ocurrido durante los últimos meses, una oferta que resultara perjudicial para aquellos que contratan esos servicios financieros. Por tanto, si hay una definición en la ley de los servicios financieros, queremos que en este apartado 1 del artículo 4 quede bien definido el ámbito de aplicación.


En la enmienda número 69 pretendemos crear una cláusula de protección para garantizar la posibilidad del consumidor de dirigirse al proveedor de forma personal.


Lo mismo se contempla en la enmienda número 70.


Señorías, hay un aspecto importantísimo en la aplicación de muchos estatutos de autonomía, que es el derecho del consumidor a dirigirse y utilizar su lengua propia, algo que nosotros explicitamos de manera más acertada y precisa en la enmienda número 71.


En la enmienda número 72 hacemos especial énfasis, de conformidad con el Consejo de Estado, en que se explicite la gratuidad del suministro de información de forma previa a la asunción de obligaciones por parte del consumidor.


En la enmienda número 73 proponemos garantizar la posibilidad del consumidor de dirigirse a una persona, sin menoscabo de los sistemas de atención al cliente a distancia.


En la enmienda número 74 proponemos la supresión del apartado 2.f. del artículo 10 al no comprender el supuesto que el proyecto de ley prevé.


En la enmienda número 75 proponemos la necesidad de incluir la matización en el supuesto de ejercicio del derecho de desistimiento del contrato accesorio, que consideramos también muy importante y que es una previsión jurídica de protección al consumidor, algo a lo que ha hecho referencia el senador Urrutia.


En la enmienda número 76 proponemos la necesidad de agilizar el reabono en caso de cargo fraudulento, sin perjuicio de que, con posterioridad, pueda reclamarse al consumidor el correcto pago en el supuesto de que éste sea responsable.


En la enmienda número 77, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, proponemos una letra nueva

Página 7893


al apartado 3 del artículo 15. Y lo que hacemos es introducir lo que dicho Consejo afirma: debería contemplarse también la legitimación de esos consumidores afectados a título individual, titulares de un interés difuso igualmente protegido por la acción de cesación.


La enmienda número 78 se justifica para salvaguardar las competencias que en este ámbito tienen atribuidas las comunidades autónomas, y es la única que hace referencia a este aspecto. Y vamos a apoyar también algunas enmiendas presentadas por el senador Urrutia , relativas también a la protección y competencias de las comunidades autónomas.


Así pues, y en síntesis, hemos retirado la enmienda 69 por no tener un soporte adecuado en el proyecto de ley. La enmienda 78 de defensa de las competencias de las comunidades autónomas nos llevará a apoyar las que presenta el senador Urrutia. El resto hace referencia a mejoras en la protección del consumidor, a la experiencia que ya hay en la aplicación en otros países de la Unión Europea que han traspuesto esta directiva y a la aplicación de las recomendaciones que sobre esta ley ha hecho el Consejo de Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés retira todas sus enmiendas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


A continuación paso a defender la enmienda número 79 que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular al artículo 10.2 de este proyecto de ley. Con esta enmienda pretendemos la inaplicabilidad expresa del derecho de desistimiento en los contratos de seguros en los que haya acaecido el siniestro objeto de cobertura.


A nuestro juicio es evidente que se trata de un contrato ejecutado en su totalidad. Una vez ocurrido el siniestro objeto de cobertura, el derecho de desistimiento pierde todo su sentido, puesto que se han producido los daños y la compañía estaría obligada al pago. Lo que tratamos hacer con nuestra enmienda es tan simple como incluir esta excepción entre los supuestos en los que el derecho de desistimiento no es aplicable.


Creemos que citar este supuesto no solo es oportuno, sino, además, necesario por razones de seguridad jurídica, así como por una cuestión clara de coherencia con la legislación de seguros privados. No podemos dejar de lado, tal y como ya han comentado otros portavoces, que la Ley 34/2003 vino a ser un anticipo de la transposición que hoy nos ocupa por cuanto incorporaba la misma Directiva 2002/65 a nuestra legislación sobre seguros privados. Esa Ley 34/2003 determina la facultad de resolver -literalmente- siempre que no haya acaecido el evento dañoso objeto de cobertura; luego sí excluye el derecho de rescindir el contrato en este caso. El omitir esa exclusión en este proyecto de ley podría, por tanto, generar incertidumbres y dudas totalmente indeseables, máxime si lo que hacemos es citar unos y no otros, porque otras exenciones, como los seguros de viaje o equipaje cuya duración es inferior a un mes, los seguros cuyos efectos terminan antes del plazo de preaviso, o los que dan cumplimiento a una obligación de aseguramiento del tomador, aunque también aparecían en la ley 34/2003, sí se incluyen de forma expresa en este texto legal. Así pues, solicitamos el apoyo de los grupos parlamentarios a esta enmienda.


En cuanto a nuestra posición sobre las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, quisiera referirme con toda brevedad a tres cuestiones. En primer lugar me referiré a los supuestos de inaplicación del desistimiento. Abogamos por mantener el texto remitido por el Congreso de los Diputados, es decir, las exenciones que cita la directiva expresamente a modo de ejemplo, tal y como se dice en la directiva, y otras que entendemos que se encuadrarían en esas situaciones; las que la directiva permite en el apartado 6.3, y cómo no, las correspondientes a contratos de seguro que ya aparecen como tal es en la Ley 34/2003.
Faltaría incluir el supuesto que, como decía, proponemos en la enmienda 79.


Estamos de acuerdo con la precisión que hace el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en su enmienda 75 en el sentido de aclarar que la resolución del contrato vinculado o accesorio no suponga la rescisión automática del contrato principal. Resultaría absurdo que, por ejemplo, la cancelación de una tarjeta de crédito implicara la cancelación automática de una cuenta corriente.


En segundo lugar, también apoyaremos la enmienda 77 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que se refiere a la legitimación de particulares titulares de un derecho o afectados a título individual en las acciones de cesación teniendo en cuenta, además, lo que se indica en el dictamen del Consejo de Estado. En tercer lugar, quisiera señalar que en cuanto a conceptos, como soporte duradero o técnicas de comunicación a distancia, apoyamos la incorporación literal que se hace en el texto de la directiva, una directiva que, como decía, tiene una premisa, que son las garantías o la máxima protección a los consumidores y usuarios, pero que también tiene otra, y es la agilidad de los procedimientos. Y en ese sentido no vamos a apoyar enmiendas que imponen restricciones o medidas que pueden repercutir en la pérdida de esa agilidad que, a nuestro juicio, sería contraria al espíritu del proyecto de ley, así como al de la propia directiva.


En cambio, sí nos parece fundamental introducir de forma expresa la gratuidad -también lo señala de forma

Página 7894


expresa el Consejo de Estado-. Vamos a apoyar la gratuidad de toda la información, la del apartado 7.1 y también la información adicional, si la hubiere, que pueda existir. Por tanto, votaremos a favor de la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Popular, y de la número 30, del senador Urrutia.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En turno en contra tiene la palabra la senadora Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.


Señorías, este proyecto de ley, como ya se ha dicho anteriormente, completa la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2002/65, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de fecha 23 de septiembre de 2002. Decimos completar porque esta Directiva ya fue incorporada, mediante la Ley 34/2003, de 4 de noviembre -también citada-, de modificación y adaptación de la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.


El proyecto de ley regula de forma específica -me gustaría incidir en ello- la comercialización a distancia de servicios financieros, respondiendo de esta manera a la demanda de la propia adaptación social a las nuevas tecnologías y a los elementos peculiares de esta contratación concreta. Uno de los pilares tradicionales en que se basa el negocio financiero es la confianza y, por tanto, la seguridad, y hoy en día el objetivo de este proyecto de ley es, ni más ni menos, ofrecer un marco legal que suponga una adecuada protección al consumidor, sin que esta signifique además menoscabo alguno en las actividades de los proveedores de servicios, atendiendo siempre a las especiales características de los servicios financieros.


La aludida protección garantizada al consumidor está fundamentada en las garantías en cuanto a la información recibida previa a la celebración del contrato en cuestión, lo cual viene plasmado en un régimen riguroso en cuanto a la información a recibir por los consumidores, exigencias suficientes para que el contrato pueda cerrarse por completo con conocimiento por las partes contratantes de sus respectivos derechos y obligaciones.


En segundo lugar, también hay que tener en cuenta para la protección de las garantías complementarias la protección contra el uso fraudulento de las tarjetas de pago en el ámbito en el que se enmarca este proyecto de ley.


En tercer lugar, el proyecto de ley, igualmente, asegura la necesaria defensa judicial para el consumidor, promoviendo de manera decidida el uso de la reclamación extrajudicial cuando la requiera el consumidor.


En cuarto lugar, establece un equilibrado régimen sancionador.


Por último, y quizá lo más importante de esta trasposición, regula la figura singular del derecho de desistimiento, en cuya virtud el cliente puede rescindir el contrato firmado en un plazo determinado, en concreto catorce días naturales y treinta para el caso de contratos relacionados con seguros de vida, a partir bien de la celebración del contrato, bien de cuando se le informe al consumidor de su celebración en relación con los que tienen referencia con seguros de vida. El consumidor, en este caso, no tendrá que argumentar más que su voluntad de hacerlo, e igualmente recoge también el proyecto de ley o la transcripción de la directiva un listado con exclusiones a título de ejemplo, ya que por la naturaleza de muchos servicios financieros, este derecho, el de desistimiento, no podrá ejercitarse por la inevitable fluctuación de las condiciones de muchos contratos financieros, lo cual hace necesario que las obligaciones contractuales hayan de cumplirse desde el inicio de la formalización del contrato, o bien porque esas obligaciones contractuales exijan una seguridad jurídica especial, como puede ser el caso de las hipotecas.


Dicho esto, me refiero ya a las enmiendas presentadas por los distintos grupos. En primer lugar, el Senador Cuenca ha agrupado sus enmiendas en dos bloques, y para justificar el rechazo de nuestro grupo parlamentario me gustaría hacer lo propio. Por un lado, un conjunto de las enmiendas que ha presentado pretenden suprimir conceptos jurídicos indeterminados en la acotación temporal de ciertas obligaciones por parte de los proveedores de servicios financieros relacionados con la información en los contratos. Respecto de estas, debemos dejar patente que la propia directiva no establece períodos concretos, por lo que entonces no compartimos que sí lo haga la legislación nacional, y al no marcar plazos más concretos la propia directiva, consideramos que el actual redactado sí persigue la finalidad de una suficiente armonización comunitaria.


El segundo bloque de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida contempla una lista de exclusiones en el artículo 10. Como ya he dicho, ese es un listado a título de ejemplo, como viene recogido expresamente en el artículo 6.2.a) de la directiva. La eliminación de excepciones que Izquierda Unida pretende no la vemos acorde con la armonización comunitaria puesto que son ejemplificativas, están plenamente amparadas por la directiva que se transpone y guardan coherencia con ella.


En último lugar me gustaría citar el caso concreto, en el bloque de enmiendas que presenta el senador Cuenca, de los planes de pensiones, ya que cabe decir que estamos ante un servicio financiero sujeto a fluctuaciones, las cuales podrían darse durante el plazo en el que puede ejercerse el derecho de rescisión. Pero es importante recordar que para los planes de pensiones existe una facultad de movilización bien a otro plan de pensiones o a otro plan de previsión asegurado sin coste. Por tanto, no vemos desprotección alguna al respecto para el consumidor, teniendo en cuenta además los factores conocidos que no podemos generalizar, aunque al menos podemos garantizar que en su mayoría busca el consumidor al contratar este servicio financiero; y creemos que no son precisamente la búsqueda de rentabilidad a tan corto plazo.


Respecto de las enmiendas presentadas por el senador Urrutia, por un lado, también se pretende suprimir conceptos jurídicos indeterminados, para lo cual me remito a lo que acabo de decir en relación con las enmiendas de

Página 7895


Izquierda Unida. Hay otro bloque que persigue preservar la gratuidad, como ha dicho el senador Urrutia, para el consumidor del coste relativo a la recepción de información referida a contenido y condiciones de la contratación a distancia. Respecto de estas enmiendas, nuestro posicionamiento es que como la propia directiva no exige la gratuidad, debe considerarse ésta, la gratuidad, dentro de la libertad contractual y de la libertad de las partes.


