Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 133
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 10 de octubre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Primero
PREGUNTAS
-- De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre la valoración del Presidente del Gobierno acerca de la
situación actual de su «nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de
España», anunciado en febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001411).
-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
sobre las previsiones del Gobierno en orden a transferir a la Comunidad
Autónoma de Galicia, antes de que finalice el presente año, las
competencias acordadas por el Ministerio de Administraciones Públicas y
la Junta de Galicia durante el mes de febrero de 2007. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790,
de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001412).
-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, sobre el motivo por el que el Gobierno cumple las
leyes en materia presupuestaria con las Comunidades Autónomas de
Andalucía y Cataluña y no lo hace en el caso de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001415).
-- De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las
razones objetivas por las que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
ha sido la Comunidad Autónoma con menor financiación
autonómica e inversión estatal por habitante. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8
de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001410).
-- De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con la oferta de
empleo público realizada por la Corporación RTVE. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790,
de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001421).
-- De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno
para aprobar definitivamente la declaración del puerto de Santa Cruz de
La Palma (Santa Cruz de Tenerife) como frontera exterior según el Acuerdo
Schengen. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001416).
-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para invertir la
tendencia al alza de los accidentes de tráfico en los últimos meses.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001423).
-- De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Nacional de nombres de
dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España
(«.es»). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001408).
-- De D.a MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la convocatoria
del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) para el año
2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001430).
-- De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre si el Ministro de Cultura se adhiere al manifiesto que
denuncia la persecución lingüística en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
al que se han sumado más de medio millar de personalidades de nuestras
letras. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales«,
Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001422).
-- De D.a MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno
para incentivar a las empresas a contratar mujeres mayores de cuarenta y
cinco años. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001419).
-- De D.a PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de casi cuatro años
de paz social con veinte acuerdos firmados con los agentes sociales.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001425).
-- De D. JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre la valoración del Gobierno con respecto a la evolución del paro y
la afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001426).
-- De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, sobre las razones por las que el túnel de Vielha
(Lleida) pasará a tener solamente dos carriles cuando la previsión era
que tuviera tres. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001418).
-- De D. MANUEL JAIME CABEZAS ENRÍQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, sobre el calendario definitivo para la finalización y puesta
en funcionamiento de todos y cada uno de los tramos de la línea
ferroviaria de alta velocidad entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad
Autónoma de Galicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001424).
-- De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre
el estado de ejecución de las obras en el eje atlántico para la línea
ferroviaria de alta velocidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de
2007). (Núm. exp. S. 680/001429).
-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno
tramitar de manera urgente la propuesta formulada a través de la moción
pendiente de tramitación en la Comisión de Fomento y Vivienda, para
suprimir el paso a nivel de la plaza de los Carros en el centro de la
ciudad de Tarragona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001431).
-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la decisión definitiva tomada por el
Ministerio de Fomento en relación con la modificación del proyecto de
obras del túnel de Vielha (Lleida), pasando de tres carriles a dos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001432).
-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las acciones que está llevando a
cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que
los ganaderos se vean obligados a abandonar su explotación, como
consecuencia del desfase entre los incrementos de los costes de
producción y la evolución del precio de venta de sus productos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001391).
-- De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre si considera el Gobierno que el borrador de la propuesta de
la Comisión Europea referente al régimen de ayudas al algodón cumple con
los términos contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que anulaba el régimen anterior. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790,
de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001420).
-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre las principales novedades contempladas en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en el sector
agroalimentario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001427).
-- De D.a MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto a las
conclusiones y recomendaciones que hace a la Comisión Nacional de
Subproductos el Libro Blanco de los Subproductos de Origen Animal No
Destinados a Consumo Humano (SANDACH). (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de
octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001428).
-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que tiene previsto
adoptar el Gobierno para alcanzar un Estado que sea realmente
plurilingüe. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001413).
-- De D.a MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, sobre la fecha prevista por el Gobierno para
realizar la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las funciones
de autorización de laboratorios farmacéuticos y de empresas fabricantes
de productos sanitarios y cosméticos. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de
octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001417).
-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que el
Lehendakari Juan José Ibarretxe Markuartu desvaría al plantear
propuestas políticas de arreglo ante una situación bloqueada. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001414).
-- De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender
adecuadamente las necesidades de infraestructuras de transportes en la
Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 670/000176).
-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre
la política del Gobierno en materia de pesca, especialmente su postura
ante el cierre anticipado de la pesquería del atún. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790,
de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000173).
-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, sobre la política del Gobierno con respecto a la
dinámica de funcionamiento y de diálogo en el seno de la Comisión General
de las Comunidades Autónomas del Senado. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8
de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000175).
Segundo bis
INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO
-- En relación con la Ponencia de estudio de la desestacionalización en el
sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que
garantice el uso racional de las estaciones de esquí, en la parte
relativa al estudio de la desestacionalización en el sector turístico,
constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 791, de 8 de octubre de 2007). (Núm. Exp. 543/000007).
Tercero
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el Proyecto
de Ley de Contratos del Sector Público. (Publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 112, de fecha 8 de
octubre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000112) (Núm. exp. C.D. 121/000095).
-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el
Proyecto de Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 109,
de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000109) (Núm. exp. C.D.
121/000073).
Cuarto
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO
-- Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica
el artículo 184. (Autores: Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa
Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el
Senado de Convergència i Unió). (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 53, de fecha 20 de
septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 626/000005).
De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLA-MENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre la valoración del Presidente del Gobierno acerca de la
situación actual de su «nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de
España», anunciado en febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados
(Página 8303)
El señor García-Escudero Márquez formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez
Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
García-Escudero Márquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente
del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
sobre las previsiones del Gobierno en orden a transferir a la Comunidad
Autónoma de Galicia, antes de que finalice el presente año, las
competencias acordadas por el Ministerio de Administraciones Públicas y
la Junta de Galicia durante el mes de febrero de 2007 (Página 8306)
El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez
Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera
Caselas. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno
(Rodríguez Zapatero).
De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, sobre el motivo por el que el Gobierno cumple las
leyes en materia presupuestaria con las Comunidades Autónomas de
Andalucía y Cataluña y no lo hace en el caso de la Comunidad Autónoma de
Canarias (Página 8309)
El señor Belda Quintana formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez
Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Belda
Quintana. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno
(Rodríguez Zapatero).
De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las razones
objetivas por las que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha sido
la Comunidad Autónoma con menor financiación autonómica e inversión
estatal por habitante (Página 8312)
El señor Sampol i Mas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde
a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de
nuevo el señor Sampol i Mas. En turno de dúplica, lo hace el señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda
(Solbes Mira).
De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con la oferta de
empleo público realizada por la Corporación RTVE (Página 8313)
El señor Agramunt Font de Mora formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica,
interviene de nuevo el señor Agramunt Font de Mora. En turno de dúplica,
lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para
aprobar definitivamente la declaración del puerto de Santa Cruz de La
Palma (Santa Cruz de Tenerife) como frontera exterior según el Acuerdo
Schengen (Página 8315)
El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Perestelo Rodríguez. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez
Rubalcaba).
De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para invertir la
tendencia al alza de los accidentes de tráfico en los últimos meses
(Página 8316)
El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).
De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Nacional de nombres de
dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España
(«.es») (Página 8317)
El señor Salvador García formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio
(Clos i Matheu).
De D.a MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre la valoración del Gobierno acerca de la convocatoria del Programa
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) para el año 2007 (Página 8318)
La señora Castillo Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio
(Clos i Matheu).
De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
sobre si el Ministro de Cultura se adhiere al manifiesto que denuncia la
persecución lingüística en la Comunidad Autónoma de Cataluña, al que se
han sumado más de medio millar de personalidades de nuestras letras
(Página 8319)
El señor Van-Halen Acedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro de Cultura (Molina Sánchez). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Van-Halen Acedo. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Cultura (Molina Sánchez).
De D.a MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para
incentivar a las empresas a contratar mujeres mayores de cuarenta y cinco
años (Página 8320)
La señora De Cospedal García formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la
señora De Cospedal García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).
De D.a PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre la valoración que hace el Gobierno de casi cuatro años de paz
social con veinte acuerdos firmados con los agentes sociales (Página 8321)
La señora Hernández Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Caldera Sánchez-Capitán).
De D. JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre la valoración del Gobierno con respecto a la evolución del paro y
la afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre (Página 8322)
El señor Alonso García formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Caldera Sánchez-Capitán).
De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLA-MENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, sobre las razones por las que el túnel de Vielha
(Lleida) pasará a tener solamente dos carriles cuando la previsión era
que tuviera tres (Página 8323)
El señor Esquerda Segués formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. MANUEL JAIME CABEZAS ENRÍQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre el calendario definitivo para la finalización y puesta en
funcionamiento de todos y cada uno de los tramos de la línea ferroviaria
de alta velocidad entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de
Galicia (Página 8324)
El señor Cabezas Enríquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabezas Enríquez. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
sobre el estado de ejecución de las obras en el eje atlántico para la
línea ferroviaria de alta velocidad (Página 8326)
El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a
la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno tramitar de
manera urgente la propuesta formulada a través de la moción pendiente de
tramitación en la Comisión de Fomento y Vivienda, para suprimir el paso a
nivel de la plaza de los Carros en el centro de la ciudad de Tarragona
(Página 8327)
El señor Badia i Chancho formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Badia i Chancho. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la decisión definitiva tomada por el
Ministerio de Fomento en relación con la modificación del proyecto de
obras del túnel de Vielha (Lleida), pasando de tres carriles a dos
(Página 8328)
El señor Companys i Sanfeliú formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Companys i Sanfeliú. En
turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las acciones que está llevando a
cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que
los ganaderos se vean obligados a abandonar su explotación, como
consecuencia del desfase entre los incrementos de los costes de
producción y la evolución del precio de venta de sus productos (Página 8329)
El señor Companys i Sanfeliú formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo
el señor Companys i Sanfeliú. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).
De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, sobre si considera el Gobierno que el borrador de la propuesta de
la Comisión Europea referente al régimen de ayudas al algodón cumple con
los términos contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que anulaba el régimen anterior (Página 8330)
El señor Pérez Lapazarán formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo
el señor Pérez Lapazarán. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).
De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre
las principales novedades contempladas en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en el sector
agroalimentario (Página 8332)
El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Espinosa Mangana).
De D.a MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto a las
conclusiones y recomendaciones que hace a la Comisión Nacional de
Subproductos el Libro Blanco de los Subproductos de Origen Animal No
Destinados a Consumo Humano (SANDACH) (Página 8333)
La señora González Lahidalga formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Espinosa Mangana).
De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que tiene previsto
adoptar el
Gobierno para alcanzar un Estado que sea realmente plurilingüe.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D.a MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA
DE PROGRÉS, sobre la fecha prevista por el Gobierno para realizar la
transferencia a la Generalitat de Cataluña de las funciones de
autorización de laboratorios farmacéuticos y de empresas fabricantes de
productos sanitarios y cosméticos.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que el
Lehendakari Juan José Ibarretxe Markuartu desvaría al plantear propuestas
políticas de arreglo ante una situación bloqueada.
De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender
adecuadamente las necesidades de infraestructuras de transportes en la
Comunidad de Madrid (Página 8334)
El señor Peral Guerra expone la interpelación. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve
a intervenir el señor Peral Guerra. Cierra el debate la señora Ministra
de Fomento (Álvarez Arza).
De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la
política del Gobierno en materia de pesca, especialmente su postura ante
el cierre anticipado de la pesquería del atún (Página 8341)
El señor Urrutia Elorza expone la interpelación. En nombre del Gobierno
responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Espinosa Mangana). Vuelve a intervenir el señor Urrutia
Elorza. Cierra el debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Espinosa Mangana).
De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, sobre la política del Gobierno con respecto a la
dinámica de funcionamiento y de diálogo en el seno de la Comisión General
de las Comunidades Autónomas del Senado.
Esta interpelación ha sido aplazada.
INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Página 8347)
En relación con la Ponencia de estudio de la desestacionalización en el
sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que
garantice el uso racional de las estaciones de esquí, en la parte
relativa al estudio de la desestacionalización en el sector turístico,
constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio
(Página 8347) )
En turno de portavoces intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo
Parlamentario Mixto, y Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Gastón Menal, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Seguí Díaz, por el Grupo
Parlamentario Popular.
Se aprueba el informe por asentimiento.
Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8350)
De la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de
Ley de Contratos del Sector Público (Página 8350)
Comienza el debate del articulado.
El señor Casas i Bedós defiende la enmienda número 96 y retira las números
75 a 80, 82 a 95 y 97 a 104, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas 1 a 7, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Nuet i Pujals defiende las enmiendas números 33, 37, 38, 40, 43,
44, 47 a 55, 57, 58, 68 y 71 a 74, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés.
La señora Redondo de Lucas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista que propone la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas 61 y 64 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés.
El señor Vázquez Requero defiende las enmiendas 8 a 16 y 18 a 23, del
Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Redondo de Lucas, por
el Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces intervienen el señor Casas i Bedós, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora
Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos; así como los señores Nuet i Pujals, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Martín, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Vázquez Requero, por el Grupo Parlamentario
Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió , por 119 votos a favor, 124 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas número 1 a 7, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 19 votos a favor, 225 en contra y 1
abstención.
Se aprueba la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés, por 127 votos votos a favor y 118 en contra.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 232 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la
vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 61 y 64
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 122 votos a
favor, 113 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 8 a 16 y 18 a 23, del Grupo
Parlamentario Popular, por 111 votos a favor, 133 en contra y 1
abstención.
Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no
comprendidas en las votaciones anteriores por 244 votos a favor y 1 en
contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 245 votos a favor.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al
Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto
de Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (Página 8361)
La Presidenta de la Comisión, señora Rubial Cachorro, presenta el
dictamen.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán)
presenta el proyecto de ley.
En turno de portavoces, intervienen los señores Tuñón San Martín, por el
Grupo Parlamentario Mixto; Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; las señoras Loroño
Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos;
Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y
Quesada Bravo, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor
Juan Sanz, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba el proyecto de ley por 243 votos votos a favor.
El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales este proyecto de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO
(Página 8369)
Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el
artículo 184. (Autores: Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana
de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de
Convergència i Unió) (Página 8369)
El señor Lerma Blasco defiende la toma en consideración y consume el turno
a favor.
En turno en contra, hace uso de la palabra la señora Vindel López.
En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el
Grupo Parlamentario Mixto; Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Sena-
do de Convergència i Unió, y Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibañez, por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor Lerma Blasco,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el
Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba la toma en consideración por 131 votos a favor, 110 en contra y
2 abstenciones
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y quince minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenos días, señorías.
PREGUNTAS:
-- DE DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ACERCA DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DE SU «NUEVO PROYECTO PARA EUSKADI Y PARA EL CONJUNTO DE
ESPAÑA», ANUNCIADO EN FEBRERO DE 2005 EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
(S. 680/001411).
El señor PRESIDENTE: Las preguntas del senador Maqueda y de la senadora
Elices han sido aplazadas y la del senador Anasagasti retirada.
Pregunta del senador Pío García-Escudero.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, buenos días. Permítame, señor
presidente, que antes de formular la pregunta manifieste, en nombre de mi
grupo y creo que en el de toda la Cámara, nuestro más profundo rechazo y
enorme repulsa por el atentado terrorista cometido ayer en Bilbao.
Asimismo, quiero expresar nuestros mejores deseos de recuperación para el
escolta que fue herido en dicho atentado terrorista y, también, todo el
apoyo, la solidaridad y el reconocimiento a la labor y trabajo que vienen
realizando los escoltas y fuerzas de seguridad para proteger tantas vidas
y combatir siempre eficazmente el terrorismo. Muchas gracias.
(Aplausos.)
¿Cómo valora el presidente del Gobierno la situación actual de su nuevo
proyecto para Euskadi y para el conjunto de España anunciado por él mismo
el 1 de febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
También quiero iniciar mi intervención expresando mi condena y absoluto
rechazo al atentado terrorista que ayer se produjo en Bilbao, así como mi
deseo de la pronta recuperación de Ginés, el escolta herido.
Voy a reiterar dos ideas que en este momento me parecen convenientes. La
primera es que el Estado democrático y el Gobierno van a combatir con
toda firmeza cualquier intento de terror y violencia; van a poner, y
ponen, todos los medios para prevenir y perseguir a los violentos. La
segunda es que, como la historia acredita, la lamentable historia que la
sociedad y la democracia española han sufrido con la acción violenta y el
terror, resulta muy conveniente la unidad de los demócratas y el máximo
consenso en defensa de nuestros valores para conseguir el objetivo que,
en este caso, sí es unánime y común de todos los demócratas, que es ver
el fin de la violencia, derrotar lo que representa el terror, la amenaza
y la coacción.
A ello emplazo, una vez más, a todos los grupos políticos. Agradezco el
apoyo y la solidaridad y garantizo a la Cámara, a la ciudadanía y a la
sociedad que el Estado democrático está muy fuerte y preparado para este
combate.
Punto y aparte, paso ahora al contenido de la pregunta. El Gobierno que
presido desde la investidura y, por supuesto, desde el debate al que ha
hecho referencia su señoría, que es el debate en el que se presentó en
las Cortes Generales, en concreto en el Congreso de los Diputados, el
llamado estatuto político o plan Ibarretxe, viene trabajando con un
objetivo en lo que afecta al País Vasco en la medida en que la situación
política e institucional en el País Vasco afectan al conjunto de España.
El primer objetivo es, por supuesto, como dije en ese debate, terminar con
la violencia y hacer que la libertad, la expresión democrática de todas
las ideas esté en igualdad de condiciones en Euskadi, y, el segundo,
renovar un consenso, un acuerdo político que exprese la pluralidad de la
sociedad vasca y que se produzca en el marco de las reglas del juego, que
no son otras que la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sabiendo que
para ello se exigen dos condiciones básicas: consenso y respeto a la
legalidad; así hemos trabajado, así he tomado las decisiones y así las
tomaré en el futuro ante cualquier eventualidad que podamos tener.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, efectivamente, el solemne anuncio de un nuevo
proyecto para Euskadi y para el conjunto de España lo hizo usted durante
el debate del plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados. Y quiero
recordarle que este plan fue rechazado, ¿por usted solo? No. ¿Por el
Grupo Parlamentario Socialista solo? Tampoco. ¿Con el apoyo de sus socios
parlamentarios? Ni mucho menos. Fue rechazado porque entonces el Partido
Popular se puso de su lado. Por tanto, como usted comprenderá, no es
justo acusarnos de falta de apoyo, como lo ha venido haciendo, cuando fue
usted quien rompió a principio de la legislatura los consensos básicos, y
no nosotros.
Resulta que hoy tenemos un nuevo plan Ibarretxe y me temo que va a volver
a pasar lo de siempre: que yo le voy a señalar la luna con el dedo, y
usted se va a quedar mirando al dedo (Risas.). Y yo le diré que usted
asuma su responsabilidad ante un problema de secesionismo, que es
bastante grave, y usted probablemente, como ha hecho en otras ocasiones,
le va a echar la culpa al Partido Popular.
El día que se debatió el plan Ibarretxe en el Congreso usted dijo: Este
uno de febrero no es el final de un plan sino el día en que asistimos a
nuevo comienzo, a un nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de
España; un proyecto que ha de establecer la prioridad en el afán de
compartir las identidades y respetar las aspiraciones nacionales dentro
de un gran proyecto de convivencia. Y claro, luego pasa lo que pasa, que
de aspiraciones nacionales estamos sobrados y el proyecto de convivencia
no se ve por ninguna parte.
Hace escasamente un mes le comenté en esta Cámara que a estas alturas de
la legislatura los nacionalismos se han radicalizado cada vez más, y los
socialistas se están comportando como nacionalistas.-(Rumores.-Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Y es que usted, desoyendo los sabios
consejos de nuestros padres, que nos decían en la infancia que no
anduviéramos con malas compañías (Risas.), eligió al comienzo de la
legislatura a unos amigos que no creen en España (Rumores.) y así usted
ha convertido lo que desde hace treinta años era un espacio de encuentro
y de acuerdo en la política territorial en un territorio de conflicto
donde quien más y quien menos piensa que puede sacar tajada charlando
simplemente una hora con usted. Como el señor Ibarretxe, que el otro día
se quejaba amargamente de que si ustedes habían hablado de política con
Batasuna y con ETA por qué él no iba a poder hablar con usted de su
proyecto secesionista.
Y yo le pido a usted que cumpla lo que acaba de decir, que le diga al
señor Ibarretxe con toda energía lo que usted acaba de decir y lo que
pensamos todos, y es que España no es negociable; porque según usted así
es como se construyen los proyectos de convivencia, y no me resisto una
vez más a plantearle una serie de dudas que tenemos, aun a sabiendas de
que, como siempre, usted no me va a responder.
Señor Zapatero, ¿su proyecto de convivencia incluye que se quemen fotos de
Sus Majestades los reyes ante la pasividad de unas fuerzas del orden que
dependen de un Gobierno que está presidido por un socialista, el señor
Montilla? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor Zapatero, ¿me va a responder, o
pasa palabra? (Risas.)
Señor Zapatero, ¿su proyecto de convivencia incluye también que amigos
suyos de Esquerra Republicana de Cataluña amenacen de muerte a miembros
del Partido Popular y de Ciutadans, y que una ministra suya todo lo
reduzca simplemente a que el Partido Popular tiene que aprender a
convivir? ¿También va a pasar palabra?
Señor, Zapatero, ¿incluye su proyecto que sus socios hayan pedido en esta
Cámara que el rey deje de ser el jefe de las Fuerzas Armadas para que lo
sea usted, el presidente del Gobierno? ¿Incluye también que otro
socialista, el señor Maragall, diga que ha llegado la hora de que la
nación catalana reclame su Estado, y nadie del Partido Socialista Obrero
Español le haya llamado la atención? ¿Incluye su proyecto de convivencia
para España que el señor Puigcercós, consejero del Gobierno de la
Generalitat presidida por el señor Montilla, pueda decir que Cataluña ya
no tiene nada que hacer dentro de España, y su presidente, el socialista
Montilla, se calle y sea incapaz de decirle nada?
¿Incluye su proyecto que se persiga el uso del castellano en los colegios,
en los comercios, en los medios de comunicación públicos, todo ello en
comunidades autónomas presididas por socialistas? ¿Incluye su proyecto
que Batasuna sea considerada negociadora para la paz o una organización
terrorista, según el tiempo que haga, de dónde sople el viento o si hay
elecciones en el horizonte? (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
¿Incluye su proyecto que alcaldes socialistas estén incumpliendo la ley de
banderas, incurriendo en prevaricación, y que usted, el presidente del
Gobierno de España, lo reduzca todo a que es un debate de corto alcance?
¿Es este su proyecto político para España, señor Zapatero? ¿A dónde nos
lleva usted por este camino? ¿Con quién tenemos que quedarnos?, ¿a qué
carta jugamos?
¿Dónde está aquel José Luis Rodríguez Zapatero del año 2000, que reclamaba
un gobierno de izquierdas para acabar con el chantaje nacionalista? Leo:
Diario de León. Lunes, 7 de febrero de 2000. Zapatero. Un gobierno de
izquierdas acabaría con el chantaje nacionalista. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
¿O tenemos que quedarnos con los señores Ibarra y Guerra, que están
pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución? ¿O tenemos
que quedarnos con su partido, el Partido Socialista de Galicia, que no se
opone a que se celebre el referéndum Ibarretxe?
¿Se da usted cuenta, señor Zapatero, de que en una sola legislatura se
está cuestionando la monarquía, la bandera, la propia identidad de
España, y de que para usted... (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: ¿Se da cuenta de que para el presidente
del Gobierno de España todo esto es simplemente espuma? ¿Se da cuenta de
que en treinta años de democracia nunca habíamos vivido una situación
parecida? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y con la que está cayendo, en su partido han decidido que, de cara a las
elecciones, hay que convertirle a usted en un hombre de Estado, y una vez
que pase la temporada de otoño, en la que, como le decía el otro día, se
lleva envolverse en la bandera, ahora, para la de invierno, lo que
se va a llevar es el hombre de Estado. Y le han dicho las agencias de
publicidad que hay que vender la imagen de que usted es un gran estadista
-y leo textualmente-, un líder creíble, preparado, solvente y buen
gestor. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Un
señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Lo es.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor Zapatero, en España hay magníficas
agencias de publicidad, pero me da la sensación de que están pidiendo
ustedes un milagro, porque aquí nos conocemos todos, y los españoles no
tienen ni un pelo de tontos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Yo le voy a pedir una cosa. Señor Zapatero, señor presidente del Gobierno,
yo le voy a pedir una cosa, solamente una cosa: olvídese de campañas de
publicidad y aunque solo sea por una vez, solamente una vez, reconozca
usted ese error, que se equivocó de amistades, que no se puede defender
la idea de España bailando al son que le están tocando aquellos que no
creen en España; reconozca que todo lo que está pasando no es un proyecto
de convivencia; reconozca que usted es incapaz de corregir esta situación
porque es usted el que la ha creado y reconozca también -ha hablado usted
de acuerdos al inicio de su intervención- que se equivocó al inicio de la
legislatura, que se equivocó rompiendo los consensos básicos con nosotros
al principio de la legislatura y no será porque no se le ofrecieron,
reiteradamente se le ofrecieron esos consensos.
Y ahora solo queda una salida, señor Zapatero: déle la palabra a los
españoles cuanto antes, evite que la situación se deteriore más, convoque
las elecciones ya y que los españoles puedan elegir un nuevo Gobierno, no
se ría, un nuevo Gobierno que sea capaz de enderezar esta situación,
(Rumores.) porque vamos mal con tanto desvarío, señor Zapatero. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor García-Escudero, le agradezco sus admoniciones, sus consejos, sus
amables palabras, pero permítame que use el derecho que tengo a sonreír
si me apetece sonreír y a escucharle con respeto, como le escucho siempre
todas sus intervenciones, más allá de las palabras que diga. Me parece
que tengo el derecho a sonreír, a observar y a escucharle en el tono
respetuoso que siempre ejerzo cuando vengo aquí a someterme a la sesión
de control parlamentario.
Señor García-Escudero, el proyecto de convivencia que tenemos en España se
funda en la Constitución de 1978, una Constitución que resuelve, gracias
a un pacto que abarca prácticamente al 90 por ciento de los ciudadanos
españoles, grandes cuestiones que habían hecho que nuestra historia, al
menos la historia anterior al proceso de transición democrática, no sea
una historia de la que sentirnos orgullosos como país y sí de los treinta
años de democracia, de libertad, de régimen constitucional que vivimos
desde la transición, desde la Constitución de 1978.
Como en todo sistema constitucional y toda convivencia democrática hay
pluralidad, pluralidad ideológica, pluralidad política y pluralidad de
identidades. Están latentes en la propia Constitución de 1978, están
expresadas de una manera muy evidente en el proceso de aprobación de los
primeros estatutos de autonomía y lo han estado durante todo el
brillante, desde mi punto de vista, desarrollo del Estado de las
Autonomías. Problemas latentes, algunas veces más evidentes, que tienen,
desde mi punto de vista, con la filosofía de la Constitución, con el
espíritu de la transición una guía o una receta, si se me permite, y es
buscar el máximo marco de entendimiento y de convivencia y no de
confrontación ni en aquello en lo que nos une decididamente, que son los
valores democráticos, ni en aquello en lo que a algunos ciudadanos de
nuestro país les puede representar una distancia o tener una identidad
diferente.
Si usted piensa, a la luz de nuestra experiencia y de los momentos que se
han vivido desde la transición a aquí, que diciendo a los partidos
nacionalistas, que han apoyado -unos más otros menos- algunas de las
acciones de Gobierno, han dado estabilidad al Gobierno, como en su día
dieron estabilidad a un Gobierno en minoría del Partido Popular...
(Denegaciones en el Grupo Parlamentario Popular.-Una señora senadora del
Grupo Parlamentario Socialista: ¿Y el PNV?.-Rumores)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Se puede negar
todo. Incluso cuando no se tienen ideas, argumentos y hechos ciertos se
puede negar hasta la propia trayectoria, que es visible para todos los
españoles, y es que ustedes gobernaron con el apoyo del Partido
Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista) Ahora lo pueden negar. Ahora son malas
compañías. (Varios señores y señoras senadoras del Grupo Parlamentario
Popular: ¡No, no!)
Eso carece de credibilidad, pero me importa menos que nieguen su
trayectoria ahora. Lo que me importa es que hagan -porque eso sí que no
es bueno para la convivencia- un discurso en el que la descalificación
absoluta sea la norma de conducta y el discurso habitual que utilizan,
porque se puede discrepar a fondo en todo y, sin embargo, no tener que
recurrir a la descalificación y a la deslegitimación de quien tiene y
ostenta una representación democrática en esta Cámara o en el Congreso de
los Diputados. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Eso es, para mí, un proyecto de convivencia, esto es poder
decir, como le dije al señor Ibarretxe en el debate
sobre el estatuto político, que no estaba de acuerdo ni en el fondo ni en
la forma, pero poder dialogarlo, poder someterlo a la consideración
democrática de los votos, de las razones y del debate, porque el otro
camino, el camino por el que parecen asomar ahora ustedes como tesis del
Partido Popular, créame que no conduce a ningún sitio y, además, estoy
absolutamente convencido de que ustedes lo saben.
Para terminar simplemente quiero hacerle dos consideraciones. Resulta
paradigmático y extraño que ustedes traigan a esta Cámara con reiteración
los argumentos y las acciones de grupos tan radicalmente minoritarios que
como usted y yo sabemos nunca van a llegar a esta Cámara. Resulta
paradigmático que porque grupos... (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):... violentos,
radicales, minoritarios, estén realizando actos injuriosos u ofensivos,
como se les quiera denominar, al jefe del Estado, al rey y a la
institución monárquica, ustedes digan que se pone en cuestión hasta la
monarquía. Resulta paradigmático e insólito. (La señora Vindel López:
Nadie ha dicho eso.) No sé cuál es la intención, pero si valoramos que
los treinta años de monarquía parlamentaria y constitucional han sido muy
positivos para España, si estamos de acuerdo en eso y está de acuerdo la
inmensa mayoría de los ciudadanos y de la representación política,
actuemos en coherencia con lo que se está de acuerdo, y en lo que se está
de acuerdo no parece ni razonable ni útil ni inteligente dar pábulo a
determinadas actitudes radicalmente minoritarias y que no representan
nada en la sociedad española.
Señor García-Escudero, ha puesto usted mucho empeño, una vez más, en
intentar confrontar, criticar, atacar, pelear... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...en cosas
esenciales en las que estamos de acuerdo y en las que algunos, como el
Partido Socialista Obrero Español, al que represento tiene una hoja de
servicios con España (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario
Popular: ¡Ohhh, ohhh!-Fuertes rumores.), con las libertades, con la
Constitución, con la democracia, con la convivencia, con el entendimiento
y con los acuerdos que, permítame que le diga, puede que haya otra hoja
de servicios como la que ha hecho el Partido Socialista en estos treinta
años, puede que haya otra que se le compare o que se le iguale, pero le
aseguro que no hay ninguna otra mejor. (Fuertes y prolongados aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A TRANSFERIR A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA, ANTES DE QUE FINALICE EL PRESENTE AÑO, LAS
COMPETENCIAS ACORDADAS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
LA JUNTA DE GALICIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2007 (680/001412).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Jorquera. (Fuertes rumores.)
Ruego silencio.
Tiene la palabra su señoría.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero aprovechar la oportunidad para expresar también, en
nombre del Bloque Nacionalista Galego, nuestra repulsa por el atentado
cometido ayer por ETA.
Señor presidente del Gobierno, el pasado 28 de febrero el vicepresidente
de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, y el por entonces ministro de
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, llegaron al acuerdo de hacer
efectiva antes de fin de año la transferencia a Galicia de un paquete de
siete competencias. Han pasado casi ocho meses desde la asunción de este
compromiso, y a día de hoy tan solo se ha transferido la competencia para
la expedición del título de gestor administrativo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
El señor JORQUERA CASELAS: Competencias tan importantes para Galicia como
el salvamento marítimo, la inspección de trabajo o la titularidad de
centros de investigación, de museos, de archivos o de bibliotecas del
Estado con sede en Galicia, no solo no han sido transferidas sino que no
se han producido avances reseñables debido a la actitud del Gobierno
central.
Esta situación, señor presidente, ha llevado al Parlamento gallego a
aprobar el pasado día 3 de octubre, con los votos a favorables del BNG,
del PSOE y del Partido Popular, una propuesta de resolución en la que se
respalda la reclamación de estas competencias y se insta a agilizar los
trabajos para hacer efectivo su traspaso.
Por todo ello, señor presidente del Gobierno, le pido que me aclare la
disposición de su Gobierno a hacer efectiva la transferencia de estas
competencias en los plazos convenidos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Jorquera, quiero informarle al respecto que, en efecto, tras la
reunión a la que usted se ha referido entre el
ministro de Administraciones Públicas y el vicepresidente de la Xunta de
Galicia, en la que se abrió un capítulo amplio sobre posibles traspasos
de funciones y de servicios correspondientes a determinadas materias, la
Administración General del Estado, es decir, el Gobierno y la Xunta de
Galicia han mantenido diversas reuniones informativas sobre todas y cada
una de las materias que usted ha referido. En dichas reuniones se han
puesto de manifiesto dos conclusiones generales: la primera, que hay una
serie de materias en las que existen dificultades objetivas desde el
punto de vista competencial, constitucional y estatutario. La segunda,
que existe una voluntad decidida y una posibilidad de avanzar en la
atención de los requerimientos de las peticiones y de los planteamientos
de la Xunta de Galicia sobre el traspaso de determinadas competencias.
En concreto, hay discrepancias, como no podía ser de otra manera, en
aquellos aspectos que afectan al régimen económico de la Seguridad
Social, al salvamento marítimo, a la lucha contra la contaminación en el
mar, a la pesca marítima o a la investigación oceanográfica, materias que
el Gobierno considera competencialmente atribuidas al Estado sin
perjuicio de que haya espacios, zonas y ámbitos para una cooperación
efectiva con la Xunta de Galicia. Y hay otros ámbitos en los que se ha
procedido y se está procediendo al proceso de facilitar el traspaso de
competencias y servicios.
Voy a citar los supuestos concretos y unos ejemplos claros. En el caso de
materias tan relevantes como la gestión de las becas y ayudas al estudio,
cuya nueva normativa está ultimando el Ministerio de Educación y Ciencia,
se va a posibilitar el traspaso a la Xunta en muy breve plazo.
También, en un ámbito históricamente demandado por la Xunta de Galicia
como es el Parque Nacional de las Islas Atlánticas el traspaso ya está
negociándose, y el Gobierno quiere concluirlo cuanto antes para que la
Xunta pueda asumir su responsabilidad en esta materia, así como en otras
funciones en las que la Administración de la Xunta podrá aportar su
cercanía al ciudadano como son la expedición y homologación de títulos
profesionales y académicos no universitarios; asimismo, en otros
sectores, más a largo plazo, como ocurre con la Inspección de Trabajo,
para los que se necesita cerrar el diálogo iniciado con todas las
comunidades autónomas con vistas a asegurar la necesaria coordinación de
funciones en ámbitos como el empleo, Seguridad Social, extranjería, que
realiza hoy la Inspección de Trabajo.
Señor Jorquera, el Gobierno tiene la voluntad de contribuir a la mejora
del autogobierno de su comunidad, y estamos convencidos de que la vía
fundamental para ello es la coordinación entre las administraciones.
Estamos llegando a acuerdos sobre traspasos cuando existe base
competencial. Hay buenas muestras de ello.
Lo hemos alcanzado en cuanto a las funciones de expedición del título de
gestor administrativo, en las que la Xunta es la única Administración
autonómica, junto con Cataluña, que ha asumido este traspaso.
Lo hemos alcanzado también en el traspaso, ya realizado, de las funciones
de formación y empleo del Instituto Social de la Marina, reclamadas
durante años por la comunidad autónoma, y hoy ya finalmente asumidas por
la Xunta de Galicia.
Lo estamos alcanzando en la discusión sobre el saldo de deuda de
superficie, pendiente ahora sólo de que la Xunta presente el informe que
permita contrastar los datos sobre esa deuda para alcanzar un acuerdo tan
inmediato como sea posible, y lo alcanzaremos con seguridad en el resto
de ámbitos que acabo de proponerle.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en no pocas ocasiones el BNG ha saludado el
cambio que ha supuesto su presidencia del Gobierno con respecto al
período anterior. Hemos reconocido su mayor respeto por el pluralismo y
su mayor sensibilidad hacia las demandas de autogobierno. Pero, señor
presidente, con la misma sinceridad le digo también que muchas veces
echamos en falta pasar de las palabras a los hechos. Soy gallego y, como
usted bien sabe, en Galicia concedemos más importancia a la palabra dada
que al contrato firmado. Y el acuerdo alcanzado por Anxo Quintana y Jordi
Sevilla fue ratificado en comparecencia pública por ambos al término de
la reunión celebrada el 28 de febrero.
En definitiva, señor presidente, ambos empeñaron su palabra. No nos cabe
ninguna duda de que Jordi Sevilla, como ministro de Administraciones
Públicas, estaba asumiendo un compromiso en nombre de su Gobierno; un
compromiso, por tanto, al que su Gobierno debe responder solidariamente.
De ahí, señor presidente, nuestra sorpresa porque hechos posteriores
parecen apuntar a que ahora se pretende decir digo cuando anteriormente
se dijo Diego; hechos posteriores que, desde nuestro punto de vista, su
respuesta confirma, en primer lugar, porque ha hecho alusión a traspasos
que no forman parte del paquete negociado y que se explicita en nuestra
pregunta. Ha hecho alusión a traspasos que forman parte de negociaciones
ya cerradas con Cataluña, y que ahora pretenden generalizar a Galicia,
pero a Galicia lo que le interesa es asumir aquellas competencias
realmente importantes para el diseño de nuestras políticas. Y usted ha
hecho referencia a traspasos a los que están obligados por sentencia del
Tribunal Constitucional, como la transferencia del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas, algo que no denota ninguna voluntad política por su
parte, pero ha obviado la referencia a la mayoría de las competencias
negociadas en ese paquete.
Señor presidente, como le he dicho en muchas ocasiones echamos en falta
pasar de las palabras a los hechos. En debates en esta Cámara usted ha
enfatizado en más de una
ocasión su compromiso con el desarrollo de los autogobiernos; en cambio,
en el terreno de los hechos, debo decirle que a veces observamos en su
Gobierno tendencias centralistas que nos recuerdan a las de los Gobiernos
anteriores.Perviven tendencias centralistas cuando el Gobierno central
sigue practicando la invasión sistemática de competencias autonómicas. Le
podría poner muchos ejemplos, señor presidente, pero me voy a limitar a
recordar dos episodios recientes: uno, la ley para el desarrollo
sostenible del medio rural, cuyo trámite se inicia ahora en esta Cámara.
Es muy ilustrativa de una manera de entender el Estado autonómico:
ustedes definen las políticas a nivel central para que las comunidades
autónomas las paguen y las apliquen. El otro ejemplo es la política de
ayudas a jóvenes para el alquiler de viviendas. Pese a que las
competencias están en buena parte residenciadas en las comunidades
autónomas, ustedes impulsan políticas en esta materia sin contar con
ellas y, en muchas ocasiones, en dirección contraria, y son muchas las
comunidades que cuestionan la eficacia de unas políticas que pretenden
incidir en la demanda sin operar antes sobre la oferta. Es decir, que
consideran necesario articular antes una política que conduzca a la
existencia de un amplio parque público de viviendas de alquiler. Pues
bien, ustedes intervienen en este campo, diseñan políticas sin contar con
las comunidades autónomas y se oponen, además, quizás por razones
electorales, a que las comunidades autónomas gestionen las ayudas de
acuerdo con los criterios que ellas mismas definan.
También perviven tendencias centralistas, señor presidente, cuando hay una
posición contraria a que Galicia pueda asumir por delegación competencias
de titularidad del Estado, por las vías que marcan la Constitución y el
Estatuto de Autonomía, como se puso de manifiesto en la respuesta que dio
el ministro del Interior a este senador en relación con la reclamación de
Galicia de asumir las competencias en materia de tráfico y seguridad
vial. Y perviven igualmente tendencias centralistas cuando se llega a
obstruir la posibilidad de que Galicia asuma competencias ya reconocidas
en su Estatuto, como en el caso que nos ocupa, puesto que todo este
paquete de competencias tiene soporte en el Estatuto de Autonomía de
Galicia.
Señor presidente, estamos a las puertas de unas elecciones generales.
Desde algunos ámbitos se ha intentado crear un clima de alarma -yo diría
que incluso de apocalipsis-, advirtiendo que vivimos en tiempos de crisis
por la supuesta debilidad de su Gobierno frente al presunto carácter
insaciable de los nacionalismos, del que es síntoma, al parecer, la
peligrosa fiebre de nuevos estatutos. Incluso un portavoz parlamentario
de esta Cámara ha llegado a advertir recientemente sobre la creciente
radicalización del nacionalismo gallego. Debe de ser porque me han
aumentado las dioptrías, pero, sinceramente, no alcanzo a ver esta
radicalización. En cualquier caso, si nos estamos radicalizando, si somos
tan mala compañía, les recomiendo a algunos que adviertan al señor Núñez
Feijóo que deje de manifestar reiteradamente su disposición a llegar a
pactos con el BNG (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.-Rumores.). Quienes hacen estas proclamas no alcanzan a ver
que son precisamente la sistemática invasión de competencias que llevan a
cabo los gobiernos centrales y la obstrucción al desarrollo de los
estatutos vigentes las razones que motivan la necesidad de nuevos
estatutos.
Señor presidente, frente a las actitudes alarmistas a las que he aludido,
usted sabe que el nacionalismo gallego asume al Estado español como el
espacio de inserción política de Galicia. Creemos que el reconocimiento
de la diversidad nacional, que la posibilidad de desarrollar en el seno
del Estado español amplios espacios de autogobierno, amplios espacios de
libre decisión, en vez de constituir factores de inestabilidad,
contribuyen a asentar la unión de los pueblos del Estado español sobre
bases más sólidas. Usted es conocedor, señor presidente, de la actitud
positiva y constructiva que ha mantenido el BNG a lo largo de toda esta
legislatura, y de su voluntad de profundizar en el futuro en estas
políticas de cooperación. Pero eso exige, a nuestro juicio, un compromiso
recíproco. Para el BNG, eso exige desbloquear las posibilidades de
desarrollo de nuestro autogobierno.
Antes aludía -y ya concluyo, señor presidente de la Cámara- a las razones
que hacen necesarios los nuevos estatutos. Un nuevo estatuto del que
carecemos en Galicia por la política de veto del Partido Popular.
Esperamos, señor presidente, no tener que sufrir un segundo veto en
Galicia, este del Gobierno central, a la hora de desarrollar el Estatuto
vigente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Jorquera, creo que le he dado una cumplida respuesta sobre aspectos
concretos de aquellas competencias -aunque, lógicamente, dentro del marco
concreto de una pregunta y de un límite temporal razonable al que todos
nos debemos atener-, que han estado presentes en el proceso de diálogo,
que es muy fluido, entre el Gobierno central, la Administración General
del Estado y la Xunta de Galicia.
Igualmente, le he comentado las posibilidades que hay en cuanto al
traspaso de competencias, que algunos de los temas no están agotados en
su estudio y que estamos trabajando para buscar fórmulas con el fin de
concretar y dar satisfacción a un interés en muchos casos legítimo de la
Xunta de Galicia, el de abordar cuestiones que afectan a los ciudadanos
de Galicia o a la realidad socioeconómica de Galicia.
En cualquier caso, quiero hacerle dos consideraciones de carácter general.
En primer lugar, mi concepción del funcionamiento del Estado, mi
concepción del funcionamiento de España dista mucho de cualquier
tentación centralista; es más, supongo que a muchos de los presentes en
esta Cámara, y fuera de ella, les producirá una cierta perplejidad que se
exprese de esa manera. Creo profundamente en el autogobierno, creo que el
autogobierno ha sido un éxito para España y, sobre todo, un éxito para la
cohesión territorial de España porque ha permitido a las comunidades
autónomas, a las regiones y a los territorios con menores oportunidades
históricas, con menor crecimiento y con menor desarrollo contar con esas
oportunidades, ese crecimiento, ese desarrollo y reducir las históricas
diferencias que aún perviven de manera singular entre el conjunto de los
territorios, de las comunidades autónomas de nuestro país.
En segundo lugar, soy muy partidario del autogobierno y soy muy partidario
de un principio que supongo que a alguien que representa a un partido
progresista, como el Bloque Nacionalista Galego, también le resultará
comprensible y espero que deseable: el principio de igualdad; el
principio de igualdad para los ciudadanos que viven en una comunidad
política que es Estado y que en lo que representan sus derechos
fundamentales, sus libertades públicas, sus prestaciones básicas en
cuanto expresión de ese Estado de bienestar, estén en condiciones de
igualdad no sólo nazcan donde nazcan o vivan donde vivan sino también
independientemente de su origen, su situación socioeconómica o el nivel
educativo o cultural al que hayan podido acceder. Forma parte de mi
convicción y a eso da respuesta una comunidad política llamada Estado, y
que en este caso representa a España.
Desde luego, no entiendo qué tiene que ver con el centralismo algún
ejemplo concreto que usted ha mostrado como vicio o tentación
centralista. En este sentido, la ley de desarrollo rural busca prestar
apoyo a las comunidades autónomas; se trata de una política que
complementa lo que ya hacen las comunidades autónomas en materia de
desarrollo rural, es decir, en materia de equilibrio entre el mundo rural
y el urbano, para que los ciudadanos tengan los mismos derechos, las
mismas prestaciones, las mismas infraestructuras y los mismos servicios.
El Estado, haciendo un esfuerzo que en mi opinión merece más el aplauso
que la crítica, va a elaborar una ley y a dotar los recursos necesarios y
le ruego que analice los Presupuestos Generales del Estado porque usted
ha hecho una afirmación sobre los recursos y resulta que es el primer año
que incluyen una cantidad importante para el desarrollo rural destinada a
ayudar, complementar y reforzar las políticas de equilibrio territorial y
de defensa del mundo rural, como la que hace la Xunta de Galicia,
comunidad en la que el número de ciudadanos que viven en el mundo rural
es muy elevado, muy importante y han de disponer de todos los derechos.
Por tanto, poco tiene esto que ver con el centralismo; tiene que ver con
el interés por que todos los ciudadanos de este país vivan en condiciones
aproximadas de igualdad, de oportunidades y, lo que es más importante,
con una buena combinación de autogobierno y del principio de cohesión e
igualdad, que es lo que hace que la sociedad y los ciudadanos tengan la
mejor perspectiva de bienestar, de progreso y de desarrollo. Esa es
nuestra posición. Y espero y deseo que en el proceso de diálogo que
tenemos con la Xunta de Galicia, en concreto, con su vicepresidente y el
Ministerio de Administraciones Públicas, haya el mayor número posible de
acuerdos de traspaso de competencias. Yo le puedo asegurar, y es un
compromiso personal que adquiero aquí, que voy a impulsar y a seguir
directamente ese proceso de diálogo con la Xunta de Galicia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
-- DE DON ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL MOTIVO POR EL QUE EL GOBIERNO CUMPLE LAS
LEYES EN MATERIA PRESUPUESTARIA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE
ANDALUCÍA Y CATALUÑA Y NO LO HACE EN EL CASO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS (680/001415).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Belda.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Antes de comenzar, desde Coalición Canaria queremos
manifestar igualmente nuestro rechazo, nuestra repulsa por el atentado de
ayer en el País Vasco.
Señor presidente del Gobierno, supongo que usted sabe que el artículo 96
de la Ley 20/1991, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, establece expresamente que en cada ejercicio el programa de
inversiones públicas que se ejecuta en Canarias se distribuirá entre el
Estado y la comunidad autónoma de tal modo que las inversiones estatales
no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las
comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que
compensen el hecho insular.