En cuanto a la enmienda sobre el soporte documental escrito, nuestro grupo parlamentario no la considera necesaria ya que el soporte escrito puede darse en todo caso, como viene recogido en el propio proyecto de ley, en concreto en el artículo 9, apartado 3. No aceptamos tampoco la enmiendas 26 por entender que excede del propio contenido de la directiva la exigencia de información visada por una autoridad supervisora.
Consideramos que no resulta operativo, que introduciría un nivel de intervencionismo que es totalmente incompatible con el funcionamiento eficiente del mercado, y debemos añadir que en el ámbito de los seguros la actividad de mediación ya está sujeta a ordenación y supervisión, en concreto, por la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, por lo que supone ya una garantía y una tutela para los consumidores.


Respecto de ciertas expresiones que el senador Urrutia propone suprimir y cambiar por otras, como, por ejemplo, en la enmienda 28, consideramos que es más adecuada la redacción que ya está comprendida en la transposición de la propia directiva que la modificación que se recoge en las enmiendas, las cuales pensamos podrían llevar a confusión.


En último lugar, en cuanto a las enmiendas presentadas por el senador Urrutia y a la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto de los asuntos competenciales, el proyecto de ley no tiene en absoluto por objeto regular materias relacionadas con el consumo, sino exclusivamente con la contratación. Por tanto, en todo el conjunto de este proyecto de ley para la transposición de esta directiva no vemos que pueda extraerse falta alguna a la salvaguardia de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en este ámbito.


En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, algunas tienen por objeto incorporar la atención personalizada, presencial y directa al consumidor por parte de las empresas de prestación de servicios financieros a distancia, sin que por ello pierdan su naturaleza de contratos a distancia propiamente dichos. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que el ámbito de esta transposición en este proyecto de ley viene centrado exclusivamente en técnicas de comunicación a distancia en el sistema de venta o prestación de servicios por parte del proveedor hasta la celebración del contrato, incluyendo dicha celebración, y que otro caso, como el que se expone, fuera de este supuesto no puede aplicarse o no cabe dentro de esta regulación tan específica.


Otro bloque de enmiendas precisa conceptos también indeterminados.
Respecto de este bloque de enmiendas, como las números 68 ó 76, con la transposición lo que se hace es reflejar fielmente lo recogido por la directiva con la finalidad de conseguir así una suficiente armonización comunitaria.


Por último, en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, les diré que es la misma que se presentó en el Congreso y, por coherencia, la rechazamos por el mismo motivo por el cual se rechazó en la Cámara Baja.
Vemos que en el redactado del proyecto de ley, cuando se hace referencia expresamente a los contratos que se hayan ejecutado en su totalidad, resulta totalmente innecesario recoger de manera expresa el supuesto que el Grupo Parlamentario Popular plantea, en el cual ya ha acaecido el siniestro objeto de cobertura, puesto que consideramos que es un ejemplo de ejecución del contrato en su totalidad.


Resumiendo: nuestro rechazo a la totalidad de las enmiendas presentadas se fundamenta en tres puntos; por un lado, nos oponemos de lleno al contenido de unas enmiendas; vemos que otras son innecesarias si de verdad queremos conseguir una armonización jurídica o normativa comunitaria, y nos oponemos a otras más porque según el sentido en el que viene expresada su motivación las consideramos innecesarias para matizar o clarificar el contenido del proyecto de ley.


Nada más, y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.


Es una pena que la portavoz del Grupo Socialista no haya aceptado ninguna enmienda de este humilde senador ni de los demás por considerar que son innecesarias y que no aclaran nada. ¡Qué le vamos a hacer! Lo acepto.
Creo que estas enmiendas mejoraban la garantía de los consumidores, y no comparto lo que ha comentado en relación con la enmienda 37, relativa al tema competencial. Al final el consumo de servicios financieros -no son comercio, sino consumo- afecta, y creo que se creará una problemática con respecto a esta ley cuando entre en vigor.


Tampoco ha contestado nada en relación con las lenguas oficiales o aquellas que necesite el consumidor para comunicarse con él. ¡Qué le vamos hacer! Otra vez será. Somos jóvenes, y seguro que alguna vez aceptarán más enmiendas.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


El Grupo de Coalición Canaria no hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Página 7896


Quiero insistir en los mismos argumentos que he comentado en relación con el proyecto anterior. Nuestra posición se centra en la defensa del consumidor, basada -insisto- en la experiencia, en la aplicación de la directiva comunitaria que ahora nos ocupa y aplicamos, y únicamente en una enmienda concretamos la defensa de la competencia, que ha sido ampliamente contemplada en las enmiendas del senador Urrutia, que apoyaremos.


Insisto en que dos de las enmiendas se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado, o sea, que nosotros estamos convencidos de esta cuestión por la experiencia y el fundamento de la bondad de nuestros argumentos y la utilidad de nuestras propuestas de modificación para mejorar el proyecto de ley. El Gobierno y el Grupo Socialista no lo consideran así, y lo lamentamos profundamente. Pero al igual que lo que he comentado en el proyecto anterior sobre la posición del Gobierno y del Grupo Socialista, al menos dejo constancia de nuestra posición, porque sin duda dentro de muy poco tiempo verán ustedes la modificación de este proyecto de ley con los aspectos que nosotros proponemos, que, insisto, van dirigidos a la defensa del consumidor en el ámbito que contempla este proyecto de ley para la transposición de la directiva de la Unión Europea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Al igual que en el proyecto anterior, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tampoco ha presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Por ello, únicamente voy a manifestar el sentido de nuestro voto respecto de las que permanecen vivas después del trámite en la Comisión de Economía y Hacienda y esta tarde en el Pleno.


Compartimos plenamente los argumentos que ha manifestado el senador Urrutia, así como los expresados por el senador Gasòliba, en relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y de Convergència i Unió. En consecuencia, vamos a apoyar las enmiendas presentadas por dichos grupos parlamentarios. Nos vamos a abstener en la votación de las enmiendas presentadas por el senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto. Y vamos a votar en contra de la enmienda número 79, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Denegaciones.) No hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar les diré que esta humilde senadora habla en nombre de un Grupo Parlamentario, el Socialista, y lamento no haber aceptado enmiendas, pero considero que al menos estoy en la obligación de exponer nuestro posicionamiento respecto de ellas. Y si por algo lo lamento es porque la totalidad de las enmiendas presentadas pretenden ser constructivas; pero, ¡qué le vamos a hacer!, desde nuestro punto de vista no enriquecen el contenido de lo que es la transposición para la pretendida armonización jurídica comunitaria.


Todos sabemos que el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años ha supuesto una modificación en la estructura de algunos sectores de nuestra economía. Ha supuesto también un cambio radical en los sistemas financieros que, de esta forma, gracias a los canales a distancia han visto superadas barreras tradicionales como son las geográficas, las de tiempo y comunicación. Como ejemplo me gustaría dar los datos que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística respecto del año 2005: cuatro millones y medio de internautas en nuestro país utilizaron ese año servicios financieros online, representando un 29,82 por ciento de los internautas y el 10,23 por ciento de los consumidores españoles. Se está fomentando la utilización y el desarrollo de nuevos medios de compra y de contratación de servicios que permiten un crecimiento acelerado de la compra a distancia y, además, proporcionan al consumidor beneficios adicionales, como son la variedad y la amplitud de productos a su disposición. Los servicios financieros, señorías, por sus propias características son especialmente atractivos para ser comercializados a distancia, sobre todo a través de Internet, por sus ventajas, entre ellas, la posibilidad de que el consumidor controle sus cuentas en cualquier lugar y en cualquier momento, la facilidad para comparar entre diversas alternativas de inversión o financiación, y también el ahorro de tiempo y costes. Cabe reconocer igualmente que en este contexto de entornos virtuales la elección del canal a distancia sufre una influencia relevante por parte del riesgo percibido por el consumidor, pudiendo llegar a ser este riesgo una barrera importante para llevar a cabo las contrataciones que en este debate nos están ocupando: las de servicios financieros a distancia.


En el marco o contexto actual, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que es muy importante la transposición completa de esta directiva, la aprobación, en definitiva, de este proyecto de ley, que es beneficiosa para ambas partes. Por un lado, para el consumidor, puesto que le reporta las máximas garantías a la hora de elegir este canal de comercialización, los canales a distancia, garantías reforzadas, además, con la figura del derecho del desistimiento. Y por otro lado es beneficioso también para los proveedores, puesto que la exigencia de requisitos en cuanto a la información le reporta una serie de ventajas competitiva entre las distintas alternativas de intermediarios oferentes, de forma que quedan equiparadas esas exigencias y, al mismo tiempo, se reduce al máximo una

Página 7897


variable que supone la principal barrera o freno por parte del consumidor a la hora de elegir los canales a distancia como su opción de compra o contratación, superando de esta manera su temor a este riesgo o desconfianza. Con las novedades que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el presente proyecto de ley, la transposición completa de la directiva, y atendiendo a las especiales características de los servicios financieros, los consumidores podemos asegurar que con su aprobación tenemos una mayor protección. Por lo tanto, como digo, todos salimos beneficiados con su aprobación.


Algunas de las enmiendas las vemos innecesarias, como ya he dicho en mi anterior intervención, aunque no nos oponemos a ellas. Pero nos gustaría que el proyecto de ley quedara como el informe de la ponencia. Ese es nuestro cometido y lo que le pedimos al resto de los grupos; pero lo importante es que todos estamos en la misma línea, en la de buscar de forma constructiva una máxima garantía para el consumidor.


Esperando que todos encontremos la suficiente armonización jurídica en conceptos que cuando menos limiten la aprobación de ciertas enmiendas presentadas, nada más por parte de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Murria.


El señor MURRIA CLIMENT: Muchas gracias, señor presidente.


Estamos ante un proyecto de ley consecuencia de la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, cuya incorporación a la vida económica ofrece innumerables ventajas aunque también produce una incertidumbre jurídica que ha de ser compensada con la necesaria reforma legislativa que garantice una adecuada protección a los clientes ante estos servicios financieros.


Se trata, pues, de establecer un marco jurídico, como el proyecto de ley que nos ocupa, que garantice un adecuado nivel de protección a los consumidores a la vez que adopte medidas destinadas a su progresiva consolidación tanto en el mercado interior como en el comunitario, dado que los servicios financieros, por su carácter incorporal, son especialmente aptos para ésta su contratación a distancia; es decir, que dé confianza al consumidor para una mayor contratación de estos servicios.


La senadora popular doña Mar Angulo en el turno de defensa de enmiendas ha argumentado el criterio del Grupo Parlamentario Popular ante ellas y las posibles modificaciones que en el articulado puedan causar. Pero no olvidamos que es un proyecto de ley que se aplica a los servicios financieros. Muchos de ellos son al pormenor, es decir, servicios bancarios de mediación e inversión o fondos de pensiones que son negociados a distancia sin que exista la presencia física simultánea de las partes del contrato, y este tipo de servicios son cada vez más publicitados en los medios de comunicación, pudiendo inducir a error o indefensión de los consumidores, por lo que es importante la información previa a la formalización del contrato, una información que a todas luces debería ser gratuita.


Por ello, nuestro grupo parlamentario, una vez expresada su posición respecto de las enmiendas presentadas, comparte la armonización de principios contemplados en este proyecto de ley con la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/65 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, una incorporación que se ha hecho en parte y de la cual la parte que corresponde a este proyecto de ley consideramos se ha hecho tarde, por cuanto debería haberse formalizado mucho antes de esta fecha.


Apoyamos el proyecto de ley con el fin de garantizar una mayor protección al consumidor en el momento de negociar y celebrar contratos financieros que permitan su consolidación en el mercado y que a la vez permita una mayor utilización de las nuevas tecnologías en el comercio financiero.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley que acabamos de debatir.


En primer lugar, las enmiendas del senador Urrutia, del Grupo Parlamentario Mixto, números 22, 28 y 34.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 12; en contra, 223; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 23, 24 a 26 y 33, del senador Urrutia.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 13; en contra, 226; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 30, del senador Urrutia.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 134; en contra, 107.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de las enmiendas del senador Urrutia.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 16; en contra, 224; abstenciones, una.


Página 7898


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 3, 11 a 17, 19, 20 y 21, del senador Cuenca Cañizares.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, tres; en contra, 223; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 4 y 6, del senador Cuenca Cañizares.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, ocho; en contra, 107; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del senador Cuenca Cañizares, enmiendas números 1, 2, 5 y 8.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, ocho; en contra, 222; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Últimas enmiendas del senador Cuenca Cañizares números 9, 10 y 18.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, tres; en contra, 228; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 68, 72, 75 y 77.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 131; en contra, 107; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmienda número 76 de Convergència i Unió.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 14; en contra, 108; abstenciones, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 224; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 123; en contra, 118.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos a votar el proyecto de ley.