Pues bien, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008, la inversión media por habitante para todo el Estado es de 549
euros. Sin embargo, para Canarias la inversión media por habitante en
estos próximos presupuestos es únicamente de 406 euros. En el año 2007 la
diferencia en la inversión media por habitante entre el Estado y Canarias
era de 127 euros, sin embargo, en el próximo año 2008 será de 143 euros.
Señor presidente, no sólo no nos acercamos a la media, sino que los
canarios nos estamos alejando de esa media de inversión del Estado. Como
es lógico y como es su obligación, su Gobierno ha tenido en cuenta las
disposiciones estatutarias sobre financiación para Andalucía, para
Canarias, lo que ha supuesto un notable incremento en la financiación de
inversiones para estos territorios. Por todo esto, yo le pregunto, señor
presidente, ¿por qué el Gobierno del Esta-
do, como es su deber, cumple las leyes en materia presupuestaria para las
comunidades de Andalucía o Cataluña y no lo hace en el caso de Canarias?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Belda Quintana, que
ejerce en estos momentos las funciones de portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. Creo que es la primera vez que me
pregunta, y como presidente del Gobierno le quiero dar la bienvenida, un
saludo cordial, y espero que los debates que tengamos por delante sean
fructíferos para Canarias y para el conjunto de España.
El Gobierno de España cumple con las leyes presupuestarias y, desde luego,
con las cláusulas que en ellas se incluyen y, también, por supuesto, con
lo previsto en la ley por la que se regula el Régimen Económico y Fiscal
de Canarias. Esta ley en su artículo 96 establece, como usted ha
recordado, que en cada ejercicio presupuestario las inversiones estatales
no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las
comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que
compensen el hecho insular. A tal efecto, el Ministerio de Economía y
Hacienda mantuvo contactos con los representantes del Gobierno canario
para dar cumplimiento a este precepto en los diversos instantes de las
leyes de presupuestos. En el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2008 el Gobierno ha consignado, señor Belda, 662 millones de
euros en el capítulo 6 de inversiones directas del Estado
territorializadas en Canarias. Quiero recordarle que ello representa un
aumento del 20,4 por ciento respecto de los presupuestos del año pasado
en lo que significa el capítulo 6, de inversiones directas, que para el
conjunto del Estado dicha inversión directa aumenta por debajo de ese 20
por ciento, de modo que hay un crecimiento claramente por encima de la
media para la Comunidad de Canarias.
A esa cantidad, es decir, a los 662 millones de euros, hay que sumar,
senador Belda, 171 millones de euros que el Estado aporta a la Comunidad
de Canarias, que figuran en el capítulo 7 de los presupuestos como
transferencia de capital para financiar diversas infraestructuras. Creo
que es fácil de comprender, no figura en el capítulo 6 porque se da el
dinero a la Comunidad Autónoma de Canarias, pero evidentemente es un
dinero para inversión en infraestructuras, 130 millones de euros en
aplicación del convenio de carreteras firmado el 8 de febrero de 2006, 31
millones de euros para obras hidráulicas, 10 millones a favor del Cabildo
Insular de Tenerife para financiar el tranvía metro ligero de Santa Cruz
de Tenerife-La Laguna.
En definitiva, con la agregación de todas estas partidas presupuestarias
del Estado en Canarias, más lo que pueda resultar del trámite
parlamentario, puesto que el presupuesto está en fase de proyecto hasta
que, lógicamente, se pueda aprobar, permítame que le diga que el Gobierno
de España ha cumplido con creces con el nivel de inversión estatal
exigido por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en estos
presupuestos, todo ello sin contar, por supuesto, aunque también quiero
referirlo aquí, las partidas procedentes del Fondo de Compensación
Interterritorial, que destinará a Canarias 91 millones de euros -es la
sexta comunidad autónoma española que más inversión recibe en términos
absolutos de este fondo, detrás de Andalucía, Valencia, Castilla-La
Mancha y Extremadura- y los 333 millones de euros que el Ministerio de
Fomento va a destinar para subvencionar el transporte marítimo y aéreo en
Canarias, con un incremento del 17 por ciento, es decir, 43 millones de
euros, respecto del año anterior. Y seguramente su señoría podrá
reconocer que este Gobierno no ha hecho más que incrementar y cumplir los
compromisos en lo que afecta a la ayuda a los ciudadanos para el
transporte aéreo desde la Comunidad de Canarias.
Pero no solo el compromiso del Gobierno de España con la financiación de
Canarias ha ido en esta legislatura en los términos presupuestarios que
acabo de explicar. Quiero recordar que mi Gobierno ha dado una dura
batalla y ha conseguido, tras arduas negociaciones, que la Unión Europea
le dé a Canarias un trato singular en el proyecto de nuevo tratado de la
Unión Europea, reconociendo efectivamente su condición insular y
ultraperiférica, lo cual es una garantía o -si se me permite, por
utilizar un término que, aunque no me entusiasma, está muy en boga- un
blindaje de la situación para el régimen económico y financiero de
Canarias.
Como sabe también su señoría, el pasado mes de diciembre actualizamos por
decreto-ley el Régimen Económico y Fiscal para Canarias, que va a
permitir que se inyecte en la economía canaria más de 7.000 millones de
euros en los próximos siete años a través de la Reserva para Inversiones
en Canarias. Y no es menos importante el acuerdo final de las
Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013 de la Unión Europea
para España, que va a suponer que Canarias vaya a recibir en fondos
comunitarios unos 1.310 millones de euros en dicho tiempo.
Señorías, este es el esfuerzo, el compromiso político, el compromiso real
con Canarias en inversiones, en decisiones políticas y en planificación a
largo plazo del Gobierno que presido. Todo lo demás y seguramente buena
parte del tono de la intervención que ha hecho y de la que espero ahora
en la réplica tiene que ver más bien con la nueva situación política que
hay en Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, yo creo que no es cuestión de cantidad de
inversión, sino de la media del conjun-
to del Estado que ha crecido muchísimo más comparada con la media de
inversión en Canarias.
Hace unos días, señor presidente, su ministro de Economía y Hacienda y
vicepresidente Segundo del Gobierno, señor Solbes, reconocía públicamente
que algunas disposiciones estatutarias habían ocasionado complicaciones a
la hora de distribuir estas inversiones del Estado, y se refería, en
concreto, al debate suscitado en torno al pacto alcanzado con Cataluña y
con Andalucía sobre el nivel de inversiones estatales que correspondía a
estos dos territorios. Si este nivel de inversiones se deriva de esas
normas estatutarias, lógicamente son normas legales, muy cualificadas, no
somos nosotros quienes vamos a cuestionar o a dudar de la obligación del
Estado en plasmarlo en los presupuestos, pero insistimos en que nuestros
datos no coinciden con los suyos. ¿Por qué no se trata de manera igual a
Canarias en relación con nuestro Régimen Económico y Fiscal? ¿Por qué se
está vulnerando el Régimen Económico y Fiscal canario y la normativa
legal que obliga al Estado a invertir igual que la media en el conjunto
de todas las comunidades autónomas? ¿Por qué, en definitiva, el propio
Gobierno del Estado está vulnerando la resolución que se aprobó en el mes
de julio en el Congreso de los Diputados, en el seno del debate sobre el
estado de la nación, además, apoyado por su propio grupo político, que
instaba al Gobierno a cumplir con la normativa del REF canario en lo
referido a la inversión estatal en Canarias?
Usted podría contestarme que Andalucía o que Cataluña lo tienen en sus
propios estatutos de autonomía, pero, señor presidente, usted sabe que el
Régimen Económico y Fiscal canario también tiene protección estatutaria y
constitucional. Es más, en la propuesta actual de reforma del Estatuto de
Autonomía canario lo que se hace es que se traslada el contenido de ese
artículo 96, que le mencioné al principio, al cuerpo del propio estatuto.
Y ustedes, el Partido Socialista, quieren eliminar eso. Sí señor
presidente. Su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de
los Diputados ha presentado una enmienda para eliminar eso, la referencia
expresa al nivel de inversiones medias que tiene que hacer el Estado en
los presupuestos en cuanto a Canarias; esa reforma de estatuto, señor
presidente, que ustedes no quieren que se apruebe alegando falsas excusas
relativas al sistema electoral.
La realidad, señor presidente, es que, en nuestra opinión, en la opinión
de Coalición Canaria, su partido en Canarias ha engañado y se ha
comprometido con algunos aspectos que ahora, desde la dirección central
de su partido, no aceptan y por eso bloquean y se oponen a los elementos
básicos del estatuto canario, como ayer sucedió en la ponencia de la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, porque, en
realidad, esto nos lleva a otra conclusión, que el Partido Socialista
canario en realidad no pinta nada. (Risas.)
Señor presidente, usted podrá darme otros datos, podrá negarnos los datos
o podrá intentar buscar una explicación plausible a esa diferencia en
cuanto a las inversiones, pero a mí me parece que lo que está claro es
que el Gobierno central y el Partido Socialista están castigando a
Canarias porque no gobierna en Canarias el Partido Socialista...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor
El señor BELDA QUINTANA: Nos llama la atención esa diferencia, ese
incremento en la financiación para las inversiones en Andalucía, en
Cataluña, gobernadas, por cierto, por el Partido Socialista, aunque en
algunos de esos territorios no fue la fuerza más votada, mientras que en
Canarias se aumenta la diferencia en negativo en relación con la media
del Estado. Ésta, señor presidente, es la razón fundamental de la
enmienda a la totalidad que vamos a presentar, desde Coalición Canaria, a
los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados.
Señor presidente del Gobierno, señor Zapatero, el Gobierno del Estado está
abandonando a Canarias. Yo creo que este es un problema de percepción. Lo
que para Canarias es un problema grave para el Gobierno del Estado es un
problema anecdótico. Pasa algo parecido con lo que está sucediendo con la
inmigración. La llegada de cayucos para los medios de comunicación de
ámbito de difusión estatal ya casi no es noticia, mientras que en
Canarias sigue siendo noticia de titulares. He aquí la prueba, señor
presidente. Hace un par de semanas llegaron 220 inmigrantes en un mismo
día. En un periódico de ámbito de difusión de todo el Estado sale en la
página 24 en un pequeño recuadro. Sin embargo, esas noticias siguen
siendo titular de primera página en los periódicos canarios. Y eso, señor
Zapatero, es lo que le está pasando a su Gobierno, lo que para Canarias
es importante para su Gobierno es secundario. Por cierto, señor Zapatero,
hace más de un mes el presidente del Gobierno de Canarias le ha
solicitado una entrevista precisamente para tratar de este grave problema
de la inmigración y usted no ha respondido. Ni caso, no hay hueco en su
agenda, aunque sabemos perfectamente que tiene previsto ir los días 20 y
21 a Canarias a un acto de su partido.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor BELDA QUINTANA: Ya concluyo, señor presidente.
¿Cuándo, señor presidente, piensa reunirse con el presidente canario para
abordar todos estos asuntos? ¿Hasta cuándo el Gobierno del Estado va
seguir castigando y maltratando a Canarias? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor. Termine.
El señor BELDA QUINTANA: ¿Dónde está, señor presidente, señor Zapatero,
ese talante, esa sensibilidad con el único territorio que es región
ultraperiférica de la Unión Europea y el más alejado perteneciente al
Estado español? A nosotros nos da la impresión de que eso se ha quedado
del Estrecho de Gibraltar hacia arriba.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Belda, para ser su primera intervención en este turno se ha
despachado a gusto en algunas de las cosas que ha dicho. Es verdad que en
la política y en el debate parlamentario se da siempre la circunstancia
de que cada uno extrema sus argumentos hasta a veces ser casi imposible
establecer unos parámetros de racionalidad y de objetividad mínima, pero
permítame que le diga que, si ustedes consideraron buenos los
presupuestos para Canarias en el 2007 porque los apoyaron, y la inversión
en los presupuestos de 2008 aumenta para Canarias un 20 por ciento, que
es más de la media de lo que aumenta la inversión en el conjunto del
Estado, es intelectual, política y, si me permite decirlo, estéticamente
imposible asumir que este Gobierno, que aumenta un 20 por ciento la
inversión en Canarias que ustedes apoyaron en relación con el año pasado,
castigue a Canarias. No se lo va a creer nadie, señor Belda. Es
imposible. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
En todo caso yo le ofrezco, a través del cauce que estime conveniente, que
estime oportuno su grupo y usted directa y personalmente -me lo subrayaba
el vicepresidente económico- el marco que quiera para hablar a fondo de
lo que representan las inversiones y de lo que representa la política y
el régimen fiscal que hay en Canarias. Hay que ir a los datos porque
siempre uno advierte que cuando en un debate que está formulado, en
principio, para hablar de los presupuestos tenemos que acabar hablando
del estatuto de Canarias y de la inmigración es que en la parte central
se siente uno débil en los argumentos que expone y, por eso, tiene que
recurrir a otros terrenos de confrontación dialéctica respetuosa, pero de
confrontación dialéctica. ¿Le digo por qué? Porque usted no ha refutado
en ningún momento las cifras que yo he transmitido, entre otras cosas,
porque están en los presupuestos, que recogen una inversión directa de
662 millones, más 171 millones de transferencias de capital para que la
comunidad invierta -subrayo- en carreteras, ferrocarril y en el proyecto
del metro ligero de Santa Cruz de Tenerife; en total, son 833 millones
los que el Estado aporta directa o indirectamente a la comunidad
autónoma. Por lo tanto, usted no ha refutado que la inversión aumenta un
20 por ciento.
Y permítame reiterar que tanto la ley como el compromiso político respecto
a lo que representa la singularidad y circunstancia ultraperiférica de
Canarias -cuestión que usted me ha oído defender y apoyar en muchas
ocasiones- se mantiene de forma evidente en los presupuestos del 2008,
tal y como se ha mantenido en toda la legislatura, esto es: en
presupuestos y en acción política; además de la defensa de su
circunstancia ultraperiférica ante Europa y el apoyo al régimen económico
y especial para Canarias.
Le puedo asegurar que soy el presidente del Gobierno que más presidentes
autonómicos ha recibido en el Palacio de la Moncloa, el que más reuniones
ha celebrado con los presidentes autonómicos, teniendo en cuenta que
algunos presidentes gobernaron bastantes más años que yo. Por tanto, está
claro que el presidente de la Comunidad de Canarias va a ser recibido.
Sin embargo, permítame que le diga que lo mismo me han solicitado
prácticamente todos los presidentes de las comunidades autónomas, aunque
alguno de ellos no lo haya hecho. Por lo tanto, le puedo asegurar que esa
reunión que me solicita se celebrará. Solo quiero decirle, con prudencia,
que la agenda de la Presidencia del Gobierno y del presidente del
Gobierno la marca la Presidencia del Gobierno y el presidente del
Gobierno. Y, señoría, tengo intención de ir a Canarias, a la celebración
del congreso del Partido Socialista de Canarias. Supongo que le parecerá
bien (Risas.-), pues supone un viaje más que hago a Canarias, a la que ya
he realizado muchas visitas, pues es una comunidad que me encanta, como
es bien conocido. En este caso, lo haré con motivo del congreso del
Partido Socialista de Canarias.
Por otra parte, usted ha dicho que el Partido Socialista de Canarias no
pinta nada. Mire, tanto pinta el Partido Socialista de Canarias que es el
partido ampliamente más votado entre los canarios en las últimas
elecciones autonómicas y va a ser el partido más votado en las próximas
elecciones generales.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
-- DE DON PERE SAMPOL I MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS
RAZONES OBJETIVAS POR LAS QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
HA SIDO LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON MENOR FINANCIACIÓN AUTONÓMICA E
INVERSIÓN ESTATAL POR HABITANTE (S. 680/001410).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sampol.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿existe alguna razón por la que las Illes Balears
siempre hayan sido la última comunidad en inversión estatal y
financiación autonómica por habitante?
Gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías, o abandonen el hemiciclo.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Sampol.
Usted ha planteado dos cuestiones: la financiación autonómica por
habitante en las Islas Baleares y la inversión estatal por habitante en
dicha comunidad.
En relación con la primera cuestión, la financiación autonómica, no es
factible hacer comparaciones entre comunidades autónomas en términos de
financiación por habitante sin tomar en cuenta algunos otros factores, ya
que las necesidades de financiación no solo se vinculan al número de
habitantes. Hay otras variables como la superficie, la insularidad, la
población mayor de 65 años y, algo muy importante, las competencias que
se tengan asumidas. Por otra parte, la financiación depende también de
los recursos que proporciona el sistema y del ejercicio de la capacidad
que tiene la comunidad autónoma.
Respecto a la inversión estatal, el proyecto del año 2008 recoge una
dotación de 270,73 millones de euros, siendo Islas Baleares, tras la
Comunidad Valenciana, la segunda comunidad autónoma con mayor
crecimiento, un 24,4 respecto al 7.
De acuerdo con la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica
1/2007, de reforma del Estatuto, a efectos de homogeneizar y permitir su
comparación con las actuaciones inversoras en otras comunidades autónomas
de régimen común, es necesario deducir del total la inversión en
carreteras y ferrocarriles, dado que son competencias ya transferidas a
las comunidades autónomas. En este caso, la Administración General del
Estado no invierte en ese territorio a no ser que determinadas obras se
declaren por ley de interés general y se suscriban los correspondientes
convenios.
De conformidad con esa interpretación, las inversiones del Estado en
Baleares se elevarán a 300 millones de euros, los 270 a los que he hecho
referencia antes y que ya están incluidos en el capítulo correspondiente
de inversión, más las transferencias de capital que financian inversiones
en virtud de convenios en la comunidad autónoma y que ya están dotadas
también con 11 millones de euros para el año 2008, así como otros
proyectos pendientes de inversión que aún quedan por determinar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, efectivamente los presupuestos para 2008 suponen un
incremento, pero la realidad es que la inversión per cápita en Baleares
será de 263 euros frente a los 540 euros de la media del Estado. Es
cierto que de la inversión en Baleares se descuenta el gasto en tren y
carreteras por esta transferidos, como ha dicho usted, pero si esto es
así, ¿por qué el sistema de financiación autonómica da como resultado que
los ciudadanos de Baleares recibimos 220 euros menos por habitante que la
media estatal? ¿Por qué somos la comunidad con peor financiación por
habitante, teniendo más competencias?
Esta situación, que se remonta al principio de nuestra autonomía, ha
provocado que seamos la comunidad con los servicios públicos peor
dotados, y nos preguntamos por qué ocurre esto si somos los que hacemos
una mayor aportación a las arcas del Estado, más de 3.000 millones de
euros anuales, el 17 por ciento de nuestro producto interior bruto, hecho
que no tiene parangón en todo el mundo.
Creo, señor vicepresidente, que en Baleares somos víctimas de un
sambenito, el de que somos una comunidad rica, un falso tópico que nos
cuesta muy caro, porque la realidad es que la media salarial de Baleares
está un 12 por ciento por debajo de la media estatal, igual que la media
de las pensiones, y que un 17 por ciento de personas están situadas por
debajo del umbral de la pobreza, sin contar que la vida es un 7 por
ciento más cara en Baleares o el precio de la vivienda un 37 por ciento
más caro que la media del Estado.
Señor vicepresidente, nuestra economía ya se resiente del déficit
acumulado de inversión pública. La gallina de los huevos de oro que
todavía es Baleares para el Estado hoy está enferma. Necesitamos que una
parte de la riqueza que generamos se reinvierta en protección del medio
ambiente, en regeneración de zonas turísticas degradadas, en transporte
público, en atención a los más necesitados. Hemos sido y somos los más
solidarios, pero esta sangría económica que padecemos no puede
continuar.
Señor vicepresidente, señorías, llamo su atención sobre una situación
injusta e injustificable. No pedimos privilegios, pedimos igualdad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Si su señoría lo que me plantea es que la financiación per cápita es
menor, tengo que decirle que es cierto, es un hecho histórico, no es una
novedad, deriva desde el inicio del sistema autonómico, como
consecuencia, precisamente, de las transferencias del gasto efectivo que
en aquel momento se producía en Baleares, más las subidas que
posteriormente se han ido produciendo. Es verdad que un punto bajo de
partida da lugar a una situación como la actual.
Es cierto también que en las siguientes modificaciones del sistema de
financiación esos elementos no se han corregido totalmente.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Esa es la razón por la que nosotros hemos
planteado en muchas ocasiones la necesidad de revisar el sistema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL
SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO REALIZADA POR LA CORPORACIÓN RTVE (S. 680/001421).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Agramunt.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Esperaba que esta pregunta me la contestara la vicepresidenta primera del
Gobierno y la verdad es que lamento profundamente que la vaya a contestar
el vicepresidente segundo, don Pedro, al que tengo especial aprecio y
reconocimiento porque le conozco desde hace bastantes años.
En cualquier caso, reitero la pregunta tal y como está formulada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Agramunt. La contestación no va a verse modificada
ni por nuestra amistad ni por el hecho de ser yo, en vez de la
vicepresidenta, el que le conteste a esta pregunta concreta.
Sin duda, su señoría comparte que RTVE necesitaba una profunda
transformación, y por ello se elaboró el Plan de Saneamiento y Futuro. El
primer gran acuerdo para proceder a su implantación se alcanzó el 12 de
julio del año 2006 y fue firmado por la dirección de RTVE, SEPI y todos
los sindicatos representativos.
Me refiero al denominado acuerdo para la constitución de la Corporación de
RTVE; en él se establecen una serie de medidas, entre ellas efectuar una
convocatoria pública para proceder a la cobertura de las plazas vacantes.
En este sentido, y dado que la oferta pública de empleo se está
celebrando, atendiendo al cumplimiento de este acuerdo, lo único que hace
el Gobierno es respetar el acuerdo alcanzado en el marco establecido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.
No esperaba otra respuesta que no fuese una referencia al acuerdo de Los
Peñascales pero, en todo caso, usted sabe que mi grupo siempre estuvo
frontalmente en contra de ese acuerdo.
Usted me ha contestado al estilo de García Márquez: «Podía haber sido
verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía
una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir.»
Es una frase magistral que sirve para esta y para otras muchas respuestas
de su Gobierno; no de usted pero sí de su Gobierno.
Hoy no vengo aquí a hablar de sectarismos, ni de informativos contra el
futuro presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy (Risas.), ni
de los fallos técnicos siempre en contra de él. No vengo a hablar de
todas esas cosas, sino del ERE.
A usted, que es un hombre de números y un hombre serio, le tiene que
costar aceptar que se llegue a un acuerdo por el que, para reducir la
plantilla de Radiotelevisión Española, una plantilla de 9.400
trabajadores, se plantee un expediente de regulación de empleo para 4.150
y de repente haya que contratar a 1.150 más. O sea, al final la reducción
es solo de 3.000 trabajadores y, sin embargo, se paga la indemnización a
4.150, con un coste de unos 300.000 millones de las antiguas pesetas,
unos 1.800 millones de euros, según ha calculado la propia Televisión.
Pero es que, además, desaparecen todas las personas de más de 52 años y
hasta los 65, a los que se les pagará el cien por cien del salario. Su
señoría y yo ya no estaríamos trabajando en televisión y el portavoz
Lerma, que me hace gestos, tampoco. Creo que con 52 años se es muy joven
todavía. ¿Qué ha pasado aquí, señor vicepresidente? Lo que dicen ustedes
de compensar ese excedente laboral con la generación suficiente de nuevo
empleo y rejuvenecimiento de plantillas es una frase perfectamente
enmarcable en la frase de García Márquez que he citado antes. Esa es la
justificación que se establece en ese famoso pacto de Los Peñascales.
¿Qué ha pasado para tener que prescindir de grandes profesionales, como
los presentadores de la Vuelta Ciclista a España, lo que ha supuesto una
caída brutal de audiencia seguramente por su ausencia? ¿O para prescindir
del director de Relaciones Internacionales de Televisión Española y
contratar a uno de Telecinco, de fuera, para que ocupe el mismo cargo?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso necesitan ustedes aguerridos afectos
al régimen que ya no lo estaban?
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Agramunt.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Creo, señor Agramunt, que usted no ha entendido nada de lo que ha pasado,
pero lo que ha sucedido es lo siguiente. Nosotros les dejamos a ustedes
una televisión pública con cierta deuda, que fue aumentando
progresivamente -eso sí- con comportamientos muy adeptos al régimen en
aquellos periodos, hasta el punto de que la situación era imposible.
Recibimos denuncias por parte de la Comisión Europea y entendimos la
necesidad de cortar la sangría que para el Estado suponía, evidentemente,
esta financiación anómala que implicaba ayudas públicas y competencias
con terceros.
Hicimos frente a lo que ustedes no hicieron, absorber la deuda de
Televisión Española y llevar a cabo una reconversión; reconversión que ha
sido aprobada por las Cámaras y, por tanto, es el Parlamento el que hoy
es responsable de los nombramientos y del control de Televisión
Española.
Dentro de esa corrección de la situación y para hacer que la empresa fuera
viable, se tomaron una serie de decisiones en términos de jubilación; y,
señoría, no son exactamente ciertas las cifras que usted ha planteado,
porque usted habla de aceptar 1150 trabajadores, y son 1.130, pero son
trabajadores temporales que estaban ya en la casa, por tanto, no es esa
exactamente la situación.
En todo caso, cómo se gestiona hoy Televisión Española no corresponde al
Gobierno sino a la corporación, al presidente del ente nombrado por este
Parlamento, que es a quien ustedes pueden plantearle con todo lujo de
detalles y con conocimiento de causa lo que está haciendo y cómo se está
gestionando Televisión Española.
Ese es el modelo que el Parlamento ha decidido y creo que es mucho más
eficiente y en todo caso más neutral que el anterior.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO
PARA APROBAR DEFINITIVAMENTE LA DECLARACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE
LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO FRONTERA EXTERIOR SEGÚN EL ACUERDO
SCHENGEN (S. 680/001416).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Perestelo.
Tiene la palabra su señoría.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro. La sociedad palmera, los sectores económicos
y sociales, han dado importancia a que el puerto de Santa Cruz de La
Palma sea frontera exterior, y no sólo por razones económicas, que las
hay, sino también por razones históricas Geográficamente La Palma ocupa
un lugar estratégico en esa ruta importante de cruceros, y sería deseable
para el sector económico que esos cruceros pudieran tocar Santa Cruz de
La Palma como primer puerto comunitario.
Esa preocupación y esas razones fueron entendidas por esta Cámara, que el
4 de octubre de 2004 aprobó una moción presentada por nuestro grupo
parlamentario, en la que se instaba al Gobierno a que en el plazo de un
año se realizaran los estudios pertinentes para aprobar esa declaración.
Pasado un año y un mes, el anterior ministro del Interior nos contestó
que esos estudios eran favorables, que el puerto de Santa Cruz de La
Palma se había incluido en el anexo IV, que haría posible esa
declaración. Como usted puede comprobar, han pasado más de dos años desde
ese compromiso y Santa Cruz de La Palma sigue sin conseguir la
declaración de puerto frontera exterior.
Por tanto, formulamos la pregunta en los términos expuestos y solicitamos
una respuesta del Gobierno para conocer cuándo Santa Cruz de la Palma
podrá ser frontera exterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor
presidente.
Señoría, ha hecho usted un relato parlamentario de la mitad de la cuestión
porque, como usted sabe, junto con el puerto de Santa Cruz de La Palma
existía otra petición, exactamente en los mismos términos, la de Puerto
de Rosario, que ya es desde hace algunas semanas puerto Schengen.
Por tanto, se ha cubierto una etapa con Puerto del Rosario, se están
cubriendo los pasos que hay que dar obligatoriamente con Santa Cruz de La
Palma y tenga usted por seguro que el Gobierno cumplirá sus compromisos
parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, su respuesta, aunque esperada, no satisface la inquietud
no sólo de este senador sino también de la sociedad de la isla de La
Palma.
Es cierto que la moción hablaba de Puerto del Rosario y también del puerto
de Santa Cruz de La Palma. Pero no es menos cierto que en la respuesta de
2 de noviembre de 2005 el entonces ministro del Interior, señor Alonso,
decía en esta Cámara textualmente que los estudios realizados para Santa
Cruz de La Palma eran favorables, pero no así para Puerto del Rosario;
sin embargo, hoy comprobamos que Puerto del Rosario es puerto frontera
exterior y Santa Cruz de la Palma sigue sin conseguir esa homologación;
por tanto, nos imaginamos que algo más ha pasado en la trayectoria
parlamentaria de la resolución de esta justa demanda, de la ciudadanía de
la isla de La Palma.
Estoy convencido, señorías, de que en breve plazo, antes del mes de marzo,
podremos ver en el Boletín Oficial del Estado esa categoría de puerto
frontera para Santa Cruz de La Palma, pero nos gustaría que fuera desde
ya, y que usted mismo en sede parlamentaria nos pudiera dar una fecha
aproximada, de manera que podamos dedicarnos a otras actividades
políticas sin desviar nuestro tiempo en preguntas parlamentarias como la
que le estamos formulando en el día de hoy.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, efectivamente se han presentado diversas preguntas parlamentarias
en relación con esta materia tanto en el Senado, como en el Congreso. En
concreto el día 28 de febrero tuve ocasión de responder en el Congreso al
señor Mardones sobre esta cuestión, y ya en ese momento le dije que el
expediente de Puerto del Rosario iba más deprisa que el de Santa Cruz de
La Palma, lo cual no quiere decir que este último esté parado; no lo
está.
De hecho, como usted sabe, estamos impulsando los trámites para autorizar
un nuevo puesto de inspección de fronteras; hemos solicitado de la
autoridad portuaria la agilización de los trámites correspondientes al
proyecto de edificación, y hemos solicitado a la Agencia Tributaria los
informes pertinentes, todo ello a fin de dotar de fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado al puerto para garantizar lo que debe garantizar el
Estado, y es que se trata de una frontera exterior con todo lo que
Schengen exige a nuestras fronteras exteriores.
Soy consciente, como también lo es el Gobierno, de los intereses
económicos legítimos que para el Puerto de Santa Cruz de La Palma se
derivan de esta declaración. Somos conscientes de que en Canarias hay
exactamente 10 fronteras exteriores reconocidas como tales por la Unión
Europea, y como somos conscientes, como digo, de ese legítimo interés,
que compartimos, le reitero lo que ya le dije anteriormente: cumpliremos
nuestros compromisos parlamentarios y lo haremos a la mayor celeridad
posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA INVERTIR LA
TENDENCIA AL ALZA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LOS ÚLTIMOS MESES (S.
680/001423).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó, que tiene la palabra.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Dado que es usted el ministro del Interior permítame que, antes de nada,
reitere la más enérgica condena de mi grupo parlamentario al atentado
cometido ayer contra don Gabriel Ginés, así como nuestra solidaridad con
la víctima y nuestro apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y en este caso, especialmente a quienes realizan
funciones de escolta, un apoyo que, como usted sabe, no ha faltado en
ningún momento por parte de mi grupo parlamentario.
Entrando ya en el objeto de la pregunta, señor ministro, debo decirle que
en materia de seguridad estamos entrando en una curva peligrosa. Durante
los dos últimos meses de agosto y septiembre se ha producido, por primera
vez, un repunte en el número de accidentes mortales en nuestras
carreteras, y en esta primera semana de octubre, si no me fallan los
datos, hemos tenido un aumento de 14 víctimas mortales.
Quisiera saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que esta
peligrosa curva, este repunte en el número de accidentes no vaya a más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor Cosidó.
En primer lugar quiero agradecer el apoyo que ha ofrecido a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y aunque no lo ha dicho, estoy
convencido de que también al Gobierno que las dirige.
Usted sabe que conviene ver los datos de seguridad vial con cierta
perspectiva. Un mes no suele ser un periodo de tiempo suficiente como
para evaluarlo. En este caso la perspectiva es inequívoca. Le voy a dar
los datos exactos, a 7 de octubre, de todo el año. Tenemos 2.170
fallecimientos, lo que supone una reducción del 7,8 por ciento respecto a
2006; del 16 por ciento respecto a 2005, y del 20 por ciento respecto a
2004, que en esa misma fecha, 7 de octubre, suponían 2.699 fallecimientos
más.
Así pues, estamos hablando de cifras que indican que la dirección en la
que vamos es correcta. Hemos tenido un mal mes de agosto, un mes
complicado; y en el de septiembre, si no me fallan los datos, ha habido
262 fallecimientos contra 265. No se puede hablar de que haya un repunte.
Es cierto que hemos puesto en marcha un conjunto de medidas con las que
tratamos de atender los temas que específicamente hemos visto que están
dificultando -que no haciendo retroceder- el avance que durante toda la
legislatura se ha producido en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor ministro, cada vez que da usted una cifra
sobre accidentes de este año, la distancia con respecto al anterior se
acorta. Antes de julio estábamos a una distancia de 20 puntos respecto al
año anterior, en tanto que hoy me dice que estamos a una distancia de 7
puntos.
Cuando se entra en una curva peligrosa lo peor que se puede hacer es
frenar, y en mi opinión, eso es exactamente lo que está haciendo el
Gobierno en materia de seguridad vial.
En el programa dedicado a eliminar los puntos y tramos peligrosos hay una
reducción del 14 por ciento en el presupuesto de 2008 respecto del de
2007; de los 27 millones de euros presupuestados el año pasado hemos
pasado a 23
millones de euros para este año. Es increíble que ante este repunte de la
accidentalidad experimentada durante los últimos meses se reduzca esta
partida, que nos parece absolutamente imprescindible, en el proyecto de
presupuestos.
En segundo lugar, se ha frenado también a la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Le leo textualmente lo que decía su programa electoral,
ese que borraron de Internet en su momento: Incrementar durante tres años
consecutivos el número de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en mil plazas anuales.
Pues bien, ustedes no solamente no han aumentando, sino que han reducido
de forma importante la presencia de la Guardia Civil en nuestras
carreteras. Han reducido en más de mil el número de patrullas; tienen un
déficit actualmente de más de 656 guardias civiles en la Agrupación de
Tráfico; han reducido en más de siete millones el número de kilómetros
recorridos por la Agrupación de Tráfico en la Guardia Civil y, eso sí,
tienen menos guardias y los tienen más escondidos, porque lo que han
multiplicado por dos son las patrullas camufladas, esos coches que van un
poco a la caza y captura del conductor, es decir, hay una Guardia Civil
con menos presencia y menos visibilidad, que es justo lo contrario de lo
que deberían hacer. Además, el director general de Tráfico ha tenido la
desfachatez de decir que ese mal mes de agosto, que usted reconoce, es
culpa de la Guardia Civil. Espero, señor ministro, que usted rectifique
esa declaración porque me parece absolutamente inoportuna, improcedente e
inadmisible. Le pido por favor que lo retire.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino ya, señor presidente.
En materia de seguridad vial, le haría un último ruego, y es que cambie
usted ese discurso, que es muy habitual, en el que cada vez que hay una
reducción del número de accidentes de tráfico, del cual se alegran
infinitamente este grupo parlamentario y todos los españoles, es un
mérito del Gobierno y cada vez que aumenta es culpa de los conductores,
de los motoristas o de la Guardia Civil, y en todos los casos del Partido
Popular. Lo que hay que tener es más vigilancia, que es lo que no se está
haciendo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: También hay que eliminar los puntos negros, lo
que se está haciendo de forma insuficiente, y contar con una gestión más
eficaz en la DGT, en la que hay un auténtico caos organizado en este
momento con 2.500 conductores sin puntos conduciendo por las carreteras y
con más de dos millones y medio de puntos sin...
El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor
presidente.
Primero, no voy a desmentir ni a rectificar nada que el director general
no ha dicho. Por tanto, lea usted bien lo que dice y luego vuelva aquí, y
me lo pregunta.
Señor Cosidó, su discurso, que es siempre el mismo, tiene un gran
problema, y es lo que ustedes hicieron. Ya sé que no le gusta oír esto,
pero se lo voy a volver a decir. No es culpabilidad, yo no le estoy
culpando de lo que pasa, le estoy culpando de lo que ustedes no hicieron.
Estamos hablando de un mes de agosto con 268 víctimas mortales en
nuestras carreteras. En su último mes de agosto, el de 2003, fueron 465
las víctimas, 200 más; el anterior, 435; el anterior del anterior 460;
como digo, 200 víctimas más, casi el 50 por ciento.
Por tanto, usted tendría que venir a esta Cámara y decir lo siguiente.
Primero: Sí señor, el Gobierno se ha preocupado de un tema del que
nosotros no nos preocupamos. Segundo. Están dando la cara en un asunto
por el que nosotros nunca la dimos, porque aquí jamás hubo un ministro
del Interior que hablara de esto. Tercero. Las cosas van razonablemente
bien. Cuarto. Hemos tenido un mal mes de agosto; vamos a ver si entre
todos conseguimos mejorarlo.
Si usted dijera eso, yo le contestaría de otra forma, pero como usted es
incapaz de reconocer nada, ni tan siquiera lo mal que lo hicieron
ustedes, se merece contestaciones como esta y otras peores que podría
darle si no fuera porque tengo una educación parlamentaria de la que
usted a menudo demuestra en esta Cámara que carece.
Dicho esto, señor presidente, naturalmente que tomamos medidas. Jamás el
ministerio ha echado la culpa a nadie, y yo en muchas ocasiones lo he
dicho expresamente; jamás. El que haya un aumento del número de
motocicletas que se estrellan en nuestras carreteras es simplemente un
dato objetivo, que me preocupa, y me reúno con quienes representan a
quienes las conducen para mejorar ese problema. Pero repito que no le
echo la culpa a nadie; me limito a constatar qué pasa y avisar a la gente
de ello para que la gente tome más medidas. No confunda usted la
prevención con echar la culpa a nadie, jamás. Hemos tomado muchas
medidas, de las que se hablaron en mi comparecencia en el Congreso de los
Diputados, y que están recogidas en el Diario de Sesiones. Y con mucho
interés compareceré en esta Cámara para explicar esto una y mil veces,
porque, efectivamente, soy responsable de Tráfico, cosa que ustedes
olvidaron durante muchos años.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL PLAN NACIONAL DE NOMBRES DE
DOMINIO DE INTERNET BAJO EL CÓDIGO DE PAÍS CORRESPONDIENTE A ESPAÑA
(«.ES») (S. 680/001408).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Salvador.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la importancia que hoy tiene Internet para nuestras vidas
es algo de sobra conocido por todos los presentes, y el dominio es el
encargado de poner los apellidos de país a nuestra presencia en la red,
tanto en las páginas web como en los correos electrónicos. Para un país
es vital contar con la mayor presencia posible en Internet del dominio
que le identifica, que potencia su marca, su unidad territorial, su
Estado, en nuestro caso, España.
En España, durante el Gobierno del Partido Popular no se favoreció
precisamente que los ciudadanos españoles pudieran elegir libremente, si
ese era su deseo, utilizar el dominio que les identificaba como españoles
en el mundo y en Internet. Personas como Costa y Baudilio Tomé, ministro
y secretario de Estado del entonces Gobierno del Partido Popular y hoy
coordinador de campaña y miembro del comité electoral de Mariano Rajoy,
hicieron oídos sordos a las reiteradas propuestas de nuestro grupo en
esta Cámara para corregir las limitaciones del uso del «.es» al existir
grandes restricciones para su acceso y por su diferencia de precio, mucho
más elevado que otros dominios, como el «.com» o como el «.org» que, sin
embargo, no nos identificaban como españoles. Su respuesta fue no hacer
nada, llevar al desastre al Info XXI y a «España.es»; y el premio que hoy
les da Mariano Rajoy es convertirles en estrategas de su campaña y de su
plan de país.
Con el Partido Popular no se llegaron a los 80.000 registros; con el
Partido Socialista en agosto ya estábamos en 632.157 registros «.es». La
diferencia creo que es evidente. Con el Partido Popular de Mariano Rajoy
en el mundo se nos conocía como Espana. Hoy, con José Luis Rodríguez
Zapatero, se nos conoce por primera vez con la eñe y se nos puede llamar
España en Internet.
Señor ministro, quisiera preguntarle sobre la valoración que hace el
Gobierno del Plan nacional de dominios en Internet bajo el código de país
correspondiente a España: el «.es».
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, como muy bien ha dicho usted desde el Gobierno pusimos en marcha,
el Plan de fomento del dominio «.es» en mayo de 2005. En noviembre de
este mismo año lo abrimos totalmente a todos los ciudadanos. El objetivo
del plan es, en primer lugar, aumentar el número de dominios «.es» y, en
segundo lugar, facilitar a ciudadanos y empresas españolas el acceso a
este recurso. Para ello el plan propone una reducción de la tarifa de un
71 por ciento, la agilización del proceso de registro y la reducción del
plazo de obtención hasta hacerlo equivalente a los de otros registros
internacionales.
Además, desde el Gobierno hemos reforzado este programa con múltiples
iniciativas para la promoción de la presencia de las pequeñas y medianas
empresas en Internet. Por ejemplo, el Programa Ninguna Empresa sin Web y
la campaña Empresas en red y Polígonos Industriales en red. Estas
iniciativas están dando resultados muy positivos. De 85.000 dominios en
2004 hemos pasado a superar los 632.000 a mediados del año 2007. El plan
ha multiplicado por cinco el número de dominios «.es». Solo en 2006 se
produjo un incremento superior al 70 por ciento en el número de
direcciones en Internet registradas en este dominio. En lo que va de 2007
el número de dominios «.es» sigue creciendo a más del 25 por ciento. Así,
en el mes de agosto de este año 2007 se han añadido 11.500 nuevos
dominios «.es». Por tanto, señorías, desde el Gobierno hacemos una
valoración muy positiva del Plan de fomento del dominio «.es». Es un buen
ejemplo del esfuerzo que estamos haciendo para impulsar la sociedad de la
información en nuestro país, y los datos demuestran que España y su «.es»
están cada vez más presentes en el mundo y en la red.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El senador Salvador García no hace
uso de la palabra.
-- DE DOÑA MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA (PROFIT) PARA EL AÑO
2007 (S. 680/001430).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta de la senadora
Castillo.
Tiene la palabra su señoría.
La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en el marco de la estrategia de Lisboa y del Programa
nacional de reforma, las actividades y los objetivos propuestos por el
Programa Ingenio 2010, entre los que destaca la consecución de un gasto
en I+D del 2 por ciento del PIB, y del cual el 55 por ciento deberá
proceder del sector empresarial privado, se han visto sin duda reforzados
por la reciente formulación de una Estrategia Nacional de Ciencia y
Tecnología, con un horizonte temporal aún más amplio que el que abarcan
los dos próximos planes naciones de I+D+i, es decir, hasta 2015. La
estrategia vuelve, desde nuestro punto de vista, a reconocer como
principio básico de actuación la necesidad de hacer de la I+D+i un factor
de mejora de la competitividad empresarial a través, entre otras
iniciativas, del fomento de la capacitación tecnológica de las empresas
mediante la
incorporación sistemática de tecnología, la formación de unidades y
departamentos de I+D y la cooperación pública y privada.
Creemos que el mantenimiento permanente del apoyo directo y continuado a
los proyectos de investigación técnica e innovación y de una nueva base
industrial desde su ministerio es la mejor garantía para abordar con
éxito los nuevos programas, como puede ser el Cenit, focalizados en
grandes proyectos, en sectores y en tecnologías de valor estratégico que
proporcionan un terreno abonado formado por empresas con una fuerte
sensibilización y un claro compromiso con la mejora continua a través de
la tecnología. En este sentido, la iniciativa que por su alcance
presupuestario y temporal mejor representa esta filosofía es, sin duda,
el Programa de Fomento de la Investigación Técnica, Profit, que este año
celebrará su octava convocatoria y que coincide también con el período de
aplicación de los dos últimos planes de I+D+i.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista desea que nos haga una
valoración sobre cómo se ha desarrollado la convocatoria de investigación
para el año 2007.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el Programa de Fomento de la Investigación Técnica, Profit, es
una pieza clave en el fomento de la I+D+i empresarial. Este Gobierno está
trabajando duramente para reorientar el patrón de crecimiento de nuestra
economía hacia un modelo con más actividad en mayor valor añadido en
sectores de fuerte demanda y rápido crecimiento y basado en un uso
intensivo del conocimiento y de la tecnología.
El marco para este cambio profundo de nuestra economía lo forman la
estrategia de Lisboa y el programa nacional de reformas. Nuestra
principal herramienta es el programa Ingenio 2010 y la Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero la I+D+i debe ser una cosa de
todos, no solo del Gobierno, y para converger con Europa nos hemos
propuesto que el 55 por ciento de la inversión en I+D+i provenga del
sector privado, que tiene que pasar del actual 47 por ciento hasta el 55
por ciento propuesto.
En este contexto, el programa Profit se ha revelado como un eficaz
elemento para dinamizar la inversión en I+D+i y destaca por su alcance
presupuestario y por su permanencia en el tiempo. Solo en la convocatoria
para 2007 se han aprobado 2.237 proyectos que contarán con más de 727
millones de euros en ayudas y que van a movilizar 3.700 millones de
euros. Se trata de la convocatoria más importante de la historia del
programa Profit. Además, con este Gobierno este programa está ayudando a
repartir mejor el esfuerzo inversor. Año a año comunidades autónomas como
Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Galicia van
aumentando su participación en el programa uniéndose a las comunidades
que tienen mayor tradición e historia en la gestión de estos programas,
como Cataluña, Madrid y el País Vasco.
Por tanto, señoría, hacemos una valoración muy positiva del programa
Profit, no solo de la convocatoria extraordinaria de este año 2007 que,
reitero, por su cuantía ha significado el mayor éxito de todo este
periodo, sino de todo el conjunto, porque hemos construido una base de
cultura empresarial para acceder a fondos de investigación y desarrollo
para la mejora de las opciones tecnológicas de nuestras empresas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI EL MINISTRO DE CULTURA SE ADHIERE AL MANIFIESTO QUE
DENUNCIA LA PERSECUCIÓN LINGÜÍSTICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA,
AL QUE SE HAN SUMADO MÁS DE MEDIO MILLAR DE PERSONALIDADES DE NUESTRAS
LETRAS (680/001422).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Van-Halen.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, reproduzco la pregunta exactamente en los términos que
usted conoce.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el ministro de Cultura.
El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Gracias.
Señoría, como todos los ministros de los distintos gobiernos de nuestra
democracia, me adhiero, respeto y defiendo lo establecido en nuestra
Constitución, que deja muy claro estos temas en su artículo 3.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Empezaré hablando de la «ñ», que acaba de ser citada aquí, porque aparte
de ser un emblema importante del Instituto Cervantes, de donde procede el
señor ministro, es algo consustancial con la lengua castellana.
Nos hemos enterado de que el señor Zapatero ha incluido la tilde y la «ñ»
a nivel internacional en Internet, con lo cual, evidentemente, ha quitado
peso y reconocimiento internacional a España fuera de Internet. Eso es lo
que debemos tener todos en cuenta.
Señor ministro, el texto del escrito firmado por medio millar de
intelectuales, que tiene cinco líneas y que está escrito en catalán y en
castellano, no pasa de ser, como usted sabe, una cuestión muy concreta y
personal, y usted, sabiamente, como no podía ser de otra manera, ha
eludido manifestar si se adhiere o no al escrito. Porque no se trata de
que defienda lo que parece obvio por su condición de ministro del
Gobierno de España -eso que tanto nos recuerda el Gobierno actualmente-.
Naturalmente, usted defiende la Constitución y lo dicho en ella, pero nos
hubiera gustado saber si se hubiera adherido a la denuncia, solidaridad y
rechazo al que se refieren las cinco líneas del escrito de los quinientos
intelectuales, escrito firmado por muchos amigos suyos y míos, entre
otros, colaboradores del Instituto Cervantes, y en concreto dos
directoras del citado Instituto, la de París y la de Utrecht, nombradas
por usted.
Pero existe un problema de fondo que no se refiere meramente a esta
cuestión; el asunto tiene más calado. Se lleva la radicalidad a una
evidencia que se ha negado siempre, también en esta Cámara; se ha dicho
que nos inventamos un problema y que en la vida cotidiana los dos idiomas
que forman el bilingüismo conviven y son apoyados por los poderes
públicos de Cataluña, lo que, eso sí, recoge la Constitución, que usted
nos ha recordado que defiende.
Las nuevas normas que destierran el castellano de los medios de
comunicación públicos en Cataluña son muy significativas, y no voy a
recordárselas. Pero ese destierro del idioma castellano en Cataluña, que,
naturalmente, vulnera la Constitución -por eso los quinientos
intelectuales lo han denunciado-, Constitución que usted, naturalmente,
defiende, ha llegado al mundo de la educación, donde, contra la voluntad
de los padres, a los alumnos se les priva del castellano; al mundo de la
publicidad; al mundo del comercio, en el que se favorece y promueve la
delación entre comerciantes por no rotular sus establecimientos en
catalán; al propio mundo de la literatura y de la edición, como usted
sabe muy bien...
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Termino, señor presidente. Muchas gracias.
Señor ministro, queremos saber concretamente si usted se adhiere al texto
del manifiesto de esos quinientos intelectuales. Ya sabemos que usted
defiende la Constitución; es más, también ha escrito en gallego y, como
todos, creemos en el bilingüismo y en que las lenguas cooficiales en
parte del territorio nacional son un enriquecimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Van-Halen.
Tiene la palabra el ministro de Cultura.
El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Gracias, señor presidente.
Le voy a recordar el artículo 3 de la Constitución, que sé que conoce muy
bien, pero que considero que es al que nos debemos ceñir. En su apartado
1 dice así: «El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Y en el apartado 2 se indica: «Las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos».
Como usted sabe, soy gallego, y una persona que ha escrito en español o
castellano y en gallego, y además, siendo director del Instituto
Cervantes, he llevado por todo el orbe nuestra lengua española, que es
hablada por quinientos millones de personas, y también las otras lenguas
cooficiales de España.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DOÑA MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO
PARA INCENTIVAR A LAS EMPRESAS A CONTRATAR MUJERES MAYORES DE CUARENTA Y
CINCO AÑOS (S. 680/001419).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora De Cospedal.
Tiene la palabra su señoría.
La señora DE COSPEDAL GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Mi pregunta al Gobierno es sobre las medidas que está adoptando el
Gobierno para incentivar a las empresas a contratar mujeres mayores de 45
años.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señor presidente.
Como sabe, señoría, este es un colectivo prioritario para la acción del
Gobierno y también para la acción de empresarios y sindicatos. Se lo
digo, porque la Ley para la mejora del crecimiento y el empleo, es decir
la reforma laboral pactada con los interlocutores sociales, incorporó el
Programa de fomento del empleo, que a su vez establece bonificaciones en
las cuotas de la Seguridad Social para los contratos indefinidos y otro
tipo de contratos destinados a colectivos específicos de desempleados. En
este caso, las bonificaciones para mujeres mayores de 45 años son de
1.200 euros anuales. Son las más altas de todo el programa y, por tanto,
son aquellas a las que más recursos destinamos para mejorar la
contratación de un colectivo. Hemos incrementado las bonificaciones de
forma notable y, todo ello, junto con el sistema de formación permanente
que se aprobó este año, nos permite facilitar el acceso efectivo al
empleo a las mujeres mayores de 45 años con parámetros de calidad,
igualdad y justicia. Ambas medidas están dando, señoría, buenos
resultados.
Señor ministro, con la satisfacción que tiene usted por los buenos
resultados que están produciendo sus medidas, no sé cómo es posible que
durante esta legislatura de Gobierno socialista el número de mujeres
desempleadas mayores de 45 años haya aumentado en casi 100.000 en toda
España, y que en algunas comunidades autónomas, como la mía, de cada 10
parados siete sean mujeres. Si las medidas que ha puesto en marcha el
Gobierno socialista tienen tan buenos efectos, no se entiende.
Por otra parte, son medidas que, aunque se destinan, entre otros
colectivos desfavorecidos, al de mujeres desempleadas, no atienden
específicamente al problema que tienen las mujeres desempleadas mayores
de 45 años. Por eso aumenta sin cesar su número. Por otro lado, han
puesto en marcha otras medidas, como los convenios que han firmado con
comunidades autónomas, por ejemplo con la mía, para poner en marcha el
primer Plan regional de empleo, un convenio que, dejando aparte el hecho,
que usted seguramente calificará de anecdótico, de que se firmara el 14
de marzo, justo antes de las elecciones autonómicas, resulta que lo que
contiene en realidad son medidas destinadas a lo que se llama paro
estructural y que vienen a sustituir los antiguos convenios
Inem-corporaciones locales por contratos por dos y tres meses, con los
cuales quieren ustedes contentar a las mujeres. Entienden que las mujeres
desempleadas mayores de 45 años, con tener de vez en cuando un contrato
de dos o tres meses de nula cualificación y que no les permite su
integración en el mundo laboral -porque no les permite su integración en
el mundo laboral-, lo tienen todo resuelto.
Tengo que decirle, señor ministro, que, a pesar de que esté usted tan
contento con las medidas que ha puesto en marcha y de que piense que
están dando tan buen resultado, las mujeres mayores de 45 años que están
desempleadas no son de peor condición que otros colectivos
desfavorecidos. Y, como no son de peor condición, no las pueden contentar
ustedes con contratos de dos o tres meses, que es a lo que se reducen, al
final, todas las medidas que han puesto en marcha; con contratos que no
permiten su cualificación laboral, con contratos que las abocan a esperar
siempre la subvención de quien sea para permanecer en el mundo laboral, y
con contratos que nos les permitirán nunca alcanzar una cualificación
laboral como la de sus compañeros varones.
Tengo que recordarles, aunque parezca mentira que tenga que decírselo a un
Gobierno de progreso -como se llaman ustedes-, que las mujeres, a la hora
de establecer medidas para que se las pueda contratar, no son de peor
condición que otros colectivos desfavorecidos y, desde luego, no se las
contenta con tan poco.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señoría.
¡Por favor, señoría, pero qué dice! Documéntese un poco, por favor; se lo
ruego. Desde que entró en vigor la reforma laboral se han hecho 71.832
contratos indefinidos para mujeres mayores de 45 años, y este año
llevamos ya 87.000. Son casi 160.000 mujeres las que, por primera vez,
disfrutan de un empleo de calidad. Ahora vamos a los números. En el año
2002 la tasa de empleo de las mujeres mayores de 45 años era del 37,96
por ciento; la tasa de empleo hoy de las mujeres mayores de 45 años es
del 45,37 por ciento, es decir ha habido ocho puntos más de empleo en
solo tres años. En cuanto a la tasa de paro, señoría, mírese la EPA. No
sé si conoce usted bien la radiografía del mercado laboral, pero tiene
que mirar la EPA, la encuesta de población activa. La tasa de paro de las
mujeres mayores de 45 años ha bajado del 11 por ciento -concretamente,
del 10,79- al 8,19 por ciento; durante estos tres años y medio ha bajado
notablemente, se ha producido el mayor descenso de los últimos años.
En términos de Inem, en la segunda legislatura del señor Aznar el paro
subió en 250.000 personas, mientras que ahora ha descendido en 160.000.
Entérense, o al menos aprendan a manejar los datos.
El incremento de la ocupación de las mujeres mayores de 45 años entre los
años 2000 y 2004 fue del 24 por ciento, mientras que ahora ha sido del 32
por ciento. Y, por favor, no hable de Castilla-La Mancha; en Castilla-La
Mancha, durante el Gobierno de la derecha 2000-2004 el paro aumentó el 13
por ciento y, sin embargo, desde que la derecha salió del Gobierno, ¿sabe
usted qué paro femenino hay? El 12 por ciento. Es evidente que todavía es
alto y que hay que seguir trabajando. Pero, ¿sabe en qué cifras dejaron
el paro femenino en Castilla-La Mancha el señor Aznar y el señor Rajoy?
En el 18 por ciento. Repito que ha bajado al 12 por ciento. Tome nota de
los datos, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE CASI CUATRO AÑOS
DE PAZ SOCIAL CON VEINTE ACUERDOS FIRMADOS CON LOS AGENTES SOCIALES (S.
680/001425).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Hernández.
Tiene la palabra su señoría.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Gobierno al que usted pertenece ha dado siempre al
diálogo un enorme valor, superando actitudes y comportamientos de
Gobiernos anteriores.
El Gobierno ha hecho del diálogo una de sus principales señas de
identidad; diálogo con todos los partidos
representados en el Parlamento; diálogo con todas las comunidades
autónomas y con sus Gobiernos, legítimamente elegidos; y su ministerio, y
usted mismo, han llevado con un rotundo éxito ese diálogo.
El diálogo social contrasta con el decretazo, la imposición y el rodillo
del Gobierno del Partido Popular, y ese diálogo social se ha concretado
en acuerdos que han repercutido en beneficio de los empresarios y los
trabajadores y trabajadoras de este país; en definitiva, ha repercutido
en beneficios para los españoles.
Se han elaborado veinte acuerdos en la mesa de diálogo social, entre ellos
la reforma laboral que se ha concretado en casi dos millones y medio de
contratos indefinidos o la subida del 24 por ciento del salario mínimo
interprofesional, que tanto beneficia a los jóvenes. Y el diálogo social
también se ha concretado en otras medidas de política medioambiental, de
prevención de riesgos laborales, en beneficios para los autónomos, y en
tantos y tantos otros.
El diálogo social no ha sido, como decían algunos agoreros, puro bla, bla,
bla, ni un acontecimiento puntual; ha sido y es un método de trabajo, un
instrumento de desarrollo de las políticas públicas con los
interlocutores sociales. Por ello, mi pregunta es la siguiente: ¿qué
valoración hace el Gobierno de casi cuatro años de paz social, con veinte
acuerdos firmados con los agentes sociales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señoría.
El ministro hace una valoración muy positiva, como no podría ser menos.
Recuerde usted que la anterior legislatura, cuando gobernaba la derecha
en España, finalizó con el decretazo, con un recorte de los derechos de
los trabajadores, mientras que esta legislatura ha sido la del acuerdo y
el diálogo social que, por cierto, está permitiendo unos notables
incrementos del empleo, como nunca había ocurrido en España. Así, ésta
será la legislatura del empleo, con tres millones de puestos de trabajo
-mucho más que en cualquier otra legislatura anterior-, lo que está
permitiendo, por ejemplo, que mujeres mayores de 45 años -por las que
antes se preguntaba- hayan incrementado en ocho puntos, en sólo tres
años, su tasa de ocupación; algo desconocido hasta ahora. Además, seguirá
ocurriendo en el futuro gracias al diálogo social.
Nada más llegar al Gobierno hicimos una declaración de intenciones ante
los sindicatos y los empresarios en el sentido de que todo sería sometido
al diálogo social; así ha sido, y está dando excelentes resultados.
El acuerdo para el empleo es esencial. Nunca hubo tanto empleo en España
como en esta legislatura; la tasa de paro ha caído ya del 11,5 por ciento
que alcanzó con el señor Rato, el señor Rajoy y el señor Aznar al 7,9 por
ciento y, además, estamos trabajando para mejorar la temporalidad. En
este sentido, en este último año -desde la entrada en vigor de la reforma
laboral- un millón de contratos han pasado de ser temporales a ser
indefinidos; es decir, la temporalidad ha caído tres puntos en solo un
año, y esperamos que la tendencia continúe.
Por lo que respecta a la Seguridad Social, el acuerdo del Pacto de Toledo
sobre medidas en materia de Seguridad Social ha dado lugar al mayor
aumento de las pensiones mínimas de todo el período democrático. Algunas
pensiones van a subir hasta un 35 por ciento en estos cuatro años; por
ejemplo, un pensionista con cónyuge a cargo mayor de 65 años, con pensión
mínima, va a ver cómo aumenta su pensión en 180 euros a lo largo de este
periodo, mientras que en la legislatura anterior sólo aumentó 60 euros.
La cifra se ha multiplicado por tres, y con ello se demuestra el talante
social de este Gobierno frente al de la derecha, señoría; es evidente que
somos diferentes, nosotros apostamos por las personas que tienen
necesidades y ellos no lo hacen así.
Por lo que respecta al acuerdo para la normalización de inmigrantes,
quiero recordar que quienes estaban en situación irregular no eran sólo
los inmigrantes sino también los empresarios, que nos pidieron el acuerdo
en materia de inmigración.
En cuanto a la prevención de riesgos laborales y a la Estrategia de
seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, ha caído el número de
accidentes de trabajo en España, especialmente de los más graves, el 16
por ciento en lo que llevamos de legislatura. Sigue siendo muy alto, pero
repito que ha caído un 16 por ciento, y tenemos que seguir trabajando en
el futuro para que continúe descendiendo. También hay un acuerdo en
materia de Formación Profesional, nuevos subsistemas de Formación
Profesional para el empleo, y otros muchos imposibles de enumerar,
señoría.
Permítame que acabe con un referencia: gracias a sindicatos y empresarios
por su sensibilidad. Eso ha permitido que el país crezca, que el país se
desarrolle, que cada vez se reparta mejor la riqueza, que haya más
empleo, más empleo femenino, y que hoy estemos acariciando el pleno
empleo. Sin duda nos vamos a situar entre los mejores países de la Unión
Europea gracias a este proceso de diálogo social impulsado por mi
Gobierno.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DEL PARO Y
LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE (S.
680/001426).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Alonso García. Tiene la palabra
su señoría.
El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno, al referirse a los datos del paro del mes de agosto, los
calificó como malos. No obstante, el Gobierno
advirtió a continuación de que era un dato puramente coyuntural y que en
absoluto estaba marcando tendencia alguna. Pese a esta advertencia del
Gobierno de que no marcaba tendencia alguna, el Partido Popular, al
referirse a los datos del mes de agosto, hizo declaraciones como las
siguientes.
El presidente del Partido Popular, al hablar de los datos del paro del mes
de agosto, dice: La herencia y la inercia de los Gobiernos del Partido
Popular ya se han acabado. No se puede vivir de herencias -advierte el
señor Rajoy-. Con posterioridad a estas declaraciones, el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Zaplana, anuncia a
bombo y platillo a toda la sociedad, y a través de los medios de
comunicación, que nos encontramos ante una recesión económica. En el
primer Pleno que se celebra en esta Cámara tras conocerse los datos del
mes de agosto, el senador del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Fernández Cucurull, pregunta al ministro de Trabajo por su valoración
sobre los datos. Efectivamente, el señor ministro valora los datos de
agosto como malos y hace la advertencia que puse de manifiesto al inicio
de mi pregunta. Sin embargo, el senador que pregunta vuelve a insistir:
Estos datos empiezan a señalar una tendencia en contra de lo que usted
dice, al igual que sucede con las cifras de afiliación a la Seguridad
Social. Esa tendencia pone de manifiesto que el mercado de trabajo está
perdiendo su dinamismo. Pues bien, cuando el señor ministro concluía su
respuesta, invitaba a este senador a que le preguntase por los datos del
mes de septiembre y meses sucesivos.
Considero que estas declaraciones son irresponsables, porque si algo
necesita la economía por encima de todo, además de políticas que la
activen, es confianza, y generar una alarma injustificada no conduce a
ninguna parte y las declaraciones irresponsables, aún menos.
Puesto que el Partido Popular no respondió a la invitación que usted le
formuló, le pregunto cómo valora los datos del paro del mes de
septiembre.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señor presidente.
Ya sabía yo que la derecha no me iba a preguntar, evidentemente. La
inercia del PP se acabó hace mucho tiempo, por fortuna para los
españoles. ¿Sabe por qué? Fíjese: en la legislatura 2000-2004, el paro
aumentó en España, y en lo que llevamos de legislatura ha bajado en medio
millón de personas. Durante la legislatura anterior, el paro aumentó en
250.000 personas, señor senador, según el Inem. Ahora no solo no aumenta,
sino que se ha reducido en medio millón de personas hasta ahora, y
seguirá bajando en el futuro, se lo garantizo. Respecto del crecimiento
económico, tenemos una media de casi un punto más, el 0,7, sobre la
anterior legislatura de la derecha 2000-2004. ¡Y menos mal que se acabó
la inercia! En cuanto a la ocupación, se crearon 1.800.000 empleos en
dicha legislatura. Hasta ahora, llevamos casi 3 millones de nuevos
empleos. Por tanto, menos mal que se acabó la inercia del señor Rajoy,
porque si hubiera continuado habría sido bastante mala para los
españoles.
Pero tiene usted razón. Le voy a decir algo: la derecha tiene mala fe,
porque quiere utilizar un dato coyuntural... (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.-El señor Burgos Beteta: «No lo
utilizamos.») Sí, mala fe, eso es mala fe. Utilizar un dato coyuntural,
como el correspondiente al mes de agosto, para decir que se entra en
recesión cuando se está creciendo al 4 por ciento del PIB significa que
se intenta que haya menos confianza en la economía española, perjudicar a
las empresas, perjudicar a las familias españolas con tal de atacar al
Gobierno. Eso tiene un nombre: mala fe. Eso no lo hace nadie, solo la
derecha en España. Eso no se le ocurre hacerlo a la derecha en Francia o
a la derecha en Alemania cuando gobierna la izquierda; jamás se le ocurre
hacer eso. ¿Cómo van a poner en duda los fundamentos del crecimiento
económico solo por perjudicar al Gobierno? Bueno, tampoco lo hacen debido
a que tienen muy poca audiencia, muy poca cobertura, se lo garantizo.
De modo, señoría, que en agosto de 2004 también hubo un mal dato sobre el
paro y me criticaron mucho, aunque les recomendé que me preguntaran en
septiembre, pero ya no volvieron a hacerlo. Y desde agosto de 2004,
cuando decían que había un dato malo sobre el paro, hasta hoy el paro ha
bajado en medio millón de personas en España. ¡Como nunca! Estamos en el
7,9 por ciento, y hemos creado 2.800.000 empleos desde aquel mes. Y
seguirá ocurriendo igual, señoría. Le agradezco la pregunta. El dato de
agosto fue puramente coyuntural. Septiembre ha sido un mes excelente:
264.000 altas en la Seguridad Social en un solo mes, el mejor dato de
toda la serie histórica. El paro ha bajado por tercer año consecutivo
-antes siempre subía en septiembre-, y los buenos datos nos sitúan en una
senda positiva. Por supuesto, hay que pensar que puede haber una
desaceleración económica suave, pero no va a afectar al empleo.
Calculo que en este ejercicio -lo verá usted, le ruego que me pregunte
también a final de año- el incremento del empleo en España habrá rondado
al menos las 600.000 personas, nuevos ocupados. Si ese es un dato para la
crisis, no sé quién aconseja a la derecha española. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON JOSEP MARÍA ESQUERDA SEGUÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL TÚNEL DE VIELHA
(LLEIDA) PASARÁ A TENER SOLAMENTE DOS CARRILES CUANDO LA PREVISIÓN ERA
QUE TUVIERA TRES (680/001418).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Esquerda.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Conselh Generau d´Aran facultó ayer por unanimidad al
síndic Francesc Boya, del PSC, para tomar las acciones legales que
considere pertinentes contra el Ministerio de Fomento si mantiene su
propuesta de dos carriles de circulación para el túnel de Vielha. Gremios
de hostelería y asociaciones de transportistas se han declarado también
contrarias a dicha decisión, y todos los partidos políticos, incluido el
suyo, han declarado su oposición a la eliminación del tercer carril del
túnel, después del informe que elaboró la Diputación de Lleida y el
comunicado oficial que emitió el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Cataluña. Ambos documentos creo que obran en poder
de su Ministerio.
Todo el territorio está en contra de la decisión. Por el túnel pasan 600
caminos diarios según un recuento del año 2004 -por tanto, es previsible
que actualmente sean más-, y pasan por el centro de poblaciones tan
importantes como Les, Bossòst Viehla, Vilaller o Pont de Suert. Se espera
que la mejora del túnel produzca un efecto llamada, y no es descabellado
esperar que el tránsito de camiones de gran tonelaje alcance los 900 ó
1.000 camiones por día.
No soy experto y no voy a entrar en las soluciones técnicas, pero sí tengo
un cierto sentido común, un seny, y sé que lo primero que debemos exigir
a esta vía es seguridad para los ciudadanos, para las personas. A este
respecto, el informe de la diputación mantiene serias discrepancias con
su Ministerio debido principalmente a dos factores: en primer lugar, la
fuerte pendiente del 4,5 por ciento constante durante los 5.240 metros
del túnel y, en segundo lugar, la baja velocidad que pueden alcanzar los
camiones cargados, que se estima que difícilmente pueden llegar a los 50
kilómetros por hora. Estas dos consideraciones, una consecuencia de la
otra, son las que parecen reforzar la tesis de la diputación, y la
opinión del Colegio de Ingenieros también hace mención a la gran
pendiente constante como agente principal para la puesta en servicio de
este tercer carril.
Señora ministra, prima la seguridad, pero al tiempo debemos procurar
también un tráfico fluido. Ustedes tienen los medios, hagan un buen
trabajo. Ya sé que cuesta mucho rectificar y no se lo voy a pedir. Sin
embargo, sí le pido que contraste los estudios y las opiniones y que,
como indica el estudio de la diputación, realicen, si pueden, un análisis
sobre el riesgo, según indica el artículo 11 del Real Decreto 635/2006, y
comparen qué solución proporciona mayor seguridad al túnel. Haciendo las
cosas así y dando las explicaciones pertinentes, no tendremos nada en
contra de la decisión que tome el ministerio. Espero que los demás grupos
y agentes sociales queden también satisfechos.
Me gustaría, señora ministra, que me indicara cómo actuará su ministerio a
partir de este preciso momento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor
presidente.
Senador, el análisis de riesgo que usted pide que se haga es exactamente
lo que se ha hecho. Antes de analizar el interior del túnel, ya que ha
hablado de la trayectoria y de la conexión, le diré que antes de entrar
al túnel y cuando se sale de él hay un carril por sentido y, por tanto,
solamente en todo ese trayecto del que usted ha hablado se había
planteado la posibilidad, en el 1998 -por eso se dio la orden de
estudio-, de que en el túnel hubiera dos carriles, uno por sentido, y un
carril reversible. Pero eso, señoría, se dio la orden de estudio en el
1998, se aprobó el proyecto en el 2000, se adjudicaron y se iniciaron las
obras en el 2002, y en el 2006, señoría, se hace una transposición de una
norma comunitaria en la que se establecen unos requisitos mínimos para
los túneles. Por lo tanto, en aplicación de esta norma, y solamente
pensando en la seguridad de los que utilicen el túnel, se ha hecho una
distribución de acuerdo con estos condicionamientos y con estas
limitaciones o con estos objetivos. De todas maneras, el lunes -lo digo
porque me parece importante que usted conozca la fecha- entró un informe
de la diputación con una propuesta alternativa, que será estudiada según
los criterios que usted ha planteado y los que tiene el Ministerio de
Fomento, que son los mismos: seguridad como prioridad, para ver si
efectivamente lo que propone la diputación cumple con los requisitos de
seguridad con los requisitos normativos vigentes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. MANUEL JAIME CABEZAS ENRÍQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE EL CALENDARIO DEFINITIVO PARA LA FINALIZACIÓN Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRAMOS DE LA LÍNEA
FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA (S. 680/001424).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cabezas.
Tiene la palabra su señoría,
El señor CABEZAS ENRÍQUEZ: Gracias, señor presidente,
Permítame, señora ministra, fundamentar brevemente mi pregunta.
La llegada del AVE a Galicia -entiendo que estaremos de acuerdo- supone
que un ciudadano que viva en ella pueda subir al AVE en Coruña, en
Santiago, en Lugo, en Ferrol, en Vigo, en Pontevedra, en Orense, y pueda
llegar a Madrid en dos horas y treinta minutos.
Sabe que en el 2004, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una por
unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular que decía que el
tramo Lubián-Ourense debería entrar en servicio en el 2009. Usted, el 4
de septiembre, visita las obras del AVE Ourense-Santiago y dice: El AVE
estará en el 2012, aunque duden de mi palabra. El presidente Zapatero
garantizó ante 12.000 gallegos, en Silleda, el 30 de septiembre, que se
cumpliría el calendario de llegada del AVE, si bien no precisó que esa
previsión era para el 2011. También, el 10 de septiembre, la Consejería
de Política Territorial de la Xunta solicitó una reunión de la comisión
de seguimiento para la integración de la alta velocidad en Ourense, sin
que de momento, un mes después, exista fecha para ello.
Quiero entender esto como declaraciones de voluntad, pero está claro que,
desde el punto de vista técnico y administrativo, el 2012 es
materialmente imposible. Por ello, mi pregunta, creo que razonable, es la
siguiente. ¿Cuál es la fecha técnicamente viable -sé que fijarla con
exactitud no es fácil por los imprevistos en obra que puedan suceder, y,
por eso, hablo de técnicamente viable- para la llegada del AVE a Galicia,
entendiendo esta llegada como he señalado al principio de mi
intervención?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría,
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente,
Señoría, la conexión de alta velocidad de Vigo con Orense y la meseta, es
decir, con Madrid, por la variante de Cerdedo, entrará en servicio de
acuerdo con el compromiso que asumimos -lo asumí yo concretamente- en
febrero de 2007, cuando dije que estaría concluido en un plazo de entre
cinco o seis años, en 2012.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Cabezas.
El señor CABEZAS ENRÍQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Le he preguntado por la alta velocidad en Galicia, que creo que es a lo
que responden sus declaraciones del 4 de septiembre. Hay obras fáciles en
Castilla, por ejemplo, Olmedo-Zamora, Zamora-Lubián, que son trazados
llanos, sin túneles, escasos movimientos de tierra, fácilmente
accesibles, donde ya llevamos casi dos años, después de que los proyectos
estén redactados, sin adjudicar las obras.
No hay licitación, y el señor Touriño, presidente de la Xunta de Galicia,
está reivindicando que se adjudiquen estas obras porque los proyectos
llevan dos años terminados y sin licitar. Pero también hay obras más
difíciles, de hecho, los costes por kilómetro, si bien en las obras
fáciles son de 8,5 millones de euros por kilómetro, en las difíciles
alcanzan aproximadamente los 21 millones de euros por kilómetro. Esto
supone que el proyecto Lubián-Ourense y el resto de los proyectos que
fueron licitados en mayo -pues solo había dos adjudicados hasta el
momento- puedan estar finalizados a finales de 2009 o a principios de
2010. Si en los tramos fáciles se fijan 40 meses para la ejecución de las
obras, en obras difíciles como esta mucho más. Independientemente de eso,
la integración ferroviaria en Ourense, a su paso por la ciudad, está
simplemente en estudio. No hay ni licitación de proyectos ni proyectos.
Faltará su redacción, la licitación de obra y la ejecución, con
independencia de la propia estación.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor CABEZAS ENRÍQUEZ: Además, estamos hablando de obras civiles de la
plataforma, pero quedan la electrificación, las instalaciones y demás.
Creo que existe la voluntad política para imponerse a la inercia de la
Administración, y le pido que fije una fecha para el AVE a Galicia. No me
hable usted de la variante de Cerdedo porque estamos hablando de obras
entre Ourense y Vigo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias.
Señorías, le pido disculpas porque no me ha debido usted de entender o no
me he explicado bien. Le he dicho que el AVE a Galicia llegará en 2012.
Le he citado mi propia afirmación de hace unos meses, en que no di esa
fecha, sino que hablé de entre cinco o seis años. Señoría, entre Madrid y
Santiago, por mencionar un tramo, porque usted sabe que se unen todas las
capitales gallegas, hay 45 tramos y cada uno se encuentra en diferentes
fases de ejecución. Le agradezco que reconozca la dificultad de llevar a
cabo un calendario de la manera que algunos pueden plantearse y que usted
así ha reconocido. Por ejemplo, estamos en un tramo importante con
dificultades en las expropiaciones debido a las minas de ese arrabal, que
seguro que usted conoce perfectamente.
Sí puedo afirmar desde aquí que no hay ningún proyecto aprobado cuyas
obras están pendientes de licitación. Cuando llegamos al Gobierno,
Madrid-Santiago estaba al 12 por ciento, y gracias al impulso que le
hemos dado ahora está al 40. Concretamente, entre Madrid y Santiago en
tres años y medio hemos invertido 2.780 millones de euros frente a los
1.180 que invirtió el Partido Popular en los ocho años anteriores, luego
hemos multiplicado por más de 5 la inversión media anual.
Si me centro en Galicia, hemos multiplicado casi por 90 solo la inversión
ejecutada. A estos presupuestos los hemos dotado de 580 millones de
euros, con lo que para el 2008, en un solo año, hemos presupuestado la
mitad de lo que invirtió el Partido Popular en las dos legislaturas, es
decir, en ocho años. Los resultados, si me permiten que se lo diga, no
pueden ser mejores. Madrid-Olmedo, con 16
tramos que conectan Madrid con Galicia, están al 31 por ciento y los vamos
a poner en servicio el 22 de diciembre. Entre Olmedo y Santiago de
Compostela ya hemos licitado el 40 por ciento del trazado, y el resto
tiene todos los proyectos en redacción excepto el que usted ha comentado
de 9 kilómetros, que es la integración en Orense y que se encuentra en
estudio informativo. ¿Pero hemos avanzado o no en el AVE a Galicia? Pues
mire, llegamos al Gobierno en 2004 hoy tenemos el 40 por ciento licitado
de obra y no había ninguna tramo en obra. Además, un 30 por ciento ni
siquiera tenía estudio informativo, y ahora le estoy diciendo que
solamente queda pendiente de aprobar el de la integración a Orense.
En el Olmedo-Ourense iniciamos las obras en 2007, en junio de 2007,
iniciamos las obras Olmedo-Zamora, y este mismo año licitaremos otros dos
restantes del mismo trayecto. En definitiva, señoría, quiero dejarle
clara la voluntad del Gobierno de llegar a Galicia en el 2012 en alta
velocidad. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE DON LUIS ANGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL EJE ATLÁNTICO PARA LA LÍNEA
FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD (S. 680/001429).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Lago.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted bien sabe, Galicia está ganando la batalla de
la accesibilidad exterior y la comunicación interna, triplicando la red
gallega de alta capacidad por carretera e impulsando la llegada de la
alta velocidad ferroviaria, como usted ha dicho hoy, con el compromiso
del horizonte en 2012. Es una empresa común de todos a través de los
gobiernos socialistas de España y de Galicia, de los presidentes Zapatero
y Touriño, que pretende acabar, de una vez por todas, con los muchos y
viejos atrancos que condenaron a Galicia al aislamiento y a la periferia,
una situación de excentricidad a la que tradicionalmente nos hemos visto
empujados por la propia orografía y también, por qué no decirlo, por el
abandono de gobiernos precedentes.
La actual política de infraestructuras cuenta con el esfuerzo inversor de
ambos gobiernos, español y gallego, un esfuerzo inversor sin precedente
en nuestra historia reciente. El Gobierno al que usted pertenece se ha
comprometido a destinar a Galicia el 8 por ciento del total de sus
inversiones en España, y ha cumplido.Viendo las cifras de la inversión
pública del Estado en Galicia sobran las palabras. Los casi 2.000
millones de euros presupuestados por el Gobierno para el año 2008
triplican con mucho la media anual que invertían gobiernos de Aznar y
Rajoy, unos 650 millones de euros. Su propio ministerio, el de Fomento,
ha invertido en Galicia durante esta legislatura 2.000 millones de euros
frente a los 940 millones de euros del anterior Gobierno del PP en el
periodo 2000-2004. Como le decía, sobran las palabras. En el gráfico se
puede apreciar cuál era la inversión y cuál es la inversión actual en
Galicia.
Respecto a las carreteras, se trabaja para cerrar la interconexión de las
ciudades gallegas con nuevas autovías: Lugo-Santiago, Lugo-Orense,
Orense-Santiago y Ferrol-Lugo; construir tres nuevas arterias de acceso a
Galicia a través de la transcantábrica, también desde Portugal con la
autovía Verín-Chaves, y de reunión con la A-76,
Ponferrada-Monforte-Orense, además de reforzar la autopista del Atlántico
con nuevos carriles.
En paralelo con estas dotaciones viarias se encuentra el impulso de
proyectos vitales y estratégicos para Galicia como la llegada del tren de
alta velocidad. Los compromisos, plazos e inversiones del Gobierno,
perfectamente detallados en el PEIT, están escritos y publicados en las
páginas del BOE y de los presupuestos; son palabra de ley que, año tras
año, su Gobierno está haciendo realidad. La llegada de la alta velocidad
a Galicia, desde Lubián a Santiago por Ourense, con líneas
complementarias a Vigo, Lugo, Ferrol y A Coruña, quedará completada con
aquella que hoy nos ocupa por ser motivo de esta pregunta al Gobierno: el
eje atlántico de alta velocidad, desde Ferrol a Tui, pasando por A
Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, un recorrido de vital importancia
para la vertebración interior de Galicia, porque en esta zona se
concentra la mayor parte de nuestra población y nuestra actividad
económica.
Señora ministra, no le voy a preguntar por primeras traviesas inauguradas,
ya que eso queda en el universo kafkiano de aquellos que les precedieron
en el Gobierno. Lo que realmente nos interesa a los gallegos es conocer a
fondo, con detalle y de primera mano cuál es el estado de ejecución de
las obras en el eje atlántico de alta velocidad.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, desde el comienzo de la legislatura este Gobierno ha reiterado su
voluntad inequívoca de impulsar esas infraestructuras ferroviarias, eje
fundamental de vertebración interna, y con el resto del país.
Le facilitaré algunos datos para que compruebe cómo esa voluntad se ha
traducido en hechos. Hemos más que triplicado la inversión ejecutada
respecto a los ocho años de gobierno del PP, pasando de 248 millones de
euros invertidos en el eje atlántico en 2004 a 825 millones de euros en
septiembre de 2007. En tres años y medio hemos invertido 577 millones de
euros, que es más del doble que durante los ocho años anteriores; tres
años y medio frente a ocho. Además, hemos multiplicado por más de cinco
la inversión media anual llevada a cabo en ese eje por los gobiernos del
PP. También hemos más que triplicado el grado de ejecución, pasando del
18 por ciento en 2004 al 60 por ciento en septiembre de 2007.
Entre A Coruña y Vigo, entre las que hay 157,6 kilómetros de distancia,
hemos puesto ya en funcionamiento 41,5 kilómetros, un tercio del
recorrido, solamente a falta de electrificación y de RTMS, cuando el
resto del eje atlántico pueda entrar en este tipo de conexión de alta
velocidad. Hemos iniciado las obras de 58,5 kilómetros, es decir, que
casi la mitad del trazado se encuentra en obras o a punto de finalizar;
en cuanto al resto, solo un 20 por ciento, estamos redactando y a punto
de terminar los proyectos, de tal manera que en los próximos meses vamos
a poner en servicio otros 18 kilómetros del trayecto, y vamos a iniciar
las obras de este 20 por ciento cuyos proyectos están pendientes de
finalizar. Antes del fin de la legislatura, todo el trayecto entre A
Coruña y Vigo estará en obra o en servicio, concretamente, el 55 por
ciento en obra y el 45 en servicio, frente a la situación existente en
abril de 2004, con casi un 60 por ciento del recorrido sin proyecto
aprobado, esto es, 92 kilómetros del recorrido sin proyecto, de los que
39 kilómetros, un 25 por ciento, ni siquiera tenían día ni estudio
informativo. Señorías, solo queda pendiente el estudio informativo de A
Coruña y Ferrol y de Vigo y la frontera portuguesa, donde estamos
trabajando para terminar en el menor tiempo posible. Ya hemos sometido a
información pública los trayectos A Coruña-Betanzos y Vigo-Porriño, y
estamos trabajando en la definición del resto del trazado.
También es importante mencionar el enorme impulso que hemos dado al eje
atlántico gallego y por la continuidad que tiene en los Presupuestos
Generales del Estado, donde hemos incluido una dotación de 154,5 millones
de euros.
En definitiva, señorías, los datos son los siguientes. En tres años y
medio de legislatura hemos llevado a cabo la ejecución del eje atlántico
con doble vía, frente a la situación actual de vía única; la
electrificación alterna de 25 voltios, frente a una vía no electrificada;
la alta velocidad; el ancho UIC, y el cambiador de ancho que vamos a
instalar después de la llegada del AVE a Valladolid para reducir los
tiempos y para que se pueda utilizar la infraestructura de alta velocidad
por los trenes que continúan a Galicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
TRAMITAR DE MANERA URGENTE LA PROPUESTA FORMULADA A TRAVÉS DE LA MOCIÓN
PENDIENTE DE TRAMITACIÓN EN LA COMISIÓN DE FOMENTO Y VIVIENDA, PARA
SUPRIMIR EL PASO A NIVEL DE LA PLAZA DE LOS CARROS EN EL CENTRO DE LA
CIUDAD DE TARRAGONA (680/001431).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Badia.
Su señoría tiene la palabra.
El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la pregunta en concreto es: ¿Piensa el Gobierno proceder
a la eliminación urgente del paso a nivel ferroviario de la Plaza de los
Carros, en la ciudad de Tarragona? En ese paso son numerosos los
accidentes de personas, y el último en concreto ha sido el
descarrilamiento de un tren de mercancías peligrosas, en diciembre de
2006. Todo ello hace que sea urgente llevar a cabo esta obra. Si me lo
pudiera concretar la señora ministra, me gustaría conocer el proyecto, el
presupuesto y el plazo de ejecución, si es que existen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Sí, señoría, lo vamos a suprimir en el menor plazo de tiempo posible.
Tenemos prácticamente finalizado el proyecto constructivo para su
supresión, y en el plazo de un mes lo trasladaremos al Ayuntamiento de
Tarragona para que preste su conformidad, porque, como usted bien sabe,
no podemos licitar la correspondiente obra, ya que la administración
titular de las vías sobre las que vamos a llevar a cabo las obras es ese
ayuntamiento. Cuando tengamos el proyecto lo mandaremos e inmediatamente
procederemos a la licitación de las obras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Badia.
El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente. Gracias, señora
ministra.
De entrada, le diría que la respuesta me satisface. Pero esta es una
respuesta más de las que ha dado su Gobierno repetidamente. El 21 de
marzo de 2005 decía que ya iban a hacer mejoras, y el pasado mes de julio
me decía usted que estaban llevando a cabo estudios técnicos, que supongo
que son a los que se refiere. Pero yo quiero que me concrete cuál es la
correspondiente partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del
Estado, porque he visto los que ha presentado su Gobierno al Parlamento,
y en el Plan de supresión de pasos a nivel, en la provincia de Tarragona
en concreto, solo figura una partida de 361.000 euros. Si esta partida es
a la que se refiere en sus manifestaciones, me gustaría que me lo
concretara, porque ayudaría a clarificar un asunto que preocupa
enormemente a la ciudad de Tarragona, pues usted sabe que supone una
situación de riesgo grave para la población y un freno importante para el
crecimiento del puerto de Tarragona y de la fachada marítima de la
ciudad.
Espero y deseo que sus manifestaciones se puedan concretar. Repito que que
si esa partida de 361.000 euros que consta en los Presupuestos Generales
del Estado en la provincia de Tarragona para la supresión del paso a
nivel es a la que usted se refiere, me gustaría que dentro de un mes,
una vez trasladado al Ayuntamiento de Tarragona y obtenido su visto bueno,
se iniciaran las obras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señoría.
Como le he dicho, en cuanto tengamos el proyecto aprobado y acordado con
el Ayuntamiento de Tarragona procederemos a la licitación de las obras.
Al hacerle esa afirmación, ya le he reconocido implícitamente que cuenta
con una partida presupuestaria, porque bien sabe usted que no podemos
licitar ninguna obra sin cobertura presupuestaria.
Señoría, el ministerio ha estado tratando de suprimir el paso a nivel,
pero tiene que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y con la
Generalitat, y ustedes saben, porque precisamente gobernaban en el
Ayuntamiento de Tarragona, que siempre vincularon la supresión del paso a
nivel al proyecto de la fachada marítima, que no tiene nada que ver.
Ahora veo, y estoy de acuerdo con usted, y así se hará, que lo han
desvinculado, y, por tanto, estoy segura de que con esta nueva
corporación vamos a poder llegar a un acuerdo, y suprimiremos el paso a
nivel. De modo que sí lo vamos a hacer, estamos terminando el proyecto,
estoy segura de que no van a surgir problemas con el Ayuntamiento de
Tarragona, y hay partida presupuestaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA DECISIÓN DEFINITIVA TOMADA POR EL
MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
OBRAS DEL TÚNEL DE VIELHA (LLEIDA), PASANDO DE TRES CARRILES A DOS
(680/001432).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys.
Su señoría tiene la palabra.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿en qué momento el ministerio de Fomento toma la decisión
de modificar el proyecto del túnel de Vielha, pasando de tres carriles a
dos, y cuándo informa de esta decisión a la Generalitat, que tiene
competencias en la ordenación del territorio, así como al Conseller
General del Val d'Aran y al Ayuntamiento de Vielha?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, el proyecto del nuevo túnel de Vielha nunca se ha modificado.
Usted sabe perfectamente que se inició en 1998, con la orden de estudio,
y ha pasado por una serie de hitos, como ocurre con todos los proyectos,
que son: aprobación del estudio, aprobación del proyecto, licitación de
las obras, adjudicación de las obras, hasta que estas se han terminado.
Por lo tanto, señoría, la anchura del túnel, que es a lo que se refieren
cuando hablan de los carriles, estaba definida desde que se dio la orden
de estudio. No se ha modificado el proyecto, pero sí las condiciones de
circulación dentro del túnel, que es bien distinto, al pasar de tres
carriles a dos.
Ese cambio, consecuencia de la modificación de la norma comunitaria sobre
seguridad en los túneles, tiene un doble fundamento. El primero y más
importante es la seguridad y el segundo es de carácter legal: al cambiar
la normativa comunitaria hay que modificar también la nacional y, por lo
tanto, las condiciones de operatividad, de operación y de explotación del
túnel. Eso se ha ido haciendo conforme hemos ido adecuando la normativa,
y tanto el Gobierno central como la Generalitat y el ayuntamiento tienen
información transparente, como no puede ser de otra manera, sobre cuál es
la normativa que hay que aplicar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando los medios de comunicación le preguntaron por primera vez sobre ese
tema dijo que no sabía nada y a los pocos días que, efectivamente, la
normativa venía aplicándose desde hacía mucho tiempo. Pero la realidad,
señora ministra, es que hace menos de diez días unos operarios estaban
desmontando la señalización del carril reversible y modificando a toda
velocidad los programas informáticos de control de seguridad en el
interior del túnel. Eso concuerda con la nota de la empresa Indra, que es
la que lleva la seguridad, en la que se explicaba que el nuevo túnel
estaba dotado de tres carriles, uno reversible; esa nota de prensa de la
empresa Indra se publicó el día 28 de agosto de 2007, hace un mes.
La solución que usted propone es absolutamente ilógica en un país
democráticamente avanzado. Ya veremos cómo somos capaces de explicar
-señora ministra, no se ría, que esto es muy serio- a los ciudadanos,
muchos de ellos con dificultades para llegar a fin de mes, que se ha
gastado 30.000 millones de pesetas y ha dedicado cinco años de trabajo en
construir un túnel que tiene la misma capacidad para soportar el tráfico
y la misma IMD que el túnel que se inauguró en el año 1948 y que lleva el
nombre de Alfonso XIII, con dos carriles de 3,50 metros.
En aquel momento se construyó un túnel pensando en el futuro que ha
resistido el paso de los años y usted ha hecho un túnel con un coste del
siglo XXI pero con prestaciones del siglo XIX. Efectivamente, es muy
seguro pero no todo
el mundo comparte que los tres carriles garanticen una mayor seguridad.
Entiendo que se pueda sustituir el carril reversible por uno para
vehículos pesados -eso sí lo entiendo- pero que se quiera dejar en dos
carriles es difícil de comprender, sobre todo cuando se dedica menos del
50 por ciento de la anchura del túnel a carriles. Eso no pasa en ningún
túnel del mundo.
Señora ministra, las modificaciones que se han realizado se han hecho con
nocturnidad, alevosía y a escondidas. No se ha dado información pública
y, de hecho, nos hemos enterado una semana o quince días antes de su
inauguración. No lo sabe ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento de Vielha,
ni el Consell General d´Aran, y el propio territorio, incluyendo el
PSC-PSOE, que forma parte del consell general y de la Diputación de
Lérida, ya ha tomado la decisión de enviarle un proyecto para que lo
estudie.
Equivocarse no es el problema, el problema es mantenerse en el error, por
lo que sería bueno que hiciese caso del informe que le ha remitido la
Diputación de Lérida y podamos inaugurar, al final, un túnel moderno y
propio del siglo XXI y no del XIX.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, ¿cómo no me voy a reír cuando usted, bastante alterado, dice que
no somos un país democráticamente avanzado por la anchura de los carriles
de un túnel? ¿De verdad cree usted que vamos a someter a votación la
anchura de los carriles de los túneles por todos los sitios por donde
pasen? ¿De verdad se cree usted que puede descalificar el nivel de
democracia de nuestro país como consecuencia de la aplicación de una
norma comunitaria? Pues claro que me voy a reír, señoría, ¿acaso me lo
voy a tomar en serio?
La anchura de ese túnel que tanto ha criticado y ustedes aprobaron, porque
apoyaban al Gobierno que lo aprobó, les parecía fenomenal. (El señor
Companys i Sanfeliú pronuncia palabras que no se perciben.) No me grite,
señoría, que le voy a explicar todo. A ustedes les parecía fenomenal la
anchura del túnel en 1998, en 2000 y en 2002, años en los que CiU
prestaba su apoyo. Hay una norma comunitaria -que les debió de parecer
bien porque no han protestado- que establece unos requisitos mínimos de
anchura, y ahora tenemos 14 metros que hay que repartir entre los
carriles, los arcenes, el carril de seguridad y las aceras. Y hemos hecho
el reparto que nos ha parecido más seguro, y ustedes ahora, por liar una
bronca política más, sin ningún tipo de fundamento, dicen que es mejor
menos seguridad y más carriles, en un túnel al que se entra por dos
carriles, uno por cada sentido, y por el que se sale por dos carriles,
uno por cada sentido.
Pero con independencia de esto, señoría, como he dicho en mi primera
intervención, creo haber dado pruebas evidentes de que estoy dispuesta a
analizar todas las propuestas, lo que significa que vamos a analizar la
propuesta de la diputación con la mejor voluntad para tomar la mejor
decisión. Dicho esto, estamos democráticamente muy avanzados, y no tiene
nada que ver con el túnel de Vielha.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A
CABO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA EVITAR QUE
LOS GANADEROS SE VEAN OBLIGADOS A ABANDONAR SU EXPLOTACIÓN, COMO
CONSECUENCIA DEL DESFASE ENTRE LOS INCREMENTOS DE LOS COSTES DE
PRODUCCIÓN Y LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE SUS PRODUCTOS (S.
680/001391).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys.
Tiene la palabra su señoría.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, señora ministra, dada la claridad de la
pregunta, la doy por formulada en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, en esta misma Cámara y en respuesta a la senadora Carmen González
Lahidalga ya expliqué el porqué del elevado precio de los cereales, que
no voy a reiterar ahora, y que usted conoce, así como del impacto
beneficioso que tendría la retirada del barbecho obligatorio. En aquella
ocasión también informé de que iba a solicitar mantener la suspensión de
las ayudas a la exportación de los cereales y la eliminación temporal de
los aranceles a los contingentes de importación de materias primas
destinadas a la alimentación animal. Ambas medidas fueron aceptadas en el
Consejo de Ministros de 26 de septiembre pasado; con todo ello,
pretendemos ayudar al sector en la tendencia a la baja del precio de los
cereales.
Por otra parte, dada la situación de los sectores ganaderos, que es
diferente según nos encontremos en uno u otro, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado varios grupos de trabajo y,
después de una serie de reuniones, estamos impulsando diversas medidas,
dirigidas principalmente a paliar la actual situación del sector
ganadero. No puedo enumerarlas todas debido al tiempo del que dispongo
pero he de decirles que están dirigidas a
lanzar señales positivas al mercado y al sector ganadero, que está
atravesando por una difícil situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señora ministra.