En primer lugar, aquellas partes del proyecto que han sido enmendadas en comisión y que no han sido comprendidas en la votación que acabamos de hacer.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 239.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 240.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (S. 624/000015) (C.D. 122/000144).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación a debatir el dictamen de la Comisión Constitucional en relación con la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos.


Para la presentación del dictamen, el senador García Miralles tiene la palabra.


El señor GARCÍA MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.


Con toda brevedad, paso a presentar la proposición de ley orgánica de financiación de los partidos políticos.


Me complace presentar ante sus señorías el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de ley orgánica de financiación de los partidos políticos. Se trata de una nueva ley que viene a sustituir a la de 1987, pues, como señala su exposición de motivos, esta última no garantizaba de manera adecuada la suficiencia, regularidad y transparencia de la actividad económica de los partidos políticos.


La proposición de ley tiene 19 artículos, 11 disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y una final.


Página 7899


En lo que respecta a su contenido, la nueva ley regula detalladamente los recursos públicos y privados de los partidos, determina su régimen tributario y obligaciones contables y establece normas de fiscalización, control y sanción. En el Senado se han presentado 42 enmiendas procedentes del Grupo Parlamentario Mixto, del de Senadores de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Popular.


La Comisión Constitucional, en su sesión del lunes, acordó asumir como dictamen el texto recibido del Congreso de los Diputados, dejando que se debatieran las enmiendas en la presente sesión plenaria.


Por ser esta mi última intervención como parlamentario, después de treinta años, quisiera agradecer a todos la amistad, la solidaridad y el buen trabajo que han demostrado a mi paso por esta Cámara. Les deseo la mejor de las suertes.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Gracias, senador García Miralles. Le deseamos a usted exactamente lo mismo.


¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Ferrández.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para hacer uso del turno en contra de la proposición de ley sobre financiación de partidos políticos que hoy se somete a nuestra consideración.


El señor PRESIDENTE: Señoría, permítame.


¿Va a haber turno a favor? (Asentimiento.)

El senador Mansilla tiene la palabra.


Disculpe, señor, Ferrández.


El señor MANSILLA HIDALGO: Señor presidente, señorías, la verdad es que no pensaba intervenir en turno a favor, porque parecía que, en esta ocasión, el turno general, como mucho, sería el de portavoces. Por lo tanto, intervengo, casi, casi, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para explicar en pocas palabras de qué se trata lo que discutimos hoy.


Vamos a intentar aprobar una ley que se lleva discutiendo entre todos los grupos parlamentarios y todos los partidos políticos hace ya bastantes años, respecto de la que ha habido muchos textos, muchas conversaciones, muchos acuerdos, muchos encuentros y muchos desencuentros. Al final, esta ley era imprescindible, porque teníamos la obligación de hacer más transparente, más clara y con más control la financiación de los partidos políticos, con un mecanismo que permitiera el funcionamiento ordinario de los partidos y en el que todos estuviéramos más o menos de acuerdo.


En alguna intervención del Congreso he escuchado, y también he leído, que esta no era una ley de un partido determinado. Y es verdad, porque es fruto de varias proposiciones de ley en esta última etapa, con una iniciativa inicial de Esquerra Republicana, a la que todos nos hemos ido sumando para alcanzar un texto que fuera fruto del acuerdo de todos, salvo en situaciones que, sin tener nada que ver con la ley específica de la que estamos hablando, que es sobre financiación de los partidos políticos, en mi opinión, distorsiona el acuerdo del conjunto.


Por eso no hemos podido admitir modificaciones que hubieran hecho peligrar el equilibrio y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Porque sobre el texto que hoy se presenta no hay desencuentro y, tal es así, señorías, que el texto que hoy vamos a debatir en gran medida es el que ya propuso el Partido Popular en 1998. Muchos de sus artículos son una copia literal, pero no es porque exista una continuidad, sino porque los compañeros que en el Congreso de los Diputados han estado discutiendo permanentemente sobre la financiación de los partidos conocen exactamente cuál es la función, la actividad del partido, y todo el mundo tiene claro cuáles eran los problemas con los que nos encontrábamos. Por eso fue fácil el acuerdo, aunque después de 1998 aquella proposición de ley no tuvo continuidad, aprobada inicialmente por los Grupos Popular, de Coalición Canaria y de Convergència i Unió. El texto de la proposición de ley de hoy se asemeja mucho. Las escasas diferencias existentes en 1998 se podían haber resuelto entonces, y hoy están resueltas con el texto que vamos a someter a votación.


Por eso estamos de acuerdo con la proposición de ley, porque consideramos que es el momento de acabar con la distorsión, el problema y la sombra; porque es hora de terminar ya con las donaciones anónimas a los partidos; porque es hora de que la transparencia de los partidos sea absoluta -y todos la queremos-, y porque la financiación sea pública y, cuando haya donaciones, que sean absolutamente conocidas.


Esa es la razón. Esta es la ley que necesita la actividad de los partidos políticos que tenemos representación parlamentaria. Y, en mi opinión, no es el momento de introducir elementos que distorsionan una ley tan específica como es la Ley sobre financiación de los partidos políticos.


Conozco las enmiendas que se han presentado en contra, como no puede ser de otra manera, pero todos sabemos el esfuerzo que ha costado en el Congreso sacar esta iniciativa adelante. Yo también pediría un plus de responsabilidad, porque hay asuntos que en este momento no son propios de este debate ni de esta ley, que tienen su debate en otro lugar, son asuntos que tienen y van a tener otra solución porque, supuestamente, el clima se ha modificado. Y, si el clima se ha modificado, hoy se debe notar. Porque esta ley es necesaria para todos los partidos: para el mío, y para los demás también, y esta ley permitirá que todos tengamos las mismas reglas de juego, que todos estemos en el mismo campo de juego con total transparencia y un control permanente.


Por ello hago este turno a favor de esta ley, que no era mi intención y pensaba realizarlo en el turno de portavoces. Pues bien, señor Ferrández Otaño, suya es la palabra, y deseamos que, al final, reflexionen un poco y hagan algo que sería lo normal, y es que cuando una minoría es la que

Página 7900


no está en el consenso, esta minoría sea la que se sume a la mayoría.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Ferrández Otaño.


El señor FERRÁNDEZ OTAÑO: Gracias, señor presidente.


Vuelvo a subir a esta tribuna -esta vez sí- para hacer uso del turno en contra de la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos que hoy se somete a nuestra consideración.


Y quiero, en primer lugar, antes de entrar en el contenido propio de la proposición de ley y de argumentar nuestra posición, dar lectura a una parte de la intervención que el pasado 17 de junio de 2004 tuvo la vicepresidenta del Gobierno en su primera y única comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado. En dicha comparecencia, la señora vicepresidenta dijo textualmente -y así consta en el Diario de Sesiones-: Y como la última de las reformas que precisan de un amplísimo consenso está la que se refiere a la legislación de partidos políticos de forma que quede garantizada su democracia interna, puedan resolverse los problemas de financiación que les aquejan y los haga más permeables a las demandas sociales. A tal efecto, y en un tema de tal envergadura, pero tan importante para el funcionamiento de la democracia, vamos a promover el diálogo y el trabajo de todos los grupos políticos representados en ambas Cámaras, porque también en esta materia entiendo que es imposible avanzar si no llegamos a un acuerdo prácticamente unánime de los diferentes grupos políticos. Y, continuaba diciendo: Señorías, cada vez más se detecta en la sociedad una separación de los ciudadanos respecto de la política, y considero que ahí tienen un papel muy importante que jugar los partidos políticos, que son un instrumento básico de nuestro funcionamiento democrático.


Pues bien, ante tan loables intenciones, el resultado es lo que hoy -si nadie lo remedia- vamos a aprobar; con lo que se demuestra que, contrariamente a lo que afirmó la vicepresidenta, sí es posible avanzar sin el consenso casi unánime; es más, incluso se ha podido avanzar sin el consenso de un partido que representa casi a diez millones de españoles.
La verdad es que la señora vicepresidenta perdió en aquel momento una oportunidad muy buena para haberse callado y no haber dicho lo que dijo; como también ha perdido el Gobierno una oportunidad muy buena para acercar a los ciudadanos a la política, al no proponer una reforma que, más allá de ser un brindis al sol, no hiciera trampas a la necesidad de transparencia y de control que la sociedad exige a los partidos políticos, a través de una ley que confiere a la actividad económica y financiera de estos una mayor opacidad y que reduce las facultades de fiscalización y control por parte del Tribunal de Cuentas.


Senador Mansilla, es verdad que en el año 1998 no se sacó esa ley adelante, pero si el Partido Popular no presentó un proyecto de ley semejante -a pesar de que hubiera podido hacerlo-, fue porque no contaba con el consenso del Partido Socialista, a diferencia de lo que están haciendo ustedes en esta Cámara. Ésa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros sí dábamos importancia al consenso con el principal partido de la oposición en aquel momento y parece ser que a ustedes les basta con tener el consenso del resto de partidos políticos y que no necesitan el apoyo del principal partido de oposición.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no puede estar de acuerdo con la nueva ley de financiación de partidos políticos porque, tal y como manifiesta el Tribunal de Cuentas -no sólo nosotros-, en el informe que emitió en relación con esta cuestión, la nueva ley no establece una concepción de los partidos políticos como una única realidad económico-financiera integrada por toda su organización territorial e institucional, al excluir de la obligación de presentar las cuentas ante el alto Tribunal a las organizaciones locales de los partidos políticos.
Según dicho informe, eso supone una restricción para el control y fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, restando eficacia al mismo y otorgando la función fiscalizadora atribuida al Tribunal de Cuentas un alcance meramente formal, al restringir su ámbito e intensidad al no poder cumplir en toda su extensión esa finalidad; insisto en que no es que lo digamos nosotros -que también-, sino que lo dice el Tribunal de Cuentas. Por tanto, ese deseo de mayor transparencia, mayor control y mayor fiscalización de los partidos políticos no va ser posible con esta ley, tal y como manifiesta el Tribunal de Cuentas, y es una postura que nosotros apoyamos.


La redacción de esta nueva ley hace posible que queden fuera de control del órgano fiscalizador, precisamente, las cuentas de las organizaciones que en los últimos tiempos se vienen demostrando como más sensibles a los casos de corrupción, en general. Por eso, me pregunto y les pregunto a sus señorías cuál es la razón para que eso sea así. ¿Por qué vamos a evitar que las organizaciones locales puedan aportar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, a través del partido político, a través de la organización provincial o como sea? ¿Por qué las organizaciones locales no van a poder aportar sus cuentas? Les recuerdo que hay organizaciones locales ubicadas en ciudades, en pueblos o municipios de más de 200.000 habitantes y también tienen sus cuentas. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no va a poder conocerlas? No parece razonable y, por ello, tengo que preguntarles qué razón hay para que sea así. ¿Alguien me puede explicar el porqué de impedir que el Tribunal de Cuentas fiscalice anualmente las cuentas de las organizaciones locales? ¿No estábamos todos de acuerdo en potenciar la transparencia? Nosotros sí estamos de acuerdo y somos tan partido político como el Partido Socialista, pero no nos parece un problema que las organizaciones locales -tal y como señala el Tribunal de Cuentas-, puedan aportar sus cuentas. Ustedes consideran que no es necesario; sus razones tendrán.


Página 7901


En esa misma línea, la nueva ley prohíbe que los partidos pueden aceptar donaciones de empresas que puedan ser contratistas de obras y servicios de las Administraciones públicas u organismos dependientes de éstas; eso está muy bien, pero también dice el Tribunal de Cuentas que con esta ley una empresa puede hacer una donación millonaria a un partido político y, al día siguiente, o a la semana, ser contratista de un ayuntamiento precisamente gobernado por ese partido político al que le acaba de hacer una donación. Esta ley permite que se puede hacer y, por tanto, en principio no se evita lo que parece que se pretende.


Pero es que hay más; tampoco incluye a otro tipo de empresas no contratistas de las Administraciones públicas en este caso y, por lo tanto, se les permite hacer donaciones a partidos políticos, a pesar de que todos estamos conociendo últimamente a través de los medios de comunicación, en fechas anteriores a la campaña electoral de las elecciones municipales, que había muchos ayuntamientos, muchas agrupaciones y algunos partidos políticos que supuestamente estaban recibiendo donaciones o ayudas de empresas que, posteriormente, se van a beneficiar por recalificaciones urbanísticas u otro tipo de recalificaciones que modifican la ordenación del territorio. ¿Por qué no se va a impedir a esas empresas hacer donaciones, exactamente igual que las que son contratistas? Precisamente, este tipo de empresas -las promotoras, las constructoras, etcétera-, son las que han dado lugar en mayor número de ocasiones a estos casos de corrupción que todos conocemos y que, por lo tanto, no hace falta que mencione ni concrete puntualmente.