Como usted debe conocer, el sector ganadero de carne pasa por una
situación ciertamente difícil; es cierto que no sufren todos de la misma
forma, pero puede suceder que una parte importante de las pequeñas y
medianas explotaciones de porcino, por poner un ejemplo, se vean
obligadas a cerrar, no porque no sean buenos profesionales -que lo son- y
no porque no sean capaces de competir en mercados exigentes -que lo son-
sino porque han de convivir en un mercado poco transparente.
Hemos observado durante los últimos años que la política comunitaria
estaba diseñada para desincentivar la producción con el gran argumento de
que debían elevar stocks, mientras que en Estados Unidos, Argentina y
Brasil se aplicaba una política en sentido contrario; y en este momento,
mientras nosotros nos lamemos las heridas por una falta de previsión,
ellos son los más beneficiados.
Lo grave de la situación actual es que mientras los piensos suben en
función del crecimiento de materias primas, por tanto, hay un traslado
automático de los costes al ganadero, y éste no es capaz de trasladar
esos mismos incrementos, se observa cómo día tras día cae el precio de la
carne que produce y la situación se está volviendo insostenible, sobre
todo si son ciertas las acusaciones de las patronales del sector, por
ejemplo, a los mataderos por pactar precios a la baja sin que la
Administración actúe de forma suficiente. Por tanto, de producirse estas
situaciones, el ministerio debe poner los medios efectivos y con rapidez
a este respecto.
Señora ministra, hay una cuestión en la que ya se está trabajando -usted
lo ha adelantado- y es bueno entrar en la obligación de retirar el 10 por
ciento del barbecho; hay que meditar la posibilidad de volver a utilizar
el uso de proteínas de origen animal; en agricultura hay que intentar que
la transparencia comercial sea más potente; estudiar para casos puntuales
medidas de carácter fiscal y financieros, y, sobre todo, aumentar la
producción de calidad, que es la que hacemos en la Unión Europea y, por
tanto, estar presentes en los mercados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted se ha centrado precisamente en el sector porcino, le
voy a dar alguna información complementaria. En primer lugar, quiero
hacer referencia a la moción aprobada en esta Cámara, en la que se nos
instaba a que en el plazo de dos meses elaboráramos un plan de choque con
las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas. Sé que usted
frecuenta nuestra página web, y ya puede ver, en el apartado de
novedades, lo que vamos avanzando con el sector.
Ciñéndome al sector porcino, quisiera decirle que la última reunión
celebrada con las organizaciones profesionales y con el sector tuvo lugar
el día 4. Lógicamente se comenzó analizando el mercado y las posibles
medidas a adoptar, habiéndose examinado las diferentes opciones en el
marco de la legislación comunitaria de ayudas del Estado.
Desde el punto de vista de la regulación de los mercados, se están
utilizando todas las herramientas que permite la OCM de carne de porcino,
ave y huevos para paliar el incremento de los precios de los piensos. El
19 de septiembre España solicitó un incremento en el importe de las
restituciones a la exportación de porcino, así como la apertura de las
restituciones para la carne fresca de esta especie. También hemos
demandado ayudas para el almacenamiento privado de carne de porcino. Por
otro lado, los sectores productivos deben autorregularse por el
mantenimiento del precio.
Otro de los temas que usted apuntaba era un posible acuerdo de precios. En
este sentido, la Comisión Nacional de Competencia está muy atenta, pero
cualquier organización que lo detecte debe hacer una denuncia expresa.
En cualquier caso, en un breve plazo de tiempo tendremos cerrado todo el
plan para el sector porcino y otros sectores ganaderos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE DON JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL BORRADOR DE LA PROPUESTA DE
LA COMISIÓN EUROPEA REFERENTE AL RÉGIMEN DE AYUDAS AL ALGODÓN CUMPLE CON
LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS QUE ANULABA EL RÉGIMEN ANTERIOR (S.680/001420).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Pérez Lapazarán, que tiene la
palabra.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, una de las primeras negociaciones llevadas a cabo por su
Gobierno en la Unión Europea, allá por el año 2004, fue la reforma del
algodón. Aquella reforma supuso un espectacular fracaso de los
negociadores españoles, ya que iba en contra de los intereses de nuestro
país, tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de los últimos
años. Todo ello, a pesar de que ustedes, a la salida de aquel Consejo de
Ministros, celebrado en Luxemburgo en 2004, lo calificaran de muy
positivo.
Entonces dijeron que con aquellas medidas negociadas por ustedes se iba a
mantener el cultivo.
El Senado, a través de una moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, le pidió que recurrieran aquella reforma ante los tribunales
europeos, al igual que también se lo pidieron todas las organizaciones
agrarias e industriales.
Ustedes, a regañadientes y a remolque de los acontecimientos, lo hicieron
pasados muchos meses, y el recurso -hay que decirlo- se ganó, anulando la
reforma que habían negociado, y que insisto, calificaron de muy
positiva.
Ahora conocemos una propuesta de la Unión Europea que debe recoger los
términos de la sentencia, y quisiera preguntarle cómo la valoran y si
consideran ustedes que cumple con dichos términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, ahora, que ha pasado el tiempo al que usted se refería, me
gustaría que hiciera un reconocimiento público en el sentido de que
nosotros teníamos razón cuando dijimos que aquella negociación había sido
muy positiva. ¿Qué ha pasado con el aceite?, ¿qué ha pasado con el
tabaco?, ¿qué ha pasado con el lúpulo? Debería darnos usted la respuesta,
porque, desde luego, son sectores que van bien a pesar de todo el
catastrofismo y de todo lo que trataron de transmitir, metiendo incluso
al sector en un callejón sin salida.
En cuanto al algodón, creo que también debe reconocer que esa iniciativa
fue consecuencia del esfuerzo realizado por el Gobierno a la hora de
presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia. No se apunten ustedes
ese tanto, señoría, porque no hicieron absolutamente nada para que
saliera adelante.
En cuanto a su pregunta, quisiera decir que la Comisión Europea tiene
previsto realizar una propuesta de modificación de la OCM del algodón.
Cuenta usted con mi total disposición para mantener cuantos debates sean
precisos para perfilar la posición española una vez dispongamos de la
propuesta concreta, pero no antes, señor Pérez Lapazarán.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señora ministra, le estoy hablando de algodón y
en septiembre del año 2006 el Tribunal de Luxemburgo emitió una sentencia
histórica que anulaba el régimen de ayudas al algodón y confirmaba el
planteamiento que le hizo el Senado en aquella moción, aunque le pese y
aunque nos trate de catastrofistas. Esta sentencia obliga a la comisión a
tener en cuenta en su nueva propuesta de reforma una serie de
obligaciones: una de carácter formal y tres de carácter material. A
nuestro juicio, lo importante de la sentencia es que se dice que se tiene
que garantizar el cultivo y su rentabilidad tanto a los agricultores como
a la propia industria, es decir, que se incluyan en los cálculos los
costes de la mano de obra para garantizar la rentabilidad y la viabilidad
de las desmotadoras.
Y, señora ministra, en el borrador de la propuesta de la comisión estas
cuestiones no se contemplan y lo que no se contempla es muy importante
para la industria de nuestro país y para el mantenimiento de esta
actividad en el futuro. Fíjese si son importantes que mire lo que ha
ocurrido en España, a pesar de su optimismo, en estos dos años de
aplicación de la reforma que usted, reitero, calificó como positiva y que
el Tribunal Europeo ha anulado en su sentencia: la producción que tiene
que procesar la industria española, principalmente en Andalucía y Murcia,
ha disminuido de 350.000 toneladas antes de la reforma a tan solo 100.000
en la presente campaña, es decir, que la industria tiene que procesar la
tercera parte, y lo mismo está ocurriendo en el ámbito social: un cultivo
que generaba un millón y medio de jornales en el año 2004 y más de 3.000
empleos entre directos y asociados en la industria ha visto cómo se ha
perdido en estos dos años el 60 por ciento, y todo esto ha sido
reconocido por la propia comisión. Y fíjese el perjuicio económico
causado directamente por la aplicación de la reforma en el sector
industrial: solo en una campaña 25 millones...
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.
Todo esto es lo que está ocurriendo.
Y fíjese lo que propone el borrador de la reforma, que en estos momentos
está en circulación, prácticamente lo mismo que la actual.
Termino, señor presidente. Señora ministra, solo le pido una cosa y no es
otra que si se aprueba esta reforma en los términos actuales, la vuelva a
recurrir o, en su caso, pida la correcta ejecución de la sentencia al
Tribunal Europeo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Lapazarán, sí sé de lo que hablo, lo que pasa es que a usted tampoco
le conviene hablar de lo otro que le dije: aceite, tabaco y lúpulo.
Pero volviendo al algodón, en cuanto al borrador de propuesta que usted ha
mencionado, la Comisión Europea no ha presentado al Colegio de Comisarios
nueva propuesta al régimen de ayudas del algodón como paso previo al
inicio de los debates en el Consejo de Ministros, únicamente ha informado
en el Comité de Gestión, celebrado el
pasado 28 de septiembre, de que próximamente procederá a realizar los
trabajos correspondientes en el grupo interservicios previos a la
adopción de la propuesta definitiva, una propuesta que deberá tener en
cuenta la sentencia fundamentada en que la reforma de 2004 infringía el
principio de proporcionalidad por no haberse realizado un estudio de
impacto, por no haber valorado en el proceso de evaluación los costes de
mano de obra familiar y por no haber tenido en cuenta el impacto de la
modificación en la industria desmotadora.
En la segunda quincena del pasado mes de septiembre la Comisión publicó el
informe de impacto que recoge el aspecto socioeconómico de la situación
del sector del algodón y los efectos medioambientales de la producción
como consecuencia de los requerimientos recogidos en la sentencia del
tribunal. Este informe hace referencia a las medidas puestas en marcha en
España con objeto de mantener un cultivo que tiene gran trascendencia en
la economía, en el medio ambiente y en los aspectos sociales en zonas
concretas de España, que han sido decisivas para que los cultivadores no
abandonen su cultivo, si bien constata, efectivamente como usted decía,
que ha existido una disminución de superficie respecto a campañas
anteriores y de los rendimientos unitarios. Insisto, cuando tengamos la
propuesta, podremos discutir sobre ella y no me pida que discuta sobre un
borrador.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS PRINCIPALES NOVEDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008 EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO (680/001427).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Cantero.
Tiene la palabra su señoría.
El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, las previsiones de crecimiento demográfico indican que en
el año 2050 la población mundial habrá crecido en 3.000 millones de
habitantes. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la
Presidencia.) A la vista de esto, es evidente que el siglo XXI plantea a
la humanidad al menos tres retos: el energético, el medioambiental y el
alimentario. Y en la respuesta a estos retos, y especialmente al
alimentario, será determinante la aportación que haga la actividad
agraria o, dicho con mayor precisión, la aportación que haga el sector
agroalimentario. Porque, señora ministra, se equivocan quienes piensan
que la agricultura y la ganadería son actividades del pasado, antiguas, y
tampoco aciertan aquellos que afirman que la modernidad y el progreso de
los territorios, especialmente del medio rural, pasa porque en el modelo
de desarrollo tengan menos agricultura y tenga menor peso el sector
agroalimentario. Afortunadamente, me consta que ni el presidente
Rodríguez Zapatero ni mucho menos usted, señora ministra, participan de
esos errores. De hecho, desde el año 2004, y en los tres años y poco más
de Gobierno socialista, han tomado numerosas iniciativas para incorporar
tecnología e innovación a la actividad agraria, y además, y sobre todo,
han terminado con las declaraciones pomposas y rimbombantes, con la
rutina en los planteamientos y con el abandono presupuestario que el
sector agroalimentario ha sufrido durante los ocho años de Gobierno del
señor Aznar.
Hoy, cuando los Presupuestos Generales del Estado de 2008, los últimos de
esta legislatura, ya están en trámite parlamentario, le pregunto por las
novedades que incluyen esos presupuestos para seguir insistiendo en
potenciar el sector agroalimentario y que juegue ese papel trascendente
que necesariamente tiene que desempeñar en el desarrollo sostenible del
medio rural.
Esa es mi pregunta. Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, tiene la
palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Cantero, los planteamientos novedosos están dirigidos al
aumento de las dotaciones en las líneas ya existentes y al
establecimiento de nuevas partidas para dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos en la acción de gobernar. Un primer dato a señalar
es que en el año 2008 los presupuestos superan por primera vez el techo
de los nueve mil millones de euros. Un segundo dato es el aumento del
10,3 por ciento del presupuesto de gastos del subsector Estado, superior
al límite máximo del 6,7 por ciento fijado en el acuerdo de estabilidad.
Con estas cifras, señor senador, no ha resultado difícil establecer
mayores dotaciones en las líneas orientadas al cumplimiento del programa
del Gobierno, donde la política de desarrollo rural es una de nuestras
principales preocupaciones. Este año el crédito destinado a los programas
de desarrollo rural aumenta de 602 millones de euros a más de 740
millones de euros. Así, en materia de gestión de recursos hídricos
disponemos de 217 millones de euros para continuar modernizando regadíos.
Al desarrollo del medio rural destinamos 523 millones de euros para la
modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes, la mejora de
infraestructuras, la diversificación y el apoyo a las medidas
agroambientales y a las zonas de montaña. Además, si contabilizásemos la
aportación de la Unión Europea, el próximo año dispondremos para
desarrollo rural de 1.540 millones de euros, un 34,8 por ciento más que
en el año actual.
He querido insistir en estas cifras para reafirmar mi posición en esta
Cámara cuando defendí que en la programación 2007-2013 el desarrollo
rural dispondría de más
fondos que durante el período iniciado en el año 2000. La financiación del
programa previsto en el proyecto de ley para el desarrollo sostenible del
medio rural dispone de un programa presupuestario nuevo y aporta mayor
credibilidad a la iniciativa ampliamente demandada por los catorce
millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en este medio.
Vamos a continuar apoyando a las políticas activas para mejorar la
competitividad y calidad de las producciones agrícolas y ganaderas, así
como la industria y la calidad alimentaria. Las dotaciones
presupuestarias para el año 2008 superan los 400 millones de euros, es
decir, un 34 por ciento más que al inicio de la legislatura.
Para mejorar la competitividad pesquera y la gestión de los recursos se
destinan 185 millones de euros para impulsar la pesca responsable y
sostenible, las zonas marinas protegidas, el control y vigilancia de los
recursos, buques de investigación y cooperación, así como la acuicultura
y la innovación tecnológica. Seguiremos afrontando la política de seguros
agrarios y para ello dispondremos de 280 millones de euros para
subvencionar las primas. El aumento del 33,2 por ciento en cuatro años es
el mejor ejemplo de nuestro decidido apoyo a la política de
aseguramiento, donde estamos potenciando el seguro de explotación.
Para finalizar, señoría, he tratado de darle una visión global de las
prioridades del Gobierno para el próximo año y también las de la
legislatura, que, además de disponer del suficiente respaldo
presupuestario, han tenido un alto grado de cumplimiento porque usted
sabe que un presupuesto es tanto más creíble cuanto más alto o mayor es
el nivel de ejecución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES QUE HACE A LA COMISIÓN NACIONAL DE
SUBPRODUCTOS EL LIBRO BLANCO DE LOS SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO
DESTINADOS A CONSUMO HUMANO (SANDACH) (680/001428).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de la senadora
González Lahidalga.
La señora GONZÁLEZ LAHIDALGA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días, señora ministra.
La cadena de distribución de alimentos y productos de origen animal genera
a lo largo de los procesos, desde la cría hasta la comercialización
pasando por el sacrificio y despiece de las canales, toda una serie de
subproductos que han sido tradicionalmente empleados para infinidad de
usos. Quizá el más conocido sea el de la alimentación animal, pero son
innumerables las posibilidades de estos materiales, que sin darnos cuenta
forman parte de nuestra vida cotidiana: material deportivo, instrumentos
de cuerda, textil y ropa, películas y fotografía, pinturas, cosmética,
productos farmacéuticos, pegamentos adhesivos, etcétera.
El concepto de SANDACH, Subproductos de Origen Animal No Destinados a
Consumo Humano, incluye materiales tan diversos como los cadáveres de
animales en las granjas, los desperdicios generados en los mataderos e
industrias cárnicas, en las carnicerías, en las pescaderías, alimentos
caducados en los supermercados y demás comercios e incluso las pieles o
los trofeos de caza.
Hasta los comienzos de la presente década, la mayoría de SANDACH eran
destinados a la alimentación de animales. De esta forma, la producción
ganadera disponía de una fuente proteica barata y, al mismo tiempo, se
resolvía el problema de hallar un destino a estos materiales sin causar
perjuicios al medio ambiente. Las crisis alimentarias de finales de los
años noventa y, en particular, la aparición en Europa de la encefalopatía
espongiforme bovina desencadenaron la publicación y entrada en vigor en
mayo de 2003 del Reglamento comunitario 1774/2002, que regulaba de manera
integral toda esta cadena de producción, transformación, valorización y
eliminación de subproductos de origen animal, lo que supuso un cambio en
el enfoque tradicional de su gestión. La gran diversidad de estos
productos, que entran en el marco de los SANDACH, el cambio en su forma
de gestión en los circuitos habituales de comercialización y la
dificultad en la aplicación de esta norma al estar implicadas diferentes
administraciones y varios marcos legales distintos, ha suscitado
importantes debates en los sectores económicos afectados y en las
administraciones competentes.
Hace tres años, en 2004, el Gobierno, ejerciendo su responsabilidad,
encargó a la Comisión Nacional de Subproductos de Origen Animal no
Destinados a Consumo Humano la elaboración de un libro blanco que
analizase las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de estos
subproductos. Todo ello ha conllevado el plantear un enfoque integral de
la cuestión. Por otra parte, en el pasado Consejo de Ministros se aprobó
un Plan nacional integral de estos subproductos en el que, supongo, se
aplicarán las recomendaciones del libro blanco antes mencionado.
Por ello, señora ministra, esta mañana le pregunto cómo valora su Gobierno
las conclusiones y recomendaciones que hace a la Comisión Nacional el
libro blanco, y si de alguna forma se plasman en el Plan nacional
integral de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, el libro blanco, de reciente publicación, incluye una
síntesis de los informes elaborados por 12 grupos de trabajo, en los que
están implicados 300 expertos de las administraciones central, autonómica
y local, así como de todos los sectores económicos afectados.
Por no entrar en lo que ellos han debatido, he de decirle que los
problemas detectados y las sugerencias para resolverlos en muchos de los
casos eran comunes. En consecuencia, sus conclusiones y recomendaciones
han sido muy similares y han constituido las líneas directrices para la
elaboración de un plan nacional integral ampliamente demandado por los
sectores, un plan que formaba parte de los compromisos del Gobierno para
esta legislatura y que, como usted señalaba, fue aprobado el pasado
viernes por el Consejo de Ministros. Por tanto, nuestra primera
valoración es cumplir con uno de los compromisos y, por otra parte, el
que ese plan se haya consensuado absolutamente con todas las
administraciones y demás sectores implicados.
Las actuaciones están dirigidas a las explotaciones ganaderas, a los
mataderos, a las industrias alimentarias, al comercio mayorista y
minorista, a las plantas y establecimientos de transformación y gestión
de subproductos en función de los productos a los que usted también ha
hecho referencia en su intervención.
Voy a tratar de resumir las medidas a adoptar: mejorar la información de
los operadores, principalmente al ganadero y al comercio minorista, para
permitir una correcta gestión y control de los subproductos; garantizar
la trazabilidad desde su generación hasta su eliminación o valoración,
evitando su reintroducción en la cadena alimentaria o la contaminación
medioambiental; mejorar la sostenibilidad económica en la gestión,
asegurando un reparto de los costes en todos los eslabones de la cadena
de producción y comercialización porque, hasta ahora, disponíamos de un
sistema excesivamente caro y además generaba distorsiones de competencia
y tensiones importantes en la cadena alimentaria que se tratarán de
subsanar; facilitar la adaptación estructural de los sectores económicos
afectados, apoyando las inversiones dirigidas a la mejora de la sanidad
animal, la salud pública y el medio ambiente; fomentar la investigación
en materia de aprovechamientos dentro del Plan Nacional de I+D+i para el
período 2008-2013. En este caso considero que es necesario priorizar en
los diferentes ámbitos de investigación los proyectos relativos a métodos
alternativos de transformación o eliminación, con vistas también a la
reducción de costes para los sectores económicos; y, finalmente, queremos
mejorar el control y la gestión de los subproductos procedentes de
terceros países para reducir el riesgo de entrada de enfermedades de
animales o de humanos.
El plan ha sido respaldado unánimemente, como he dicho anteriormente, por
las comunidades autónomas. Cuenta con un presupuesto de 135,7 millones de
euros anuales, de los cuales el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación aportará 73,4 millones de euros; desde luego, esperemos sea
una solución para todos los sectores afectados a largo plazo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
INTERPELACIONES:
-- DE DON LUIS PERAL GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ATENDER
ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID (S.670/000176).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto segundo del orden del
día: Interpelaciones. Interpelación del senador don Luis Peral, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender adecuadamente las
necesidades de infraestructuras de transportes en la Comunidad de
Madrid.
Tiene la palabra el senador Peral.
El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, señora ministra de Fomento, en una democracia
avanzada las discrepancias ideológicas entre Gobierno y oposición nunca
debería afectar a la distribución territorial de las inversiones
públicas. Se puede discrepar sobre política económica, sobre vivienda,
sobre educación, sobre sanidad, sobre política internacional, e incluso,
aunque esto es más discutible, sobre el concepto de nación y sobre el
modelo de Estado. Pero sólo un Gobierno dominado por el sectarismo
adoptaría una política presupuestaria en la que esas discrepancias
ideológicas tuvieran consecuencias en la distribución territorial de las
inversiones públicas.
Cuando se acerca ya, y en buena hora, el final de esta legislatura, es muy
lamentable concluir que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha
ejercitado esta discriminación ideológica presupuestaria, y muy
especialmente con la Comunidad de Madrid. Una comunidad abierta y
solidaria, donde todos son bienvenidos, donde a nadie se le exigen
legitimidades de origen ni adhesiones inquebrantables al acervo
identitario regional para llegar a las más altas responsabilidades
políticas, económicas o sociales. Pero que nadie confunda esta actitud
abierta y solidaria con la mansedumbre bovina ante la discriminación
reiterada y ante el agravio comparativo. Si se comparan los Presupuestos
Generales del Estado del año 2004 con el proyecto que nos han presentado
para el año 2008, se observa que en cuatro años las inversiones se han
incrementado un 39 por ciento para el conjunto de España, mientras
disminuían un 19 por ciento para la Comunidad de Madrid. La inversión per
cápita para la Comunidad de Madrid será de 435 euros, un 23 por ciento
inferior a la media nacional, 563 euros, y un 29 por ciento a la
inversión per cápita en Cataluña, 612 euros.
Esta discriminación por motivos ideológicos resulta aún menos defendible
en el campo de las infraestructuras. En
la España de la democracia se había consolidado una buena práctica que se
ha interrumpido en el año 2004; una buena práctica política de
colaboración entre las administraciones responsables de las
infraestructuras, por encima de las diferencias ideológicas, en aras del
mejor interés de los ciudadanos.
He vivido personalmente esa buena práctica cuando en los años 1995 y 1996
coincidieron un Gobierno de la nación socialista con un Gobierno de la
Comunidad de Madrid, dirigido por el Partido Popular. En aquel momento,
entre el ministerio dirigido por Josep Borrel y la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, dirigida por don Luis Eduardo Cortés,
y de la que yo era viceconsejero, se alcanzaron acuerdos tan importantes
para Madrid como el cierre de la M-40 y otras obras de gran relevancia.
Esta buena práctica se pierde en el año 2004, con la llegada a la
presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con su
llegada, señora ministra, al Ministerio de Fomento. El intento de excluir
al Partido Popular de toda influencia relevante en la vida política, esa
política de apartheid ideológico inconcebible en la Europa del siglo XXI,
también ha tenido consecuencias, señora ministra, en el campo de las
infraestructuras. Desde que usted llegó al Ministerio de Fomento no se ha
empezado obra alguna de infraestructuras en la Comunidad de Madrid que no
formase parte de un proyecto iniciado por el Gobierno anterior. Ni
siquiera cuando la financiación de esa obra no dependía del erario
público, como es el caso de la autopista de peaje R-1 Madrid-Santo Tomé
del Puerto-Segovia, cuyo estudio informativo fue adjudicado en el año
2002 y que hubiera sido con toda probabilidad licitada en 2005. Llegaron
ustedes y, no solamente retrasaron este proyecto hasta hace muy pocos
meses, sino que también obstaculizaron que la Comunidad de Madrid
licitara esta autopista de peaje por su cuenta; una autopista tan
necesaria y urgente para las comunicaciones de nuestra región con el
norte de España.
Pero el problema es aún más grave cuando, al sectarismo excluyente, se
añade la ineficacia en la gestión. Mal está no iniciar obras nuevas, pero
lo que ya es inadmisible son las injustificables demoras que está usted
produciendo en la ejecución de las obras que estaban en marcha cuando
llegó al ministerio: la Terminal 4 de Barajas, la ampliación de carriles
de la A-1 en San Sebastián de los Reyes y, paradigma (aunque el
presidente José Luis Rodríguez Zapatero haya acabado esta mañana con las
palabras paradigma y paradigmático, porque ha abusado de ellas de manera
incomprensible) de la ejecución morosa de una obra pública: la estación
de Cercanías de la Puerta del Sol, en Madrid, cuya construcción lleva ya
cuatro años y medio, y que no se terminará hasta 2009, según le anunció
José Luis Rodríguez Zapatero a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Claro que los presupuestos dan la clave de este retraso: para una obra
cuyo coste total se estima en 108,9 millones de euros, ustedes invertirán
el próximo año 641.000 euros, es decir el 0,6 por ciento del total. Esta
obra forma parte del nuevo enlace ferroviario entre Atocha y Chamartín,
para el cual solo van a invertir 1,2 millones de euros; es decir el 0,34
por ciento del coste total. Es lo mismo que decir, señora ministra, que
esta obra está parada.
Con menos recursos que el Estado, pero con una acertada dirección política
y con una eficiente gestión técnica, la Comunidad de Madrid ha
construido, en doce años, 174 kilómetros de Metro con 136 nuevas
estaciones, señora ministra. Y si me refiero solo a los últimos tres años
y medio, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha construido 59 kilómetros de
Metro y 74 nuevas estaciones. Y créame si le digo, porque lo hago con
conocimiento de causa, que hubo que superar importantes problemas
técnicos al construir estaciones muy próximas a edificios, o muy
profundas, o hacer frente a la presencia de grandes bolsas de agua. Todos
estos problemas se resolvieron con eficacia, con diligencia y sin echar
la culpa a nadie, señora ministra. Aquí, como en Cataluña, los que pagan
las consecuencias de la mala gestión de su ministerio son los ciudadanos.
Y mal se puede pedir paciencia cuando se actúa con incompetencia, señora
ministra. En la contestación a una pregunta del senador Aragonès, en el
Pleno del 12 de septiembre, usted afirmó textualmente: Efectivamente, se
han batido muchos récords y, en ese sentido, yo soy un buen ejemplo. Al
oírla no pude por menos que pensar que, efectivamente, usted ha debido de
batir varios récords de mala gestión en la ejecución de la estación de
Sol.
Del examen detallado de los presupuestos de su ministerio para el año
2008, se desprenden varias consecuencias. La primera: no se han recogido
en los presupuestos los acuerdos que alcanzaron el 10 de septiembre José
Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni en
lo referente a la autovía de circulación M-40, que se habló de
transferirla con una dotación de 400 millones de euros para su
modernización y adecuación, ni tampoco en lo que se refiere a otras obras
de las que se habló en la reunión. También se acordó la transferencia de
la gestión del sistema ferroviario de Cercanías, y ahora se racanea
frente a la voluntad manifestada por el Gobierno el 6 de septiembre de
transferir Cercanías a toda autonomía que lo solicitase.
Por cierto que Cercanías de Madrid, con solo el 18 por ciento de la
extensión de la red, representa el 54 por ciento de la demanda nacional,
lo que quiere decir que la demanda por kilómetro en nuestra comunidad
triplica la media de las Cercanías de toda España. Cercanías de Madrid ha
multiplicado por seis sus viajeros desde 1989, gracias en buena medida al
enorme esfuerzo que los gobiernos de la Comunidad de Madrid vienen
haciendo desde hace veintiún años para potenciar el transporte público,
creando el Consorcio de Transporte y el abono multimodal, construyendo
intercambiadores, ampliando la red de Metro en 174 kilómetros e
invirtiendo en la mejora y extensión de la red de Cercanías.
La transferencia de las Cercanías a la Comunidad de Madrid permitiría
mejorar su gestión y la coordinación con otros modos de transporte y
planificar y ejecutar, de forma integrada y eficiente, las inversiones
que necesita
la red de Cercanías. Pero, evidentemente, en todo incumplimiento
generalizado siempre hay una excepción y, en efecto, sí se contemplan en
el presupuesto para 2008 las plataformas reservadas para el transporte
colectivo, o sea, los carriles Bus-VAO y la mejora de la A-6, pero se
recoge de una forma tan simbólica que es como si no se hiciese.
En la contestación que su señoría dio en Pleno del Senado del pasado día
26 de septiembre al senador Simancas, usted habló de una inversión de 904
millones de euros para las plataformas Bus-VAO y de 420 millones para
mejorar la A-6, es decir, un total de 1.324 millones de euros. Pues bien,
en el proyecto de presupuestos que ustedes nos han enviado solo se
menciona como coste total, sumando once proyectos, 409 millones de euros,
y lo que ustedes van a ejecutar en el año 2008 asciende a 15, 4 millones
de euros, lo que supone el 3,76 por ciento del total, o sea,
prácticamente nada.
Tampoco he encontrado, señora ministra, rastro apreciable de otras
inversiones de las que usted informó entonces al senador Simancas. De los
543 millones de euros para adecuar, reformar y conservar las autovías de
primera generación, o sea, la solución cutre que puso en marcha el
Gobierno de Felipe González cuando paralizó el plan nacional de
autopistas de peaje, solo figuran para esas autovías de primera
generación 160.000 euros para el año 2008, el 0,03 por ciento. De los 409
millones que usted mencionó para mejorar la M-40 solo aparecen en cinco
proyecto 167 millones de coste total, pero solo se van a gastar 28
millones en el año 2008.
En definitiva, señora ministra, afirma usted en sede parlamentaria en
contestación a un senador por Madrid de su Partido que ha iniciado obras
por un total de 2.276 millones de euros. Usted realmente habló de 3.000
millones pero concretó esas grandes inversiones en 2.276 millones, pero
en los presupuestos solo figura un coste total de 577 millones de euros.
Y lo que usted va a ejecutar en 2008, si todo le sale bien, no llegará a
43,6 millones, es decir, el 7,56 por ciento del coste total. ¿A quién
quiere engañar, señora ministra? ¿Se puede falsear la verdad de esta
forma en sede parlamentaria?
Tercera conclusión, mucha paciencia de la que usted recomienda van a
necesitar los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, pues la variante
que usted va a iniciar, aunque está proyectada desde el año 2001, no se
terminará hasta el año 2010, y no digo ya la paciencia que les espera a
los vecinos del norte de Madrid y los usuarios de la A-1, pues la
siguiente fase del tercer carril de las vías de servicio no van a
terminar hasta el año 2011, señora ministra. ¿Sabe por qué? Porque usted
va a gastar allí 100.000 euros el año que viene, es decir, 100.000 euros
dan para poner algunas de esas vallas que ustedes ponen en las carreteras
y que son absolutamente ilegibles desde un vehículo.
Pero no todo son desdichas en la Comunidad de Madrid por parte de su
ministerio. La partida destinada a la adecuación de la Dirección General
de Ferrocarriles aumenta un 31,3 por ciento y lo que ya me reconcilia
totalmente con su gestión es que la inversión en seguridad del tráfico
marítimo y vigilancia costera en la Comunidad de Madrid aumenta un 54 por
ciento. Señorías, ya tenemos mar en Madrid, ya tenemos costas y además
los señores del Gobierno nos las vigilan y van a velar para que la
navegación sea segura y no se produzcan naufragios en nuestras aguas.
Señora ministra, termino por donde empecé. Las infraestructuras no deben
ser un ámbito para el sectarismo ideológico ni la discriminación
territorial. A lo largo de mi exposición creo haber demostrado con cifras
y datos que José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando gravemente a
Madrid en este asunto, lo cual es verdaderamente inconcebible cuando él
es diputado por Madrid.
Señora ministra, le pido formalmente en sede parlamentaria que termine con
esta situación, que ponga fin a través de las oportunas enmiendas, de su
grupo o del nuestro, a la marginación presupuestaria de Madrid, agilice
radicalmente la ejecución de las obras en curso tanto en carreteras como
en ferrocarriles, nos traspase la gestión de Cercanías, que cumpla, en
fin, con sus deberes de ministra atendiendo a las necesidades de
infraestructura de esta región, abierta y solidaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señorías, hablando de rigurosidad, transparencia, eficacia, defensa de los
intereses de los madrileños, le voy a repetir una afirmación de la
presidenta de la Comunidad de Madrid que usted ha contradicho. Creo que
como no le dan importancia ni siquiera a lo que dicen, no profundizan en
que es evidente que cuando la presidenta de la CAM afirma que no se ha
invertido ni un euro en Madrid, y usted dice que lo que hemos invertido
es poco en relación a lo que teníamos que haber invertido, ya le está
llevando la contraria. Está diciendo que uno u otro miente.
Otra de las cosas que ha dicho es que no hemos hecho nada nuevo. Le voy a
decir a lo largo de mi intervención todo lo nuevo que hemos iniciado.
Usted ha hablado de la inversión para adecuar, reformar y conservar las
autovías de primera generación, con el fin de adaptarlas a los estándares
de confort, calidad, seguridad, etcétera, de todas partes de Madrid, que
ustedes ni siquiera en sueños pensaron hacer. Seguramente porque echan de
menos todo lo que sea el peaje y que lo público no lleve a cabo
actuaciones en relación con las comunicaciones de Madrid.
Ha hecho otra afirmación al hablar de las inversiones para 2008. Ha
hablado de lo cutre y de la discriminación del Gobierno actual con
Madrid. Otra afirmación que no tiene ningún fundamento, señoría, Madrid
es la segunda provincia de España con mayor dotación presupuestaria. ¿Qué
pensarán las demás, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la última, si
la segunda se siente discriminada, según sus propias afirmaciones?
También ha echado de menos
algo cuya razón le voy a precisar. Ha dicho que la buena práctica política
que había en 1995 se quebró en 2004. Señoría, se rompe por falta de
colaboración y de lealtad institucional de alguien que esta obligado,
precisamente por su trayectoria política y profesional, a tener un mínimo
respeto hacia el Gobierno de España, que es la señora Aguirre. No es
leal, no colabora, entorpece, bloquea y hace todo lo posible para que en
Madrid no se lleven a cabo inversiones. Este Gobierno ha tenido un
objetivo claro desde abril de 2004, que es, precisamente, preparar el
futuro de Madrid desde el punto vista económico, pero, por qué no
decirlo, también desde el punto social, territorial, del bienestar y la
calidad de vida de los ciudadanos.
Señoría, no ha hecho bien la cuentas. Le hemos dado tal impulso a las
inversiones en Madrid, que entre 2004 y 2006 hemos ejecutado inversiones
-no hemos prometido que íbamos a ejecutar, en lo que ustedes son
verdaderos expertos, en prometerlo y no hacerlo- por valor de 4.500
millones de euros. Por cierto, que el documento que entrega la presidenta
de la Comunidad de Madrid al presidente del Gobierno incluye datos
erróneos, por no decirle falsos, sobre las inversiones de uno y otro
Gobierno. Por lo tanto, señoría, apunte el dato: 4.564,53 millones es el
total de las inversiones ejecutadas en Madrid. ¿Eso es mucho o es poco?
Hemos ejecutado un 9 por ciento más respecto a la inversión media anual
ejecutada por aquel Gobierno, el suyo, que por lo visto ejecutaba tan
bien las inversiones y estaba tan preocupado por Madrid. Es decir, cada
año, señorías, hemos invertido 123 millones de euros más de media anual
que el Gobierno del Partido Popular, que tan preocupado y tan bien
llevaba a cabo las inversiones en Madrid. Y esto no incluye a los
aeropuertos, señorías, puesto que en aquel aeropuerto que había dejado
terminado el PP y que inauguró el señor Aznar, donde hasta la escultura
que lo adornaba era una carcasa, era todo falso, hemos tenido que
invertir 2.400 millones de euros más para poner la T4 en servicio. Ese es
el nivel de rigurosidad que tienen ustedes con la obra pública. Pues
bien, le decía que de estos 4.500 millones, 2.400 corresponden al
aeropuerto de Madrid, pero en carreteras y ferrocarriles, en transportes
terrestres, señoría, hemos ejecutado inversiones por valor de casi 1.900
millones de euros. Concretamente, certificados por la Intervención,
1.890,72 millones de euros. Eso no lo digo yo, señoría, lo dice la
Intervención. ¿Eso es mucho o es poco en relación a la buena gestión, a
la apuesta del Partido Popular, a la defensa de los intereses de los
madrileños que ha hecho durante todo este tiempo? Pues, señoría, da la
casualidad de que es un 55,4 por ciento más en relación a la anterior
legislatura. Y este esfuerzo, señoría, va a continuar en el año 2008, de
tal manera que las inversiones que el Gobierno ha previsto para Madrid en
2008 en carreteras y ferrocarriles se elevan a 1.353 millones de euros.
De esta cifra, podrán ver ustedes que en carreteras se va a destinar casi
300 millones de euros. Por otro lado, quiero resaltar un plan que a usted
le ha parecido corto y, además, ha dicho que no era nuevo, pero ustedes
no hicieron nada con respecto a las autovías de primera generación y le
recuerdo que ésa es la mayor necesidad que tiene Madrid precisamente
porque son las primeras autovías del país, de manera que el salto
cualitativo de establecer los estándares de calidad en las últimas
autovías, es ciertamente importante.
Precisamente, hoy ha recogido la prensa la pugna entre todas las empresas
para hacerse con los contratos concesionales que ya hemos puesto en
marcha.
Si sumamos la inversión prevista para 2008 en carreteras, con lo que ya
hemos invertido, el volumen total de recursos para carreteras en Madrid
es de 603 millones de euros, ¿frente a qué? Tan buena gestión había hecho
el PP y tanta apuesta por Madrid que he de comparar una legislatura con
otra. Estoy hablando de 603 millones de euros frente a 320 millones de
euros y, por lo tanto, en cuatro años prácticamente se ha duplicado la
inversión presupuestada para carreteras por el PP en Madrid.
Por lo que se refiere a los ferrocarriles, la inversión regionalizada de
los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se eleva a 459 millones
de euros y eso implica que en esta legislatura, para ferrocarriles, en
Madrid, se vayan a superar los 2.000 millones de euros; es decir, el 35
por ciento más de lo que había destinado el Partido Popular.
Señorías, comprendo que ustedes quieran tapar lo que estamos haciendo por
Madrid como una estrategia política, pero tienen que ser más hábiles
porque las cifras y los datos cantan, y ahora vamos a poder comprobar si
los ciudadanos piensan que estamos haciendo algo o no por Madrid.
Hemos puesto en servicio 77 kilómetros de vía de alta capacidad y le voy a
especificar los tramos: dos tramos de la M-50, entre la M-45 y la M-31;
la M-11, de conexión entre el aeropuerto y el nudo de Hortaleza; la M-12,
nuevo acceso a la T-4; la M-14, de acceso sur a Barajas; y, la M-22, para
la conexión del aeropuerto con la variante A-2. Hemos puesto en servicio
la nueva variante de la M-301, que circunvala el barrio de Perales del
Río en Getafe; hemos puesto el cuarto carril por sentido de la A-6, entre
Las Rozas y Villalba; el tercer carril por sentido en la A-1, entre
Algete y el enlace del RACE; y, señoría, el tercer túnel de Guadarrama.
¿Qué vamos a hacer en 2008? En 2008 vamos a ejecutar inversiones por cerca
de 300 millones de euros, concretamente, 282,88 millones de euros. ¿Es
esto mucho o poco en relación con lo que hacía el Partido Popular, que
tanto presume de hacer? Pues lo cierto es que supera en 200 millones de
euros la media anual de la anterior legislatura, lo que supone que hemos
más que triplicado el presupuesto medio anual en carreteras para Madrid
del Gobierno del Partido Popular y eso nos permite seguir con las
inversiones previstas para carreteras en Madrid que superan los 3.000
millones de euros.
¿Cuáles son estas carreteras? En primer lugar, citaré la novedad. Así,
sobre lo previsto por el Gobierno anterior, el Plan de adecuación,
reforma y conservación de autovías de primera generación. Vamos a actuar
sobre la A-1 -ustedes no iban a actuar-, sobre la A-2 -ustedes no iban a
actuar-, sobre la A-3 -ustedes no iban a actuar-, sobre
la A-4 -ustedes no iban a actuar-, sobre la A-5 y, además, señoría -y lo
digo porque ha querido hacer ver que no se había hecho nada, que habíamos
prometido pero no avanzábamos-, ya hemos licitado las obras
correspondientes a la A-2 y a la A-4, por un importe de 543 millones de
euros y las A-1, A-3 y A-5 están ya pendientes de evaluación
medioambiental.
¿Termina aquí nuestra actuación en autovías de primera generación y en
carreteras de Madrid? No, señoría. Hemos diseñado plataformas reservadas
para el transporte público. Y, ¿eso es nuevo o lo habían ideado ustedes?
Señoría, sabe perfectamente que excepto en el caso de la A-42, todo es
nuevo: la A-1 es nueva, la A-2 es nueva, la A-3 es nueva, la A-4 es
nueva, la A-5 es nueva y la A-6 es nueva. Por tanto, señoría, coméntelo
con la señora presidenta de la Comunidad, que demuestra una ignorancia
total sobre lo que está sucediendo en su comunidad autónoma; seguramente,
será porque está preocupada por otros asuntos y está empujando para
quitarle el sitio a algún que otro compañero.
En cualquier caso, insisto en que la inversión que hemos diseñado para las
plataformas reservadas para el transporte público en Madrid se eleva a
904 millones de euros. ¿Señoría, hemos hecho algo o solamente lo hemos
pensado? Pues, ya está pendiente de declaración de impacto medioambiental
y, por tanto, ya ha pasado todos los trámites anteriores.
¿Señoría, qué vamos a hacer en la A-6? Incrementar la capacidad y
mejorarla funcionalmente. Vamos a invertir 420 millones de euros. La
reestructuración del acceso a la plataforma Bus-VAO, a la que ya he hecho
referencia antes, además de la plataforma Bus-VAO. La ejecución de
plataforma reservada para el transporte público entre Las Rozas y
Villalba por valor de 320 millones de euros, cuyo proyecto, señoría, ya
lo hemos sometido a información pública, luego ustedes tenían que
conocerlo. Esta actuación, señoría, tampoco fue prevista por el Gobierno
anterior. Para la remodelación del enlace entre la A-6 y la M-40 hay
prevista una inversión de 40 millones de euros y las obras se licitarán
en 2008. Esta remodelación tiene por objeto evitar las retenciones en
hora punta tanto en la calzada izquierda de la A-6, como en la exterior
de la M-40, y la construcción de una variante a su paso por Las Rozas,
que tampoco estaba prevista por el Gobierno anterior, cuyo estudio
informativo iniciamos en febrero de 2006 y ya le puedo adelantar que lo
sacaremos a información pública antes del final de 2007.
¿Señoría, qué vamos a hacer con la A-1? Remodelación y mejora funcional:
60 millones de euros; la construcción de las variantes de El Molar, cuyas
obras hemos iniciado, señoría, en julio del 2006 y finalizará en 2008; el
incremento de la capacidad de la A-1, con la construcción de un tercer
carril por calzada desde el enlace del RACE hasta San Agustín de
Guadalix, cuyo proyecto, señoría, ya está pendiente de la DIA y vamos a
licitar las obras en 2008. Con ello, vamos a dar continuidad al tercer
carril por sentido, que, por cierto, hemos puesto ya en servicio en esta
legislatura, desde Algete hasta el enlace del RACE.
La M-40, señoría, otra gran mentira del Partido Popular: En un documento
que le entrega la presidenta de la Comunidad al presidente del Gobierno
pide la transferencia de la M-40 como una reivindicación, cuando yo se lo
había ofrecido hace tres años. O sea, que recogen en un documento como
una reivindicación lo que ya se le había ofrecido y sobre lo que no
habían querido hablar. Nosotros estamos trabajando en la M-40 para
incrementar la capacidad y, por supuesto, estamos dispuestos a
transferirla a la comunidad autónoma.
La inversión prevista por este Gobierno, por el Ministerio de Fomento, se
eleva a 500 millones de euros. Casualmente la presidenta de la comunidad
reivindica 400. Luego, creo que debería ser un poco más ambiciosa en la
defensa de los intereses de Madrid. ¿Y qué pretendemos? Remodelar los
enlaces, los accesos y decirles que ya está pendiente de declaración
medioambiental el incremento de la capacidad. El acceso de la M-40 con la
M-511 va a tener un coste de 43 millones de euros, y hemos iniciado las
obras en mayo de 2007. Y la conexión de la avenida de Daroca con la calle
O'Donnell supondrá una inversión de 60 millones de euros, y vamos a
iniciar las obras en 2007.
Las radiales, señoría. Otra importante reivindicación es la documentación
entregada por la presidenta de la Comunidad, en donde reivindica que
hagamos la radial, cuando ya hemos licitado la concesión. O sea, que es
como poner una pica en Flandes. En definitiva, señoría, ¡qué le voy a
decir! Hemos licitado la R-1 y la R-3, que tampoco estaba prevista por el
Gobierno del Partido Popular, hemos iniciado la prolongación de la R-3,
así como la redacción del estudio informativo. ¿Y por qué la tenemos que
prolongar? Porque el Partido Popular, que es tan ambicioso para Madrid,
se quedó corto, y ahora tenemos que prolongar 40 kilómetros para que la
R-3, que ustedes hicieron y pusieron en servicio, tenga algún sentido y
evitemos descongestiones.
Y, si hemos hecho mucho en carreteras, que se lo he dicho de una manera
muy rápida, le diré que mucho más hemos hecho en ferrocarriles tanto en
alta velocidad, como en Cercanías y, también, en transportes de
mercancías. En alta velocidad ¿cómo no voy a recordar que hemos conectado
Madrid con Toledo, que hemos ampliado la conexión en alta velocidad con
Antequera, que hemos llegado hasta Tarragona, que hemos solucionado los
problemas de la alta velocidad en Lleida? Y, señoría, le voy a decir que
vamos a convertir a Madrid en la capital de Europa mejor comunicada por
alta velocidad. El 2010, además, España será el primer país del mundo con
kilómetros en servicio de alta velocidad, y esto no solamente lo hemos
hecho, sino que lo vamos a continuar en el 2008. En definitiva, señoría,
hemos ejecutado inversiones que suponen un 40 por ciento más de lo que
había hecho el Partido Popular en la legislatura anterior. Vamos a
conectar en este 2007 Madrid con Barcelona, con Valladolid y con Málaga;
estamos impulsando, como sabe, la conexión de Madrid con todo el Levante,
con Galicia, con todo el norte y con Extremadura. Y, señoría, hemos
concluido el túnel de Guadarrama, que es el quinto más largo
del mundo, y eso es especialmente importante para Madrid. No sé si la
presidenta de la comunidad ha fijado la frontera o los límites
territoriales de la Comunidad de Madrid porque ha olvidado el túnel de
Guadarrama; seguramente será porque piensa que Guadarrama es Segovia en
lugar de Madrid. Le recuerdo a la presidenta de la comunidad que, cuando
dice que no hemos invertido un sólo euro en Madrid, hemos concluido la
ejecución del quinto túnel más largo del mundo.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Vaya concluyendo, por favor.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Sí, termino, señoría. Muchas
gracias.
Y ello va a suponer un importante impulso a la alta velocidad.
Termino con otra actuación no prevista en la anterior legislatura. Ya le
avanzo que en dúplica le contestaré sobre cercanías, aeropuertos y todo
lo que hemos seguido haciendo en Madrid. En veinte minutos me es
imposible detallarle todos y cada uno de los proyectos que hemos hecho.
Termino diciéndole que hemos iniciado el estudio de incremento de la
capacidad de los accesos ferroviarios de Madrid en alta velocidad, que
era una actuación no prevista en la anterior legislatura.
Señoría, si tiene usted tanto interés en que, efectivamente, las obras de
Madrid se impulsen y vayan adelante, dígale a la presidenta de la
comunidad que no paralice, que no entorpezca, que no enrede, que nos deje
trabajar, que haga su parte. Por ejemplo, hemos estado un año y medio con
la estación de la T-4 para el Metro terminada esperando que la Comunidad
de Madrid hiciera el metro y lo único que hizo deprisa fue inaugurar lo
que no le correspondía.
Le puedo decir que estamos dos años esperando...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, por favor,
concluya.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Seguiré en el turno de
dúplica.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra el senador Peral.
El señor PERAL GUERRA: Señor presidente, señorías, señora ministra,
observo con preocupación que tiene usted cierta propensión adictiva a dar
datos erróneos en sede parlamentaria, lo que en su caso tiene especial
agravante porque usted, señora ministra, estudió la misma carrera que yo
en la misma facultad y un año después, y cuando uno es licenciado en
Ciencias Económicas hay que ser exacto con los datos.
Acaba usted de decir hace escasos minutos que va a invertir en el año 2008
1.353 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Yo he sumado, porque
puedo equivocarme y he vuelto a hacer la suma, lo que ha dicho. La
Dirección General de Carreteras va a invertir 117 millones, la de
Ferrocarriles 159, el SEIT 111 y el Adif 231; total, 618, menos de la
mitad de lo que usted ha dicho. Señora ministra, por favor, no nos tome
por tontos a los senadores que estamos aquí presentes ni al resto de los
ciudadanos.
Ha hecho mal usted en hacer esa referencia tan elogiosa a las autovías de
primera generación. La verdad es que esas autovías fueron un paradigma
-vuelvo a la palabra tan empleada por José Luis Rodríguez Zapatero esta
mañana- de la gestión socialista en obras públicas. Presupuestadas en
800.000 millones se acabaron ejecutando por cuatro billones de euros,
cinco veces más de lo previsto.
El plan que tenía que haber acabado en el año 1991 se terminó muchos años
después y el Tribunal de Cuentas condujo una investigación exhaustiva
desde el año 1992 a 1995 que concluyó con que hubo gravísimas
irregularidades en toda la gestión de aquel plan. ¡Y tampoco está usted
informada, señora ministra! No se haga pasar por joven, porque usted
tiene casi la misma edad que yo y sabe perfectamente que en aquellos años
había ya autovías funcionando, la autopista de Barajas, la que hizo la
Diputación de Álava en la A-1, la variante de San Sebastián, el
Madrid-Villalba. Pero, señora ministra, ¿dónde estaba usted metida en
aquellos años? ¿Preparando alguna oposición sin salir de casa?
Señora ministra, usted aquí anuncia grandes inversiones y luego
presupuesta cantidades insignificantes para el 2008. Esa es la realidad.
Para estas autovías de primera generación le repito que son 160.000
euros, cinco o seis vallas va a poner con eso, vallas que ni se pueden
leer cuando uno va a volante de un vehículo. ¿Y qué va a pasar? Pues que
usted va a dejar al siguiente Gobierno la hipoteca de atender la
irritación de los ciudadanos ante el enorme retraso de las obras. Muy
burdo, señora ministra.
¿Toma usted por tontos a los electores de Madrid, a los electores que
votaron a José Luis Rodríguez Zapatero? Estas son las consecuencias de
haber pactado el 40 por ciento de las inversiones con los gobiernos
catalán y andaluz presididos por socialistas. A los demás nos toca la
pedrea, señora ministra, a las quince comunidades restantes nos toca la
pedrea. ¿O es que a lo mejor cree usted, como don José Blanco, que Madrid
ya tiene de todo y como tiene de todo no necesita nada? Fenomenal. Que
conste eso. Dígame aquí si usted cree lo mismo que don José Blanco para
que conste en acta y así tenga un argumento más el diputado José Luis
Rodríguez Zapatero en su próxima campaña por Madrid: como Madrid tiene de
todo no vamos a hacer nada.
Señora ministra, usted ha traído el sectarismo a las infraestructuras. Sus
antecesores socialistas destacaron por la ineficacia en la gestión y en
el control del gasto público. Usted tampoco ha sido eficaz en la gestión
y en cuanto al gasto público, al menos en la Comunidad de Madrid, lo
controla no presupuestándolo. Desde luego, en
sectarismo y malas formas usted supera a todos sus antecesores. No me haga
recordar aquí lo que dijo usted de doña Esperanza Aguirre con motivo de
aquella inauguración, sin duda, algo que su asesor de prensa, sus
responsables de comunicación nunca le hubieran consentido; esos desahogos
verbales son indignos de una ministra.
En el Pleno del Congreso del pasado 30 de mayo, usted dijo -y es una de
las perlas parlamentarias de este cuatrienio -que pensaba muy
rápidamente. Señora ministra, para pensar usted tan rápidamente, podía
ejecutar un poco más rápido. Piense un poquito más despacio, no piense de
esa forma tan atropellada y gestione las inversiones de una forma mucho
más eficaz y no abandone a una Comunidad como la de Madrid que, repito,
es abierta y solidaria y ha hecho un gran esfuerzo en inversión en los
últimos años, continuación de las inversiones que promovió el Gobierno
anterior.
¿Usted se cree, señora ministra, que las radiales de peaje y la M-50 no
supusieron una enorme inversión? ¿Quiere decir que si el dinero no sale
del presupuesto la inversión no es buena para los ciudadanos? ¿Significa
que el hecho de que utilicemos ahora las radiales -seguro que usted misma
las utiliza muchas veces- es solo pecata minuta porque no ha salido del
presupuesto? Ese es el caso de la M-50, por la que usted circula gratis.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): La señora ministra de Fomento
tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señoría,
francamente, su consejo no es bueno, porque a usted, que piensa bastante
despacio, no le sirve de nada.
Le voy a volver a repetir los datos de 2008; lo haré despacito porque, por
lo visto, la agilidad no es una característica de su forma de actuar.
Año 2008. Carreteras: 282,88 millones de euros. Dirección General de
Carretera y SEIT: 187,72 millones de euros. Autopistas primera
generación: 95,16 millones de euros. Ferrocarriles: 459,04 millones de
euros. Aeropuertos: 507,48. Total de infraestructuras: 1.256,24. Resto de
inversiones: 94,22 millones de euros. Rebaja peaje autopistas: 2,47
millones de euros. Si usted suma, porque imagino que hasta eso habrá
podido aprender en la facultad, obtendrá un total de 1.353,01 millones de
euros.
Por lo tanto, ni compañeros ni no compañeros, ni que tenga usted un año
más o un año menos, señoría, porque estos son los datos. Y le recomiendo
que no intente usted ofenderme por ser mujer. Tengo 55 años, nací en
1952, me siento muy orgullosa de haber sobrevivido hasta el día de hoy y
ojalá llegue a vieja. Eso no tiene nada que ver con que pueda o no
debatir con usted los datos del presupuesto. Por lo tanto, le ruego
-porque parece usted una persona seria, aunque no le conozco- que la
próxima vez se documente en condiciones y no se atreva a insultar a un
ministro o una ministra del Gobierno diciendo que ha dado unos datos
falsos y, mucho menos, decir que yo tengo por costumbre hacerlo. Por
cierto, es cierto que estaba preparando oposiciones a inspector de
Hacienda, igual que Aznar, por eso tengo todavía más preparación de la
que me dieron en la Facultad de Económicas y por eso seguramente habré
podido sumar los datos mucho mejor que usted.
Terminaré diciéndole todo lo que antes no he podido, hasta que el
presidente me indique que no tengo más tiempo. Continuaré con mi
exposición sobre ferrocarriles. Señoría, entre el año 2004 y 2007, hemos
ejecutado en ferrocarriles de alta velocidad, para el desarrollo de
líneas que conectan con Madrid, pero en Madrid, 1.400 millones de euros,
lo que significa que en tres años y medio hemos llevado a cabo un
incremento del 40 por ciento. Yo gestiono mal, soy una inútil y una
incompetente, pero ejecuto el 40 por ciento más que ustedes. Imagínese
entonces lo que son ustedes: un 40 por ciento más. Por lo tanto, todos
compartimos esa ineficiencia, esa ineficacia, esa inutilidad y esa
incompetencia con la que usted me ha querido insultar, aunque ustedes lo
son un 40 por ciento más, porque hicieron menos. (Risas.)
Hemos puesto en servicio determinadas comunicaciones de alta velocidad y
usted lo sabe. Ustedes pudieron iniciar las obras, que no los proyectos,
señoría, pero dejaron obras como el AVE a Lleida que, una y otra vez, se
lo recordaré, dicho con ironía, como ejemplo de su propia competencia.
Ahí se retrataron ustedes. Llevaron un tren de alta velocidad que se
quedaba en 200 kilómetros por hora, la misma velocidad a la que iban el
resto de trenes en muchas conexiones del país. Ahora lo vamos a conectar
con Barcelona, Valladolid y Málaga. Por lo tanto, estamos llevando a cabo
una importante obra en alta velocidad. Hemos iniciado la conexión del
túnel de alta velocidad Atocha-Chamartín, que está pendiente de Dia, y a
usted, que tanto interés tiene en las obras de Madrid, le pido una
gestión. En la ampliación de Atocha tenemos que llegar a un acuerdo con
el ayuntamiento, y mientras no lleguemos al acuerdo y no nos den la
autorización, cada vez se retrasa más. No nos vaya a pasar como en la
estación de Sol, que tardaron ustedes dos años y medio en autorizarnos a
cambiar las tuberías, las conducciones y la electricidad, y cuando
empezamos a trabajar descubrimos unos restos arqueológicos y la Comunidad
de Madrid nos dijo: todos quietos, parados; no se puede hacer nada hasta
que volvamos a autorizarles. Y ahora, con un cinismo político sin
precedentes, dicen que estamos retrasando la estación de Sol.
Tengo terminada la estación de Nuevos Ministerios y toda la conexión hasta
Sol, esperando que ustedes me autoricen a seguir las obras de Sol, aparte
de todo lo que ha supuesto de impedimento decir públicamente una y otra
vez, intoxicando a los madrileños, que en esa conexión íbamos a tirar
todos los edificios de la calle Montera.
Pues bien, señoría, hemos terminado la estación de Nuevos Ministerios, que
es un monumento a lo que supone el bloqueo de la Comunidad de Madrid al
resto de la operación, porque conecta con la estación de Sol. Y res-
pecto a la estación de Sol, señorías, se han escondido bajo las faldas del
Ministerio de Fomento diciendo que él era el culpable de todo lo que han
supuesto las obras de las líneas del Metro cuando ni siquiera había
podido iniciar las obras porque se las tenían ustedes paradas al
ministerio.
Por tanto, señorías, les recomiendo que sean un poco más leales con sus
propios ciudadanos, con sus propios votantes, con Madrid y ayuden a los
madrileños a que resuelvan sus problemas en lugar de utilizar las
infraestructuras como una estrategia política.
Señoría, por último no quiero dejar de darle un dato. Esperanza Aguirre ha
dicho públicamente: Yo he puesto no sé cuántas estaciones, y el
Ministerio de Fomento, ninguna. Pues para empezar, diez. Quizá no sepa
contar o no conoce lo que está sucediendo en Madrid.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya
concluyendo.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Termino, señoría, es por no
dejar sin contestar lo referido a las transferencias.
Le voy a leer los dos artículos del Estatuto de Madrid, porque y hay que
tener en cuenta que la hoja de ruta para todos, para todos los
ciudadanos, para todo el país y para toda España son la Constitución y
los estatutos. Así, el artículo 26 atribuye a la Comunidad de Madrid la
competencia sobre los ferrocarriles que discurren íntegramente en su
territorio. La C-2 finaliza en Guadalajara. En vez de quedarse corta, la
presidenta se ha quedado larga, o sea, se creía que Guadalajara es
Madrid. No es Madrid, es Castilla-La Mancha, y la C-2 conecta desde El
Escorial hasta Ávila y desde Cercedilla a Segovia. Y Ávila y Segovia
tampoco son íntegramente Madrid.
Asimismo, el artículo 28 establece: cuando tengan su origen y destino en
el territorio de la Comunidad de Madrid. Por tanto, señoría, es una
cuestión delicada sobre la que estamos dispuestos a hablar, igual que del
convenio, de una manera seria y rigurosa, sin un uso partidista, que es
lo que ustedes pretenden hacer, y para que redunde en beneficio de todos
los madrileños.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora
ministra.
La interpelación del senador Belda Quintana ha sido aplazada.
-- DE D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE PESCA, ESPECIALMENTE SU POSTURA
ANTE EL CIERRE ANTICIPADO DE LA PESQUERÍA DEL ATÚN (670/000173).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador
Urrutia, sobre política en materia de pesca, especialmente la postura del
Gobierno ante el cierre anticipado de la pesquería del atún.
Su señoría tiene la palabra.
El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente. Eguerdi on danori.
Ongi etorri, ministra andrea.
Muy buenas tardes a todos, bienvenida, señora ministra y gracias, señor
presidente.
En el Atlántico Norte, en el golfo de Vizcaya y en el mar Cantábrico la
anchoa ya no es la única especie de pesquería que está en veda.
La Comisión Europea el pasado mes de septiembre ha cerrado la pesquería.
¿Por qué? Porque, según los datos estimados o provisionales recibidos,
las circunstancias han superado ya las cuotas asignadas.
Para que sus señorías conozcan perfectamente cuál es la problemática con
respecto a la pesquería del atún, resulta interesante que sepan que el
atún es una especie migratoria en peligro de decaimiento total, que a
nivel mundial está controlada por la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico, la CICAA y que desde el pasado
noviembre, hace casi un año, se puso en marcha un plan de recuperación
que ha de aplicarse, como los expedientes de regulación que se utilizan
en las empresas, durante un periodo de 15 años.
Esta comisión internacional determina los cupos que, tanto en la Unión
Europea como en el resto del mundo, se deben cumplir. Así, para el año
2007, señorías, los países comunitarios tenían asignadas 17.000
toneladas, en concreto 16.779 toneladas, y el resto, aproximadamente,
12.000; en total, no se llegaba a las 30.000 toneladas. A cada uno de los
países comunitarios -y me voy a centrar en ello- le correspondían unas
cuotas. España tenía reconocidas 5.568 toneladas, Francia 5.494, Italia
4.336, Portugal 524 y Malta, Grecia y Chipre cifras mucho más reducidas.
¿Qué ha pasado? Que una serie de países, sobre todo Francia e Italia, han
estado utilizando artes no de pesca sino traumáticas con total
tranquilidad por parte de las autoridades comunitarias y, también, de las
comunidades propias del Estado. ¿Por qué motivo? Porque intentaban cubrir
la cuota y arrasar y esquilmar los mares.
Los datos provisionales -y me los han facilitado las cofradías de
pescadores, sobre todo del norte- que se iban acumulando, en función de
las pescas realizadas, de las importaciones legales e ilegales, de los
movimientos y de los traspasos, reflejaban que las cuotas ya se habían
cubierto en julio y agosto. Ya entonces se puso sobre la mesa del
ministerio que algunos países no cumplían las cifras, al objeto de que se
pusiera en conocimiento de la Comisión Europea.
¿Qué ha pasado? Que en septiembre se ha terminado la captura, ha habido
veda y se han cerrado totalmente los caladeros para que ningún país pueda
pescar. ¿Qué pasa aquí? Que una serie de países, Francia e Italia, se han
beneficiado por practicar una pesca arrasadora, mientras que otros países
-son cinco, entre ellos España- se ven perjudicados porque sus flotas de
todo tipo han tenido que
plegar las artes de pesca y volverse a casa sin cubrir las cuotas,
habiendo sufrido, además, las importaciones legales y no legales del atún
blanco y rojo capturado fuera que arrasa en los mercados, lo que ha
causado un problema grave. El primer tema que se plantea es que se ha
perjudicado a una serie de países, entre ellos España, donde la flota
atraviesa una situación precaria y problemática.
Entro en materia, señora ministra, con el mismo cariño que siempre hemos
mantenido con ocasión de diferentes comentarios, preguntas, mociones e
interpelaciones sobre la anchoa. Ya le anticipo que en esta interpelación
sobre el bonito también vamos a mantener los principios de respeto y
cautela.
¿Qué se podía haber hecho y qué no se ha hecho? Creo que ni Europa ni su
ministerio han controlado las artes de pesca que se estaban utilizando,
que eran totalmente arrasadoras. Elementos y artes como el cerco, el
arrastre pelágico o las volantas han sido empleados de forma arrasadora y
no se han producido las inspecciones correspondientes ni se han puesto
los semáforos en rojo para evitarlo.
Creo que los procedimientos dificultan tremendamente que estas especies,
que están en situación precaria, puedan multiplicarse de nuevo y, como
usted sabe, los científicos, desde hace al menos 4, 5 ó 6 años, afirman
que la pesca se está agotando porque se está actuando de forma
traumática.
Al Gobierno vasco -y no voy a ponerme la coleta de vasco- como
representante de las cofradías del norte, que abarcan a los gallegos, a
los asturianos, a los cántabros y a los vascos -con lo cual usted y su
personal habrán mantenido muchas conversaciones-, se le solicitó que
inspeccionara la forma en que se estaban realizando las artes de pesca;
inspección que se hizo a través de uno o dos barcos y se comprobaron los
procedimientos, que usted conoce, señora ministra, y también que hubo dos
o tres decomisos en los meses de julio y agosto porque la pesca, las
cuantías y la forma en que se estaba realizando era totalmente
traumática.
Usted sabe, señora ministra, que empezamos con otra problemática, que la
situación de la pesquería en general es bastante mala. Voy a leer el
resumen de una de las actas de las reuniones de las cofradías -y
perdóneme que lo haga porque una de ellas está escrita en euskera,
después se lo voy a traducir- que dice lo siguiente: (El señor Urrutia
Elorza continúa su intervención en euskera, que se reproduce según el
texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): Itsasoan ez
da giro: antxoa ia-ia galzorian, hegaluzea ohi baino eskasago, eta orain,
ezin hegalaburra harrapatu: El mar no da para más; la anchoa, en veda, el
bonito, en situación escasa y ahora también en periodo de veda.
Señora ministra, hay varios problemas, y me voy a centrar en cada uno:
primero, Francia e Italia utilizan artes de pesca esquilmadoras y han
sobrepasado el cupo; segundo, otros países no comunitarios están
realizando importaciones legales o irregulares pues ,como usted sabe, se
está importando de Australia, del Mediterráneo, de Sudáfrica, pero este
no es el único problema, posteriormente me referiré a las importaciones y
a los asuntos que han de concretarse con la Unión Europea.
Lo que ocurre es que se afirma que ese bonito, pescado allá donde Dios
quiera, es bonito del norte, del Cantábrico, y tanto para su venta en
fresco como en conserva, es decir, en las pescaderías o en los
supermercados, se dice que es bonito del norte, del Cantábrico, y es atún
claro, y eso, señora ministra, tampoco se está controlando.
Por tanto, hay un problema de control de importaciones; una falta de
control de importaciones irregulares; una falta de control del movimiento
del atún dentro del Estado; y una falta de control para que su venta,
tanto fresco como en conserva, no se produzca de forma irregular.
¿Qué está ocurriendo y qué le han pedido a usted, a su secretario de
Estado, a la secretaría general en conjunto las cofradías de pescadores?
Tengo que decir que la acogida es buena, el trato siempre ha sido
agradable, el problema es que no sé si se hace el seguimiento y su
correspondiente revisión. Ese es el problema y lo que he querido traer a
colación.
En mi opinión, esta cuestión está creando verdaderos problemas, tanto al
arrantzal, y al pescador como al vendedor, al consumidor y al conservero;
es decir, es una cadena, y si el mar está en situación precaria provocará
que un entorno de personas que vive de él, con sus familias y en sus
pueblos, se encuentren en una situación mucho peor de la que están
ahora.
Señora ministra, tenemos que plantearnos, y entro ya en un tema concreto,
del que le he oído hablar en varias ocasiones y sobre el que ha hecho
algunas declaraciones: las importaciones legales, las importaciones
masivas de túnidos, que me gustaría poder aclararlo posteriormente.
En la modesta opinión de este senador, las importaciones masivas de
túnidos están respaldadas por la libertad de comercio que existe dentro
de la Unión Europea, y es uno de los problemas que plantean las cofradías
de pescadores, y hasta los consejeros de las cuatro comunidades del norte
de España, sobre todo el del País Vasco. Le dicen, señora ministra, que
para el control de estas importaciones se apliquen las medidas de
salvaguarda previstas por la Unión Europea para aquellos productos que
sufren perturbaciones graves, como ocurre en este caso con el bonito.
En este momento el atún se está vendiendo por debajo del precio de
garantía establecido por la Unión Europea. Usted sabe que hay problemas
con las importaciones cuando el producto genera diferencias de precio, y
ese precio que está en el mercado está por debajo del precio de garantía.
En este caso concreto se está produciendo casi un dumping, es decir, los
precios a los que se vende están todavía mucho más bajos que hace 10, 12,
20 ó 30 años.
Debe existir libertad de mercado, oferta y demanda, pero siempre que se
actúe dentro de la legalidad vigente y siempre que el producto que se
venda sea aquel al cual se hace referencia, hay que impedir que se venda
un producto que no sea el que figura en la etiqueta de la conserva.
Señora ministra, este problema está afectando a una importante cantidad de
personas y situaciones, y a una
importante cantidad de pueblos que tienen que planificar cuál será su
futuro si no se da una solución a este problema. Usted sabe que la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico,
CICAA, no se va a reunir oficialmente hasta noviembre, y es entonces
cuando va a determinar las cifras definitivas del año 2007, qué cuantías
de cupo se han cubierto, quiénes son los países que han superado dichas
cuantías y cuáles se han quedado por debajo de ellas.
Señora ministra, creo que nos toca actuar, y quisiera colaborar con usted
para ver de qué forma podemos hacerlo. Lo primero que quiero es que me
diga de qué forma se va a contestar a la demanda. El día 26 de septiembre
de 2007 ha habido una solicitud de la Comisión Europea en la que se abría
un procedimiento de infracción contra siete países comunitarios porque no
habían informado convenientemente de cuáles habían sido sus cuantías
hasta ese momento. De los siete países, parece que han superado las
cuotas Francia e Italia, y Grecia, Chipre, Malta, Portugal y España
parece que no las han superado. Me gustaría saber si es cierto que su
ministerio y el Gobierno de España no comunicaron en su momento cómo
estaban las capturas ni que las cifras estaban por debajo de las
determinadas por esa comisión internacional, porque eso significaría que
ha habido cierta dejación. Imagino que no habrá sido así y estoy
convencido de que el ministerio, y concretamente su secretaría, habrán
comunicado las cifras, y que la petición provendrá de un mando general de
la Comisión Europea al objeto de cubrirse.
Pero, señora ministra, si ha sido así, le pediría otras dos cosas. La
primera es que, dentro de la Comisión Europea, y dando entrada a todos
los representantes, sobre todo de la flota artesanal de España, que es la
que más ha sufrido y está sufriendo estas vedas, porque la gente tiene
ganas de trabajar, tiene ganas de vivir...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, vaya terminando.
El señor URRUTIA ELORZA: Termino en quince segundos.
La segunda cosa que le voy a pedir, señora ministra, es que también
planteemos de qué forma vamos a compensar a esta flota artesanal, sobre
todo del Cantábrico, -y en este caso me voy a acercar más a la vasca, que
representa más del 30 por ciento, ya que son ciento cincuenta y tantas
embarcaciones y las vascas son cuarenta y tantas- de qué forma vamos a
compensarlas -digo- porque habiendo cumplido, habiendo trabajado con
artes sostenibles y buenas, habiendo trabajado solo un periodo al año y
habiendo aplicado las técnicas posibles, las técnicas buenas, han sido
condenadas a marcharse a casa por una veda contra la que ellos no han
hecho ninguna actuación.
Señora ministra, vamos a ver cómo solventamos este problema. Como siempre,
quedo a su entera disposición, pero vayamos adelante.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor
senador.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
A mí me gustaría antes de nada hacer una consideración previa a la
política en materia de pesca seguida por el Gobierno de España y además,
señor Urrutia, me gustaría disponer de más tiempo porque ha hablado de
dos problemáticas totalmente diferentes, una es el atún rojo y otro es el
bonito del norte. En cualquier caso, intentaré darle respuesta a las dos,
si así me lo permite el tiempo.
En primer lugar, quiero decirle que desde el inicio de la legislatura
hemos manifestado un compromiso decidido y firme a favor de la
explotación responsable y sostenible de los recursos pesqueros, asumiendo
aspectos medioambientales, intereses económicos y sociales y los
objetivos de cumplimiento de biodiversidad hacia el horizonte 2010,
preocupación también creciente de la sociedad, y para dar respuesta, a lo
mejor, a lo que otros no hicieron y que coincide con la frase que a usted
le transmiten las cofradías: «El mar no da para más». En algunos casos
tenemos que tomar medidas para poder recuperarlo rápidamente.
Voy a empezar con la pesquería del atún. El compromiso del Gobierno para
una explotación sostenible queda patente en la creación de una zona de
protección pesquera del Mediterráneo o la limitación del esfuerzo
pesquero, restringiendo la capacidad pesquera de buques cerqueros a seis
unidades. Estas medidas adoptadas por España son importantes porque la
regulación del área del Mediterráneo, aunque pequeña frente al ámbito
geográfico de la organización internacional del atún del Atlántico,
ejerce una importancia crucial en la conservación de esta especie,
principalmente por dos razones: la primera, porque la demanda de atún
rojo ha crecido de una forma importante en los últimos años y esta
situación ha conducido a un exceso de esfuerzo pesquero desarrollado
fundamentalmente en el mar Mediterráneo, y una de las razones son los
altos precios que esta especie alcanza en el mercado japonés. La segunda,
que el mar Mediterráneo posee unas características oceanográficas que
hacen que sea una de las dos únicas zonas de reproducción en el mundo de
esta especie. España ha exigido a la Comisión Europea la adopción de
medidas reales y eficaces para la protección del atún rojo tanto en el
ámbito comunitario como en el del ICAT, reforzando las actividades de
control, especialmente en el área del mar Mediterráneo.
Señor Urrutia, las medidas en esta área resultan claves para la
supervivencia y mantenimiento de los stocks de atún rojo, porque el
principal problema no lo constituyen las capturas destinadas a las
granjas de engorde, sino la sobreexplotación llevada a cabo por
determinadas flotas y por un exceso de capacidad pesquera. Y así, con
motivo de la reunión de ICAT, celebrada en Sevilla, personalmente propuse
que se llevasen adelante medidas de ges-
tión y de control de la pesquería más estrictas, que quedaron
posteriormente recogidas en el plan de recuperación del atún rojo.
En noviembre de 2006, en Croacia, en la decimoquinta reunión anual de
ICAT, se adoptó un plan plurianual para la gestión del stock del atún
rojo, del Atlántico este y Mediterráneo, que fue presentado por la Unión
Europea, plan que ha respetado, a petición del Gobierno del País Vasco y
de las cofradías de su comunidad autónoma, las pesquerías tradicionales
de cebo vivo del Golfo de Vizcaya, Estrecho de Gibraltar y Canarias, que
también estaban afectadas y que llevan a cabo los buques cañeros, así
como los palangreros de superficie del Mediterráneo que combinan esta
pesquería con la del atún blanco durante ciertos meses del año.
Ese plan -lo señalaba usted- tiene una duración de 15 años, hasta alcanzar
la biomasa de rendimiento máximo sostenible. Se implanta un TAC
decreciente, iniciándose con las 29.500 toneladas para 2007 -permítame
que redondee-, que se repartió posteriormente en Japón a comienzos de
este año, correspondiendo a la Unión Europea 16.779 toneladas. Pero a
mayores, para completar la información que usted ha suministrado a esta
Cámara, en ese plan se establece también una talla de captura mínima de
30 kilogramos y se fijan tres períodos de veda para las diferentes
flotas: de cerco, del 1 de julio al 31 de diciembre; de palangre de
superficie, del 1 de junio al 31 de diciembre a fin de proteger los
individuos reproductores y juveniles; y del 15 de noviembre al 15 de mayo
para buques de cerco vivo y arrastreros pelágicos.
Quiero destacar también la mejora y refuerzo de los esquemas de control,
así como la defensa hecha por España para conseguir una rápida
transposición del citado plan de recuperación del atún rojo en la
normativa comunitaria, como así ha sido desde el pasado mes de junio a
través de la modificación del reglamento de TAC y cuotas.
El Gobierno de España ha elaborado una serie de medidas de gestión interna
y de ordenación del sector, adoptando unas normas para facilitar la
aplicación del plan de recuperación de la pesquería del atún rojo, que
están dirigidas al sector y a todas las autoridades implicadas en el
control y supervisión de estas pesquerías. Se han elaborado unas listas
de puertos autorizados para el desembarque de las capturas del atún rojo
al objeto de identificar y conocer los buques pesqueros que llevan a cabo
esta actividad y poder realizar el seguimiento y trazabilidad de las
capturas; se han elaborado listas de buques autorizados a realizar
capturas dirigidas al atún rojo, especificando las distintas modalidades;
se han remitido los correspondientes permisos temporales de pesca por
modalidades y se han puesto en conocimiento del centro de control y
seguimiento pesquero, capitanías marítimas y cofradías de pescadores.
Señorías, hasta aquí he tratado de resumir la política seguida por el
Gobierno en materia de pesca en lo referente al plan de recuperación del
atún rojo.
En cuanto a la posición del Gobierno frente al cierre de la pesquería del
atún rojo para todos los buques comunitarios, la posición del Gobierno ha
sido contraria a la decisión tomada por la Comisión de cierre de la
pesquería del atún para la flota comunitaria. A partir del 13 de junio de
2007, con la publicación del reglamento que modifica el reglamento de TAC
y cuotas al que antes hacía referencia, y en lo que se refiere al plan de
recuperación del atún rojo, los Estados miembros son responsables del
cumplimiento de las normas existentes y la Comisión Europea es competente
y tiene la responsabilidad de verificar su cumplimiento y su aplicación.
En este sentido, tal y como se lo transmití al comisario de Pesca, no se
actuó con la rapidez o con la eficacia suficiente cuando en julio de
2007, como consecuencia de los indicios claros de sobrepesca por parte de
los buques franceses, corroborados mediante los datos aportados por
Francia y las comprobaciones realizadas por los servicios de inspección
comunitarios, la Comisión no llegó a cerrar la pesquería para este país.
El Gobierno francés adoptó la decisión de cerrar su pesquería el 27 de
agosto, cuando ya había sobrepasado su cuota en una cifra estimada de
4.048 toneladas. Italia, por su parte, cerró la pesquería el 24 de julio,
con un sobrepasamiento de 218 toneladas. Como consecuencia de la
sobrepesca de Italia y Francia y la inacción del comisario europeo ante
los datos comunicados por Francia, que demostraban ya la existencia de
sobrepesca desde el mes de julio, la Comisión ha cerrado la pesquería del
atún rojo aun sabiendo que algunos Estados miembros, entre ellos España,
todavía no habían agotado su cuota.
Además, España sí ha cumplido con todos los requisitos. El procedimiento
de infracción al que usted hacía referencia no nos preocupa porque
también sabemos que cuando España transmitió los datos, la propia
Comisión y sus servicios tenían un error informático que imposibilitó que
recibieran los datos en tiempo real, aunque sí lo recibieron con
posterioridad. Tenemos las pruebas y así lo demostraremos.
En cualquier caso, el Gobierno español ha considerado esta medida
especialmente improcedente, y hay un tema que me gustaría señalar. La
cuota que le sobraba a España cuando se cerró la pesquería se debe a los
intercambios realizados previamente con Portugal, que es lo que le ha
permitido tener esa cuota mayor para que en una situación de normalidad
hubiéramos podido finalizar el año con desahogo.
Por todo ello, lo que hemos hecho ha sido dirigirnos al comisario de Pesca
exponiéndole la repercusión que para las flotas artesanales españolas
tiene el cierre de la pesquería y comunicándole que el sector español
está en su derecho de solicitarle responsabilidades jurídicas o
patrimoniales ante el Tribunal de Luxemburgo por el perjuicio que les ha
causado. Hemos exigido a la Comisión la garantía de que los hechos que
lamentablemente se han producido este año no vuelvan a repetirse en el
futuro. En este sentido, ya desde el año próximo deberán estar operativos
los mecanismos de reasignación de las posibilidades de pesca -lógicamente
deducidos los que se han sobrepasado- que están previstos en la normativa
comunitaria y que permitirán la compensación a los Estados miembros
que nos hemos visto perjudicados por la situación de sobrepesca de la
cuota comunitaria del atún rojo producido este año. Es decir,
recuperaremos lo que no hemos pescado, no así los que se han sobrepasado.
Pero, además, he pedido a la Comisión que para evitar situaciones
análogas a lo ocurrido este año en el futuro, la Comisión deberá dotarse
de las garantías jurídicas necesarias para que en 2008 y en años
sucesivos el sobrepasamiento de la cuota de atún rojo de un país no
afecte a los restantes y para que la eventual penalización que pudiera
ser impuesta en el seno de ICAT repercuta de forma inmediata sobre sus
causantes. Estas medidas de control han de estar especialmente orientadas
a impedir a los cerqueros industriales del Mediterráneo que pesquen sin
límite.
En ese mismo sentido quiero decirles también que el Gobierno de España se
ha implicado al máximo en la elaboración del reglamento que debate
actualmente el Consejo y que establece un segundo sistema de control
mediante la limitación del esfuerzo por días de pesca a la flota atunera,
de tal manera que se evite la infradeclaración de capturas mediante el
control de la presencia efectiva de los buques de pesca en el caladero.
Por ello he solicitado también, en aras de la transparencia de los hechos
producidos y para lograr dicho compromiso de la Comisión, que este asunto
sea abordado en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la
Unión Europea previsto para este mes de octubre. A tal efecto le he
trasladado esta propuesta a Portugal, país que ostenta la Presidencia
durante el mes de septiembre.
Si quiere, y cuando me sea posible, intentaré darle respuesta al otro tema
planteado por usted con respecto al bonito del norte. En cualquier caso
hay una respuesta a una pregunta formulada por usted que paso a resumir.
La primera situación que se nos plantea cuando hablamos de túnidos es que
las posiciones son muy diferentes. Por una parte tenemos al sector
conservero pidiendo incrementos de los contingentes de atún que tenemos
actualmente y, por otra parte, nuestras flotas están pidiendo que se
respeten las cuantías. Este año hemos consensuado las cuantías para los
años próximos y, desde luego, puedo decirle que sí se están controlando
todas las importaciones. Es una aclaración que le hago porque usted
hablaba de todo el sector e incluía en él desde la pesca hasta las
conserveras. Y ¡ojo!, que en el caso del bonito estamos hablando de
intereses contradictorios cuando hablamos de importaciones.
Pero, tratando de ir a antecedentes, quiero decir que el pasado mes de
julio la Federación de Cofradías de Vizcaya, también en nombre de la
Federación de Cofradías de Asturias, de Cantabria, Guipuzcoa y Vizcaya,
se dirigió al secretario general de Pesca Marítima solicitándole
urgentemente una reunión y comunicándole su preocupación por la baja
cotización del bonito del norte, especialmente en un año de capturas
inferiores a los otros dos.
En el marco del seguimiento habitual del mercado del bonito y del atún
rojo, la Secretaría General de Pesca ha venido tomando datos y ha venido
informando previamente al sector de la evolución de los principales
parámetros que definen este mercado.
En el contexto de esta labor habitual, y con anterioridad a la fecha en la
que el sector se dirigió a la Secretaría General de Pesca, esta solicitó
a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales que se
intensificaran y extremaran las medidas de control en las importaciones
de terceros países. Ambas administraciones se aseguraron de la absoluta
rigurosidad y control aduanero de los productos pesqueros importados, de
modo que todas las partidas importadas cumplieran todos los requisitos
exigibles, incluidos los de naturaleza sanitaria. La misma petición se
cursó al Ministerio de Sanidad y Consumo, verificándose que los diversos
controles de todas las importaciones, tanto documentales como de
identidad y físicos, garantizan la rigurosidad que cabe esperar.
En las 24 horas siguientes a la recepción de las cartas de las
federaciones citadas anteriormente, y con el fin de analizar
conjuntamente la situación, el 8 de agosto de 2007, la Secretaría General
de Pesca convocó una reunión a la que se invitó y en la que estuvieron
representadas todas las comunidades autónomas, así como el sector
extractivo, a través de las federaciones y cofradías del Cantábrico.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya
terminando, por favor.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Finalizo, señor presidente.
Creo que usted tiene información de esta reunión y de las decisiones
tomadas; en cualquier caso, si usted quiere, en el turno de réplica le
ampliaré la información para separar, como he dicho en el inicio de mi
intervención, el atún rojo del bonito del norte, porque estamos hablando
de situaciones diferentes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente. Gracias, señora
ministra.
Señora ministra, en las preguntas y en los diálogos que mantenemos,
intenta contestar y llevar las ideas a su terreno y, en mi opinión, desde
un punto de vista filosófico las cosas se están haciendo bastante bien,
pero desde un punto de vista práctico y de gestión todavía falta algo.
Claro que conozco perfectamente la distinción entre al atún rojo y el
bonito blanco, el bonito del norte, y he querido centrarme
fundamentalmente de una forma genérica en el atún rojo, porque éste
también se acaba. Le he comentado anteriormente como está el Plan,
aplicando fórmulas parecidas a las utilizadas en la empresa. Es un plan
de reconversión, un plan de recuperación de 15 años. ¡Claro que sí! Y
afecta fundamentalmente a los pescadores del Mediterráneo. Conozco
perfectamente la problemática de los que pescan en el Mediterráneo a
través de la almadraba y las dificultades que están teniendo. Además,
sé que tanto en Murcia, como en Libia, Chipre o Túnez han proliferado las
granjas de engorde. Los atunes pescados con cerco son llevados a
engordar, y luego se venden congelados, y hay importaciones masivas.
Señora ministra, nos ha dado casi una lección magistral, pero, como usted
sabe, muchas veces con respecto al atún rojo, el consumidor, el vendedor
en fresco y los conserveros mezclan churras con merinas y las ventajas
que uno aporta respecto del precio se mezclan con las del otro y se crean
verdaderas dificultades, porque todavía no hay ningún máster sobre el
atún rojo y el bonito o los túnidos. Señora ministra, para conocer la
problemática y hacer la distinción entre uno y otro tendríamos que ser
científicos o ecologistas. Estoy seguro de que, poco a poco, el
consumidor los irá identificando, pero antes es fundamental que no
esquilmemos; es fundamental que se adopten medidas. ¡Claro que usted es
contraria al cierre! Me lo imagino; sobre todo porque desde el mes de
julio ya se sabía que otros países estaban esquilmando y superando las
cuotas.
Usted me dice que no le preocupa el rifirrafe que se ha producido con la
documentación que envió el 26 de septiembre a la Comisión Europea. Si
usted ha cumplido y si su ministerio ha mandado la información, perfecto;
y, si es un problema informático de ellos, allá ellos. No obstante,
señora ministra, dentro de la Comisión, si se puede, hay que mandar más
-perdone la expresión-, hay que ejecutar más. Vamos a lo que nos dicen
los demás, y por detrás de países que nos superan, como Francia e Italia.
Estos países han tenido siempre actuaciones vejatorias para nuestros
arrantzales -para nuestros pescadores-. Vamos a ver qué pasa en la
reunión de la Comisión de ministros de Pesca, que espero que se celebre
este mes o el que viene, y vamos a ver en qué circunstancias se resuelven
estos problemas y de qué forma.
Sobre el atún rojo, señora ministra, me ha contestado que en ejercicios
próximos nos darán las compensaciones por lo que no se ha pescado este
año de las cuotas asumidas. Pero, eso sí, con dos variantes: primero, si
no sucede lo mismo que ha sucedido; es decir que no haya países que se
adelanten al nuestro con artes de pesca esquilmadoras, que aumentan las
cuantías y les permiten seguir vendiendo y atendiendo el mercado a
precios mucho más bajos, y dejen a nuestros pescadores atrás. Y segundo,
hay que tener en cuenta el problema del lucro cesante: lo que han dejado
de pescar y no han vendido representa un problema grave, porque no tienen
ingresos suficientes y se ven amenazados por unas ventas irreales,
ficticias y pescadas con artes incorrectas, que están copando el mercado.
Termino con esto, señor presidente, no quiero alargarme. Señora ministra,
la actuación en la Comisión Europea debe ser más enérgica, más fuerte,
más poderosa. ¿Por qué motivo? Porque estamos poniendo en entredicho a la
flota del Mediterráneo y a la flota artesanal del Cantábrico, las estamos
dejando en situación precaria. Además, ¿de qué forma compensaremos lo que
no han podido pescar y, por tanto, no han podido vender? ¿Cómo vamos a
compensar los ingresos que no han podido obtener?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa
Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Urrutia, entiendo que es usted un especialista y sabe distinguir el
atún rojo del bonito del norte. De todos modos, es obligación de los dos
dejar las cosas claras, para no inducir a confusión a nadie. A mí, tras
su intervención, me quedaban dudas y alguien que no sea especialista
podría no saber de qué estábamos hablando.
No voy a complementar lo que se refiere al bonito del norte, porque usted
no me lo ha solicitado. Interpreto también que se da por satisfecho con
la respuesta que hemos dado a su pregunta.
Me gustaría que transmitiese al País Vasco lo siguiente: en cuanto a la
anchoa, me ha solicitado el Gobierno que no haga ningún intercambio de
cuotas; sobre todo, aquellas que puedan afectar a la flota artesanal del
País Vasco. En el caso del atún rojo, España disponía todavía de 150
toneladas, gracias al intercambio que había hecho con Portugal. Eso sí,
no me apliquen en el País Vasco -y se lo pido con todo respeto- dos varas
diferentes de medir: una para la anchoa y otra para el atún rojo. Insisto
en que si la recuperación del atún rojo cuenta hoy con el interés mundial
y se está llevando a cabo a través de ICAT, ha sido gracias al esfuerzo
del Gobierno de España por que pudiéramos disponer hoy de un plan de
recuperación de atún rojo; y le pido de nuevo que se lea todos los hitos
de mi primera intervención, en la que he tratado de ser breve. Plan de
recuperación que, además, como Estado miembro estamos cumpliendo, tal y
como puede comprobar con los dos últimos buques que hemos apresado de
países miembros de la Unión Europea, porque intentaban descargar atún en
un puerto del Mediterráneo cuando ya estaba cerrado, y se les han
impuesto sanciones de las más importantes que haya establecido la
Secretaría General de Pesca Marítima.
Por otro lado, también quiero decir que he sido muy clara con respecto al
comportamiento del comisario de Pesca, que decidió unilateralmente y sin
ninguna consulta previa -por supuesto, el reglamento se lo permite-. Una
vez que España tuvo conocimiento de esa situación, además de lo que ya le
he transmitido, se solicitó que sea objeto de debate en el próximo
consejo de la Unión Europea.
De ahí nuestro compromiso firme con una pesca responsable, con una pesca
sostenible y que cada país sea capaz de llevar a cabo esos planes de
recuperación y, desde luego, prestaremos al sector todas las ayudas que
precise.
Para finalizar, y para que no crean que usted y yo somos demasiado
pesimistas -yo no lo soy, por supuesto-, voy a leer lo que dice en el
Diario Vasco el abad de una de sus cofradías: «En lo que respecta al atún
hemos pescado más que el año pasado y no ha sido así, en cambio, con el
bonito. En líneas generales podemos decir que el balance del año hasta
ahora es bueno.»
Creo que estas palabras resumen claramente la posición del sector, al que
siempre ayudaremos con el fin de que tengan un futuro no sólo mañana sino
dentro de muchos años.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.
INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO
-- EN RELACIÓN CON LA PONENCIA DE ESTUDIO DE LA DESESTACIONALIZACIÓN EN EL
SECTOR TURÍSTICO Y PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA NORMATIVA QUE
GARANTICE EL USO RACIONAL DE LAS ESTACIONES DE ESQUÍ, EN LA PARTE
RELATIVA AL ESTUDIO DE LA DESESTACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO,
CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
(S. 543/000007).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto siguiente del orden del
día: Informes aprobados por las comisiones del Senado: en relación con la
ponencia de estudio de la desestacionalización en el sector turístico y
para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso
racional de las estaciones de esquí, en la parte relativa al estudio de
la desestacionalización en el sector turístico.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.
Voy a utilizar brevemente el turno de portavoces para hablar sobre el
amplísimo documento que se ha elaborado en la ponencia y que sus señorías
tendrán a la vista. Evidentemente, esperaba que se hubiera producido una
presentación previa pero, en cualquier caso, cualquiera de nosotros podrá
acudir al citado documento y leerlo.
Como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en la comisión y como miembro
de esta ponencia, en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por la
consecución de este trabajo; un trabajo que nos propusimos llevar a cabo
sobre una cuestión importantísima, de gran trascendencia y que afecta a
todas las administraciones del Estado. En este sentido, el Senado, Cámara
que aspira a ser de representación territorial, tenía una legitimidad
amplísima para abordar esta tarea, de manera que pudiéramos escuchar a
todos los sectores afectados, que son muchos, muy profesionales y muy
preparados, a todas las administraciones implicadas, a la administración
central, la autonómica, la local, la provincial, la insular, y a todos
los expertos que también han comparecido.
El método de trabajo utilizado ha dado como fruto unas conclusiones y
recomendaciones que espero que sirvan para lo que nos habíamos propuesto
todos los que hemos trabajado en la ponencia: que desde la Cámara
legislativa se proporciona a todas las administraciones argumentos,
ideas, propuestas que sirvan para ese gran objetivo de continuar con la
pujanza de nuestro sector turístico, que tiene una importancia grandísima
en el PIB del Estado español, tanto por el número de puestos de trabajo
como por los ingresos y por toda esa labor de promoción que se hace de
España y de todas las cosas que la gente ve cuando viene a visitarnos y
que, desde luego, trascienden de la propia visita o actuación turística.
Quiero dar la gracias a todas las personas que han comparecido en la
ponencia, que nos han ilustrado con sus conocimientos y nos han aportado
muchísima documentación. También quiero dar las gracias a los compañeros
senadores y senadoras que han participado, y manifestar mi agradecimiento
de manera muy especial al ponente y compañero, senador Seguí, que ha
llevado con mano hábil este amplio trabajo de muchos meses, y al
presidente de la Comisión de Industria y también compañero, senador
Albistur, por su constancia e interés porque esta ponencia terminara bien
y pronto. De hecho, estamos prácticamente finalizando la legislatura y
podemos proponer a esta Cámara en este plenario unas conclusiones muy
interesantes. Por último, deseo dar las gracias públicamente a nuestro
letrado, Fernando Merino, que con su buen hacer también ha colaborado a
poner en claro en este informe, de más de 200 páginas, además de la
documentación que le acompaña, algo que yo desde luego valoro muy
positivamente. Invito a sus señorías a que lo lean, a pesar de que
siempre nos falta tiempo para eso, porque además de interesante yo les
diría que también resulta entretenido.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor
senador.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
No interviene.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
No interviene.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, diré dos palabras para dejar constancia de mi desacuerdo,
como presidente de la Comisión de Industria y miembro de la ponencia, por
la forma en que sido tratada la presentación de este informe en el
Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, hay un acuerdo
de la Junta de Portavoces -de los portavoces de los grupos
parlamentarios, y usted forma parte de uno de ellos-, para esta forma de
tramitación en el Pleno.