¿Pero qué razón hay? ¿Ustedes pueden decirme qué razón hay para no impedir a esas empresas hacer donaciones precisamente a partidos políticos, a ayuntamientos o a agrupaciones políticas que luego van a recalificar, en función de lo que a ellos les interesa, determinados terrenos para que puedan urbanizar y hacer sus desarrollos urbanísticos? La verdad es que a nosotros también nos hubiera gustado, como se les ha manifestado, que esa prohibición hubiera sido incluida en esta ley, y es igual para todos los partidos políticos.


Lo que pasa es que a lo mejor ustedes tendrían que explicarnos por qué no quieren que sea así. Es cierto que, durante la campaña electoral y en los días previos, hemos oído discursos muy grandilocuentes de muchos responsables políticos del Partido Socialista diciendo que querían acabar con este tipo de conductas y de actividades, pero cuando llega la hora de la verdad y toca concretarlo y ponerlo negro sobre blanco en una ley como esta parece que el Partido Socialista no está tanto por la labor.


En este sentido no cuenten con nosotros, como tampoco tienen que hacerlo para dar carta de naturaleza a las condonaciones de créditos a los partidos políticos por parte de las entidades financieras. Lo decimos porque esto ya ha sucedido y ha proporcionado pingües beneficios a algunas organizaciones territoriales, en este caso socialistas, que en su momento levantaron tantas sospechas sobre determinadas operaciones económicas de grandes proporciones.


Por eso, el Grupo Parlamentario Popular considera que para evitar este tipo de operaciones sospechosas, y en todo caso contrarias al principio de igualdad y libre concurrencia entre los partidos, la ley debería prohibir las condonaciones por no ser otra cosa que donaciones de grandes proporciones. Y les vuelvo a preguntar: ¿Qué razones hay para consentir este tipo de actividades? ¿Por qué tenemos que limitar las donaciones de una persona física o jurídica a 100.000 euros y sin embargo, en el caso de las entidades financieras, se pueden admitir las condonaciones milmillonarias? No entiendo la razón.


Senador Mansilla, como hemos hablado sobre esto antes de venir aquí, le pido que no me haga un juego de palabras equiparando la condonación con la refinanciación y con la posibilidad de que los partidos políticos puedan llegar a acuerdos respecto a las condiciones que mantengan con las entidades de crédito, porque obviamente deben ser admitidos según los usos y costumbres del tráfico mercantil. Tal y como tiene establecido, también, el Tribunal de Cuentas, la revisión de las condiciones de las deudas entra, efectivamente, dentro de las normas y costumbres del tráfico mercantil habitual dadas las fluctuaciones que el mercado financiero puede presentar. Pero el Tribunal de Cuentas también señala que lo que no puede ampararse en el tráfico mercantil es la condonación de la deuda, máxime cuando no se establece ninguna limitación ni condición, puesto que esta permisividad financiera representa una clara desigualdad en el tráfico mercantil y una muy importante merma de la transparencia en la actividad de los partidos políticos y supone una vía incondicionada e ilimitada a las donaciones de entidades de crédito. Esto lo dice el Tribunal de Cuentas y nosotros también.


Y llegamos a otro de los puntos fundamentales de nuestra oposición a esta ley, y es que se nos presenta para su aprobación un texto que supone una sustancial modificación de la Ley del año 2003 respecto al apartado que a continuación le comentaré. Luego la Ley del 2003, fruto de la del año 1987, es sustancialmente parecida, pero justo en esta parte ustedes deciden que no sea igual. Esto -lo que le voy a leer a continuación- que figuraba textualmente en la Ley de 1987 resulta que ahora ustedes, porque sí, deciden que debe eliminarse del texto de la ley de financiación de los partidos políticos. Espero que después usted me explique las razones concretas del porqué, qué es lo que ha variado.


En concreto, estoy haciendo referencia a la limitación para evitar la entrega de recursos procedentes de la financiación pública a favor de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores cuando en su actividad incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalización de los partidos políticos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos; o cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, salvo aquellas que

Página 7902


hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados.


Le recuerdo, senador Mansilla, que el texto que hoy pretenden eliminar nació fruto del consenso entre los dos grupos mayoritarios y que en su día su portavoz, el suyo, en el Congreso de los Diputados, además de destacar el reforzamiento de las garantías respecto a la autonomía y mayor seguridad jurídica, agilidad y precisión que se conseguía con este texto que le acabo de leer, llegó a afirmar que el mismo es fruto del diálogo sereno pero, también, de una voluntad de respuesta a una situación por la que pasan muchos demócratas. Sin embargo, hoy, con su negativa a mantener en el nuevo texto estas limitaciones, están de hecho permitiendo la posible financiación de determinadas organizaciones terroristas o que tengan terroristas en sus listas.


Senador Mansilla, si las razones que justifican que el Grupo Parlamentario Socialista elimine estas limitaciones tienen su fundamento en determinadas cuestiones jurídicas o constitucionales, como usted ha manifestado, no tengo que recordarle que es al Tribunal Constitucional al que le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de este precepto. También le recuerdo que este precepto está en vigor desde hace cuatro años y no ha habido ningún pronunciamiento del alto tribunal en tal sentido. No hay ningún pronunciamiento. La ley estaba en vigor, ese artículo existía y nadie recurrió, nadie lo ha impugnado; luego no hay ningún pronunciamiento. Si no hay ningún pronunciamiento del alto tribunal, dígame usted qué es lo que ha cambiado para que lo que era bueno en 2003 hoy sea malo. Sencillamente, le pido que lo tome en consideración.


Estos días, después de la ruptura de la tregua por parte de ETA, venimos oyendo al presidente del Gobierno decir a todos los medios de comunicación que el Gobierno va a poner todos los medios a su alcance -legales, policiales y judiciales- para acabar con la lacra del terrorismo. En este punto, yo le pregunto, señor Mansilla, qué razón hay para no poner a disposición del Gobierno, de los jueces y de la policía esta norma que impide la financiación de los grupos terroristas y de los grupos que se mueven en su órbita, antes de su ilegalización. ¿Por qué no les vamos a facilitar este instrumento que ya tenían? Se lo estamos quitando. ¿Por qué quieren eliminar esta limitación? ¿Admiten sus señorías que los grupos que incurren en alguna de estas conductas que se mencionan puedan tener financiación de las administraciones públicas, aun cuando no hayan sido ilegalizados? ¿Dónde está el propósito de la enmienda del Gobierno, ese que nos ha manifestado de que quiere el consenso de todos los partidos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿En qué situación diferente estamos hoy, para que no sea bueno lo que lo era como fruto del consenso entre los dos partidos políticos mayoritarios, para evitar la financiación de los partidos ilegales aun cuando no hubieran sido ilegalizados, con una serie de garantías que se especifican precisamente en el artículo que han retirado ustedes de la antigua ley? (Rumores.) Dígame simplemente qué razones hay. Con eso, a lo mejor hasta le entiendo; de momento, no lo comprendo.


Termino, señorías. El Tribunal de Cuentas ha advertido de la ineficacia de esta ley para conseguir los fines que pretende. Dice en su informe que se han identificado diferentes situaciones, algunas de las cuales ya hemos puesto -he puesto yo- de manifiesto, y que de mantenerse el texto legislativo que definitivamente resultará aprobado no supondría la correcta subsanación de todas las insuficiencias detectadas en la regulación anterior y originaría nuevas dificultades para un adecuado ejercicio del control, reduciéndose la eficacia del mismo. En definitiva, señorías, el Tribunal de Cuentas viene a decir, tal y como denuncia el Grupo Parlamentario Popular, que la ley que hoy van a aprobar no responde al objetivo asignado de garantizar que la actividad económico-financiera de los partidos políticos se ajuste a los principios de regularidad, transparencia y publicidad. Esas son las razones que da el Tribunal de Cuentas para justificar lo inadecuado de esta ley. Razones que, junto con las que ha expuesto el Grupo Parlamentario Popular, nos llevan a votar en contra y a ejercer nuestro derecho a un turno en contra de esta ley que ustedes someten a nuestra consideración.


Nada más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Alguien desea hacer uso de la palabra en este turno de portavoces o pasamos directamente a las enmiendas? (Pausa.)

Entiendo que pasamos directamente a la defensa de las enmiendas.


Enmiendas del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.


En cuanto a la ley, Izquierda Unida está básicamente de acuerdo. Ha presentado las enmiendas 2 a 6, tratando de mejorar el texto.


En segundo lugar, presidente, hoy es día de despedidas: también yo me despido. Primero, quiero agradecer a todo el personal de la Casa su colaboración y ayuda, que han facilitado siempre mi trabajo. Sin todos y ellos y ellas seguro que no habría podido realizarlo.


A sus señorías quiero decirles que todos me han aportado mucho para mi trabajo como cargo público y como persona. Me llevo un gran recuerdo y una gran experiencia, y me voy muy enriquecido en lo personal. Les pido disculpas si les ha molestado alguna de mis intervenciones. Siempre formaron parte de la dialéctica política y nunca han buscado herir en lo personal, y mucho menos hacer que se sientan mal.


Tengo que emplazarles, como no podía ser de otra forma, a que realicen cuanto antes la reforma del Senado, y que acaben con el tópico de que el Senado está en reforma permanente, porque siempre está en obras.
Señorías, lleven a cabo cuanto antes la verdadera reforma, que es muy importante. Les insto a que sigan haciendo bien su trabajo, que yo, como un ciudadano más, seguiré porque

Página 7903


estoy enganchado por el vicio de seguir la actividad política y pública cada día.


Muchas gracias y buen trabajo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quisiera que las enmiendas del señor Jorquera Caselas se dieran por defendidas.


En segundo lugar, quiero despedir a un gran compañero y un gran amigo. Ha sido un maestro, una guía y un gran portavoz de este grupo.


Dejemos la poesía y vayamos a la prosa. Este proyecto de ley responde fundamentalmente a los continuos requerimientos del Tribunal de Cuentas para que se modifique la normativa de 1987 en aras a conseguir -como dice el Tribunal de Cuentas en los informes- transparencia y claridad en las cuentas de los partidos políticos. Los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista y Popular han comentado que hace 10 años, en marzo de 1997, se acordó un texto, pero no pasó de la ponencia del Congreso, y ahora parece que podemos llegar a un acuerdo.


Para el futuro nos queda una doble vía de financiación. En el año 2008, la financiación pública para gastos de funcionamiento de partidos políticos y la asignación anual para sufragar los gastos de seguridad está fijada en 78,1 y en 4,01 millones de euros respectivamente, con un crecimiento del 20 por ciento. Se abre el camino para la financiación privada, tanto de particulares como de empresas, con donaciones limitadas de personas físicas o jurídicas. Se entra en las prohibiciones de donaciones, sobre todo en las empresas que tengan contratos con las administraciones públicas, así como en las donaciones anónimas. Las donaciones han de estar identificadas exclusivamente en cuentas corrientes.


Con este proyecto de ley es fundamental que se dé transparencia y limpieza a la financiación de los partidos políticos al objeto de que no se sigan alimentando los bulos sobre comisiones ilegales cobradas a cambio de recalificaciones urbanísticas, concesiones de obras, servicios, limpiezas municipales o contratas de obras públicas.


La sociedad conoce que el Tribunal de Cuentas detectó en el año 2003 casi 9 millones de donaciones opacas para unos cuantos partidos. Todo esto debe terminar por el bien de las Cámaras y de los partidos políticos.


Eusko Alkartasuna va a apoyar este proyecto de ley, aunque ha presentado una serie de enmiendas, las números 7 a 18, con la idea fundamental de cumplir los objetivos que marca el Tribunal de Cuentas.


La enmienda número 7, de adición, pide que ciertos servicios que pueden ser asimilados a los fines específicos de los partidos políticos puedan incorporarse a los mismos.


La enmienda número 8 al artículo 3.o pretende modificar la forma del procedimiento de distribución de las subvenciones. Una de ellas puede ser la más interesante. Cada partido, en función de sus objetivos y de sus previsiones elegirá una u otra. Nosotros nos hemos posicionado por una, pero aceptaremos la que se apruebe por mayoría.