El señor ALBISTUR MARIN: De acuerdo, señor presidente. Todavía no había
terminado de responsabilizar, por
lo que le agradezco su información. Por tanto, debo decir que la Junta de
Portavoces ha tenido muy poco respeto por el trabajo de esta ponencia con
la resolución que ha tomado. Hay un trabajo realizado, y estaba prevista
una presentación y después las conclusiones de los grupos parlamentarios.
Pero como no nos queda más que manifestar la queja, que quede constancia
de este hecho, porque insisto en que me parece poco respetuoso para con
la labor de los miembros de la ponencia, que han colaborado como uña y
carne y han tenido una dedicación especialísima para que este trabajo
estuviera rigurosamente hecho y presentado, y además tuviera la
solemnidad que corresponde una labor que ha durado más de dos años en
esta ponencia.
Dicho esto, pasaré a hacer un breve comentario de nuestras conclusiones,
destacando fundamentalmente que la demanda turística está cada vez más
relacionada con el disfrute del tiempo de ocio. Y precisamente llenar ese
tiempo de ocio es una de las características que tiene que ver con la
desestacionalización.
La demanda turística está experimentando una transformación, que se
manifiesta en una variedad de tendencias que han sido, precisamente,
objeto de esta ponencia y a la que se han referido aquellos a los que
hemos solicitado su comparecencia, que nos han dado la información
correspondiente. La demanda turística ha superado la estricta vinculación
al sol y la playa para cubrir prácticamente la totalidad del territorio,
y para ello todos los niveles de la administración están ya comprometidos
en la promoción del turismo.
Se han incorporado a la promoción turística dos líneas estratégicas de
forma racional y de forma espontánea: poner en valor turístico los
recursos naturales y también los recursos históricos y culturales, es
decir, se ha puesto en valor turístico lo local.
En realidad ya no es decisiva la expectativa que tengan los turistas sobre
un lugar, sino la capacidad de captación, de atrapar el espacio que se
está conociendo, donde el turista se encuentre cómodo y seguro, de modo
que la creación de oferta genere una demanda.
En su conjunto la Administración está madura, experimentada y es
conocedora de su potencial para la promoción del turismo. Posiblemente
carezca de los recursos suficientes para desarrollar todo su potencial
artístico, paisajístico y cultural; y la iniciativa privada resulta
conservadora o es muy cuidadora del riesgo para acompañar la promoción,
de ahí que en esta ponencia no hayamos propuesto una mayor cobertura
legal, ni siquiera más debate competencial. La promoción turística es
gestión de las potencialidades territoriales y debe ser atendida en el
territorio. La gestión política y administrativa debe apoyar esa gestión,
y el Gobierno del Estado debe sostener la difusión internacional de dicho
potencial turístico. Los actuales mecanismos de coordinación
administrativa parecen suficientes y su eficacia debe ser evaluada por
las administraciones protagonistas.
Finalmente, como en otras áreas y sectores de la estructura económica del
Estado, es necesario incorporar a la actividad del sector turístico una
reforma de la formación, adecuándola a la capacitación para la promoción
empresarial, abriendo la especialización a la interdisciplinariedad,
creando un ciclo superior universitario, así como prácticas de reciclaje
y capacitación, y fomentar la investigación y la innovación con el apoyo
instrumental de las técnicas informáticas y de comunicación. Estos temas
han sido recogidos, con diferentes matices, por cada uno de los grupos,
que han enriquecido las conclusiones de la ponencia.
Nuestro grupo solicita además que en la Mesa del Senado tenga en cuenta la
posibilidad de publicar esta ponencia, dada la riqueza de las
aportaciones de los diferentes miembros del sector, ya fueran del ámbito
público o del privado, que han comparecido en la ponencia. Hay un
trabajo, que se suma a otros realizados por esta Cámara que enriquecen de
forma significativa futuros proyectos de informe que la Administración
está preparando para el año 2008 y los siguientes.
Consideramos que este aporte es relevante. Como ya ha expresado también el
senador Mur, los grupos parlamentarios han tenido una gran dedicación, se
ha hecho un gran esfuerzo de aportación, y el trabajo también ha
resultado enriquecedor por las reflexiones.
Por otro lado, agradezco personalmente el trabajo de los servicios de la
Cámara, del letrado y de los administrativos de la comisión. En
definitiva, nos hemos sentido muy a gusto, y creo que este tipo de
trabajo permite mostrar un modelo de lo que el Senado puede aportar a la
sociedad.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
El Grupo de la Entesa no hace uso de la palabra.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora
Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar mi intervención uniéndome a la disconformidad mostrada
por el senador Albistur y agradeciendo la generosidad de la Junta de
Portavoces por haber cedido cinco minutos a cada grupo parlamentario para
tratar de exponer un trabajo de dos años en esta Cámara. Casi nos habría
gustado más disponer de menos tiempo para cada grupo y que se hubiera
presentado el informe de esta ponencia en la forma debida.
Dicho esto, también quisiera mostrar mi agradecimiento particular y el de
todo el Grupo Parlamentario Socialista a los comparecientes que a lo
largo de este intenso periodo de sesiones de ponencia nos han ilustrado
con su saber y experiencia, agradecimiento que hago también extensivo al
resto de miembros integrantes de la ponencia, de todos los grupos
representados en esta Cámara, por el buen clima existente en todas las
sesiones.
Ha quedado constancia a lo largo de la ponencia de que el turismo y, más
en concreto, los esfuerzos por conseguir la desestacionalización
constituyen una materia del máximo interés común, mucho más allá de los
colores partidistas. Todos hemos sido partícipes de explicaciones de alto
nivel fundadas en estudios y, sobre todo, en experiencias
que ponen en valor el importante papel del turismo como fuente de ingresos
y riqueza en los territorios, garante de desarrollo, empleo y
asentamiento poblacional.
Al hablar de nuestro turismo ya no nos referimos exclusivamente al modelo
tradicional de sol y playa, sino que ha quedado constatado que en la
práctica totalidad de nuestro territorio se hacen esfuerzos por atraer
turistas y visitantes que, en definitiva, aporten riqueza a través del
gasto que realicen. Hemos obtenido así un interesante documento de
trabajo que sin duda será una herramienta muy útil para quienes quieran
mejorar su oferta turística y perfeccionarla, favoreciendo de esta manera
una menor estacionalidad. El documento contiene experiencias, ideas,
sugerencias y propuestas para al ámbito privado, para el ámbito público
y, sobre todo, para actuaciones mixtas de dichos ámbitos en términos de
colaboración y cooperación.
Tras las sesiones queda claro que para el reto desestacionalizador que hay
que afrontar, tanto el sector público como el privado deben continuar
trabajando en una serie de cuestiones: en la segmentación de la demanda
turística; en la diversificación y especialización de la oferta; en la
promoción, no tanto en cantidad sino más bien en calidad y racionalidad;
en las marcas; tratando de impulsar y promover más programas de turismo
social hacia nuevos beneficiarios, como los estudiantes y los
discapacitados, y nuevos destinos; buscando una mayor calidad y una mejor
formación y profesionalización del sector; y buscando también un
aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnologías para conseguir este fin
desestacionalizador; todo ello, con una buena coordinación entre
administraciones y desde la colaboración público-privada.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que sólo con políticas
globales y transversales, junto con las premisas citadas, se puede
suavizar la estacionalidad hasta conseguir paliarla. Estamos satisfechos
con el trabajo realizado y esperamos sinceramente que sirva de base para
futuros análisis y actuaciones. Tal como hemos venido reivindicando a lo
largo de la ponencia, además de en diferentes iniciativas que se han
presentado en esta Cámara en materia de turismo, esperamos que sirva para
actuaciones y futuros análisis del ministerio y la Secretaría General de
Turismo; en definitiva, para actuaciones políticas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría,
El senador Seguí tiene la palabra.
El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar creo que es de ley agradecer a todos los grupos
el haber tenido la oportunidad de coordinar esta ponencia, que a todos
nos ha parecido muy importante y con un contenido necesario para la
política turística que debe desarrollarse en nuestro país durante los
próximos años. Quede constancia, pues, de mi agradecimiento personal.
En segundo lugar, quiero hacer extensivo ese agradecimiento a todos los
senadores ponentes; todos ellos han tenido una actuación fructífera e
intensa y un ánimo de consenso evidente desde el primer momento, lo que
se ha traducido en este informe que hoy presentamos en el Pleno, un
informe interesante y que va a poder dar sus frutos en el futuro, un
informe que entiendo va a ser una herramienta de trabajo para todas
aquellas administraciones públicas que tienen que ver con el turismo, que
son todas, y para todas aquellas empresas que están implicadas en el
hecho turístico.
En tercer lugar, como no puede ser de otra manera, además de agradecer a
los servicios de la Cámara su intensa labor, quiero tener un
agradecimiento especial para don José Fernando Merino Merchán, letrado de
la Comisión de Industria, sin cuya intervención y esfuerzos, esto hubiese
resultado mucho más difícil.
Ha sido un año intenso y fructífero. Se ha trabajado bien, y creo que los
resultados son notables. Y como lo son, con el ánimo de que puedan ser
divulgados, solicito en nombre de la ponencia a quien sea competente en
esta materia que acuerde la publicación de nuestros trabajos, porque
entiendo que en el futuro resultarán muy valiosos.
A lo largo de la ponencia, del tiempo en que hemos venido trabajando, han
quedado muy claras una serie de afirmaciones, una serie de
consideraciones a las que me quiero referir de forma breve. Es imposible
separar la desestacionalización turística del fenómeno turístico global.
Todos los informes de que hemos dispuesto han dejado bien claro que la
desestacionalización es un objetivo que debe estar enmarcado en la
política turística global. En segundo lugar, la desestacionalización y la
diversificación turística van íntimamente ligadas.
Una afirmación importante es que la industria turística podría optimizar
muchísimo más sus recursos si alargara en el tiempo las temporadas
turísticas. Esta es una afirmación que se ha repetido una y otra vez
durante todos nuestros trabajos. ¿Quiere ello decir que en todo caso debe
procederse a desestacionalizar? No; la desestacionalización no debe ser
un objetivo en todos los casos, y cada zona turística, cada situación, es
diferente. En este sentido, debe hacerse un análisis pormenorizado de
esta cuestión.
En cualquier caso, es cierto que para desestacionalizar hay que hacer
esfuerzos importantes. Hay que establecer nuevos productos. Hay que
buscar nuevos contenidos, nuevas infraestructuras, nuevas comunicaciones,
en definitiva, nuevas necesidades generadas a base de un marketing
específico y de la promoción adecuada.
Señorías, hay veces en las que de no emprenderse como objetivo la
desestacionalización y la diversificación, que, como digo, es un objetivo
que va íntimamente ligado a aquella, la temporada turística, el hecho
turístico en general, incluso puede resultar perjudicado.
Está claro que en un país donde el turismo de sol y playa es lo que impera
debemos incluir nuevos contenidos, debemos aportar nuevas fórmulas. No
basta con decir que queremos desestacionalizar. Esta ponencia ha
analizado muchos de esos contenidos: parques temáticos, cicloturis-
mo, golf, turismo náutico, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo
enológico, turismo de congresos, negocios y reuniones, turismo de
naturaleza, turismo de salud, senderismo, turismo activo, turismo
ecuestre, turismo accesible, turismo deportivo, turismo de pesca o
cinegético. Todas estas variedades existen en nuestro país. Todas estas
variedades expresan que nuestro país es puntero no sólo en el número de
turistas, sino también en las formas de hacer turismo. Sólo nos falta, y
no es poco, que estas variedades del turismo, que estas aportaciones se
expresen en aquellas zonas turísticas donde la desestacionalización es
necesaria.
Por parte de nuestro grupo hemos sugerido estrategias en relación con la
desestacionalización turística. Hemos sugerido que se elaboren análisis y
estudios específicos; que se potencie el turismo de la tercera edad; que
se impulse el mercado interior del propio país, pero también de la propia
comunidad autónoma; que se refuerce la puesta en valor de
infraestructuras públicas, instalaciones municipales, medioambientales,
culturales, deportivas, de congresos, de suelo público para nuevos
productos, etcétera; que se potencien y dinamicen las zonas turísticas
con programas de invierno, patrocinios o líneas de apoyo a nuevas
actuaciones o edición de material diversificador, y que se aprovechen en
estos momentos, en que las líneas de low cost cada vez son más
importantes, estas nuevas oportunidades logísticas.
También hemos propuesto que se desarrolle el turismo directo vía Internet;
que se mejore la formación de directivos y trabajadores en los diferentes
segmentos; que se creen incentivos económicos, fiscales y laborales
específicamente dirigidos a la desestacionalización turística; y, lo que
es muy importante, que se coordinen actuaciones entre las diversas
administraciones, instituciones y agentes económicos y sociales.
En definitiva, señorías, creo que esta ponencia no solo ha recogido
información e importantes opiniones de las primeras figuras del turismo
español, sino que, con esa información, con esos datos y esas
consideraciones hemos sido capaces de llegar a unas conclusiones que
pueden ser un claro punto de referencia para todos aquellos, y debemos
ser muchos, que queremos hacer de la desestacionalización turística uno
de los objetivos económicos de nuestro país.
Solo me resta reconocer y agradecer una vez más la intervención de todos
los grupos y su predisposición para que esta ponencia se pudiera llevar
adelante, y desear que no se quede aquí, sino que todas las
administraciones públicas tomen buena nota y que los agentes turísticos,
que son muchos en nuestro país, se impliquen también en las
consideraciones que todos los grupos hemos sido capaces de formular de
forma consensuada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
¿Acuerda la Cámara aprobar el informe por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y veinticinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
-- DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO
DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (S. 621/000112) (C.D.
121/000095).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. De la Comisión de Administraciones Públicas en
relación con el proyecto de ley de contratos del sector público.
¿Para la presentación del dictamen? (Pausa.) No hay presentación del
dictamen.
¿Debate de totalidad? (Pausa.) No hay debate de totalidad.
Pasamos, señorías, a debatir las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas
de Convergència i Unió. El señor Casas me está pidiendo ansiosamente la
palabra.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente. Ansias a esta hora
nunca tengo, le aseguro que después de comer no (Risas.)
El entusiasmo es tal que voy a retirar todas las enmiendas excepto la 96,
que someteré a votación. El motivo es que en el trámite de esta ley en el
Congreso nuestro grupo llegó a un alto consenso con el grupo mayoritario;
en comisión hubo una transacción que también satisfizo los deseos de mi
grupo parlamentario y nos queda solamente interés por la enmienda 96, por
lo tanto es la única que dejaré para votación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Presidente, gracias. Buenas tardes a
todos.
Que conste que la poca afluencia de senadores hoy en esta Cámara no
desvirtúa en modo alguno la importancia que tiene realmente este proyecto
de ley, no tanto exclusivamente por el fondo del asunto, sino porque,
efectivamente -y tengo que reconocerlo como cuestión primera-, se han
intentado acercar posturas para un consenso, con independencia de que
este se lograra o no.
Además de todo ello, porque a lo mejor luego no tengo la oportunidad,
también quiero agradecer en este caso la labor del letrado porque, aunque
efectivamente siempre está a nuestra disposición, en una ley tan
complicada como esta, con humildad y con eficacia ha sabido poner algunos
puntos sobre las íes en cuestiones que a lo mejor son de mero trámite
pero que son importantes para alguien como yo que tiene que defender una
enmiendas muy concretas a este proyecto de ley.
En concreto son siete enmiendas, no vamos a retirar ninguna de ellas y voy
a pasar a defenderlas en dos bloques. La primera, la enmienda número 1,
afecta al artículo 57 y se refiere a la competencia para la clasificación
de las empresas contratantes y el ámbito de validez de las
clasificaciones de los registros de licitadores de las comunidades
autónomas. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresa se
adoptarán, según lo que dice el artículo 57 del proyecto, por las
comisiones clasificadores de la junta consultiva de contratación con
eficacia general frente a todos los órganos de contratación. Nuestra
enmienda lo que pretende sencillamente es que además de esta junta
consultiva estatal se incorporen los órganos equivalentes de las
comunidades autónomas, ya que además de existir un título competencial
suficiente las reglas y criterios que utilizan los registros oficiales de
estas comunidades autónomas son exactamente los mismos que las que
utiliza el registro oficial de licitadores y empresas clasificadores del
Estado, que tiene ámbito general. Además, es un imperativo legal que no
cuestionamos, lo que comentamos es que si las reglas son las mismas para
todos, evidentemente, todos, sus equivalentes también en las comunidades
autónomas, tienen que tener y desplegar la misma eficacia que la junta
consultiva de carácter general. Por poner un ejemplo, señalaré algo
primario tal vez pero muy gráfico: nadie entendería en esta Cámara ni
tampoco fuera de ella que un título universitario, por ejemplo, no fuera
válido fuera de la comunidad autónoma en que está ubicada la universidad
que lo expide; o que un vehículo que pasara la ITV dependiente de una
determinada comunidad autónoma, por ejemplo, solamente pudiera circular
por esa comunidad y no pudiera hacerlo por el resto del Estado.
Entendemos que la redacción propuesta en este proyecto de ley hace que las
comunidades autónomas pierdan esta competencia que hoy por hoy tienen. De
ahí que, además de considerar que la previsión del proyecto de ley no se
compadece en modo alguno con el juego competencial entre Estado y
comunidades autónomas, entendamos que es sencillamente un error. Y como
propuesta alternativa a esta presentamos la enmienda número 2, que en
lugar de ser una enmienda de máximos, participando de esta misma
filosofía, lo que hace es proponer que se mantenga la misma redacción del
actual artículo 34.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas vigente, y como complemento necesario de esta enmienda
presentamos la número 5, que conocen y saben ustedes cuál es su
justificación -es muy clarita y figura en el boletín correspondiente de
esta Cámara.
El nudo gordiano de nuestra filosofía, sin embargo, radica en la enmienda
número 3, que afecta al artículo 130 del proyecto de ley, que no busca
otra cosa que lograr una real utilización de la contratación electrónica.
Complementarias a la enmienda número 3, hemos presentado las números 4, 6
y 7, que doy por defendidas en sus propios términos. No obstante, voy a
procurar hacer una defensa general de nuestra filosofía respecto de las
enmiendas que les acabo de comentar.
Este proyecto de ley que nos ocupa lo que pretende es incentivar la
utilización de los medios electrónicos en la contratación administrativa.
Así lo señala clara y taxativamente, de forma contundente, la propia
exposición de motivos, que no voy a leer expresamente porque ya la
conocen ustedes y en aras de la brevedad.
Hay una declaración de principios rotunda y contundente pero que de nada
vale por sí sola, salvo que se vea acompañada de una serie de medidas de
regulación de derecho positivo en la propia ley. Y en este aspecto lo que
señalamos es que este proyecto de ley peca por defecto, se queda
incomprensiblemente corto y además no sabe aprovechar una serie de
instrumentos que ya existen, que ya funcionan y que han demostrado su
eficacia, y su no utilización o derogación -entre comillas- supone una
perfecta involución de lo que ya funciona y existe.
Nuestra actual normativa de contratos, la ley actualmente vigente, solo
admite la licitación electrónica entre los contratistas que estén
inscritos en los registros oficiales de contratistas, lo cual es
compartido también por este proyecto de ley que nos ocupa.
A mi entender, aunque en principio parece que este proyecto de ley dibuja
la solución, lo que hace es confundirla con el problema. La disposición
adicional 19.1, j) en su actual redacción confunde el problema con la
solución. ¿Por qué lo digo? Porque la acción por la que se decanta el
proyecto de ley difícilmente respeta la no discriminación en la
utilización de los medios de comunicación electrónicos del artículo 42.4
de la directiva europea, que ha sido uno de los impulsos por los cuales
existe hoy esta modificación legislativa que nos ocupa, ya que una
empresa que previamente al anuncio de la licitación no esté registrada es
virtualmente imposible que en el periodo de presentación de ofertas sea
inscrita. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasa con las uniones temporales de
empresas? ¿Cómo inscribimos en un registro oficial de contratistas a unas
personas jurídicas que todavía no han nacido y que nacen precisamente
porque quieren ejecutar o van a ser las adjudicatarias de la obra que
sale a licitación? ¿O es que estamos diciendo que no vamos a permitir
licitar electrónicamente a las UTE?
La salida de esta encrucijada pasa por conciliar la posibilidad de exigir
la realización de licitaciones electrónicas a todos los licitadores,
estén inscritos o no, aprovechando -como decía antes- la instauración por
el proyecto de ley de dos fases diferenciadas en la adjudicación -lo cual
es una novedad de ese proyecto de ley-, bajo dos ineludibles condiciones:
primera, que los licitadores que no estén inscritos en el correspondiente
registro puedan afir-
mar todas las circunstancias necesarias para contratar, y no solo algunas
-como dice el proyecto-, en fase de adjudicación provisional, vía
electrónica.
La segunda condición, que sean solo los licitadores que resulten
propuestos adjudicatarios aquellos que, efectivamente, tras la apertura
de ofertas y su valoración, sean quienes acrediten fehacientemente dichas
circunstancias y evidentemente siempre antes de la adjudicación
definitiva.
Esa es la finalidad, muy esquematizada, y no entiendo cómo es posible la
cerrazón, la negativa del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista
en ese sentido, más aún cuando entra en contradicción con la rotunda
declaración de principios de la exposición de motivos del proyecto de
ley, y además no casa en absoluto con lo que hemos debatido, consensuado
y defendido todos los grupos en la propia Ley Reguladora de la
Administración electrónica, recientemente aprobada.
Remover estos obstáculos, señorías, es únicamente una cuestión de
voluntad, de coherencia, y recibir un no por respuesta a nuestras
enmiendas dificulta sobremanera nuestra adhesión incondicional al
proyecto de ley que nos ocupa, que, por otro lado -tengo que admitirlo,
lo he dicho al principio-, contiene un buen número de medidas
técnico-jurídicas muy positivas no referidas solo a la contratación
electrónica, que valoramos muy positivamente.
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Termino, señor presidente.
Espero, señorías -y termino- que estemos aún a tiempo de acercar posturas,
muy especialmente al Grupo Parlamentario Socialista, sin desmerecer en
modo alguno la actitud del resto de los grupos parlamentarios de esta
Cámara.
Gracias por su atención, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el
señor Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo, brevemente, para defender las enmiendas que aún mantenemos
vivas en este proceso. Globalmente, quiero indicar desde el principio que
este proyecto de ley de contratos del sector público cuenta con una
visión positiva por parte de nuestro grupo parlamentario porque en el
proceso de trabajo, no solo hemos transpuesto las obligaciones que
teníamos respecto a la directiva comunitaria 2004/18, sino que hemos ido
más allá y hemos sido ambiciosos al realizar importantes adaptaciones en
este proyecto de ley que introducen aspectos sobre la contratación
pública vinculados, por ejemplo, a cuestiones sociales y
medioambientales, como condiciones especiales o como criterios para
adaptarse a los nuevos requerimientos éticos y sociales. También se habla
de nuevas formas de diálogo competitivo entre la Administración y las
empresas que van a ser contratadas; de regulación de nuevas técnicas,
como acuerdos marco o centrales de compras, y de la aparición, como no
podía ser de otra forma, del mundo telemático, informático y electrónico
en todos los procesos de contratación. Por tanto, pensamos que estamos
ante un proyecto de ley que moderniza lo que tienen que ser los contratos
del sector público, que quedan a la altura de las circunstancias de una
sociedad moderna y adaptada a las nuevas condiciones en las que nos
encontramos.
He de decir que, en un principio, mi grupo presentó un total de 53
enmiendas, que ya en comisión retiramos buena parte y que, finalmente, 22
de ellas han llegado vivas al debate plenario de hoy, y vamos a
mantenerlas. De estas 22 enmiendas vamos a pedir la votación separada de
la enmienda número 74.
Paso brevemente a describir algunos aspectos. En primer lugar, la enmienda
74 resulta importante para que el proyecto de ley quede tal cual se
inició en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Ustedes saben
que en la tramitación llevada a cabo en el Congreso de los Diputados hubo
una modificación en ese aspecto que nuestro grupo no considera positiva.
La enmienda es muy sencilla, y voy a leerla textualmente. Dice así: «No
podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo temporal
salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter
eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios
análogos». Por tanto, no estamos pidiendo nada revolucionario, tan solo
que la relación de los contratos públicos con las empresas de trabajo
temporal quede tal cual figura hoy en la legislación vigente.
Como no queremos ninguna modificación en este aspecto, no podemos estar de
acuerdo en abrir nuevas puertas para que las empresas de trabajo
temporal, poco a poco, se vayan adueñando de parcelas importantes de la
Administración pública. Defendemos con fuerza esta enmienda para que
queden las cosas tal y como están, porque pensamos que es mucho más
positivo.
Respecto al resto de enmiendas, he de decir que corresponden a diversas
peticiones, contactos y diálogos que nuestro grupo ha establecido con
entidades importantes. Por ejemplo, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local, COSITAL, la Unión General de Trabajadores, la UGT, la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo, o el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad, CERMI. Cada una de estas entidades, de una u
otra forma y en uno u otro aspecto, han dado apoyo a algunas de las
enmiendas que mi grupo sigue defendiendo y que, repito, están vivas.
En ellas hablamos de límites a la subcontratación en la Administración
pública, de ajustar aún mejor los criterios de contratación a parámetros
sociales o medioambientales, de ajustar también la definición de comercio
justo a los contenidos reales de ese concepto, de la reserva de contratos
públicos para empresas que ocupan a sectores víctimas de la exclusión
social y, finalmente, de la discriminación positiva para facilitar la
contratación de discapa-
citados en aquellas empresas que cuentan con discapacitados en sus
plantillas. Por lo tanto, también vamos a defender esas enmiendas.
Finalmente, hacemos un último requerimiento. Nuestras enmiendas números 61
y 64 fueron aprobadas en comisión y vamos seguir manteniéndolas porque
pensamos que son dos enmiendas justas. En su momento ya se discutieron y
no voy a repetir el debate mantenido en este Pleno con motivo del
Estatuto del Empleado Público, pero siempre hemos pensado que reforzar la
garantía de trasparencia y profesionalidad que nos dan los secretarios,
tesoreros o interventores en los ayuntamientos es la mejor manera para
garantizar que los contratos públicos sean eso: trasparentes y plenamente
garantizados con un cuerpo de funcionarios que ninguno de nosotros puede
poner en duda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Redondo.
La señora REDONDO DE LUCAS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado a la
disposición adicional segunda cuatro enmiendas, en el mismo sentido y con
la misma justificación.
Las tres primeras, las números 61, 62 y 63 hacen referencia a que en los
municipios de gran población fuese el titular del órgano de apoyo a la
Junta de Gobierno el que emitiese los informes jurídicos en los supuestos
recogidos en los apartados 7,8 y 9 de la citada disposición. Y la última,
la número 64, pretende que el titular del órgano de apoyo fuese vocal de
la mesa de contratación. Y se han aprobado las números 61 y 64, lo que
supone romper con la unidad de criterio que planteaban las cuatro
enmiendas.
Su justificación se basaba en la adecuación a lo dispuesto en la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
Gobierno local, sin embargo, el resultado práctico ha sido el contrario.
Precisamente esta ley, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, para introducir un nuevo
régimen de organización de los municipios de gran población, en el Título
X, es la que da una nueva configuración a las funciones que los
habilitados estatales desempeñan en este tipo de municipios.
El titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno no tiene ninguna
función de asesoramiento, pues quien asume estas funciones es el titular
de la asesoría jurídica, que no tiene por qué ser obligatoriamente un
habilitado estatal; concretamente, en materia de contratación, en la
disposición adicional octava, apartado e), se establece específicamente
que las funciones que la legislación sobre contratos de las
administraciones públicas asignan a los secretarios de los ayuntamientos
corresponderán al titular de la asesoría jurídica, salvo las de
formalización de los contratos en documento administrativo.
Se considera que de la aprobación de las enmiendas números 61 y 64 se
derivan diversas consecuencias: primera, supone una ruptura del modelo de
organización y de atribución de funciones entre órganos, específicamente
entre el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno y el titular
de la asesoría jurídica, establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, en su redacción dada por la
Ley 57/2003, de medidas de modernización del Gobierno local. Se realiza
implícitamente una modificación de la disposición adicional octava de la
Ley 7/1985, de bases de régimen local a través de la nueva redacción a
los puntos 7 y 10 de la disposición adicional segunda del proyecto de ley
de contratos de sector público, por tratarse de una ley posterior. Por
tanto, a través de una ley sectorial, en cuanto que regula
específicamente la materia de contratación, se estaría modificando una
cuestión de atribución de funciones entre órganos de un municipio, lo que
constituye propiamente materia de régimen local. Tercera, no se clarifica
ningún criterio, puesto que lo que hace es intercalar, anteponiendo al
titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno para emitir informes
antes de la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas
-disposición adicional segunda número 7-, para continuar con «... o en su
caso del titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico de la Corporación».
No se llega a comprender cuál puede ser la razón que fundamente que en la
aprobación de los pliegos de prescripciones se pida informe al titular
del órgano de apoyo a la junta, figura no concebida para realizar ningún
tipo de asesoramiento jurídico, anteponiéndolo al titular de la asesoría
jurídica que, como su propio nombre indica, tiene como función asesorar
jurídica y específicamente en materia de contratación, -disposición
adicional octava de la Ley 7/1985-, y plantea al mismo tiempo dudas la
expresión «o en su caso al titular».
En este supuesto del apartado 7 informa el titular del órgano de apoyo a
la Junta; sin embargo, en los dos recogidos en la disposición adicional
segunda, puntos 8 y 9 del proyecto de ley de contratos, queda igual, al
no aprobarse las enmiendas números 62 y 63; por tanto, informa el titular
de la asesoría jurídica, estableciendo una diferenciación de criterios.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista defiende este voto
particular, y solicita la vuelta al texto remitido por el Congreso,
modificado por las enmiendas números 61 y 64 del Grupo Palamentario
Entesa Catalana de Progrés.
Gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Vázquez.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Gracias, señor presidente.
Paso a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al proyecto
de ley que hoy debatimos.
De las 16 enmiendas que presentó mi grupo parlamentario, mantenemos 15,
pues hubo una transacción en comisión sobre una de ellas.
Mi grupo parlamentario ha presentado diversos bloques de enmiendas. El
primero de ellos se compone de tres enmiendas, las números 8, 9 y 10, que
son puramente técnicas. Otro grupo de enmiendas, como las números 11, 20
y 23, pretende armonizar esta ley con otras leyes.
Consideramos que este proyecto de ley es demasiado reglamentista en
algunos aspectos, y pensamos que algunos de sus apartados se deben
descargar de contenido, lo cual se refleja en las enmiendas números 12,
13, 14 y 15.
Con las enmiendas números 18 y 19 intentamos reducir la arbitrariedad de
algunos de los órganos que contempla esta ley, como ocurre con el órgano
de contratación. Asimismo el artículo más controvertido y que ha
suscitado la presentación de más enmiendas en todo el debate
parlamentario, y sobre todo en el Congreso de los Diputados, es el
artículo 210 sobre la subcontratación, al que hemos presentado las
enmiendas números 21 y 22; pero, además, hemos presentado otra enmienda
para aclarar algunas cuestiones relativas a las empresas de servicios.
Como decía, la enmienda número 8 es puramente técnica y pretende
introducir una palabra en el índice, al igual que sucede con la número 9
al título del artículo 2, en el que se incluye la palabra «objetivo» al
ámbito de aplicación de la ley, y con la número 10 al artículo 3, en cuyo
título se añade al ámbito subjetivo la palabra «aplicación». Pero no me
voy a entretener más en estas tres enmiendas técnicas, no porque no
redunden en el fondo del asunto, sino porque con ellas se intenta
mejorar, como digo, la técnica legislativa.
La enmienda número 11 al artículo 29 hace referencia a cuestiones nuevas.
Con ello quiero decir que ni esta enmienda ni las cuatro anteriores
fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de
los Diputados, y por tanto, merecen alguna explicación más.
Como digo, la enmienda número 11 al artículo 29 hace referencia a la
remisión de contratos al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización
correspondiente en las comunidades autónomas donde existiera. La ley en
general -no me refiero a este proyecto de ley en concreto- establece dos
vías no alternativas para conocer los contratos sometidos a fiscalización
por estos tribunales de cuentas. Por una parte, la que obliga, según el
artículo 57 de este proyecto de ley, a remitir los documentos de
formalización y un extracto del expediente completo de los contratos
superiores a determinada cuantía, que no voy detallar ahora porque se
recogen en dicho artículo. Por otra, la obligación legal recogida en el
artículo 40 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas que
dispone que se remita anualmente una relación de los contratos celebrados
por las diferentes administraciones a través de sus órganos de
contratación.
Consecuencia de esta disfuncionalidad, que ya existía en la Ley de
contratos hoy vigente, fue la aprobación de una instrucción, en mayo de
2005, del Tribunal de Cuentas, en la que se pretendía armonizar ambos
preceptos legales. Hoy existía la oportunidad de hacerlo a través de este
proyecto de ley, cosa que no ha sucedido en el texto que debatimos en
este momento en el Pleno del Senado. Esta enmienda nueva que nosotros
introducimos lo es de armonización de estos dos textos legales. El
problema continuaría respecto a los órganos de control externo que tienen
las comunidades autónomas. Por ello, sería conveniente, tal y como
nosotros proponemos, que el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector
Público se refiriera exclusivamente a la obligación genérica de remitir
una relación de contratos. Por lo tanto, tal y como expone el tenor
literal de nuestra enmienda, pretendemos que, dentro del mes de enero
siguiente a la finalización del ejercicio, únicamente se remita al
Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización correspondiente de la
comunidad autónoma una relación certificada de todos los contratos de
cuantía superior a la establecida para los contratos menores celebrados
durante el ejercicio, y así dejamos todos los números aparte. Además, el
segundo apartado de este artículo hace referencia a los tribunales
fiscalizadores de las comunidades autónomas.
Rápidamente, porque el tiempo corre, voy a intentar hacer referencia al
resto de las enmiendas que mantenemos vivas. La enmienda número 12, al
artículo 49.2.e), hace referencia a la prohibición de contratar. Nosotros
creemos que debe suprimirse la letra e) de este artículo, letra que
convierte al órgano de contratación en juez y parte a la hora de
determinar cuáles son las empresas o los posibles adjudicatarios que
quedan aparte. Además, se produce una deslegalización de los tipos de
infracciones legales que no le corresponde hacer a una ley de este tipo,
sino que, lógicamente, dichas circunstancias deben estar contenidas en la
ley, y también tiene lugar una arbitrariedad en la actuación del órgano
de contratación.
La enmienda número 13, referida al artículo 50.3, es consecuencia de la
anterior, en la cual también pedimos que se suprima la letra e), a la que
me he referido anteriormente, para dejar claras las facultades de los
órganos de contratación.
La enmienda número 14 hace referencia al artículo 59.4. A nuestro juicio,
dicho artículo establece un intervencionismo prohibitivo y exagerado por
parte de la ley. Nosotros consideramos que debe suprimirse la
comunicación por parte de las empresas. Por lo tanto, creemos que se debe
omitir la comunicación de prohibición. No comunicar esa circunstancia,
circunstancia que es pública, no debe significar una prohibición
automática y una exclusión por parte de la mesa de contratación, porque,
además, limita las condiciones del mercado.
La enmienda número 15 hace referencia al precio. Consideramos que es una
enmienda que mejora la redacción porque es más sencilla. Se refiere
únicamente a que los contratos del sector público tendrán siempre un
precio cierto expresado en euros. Esto que parece una perogrullada no se
establece así en el texto puesto que existen una serie de salvedades que
dicen: «...sin perjuicio del pago de otras contraprestaciones...»
Nosotros creemos que sobra este añadido que tuvo lugar en la Ponencia del
Congreso y
que genera dudas en lo que se refiere al artículo que estamos tratando, en
este caso, el artículo 75.1 referente al precio en los contratos.
La enmienda número 16 hace referencia a las empresas de servicios.
Nosotros queremos que se concrete lo establecido en el artículo 108.2 a
través de la adición de algunas frases. Así, en las propuestas de las
empresas licitadoras se debería especificar la empresa de servicios
responsable de la redacción del proyecto, así como la empresa responsable
de la ejecución de las obras, porque nada se dice al respecto en los
pliegos de contratación. Por lo tanto, esta sería una obligación de esas
empresas de servicio.
En la enmienda número 18, al artículo 136.2, se hace referencia a las
ofertas desproporcionadas, es decir, a lo que normalmente se llama la
regulación de lo que es conocido como baja temeraria. Nosotros creemos
que se deben especificar, pues la presentación a los órganos de
contratación de bajas temerarias se ha doblado en los últimos tiempos, lo
que muchas veces provoca que las obras empiecen pero no terminen o se
aplacen, o se hagan a través de complementarios, liquidaciones, etcétera.
A través de esta enmienda queremos que se establezca un mecanismo
automático que regule y dé rango legal a la exclusión de una empresa por
baja temeraria y que no se deje al albur de los órganos de contratación
respectivos.
La enmienda número 19, al artículo 147.3, que hace referencia a las
invitaciones a empresas, aporta más seguridad y menos arbitrariedad en el
órgano de contratación. Por eso pedimos que a lo ya establecido en el
apartado 3 se añada un párrafo que diga que, en cualquier caso, los
criterios de selección deberán referirse exclusivamente a aquellos que
acrediten experiencia del candidato en los trabajos similares y los que
pongan de manifiesto los recursos y capacidades de la compañía y su
dirección técnica en el caso de las invitaciones a empresas.
La enmienda número 20 se refiere a la compensación de deudas. Pretende la
adición de un apartado noveno en el artículo 200, y hace referencia, como
digo, a las deudas contractuales que se puedan ver compensadas. Esta
cuestión ya viene regulada en dos leyes y creemos que se debe introducir
en este texto legal. Precisamente el artículo 1.195 del Código Civil
establece como una de las formas de extinción de las obligaciones la
compensación de deudas, y la exposición de motivos de la Ley General
Presupuestaria ya admitió esta compensación de deudas. Por lo tanto,
creemos que se debe añadir a este texto legal a través de la enmienda que
hemos previsto.
Las enmiendas números 21 y 22 hacen referencia a la subcontratación. Hemos
hecho una redacción absolutamente distinta. Se establece un régimen
diferente, pero lo que queremos es, primero, que se dé conocimiento por
escrito a la Administración de este subcontrato; segundo, que exista una
aprobación expresa; y tercero, que no puedan exceder de un porcentaje que
se fije en las cláusulas administrativas. Nosotros creemos que se deben
acortar las rigideces y dejar fuera cuestiones imposibles que están
contenidas en el artículo 210, por lo que pensamos que de esta forma se
establece un régimen más adecuado y sin tanta rigidez en la
subcontratación.
La última enmienda, la número 23, se presenta a la disposición final
octava relativa al silencio administrativo, que, como todos sabemos, es
una prerrogativa de la Administración, pero no puede convertirse en una
carga para el administrado. Por lo tanto, queremos que en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado -como dice la
disposición- se adhiera un párrafo final que diga que deberá ser así y la
carga corresponderá al interesado salvo cuando la reclamación o solicitud
se refiera al cumplimiento de ejecución de los actos administrativos o de
derechos reconocidos de crédito, en cuyo caso deberá ser la
Administración la que responda.
Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra tiene la palabra la senadora Redondo.
La señora REDONDO DE LUCAS: Gracias, señor presidente.
La mayoría de las enmiendas que llegan vivas a este Pleno formaron parte
también del debate que se realizó en el Congreso, en el que se dictaminó
esta ley con amplio consenso, siendo aprobada por unanimidad en la
comisión correspondiente. Destaco esto porque se realizó un esfuerzo por
parte de todos los grupos al aceptarse o transaccionarse 155 enmiendas de
las 335 que se presentaron en total. Así pues, nuestro grupo sigue
manteniendo los mismos criterios sobre las enmiendas que no prosperaron
en su tramitación en la otra Cámara y que han vuelto a presentarse en el
Senado.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha defendido
siete enmiendas, de las cuales son nuevas las números 2 y 5. De las
demás, aparte de ser repetidas, se retiraron cuatro en comisión y la
número 6 fue transaccionada en ponencia.
Las enmiendas números 1, 2 y 5 abordan la cuestión de las competencias
para la clasificación de empresas. La clasificación supone un análisis
previo de solvencia, de validez general e indefinida, que sustituye a la
efectuada para cada licitación concreta por el órgano de contratación.
Correlativamente se elimina la posibilidad de extender los efectos de
clasificación.
En la enmienda número 3, referida al artículo 130, hemos de señalar que,
cuando proponemos la modificación del apartado 3 en contra de lo
expresado en la justificación, la solución incorporada en la enmienda
supone un claro retroceso en el uso de medios electrónicos. Por una parte
no tiene sentido inscribir en el registro de licitadores la declaración
responsable de no estar incursos en una prohibición de contratar y
otorgarle un valor probatorio. La acreditación de la no concurrencia de
una prohibición de contratar solo puede realizarse a través del registro
en el caso de las prohibiciones previstas en el artículo 50.4 en relación
con las cuales la inscripción registral es condición
esencial. En el resto de los casos la declaración responsable establece
una presunción de capacidad iuris tantum que, en el caso de la relativa a
estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, es, además, provisional por tener que completarse posteriormente
con la presentación de otros documentos. En particular, sobre la
acreditación de esta última circunstancia, ha de indicarse que inscribir
los certificados de estar al corriente en el pago de las obligaciones
referidas se considera un retroceso incompatible con las finalidades
perseguidas con la implantación de medios electrónicos y altamente
desaconsejable. Lo procedente es articular sistemas de consulta o
expedición de certificados en tiempo real, en línea con lo establecido
por el propio registro de licitadores, que permitan tener un conocimiento
actualizado de la situación real del licitador. (El señor Vicepresidente
Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)
La enmienda va en contra del esfuerzo realizado en el proyecto para
conseguir que en la contratación puedan tenerse en cuenta las
circunstancias realmente concurrentes en un sujeto en el momento en que
deba valorarse su capacidad. Luego propone la adición del apartado 4. No
se considera conveniente suprimir la exigencia de acreditación inicial de
los requisitos de capacidad debido a los graves inconvenientes que
supondría la intervención en el procedimiento de sujetos que no los
reúnan. En todo caso, la acreditación de estos requisitos se ve
facilitada a través del nuevo registro de licitadores y empresas
clasificadas. En consonancia con lo expuesto en la enmienda número 3,
rechazamos también la número 4.
Por último, en lo referido a la enmienda número 7, los datos que se
pretenden incluir -cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social- no deberían en rigor constar en el registro de
licitadores, sino obtenerse directamente de los organismos que los
poseen.
El Grupo Parlamentario Popular presentó en esta Cámara 16 enmiendas y ha
mantenido vivas 15, dado que la enmienda número 17 se transaccionó en
comisión junto con la número 81 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. Solo cuatro son nuevas: las número 8, 9,
10 y 11, que proponen cambios de rúbrica y redacción que no mejoran el
texto.
Con la enmienda número 12 se pretende suprimir la letra e) del apartado 2
del artículo 49, que trata sobre el incumplimiento de condiciones
especiales. No estamos de acuerdo ya que consiste en una previsión que
trata de garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales
esenciales de acuerdo con la configuración que hayan dado las partes a
éstas en el negocio jurídico.
Tampoco nos parece viable la enmienda número 13 referida al artículo 50.3
relativa a la competencia del Ministerio de Economía y Hacienda para
declarar la prohibición de contratar previo expediente incoado por la
junta consultiva de contratación. Pensamos que el sistema es
esencialmente el mismo que hay en la actualidad y se considera adecuado.
La enmienda número 14 suprime la omisión de comunicación como causa de
prohibición. Aparte de que la norma proviene de la Directiva 2004/18, la
conducta que justifica la previsión constituye una actuación gravemente
reprobable, que incide de forma directa en la transparencia y limpieza de
los procedimientos de contratación, afectando a la libre competencia.
Respecto de la enmienda número 15 he de manifestarle que la redacción es
fruto de una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso de los Diputados.
La redacción que se propone en la enmienda número 16 está en contradicción
con el sentido del contrato de proyecto y obra, cuya finalidad es
permitir la contratación conjunta de ambas prestaciones en un único
insturmento y con único empresario.
En relación con la enmienda número 18, que propone la modificación del
apartado 2 del artículo 136, no podemos apoyarla. El artículo 55 de la
Directiva 2004/18 enfoca el tratamiento de las ofertas anormalmente
bajas, excluyendo toda consideración a priori y haciendo destacar la
apreciación de la anormalidad de la oferta en las precisiones por escrito
que el licitador ofrezca a requerimiento del órgano de contratación que
dude de la viabilidad de las ofertas, con el contenido previsto en el
apartado 3 del artículo 136 del proyecto de ley. Los apartados 1 y 2 de
este artículo mantienen la tradición de la ordenación de la contratación
en España, permitiendo al Reglamento o al órgano de contratación -debe
entenderse que en función de las características de cada contrato-
anticipar unos valores que objetiven la presunción de desproporción en la
baja, sin perjuicio del procedimiento de audiencia al licitador previsto
en el apartado 3 del artículo, combinando así la estricta legalidad
comunitaria como una objetivación de la presunción de baja anormal -no
como pretende la enmienda- de la consideración directa de baja
desproporcionada, en función de unos valores matemáticos al margen del
análisis cualitativo que impone la directiva.
Tampoco sería admisible, dada la gran diversidad de contratos y los
diferentes escenarios en que operan los licitadores, establecer con
carácter general unos criterios que determinen en todos los supuestos o
independientemente de otros criterios relevantes como por ejemplo, el
plazo ofertado o la presunción de baja desproporcionada.
La enmienda número 19 se refiere a los criterios de selección del artículo
147.3, y vamos a rechazarla porque el precepto reproduce la directiva
2004/18. El apartado 1 remite expresamente a los criterios de solvencia
como base para realizar la selección de candidatos, identificándolos
técnicamente de forma más correcta.
La enmienda número 20, que plantea la adición de un nuevo apartado al
artículo 200, quebraría los principios básicos de disciplina
presupuestaria y de gestión de ingresos y gastos públicos, dejando en
manos del órgano de contratación tanto una recaudación indirecta de
impuestos como la determinación del montante que puede gastarse en un
determinado contrato.
La enmienda número 23 propone la modificación del apartado 2 de la
disposición final octava, añadiendo un inciso final. Le reseñamos que la
percepción de fondos
públicos está siempre sujeta a un acto expreso de disposición de los
mismos. Los derechos de los acreedores frente a retrasos quedan
suficientemente protegidos por el reconocimiento de intereses de demora.
No me he olvidado de las enmiendas números 21 y 22, que me sirven para
enlazar con las números 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, presentadas por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, relativas a la cautela y
límites de subcontratación. Mi grupo parlamentario considera que el texto
introduce las cautelas necesarias inherentes para garantizar que cuando
se produzca la subcontratación en ningún momento suponga un menoscabo de
los intereses generales en presencia y de la responsabilidad que ha de
tener siempre el contratante; y, en relación con el contratante, se
garantizan las responsabilidades administrativas en aras de la buena
ejecución de los servicios públicos o de la obra pública.
De las 53 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés en esta Cámara, se mantienen vivas 22, de las cuales, sólo
tres son de nueva cuña. Ya me he referido a la número 51 relativa a la
subcontración; la número 66 se retiró en comisión y la número 74 propone
la vuelta al texto de la disposición adicional quinta.1 del proyecto de
ley, que permite que, sobre las bases de la limitación de las
administraciones y organismos públicos de recurrir a empresas de trabajo
temporal ,sea el diálogo social de los empleados públicos el que
autónomamente determine en qué supuestos y bajo qué garantías dicha
previsión puede o no ser modificada.
El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta enmienda, lo que
significa el rechazo de la enmienda número 96, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que, por otro lado, es la
única que este grupo parlamentario ha mantenido viva al retirar las
demás.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la
palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario sólo ha mantenido viva una enmienda para este
Pleno, y ha transaccionado una en el trámite de Comisión, porque en el
trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados presentó más de 100
enmiendas al conjunto del proyecto de ley.
Durante la tramitación de dicho proyecto en el Congreso, llegamos a un
acuerdo en prácticamente la totalidad de nuestros planteamientos, con lo
cual en esta Cámara hemos presentado menos enmiendas. Los asuntos más
relevantes fueron incluidos a través de enmiendas y transacciones en el
trámite en el Congreso de los Diputados, y, fundamentalmente, se resolvía
el problema relativo al carácter básico de muchos artículos de la ley,
que podía poner en contradicción las competencias que en estas materias
debería tener el Gobierno de la Generalitat; en cualquier caso,
respetamos la configuración del Estado de las Autonomías. Esto se
resolvió prácticamente en el trámite del Congreso, y otros temas
puntuales de la ley -por cierto, muy extensa y compleja- también fueron
pactados y consensuados en el Congreso.
La única enmienda nuestra que queda viva hace referencia a la posibilidad
de que las administraciones públicas contraten por medio de empresas de
trabajo temporal. No obstante, repito que, sea cual sea la suerte de esta
enmienda, votaremos a favor del proyecto de ley, como hicimos en el
Congreso, lo que ha motivado que retiráramos las demás enmiendas, porque
las enmiendas no podían prosperar, además de que nuestras posiciones
habían quedado incluidas en la ley durante el trámite parlamentario. Ha
quedado viva esta, que nos parece interesante, pero, sea cual sea el
resultado de la enmienda, insisto, nuestro voto será favorable al
proyecto de ley como les he dicho.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Señorías, como aspecto ineludible, el ajuste a los requerimientos de los
títulos competenciales previstos en nuestro ordenamiento jurídico es la
cuestión -con mayúscula, diría yo- que esta portavoz y su grupo
parlamentario suelen analizar como básica a la hora de valorar la
oportunidad y la idoneidad de toda iniciativa legislativa que se debata
en esta Cámara. Ese ha sido el caso también del proyecto de ley que nos
ocupa.
Si bien al inicio de su periplo parlamentario, invocando -como se
invocaba- el concepto casi sacramentado de la unidad del mercado, parecía
que el proyecto de ley iba a discurrir por la senda equivocada de hacer
básicos preceptos que por su propia naturaleza no lo son, he de reconocer
-y así lo hago- que esta conducta preventiva -entre comillas- ha ido
reconduciéndose, y el texto que ha remitido a esta Cámara el Congreso de
los Diputados es, desde esta perspectiva al menos, bastante aceptable,
aunque solo digo bastante. Digo esto porque hay una cuestión que ya he
tenido oportunidad de señalar e identificar en el turno de defensa de
nuestras enmiendas que consideramos muy importante y que,
lamentablemente, no se ha resuelto satisfactoriamente. A esta cuestión me
voy a referir casi con detalle para concluir la valoración que mi grupo
parlamentario ha hecho del proyecto: la utilización de los medios
electrónicos, telemáticos e informáticos en la contratación pública; un
objetivo que, además, se repite constantemente en todas las decisiones
que la Unión Europea ha ido tomando sobre la materia, siendo además la
normativa comunitaria referente obligado también para nuestra legislación
en materia de contratación pública.
En este contexto, y admitiendo que el proyecto no se constriñe puramente a
la trasposición de determinadas directrices comunitarias, sino que es de
todos y conocido que además adopta un planteamiento de reforma global de
la normativa sobre contratación pública, voy a pasar a analizar y a
valorar el contenido de la iniciativa en el aspecto que más ocupa y
preocupa al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Lo
primero que debo señalar es que, al optar este proyecto de ley por la
plena inserción de los medios electrónicos en el ámbito de la
contratación pública, simplemente hace lo que tiene que hacer. Estamos
ante una necesidad ineludible, ante una exigencia de los nuevos tiempos
que corren y, además, estamos ante una obligación para la Administración
pública, hablando en términos de eficacia y también de racionalidad de la
gestión del dinero público. Hay muchas medidas que podemos subrayar
positivamente y que podría desgranar, pero en aras de la brevedad no lo
voy a hacer porque, al fin y al cabo, solo haría una relación de
determinados artículos que constan en derecho positivo en el proyecto de
ley que ocupa. Así que los daré por sabidos por todas sus señorías.
En cualquier caso, sí tengo que decir que, cuando la exposición de motivos
de esta ley dice expresamente lo siguiente, -no es en absoluto baladí-
que asume las nuevas tendencias a favor de la desmaterialización de los
procedimientos, optando por la plena -y lo pongo en mayúsculas- inserción
de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la
contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las
relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos,
una teoría, desde luego, bastante complicada. Y, no obstante, a pesar de
todo lo que he dicho, entiendo que la regulación, en este punto al menos,
se queda corta, es poco ambiciosa y, en ocasiones, aunque parezca una
paradoja, deshace un camino previamente andado, que ha demostrado además
su eficacia con creces.
De manera que, como primera conclusión, he de manifestar que el proyecto
de ley avanza correctamente en pro de la contratación pública
electrónica, contiene previsiones interesantes y mejora la situación de
la vigente Ley de contratos de las administraciones públicas, pero, al
mismo tiempo, se achanta, se avergüenza, mira hacia atrás ante el
verdadero reto que debe enfrentar, que no es otro, señorías, que el que
manifiesta la exposición de motivos: conseguir un nivel razonable de
utilización de la licitación electrónica por parte de los contratistas,
lo que es un deber y una obligación muy especialmente de la
administración pues es la que tiene que abrir las posibilidades,
implementar cuantas medidas e instrumentos sean factibles y facilitar así
el acceso al universo de la contratación electrónica a los contratistas,
evitando además que el procedimiento electrónico sea una simple copia, un
calco del procedimiento en papel. Y derivada de esta primera hay una
segunda conclusión, que es precisamente donde el proyecto de ley
entendemos que incurre en una serie de contradicciones, que a nuestro
entender, no solo se pueden sino que se debieran corregir. Procurar
hacerlo ha sido el motivo último de nuestras enmiendas, cuya
justificación ustedes ya conocen, por lo que no la voy a reproducir, y al
tenor de lo expuesto en su momento me remito.
Como última conclusión -y ya termino-, a pesar de la postura crítica, que
lo es, y de nuestra manifiesta impotencia -tengo que expresarlo así- ante
la cerrada negativa del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista a
avanzar un paso más en la dirección ya profusamente apuntada por esta
portavoz -y desde luego eso no nos hace perder la perspectiva o
procuraremos en cualquier caso no hacerlo-, debo reconocer lo que de
positivo tiene en su conjunto esa nueva Ley de Contratos del Sector
Público. Poniendo en esa balanza lo uno frente a lo otro, nuestro grupo
se va a decantar por votar a favor del proyecto de ley desde el
compromiso y la responsabilidad, en la medida en que nos toque y a quien
nos toque, de procurar que en un momento posterior estas deficiencias,
contradicciones e incorrecciones puedan ser definitivamente subsanadas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría
Por el Grupo de Entesa tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Gracias, señor presidente.
Seré muy breve porque en el turno de enmiendas ya me he referido a los
aspectos positivos del conjunto de la ley. Por eso, mi grupo,
independientemente de la suerte que tengamos con las enmiendas que hemos
presentado, vamos a votar a favor de la misma. Solo quiero recordar un
par de datos en una escueta intervención.
En primer lugar, recientemente hemos aprobado ya en Comisión la ley de
procedimientos de contratación de los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales. Por tanto, ya hemos hecho un
trabajo previo importante en comisión con otra ley que realmente
complementa la regulación de servicios públicos fundamentales, aunque no
son estos hoy objeto de discusión.
Para dar un dato y hacerlo constar, porque creo que es importante, diré
que, según un estudio de la Comisión Europea en el año 2002, el conjunto
de la contratación pública en nuestro país llegó al 13,02 por ciento del
producto interior bruto en España. Por tanto, estamos hablando de un
volumen de contratación importantísima para la economía española que
afecta de forma directa a la competitividad de las empresas y, cómo no, a
la eficacia que las administraciones públicas deben mantener con sus
ciudadanos.
La ley intenta un equilibrio a veces complejo, que es el de compatibilizar
la facilidad y la agilidad en la obtención de objetivos por el bien de
los ciudadanos a los cuales representamos con garantías públicas de
transparencia y de escrupuloso respeto a los criterios de protección
social y medioambiental, rechazando y dificultando -con nuestras
enmiendas procurábamos profundizar en ese aspecto- las malas prácticas
empresariales en estos campos. Asimismo, he de decir que la
Administración
pública, de forma directa y a través de sus contratos en este caso, debe
ser ejemplo de integración de aquellos colectivos amenazados por
exclusión social.
Por tanto, esta ley es un paso positivo, un paso adelante y, por ello, va
a contar con el voto positivo de nuestra formación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Rodríguez en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, en primer lugar me gustaría comenzar dando
las gracias a todos y cada uno de los grupos que estamos participando en
este debate, porque, en definitiva, y como no podría ser de otra manera,
después de determinadas actitudes críticas lo que sí parece que hay es un
pronunciamiento unánimemente favorable a esta ley.
El proyecto de ley de contratos del sector público que hoy vamos a someter
a votación en este Pleno es muy importante porque a través de él se
incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, en primer lugar, la Directiva
2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004,
sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras de suministro y de servicios. Pero también, y
se ha dicho por alguno de los intervinientes anteriores, es una ley
ambiciosa porque, además de transponer, adopta un planteamiento de
reforma global e introduce modificaciones que tratan de dar solución a
ciertos problemas que la experiencia -que muchos conocemos por práctica
habitual- de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha ido
poniendo de relieve. Igualmente, se ha comentado en este Pleno que es una
ley importante porque, como decía uno de los comparecientes en la
Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados y,
además, se establece en la memoria económica de la ley, afecta al 13 por
ciento del producto interior bruto español, en un sector con gran
cantidad de empleo y que produce un efecto acelerador sobre la economía.
Por otro lado, es importante decirlo, nosotros estamos convencidos de que
es una ley que respeta adecuadamente la distribución constitucional de
competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades
locales. En definitiva, señoría, es una ley que moderniza y simplifica la
contratación pública.
Me gustaría destacar que las principales innovaciones provenientes de la
directiva y que de manera clara se condensan en la exposición de motivos
de la ley son: una, previsión de mecanismos que permiten introducir en la
contratación pública -ya se ha señalado aquí- consideraciones de tipo
social y medioambiental. Dos, articulación de un nuevo procedimiento de
adjudicación mediante lo que se ha venido en llamar el diálogo
competitivo. Tres, regulación de diversas técnicas para racionalizar las
adquisiciones de bienes y servicios mediante acuerdos marco, sistemas
dinámicos de adquisición y centrales de compra. Cuatro, inserción, como
no podría ser de otra manera en los tiempos que corren, de los medios
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación
pública. Y cinco, y muy importante, se articula un nuevo recurso
administrativo especial en materia de contratación.
Señorías, me gustaría destacar que esta ha sido una ley en cuyo proceso,
que ha sido largo, ha habido un gran consenso. Consenso que se ha
demostrado por la cantidad de enmiendas que se han transaccionado en el
Congreso de los Diputados y que se han admitido a lo largo del
procedimiento. Consenso que se ha demostrado por el voto unánime que se
consiguió en la comisión del Congreso de los Diputados, por el voto
unánime que se consiguió el otro día en la Comisión de Administraciones
Públicas del Senado y por el voto unánime que espero conseguir hoy en el
Pleno de este Senado. Se me dice que ese consenso ha sido en el Congreso
de los Diputados. ¡Claro! es que cuando se admiten tantísimas enmiendas,
difícilmente se pueden seguir admitiendo más sin desvirtuar la ley, que
es lo que sucede en algunas ocasiones.
Para terminar, además de pedir el voto favorable para esta ley, vamos a
solicitar el voto favorable para el voto particular que de manera
brillante ha presentado mi compañera de grupo parlamentario, porque
creemos que la introducción de las dos enmiendas que el otro día se
aprobaron en la comisión, hace que mediante una ley sectorial se enmiende
algo que nada tiene que ver con la ley y que regula específicamente, como
ella bien ha dicho, la materia de contratación. Por tanto, una ley que
regula la contratación está modificando aspectos de atribución de
funciones entre órganos de municipios, lo que constituye propiamente
materia de régimen local.
Por último, insisto en el voto favorable de este grupo parlamentario a la
enmienda número 74 de la Entesa Catalana, porque hemos llegado a la
conclusión de que la modificación que se llevó a cabo en el Congreso de
los Diputados no fue adecuada, ya que afecta de manera importante a la
concertación social que debe ser motivo de negociación entre los sectores
tanto sociales como económicos que en ella participan.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Vázquez
Requero.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nosotros vamos a votar a favor de esta ley, como se hizo en
la comisión legislativa plena en el Congreso de los Diputados, pero
lógicamente nuestra posición es distinta con respecto a algunas
enmiendas. Así, por supuesto, votaremos a favor de las enmiendas que
ha presentado mi grupo parlamentario, porque creemos que enriquecen el
texto; votaremos también a favor de la única enmienda viva de
Convergència i Unió, la número 96; mantendremos nuestro voto favorable en
relación con las enmiendas números 61 y 64, de Entesa, y, por supuesto,
vamos a votar a favor de la ley. Sin embargo, no ha sido posible aceptar
el resto de las enmiendas.
Señor presidente, permítanme que muy brevemente haga algunas
consideraciones con respecto a la tramitación en el Congreso de los
Diputados, al propio derecho comunitario, que intenta actualizar esta
ley, así como con respecto al proyecto de ley. En cualquier caso, se
puede concluir que esta ley se mueve entre la complejidad y la confusión
y que, desgraciadamente, no hemos conseguido lo que pretendía mi grupo
parlamentario pero, a pesar de ello, nuestro voto será favorable.
Tal y como ha dicho la senadora Redondo, todos los grupos hicimos un
esfuerzo importante en el Congreso de los Diputados. De las 335 enmiendas
que se presentaron, 70 correspondían al Grupo Parlamentario Popular y,
efectivamente, se aprobaron 64 y, además, se transaccionaron 58 en
ponencia. Se puede decir que quizá el proyecto enviado por el Gobierno
adolecía de muchos errores, pero está claro que partía de una falta de
consenso previo, tanto político como social, como luego intentaré
explicar.
Los argumentos que se expusieron en la comisión, como es lógico, tienen
sus pros y sus contras. No voy a negar que se trata de una modernización
de la Administración, que es un nuevo gobierno, lo que actualmente se
llama gobernanza de las administraciones públicas, que contribuye a ello,
que es respetuosa con los títulos competenciales de las comunidades
autónomas y que regula muchas cuestiones de legislación básica del
Estado, del artículo 149.1.18.a de la Constitución. Sin embargo, también
tiene algunos contras que creo conveniente recordar: en primer lugar, tal
y como han señalado todos los portavoces, se trata de una ley relevante,
pero esa relevancia se le ha dado precisamente en esta Cámara al tomar la
decisión de que se debata en el Pleno que, aparte de su importancia
sustancial, es lo que hace relevantes las leyes y, en este sentido, no me
parece adecuado que la comisión del Congreso en que se debatió tuviese
competencia legislativa plena. En segundo lugar, hay que poner de
manifiesto que tiene un elevado número de enmiendas, un elevado número de
transacciones, pero me voy a resistir a hacer una relación sobre todo
aquello que se ha modificado porque no dispongo de tiempo, tan solo
resaltaré que han sido más de treinta aspectos sustanciales. Por lo
tanto, el texto que nos llegó del Gobierno era bastante deficiente.
Por lo que se refiere a los aspectos negativos de la ley con respecto al
derecho comunitario, la regulación europea establece que el objetivo
prioritario de las reglas detalladas en la directiva, sobre todo la de
2004 -a la que hace referencia la ley-, es el fomento a la libre
circulación y a la libre competencia mediante la aplicación de los
principios de publicidad, transferencia de competencia en el ámbito de la
contratación pública. Efectivamente, eso se consigue en esta ley, pero
también se recogía en el anterior texto de 1995, que sufrió una
refundición en el año 2000.
Desde nuestro punto de vista, no se debería haber emprendido una reforma
global y sustancial del régimen de la contratación pública, que ya estaba
actualizado hasta el año 2000, sino una reforma parcial; y eso ha
provocado algunas reacciones, pues se ha cuestionado la estructura de la
ley que se establece ahora, así como algunos aspectos que siguen sin
ajustarse al derecho comunitario o, en todo caso, no aportan soluciones
acertadas, tal y como se ha comentado con respecto a la subcontratación y
la revisión de precios.
Por lo que se refiere a las cuestiones más relevantes de las
modificaciones de las directivas comunitarias, como es la simplificación
y la flexibilidad, permítanme que les diga que no se cumplen porque esta
ley es mucho más farragosa.
Para terminar, y en cuanto a las consideraciones al proyecto, he de
manifestar que es necesario poner algunas objeciones desde el punto de
vista de técnica legislativa. Es un texto inusualmente extenso, que
dificulta no solamente el conocimiento sino que se aleja de la claridad
propia que debería mostrar esta materia. Es un texto objetivamente
innecesario porque insisto en que recientemente se produjo una
refundición, en el año 2000. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Desde nuestro punto de vista, el afán de presentar un texto enteramente
nuevo ha tenido como consecuencia el incumplimiento de la transposición
de la directiva comunitaria en el plazo que se había establecido. Por
tanto, habría requerido también más debate, más reflexión y más consenso
no solamente por la comunidad política o las fuerzas económicas y
sociales, sino también por la comunidad científica y los operadores. Eso
no se ha producido debido a las prisas con que, como digo, se tenía que
hacer la transposición comunitaria, si se quería hacer una ley completa.
A nosotros nos parece que es inadecuada también la sistemática empleada y
que el objetivo de simplificar produce como resultado, aunque parezca
paradójico, una complejidad: enormemente complejo el texto, profusa
utilización de remisiones legislativas a otros artículos, alejamiento del
texto de la idea principal y cuestiones sustanciales en disposiciones
adicionales.
Como conclusión, señor presidente, tendría que decir, en primer lugar, que
es una ley innecesaria porque se ha regulado en el año 2000, después de
la refundición de los textos desde el año 1995, sin quitar la importancia
no de la ley, sino de la materia que estamos tratando.
En segundo lugar, se deberían haber modificado sólo aspectos parciales de
la ley anterior para adaptarlos a la directiva comunitaria.
En tercer lugar, se han incumplido todos los plazos de transposición de la
norma comunitaria desde junio de 2004, y esto se debe apuntar también en
el debe del Gobierno de la nación.
En cuarto lugar, no se han adaptado en plenitud, pacíficamente, como
decía, con consenso político y doctrinal, todos los aspectos de la
directiva comunitaria.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Voy terminando, señor presidente.
En quinto lugar, ha significado un cambio cualitativo y sustancial del
régimen que se aprobó en el año 2000.
En sexto lugar, se ha cambiado la sistemática tradición de la regulación,
sin que quede un esquema claro, y hay confusión en cuanto a las bases del
contrato, a los precios y a las adjudicaciones.
En séptimo lugar, al contrario que la directiva comunitaria que pretendía
simplificación y transparencia, genera dudas y complejidad innecesaria.
En octavo lugar, hay muchos aspectos con excesivo intervencionismo, y así
lo hemos dicho, y con prohibiciones innecesarias.
En noveno lugar, muchos preceptos de la ley se mueven entre la
arbitrariedad y el intervencionismo, entre la complejidad y la confusión
y entre la falta de claridad y la excesiva simplificación, pero sí que
hay que sacar una conclusión positiva, y es el trabajo realizado por
todos los grupos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Senado, así como las aprobaciones y las transacciones de enmiendas. Por
ello y por la adaptación obligatoria al derecho comunitario, mi grupo va
a votar a favor del texto legal.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de contratos
del sector público.
En primer lugar, votamos la enmienda número 96 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 119; en contra, 124; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
números 1 a 7.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 19; en contra, 225; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, enmiendas de la Entesa. En primer lugar, la número 74.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 127; en contra, 118.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, cinco; en contra, 232; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda socialista, vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por las enmiendas 61 y 64 del Grupo Parlamentario de Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 122; en contra, 113; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 8 a 16 y 18 a 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 111; en contra, 133; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen. En primer lugar, votamos aquellas partes del proyecto
de ley que han sido enmendadas en comisión y no hemos votado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 244; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a
favor, 245.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobad.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y
SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS
SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS. (S. 621/000109)
(C.D.121/000073).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al dictamen de la Comisión
de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley por la
que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Rubial.
(Rumores.)
Señorías, rogaría silencio o abandonen el hemiciclo. (Rumores.) Señorías,
silencio.
Tiene la palabra, señoría.
La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al colectivo que hoy
nos acompaña en la tribuna y pedirle disculpas por no saber utilizar la
lengua de signos. Me cabe el honor de haber sido designada para presentar
a la Cámara el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del
proyecto de ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas con discapacidad auditiva y sordociegas.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado 9 de Julio de
2007, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en
la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado
día 12 de septiembre. El proyecto se tramita por el procedimiento
ordinario. A este proyecto de ley se han formulado 16 enmiendas: seis por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 10 por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ha dictaminado dicho proyecto de
ley en su sesión del día 4 de octubre de 2007 sin incorporar enmiendas
dado que, en aras de la tramitación de esta ley en el Pleno de hoy,
fueron retiradas en la sesión de la comisión. Por lo tanto, se ha
acordado aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los
Diputados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Gobierno para la presentación del proyecto de ley.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, si me lo
permiten especialmente a nuestros niños que tienen discapacidad auditiva
y a sus intérpretes, que les están ayudando y nos están ayudando a todos
para traducir nuestras palabras.
Señor presidente, como sabe su señoría, el pasado 28 de junio el Congreso
aprobó el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el
proyecto de ley por el cual se regulan las lenguas de signos españolas
así como los medios de apoyo a la comunicación oral dirigidos a cerca de
un millón de personas sordas, con discapacidad autiditiva y sordociegas.
Hoy, tras intensos debates en las dos Cámaras, en el Congreso de los
Diputados y en el Senado, no exentos de generosidad y entrega a la causa
de las personas que más lo necesitan, llega a este Pleno para su
aprobación una ley que es una ley histórica.
Créanme si hoy les digo, en nombre -estoy seguro- de todos los ciudadanos
y ciudadanas españoles, que estamos alcanzando un momento histórico. Es
una ley que procura el bienestar y la dignidad de un amplio colectivo que
lo venía reclamando hace mucho tiempo. Hoy todos los grupos
parlamentarios compartimos votación e inquietudes, junto a las
organizaciones que agrupan a la comunidad de personas ciegas,
sordociegas, sordas, aquellas personas que padecen alguna discapacidad
auditiva.
Hoy creo que podemos estar satisfechos con el trabajo realizado y sobre
todo con el consenso. Quiero que sepan nuestros pequeños, los que hoy nos
acompañan, a quienes me dirijo especialmente, que esta ley -que marcará
un antes y un después en la vida colectiva de los españoles- es una ley
fruto del consenso de todos, que todos los que aquí toman asiento -tanto
en el Congreso como en el Senado- han hecho esfuerzos generosamente para
alcanzar un texto prácticamente unánime, resultado del diálogo entre los
grupos políticos pero también con los colectivos que representan a las
personas que tienen discapacidad auditiva. De la misma forma que estos
colectivos trabajaron durante años para que la Organización de Naciones
Unidas hiciera suya la Declaración sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en esta ocasión lo han hecho también para que podamos
disponer de esta ley, que es una pieza legislativa de justicia por lo que
supone de reconocimiento del derecho de comunicación entre todos, sin
ningún tipo de discriminación, del derecho, en definitiva, a la plena
integración social. Una ley, señorías, que pretende dar respuesta a la
necesidad de normalización a través de la comunicación de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, atendiendo al principio
de diversidad de este colectivo, que está formado por una variedad
heterogénea de personas sordas, que viven en una sociedad
mayoritariamente oyente y que para su integración deben superar las
barreras de comunicación, en apariencia invisibles a los ojos de las
personas que no tienen esa discapacidad.
Pero como estoy hablando en términos demasiado técnicos, para que nuestros
niños nos entiendan, de lo que quiero hablar es de que todos hemos hecho
un esfuerzo para que vosotros, que sois exactamente iguales que los
demás, que tenéis los mismos derechos que los demás, iguales, idénticos,
podáis superar las barreras que impone la discapacidad y podáis
integraros exactamente igual que el resto de las personas que oyen bien,
porque vivís en una sociedad, en un pueblo, entre personas que
mayoritariamente oyen y no tienen esa discapacidad.
Por fortuna, la sociedad española, sus representantes, su Parlamento y sus
instituciones, han dado un paso muy importante. Aquí todos somos iguales,
todos; todos tenemos los mismos derechos, todos. El hecho de que una
persona tenga una dificultad, por ejemplo, para oír, para ver, para
caminar o para expresarse, no es ninguna barrera, no debe serlo, es
sencillamente una condición física que entre
todos vamos a ayudar a que la superéis, y entre todos vamos a garantizaros
un futuro igual que al del resto de los ciudadanos que no tienen
discapacidad (Aplausos).
La integración que perseguimos se consigue de dos formas: la primera, por
medios técnicos, de apoyo a la comunicación oral, como el subtitulado,
por ejemplo. Esperamos que dentro de poco tiempo, cuando pongáis la
televisión, podáis tener un subtitulado de todos los programas que se
emiten en televisión, y también, queridos niños, de los informativos o de
los dibujos animados. Lo vamos a conseguir, vamos a conseguir que haya un
subtitulado que permita trasladar o traducir a vuestro lenguaje lo que
están diciendo los personajes que aparecen en televisión. La segunda, por
sistemas que se llaman de bucle de inducción magnética; esto es muy
difícil de entender pero son sistemas que ayudan a escuchar; o la lectura
de los labios; las prótesis auditivas, es decir, los aparatos que,
implantados en el oído, permiten escuchar; o la frecuencia modulada y
cualquier otro medio tecnológico que permita oír y entender en la
educación, en la formación, en el empleo, en la salud, en la cultura, en
el deporte, en el ocio, en el transporte, en las relaciones con las
administraciones públicas, en la participación política, en los medios de
comunicación social, en las telecomunicaciones y, en general, en la
sociedad de la información o las lenguas de signos.
Dentro del movimiento asociativo de las personas sordas o con discapacidad
auditiva, se puede decir que, en términos generales, hay dos
concepciones, legítimas las dos, distintas pero legítimas, a la hora de
abordar las necesidades y el modo de integrarse en una sociedad
mayoritariamente hablante. Una es la que forman las personas signantes,
que propugna el reconocimiento de la lengua de signos como propia y
peculiar de las personas sordas, a través de la cual se comunican y
reivindican principalmente la figura del intérprete de la lengua de
signos, como las jóvenes y el joven que nos están ayudando a traducir
estas palabras.
La otra, propia de las personas oralistas, partidarias de los apoyos para
la comunicación oral, es decir ayudas técnicas como audífonos, implantes
cloqueares, así como la subtitulación y el aprendizaje de la lectura
labial.
Sobre la base de esta heterogeneidad, la ley aplica el principio de
libertad de elección del medio de comunicación al que puedan optar
aquellas personas según sus necesidades y sus deseos, de manera que
puedan desarrollar su integración en los ámbitos educativo, cultural,
laboral y social, tanto por medio de la lengua de signos, como a través
de la comunicación oral y los medios de apoyo a la comunicación oral, o
con ambos sistemas de comunicación.
En atención a esta realidad la ley regula los dos sistemas de aprendizaje
y utilización diferenciados, según la opción libremente elegida por las
personas sordas, en el sistema educativo. Se sigue así el camino
emprendido por otros países de la Unión Europea como Finlandia, que ha
incluido en su Constitución de 1995 el derecho a utilizar la lengua de
signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, o Francia, en cuya
Constitución del año 1958 ya se afirmó el derecho de los niños sordos y
de sus padres a elegir entre la educación oralista y la bilingüe.
Así pues, señoras y señores senadores, esta ley es expresión del
cumplimiento de la obligación de conseguir la comunicación y la
integración de las personas con discapacidad auditiva desde el
convencimiento de que, tanto la normalización de la sociedad en relación
con la discapacidad como la integración de las personas sordas en todo el
ámbito social, exige la promoción de su posibilidad de comunicarse a
través de la lengua, sea oral, de signos o ambas al tiempo; posibilidad
que no puede quedar solo en el establecimiento de un conjunto de medidas
dirigidas directamente a las personas sordas, sino que se proyecta
también al resto de la ciudadanía garantizando la comprensión y el uso de
los medios de comunicación, sean cuales fueren, en todas las
instituciones y entidades y por todas las personas que desempeñen un
servicio público, siempre en aras de conseguir el disfrute real y
efectivo de la comunicación.
El primer texto partió de uno presentado por el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi, que dio lugar a la
constitución de un grupo de trabajo interministerial; dicho grupo puso
énfasis en trasladar la necesidad de que el texto respondiera a la
heterogeneidad del colectivo y a sus diversos intereses, mediante una ley
que atendiese a las aspiraciones que plantearan las organizaciones más
representativas de estos colectivos, en especial la Confederación
Nacional de Sordos Españoles y Fiapas, ambas integradas en el Cermi.
Este colectivo heterogéneo comparte con el Gobierno un trabajo conjunto
que se ve beneficiado con los fondos destinados al desarrollo de los
convenios suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
las organizaciones representativas de las personas sordas, que entre los
años 2004 y 2007 ha alcanzado la cifra de 3 millones 600.000 euros. Por
otra parte, solo en 2007 todas las organizaciones de personas sordas,
sordociegas y las que padecen alguna discapacidad auditiva han recibido
en concepto de subvención casi 1.900.000 euros; unos fondos destinados al
desarrollo de programas propios, al mantenimiento de sus sedes, a la
extensión de los derechos básicos y a la formación, entre otras
actuaciones.
Termino, señorías, no sin antes afirmar que la ley y las normas que la
desarrollan surtirán efecto en todo el territorio español, sin perjuicio
de la regulación que corresponda en el ámbito de las comunidades
autónomas, en tanto que se establecen las medidas y las garantías
necesarias para que las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas puedan hacer uso libremente de las lenguas de signos
españolas y, también, si lo desean, de los medios de apoyo a la
comunicación oral en todas las áreas públicas y privadas con el fin de
hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales
y, de manera especial, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho
a la educación y la plena participación en la vida política, económica,
social y cultural.
Creánme, señorías, si les digo que hoy es un día emocionante y que su
trabajo no se puede entender sino como una tarea en favor de la dignidad
humana y de la superación de las barreras que impiden la plena
integración e igualdad de los seres humanos. Estoy emocionado por lo que
ustedes han hecho, por el impulso dado a esta ley y por el hecho de que
los niños que tienen esta discapacidad, como los que nos acompañan, saben
que desde hoy las cosas serán distintas. Desde hoy tendrán más
posibilidades y un mejor futuro, serán más iguales y la sociedad les
integrará plenamente e igual que a los demás porque tienen pleno derecho
a ello.
Muchas gracias y felicidades. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pasamos a continuación al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Poco tengo que añadir a lo que han dicho el señor
ministro y la presidenta de la comisión. Pero por deferencia y cortesía
me gustaría, en primer lugar, manifestar expresamente el apoyo sin
fisuras del Grupo Parlamentario Mixto, es decir, de todos los grupos que
lo componen: Bloque Nacionalista Galego, Partido Aragonés, Eusko
Alkartasuna, Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, y este
senador independiente de Navarra, a este proyecto tan demandado por este
colectivo de personas aquí presentes, personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
En segundo lugar, como se ha dicho anteriormente, debemos felicitarnos por
el consenso alcanzado por todos los grupos de este Cámara para que esta
ley sea una realidad lo más rápidamente posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la
palabra el senador Ayala.
El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente también para manifestar la posición de mi
grupo ante esta ley que, lógicamente, es favorable.
Quiero empezar felicitando a todos los colectivos de personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas por la aprobación de esta ley, que
culmina hoy en esta Cámara del Senado.
Se trata de una ley por la que estos colectivos llevan luchando muchísimos
años, consiguiendo así una norma legal que garantice sus derechos
emanados de la Constitución logrando, en consecuencia, una mejor
integración en la sociedad española.
Con esta ley se desarrolla el derecho de las personas sordas a acceder a
la información y a la comunicación en igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos, garantizando que todas ellas disfruten de los
mismos derechos en todos los ámbitos de la sociedad.
Quiero destacar, como docente que soy, la parte educativa de esta ley,
obligando a las administraciones educativas a ofertar en algunos centros
docentes modelos educativos bilingües de libre elección para las personas
sordas.
En definitiva, es una buena ley, consensuada por todos los grupos
parlamentarios, y en la que se han recogido gran parte de las
reivindicaciones de todos los colectivos implicados, dignificando a las
personas sordas y solventando por fin las injusticias que estas personas
han soportado a lo largo de los años. Las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas tienen finalmente reconocido su
derecho a expresarse según los lenguajes que libremente elijan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.
Me van a permitir que sea muy breve por una razón: hoy no es día de
discursos de políticos; hoy únicamente hay que darles las gracias a
ustedes, a las personas afectadas, y quiero que dirijan sus aplausos a
las personas que les representan en las asociaciones, que han sido las
verdaderas protagonistas de esta tramitación legal; el trabajo de las
personas que les representan dentro de las distintas asociaciones ha
hecho posible que las Cortes Generales cumplan con su deber, y cuando se
cumple con el deber no hay por qué aplaudir.
Y desde esta tribuna, eso sí, con mucha solemnidad, les pido que se
aplaudan a ustedes mismos, que estén contentos con la labor que han
hecho; en estos casos, los políticos hemos de ser discretos y reconocer
que hemos cumplido nuestra obligación.
Insisto, les agradezco muchísimo que mediante sus asociaciones hayan
conseguido que las Cortes Generales hayan hecho lo que tenían que hacer.
Y, repito, no me aplaudan a mí sino a sus representantes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra la senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, permítanme trasladar, en primer lugar, un
afectuoso y cálido saludo a quienes nos acompañan hoy en la tribuna. En
nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos les
mando un saludo.
Hoy, 10 de octubre, casi un año y 10 meses después de la entrada de este
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, vamos a concluir su
debate y tramitación en esta Cámara. La ley entró en el Senado el día 9
de julio, y
con período vacacional entre medias incluido, hemos dado celeridad a su
aprobación por entender que era importante para todas y todos los que
conformamos la sociedad. En tres meses hemos conseguido traer el proyecto
de ley a este Pleno, y hoy, cuando concluya el debate, la sociedad tendrá
una ley importante para todos los que formamos parte de ella.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó en el
trámite del Senado -y quiero explicarlo- una serie de enmiendas que en
ningún momento tuvieron como objetivo paralizar el proyecto de ley o no
hacerlo avanzar, en absoluto, sino que fueron planteadas para dotar de
coherencia interna al texto de la ley remitida por el Congreso de los
Diputados.
Dada la referencia que en algunos artículos realizaba el proyecto de ley a
la lengua de signos española y/o a las lenguas de signos de las distintas
comunidades autónomas, si las hubiere, así como en otros a las lenguas de
signos españolas, entendíamos que en todo el contexto del proyecto de
ley, en todo el articulado debía hacerse referencia a la realidad que la
propia ley contempla en su artículo 4, cuando reconoce la diversidad, y
aún más, la pluralidad existente en la propia definición de la lengua de
signos al considerar así a las lenguas o sistemas lingüísticos de
carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación
intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales
utilizados tradicionalmente por las personas sordas con discapacidad
auditiva y sordociegas signantes en España.
El proyecto de ley salda una deuda histórica importante que, como
responsables políticos, teníamos para con las personas de nuestra
sociedad que padecen serias dificultades de comunicación oral y para
quienes su propio sistema de comunicación, la lengua de signos, no tenía
reconocimiento ni protección para superar las barreras de comunicación y
acceder a servicios normalizados para el conjunto de las ciudadanas y
ciudadanos en distintos ámbitos como educación, transporte, salud,
formación y empleo, cultura, deporte, ocio, medios de comunicación,
participación política, justicia, relación con la Administración pública,
etcétera.
Como decía al principio de mi intervención, este proyecto de ley reconoce
a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, para las
que, a la dificultad de comunicación, se añade la dificultad visual, y
tienen por tanto, un doble hándicap que superar, como son la comunicación
y la movilidad, los derechos que la Constitución reconoce a todos los
ciudadanos y ciudadanas, y determina las medidas y la obligatoriedad de
su adopción junto con la promoción de condiciones adecuadas para que
puedan ejercer sus derechos.
De hecho, como decía el senador Casas en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que me ha precedido en el
uso de la palabra, nosotros, como representantes políticos, lo único que
hemos hecho es cumplir con nuestra obligación e incluso con determinados
preceptos constitucionales, pues el artículo 14 de la Constitución dice
que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o
social. Y difícilmente se podía tener igualdad ante la ley si no se
reconocía el medio de comunicación, el medio de contar a los demás a su
manera, con su propia lengua y sus propios signos, lo que planteaban o
necesitaban, tal y como ocurría hasta ahora, al no contar la lengua de
signos con un reconocimiento legal como sistema de comunicación.
Por otro lado, el artículo 9.2 de la Constitución dice: «Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social». Por lo tanto, lo único que hacemos como
responsables políticos aprobando este proyecto de ley es dar verdadero
cumplimiento a preceptos constitucionales válidos para todos los
ciudadanos y ciudadanas; además, como responsables políticos, tenemos la
obligación de que puedan cumplirse y ejercerse por todos.
Por otro lado, quisiera dirigir una pequeña crítica al señor ministro.
Hoy, día 10 de octubre de 2007, tras el debate que tenga lugar en esta
Cámara, se aprobará definitivamente este proyecto de ley y será de
aplicación todo lo que en él se contiene, resolviendo por tanto una
situación que se ha mantenido a lo largo de muchos años. Sé que hoy -por
eso lo digo y recalco lo de hoy- es un día histórico e importante para
las personas a quienes va dirigido el proyecto de ley y no menos
importante para sus familias, puesto que, por fin, la lucha, el tesón y
el esfuerzo que han venido realizando desde hace numerosos años tiene su
reconocimiento por parte de la clase política.
Permitidme que me dirija a vosotros los que estáis en la tribuna pública y
os diga que, aunque en el día a día habéis tenido que superar y seguís
superando aún las distintas formas de proceder y actuar de quienes os
rodean y no sufren las dificultades que tenéis -como puede ser el
rechazo, la incompresión, la invisibilidad, la incomunicación, el que os
ignoren, etcétera-, también, por suerte, os habéis encontrado con
personas que os reconocen, que perciben vuestras dificultades y
necesidades y que os acompañan.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, con
toda sinceridad y de corazón, os debo decir que el día de hoy es también
un gran día para nosotros como grupo parlamentario y también como partido
político, ya que la aprobación definitiva de este proyecto de ley, a la
cual hemos contribuido con generosidad todos los grupos parlamentarios de
esta Cámara, va a suponer un paso importante hacia una sociedad accesible
para todas las personas que la integramos.
Señor ministro, señor presidente, señorías, no quisiera terminar mi
intervención sin trasladar a todas las asociaciones hoy presentes en esta
Cámara, y a través de ellos a todas las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, la más sincera felicitación en nombre de mi
grupo parlamentario por no haber cejado en su empeño de hacer realidad el
reconocimiento de la lengua de signos como lengua oficial de comunicación
con validez oficial, igual que lo son, para quienes utilizamos la
comunicación oral, el castellano,...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente.
... el gallego, el catalán, el euskera, el valenciano y todas las lenguas
que están reconocidas en nuestros estatutos de autonomía.
Para esta senadora que les habla, la lengua que aprendió en su infancia a
través de su ama y de su aita fue el euskera y sus primeras palabras
fueron en esta lengua. Vosotros y vosotras aprendisteis a hablar con
gestos, viendo, señalando, y vuestras manos se convirtieron en el
instrumento para hablar mediante signos. Vuestra lengua materna es la
lengua de signos y esta ley os la reconoce. El mérito es vuestro y, en
nombre de mi grupo, quiero trasladaros nuestro agradecimiento y daros un
fuerte aplauso.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que hoy aprobaremos con toda seguridad
atiende y da respuesta a una necesidad desde hace tiempo demandada: poder
desarrollar al máximo las capacidades de las personas sordas, sordociegas
y con discapacidad auditiva.
Es un proyecto que elimina barreras en la comunicación, una ley que
progresa desde el punto de vista democrático de la igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de la vida: educativos, formativos, en
el acceso al mundo laboral, en la participación del ocio y la cultura.
Garantiza el acceso a la información de las personas sordas que nacen y
se desarrollan en el seno de familias y en un entorno formado
mayoritariamente por personas oyentes, por lo que muchas veces su
discapacidad auditiva o sordera es invisible, dificultando la posibilidad
de llegar al mundo de la información y el conocimiento, tan importante
hoy para el desarrollo de todas las personas.
El proceso de aprobación de esta ley ha sido largo, casi dos años, y en él
han intervenido de manera intensa los colectivos y entidades
representativos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas y de sus familias, aportando sugerencias, recomendaciones y
ampliando nuestro conocimiento en este campo. Desde aquí quiero agradecer
a todos ellos su trabajo, su constancia y su ilusión para conseguir el
reconocimiento de unos derechos que les va a ayudar a tener una vida más
digna, más normalizada y más igual a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Quisiera señalar los aspectos que en mi opinión son importantes, o mejor
dicho, hacer mención de aquellos aspectos que a mi entender merecen ser
destacados. Primero, la libertad de elección del modo de comunicación, ya
sea la lengua de signos o la comunicación oral con apoyos. La ley
garantiza la libre elección con la prestación de medios y recursos
necesarios según el modo de comunicación elegido y según las necesidades
personales, ya que estas son diversas y cada grupo tendrá unas
necesidades específicas. A todos ellos da respuesta. A las dos
modalidades, la lengua de signos o comunicación oral con apoyo, la ley
garantiza el poder contar con los medios precisos.
Segundo. Para nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, es importante también el reconocimiento de las lenguas de signos
que existen en España, considerando como una riqueza cultural la
existencia de varias lenguas, una de ellas utilizada por las personas
sordas en Cataluña. Quiero resaltar que en Cataluña se aprobó una
proposición no de ley en el año 1994 que promovía el conocimiento de la
lengua de signos catalana. A este respecto, el Estatuto aprobado el
pasado año, en su artículo 50.6, recoge la garantía del uso de la lengua
de signos por las personas sordas con discapacidad auditiva que opten por
esta lengua como medio de comunicación, y cito textualmente: «... que
debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto».
En tercer lugar, señalaría la importancia de los avances científicos y
tecnológicos para los usuarios de la comunicación, con apoyos a los
mismos, y en general para todas las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas. El uso de las prótesis auditivas o los implantes
cocleares han permitido facilitar la comunicación de manera mayoritaria,
permitiendo empezar la formación en edad cada vez más temprana. Debemos
tener en cuenta las facilidades que puedan proporcionar las nuevas
tecnologías para que supongan una eliminación de barreras y no lo
contrario.
Finalmente, en cuarto lugar, señalaría la importancia del aprendizaje de
la lengua de signos en los centros donde los niños y las niñas reciban su
formación reglada con los recursos necesarios para hacer efectivo este
aprendizaje y la debida cualificación de los profesionales que atiendan
al alumno sordo, con discapacidad auditiva y sordociegos. Una medida de
inclusión del alumnado sordo o con discapacidad auditiva es la
implantación en los planes de estudio del aprendizaje de la lengua de
signos como asignatura optativa para el conjunto del alumnado,
consiguiendo de esta manera una mejor comunicación con todos los alumnos,
sean oyentes o no.
Para terminar quiero destacar la buena disposición de todos, y
principalmente la de los grupos parlamentarios Popular y de Senadores
Nacionalistas Vascos al haber retirado las enmiendas en comisión, para
que este proyecto de ley pueda ser aprobado por unanimidad, como lo fue
en el Congreso de los Diputados, y como nos lo han pedido todas las
asociaciones representativas de las personas sordas y de sus familiares.
Ellos esperan que cuanto antes puedan beneficiarse de la aplicación de
esta ley, como es
también nuestro deseo. El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
saluda a los niños y niñas aquí presentes. Estamos contentos de haber
contribuido entre todos a que su futuro sea mejor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora
Quesada.
La señora QUESADA BRAVO: (La señora senadoraQuesada Bravo inicia su
intervención en la lengua de signos.)
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en su lengua, en la lengua de signos, la que hoy por fin vamos a
reconocer oficialmente, he querido dar las gracias en nombre de todos los
senadores a la comunidad sorda, a sus familias y a sus amigos porque
llevan más de setenta años trabajando para que este día llegase a ser una
realidad. Hoy es un día ilusionante, en el que de nuevo comprobamos que
la política -dicho con mayúsculas- es el arte de hacer posible lo que es
casi imposible. Esta sede del Senado es hoy un lugar donde los deseos y
las esperanzas de varias generaciones de personas sordas se hacen
realidad. Deseamos vivir en una sociedad sin barreras y sin exclusiones,
en una sociedad en la que todos tengamos un lugar donde desarrollarnos en
igualdad. Como digo, el Senado de España es hoy un lugar de encuentro, de
preocupaciones y de impulso para intentar construir una sociedad sin
excluidos ni excluyentes.
Señorías, como todos sabemos y podemos comprobar a diario, la lengua es el
instrumento primordial para transmitir información y conocimiento, y
desde el marco normativo español constituye una obligación de los poderes
públicos el desarrollar los medios que faciliten el acceso a la misma. El
proyecto de ley que hoy debatimos reconoce el derecho de opción entre el
uso de la lengua oral o la lengua de signos y, en definitiva, deja la
elección en manos de los interesados o de sus padres o tutores en caso de
que fuesen menores de edad, como los niños que tenemos hoy en la tribuna
pública.
La finalidad, pues, de la ley es situar a todo este colectivo en
condiciones de igualdad de oportunidades con el resto de los españoles.
Lo ha dicho el ministro. Las personas sordas con discapacidades auditivas
y sordociegas viven inmersa en una sociedad hecha casi exclusivamente
para y por los oyentes, por lo que a diario tienen que soportar y superar
todo tipo de barreras, las visibles y las invisibles a nuestros ojos y a
nuestros oídos también. Hoy vamos a reconocer por unanimidad la lengua
que durante décadas llevan reivindicando y es su lengua, su cultura y su
patrimonio. Un Gobierno socialista presentó este proyecto de ley en 2006
y espero que hoy la aprobemos.
Señorías, los socialistas no podemos sentirnos culpables por haber
presentado la ley, todo lo contrario. Estamos muy orgullosos de ser el
Gobierno que, por fin, después de setenta años va a aprobar la ley de
lengua de signos. (Aplausos.) Gracias a este proyecto de ley nos hemos
acercado a una realidad para muchos desconocida. Hemos definido en él qué
entendemos por lengua de signos, por lengua oral, cuáles son los medios
de apoyo a la comunicación, qué es una persona sorda, qué es una persona
sordociega, qué es un intérprete y otras muchas definiciones que nos han
acercado a una realidad que, salvo los interesados y las interesadas,
casi todos desconocíamos. Hoy estamos a punto de consagrar un nuevo
derecho y de lograr una nueva conquista social, otra más en esta
legislatura, y creo que hemos dado respuesta a algo que nos demandaba la
sociedad, al menos la comunidad sorda.
Señorías, desde el punto de vista educativo, los antecedentes históricos
sobre la lengua de signos en España se inician en el siglo XVI, como
recoge la ley en su preámbulo, cuando los monjes emprenden la labor de
educar a los niños sordos; digo niños porque ,en aquel entonces, las
niñas no podían siquiera pertenecer a este grupo.
En esa época, los monasterios estaban obligados a guardar voto de silencio
y se comunicaban utilizando signos manuales; por eso, el monje
benedictino, don Pedro Ponce de León, debió comprender que era posible
expresar la razón sin usar el habla.
En el siglo XIX, con el establecimiento en España de los primeros colegios
de sordomudos y ciegos, se posibilita la institucionalización de las
personas sordas, ciegas y sordociegas con la consecuente interacción
lingüística y social entre ellos, iniciando el desarrollo sistematizado
de las protolenguas de signos española y catalana.
Señorías, con la ley pasamos a hablar de una lengua que se usaba casi a
escondidas, que estaba estigmatizada socialmente, a una lengua reconocida
oficialmente; una lengua más en una sociedad plurilingüe y pluricultural
como es la española.
La lengua de signos es por la que optan las personas sordas en su vida
diaria, y que se ha ido consolidando en una estructura lingüística
comunicativa, íntimamente relacionada con su entorno social, geográfico,
histórico y cultural. Como sabemos, una sociedad no es del todo justa si
sus ciudadanos y ciudadanas no gozan de las mismas oportunidades para
participar en la vida diaria, en la vida social, cultural de un país.
Actualmente, en España contamos con casi un millón de personas con
discapacidades auditivas, de los cuales más de 100.000 son sordos
profundos. Para estos hombres y mujeres su día a día es una verdadera
carrera de obstáculos, con unas tasas de analfabetismo funcional muy
elevadas. Les voy a dar un dato: solamente el 2,8 por ciento acceden a
las universidades, y se debe, sobre todo, al esfuerzo de sus padres, de
sus madres y de sus profesores; en mi opinión, este dato tendremos que
cambiarlo en breve.
Señoría, hemos trabajado todos en un texto pionero a la altura de los
países más desarrollados legislativamente hablando; un texto fruto del
consenso con la comunidad sorda y con los partidos políticos
representados en ambas Cámara. Y, sinceramente, considero que estas leyes
son las que preocupan y afectan al ciudadano, que a veces se siente
alejado y ajeno a la clase política porque observa cómo
debatimos asuntos durante horas, y a veces durante días, que a la inmensa
mayoría no le afecta ni les mejora su vida diaria; estas leyes son las
que interesan a los colectivos.
Señorías, estamos ante una ley progresista en cuanto a igualdad de
oportunidades, en formación, en educación, en aprendizaje y mantiene el
equilibrio entre la lengua oral y la de signos; también las personas con
sordoceguera tienen un tratamiento específico recogido en la ley.
Señorías, el concepto de persona sorda ha ido cambiando mucho en tan solo
40 años, pero han tenido que demostrar muchas más cosas que el resto de
los ciudadanos; la lengua de signos incluso se podía dividir en unidades
mínimas carentes de significado, y cumple con todos los parámetros para
que se reconozca como tal. En España, aproximadamente en 1992, se realiza
la primera investigación, y probablemente, señorías, la lengua de signos
sea la forma de comunicación más antigua en la historia de la humanidad,
sus comienzos estarían en la prehistoria; es más, hay información de que
ya se empleaba en las épocas griega y romana. Pero, como pueden
comprobar, no fue hasta el siglo XX cuando en nuestro país se empezó a
investigar.
En España teníamos y tenemos mucha normativa, pero faltaba su
reconocimiento como lengua oficial. Ya en 1997, el movimiento asociativo
de personas sordas presente en esta Cámara exigió al Gobierno de entonces
que se reconociese legalmente su lengua; hoy, 10 años después, con un
Gobierno socialista, vuelvo a repetir, vamos a aprobarlo.
Para terminar, señorías, quiero agradecer especialmente las aportaciones
de la Confederación Nacional de Sordos de España, a Fiapas, a Fesoca, al
Cermi y, en general, a todos los que han contribuido a que esta ley sea
una realidad. Pero, sobre todo, gracias por ayudarnos a entender con más
detalle las vivencias que han experimentado y experimentan todos los
sordos y sordo-ciegos o personas con discapacidad auditiva de España.
Durante años, como decía el lema del primer congreso de la Confederación
Nacional de Sordos de España, que se celebró en mayo de 1976, han sido
todas las asociaciones -habéis sido- un faro de luz en una torre: en la
torre del silencio. Un silencio que, a veces, es sinónimo de
incomprensión; un silencio que llega a veces incluso a doler.
Gracias a todos de corazón por vuestra paciencia, vuestra tenacidad y
vuestra perseverancia. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a toda la
comunidad de sordos. A los socialistas nos consta que, con la ayuda de
vuestra familia y ahora también con la de las administraciones públicas,
vosotros -y las generaciones venideras- podréis llegar a ser lo que
queráis en vuestros proyectos de vida, sin trabas y sin barreras.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Juan.
El señor JUAN SANZ: En primer lugar, nuestra bienvenida más afectuosa, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, a todas las personas que nos
acompañan en representación de la comunidad de las personas sordas. Hoy
es, ciertamente, un día importante y emocionante. Celebro con
satisfacción la buena sintonía que todos los grupos parlamentarios hemos
tenido al trabajar en esta importante ley. Sin duda, el impulso de las
asociaciones representativas de las personas con discapacidad auditiva y
sordociegos nos ha animado a hacerlo, y esa es realmente la causa. Su
ejemplo de tantos años trabajando en una labor intensa y eficaz no podía
tener otro efecto.
Deseo dar las gracias también, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
a todas las asociaciones que nos han transmitido sus necesidades reales
para que las traslademos desde este hecho social a la norma legal.
Gracias al Cermi, que es la organización que integra a todas las
asociaciones, y también a las específicas del colectivo: a la
Confederación Estatal de Personas Sordas, a la Confederación Española de
Familias de Personas Sordas, a la ONCE, a todas las asociaciones
territoriales, provinciales y locales, y a los representantes de los
familiares de personas sordo-ciegas. Gracias a todos ellos, porque su
trabajo constante, de tanto tiempo, merece nuestro más sincero
reconocimiento. Considero este preámbulo de justicia, porque su ejemplo
es, sin duda, en gran manera, la causa de que asistamos hoy aquí, en el
Senado, a un hecho insólito: un proyecto de ley aprobado por unanimidad
en el Congreso, que llega al Pleno del Senado, tras un debate en un buen
ambiente de diálogo en ponencia y en comisión, sin ninguna enmienda viva,
y que se aprobará también por unanimidad. Esto es realmente lo que
quieren los ciudadanos y, sobre todo, los que tienen mayores necesidades.
Por tanto, estamos orgullosos de su ejemplo, que nos ha llevado a su
realidad.
Gracias a las senadoras y senadores que han hecho posible este trabajo.
Especialmente, a las compañeras del Grupo Parlamentario Popular con las
que he participado en el honor de estudiar este proyecto de ley, las
senadoras Belén do Campo y Begoña Contreras, con la muy estimable
colaboración de las asociaciones representativas del colectivo.
El Grupo Parlamentario Popular ha apoyado decididamente esta ley desde su
inicio, como no podía ser de otra manera, y para ser congruente con la
ley que impulsó durante la etapa de gobierno popular: la Ley 5/2003, de
diciembre; hace ya bastante tiempo. Precisamente en su disposición final
duodécima establecía ya que había de regularse por ley, en el plazo de
dos años, el lenguaje de signos.
Por fin, el 27 de enero de 2006, se inicia en el Congreso de los Diputados
el trámite del proyecto de ley por la que se reconoce y regula la lengua
de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que,
año y medio después, se aprueba el 28 de junio de 2007 en el Congreso de
los Diputados con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios; si
bien, mi grupo parlamentario anuncia que se intentará mejorar en el
Senado a través de las enmiendas correspondientes. (Rumores.)
Ése era el propósito de nuestras enmiendas, buscando la transacción de
todos los grupos, básicamente en dos cuestiones: en primer lugar, para
tratar de marcar unos plazos que fijaran el cumplimiento de las normas;
y, en segundo lugar, algo que también consideramos de gran interés,
fijando en un título único la significación de las personas sordociegas
con especiales dificultades.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor JUAN SANZ: Sin embargo, hemos retirado todas las enmiendas porque
hemos considerado prioritario que el debate de hoy muestre un apoyo claro
y rotundo a todas las personas que durante tiempo han trabajado
intensamente para lograr la aprobación de la ley de signos. Pero, además,
porque el protagonismo sólo les corresponde a ustedes, como decía
anteriormente uno de mis compañeros y, por otro lado, porque, como todos
ustedes, deseamos que se tramite lo más rápidamente posible, como
efectivamente ha ocurrido en el Senado.
Estamos satisfechos del texto legal que hoy aprobamos. Es una buena ley y,
además, estamos convencidos de que la comisión de seguimiento que se
establece en la disposición adicional primera, con la intervención de las
asociaciones representativas, hará que se cumplan todos los preceptos de
la ley. (Rumores.)
En cualquier caso, el que quisiéramos marcar unos plazos era una
autoexigencia que nos imponíamos, porque el Gobierno que aplicará la ley,
en gran medida, será el que resulte elegido tras las próximas elecciones
y estamos convencidos de que el Partido Popular tendrá la respuesta a
estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio porque, si
no, será imposible que los traductores puedan realizar su labor.
El señor JUAN SANZ: Respecto a las personas sordociegas, hemos retirado
nuestra enmienda, pero presentaremos en su momento una proposición de
ley, para no restar un ápice de protagonismo al texto legal que hoy
aprobamos, y espero que alcancemos el mismo consenso para conseguir
también que estas personas con especiales deficiencias reciban un
tratamiento específico.
Finalmente, en este clima de satisfacción por el respaldo unánime a la
ley, permítanme una licencia en tono simpático pero bien cierto,
recordando el viejo adagio de que una cosa es predicar y otra cosa es dar
trigo, y ahora que tenemos la suerte de contar con la presencia del señor
ministro, le recuerdo que se trata de una ley con objetivos claros y muy
ambiciosos -una gran ley-, pero lo cierto es que el trigo es harina de
otro costal porque la memoria económica es claramente insuficiente para
las propuestas que se recogen.
El Grupo Parlamentario Popular se compromete a seguir puntualmente el
proceso de dotación presupuestaria que dentro de nada vamos a tener
ocasión de analizar.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, felicidades a
todos, nuestra admiración y afecto, que personalmente he aprendido a
través del conocimiento de la Federación de Personas Sordas de la
Comunidad Valenciana, de mi tierra, donde me han mostrado ese excelente
trabajo, que estoy convencido porque me consta que está haciendo todo el
resto de España. Yo que soy un desconocedor de la lengua de signos, tan
importante tanto para las personas sordas como para las oyentes, me
gustaría que esto tuviera cada vez mayor repercusión y que en el Senado
se pudiera dar un curso. En cualquier caso, espero que la federación de
mi tierra me dé ocasión para poder aprender al menos los rudimentos más
esenciales.
Muchas gracias y, sobre todo, felicidades a las niñas y niños que a partir
de ahora tienen un futuro mucho más espléndido gracias a lo que todos,
sus padres, sus familias y las asociaciones, han conseguido. Muchísimas
gracias, de todo corazón. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 243. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
(Fuertes y prolongados aplausos de las señoras senadoras y los señores
senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna de invitados.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO
-- PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA
EL ARTÍCULO 184. (AUTORES: GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, ENTESA
CATALANA DE PROGRÉS, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (626/000005).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, pasamos al cuarto punto del
orden del día, toma en consideración de propuestas de reforma del
Reglamento del Senado. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por
la que se modifica el artículo 184, por parte de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés,
Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador
Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
Si le parece, voy a acumular los dos turnos de presentación y defensa de
la toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Va a acumular los dos turnos, la defensa de la toma
en consideración y el turno a favor.
Tiene la palabra, señoría.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Así terminaremos con brevedad, supongo, porque, además, esta propuesta en
realidad es muy sencilla. Se trata pura y simplemente de cumplir, en este
caso, un mandato legal, el que establece la reforma de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, de modo que las asambleas de las comunidades
autónomas puedan proponer candidatos para los cuatro miembros que el
Senado tiene que designar. Y parece perfectamente razonable que, una vez
desarrollado el Estado de las autonomías, las comunidades autónomas
tengan posibilidad de participar en la designación de miembros del
Tribunal Constitucional, pues, al fin y al cabo, habrá conflictos de
competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España.
Y si eso es razonable, mucho más parece que es que quede bastante claro
cuál es la forma de proponerla, que no es otra ni más ni menos que por
parte de la Cámara de representación territorial, sin que tenga que ser
vía grupos parlamentarios tras negociaciones, que son totalmente
legítimas pero que, en definitiva, introducen un oscurantismo que en
estos momentos considero que hay que desterrar para la propuesta de
candidatos al Tribunal Constitucional.
No parece, por tanto, demasiado complicada esta propuesta de reforma del
Reglamento. Se trata ni más ni menos que de cumplir un mandato legal,
además un mandato legal que, desde luego, a nuestro grupo parlamentario y
a todos los que proponemos esta reforma nos parece positivo.
¿Cuáles son los argumentos que se oponen a esta cuestión? A reserva de los
que pueden aparecer, naturalmente, creo que fundamentalmente hay dos: en
primer lugar, la idea de que las reformas reglamentarias se han hecho
siempre por consenso, aunque, lógicamente, los grupos parlamentarios
proponentes las quieren hacer por consenso. Sin embargo, no parece
razonable pensar que ningún grupo de la Cámara tenga derecho a veto a la
hora de intentar reformar un reglamento como este.
Ciertamente, podemos tener muchos precedentes de que ha parecido que algún
grupo tenía capacidad de veto y, en particular, el grupo del Gobierno en
legislaturas anteriores, porque baste recordar que para solicitar
información al Gobierno en algunos momentos estuvimos pendientes de
reformar el Reglamento, hasta que la legislatura terminó, y entonces sí,
entonces ocurrió que por unanimidad pudimos reformar el Reglamento. Pero
evidentemente hubo que dar un impulso a esa reforma, impulso que los
grupos parlamentarios proponentes en este caso queremos dar.
Naturalmente, queremos contar con todos en la reforma, pero tampoco
estamos dispuestos a conceder un derecho a veto en lo que es aplicación
estricta de la legalidad.
Una segunda argumentación es la que hace referencia a que en este caso se
trata de algo que está pendiente de un recurso al Tribunal
Constitucional. Y esa sí parece una cuestión más razonable, pero,
obviamente, si todas las cuestiones pendientes en el Tribunal
Constitucional no nos permitieran aplicar la ley y salir adelante,
seguramente encontraríamos paralizado el funcionamiento de las
instituciones del Estado, y no parece que eso sea precisamente lo que
prestigia a las instituciones del Estado y, en particular, al Tribunal
Constitucional.
En concreto, el recurso que ha presentado el Partido Popular hace
referencia al artículo 16.1 de la nueva ley, que parece desapoderar al
Senado y limitar sus competencias constitucionales, obligando a proponer
al Senado solo aquellos que sean designados por las comunidades
autónomas. Quiero significar que ese no es el contenido de la propuesta
de reforma reglamentaria que nosotros acabamos de proponer. Si esa es la
preocupación del Partido Popular, manifestada en el recurso ante el
Tribunal Constitucional, es obvio que esa razón no existe, porque en esta
propuesta que acabamos de formular, aunque por supuesto esté abierta a la
negociación, dejamos bastante claro que, diga lo que diga la ley, no se
sustrae al Senado la competencia sino que, bien al contrario, esta Cámara
sigue conservándola plenamente, si bien damos derecho a proponer a las
comunidades autónomas, como parece normal.
Por tanto, desde el punto de vista del recurso al Tribunal Constitucional
en esa cuestión concreta, es evidente que no hay una razón legal para
oponerse porque una sentencia -que no ocurrirá, con toda seguridad-
desfavorable al texto actual por parte del Tribunal Constitucional no
tendría afectación en absoluto a la reforma reglamentaria que nosotros
acabamos de proponer, porque el texto de la misma dice claramente que el
Senado se reserva la competencia para poder designar a quien le parezca
conveniente, con independencia de que abre la posibilidad a las
comunidades autónomas de hacer propuestas. Yo creo que con eso queda
absolutamente desarticulado cualquier tipo de oposición que haga
referencia al Tribunal Constitucional a la hora de oponerse a esta
aceptación de reforma. Pero, en cualquier caso, hay otra razón todavía
mucho más evidente, y es que el recurso al Tribunal Constitucional del
Partido Popular al artículo 16.3, concretamente al que hace referencia a
la elección del presidente del Tribunal Constitucional o a la prórroga
del mandato del presidente del Constitucional, dice expresamente -y con
razón- que son tres años. Pues ese mismo argumento sirve claramente para
decir que cómo es que eso obliga a que el presidente del Tribunal
Constitucional haya de renovarse expresamente cada tres años y no sirva
lo mismo para los vocales del Tribunal, porque también el mismo artículo
dice expresamente que su mandato es de nueve años renovables cada tres,
pero lo dice de la misma manera, tajantemente, que lo dice el artículo
recurrido por parte del Partido Popular. Es decir, que el Partido Popular
nos está proponiendo con toda claridad que hagamos una cosa que él cree
que es inconstitucional, que es prorrogar indefinidamente el mandato de
los vocales del Tribunal Constitucional que ha nombrado este Senado. Creo
que la argumentación jurídica no se sostiene. Y, por tanto, hay otra
argumentación, en la que tampoco quiero entrar excesivamente. Ustedes
saben perfectamente que la renovación de los miembros del Tribunal
Constitucional que corresponden al Senado se notifica -y así ha sido-
cuatro meses antes de expirar su mandato y que, a continuación, el Senado
tiene que proponer. Y en el caso concreto nuestro ha de hacer referencia
necesariamente a la reforma del Reglamento que se tiene que hacer para
poder permitir que las comunidades autónomas propongan. Eso significa que
se ha de tramitar de acuerdo con el propio Reglamento del Senado como si
fuera una proposición de ley, es decir, un largo trámite: una primera
toma en consideración, que es lo que ahora estamos discutiendo, una
remisión posterior a la comisión, un trámite de enmiendas, por supuesto,
y una aprobación posterior.
El Partido Popular nos está proponiendo, en realidad, con su negativa
hasta ahora, aunque evidentemente tiene todas las posibilidades y todo el
derecho del mundo a cambiar de opinión, que nosotros esto no lo hagamos
ahora, es decir, que esperemos a después de las elecciones generales, que
empecemos a tramitar toda esta reforma reglamentaria o cuando lo vea el
Constitucional -ya se ha visto que los argumentos no nos afectarían- o,
por el contrario, cuando haya una mayoría diferente en las Cámaras, en
este caso en el Senado, que haga posible que la reforma del Reglamento
sea diferente y haya otras posibilidades de nombramientos, probablemente.
Pero, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que las consecuencias de
las propuestas del Partido Popular nos obligan, insisto, a una cosa que
el Partido Popular cree que es inconstitucional, que es prorrogar el
mandato de los vocales elegidos por el Senado y, por tanto, yo creo que
no lo deberíamos aceptar.
Quiero terminar diciendo que todo esto puede tener todas las
consideraciones jurídicas que se quiera, pero ya se ha visto que no son
muy consistentes o que son contradictorias en su caso, entre uno y otro
recurso, y puede ser que se prefiera esperar a que haya una mayoría
diferente y que el Tribunal Constitucional entre tanto actúe de manera
interina. A mí me parece que, con las cosas que tiene pendientes de
resolver el Tribunal Constitucional, haríamos muy mal políticamente en
mantener esa situación de interinidad. El Tribunal Constitucional es una
de las piezas claves de nuestro ordenamiento, y creo que toda la
credibilidad que tenga a la hora de dictaminar en determinados conflictos
irá en beneficio del correcto funcionamiento de las instituciones y de su
credibilidad, y esta no puede ser puesta en cuestión por un juego de
mayorías o minorías en un momento determinado, porque tengo la impresión
de que eso sería una enorme irresponsabilidad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
En turno en contra tiene la palabra la senadora Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar me gustaría decir que lamento que el senador
Lerma haya unido los dos turnos de que dispone para la tramitación de
esta iniciativa, porque me hubiera gustado poder seguir debatiendo con él
en el turno de portavoces; pero, naturalmente, es su opción y no tengo
nada más que decir.
Por otro lado, señor presidente, señorías, senador Lerma, no hay vocales
del Tribunal Constitucional, hay magistrados. Además, nosotros no
proponemos que se espere a las elecciones generales o a su resultado;
proponemos una cosa completamente distinta que voy a pasar a explicarles.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos acaba de presentar su
propuesta para reformar el Reglamento en orden a la elección por esta
Casa de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, elección que,
por mandato constitucional, le corresponde.
El Grupo Parlamentario Socialista trae esta reforma porque, según se dice
en su muy lacónica exposición de motivos, la reciente aprobación de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige -y cito textualmente-
adaptar el Reglamento del Senado para ajustarlo a dicha modificación
legislativa. ¿Y cuál es esa modificación legislativa? Ni más ni menos que
las comunidades autónomas, a través de sus parlamentos autonómicos,
propongan a la Cámara los candidatos que el Senado nombrará tras los
trámites reglamentarios oportunos. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Desde nuestro punto de vista la modificación legislativa es de tal calibre
que soporta un recurso de inconstitucionalidad presentado por mi grupo
-como muy bien ha dicho el senador Lerma- por pervertir de raíz el modelo
constitucional y abrir una serie de perspectivas completamente insólitas
para la progresiva sustitución de los poderes del Estado por las
instituciones autonómicas. El hecho de que se quiera iniciar una
modificación normativa nada menos que del texto que rige la vida de esta
Casa, del Senado, basada en una ley recurrida al Tribunal Constitucional,
nos parece un disparate antológico. Porque, ¿qué ocurriría si obráramos
como dice el senador Lerma, si embarcáramos a la Cámara en esta aventura
y los parlamentos autonómicos se pusieran en marcha, propusieran,
nosotros nombráramos, y tiempo después, mucho tiempo después, el Tribunal
Constitucional declarara inconstitucional el precepto por el que se les
nombró? ¿Qué ocurriría con esos magistrados nombrados por la Cámara Alta?
Recordarán ustedes -déjenme que hagamos un poco de memoria- que ocurrió
algo parecido hace algunos
años en otro tribunal. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento por parte
de algún Gobierno socialista del fiscal general del Estado por no
ajustarse en aquel entonces a la normativa vigente. La diferencia con la
hipótesis que yo les acabo de plantear ahora es que el interesado ya no
ocupaba la Fiscalía General del Estado cuando el Tribunal Supremo se
pronunció. Pero ya hemos visto, señorías, que estas cosas han pasado y es
fácil que vuelvan a pasar. Por tanto, insisto en que piensen qué
ocurriría con esos cuatro magistrados nombrados por el Senado y a dónde
nos podría llevar esta reforma.
Señor presidente, hay importantes y poderosas razones por las que el Grupo
Parlamentario Popular utiliza este turno en contra de la iniciativa
socialista; las poderosas se refieren, evidentemente, a las cuestiones de
fondo, y a ellas me referiré más adelante. Pero las importantes,
señorías, como no podía ser de otra manera, son las razones de forma, y
de todos es sabido que cuando las formas no se respetan la iniciativa se
descalifica por sí sola.
Quiero que se me entienda bien, señorías. Yo no estoy criticando en
absoluto una decisión de la Mesa para que este punto del orden del día
pase, efectivamente, a formar parte del debate en este Pleno, ni desde
luego estoy negando a un grupo parlamentario su derecho reglamentario a
presentar una iniciativa. No estoy negando nada de eso. Lo que el Grupo
Parlamentario Popular rechaza es que se traiga esta reforma reglamentaria
de esta manera. Y me explico.
En estos días me he ocupado de repasar las sucesivas reformas que han ido
modificando a lo largo de las décadas el Reglamento de esta Casa,
señorías. Han sido muy variadas -el senador Laborda, que no está ahora,
ya volverá, y ha sido presidente, no me dejará mentir- Digo que han sido
muy variadas: desde la creación de la en mi opinión importantísima
Comisión General de las Comunidades Autónomas, pasando por la
determinación de las comisiones legislativas y no legislativas y las
propuestas de nombramientos a efectuar por la Cámara, hasta la última de
ellas: la solicitud de documentación por parte de los senadores a las
distintas administraciones públicas. Pues bien, señorías, todas esas
reformas tienen una característica común, y es que todas ellas han sido
presentadas a lo largo de las sucesivas legislaturas por todos los grupos
parlamentarios del hemiciclo, con su firma correspondiente al pie del
escrito. Si lo piensan, es lógico, porque de lo que se trata es de estar
todos de acuerdo a la hora de mejorar la norma que rige la vida, el
trabajo y el funcionamiento de esta Cámara.
Todo eso ha sido hasta hoy, porque esta costumbre no escrita se ha
mantenido hasta hoy; y el Grupo Parlamentario Popular se pregunta por qué
ahora ya no se mantiene, como también se pregunta cómo es posible que
esta pretendida reforma del Reglamento primero se filtre a un diario
nacional -el 10 de septiembre-, se explique en ese diario nacional el 10
de septiembre de qué va la reforma, el 13 de septiembre se plasme en un
papel y luego se pase por registro. Figúrense cómo será la actuación del
Grupo Parlamentario Socialista -y aquí tengo el famoso recorte del 10 de
septiembre- que el propio portavoz de Convergència i Unió, el senador
Macias, declara a dicho diario -y cito textualmente-: La tradición es que
el Reglamento se haga con el acuerdo de todos. Si el PSOE decidiera
seguir adelante nos extrañaría, porque sentaría un precedente.
Señor presidente, yo manifiesto en este momento mi extrañeza, porque no sé
qué le ocurre al Grupo Parlamentario Socialista, que hasta ahora ha
tenido una tradición dialogante.
Ayer presentaron ustedes -también me dio mucho que pensar- una moción al
Pleno sobre la pena de muerte, asunto que desde hace más de 14 años se ha
tramitado en esta Casa conjuntamente por todos los grupos de la Cámara,
hubiera las mayorías que hubiera. Y ahora traen esta reforma, pasada
primero por la prensa y luego, por el registro.
Por si se les ocurre decir que esta reforma del Reglamento es un mandato
legal que corresponde a una ley en vigor, les diré que esta respuesta ni
tan siquiera se corresponde con la ley recurrida al Tribunal
Constitucional, que establece -y cito también textualmente-: Los
magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos
presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
Pero la reforma que ustedes presentan establece que se elegirán esos
candidatos o no; es decir, amagar y no dar, a lo que ya nos tienen
ustedes muy acostumbrados. Pues, señorías, así no. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Lerma Blasco pide la
palabra.)
Tiene la palabra, senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Señor presidente, simplemente quiero aclarar algo
que ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular: yo no he
renunciado al turno de portavoces, sino que he hecho conjuntamente la
presentación y el turno a favor. Naturalmente, no he renunciado a la
segunda intervención, que haré con mucho gusto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Es lo que yo había dicho en mi
intervención.
Pasamos a continuación al turno de portavoces.
Tiene la palabra el senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente. Voy a procurar ser
muy breve.
En primer lugar, anuncio que el Grupo Parlamentario Mixto votará a favor
de la toma en consideración de esta propuesta de reforma del Reglamento,
porque es eso: una toma en consideración; por lo tanto, en su trámite en
esta Cámara todos los senadores del Grupo Parlamentario Mixto tendremos
oportunidad de manifestar nuestra opinión al respecto.
Y quisiera anticipar una serie de argumentos en nombre del Bloque
Nacionalista Galego, y digo en nombre del
Bloque Nacionalista Galego, porque cuando intervengo como portavoz siempre
tengo en cuenta que el Grupo Parlamentario Mixto es un grupo plural y,
por lo tanto, hay argumentos que a lo mejor no son compartidos por
algunos de mis compañeros.
Nosotros coincidimos en lamentar la falta de consenso en esta propuesta de
reforma del Reglamento del Senado, falta de consenso que se exterioriza
simplemente a la hora de pronunciarse sobre si se debe tomar en
consideración o no; y lamentamos que se haya roto una tradición.
Pero el Bloque Nacionalista Galego considera que nunca se puede apelar al
consenso para en la práctica utilizar minorías de bloqueo para hacer
políticas de veto. A eso, por desgracia, nos ha tenido acostumbrados el
Partido Popular a lo largo de toda esta legislatura, y hay una
congruencia evidente, que a ninguno de nosotros se nos escapa, entre la
posición que el Partido Popular está manteniendo sobre esta cuestión y la
posición que está manteniendo para impedir la renovación del Tribunal
Constitucional, y de facto está vetando la renovación de dicho tribunal
para intentar hacer un uso partidista y al servicio de sus estrategias
políticas de esa institución y, por tanto, judicializar la política.
En tiempos en los que el debate se caracteriza muchas veces por la
crispación excesiva y por la falta de mesura, yo quisiera que el Partido
Popular reflexionase sobre el carácter irresponsable de estas
actuaciones, que, a efectos prácticos, están sembrando la duda sobre
altas instituciones del Estado. Y lamento que un irresponsable
nacionalista tenga que manifestar eso, pero le pediría al Partido Popular
que reflexionase al respecto.
En cualquier caso, y abundando en nuestra argumentación, aunque tendremos
oportunidad de debatir la propuesta de reforma más por lo miudo -como
decimos en gallego- en su tramitación parlamentaria, si se aprueba su
admisión a trámite, nos parece congruente con la reforma de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, que votamos en esta misma Cámara:
por tanto, el Reglamento del Senado, lógicamente, se tiene que amoldar a
esta reforma.
En segundo lugar, aunque desde nuestro punto de vista la reforma se queda
corta, en cualquier caso avanza en lo que debe ser la adaptación del
Senado a lo que realmente es: una Cámara de representación territorial;
por tanto, la consulta a las comunidades autónomas para que estas puedan
elaborar propuestas nos parece lógica y conveniente.
Por último, y concluyo, utilizar como argumento que este debate debe
posponerse hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de
inconstitucionalidad presentado a la reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional nos llevaría al absurdo de acabar concluyendo que
lo mejor es que se disuelva el Gobierno y el Parlamento, porque el
Partido Popular a lo largo de esta legislatura ha hecho un uso tan
abusivo de la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional, que tanto el Gobierno como el Parlamento
estarían incapacitados para hacer política.
Por estas razones, el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de la
toma en consideración, como lo harán el conjunto de los senadores del
Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el senador Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señorías, a juicio de Convergència i Unió este no es un asunto menor sino
una cuestión importante, de calado. Por ello, a pesar de las prisas que
siempre hay a estas horas en los Plenos, creo que vale la pena subir por
un momento a esta tribuna.
Senadora Vindel, Convergència i Unió firmó esta propuesta de modificación
del Reglamento, y lo hizo con pleno convencimiento por una serie de
razones.
En primer lugar, para nosotros cualquier avance en la línea de lo que
venimos en llamar una mayor sensibilidad autonómica, como puede
comprender fácilmente, es motivo suficiente. Y nosotros, que siempre
hemos defendido un Tribunal Constitucional que refleje lo mejor posible
las dos partes que normalmente le presentan cuestiones para que las
dirima, es decir las comunidades autónomas y la Administración del
Estado, quisiéramos que tuviera, como es el caso de otros tribunales
constitucionales, una paridad y que, de alguna manera, pudiera
considerarse un tribunal absolutamente reflejo de las dos teóricas
visiones del Estado. No es así. En cualquier caso, la Constitución nos
obliga. Nosotros somos plenamente respetuosos con la Constitución, pero
creemos que todo aquello que esta no recoge y que puede ser desarrollado
por las leyes orgánicas puede y debe constituir un avance en ese sentido.
De hecho, nuestro grupo fue uno de los que en el trámite llevado a cabo en
el Congreso de los Diputados, posteriormente avalado por el Senado, pactó
con el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos que se pudiera
avanzar en el procedimiento de nombramiento de los miembros del Tribunal
Constitucional designados por el Senado permitiendo esta participación
modesta, más bien modestísima, de las comunidades autónomas. Pacta sunt
servanda. Es decir, como nosotros pactamos con el Grupo Parlamentario
Socialista y otros grupos, nos parece lógico intentar que esos acuerdos
sean realidad.
Le voy a dar la razón, senadora Vindel, en una cuestión. Usted dice que,
en función del texto que ahora se ha presentado, esos magistrados se
elegirán o no. Le doy la razón, y la invito a votar las enmiendas que
nuestro grupo va a formular en este sentido para que no se rompa el pacto
alcanzado por el Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y
otros grupos; y ya anuncio aquí que la posición de nuestro grupo va a ser
que o se respeta y se cumple lo que se pactó o no podremos apoyar en su
momento la modificación del Reglamento.
Dicho esto, ya les avanzo, como firmante de esta propuesta de
modificación, que vamos a votar favorablemente su toma en consideración.
Nos parece que eso positivo y que deberíamos conseguir el consenso. Creo
que no estaría de más que el Partido Popular recapacitara, utilizara la
argumentación dada por la senadora Vindel y dijera que se suma a esta
iniciativa con el máximo respeto a la ley hoy en día vigente. Nosotros
estaríamos muy contentos de que el Grupo Parlamentario Popular, por una
vez, abandonara esa posición de tanta incomprensión, negando incluso esta
participación modestísima de las comunidades autónomas, en algo que
parece que les interesa. De verdad que no acierto a entenderlo;
racionalmente no lo comprendo, no me casa, y no sé qué motivo puede
haber, sino el de la siempre respetable estrategia electoral. Por lo
tanto, repito que creo que sería positivo que el Partido Popular se
sumara también a este trámite, anque en su momento cada uno pudiese poner
sus cartas sobre la mesa y defender sus posiciones.
Para nosotros la búsqueda del consenso en la reforma del Reglamento ha
sido en cierta medida el ejercicio de aquel consenso constitucional que
tanto gusta a la gente de Convergència i Unió, y les voy a citar un
ejemplo. Una de las últimas reformas del Reglamento de cierto calado fue
la que permitió el uso de las lenguas cooficiales de las comunidades
autónomas en las labores del Senado. Ustedes saben perfectamente que, a
nuestro entender, la reforma fue absolutamente insignificante, es decir
que nos dejó profundamente insatisfechos, pero a pesar de ello
participamos intentando acercar el consenso lo más posible a nuestras
posiciones. Es cierto que desde el primer al último día dijimos
claramente que Convergència i Unió iba a mantener el consenso a las duras
y a las maduras, en lo que nos gustase y en lo que nos agradase menos,
intentando convencer a todos, al Partido Popular y al propio Partido
Socialista en sus reticencias. Como saben, finalmente no logramos poder
hablar aquí en catalán. Otra vez será. Pero, gracias a esta reforma uno
tuvo la ocasión de defender el Estatut de Autonomía de Cataluña en
catalán, y el de las Illes Balears también se defendió en catalán.
Por tanto, desde este punto de vista, considero que en estas cuestiones de
calado constitucional la búsqueda, la obsesión por el consenso debe
presidir nuestra actuación. Así lo hace mi grupo parlamentario y me
gustaría que todos los grupos, por descontado, también el Grupo
Parlamentario Popular, lo hicieran.
Para terminar, quiero anunciar lo que ya conocen sus señorías: nuestro
voto positivo a esta toma en consideración, pero quiero anunciar también
que mi grupo va a presentar enmiendas en un trámite posterior, en el
sentido de que si es a propuesta de las comunidades autónomas es a
propuesta de estas, y no dependiendo de si el día amanece soleado o
nublado.
Hay que cumplir los pactos, y como en este sentido las credenciales del
señor Zapatero no nos merecen demasiado respeto, vamos a esperar a que
sus representantes en esta Cámara los cumplan. Pacta sunt servanda? He
pedido a mi colega, el senador Zubia, que me confirmara que esa era la
expresión, pero estoy seguro de que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista la entiende perfectamente, la va a transmitir y es consciente
de que o se cumplen los pactos o Convergència i Unió no va a estar en
esta función.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
En realidad a este portavoz pocas palabras bastan para entender y
justificar la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que
se modifica el artículo 184, que ha sido presentada por cuatro grupos
parlamentarios, entre los que se encuentra precisamente el nuestro.
No se trata más que de una reforma puntual o, quizá mejor, de una
necesaria modificación del Reglamento de la Cámara a fin de adaptarlo a
la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se ha modificado la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y más
concretamente, adaptarlo a su artículo 16.1 que establece que los
magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Senado serán
elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento
de la Cámara. Y recalco en los términos que determine el Reglamento de la
Cámara.
Pues bien, señorías, esto y no otra cosa es lo que se pretende con esta
propuesta de reforma: determinar el procedimiento a seguir para llevar a
cabo la elección por el Senado de los cuatro magistrados del Tribunal
Constitucional que le corresponde proponer, conforme al artículo 159.1 de
la Constitución, un procedimiento que, repito de nuevo, es obligado fijar
para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Y se
articula de forma bien simple, en la medida en que únicamente se
introduce un nuevo punto 7 en el artículo 184 del Reglamento. Y habida
cuenta de que conforme a la ley, como he dicho, los magistrados
propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos que
presenten las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, se
establece en esta propuesta de adición de ese nuevo apartado 7, por un
lado, que el presidente del Senado comunicará a los presidentes de tales
asambleas la apertura de plazo para la presentación de candidaturas,
pudiendo cada una de ellas presentar un máximo de dos candidatos y, por
otro, que corresponde a la Comisión de Nombramientos de esta Cámara, ante
la que deberán comparecer con carácter previo los candidatos, elevar al
propio Pleno de la Cámara una propuesta que contenga tantos candidatos
como puestos a cubrir.
Este y no otro, repito, es el contenido de la reforma, con la que el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos está de acuerdo, como lo
demuestra el hecho de ser uno de los grupos firmantes de la iniciativa y,
más aún, por ser una reforma que trae causa de una modificación de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la que nos identificamos.
Por todo ello, anuncio nuestro voto afirmativo a esta iniciativa en cuanto
tiene que ver con su toma en consideración, aunque también anuncio la
posibilidad de presentación en un posterior trámite de alguna enmienda
que clarifique ciertas dudas que nos plantea, fundamentalmente, como se
ha puesto de manifiesto, el último párrafo del texto de la mencionada
proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la
senadora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Coincido plenamente con la intervención del senador Lerma, por lo que me
voy a limitar a expresar el voto favorable del Grupo Parlamentario de
Entesa Catalana de Progrés a la toma en consideración de esta propuesta
de modificación del Reglamento.
En relación con el texto que se nos propone, quiero señalar únicamente que
mi grupo parlamentario se reserva la posibilidad de presentar las
enmiendas que considere oportunas en el trámite correspondiente.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.
Me parece sorprendente la argumentación dada por el Grupo Parlamentario
Popular, porque para cada cuestión tiene una doctrina diferente. Así, en
lo relativo al artículo 16.3, recurrido al Tribunal Constitucional, el
mandato ha de ser exclusivamente, tal como dice la Constitución, de tres
años para elegir al presidente. En cambio, para elegir a los miembros del
Tribunal Constitucional, el plazo se puede prorrogar indefinidamente, que
es la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular al no tomar en
consideración esta reforma reglamentaria. Y es que el plazo se puede
prorrogar indefinidamente, porque, si no llevamos a cabo la reforma
reglamentaria y no tomamos en consideración la legislación de la que nos
hemos dotado con la modificación del Tribunal Constitucional, los
miembros de dicho tribunal designados por el Senado seguirán siéndolo
después de que acabe esta legislatura y comience la siguiente, y hasta
que el Partido Popular decida desbloquear la reforma reglamentaria para
designar a los miembros de dicho tribunal que corresponden a esta Cámara.
Eso es lo que se nos está proponiendo: una interpretación doctrinal
sorprendente, porque en un caso es una, y en el otro, la contraria.
Y la interpretación doctrinal realizada por la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular cuando dice que hay que esperar la sentencia del
Tribunal Constitucional porque, sabe Dios lo que podría ocurrir a
continuación, viene también a propósito, por ejemplo, de la designación
de los senadores miembros de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Como
digo, según su interpretación doctrinal, aquí les sobra un senador, pues
hay interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo cual
quiere decir que todas las votaciones en las que participe el senador
designado, quizá inconstitucionalmente podrían ser anulables. Esta es
otra interpretación doctrinal sorprendente que nos llevaría probablemente
a paralizar toda la actividad legislativa por si acaso el Tribunal
Constitucional decidiera aceptar algún recurso de los innumerables que el
Partido Popular tiene interpuestos.
Evidentemente, las cosas no funcionan así, y creo que se podrían sumar
perfectamente a este trámite. Ya veremos si después podemos ponernos o no
de acuerdo en las propuestas que nos van a hacer las comunidades
autónomas. Puede ser que no lleguemos a ello en esta legislatura, pero,
en cualquier caso, al comienzo de la siguiente, con la mayoría que los
ciudadanos españoles nos hayan querido dar, enseguida veremos si podemos
designar a los miembros del Tribunal Constitucional y no se eterniza el
mandato de los que cumplen su plazo en el mes de diciembre de este año.
Creo que, como mínimo, podrían explorar perfectamente esa actuación, lo
que redundaría en beneficio de las instituciones, porque, insisto, con
las sentencias que tiene que dictar el Tribunal Constitucional sería
conveniente que estuviera al completo y con una legitimidad reforzada por
esta Cámara, que al menos tiene que designar a cuatro de sus miembros.
Creo que eso sería positivo.
Pero voy a dar otro argumento, que en este caso no es mío. Ustedes saben
perfectamente cuál es, pues es público y está en los registros de esta
Cámara. Me refiero a la propuesta hecha por don Manuel Fraga, maestro del
Derecho, a su amigo -y también mío- don Juan José Lucas cuando era
presidente de la Cámara. Con ambos he tenido gran relación y he tenido
ocasión de compartir este tipo de cuestiones, en particular esta.
El Parlamento de Galicia, cuando don Manuel Fraga era presidente, tuvo la
oportunidad de proponer y argumentar que una simple reforma
reglamentaria, respetando por supuesto la Constitución y el estatuto,
conseguiría una fórmula adecuada para hacer participar a las comunidades
autónomas en el nombramiento del Tribunal Constitucional. La fórmula
propuesta era casi, casi calcada a la que nosotros acabamos de proponer
ahora; un argumento, si no quieren escuchar el mío, mucho más de peso
para ustedes -para mí también, porque en el sentido del derecho don
Manuel es un maestro-, que serviría para desbloquear una situación que,
insisto, creo que es positiva para el Tribunal Constitucional, como es el
hecho de proceder a la renovación en su momento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.
La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré contestando a los pocos grupos que han intervenido, en
primer lugar, al representante del Bloque Nacionalista Galego, que se ha
autodefinido como un irresponsable nacionalista. No me riña, señor
presidente, porque así se ha autodefinido él mismo. Por otra parte,
coincide conmigo en que no está de acuerdo en que se rompa la tradición
de esta Casa, algo que agradezco al Bloque Nacionalista Galego. Es así y
no debería ser así, señorías. Al mismo tiempo, coincido con él en que se
deberían disolver las Cortes y el presidente del Gobierno debería
convocar elecciones. Estoy completamente de acuerdo con mi portavoz, que
ha manifestado exactamente lo mismo esta mañana al presidente del
Gobierno.
Déjeme que le pregunte algo, señor Macias: ¿por qué tiene que ir el Grupo
Parlamentario Popular a un consenso del cual ha sido formalmente
excluido? Me gustaría que me lo explicara en cualquier otro momento,
porque ahora no hay otro turno para ello. Usted dice además: pacta sunt
servanda. Bueno, y yo le digo: rebus sic estantibus. Y le digo más,
porque le veo a usted en un laberinto. ¿Se sigue creyendo aquello de:
«Pascual, aceptaré todo lo que venga del Parlament de Catalunya» y por
eso ha prestado su firma a esta iniciativa, aun a sabiendas de que se
rompía una tradición de años y años, de legislaturas y legislaturas? De
verdad, señor Macias, tiene usted todo el derecho, pero no hay quien le
entienda, no hay quien le entienda.
La senadora Aroz coincide plenamente con el senador Lerma, con lo cual, si
les parece, les contesto conjuntamente. Senador Lerma, nuestra
argumentación no es sorprendente, es muy previsible y usted ya lo sabía.
Claro que nosotros pretendemos que se espere a la sentencia del Tribunal
Constitucional; es que no queda otra. Pero si lo que a usted le preocupa
es el tiempo... (El señor Curiel Alonso pronuncia palabras que no se
perciben.) Sí, senador Curiel, no queda otra, no se empeñe. Pero si de
verdad lo que les preocupa es el tiempo, no se preocupen, señorías.
Compruebo que el senador Lerma se ha leído nuestro recurso, pero no ha
leído la parte del petitum en que pedimos urgencia en el fallo al
Tribunal Constitucional. Evidentemente, el senador Lerma tiene razón en
cuanto a sus consideraciones sobre la composición del Tribunal
Constitucional.
Le agradezco mucho y me emociona que nombre al senador Fraga y lo haga
además con ese respeto y ese cariño. Qué lástima que solo le nombre
ahora, porque cuando el senador Fraga era presidente de la Xunta y don
Felipe González era presidente del Gobierno español, don Manuel Fraga ya
pretendía que se creara en este país la Administración única, y maldito
el caso que ustedes le hicieron; más bien todo lo contrario. (Algunos
señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras
que no se perciben.) No, no, ustedes.
Señor presidente, señorías, se nos pide que demos nuestro voto favorable a
esta reforma del Reglamento. Ya hemos dicho que esta reforma no recoge
esencialmente aquello que ha sido recurrido al Tribunal Constitucional
porque es un «sí es no es»; tan «sí es no es», que hace que no se
entienda muy bien esta pretendida reforma reglamentaria. Es más, en esta
reforma del Reglamento hay una especie de excusatio non petita: el Senado
puede elegir a los candidatos, o no -lo cual no le gusta nada a sus
socios-, lo que prueba que sus autores se percatan, señorías, de que se
mueven en unas auténticas arenas movedizas.
Con meridiana claridad la Constitución establece que 4 de los 12 miembros
del Tribunal Constitucional son nombrados por el rey a propuesta del
Senado. Y en vista de esta previsión constitucional, yo les pregunto: ¿El
Senado puede -que es lo que ustedes quieren-, a través de una ley o de un
reglamento, renunciar, condicionar o trasladar a otra institución esa
facultad a él atribuida por el texto constitucional? Señorías, la
respuesta necesariamente es negativa. Además, señor presidente, tenemos
un problema de fuentes, porque nos encontramos con el sospechoso e
inconsistente hecho de que la norma derivada de la Constitución que
regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional está regulando al
mismo tiempo el comportamiento al que debe ajustarse el Senado, y a esta
perversión legal contribuye alegremente esta propuesta.
Señorías, ¿se imaginan por un momento que la Ley Orgánica del Poder
Judicial dijera al Congreso de los Diputados no solo los requisitos
constitucionales que deben cumplir sus vocales, sino que los debe elegir
el Congreso según las propuestas de cualquier órgano autonómico o de
cualquier corporación profesional? Señorías, estaríamos, sin duda, ante
una estructura jurídica desastrosa: desastrosa.
Es más, es que se está utilizando una ley orgánica para otorgar
competencias a las asambleas autonómicas que la Constitución no ha
previsto, y una ley orgánica no puede alterar la distribución de
competencias.
El Senado es cámara de representación territorial -ya lo dice la
Constitución-, pero el alcance de esa definición, señorías, no nos
autoriza a un despropósito de este calibre, que deja la actuación de esta
Casa en poco menos que una mera formalidad, porque si lo que se quiere es
que los parlamentos autonómicos tengan mayor protagonismo en estos
nombramientos, dígase e iremos a una reforma constitucional, pero no a
una minusvaloración del Senado, que es precisamente lo que ocurre con
esta iniciativa en la que, desde luego, ya les he anunciado que no van a
encontrar al Grupo Parlamentario Popular.
Señor presidente, señorías, yo le pido al Grupo Parlamentario Socialista
que retire del orden del día esta propuesta porque queremos que siga viva
la tradición de que las reformas reglamentarias en la Cámara se hacen por
consenso y no de esta manera. Y si no la retira, yo les ruego que
feliciten al genio o a la mente preclara que, aprovechando una más que
loable iniciativa del Gobierno para solucionar las carencias
organizativas y de funcionamiento del Tribunal Constitucional, ha
conseguido con una enmienda aprobada aquí, en el mes de junio, nada más y
nada menos, primero, que la ley sea recurrida al Tribunal Constitucional;
segundo, que se intente que el Senado
sea menos Cámara nacional; y tercero, que por primera vez los grupos
parlamentarios votemos de manera diferente la forma que rige nuestro
funcionamiento.
Desde luego, señorías, son ustedes únicos. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la toma en consideración de la propuesta de
reforma del Reglamento del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, 131; en contra, 110; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y quince minutos.
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