La enmienda número 9 es de modificación. Las ilegalizaciones y legalizaciones de los partidos y cuándo se deben suspender las subvenciones es una cuestión delicada y conflictiva, sobre todo en nuestro país. Nuestra filosofía es que la suspensión de la entrega debe ser en el momento de la legalización, pero respetaremos lo que se apruebe.


La enmienda número 10, al artículo 4, es de supresión. Creemos que las donaciones no deben tener un destino o una actividad concreta. Creo que el donante no debe fijarlo sino que debería dar un dinero al partido político para que este cumpla sus objetivos y los fines que persiga.


La enmienda número 11 al artículo 4 es de modificación y se justifica porque nos interesa identificar al donante con la exigencia de su firma, ya que nos consta que ha habido casos concretos en los cuales se ha simulado quién es el donante por circunstancias a, b, c o d.


La enmienda número 12 al artículo 6 es de modificación. Creemos que es preciso ampliar la cuantía de los ingresos procedentes de las actividades propias y buscar una fórmula de actualización anual. Nuestra idea es superar los 500 euros, revisables al IPC, porque dentro de dos, tres o cuatro años la cuantía podría estar paralizada ya que no hay un índice de revisión.


La enmienda número 13 al artículo 8 es de modificación. De nuevo queremos identificar al donante, exigiendole su firma y toda la identificación de tipo fiscal.


La enmienda número 14 al artículo 10 es de adición y pretendemos que en la contabilización que los partidos políticos deben llevar se concrete el rendimiento que se obtiene de las explotaciones económicas que estos tengan. Nos parece fundamental llevar una contabilidad analítica. Yo debo saber cuál es el rendimiento, los ingresos y los gastos dedicados a cada uno de los destinos o actividades.


La enmienda número 15 pretende que los partidos políticos lleven sus cuentas según el plan contable que se formule para ellos.


La enmienda número 16 propone que cuando se haya producido un retraso o moratoria en la presentación de las cuentas anuales se permita dar un plazo extra, siempre que haya una justificación.


La enmienda número 18 pretende solicitar y requerir información de los partidos políticos, tanto a las agencias tributarias como al Ministerio de Economía y Hacienda o a los registros públicos.


Señor presidente, estas son las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado. Ojalá acertemos y podamos lograr una ley de partidos políticos que sea aceptada, cuya transparencia y cuya limpieza puedan ser comprobadas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.


Página 7904


En primer lugar, intervengo para retirar la única enmienda que mi grupo mantenía y, en segundo lugar, aunque no me gustan las despedidas, para decir que este es mi último Pleno, y que ha sido para mí una gran experiencia. En mi dilatada vida política he estado vinculado fundamentalmente a la política en Canarias, y esta experiencia ha sido un aprendizaje que sin lugar a dudas me ha enriquecido como persona.


Agradezco muchísimo la voluntad de diálogo que siempre he encontrado en los diversos grupos parlamentarios. Deseo volver en una legislatura en la que por fin se reforme el Senado y, por tanto, no les digo adiós sino, al menos es mi voluntad, hasta luego.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mendoza. Le deseo que vuelva y que yo lo vea. (Risas.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Salanueva.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY : Gracias, señor presidente.


Señorías, en estos primeros minutos de mi intervención, como no puede ser de otra manera, quiero dirigirme al señor García Miralles, al señor Cuenca, al señor Mendoza, al señor Mansilla y a todos los compañeros para los que, por circunstancias diversas, este va a ser su último Pleno, pues van a iniciar otra etapa política profesional de su vida. Sin duda alguna, todos nos hemos enriquecido con sus aportaciones, con su trabajo, con su voluntad democrática de mejorar no solo el Senado sino también sus respectivas comunidades autónomas, así como nuestro país, que es España, y, por tanto, no solo a título personal sino en nombre del Grupo Parlamentario Popular les deseo a todos lo mejor.


Dicho esto, dado que mi compañero ha hecho también una intervención exhaustiva sobre los motivos de su oposición a esta proposición de ley, las enmiendas que hemos presentado van a cubrir esos déficits, esos problemas que encontramos en la ley, y voy a tener que repetirme en varios de los argumentos ya expuestos.


Nosotros hemos querido profundizar aún más en ese mayor objetivo de transparencia y control que evidentemente la ley pretende, y no dudamos de la voluntad de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, pero es evidente que hemos encontrado escollos muy importantes a la hora de apoyarla. Hemos buscado el consenso y no ha sido posible alcanzarlo; nos habría gustado apoyar esta ley, pero con el texto actual no va a ser posible.


En primer lugar, quiero referirme a la enmienda número 27, en la que proponemos un nuevo artículo 4 bis, que, como ya se ha dicho, es una transcripción íntegra -señor Mansilla, léaselo bien- del artículo 4 de la Ley 1/2003, de 1 de marzo, que formó parte de la Ley sobre financiación de partidos políticos de 1987. A mi grupo parlamentario le pareció en su momento importante que se recogiera esa previsión, y nos lo sigue pareciendo, y dado el consenso de todos los grupos parlamentarios respecto de este artículo, quiero recordar a sus señorías que en el Congreso de los Diputados fue aprobado, junto con el resto de la ley, por 299 votos a favor, ninguno en contra y nueve abstenciones. No entiendo qué ha pasado entre el año 2003 y el 2007. Si todos estábamos de acuerdo, lo estaban incluso los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos parlamentarios, que hacían loas a esa previsión legal, no entendemos por qué esto no es posible hoy.


Mi grupo parlamentario pretende evitar -y estoy segura de que también ustedes- que los representantes del brazo político de los terroristas accedan al dinero público, a las subvenciones y a los fondos públicos creados con los impuestos de todos los españoles.


Como ya he dicho, hace unos años se alcanzó un gran consenso, y nos preguntamos qué ha cambiado a día de hoy. Desgraciadamente muchas de las circunstancias de entonces siguen produciéndose hoy, como las agresiones, el chantaje, la falta de libertad o el anuncio de nuevas acciones, y mientras tanto, quienes básicamente no tienen ningún componente democrático, se burlan de nuestro Estado de derecho.


En aquel debate de 2003, el señor Cuesta hacía referencia al señor Tierno Galván, que participó en la redacción del artículo 6 de la Constitución, que hablaba de los partidos políticos, y definía como fundamental en un partido político su estructura y su funcionamiento democráticos. Ahí está la esencia, y nosotros entendemos que quien no tiene una esencia democrática, no puede percibir dinero público, y ese mecanismo, esa prevención que se regulaba por ley, no debería desaparecer. Quienes se pitorrean de nuestro sistema de libertades y de nuestro Estado de derecho cuando se les exige condenar la violencia, no deben beneficiarse de un solo euro público. Entendemos, pues, que esta propuesta, que fue hecha en un contexto muy concreto, reforzaba la democracia y, por desgracia, es de justicia que esta previsión legal permanezca en la actualidad.


Quiero resaltar las enmiendas más importantes que hemos presentado. Así, y respecto de la enmienda número 41 a la disposición adicional segunda, quisiera decir que ya se ha hablado de las prohibiciones de condonación de deuda que queremos que figuren expresamente en el texto legal.
Buscamos el cumplimiento del objetivo de mayor transparencia, y consideramos inaceptable que algunos grupos parlamentarios se puedan prestar a eso.


En cuanto a la condonación de las deudas, es admisible la posibilidad de negociar, renegociar y cambiar condiciones dentro de los límites normales para mejorar un crédito, como haría cualquier ciudadano o familia normal española en función de las fluctuaciones del mercado; eso es evidente, pero debería ser imposible que se produjera una condonación sin límite ni condiciones. Hemos establecido límites en la ley, y sin embargo, permitimos condonaciones sin límites ni condiciones.


Señorías, mi grupo parlamentario considera que esto es una condonación encubierta, o más bien una donación, pues en nuestra opinión es lo mismo dar que perdonar, y entendemos que ello podría vulnerar la ley que estamos debatiendo puesto que en ella se establecen límites en la

Página 7905


cuantía para las donaciones, y en una condonación de deuda no se establece límite alguno. Así pues, de aprobarse la ley tal y como está redactada, permitiría y ampararía supuestos similares al vulgarmente llamado montillazo, con esos 1.000 millones de pesetas que fueron, -entre comillas- regalados. Como digo, esto es algo que ampara la ley, algo que deben saber los ciudadanos españoles, y si todos estamos profundizando en el objetivo de transparencia y democracia, no entendemos por qué el resto de los grupos parlamentarios no quieren apoyar nuestra iniciativa.


Señorías, ya he dicho que renegociar no es condonar. Creo que los socialistas defienden una actitud novedosa y muy ultraliberal, un derecho a la libertad de pacto, como si los partidos políticos fueran simplemente un grupo de ciudadanos reunidos en torno a una asociación, pero nosotros entendemos que un partido político es algo más, es algo regulado en el Título Preliminar de la Constitución Española, concretamente en su artículo 6, como un instrumento esencial de participación democrática en nuestro Estado de Derecho y en nuestro sistema de libertades.


Señorías, defendemos que un partido pueda actuar en cuanto a sus créditos bancarios conforme a los usos habituales del tráfico mercantil, pero pensamos que no puede haber condonaciones, que no son pequeñas, a un partido, porque evidentemente el partido puede ser útil para los intereses de quien condona esa deuda y eso, desde luego, es una forma muy peligrosa de actuar. A nuestro juicio eso también sería una forma de corrupción, un escándalo, y sabiendo que ha existido debemos ir por delante de las circunstancias, aunque hay veces en que no es posible hacerlo, pero sí tener la experiencia de lo que ocurre en la sociedad actual. Las leyes están para corregir situaciones que desgraciadamente hemos padecido, y como legisladores debemos evitarlo. Ahora tenemos el momento y el instrumento.


Se pide transparencia y control como objetivos fundamentales de esta norma, pero creo que se hace con la boca pequeña y por la puerta de atrás. Al final, y salvo alguna propuesta lógica, como la prohibición de donaciones anónimas -que nos parece bien y lo compartimos desde el principio-, como decía mi compañero Jaime Ignacio del Burgo, el objetivo de esta ley parece que solo va a quedar en el incremento de dinero público para la financiación de los partidos políticos.


Haré una referencia muy breve al trato fiscal favorable a la actividad mercantil de los partidos. Ese trato fiscal que se ofrece a los partidos políticos no nos parece adecuado. Es cierto que hay que garantizar la suficiencia de recursos para el funcionamiento de los partidos porque estos son un instrumento fundamental para la participación política, pero hay que dar ejemplo, y ese trato fiscal favorable no es de recibo, y mucho menos -y esto lo decimos con rotundidad- permitirles realizar una actividad mercantil. La posibilidad que consiente la ley de desarrollar actividades de carácter mercantil de cualquier naturaleza no es el objetivo que debe tener un partido político. Esto, además, puede tener consecuencias no deseadas.


Hemos presentado una enmienda que puede ser novedosa, aunque se nos puede acusar de que es más de estética que de otra operatividad, que es la relativa a la prohibición de donaciones por parte del sector inmobiliario, sin querer ni criminalizar ni generalizar, porque eso no es bueno ni para los partidos ni para los sectores. Muchas veces las conductas son individuales, a veces con consentimiento de los partidos, pero evidentemente las conductas corruptas las cometen las personas, pero no debiéramos generalizar ni meter a todos en el mismo saco.


Nosotros, como digo, queremos acercar la política al ciudadano. Debemos legislar bien, con buena técnica, pero también dando soluciones a problemas reales. Como decía, no es algo estético ni algo de cara a la galería, sino que es una respuesta a una situación social de escándalo y corrupción en algunas instituciones o por algunos cargos públicos relacionados siempre o casi siempre, curiosamente, con el urbanismo, la construcción o el pelotazo inmobiliario como decisiones políticas con fines espurios. Siempre es indecente -da igual de qué sector venga-, y no lo vamos a negar, pero a la vista de la experiencia, y sabiendo por donde vienen los tiros, ¿por qué no poner freno? Ahora tenemos la oportunidad y creo que todos podríamos estar de acuerdo. ¿O no?

Haré referencia a las fundaciones, porque también hemos presentado una enmienda que creo que está bastante bien desarrollada. Se trata de la enmienda número 38, a la disposición adicional sexta. Proponemos una regulación concreta, amplia y clara de las obligaciones de las fundaciones en función de su vinculación o no a un partido político.
Además, desarrollamos un sistema de obligaciones contables que, aunque algunas ya lo cumplen, pese a no tener obligación legal, nos parece más conveniente regularlo y elevarlo a rango de ley para que sea de obligado cumplimiento.


Consideramos importante diferenciar dos cuestiones fundamentales, que son las fundaciones con vinculación a un partido político -digo con vinculación, con afinidad-frente a las que tienen dependencia orgánica de un partido político, porque las primeras, las que tienen solo una afinidad, tienen respecto de las otras personalidad jurídica propia, tienen estatutos propios distintos a los del partido político, tienen órganos de gobierno propio e incluso tienen presupuesto propio. No hay jerarquía ni dependencia subordinada del partido. Una cuestión son las afinidades, como decía, o personas comunes que pertenezcan a ella, pero eso no implica dependencia orgánica.


La propia Ley de Fundaciones del año 2002 establece que las fundaciones vinculadas a partidos políticos se regirán por lo dispuesto en la Ley de Fundaciones. Eso fue apoyado también por unanimidad por todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, incluso creo recordar que el señor Romero, del Partido Socialista, dijo textualmente: Se amplía la aplicación de la ley a las fundaciones vinculadas a partidos políticos -cosa que compartimos- porque entendemos necesaria su regulación mediante lo dispuesto en el articulado de esta ley y atendiendo, como no podría ser de otra manera, al resto de la

Página 7906


legislación que les sea aplicable. ¿Por qué, señorías, especialmente señorías del Partido Socialista, en el 2002 les pareció adecuado y no se lo parece en el 2007?

La propia Constitución Española reconoce el derecho de fundación como un derecho genuino y autónomo respecto a otros derechos individuales, así lo establece en el artículo 34. Sin embargo, con el tratamiento que se le quiere dar, las convierte en apéndices de los partidos políticos, yendo en contra del régimen de garantías constitucionales, que, como digo, se establecen en el artículo 34. Las fundaciones no son organizaciones políticas, no son partidos políticos, no tienen afiliados, no perciben cuotas de estos, no se presentan a las elecciones, no articulan la representación política. Y, aunque la enmienda que hemos presentado pretende salvar la distinción entre fundaciones y partidos, también queremos establecer un sistema de restricciones y controles muy claros en el manejo de las subvenciones públicas y también queremos total transparencia, como la publicación de sus cuentas y del informe de auditoría, todo ello, señorías, con el fin de asegurar que dichas fundaciones se limiten a ser lo que son, fundaciones y no partidos.


Proponemos que se eleve a rango de ley la obligatoriedad de justificar la realización de actividades subvencionadas. Queremos que se someta obligatoriamente a auditoría de cuentas como requisito para acceder a la subvención. Hasta ahora solo algunas lo hacen, y según la cuantía, también es cierto; así, cualquier fundación que quiera recibir fondos públicos tendrá que pasar por ese importante control. Queremos que el informe de auditoría y las cuentas anuales de la fundación sean de acceso público general, por lo que se impone colgar ambos documentos en la página web de la fundación. Queremos que se eleve a rango legal el control de la justificación de las subvenciones públicas realizadas por la fundación. Además, para ello proponemos un triple control: en primer lugar, por parte del órgano competente; en segundo lugar, por la intervención de la Administración del Estado; y en tercer lugar, por el Tribunal de Cuentas. Queremos que se eleve a rango legal la obligación para acceder a subvenciones públicas de disponer de los libros y registros exigidos por las bases reguladores de las respectivas subvenciones. Se hacen valer los mecanismos de la Ley General de Subvenciones en cuanto al reintegro de los fondos percibidos indebidamente, así como el riguroso régimen de sanciones previsto para las infracciones y, por último, las fundaciones que quieran acceder a subvenciones públicas habrán de renunciar a cualquier tipo de donaciones anónimas.


Paso a hacer una breve mención a las cuentas consolidadas del ámbito local. Hemos discutido estos días mucho con el señor Mansilla sobre esa cuestión. Nosotros proponemos una enmienda porque entendemos que todos los ámbitos territoriales de un partido político deben someterse al mismo sistema de control por el Tribunal de Cuentas. Es una enmienda lógica, porque la ley establece que los partidos políticos deben llevar libros de contabilidad detallados que permitan conocer su situación financiera y patrimonial, por lo que no entendemos por qué se excluye el ámbito local.
Si queremos profundizar en la transparencia, que sea una transparencia total. No sirve alegar problemas burocráticos -tiene razón, señor Mansilla- y a mí no me toca llevar este apartado dentro de mi responsabilidad en mi partido, pero es cierto que puede generar problemas burocráticos importantes, pero eso no debe ser óbice para que nosotros no cumplamos con las recomendaciones que nos hace el Tribunal de Cuentas. De no aprobarse nuestra enmienda, podrían ponerse otras limitaciones y restricciones al control y fiscalización de las organizaciones locales de los partidos, y eso no es bueno, aunque, insisto, somos conscientes de las dificultades prácticas que ello entrañaría.


Señorías, lamento que no vayamos a llegar a ningún acuerdo, por lo que he hablado con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Hay quien dice -lo he leído, por tanto, no soy quién para asegurarlo- que cualquier aproximación era difícil, salvo que nosotros renunciáramos a nuestras posiciones y a nuestras enmiendas, porque había un pact previo entre determinados partidos con otras leyes que también tienen una relación con esta ley concreta, como es la de restitución del patrimonio de los partidos políticos e incluso la ley de memoria histórica. De ser así -insisto que yo no lo sé- ese acuerdo, ese cambalache, se habría renunciado al objetivo total de transparencia y mejor control de los fondos públicos, que sería un apaño de reparto de más dinero público y de patrimonio con los menores requisitos y exigencias posibles. Espero que eso no sea así. De todas formas, agradezco a todas sus señorías la aproximación que hemos podido tener y espero que en otra ocasión podamos llegar a un acuerdo mucho más próspero que éste.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Salanueva.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Mansilla.


El señor MANSILLA HIDALGO: Señor presidente, señorías, traigo un par de papeles porque creo que algunas de las cosas que se han dicho tienen que quedar meridianamente claras, sobre todo para que no haya mucha confusión cuando en el futuro alguien lea el Diario de Sesiones y después pueda utilizarlo como cita de autoridad de algo que se dice aunque no se diga.


El primer elemento que quiero que quede claro está en relación con la ley orgánica aprobada en el año 2003, que fue votada en el Congreso de los Diputados -lleva usted razón- con ese número de votos. Pero eso fue en la votación de totalidad, ya que en el debate muchos grupos parlamentarios, en el aspecto concreto que tiene que ver con las subvenciones, se pronunciaron en contra. (La señora Salanueva Murgualday hace gestos negativos.) Voy a ello, tranquila, no voy a decir lo contrario de lo que diga. Eso fue así.


Por tanto, no había un consenso tan unánime en esa situación. Sí lo había porque esa proposición de ley orgá-

Página 7907


nica era en defensa de los concejales, que se sentían perseguidos en Euskadi y Navarra. Obviamente, en una situación como aquella, todos los grupos parlamentarios, ustedes y nosotros, estuvieron detrás del Gobierno. Por cierto, como hemos hecho siempre, gobierne quien gobierne.
En aquel momento, el ministro del Interior era el señor Acebes y nosotros, a pesar de enterarnos de alguna ley importante por la prensa, no dudamos, estando ustedes en el Gobierno, en apoyarlo en todo lo que tenía que ver con la materia antiterrorista: en todo. Tomen nota y aplíquenlo si pueden, porque esto formaba parte de ese cuerpo, pero sin tener que ver nada con la situación y quiero explicar por qué.


Dice: Han quitado lo que se introdujo en el año 2003 como novedad, que era un arma para impedir que los terroristas se financiaran, y ahora lo que pretenden es financiar por la vía indirecta -lo ha dicho y espero que no lo vuelvan a repetir, si es posible-. Parece que la intención de los demás es financiar a grupos afines a la banda terrorista, cuando es radicalmente falso.


Lo que hemos pretendido con esta ley es aplicar con mayor rigor un derecho constitucional, es decir, esa cita que usted ha hecho de Tierno Galván, esa misma cita que se hizo en el Congreso de los Diputados, es la que tiene que ver con el apartado 5 -creo-, del artículo 4, que ustedes pretenden que se suprima, porque esa libertad y ese derecho constitucional hace que todo el mundo tenga las mismas garantías. ¿Qué es lo que decimos en esta proposición de ley? Que si hay elementos de ilegalización y no lo hacen y solamente le quitan la subvención, lo que habría que hacer es ir contra el Gobierno o contra el responsable que no insta a la ilegalización cuando hay bases suficientes para hacerlo. Y si hay bases suficientes para hacerlo y se insta a la ilegalización de un partido político, lo que dice esta ley es que, a instancias del Ministerio del Interior, se inste, como primera medida cautelar, al no pago de la subvenciones.


Por consiguiente, se contempla la seguridad jurídica, se contempla la persecución para aquellos que pudieran derivar fondos innecesarios, pero además sabe perfectamente que, con el Código Penal en la mano, la actividad ilícita se debe perseguir en cualquier caso. No es verdad que añada eso. La enmienda y lo que se dijo en el 2003 no es nada más que un mensaje de escaparate. Esa es mi opinión sincera y se la reitero no solo por Derecho constitucional y por garantía, que lo tiene, sino porque eso no es eficaz. ¿Por qué no es eficaz? Si esta medida era tan positiva y tan buena y salió adelante en el año 2003 -le devuelvo una pregunta por pasiva, si quiere-, ¿por qué el señor Acebes, siendo ministro del Interior, no la aplicó nunca? Dígame por qué. ¿Por qué si fue aprobada en el 2003 la modificación de la ley orgánica no fue aplicada, siendo el señor Acebes ministro del Interior? Cuénteme por qué. No será tan fácil ese juego maniqueo que ustedes se traen de una manera u otra, de tal forma que en este caso concreto lo único que estoy oyendo es filibusterismo parlamentario. Estamos hablando de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, no estábamos hablando de otra cosa o no intentábamos hablar de otra cosa. Y parece que uno se acostumbra a que cualquier cosa sirva de percha para colgar aquello que nos permita entrar en un momento determinado en una especie de oportunismo político, porque se piensa que eso permite una cierta ventaja. Eso es lo que ustedes están haciendo, y por eso se oyen barbaridades por ahí -algunas que ustedes dicen aquí de forma matizada- que son más que curiosas.


Por si acaso, porque yo puedo estar equivocado, también me he ocupado de leer todo lo que ustedes han dicho en relación con esta cuestión.
Fíjense, ustedes han buscado -y han buscado bien- para ver si entre los debates en el Senado y en el Congreso hay alguna frase de algún compañero que hablase específicamente de las subvenciones, y así darme con la frase y preguntarme por qué hoy digo lo contrario. Por cierto, en este terreno debo decir lo mismo respecto a las fundaciones. Así, de pasada, su señoría dice: ustedes estaban de acuerdo en el año 2002 con aplicar a las fundaciones de los partidos políticos la normativa general de las fundaciones. Naturalmente, y ahora también, ¿pero por qué introducen esa enmienda si esa ley ya es de aplicación? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y su pretensión? Que esta ley introduce un elemento clave. ¿Cuál es? El control de las donaciones privadas a las fundaciones, ¿y eso hace daño? Pero esa es la realidad, no hemos cambiado de posición desde el año 2002 al 2007. Las situaciones son radicalmente distintas y, puesto que una manera de que se financien los partidos es a través de las fundaciones, hemos creído oportuno que estas tengan el mismo rigor y el mismo control que los partidos políticos en esta materia. Por eso esta ley establece que las fundaciones tendrán prohibida la donación privada y la pública con un conocimiento. En la pública no entramos porque ya tiene su control por otro lado, entramos en la privada que es lo que trata la ley como una vía de posible financiación de partidos.


Y aquí hago una acotación para darles un argumento. En contra de la radicalidad que a veces emplean ante muchas cuestiones, creo que la actitud ilícita es personal. Y es verdad que ni esta ley, ni ninguna va a solucionar de raíz la capacidad del ser humano para cometer delitos, se llame Juan o se llame Pedro. Esta ley no persigue esto, es imposible que lo persiga, lo único que permite esta ley es una transparencia total y, en mi opinión, lo consigue por varias razones -y quiero explicarlo porque, a lo mejor, no se sabe-. La primera, es que la cuota de los afiliados se destina a una cuenta específica, que como tal cuenta tiene que estar determinada y para el control del Tribunal de Cuentas. Las posibles donaciones ya no pueden ser anónimas. Por cierto, permítame, señor Fernández, un argumento con el que después puede que me llame demagogo. Usted me dice que no modificaron la ley de 1998 porque nosotros no estábamos de acuerdo. No está mi amigo, Agustín Conde, que podría avalarlo, pero a veces soy mal pensado, lo reconozco, tengo ese defecto, y digo ¿será verdad? Me pongo a pensar y no me lo creo; le voy a dar otra razón pequeñita: es que a ustedes no les interesaba acabar con las donaciones anónimas y, por eso, no modificaron la ley, si no claro que la habrían modificado, como han modi-

Página 7908


ficado tantas leyes, sin contar con nosotros, que tienen que ver con la regulación y con la democracia. Pero como yo tengo otro pensamiento y son hechos que no pueden probarse en estos momentos, son los hechos actuales los que tenemos que empezar a valorar.


Voy terminando porque creo que ya he dicho lo más importante. Señoría, seguramente si yo hubiera estado en aquel momento podría haber hecho mía la intervención del portavoz de mi grupo parlamentario en el Congreso, el señor Garrido, o no, no lo sé, pero en estos momentos, aquí, hoy y en las circunstancias actuales, la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y en el Congreso es la que le estoy diciendo. Mi intervención es la que se transcribe aquí. Los momentos, como usted decía, no son los mismos, la situación no es la misma, cambia.


Le voy a citar algunos ejemplos de enmiendas que no tienen nada que ver con la realidad. Ha hablado, entre otras cosas, de que quieren prohibir las actividades mercantiles a los partidos políticos. Es verdad, estamos de acuerdo, ¡pero si ya lo dice la proposición de ley! ¿Por qué quieren introducir una enmienda diferente?. El artículo 6.º, apartado uno, de la proposición de ley, que es igual que el artículo cinco de la proposición de ley que ustedes presentaron en 1998, dice que los partidos políticos no pueden tener actividad mercantil de ningún tipo y naturaleza. Hay que establecer alguna prohibición mayor. ¿Es necesario presentar alguna enmienda? No. ¿Qué es lo que ocurre? Que se quiere presentar la ley como una ley oscura y que pretende negocios maniqueos de no sé qué tipo, pero aquí está prohibido exactamente en la misma medida que ustedes lo prohibieron.


En relación con las agrupaciones locales, me voy a parar un poquito en ello. Mire usted, una de las diferencias importantes entre esta proposición de ley y la Ley en vigor que hemos tenido y tenemos todos los partidos políticos -nosotros la tenemos y ustedes seguro que la tienen-, es que las subvenciones que se reciben de los grupos municipales o de los grupos de las diputaciones provinciales no hay posibilidad de transferirlas al partido por la ley anterior, con lo cual todo el mundo hacía de su capa un sayo e intentaba buscar alguna norma más o menos legal, o no legal, para que nuestros grupos municipales pudieran funcionar. Esta ley resuelve definitivamente este asunto.


Y resolviendo este asunto, la ley dice de forma muy clara -y ustedes no lo enmiendan- que serán las instituciones que dan esas subvenciones las que tengan que regular cómo se justifican las mismas. Señoría, le iba a contar un ejemplo aunque a algún amigo que tengo a mi derecha no le gustaría. Cuando nosotros pusimos en marcha en Castilla-La Mancha este tipo de cosas que dice esta ley decidimos aplicarlo y establecimos una regulación, y no entro en más detalles. Ahora todo el mundo justifica todo.


¿Cómo se financia una agrupación local en mi partido, y creo que en el suyo, con esta ley? (Rumores.) La ley dice: ¿Cómo se financian los partidos? ¿Con las cuotas de los afiliados? Nosotros pagamos la cuota de los afiliados en una cuenta corriente, me imagino que igual que ustedes.
En mi caso concreto, no es que yo pague en mi agrupación local, es que lo coge directamente la Ejecutiva Federal, que es el órgano central. ¿Y se financia el partido con posibles créditos? Ninguna de nuestras agrupaciones locales tiene capacidad de crédito. Yo no sé si lo tienen las suyas, pero las nuestras no porque no tienen personalidad. (Luego hablaré de Montilla o de Alhaurín de la Torre. A mí no me importa el debate con tranquilidad y conciencia.) (Risas.) Decía que es así como se financia un partido. La agrupación local no tiene capacidad para financiarse vía crédito. Estamos hablando de la agrupación local.


¿Y las donaciones? ¿Serían posibles? Solo pueden ser posibles para el partido de acuerdo con la ley. Una donación ha de ser al partido. No sé si a ustedes les pasa, pero en nuestro caso la cuenta corriente que tenga una agrupación local tiene el mismo CIF en toda España. Es que están ustedes planteando lo de la contabilidad de la agrupación local como si fuese una vía de escape, cuando es radicalmente falso. ¿Cuántas agrupaciones locales se suele tener? Nosotros tenemos más de 4.500. No sé cuántas tendrá el Partido Popular. El 99 por ciento son agrupaciones que tienen cuatro, cinco, seis o siete afiliados, que lo más que llegan a tener al año es como para poderse tomar un café entre ellos (Rumores.-Risas.) Claro, claro, es que me dicen ustedes que haga una contabilidad la agrupación local. ¿Pero saben ustedes lo que están diciendo? ¿O es que esto lo plantean directamente para que sea radicalmente imposible presentar las cuentas ante el Tribunal de Cuentas? Sencillamente, no es posible. Porque el control de todo lo que entra por la vía de las cuentas de los partidos ni siquiera lo tiene la agrupación local. Por eso le hemos dicho que no. ¿Por qué esta ley baja el nivel de la contabilidad a la comarca, cosa que no pasaba ni en su proposición de ley ni en la ley anterior? Porque hay algunas zonas de España cuya estructura territorial está dividida también en comarcas, y las comarcas tienen una consideración política y una vida propia superior a la del municipio. Ahí puede que haya algo de contabilidad. Esa es la razón y no otra. (Rumores.)

¿Las condonaciones de crédito? No sé quién hablaba del montillazo. Si tonterías se dicen muchas y por todos lados. (Rumores.- Risas.) Porque, claro, es verdad que el Partido Socialista de Cataluña no es una agrupación local sino un partido -lo digo para que cuando ustedes digan alguna tontería al menos la ordenen-, y como tal tiene el mismo derecho que todos. Pero yo no voy a traer a colación a algunos partidos políticos que se han cambiado de nombre tantas veces como ha hecho falta para no pagar nunca la deuda. En todo caso, si se trata de que discutamos sobre las novaciones de crédito, hablamos. En los últimos años, que yo conozca, al menos ocho partidos han hecho una novación de crédito con cualquier entidad bancaria. (Rumores.)

En 1998, ustedes tampoco introdujeron ese elemento. ¿Por qué ahora? Algunos, riéndose, pensando que hacen un chiste y que queda gracioso, hablan de montillazo, de Montilla o de cualquier otro que se les pueda ocurrir en cualquier momento. Y seguro que cuando salen de aquí piensan qué bien lo han hecho y cuánto se han reído. ¿Y

Página 7909


qué tiene que ver eso con la financiación de partidos? Seamos un poco serios, porque luego cuentan la batallita al vecino y asombra cómo han sido capaces de presentar cara a la situación. ¿Y a eso juega un partido que quiere gobernar? En fin, son ustedes los responsables de su propia situación y, lamentablemente, respecto de ese discurso excesivamente radical y de confrontación con todo el mundo, la situación irá como tenga ir, por barrios.


En cuanto a las donaciones de las empresas, ustedes han hecho un juego maniqueo. Primero, argumentan que lo que dice la ley es que no puede haber donaciones, pero se le ha escapado el argumento al senador Ferrández, no digo que a la senadora Salanueva, de que uno suelta una pasta y al cabo de una semana resulta que ya trabaja para la Administración. Señoría, lea luego el Diario de Sesiones, porque es lo que ha dicho. Desde luego, eso inhabilita a cualquier empresa para que pueda hacer cualquier tipo de donación. En todo caso, cualquier tipo de empresa ya sabe que con esta ley, si quiere llevar a cabo una donación, ha de hacerla pública, con una cantidad máxima al año y ha de ser confirmada oficialmente. Por tanto, eso ya no es posible.


Como dicen algunos, ¿puede seguir habiendo dinero bajo cuerda? Yo no pongo la mano en el fuego en esto porque seguramente me quemaría. Y usted tampoco lo haga, señoría, porque le pasaría igual. Pero he dicho antes que eso de cometer delitos se corresponde con una actitud individual, por muchos que pueda haber en un momento determinado, porque soy de los que creen que sinvergüenzas, haberlos haylos y en todos lados. Pero no creo que el Partido Popular sea sinvergüenza porque lo sea un alcalde suyo, como yo tampoco lo soy yo porque lo sea un alcalde elegido por el PSOE.


Y ustedes utilizan con demasiada frecuencia un argumento que al final se les vuelve en contra, y a muchos de nosotros puede que también. Lo único que les digo es que este tipo de cosas las deben moderar un poco, solo un poco. Nosotros tenemos que legislar para que la cosa sea normal y esto permite que las cuentas de los partidos políticos sean conocidas de la A a la Z. Existe el control exhaustivo del Tribunal de Cuentas de la A a la Z. Y ustedes también enmendaban para que lo pudieran hacer los órganos de cuentas de las comunidades autónomas, aunque no han dicho nada del asunto. Pero que lo enmiendan ya lo he visto y lo he leído y tiene algún sentido en algún caso concreto. Y ya saben cuál es mi posición.


Ha utilizado su señoría el argumento de la vicepresidenta diciendo: qué oportunidad perdida para callarse. Pero yo pregunto qué oportunidades quieren ustedes perder para que se regule de una vez la oscuridad en la financiación de los partidos. De otra forma, no lo entiendo, no entiendo que ustedes no quieran controlar las donaciones privadas a las fundaciones, no entiendo por qué quieren hacer una separación de ese tipo.


En una situación normal, ese argumento lo entiendo perfectamente. Desde luego, jurídicamente, se entiende perfectamente; políticamente, menos.
Voy a poner un ejemplo que puede servir: yo me voy a mi provincia, me pongo de acuerdo con Hilario Caballero y montamos una fundación cualquiera a título individual. ¿Dependería orgánicamente del partido? No, es nuestra y después ya veríamos lo que hacíamos. Esto es una metáfora pero ocurre en la práctica.


En algunas ocasiones he dicho, y hoy lo reitero -y con esto termino-, que cada momento tiene su aquel y que en cada momento es posible que las leyes se encuentren de una u otra forma determinada, pero lo importante es que seamos capaces de aprovechar, cuando se trata de mejorar un texto legal, para llegar a un equilibrio en el que todos nos podamos mover más o menos a gusto. Esta ley es producto de ese equilibrio y solamente los cambios de opinión del Partido Popular en el Congreso han impedido que se apruebe por unanimidad.


A mí me han contado una maldad que no voy a hacer pública -ya sabe que maldades nos cuentan a todos, pero uno se las cree o no se las cree-. Me contaron otra el otro día y dije: Anda, eso no es posible. Algunos me dicen que sí: que como han mandado el recado por moto, tenían que cambiar esto. Yo no sé si es verdad o no es verdad. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo no digo quién manda la moto, lo que digo es que mandaron el recado.


Digo, señorías, que el otro día me contaron una maldad -que no voy a contar-: que alguien ha mandado un recado por moto para que cambiaran la posición, que cogieron la carta y que cambiaron de posición (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MANSILLA HIDALGO: Yo no sé si eso es posible o no. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Están ustedes hoy muy excitados. Si nos vamos de vacaciones...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor MANSILLA HIDALGO: Termino. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.


Termine, señoría.


El señor MANSILLA HIDALGO: En mi pueblo me dicen: ¡Tranqui colegui, que hay tiempo! Pues tranquilos, esta es la ley que nos gustaría que votasen a favor porque en el fondo están de acuerdo con ella. Déjense de jugar a cosas distintas de lo que estamos discutiendo y atiendan a la realidad.


Este es mi turno en contra y ya no tendría que hablar más, en todo caso les agradezco el esfuerzo que han hecho.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


El señor MANSILLA HIDALGO: Explicación complicada.


Página 7910


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir con mucha brevedad porque mi grupo va a votar favorablemente a la proposición de ley que fue iniciativa de Esquerra Republicana, aunque luego ha habido intervenciones de los grupos parlamentarios. De hecho, lo deseable en este tipo de cuestiones es que haya unanimidad y si no unanimidad casi unanimidad, sobre todo que los dos grandes partidos, en este caso Partido Popular y Partido Socialista, hubiesen llegado a un acuerdo. Nosotros no podemos intervenir para que esto sea así, hemos puesto nuestra parte para que la ley saliera adelante, evidentemente es mejorable, pero es un avance en relación con la anterior: introduce más transparencia e introduce un elemento de más estabilidad en la financiación de los partidos. Aunque, insisto, nosotros vamos a votar a favor, nos hubiera gustado más con consenso, pero tampoco es nuestra función principal si no se puede llegar a él por los dos grandes partidos.


Aprovecho para despedirme porque veo que es una ley que se lleva por delante a muchos senadores -si pudiéramos resolverlo retirando la ley yo la retiraba (Risas.) : se va el señor Mansilla, se va el señor Mendoza y se va el señor Cuenca. Si me permiten, yo diría que son buena gente; que sean buenos políticos o no es otra cuestión, pero sí son buena gente, que es lo más importante, y espero verles por aquí de nuevo. Como el señor presidente, cuando vuelvan espero estar todavía por aquí. En cualquier caso, sepan que mi amistad -y hablo en nombre de todos los compañeros del grupo- la tendrán siempre, ya lo saben.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, dentro de unos breves momentos vamos a aprobar en esta Cámara una proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos, una proposición de ley que, justo es recordar, fue presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y tomada en consideración el 27 de septiembre del año 2005; por cierto, si mal no recuerdo, lo fue por unanimidad aun cuando la práctica totalidad de los grupos parlamentarios manifestamos ya entonces que nos reservábamos el derecho a enmendar su texto en la medida de que en el mismo podían observarse -aunque desde perspectivas ciertamente diferentes- cuestiones que debían ser objeto de un mejor tratamiento y concreción, así como algunas lagunas a cubrir durante lo que, sin duda, iba a ser -como así ha sido- una larga tramitación parlamentaria.


Pero todos, todos sin excepción, compartíamos la creencia de que no podía demorarse más en el tiempo la aprobación de una nueva ley de financiación de los partidos políticos que sustituyera a la Ley de 1987, dado que esta -como bien se dice además en la propia exposición de motivos-, después de 20 años desde que se aprobó, es evidente que no garantiza al día de hoy de manera adecuada la suficiencia, la regularidad y transparencia de la actividad económica de los partidos políticos. E igualmente compartida fue en aquel debate la idea de que una ley de estas características precisaba de una amplia reflexión y estudio, exigía mucho diálogo y negociación entre todas las fuerzas -por supuesto- políticas y parlamentarias y, en definitiva, requería que se llegara a aprobar con un consenso lo más mayoritario posible.


¿Qué podemos decir, señorías, una vez transcurridos desde entonces a hoy cerca de 21 meses, casi dos años, desde que se puso, como digo, en marcha la maquinaria parlamentaria? En primer lugar, podemos decir, y hay que decirlo, que ha habido voluntad real de llegar a acuerdos, voluntad real de eliminar diferencias, de buscar puntos de equilibrio y de abordar de verdad las cuestiones de fondo, que eran muchas y complicadas. En segundo lugar, precisamente por la dificultad y complejidad, además de voluntad, era imprescindible un considerable esfuerzo y una intensa dedicación a la hora de trabajar en unos textos que permitieran el acercamiento y el encuentro entre posiciones no siempre coincidentes. Y en tercer y último lugar, podemos decir, y lo decimos, que la suma de este binomio: voluntad y trabajo, ha hecho posible que se alcanzara ese buscado amplio consenso, evidentemente no unanimidad, pero sí un amplio, amplísimo, consenso.
Baste como ejemplo del afán que han guiado los trabajos, que mi grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados hasta un total de 31 enmiendas y no ha visto necesario mantener ni una sola en el Senado, habida cuenta de que, en los trámites previos en el Congreso, se logró un acuerdo global, merced a la aproximación a una gran parte de nuestros comportamientos y nuestras posiciones, bien mediante la aceptación tal cual de muchas de nuestras enmiendas, bien con la aceptación de algunas transaccionales, que lo eran con enmiendas de mi grupo y, también, por qué no decirlo, con otros grupos que tenían posiciones más o menos cruzadas con las nuestras. No ha sido -creánme, señorías, y ustedes lo saben- tarea fácil, pero, precisamente por eso, debemos tener en cuenta lo complejo de la regulación y el resultado final se nos antoja más que aceptable.


Vamos a aprobar lo que, a nuestro juicio, será una buena ley; mejorable, por supuesto, como todas, pero buena, en la medida en que se ha logrado un equilibrio y punto de

Página 7911


encuentro entre las muchas posiciones existentes. Tan es así, tal y como ha recordado algún interviniente anterior, que se ha optado por establecer un sistema mixto de financiación de los partidos políticos, en tanto que, junto a los recursos económicos procedentes de los poderes públicos, vía subvenciones, se contemplan las aportaciones privadas de personas físicas o jurídicas, aportaciones privadas que, en todo caso y conforme a lo consensuado, deben reunir toda una serie de requisitos y condiciones: deben ser públicas -aspecto ciertamente importante-, no pueden exceder de unos límites claramente fijados y no pueden proceder de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. Evidentemente, el establecimiento de estos límites a las donaciones privadas ha obligado a optar por este sistema mixto de financiación, un sistema, en definitiva, equilibrado, con recursos procedentes de la financiación pública; dinero público, sí, y así hay que reconocerlo, absolutamente necesario, y la ciudadanía debe comprender que se trata de un dinero público invertido en democracia.


En este proyecto de ley que hoy vamos a aprobar se establecen unas claras obligaciones contables, unos mecanismos de auditoría, fiscalización y control que creemos suficientes, en los que el papel del Tribunal de Cuentas queda perfectamente delimitado, configurándose además, lo cual hay que destacar, un régimen sancionador en el que se regulan las sanciones que se derivarían de las responsabilidades que puedan deducirse del incumplimiento de la norma.


Por último, se regula también el régimen tributario de los partidos políticos y el aplicable a las cuotas, aportaciones y donaciones efectuadas por personas físicas o jurídicas para contribuir a su financiación. En ese sentido, además, y quiero reseñarlo expresamente, el texto final resultante es plenamente respetuoso con los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor en la Comunidad Autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra respectivamente, dado que, merced a la introducción de una disposición adicional décima, queda meridianamente claro que el régimen tributario que se regula en el Título III y el contenido de las adicionales primera a quinta no será de aplicación en estas comunidades.


En definitiva, señor presidente -y con ello termino-, mi grupo parlamentario estima que estamos ante una proposición de ley, próxima ley, que ha sido muy bien trabajada y que ojalá constituya un ejemplo para futuras tramitaciones; una ley que aborda una nueva regulación de la financiación de los partidos políticos, dotándola, como no podía ser de otra manera, de mayor transparencia y control, en una sociedad que ha experimentado, desde que se aprobó la normativa aun vigente, muchos cambios políticos y económicos, una sociedad, además, a la que en los últimos tiempos le han llegado algunas sospechas o rumores de posibles irregularidades vinculadas a dicha financiación. Una ley en la que mi grupo parlamentario ha puesto toda su disposición y su mejor saber y entender en aras de lograr ese consenso del que, finalmente, tal y como parece, participaremos todos, a excepción del Grupo Parlamentario Popular. Lamentamos, sinceramente, que este grupo parlamentario no se sume al consenso, máxime tratándose del grupo mayoritario de esta Cámara, pero está en su legítimo derecho y, como tal, lo respetamos.


En coherencia con lo indicado, solo me falta añadir que nuestro voto no puede ser otro que a favor del dictamen emitido por la Comisión Constitucional, que es el texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Señor presidente, como posdata, solo quiero añadir dos cuestiones. Una primera es para advertir algo que seguramente los letrados ya han detectado, y es que en el artículo 19.1 Dos. Deber de colaboración -sin duda por un mero error tipográfico-, se habla del Tribunal de Cunetas y, evidentemente, se refiere al Tribunal de Cuentas.


Por supuesto que la última parte de mi intervención, como no puede ser de otra manera, es para dar un abrazo sincero a toda esa colección -lamentablemente- de compañeros que han anunciado que con este Pleno nos dejan; desde el senador Mendoza, al senador Cuenca, pasando por mi presidenta de la Comisión de Justicia, María Antonia Martínez. Les traslado a todos ellos mi admiración y, como decía, mi abrazo sincero, y quedo a disposición porque, de momento, yo sí continuaré en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor presidente.


Mi explicación será breve, en primer lugar, para lamentar que nos dejen unos senadores que hoy finalizan el mandato y que han realizado una extraordinaria labor de acción política en esta Cámara. Les echaremos en falta, pero imagino que se van a otra actividad política y, por tanto, simplemente cambian de lugar. Por lo menos eso espero. El país tampoco puede perder sus hombres públicos y mujeres públicas con toda tranquilidad.


Otro de los lamentos es por no haber llegado a un consenso más amplio en esta ley. La verdad es que, con los años, a lo mejor me vuelvo más ingenuo, y dado que la razón y el sentido de la historia a veces avanza a pequeños saltos, me lleva a reflexionar que algún día se abandonará la tendencia de que, en temas económicos de esta índole, la oposición sea capaz de llegar a un acuerdo con la mayoría. No es la primera vez que esto sucede e incluso aquí se ha dicho de una forma directa, con papeles invertidos: en 1998. Pero desde que yo estoy en el Senado -y llevo casi siete años- han sucedido en otros campos -concretamente no en el de los partidos-, y es muy difícil, pero el sentido político -iba a decir el sentido patriótico- se demuestra en estos casos: llegar a acuerdos sobre cosas que no forman parte de tu posición y saber ceder.


Ustedes podrán decir -y tendrán toda la razón- que se cede por las dos partes; la voluntad de ceder siempre

Página 7912


existe. Pero creo que es un resultado que deja un cierto gusto de escepticismo en la boca para quien cree que sobre estas materias es posible, necesario -y patriótico- llegar a un acuerdo que elimine la confrontación política.


A pesar de ello, hay un elemento positivo, si quieren solo es un matiz, sí, pero es un matiz que ha ido descendiendo de intensidad desde que se inició esta cuestión. Había más acuerdo al comienzo, en la votación del Congreso, que al cabo de unos meses, en la votación del Senado.


¿Por qué este cambio de humor? ¿Por qué este distanciamiento progresivo de un texto que, más o menos, quedó perfilado a lo largo de una negociación larga -y no precisamente fácil- en el Congreso de los Diputados? No me lo explico. A veces incluso pienso que el matiz hay que encontrarlo en que las enmiendas importantes -y algunas con base sólida y muy bien defendidas en el hemiciclo- no se han traducido en algo que podría ser más lógico: en un veto. No se trata de que se pierda una votación u otra -en el caso de que se fuese a perder-, porque sería igual, el problema es simplemente marcar el rechazo a la ley. Sus discursos de hoy muestran un rechazo a la ley, incluso más intenso que los que he leído en el Boletín o en los artículos publicados por los que defendieron esa postura en el Congreso de los Diputados; seguramente, más sólidos y, en mi opinión, mejor defendidos, pero más alejados.


Desde mi punto de vista, el vaso está medio lleno y, por ello, espero que en el futuro, con la misma situación de minorías y mayorías, se pueda llegar a un acuerdo porque es necesario que lleguemos a acuerdos sobre estas cuestiones, para permitir que los partidos políticos funcionen como deben funcionar: que los recursos se perciban regularmente, con transparencia, publicidad y control.


Podremos mantener distintas posiciones, pero de esa manera no se podrá desarrollar el sistema. Ustedes afirman que actuaron muy bien en 1998, porque dado que los socialistas no estaban de acuerdo, no sacaron adelante la ley. Quizá tengan toda la razón al decir esto, pero nosotros opinamos de otra manera y, de hecho, hemos hecho un amplio esfuerzo para lograr un acuerdo y esperamos que ustedes se puedan incorporar una vez que el acuerdo entre en vigor.


Cuando se estudian las enmiendas y el texto se percibe que no hay una diferencia insalvable, que no hay un foso, que no hay un enfrentamiento, sino que se trata de un criterio distinto sobre la mejor forma de garantizar mecanismos legales e institucionales para llegar al objetivo deseado: la regularidad, la transparencia y la publicidad. No lo puedo aceptar, porque no es verdad que exista oposición a las donaciones anónimas.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor MOLAS I BATLLORI: Sí, señor presidente, acabo enseguida.

parte 1      parte 2     


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal