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DS. Senado, Pleno, núm. 133, de 10/10/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 133
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 10 de octubre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS

-- De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Presidente del Gobierno acerca de la situación actual de su «nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de España», anunciado en febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001411).


-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno en orden a transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia, antes de que finalice el presente año, las competencias acordadas por el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Galicia durante el mes de febrero de 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001412).


-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el motivo por el que el Gobierno cumple las leyes en materia presupuestaria con las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña y no lo hace en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001415).


-- De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las razones objetivas por las que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha sido la Comunidad Autónoma con menor financiación

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autonómica e inversión estatal por habitante. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001410).


-- De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con la oferta de empleo público realizada por la Corporación RTVE. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001421).


-- De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para aprobar definitivamente la declaración del puerto de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) como frontera exterior según el Acuerdo Schengen. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001416).


-- De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para invertir la tendencia al alza de los accidentes de tráfico en los últimos meses.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001423).


-- De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001408).


-- De D.a MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la convocatoria del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) para el año 2007. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001430).


-- De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Ministro de Cultura se adhiere al manifiesto que denuncia la persecución lingüística en la Comunidad Autónoma de Cataluña, al que se han sumado más de medio millar de personalidades de nuestras letras. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales«, Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001422).


-- De D.a MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para incentivar a las empresas a contratar mujeres mayores de cuarenta y cinco años. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001419).


-- De D.a PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de casi cuatro años de paz social con veinte acuerdos firmados con los agentes sociales.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001425).


-- De D. JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la evolución del paro y la afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001426).


-- De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las razones por las que el túnel de Vielha (Lleida) pasará a tener solamente dos carriles cuando la previsión era que tuviera tres. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001418).


-- De D. MANUEL JAIME CABEZAS ENRÍQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el calendario definitivo para la finalización y puesta en funcionamiento de todos y cada uno de los tramos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Galicia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001424).


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-- De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el estado de ejecución de las obras en el eje atlántico para la línea ferroviaria de alta velocidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001429).


-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno tramitar de manera urgente la propuesta formulada a través de la moción pendiente de tramitación en la Comisión de Fomento y Vivienda, para suprimir el paso a nivel de la plaza de los Carros en el centro de la ciudad de Tarragona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001431).


-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la decisión definitiva tomada por el Ministerio de Fomento en relación con la modificación del proyecto de obras del túnel de Vielha (Lleida), pasando de tres carriles a dos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001432).


-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que los ganaderos se vean obligados a abandonar su explotación, como consecuencia del desfase entre los incrementos de los costes de producción y la evolución del precio de venta de sus productos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001391).


-- De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si considera el Gobierno que el borrador de la propuesta de la Comisión Europea referente al régimen de ayudas al algodón cumple con los términos contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que anulaba el régimen anterior. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001420).


-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales novedades contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en el sector agroalimentario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001427).


-- De D.a MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto a las conclusiones y recomendaciones que hace a la Comisión Nacional de Subproductos el Libro Blanco de los Subproductos de Origen Animal No Destinados a Consumo Humano (SANDACH). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001428).


-- De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para alcanzar un Estado que sea realmente plurilingüe. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001413).


-- De D.a MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la fecha prevista por el Gobierno para realizar la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las funciones de autorización de laboratorios farmacéuticos y de empresas fabricantes de productos sanitarios y cosméticos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001417).


-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que el Lehendakari Juan José Ibarretxe Markuartu desvaría al plantear propuestas políticas de arreglo ante una situación bloqueada. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001414).


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Segundo

INTERPELACIONES

-- De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender adecuadamente las necesidades de infraestructuras de transportes en la Comunidad de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007).
(Núm. exp. S. 670/000176).


-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de pesca, especialmente su postura ante el cierre anticipado de la pesquería del atún. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000173).


-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la política del Gobierno con respecto a la dinámica de funcionamiento y de diálogo en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 790, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000175).


Segundo bis

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

-- En relación con la Ponencia de estudio de la desestacionalización en el sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional de las estaciones de esquí, en la parte relativa al estudio de la desestacionalización en el sector turístico, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 791, de 8 de octubre de 2007). (Núm. Exp. 543/000007).


Tercero

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 112, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000112) (Núm. exp. C.D. 121/000095).


-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 109, de fecha 8 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 621/000109) (Núm. exp. C.D.
121/000073).


Cuarto

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO

-- Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 184. (Autores: Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 53, de fecha 20 de septiembre de 2007). (Núm. exp. S. 626/000005).


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SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 8303)

De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLA-MENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Presidente del Gobierno acerca de la situación actual de su «nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de España», anunciado en febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados (Página 8303)

El señor García-Escudero Márquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García-Escudero Márquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno en orden a transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia, antes de que finalice el presente año, las competencias acordadas por el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Galicia durante el mes de febrero de 2007 (Página 8306)

El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera Caselas. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el motivo por el que el Gobierno cumple las leyes en materia presupuestaria con las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña y no lo hace en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 8309)

El señor Belda Quintana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Belda Quintana. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las razones objetivas por las que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha sido la Comunidad Autónoma con menor financiación autonómica e inversión estatal por habitante (Página 8312)

El señor Sampol i Mas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sampol i Mas. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno en relación con la oferta de empleo público realizada por la Corporación RTVE (Página 8313)

El señor Agramunt Font de Mora formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Agramunt Font de Mora. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para aprobar definitivamente la declaración del puerto de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) como frontera exterior según el Acuerdo Schengen (Página 8315)

El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Perestelo Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas previstas por el Gobierno para invertir la tendencia al alza de los accidentes de tráfico en los últimos meses (Página 8316)

Página 8298


El señor Cosidó Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cosidó Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») (Página 8317)

El señor Salvador García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D.a MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno acerca de la convocatoria del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) para el año 2007 (Página 8318)

La señora Castillo Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio (Clos i Matheu).


De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Ministro de Cultura se adhiere al manifiesto que denuncia la persecución lingüística en la Comunidad Autónoma de Cataluña, al que se han sumado más de medio millar de personalidades de nuestras letras (Página 8319)

El señor Van-Halen Acedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Cultura (Molina Sánchez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Van-Halen Acedo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Cultura (Molina Sánchez).


De D.a MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para incentivar a las empresas a contratar mujeres mayores de cuarenta y cinco años (Página 8320)

La señora De Cospedal García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora De Cospedal García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D.a PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de casi cuatro años de paz social con veinte acuerdos firmados con los agentes sociales (Página 8321)

La señora Hernández Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto a la evolución del paro y la afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre (Página 8322)

El señor Alonso García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. JOSEP MARIA ESQUERDA SEGUÉS, del GRUPO PARLA-MENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las razones por las que el túnel de Vielha (Lleida) pasará a tener solamente dos carriles cuando la previsión era que tuviera tres (Página 8323)

El señor Esquerda Segués formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. MANUEL JAIME CABEZAS ENRÍQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el calendario definitivo para la finalización y puesta en funcionamiento de todos y cada uno de los tramos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 8324)

El señor Cabezas Enríquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabezas Enríquez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,

Página 8299


sobre el estado de ejecución de las obras en el eje atlántico para la línea ferroviaria de alta velocidad (Página 8326)

El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si tiene previsto el Gobierno tramitar de manera urgente la propuesta formulada a través de la moción pendiente de tramitación en la Comisión de Fomento y Vivienda, para suprimir el paso a nivel de la plaza de los Carros en el centro de la ciudad de Tarragona (Página 8327)

El señor Badia i Chancho formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Badia i Chancho. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la decisión definitiva tomada por el Ministerio de Fomento en relación con la modificación del proyecto de obras del túnel de Vielha (Lleida), pasando de tres carriles a dos (Página 8328)

El señor Companys i Sanfeliú formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Companys i Sanfeliú. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar que los ganaderos se vean obligados a abandonar su explotación, como consecuencia del desfase entre los incrementos de los costes de producción y la evolución del precio de venta de sus productos (Página 8329)

El señor Companys i Sanfeliú formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Companys i Sanfeliú. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si considera el Gobierno que el borrador de la propuesta de la Comisión Europea referente al régimen de ayudas al algodón cumple con los términos contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que anulaba el régimen anterior (Página 8330)

El señor Pérez Lapazarán formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Lapazarán. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales novedades contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 en el sector agroalimentario (Página 8332)

El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D.a MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Gobierno con respecto a las conclusiones y recomendaciones que hace a la Comisión Nacional de Subproductos el Libro Blanco de los Subproductos de Origen Animal No Destinados a Consumo Humano (SANDACH) (Página 8333)

La señora González Lahidalga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. FRANCISCO JAVIER MAQUEDA LAFUENTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el

Página 8300


Gobierno para alcanzar un Estado que sea realmente plurilingüe.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D.a MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la fecha prevista por el Gobierno para realizar la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las funciones de autorización de laboratorios farmacéuticos y de empresas fabricantes de productos sanitarios y cosméticos.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre si considera el Gobierno que el Lehendakari Juan José Ibarretxe Markuartu desvaría al plantear propuestas políticas de arreglo ante una situación bloqueada.


Esta pregunta ha sido retirada.


INTERPELACIONES (Página 8334)

De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender adecuadamente las necesidades de infraestructuras de transportes en la Comunidad de Madrid (Página 8334)

El señor Peral Guerra expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve a intervenir el señor Peral Guerra. Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la política del Gobierno en materia de pesca, especialmente su postura ante el cierre anticipado de la pesquería del atún (Página 8341)

El señor Urrutia Elorza expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). Vuelve a intervenir el señor Urrutia Elorza. Cierra el debate la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la política del Gobierno con respecto a la dinámica de funcionamiento y de diálogo en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.


Esta interpelación ha sido aplazada.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Página 8347)

En relación con la Ponencia de estudio de la desestacionalización en el sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional de las estaciones de esquí, en la parte relativa al estudio de la desestacionalización en el sector turístico, constituida en el seno de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio (Página 8347) )

En turno de portavoces intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Gastón Menal, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Seguí Díaz, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba el informe por asentimiento.


Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8350)

De la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (Página 8350)

Comienza el debate del articulado.


El señor Casas i Bedós defiende la enmienda número 96 y retira las números 75 a 80, 82 a 95 y 97 a 104, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas 1 a 7, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


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El señor Nuet i Pujals defiende las enmiendas números 33, 37, 38, 40, 43, 44, 47 a 55, 57, 58, 68 y 71 a 74, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora Redondo de Lucas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 61 y 64 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


El señor Vázquez Requero defiende las enmiendas 8 a 16 y 18 a 23, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Redondo de Lucas, por el Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen el señor Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; así como los señores Nuet i Pujals, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Martín, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Requero, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió , por 119 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas número 1 a 7, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 19 votos a favor, 225 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 127 votos votos a favor y 118 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 232 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 61 y 64 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 122 votos a favor, 113 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 8 a 16 y 18 a 23, del Grupo Parlamentario Popular, por 111 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores por 244 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 245 votos a favor.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (Página 8361)

La Presidenta de la Comisión, señora Rubial Cachorro, presenta el dictamen.


El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) presenta el proyecto de ley.


En turno de portavoces, intervienen los señores Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; las señoras Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Quesada Bravo, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Juan Sanz, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se aprueba el proyecto de ley por 243 votos votos a favor.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales este proyecto de ley.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO (Página 8369)

Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 184. (Autores: Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió) (Página 8369)

El señor Lerma Blasco defiende la toma en consideración y consume el turno a favor.


En turno en contra, hace uso de la palabra la señora Vindel López.


En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; Macias i Arau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Sena-

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do de Convergència i Unió, y Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibañez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se aprueba la toma en consideración por 131 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y quince minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Buenos días, señorías.


PREGUNTAS:

-- DE DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE SU «NUEVO PROYECTO PARA EUSKADI Y PARA EL CONJUNTO DE ESPAÑA», ANUNCIADO EN FEBRERO DE 2005 EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (S. 680/001411).


El señor PRESIDENTE: Las preguntas del senador Maqueda y de la senadora Elices han sido aplazadas y la del senador Anasagasti retirada.


Pregunta del senador Pío García-Escudero.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor presidente del Gobierno, buenos días. Permítame, señor presidente, que antes de formular la pregunta manifieste, en nombre de mi grupo y creo que en el de toda la Cámara, nuestro más profundo rechazo y enorme repulsa por el atentado terrorista cometido ayer en Bilbao.
Asimismo, quiero expresar nuestros mejores deseos de recuperación para el escolta que fue herido en dicho atentado terrorista y, también, todo el apoyo, la solidaridad y el reconocimiento a la labor y trabajo que vienen realizando los escoltas y fuerzas de seguridad para proteger tantas vidas y combatir siempre eficazmente el terrorismo. Muchas gracias.
(Aplausos.)

¿Cómo valora el presidente del Gobierno la situación actual de su nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de España anunciado por él mismo el 1 de febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


También quiero iniciar mi intervención expresando mi condena y absoluto rechazo al atentado terrorista que ayer se produjo en Bilbao, así como mi deseo de la pronta recuperación de Ginés, el escolta herido.


Voy a reiterar dos ideas que en este momento me parecen convenientes. La primera es que el Estado democrático y el Gobierno van a combatir con toda firmeza cualquier intento de terror y violencia; van a poner, y ponen, todos los medios para prevenir y perseguir a los violentos. La segunda es que, como la historia acredita, la lamentable historia que la sociedad y la democracia española han sufrido con la acción violenta y el terror, resulta muy conveniente la unidad de los demócratas y el máximo consenso en defensa de nuestros valores para conseguir el objetivo que, en este caso, sí es unánime y común de todos los demócratas, que es ver el fin de la violencia, derrotar lo que representa el terror, la amenaza y la coacción.


A ello emplazo, una vez más, a todos los grupos políticos. Agradezco el apoyo y la solidaridad y garantizo a la Cámara, a la ciudadanía y a la sociedad que el Estado democrático está muy fuerte y preparado para este combate.


Punto y aparte, paso ahora al contenido de la pregunta. El Gobierno que presido desde la investidura y, por supuesto, desde el debate al que ha hecho referencia su señoría, que es el debate en el que se presentó en las Cortes Generales, en concreto en el Congreso de los Diputados, el llamado estatuto político o plan Ibarretxe, viene trabajando con un objetivo en lo que afecta al País Vasco en la medida en que la situación política e institucional en el País Vasco afectan al conjunto de España.


El primer objetivo es, por supuesto, como dije en ese debate, terminar con la violencia y hacer que la libertad, la expresión democrática de todas las ideas esté en igualdad de condiciones en Euskadi, y, el segundo, renovar un consenso, un acuerdo político que exprese la pluralidad de la sociedad vasca y que se produzca en el marco de las reglas del juego, que no son otras que la Constitución y el Estatuto de Autonomía, sabiendo que para ello se exigen dos condiciones básicas: consenso y respeto a la legalidad; así hemos trabajado, así he tomado las decisiones y así las tomaré en el futuro ante cualquier eventualidad que podamos tener.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, efectivamente, el solemne anuncio de un nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de España lo hizo usted durante el debate del plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados. Y quiero recordarle que este plan fue rechazado, ¿por usted solo? No. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista solo? Tampoco. ¿Con el apoyo de sus socios parlamentarios? Ni mucho menos. Fue rechazado porque entonces el Partido Popular se puso de su lado. Por tanto, como usted comprenderá, no es justo acusarnos de falta de apoyo, como lo ha venido haciendo, cuando fue usted quien rompió a principio de la legislatura los consensos básicos, y no nosotros.


Resulta que hoy tenemos un nuevo plan Ibarretxe y me temo que va a volver a pasar lo de siempre: que yo le voy a señalar la luna con el dedo, y usted se va a quedar mirando al dedo (Risas.). Y yo le diré que usted asuma su responsabilidad ante un problema de secesionismo, que es bastante grave, y usted probablemente, como ha hecho en otras ocasiones, le va a echar la culpa al Partido Popular.


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El día que se debatió el plan Ibarretxe en el Congreso usted dijo: Este uno de febrero no es el final de un plan sino el día en que asistimos a nuevo comienzo, a un nuevo proyecto para Euskadi y para el conjunto de España; un proyecto que ha de establecer la prioridad en el afán de compartir las identidades y respetar las aspiraciones nacionales dentro de un gran proyecto de convivencia. Y claro, luego pasa lo que pasa, que de aspiraciones nacionales estamos sobrados y el proyecto de convivencia no se ve por ninguna parte.


Hace escasamente un mes le comenté en esta Cámara que a estas alturas de la legislatura los nacionalismos se han radicalizado cada vez más, y los socialistas se están comportando como nacionalistas.-(Rumores.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Y es que usted, desoyendo los sabios consejos de nuestros padres, que nos decían en la infancia que no anduviéramos con malas compañías (Risas.), eligió al comienzo de la legislatura a unos amigos que no creen en España (Rumores.) y así usted ha convertido lo que desde hace treinta años era un espacio de encuentro y de acuerdo en la política territorial en un territorio de conflicto donde quien más y quien menos piensa que puede sacar tajada charlando simplemente una hora con usted. Como el señor Ibarretxe, que el otro día se quejaba amargamente de que si ustedes habían hablado de política con Batasuna y con ETA por qué él no iba a poder hablar con usted de su proyecto secesionista.


Y yo le pido a usted que cumpla lo que acaba de decir, que le diga al señor Ibarretxe con toda energía lo que usted acaba de decir y lo que pensamos todos, y es que España no es negociable; porque según usted así es como se construyen los proyectos de convivencia, y no me resisto una vez más a plantearle una serie de dudas que tenemos, aun a sabiendas de que, como siempre, usted no me va a responder.


Señor Zapatero, ¿su proyecto de convivencia incluye que se quemen fotos de Sus Majestades los reyes ante la pasividad de unas fuerzas del orden que dependen de un Gobierno que está presidido por un socialista, el señor Montilla? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor Zapatero, ¿me va a responder, o pasa palabra? (Risas.)

Señor Zapatero, ¿su proyecto de convivencia incluye también que amigos suyos de Esquerra Republicana de Cataluña amenacen de muerte a miembros del Partido Popular y de Ciutadans, y que una ministra suya todo lo reduzca simplemente a que el Partido Popular tiene que aprender a convivir? ¿También va a pasar palabra?

Señor, Zapatero, ¿incluye su proyecto que sus socios hayan pedido en esta Cámara que el rey deje de ser el jefe de las Fuerzas Armadas para que lo sea usted, el presidente del Gobierno? ¿Incluye también que otro socialista, el señor Maragall, diga que ha llegado la hora de que la nación catalana reclame su Estado, y nadie del Partido Socialista Obrero Español le haya llamado la atención? ¿Incluye su proyecto de convivencia para España que el señor Puigcercós, consejero del Gobierno de la Generalitat presidida por el señor Montilla, pueda decir que Cataluña ya no tiene nada que hacer dentro de España, y su presidente, el socialista Montilla, se calle y sea incapaz de decirle nada?

¿Incluye su proyecto que se persiga el uso del castellano en los colegios, en los comercios, en los medios de comunicación públicos, todo ello en comunidades autónomas presididas por socialistas? ¿Incluye su proyecto que Batasuna sea considerada negociadora para la paz o una organización terrorista, según el tiempo que haga, de dónde sople el viento o si hay elecciones en el horizonte? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

¿Incluye su proyecto que alcaldes socialistas estén incumpliendo la ley de banderas, incurriendo en prevaricación, y que usted, el presidente del Gobierno de España, lo reduzca todo a que es un debate de corto alcance? ¿Es este su proyecto político para España, señor Zapatero? ¿A dónde nos lleva usted por este camino? ¿Con quién tenemos que quedarnos?, ¿a qué carta jugamos?

¿Dónde está aquel José Luis Rodríguez Zapatero del año 2000, que reclamaba un gobierno de izquierdas para acabar con el chantaje nacionalista? Leo: Diario de León. Lunes, 7 de febrero de 2000. Zapatero. Un gobierno de izquierdas acabaría con el chantaje nacionalista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

¿O tenemos que quedarnos con los señores Ibarra y Guerra, que están pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución? ¿O tenemos que quedarnos con su partido, el Partido Socialista de Galicia, que no se opone a que se celebre el referéndum Ibarretxe?

¿Se da usted cuenta, señor Zapatero, de que en una sola legislatura se está cuestionando la monarquía, la bandera, la propia identidad de España, y de que para usted... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: ¿Se da cuenta de que para el presidente del Gobierno de España todo esto es simplemente espuma? ¿Se da cuenta de que en treinta años de democracia nunca habíamos vivido una situación parecida? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Y con la que está cayendo, en su partido han decidido que, de cara a las elecciones, hay que convertirle a usted en un hombre de Estado, y una vez que pase la temporada de otoño, en la que, como le decía el otro día, se lleva envolverse en la bandera, ahora, para la de invierno, lo que

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se va a llevar es el hombre de Estado. Y le han dicho las agencias de publicidad que hay que vender la imagen de que usted es un gran estadista -y leo textualmente-, un líder creíble, preparado, solvente y buen gestor. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Lo es.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor Zapatero, en España hay magníficas agencias de publicidad, pero me da la sensación de que están pidiendo ustedes un milagro, porque aquí nos conocemos todos, y los españoles no tienen ni un pelo de tontos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Yo le voy a pedir una cosa. Señor Zapatero, señor presidente del Gobierno, yo le voy a pedir una cosa, solamente una cosa: olvídese de campañas de publicidad y aunque solo sea por una vez, solamente una vez, reconozca usted ese error, que se equivocó de amistades, que no se puede defender la idea de España bailando al son que le están tocando aquellos que no creen en España; reconozca que todo lo que está pasando no es un proyecto de convivencia; reconozca que usted es incapaz de corregir esta situación porque es usted el que la ha creado y reconozca también -ha hablado usted de acuerdos al inicio de su intervención- que se equivocó al inicio de la legislatura, que se equivocó rompiendo los consensos básicos con nosotros al principio de la legislatura y no será porque no se le ofrecieron, reiteradamente se le ofrecieron esos consensos.


Y ahora solo queda una salida, señor Zapatero: déle la palabra a los españoles cuanto antes, evite que la situación se deteriore más, convoque las elecciones ya y que los españoles puedan elegir un nuevo Gobierno, no se ría, un nuevo Gobierno que sea capaz de enderezar esta situación, (Rumores.) porque vamos mal con tanto desvarío, señor Zapatero. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor García-Escudero, le agradezco sus admoniciones, sus consejos, sus amables palabras, pero permítame que use el derecho que tengo a sonreír si me apetece sonreír y a escucharle con respeto, como le escucho siempre todas sus intervenciones, más allá de las palabras que diga. Me parece que tengo el derecho a sonreír, a observar y a escucharle en el tono respetuoso que siempre ejerzo cuando vengo aquí a someterme a la sesión de control parlamentario.


Señor García-Escudero, el proyecto de convivencia que tenemos en España se funda en la Constitución de 1978, una Constitución que resuelve, gracias a un pacto que abarca prácticamente al 90 por ciento de los ciudadanos españoles, grandes cuestiones que habían hecho que nuestra historia, al menos la historia anterior al proceso de transición democrática, no sea una historia de la que sentirnos orgullosos como país y sí de los treinta años de democracia, de libertad, de régimen constitucional que vivimos desde la transición, desde la Constitución de 1978.


Como en todo sistema constitucional y toda convivencia democrática hay pluralidad, pluralidad ideológica, pluralidad política y pluralidad de identidades. Están latentes en la propia Constitución de 1978, están expresadas de una manera muy evidente en el proceso de aprobación de los primeros estatutos de autonomía y lo han estado durante todo el brillante, desde mi punto de vista, desarrollo del Estado de las Autonomías. Problemas latentes, algunas veces más evidentes, que tienen, desde mi punto de vista, con la filosofía de la Constitución, con el espíritu de la transición una guía o una receta, si se me permite, y es buscar el máximo marco de entendimiento y de convivencia y no de confrontación ni en aquello en lo que nos une decididamente, que son los valores democráticos, ni en aquello en lo que a algunos ciudadanos de nuestro país les puede representar una distancia o tener una identidad diferente.


Si usted piensa, a la luz de nuestra experiencia y de los momentos que se han vivido desde la transición a aquí, que diciendo a los partidos nacionalistas, que han apoyado -unos más otros menos- algunas de las acciones de Gobierno, han dado estabilidad al Gobierno, como en su día dieron estabilidad a un Gobierno en minoría del Partido Popular...
(Denegaciones en el Grupo Parlamentario Popular.-Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Y el PNV?.-Rumores)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Se puede negar todo. Incluso cuando no se tienen ideas, argumentos y hechos ciertos se puede negar hasta la propia trayectoria, que es visible para todos los españoles, y es que ustedes gobernaron con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) Ahora lo pueden negar. Ahora son malas compañías. (Varios señores y señoras senadoras del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, no!)

Eso carece de credibilidad, pero me importa menos que nieguen su trayectoria ahora. Lo que me importa es que hagan -porque eso sí que no es bueno para la convivencia- un discurso en el que la descalificación absoluta sea la norma de conducta y el discurso habitual que utilizan, porque se puede discrepar a fondo en todo y, sin embargo, no tener que recurrir a la descalificación y a la deslegitimación de quien tiene y ostenta una representación democrática en esta Cámara o en el Congreso de los Diputados. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Eso es, para mí, un proyecto de convivencia, esto es poder decir, como le dije al señor Ibarretxe en el debate

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sobre el estatuto político, que no estaba de acuerdo ni en el fondo ni en la forma, pero poder dialogarlo, poder someterlo a la consideración democrática de los votos, de las razones y del debate, porque el otro camino, el camino por el que parecen asomar ahora ustedes como tesis del Partido Popular, créame que no conduce a ningún sitio y, además, estoy absolutamente convencido de que ustedes lo saben.


Para terminar simplemente quiero hacerle dos consideraciones. Resulta paradigmático y extraño que ustedes traigan a esta Cámara con reiteración los argumentos y las acciones de grupos tan radicalmente minoritarios que como usted y yo sabemos nunca van a llegar a esta Cámara. Resulta paradigmático que porque grupos... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):... violentos, radicales, minoritarios, estén realizando actos injuriosos u ofensivos, como se les quiera denominar, al jefe del Estado, al rey y a la institución monárquica, ustedes digan que se pone en cuestión hasta la monarquía. Resulta paradigmático e insólito. (La señora Vindel López: Nadie ha dicho eso.) No sé cuál es la intención, pero si valoramos que los treinta años de monarquía parlamentaria y constitucional han sido muy positivos para España, si estamos de acuerdo en eso y está de acuerdo la inmensa mayoría de los ciudadanos y de la representación política, actuemos en coherencia con lo que se está de acuerdo, y en lo que se está de acuerdo no parece ni razonable ni útil ni inteligente dar pábulo a determinadas actitudes radicalmente minoritarias y que no representan nada en la sociedad española.


Señor García-Escudero, ha puesto usted mucho empeño, una vez más, en intentar confrontar, criticar, atacar, pelear... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...en cosas esenciales en las que estamos de acuerdo y en las que algunos, como el Partido Socialista Obrero Español, al que represento tiene una hoja de servicios con España (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ohhh, ohhh!-Fuertes rumores.), con las libertades, con la Constitución, con la democracia, con la convivencia, con el entendimiento y con los acuerdos que, permítame que le diga, puede que haya otra hoja de servicios como la que ha hecho el Partido Socialista en estos treinta años, puede que haya otra que se le compare o que se le iguale, pero le aseguro que no hay ninguna otra mejor. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A TRANSFERIR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, ANTES DE QUE FINALICE EL PRESENTE AÑO, LAS COMPETENCIAS ACORDADAS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA JUNTA DE GALICIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2007 (680/001412).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Jorquera. (Fuertes rumores.)

Ruego silencio.


Tiene la palabra su señoría.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero aprovechar la oportunidad para expresar también, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, nuestra repulsa por el atentado cometido ayer por ETA.


Señor presidente del Gobierno, el pasado 28 de febrero el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, y el por entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, llegaron al acuerdo de hacer efectiva antes de fin de año la transferencia a Galicia de un paquete de siete competencias. Han pasado casi ocho meses desde la asunción de este compromiso, y a día de hoy tan solo se ha transferido la competencia para la expedición del título de gestor administrativo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.


El señor JORQUERA CASELAS: Competencias tan importantes para Galicia como el salvamento marítimo, la inspección de trabajo o la titularidad de centros de investigación, de museos, de archivos o de bibliotecas del Estado con sede en Galicia, no solo no han sido transferidas sino que no se han producido avances reseñables debido a la actitud del Gobierno central.


Esta situación, señor presidente, ha llevado al Parlamento gallego a aprobar el pasado día 3 de octubre, con los votos a favorables del BNG, del PSOE y del Partido Popular, una propuesta de resolución en la que se respalda la reclamación de estas competencias y se insta a agilizar los trabajos para hacer efectivo su traspaso.


Por todo ello, señor presidente del Gobierno, le pido que me aclare la disposición de su Gobierno a hacer efectiva la transferencia de estas competencias en los plazos convenidos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Jorquera, quiero informarle al respecto que, en efecto, tras la reunión a la que usted se ha referido entre el

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ministro de Administraciones Públicas y el vicepresidente de la Xunta de Galicia, en la que se abrió un capítulo amplio sobre posibles traspasos de funciones y de servicios correspondientes a determinadas materias, la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno y la Xunta de Galicia han mantenido diversas reuniones informativas sobre todas y cada una de las materias que usted ha referido. En dichas reuniones se han puesto de manifiesto dos conclusiones generales: la primera, que hay una serie de materias en las que existen dificultades objetivas desde el punto de vista competencial, constitucional y estatutario. La segunda, que existe una voluntad decidida y una posibilidad de avanzar en la atención de los requerimientos de las peticiones y de los planteamientos de la Xunta de Galicia sobre el traspaso de determinadas competencias.


En concreto, hay discrepancias, como no podía ser de otra manera, en aquellos aspectos que afectan al régimen económico de la Seguridad Social, al salvamento marítimo, a la lucha contra la contaminación en el mar, a la pesca marítima o a la investigación oceanográfica, materias que el Gobierno considera competencialmente atribuidas al Estado sin perjuicio de que haya espacios, zonas y ámbitos para una cooperación efectiva con la Xunta de Galicia. Y hay otros ámbitos en los que se ha procedido y se está procediendo al proceso de facilitar el traspaso de competencias y servicios.


Voy a citar los supuestos concretos y unos ejemplos claros. En el caso de materias tan relevantes como la gestión de las becas y ayudas al estudio, cuya nueva normativa está ultimando el Ministerio de Educación y Ciencia, se va a posibilitar el traspaso a la Xunta en muy breve plazo.


También, en un ámbito históricamente demandado por la Xunta de Galicia como es el Parque Nacional de las Islas Atlánticas el traspaso ya está negociándose, y el Gobierno quiere concluirlo cuanto antes para que la Xunta pueda asumir su responsabilidad en esta materia, así como en otras funciones en las que la Administración de la Xunta podrá aportar su cercanía al ciudadano como son la expedición y homologación de títulos profesionales y académicos no universitarios; asimismo, en otros sectores, más a largo plazo, como ocurre con la Inspección de Trabajo, para los que se necesita cerrar el diálogo iniciado con todas las comunidades autónomas con vistas a asegurar la necesaria coordinación de funciones en ámbitos como el empleo, Seguridad Social, extranjería, que realiza hoy la Inspección de Trabajo.


Señor Jorquera, el Gobierno tiene la voluntad de contribuir a la mejora del autogobierno de su comunidad, y estamos convencidos de que la vía fundamental para ello es la coordinación entre las administraciones.
Estamos llegando a acuerdos sobre traspasos cuando existe base competencial. Hay buenas muestras de ello.


Lo hemos alcanzado en cuanto a las funciones de expedición del título de gestor administrativo, en las que la Xunta es la única Administración autonómica, junto con Cataluña, que ha asumido este traspaso.


Lo hemos alcanzado también en el traspaso, ya realizado, de las funciones de formación y empleo del Instituto Social de la Marina, reclamadas durante años por la comunidad autónoma, y hoy ya finalmente asumidas por la Xunta de Galicia.


Lo estamos alcanzando en la discusión sobre el saldo de deuda de superficie, pendiente ahora sólo de que la Xunta presente el informe que permita contrastar los datos sobre esa deuda para alcanzar un acuerdo tan inmediato como sea posible, y lo alcanzaremos con seguridad en el resto de ámbitos que acabo de proponerle.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, en no pocas ocasiones el BNG ha saludado el cambio que ha supuesto su presidencia del Gobierno con respecto al período anterior. Hemos reconocido su mayor respeto por el pluralismo y su mayor sensibilidad hacia las demandas de autogobierno. Pero, señor presidente, con la misma sinceridad le digo también que muchas veces echamos en falta pasar de las palabras a los hechos. Soy gallego y, como usted bien sabe, en Galicia concedemos más importancia a la palabra dada que al contrato firmado. Y el acuerdo alcanzado por Anxo Quintana y Jordi Sevilla fue ratificado en comparecencia pública por ambos al término de la reunión celebrada el 28 de febrero.


En definitiva, señor presidente, ambos empeñaron su palabra. No nos cabe ninguna duda de que Jordi Sevilla, como ministro de Administraciones Públicas, estaba asumiendo un compromiso en nombre de su Gobierno; un compromiso, por tanto, al que su Gobierno debe responder solidariamente.


De ahí, señor presidente, nuestra sorpresa porque hechos posteriores parecen apuntar a que ahora se pretende decir digo cuando anteriormente se dijo Diego; hechos posteriores que, desde nuestro punto de vista, su respuesta confirma, en primer lugar, porque ha hecho alusión a traspasos que no forman parte del paquete negociado y que se explicita en nuestra pregunta. Ha hecho alusión a traspasos que forman parte de negociaciones ya cerradas con Cataluña, y que ahora pretenden generalizar a Galicia, pero a Galicia lo que le interesa es asumir aquellas competencias realmente importantes para el diseño de nuestras políticas. Y usted ha hecho referencia a traspasos a los que están obligados por sentencia del Tribunal Constitucional, como la transferencia del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, algo que no denota ninguna voluntad política por su parte, pero ha obviado la referencia a la mayoría de las competencias negociadas en ese paquete.


Señor presidente, como le he dicho en muchas ocasiones echamos en falta pasar de las palabras a los hechos. En debates en esta Cámara usted ha enfatizado en más de una

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ocasión su compromiso con el desarrollo de los autogobiernos; en cambio, en el terreno de los hechos, debo decirle que a veces observamos en su Gobierno tendencias centralistas que nos recuerdan a las de los Gobiernos anteriores.Perviven tendencias centralistas cuando el Gobierno central sigue practicando la invasión sistemática de competencias autonómicas. Le podría poner muchos ejemplos, señor presidente, pero me voy a limitar a recordar dos episodios recientes: uno, la ley para el desarrollo sostenible del medio rural, cuyo trámite se inicia ahora en esta Cámara.
Es muy ilustrativa de una manera de entender el Estado autonómico: ustedes definen las políticas a nivel central para que las comunidades autónomas las paguen y las apliquen. El otro ejemplo es la política de ayudas a jóvenes para el alquiler de viviendas. Pese a que las competencias están en buena parte residenciadas en las comunidades autónomas, ustedes impulsan políticas en esta materia sin contar con ellas y, en muchas ocasiones, en dirección contraria, y son muchas las comunidades que cuestionan la eficacia de unas políticas que pretenden incidir en la demanda sin operar antes sobre la oferta. Es decir, que consideran necesario articular antes una política que conduzca a la existencia de un amplio parque público de viviendas de alquiler. Pues bien, ustedes intervienen en este campo, diseñan políticas sin contar con las comunidades autónomas y se oponen, además, quizás por razones electorales, a que las comunidades autónomas gestionen las ayudas de acuerdo con los criterios que ellas mismas definan.


También perviven tendencias centralistas, señor presidente, cuando hay una posición contraria a que Galicia pueda asumir por delegación competencias de titularidad del Estado, por las vías que marcan la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como se puso de manifiesto en la respuesta que dio el ministro del Interior a este senador en relación con la reclamación de Galicia de asumir las competencias en materia de tráfico y seguridad vial. Y perviven igualmente tendencias centralistas cuando se llega a obstruir la posibilidad de que Galicia asuma competencias ya reconocidas en su Estatuto, como en el caso que nos ocupa, puesto que todo este paquete de competencias tiene soporte en el Estatuto de Autonomía de Galicia.


Señor presidente, estamos a las puertas de unas elecciones generales.
Desde algunos ámbitos se ha intentado crear un clima de alarma -yo diría que incluso de apocalipsis-, advirtiendo que vivimos en tiempos de crisis por la supuesta debilidad de su Gobierno frente al presunto carácter insaciable de los nacionalismos, del que es síntoma, al parecer, la peligrosa fiebre de nuevos estatutos. Incluso un portavoz parlamentario de esta Cámara ha llegado a advertir recientemente sobre la creciente radicalización del nacionalismo gallego. Debe de ser porque me han aumentado las dioptrías, pero, sinceramente, no alcanzo a ver esta radicalización. En cualquier caso, si nos estamos radicalizando, si somos tan mala compañía, les recomiendo a algunos que adviertan al señor Núñez Feijóo que deje de manifestar reiteradamente su disposición a llegar a pactos con el BNG (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores.). Quienes hacen estas proclamas no alcanzan a ver que son precisamente la sistemática invasión de competencias que llevan a cabo los gobiernos centrales y la obstrucción al desarrollo de los estatutos vigentes las razones que motivan la necesidad de nuevos estatutos.


Señor presidente, frente a las actitudes alarmistas a las que he aludido, usted sabe que el nacionalismo gallego asume al Estado español como el espacio de inserción política de Galicia. Creemos que el reconocimiento de la diversidad nacional, que la posibilidad de desarrollar en el seno del Estado español amplios espacios de autogobierno, amplios espacios de libre decisión, en vez de constituir factores de inestabilidad, contribuyen a asentar la unión de los pueblos del Estado español sobre bases más sólidas. Usted es conocedor, señor presidente, de la actitud positiva y constructiva que ha mantenido el BNG a lo largo de toda esta legislatura, y de su voluntad de profundizar en el futuro en estas políticas de cooperación. Pero eso exige, a nuestro juicio, un compromiso recíproco. Para el BNG, eso exige desbloquear las posibilidades de desarrollo de nuestro autogobierno.


Antes aludía -y ya concluyo, señor presidente de la Cámara- a las razones que hacen necesarios los nuevos estatutos. Un nuevo estatuto del que carecemos en Galicia por la política de veto del Partido Popular.
Esperamos, señor presidente, no tener que sufrir un segundo veto en Galicia, este del Gobierno central, a la hora de desarrollar el Estatuto vigente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Jorquera, creo que le he dado una cumplida respuesta sobre aspectos concretos de aquellas competencias -aunque, lógicamente, dentro del marco concreto de una pregunta y de un límite temporal razonable al que todos nos debemos atener-, que han estado presentes en el proceso de diálogo, que es muy fluido, entre el Gobierno central, la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia.


Igualmente, le he comentado las posibilidades que hay en cuanto al traspaso de competencias, que algunos de los temas no están agotados en su estudio y que estamos trabajando para buscar fórmulas con el fin de concretar y dar satisfacción a un interés en muchos casos legítimo de la Xunta de Galicia, el de abordar cuestiones que afectan a los ciudadanos de Galicia o a la realidad socioeconómica de Galicia.


En cualquier caso, quiero hacerle dos consideraciones de carácter general.
En primer lugar, mi concepción del funcionamiento del Estado, mi concepción del funcionamiento de España dista mucho de cualquier tentación centralista; es más, supongo que a muchos de los presentes en

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esta Cámara, y fuera de ella, les producirá una cierta perplejidad que se exprese de esa manera. Creo profundamente en el autogobierno, creo que el autogobierno ha sido un éxito para España y, sobre todo, un éxito para la cohesión territorial de España porque ha permitido a las comunidades autónomas, a las regiones y a los territorios con menores oportunidades históricas, con menor crecimiento y con menor desarrollo contar con esas oportunidades, ese crecimiento, ese desarrollo y reducir las históricas diferencias que aún perviven de manera singular entre el conjunto de los territorios, de las comunidades autónomas de nuestro país.


En segundo lugar, soy muy partidario del autogobierno y soy muy partidario de un principio que supongo que a alguien que representa a un partido progresista, como el Bloque Nacionalista Galego, también le resultará comprensible y espero que deseable: el principio de igualdad; el principio de igualdad para los ciudadanos que viven en una comunidad política que es Estado y que en lo que representan sus derechos fundamentales, sus libertades públicas, sus prestaciones básicas en cuanto expresión de ese Estado de bienestar, estén en condiciones de igualdad no sólo nazcan donde nazcan o vivan donde vivan sino también independientemente de su origen, su situación socioeconómica o el nivel educativo o cultural al que hayan podido acceder. Forma parte de mi convicción y a eso da respuesta una comunidad política llamada Estado, y que en este caso representa a España.


Desde luego, no entiendo qué tiene que ver con el centralismo algún ejemplo concreto que usted ha mostrado como vicio o tentación centralista. En este sentido, la ley de desarrollo rural busca prestar apoyo a las comunidades autónomas; se trata de una política que complementa lo que ya hacen las comunidades autónomas en materia de desarrollo rural, es decir, en materia de equilibrio entre el mundo rural y el urbano, para que los ciudadanos tengan los mismos derechos, las mismas prestaciones, las mismas infraestructuras y los mismos servicios.
El Estado, haciendo un esfuerzo que en mi opinión merece más el aplauso que la crítica, va a elaborar una ley y a dotar los recursos necesarios y le ruego que analice los Presupuestos Generales del Estado porque usted ha hecho una afirmación sobre los recursos y resulta que es el primer año que incluyen una cantidad importante para el desarrollo rural destinada a ayudar, complementar y reforzar las políticas de equilibrio territorial y de defensa del mundo rural, como la que hace la Xunta de Galicia, comunidad en la que el número de ciudadanos que viven en el mundo rural es muy elevado, muy importante y han de disponer de todos los derechos.


Por tanto, poco tiene esto que ver con el centralismo; tiene que ver con el interés por que todos los ciudadanos de este país vivan en condiciones aproximadas de igualdad, de oportunidades y, lo que es más importante, con una buena combinación de autogobierno y del principio de cohesión e igualdad, que es lo que hace que la sociedad y los ciudadanos tengan la mejor perspectiva de bienestar, de progreso y de desarrollo. Esa es nuestra posición. Y espero y deseo que en el proceso de diálogo que tenemos con la Xunta de Galicia, en concreto, con su vicepresidente y el Ministerio de Administraciones Públicas, haya el mayor número posible de acuerdos de traspaso de competencias. Yo le puedo asegurar, y es un compromiso personal que adquiero aquí, que voy a impulsar y a seguir directamente ese proceso de diálogo con la Xunta de Galicia.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL MOTIVO POR EL QUE EL GOBIERNO CUMPLE LAS LEYES EN MATERIA PRESUPUESTARIA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA Y CATALUÑA Y NO LO HACE EN EL CASO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (680/001415).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Belda.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Antes de comenzar, desde Coalición Canaria queremos manifestar igualmente nuestro rechazo, nuestra repulsa por el atentado de ayer en el País Vasco.


Señor presidente del Gobierno, supongo que usted sabe que el artículo 96 de la Ley 20/1991, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece expresamente que en cada ejercicio el programa de inversiones públicas que se ejecuta en Canarias se distribuirá entre el Estado y la comunidad autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular.


Pues bien, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, la inversión media por habitante para todo el Estado es de 549 euros. Sin embargo, para Canarias la inversión media por habitante en estos próximos presupuestos es únicamente de 406 euros. En el año 2007 la diferencia en la inversión media por habitante entre el Estado y Canarias era de 127 euros, sin embargo, en el próximo año 2008 será de 143 euros.
Señor presidente, no sólo no nos acercamos a la media, sino que los canarios nos estamos alejando de esa media de inversión del Estado. Como es lógico y como es su obligación, su Gobierno ha tenido en cuenta las disposiciones estatutarias sobre financiación para Andalucía, para Canarias, lo que ha supuesto un notable incremento en la financiación de inversiones para estos territorios. Por todo esto, yo le pregunto, señor presidente, ¿por qué el Gobierno del Esta-

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do, como es su deber, cumple las leyes en materia presupuestaria para las comunidades de Andalucía o Cataluña y no lo hace en el caso de Canarias?

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Belda Quintana, que ejerce en estos momentos las funciones de portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Creo que es la primera vez que me pregunta, y como presidente del Gobierno le quiero dar la bienvenida, un saludo cordial, y espero que los debates que tengamos por delante sean fructíferos para Canarias y para el conjunto de España.


El Gobierno de España cumple con las leyes presupuestarias y, desde luego, con las cláusulas que en ellas se incluyen y, también, por supuesto, con lo previsto en la ley por la que se regula el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Esta ley en su artículo 96 establece, como usted ha recordado, que en cada ejercicio presupuestario las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda mantuvo contactos con los representantes del Gobierno canario para dar cumplimiento a este precepto en los diversos instantes de las leyes de presupuestos. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2008 el Gobierno ha consignado, señor Belda, 662 millones de euros en el capítulo 6 de inversiones directas del Estado territorializadas en Canarias. Quiero recordarle que ello representa un aumento del 20,4 por ciento respecto de los presupuestos del año pasado en lo que significa el capítulo 6, de inversiones directas, que para el conjunto del Estado dicha inversión directa aumenta por debajo de ese 20 por ciento, de modo que hay un crecimiento claramente por encima de la media para la Comunidad de Canarias.


A esa cantidad, es decir, a los 662 millones de euros, hay que sumar, senador Belda, 171 millones de euros que el Estado aporta a la Comunidad de Canarias, que figuran en el capítulo 7 de los presupuestos como transferencia de capital para financiar diversas infraestructuras. Creo que es fácil de comprender, no figura en el capítulo 6 porque se da el dinero a la Comunidad Autónoma de Canarias, pero evidentemente es un dinero para inversión en infraestructuras, 130 millones de euros en aplicación del convenio de carreteras firmado el 8 de febrero de 2006, 31 millones de euros para obras hidráulicas, 10 millones a favor del Cabildo Insular de Tenerife para financiar el tranvía metro ligero de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna.


En definitiva, con la agregación de todas estas partidas presupuestarias del Estado en Canarias, más lo que pueda resultar del trámite parlamentario, puesto que el presupuesto está en fase de proyecto hasta que, lógicamente, se pueda aprobar, permítame que le diga que el Gobierno de España ha cumplido con creces con el nivel de inversión estatal exigido por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en estos presupuestos, todo ello sin contar, por supuesto, aunque también quiero referirlo aquí, las partidas procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, que destinará a Canarias 91 millones de euros -es la sexta comunidad autónoma española que más inversión recibe en términos absolutos de este fondo, detrás de Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura- y los 333 millones de euros que el Ministerio de Fomento va a destinar para subvencionar el transporte marítimo y aéreo en Canarias, con un incremento del 17 por ciento, es decir, 43 millones de euros, respecto del año anterior. Y seguramente su señoría podrá reconocer que este Gobierno no ha hecho más que incrementar y cumplir los compromisos en lo que afecta a la ayuda a los ciudadanos para el transporte aéreo desde la Comunidad de Canarias.


Pero no solo el compromiso del Gobierno de España con la financiación de Canarias ha ido en esta legislatura en los términos presupuestarios que acabo de explicar. Quiero recordar que mi Gobierno ha dado una dura batalla y ha conseguido, tras arduas negociaciones, que la Unión Europea le dé a Canarias un trato singular en el proyecto de nuevo tratado de la Unión Europea, reconociendo efectivamente su condición insular y ultraperiférica, lo cual es una garantía o -si se me permite, por utilizar un término que, aunque no me entusiasma, está muy en boga- un blindaje de la situación para el régimen económico y financiero de Canarias.


Como sabe también su señoría, el pasado mes de diciembre actualizamos por decreto-ley el Régimen Económico y Fiscal para Canarias, que va a permitir que se inyecte en la economía canaria más de 7.000 millones de euros en los próximos siete años a través de la Reserva para Inversiones en Canarias. Y no es menos importante el acuerdo final de las Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013 de la Unión Europea para España, que va a suponer que Canarias vaya a recibir en fondos comunitarios unos 1.310 millones de euros en dicho tiempo.


Señorías, este es el esfuerzo, el compromiso político, el compromiso real con Canarias en inversiones, en decisiones políticas y en planificación a largo plazo del Gobierno que presido. Todo lo demás y seguramente buena parte del tono de la intervención que ha hecho y de la que espero ahora en la réplica tiene que ver más bien con la nueva situación política que hay en Canarias.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Tiene la palabra el senador Belda.


El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, yo creo que no es cuestión de cantidad de inversión, sino de la media del conjun-

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to del Estado que ha crecido muchísimo más comparada con la media de inversión en Canarias.


Hace unos días, señor presidente, su ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente Segundo del Gobierno, señor Solbes, reconocía públicamente que algunas disposiciones estatutarias habían ocasionado complicaciones a la hora de distribuir estas inversiones del Estado, y se refería, en concreto, al debate suscitado en torno al pacto alcanzado con Cataluña y con Andalucía sobre el nivel de inversiones estatales que correspondía a estos dos territorios. Si este nivel de inversiones se deriva de esas normas estatutarias, lógicamente son normas legales, muy cualificadas, no somos nosotros quienes vamos a cuestionar o a dudar de la obligación del Estado en plasmarlo en los presupuestos, pero insistimos en que nuestros datos no coinciden con los suyos. ¿Por qué no se trata de manera igual a Canarias en relación con nuestro Régimen Económico y Fiscal? ¿Por qué se está vulnerando el Régimen Económico y Fiscal canario y la normativa legal que obliga al Estado a invertir igual que la media en el conjunto de todas las comunidades autónomas? ¿Por qué, en definitiva, el propio Gobierno del Estado está vulnerando la resolución que se aprobó en el mes de julio en el Congreso de los Diputados, en el seno del debate sobre el estado de la nación, además, apoyado por su propio grupo político, que instaba al Gobierno a cumplir con la normativa del REF canario en lo referido a la inversión estatal en Canarias?

Usted podría contestarme que Andalucía o que Cataluña lo tienen en sus propios estatutos de autonomía, pero, señor presidente, usted sabe que el Régimen Económico y Fiscal canario también tiene protección estatutaria y constitucional. Es más, en la propuesta actual de reforma del Estatuto de Autonomía canario lo que se hace es que se traslada el contenido de ese artículo 96, que le mencioné al principio, al cuerpo del propio estatuto.
Y ustedes, el Partido Socialista, quieren eliminar eso. Sí señor presidente. Su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda para eliminar eso, la referencia expresa al nivel de inversiones medias que tiene que hacer el Estado en los presupuestos en cuanto a Canarias; esa reforma de estatuto, señor presidente, que ustedes no quieren que se apruebe alegando falsas excusas relativas al sistema electoral.


La realidad, señor presidente, es que, en nuestra opinión, en la opinión de Coalición Canaria, su partido en Canarias ha engañado y se ha comprometido con algunos aspectos que ahora, desde la dirección central de su partido, no aceptan y por eso bloquean y se oponen a los elementos básicos del estatuto canario, como ayer sucedió en la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, porque, en realidad, esto nos lleva a otra conclusión, que el Partido Socialista canario en realidad no pinta nada. (Risas.)

Señor presidente, usted podrá darme otros datos, podrá negarnos los datos o podrá intentar buscar una explicación plausible a esa diferencia en cuanto a las inversiones, pero a mí me parece que lo que está claro es que el Gobierno central y el Partido Socialista están castigando a Canarias porque no gobierna en Canarias el Partido Socialista...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor

El señor BELDA QUINTANA: Nos llama la atención esa diferencia, ese incremento en la financiación para las inversiones en Andalucía, en Cataluña, gobernadas, por cierto, por el Partido Socialista, aunque en algunos de esos territorios no fue la fuerza más votada, mientras que en Canarias se aumenta la diferencia en negativo en relación con la media del Estado. Ésta, señor presidente, es la razón fundamental de la enmienda a la totalidad que vamos a presentar, desde Coalición Canaria, a los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados.


Señor presidente del Gobierno, señor Zapatero, el Gobierno del Estado está abandonando a Canarias. Yo creo que este es un problema de percepción. Lo que para Canarias es un problema grave para el Gobierno del Estado es un problema anecdótico. Pasa algo parecido con lo que está sucediendo con la inmigración. La llegada de cayucos para los medios de comunicación de ámbito de difusión estatal ya casi no es noticia, mientras que en Canarias sigue siendo noticia de titulares. He aquí la prueba, señor presidente. Hace un par de semanas llegaron 220 inmigrantes en un mismo día. En un periódico de ámbito de difusión de todo el Estado sale en la página 24 en un pequeño recuadro. Sin embargo, esas noticias siguen siendo titular de primera página en los periódicos canarios. Y eso, señor Zapatero, es lo que le está pasando a su Gobierno, lo que para Canarias es importante para su Gobierno es secundario. Por cierto, señor Zapatero, hace más de un mes el presidente del Gobierno de Canarias le ha solicitado una entrevista precisamente para tratar de este grave problema de la inmigración y usted no ha respondido. Ni caso, no hay hueco en su agenda, aunque sabemos perfectamente que tiene previsto ir los días 20 y 21 a Canarias a un acto de su partido.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor BELDA QUINTANA: Ya concluyo, señor presidente.


¿Cuándo, señor presidente, piensa reunirse con el presidente canario para abordar todos estos asuntos? ¿Hasta cuándo el Gobierno del Estado va seguir castigando y maltratando a Canarias? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor. Termine.


El señor BELDA QUINTANA: ¿Dónde está, señor presidente, señor Zapatero, ese talante, esa sensibilidad con el único territorio que es región ultraperiférica de la Unión Europea y el más alejado perteneciente al Estado español? A nosotros nos da la impresión de que eso se ha quedado del Estrecho de Gibraltar hacia arriba.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Belda, para ser su primera intervención en este turno se ha despachado a gusto en algunas de las cosas que ha dicho. Es verdad que en la política y en el debate parlamentario se da siempre la circunstancia de que cada uno extrema sus argumentos hasta a veces ser casi imposible establecer unos parámetros de racionalidad y de objetividad mínima, pero permítame que le diga que, si ustedes consideraron buenos los presupuestos para Canarias en el 2007 porque los apoyaron, y la inversión en los presupuestos de 2008 aumenta para Canarias un 20 por ciento, que es más de la media de lo que aumenta la inversión en el conjunto del Estado, es intelectual, política y, si me permite decirlo, estéticamente imposible asumir que este Gobierno, que aumenta un 20 por ciento la inversión en Canarias que ustedes apoyaron en relación con el año pasado, castigue a Canarias. No se lo va a creer nadie, señor Belda. Es imposible. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

En todo caso yo le ofrezco, a través del cauce que estime conveniente, que estime oportuno su grupo y usted directa y personalmente -me lo subrayaba el vicepresidente económico- el marco que quiera para hablar a fondo de lo que representan las inversiones y de lo que representa la política y el régimen fiscal que hay en Canarias. Hay que ir a los datos porque siempre uno advierte que cuando en un debate que está formulado, en principio, para hablar de los presupuestos tenemos que acabar hablando del estatuto de Canarias y de la inmigración es que en la parte central se siente uno débil en los argumentos que expone y, por eso, tiene que recurrir a otros terrenos de confrontación dialéctica respetuosa, pero de confrontación dialéctica. ¿Le digo por qué? Porque usted no ha refutado en ningún momento las cifras que yo he transmitido, entre otras cosas, porque están en los presupuestos, que recogen una inversión directa de 662 millones, más 171 millones de transferencias de capital para que la comunidad invierta -subrayo- en carreteras, ferrocarril y en el proyecto del metro ligero de Santa Cruz de Tenerife; en total, son 833 millones los que el Estado aporta directa o indirectamente a la comunidad autónoma. Por lo tanto, usted no ha refutado que la inversión aumenta un 20 por ciento.


Y permítame reiterar que tanto la ley como el compromiso político respecto a lo que representa la singularidad y circunstancia ultraperiférica de Canarias -cuestión que usted me ha oído defender y apoyar en muchas ocasiones- se mantiene de forma evidente en los presupuestos del 2008, tal y como se ha mantenido en toda la legislatura, esto es: en presupuestos y en acción política; además de la defensa de su circunstancia ultraperiférica ante Europa y el apoyo al régimen económico y especial para Canarias.


Le puedo asegurar que soy el presidente del Gobierno que más presidentes autonómicos ha recibido en el Palacio de la Moncloa, el que más reuniones ha celebrado con los presidentes autonómicos, teniendo en cuenta que algunos presidentes gobernaron bastantes más años que yo. Por tanto, está claro que el presidente de la Comunidad de Canarias va a ser recibido.
Sin embargo, permítame que le diga que lo mismo me han solicitado prácticamente todos los presidentes de las comunidades autónomas, aunque alguno de ellos no lo haya hecho. Por lo tanto, le puedo asegurar que esa reunión que me solicita se celebrará. Solo quiero decirle, con prudencia, que la agenda de la Presidencia del Gobierno y del presidente del Gobierno la marca la Presidencia del Gobierno y el presidente del Gobierno. Y, señoría, tengo intención de ir a Canarias, a la celebración del congreso del Partido Socialista de Canarias. Supongo que le parecerá bien (Risas.-), pues supone un viaje más que hago a Canarias, a la que ya he realizado muchas visitas, pues es una comunidad que me encanta, como es bien conocido. En este caso, lo haré con motivo del congreso del Partido Socialista de Canarias.


Por otra parte, usted ha dicho que el Partido Socialista de Canarias no pinta nada. Mire, tanto pinta el Partido Socialista de Canarias que es el partido ampliamente más votado entre los canarios en las últimas elecciones autonómicas y va a ser el partido más votado en las próximas elecciones generales.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON PERE SAMPOL I MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS RAZONES OBJETIVAS POR LAS QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS HA SIDO LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON MENOR FINANCIACIÓN AUTONÓMICA E INVERSIÓN ESTATAL POR HABITANTE (S. 680/001410).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sampol.


Tiene la palabra su señoría.


El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, ¿existe alguna razón por la que las Illes Balears siempre hayan sido la última comunidad en inversión estatal y financiación autonómica por habitante?

Gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías, o abandonen el hemiciclo.


Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Sampol.


Usted ha planteado dos cuestiones: la financiación autonómica por habitante en las Islas Baleares y la inversión estatal por habitante en dicha comunidad.


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En relación con la primera cuestión, la financiación autonómica, no es factible hacer comparaciones entre comunidades autónomas en términos de financiación por habitante sin tomar en cuenta algunos otros factores, ya que las necesidades de financiación no solo se vinculan al número de habitantes. Hay otras variables como la superficie, la insularidad, la población mayor de 65 años y, algo muy importante, las competencias que se tengan asumidas. Por otra parte, la financiación depende también de los recursos que proporciona el sistema y del ejercicio de la capacidad que tiene la comunidad autónoma.


Respecto a la inversión estatal, el proyecto del año 2008 recoge una dotación de 270,73 millones de euros, siendo Islas Baleares, tras la Comunidad Valenciana, la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento, un 24,4 respecto al 7.


De acuerdo con la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/2007, de reforma del Estatuto, a efectos de homogeneizar y permitir su comparación con las actuaciones inversoras en otras comunidades autónomas de régimen común, es necesario deducir del total la inversión en carreteras y ferrocarriles, dado que son competencias ya transferidas a las comunidades autónomas. En este caso, la Administración General del Estado no invierte en ese territorio a no ser que determinadas obras se declaren por ley de interés general y se suscriban los correspondientes convenios.


De conformidad con esa interpretación, las inversiones del Estado en Baleares se elevarán a 300 millones de euros, los 270 a los que he hecho referencia antes y que ya están incluidos en el capítulo correspondiente de inversión, más las transferencias de capital que financian inversiones en virtud de convenios en la comunidad autónoma y que ya están dotadas también con 11 millones de euros para el año 2008, así como otros proyectos pendientes de inversión que aún quedan por determinar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Sampol.


El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, efectivamente los presupuestos para 2008 suponen un incremento, pero la realidad es que la inversión per cápita en Baleares será de 263 euros frente a los 540 euros de la media del Estado. Es cierto que de la inversión en Baleares se descuenta el gasto en tren y carreteras por esta transferidos, como ha dicho usted, pero si esto es así, ¿por qué el sistema de financiación autonómica da como resultado que los ciudadanos de Baleares recibimos 220 euros menos por habitante que la media estatal? ¿Por qué somos la comunidad con peor financiación por habitante, teniendo más competencias?

Esta situación, que se remonta al principio de nuestra autonomía, ha provocado que seamos la comunidad con los servicios públicos peor dotados, y nos preguntamos por qué ocurre esto si somos los que hacemos una mayor aportación a las arcas del Estado, más de 3.000 millones de euros anuales, el 17 por ciento de nuestro producto interior bruto, hecho que no tiene parangón en todo el mundo.


Creo, señor vicepresidente, que en Baleares somos víctimas de un sambenito, el de que somos una comunidad rica, un falso tópico que nos cuesta muy caro, porque la realidad es que la media salarial de Baleares está un 12 por ciento por debajo de la media estatal, igual que la media de las pensiones, y que un 17 por ciento de personas están situadas por debajo del umbral de la pobreza, sin contar que la vida es un 7 por ciento más cara en Baleares o el precio de la vivienda un 37 por ciento más caro que la media del Estado.


Señor vicepresidente, nuestra economía ya se resiente del déficit acumulado de inversión pública. La gallina de los huevos de oro que todavía es Baleares para el Estado hoy está enferma. Necesitamos que una parte de la riqueza que generamos se reinvierta en protección del medio ambiente, en regeneración de zonas turísticas degradadas, en transporte público, en atención a los más necesitados. Hemos sido y somos los más solidarios, pero esta sangría económica que padecemos no puede continuar.


Señor vicepresidente, señorías, llamo su atención sobre una situación injusta e injustificable. No pedimos privilegios, pedimos igualdad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.


Si su señoría lo que me plantea es que la financiación per cápita es menor, tengo que decirle que es cierto, es un hecho histórico, no es una novedad, deriva desde el inicio del sistema autonómico, como consecuencia, precisamente, de las transferencias del gasto efectivo que en aquel momento se producía en Baleares, más las subidas que posteriormente se han ido produciendo. Es verdad que un punto bajo de partida da lugar a una situación como la actual.


Es cierto también que en las siguientes modificaciones del sistema de financiación esos elementos no se han corregido totalmente.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Esa es la razón por la que nosotros hemos planteado en muchas ocasiones la necesidad de revisar el sistema.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL

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SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO REALIZADA POR LA CORPORACIÓN RTVE (S. 680/001421).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Agramunt.


Tiene la palabra su señoría.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Esperaba que esta pregunta me la contestara la vicepresidenta primera del Gobierno y la verdad es que lamento profundamente que la vaya a contestar el vicepresidente segundo, don Pedro, al que tengo especial aprecio y reconocimiento porque le conozco desde hace bastantes años.


En cualquier caso, reitero la pregunta tal y como está formulada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Agramunt. La contestación no va a verse modificada ni por nuestra amistad ni por el hecho de ser yo, en vez de la vicepresidenta, el que le conteste a esta pregunta concreta.


Sin duda, su señoría comparte que RTVE necesitaba una profunda transformación, y por ello se elaboró el Plan de Saneamiento y Futuro. El primer gran acuerdo para proceder a su implantación se alcanzó el 12 de julio del año 2006 y fue firmado por la dirección de RTVE, SEPI y todos los sindicatos representativos.


Me refiero al denominado acuerdo para la constitución de la Corporación de RTVE; en él se establecen una serie de medidas, entre ellas efectuar una convocatoria pública para proceder a la cobertura de las plazas vacantes.
En este sentido, y dado que la oferta pública de empleo se está celebrando, atendiendo al cumplimiento de este acuerdo, lo único que hace el Gobierno es respetar el acuerdo alcanzado en el marco establecido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.


No esperaba otra respuesta que no fuese una referencia al acuerdo de Los Peñascales pero, en todo caso, usted sabe que mi grupo siempre estuvo frontalmente en contra de ese acuerdo.


Usted me ha contestado al estilo de García Márquez: «Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir.» Es una frase magistral que sirve para esta y para otras muchas respuestas de su Gobierno; no de usted pero sí de su Gobierno.


Hoy no vengo aquí a hablar de sectarismos, ni de informativos contra el futuro presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy (Risas.), ni de los fallos técnicos siempre en contra de él. No vengo a hablar de todas esas cosas, sino del ERE.


A usted, que es un hombre de números y un hombre serio, le tiene que costar aceptar que se llegue a un acuerdo por el que, para reducir la plantilla de Radiotelevisión Española, una plantilla de 9.400 trabajadores, se plantee un expediente de regulación de empleo para 4.150 y de repente haya que contratar a 1.150 más. O sea, al final la reducción es solo de 3.000 trabajadores y, sin embargo, se paga la indemnización a 4.150, con un coste de unos 300.000 millones de las antiguas pesetas, unos 1.800 millones de euros, según ha calculado la propia Televisión.


Pero es que, además, desaparecen todas las personas de más de 52 años y hasta los 65, a los que se les pagará el cien por cien del salario. Su señoría y yo ya no estaríamos trabajando en televisión y el portavoz Lerma, que me hace gestos, tampoco. Creo que con 52 años se es muy joven todavía. ¿Qué ha pasado aquí, señor vicepresidente? Lo que dicen ustedes de compensar ese excedente laboral con la generación suficiente de nuevo empleo y rejuvenecimiento de plantillas es una frase perfectamente enmarcable en la frase de García Márquez que he citado antes. Esa es la justificación que se establece en ese famoso pacto de Los Peñascales.


¿Qué ha pasado para tener que prescindir de grandes profesionales, como los presentadores de la Vuelta Ciclista a España, lo que ha supuesto una caída brutal de audiencia seguramente por su ausencia? ¿O para prescindir del director de Relaciones Internacionales de Televisión Española y contratar a uno de Telecinco, de fuera, para que ocupe el mismo cargo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso necesitan ustedes aguerridos afectos al régimen que ya no lo estaban?

Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Agramunt.


Tiene la palabra su señoría.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Creo, señor Agramunt, que usted no ha entendido nada de lo que ha pasado, pero lo que ha sucedido es lo siguiente. Nosotros les dejamos a ustedes una televisión pública con cierta deuda, que fue aumentando progresivamente -eso sí- con comportamientos muy adeptos al régimen en aquellos periodos, hasta el punto de que la situación era imposible.
Recibimos denuncias por parte de la Comisión Europea y entendimos la necesidad de cortar la sangría que para el Estado suponía, evidentemente, esta financiación anómala que implicaba ayudas públicas y competencias con terceros.


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Hicimos frente a lo que ustedes no hicieron, absorber la deuda de Televisión Española y llevar a cabo una reconversión; reconversión que ha sido aprobada por las Cámaras y, por tanto, es el Parlamento el que hoy es responsable de los nombramientos y del control de Televisión Española.


Dentro de esa corrección de la situación y para hacer que la empresa fuera viable, se tomaron una serie de decisiones en términos de jubilación; y, señoría, no son exactamente ciertas las cifras que usted ha planteado, porque usted habla de aceptar 1150 trabajadores, y son 1.130, pero son trabajadores temporales que estaban ya en la casa, por tanto, no es esa exactamente la situación.


En todo caso, cómo se gestiona hoy Televisión Española no corresponde al Gobierno sino a la corporación, al presidente del ente nombrado por este Parlamento, que es a quien ustedes pueden plantearle con todo lujo de detalles y con conocimiento de causa lo que está haciendo y cómo se está gestionando Televisión Española.


Ese es el modelo que el Parlamento ha decidido y creo que es mucho más eficiente y en todo caso más neutral que el anterior.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA APROBAR DEFINITIVAMENTE LA DECLARACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO FRONTERA EXTERIOR SEGÚN EL ACUERDO SCHENGEN (S. 680/001416).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Perestelo.


Tiene la palabra su señoría.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor ministro. La sociedad palmera, los sectores económicos y sociales, han dado importancia a que el puerto de Santa Cruz de La Palma sea frontera exterior, y no sólo por razones económicas, que las hay, sino también por razones históricas Geográficamente La Palma ocupa un lugar estratégico en esa ruta importante de cruceros, y sería deseable para el sector económico que esos cruceros pudieran tocar Santa Cruz de La Palma como primer puerto comunitario.


Esa preocupación y esas razones fueron entendidas por esta Cámara, que el 4 de octubre de 2004 aprobó una moción presentada por nuestro grupo parlamentario, en la que se instaba al Gobierno a que en el plazo de un año se realizaran los estudios pertinentes para aprobar esa declaración.
Pasado un año y un mes, el anterior ministro del Interior nos contestó que esos estudios eran favorables, que el puerto de Santa Cruz de La Palma se había incluido en el anexo IV, que haría posible esa declaración. Como usted puede comprobar, han pasado más de dos años desde ese compromiso y Santa Cruz de La Palma sigue sin conseguir la declaración de puerto frontera exterior.


Por tanto, formulamos la pregunta en los términos expuestos y solicitamos una respuesta del Gobierno para conocer cuándo Santa Cruz de la Palma podrá ser frontera exterior.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Señoría, ha hecho usted un relato parlamentario de la mitad de la cuestión porque, como usted sabe, junto con el puerto de Santa Cruz de La Palma existía otra petición, exactamente en los mismos términos, la de Puerto de Rosario, que ya es desde hace algunas semanas puerto Schengen.


Por tanto, se ha cubierto una etapa con Puerto del Rosario, se están cubriendo los pasos que hay que dar obligatoriamente con Santa Cruz de La Palma y tenga usted por seguro que el Gobierno cumplirá sus compromisos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, su respuesta, aunque esperada, no satisface la inquietud no sólo de este senador sino también de la sociedad de la isla de La Palma.


Es cierto que la moción hablaba de Puerto del Rosario y también del puerto de Santa Cruz de La Palma. Pero no es menos cierto que en la respuesta de 2 de noviembre de 2005 el entonces ministro del Interior, señor Alonso, decía en esta Cámara textualmente que los estudios realizados para Santa Cruz de La Palma eran favorables, pero no así para Puerto del Rosario; sin embargo, hoy comprobamos que Puerto del Rosario es puerto frontera exterior y Santa Cruz de la Palma sigue sin conseguir esa homologación; por tanto, nos imaginamos que algo más ha pasado en la trayectoria parlamentaria de la resolución de esta justa demanda, de la ciudadanía de la isla de La Palma.


Estoy convencido, señorías, de que en breve plazo, antes del mes de marzo, podremos ver en el Boletín Oficial del Estado esa categoría de puerto frontera para Santa Cruz de La Palma, pero nos gustaría que fuera desde ya, y que usted mismo en sede parlamentaria nos pudiera dar una fecha aproximada, de manera que podamos dedicarnos a otras actividades políticas sin desviar nuestro tiempo en preguntas parlamentarias como la que le estamos formulando en el día de hoy.


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El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente se han presentado diversas preguntas parlamentarias en relación con esta materia tanto en el Senado, como en el Congreso. En concreto el día 28 de febrero tuve ocasión de responder en el Congreso al señor Mardones sobre esta cuestión, y ya en ese momento le dije que el expediente de Puerto del Rosario iba más deprisa que el de Santa Cruz de La Palma, lo cual no quiere decir que este último esté parado; no lo está.


De hecho, como usted sabe, estamos impulsando los trámites para autorizar un nuevo puesto de inspección de fronteras; hemos solicitado de la autoridad portuaria la agilización de los trámites correspondientes al proyecto de edificación, y hemos solicitado a la Agencia Tributaria los informes pertinentes, todo ello a fin de dotar de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al puerto para garantizar lo que debe garantizar el Estado, y es que se trata de una frontera exterior con todo lo que Schengen exige a nuestras fronteras exteriores.


Soy consciente, como también lo es el Gobierno, de los intereses económicos legítimos que para el Puerto de Santa Cruz de La Palma se derivan de esta declaración. Somos conscientes de que en Canarias hay exactamente 10 fronteras exteriores reconocidas como tales por la Unión Europea, y como somos conscientes, como digo, de ese legítimo interés, que compartimos, le reitero lo que ya le dije anteriormente: cumpliremos nuestros compromisos parlamentarios y lo haremos a la mayor celeridad posible.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA INVERTIR LA TENDENCIA AL ALZA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LOS ÚLTIMOS MESES (S.
680/001423).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cosidó, que tiene la palabra.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Dado que es usted el ministro del Interior permítame que, antes de nada, reitere la más enérgica condena de mi grupo parlamentario al atentado cometido ayer contra don Gabriel Ginés, así como nuestra solidaridad con la víctima y nuestro apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en este caso, especialmente a quienes realizan funciones de escolta, un apoyo que, como usted sabe, no ha faltado en ningún momento por parte de mi grupo parlamentario.


Entrando ya en el objeto de la pregunta, señor ministro, debo decirle que en materia de seguridad estamos entrando en una curva peligrosa. Durante los dos últimos meses de agosto y septiembre se ha producido, por primera vez, un repunte en el número de accidentes mortales en nuestras carreteras, y en esta primera semana de octubre, si no me fallan los datos, hemos tenido un aumento de 14 víctimas mortales.


Quisiera saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que esta peligrosa curva, este repunte en el número de accidentes no vaya a más.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor Cosidó.


En primer lugar quiero agradecer el apoyo que ha ofrecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y aunque no lo ha dicho, estoy convencido de que también al Gobierno que las dirige.


Usted sabe que conviene ver los datos de seguridad vial con cierta perspectiva. Un mes no suele ser un periodo de tiempo suficiente como para evaluarlo. En este caso la perspectiva es inequívoca. Le voy a dar los datos exactos, a 7 de octubre, de todo el año. Tenemos 2.170 fallecimientos, lo que supone una reducción del 7,8 por ciento respecto a 2006; del 16 por ciento respecto a 2005, y del 20 por ciento respecto a 2004, que en esa misma fecha, 7 de octubre, suponían 2.699 fallecimientos más.


Así pues, estamos hablando de cifras que indican que la dirección en la que vamos es correcta. Hemos tenido un mal mes de agosto, un mes complicado; y en el de septiembre, si no me fallan los datos, ha habido 262 fallecimientos contra 265. No se puede hablar de que haya un repunte.
Es cierto que hemos puesto en marcha un conjunto de medidas con las que tratamos de atender los temas que específicamente hemos visto que están dificultando -que no haciendo retroceder- el avance que durante toda la legislatura se ha producido en esta materia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor ministro, cada vez que da usted una cifra sobre accidentes de este año, la distancia con respecto al anterior se acorta. Antes de julio estábamos a una distancia de 20 puntos respecto al año anterior, en tanto que hoy me dice que estamos a una distancia de 7 puntos.


Cuando se entra en una curva peligrosa lo peor que se puede hacer es frenar, y en mi opinión, eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno en materia de seguridad vial.


En el programa dedicado a eliminar los puntos y tramos peligrosos hay una reducción del 14 por ciento en el presupuesto de 2008 respecto del de 2007; de los 27 millones de euros presupuestados el año pasado hemos pasado a 23

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millones de euros para este año. Es increíble que ante este repunte de la accidentalidad experimentada durante los últimos meses se reduzca esta partida, que nos parece absolutamente imprescindible, en el proyecto de presupuestos.


En segundo lugar, se ha frenado también a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Le leo textualmente lo que decía su programa electoral, ese que borraron de Internet en su momento: Incrementar durante tres años consecutivos el número de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en mil plazas anuales.


Pues bien, ustedes no solamente no han aumentando, sino que han reducido de forma importante la presencia de la Guardia Civil en nuestras carreteras. Han reducido en más de mil el número de patrullas; tienen un déficit actualmente de más de 656 guardias civiles en la Agrupación de Tráfico; han reducido en más de siete millones el número de kilómetros recorridos por la Agrupación de Tráfico en la Guardia Civil y, eso sí, tienen menos guardias y los tienen más escondidos, porque lo que han multiplicado por dos son las patrullas camufladas, esos coches que van un poco a la caza y captura del conductor, es decir, hay una Guardia Civil con menos presencia y menos visibilidad, que es justo lo contrario de lo que deberían hacer. Además, el director general de Tráfico ha tenido la desfachatez de decir que ese mal mes de agosto, que usted reconoce, es culpa de la Guardia Civil. Espero, señor ministro, que usted rectifique esa declaración porque me parece absolutamente inoportuna, improcedente e inadmisible. Le pido por favor que lo retire.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino ya, señor presidente.


En materia de seguridad vial, le haría un último ruego, y es que cambie usted ese discurso, que es muy habitual, en el que cada vez que hay una reducción del número de accidentes de tráfico, del cual se alegran infinitamente este grupo parlamentario y todos los españoles, es un mérito del Gobierno y cada vez que aumenta es culpa de los conductores, de los motoristas o de la Guardia Civil, y en todos los casos del Partido Popular. Lo que hay que tener es más vigilancia, que es lo que no se está haciendo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: También hay que eliminar los puntos negros, lo que se está haciendo de forma insuficiente, y contar con una gestión más eficaz en la DGT, en la que hay un auténtico caos organizado en este momento con 2.500 conductores sin puntos conduciendo por las carreteras y con más de dos millones y medio de puntos sin...


El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Primero, no voy a desmentir ni a rectificar nada que el director general no ha dicho. Por tanto, lea usted bien lo que dice y luego vuelva aquí, y me lo pregunta.


Señor Cosidó, su discurso, que es siempre el mismo, tiene un gran problema, y es lo que ustedes hicieron. Ya sé que no le gusta oír esto, pero se lo voy a volver a decir. No es culpabilidad, yo no le estoy culpando de lo que pasa, le estoy culpando de lo que ustedes no hicieron.
Estamos hablando de un mes de agosto con 268 víctimas mortales en nuestras carreteras. En su último mes de agosto, el de 2003, fueron 465 las víctimas, 200 más; el anterior, 435; el anterior del anterior 460; como digo, 200 víctimas más, casi el 50 por ciento.


Por tanto, usted tendría que venir a esta Cámara y decir lo siguiente.
Primero: Sí señor, el Gobierno se ha preocupado de un tema del que nosotros no nos preocupamos. Segundo. Están dando la cara en un asunto por el que nosotros nunca la dimos, porque aquí jamás hubo un ministro del Interior que hablara de esto. Tercero. Las cosas van razonablemente bien. Cuarto. Hemos tenido un mal mes de agosto; vamos a ver si entre todos conseguimos mejorarlo.


Si usted dijera eso, yo le contestaría de otra forma, pero como usted es incapaz de reconocer nada, ni tan siquiera lo mal que lo hicieron ustedes, se merece contestaciones como esta y otras peores que podría darle si no fuera porque tengo una educación parlamentaria de la que usted a menudo demuestra en esta Cámara que carece.


Dicho esto, señor presidente, naturalmente que tomamos medidas. Jamás el ministerio ha echado la culpa a nadie, y yo en muchas ocasiones lo he dicho expresamente; jamás. El que haya un aumento del número de motocicletas que se estrellan en nuestras carreteras es simplemente un dato objetivo, que me preocupa, y me reúno con quienes representan a quienes las conducen para mejorar ese problema. Pero repito que no le echo la culpa a nadie; me limito a constatar qué pasa y avisar a la gente de ello para que la gente tome más medidas. No confunda usted la prevención con echar la culpa a nadie, jamás. Hemos tomado muchas medidas, de las que se hablaron en mi comparecencia en el Congreso de los Diputados, y que están recogidas en el Diario de Sesiones. Y con mucho interés compareceré en esta Cámara para explicar esto una y mil veces, porque, efectivamente, soy responsable de Tráfico, cosa que ustedes olvidaron durante muchos años.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL PLAN NACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET BAJO EL CÓDIGO DE PAÍS CORRESPONDIENTE A ESPAÑA («.ES») (S. 680/001408).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Salvador.


Tiene la palabra su señoría.


El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, la importancia que hoy tiene Internet para nuestras vidas es algo de sobra conocido por todos los presentes, y el dominio es el encargado de poner los apellidos de país a nuestra presencia en la red, tanto en las páginas web como en los correos electrónicos. Para un país es vital contar con la mayor presencia posible en Internet del dominio que le identifica, que potencia su marca, su unidad territorial, su Estado, en nuestro caso, España.


En España, durante el Gobierno del Partido Popular no se favoreció precisamente que los ciudadanos españoles pudieran elegir libremente, si ese era su deseo, utilizar el dominio que les identificaba como españoles en el mundo y en Internet. Personas como Costa y Baudilio Tomé, ministro y secretario de Estado del entonces Gobierno del Partido Popular y hoy coordinador de campaña y miembro del comité electoral de Mariano Rajoy, hicieron oídos sordos a las reiteradas propuestas de nuestro grupo en esta Cámara para corregir las limitaciones del uso del «.es» al existir grandes restricciones para su acceso y por su diferencia de precio, mucho más elevado que otros dominios, como el «.com» o como el «.org» que, sin embargo, no nos identificaban como españoles. Su respuesta fue no hacer nada, llevar al desastre al Info XXI y a «España.es»; y el premio que hoy les da Mariano Rajoy es convertirles en estrategas de su campaña y de su plan de país.


Con el Partido Popular no se llegaron a los 80.000 registros; con el Partido Socialista en agosto ya estábamos en 632.157 registros «.es». La diferencia creo que es evidente. Con el Partido Popular de Mariano Rajoy en el mundo se nos conocía como Espana. Hoy, con José Luis Rodríguez Zapatero, se nos conoce por primera vez con la eñe y se nos puede llamar España en Internet.


Señor ministro, quisiera preguntarle sobre la valoración que hace el Gobierno del Plan nacional de dominios en Internet bajo el código de país correspondiente a España: el «.es».


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como muy bien ha dicho usted desde el Gobierno pusimos en marcha, el Plan de fomento del dominio «.es» en mayo de 2005. En noviembre de este mismo año lo abrimos totalmente a todos los ciudadanos. El objetivo del plan es, en primer lugar, aumentar el número de dominios «.es» y, en segundo lugar, facilitar a ciudadanos y empresas españolas el acceso a este recurso. Para ello el plan propone una reducción de la tarifa de un 71 por ciento, la agilización del proceso de registro y la reducción del plazo de obtención hasta hacerlo equivalente a los de otros registros internacionales.


Además, desde el Gobierno hemos reforzado este programa con múltiples iniciativas para la promoción de la presencia de las pequeñas y medianas empresas en Internet. Por ejemplo, el Programa Ninguna Empresa sin Web y la campaña Empresas en red y Polígonos Industriales en red. Estas iniciativas están dando resultados muy positivos. De 85.000 dominios en 2004 hemos pasado a superar los 632.000 a mediados del año 2007. El plan ha multiplicado por cinco el número de dominios «.es». Solo en 2006 se produjo un incremento superior al 70 por ciento en el número de direcciones en Internet registradas en este dominio. En lo que va de 2007 el número de dominios «.es» sigue creciendo a más del 25 por ciento. Así, en el mes de agosto de este año 2007 se han añadido 11.500 nuevos dominios «.es». Por tanto, señorías, desde el Gobierno hacemos una valoración muy positiva del Plan de fomento del dominio «.es». Es un buen ejemplo del esfuerzo que estamos haciendo para impulsar la sociedad de la información en nuestro país, y los datos demuestran que España y su «.es» están cada vez más presentes en el mundo y en la red.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El senador Salvador García no hace uso de la palabra.


-- DE DOÑA MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA (PROFIT) PARA EL AÑO 2007 (S. 680/001430).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta de la senadora Castillo.


Tiene la palabra su señoría.


La señora CASTILLO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en el marco de la estrategia de Lisboa y del Programa nacional de reforma, las actividades y los objetivos propuestos por el Programa Ingenio 2010, entre los que destaca la consecución de un gasto en I+D del 2 por ciento del PIB, y del cual el 55 por ciento deberá proceder del sector empresarial privado, se han visto sin duda reforzados por la reciente formulación de una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, con un horizonte temporal aún más amplio que el que abarcan los dos próximos planes naciones de I+D+i, es decir, hasta 2015. La estrategia vuelve, desde nuestro punto de vista, a reconocer como principio básico de actuación la necesidad de hacer de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial a través, entre otras iniciativas, del fomento de la capacitación tecnológica de las empresas mediante la

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incorporación sistemática de tecnología, la formación de unidades y departamentos de I+D y la cooperación pública y privada.


Creemos que el mantenimiento permanente del apoyo directo y continuado a los proyectos de investigación técnica e innovación y de una nueva base industrial desde su ministerio es la mejor garantía para abordar con éxito los nuevos programas, como puede ser el Cenit, focalizados en grandes proyectos, en sectores y en tecnologías de valor estratégico que proporcionan un terreno abonado formado por empresas con una fuerte sensibilización y un claro compromiso con la mejora continua a través de la tecnología. En este sentido, la iniciativa que por su alcance presupuestario y temporal mejor representa esta filosofía es, sin duda, el Programa de Fomento de la Investigación Técnica, Profit, que este año celebrará su octava convocatoria y que coincide también con el período de aplicación de los dos últimos planes de I+D+i.


Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista desea que nos haga una valoración sobre cómo se ha desarrollado la convocatoria de investigación para el año 2007.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el Programa de Fomento de la Investigación Técnica, Profit, es una pieza clave en el fomento de la I+D+i empresarial. Este Gobierno está trabajando duramente para reorientar el patrón de crecimiento de nuestra economía hacia un modelo con más actividad en mayor valor añadido en sectores de fuerte demanda y rápido crecimiento y basado en un uso intensivo del conocimiento y de la tecnología.


El marco para este cambio profundo de nuestra economía lo forman la estrategia de Lisboa y el programa nacional de reformas. Nuestra principal herramienta es el programa Ingenio 2010 y la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero la I+D+i debe ser una cosa de todos, no solo del Gobierno, y para converger con Europa nos hemos propuesto que el 55 por ciento de la inversión en I+D+i provenga del sector privado, que tiene que pasar del actual 47 por ciento hasta el 55 por ciento propuesto.


En este contexto, el programa Profit se ha revelado como un eficaz elemento para dinamizar la inversión en I+D+i y destaca por su alcance presupuestario y por su permanencia en el tiempo. Solo en la convocatoria para 2007 se han aprobado 2.237 proyectos que contarán con más de 727 millones de euros en ayudas y que van a movilizar 3.700 millones de euros. Se trata de la convocatoria más importante de la historia del programa Profit. Además, con este Gobierno este programa está ayudando a repartir mejor el esfuerzo inversor. Año a año comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Galicia van aumentando su participación en el programa uniéndose a las comunidades que tienen mayor tradición e historia en la gestión de estos programas, como Cataluña, Madrid y el País Vasco.


Por tanto, señoría, hacemos una valoración muy positiva del programa Profit, no solo de la convocatoria extraordinaria de este año 2007 que, reitero, por su cuantía ha significado el mayor éxito de todo este periodo, sino de todo el conjunto, porque hemos construido una base de cultura empresarial para acceder a fondos de investigación y desarrollo para la mejora de las opciones tecnológicas de nuestras empresas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL MINISTRO DE CULTURA SE ADHIERE AL MANIFIESTO QUE DENUNCIA LA PERSECUCIÓN LINGÜÍSTICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA, AL QUE SE HAN SUMADO MÁS DE MEDIO MILLAR DE PERSONALIDADES DE NUESTRAS LETRAS (680/001422).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Van-Halen.


Tiene la palabra su señoría.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, reproduzco la pregunta exactamente en los términos que usted conoce.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el ministro de Cultura.


El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Gracias.


Señoría, como todos los ministros de los distintos gobiernos de nuestra democracia, me adhiero, respeto y defiendo lo establecido en nuestra Constitución, que deja muy claro estos temas en su artículo 3.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Van-Halen.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Empezaré hablando de la «ñ», que acaba de ser citada aquí, porque aparte de ser un emblema importante del Instituto Cervantes, de donde procede el señor ministro, es algo consustancial con la lengua castellana.


Nos hemos enterado de que el señor Zapatero ha incluido la tilde y la «ñ» a nivel internacional en Internet, con lo cual, evidentemente, ha quitado peso y reconocimiento internacional a España fuera de Internet. Eso es lo que debemos tener todos en cuenta.


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Señor ministro, el texto del escrito firmado por medio millar de intelectuales, que tiene cinco líneas y que está escrito en catalán y en castellano, no pasa de ser, como usted sabe, una cuestión muy concreta y personal, y usted, sabiamente, como no podía ser de otra manera, ha eludido manifestar si se adhiere o no al escrito. Porque no se trata de que defienda lo que parece obvio por su condición de ministro del Gobierno de España -eso que tanto nos recuerda el Gobierno actualmente-.
Naturalmente, usted defiende la Constitución y lo dicho en ella, pero nos hubiera gustado saber si se hubiera adherido a la denuncia, solidaridad y rechazo al que se refieren las cinco líneas del escrito de los quinientos intelectuales, escrito firmado por muchos amigos suyos y míos, entre otros, colaboradores del Instituto Cervantes, y en concreto dos directoras del citado Instituto, la de París y la de Utrecht, nombradas por usted.


Pero existe un problema de fondo que no se refiere meramente a esta cuestión; el asunto tiene más calado. Se lleva la radicalidad a una evidencia que se ha negado siempre, también en esta Cámara; se ha dicho que nos inventamos un problema y que en la vida cotidiana los dos idiomas que forman el bilingüismo conviven y son apoyados por los poderes públicos de Cataluña, lo que, eso sí, recoge la Constitución, que usted nos ha recordado que defiende.


Las nuevas normas que destierran el castellano de los medios de comunicación públicos en Cataluña son muy significativas, y no voy a recordárselas. Pero ese destierro del idioma castellano en Cataluña, que, naturalmente, vulnera la Constitución -por eso los quinientos intelectuales lo han denunciado-, Constitución que usted, naturalmente, defiende, ha llegado al mundo de la educación, donde, contra la voluntad de los padres, a los alumnos se les priva del castellano; al mundo de la publicidad; al mundo del comercio, en el que se favorece y promueve la delación entre comerciantes por no rotular sus establecimientos en catalán; al propio mundo de la literatura y de la edición, como usted sabe muy bien...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Termino, señor presidente. Muchas gracias.


Señor ministro, queremos saber concretamente si usted se adhiere al texto del manifiesto de esos quinientos intelectuales. Ya sabemos que usted defiende la Constitución; es más, también ha escrito en gallego y, como todos, creemos en el bilingüismo y en que las lenguas cooficiales en parte del territorio nacional son un enriquecimiento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Van-Halen.


Tiene la palabra el ministro de Cultura.


El señor MINISTRO DE CULTURA (Molina Sánchez): Gracias, señor presidente.


Le voy a recordar el artículo 3 de la Constitución, que sé que conoce muy bien, pero que considero que es al que nos debemos ceñir. En su apartado 1 dice así: «El castellano es la lengua española oficial del Estado.
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Y en el apartado 2 se indica: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos».


Como usted sabe, soy gallego, y una persona que ha escrito en español o castellano y en gallego, y además, siendo director del Instituto Cervantes, he llevado por todo el orbe nuestra lengua española, que es hablada por quinientos millones de personas, y también las otras lenguas cooficiales de España.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA INCENTIVAR A LAS EMPRESAS A CONTRATAR MUJERES MAYORES DE CUARENTA Y CINCO AÑOS (S. 680/001419).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora De Cospedal.


Tiene la palabra su señoría.


La señora DE COSPEDAL GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Mi pregunta al Gobierno es sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para incentivar a las empresas a contratar mujeres mayores de 45 años.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Como sabe, señoría, este es un colectivo prioritario para la acción del Gobierno y también para la acción de empresarios y sindicatos. Se lo digo, porque la Ley para la mejora del crecimiento y el empleo, es decir la reforma laboral pactada con los interlocutores sociales, incorporó el Programa de fomento del empleo, que a su vez establece bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para los contratos indefinidos y otro tipo de contratos destinados a colectivos específicos de desempleados. En este caso, las bonificaciones para mujeres mayores de 45 años son de 1.200 euros anuales. Son las más altas de todo el programa y, por tanto, son aquellas a las que más recursos destinamos para mejorar la contratación de un colectivo. Hemos incrementado las bonificaciones de forma notable y, todo ello, junto con el sistema de formación permanente que se aprobó este año, nos permite facilitar el acceso efectivo al empleo a las mujeres mayores de 45 años con parámetros de calidad, igualdad y justicia. Ambas medidas están dando, señoría, buenos resultados.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora De Cospedal.


La señora DE COSPEDAL GARCÍA: Gracias.


Señor ministro, con la satisfacción que tiene usted por los buenos resultados que están produciendo sus medidas, no sé cómo es posible que durante esta legislatura de Gobierno socialista el número de mujeres desempleadas mayores de 45 años haya aumentado en casi 100.000 en toda España, y que en algunas comunidades autónomas, como la mía, de cada 10 parados siete sean mujeres. Si las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno socialista tienen tan buenos efectos, no se entiende.


Por otra parte, son medidas que, aunque se destinan, entre otros colectivos desfavorecidos, al de mujeres desempleadas, no atienden específicamente al problema que tienen las mujeres desempleadas mayores de 45 años. Por eso aumenta sin cesar su número. Por otro lado, han puesto en marcha otras medidas, como los convenios que han firmado con comunidades autónomas, por ejemplo con la mía, para poner en marcha el primer Plan regional de empleo, un convenio que, dejando aparte el hecho, que usted seguramente calificará de anecdótico, de que se firmara el 14 de marzo, justo antes de las elecciones autonómicas, resulta que lo que contiene en realidad son medidas destinadas a lo que se llama paro estructural y que vienen a sustituir los antiguos convenios Inem-corporaciones locales por contratos por dos y tres meses, con los cuales quieren ustedes contentar a las mujeres. Entienden que las mujeres desempleadas mayores de 45 años, con tener de vez en cuando un contrato de dos o tres meses de nula cualificación y que no les permite su integración en el mundo laboral -porque no les permite su integración en el mundo laboral-, lo tienen todo resuelto.


Tengo que decirle, señor ministro, que, a pesar de que esté usted tan contento con las medidas que ha puesto en marcha y de que piense que están dando tan buen resultado, las mujeres mayores de 45 años que están desempleadas no son de peor condición que otros colectivos desfavorecidos. Y, como no son de peor condición, no las pueden contentar ustedes con contratos de dos o tres meses, que es a lo que se reducen, al final, todas las medidas que han puesto en marcha; con contratos que no permiten su cualificación laboral, con contratos que las abocan a esperar siempre la subvención de quien sea para permanecer en el mundo laboral, y con contratos que nos les permitirán nunca alcanzar una cualificación laboral como la de sus compañeros varones.


Tengo que recordarles, aunque parezca mentira que tenga que decírselo a un Gobierno de progreso -como se llaman ustedes-, que las mujeres, a la hora de establecer medidas para que se las pueda contratar, no son de peor condición que otros colectivos desfavorecidos y, desde luego, no se las contenta con tan poco.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señoría.


¡Por favor, señoría, pero qué dice! Documéntese un poco, por favor; se lo ruego. Desde que entró en vigor la reforma laboral se han hecho 71.832 contratos indefinidos para mujeres mayores de 45 años, y este año llevamos ya 87.000. Son casi 160.000 mujeres las que, por primera vez, disfrutan de un empleo de calidad. Ahora vamos a los números. En el año 2002 la tasa de empleo de las mujeres mayores de 45 años era del 37,96 por ciento; la tasa de empleo hoy de las mujeres mayores de 45 años es del 45,37 por ciento, es decir ha habido ocho puntos más de empleo en solo tres años. En cuanto a la tasa de paro, señoría, mírese la EPA. No sé si conoce usted bien la radiografía del mercado laboral, pero tiene que mirar la EPA, la encuesta de población activa. La tasa de paro de las mujeres mayores de 45 años ha bajado del 11 por ciento -concretamente, del 10,79- al 8,19 por ciento; durante estos tres años y medio ha bajado notablemente, se ha producido el mayor descenso de los últimos años.


En términos de Inem, en la segunda legislatura del señor Aznar el paro subió en 250.000 personas, mientras que ahora ha descendido en 160.000.
Entérense, o al menos aprendan a manejar los datos.


El incremento de la ocupación de las mujeres mayores de 45 años entre los años 2000 y 2004 fue del 24 por ciento, mientras que ahora ha sido del 32 por ciento. Y, por favor, no hable de Castilla-La Mancha; en Castilla-La Mancha, durante el Gobierno de la derecha 2000-2004 el paro aumentó el 13 por ciento y, sin embargo, desde que la derecha salió del Gobierno, ¿sabe usted qué paro femenino hay? El 12 por ciento. Es evidente que todavía es alto y que hay que seguir trabajando. Pero, ¿sabe en qué cifras dejaron el paro femenino en Castilla-La Mancha el señor Aznar y el señor Rajoy? En el 18 por ciento. Repito que ha bajado al 12 por ciento. Tome nota de los datos, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE CASI CUATRO AÑOS DE PAZ SOCIAL CON VEINTE ACUERDOS FIRMADOS CON LOS AGENTES SOCIALES (S.
680/001425).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Hernández.


Tiene la palabra su señoría.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el Gobierno al que usted pertenece ha dado siempre al diálogo un enorme valor, superando actitudes y comportamientos de Gobiernos anteriores.


El Gobierno ha hecho del diálogo una de sus principales señas de identidad; diálogo con todos los partidos

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representados en el Parlamento; diálogo con todas las comunidades autónomas y con sus Gobiernos, legítimamente elegidos; y su ministerio, y usted mismo, han llevado con un rotundo éxito ese diálogo.


El diálogo social contrasta con el decretazo, la imposición y el rodillo del Gobierno del Partido Popular, y ese diálogo social se ha concretado en acuerdos que han repercutido en beneficio de los empresarios y los trabajadores y trabajadoras de este país; en definitiva, ha repercutido en beneficios para los españoles.


Se han elaborado veinte acuerdos en la mesa de diálogo social, entre ellos la reforma laboral que se ha concretado en casi dos millones y medio de contratos indefinidos o la subida del 24 por ciento del salario mínimo interprofesional, que tanto beneficia a los jóvenes. Y el diálogo social también se ha concretado en otras medidas de política medioambiental, de prevención de riesgos laborales, en beneficios para los autónomos, y en tantos y tantos otros.


El diálogo social no ha sido, como decían algunos agoreros, puro bla, bla, bla, ni un acontecimiento puntual; ha sido y es un método de trabajo, un instrumento de desarrollo de las políticas públicas con los interlocutores sociales. Por ello, mi pregunta es la siguiente: ¿qué valoración hace el Gobierno de casi cuatro años de paz social, con veinte acuerdos firmados con los agentes sociales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señoría.


El ministro hace una valoración muy positiva, como no podría ser menos.
Recuerde usted que la anterior legislatura, cuando gobernaba la derecha en España, finalizó con el decretazo, con un recorte de los derechos de los trabajadores, mientras que esta legislatura ha sido la del acuerdo y el diálogo social que, por cierto, está permitiendo unos notables incrementos del empleo, como nunca había ocurrido en España. Así, ésta será la legislatura del empleo, con tres millones de puestos de trabajo -mucho más que en cualquier otra legislatura anterior-, lo que está permitiendo, por ejemplo, que mujeres mayores de 45 años -por las que antes se preguntaba- hayan incrementado en ocho puntos, en sólo tres años, su tasa de ocupación; algo desconocido hasta ahora. Además, seguirá ocurriendo en el futuro gracias al diálogo social.


Nada más llegar al Gobierno hicimos una declaración de intenciones ante los sindicatos y los empresarios en el sentido de que todo sería sometido al diálogo social; así ha sido, y está dando excelentes resultados.


El acuerdo para el empleo es esencial. Nunca hubo tanto empleo en España como en esta legislatura; la tasa de paro ha caído ya del 11,5 por ciento que alcanzó con el señor Rato, el señor Rajoy y el señor Aznar al 7,9 por ciento y, además, estamos trabajando para mejorar la temporalidad. En este sentido, en este último año -desde la entrada en vigor de la reforma laboral- un millón de contratos han pasado de ser temporales a ser indefinidos; es decir, la temporalidad ha caído tres puntos en solo un año, y esperamos que la tendencia continúe.


Por lo que respecta a la Seguridad Social, el acuerdo del Pacto de Toledo sobre medidas en materia de Seguridad Social ha dado lugar al mayor aumento de las pensiones mínimas de todo el período democrático. Algunas pensiones van a subir hasta un 35 por ciento en estos cuatro años; por ejemplo, un pensionista con cónyuge a cargo mayor de 65 años, con pensión mínima, va a ver cómo aumenta su pensión en 180 euros a lo largo de este periodo, mientras que en la legislatura anterior sólo aumentó 60 euros.
La cifra se ha multiplicado por tres, y con ello se demuestra el talante social de este Gobierno frente al de la derecha, señoría; es evidente que somos diferentes, nosotros apostamos por las personas que tienen necesidades y ellos no lo hacen así.


Por lo que respecta al acuerdo para la normalización de inmigrantes, quiero recordar que quienes estaban en situación irregular no eran sólo los inmigrantes sino también los empresarios, que nos pidieron el acuerdo en materia de inmigración.


En cuanto a la prevención de riesgos laborales y a la Estrategia de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, ha caído el número de accidentes de trabajo en España, especialmente de los más graves, el 16 por ciento en lo que llevamos de legislatura. Sigue siendo muy alto, pero repito que ha caído un 16 por ciento, y tenemos que seguir trabajando en el futuro para que continúe descendiendo. También hay un acuerdo en materia de Formación Profesional, nuevos subsistemas de Formación Profesional para el empleo, y otros muchos imposibles de enumerar, señoría.


Permítame que acabe con un referencia: gracias a sindicatos y empresarios por su sensibilidad. Eso ha permitido que el país crezca, que el país se desarrolle, que cada vez se reparta mejor la riqueza, que haya más empleo, más empleo femenino, y que hoy estemos acariciando el pleno empleo. Sin duda nos vamos a situar entre los mejores países de la Unión Europea gracias a este proceso de diálogo social impulsado por mi Gobierno.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ ANTONIO ALONSO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DEL PARO Y LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE (S.
680/001426).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Alonso García. Tiene la palabra su señoría.


El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


El Gobierno, al referirse a los datos del paro del mes de agosto, los calificó como malos. No obstante, el Gobierno

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advirtió a continuación de que era un dato puramente coyuntural y que en absoluto estaba marcando tendencia alguna. Pese a esta advertencia del Gobierno de que no marcaba tendencia alguna, el Partido Popular, al referirse a los datos del mes de agosto, hizo declaraciones como las siguientes.


El presidente del Partido Popular, al hablar de los datos del paro del mes de agosto, dice: La herencia y la inercia de los Gobiernos del Partido Popular ya se han acabado. No se puede vivir de herencias -advierte el señor Rajoy-. Con posterioridad a estas declaraciones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Zaplana, anuncia a bombo y platillo a toda la sociedad, y a través de los medios de comunicación, que nos encontramos ante una recesión económica. En el primer Pleno que se celebra en esta Cámara tras conocerse los datos del mes de agosto, el senador del Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández Cucurull, pregunta al ministro de Trabajo por su valoración sobre los datos. Efectivamente, el señor ministro valora los datos de agosto como malos y hace la advertencia que puse de manifiesto al inicio de mi pregunta. Sin embargo, el senador que pregunta vuelve a insistir: Estos datos empiezan a señalar una tendencia en contra de lo que usted dice, al igual que sucede con las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Esa tendencia pone de manifiesto que el mercado de trabajo está perdiendo su dinamismo. Pues bien, cuando el señor ministro concluía su respuesta, invitaba a este senador a que le preguntase por los datos del mes de septiembre y meses sucesivos.


Considero que estas declaraciones son irresponsables, porque si algo necesita la economía por encima de todo, además de políticas que la activen, es confianza, y generar una alarma injustificada no conduce a ninguna parte y las declaraciones irresponsables, aún menos.


Puesto que el Partido Popular no respondió a la invitación que usted le formuló, le pregunto cómo valora los datos del paro del mes de septiembre.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Ya sabía yo que la derecha no me iba a preguntar, evidentemente. La inercia del PP se acabó hace mucho tiempo, por fortuna para los españoles. ¿Sabe por qué? Fíjese: en la legislatura 2000-2004, el paro aumentó en España, y en lo que llevamos de legislatura ha bajado en medio millón de personas. Durante la legislatura anterior, el paro aumentó en 250.000 personas, señor senador, según el Inem. Ahora no solo no aumenta, sino que se ha reducido en medio millón de personas hasta ahora, y seguirá bajando en el futuro, se lo garantizo. Respecto del crecimiento económico, tenemos una media de casi un punto más, el 0,7, sobre la anterior legislatura de la derecha 2000-2004. ¡Y menos mal que se acabó la inercia! En cuanto a la ocupación, se crearon 1.800.000 empleos en dicha legislatura. Hasta ahora, llevamos casi 3 millones de nuevos empleos. Por tanto, menos mal que se acabó la inercia del señor Rajoy, porque si hubiera continuado habría sido bastante mala para los españoles.


Pero tiene usted razón. Le voy a decir algo: la derecha tiene mala fe, porque quiere utilizar un dato coyuntural... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-El señor Burgos Beteta: «No lo utilizamos.») Sí, mala fe, eso es mala fe. Utilizar un dato coyuntural, como el correspondiente al mes de agosto, para decir que se entra en recesión cuando se está creciendo al 4 por ciento del PIB significa que se intenta que haya menos confianza en la economía española, perjudicar a las empresas, perjudicar a las familias españolas con tal de atacar al Gobierno. Eso tiene un nombre: mala fe. Eso no lo hace nadie, solo la derecha en España. Eso no se le ocurre hacerlo a la derecha en Francia o a la derecha en Alemania cuando gobierna la izquierda; jamás se le ocurre hacer eso. ¿Cómo van a poner en duda los fundamentos del crecimiento económico solo por perjudicar al Gobierno? Bueno, tampoco lo hacen debido a que tienen muy poca audiencia, muy poca cobertura, se lo garantizo.


De modo, señoría, que en agosto de 2004 también hubo un mal dato sobre el paro y me criticaron mucho, aunque les recomendé que me preguntaran en septiembre, pero ya no volvieron a hacerlo. Y desde agosto de 2004, cuando decían que había un dato malo sobre el paro, hasta hoy el paro ha bajado en medio millón de personas en España. ¡Como nunca! Estamos en el 7,9 por ciento, y hemos creado 2.800.000 empleos desde aquel mes. Y seguirá ocurriendo igual, señoría. Le agradezco la pregunta. El dato de agosto fue puramente coyuntural. Septiembre ha sido un mes excelente: 264.000 altas en la Seguridad Social en un solo mes, el mejor dato de toda la serie histórica. El paro ha bajado por tercer año consecutivo -antes siempre subía en septiembre-, y los buenos datos nos sitúan en una senda positiva. Por supuesto, hay que pensar que puede haber una desaceleración económica suave, pero no va a afectar al empleo.


Calculo que en este ejercicio -lo verá usted, le ruego que me pregunte también a final de año- el incremento del empleo en España habrá rondado al menos las 600.000 personas, nuevos ocupados. Si ese es un dato para la crisis, no sé quién aconseja a la derecha española. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON JOSEP MARÍA ESQUERDA SEGUÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL TÚNEL DE VIELHA (LLEIDA) PASARÁ A TENER SOLAMENTE DOS CARRILES CUANDO LA PREVISIÓN ERA QUE TUVIERA TRES (680/001418).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Esquerda.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el Conselh Generau d´Aran facultó ayer por unanimidad al síndic Francesc Boya, del PSC, para tomar las acciones legales que considere pertinentes contra el Ministerio de Fomento si mantiene su propuesta de dos carriles de circulación para el túnel de Vielha. Gremios de hostelería y asociaciones de transportistas se han declarado también contrarias a dicha decisión, y todos los partidos políticos, incluido el suyo, han declarado su oposición a la eliminación del tercer carril del túnel, después del informe que elaboró la Diputación de Lleida y el comunicado oficial que emitió el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña. Ambos documentos creo que obran en poder de su Ministerio.


Todo el territorio está en contra de la decisión. Por el túnel pasan 600 caminos diarios según un recuento del año 2004 -por tanto, es previsible que actualmente sean más-, y pasan por el centro de poblaciones tan importantes como Les, Bossòst Viehla, Vilaller o Pont de Suert. Se espera que la mejora del túnel produzca un efecto llamada, y no es descabellado esperar que el tránsito de camiones de gran tonelaje alcance los 900 ó 1.000 camiones por día.


No soy experto y no voy a entrar en las soluciones técnicas, pero sí tengo un cierto sentido común, un seny, y sé que lo primero que debemos exigir a esta vía es seguridad para los ciudadanos, para las personas. A este respecto, el informe de la diputación mantiene serias discrepancias con su Ministerio debido principalmente a dos factores: en primer lugar, la fuerte pendiente del 4,5 por ciento constante durante los 5.240 metros del túnel y, en segundo lugar, la baja velocidad que pueden alcanzar los camiones cargados, que se estima que difícilmente pueden llegar a los 50 kilómetros por hora. Estas dos consideraciones, una consecuencia de la otra, son las que parecen reforzar la tesis de la diputación, y la opinión del Colegio de Ingenieros también hace mención a la gran pendiente constante como agente principal para la puesta en servicio de este tercer carril.


Señora ministra, prima la seguridad, pero al tiempo debemos procurar también un tráfico fluido. Ustedes tienen los medios, hagan un buen trabajo. Ya sé que cuesta mucho rectificar y no se lo voy a pedir. Sin embargo, sí le pido que contraste los estudios y las opiniones y que, como indica el estudio de la diputación, realicen, si pueden, un análisis sobre el riesgo, según indica el artículo 11 del Real Decreto 635/2006, y comparen qué solución proporciona mayor seguridad al túnel. Haciendo las cosas así y dando las explicaciones pertinentes, no tendremos nada en contra de la decisión que tome el ministerio. Espero que los demás grupos y agentes sociales queden también satisfechos.


Me gustaría, señora ministra, que me indicara cómo actuará su ministerio a partir de este preciso momento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Senador, el análisis de riesgo que usted pide que se haga es exactamente lo que se ha hecho. Antes de analizar el interior del túnel, ya que ha hablado de la trayectoria y de la conexión, le diré que antes de entrar al túnel y cuando se sale de él hay un carril por sentido y, por tanto, solamente en todo ese trayecto del que usted ha hablado se había planteado la posibilidad, en el 1998 -por eso se dio la orden de estudio-, de que en el túnel hubiera dos carriles, uno por sentido, y un carril reversible. Pero eso, señoría, se dio la orden de estudio en el 1998, se aprobó el proyecto en el 2000, se adjudicaron y se iniciaron las obras en el 2002, y en el 2006, señoría, se hace una transposición de una norma comunitaria en la que se establecen unos requisitos mínimos para los túneles. Por lo tanto, en aplicación de esta norma, y solamente pensando en la seguridad de los que utilicen el túnel, se ha hecho una distribución de acuerdo con estos condicionamientos y con estas limitaciones o con estos objetivos. De todas maneras, el lunes -lo digo porque me parece importante que usted conozca la fecha- entró un informe de la diputación con una propuesta alternativa, que será estudiada según los criterios que usted ha planteado y los que tiene el Ministerio de Fomento, que son los mismos: seguridad como prioridad, para ver si efectivamente lo que propone la diputación cumple con los requisitos de seguridad con los requisitos normativos vigentes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. MANUEL JAIME CABEZAS ENRÍQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL CALENDARIO DEFINITIVO PARA LA FINALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRAMOS DE LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (S. 680/001424).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cabezas.


Tiene la palabra su señoría,

El señor CABEZAS ENRÍQUEZ: Gracias, señor presidente,

Permítame, señora ministra, fundamentar brevemente mi pregunta.


La llegada del AVE a Galicia -entiendo que estaremos de acuerdo- supone que un ciudadano que viva en ella pueda subir al AVE en Coruña, en Santiago, en Lugo, en Ferrol, en Vigo, en Pontevedra, en Orense, y pueda llegar a Madrid en dos horas y treinta minutos.


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Sabe que en el 2004, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular que decía que el tramo Lubián-Ourense debería entrar en servicio en el 2009. Usted, el 4 de septiembre, visita las obras del AVE Ourense-Santiago y dice: El AVE estará en el 2012, aunque duden de mi palabra. El presidente Zapatero garantizó ante 12.000 gallegos, en Silleda, el 30 de septiembre, que se cumpliría el calendario de llegada del AVE, si bien no precisó que esa previsión era para el 2011. También, el 10 de septiembre, la Consejería de Política Territorial de la Xunta solicitó una reunión de la comisión de seguimiento para la integración de la alta velocidad en Ourense, sin que de momento, un mes después, exista fecha para ello.


Quiero entender esto como declaraciones de voluntad, pero está claro que, desde el punto de vista técnico y administrativo, el 2012 es materialmente imposible. Por ello, mi pregunta, creo que razonable, es la siguiente. ¿Cuál es la fecha técnicamente viable -sé que fijarla con exactitud no es fácil por los imprevistos en obra que puedan suceder, y, por eso, hablo de técnicamente viable- para la llegada del AVE a Galicia, entendiendo esta llegada como he señalado al principio de mi intervención?

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría,

Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente,

Señoría, la conexión de alta velocidad de Vigo con Orense y la meseta, es decir, con Madrid, por la variante de Cerdedo, entrará en servicio de acuerdo con el compromiso que asumimos -lo asumí yo concretamente- en febrero de 2007, cuando dije que estaría concluido en un plazo de entre cinco o seis años, en 2012.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Cabezas.


El señor CABEZAS ENRÍQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Le he preguntado por la alta velocidad en Galicia, que creo que es a lo que responden sus declaraciones del 4 de septiembre. Hay obras fáciles en Castilla, por ejemplo, Olmedo-Zamora, Zamora-Lubián, que son trazados llanos, sin túneles, escasos movimientos de tierra, fácilmente accesibles, donde ya llevamos casi dos años, después de que los proyectos estén redactados, sin adjudicar las obras.


No hay licitación, y el señor Touriño, presidente de la Xunta de Galicia, está reivindicando que se adjudiquen estas obras porque los proyectos llevan dos años terminados y sin licitar. Pero también hay obras más difíciles, de hecho, los costes por kilómetro, si bien en las obras fáciles son de 8,5 millones de euros por kilómetro, en las difíciles alcanzan aproximadamente los 21 millones de euros por kilómetro. Esto supone que el proyecto Lubián-Ourense y el resto de los proyectos que fueron licitados en mayo -pues solo había dos adjudicados hasta el momento- puedan estar finalizados a finales de 2009 o a principios de 2010. Si en los tramos fáciles se fijan 40 meses para la ejecución de las obras, en obras difíciles como esta mucho más. Independientemente de eso, la integración ferroviaria en Ourense, a su paso por la ciudad, está simplemente en estudio. No hay ni licitación de proyectos ni proyectos.
Faltará su redacción, la licitación de obra y la ejecución, con independencia de la propia estación.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor CABEZAS ENRÍQUEZ: Además, estamos hablando de obras civiles de la plataforma, pero quedan la electrificación, las instalaciones y demás.
Creo que existe la voluntad política para imponerse a la inercia de la Administración, y le pido que fije una fecha para el AVE a Galicia. No me hable usted de la variante de Cerdedo porque estamos hablando de obras entre Ourense y Vigo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias.


Señorías, le pido disculpas porque no me ha debido usted de entender o no me he explicado bien. Le he dicho que el AVE a Galicia llegará en 2012.
Le he citado mi propia afirmación de hace unos meses, en que no di esa fecha, sino que hablé de entre cinco o seis años. Señoría, entre Madrid y Santiago, por mencionar un tramo, porque usted sabe que se unen todas las capitales gallegas, hay 45 tramos y cada uno se encuentra en diferentes fases de ejecución. Le agradezco que reconozca la dificultad de llevar a cabo un calendario de la manera que algunos pueden plantearse y que usted así ha reconocido. Por ejemplo, estamos en un tramo importante con dificultades en las expropiaciones debido a las minas de ese arrabal, que seguro que usted conoce perfectamente.


Sí puedo afirmar desde aquí que no hay ningún proyecto aprobado cuyas obras están pendientes de licitación. Cuando llegamos al Gobierno, Madrid-Santiago estaba al 12 por ciento, y gracias al impulso que le hemos dado ahora está al 40. Concretamente, entre Madrid y Santiago en tres años y medio hemos invertido 2.780 millones de euros frente a los 1.180 que invirtió el Partido Popular en los ocho años anteriores, luego hemos multiplicado por más de 5 la inversión media anual.


Si me centro en Galicia, hemos multiplicado casi por 90 solo la inversión ejecutada. A estos presupuestos los hemos dotado de 580 millones de euros, con lo que para el 2008, en un solo año, hemos presupuestado la mitad de lo que invirtió el Partido Popular en las dos legislaturas, es decir, en ocho años. Los resultados, si me permiten que se lo diga, no pueden ser mejores. Madrid-Olmedo, con 16

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tramos que conectan Madrid con Galicia, están al 31 por ciento y los vamos a poner en servicio el 22 de diciembre. Entre Olmedo y Santiago de Compostela ya hemos licitado el 40 por ciento del trazado, y el resto tiene todos los proyectos en redacción excepto el que usted ha comentado de 9 kilómetros, que es la integración en Orense y que se encuentra en estudio informativo. ¿Pero hemos avanzado o no en el AVE a Galicia? Pues mire, llegamos al Gobierno en 2004 hoy tenemos el 40 por ciento licitado de obra y no había ninguna tramo en obra. Además, un 30 por ciento ni siquiera tenía estudio informativo, y ahora le estoy diciendo que solamente queda pendiente de aprobar el de la integración a Orense.


En el Olmedo-Ourense iniciamos las obras en 2007, en junio de 2007, iniciamos las obras Olmedo-Zamora, y este mismo año licitaremos otros dos restantes del mismo trayecto. En definitiva, señoría, quiero dejarle clara la voluntad del Gobierno de llegar a Galicia en el 2012 en alta velocidad. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON LUIS ANGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL EJE ATLÁNTICO PARA LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD (S. 680/001429).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Lago.


Tiene la palabra su señoría.


El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como usted bien sabe, Galicia está ganando la batalla de la accesibilidad exterior y la comunicación interna, triplicando la red gallega de alta capacidad por carretera e impulsando la llegada de la alta velocidad ferroviaria, como usted ha dicho hoy, con el compromiso del horizonte en 2012. Es una empresa común de todos a través de los gobiernos socialistas de España y de Galicia, de los presidentes Zapatero y Touriño, que pretende acabar, de una vez por todas, con los muchos y viejos atrancos que condenaron a Galicia al aislamiento y a la periferia, una situación de excentricidad a la que tradicionalmente nos hemos visto empujados por la propia orografía y también, por qué no decirlo, por el abandono de gobiernos precedentes.


La actual política de infraestructuras cuenta con el esfuerzo inversor de ambos gobiernos, español y gallego, un esfuerzo inversor sin precedente en nuestra historia reciente. El Gobierno al que usted pertenece se ha comprometido a destinar a Galicia el 8 por ciento del total de sus inversiones en España, y ha cumplido.Viendo las cifras de la inversión pública del Estado en Galicia sobran las palabras. Los casi 2.000 millones de euros presupuestados por el Gobierno para el año 2008 triplican con mucho la media anual que invertían gobiernos de Aznar y Rajoy, unos 650 millones de euros. Su propio ministerio, el de Fomento, ha invertido en Galicia durante esta legislatura 2.000 millones de euros frente a los 940 millones de euros del anterior Gobierno del PP en el periodo 2000-2004. Como le decía, sobran las palabras. En el gráfico se puede apreciar cuál era la inversión y cuál es la inversión actual en Galicia.


Respecto a las carreteras, se trabaja para cerrar la interconexión de las ciudades gallegas con nuevas autovías: Lugo-Santiago, Lugo-Orense, Orense-Santiago y Ferrol-Lugo; construir tres nuevas arterias de acceso a Galicia a través de la transcantábrica, también desde Portugal con la autovía Verín-Chaves, y de reunión con la A-76, Ponferrada-Monforte-Orense, además de reforzar la autopista del Atlántico con nuevos carriles.


En paralelo con estas dotaciones viarias se encuentra el impulso de proyectos vitales y estratégicos para Galicia como la llegada del tren de alta velocidad. Los compromisos, plazos e inversiones del Gobierno, perfectamente detallados en el PEIT, están escritos y publicados en las páginas del BOE y de los presupuestos; son palabra de ley que, año tras año, su Gobierno está haciendo realidad. La llegada de la alta velocidad a Galicia, desde Lubián a Santiago por Ourense, con líneas complementarias a Vigo, Lugo, Ferrol y A Coruña, quedará completada con aquella que hoy nos ocupa por ser motivo de esta pregunta al Gobierno: el eje atlántico de alta velocidad, desde Ferrol a Tui, pasando por A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, un recorrido de vital importancia para la vertebración interior de Galicia, porque en esta zona se concentra la mayor parte de nuestra población y nuestra actividad económica.


Señora ministra, no le voy a preguntar por primeras traviesas inauguradas, ya que eso queda en el universo kafkiano de aquellos que les precedieron en el Gobierno. Lo que realmente nos interesa a los gallegos es conocer a fondo, con detalle y de primera mano cuál es el estado de ejecución de las obras en el eje atlántico de alta velocidad.


Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, desde el comienzo de la legislatura este Gobierno ha reiterado su voluntad inequívoca de impulsar esas infraestructuras ferroviarias, eje fundamental de vertebración interna, y con el resto del país.


Le facilitaré algunos datos para que compruebe cómo esa voluntad se ha traducido en hechos. Hemos más que triplicado la inversión ejecutada respecto a los ocho años de gobierno del PP, pasando de 248 millones de euros invertidos en el eje atlántico en 2004 a 825 millones de euros en septiembre de 2007. En tres años y medio hemos invertido 577 millones de euros, que es más del doble que durante los ocho años anteriores; tres años y medio frente a ocho. Además, hemos multiplicado por más de cinco la inversión media anual llevada a cabo en ese eje por los gobiernos del PP. También hemos más que triplicado el grado de ejecución, pasando del 18 por ciento en 2004 al 60 por ciento en septiembre de 2007.


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Entre A Coruña y Vigo, entre las que hay 157,6 kilómetros de distancia, hemos puesto ya en funcionamiento 41,5 kilómetros, un tercio del recorrido, solamente a falta de electrificación y de RTMS, cuando el resto del eje atlántico pueda entrar en este tipo de conexión de alta velocidad. Hemos iniciado las obras de 58,5 kilómetros, es decir, que casi la mitad del trazado se encuentra en obras o a punto de finalizar; en cuanto al resto, solo un 20 por ciento, estamos redactando y a punto de terminar los proyectos, de tal manera que en los próximos meses vamos a poner en servicio otros 18 kilómetros del trayecto, y vamos a iniciar las obras de este 20 por ciento cuyos proyectos están pendientes de finalizar. Antes del fin de la legislatura, todo el trayecto entre A Coruña y Vigo estará en obra o en servicio, concretamente, el 55 por ciento en obra y el 45 en servicio, frente a la situación existente en abril de 2004, con casi un 60 por ciento del recorrido sin proyecto aprobado, esto es, 92 kilómetros del recorrido sin proyecto, de los que 39 kilómetros, un 25 por ciento, ni siquiera tenían día ni estudio informativo. Señorías, solo queda pendiente el estudio informativo de A Coruña y Ferrol y de Vigo y la frontera portuguesa, donde estamos trabajando para terminar en el menor tiempo posible. Ya hemos sometido a información pública los trayectos A Coruña-Betanzos y Vigo-Porriño, y estamos trabajando en la definición del resto del trazado.


También es importante mencionar el enorme impulso que hemos dado al eje atlántico gallego y por la continuidad que tiene en los Presupuestos Generales del Estado, donde hemos incluido una dotación de 154,5 millones de euros.


En definitiva, señorías, los datos son los siguientes. En tres años y medio de legislatura hemos llevado a cabo la ejecución del eje atlántico con doble vía, frente a la situación actual de vía única; la electrificación alterna de 25 voltios, frente a una vía no electrificada; la alta velocidad; el ancho UIC, y el cambiador de ancho que vamos a instalar después de la llegada del AVE a Valladolid para reducir los tiempos y para que se pueda utilizar la infraestructura de alta velocidad por los trenes que continúan a Galicia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO TRAMITAR DE MANERA URGENTE LA PROPUESTA FORMULADA A TRAVÉS DE LA MOCIÓN PENDIENTE DE TRAMITACIÓN EN LA COMISIÓN DE FOMENTO Y VIVIENDA, PARA SUPRIMIR EL PASO A NIVEL DE LA PLAZA DE LOS CARROS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TARRAGONA (680/001431).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Badia.


Su señoría tiene la palabra.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la pregunta en concreto es: ¿Piensa el Gobierno proceder a la eliminación urgente del paso a nivel ferroviario de la Plaza de los Carros, en la ciudad de Tarragona? En ese paso son numerosos los accidentes de personas, y el último en concreto ha sido el descarrilamiento de un tren de mercancías peligrosas, en diciembre de 2006. Todo ello hace que sea urgente llevar a cabo esta obra. Si me lo pudiera concretar la señora ministra, me gustaría conocer el proyecto, el presupuesto y el plazo de ejecución, si es que existen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Sí, señoría, lo vamos a suprimir en el menor plazo de tiempo posible.
Tenemos prácticamente finalizado el proyecto constructivo para su supresión, y en el plazo de un mes lo trasladaremos al Ayuntamiento de Tarragona para que preste su conformidad, porque, como usted bien sabe, no podemos licitar la correspondiente obra, ya que la administración titular de las vías sobre las que vamos a llevar a cabo las obras es ese ayuntamiento. Cuando tengamos el proyecto lo mandaremos e inmediatamente procederemos a la licitación de las obras.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.


De entrada, le diría que la respuesta me satisface. Pero esta es una respuesta más de las que ha dado su Gobierno repetidamente. El 21 de marzo de 2005 decía que ya iban a hacer mejoras, y el pasado mes de julio me decía usted que estaban llevando a cabo estudios técnicos, que supongo que son a los que se refiere. Pero yo quiero que me concrete cuál es la correspondiente partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado, porque he visto los que ha presentado su Gobierno al Parlamento, y en el Plan de supresión de pasos a nivel, en la provincia de Tarragona en concreto, solo figura una partida de 361.000 euros. Si esta partida es a la que se refiere en sus manifestaciones, me gustaría que me lo concretara, porque ayudaría a clarificar un asunto que preocupa enormemente a la ciudad de Tarragona, pues usted sabe que supone una situación de riesgo grave para la población y un freno importante para el crecimiento del puerto de Tarragona y de la fachada marítima de la ciudad.


Espero y deseo que sus manifestaciones se puedan concretar. Repito que que si esa partida de 361.000 euros que consta en los Presupuestos Generales del Estado en la provincia de Tarragona para la supresión del paso a nivel es a la que usted se refiere, me gustaría que dentro de un mes,

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una vez trasladado al Ayuntamiento de Tarragona y obtenido su visto bueno, se iniciaran las obras.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señoría.


Como le he dicho, en cuanto tengamos el proyecto aprobado y acordado con el Ayuntamiento de Tarragona procederemos a la licitación de las obras.
Al hacerle esa afirmación, ya le he reconocido implícitamente que cuenta con una partida presupuestaria, porque bien sabe usted que no podemos licitar ninguna obra sin cobertura presupuestaria.


Señoría, el ministerio ha estado tratando de suprimir el paso a nivel, pero tiene que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y con la Generalitat, y ustedes saben, porque precisamente gobernaban en el Ayuntamiento de Tarragona, que siempre vincularon la supresión del paso a nivel al proyecto de la fachada marítima, que no tiene nada que ver.
Ahora veo, y estoy de acuerdo con usted, y así se hará, que lo han desvinculado, y, por tanto, estoy segura de que con esta nueva corporación vamos a poder llegar a un acuerdo, y suprimiremos el paso a nivel. De modo que sí lo vamos a hacer, estamos terminando el proyecto, estoy segura de que no van a surgir problemas con el Ayuntamiento de Tarragona, y hay partida presupuestaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA DECISIÓN DEFINITIVA TOMADA POR EL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DEL TÚNEL DE VIELHA (LLEIDA), PASANDO DE TRES CARRILES A DOS (680/001432).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys.


Su señoría tiene la palabra.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿en qué momento el ministerio de Fomento toma la decisión de modificar el proyecto del túnel de Vielha, pasando de tres carriles a dos, y cuándo informa de esta decisión a la Generalitat, que tiene competencias en la ordenación del territorio, así como al Conseller General del Val d'Aran y al Ayuntamiento de Vielha?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, el proyecto del nuevo túnel de Vielha nunca se ha modificado.
Usted sabe perfectamente que se inició en 1998, con la orden de estudio, y ha pasado por una serie de hitos, como ocurre con todos los proyectos, que son: aprobación del estudio, aprobación del proyecto, licitación de las obras, adjudicación de las obras, hasta que estas se han terminado.
Por lo tanto, señoría, la anchura del túnel, que es a lo que se refieren cuando hablan de los carriles, estaba definida desde que se dio la orden de estudio. No se ha modificado el proyecto, pero sí las condiciones de circulación dentro del túnel, que es bien distinto, al pasar de tres carriles a dos.


Ese cambio, consecuencia de la modificación de la norma comunitaria sobre seguridad en los túneles, tiene un doble fundamento. El primero y más importante es la seguridad y el segundo es de carácter legal: al cambiar la normativa comunitaria hay que modificar también la nacional y, por lo tanto, las condiciones de operatividad, de operación y de explotación del túnel. Eso se ha ido haciendo conforme hemos ido adecuando la normativa, y tanto el Gobierno central como la Generalitat y el ayuntamiento tienen información transparente, como no puede ser de otra manera, sobre cuál es la normativa que hay que aplicar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Cuando los medios de comunicación le preguntaron por primera vez sobre ese tema dijo que no sabía nada y a los pocos días que, efectivamente, la normativa venía aplicándose desde hacía mucho tiempo. Pero la realidad, señora ministra, es que hace menos de diez días unos operarios estaban desmontando la señalización del carril reversible y modificando a toda velocidad los programas informáticos de control de seguridad en el interior del túnel. Eso concuerda con la nota de la empresa Indra, que es la que lleva la seguridad, en la que se explicaba que el nuevo túnel estaba dotado de tres carriles, uno reversible; esa nota de prensa de la empresa Indra se publicó el día 28 de agosto de 2007, hace un mes.


La solución que usted propone es absolutamente ilógica en un país democráticamente avanzado. Ya veremos cómo somos capaces de explicar -señora ministra, no se ría, que esto es muy serio- a los ciudadanos, muchos de ellos con dificultades para llegar a fin de mes, que se ha gastado 30.000 millones de pesetas y ha dedicado cinco años de trabajo en construir un túnel que tiene la misma capacidad para soportar el tráfico y la misma IMD que el túnel que se inauguró en el año 1948 y que lleva el nombre de Alfonso XIII, con dos carriles de 3,50 metros.


En aquel momento se construyó un túnel pensando en el futuro que ha resistido el paso de los años y usted ha hecho un túnel con un coste del siglo XXI pero con prestaciones del siglo XIX. Efectivamente, es muy seguro pero no todo

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el mundo comparte que los tres carriles garanticen una mayor seguridad.
Entiendo que se pueda sustituir el carril reversible por uno para vehículos pesados -eso sí lo entiendo- pero que se quiera dejar en dos carriles es difícil de comprender, sobre todo cuando se dedica menos del 50 por ciento de la anchura del túnel a carriles. Eso no pasa en ningún túnel del mundo.


Señora ministra, las modificaciones que se han realizado se han hecho con nocturnidad, alevosía y a escondidas. No se ha dado información pública y, de hecho, nos hemos enterado una semana o quince días antes de su inauguración. No lo sabe ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento de Vielha, ni el Consell General d´Aran, y el propio territorio, incluyendo el PSC-PSOE, que forma parte del consell general y de la Diputación de Lérida, ya ha tomado la decisión de enviarle un proyecto para que lo estudie.


Equivocarse no es el problema, el problema es mantenerse en el error, por lo que sería bueno que hiciese caso del informe que le ha remitido la Diputación de Lérida y podamos inaugurar, al final, un túnel moderno y propio del siglo XXI y no del XIX.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, ¿cómo no me voy a reír cuando usted, bastante alterado, dice que no somos un país democráticamente avanzado por la anchura de los carriles de un túnel? ¿De verdad cree usted que vamos a someter a votación la anchura de los carriles de los túneles por todos los sitios por donde pasen? ¿De verdad se cree usted que puede descalificar el nivel de democracia de nuestro país como consecuencia de la aplicación de una norma comunitaria? Pues claro que me voy a reír, señoría, ¿acaso me lo voy a tomar en serio?

La anchura de ese túnel que tanto ha criticado y ustedes aprobaron, porque apoyaban al Gobierno que lo aprobó, les parecía fenomenal. (El señor Companys i Sanfeliú pronuncia palabras que no se perciben.) No me grite, señoría, que le voy a explicar todo. A ustedes les parecía fenomenal la anchura del túnel en 1998, en 2000 y en 2002, años en los que CiU prestaba su apoyo. Hay una norma comunitaria -que les debió de parecer bien porque no han protestado- que establece unos requisitos mínimos de anchura, y ahora tenemos 14 metros que hay que repartir entre los carriles, los arcenes, el carril de seguridad y las aceras. Y hemos hecho el reparto que nos ha parecido más seguro, y ustedes ahora, por liar una bronca política más, sin ningún tipo de fundamento, dicen que es mejor menos seguridad y más carriles, en un túnel al que se entra por dos carriles, uno por cada sentido, y por el que se sale por dos carriles, uno por cada sentido.


Pero con independencia de esto, señoría, como he dicho en mi primera intervención, creo haber dado pruebas evidentes de que estoy dispuesta a analizar todas las propuestas, lo que significa que vamos a analizar la propuesta de la diputación con la mejor voluntad para tomar la mejor decisión. Dicho esto, estamos democráticamente muy avanzados, y no tiene nada que ver con el túnel de Vielha.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA EVITAR QUE LOS GANADEROS SE VEAN OBLIGADOS A ABANDONAR SU EXPLOTACIÓN, COMO CONSECUENCIA DEL DESFASE ENTRE LOS INCREMENTOS DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN Y LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE SUS PRODUCTOS (S.
680/001391).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys.


Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, señora ministra, dada la claridad de la pregunta, la doy por formulada en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la Ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, en esta misma Cámara y en respuesta a la senadora Carmen González Lahidalga ya expliqué el porqué del elevado precio de los cereales, que no voy a reiterar ahora, y que usted conoce, así como del impacto beneficioso que tendría la retirada del barbecho obligatorio. En aquella ocasión también informé de que iba a solicitar mantener la suspensión de las ayudas a la exportación de los cereales y la eliminación temporal de los aranceles a los contingentes de importación de materias primas destinadas a la alimentación animal. Ambas medidas fueron aceptadas en el Consejo de Ministros de 26 de septiembre pasado; con todo ello, pretendemos ayudar al sector en la tendencia a la baja del precio de los cereales.


Por otra parte, dada la situación de los sectores ganaderos, que es diferente según nos encontremos en uno u otro, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado varios grupos de trabajo y, después de una serie de reuniones, estamos impulsando diversas medidas, dirigidas principalmente a paliar la actual situación del sector ganadero. No puedo enumerarlas todas debido al tiempo del que dispongo pero he de decirles que están dirigidas a

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lanzar señales positivas al mercado y al sector ganadero, que está atravesando por una difícil situación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.


Como usted debe conocer, el sector ganadero de carne pasa por una situación ciertamente difícil; es cierto que no sufren todos de la misma forma, pero puede suceder que una parte importante de las pequeñas y medianas explotaciones de porcino, por poner un ejemplo, se vean obligadas a cerrar, no porque no sean buenos profesionales -que lo son- y no porque no sean capaces de competir en mercados exigentes -que lo son- sino porque han de convivir en un mercado poco transparente.


Hemos observado durante los últimos años que la política comunitaria estaba diseñada para desincentivar la producción con el gran argumento de que debían elevar stocks, mientras que en Estados Unidos, Argentina y Brasil se aplicaba una política en sentido contrario; y en este momento, mientras nosotros nos lamemos las heridas por una falta de previsión, ellos son los más beneficiados.


Lo grave de la situación actual es que mientras los piensos suben en función del crecimiento de materias primas, por tanto, hay un traslado automático de los costes al ganadero, y éste no es capaz de trasladar esos mismos incrementos, se observa cómo día tras día cae el precio de la carne que produce y la situación se está volviendo insostenible, sobre todo si son ciertas las acusaciones de las patronales del sector, por ejemplo, a los mataderos por pactar precios a la baja sin que la Administración actúe de forma suficiente. Por tanto, de producirse estas situaciones, el ministerio debe poner los medios efectivos y con rapidez a este respecto.


Señora ministra, hay una cuestión en la que ya se está trabajando -usted lo ha adelantado- y es bueno entrar en la obligación de retirar el 10 por ciento del barbecho; hay que meditar la posibilidad de volver a utilizar el uso de proteínas de origen animal; en agricultura hay que intentar que la transparencia comercial sea más potente; estudiar para casos puntuales medidas de carácter fiscal y financieros, y, sobre todo, aumentar la producción de calidad, que es la que hacemos en la Unión Europea y, por tanto, estar presentes en los mercados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, como usted se ha centrado precisamente en el sector porcino, le voy a dar alguna información complementaria. En primer lugar, quiero hacer referencia a la moción aprobada en esta Cámara, en la que se nos instaba a que en el plazo de dos meses elaboráramos un plan de choque con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas. Sé que usted frecuenta nuestra página web, y ya puede ver, en el apartado de novedades, lo que vamos avanzando con el sector.


Ciñéndome al sector porcino, quisiera decirle que la última reunión celebrada con las organizaciones profesionales y con el sector tuvo lugar el día 4. Lógicamente se comenzó analizando el mercado y las posibles medidas a adoptar, habiéndose examinado las diferentes opciones en el marco de la legislación comunitaria de ayudas del Estado.


Desde el punto de vista de la regulación de los mercados, se están utilizando todas las herramientas que permite la OCM de carne de porcino, ave y huevos para paliar el incremento de los precios de los piensos. El 19 de septiembre España solicitó un incremento en el importe de las restituciones a la exportación de porcino, así como la apertura de las restituciones para la carne fresca de esta especie. También hemos demandado ayudas para el almacenamiento privado de carne de porcino. Por otro lado, los sectores productivos deben autorregularse por el mantenimiento del precio.


Otro de los temas que usted apuntaba era un posible acuerdo de precios. En este sentido, la Comisión Nacional de Competencia está muy atenta, pero cualquier organización que lo detecte debe hacer una denuncia expresa.


En cualquier caso, en un breve plazo de tiempo tendremos cerrado todo el plan para el sector porcino y otros sectores ganaderos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL BORRADOR DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA REFERENTE AL RÉGIMEN DE AYUDAS AL ALGODÓN CUMPLE CON LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS QUE ANULABA EL RÉGIMEN ANTERIOR (S.680/001420).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Pérez Lapazarán, que tiene la palabra.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, una de las primeras negociaciones llevadas a cabo por su Gobierno en la Unión Europea, allá por el año 2004, fue la reforma del algodón. Aquella reforma supuso un espectacular fracaso de los negociadores españoles, ya que iba en contra de los intereses de nuestro país, tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de los últimos años. Todo ello, a pesar de que ustedes, a la salida de aquel Consejo de Ministros, celebrado en Luxemburgo en 2004, lo calificaran de muy positivo.


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Entonces dijeron que con aquellas medidas negociadas por ustedes se iba a mantener el cultivo.


El Senado, a través de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, le pidió que recurrieran aquella reforma ante los tribunales europeos, al igual que también se lo pidieron todas las organizaciones agrarias e industriales.


Ustedes, a regañadientes y a remolque de los acontecimientos, lo hicieron pasados muchos meses, y el recurso -hay que decirlo- se ganó, anulando la reforma que habían negociado, y que insisto, calificaron de muy positiva.


Ahora conocemos una propuesta de la Unión Europea que debe recoger los términos de la sentencia, y quisiera preguntarle cómo la valoran y si consideran ustedes que cumple con dichos términos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, ahora, que ha pasado el tiempo al que usted se refería, me gustaría que hiciera un reconocimiento público en el sentido de que nosotros teníamos razón cuando dijimos que aquella negociación había sido muy positiva. ¿Qué ha pasado con el aceite?, ¿qué ha pasado con el tabaco?, ¿qué ha pasado con el lúpulo? Debería darnos usted la respuesta, porque, desde luego, son sectores que van bien a pesar de todo el catastrofismo y de todo lo que trataron de transmitir, metiendo incluso al sector en un callejón sin salida.


En cuanto al algodón, creo que también debe reconocer que esa iniciativa fue consecuencia del esfuerzo realizado por el Gobierno a la hora de presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia. No se apunten ustedes ese tanto, señoría, porque no hicieron absolutamente nada para que saliera adelante.


En cuanto a su pregunta, quisiera decir que la Comisión Europea tiene previsto realizar una propuesta de modificación de la OCM del algodón.
Cuenta usted con mi total disposición para mantener cuantos debates sean precisos para perfilar la posición española una vez dispongamos de la propuesta concreta, pero no antes, señor Pérez Lapazarán.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señora ministra, le estoy hablando de algodón y en septiembre del año 2006 el Tribunal de Luxemburgo emitió una sentencia histórica que anulaba el régimen de ayudas al algodón y confirmaba el planteamiento que le hizo el Senado en aquella moción, aunque le pese y aunque nos trate de catastrofistas. Esta sentencia obliga a la comisión a tener en cuenta en su nueva propuesta de reforma una serie de obligaciones: una de carácter formal y tres de carácter material. A nuestro juicio, lo importante de la sentencia es que se dice que se tiene que garantizar el cultivo y su rentabilidad tanto a los agricultores como a la propia industria, es decir, que se incluyan en los cálculos los costes de la mano de obra para garantizar la rentabilidad y la viabilidad de las desmotadoras.


Y, señora ministra, en el borrador de la propuesta de la comisión estas cuestiones no se contemplan y lo que no se contempla es muy importante para la industria de nuestro país y para el mantenimiento de esta actividad en el futuro. Fíjese si son importantes que mire lo que ha ocurrido en España, a pesar de su optimismo, en estos dos años de aplicación de la reforma que usted, reitero, calificó como positiva y que el Tribunal Europeo ha anulado en su sentencia: la producción que tiene que procesar la industria española, principalmente en Andalucía y Murcia, ha disminuido de 350.000 toneladas antes de la reforma a tan solo 100.000 en la presente campaña, es decir, que la industria tiene que procesar la tercera parte, y lo mismo está ocurriendo en el ámbito social: un cultivo que generaba un millón y medio de jornales en el año 2004 y más de 3.000 empleos entre directos y asociados en la industria ha visto cómo se ha perdido en estos dos años el 60 por ciento, y todo esto ha sido reconocido por la propia comisión. Y fíjese el perjuicio económico causado directamente por la aplicación de la reforma en el sector industrial: solo en una campaña 25 millones...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.


Todo esto es lo que está ocurriendo.


Y fíjese lo que propone el borrador de la reforma, que en estos momentos está en circulación, prácticamente lo mismo que la actual.


Termino, señor presidente. Señora ministra, solo le pido una cosa y no es otra que si se aprueba esta reforma en los términos actuales, la vuelva a recurrir o, en su caso, pida la correcta ejecución de la sentencia al Tribunal Europeo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor Lapazarán, sí sé de lo que hablo, lo que pasa es que a usted tampoco le conviene hablar de lo otro que le dije: aceite, tabaco y lúpulo.


Pero volviendo al algodón, en cuanto al borrador de propuesta que usted ha mencionado, la Comisión Europea no ha presentado al Colegio de Comisarios nueva propuesta al régimen de ayudas del algodón como paso previo al inicio de los debates en el Consejo de Ministros, únicamente ha informado en el Comité de Gestión, celebrado el

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pasado 28 de septiembre, de que próximamente procederá a realizar los trabajos correspondientes en el grupo interservicios previos a la adopción de la propuesta definitiva, una propuesta que deberá tener en cuenta la sentencia fundamentada en que la reforma de 2004 infringía el principio de proporcionalidad por no haberse realizado un estudio de impacto, por no haber valorado en el proceso de evaluación los costes de mano de obra familiar y por no haber tenido en cuenta el impacto de la modificación en la industria desmotadora.


En la segunda quincena del pasado mes de septiembre la Comisión publicó el informe de impacto que recoge el aspecto socioeconómico de la situación del sector del algodón y los efectos medioambientales de la producción como consecuencia de los requerimientos recogidos en la sentencia del tribunal. Este informe hace referencia a las medidas puestas en marcha en España con objeto de mantener un cultivo que tiene gran trascendencia en la economía, en el medio ambiente y en los aspectos sociales en zonas concretas de España, que han sido decisivas para que los cultivadores no abandonen su cultivo, si bien constata, efectivamente como usted decía, que ha existido una disminución de superficie respecto a campañas anteriores y de los rendimientos unitarios. Insisto, cuando tengamos la propuesta, podremos discutir sobre ella y no me pida que discuta sobre un borrador.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PRINCIPALES NOVEDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008 EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO (680/001427).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Cantero.


Tiene la palabra su señoría.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, las previsiones de crecimiento demográfico indican que en el año 2050 la población mundial habrá crecido en 3.000 millones de habitantes. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) A la vista de esto, es evidente que el siglo XXI plantea a la humanidad al menos tres retos: el energético, el medioambiental y el alimentario. Y en la respuesta a estos retos, y especialmente al alimentario, será determinante la aportación que haga la actividad agraria o, dicho con mayor precisión, la aportación que haga el sector agroalimentario. Porque, señora ministra, se equivocan quienes piensan que la agricultura y la ganadería son actividades del pasado, antiguas, y tampoco aciertan aquellos que afirman que la modernidad y el progreso de los territorios, especialmente del medio rural, pasa porque en el modelo de desarrollo tengan menos agricultura y tenga menor peso el sector agroalimentario. Afortunadamente, me consta que ni el presidente Rodríguez Zapatero ni mucho menos usted, señora ministra, participan de esos errores. De hecho, desde el año 2004, y en los tres años y poco más de Gobierno socialista, han tomado numerosas iniciativas para incorporar tecnología e innovación a la actividad agraria, y además, y sobre todo, han terminado con las declaraciones pomposas y rimbombantes, con la rutina en los planteamientos y con el abandono presupuestario que el sector agroalimentario ha sufrido durante los ocho años de Gobierno del señor Aznar.


Hoy, cuando los Presupuestos Generales del Estado de 2008, los últimos de esta legislatura, ya están en trámite parlamentario, le pregunto por las novedades que incluyen esos presupuestos para seguir insistiendo en potenciar el sector agroalimentario y que juegue ese papel trascendente que necesariamente tiene que desempeñar en el desarrollo sostenible del medio rural.


Esa es mi pregunta. Muchas gracias, señora ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Cantero, los planteamientos novedosos están dirigidos al aumento de las dotaciones en las líneas ya existentes y al establecimiento de nuevas partidas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la acción de gobernar. Un primer dato a señalar es que en el año 2008 los presupuestos superan por primera vez el techo de los nueve mil millones de euros. Un segundo dato es el aumento del 10,3 por ciento del presupuesto de gastos del subsector Estado, superior al límite máximo del 6,7 por ciento fijado en el acuerdo de estabilidad.
Con estas cifras, señor senador, no ha resultado difícil establecer mayores dotaciones en las líneas orientadas al cumplimiento del programa del Gobierno, donde la política de desarrollo rural es una de nuestras principales preocupaciones. Este año el crédito destinado a los programas de desarrollo rural aumenta de 602 millones de euros a más de 740 millones de euros. Así, en materia de gestión de recursos hídricos disponemos de 217 millones de euros para continuar modernizando regadíos.
Al desarrollo del medio rural destinamos 523 millones de euros para la modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes, la mejora de infraestructuras, la diversificación y el apoyo a las medidas agroambientales y a las zonas de montaña. Además, si contabilizásemos la aportación de la Unión Europea, el próximo año dispondremos para desarrollo rural de 1.540 millones de euros, un 34,8 por ciento más que en el año actual.


He querido insistir en estas cifras para reafirmar mi posición en esta Cámara cuando defendí que en la programación 2007-2013 el desarrollo rural dispondría de más

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fondos que durante el período iniciado en el año 2000. La financiación del programa previsto en el proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural dispone de un programa presupuestario nuevo y aporta mayor credibilidad a la iniciativa ampliamente demandada por los catorce millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en este medio.


Vamos a continuar apoyando a las políticas activas para mejorar la competitividad y calidad de las producciones agrícolas y ganaderas, así como la industria y la calidad alimentaria. Las dotaciones presupuestarias para el año 2008 superan los 400 millones de euros, es decir, un 34 por ciento más que al inicio de la legislatura.


Para mejorar la competitividad pesquera y la gestión de los recursos se destinan 185 millones de euros para impulsar la pesca responsable y sostenible, las zonas marinas protegidas, el control y vigilancia de los recursos, buques de investigación y cooperación, así como la acuicultura y la innovación tecnológica. Seguiremos afrontando la política de seguros agrarios y para ello dispondremos de 280 millones de euros para subvencionar las primas. El aumento del 33,2 por ciento en cuatro años es el mejor ejemplo de nuestro decidido apoyo a la política de aseguramiento, donde estamos potenciando el seguro de explotación.


Para finalizar, señoría, he tratado de darle una visión global de las prioridades del Gobierno para el próximo año y también las de la legislatura, que, además de disponer del suficiente respaldo presupuestario, han tenido un alto grado de cumplimiento porque usted sabe que un presupuesto es tanto más creíble cuanto más alto o mayor es el nivel de ejecución.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ LAHIDALGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES QUE HACE A LA COMISIÓN NACIONAL DE SUBPRODUCTOS EL LIBRO BLANCO DE LOS SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS A CONSUMO HUMANO (SANDACH) (680/001428).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta de la senadora González Lahidalga.


La señora GONZÁLEZ LAHIDALGA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra.


La cadena de distribución de alimentos y productos de origen animal genera a lo largo de los procesos, desde la cría hasta la comercialización pasando por el sacrificio y despiece de las canales, toda una serie de subproductos que han sido tradicionalmente empleados para infinidad de usos. Quizá el más conocido sea el de la alimentación animal, pero son innumerables las posibilidades de estos materiales, que sin darnos cuenta forman parte de nuestra vida cotidiana: material deportivo, instrumentos de cuerda, textil y ropa, películas y fotografía, pinturas, cosmética, productos farmacéuticos, pegamentos adhesivos, etcétera.


El concepto de SANDACH, Subproductos de Origen Animal No Destinados a Consumo Humano, incluye materiales tan diversos como los cadáveres de animales en las granjas, los desperdicios generados en los mataderos e industrias cárnicas, en las carnicerías, en las pescaderías, alimentos caducados en los supermercados y demás comercios e incluso las pieles o los trofeos de caza.


Hasta los comienzos de la presente década, la mayoría de SANDACH eran destinados a la alimentación de animales. De esta forma, la producción ganadera disponía de una fuente proteica barata y, al mismo tiempo, se resolvía el problema de hallar un destino a estos materiales sin causar perjuicios al medio ambiente. Las crisis alimentarias de finales de los años noventa y, en particular, la aparición en Europa de la encefalopatía espongiforme bovina desencadenaron la publicación y entrada en vigor en mayo de 2003 del Reglamento comunitario 1774/2002, que regulaba de manera integral toda esta cadena de producción, transformación, valorización y eliminación de subproductos de origen animal, lo que supuso un cambio en el enfoque tradicional de su gestión. La gran diversidad de estos productos, que entran en el marco de los SANDACH, el cambio en su forma de gestión en los circuitos habituales de comercialización y la dificultad en la aplicación de esta norma al estar implicadas diferentes administraciones y varios marcos legales distintos, ha suscitado importantes debates en los sectores económicos afectados y en las administraciones competentes.


Hace tres años, en 2004, el Gobierno, ejerciendo su responsabilidad, encargó a la Comisión Nacional de Subproductos de Origen Animal no Destinados a Consumo Humano la elaboración de un libro blanco que analizase las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de estos subproductos. Todo ello ha conllevado el plantear un enfoque integral de la cuestión. Por otra parte, en el pasado Consejo de Ministros se aprobó un Plan nacional integral de estos subproductos en el que, supongo, se aplicarán las recomendaciones del libro blanco antes mencionado.


Por ello, señora ministra, esta mañana le pregunto cómo valora su Gobierno las conclusiones y recomendaciones que hace a la Comisión Nacional el libro blanco, y si de alguna forma se plasman en el Plan nacional integral de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


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Efectivamente, el libro blanco, de reciente publicación, incluye una síntesis de los informes elaborados por 12 grupos de trabajo, en los que están implicados 300 expertos de las administraciones central, autonómica y local, así como de todos los sectores económicos afectados.


Por no entrar en lo que ellos han debatido, he de decirle que los problemas detectados y las sugerencias para resolverlos en muchos de los casos eran comunes. En consecuencia, sus conclusiones y recomendaciones han sido muy similares y han constituido las líneas directrices para la elaboración de un plan nacional integral ampliamente demandado por los sectores, un plan que formaba parte de los compromisos del Gobierno para esta legislatura y que, como usted señalaba, fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Por tanto, nuestra primera valoración es cumplir con uno de los compromisos y, por otra parte, el que ese plan se haya consensuado absolutamente con todas las administraciones y demás sectores implicados.


Las actuaciones están dirigidas a las explotaciones ganaderas, a los mataderos, a las industrias alimentarias, al comercio mayorista y minorista, a las plantas y establecimientos de transformación y gestión de subproductos en función de los productos a los que usted también ha hecho referencia en su intervención.


Voy a tratar de resumir las medidas a adoptar: mejorar la información de los operadores, principalmente al ganadero y al comercio minorista, para permitir una correcta gestión y control de los subproductos; garantizar la trazabilidad desde su generación hasta su eliminación o valoración, evitando su reintroducción en la cadena alimentaria o la contaminación medioambiental; mejorar la sostenibilidad económica en la gestión, asegurando un reparto de los costes en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización porque, hasta ahora, disponíamos de un sistema excesivamente caro y además generaba distorsiones de competencia y tensiones importantes en la cadena alimentaria que se tratarán de subsanar; facilitar la adaptación estructural de los sectores económicos afectados, apoyando las inversiones dirigidas a la mejora de la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente; fomentar la investigación en materia de aprovechamientos dentro del Plan Nacional de I+D+i para el período 2008-2013. En este caso considero que es necesario priorizar en los diferentes ámbitos de investigación los proyectos relativos a métodos alternativos de transformación o eliminación, con vistas también a la reducción de costes para los sectores económicos; y, finalmente, queremos mejorar el control y la gestión de los subproductos procedentes de terceros países para reducir el riesgo de entrada de enfermedades de animales o de humanos.


El plan ha sido respaldado unánimemente, como he dicho anteriormente, por las comunidades autónomas. Cuenta con un presupuesto de 135,7 millones de euros anuales, de los cuales el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aportará 73,4 millones de euros; desde luego, esperemos sea una solución para todos los sectores afectados a largo plazo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


INTERPELACIONES:

-- DE DON LUIS PERAL GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (S.670/000176).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto segundo del orden del día: Interpelaciones. Interpelación del senador don Luis Peral, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atender adecuadamente las necesidades de infraestructuras de transportes en la Comunidad de Madrid.


Tiene la palabra el senador Peral.


El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, señorías, señora ministra de Fomento, en una democracia avanzada las discrepancias ideológicas entre Gobierno y oposición nunca debería afectar a la distribución territorial de las inversiones públicas. Se puede discrepar sobre política económica, sobre vivienda, sobre educación, sobre sanidad, sobre política internacional, e incluso, aunque esto es más discutible, sobre el concepto de nación y sobre el modelo de Estado. Pero sólo un Gobierno dominado por el sectarismo adoptaría una política presupuestaria en la que esas discrepancias ideológicas tuvieran consecuencias en la distribución territorial de las inversiones públicas.


Cuando se acerca ya, y en buena hora, el final de esta legislatura, es muy lamentable concluir que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercitado esta discriminación ideológica presupuestaria, y muy especialmente con la Comunidad de Madrid. Una comunidad abierta y solidaria, donde todos son bienvenidos, donde a nadie se le exigen legitimidades de origen ni adhesiones inquebrantables al acervo identitario regional para llegar a las más altas responsabilidades políticas, económicas o sociales. Pero que nadie confunda esta actitud abierta y solidaria con la mansedumbre bovina ante la discriminación reiterada y ante el agravio comparativo. Si se comparan los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 con el proyecto que nos han presentado para el año 2008, se observa que en cuatro años las inversiones se han incrementado un 39 por ciento para el conjunto de España, mientras disminuían un 19 por ciento para la Comunidad de Madrid. La inversión per cápita para la Comunidad de Madrid será de 435 euros, un 23 por ciento inferior a la media nacional, 563 euros, y un 29 por ciento a la inversión per cápita en Cataluña, 612 euros.


Esta discriminación por motivos ideológicos resulta aún menos defendible en el campo de las infraestructuras. En

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la España de la democracia se había consolidado una buena práctica que se ha interrumpido en el año 2004; una buena práctica política de colaboración entre las administraciones responsables de las infraestructuras, por encima de las diferencias ideológicas, en aras del mejor interés de los ciudadanos.


He vivido personalmente esa buena práctica cuando en los años 1995 y 1996 coincidieron un Gobierno de la nación socialista con un Gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por el Partido Popular. En aquel momento, entre el ministerio dirigido por Josep Borrel y la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, dirigida por don Luis Eduardo Cortés, y de la que yo era viceconsejero, se alcanzaron acuerdos tan importantes para Madrid como el cierre de la M-40 y otras obras de gran relevancia.


Esta buena práctica se pierde en el año 2004, con la llegada a la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con su llegada, señora ministra, al Ministerio de Fomento. El intento de excluir al Partido Popular de toda influencia relevante en la vida política, esa política de apartheid ideológico inconcebible en la Europa del siglo XXI, también ha tenido consecuencias, señora ministra, en el campo de las infraestructuras. Desde que usted llegó al Ministerio de Fomento no se ha empezado obra alguna de infraestructuras en la Comunidad de Madrid que no formase parte de un proyecto iniciado por el Gobierno anterior. Ni siquiera cuando la financiación de esa obra no dependía del erario público, como es el caso de la autopista de peaje R-1 Madrid-Santo Tomé del Puerto-Segovia, cuyo estudio informativo fue adjudicado en el año 2002 y que hubiera sido con toda probabilidad licitada en 2005. Llegaron ustedes y, no solamente retrasaron este proyecto hasta hace muy pocos meses, sino que también obstaculizaron que la Comunidad de Madrid licitara esta autopista de peaje por su cuenta; una autopista tan necesaria y urgente para las comunicaciones de nuestra región con el norte de España.


Pero el problema es aún más grave cuando, al sectarismo excluyente, se añade la ineficacia en la gestión. Mal está no iniciar obras nuevas, pero lo que ya es inadmisible son las injustificables demoras que está usted produciendo en la ejecución de las obras que estaban en marcha cuando llegó al ministerio: la Terminal 4 de Barajas, la ampliación de carriles de la A-1 en San Sebastián de los Reyes y, paradigma (aunque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero haya acabado esta mañana con las palabras paradigma y paradigmático, porque ha abusado de ellas de manera incomprensible) de la ejecución morosa de una obra pública: la estación de Cercanías de la Puerta del Sol, en Madrid, cuya construcción lleva ya cuatro años y medio, y que no se terminará hasta 2009, según le anunció José Luis Rodríguez Zapatero a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Claro que los presupuestos dan la clave de este retraso: para una obra cuyo coste total se estima en 108,9 millones de euros, ustedes invertirán el próximo año 641.000 euros, es decir el 0,6 por ciento del total. Esta obra forma parte del nuevo enlace ferroviario entre Atocha y Chamartín, para el cual solo van a invertir 1,2 millones de euros; es decir el 0,34 por ciento del coste total. Es lo mismo que decir, señora ministra, que esta obra está parada.


Con menos recursos que el Estado, pero con una acertada dirección política y con una eficiente gestión técnica, la Comunidad de Madrid ha construido, en doce años, 174 kilómetros de Metro con 136 nuevas estaciones, señora ministra. Y si me refiero solo a los últimos tres años y medio, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha construido 59 kilómetros de Metro y 74 nuevas estaciones. Y créame si le digo, porque lo hago con conocimiento de causa, que hubo que superar importantes problemas técnicos al construir estaciones muy próximas a edificios, o muy profundas, o hacer frente a la presencia de grandes bolsas de agua. Todos estos problemas se resolvieron con eficacia, con diligencia y sin echar la culpa a nadie, señora ministra. Aquí, como en Cataluña, los que pagan las consecuencias de la mala gestión de su ministerio son los ciudadanos.
Y mal se puede pedir paciencia cuando se actúa con incompetencia, señora ministra. En la contestación a una pregunta del senador Aragonès, en el Pleno del 12 de septiembre, usted afirmó textualmente: Efectivamente, se han batido muchos récords y, en ese sentido, yo soy un buen ejemplo. Al oírla no pude por menos que pensar que, efectivamente, usted ha debido de batir varios récords de mala gestión en la ejecución de la estación de Sol.


Del examen detallado de los presupuestos de su ministerio para el año 2008, se desprenden varias consecuencias. La primera: no se han recogido en los presupuestos los acuerdos que alcanzaron el 10 de septiembre José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni en lo referente a la autovía de circulación M-40, que se habló de transferirla con una dotación de 400 millones de euros para su modernización y adecuación, ni tampoco en lo que se refiere a otras obras de las que se habló en la reunión. También se acordó la transferencia de la gestión del sistema ferroviario de Cercanías, y ahora se racanea frente a la voluntad manifestada por el Gobierno el 6 de septiembre de transferir Cercanías a toda autonomía que lo solicitase.


Por cierto que Cercanías de Madrid, con solo el 18 por ciento de la extensión de la red, representa el 54 por ciento de la demanda nacional, lo que quiere decir que la demanda por kilómetro en nuestra comunidad triplica la media de las Cercanías de toda España. Cercanías de Madrid ha multiplicado por seis sus viajeros desde 1989, gracias en buena medida al enorme esfuerzo que los gobiernos de la Comunidad de Madrid vienen haciendo desde hace veintiún años para potenciar el transporte público, creando el Consorcio de Transporte y el abono multimodal, construyendo intercambiadores, ampliando la red de Metro en 174 kilómetros e invirtiendo en la mejora y extensión de la red de Cercanías.


La transferencia de las Cercanías a la Comunidad de Madrid permitiría mejorar su gestión y la coordinación con otros modos de transporte y planificar y ejecutar, de forma integrada y eficiente, las inversiones que necesita

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la red de Cercanías. Pero, evidentemente, en todo incumplimiento generalizado siempre hay una excepción y, en efecto, sí se contemplan en el presupuesto para 2008 las plataformas reservadas para el transporte colectivo, o sea, los carriles Bus-VAO y la mejora de la A-6, pero se recoge de una forma tan simbólica que es como si no se hiciese.


En la contestación que su señoría dio en Pleno del Senado del pasado día 26 de septiembre al senador Simancas, usted habló de una inversión de 904 millones de euros para las plataformas Bus-VAO y de 420 millones para mejorar la A-6, es decir, un total de 1.324 millones de euros. Pues bien, en el proyecto de presupuestos que ustedes nos han enviado solo se menciona como coste total, sumando once proyectos, 409 millones de euros, y lo que ustedes van a ejecutar en el año 2008 asciende a 15, 4 millones de euros, lo que supone el 3,76 por ciento del total, o sea, prácticamente nada.


Tampoco he encontrado, señora ministra, rastro apreciable de otras inversiones de las que usted informó entonces al senador Simancas. De los 543 millones de euros para adecuar, reformar y conservar las autovías de primera generación, o sea, la solución cutre que puso en marcha el Gobierno de Felipe González cuando paralizó el plan nacional de autopistas de peaje, solo figuran para esas autovías de primera generación 160.000 euros para el año 2008, el 0,03 por ciento. De los 409 millones que usted mencionó para mejorar la M-40 solo aparecen en cinco proyecto 167 millones de coste total, pero solo se van a gastar 28 millones en el año 2008.


En definitiva, señora ministra, afirma usted en sede parlamentaria en contestación a un senador por Madrid de su Partido que ha iniciado obras por un total de 2.276 millones de euros. Usted realmente habló de 3.000 millones pero concretó esas grandes inversiones en 2.276 millones, pero en los presupuestos solo figura un coste total de 577 millones de euros.
Y lo que usted va a ejecutar en 2008, si todo le sale bien, no llegará a 43,6 millones, es decir, el 7,56 por ciento del coste total. ¿A quién quiere engañar, señora ministra? ¿Se puede falsear la verdad de esta forma en sede parlamentaria?

Tercera conclusión, mucha paciencia de la que usted recomienda van a necesitar los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, pues la variante que usted va a iniciar, aunque está proyectada desde el año 2001, no se terminará hasta el año 2010, y no digo ya la paciencia que les espera a los vecinos del norte de Madrid y los usuarios de la A-1, pues la siguiente fase del tercer carril de las vías de servicio no van a terminar hasta el año 2011, señora ministra. ¿Sabe por qué? Porque usted va a gastar allí 100.000 euros el año que viene, es decir, 100.000 euros dan para poner algunas de esas vallas que ustedes ponen en las carreteras y que son absolutamente ilegibles desde un vehículo.


Pero no todo son desdichas en la Comunidad de Madrid por parte de su ministerio. La partida destinada a la adecuación de la Dirección General de Ferrocarriles aumenta un 31,3 por ciento y lo que ya me reconcilia totalmente con su gestión es que la inversión en seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera en la Comunidad de Madrid aumenta un 54 por ciento. Señorías, ya tenemos mar en Madrid, ya tenemos costas y además los señores del Gobierno nos las vigilan y van a velar para que la navegación sea segura y no se produzcan naufragios en nuestras aguas.


Señora ministra, termino por donde empecé. Las infraestructuras no deben ser un ámbito para el sectarismo ideológico ni la discriminación territorial. A lo largo de mi exposición creo haber demostrado con cifras y datos que José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando gravemente a Madrid en este asunto, lo cual es verdaderamente inconcebible cuando él es diputado por Madrid.


Señora ministra, le pido formalmente en sede parlamentaria que termine con esta situación, que ponga fin a través de las oportunas enmiendas, de su grupo o del nuestro, a la marginación presupuestaria de Madrid, agilice radicalmente la ejecución de las obras en curso tanto en carreteras como en ferrocarriles, nos traspase la gestión de Cercanías, que cumpla, en fin, con sus deberes de ministra atendiendo a las necesidades de infraestructura de esta región, abierta y solidaria.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señorías, hablando de rigurosidad, transparencia, eficacia, defensa de los intereses de los madrileños, le voy a repetir una afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid que usted ha contradicho. Creo que como no le dan importancia ni siquiera a lo que dicen, no profundizan en que es evidente que cuando la presidenta de la CAM afirma que no se ha invertido ni un euro en Madrid, y usted dice que lo que hemos invertido es poco en relación a lo que teníamos que haber invertido, ya le está llevando la contraria. Está diciendo que uno u otro miente.


Otra de las cosas que ha dicho es que no hemos hecho nada nuevo. Le voy a decir a lo largo de mi intervención todo lo nuevo que hemos iniciado.
Usted ha hablado de la inversión para adecuar, reformar y conservar las autovías de primera generación, con el fin de adaptarlas a los estándares de confort, calidad, seguridad, etcétera, de todas partes de Madrid, que ustedes ni siquiera en sueños pensaron hacer. Seguramente porque echan de menos todo lo que sea el peaje y que lo público no lleve a cabo actuaciones en relación con las comunicaciones de Madrid.


Ha hecho otra afirmación al hablar de las inversiones para 2008. Ha hablado de lo cutre y de la discriminación del Gobierno actual con Madrid. Otra afirmación que no tiene ningún fundamento, señoría, Madrid es la segunda provincia de España con mayor dotación presupuestaria. ¿Qué pensarán las demás, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la última, si la segunda se siente discriminada, según sus propias afirmaciones? También ha echado de menos

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algo cuya razón le voy a precisar. Ha dicho que la buena práctica política que había en 1995 se quebró en 2004. Señoría, se rompe por falta de colaboración y de lealtad institucional de alguien que esta obligado, precisamente por su trayectoria política y profesional, a tener un mínimo respeto hacia el Gobierno de España, que es la señora Aguirre. No es leal, no colabora, entorpece, bloquea y hace todo lo posible para que en Madrid no se lleven a cabo inversiones. Este Gobierno ha tenido un objetivo claro desde abril de 2004, que es, precisamente, preparar el futuro de Madrid desde el punto vista económico, pero, por qué no decirlo, también desde el punto social, territorial, del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.


Señoría, no ha hecho bien la cuentas. Le hemos dado tal impulso a las inversiones en Madrid, que entre 2004 y 2006 hemos ejecutado inversiones -no hemos prometido que íbamos a ejecutar, en lo que ustedes son verdaderos expertos, en prometerlo y no hacerlo- por valor de 4.500 millones de euros. Por cierto, que el documento que entrega la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del Gobierno incluye datos erróneos, por no decirle falsos, sobre las inversiones de uno y otro Gobierno. Por lo tanto, señoría, apunte el dato: 4.564,53 millones es el total de las inversiones ejecutadas en Madrid. ¿Eso es mucho o es poco? Hemos ejecutado un 9 por ciento más respecto a la inversión media anual ejecutada por aquel Gobierno, el suyo, que por lo visto ejecutaba tan bien las inversiones y estaba tan preocupado por Madrid. Es decir, cada año, señorías, hemos invertido 123 millones de euros más de media anual que el Gobierno del Partido Popular, que tan preocupado y tan bien llevaba a cabo las inversiones en Madrid. Y esto no incluye a los aeropuertos, señorías, puesto que en aquel aeropuerto que había dejado terminado el PP y que inauguró el señor Aznar, donde hasta la escultura que lo adornaba era una carcasa, era todo falso, hemos tenido que invertir 2.400 millones de euros más para poner la T4 en servicio. Ese es el nivel de rigurosidad que tienen ustedes con la obra pública. Pues bien, le decía que de estos 4.500 millones, 2.400 corresponden al aeropuerto de Madrid, pero en carreteras y ferrocarriles, en transportes terrestres, señoría, hemos ejecutado inversiones por valor de casi 1.900 millones de euros. Concretamente, certificados por la Intervención, 1.890,72 millones de euros. Eso no lo digo yo, señoría, lo dice la Intervención. ¿Eso es mucho o es poco en relación a la buena gestión, a la apuesta del Partido Popular, a la defensa de los intereses de los madrileños que ha hecho durante todo este tiempo? Pues, señoría, da la casualidad de que es un 55,4 por ciento más en relación a la anterior legislatura. Y este esfuerzo, señoría, va a continuar en el año 2008, de tal manera que las inversiones que el Gobierno ha previsto para Madrid en 2008 en carreteras y ferrocarriles se elevan a 1.353 millones de euros.
De esta cifra, podrán ver ustedes que en carreteras se va a destinar casi 300 millones de euros. Por otro lado, quiero resaltar un plan que a usted le ha parecido corto y, además, ha dicho que no era nuevo, pero ustedes no hicieron nada con respecto a las autovías de primera generación y le recuerdo que ésa es la mayor necesidad que tiene Madrid precisamente porque son las primeras autovías del país, de manera que el salto cualitativo de establecer los estándares de calidad en las últimas autovías, es ciertamente importante.


Precisamente, hoy ha recogido la prensa la pugna entre todas las empresas para hacerse con los contratos concesionales que ya hemos puesto en marcha.


Si sumamos la inversión prevista para 2008 en carreteras, con lo que ya hemos invertido, el volumen total de recursos para carreteras en Madrid es de 603 millones de euros, ¿frente a qué? Tan buena gestión había hecho el PP y tanta apuesta por Madrid que he de comparar una legislatura con otra. Estoy hablando de 603 millones de euros frente a 320 millones de euros y, por lo tanto, en cuatro años prácticamente se ha duplicado la inversión presupuestada para carreteras por el PP en Madrid.


Por lo que se refiere a los ferrocarriles, la inversión regionalizada de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se eleva a 459 millones de euros y eso implica que en esta legislatura, para ferrocarriles, en Madrid, se vayan a superar los 2.000 millones de euros; es decir, el 35 por ciento más de lo que había destinado el Partido Popular.


Señorías, comprendo que ustedes quieran tapar lo que estamos haciendo por Madrid como una estrategia política, pero tienen que ser más hábiles porque las cifras y los datos cantan, y ahora vamos a poder comprobar si los ciudadanos piensan que estamos haciendo algo o no por Madrid.


Hemos puesto en servicio 77 kilómetros de vía de alta capacidad y le voy a especificar los tramos: dos tramos de la M-50, entre la M-45 y la M-31; la M-11, de conexión entre el aeropuerto y el nudo de Hortaleza; la M-12, nuevo acceso a la T-4; la M-14, de acceso sur a Barajas; y, la M-22, para la conexión del aeropuerto con la variante A-2. Hemos puesto en servicio la nueva variante de la M-301, que circunvala el barrio de Perales del Río en Getafe; hemos puesto el cuarto carril por sentido de la A-6, entre Las Rozas y Villalba; el tercer carril por sentido en la A-1, entre Algete y el enlace del RACE; y, señoría, el tercer túnel de Guadarrama.


¿Qué vamos a hacer en 2008? En 2008 vamos a ejecutar inversiones por cerca de 300 millones de euros, concretamente, 282,88 millones de euros. ¿Es esto mucho o poco en relación con lo que hacía el Partido Popular, que tanto presume de hacer? Pues lo cierto es que supera en 200 millones de euros la media anual de la anterior legislatura, lo que supone que hemos más que triplicado el presupuesto medio anual en carreteras para Madrid del Gobierno del Partido Popular y eso nos permite seguir con las inversiones previstas para carreteras en Madrid que superan los 3.000 millones de euros.


¿Cuáles son estas carreteras? En primer lugar, citaré la novedad. Así, sobre lo previsto por el Gobierno anterior, el Plan de adecuación, reforma y conservación de autovías de primera generación. Vamos a actuar sobre la A-1 -ustedes no iban a actuar-, sobre la A-2 -ustedes no iban a actuar-, sobre la A-3 -ustedes no iban a actuar-, sobre

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la A-4 -ustedes no iban a actuar-, sobre la A-5 y, además, señoría -y lo digo porque ha querido hacer ver que no se había hecho nada, que habíamos prometido pero no avanzábamos-, ya hemos licitado las obras correspondientes a la A-2 y a la A-4, por un importe de 543 millones de euros y las A-1, A-3 y A-5 están ya pendientes de evaluación medioambiental.


¿Termina aquí nuestra actuación en autovías de primera generación y en carreteras de Madrid? No, señoría. Hemos diseñado plataformas reservadas para el transporte público. Y, ¿eso es nuevo o lo habían ideado ustedes? Señoría, sabe perfectamente que excepto en el caso de la A-42, todo es nuevo: la A-1 es nueva, la A-2 es nueva, la A-3 es nueva, la A-4 es nueva, la A-5 es nueva y la A-6 es nueva. Por tanto, señoría, coméntelo con la señora presidenta de la Comunidad, que demuestra una ignorancia total sobre lo que está sucediendo en su comunidad autónoma; seguramente, será porque está preocupada por otros asuntos y está empujando para quitarle el sitio a algún que otro compañero.


En cualquier caso, insisto en que la inversión que hemos diseñado para las plataformas reservadas para el transporte público en Madrid se eleva a 904 millones de euros. ¿Señoría, hemos hecho algo o solamente lo hemos pensado? Pues, ya está pendiente de declaración de impacto medioambiental y, por tanto, ya ha pasado todos los trámites anteriores.


¿Señoría, qué vamos a hacer en la A-6? Incrementar la capacidad y mejorarla funcionalmente. Vamos a invertir 420 millones de euros. La reestructuración del acceso a la plataforma Bus-VAO, a la que ya he hecho referencia antes, además de la plataforma Bus-VAO. La ejecución de plataforma reservada para el transporte público entre Las Rozas y Villalba por valor de 320 millones de euros, cuyo proyecto, señoría, ya lo hemos sometido a información pública, luego ustedes tenían que conocerlo. Esta actuación, señoría, tampoco fue prevista por el Gobierno anterior. Para la remodelación del enlace entre la A-6 y la M-40 hay prevista una inversión de 40 millones de euros y las obras se licitarán en 2008. Esta remodelación tiene por objeto evitar las retenciones en hora punta tanto en la calzada izquierda de la A-6, como en la exterior de la M-40, y la construcción de una variante a su paso por Las Rozas, que tampoco estaba prevista por el Gobierno anterior, cuyo estudio informativo iniciamos en febrero de 2006 y ya le puedo adelantar que lo sacaremos a información pública antes del final de 2007.


¿Señoría, qué vamos a hacer con la A-1? Remodelación y mejora funcional: 60 millones de euros; la construcción de las variantes de El Molar, cuyas obras hemos iniciado, señoría, en julio del 2006 y finalizará en 2008; el incremento de la capacidad de la A-1, con la construcción de un tercer carril por calzada desde el enlace del RACE hasta San Agustín de Guadalix, cuyo proyecto, señoría, ya está pendiente de la DIA y vamos a licitar las obras en 2008. Con ello, vamos a dar continuidad al tercer carril por sentido, que, por cierto, hemos puesto ya en servicio en esta legislatura, desde Algete hasta el enlace del RACE.


La M-40, señoría, otra gran mentira del Partido Popular: En un documento que le entrega la presidenta de la Comunidad al presidente del Gobierno pide la transferencia de la M-40 como una reivindicación, cuando yo se lo había ofrecido hace tres años. O sea, que recogen en un documento como una reivindicación lo que ya se le había ofrecido y sobre lo que no habían querido hablar. Nosotros estamos trabajando en la M-40 para incrementar la capacidad y, por supuesto, estamos dispuestos a transferirla a la comunidad autónoma.


La inversión prevista por este Gobierno, por el Ministerio de Fomento, se eleva a 500 millones de euros. Casualmente la presidenta de la comunidad reivindica 400. Luego, creo que debería ser un poco más ambiciosa en la defensa de los intereses de Madrid. ¿Y qué pretendemos? Remodelar los enlaces, los accesos y decirles que ya está pendiente de declaración medioambiental el incremento de la capacidad. El acceso de la M-40 con la M-511 va a tener un coste de 43 millones de euros, y hemos iniciado las obras en mayo de 2007. Y la conexión de la avenida de Daroca con la calle O'Donnell supondrá una inversión de 60 millones de euros, y vamos a iniciar las obras en 2007.


Las radiales, señoría. Otra importante reivindicación es la documentación entregada por la presidenta de la Comunidad, en donde reivindica que hagamos la radial, cuando ya hemos licitado la concesión. O sea, que es como poner una pica en Flandes. En definitiva, señoría, ¡qué le voy a decir! Hemos licitado la R-1 y la R-3, que tampoco estaba prevista por el Gobierno del Partido Popular, hemos iniciado la prolongación de la R-3, así como la redacción del estudio informativo. ¿Y por qué la tenemos que prolongar? Porque el Partido Popular, que es tan ambicioso para Madrid, se quedó corto, y ahora tenemos que prolongar 40 kilómetros para que la R-3, que ustedes hicieron y pusieron en servicio, tenga algún sentido y evitemos descongestiones.


Y, si hemos hecho mucho en carreteras, que se lo he dicho de una manera muy rápida, le diré que mucho más hemos hecho en ferrocarriles tanto en alta velocidad, como en Cercanías y, también, en transportes de mercancías. En alta velocidad ¿cómo no voy a recordar que hemos conectado Madrid con Toledo, que hemos ampliado la conexión en alta velocidad con Antequera, que hemos llegado hasta Tarragona, que hemos solucionado los problemas de la alta velocidad en Lleida? Y, señoría, le voy a decir que vamos a convertir a Madrid en la capital de Europa mejor comunicada por alta velocidad. El 2010, además, España será el primer país del mundo con kilómetros en servicio de alta velocidad, y esto no solamente lo hemos hecho, sino que lo vamos a continuar en el 2008. En definitiva, señoría, hemos ejecutado inversiones que suponen un 40 por ciento más de lo que había hecho el Partido Popular en la legislatura anterior. Vamos a conectar en este 2007 Madrid con Barcelona, con Valladolid y con Málaga; estamos impulsando, como sabe, la conexión de Madrid con todo el Levante, con Galicia, con todo el norte y con Extremadura. Y, señoría, hemos concluido el túnel de Guadarrama, que es el quinto más largo

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del mundo, y eso es especialmente importante para Madrid. No sé si la presidenta de la comunidad ha fijado la frontera o los límites territoriales de la Comunidad de Madrid porque ha olvidado el túnel de Guadarrama; seguramente será porque piensa que Guadarrama es Segovia en lugar de Madrid. Le recuerdo a la presidenta de la comunidad que, cuando dice que no hemos invertido un sólo euro en Madrid, hemos concluido la ejecución del quinto túnel más largo del mundo.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Sí, termino, señoría. Muchas gracias.


Y ello va a suponer un importante impulso a la alta velocidad.


Termino con otra actuación no prevista en la anterior legislatura. Ya le avanzo que en dúplica le contestaré sobre cercanías, aeropuertos y todo lo que hemos seguido haciendo en Madrid. En veinte minutos me es imposible detallarle todos y cada uno de los proyectos que hemos hecho.
Termino diciéndole que hemos iniciado el estudio de incremento de la capacidad de los accesos ferroviarios de Madrid en alta velocidad, que era una actuación no prevista en la anterior legislatura.


Señoría, si tiene usted tanto interés en que, efectivamente, las obras de Madrid se impulsen y vayan adelante, dígale a la presidenta de la comunidad que no paralice, que no entorpezca, que no enrede, que nos deje trabajar, que haga su parte. Por ejemplo, hemos estado un año y medio con la estación de la T-4 para el Metro terminada esperando que la Comunidad de Madrid hiciera el metro y lo único que hizo deprisa fue inaugurar lo que no le correspondía.


Le puedo decir que estamos dos años esperando...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, por favor, concluya.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Seguiré en el turno de dúplica.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Tiene la palabra el senador Peral.


El señor PERAL GUERRA: Señor presidente, señorías, señora ministra, observo con preocupación que tiene usted cierta propensión adictiva a dar datos erróneos en sede parlamentaria, lo que en su caso tiene especial agravante porque usted, señora ministra, estudió la misma carrera que yo en la misma facultad y un año después, y cuando uno es licenciado en Ciencias Económicas hay que ser exacto con los datos.


Acaba usted de decir hace escasos minutos que va a invertir en el año 2008 1.353 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Yo he sumado, porque puedo equivocarme y he vuelto a hacer la suma, lo que ha dicho. La Dirección General de Carreteras va a invertir 117 millones, la de Ferrocarriles 159, el SEIT 111 y el Adif 231; total, 618, menos de la mitad de lo que usted ha dicho. Señora ministra, por favor, no nos tome por tontos a los senadores que estamos aquí presentes ni al resto de los ciudadanos.


Ha hecho mal usted en hacer esa referencia tan elogiosa a las autovías de primera generación. La verdad es que esas autovías fueron un paradigma -vuelvo a la palabra tan empleada por José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana- de la gestión socialista en obras públicas. Presupuestadas en 800.000 millones se acabaron ejecutando por cuatro billones de euros, cinco veces más de lo previsto.


El plan que tenía que haber acabado en el año 1991 se terminó muchos años después y el Tribunal de Cuentas condujo una investigación exhaustiva desde el año 1992 a 1995 que concluyó con que hubo gravísimas irregularidades en toda la gestión de aquel plan. ¡Y tampoco está usted informada, señora ministra! No se haga pasar por joven, porque usted tiene casi la misma edad que yo y sabe perfectamente que en aquellos años había ya autovías funcionando, la autopista de Barajas, la que hizo la Diputación de Álava en la A-1, la variante de San Sebastián, el Madrid-Villalba. Pero, señora ministra, ¿dónde estaba usted metida en aquellos años? ¿Preparando alguna oposición sin salir de casa?

Señora ministra, usted aquí anuncia grandes inversiones y luego presupuesta cantidades insignificantes para el 2008. Esa es la realidad.
Para estas autovías de primera generación le repito que son 160.000 euros, cinco o seis vallas va a poner con eso, vallas que ni se pueden leer cuando uno va a volante de un vehículo. ¿Y qué va a pasar? Pues que usted va a dejar al siguiente Gobierno la hipoteca de atender la irritación de los ciudadanos ante el enorme retraso de las obras. Muy burdo, señora ministra.


¿Toma usted por tontos a los electores de Madrid, a los electores que votaron a José Luis Rodríguez Zapatero? Estas son las consecuencias de haber pactado el 40 por ciento de las inversiones con los gobiernos catalán y andaluz presididos por socialistas. A los demás nos toca la pedrea, señora ministra, a las quince comunidades restantes nos toca la pedrea. ¿O es que a lo mejor cree usted, como don José Blanco, que Madrid ya tiene de todo y como tiene de todo no necesita nada? Fenomenal. Que conste eso. Dígame aquí si usted cree lo mismo que don José Blanco para que conste en acta y así tenga un argumento más el diputado José Luis Rodríguez Zapatero en su próxima campaña por Madrid: como Madrid tiene de todo no vamos a hacer nada.


Señora ministra, usted ha traído el sectarismo a las infraestructuras. Sus antecesores socialistas destacaron por la ineficacia en la gestión y en el control del gasto público. Usted tampoco ha sido eficaz en la gestión y en cuanto al gasto público, al menos en la Comunidad de Madrid, lo controla no presupuestándolo. Desde luego, en

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sectarismo y malas formas usted supera a todos sus antecesores. No me haga recordar aquí lo que dijo usted de doña Esperanza Aguirre con motivo de aquella inauguración, sin duda, algo que su asesor de prensa, sus responsables de comunicación nunca le hubieran consentido; esos desahogos verbales son indignos de una ministra.


En el Pleno del Congreso del pasado 30 de mayo, usted dijo -y es una de las perlas parlamentarias de este cuatrienio -que pensaba muy rápidamente. Señora ministra, para pensar usted tan rápidamente, podía ejecutar un poco más rápido. Piense un poquito más despacio, no piense de esa forma tan atropellada y gestione las inversiones de una forma mucho más eficaz y no abandone a una Comunidad como la de Madrid que, repito, es abierta y solidaria y ha hecho un gran esfuerzo en inversión en los últimos años, continuación de las inversiones que promovió el Gobierno anterior.


¿Usted se cree, señora ministra, que las radiales de peaje y la M-50 no supusieron una enorme inversión? ¿Quiere decir que si el dinero no sale del presupuesto la inversión no es buena para los ciudadanos? ¿Significa que el hecho de que utilicemos ahora las radiales -seguro que usted misma las utiliza muchas veces- es solo pecata minuta porque no ha salido del presupuesto? Ese es el caso de la M-50, por la que usted circula gratis.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): La señora ministra de Fomento tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señoría, francamente, su consejo no es bueno, porque a usted, que piensa bastante despacio, no le sirve de nada.


Le voy a volver a repetir los datos de 2008; lo haré despacito porque, por lo visto, la agilidad no es una característica de su forma de actuar.


Año 2008. Carreteras: 282,88 millones de euros. Dirección General de Carretera y SEIT: 187,72 millones de euros. Autopistas primera generación: 95,16 millones de euros. Ferrocarriles: 459,04 millones de euros. Aeropuertos: 507,48. Total de infraestructuras: 1.256,24. Resto de inversiones: 94,22 millones de euros. Rebaja peaje autopistas: 2,47 millones de euros. Si usted suma, porque imagino que hasta eso habrá podido aprender en la facultad, obtendrá un total de 1.353,01 millones de euros.


Por lo tanto, ni compañeros ni no compañeros, ni que tenga usted un año más o un año menos, señoría, porque estos son los datos. Y le recomiendo que no intente usted ofenderme por ser mujer. Tengo 55 años, nací en 1952, me siento muy orgullosa de haber sobrevivido hasta el día de hoy y ojalá llegue a vieja. Eso no tiene nada que ver con que pueda o no debatir con usted los datos del presupuesto. Por lo tanto, le ruego -porque parece usted una persona seria, aunque no le conozco- que la próxima vez se documente en condiciones y no se atreva a insultar a un ministro o una ministra del Gobierno diciendo que ha dado unos datos falsos y, mucho menos, decir que yo tengo por costumbre hacerlo. Por cierto, es cierto que estaba preparando oposiciones a inspector de Hacienda, igual que Aznar, por eso tengo todavía más preparación de la que me dieron en la Facultad de Económicas y por eso seguramente habré podido sumar los datos mucho mejor que usted.


Terminaré diciéndole todo lo que antes no he podido, hasta que el presidente me indique que no tengo más tiempo. Continuaré con mi exposición sobre ferrocarriles. Señoría, entre el año 2004 y 2007, hemos ejecutado en ferrocarriles de alta velocidad, para el desarrollo de líneas que conectan con Madrid, pero en Madrid, 1.400 millones de euros, lo que significa que en tres años y medio hemos llevado a cabo un incremento del 40 por ciento. Yo gestiono mal, soy una inútil y una incompetente, pero ejecuto el 40 por ciento más que ustedes. Imagínese entonces lo que son ustedes: un 40 por ciento más. Por lo tanto, todos compartimos esa ineficiencia, esa ineficacia, esa inutilidad y esa incompetencia con la que usted me ha querido insultar, aunque ustedes lo son un 40 por ciento más, porque hicieron menos. (Risas.)

Hemos puesto en servicio determinadas comunicaciones de alta velocidad y usted lo sabe. Ustedes pudieron iniciar las obras, que no los proyectos, señoría, pero dejaron obras como el AVE a Lleida que, una y otra vez, se lo recordaré, dicho con ironía, como ejemplo de su propia competencia.
Ahí se retrataron ustedes. Llevaron un tren de alta velocidad que se quedaba en 200 kilómetros por hora, la misma velocidad a la que iban el resto de trenes en muchas conexiones del país. Ahora lo vamos a conectar con Barcelona, Valladolid y Málaga. Por lo tanto, estamos llevando a cabo una importante obra en alta velocidad. Hemos iniciado la conexión del túnel de alta velocidad Atocha-Chamartín, que está pendiente de Dia, y a usted, que tanto interés tiene en las obras de Madrid, le pido una gestión. En la ampliación de Atocha tenemos que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, y mientras no lleguemos al acuerdo y no nos den la autorización, cada vez se retrasa más. No nos vaya a pasar como en la estación de Sol, que tardaron ustedes dos años y medio en autorizarnos a cambiar las tuberías, las conducciones y la electricidad, y cuando empezamos a trabajar descubrimos unos restos arqueológicos y la Comunidad de Madrid nos dijo: todos quietos, parados; no se puede hacer nada hasta que volvamos a autorizarles. Y ahora, con un cinismo político sin precedentes, dicen que estamos retrasando la estación de Sol.


Tengo terminada la estación de Nuevos Ministerios y toda la conexión hasta Sol, esperando que ustedes me autoricen a seguir las obras de Sol, aparte de todo lo que ha supuesto de impedimento decir públicamente una y otra vez, intoxicando a los madrileños, que en esa conexión íbamos a tirar todos los edificios de la calle Montera.


Pues bien, señoría, hemos terminado la estación de Nuevos Ministerios, que es un monumento a lo que supone el bloqueo de la Comunidad de Madrid al resto de la operación, porque conecta con la estación de Sol. Y res-

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pecto a la estación de Sol, señorías, se han escondido bajo las faldas del Ministerio de Fomento diciendo que él era el culpable de todo lo que han supuesto las obras de las líneas del Metro cuando ni siquiera había podido iniciar las obras porque se las tenían ustedes paradas al ministerio.


Por tanto, señorías, les recomiendo que sean un poco más leales con sus propios ciudadanos, con sus propios votantes, con Madrid y ayuden a los madrileños a que resuelvan sus problemas en lugar de utilizar las infraestructuras como una estrategia política.


Señoría, por último no quiero dejar de darle un dato. Esperanza Aguirre ha dicho públicamente: Yo he puesto no sé cuántas estaciones, y el Ministerio de Fomento, ninguna. Pues para empezar, diez. Quizá no sepa contar o no conoce lo que está sucediendo en Madrid.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Termino, señoría, es por no dejar sin contestar lo referido a las transferencias.


Le voy a leer los dos artículos del Estatuto de Madrid, porque y hay que tener en cuenta que la hoja de ruta para todos, para todos los ciudadanos, para todo el país y para toda España son la Constitución y los estatutos. Así, el artículo 26 atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia sobre los ferrocarriles que discurren íntegramente en su territorio. La C-2 finaliza en Guadalajara. En vez de quedarse corta, la presidenta se ha quedado larga, o sea, se creía que Guadalajara es Madrid. No es Madrid, es Castilla-La Mancha, y la C-2 conecta desde El Escorial hasta Ávila y desde Cercedilla a Segovia. Y Ávila y Segovia tampoco son íntegramente Madrid.


Asimismo, el artículo 28 establece: cuando tengan su origen y destino en el territorio de la Comunidad de Madrid. Por tanto, señoría, es una cuestión delicada sobre la que estamos dispuestos a hablar, igual que del convenio, de una manera seria y rigurosa, sin un uso partidista, que es lo que ustedes pretenden hacer, y para que redunde en beneficio de todos los madrileños.


Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.


La interpelación del senador Belda Quintana ha sido aplazada.


-- DE D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE PESCA, ESPECIALMENTE SU POSTURA ANTE EL CIERRE ANTICIPADO DE LA PESQUERÍA DEL ATÚN (670/000173).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador Urrutia, sobre política en materia de pesca, especialmente la postura del Gobierno ante el cierre anticipado de la pesquería del atún.


Su señoría tiene la palabra.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente. Eguerdi on danori.
Ongi etorri, ministra andrea.


Muy buenas tardes a todos, bienvenida, señora ministra y gracias, señor presidente.


En el Atlántico Norte, en el golfo de Vizcaya y en el mar Cantábrico la anchoa ya no es la única especie de pesquería que está en veda.


La Comisión Europea el pasado mes de septiembre ha cerrado la pesquería.
¿Por qué? Porque, según los datos estimados o provisionales recibidos, las circunstancias han superado ya las cuotas asignadas.


Para que sus señorías conozcan perfectamente cuál es la problemática con respecto a la pesquería del atún, resulta interesante que sepan que el atún es una especie migratoria en peligro de decaimiento total, que a nivel mundial está controlada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, la CICAA y que desde el pasado noviembre, hace casi un año, se puso en marcha un plan de recuperación que ha de aplicarse, como los expedientes de regulación que se utilizan en las empresas, durante un periodo de 15 años.


Esta comisión internacional determina los cupos que, tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo, se deben cumplir. Así, para el año 2007, señorías, los países comunitarios tenían asignadas 17.000 toneladas, en concreto 16.779 toneladas, y el resto, aproximadamente, 12.000; en total, no se llegaba a las 30.000 toneladas. A cada uno de los países comunitarios -y me voy a centrar en ello- le correspondían unas cuotas. España tenía reconocidas 5.568 toneladas, Francia 5.494, Italia 4.336, Portugal 524 y Malta, Grecia y Chipre cifras mucho más reducidas.


¿Qué ha pasado? Que una serie de países, sobre todo Francia e Italia, han estado utilizando artes no de pesca sino traumáticas con total tranquilidad por parte de las autoridades comunitarias y, también, de las comunidades propias del Estado. ¿Por qué motivo? Porque intentaban cubrir la cuota y arrasar y esquilmar los mares.


Los datos provisionales -y me los han facilitado las cofradías de pescadores, sobre todo del norte- que se iban acumulando, en función de las pescas realizadas, de las importaciones legales e ilegales, de los movimientos y de los traspasos, reflejaban que las cuotas ya se habían cubierto en julio y agosto. Ya entonces se puso sobre la mesa del ministerio que algunos países no cumplían las cifras, al objeto de que se pusiera en conocimiento de la Comisión Europea.


¿Qué ha pasado? Que en septiembre se ha terminado la captura, ha habido veda y se han cerrado totalmente los caladeros para que ningún país pueda pescar. ¿Qué pasa aquí? Que una serie de países, Francia e Italia, se han beneficiado por practicar una pesca arrasadora, mientras que otros países -son cinco, entre ellos España- se ven perjudicados porque sus flotas de todo tipo han tenido que

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plegar las artes de pesca y volverse a casa sin cubrir las cuotas, habiendo sufrido, además, las importaciones legales y no legales del atún blanco y rojo capturado fuera que arrasa en los mercados, lo que ha causado un problema grave. El primer tema que se plantea es que se ha perjudicado a una serie de países, entre ellos España, donde la flota atraviesa una situación precaria y problemática.


Entro en materia, señora ministra, con el mismo cariño que siempre hemos mantenido con ocasión de diferentes comentarios, preguntas, mociones e interpelaciones sobre la anchoa. Ya le anticipo que en esta interpelación sobre el bonito también vamos a mantener los principios de respeto y cautela.


¿Qué se podía haber hecho y qué no se ha hecho? Creo que ni Europa ni su ministerio han controlado las artes de pesca que se estaban utilizando, que eran totalmente arrasadoras. Elementos y artes como el cerco, el arrastre pelágico o las volantas han sido empleados de forma arrasadora y no se han producido las inspecciones correspondientes ni se han puesto los semáforos en rojo para evitarlo.


Creo que los procedimientos dificultan tremendamente que estas especies, que están en situación precaria, puedan multiplicarse de nuevo y, como usted sabe, los científicos, desde hace al menos 4, 5 ó 6 años, afirman que la pesca se está agotando porque se está actuando de forma traumática.


Al Gobierno vasco -y no voy a ponerme la coleta de vasco- como representante de las cofradías del norte, que abarcan a los gallegos, a los asturianos, a los cántabros y a los vascos -con lo cual usted y su personal habrán mantenido muchas conversaciones-, se le solicitó que inspeccionara la forma en que se estaban realizando las artes de pesca; inspección que se hizo a través de uno o dos barcos y se comprobaron los procedimientos, que usted conoce, señora ministra, y también que hubo dos o tres decomisos en los meses de julio y agosto porque la pesca, las cuantías y la forma en que se estaba realizando era totalmente traumática.


Usted sabe, señora ministra, que empezamos con otra problemática, que la situación de la pesquería en general es bastante mala. Voy a leer el resumen de una de las actas de las reuniones de las cofradías -y perdóneme que lo haga porque una de ellas está escrita en euskera, después se lo voy a traducir- que dice lo siguiente: (El señor Urrutia Elorza continúa su intervención en euskera, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): Itsasoan ez da giro: antxoa ia-ia galzorian, hegaluzea ohi baino eskasago, eta orain, ezin hegalaburra harrapatu: El mar no da para más; la anchoa, en veda, el bonito, en situación escasa y ahora también en periodo de veda.


Señora ministra, hay varios problemas, y me voy a centrar en cada uno: primero, Francia e Italia utilizan artes de pesca esquilmadoras y han sobrepasado el cupo; segundo, otros países no comunitarios están realizando importaciones legales o irregulares pues ,como usted sabe, se está importando de Australia, del Mediterráneo, de Sudáfrica, pero este no es el único problema, posteriormente me referiré a las importaciones y a los asuntos que han de concretarse con la Unión Europea.


Lo que ocurre es que se afirma que ese bonito, pescado allá donde Dios quiera, es bonito del norte, del Cantábrico, y tanto para su venta en fresco como en conserva, es decir, en las pescaderías o en los supermercados, se dice que es bonito del norte, del Cantábrico, y es atún claro, y eso, señora ministra, tampoco se está controlando.


Por tanto, hay un problema de control de importaciones; una falta de control de importaciones irregulares; una falta de control del movimiento del atún dentro del Estado; y una falta de control para que su venta, tanto fresco como en conserva, no se produzca de forma irregular.


¿Qué está ocurriendo y qué le han pedido a usted, a su secretario de Estado, a la secretaría general en conjunto las cofradías de pescadores? Tengo que decir que la acogida es buena, el trato siempre ha sido agradable, el problema es que no sé si se hace el seguimiento y su correspondiente revisión. Ese es el problema y lo que he querido traer a colación.


En mi opinión, esta cuestión está creando verdaderos problemas, tanto al arrantzal, y al pescador como al vendedor, al consumidor y al conservero; es decir, es una cadena, y si el mar está en situación precaria provocará que un entorno de personas que vive de él, con sus familias y en sus pueblos, se encuentren en una situación mucho peor de la que están ahora.


Señora ministra, tenemos que plantearnos, y entro ya en un tema concreto, del que le he oído hablar en varias ocasiones y sobre el que ha hecho algunas declaraciones: las importaciones legales, las importaciones masivas de túnidos, que me gustaría poder aclararlo posteriormente.


En la modesta opinión de este senador, las importaciones masivas de túnidos están respaldadas por la libertad de comercio que existe dentro de la Unión Europea, y es uno de los problemas que plantean las cofradías de pescadores, y hasta los consejeros de las cuatro comunidades del norte de España, sobre todo el del País Vasco. Le dicen, señora ministra, que para el control de estas importaciones se apliquen las medidas de salvaguarda previstas por la Unión Europea para aquellos productos que sufren perturbaciones graves, como ocurre en este caso con el bonito.


En este momento el atún se está vendiendo por debajo del precio de garantía establecido por la Unión Europea. Usted sabe que hay problemas con las importaciones cuando el producto genera diferencias de precio, y ese precio que está en el mercado está por debajo del precio de garantía.
En este caso concreto se está produciendo casi un dumping, es decir, los precios a los que se vende están todavía mucho más bajos que hace 10, 12, 20 ó 30 años.


Debe existir libertad de mercado, oferta y demanda, pero siempre que se actúe dentro de la legalidad vigente y siempre que el producto que se venda sea aquel al cual se hace referencia, hay que impedir que se venda un producto que no sea el que figura en la etiqueta de la conserva.


Señora ministra, este problema está afectando a una importante cantidad de personas y situaciones, y a una

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importante cantidad de pueblos que tienen que planificar cuál será su futuro si no se da una solución a este problema. Usted sabe que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, CICAA, no se va a reunir oficialmente hasta noviembre, y es entonces cuando va a determinar las cifras definitivas del año 2007, qué cuantías de cupo se han cubierto, quiénes son los países que han superado dichas cuantías y cuáles se han quedado por debajo de ellas.


Señora ministra, creo que nos toca actuar, y quisiera colaborar con usted para ver de qué forma podemos hacerlo. Lo primero que quiero es que me diga de qué forma se va a contestar a la demanda. El día 26 de septiembre de 2007 ha habido una solicitud de la Comisión Europea en la que se abría un procedimiento de infracción contra siete países comunitarios porque no habían informado convenientemente de cuáles habían sido sus cuantías hasta ese momento. De los siete países, parece que han superado las cuotas Francia e Italia, y Grecia, Chipre, Malta, Portugal y España parece que no las han superado. Me gustaría saber si es cierto que su ministerio y el Gobierno de España no comunicaron en su momento cómo estaban las capturas ni que las cifras estaban por debajo de las determinadas por esa comisión internacional, porque eso significaría que ha habido cierta dejación. Imagino que no habrá sido así y estoy convencido de que el ministerio, y concretamente su secretaría, habrán comunicado las cifras, y que la petición provendrá de un mando general de la Comisión Europea al objeto de cubrirse.


Pero, señora ministra, si ha sido así, le pediría otras dos cosas. La primera es que, dentro de la Comisión Europea, y dando entrada a todos los representantes, sobre todo de la flota artesanal de España, que es la que más ha sufrido y está sufriendo estas vedas, porque la gente tiene ganas de trabajar, tiene ganas de vivir...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, vaya terminando.


El señor URRUTIA ELORZA: Termino en quince segundos.


La segunda cosa que le voy a pedir, señora ministra, es que también planteemos de qué forma vamos a compensar a esta flota artesanal, sobre todo del Cantábrico, -y en este caso me voy a acercar más a la vasca, que representa más del 30 por ciento, ya que son ciento cincuenta y tantas embarcaciones y las vascas son cuarenta y tantas- de qué forma vamos a compensarlas -digo- porque habiendo cumplido, habiendo trabajado con artes sostenibles y buenas, habiendo trabajado solo un periodo al año y habiendo aplicado las técnicas posibles, las técnicas buenas, han sido condenadas a marcharse a casa por una veda contra la que ellos no han hecho ninguna actuación.


Señora ministra, vamos a ver cómo solventamos este problema. Como siempre, quedo a su entera disposición, pero vayamos adelante.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


A mí me gustaría antes de nada hacer una consideración previa a la política en materia de pesca seguida por el Gobierno de España y además, señor Urrutia, me gustaría disponer de más tiempo porque ha hablado de dos problemáticas totalmente diferentes, una es el atún rojo y otro es el bonito del norte. En cualquier caso, intentaré darle respuesta a las dos, si así me lo permite el tiempo.


En primer lugar, quiero decirle que desde el inicio de la legislatura hemos manifestado un compromiso decidido y firme a favor de la explotación responsable y sostenible de los recursos pesqueros, asumiendo aspectos medioambientales, intereses económicos y sociales y los objetivos de cumplimiento de biodiversidad hacia el horizonte 2010, preocupación también creciente de la sociedad, y para dar respuesta, a lo mejor, a lo que otros no hicieron y que coincide con la frase que a usted le transmiten las cofradías: «El mar no da para más». En algunos casos tenemos que tomar medidas para poder recuperarlo rápidamente.


Voy a empezar con la pesquería del atún. El compromiso del Gobierno para una explotación sostenible queda patente en la creación de una zona de protección pesquera del Mediterráneo o la limitación del esfuerzo pesquero, restringiendo la capacidad pesquera de buques cerqueros a seis unidades. Estas medidas adoptadas por España son importantes porque la regulación del área del Mediterráneo, aunque pequeña frente al ámbito geográfico de la organización internacional del atún del Atlántico, ejerce una importancia crucial en la conservación de esta especie, principalmente por dos razones: la primera, porque la demanda de atún rojo ha crecido de una forma importante en los últimos años y esta situación ha conducido a un exceso de esfuerzo pesquero desarrollado fundamentalmente en el mar Mediterráneo, y una de las razones son los altos precios que esta especie alcanza en el mercado japonés. La segunda, que el mar Mediterráneo posee unas características oceanográficas que hacen que sea una de las dos únicas zonas de reproducción en el mundo de esta especie. España ha exigido a la Comisión Europea la adopción de medidas reales y eficaces para la protección del atún rojo tanto en el ámbito comunitario como en el del ICAT, reforzando las actividades de control, especialmente en el área del mar Mediterráneo.


Señor Urrutia, las medidas en esta área resultan claves para la supervivencia y mantenimiento de los stocks de atún rojo, porque el principal problema no lo constituyen las capturas destinadas a las granjas de engorde, sino la sobreexplotación llevada a cabo por determinadas flotas y por un exceso de capacidad pesquera. Y así, con motivo de la reunión de ICAT, celebrada en Sevilla, personalmente propuse que se llevasen adelante medidas de ges-

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tión y de control de la pesquería más estrictas, que quedaron posteriormente recogidas en el plan de recuperación del atún rojo.


En noviembre de 2006, en Croacia, en la decimoquinta reunión anual de ICAT, se adoptó un plan plurianual para la gestión del stock del atún rojo, del Atlántico este y Mediterráneo, que fue presentado por la Unión Europea, plan que ha respetado, a petición del Gobierno del País Vasco y de las cofradías de su comunidad autónoma, las pesquerías tradicionales de cebo vivo del Golfo de Vizcaya, Estrecho de Gibraltar y Canarias, que también estaban afectadas y que llevan a cabo los buques cañeros, así como los palangreros de superficie del Mediterráneo que combinan esta pesquería con la del atún blanco durante ciertos meses del año.


Ese plan -lo señalaba usted- tiene una duración de 15 años, hasta alcanzar la biomasa de rendimiento máximo sostenible. Se implanta un TAC decreciente, iniciándose con las 29.500 toneladas para 2007 -permítame que redondee-, que se repartió posteriormente en Japón a comienzos de este año, correspondiendo a la Unión Europea 16.779 toneladas. Pero a mayores, para completar la información que usted ha suministrado a esta Cámara, en ese plan se establece también una talla de captura mínima de 30 kilogramos y se fijan tres períodos de veda para las diferentes flotas: de cerco, del 1 de julio al 31 de diciembre; de palangre de superficie, del 1 de junio al 31 de diciembre a fin de proteger los individuos reproductores y juveniles; y del 15 de noviembre al 15 de mayo para buques de cerco vivo y arrastreros pelágicos.


Quiero destacar también la mejora y refuerzo de los esquemas de control, así como la defensa hecha por España para conseguir una rápida transposición del citado plan de recuperación del atún rojo en la normativa comunitaria, como así ha sido desde el pasado mes de junio a través de la modificación del reglamento de TAC y cuotas.


El Gobierno de España ha elaborado una serie de medidas de gestión interna y de ordenación del sector, adoptando unas normas para facilitar la aplicación del plan de recuperación de la pesquería del atún rojo, que están dirigidas al sector y a todas las autoridades implicadas en el control y supervisión de estas pesquerías. Se han elaborado unas listas de puertos autorizados para el desembarque de las capturas del atún rojo al objeto de identificar y conocer los buques pesqueros que llevan a cabo esta actividad y poder realizar el seguimiento y trazabilidad de las capturas; se han elaborado listas de buques autorizados a realizar capturas dirigidas al atún rojo, especificando las distintas modalidades; se han remitido los correspondientes permisos temporales de pesca por modalidades y se han puesto en conocimiento del centro de control y seguimiento pesquero, capitanías marítimas y cofradías de pescadores.


Señorías, hasta aquí he tratado de resumir la política seguida por el Gobierno en materia de pesca en lo referente al plan de recuperación del atún rojo.


En cuanto a la posición del Gobierno frente al cierre de la pesquería del atún rojo para todos los buques comunitarios, la posición del Gobierno ha sido contraria a la decisión tomada por la Comisión de cierre de la pesquería del atún para la flota comunitaria. A partir del 13 de junio de 2007, con la publicación del reglamento que modifica el reglamento de TAC y cuotas al que antes hacía referencia, y en lo que se refiere al plan de recuperación del atún rojo, los Estados miembros son responsables del cumplimiento de las normas existentes y la Comisión Europea es competente y tiene la responsabilidad de verificar su cumplimiento y su aplicación.
En este sentido, tal y como se lo transmití al comisario de Pesca, no se actuó con la rapidez o con la eficacia suficiente cuando en julio de 2007, como consecuencia de los indicios claros de sobrepesca por parte de los buques franceses, corroborados mediante los datos aportados por Francia y las comprobaciones realizadas por los servicios de inspección comunitarios, la Comisión no llegó a cerrar la pesquería para este país.


El Gobierno francés adoptó la decisión de cerrar su pesquería el 27 de agosto, cuando ya había sobrepasado su cuota en una cifra estimada de 4.048 toneladas. Italia, por su parte, cerró la pesquería el 24 de julio, con un sobrepasamiento de 218 toneladas. Como consecuencia de la sobrepesca de Italia y Francia y la inacción del comisario europeo ante los datos comunicados por Francia, que demostraban ya la existencia de sobrepesca desde el mes de julio, la Comisión ha cerrado la pesquería del atún rojo aun sabiendo que algunos Estados miembros, entre ellos España, todavía no habían agotado su cuota.


Además, España sí ha cumplido con todos los requisitos. El procedimiento de infracción al que usted hacía referencia no nos preocupa porque también sabemos que cuando España transmitió los datos, la propia Comisión y sus servicios tenían un error informático que imposibilitó que recibieran los datos en tiempo real, aunque sí lo recibieron con posterioridad. Tenemos las pruebas y así lo demostraremos.


En cualquier caso, el Gobierno español ha considerado esta medida especialmente improcedente, y hay un tema que me gustaría señalar. La cuota que le sobraba a España cuando se cerró la pesquería se debe a los intercambios realizados previamente con Portugal, que es lo que le ha permitido tener esa cuota mayor para que en una situación de normalidad hubiéramos podido finalizar el año con desahogo.


Por todo ello, lo que hemos hecho ha sido dirigirnos al comisario de Pesca exponiéndole la repercusión que para las flotas artesanales españolas tiene el cierre de la pesquería y comunicándole que el sector español está en su derecho de solicitarle responsabilidades jurídicas o patrimoniales ante el Tribunal de Luxemburgo por el perjuicio que les ha causado. Hemos exigido a la Comisión la garantía de que los hechos que lamentablemente se han producido este año no vuelvan a repetirse en el futuro. En este sentido, ya desde el año próximo deberán estar operativos los mecanismos de reasignación de las posibilidades de pesca -lógicamente deducidos los que se han sobrepasado- que están previstos en la normativa comunitaria y que permitirán la compensación a los Estados miembros

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que nos hemos visto perjudicados por la situación de sobrepesca de la cuota comunitaria del atún rojo producido este año. Es decir, recuperaremos lo que no hemos pescado, no así los que se han sobrepasado.
Pero, además, he pedido a la Comisión que para evitar situaciones análogas a lo ocurrido este año en el futuro, la Comisión deberá dotarse de las garantías jurídicas necesarias para que en 2008 y en años sucesivos el sobrepasamiento de la cuota de atún rojo de un país no afecte a los restantes y para que la eventual penalización que pudiera ser impuesta en el seno de ICAT repercuta de forma inmediata sobre sus causantes. Estas medidas de control han de estar especialmente orientadas a impedir a los cerqueros industriales del Mediterráneo que pesquen sin límite.


En ese mismo sentido quiero decirles también que el Gobierno de España se ha implicado al máximo en la elaboración del reglamento que debate actualmente el Consejo y que establece un segundo sistema de control mediante la limitación del esfuerzo por días de pesca a la flota atunera, de tal manera que se evite la infradeclaración de capturas mediante el control de la presencia efectiva de los buques de pesca en el caladero.
Por ello he solicitado también, en aras de la transparencia de los hechos producidos y para lograr dicho compromiso de la Comisión, que este asunto sea abordado en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea previsto para este mes de octubre. A tal efecto le he trasladado esta propuesta a Portugal, país que ostenta la Presidencia durante el mes de septiembre.


Si quiere, y cuando me sea posible, intentaré darle respuesta al otro tema planteado por usted con respecto al bonito del norte. En cualquier caso hay una respuesta a una pregunta formulada por usted que paso a resumir.


La primera situación que se nos plantea cuando hablamos de túnidos es que las posiciones son muy diferentes. Por una parte tenemos al sector conservero pidiendo incrementos de los contingentes de atún que tenemos actualmente y, por otra parte, nuestras flotas están pidiendo que se respeten las cuantías. Este año hemos consensuado las cuantías para los años próximos y, desde luego, puedo decirle que sí se están controlando todas las importaciones. Es una aclaración que le hago porque usted hablaba de todo el sector e incluía en él desde la pesca hasta las conserveras. Y ¡ojo!, que en el caso del bonito estamos hablando de intereses contradictorios cuando hablamos de importaciones.


Pero, tratando de ir a antecedentes, quiero decir que el pasado mes de julio la Federación de Cofradías de Vizcaya, también en nombre de la Federación de Cofradías de Asturias, de Cantabria, Guipuzcoa y Vizcaya, se dirigió al secretario general de Pesca Marítima solicitándole urgentemente una reunión y comunicándole su preocupación por la baja cotización del bonito del norte, especialmente en un año de capturas inferiores a los otros dos.


En el marco del seguimiento habitual del mercado del bonito y del atún rojo, la Secretaría General de Pesca ha venido tomando datos y ha venido informando previamente al sector de la evolución de los principales parámetros que definen este mercado.


En el contexto de esta labor habitual, y con anterioridad a la fecha en la que el sector se dirigió a la Secretaría General de Pesca, esta solicitó a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales que se intensificaran y extremaran las medidas de control en las importaciones de terceros países. Ambas administraciones se aseguraron de la absoluta rigurosidad y control aduanero de los productos pesqueros importados, de modo que todas las partidas importadas cumplieran todos los requisitos exigibles, incluidos los de naturaleza sanitaria. La misma petición se cursó al Ministerio de Sanidad y Consumo, verificándose que los diversos controles de todas las importaciones, tanto documentales como de identidad y físicos, garantizan la rigurosidad que cabe esperar.


En las 24 horas siguientes a la recepción de las cartas de las federaciones citadas anteriormente, y con el fin de analizar conjuntamente la situación, el 8 de agosto de 2007, la Secretaría General de Pesca convocó una reunión a la que se invitó y en la que estuvieron representadas todas las comunidades autónomas, así como el sector extractivo, a través de las federaciones y cofradías del Cantábrico.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora ministra, vaya terminando, por favor.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Finalizo, señor presidente.


Creo que usted tiene información de esta reunión y de las decisiones tomadas; en cualquier caso, si usted quiere, en el turno de réplica le ampliaré la información para separar, como he dicho en el inicio de mi intervención, el atún rojo del bonito del norte, porque estamos hablando de situaciones diferentes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente. Gracias, señora ministra.


Señora ministra, en las preguntas y en los diálogos que mantenemos, intenta contestar y llevar las ideas a su terreno y, en mi opinión, desde un punto de vista filosófico las cosas se están haciendo bastante bien, pero desde un punto de vista práctico y de gestión todavía falta algo.


Claro que conozco perfectamente la distinción entre al atún rojo y el bonito blanco, el bonito del norte, y he querido centrarme fundamentalmente de una forma genérica en el atún rojo, porque éste también se acaba. Le he comentado anteriormente como está el Plan, aplicando fórmulas parecidas a las utilizadas en la empresa. Es un plan de reconversión, un plan de recuperación de 15 años. ¡Claro que sí! Y afecta fundamentalmente a los pescadores del Mediterráneo. Conozco perfectamente la problemática de los que pescan en el Mediterráneo a través de la almadraba y las dificultades que están teniendo. Además,

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sé que tanto en Murcia, como en Libia, Chipre o Túnez han proliferado las granjas de engorde. Los atunes pescados con cerco son llevados a engordar, y luego se venden congelados, y hay importaciones masivas.


Señora ministra, nos ha dado casi una lección magistral, pero, como usted sabe, muchas veces con respecto al atún rojo, el consumidor, el vendedor en fresco y los conserveros mezclan churras con merinas y las ventajas que uno aporta respecto del precio se mezclan con las del otro y se crean verdaderas dificultades, porque todavía no hay ningún máster sobre el atún rojo y el bonito o los túnidos. Señora ministra, para conocer la problemática y hacer la distinción entre uno y otro tendríamos que ser científicos o ecologistas. Estoy seguro de que, poco a poco, el consumidor los irá identificando, pero antes es fundamental que no esquilmemos; es fundamental que se adopten medidas. ¡Claro que usted es contraria al cierre! Me lo imagino; sobre todo porque desde el mes de julio ya se sabía que otros países estaban esquilmando y superando las cuotas.


Usted me dice que no le preocupa el rifirrafe que se ha producido con la documentación que envió el 26 de septiembre a la Comisión Europea. Si usted ha cumplido y si su ministerio ha mandado la información, perfecto; y, si es un problema informático de ellos, allá ellos. No obstante, señora ministra, dentro de la Comisión, si se puede, hay que mandar más -perdone la expresión-, hay que ejecutar más. Vamos a lo que nos dicen los demás, y por detrás de países que nos superan, como Francia e Italia.
Estos países han tenido siempre actuaciones vejatorias para nuestros arrantzales -para nuestros pescadores-. Vamos a ver qué pasa en la reunión de la Comisión de ministros de Pesca, que espero que se celebre este mes o el que viene, y vamos a ver en qué circunstancias se resuelven estos problemas y de qué forma.


Sobre el atún rojo, señora ministra, me ha contestado que en ejercicios próximos nos darán las compensaciones por lo que no se ha pescado este año de las cuotas asumidas. Pero, eso sí, con dos variantes: primero, si no sucede lo mismo que ha sucedido; es decir que no haya países que se adelanten al nuestro con artes de pesca esquilmadoras, que aumentan las cuantías y les permiten seguir vendiendo y atendiendo el mercado a precios mucho más bajos, y dejen a nuestros pescadores atrás. Y segundo, hay que tener en cuenta el problema del lucro cesante: lo que han dejado de pescar y no han vendido representa un problema grave, porque no tienen ingresos suficientes y se ven amenazados por unas ventas irreales, ficticias y pescadas con artes incorrectas, que están copando el mercado.


Termino con esto, señor presidente, no quiero alargarme. Señora ministra, la actuación en la Comisión Europea debe ser más enérgica, más fuerte, más poderosa. ¿Por qué motivo? Porque estamos poniendo en entredicho a la flota del Mediterráneo y a la flota artesanal del Cantábrico, las estamos dejando en situación precaria. Además, ¿de qué forma compensaremos lo que no han podido pescar y, por tanto, no han podido vender? ¿Cómo vamos a compensar los ingresos que no han podido obtener?

Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor Urrutia, entiendo que es usted un especialista y sabe distinguir el atún rojo del bonito del norte. De todos modos, es obligación de los dos dejar las cosas claras, para no inducir a confusión a nadie. A mí, tras su intervención, me quedaban dudas y alguien que no sea especialista podría no saber de qué estábamos hablando.


No voy a complementar lo que se refiere al bonito del norte, porque usted no me lo ha solicitado. Interpreto también que se da por satisfecho con la respuesta que hemos dado a su pregunta.


Me gustaría que transmitiese al País Vasco lo siguiente: en cuanto a la anchoa, me ha solicitado el Gobierno que no haga ningún intercambio de cuotas; sobre todo, aquellas que puedan afectar a la flota artesanal del País Vasco. En el caso del atún rojo, España disponía todavía de 150 toneladas, gracias al intercambio que había hecho con Portugal. Eso sí, no me apliquen en el País Vasco -y se lo pido con todo respeto- dos varas diferentes de medir: una para la anchoa y otra para el atún rojo. Insisto en que si la recuperación del atún rojo cuenta hoy con el interés mundial y se está llevando a cabo a través de ICAT, ha sido gracias al esfuerzo del Gobierno de España por que pudiéramos disponer hoy de un plan de recuperación de atún rojo; y le pido de nuevo que se lea todos los hitos de mi primera intervención, en la que he tratado de ser breve. Plan de recuperación que, además, como Estado miembro estamos cumpliendo, tal y como puede comprobar con los dos últimos buques que hemos apresado de países miembros de la Unión Europea, porque intentaban descargar atún en un puerto del Mediterráneo cuando ya estaba cerrado, y se les han impuesto sanciones de las más importantes que haya establecido la Secretaría General de Pesca Marítima.


Por otro lado, también quiero decir que he sido muy clara con respecto al comportamiento del comisario de Pesca, que decidió unilateralmente y sin ninguna consulta previa -por supuesto, el reglamento se lo permite-. Una vez que España tuvo conocimiento de esa situación, además de lo que ya le he transmitido, se solicitó que sea objeto de debate en el próximo consejo de la Unión Europea.


De ahí nuestro compromiso firme con una pesca responsable, con una pesca sostenible y que cada país sea capaz de llevar a cabo esos planes de recuperación y, desde luego, prestaremos al sector todas las ayudas que precise.


Para finalizar, y para que no crean que usted y yo somos demasiado pesimistas -yo no lo soy, por supuesto-, voy a leer lo que dice en el Diario Vasco el abad de una de sus cofradías: «En lo que respecta al atún hemos pescado más que el año pasado y no ha sido así, en cambio, con el bonito. En líneas generales podemos decir que el balance del año hasta ahora es bueno.»

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Creo que estas palabras resumen claramente la posición del sector, al que siempre ayudaremos con el fin de que tengan un futuro no sólo mañana sino dentro de muchos años.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

-- EN RELACIÓN CON LA PONENCIA DE ESTUDIO DE LA DESESTACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO Y PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA NORMATIVA QUE GARANTICE EL USO RACIONAL DE LAS ESTACIONES DE ESQUÍ, EN LA PARTE RELATIVA AL ESTUDIO DE LA DESESTACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (S. 543/000007).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto siguiente del orden del día: Informes aprobados por las comisiones del Senado: en relación con la ponencia de estudio de la desestacionalización en el sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional de las estaciones de esquí, en la parte relativa al estudio de la desestacionalización en el sector turístico.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Voy a utilizar brevemente el turno de portavoces para hablar sobre el amplísimo documento que se ha elaborado en la ponencia y que sus señorías tendrán a la vista. Evidentemente, esperaba que se hubiera producido una presentación previa pero, en cualquier caso, cualquiera de nosotros podrá acudir al citado documento y leerlo.


Como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en la comisión y como miembro de esta ponencia, en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por la consecución de este trabajo; un trabajo que nos propusimos llevar a cabo sobre una cuestión importantísima, de gran trascendencia y que afecta a todas las administraciones del Estado. En este sentido, el Senado, Cámara que aspira a ser de representación territorial, tenía una legitimidad amplísima para abordar esta tarea, de manera que pudiéramos escuchar a todos los sectores afectados, que son muchos, muy profesionales y muy preparados, a todas las administraciones implicadas, a la administración central, la autonómica, la local, la provincial, la insular, y a todos los expertos que también han comparecido.


El método de trabajo utilizado ha dado como fruto unas conclusiones y recomendaciones que espero que sirvan para lo que nos habíamos propuesto todos los que hemos trabajado en la ponencia: que desde la Cámara legislativa se proporciona a todas las administraciones argumentos, ideas, propuestas que sirvan para ese gran objetivo de continuar con la pujanza de nuestro sector turístico, que tiene una importancia grandísima en el PIB del Estado español, tanto por el número de puestos de trabajo como por los ingresos y por toda esa labor de promoción que se hace de España y de todas las cosas que la gente ve cuando viene a visitarnos y que, desde luego, trascienden de la propia visita o actuación turística.


Quiero dar la gracias a todas las personas que han comparecido en la ponencia, que nos han ilustrado con sus conocimientos y nos han aportado muchísima documentación. También quiero dar las gracias a los compañeros senadores y senadoras que han participado, y manifestar mi agradecimiento de manera muy especial al ponente y compañero, senador Seguí, que ha llevado con mano hábil este amplio trabajo de muchos meses, y al presidente de la Comisión de Industria y también compañero, senador Albistur, por su constancia e interés porque esta ponencia terminara bien y pronto. De hecho, estamos prácticamente finalizando la legislatura y podemos proponer a esta Cámara en este plenario unas conclusiones muy interesantes. Por último, deseo dar las gracias públicamente a nuestro letrado, Fernando Merino, que con su buen hacer también ha colaborado a poner en claro en este informe, de más de 200 páginas, además de la documentación que le acompaña, algo que yo desde luego valoro muy positivamente. Invito a sus señorías a que lo lean, a pesar de que siempre nos falta tiempo para eso, porque además de interesante yo les diría que también resulta entretenido.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)

No interviene.


¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)

No interviene.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, diré dos palabras para dejar constancia de mi desacuerdo, como presidente de la Comisión de Industria y miembro de la ponencia, por la forma en que sido tratada la presentación de este informe en el Pleno.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, hay un acuerdo de la Junta de Portavoces -de los portavoces de los grupos parlamentarios, y usted forma parte de uno de ellos-, para esta forma de tramitación en el Pleno.


El señor ALBISTUR MARIN: De acuerdo, señor presidente. Todavía no había terminado de responsabilizar, por

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lo que le agradezco su información. Por tanto, debo decir que la Junta de Portavoces ha tenido muy poco respeto por el trabajo de esta ponencia con la resolución que ha tomado. Hay un trabajo realizado, y estaba prevista una presentación y después las conclusiones de los grupos parlamentarios.
Pero como no nos queda más que manifestar la queja, que quede constancia de este hecho, porque insisto en que me parece poco respetuoso para con la labor de los miembros de la ponencia, que han colaborado como uña y carne y han tenido una dedicación especialísima para que este trabajo estuviera rigurosamente hecho y presentado, y además tuviera la solemnidad que corresponde una labor que ha durado más de dos años en esta ponencia.


Dicho esto, pasaré a hacer un breve comentario de nuestras conclusiones, destacando fundamentalmente que la demanda turística está cada vez más relacionada con el disfrute del tiempo de ocio. Y precisamente llenar ese tiempo de ocio es una de las características que tiene que ver con la desestacionalización.


La demanda turística está experimentando una transformación, que se manifiesta en una variedad de tendencias que han sido, precisamente, objeto de esta ponencia y a la que se han referido aquellos a los que hemos solicitado su comparecencia, que nos han dado la información correspondiente. La demanda turística ha superado la estricta vinculación al sol y la playa para cubrir prácticamente la totalidad del territorio, y para ello todos los niveles de la administración están ya comprometidos en la promoción del turismo.


Se han incorporado a la promoción turística dos líneas estratégicas de forma racional y de forma espontánea: poner en valor turístico los recursos naturales y también los recursos históricos y culturales, es decir, se ha puesto en valor turístico lo local.


En realidad ya no es decisiva la expectativa que tengan los turistas sobre un lugar, sino la capacidad de captación, de atrapar el espacio que se está conociendo, donde el turista se encuentre cómodo y seguro, de modo que la creación de oferta genere una demanda.


En su conjunto la Administración está madura, experimentada y es conocedora de su potencial para la promoción del turismo. Posiblemente carezca de los recursos suficientes para desarrollar todo su potencial artístico, paisajístico y cultural; y la iniciativa privada resulta conservadora o es muy cuidadora del riesgo para acompañar la promoción, de ahí que en esta ponencia no hayamos propuesto una mayor cobertura legal, ni siquiera más debate competencial. La promoción turística es gestión de las potencialidades territoriales y debe ser atendida en el territorio. La gestión política y administrativa debe apoyar esa gestión, y el Gobierno del Estado debe sostener la difusión internacional de dicho potencial turístico. Los actuales mecanismos de coordinación administrativa parecen suficientes y su eficacia debe ser evaluada por las administraciones protagonistas.


Finalmente, como en otras áreas y sectores de la estructura económica del Estado, es necesario incorporar a la actividad del sector turístico una reforma de la formación, adecuándola a la capacitación para la promoción empresarial, abriendo la especialización a la interdisciplinariedad, creando un ciclo superior universitario, así como prácticas de reciclaje y capacitación, y fomentar la investigación y la innovación con el apoyo instrumental de las técnicas informáticas y de comunicación. Estos temas han sido recogidos, con diferentes matices, por cada uno de los grupos, que han enriquecido las conclusiones de la ponencia.


Nuestro grupo solicita además que en la Mesa del Senado tenga en cuenta la posibilidad de publicar esta ponencia, dada la riqueza de las aportaciones de los diferentes miembros del sector, ya fueran del ámbito público o del privado, que han comparecido en la ponencia. Hay un trabajo, que se suma a otros realizados por esta Cámara que enriquecen de forma significativa futuros proyectos de informe que la Administración está preparando para el año 2008 y los siguientes.


Consideramos que este aporte es relevante. Como ya ha expresado también el senador Mur, los grupos parlamentarios han tenido una gran dedicación, se ha hecho un gran esfuerzo de aportación, y el trabajo también ha resultado enriquecedor por las reflexiones.


Por otro lado, agradezco personalmente el trabajo de los servicios de la Cámara, del letrado y de los administrativos de la comisión. En definitiva, nos hemos sentido muy a gusto, y creo que este tipo de trabajo permite mostrar un modelo de lo que el Senado puede aportar a la sociedad.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


El Grupo de la Entesa no hace uso de la palabra.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.


Quisiera comenzar mi intervención uniéndome a la disconformidad mostrada por el senador Albistur y agradeciendo la generosidad de la Junta de Portavoces por haber cedido cinco minutos a cada grupo parlamentario para tratar de exponer un trabajo de dos años en esta Cámara. Casi nos habría gustado más disponer de menos tiempo para cada grupo y que se hubiera presentado el informe de esta ponencia en la forma debida.


Dicho esto, también quisiera mostrar mi agradecimiento particular y el de todo el Grupo Parlamentario Socialista a los comparecientes que a lo largo de este intenso periodo de sesiones de ponencia nos han ilustrado con su saber y experiencia, agradecimiento que hago también extensivo al resto de miembros integrantes de la ponencia, de todos los grupos representados en esta Cámara, por el buen clima existente en todas las sesiones.


Ha quedado constancia a lo largo de la ponencia de que el turismo y, más en concreto, los esfuerzos por conseguir la desestacionalización constituyen una materia del máximo interés común, mucho más allá de los colores partidistas. Todos hemos sido partícipes de explicaciones de alto nivel fundadas en estudios y, sobre todo, en experiencias

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que ponen en valor el importante papel del turismo como fuente de ingresos y riqueza en los territorios, garante de desarrollo, empleo y asentamiento poblacional.


Al hablar de nuestro turismo ya no nos referimos exclusivamente al modelo tradicional de sol y playa, sino que ha quedado constatado que en la práctica totalidad de nuestro territorio se hacen esfuerzos por atraer turistas y visitantes que, en definitiva, aporten riqueza a través del gasto que realicen. Hemos obtenido así un interesante documento de trabajo que sin duda será una herramienta muy útil para quienes quieran mejorar su oferta turística y perfeccionarla, favoreciendo de esta manera una menor estacionalidad. El documento contiene experiencias, ideas, sugerencias y propuestas para al ámbito privado, para el ámbito público y, sobre todo, para actuaciones mixtas de dichos ámbitos en términos de colaboración y cooperación.


Tras las sesiones queda claro que para el reto desestacionalizador que hay que afrontar, tanto el sector público como el privado deben continuar trabajando en una serie de cuestiones: en la segmentación de la demanda turística; en la diversificación y especialización de la oferta; en la promoción, no tanto en cantidad sino más bien en calidad y racionalidad; en las marcas; tratando de impulsar y promover más programas de turismo social hacia nuevos beneficiarios, como los estudiantes y los discapacitados, y nuevos destinos; buscando una mayor calidad y una mejor formación y profesionalización del sector; y buscando también un aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnologías para conseguir este fin desestacionalizador; todo ello, con una buena coordinación entre administraciones y desde la colaboración público-privada.


El Grupo Parlamentario Socialista considera que sólo con políticas globales y transversales, junto con las premisas citadas, se puede suavizar la estacionalidad hasta conseguir paliarla. Estamos satisfechos con el trabajo realizado y esperamos sinceramente que sirva de base para futuros análisis y actuaciones. Tal como hemos venido reivindicando a lo largo de la ponencia, además de en diferentes iniciativas que se han presentado en esta Cámara en materia de turismo, esperamos que sirva para actuaciones y futuros análisis del ministerio y la Secretaría General de Turismo; en definitiva, para actuaciones políticas.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría,

El senador Seguí tiene la palabra.


El señor SEGUÍ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar creo que es de ley agradecer a todos los grupos el haber tenido la oportunidad de coordinar esta ponencia, que a todos nos ha parecido muy importante y con un contenido necesario para la política turística que debe desarrollarse en nuestro país durante los próximos años. Quede constancia, pues, de mi agradecimiento personal.


En segundo lugar, quiero hacer extensivo ese agradecimiento a todos los senadores ponentes; todos ellos han tenido una actuación fructífera e intensa y un ánimo de consenso evidente desde el primer momento, lo que se ha traducido en este informe que hoy presentamos en el Pleno, un informe interesante y que va a poder dar sus frutos en el futuro, un informe que entiendo va a ser una herramienta de trabajo para todas aquellas administraciones públicas que tienen que ver con el turismo, que son todas, y para todas aquellas empresas que están implicadas en el hecho turístico.


En tercer lugar, como no puede ser de otra manera, además de agradecer a los servicios de la Cámara su intensa labor, quiero tener un agradecimiento especial para don José Fernando Merino Merchán, letrado de la Comisión de Industria, sin cuya intervención y esfuerzos, esto hubiese resultado mucho más difícil.


Ha sido un año intenso y fructífero. Se ha trabajado bien, y creo que los resultados son notables. Y como lo son, con el ánimo de que puedan ser divulgados, solicito en nombre de la ponencia a quien sea competente en esta materia que acuerde la publicación de nuestros trabajos, porque entiendo que en el futuro resultarán muy valiosos.


A lo largo de la ponencia, del tiempo en que hemos venido trabajando, han quedado muy claras una serie de afirmaciones, una serie de consideraciones a las que me quiero referir de forma breve. Es imposible separar la desestacionalización turística del fenómeno turístico global.
Todos los informes de que hemos dispuesto han dejado bien claro que la desestacionalización es un objetivo que debe estar enmarcado en la política turística global. En segundo lugar, la desestacionalización y la diversificación turística van íntimamente ligadas.


Una afirmación importante es que la industria turística podría optimizar muchísimo más sus recursos si alargara en el tiempo las temporadas turísticas. Esta es una afirmación que se ha repetido una y otra vez durante todos nuestros trabajos. ¿Quiere ello decir que en todo caso debe procederse a desestacionalizar? No; la desestacionalización no debe ser un objetivo en todos los casos, y cada zona turística, cada situación, es diferente. En este sentido, debe hacerse un análisis pormenorizado de esta cuestión.


En cualquier caso, es cierto que para desestacionalizar hay que hacer esfuerzos importantes. Hay que establecer nuevos productos. Hay que buscar nuevos contenidos, nuevas infraestructuras, nuevas comunicaciones, en definitiva, nuevas necesidades generadas a base de un marketing específico y de la promoción adecuada.


Señorías, hay veces en las que de no emprenderse como objetivo la desestacionalización y la diversificación, que, como digo, es un objetivo que va íntimamente ligado a aquella, la temporada turística, el hecho turístico en general, incluso puede resultar perjudicado.


Está claro que en un país donde el turismo de sol y playa es lo que impera debemos incluir nuevos contenidos, debemos aportar nuevas fórmulas. No basta con decir que queremos desestacionalizar. Esta ponencia ha analizado muchos de esos contenidos: parques temáticos, cicloturis-

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mo, golf, turismo náutico, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo enológico, turismo de congresos, negocios y reuniones, turismo de naturaleza, turismo de salud, senderismo, turismo activo, turismo ecuestre, turismo accesible, turismo deportivo, turismo de pesca o cinegético. Todas estas variedades existen en nuestro país. Todas estas variedades expresan que nuestro país es puntero no sólo en el número de turistas, sino también en las formas de hacer turismo. Sólo nos falta, y no es poco, que estas variedades del turismo, que estas aportaciones se expresen en aquellas zonas turísticas donde la desestacionalización es necesaria.


Por parte de nuestro grupo hemos sugerido estrategias en relación con la desestacionalización turística. Hemos sugerido que se elaboren análisis y estudios específicos; que se potencie el turismo de la tercera edad; que se impulse el mercado interior del propio país, pero también de la propia comunidad autónoma; que se refuerce la puesta en valor de infraestructuras públicas, instalaciones municipales, medioambientales, culturales, deportivas, de congresos, de suelo público para nuevos productos, etcétera; que se potencien y dinamicen las zonas turísticas con programas de invierno, patrocinios o líneas de apoyo a nuevas actuaciones o edición de material diversificador, y que se aprovechen en estos momentos, en que las líneas de low cost cada vez son más importantes, estas nuevas oportunidades logísticas.


También hemos propuesto que se desarrolle el turismo directo vía Internet; que se mejore la formación de directivos y trabajadores en los diferentes segmentos; que se creen incentivos económicos, fiscales y laborales específicamente dirigidos a la desestacionalización turística; y, lo que es muy importante, que se coordinen actuaciones entre las diversas administraciones, instituciones y agentes económicos y sociales.


En definitiva, señorías, creo que esta ponencia no solo ha recogido información e importantes opiniones de las primeras figuras del turismo español, sino que, con esa información, con esos datos y esas consideraciones hemos sido capaces de llegar a unas conclusiones que pueden ser un claro punto de referencia para todos aquellos, y debemos ser muchos, que queremos hacer de la desestacionalización turística uno de los objetivos económicos de nuestro país.


Solo me resta reconocer y agradecer una vez más la intervención de todos los grupos y su predisposición para que esta ponencia se pudiera llevar adelante, y desear que no se quede aquí, sino que todas las administraciones públicas tomen buena nota y que los agentes turísticos, que son muchos en nuestro país, se impliquen también en las consideraciones que todos los grupos hemos sido capaces de formular de forma consensuada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


¿Acuerda la Cámara aprobar el informe por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


-- DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (S. 621/000112) (C.D.
121/000095).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Administraciones Públicas en relación con el proyecto de ley de contratos del sector público.


¿Para la presentación del dictamen? (Pausa.) No hay presentación del dictamen.


¿Debate de totalidad? (Pausa.) No hay debate de totalidad.


Pasamos, señorías, a debatir las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas de Convergència i Unió. El señor Casas me está pidiendo ansiosamente la palabra.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente. Ansias a esta hora nunca tengo, le aseguro que después de comer no (Risas.)

El entusiasmo es tal que voy a retirar todas las enmiendas excepto la 96, que someteré a votación. El motivo es que en el trámite de esta ley en el Congreso nuestro grupo llegó a un alto consenso con el grupo mayoritario; en comisión hubo una transacción que también satisfizo los deseos de mi grupo parlamentario y nos queda solamente interés por la enmienda 96, por lo tanto es la única que dejaré para votación.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Presidente, gracias. Buenas tardes a todos.


Que conste que la poca afluencia de senadores hoy en esta Cámara no desvirtúa en modo alguno la importancia que tiene realmente este proyecto de ley, no tanto exclusivamente por el fondo del asunto, sino porque, efectivamente -y tengo que reconocerlo como cuestión primera-, se han intentado acercar posturas para un consenso, con independencia de que este se lograra o no.


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Además de todo ello, porque a lo mejor luego no tengo la oportunidad, también quiero agradecer en este caso la labor del letrado porque, aunque efectivamente siempre está a nuestra disposición, en una ley tan complicada como esta, con humildad y con eficacia ha sabido poner algunos puntos sobre las íes en cuestiones que a lo mejor son de mero trámite pero que son importantes para alguien como yo que tiene que defender una enmiendas muy concretas a este proyecto de ley.


En concreto son siete enmiendas, no vamos a retirar ninguna de ellas y voy a pasar a defenderlas en dos bloques. La primera, la enmienda número 1, afecta al artículo 57 y se refiere a la competencia para la clasificación de las empresas contratantes y el ámbito de validez de las clasificaciones de los registros de licitadores de las comunidades autónomas. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresa se adoptarán, según lo que dice el artículo 57 del proyecto, por las comisiones clasificadores de la junta consultiva de contratación con eficacia general frente a todos los órganos de contratación. Nuestra enmienda lo que pretende sencillamente es que además de esta junta consultiva estatal se incorporen los órganos equivalentes de las comunidades autónomas, ya que además de existir un título competencial suficiente las reglas y criterios que utilizan los registros oficiales de estas comunidades autónomas son exactamente los mismos que las que utiliza el registro oficial de licitadores y empresas clasificadores del Estado, que tiene ámbito general. Además, es un imperativo legal que no cuestionamos, lo que comentamos es que si las reglas son las mismas para todos, evidentemente, todos, sus equivalentes también en las comunidades autónomas, tienen que tener y desplegar la misma eficacia que la junta consultiva de carácter general. Por poner un ejemplo, señalaré algo primario tal vez pero muy gráfico: nadie entendería en esta Cámara ni tampoco fuera de ella que un título universitario, por ejemplo, no fuera válido fuera de la comunidad autónoma en que está ubicada la universidad que lo expide; o que un vehículo que pasara la ITV dependiente de una determinada comunidad autónoma, por ejemplo, solamente pudiera circular por esa comunidad y no pudiera hacerlo por el resto del Estado.


Entendemos que la redacción propuesta en este proyecto de ley hace que las comunidades autónomas pierdan esta competencia que hoy por hoy tienen. De ahí que, además de considerar que la previsión del proyecto de ley no se compadece en modo alguno con el juego competencial entre Estado y comunidades autónomas, entendamos que es sencillamente un error. Y como propuesta alternativa a esta presentamos la enmienda número 2, que en lugar de ser una enmienda de máximos, participando de esta misma filosofía, lo que hace es proponer que se mantenga la misma redacción del actual artículo 34.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente, y como complemento necesario de esta enmienda presentamos la número 5, que conocen y saben ustedes cuál es su justificación -es muy clarita y figura en el boletín correspondiente de esta Cámara.


El nudo gordiano de nuestra filosofía, sin embargo, radica en la enmienda número 3, que afecta al artículo 130 del proyecto de ley, que no busca otra cosa que lograr una real utilización de la contratación electrónica.


Complementarias a la enmienda número 3, hemos presentado las números 4, 6 y 7, que doy por defendidas en sus propios términos. No obstante, voy a procurar hacer una defensa general de nuestra filosofía respecto de las enmiendas que les acabo de comentar.


Este proyecto de ley que nos ocupa lo que pretende es incentivar la utilización de los medios electrónicos en la contratación administrativa.
Así lo señala clara y taxativamente, de forma contundente, la propia exposición de motivos, que no voy a leer expresamente porque ya la conocen ustedes y en aras de la brevedad.


Hay una declaración de principios rotunda y contundente pero que de nada vale por sí sola, salvo que se vea acompañada de una serie de medidas de regulación de derecho positivo en la propia ley. Y en este aspecto lo que señalamos es que este proyecto de ley peca por defecto, se queda incomprensiblemente corto y además no sabe aprovechar una serie de instrumentos que ya existen, que ya funcionan y que han demostrado su eficacia, y su no utilización o derogación -entre comillas- supone una perfecta involución de lo que ya funciona y existe.


Nuestra actual normativa de contratos, la ley actualmente vigente, solo admite la licitación electrónica entre los contratistas que estén inscritos en los registros oficiales de contratistas, lo cual es compartido también por este proyecto de ley que nos ocupa.


A mi entender, aunque en principio parece que este proyecto de ley dibuja la solución, lo que hace es confundirla con el problema. La disposición adicional 19.1, j) en su actual redacción confunde el problema con la solución. ¿Por qué lo digo? Porque la acción por la que se decanta el proyecto de ley difícilmente respeta la no discriminación en la utilización de los medios de comunicación electrónicos del artículo 42.4 de la directiva europea, que ha sido uno de los impulsos por los cuales existe hoy esta modificación legislativa que nos ocupa, ya que una empresa que previamente al anuncio de la licitación no esté registrada es virtualmente imposible que en el periodo de presentación de ofertas sea inscrita. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasa con las uniones temporales de empresas? ¿Cómo inscribimos en un registro oficial de contratistas a unas personas jurídicas que todavía no han nacido y que nacen precisamente porque quieren ejecutar o van a ser las adjudicatarias de la obra que sale a licitación? ¿O es que estamos diciendo que no vamos a permitir licitar electrónicamente a las UTE?

La salida de esta encrucijada pasa por conciliar la posibilidad de exigir la realización de licitaciones electrónicas a todos los licitadores, estén inscritos o no, aprovechando -como decía antes- la instauración por el proyecto de ley de dos fases diferenciadas en la adjudicación -lo cual es una novedad de ese proyecto de ley-, bajo dos ineludibles condiciones: primera, que los licitadores que no estén inscritos en el correspondiente registro puedan afir-

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mar todas las circunstancias necesarias para contratar, y no solo algunas -como dice el proyecto-, en fase de adjudicación provisional, vía electrónica.


La segunda condición, que sean solo los licitadores que resulten propuestos adjudicatarios aquellos que, efectivamente, tras la apertura de ofertas y su valoración, sean quienes acrediten fehacientemente dichas circunstancias y evidentemente siempre antes de la adjudicación definitiva.


Esa es la finalidad, muy esquematizada, y no entiendo cómo es posible la cerrazón, la negativa del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista en ese sentido, más aún cuando entra en contradicción con la rotunda declaración de principios de la exposición de motivos del proyecto de ley, y además no casa en absoluto con lo que hemos debatido, consensuado y defendido todos los grupos en la propia Ley Reguladora de la Administración electrónica, recientemente aprobada.


Remover estos obstáculos, señorías, es únicamente una cuestión de voluntad, de coherencia, y recibir un no por respuesta a nuestras enmiendas dificulta sobremanera nuestra adhesión incondicional al proyecto de ley que nos ocupa, que, por otro lado -tengo que admitirlo, lo he dicho al principio-, contiene un buen número de medidas técnico-jurídicas muy positivas no referidas solo a la contratación electrónica, que valoramos muy positivamente.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Termino, señor presidente.


Espero, señorías -y termino- que estemos aún a tiempo de acercar posturas, muy especialmente al Grupo Parlamentario Socialista, sin desmerecer en modo alguno la actitud del resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara.


Gracias por su atención, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET I PUJALS: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo, brevemente, para defender las enmiendas que aún mantenemos vivas en este proceso. Globalmente, quiero indicar desde el principio que este proyecto de ley de contratos del sector público cuenta con una visión positiva por parte de nuestro grupo parlamentario porque en el proceso de trabajo, no solo hemos transpuesto las obligaciones que teníamos respecto a la directiva comunitaria 2004/18, sino que hemos ido más allá y hemos sido ambiciosos al realizar importantes adaptaciones en este proyecto de ley que introducen aspectos sobre la contratación pública vinculados, por ejemplo, a cuestiones sociales y medioambientales, como condiciones especiales o como criterios para adaptarse a los nuevos requerimientos éticos y sociales. También se habla de nuevas formas de diálogo competitivo entre la Administración y las empresas que van a ser contratadas; de regulación de nuevas técnicas, como acuerdos marco o centrales de compras, y de la aparición, como no podía ser de otra forma, del mundo telemático, informático y electrónico en todos los procesos de contratación. Por tanto, pensamos que estamos ante un proyecto de ley que moderniza lo que tienen que ser los contratos del sector público, que quedan a la altura de las circunstancias de una sociedad moderna y adaptada a las nuevas condiciones en las que nos encontramos.


He de decir que, en un principio, mi grupo presentó un total de 53 enmiendas, que ya en comisión retiramos buena parte y que, finalmente, 22 de ellas han llegado vivas al debate plenario de hoy, y vamos a mantenerlas. De estas 22 enmiendas vamos a pedir la votación separada de la enmienda número 74.


Paso brevemente a describir algunos aspectos. En primer lugar, la enmienda 74 resulta importante para que el proyecto de ley quede tal cual se inició en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Ustedes saben que en la tramitación llevada a cabo en el Congreso de los Diputados hubo una modificación en ese aspecto que nuestro grupo no considera positiva.
La enmienda es muy sencilla, y voy a leerla textualmente. Dice así: «No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo temporal salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos». Por tanto, no estamos pidiendo nada revolucionario, tan solo que la relación de los contratos públicos con las empresas de trabajo temporal quede tal cual figura hoy en la legislación vigente.


Como no queremos ninguna modificación en este aspecto, no podemos estar de acuerdo en abrir nuevas puertas para que las empresas de trabajo temporal, poco a poco, se vayan adueñando de parcelas importantes de la Administración pública. Defendemos con fuerza esta enmienda para que queden las cosas tal y como están, porque pensamos que es mucho más positivo.


Respecto al resto de enmiendas, he de decir que corresponden a diversas peticiones, contactos y diálogos que nuestro grupo ha establecido con entidades importantes. Por ejemplo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, COSITAL, la Unión General de Trabajadores, la UGT, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. Cada una de estas entidades, de una u otra forma y en uno u otro aspecto, han dado apoyo a algunas de las enmiendas que mi grupo sigue defendiendo y que, repito, están vivas.


En ellas hablamos de límites a la subcontratación en la Administración pública, de ajustar aún mejor los criterios de contratación a parámetros sociales o medioambientales, de ajustar también la definición de comercio justo a los contenidos reales de ese concepto, de la reserva de contratos públicos para empresas que ocupan a sectores víctimas de la exclusión social y, finalmente, de la discriminación positiva para facilitar la contratación de discapa-

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citados en aquellas empresas que cuentan con discapacitados en sus plantillas. Por lo tanto, también vamos a defender esas enmiendas.


Finalmente, hacemos un último requerimiento. Nuestras enmiendas números 61 y 64 fueron aprobadas en comisión y vamos seguir manteniéndolas porque pensamos que son dos enmiendas justas. En su momento ya se discutieron y no voy a repetir el debate mantenido en este Pleno con motivo del Estatuto del Empleado Público, pero siempre hemos pensado que reforzar la garantía de trasparencia y profesionalidad que nos dan los secretarios, tesoreros o interventores en los ayuntamientos es la mejor manera para garantizar que los contratos públicos sean eso: trasparentes y plenamente garantizados con un cuerpo de funcionarios que ninguno de nosotros puede poner en duda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Redondo.


La señora REDONDO DE LUCAS: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado a la disposición adicional segunda cuatro enmiendas, en el mismo sentido y con la misma justificación.


Las tres primeras, las números 61, 62 y 63 hacen referencia a que en los municipios de gran población fuese el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno el que emitiese los informes jurídicos en los supuestos recogidos en los apartados 7,8 y 9 de la citada disposición. Y la última, la número 64, pretende que el titular del órgano de apoyo fuese vocal de la mesa de contratación. Y se han aprobado las números 61 y 64, lo que supone romper con la unidad de criterio que planteaban las cuatro enmiendas.


Su justificación se basaba en la adecuación a lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local, sin embargo, el resultado práctico ha sido el contrario.
Precisamente esta ley, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, para introducir un nuevo régimen de organización de los municipios de gran población, en el Título X, es la que da una nueva configuración a las funciones que los habilitados estatales desempeñan en este tipo de municipios.


El titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno no tiene ninguna función de asesoramiento, pues quien asume estas funciones es el titular de la asesoría jurídica, que no tiene por qué ser obligatoriamente un habilitado estatal; concretamente, en materia de contratación, en la disposición adicional octava, apartado e), se establece específicamente que las funciones que la legislación sobre contratos de las administraciones públicas asignan a los secretarios de los ayuntamientos corresponderán al titular de la asesoría jurídica, salvo las de formalización de los contratos en documento administrativo.


Se considera que de la aprobación de las enmiendas números 61 y 64 se derivan diversas consecuencias: primera, supone una ruptura del modelo de organización y de atribución de funciones entre órganos, específicamente entre el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno y el titular de la asesoría jurídica, establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de medidas de modernización del Gobierno local. Se realiza implícitamente una modificación de la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de bases de régimen local a través de la nueva redacción a los puntos 7 y 10 de la disposición adicional segunda del proyecto de ley de contratos de sector público, por tratarse de una ley posterior. Por tanto, a través de una ley sectorial, en cuanto que regula específicamente la materia de contratación, se estaría modificando una cuestión de atribución de funciones entre órganos de un municipio, lo que constituye propiamente materia de régimen local. Tercera, no se clarifica ningún criterio, puesto que lo que hace es intercalar, anteponiendo al titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno para emitir informes antes de la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas -disposición adicional segunda número 7-, para continuar con «... o en su caso del titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación».


No se llega a comprender cuál puede ser la razón que fundamente que en la aprobación de los pliegos de prescripciones se pida informe al titular del órgano de apoyo a la junta, figura no concebida para realizar ningún tipo de asesoramiento jurídico, anteponiéndolo al titular de la asesoría jurídica que, como su propio nombre indica, tiene como función asesorar jurídica y específicamente en materia de contratación, -disposición adicional octava de la Ley 7/1985-, y plantea al mismo tiempo dudas la expresión «o en su caso al titular».


En este supuesto del apartado 7 informa el titular del órgano de apoyo a la Junta; sin embargo, en los dos recogidos en la disposición adicional segunda, puntos 8 y 9 del proyecto de ley de contratos, queda igual, al no aprobarse las enmiendas números 62 y 63; por tanto, informa el titular de la asesoría jurídica, estableciendo una diferenciación de criterios.


En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista defiende este voto particular, y solicita la vuelta al texto remitido por el Congreso, modificado por las enmiendas números 61 y 64 del Grupo Palamentario Entesa Catalana de Progrés.


Gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ REQUERO: Gracias, señor presidente.


Paso a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley que hoy debatimos.


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De las 16 enmiendas que presentó mi grupo parlamentario, mantenemos 15, pues hubo una transacción en comisión sobre una de ellas.


Mi grupo parlamentario ha presentado diversos bloques de enmiendas. El primero de ellos se compone de tres enmiendas, las números 8, 9 y 10, que son puramente técnicas. Otro grupo de enmiendas, como las números 11, 20 y 23, pretende armonizar esta ley con otras leyes.


Consideramos que este proyecto de ley es demasiado reglamentista en algunos aspectos, y pensamos que algunos de sus apartados se deben descargar de contenido, lo cual se refleja en las enmiendas números 12, 13, 14 y 15.


Con las enmiendas números 18 y 19 intentamos reducir la arbitrariedad de algunos de los órganos que contempla esta ley, como ocurre con el órgano de contratación. Asimismo el artículo más controvertido y que ha suscitado la presentación de más enmiendas en todo el debate parlamentario, y sobre todo en el Congreso de los Diputados, es el artículo 210 sobre la subcontratación, al que hemos presentado las enmiendas números 21 y 22; pero, además, hemos presentado otra enmienda para aclarar algunas cuestiones relativas a las empresas de servicios.


Como decía, la enmienda número 8 es puramente técnica y pretende introducir una palabra en el índice, al igual que sucede con la número 9 al título del artículo 2, en el que se incluye la palabra «objetivo» al ámbito de aplicación de la ley, y con la número 10 al artículo 3, en cuyo título se añade al ámbito subjetivo la palabra «aplicación». Pero no me voy a entretener más en estas tres enmiendas técnicas, no porque no redunden en el fondo del asunto, sino porque con ellas se intenta mejorar, como digo, la técnica legislativa.


La enmienda número 11 al artículo 29 hace referencia a cuestiones nuevas.
Con ello quiero decir que ni esta enmienda ni las cuatro anteriores fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, y por tanto, merecen alguna explicación más.


Como digo, la enmienda número 11 al artículo 29 hace referencia a la remisión de contratos al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización correspondiente en las comunidades autónomas donde existiera. La ley en general -no me refiero a este proyecto de ley en concreto- establece dos vías no alternativas para conocer los contratos sometidos a fiscalización por estos tribunales de cuentas. Por una parte, la que obliga, según el artículo 57 de este proyecto de ley, a remitir los documentos de formalización y un extracto del expediente completo de los contratos superiores a determinada cuantía, que no voy detallar ahora porque se recogen en dicho artículo. Por otra, la obligación legal recogida en el artículo 40 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas que dispone que se remita anualmente una relación de los contratos celebrados por las diferentes administraciones a través de sus órganos de contratación.


Consecuencia de esta disfuncionalidad, que ya existía en la Ley de contratos hoy vigente, fue la aprobación de una instrucción, en mayo de 2005, del Tribunal de Cuentas, en la que se pretendía armonizar ambos preceptos legales. Hoy existía la oportunidad de hacerlo a través de este proyecto de ley, cosa que no ha sucedido en el texto que debatimos en este momento en el Pleno del Senado. Esta enmienda nueva que nosotros introducimos lo es de armonización de estos dos textos legales. El problema continuaría respecto a los órganos de control externo que tienen las comunidades autónomas. Por ello, sería conveniente, tal y como nosotros proponemos, que el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público se refiriera exclusivamente a la obligación genérica de remitir una relación de contratos. Por lo tanto, tal y como expone el tenor literal de nuestra enmienda, pretendemos que, dentro del mes de enero siguiente a la finalización del ejercicio, únicamente se remita al Tribunal de Cuentas u órgano de fiscalización correspondiente de la comunidad autónoma una relación certificada de todos los contratos de cuantía superior a la establecida para los contratos menores celebrados durante el ejercicio, y así dejamos todos los números aparte. Además, el segundo apartado de este artículo hace referencia a los tribunales fiscalizadores de las comunidades autónomas.


Rápidamente, porque el tiempo corre, voy a intentar hacer referencia al resto de las enmiendas que mantenemos vivas. La enmienda número 12, al artículo 49.2.e), hace referencia a la prohibición de contratar. Nosotros creemos que debe suprimirse la letra e) de este artículo, letra que convierte al órgano de contratación en juez y parte a la hora de determinar cuáles son las empresas o los posibles adjudicatarios que quedan aparte. Además, se produce una deslegalización de los tipos de infracciones legales que no le corresponde hacer a una ley de este tipo, sino que, lógicamente, dichas circunstancias deben estar contenidas en la ley, y también tiene lugar una arbitrariedad en la actuación del órgano de contratación.


La enmienda número 13, referida al artículo 50.3, es consecuencia de la anterior, en la cual también pedimos que se suprima la letra e), a la que me he referido anteriormente, para dejar claras las facultades de los órganos de contratación.


La enmienda número 14 hace referencia al artículo 59.4. A nuestro juicio, dicho artículo establece un intervencionismo prohibitivo y exagerado por parte de la ley. Nosotros consideramos que debe suprimirse la comunicación por parte de las empresas. Por lo tanto, creemos que se debe omitir la comunicación de prohibición. No comunicar esa circunstancia, circunstancia que es pública, no debe significar una prohibición automática y una exclusión por parte de la mesa de contratación, porque, además, limita las condiciones del mercado.


La enmienda número 15 hace referencia al precio. Consideramos que es una enmienda que mejora la redacción porque es más sencilla. Se refiere únicamente a que los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto expresado en euros. Esto que parece una perogrullada no se establece así en el texto puesto que existen una serie de salvedades que dicen: «...sin perjuicio del pago de otras contraprestaciones...» Nosotros creemos que sobra este añadido que tuvo lugar en la Ponencia del Congreso y

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que genera dudas en lo que se refiere al artículo que estamos tratando, en este caso, el artículo 75.1 referente al precio en los contratos.


La enmienda número 16 hace referencia a las empresas de servicios.
Nosotros queremos que se concrete lo establecido en el artículo 108.2 a través de la adición de algunas frases. Así, en las propuestas de las empresas licitadoras se debería especificar la empresa de servicios responsable de la redacción del proyecto, así como la empresa responsable de la ejecución de las obras, porque nada se dice al respecto en los pliegos de contratación. Por lo tanto, esta sería una obligación de esas empresas de servicio.


En la enmienda número 18, al artículo 136.2, se hace referencia a las ofertas desproporcionadas, es decir, a lo que normalmente se llama la regulación de lo que es conocido como baja temeraria. Nosotros creemos que se deben especificar, pues la presentación a los órganos de contratación de bajas temerarias se ha doblado en los últimos tiempos, lo que muchas veces provoca que las obras empiecen pero no terminen o se aplacen, o se hagan a través de complementarios, liquidaciones, etcétera.
A través de esta enmienda queremos que se establezca un mecanismo automático que regule y dé rango legal a la exclusión de una empresa por baja temeraria y que no se deje al albur de los órganos de contratación respectivos.


La enmienda número 19, al artículo 147.3, que hace referencia a las invitaciones a empresas, aporta más seguridad y menos arbitrariedad en el órgano de contratación. Por eso pedimos que a lo ya establecido en el apartado 3 se añada un párrafo que diga que, en cualquier caso, los criterios de selección deberán referirse exclusivamente a aquellos que acrediten experiencia del candidato en los trabajos similares y los que pongan de manifiesto los recursos y capacidades de la compañía y su dirección técnica en el caso de las invitaciones a empresas.


La enmienda número 20 se refiere a la compensación de deudas. Pretende la adición de un apartado noveno en el artículo 200, y hace referencia, como digo, a las deudas contractuales que se puedan ver compensadas. Esta cuestión ya viene regulada en dos leyes y creemos que se debe introducir en este texto legal. Precisamente el artículo 1.195 del Código Civil establece como una de las formas de extinción de las obligaciones la compensación de deudas, y la exposición de motivos de la Ley General Presupuestaria ya admitió esta compensación de deudas. Por lo tanto, creemos que se debe añadir a este texto legal a través de la enmienda que hemos previsto.


Las enmiendas números 21 y 22 hacen referencia a la subcontratación. Hemos hecho una redacción absolutamente distinta. Se establece un régimen diferente, pero lo que queremos es, primero, que se dé conocimiento por escrito a la Administración de este subcontrato; segundo, que exista una aprobación expresa; y tercero, que no puedan exceder de un porcentaje que se fije en las cláusulas administrativas. Nosotros creemos que se deben acortar las rigideces y dejar fuera cuestiones imposibles que están contenidas en el artículo 210, por lo que pensamos que de esta forma se establece un régimen más adecuado y sin tanta rigidez en la subcontratación.


La última enmienda, la número 23, se presenta a la disposición final octava relativa al silencio administrativo, que, como todos sabemos, es una prerrogativa de la Administración, pero no puede convertirse en una carga para el administrado. Por lo tanto, queremos que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado -como dice la disposición- se adhiera un párrafo final que diga que deberá ser así y la carga corresponderá al interesado salvo cuando la reclamación o solicitud se refiera al cumplimiento de ejecución de los actos administrativos o de derechos reconocidos de crédito, en cuyo caso deberá ser la Administración la que responda.


Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En turno en contra tiene la palabra la senadora Redondo.


La señora REDONDO DE LUCAS: Gracias, señor presidente.


La mayoría de las enmiendas que llegan vivas a este Pleno formaron parte también del debate que se realizó en el Congreso, en el que se dictaminó esta ley con amplio consenso, siendo aprobada por unanimidad en la comisión correspondiente. Destaco esto porque se realizó un esfuerzo por parte de todos los grupos al aceptarse o transaccionarse 155 enmiendas de las 335 que se presentaron en total. Así pues, nuestro grupo sigue manteniendo los mismos criterios sobre las enmiendas que no prosperaron en su tramitación en la otra Cámara y que han vuelto a presentarse en el Senado.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha defendido siete enmiendas, de las cuales son nuevas las números 2 y 5. De las demás, aparte de ser repetidas, se retiraron cuatro en comisión y la número 6 fue transaccionada en ponencia.


Las enmiendas números 1, 2 y 5 abordan la cuestión de las competencias para la clasificación de empresas. La clasificación supone un análisis previo de solvencia, de validez general e indefinida, que sustituye a la efectuada para cada licitación concreta por el órgano de contratación.
Correlativamente se elimina la posibilidad de extender los efectos de clasificación.


En la enmienda número 3, referida al artículo 130, hemos de señalar que, cuando proponemos la modificación del apartado 3 en contra de lo expresado en la justificación, la solución incorporada en la enmienda supone un claro retroceso en el uso de medios electrónicos. Por una parte no tiene sentido inscribir en el registro de licitadores la declaración responsable de no estar incursos en una prohibición de contratar y otorgarle un valor probatorio. La acreditación de la no concurrencia de una prohibición de contratar solo puede realizarse a través del registro en el caso de las prohibiciones previstas en el artículo 50.4 en relación con las cuales la inscripción registral es condición

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esencial. En el resto de los casos la declaración responsable establece una presunción de capacidad iuris tantum que, en el caso de la relativa a estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, es, además, provisional por tener que completarse posteriormente con la presentación de otros documentos. En particular, sobre la acreditación de esta última circunstancia, ha de indicarse que inscribir los certificados de estar al corriente en el pago de las obligaciones referidas se considera un retroceso incompatible con las finalidades perseguidas con la implantación de medios electrónicos y altamente desaconsejable. Lo procedente es articular sistemas de consulta o expedición de certificados en tiempo real, en línea con lo establecido por el propio registro de licitadores, que permitan tener un conocimiento actualizado de la situación real del licitador. (El señor Vicepresidente Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

La enmienda va en contra del esfuerzo realizado en el proyecto para conseguir que en la contratación puedan tenerse en cuenta las circunstancias realmente concurrentes en un sujeto en el momento en que deba valorarse su capacidad. Luego propone la adición del apartado 4. No se considera conveniente suprimir la exigencia de acreditación inicial de los requisitos de capacidad debido a los graves inconvenientes que supondría la intervención en el procedimiento de sujetos que no los reúnan. En todo caso, la acreditación de estos requisitos se ve facilitada a través del nuevo registro de licitadores y empresas clasificadas. En consonancia con lo expuesto en la enmienda número 3, rechazamos también la número 4.


Por último, en lo referido a la enmienda número 7, los datos que se pretenden incluir -cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social- no deberían en rigor constar en el registro de licitadores, sino obtenerse directamente de los organismos que los poseen.


El Grupo Parlamentario Popular presentó en esta Cámara 16 enmiendas y ha mantenido vivas 15, dado que la enmienda número 17 se transaccionó en comisión junto con la número 81 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Solo cuatro son nuevas: las número 8, 9, 10 y 11, que proponen cambios de rúbrica y redacción que no mejoran el texto.


Con la enmienda número 12 se pretende suprimir la letra e) del apartado 2 del artículo 49, que trata sobre el incumplimiento de condiciones especiales. No estamos de acuerdo ya que consiste en una previsión que trata de garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales esenciales de acuerdo con la configuración que hayan dado las partes a éstas en el negocio jurídico.


Tampoco nos parece viable la enmienda número 13 referida al artículo 50.3 relativa a la competencia del Ministerio de Economía y Hacienda para declarar la prohibición de contratar previo expediente incoado por la junta consultiva de contratación. Pensamos que el sistema es esencialmente el mismo que hay en la actualidad y se considera adecuado.


La enmienda número 14 suprime la omisión de comunicación como causa de prohibición. Aparte de que la norma proviene de la Directiva 2004/18, la conducta que justifica la previsión constituye una actuación gravemente reprobable, que incide de forma directa en la transparencia y limpieza de los procedimientos de contratación, afectando a la libre competencia.


Respecto de la enmienda número 15 he de manifestarle que la redacción es fruto de una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.


La redacción que se propone en la enmienda número 16 está en contradicción con el sentido del contrato de proyecto y obra, cuya finalidad es permitir la contratación conjunta de ambas prestaciones en un único insturmento y con único empresario.


En relación con la enmienda número 18, que propone la modificación del apartado 2 del artículo 136, no podemos apoyarla. El artículo 55 de la Directiva 2004/18 enfoca el tratamiento de las ofertas anormalmente bajas, excluyendo toda consideración a priori y haciendo destacar la apreciación de la anormalidad de la oferta en las precisiones por escrito que el licitador ofrezca a requerimiento del órgano de contratación que dude de la viabilidad de las ofertas, con el contenido previsto en el apartado 3 del artículo 136 del proyecto de ley. Los apartados 1 y 2 de este artículo mantienen la tradición de la ordenación de la contratación en España, permitiendo al Reglamento o al órgano de contratación -debe entenderse que en función de las características de cada contrato- anticipar unos valores que objetiven la presunción de desproporción en la baja, sin perjuicio del procedimiento de audiencia al licitador previsto en el apartado 3 del artículo, combinando así la estricta legalidad comunitaria como una objetivación de la presunción de baja anormal -no como pretende la enmienda- de la consideración directa de baja desproporcionada, en función de unos valores matemáticos al margen del análisis cualitativo que impone la directiva.


Tampoco sería admisible, dada la gran diversidad de contratos y los diferentes escenarios en que operan los licitadores, establecer con carácter general unos criterios que determinen en todos los supuestos o independientemente de otros criterios relevantes como por ejemplo, el plazo ofertado o la presunción de baja desproporcionada.


La enmienda número 19 se refiere a los criterios de selección del artículo 147.3, y vamos a rechazarla porque el precepto reproduce la directiva 2004/18. El apartado 1 remite expresamente a los criterios de solvencia como base para realizar la selección de candidatos, identificándolos técnicamente de forma más correcta.


La enmienda número 20, que plantea la adición de un nuevo apartado al artículo 200, quebraría los principios básicos de disciplina presupuestaria y de gestión de ingresos y gastos públicos, dejando en manos del órgano de contratación tanto una recaudación indirecta de impuestos como la determinación del montante que puede gastarse en un determinado contrato.


La enmienda número 23 propone la modificación del apartado 2 de la disposición final octava, añadiendo un inciso final. Le reseñamos que la percepción de fondos

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públicos está siempre sujeta a un acto expreso de disposición de los mismos. Los derechos de los acreedores frente a retrasos quedan suficientemente protegidos por el reconocimiento de intereses de demora.


No me he olvidado de las enmiendas números 21 y 22, que me sirven para enlazar con las números 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, relativas a la cautela y límites de subcontratación. Mi grupo parlamentario considera que el texto introduce las cautelas necesarias inherentes para garantizar que cuando se produzca la subcontratación en ningún momento suponga un menoscabo de los intereses generales en presencia y de la responsabilidad que ha de tener siempre el contratante; y, en relación con el contratante, se garantizan las responsabilidades administrativas en aras de la buena ejecución de los servicios públicos o de la obra pública.


De las 53 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en esta Cámara, se mantienen vivas 22, de las cuales, sólo tres son de nueva cuña. Ya me he referido a la número 51 relativa a la subcontración; la número 66 se retiró en comisión y la número 74 propone la vuelta al texto de la disposición adicional quinta.1 del proyecto de ley, que permite que, sobre las bases de la limitación de las administraciones y organismos públicos de recurrir a empresas de trabajo temporal ,sea el diálogo social de los empleados públicos el que autónomamente determine en qué supuestos y bajo qué garantías dicha previsión puede o no ser modificada.


El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta enmienda, lo que significa el rechazo de la enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que, por otro lado, es la única que este grupo parlamentario ha mantenido viva al retirar las demás.


Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario sólo ha mantenido viva una enmienda para este Pleno, y ha transaccionado una en el trámite de Comisión, porque en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados presentó más de 100 enmiendas al conjunto del proyecto de ley.


Durante la tramitación de dicho proyecto en el Congreso, llegamos a un acuerdo en prácticamente la totalidad de nuestros planteamientos, con lo cual en esta Cámara hemos presentado menos enmiendas. Los asuntos más relevantes fueron incluidos a través de enmiendas y transacciones en el trámite en el Congreso de los Diputados, y, fundamentalmente, se resolvía el problema relativo al carácter básico de muchos artículos de la ley, que podía poner en contradicción las competencias que en estas materias debería tener el Gobierno de la Generalitat; en cualquier caso, respetamos la configuración del Estado de las Autonomías. Esto se resolvió prácticamente en el trámite del Congreso, y otros temas puntuales de la ley -por cierto, muy extensa y compleja- también fueron pactados y consensuados en el Congreso.


La única enmienda nuestra que queda viva hace referencia a la posibilidad de que las administraciones públicas contraten por medio de empresas de trabajo temporal. No obstante, repito que, sea cual sea la suerte de esta enmienda, votaremos a favor del proyecto de ley, como hicimos en el Congreso, lo que ha motivado que retiráramos las demás enmiendas, porque las enmiendas no podían prosperar, además de que nuestras posiciones habían quedado incluidas en la ley durante el trámite parlamentario. Ha quedado viva esta, que nos parece interesante, pero, sea cual sea el resultado de la enmienda, insisto, nuestro voto será favorable al proyecto de ley como les he dicho.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Señorías, como aspecto ineludible, el ajuste a los requerimientos de los títulos competenciales previstos en nuestro ordenamiento jurídico es la cuestión -con mayúscula, diría yo- que esta portavoz y su grupo parlamentario suelen analizar como básica a la hora de valorar la oportunidad y la idoneidad de toda iniciativa legislativa que se debata en esta Cámara. Ese ha sido el caso también del proyecto de ley que nos ocupa.


Si bien al inicio de su periplo parlamentario, invocando -como se invocaba- el concepto casi sacramentado de la unidad del mercado, parecía que el proyecto de ley iba a discurrir por la senda equivocada de hacer básicos preceptos que por su propia naturaleza no lo son, he de reconocer -y así lo hago- que esta conducta preventiva -entre comillas- ha ido reconduciéndose, y el texto que ha remitido a esta Cámara el Congreso de los Diputados es, desde esta perspectiva al menos, bastante aceptable, aunque solo digo bastante. Digo esto porque hay una cuestión que ya he tenido oportunidad de señalar e identificar en el turno de defensa de nuestras enmiendas que consideramos muy importante y que, lamentablemente, no se ha resuelto satisfactoriamente. A esta cuestión me voy a referir casi con detalle para concluir la valoración que mi grupo parlamentario ha hecho del proyecto: la utilización de los medios electrónicos, telemáticos e informáticos en la contratación pública; un objetivo que, además, se repite constantemente en todas las decisiones que la Unión Europea ha ido tomando sobre la materia, siendo además la normativa comunitaria referente obligado también para nuestra legislación en materia de contratación pública.


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En este contexto, y admitiendo que el proyecto no se constriñe puramente a la trasposición de determinadas directrices comunitarias, sino que es de todos y conocido que además adopta un planteamiento de reforma global de la normativa sobre contratación pública, voy a pasar a analizar y a valorar el contenido de la iniciativa en el aspecto que más ocupa y preocupa al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Lo primero que debo señalar es que, al optar este proyecto de ley por la plena inserción de los medios electrónicos en el ámbito de la contratación pública, simplemente hace lo que tiene que hacer. Estamos ante una necesidad ineludible, ante una exigencia de los nuevos tiempos que corren y, además, estamos ante una obligación para la Administración pública, hablando en términos de eficacia y también de racionalidad de la gestión del dinero público. Hay muchas medidas que podemos subrayar positivamente y que podría desgranar, pero en aras de la brevedad no lo voy a hacer porque, al fin y al cabo, solo haría una relación de determinados artículos que constan en derecho positivo en el proyecto de ley que ocupa. Así que los daré por sabidos por todas sus señorías.


En cualquier caso, sí tengo que decir que, cuando la exposición de motivos de esta ley dice expresamente lo siguiente, -no es en absoluto baladí- que asume las nuevas tendencias a favor de la desmaterialización de los procedimientos, optando por la plena -y lo pongo en mayúsculas- inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos, una teoría, desde luego, bastante complicada. Y, no obstante, a pesar de todo lo que he dicho, entiendo que la regulación, en este punto al menos, se queda corta, es poco ambiciosa y, en ocasiones, aunque parezca una paradoja, deshace un camino previamente andado, que ha demostrado además su eficacia con creces.


De manera que, como primera conclusión, he de manifestar que el proyecto de ley avanza correctamente en pro de la contratación pública electrónica, contiene previsiones interesantes y mejora la situación de la vigente Ley de contratos de las administraciones públicas, pero, al mismo tiempo, se achanta, se avergüenza, mira hacia atrás ante el verdadero reto que debe enfrentar, que no es otro, señorías, que el que manifiesta la exposición de motivos: conseguir un nivel razonable de utilización de la licitación electrónica por parte de los contratistas, lo que es un deber y una obligación muy especialmente de la administración pues es la que tiene que abrir las posibilidades, implementar cuantas medidas e instrumentos sean factibles y facilitar así el acceso al universo de la contratación electrónica a los contratistas, evitando además que el procedimiento electrónico sea una simple copia, un calco del procedimiento en papel. Y derivada de esta primera hay una segunda conclusión, que es precisamente donde el proyecto de ley entendemos que incurre en una serie de contradicciones, que a nuestro entender, no solo se pueden sino que se debieran corregir. Procurar hacerlo ha sido el motivo último de nuestras enmiendas, cuya justificación ustedes ya conocen, por lo que no la voy a reproducir, y al tenor de lo expuesto en su momento me remito.


Como última conclusión -y ya termino-, a pesar de la postura crítica, que lo es, y de nuestra manifiesta impotencia -tengo que expresarlo así- ante la cerrada negativa del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista a avanzar un paso más en la dirección ya profusamente apuntada por esta portavoz -y desde luego eso no nos hace perder la perspectiva o procuraremos en cualquier caso no hacerlo-, debo reconocer lo que de positivo tiene en su conjunto esa nueva Ley de Contratos del Sector Público. Poniendo en esa balanza lo uno frente a lo otro, nuestro grupo se va a decantar por votar a favor del proyecto de ley desde el compromiso y la responsabilidad, en la medida en que nos toque y a quien nos toque, de procurar que en un momento posterior estas deficiencias, contradicciones e incorrecciones puedan ser definitivamente subsanadas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría

Por el Grupo de Entesa tiene la palabra el senador Nuet.


El señor NUET I PUJALS: Gracias, señor presidente.


Seré muy breve porque en el turno de enmiendas ya me he referido a los aspectos positivos del conjunto de la ley. Por eso, mi grupo, independientemente de la suerte que tengamos con las enmiendas que hemos presentado, vamos a votar a favor de la misma. Solo quiero recordar un par de datos en una escueta intervención.


En primer lugar, recientemente hemos aprobado ya en Comisión la ley de procedimientos de contratación de los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Por tanto, ya hemos hecho un trabajo previo importante en comisión con otra ley que realmente complementa la regulación de servicios públicos fundamentales, aunque no son estos hoy objeto de discusión.


Para dar un dato y hacerlo constar, porque creo que es importante, diré que, según un estudio de la Comisión Europea en el año 2002, el conjunto de la contratación pública en nuestro país llegó al 13,02 por ciento del producto interior bruto en España. Por tanto, estamos hablando de un volumen de contratación importantísima para la economía española que afecta de forma directa a la competitividad de las empresas y, cómo no, a la eficacia que las administraciones públicas deben mantener con sus ciudadanos.


La ley intenta un equilibrio a veces complejo, que es el de compatibilizar la facilidad y la agilidad en la obtención de objetivos por el bien de los ciudadanos a los cuales representamos con garantías públicas de transparencia y de escrupuloso respeto a los criterios de protección social y medioambiental, rechazando y dificultando -con nuestras enmiendas procurábamos profundizar en ese aspecto- las malas prácticas empresariales en estos campos. Asimismo, he de decir que la Administración

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pública, de forma directa y a través de sus contratos en este caso, debe ser ejemplo de integración de aquellos colectivos amenazados por exclusión social.


Por tanto, esta ley es un paso positivo, un paso adelante y, por ello, va a contar con el voto positivo de nuestra formación.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Rodríguez en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RODRÍGUEZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, en primer lugar me gustaría comenzar dando las gracias a todos y cada uno de los grupos que estamos participando en este debate, porque, en definitiva, y como no podría ser de otra manera, después de determinadas actitudes críticas lo que sí parece que hay es un pronunciamiento unánimemente favorable a esta ley.


El proyecto de ley de contratos del sector público que hoy vamos a someter a votación en este Pleno es muy importante porque a través de él se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, en primer lugar, la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras de suministro y de servicios. Pero también, y se ha dicho por alguno de los intervinientes anteriores, es una ley ambiciosa porque, además de transponer, adopta un planteamiento de reforma global e introduce modificaciones que tratan de dar solución a ciertos problemas que la experiencia -que muchos conocemos por práctica habitual- de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve. Igualmente, se ha comentado en este Pleno que es una ley importante porque, como decía uno de los comparecientes en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados y, además, se establece en la memoria económica de la ley, afecta al 13 por ciento del producto interior bruto español, en un sector con gran cantidad de empleo y que produce un efecto acelerador sobre la economía.
Por otro lado, es importante decirlo, nosotros estamos convencidos de que es una ley que respeta adecuadamente la distribución constitucional de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. En definitiva, señoría, es una ley que moderniza y simplifica la contratación pública.


Me gustaría destacar que las principales innovaciones provenientes de la directiva y que de manera clara se condensan en la exposición de motivos de la ley son: una, previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública -ya se ha señalado aquí- consideraciones de tipo social y medioambiental. Dos, articulación de un nuevo procedimiento de adjudicación mediante lo que se ha venido en llamar el diálogo competitivo. Tres, regulación de diversas técnicas para racionalizar las adquisiciones de bienes y servicios mediante acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de compra. Cuatro, inserción, como no podría ser de otra manera en los tiempos que corren, de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública. Y cinco, y muy importante, se articula un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación.


Señorías, me gustaría destacar que esta ha sido una ley en cuyo proceso, que ha sido largo, ha habido un gran consenso. Consenso que se ha demostrado por la cantidad de enmiendas que se han transaccionado en el Congreso de los Diputados y que se han admitido a lo largo del procedimiento. Consenso que se ha demostrado por el voto unánime que se consiguió en la comisión del Congreso de los Diputados, por el voto unánime que se consiguió el otro día en la Comisión de Administraciones Públicas del Senado y por el voto unánime que espero conseguir hoy en el Pleno de este Senado. Se me dice que ese consenso ha sido en el Congreso de los Diputados. ¡Claro! es que cuando se admiten tantísimas enmiendas, difícilmente se pueden seguir admitiendo más sin desvirtuar la ley, que es lo que sucede en algunas ocasiones.


Para terminar, además de pedir el voto favorable para esta ley, vamos a solicitar el voto favorable para el voto particular que de manera brillante ha presentado mi compañera de grupo parlamentario, porque creemos que la introducción de las dos enmiendas que el otro día se aprobaron en la comisión, hace que mediante una ley sectorial se enmiende algo que nada tiene que ver con la ley y que regula específicamente, como ella bien ha dicho, la materia de contratación. Por tanto, una ley que regula la contratación está modificando aspectos de atribución de funciones entre órganos de municipios, lo que constituye propiamente materia de régimen local.


Por último, insisto en el voto favorable de este grupo parlamentario a la enmienda número 74 de la Entesa Catalana, porque hemos llegado a la conclusión de que la modificación que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados no fue adecuada, ya que afecta de manera importante a la concertación social que debe ser motivo de negociación entre los sectores tanto sociales como económicos que en ella participan.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Vázquez Requero.


El señor VÁZQUEZ REQUERO: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, nosotros vamos a votar a favor de esta ley, como se hizo en la comisión legislativa plena en el Congreso de los Diputados, pero lógicamente nuestra posición es distinta con respecto a algunas enmiendas. Así, por supuesto, votaremos a favor de las enmiendas que

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ha presentado mi grupo parlamentario, porque creemos que enriquecen el texto; votaremos también a favor de la única enmienda viva de Convergència i Unió, la número 96; mantendremos nuestro voto favorable en relación con las enmiendas números 61 y 64, de Entesa, y, por supuesto, vamos a votar a favor de la ley. Sin embargo, no ha sido posible aceptar el resto de las enmiendas.


Señor presidente, permítanme que muy brevemente haga algunas consideraciones con respecto a la tramitación en el Congreso de los Diputados, al propio derecho comunitario, que intenta actualizar esta ley, así como con respecto al proyecto de ley. En cualquier caso, se puede concluir que esta ley se mueve entre la complejidad y la confusión y que, desgraciadamente, no hemos conseguido lo que pretendía mi grupo parlamentario pero, a pesar de ello, nuestro voto será favorable.


Tal y como ha dicho la senadora Redondo, todos los grupos hicimos un esfuerzo importante en el Congreso de los Diputados. De las 335 enmiendas que se presentaron, 70 correspondían al Grupo Parlamentario Popular y, efectivamente, se aprobaron 64 y, además, se transaccionaron 58 en ponencia. Se puede decir que quizá el proyecto enviado por el Gobierno adolecía de muchos errores, pero está claro que partía de una falta de consenso previo, tanto político como social, como luego intentaré explicar.


Los argumentos que se expusieron en la comisión, como es lógico, tienen sus pros y sus contras. No voy a negar que se trata de una modernización de la Administración, que es un nuevo gobierno, lo que actualmente se llama gobernanza de las administraciones públicas, que contribuye a ello, que es respetuosa con los títulos competenciales de las comunidades autónomas y que regula muchas cuestiones de legislación básica del Estado, del artículo 149.1.18.a de la Constitución. Sin embargo, también tiene algunos contras que creo conveniente recordar: en primer lugar, tal y como han señalado todos los portavoces, se trata de una ley relevante, pero esa relevancia se le ha dado precisamente en esta Cámara al tomar la decisión de que se debata en el Pleno que, aparte de su importancia sustancial, es lo que hace relevantes las leyes y, en este sentido, no me parece adecuado que la comisión del Congreso en que se debatió tuviese competencia legislativa plena. En segundo lugar, hay que poner de manifiesto que tiene un elevado número de enmiendas, un elevado número de transacciones, pero me voy a resistir a hacer una relación sobre todo aquello que se ha modificado porque no dispongo de tiempo, tan solo resaltaré que han sido más de treinta aspectos sustanciales. Por lo tanto, el texto que nos llegó del Gobierno era bastante deficiente.


Por lo que se refiere a los aspectos negativos de la ley con respecto al derecho comunitario, la regulación europea establece que el objetivo prioritario de las reglas detalladas en la directiva, sobre todo la de 2004 -a la que hace referencia la ley-, es el fomento a la libre circulación y a la libre competencia mediante la aplicación de los principios de publicidad, transferencia de competencia en el ámbito de la contratación pública. Efectivamente, eso se consigue en esta ley, pero también se recogía en el anterior texto de 1995, que sufrió una refundición en el año 2000.


Desde nuestro punto de vista, no se debería haber emprendido una reforma global y sustancial del régimen de la contratación pública, que ya estaba actualizado hasta el año 2000, sino una reforma parcial; y eso ha provocado algunas reacciones, pues se ha cuestionado la estructura de la ley que se establece ahora, así como algunos aspectos que siguen sin ajustarse al derecho comunitario o, en todo caso, no aportan soluciones acertadas, tal y como se ha comentado con respecto a la subcontratación y la revisión de precios.


Por lo que se refiere a las cuestiones más relevantes de las modificaciones de las directivas comunitarias, como es la simplificación y la flexibilidad, permítanme que les diga que no se cumplen porque esta ley es mucho más farragosa.


Para terminar, y en cuanto a las consideraciones al proyecto, he de manifestar que es necesario poner algunas objeciones desde el punto de vista de técnica legislativa. Es un texto inusualmente extenso, que dificulta no solamente el conocimiento sino que se aleja de la claridad propia que debería mostrar esta materia. Es un texto objetivamente innecesario porque insisto en que recientemente se produjo una refundición, en el año 2000. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Desde nuestro punto de vista, el afán de presentar un texto enteramente nuevo ha tenido como consecuencia el incumplimiento de la transposición de la directiva comunitaria en el plazo que se había establecido. Por tanto, habría requerido también más debate, más reflexión y más consenso no solamente por la comunidad política o las fuerzas económicas y sociales, sino también por la comunidad científica y los operadores. Eso no se ha producido debido a las prisas con que, como digo, se tenía que hacer la transposición comunitaria, si se quería hacer una ley completa.
A nosotros nos parece que es inadecuada también la sistemática empleada y que el objetivo de simplificar produce como resultado, aunque parezca paradójico, una complejidad: enormemente complejo el texto, profusa utilización de remisiones legislativas a otros artículos, alejamiento del texto de la idea principal y cuestiones sustanciales en disposiciones adicionales.


Como conclusión, señor presidente, tendría que decir, en primer lugar, que es una ley innecesaria porque se ha regulado en el año 2000, después de la refundición de los textos desde el año 1995, sin quitar la importancia no de la ley, sino de la materia que estamos tratando.


En segundo lugar, se deberían haber modificado sólo aspectos parciales de la ley anterior para adaptarlos a la directiva comunitaria.


En tercer lugar, se han incumplido todos los plazos de transposición de la norma comunitaria desde junio de 2004, y esto se debe apuntar también en el debe del Gobierno de la nación.


En cuarto lugar, no se han adaptado en plenitud, pacíficamente, como decía, con consenso político y doctrinal, todos los aspectos de la directiva comunitaria.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


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El señor VÁZQUEZ REQUERO: Voy terminando, señor presidente.


En quinto lugar, ha significado un cambio cualitativo y sustancial del régimen que se aprobó en el año 2000.


En sexto lugar, se ha cambiado la sistemática tradición de la regulación, sin que quede un esquema claro, y hay confusión en cuanto a las bases del contrato, a los precios y a las adjudicaciones.


En séptimo lugar, al contrario que la directiva comunitaria que pretendía simplificación y transparencia, genera dudas y complejidad innecesaria.


En octavo lugar, hay muchos aspectos con excesivo intervencionismo, y así lo hemos dicho, y con prohibiciones innecesarias.


En noveno lugar, muchos preceptos de la ley se mueven entre la arbitrariedad y el intervencionismo, entre la complejidad y la confusión y entre la falta de claridad y la excesiva simplificación, pero sí que hay que sacar una conclusión positiva, y es el trabajo realizado por todos los grupos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, así como las aprobaciones y las transacciones de enmiendas. Por ello y por la adaptación obligatoria al derecho comunitario, mi grupo va a votar a favor del texto legal.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.


Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de contratos del sector público.


En primer lugar, votamos la enmienda número 96 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 119; en contra, 124; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 1 a 7.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 19; en contra, 225; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, enmiendas de la Entesa. En primer lugar, la número 74.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 127; en contra, 118.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de las enmiendas de la Entesa.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, cinco; en contra, 232; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda socialista, vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 61 y 64 del Grupo Parlamentario de Entesa.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 122; en contra, 113; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 8 a 16 y 18 a 23.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 111; en contra, 133; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el dictamen. En primer lugar, votamos aquellas partes del proyecto de ley que han sido enmendadas en comisión y no hemos votado.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 244; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto del dictamen.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 245.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobad.


Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS. (S. 621/000109) (C.D.121/000073).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley por la que se reconocen las

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lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.


Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Rubial.
(Rumores.)

Señorías, rogaría silencio o abandonen el hemiciclo. (Rumores.) Señorías, silencio.


Tiene la palabra, señoría.


La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al colectivo que hoy nos acompaña en la tribuna y pedirle disculpas por no saber utilizar la lengua de signos. Me cabe el honor de haber sido designada para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del proyecto de ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas.


Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado 9 de Julio de 2007, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado día 12 de septiembre. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario. A este proyecto de ley se han formulado 16 enmiendas: seis por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 10 por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ha dictaminado dicho proyecto de ley en su sesión del día 4 de octubre de 2007 sin incorporar enmiendas dado que, en aras de la tramitación de esta ley en el Pleno de hoy, fueron retiradas en la sesión de la comisión. Por lo tanto, se ha acordado aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el Gobierno para la presentación del proyecto de ley.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, si me lo permiten especialmente a nuestros niños que tienen discapacidad auditiva y a sus intérpretes, que les están ayudando y nos están ayudando a todos para traducir nuestras palabras.


Señor presidente, como sabe su señoría, el pasado 28 de junio el Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley por el cual se regulan las lenguas de signos españolas así como los medios de apoyo a la comunicación oral dirigidos a cerca de un millón de personas sordas, con discapacidad autiditiva y sordociegas.
Hoy, tras intensos debates en las dos Cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, no exentos de generosidad y entrega a la causa de las personas que más lo necesitan, llega a este Pleno para su aprobación una ley que es una ley histórica.


Créanme si hoy les digo, en nombre -estoy seguro- de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, que estamos alcanzando un momento histórico. Es una ley que procura el bienestar y la dignidad de un amplio colectivo que lo venía reclamando hace mucho tiempo. Hoy todos los grupos parlamentarios compartimos votación e inquietudes, junto a las organizaciones que agrupan a la comunidad de personas ciegas, sordociegas, sordas, aquellas personas que padecen alguna discapacidad auditiva.


Hoy creo que podemos estar satisfechos con el trabajo realizado y sobre todo con el consenso. Quiero que sepan nuestros pequeños, los que hoy nos acompañan, a quienes me dirijo especialmente, que esta ley -que marcará un antes y un después en la vida colectiva de los españoles- es una ley fruto del consenso de todos, que todos los que aquí toman asiento -tanto en el Congreso como en el Senado- han hecho esfuerzos generosamente para alcanzar un texto prácticamente unánime, resultado del diálogo entre los grupos políticos pero también con los colectivos que representan a las personas que tienen discapacidad auditiva. De la misma forma que estos colectivos trabajaron durante años para que la Organización de Naciones Unidas hiciera suya la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en esta ocasión lo han hecho también para que podamos disponer de esta ley, que es una pieza legislativa de justicia por lo que supone de reconocimiento del derecho de comunicación entre todos, sin ningún tipo de discriminación, del derecho, en definitiva, a la plena integración social. Una ley, señorías, que pretende dar respuesta a la necesidad de normalización a través de la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, atendiendo al principio de diversidad de este colectivo, que está formado por una variedad heterogénea de personas sordas, que viven en una sociedad mayoritariamente oyente y que para su integración deben superar las barreras de comunicación, en apariencia invisibles a los ojos de las personas que no tienen esa discapacidad.


Pero como estoy hablando en términos demasiado técnicos, para que nuestros niños nos entiendan, de lo que quiero hablar es de que todos hemos hecho un esfuerzo para que vosotros, que sois exactamente iguales que los demás, que tenéis los mismos derechos que los demás, iguales, idénticos, podáis superar las barreras que impone la discapacidad y podáis integraros exactamente igual que el resto de las personas que oyen bien, porque vivís en una sociedad, en un pueblo, entre personas que mayoritariamente oyen y no tienen esa discapacidad.


Por fortuna, la sociedad española, sus representantes, su Parlamento y sus instituciones, han dado un paso muy importante. Aquí todos somos iguales, todos; todos tenemos los mismos derechos, todos. El hecho de que una persona tenga una dificultad, por ejemplo, para oír, para ver, para caminar o para expresarse, no es ninguna barrera, no debe serlo, es sencillamente una condición física que entre

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todos vamos a ayudar a que la superéis, y entre todos vamos a garantizaros un futuro igual que al del resto de los ciudadanos que no tienen discapacidad (Aplausos).


La integración que perseguimos se consigue de dos formas: la primera, por medios técnicos, de apoyo a la comunicación oral, como el subtitulado, por ejemplo. Esperamos que dentro de poco tiempo, cuando pongáis la televisión, podáis tener un subtitulado de todos los programas que se emiten en televisión, y también, queridos niños, de los informativos o de los dibujos animados. Lo vamos a conseguir, vamos a conseguir que haya un subtitulado que permita trasladar o traducir a vuestro lenguaje lo que están diciendo los personajes que aparecen en televisión. La segunda, por sistemas que se llaman de bucle de inducción magnética; esto es muy difícil de entender pero son sistemas que ayudan a escuchar; o la lectura de los labios; las prótesis auditivas, es decir, los aparatos que, implantados en el oído, permiten escuchar; o la frecuencia modulada y cualquier otro medio tecnológico que permita oír y entender en la educación, en la formación, en el empleo, en la salud, en la cultura, en el deporte, en el ocio, en el transporte, en las relaciones con las administraciones públicas, en la participación política, en los medios de comunicación social, en las telecomunicaciones y, en general, en la sociedad de la información o las lenguas de signos.


Dentro del movimiento asociativo de las personas sordas o con discapacidad auditiva, se puede decir que, en términos generales, hay dos concepciones, legítimas las dos, distintas pero legítimas, a la hora de abordar las necesidades y el modo de integrarse en una sociedad mayoritariamente hablante. Una es la que forman las personas signantes, que propugna el reconocimiento de la lengua de signos como propia y peculiar de las personas sordas, a través de la cual se comunican y reivindican principalmente la figura del intérprete de la lengua de signos, como las jóvenes y el joven que nos están ayudando a traducir estas palabras.


La otra, propia de las personas oralistas, partidarias de los apoyos para la comunicación oral, es decir ayudas técnicas como audífonos, implantes cloqueares, así como la subtitulación y el aprendizaje de la lectura labial.


Sobre la base de esta heterogeneidad, la ley aplica el principio de libertad de elección del medio de comunicación al que puedan optar aquellas personas según sus necesidades y sus deseos, de manera que puedan desarrollar su integración en los ámbitos educativo, cultural, laboral y social, tanto por medio de la lengua de signos, como a través de la comunicación oral y los medios de apoyo a la comunicación oral, o con ambos sistemas de comunicación.


En atención a esta realidad la ley regula los dos sistemas de aprendizaje y utilización diferenciados, según la opción libremente elegida por las personas sordas, en el sistema educativo. Se sigue así el camino emprendido por otros países de la Unión Europea como Finlandia, que ha incluido en su Constitución de 1995 el derecho a utilizar la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, o Francia, en cuya Constitución del año 1958 ya se afirmó el derecho de los niños sordos y de sus padres a elegir entre la educación oralista y la bilingüe.


Así pues, señoras y señores senadores, esta ley es expresión del cumplimiento de la obligación de conseguir la comunicación y la integración de las personas con discapacidad auditiva desde el convencimiento de que, tanto la normalización de la sociedad en relación con la discapacidad como la integración de las personas sordas en todo el ámbito social, exige la promoción de su posibilidad de comunicarse a través de la lengua, sea oral, de signos o ambas al tiempo; posibilidad que no puede quedar solo en el establecimiento de un conjunto de medidas dirigidas directamente a las personas sordas, sino que se proyecta también al resto de la ciudadanía garantizando la comprensión y el uso de los medios de comunicación, sean cuales fueren, en todas las instituciones y entidades y por todas las personas que desempeñen un servicio público, siempre en aras de conseguir el disfrute real y efectivo de la comunicación.


El primer texto partió de uno presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi, que dio lugar a la constitución de un grupo de trabajo interministerial; dicho grupo puso énfasis en trasladar la necesidad de que el texto respondiera a la heterogeneidad del colectivo y a sus diversos intereses, mediante una ley que atendiese a las aspiraciones que plantearan las organizaciones más representativas de estos colectivos, en especial la Confederación Nacional de Sordos Españoles y Fiapas, ambas integradas en el Cermi.


Este colectivo heterogéneo comparte con el Gobierno un trabajo conjunto que se ve beneficiado con los fondos destinados al desarrollo de los convenios suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las organizaciones representativas de las personas sordas, que entre los años 2004 y 2007 ha alcanzado la cifra de 3 millones 600.000 euros. Por otra parte, solo en 2007 todas las organizaciones de personas sordas, sordociegas y las que padecen alguna discapacidad auditiva han recibido en concepto de subvención casi 1.900.000 euros; unos fondos destinados al desarrollo de programas propios, al mantenimiento de sus sedes, a la extensión de los derechos básicos y a la formación, entre otras actuaciones.


Termino, señorías, no sin antes afirmar que la ley y las normas que la desarrollan surtirán efecto en todo el territorio español, sin perjuicio de la regulación que corresponda en el ámbito de las comunidades autónomas, en tanto que se establecen las medidas y las garantías necesarias para que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas puedan hacer uso libremente de las lenguas de signos españolas y, también, si lo desean, de los medios de apoyo a la comunicación oral en todas las áreas públicas y privadas con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y, de manera especial, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación y la plena participación en la vida política, económica, social y cultural.


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Creánme, señorías, si les digo que hoy es un día emocionante y que su trabajo no se puede entender sino como una tarea en favor de la dignidad humana y de la superación de las barreras que impiden la plena integración e igualdad de los seres humanos. Estoy emocionado por lo que ustedes han hecho, por el impulso dado a esta ley y por el hecho de que los niños que tienen esta discapacidad, como los que nos acompañan, saben que desde hoy las cosas serán distintas. Desde hoy tendrán más posibilidades y un mejor futuro, serán más iguales y la sociedad les integrará plenamente e igual que a los demás porque tienen pleno derecho a ello.


Muchas gracias y felicidades. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Pasamos a continuación al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Tuñón.


El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Poco tengo que añadir a lo que han dicho el señor ministro y la presidenta de la comisión. Pero por deferencia y cortesía me gustaría, en primer lugar, manifestar expresamente el apoyo sin fisuras del Grupo Parlamentario Mixto, es decir, de todos los grupos que lo componen: Bloque Nacionalista Galego, Partido Aragonés, Eusko Alkartasuna, Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, y este senador independiente de Navarra, a este proyecto tan demandado por este colectivo de personas aquí presentes, personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.


En segundo lugar, como se ha dicho anteriormente, debemos felicitarnos por el consenso alcanzado por todos los grupos de este Cámara para que esta ley sea una realidad lo más rápidamente posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente también para manifestar la posición de mi grupo ante esta ley que, lógicamente, es favorable.


Quiero empezar felicitando a todos los colectivos de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas por la aprobación de esta ley, que culmina hoy en esta Cámara del Senado.


Se trata de una ley por la que estos colectivos llevan luchando muchísimos años, consiguiendo así una norma legal que garantice sus derechos emanados de la Constitución logrando, en consecuencia, una mejor integración en la sociedad española.


Con esta ley se desarrolla el derecho de las personas sordas a acceder a la información y a la comunicación en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, garantizando que todas ellas disfruten de los mismos derechos en todos los ámbitos de la sociedad.


Quiero destacar, como docente que soy, la parte educativa de esta ley, obligando a las administraciones educativas a ofertar en algunos centros docentes modelos educativos bilingües de libre elección para las personas sordas.


En definitiva, es una buena ley, consensuada por todos los grupos parlamentarios, y en la que se han recogido gran parte de las reivindicaciones de todos los colectivos implicados, dignificando a las personas sordas y solventando por fin las injusticias que estas personas han soportado a lo largo de los años. Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tienen finalmente reconocido su derecho a expresarse según los lenguajes que libremente elijan.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente.


Me van a permitir que sea muy breve por una razón: hoy no es día de discursos de políticos; hoy únicamente hay que darles las gracias a ustedes, a las personas afectadas, y quiero que dirijan sus aplausos a las personas que les representan en las asociaciones, que han sido las verdaderas protagonistas de esta tramitación legal; el trabajo de las personas que les representan dentro de las distintas asociaciones ha hecho posible que las Cortes Generales cumplan con su deber, y cuando se cumple con el deber no hay por qué aplaudir.


Y desde esta tribuna, eso sí, con mucha solemnidad, les pido que se aplaudan a ustedes mismos, que estén contentos con la labor que han hecho; en estos casos, los políticos hemos de ser discretos y reconocer que hemos cumplido nuestra obligación.


Insisto, les agradezco muchísimo que mediante sus asociaciones hayan conseguido que las Cortes Generales hayan hecho lo que tenían que hacer.
Y, repito, no me aplaudan a mí sino a sus representantes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, permítanme trasladar, en primer lugar, un afectuoso y cálido saludo a quienes nos acompañan hoy en la tribuna. En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos les mando un saludo.


Hoy, 10 de octubre, casi un año y 10 meses después de la entrada de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, vamos a concluir su debate y tramitación en esta Cámara. La ley entró en el Senado el día 9 de julio, y

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con período vacacional entre medias incluido, hemos dado celeridad a su aprobación por entender que era importante para todas y todos los que conformamos la sociedad. En tres meses hemos conseguido traer el proyecto de ley a este Pleno, y hoy, cuando concluya el debate, la sociedad tendrá una ley importante para todos los que formamos parte de ella.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó en el trámite del Senado -y quiero explicarlo- una serie de enmiendas que en ningún momento tuvieron como objetivo paralizar el proyecto de ley o no hacerlo avanzar, en absoluto, sino que fueron planteadas para dotar de coherencia interna al texto de la ley remitida por el Congreso de los Diputados.


Dada la referencia que en algunos artículos realizaba el proyecto de ley a la lengua de signos española y/o a las lenguas de signos de las distintas comunidades autónomas, si las hubiere, así como en otros a las lenguas de signos españolas, entendíamos que en todo el contexto del proyecto de ley, en todo el articulado debía hacerse referencia a la realidad que la propia ley contempla en su artículo 4, cuando reconoce la diversidad, y aún más, la pluralidad existente en la propia definición de la lengua de signos al considerar así a las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales utilizados tradicionalmente por las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España.


El proyecto de ley salda una deuda histórica importante que, como responsables políticos, teníamos para con las personas de nuestra sociedad que padecen serias dificultades de comunicación oral y para quienes su propio sistema de comunicación, la lengua de signos, no tenía reconocimiento ni protección para superar las barreras de comunicación y acceder a servicios normalizados para el conjunto de las ciudadanas y ciudadanos en distintos ámbitos como educación, transporte, salud, formación y empleo, cultura, deporte, ocio, medios de comunicación, participación política, justicia, relación con la Administración pública, etcétera.


Como decía al principio de mi intervención, este proyecto de ley reconoce a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, para las que, a la dificultad de comunicación, se añade la dificultad visual, y tienen por tanto, un doble hándicap que superar, como son la comunicación y la movilidad, los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos y ciudadanas, y determina las medidas y la obligatoriedad de su adopción junto con la promoción de condiciones adecuadas para que puedan ejercer sus derechos.


De hecho, como decía el senador Casas en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que me ha precedido en el uso de la palabra, nosotros, como representantes políticos, lo único que hemos hecho es cumplir con nuestra obligación e incluso con determinados preceptos constitucionales, pues el artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social. Y difícilmente se podía tener igualdad ante la ley si no se reconocía el medio de comunicación, el medio de contar a los demás a su manera, con su propia lengua y sus propios signos, lo que planteaban o necesitaban, tal y como ocurría hasta ahora, al no contar la lengua de signos con un reconocimiento legal como sistema de comunicación.


Por otro lado, el artículo 9.2 de la Constitución dice: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Por lo tanto, lo único que hacemos como responsables políticos aprobando este proyecto de ley es dar verdadero cumplimiento a preceptos constitucionales válidos para todos los ciudadanos y ciudadanas; además, como responsables políticos, tenemos la obligación de que puedan cumplirse y ejercerse por todos.


Por otro lado, quisiera dirigir una pequeña crítica al señor ministro.
Hoy, día 10 de octubre de 2007, tras el debate que tenga lugar en esta Cámara, se aprobará definitivamente este proyecto de ley y será de aplicación todo lo que en él se contiene, resolviendo por tanto una situación que se ha mantenido a lo largo de muchos años. Sé que hoy -por eso lo digo y recalco lo de hoy- es un día histórico e importante para las personas a quienes va dirigido el proyecto de ley y no menos importante para sus familias, puesto que, por fin, la lucha, el tesón y el esfuerzo que han venido realizando desde hace numerosos años tiene su reconocimiento por parte de la clase política.


Permitidme que me dirija a vosotros los que estáis en la tribuna pública y os diga que, aunque en el día a día habéis tenido que superar y seguís superando aún las distintas formas de proceder y actuar de quienes os rodean y no sufren las dificultades que tenéis -como puede ser el rechazo, la incompresión, la invisibilidad, la incomunicación, el que os ignoren, etcétera-, también, por suerte, os habéis encontrado con personas que os reconocen, que perciben vuestras dificultades y necesidades y que os acompañan.


En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, con toda sinceridad y de corazón, os debo decir que el día de hoy es también un gran día para nosotros como grupo parlamentario y también como partido político, ya que la aprobación definitiva de este proyecto de ley, a la cual hemos contribuido con generosidad todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, va a suponer un paso importante hacia una sociedad accesible para todas las personas que la integramos.


Señor ministro, señor presidente, señorías, no quisiera terminar mi intervención sin trasladar a todas las asociaciones hoy presentes en esta Cámara, y a través de ellos a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, la más sincera felicitación en nombre de mi

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grupo parlamentario por no haber cejado en su empeño de hacer realidad el reconocimiento de la lengua de signos como lengua oficial de comunicación con validez oficial, igual que lo son, para quienes utilizamos la comunicación oral, el castellano,...


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente.


... el gallego, el catalán, el euskera, el valenciano y todas las lenguas que están reconocidas en nuestros estatutos de autonomía.


Para esta senadora que les habla, la lengua que aprendió en su infancia a través de su ama y de su aita fue el euskera y sus primeras palabras fueron en esta lengua. Vosotros y vosotras aprendisteis a hablar con gestos, viendo, señalando, y vuestras manos se convirtieron en el instrumento para hablar mediante signos. Vuestra lengua materna es la lengua de signos y esta ley os la reconoce. El mérito es vuestro y, en nombre de mi grupo, quiero trasladaros nuestro agradecimiento y daros un fuerte aplauso.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.


La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley que hoy aprobaremos con toda seguridad atiende y da respuesta a una necesidad desde hace tiempo demandada: poder desarrollar al máximo las capacidades de las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva.


Es un proyecto que elimina barreras en la comunicación, una ley que progresa desde el punto de vista democrático de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida: educativos, formativos, en el acceso al mundo laboral, en la participación del ocio y la cultura.
Garantiza el acceso a la información de las personas sordas que nacen y se desarrollan en el seno de familias y en un entorno formado mayoritariamente por personas oyentes, por lo que muchas veces su discapacidad auditiva o sordera es invisible, dificultando la posibilidad de llegar al mundo de la información y el conocimiento, tan importante hoy para el desarrollo de todas las personas.


El proceso de aprobación de esta ley ha sido largo, casi dos años, y en él han intervenido de manera intensa los colectivos y entidades representativos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias, aportando sugerencias, recomendaciones y ampliando nuestro conocimiento en este campo. Desde aquí quiero agradecer a todos ellos su trabajo, su constancia y su ilusión para conseguir el reconocimiento de unos derechos que les va a ayudar a tener una vida más digna, más normalizada y más igual a todos los ciudadanos y ciudadanas.


Quisiera señalar los aspectos que en mi opinión son importantes, o mejor dicho, hacer mención de aquellos aspectos que a mi entender merecen ser destacados. Primero, la libertad de elección del modo de comunicación, ya sea la lengua de signos o la comunicación oral con apoyos. La ley garantiza la libre elección con la prestación de medios y recursos necesarios según el modo de comunicación elegido y según las necesidades personales, ya que estas son diversas y cada grupo tendrá unas necesidades específicas. A todos ellos da respuesta. A las dos modalidades, la lengua de signos o comunicación oral con apoyo, la ley garantiza el poder contar con los medios precisos.


Segundo. Para nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, es importante también el reconocimiento de las lenguas de signos que existen en España, considerando como una riqueza cultural la existencia de varias lenguas, una de ellas utilizada por las personas sordas en Cataluña. Quiero resaltar que en Cataluña se aprobó una proposición no de ley en el año 1994 que promovía el conocimiento de la lengua de signos catalana. A este respecto, el Estatuto aprobado el pasado año, en su artículo 50.6, recoge la garantía del uso de la lengua de signos por las personas sordas con discapacidad auditiva que opten por esta lengua como medio de comunicación, y cito textualmente: «... que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto».


En tercer lugar, señalaría la importancia de los avances científicos y tecnológicos para los usuarios de la comunicación, con apoyos a los mismos, y en general para todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. El uso de las prótesis auditivas o los implantes cocleares han permitido facilitar la comunicación de manera mayoritaria, permitiendo empezar la formación en edad cada vez más temprana. Debemos tener en cuenta las facilidades que puedan proporcionar las nuevas tecnologías para que supongan una eliminación de barreras y no lo contrario.


Finalmente, en cuarto lugar, señalaría la importancia del aprendizaje de la lengua de signos en los centros donde los niños y las niñas reciban su formación reglada con los recursos necesarios para hacer efectivo este aprendizaje y la debida cualificación de los profesionales que atiendan al alumno sordo, con discapacidad auditiva y sordociegos. Una medida de inclusión del alumnado sordo o con discapacidad auditiva es la implantación en los planes de estudio del aprendizaje de la lengua de signos como asignatura optativa para el conjunto del alumnado, consiguiendo de esta manera una mejor comunicación con todos los alumnos, sean oyentes o no.


Para terminar quiero destacar la buena disposición de todos, y principalmente la de los grupos parlamentarios Popular y de Senadores Nacionalistas Vascos al haber retirado las enmiendas en comisión, para que este proyecto de ley pueda ser aprobado por unanimidad, como lo fue en el Congreso de los Diputados, y como nos lo han pedido todas las asociaciones representativas de las personas sordas y de sus familiares.
Ellos esperan que cuanto antes puedan beneficiarse de la aplicación de esta ley, como es

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también nuestro deseo. El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés saluda a los niños y niñas aquí presentes. Estamos contentos de haber contribuido entre todos a que su futuro sea mejor.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Quesada.


La señora QUESADA BRAVO: (La señora senadoraQuesada Bravo inicia su intervención en la lengua de signos.)

Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en su lengua, en la lengua de signos, la que hoy por fin vamos a reconocer oficialmente, he querido dar las gracias en nombre de todos los senadores a la comunidad sorda, a sus familias y a sus amigos porque llevan más de setenta años trabajando para que este día llegase a ser una realidad. Hoy es un día ilusionante, en el que de nuevo comprobamos que la política -dicho con mayúsculas- es el arte de hacer posible lo que es casi imposible. Esta sede del Senado es hoy un lugar donde los deseos y las esperanzas de varias generaciones de personas sordas se hacen realidad. Deseamos vivir en una sociedad sin barreras y sin exclusiones, en una sociedad en la que todos tengamos un lugar donde desarrollarnos en igualdad. Como digo, el Senado de España es hoy un lugar de encuentro, de preocupaciones y de impulso para intentar construir una sociedad sin excluidos ni excluyentes.


Señorías, como todos sabemos y podemos comprobar a diario, la lengua es el instrumento primordial para transmitir información y conocimiento, y desde el marco normativo español constituye una obligación de los poderes públicos el desarrollar los medios que faciliten el acceso a la misma. El proyecto de ley que hoy debatimos reconoce el derecho de opción entre el uso de la lengua oral o la lengua de signos y, en definitiva, deja la elección en manos de los interesados o de sus padres o tutores en caso de que fuesen menores de edad, como los niños que tenemos hoy en la tribuna pública.


La finalidad, pues, de la ley es situar a todo este colectivo en condiciones de igualdad de oportunidades con el resto de los españoles.
Lo ha dicho el ministro. Las personas sordas con discapacidades auditivas y sordociegas viven inmersa en una sociedad hecha casi exclusivamente para y por los oyentes, por lo que a diario tienen que soportar y superar todo tipo de barreras, las visibles y las invisibles a nuestros ojos y a nuestros oídos también. Hoy vamos a reconocer por unanimidad la lengua que durante décadas llevan reivindicando y es su lengua, su cultura y su patrimonio. Un Gobierno socialista presentó este proyecto de ley en 2006 y espero que hoy la aprobemos.


Señorías, los socialistas no podemos sentirnos culpables por haber presentado la ley, todo lo contrario. Estamos muy orgullosos de ser el Gobierno que, por fin, después de setenta años va a aprobar la ley de lengua de signos. (Aplausos.) Gracias a este proyecto de ley nos hemos acercado a una realidad para muchos desconocida. Hemos definido en él qué entendemos por lengua de signos, por lengua oral, cuáles son los medios de apoyo a la comunicación, qué es una persona sorda, qué es una persona sordociega, qué es un intérprete y otras muchas definiciones que nos han acercado a una realidad que, salvo los interesados y las interesadas, casi todos desconocíamos. Hoy estamos a punto de consagrar un nuevo derecho y de lograr una nueva conquista social, otra más en esta legislatura, y creo que hemos dado respuesta a algo que nos demandaba la sociedad, al menos la comunidad sorda.


Señorías, desde el punto de vista educativo, los antecedentes históricos sobre la lengua de signos en España se inician en el siglo XVI, como recoge la ley en su preámbulo, cuando los monjes emprenden la labor de educar a los niños sordos; digo niños porque ,en aquel entonces, las niñas no podían siquiera pertenecer a este grupo.


En esa época, los monasterios estaban obligados a guardar voto de silencio y se comunicaban utilizando signos manuales; por eso, el monje benedictino, don Pedro Ponce de León, debió comprender que era posible expresar la razón sin usar el habla.


En el siglo XIX, con el establecimiento en España de los primeros colegios de sordomudos y ciegos, se posibilita la institucionalización de las personas sordas, ciegas y sordociegas con la consecuente interacción lingüística y social entre ellos, iniciando el desarrollo sistematizado de las protolenguas de signos española y catalana.


Señorías, con la ley pasamos a hablar de una lengua que se usaba casi a escondidas, que estaba estigmatizada socialmente, a una lengua reconocida oficialmente; una lengua más en una sociedad plurilingüe y pluricultural como es la española.


La lengua de signos es por la que optan las personas sordas en su vida diaria, y que se ha ido consolidando en una estructura lingüística comunicativa, íntimamente relacionada con su entorno social, geográfico, histórico y cultural. Como sabemos, una sociedad no es del todo justa si sus ciudadanos y ciudadanas no gozan de las mismas oportunidades para participar en la vida diaria, en la vida social, cultural de un país.


Actualmente, en España contamos con casi un millón de personas con discapacidades auditivas, de los cuales más de 100.000 son sordos profundos. Para estos hombres y mujeres su día a día es una verdadera carrera de obstáculos, con unas tasas de analfabetismo funcional muy elevadas. Les voy a dar un dato: solamente el 2,8 por ciento acceden a las universidades, y se debe, sobre todo, al esfuerzo de sus padres, de sus madres y de sus profesores; en mi opinión, este dato tendremos que cambiarlo en breve.


Señoría, hemos trabajado todos en un texto pionero a la altura de los países más desarrollados legislativamente hablando; un texto fruto del consenso con la comunidad sorda y con los partidos políticos representados en ambas Cámara. Y, sinceramente, considero que estas leyes son las que preocupan y afectan al ciudadano, que a veces se siente alejado y ajeno a la clase política porque observa cómo

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debatimos asuntos durante horas, y a veces durante días, que a la inmensa mayoría no le afecta ni les mejora su vida diaria; estas leyes son las que interesan a los colectivos.


Señorías, estamos ante una ley progresista en cuanto a igualdad de oportunidades, en formación, en educación, en aprendizaje y mantiene el equilibrio entre la lengua oral y la de signos; también las personas con sordoceguera tienen un tratamiento específico recogido en la ley.


Señorías, el concepto de persona sorda ha ido cambiando mucho en tan solo 40 años, pero han tenido que demostrar muchas más cosas que el resto de los ciudadanos; la lengua de signos incluso se podía dividir en unidades mínimas carentes de significado, y cumple con todos los parámetros para que se reconozca como tal. En España, aproximadamente en 1992, se realiza la primera investigación, y probablemente, señorías, la lengua de signos sea la forma de comunicación más antigua en la historia de la humanidad, sus comienzos estarían en la prehistoria; es más, hay información de que ya se empleaba en las épocas griega y romana. Pero, como pueden comprobar, no fue hasta el siglo XX cuando en nuestro país se empezó a investigar.


En España teníamos y tenemos mucha normativa, pero faltaba su reconocimiento como lengua oficial. Ya en 1997, el movimiento asociativo de personas sordas presente en esta Cámara exigió al Gobierno de entonces que se reconociese legalmente su lengua; hoy, 10 años después, con un Gobierno socialista, vuelvo a repetir, vamos a aprobarlo.


Para terminar, señorías, quiero agradecer especialmente las aportaciones de la Confederación Nacional de Sordos de España, a Fiapas, a Fesoca, al Cermi y, en general, a todos los que han contribuido a que esta ley sea una realidad. Pero, sobre todo, gracias por ayudarnos a entender con más detalle las vivencias que han experimentado y experimentan todos los sordos y sordo-ciegos o personas con discapacidad auditiva de España.
Durante años, como decía el lema del primer congreso de la Confederación Nacional de Sordos de España, que se celebró en mayo de 1976, han sido todas las asociaciones -habéis sido- un faro de luz en una torre: en la torre del silencio. Un silencio que, a veces, es sinónimo de incomprensión; un silencio que llega a veces incluso a doler.


Gracias a todos de corazón por vuestra paciencia, vuestra tenacidad y vuestra perseverancia. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a toda la comunidad de sordos. A los socialistas nos consta que, con la ayuda de vuestra familia y ahora también con la de las administraciones públicas, vosotros -y las generaciones venideras- podréis llegar a ser lo que queráis en vuestros proyectos de vida, sin trabas y sin barreras.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Juan.


El señor JUAN SANZ: En primer lugar, nuestra bienvenida más afectuosa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a todas las personas que nos acompañan en representación de la comunidad de las personas sordas. Hoy es, ciertamente, un día importante y emocionante. Celebro con satisfacción la buena sintonía que todos los grupos parlamentarios hemos tenido al trabajar en esta importante ley. Sin duda, el impulso de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad auditiva y sordociegos nos ha animado a hacerlo, y esa es realmente la causa. Su ejemplo de tantos años trabajando en una labor intensa y eficaz no podía tener otro efecto.


Deseo dar las gracias también, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a todas las asociaciones que nos han transmitido sus necesidades reales para que las traslademos desde este hecho social a la norma legal.
Gracias al Cermi, que es la organización que integra a todas las asociaciones, y también a las específicas del colectivo: a la Confederación Estatal de Personas Sordas, a la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, a la ONCE, a todas las asociaciones territoriales, provinciales y locales, y a los representantes de los familiares de personas sordo-ciegas. Gracias a todos ellos, porque su trabajo constante, de tanto tiempo, merece nuestro más sincero reconocimiento. Considero este preámbulo de justicia, porque su ejemplo es, sin duda, en gran manera, la causa de que asistamos hoy aquí, en el Senado, a un hecho insólito: un proyecto de ley aprobado por unanimidad en el Congreso, que llega al Pleno del Senado, tras un debate en un buen ambiente de diálogo en ponencia y en comisión, sin ninguna enmienda viva, y que se aprobará también por unanimidad. Esto es realmente lo que quieren los ciudadanos y, sobre todo, los que tienen mayores necesidades.
Por tanto, estamos orgullosos de su ejemplo, que nos ha llevado a su realidad.


Gracias a las senadoras y senadores que han hecho posible este trabajo.
Especialmente, a las compañeras del Grupo Parlamentario Popular con las que he participado en el honor de estudiar este proyecto de ley, las senadoras Belén do Campo y Begoña Contreras, con la muy estimable colaboración de las asociaciones representativas del colectivo.


El Grupo Parlamentario Popular ha apoyado decididamente esta ley desde su inicio, como no podía ser de otra manera, y para ser congruente con la ley que impulsó durante la etapa de gobierno popular: la Ley 5/2003, de diciembre; hace ya bastante tiempo. Precisamente en su disposición final duodécima establecía ya que había de regularse por ley, en el plazo de dos años, el lenguaje de signos.


Por fin, el 27 de enero de 2006, se inicia en el Congreso de los Diputados el trámite del proyecto de ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que, año y medio después, se aprueba el 28 de junio de 2007 en el Congreso de los Diputados con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios; si bien, mi grupo parlamentario anuncia que se intentará mejorar en el Senado a través de las enmiendas correspondientes. (Rumores.)

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Ése era el propósito de nuestras enmiendas, buscando la transacción de todos los grupos, básicamente en dos cuestiones: en primer lugar, para tratar de marcar unos plazos que fijaran el cumplimiento de las normas; y, en segundo lugar, algo que también consideramos de gran interés, fijando en un título único la significación de las personas sordociegas con especiales dificultades.


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor JUAN SANZ: Sin embargo, hemos retirado todas las enmiendas porque hemos considerado prioritario que el debate de hoy muestre un apoyo claro y rotundo a todas las personas que durante tiempo han trabajado intensamente para lograr la aprobación de la ley de signos. Pero, además, porque el protagonismo sólo les corresponde a ustedes, como decía anteriormente uno de mis compañeros y, por otro lado, porque, como todos ustedes, deseamos que se tramite lo más rápidamente posible, como efectivamente ha ocurrido en el Senado.


Estamos satisfechos del texto legal que hoy aprobamos. Es una buena ley y, además, estamos convencidos de que la comisión de seguimiento que se establece en la disposición adicional primera, con la intervención de las asociaciones representativas, hará que se cumplan todos los preceptos de la ley. (Rumores.)

En cualquier caso, el que quisiéramos marcar unos plazos era una autoexigencia que nos imponíamos, porque el Gobierno que aplicará la ley, en gran medida, será el que resulte elegido tras las próximas elecciones y estamos convencidos de que el Partido Popular tendrá la respuesta a estas cuestiones.


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio porque, si no, será imposible que los traductores puedan realizar su labor.


El señor JUAN SANZ: Respecto a las personas sordociegas, hemos retirado nuestra enmienda, pero presentaremos en su momento una proposición de ley, para no restar un ápice de protagonismo al texto legal que hoy aprobamos, y espero que alcancemos el mismo consenso para conseguir también que estas personas con especiales deficiencias reciban un tratamiento específico.


Finalmente, en este clima de satisfacción por el respaldo unánime a la ley, permítanme una licencia en tono simpático pero bien cierto, recordando el viejo adagio de que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, y ahora que tenemos la suerte de contar con la presencia del señor ministro, le recuerdo que se trata de una ley con objetivos claros y muy ambiciosos -una gran ley-, pero lo cierto es que el trigo es harina de otro costal porque la memoria económica es claramente insuficiente para las propuestas que se recogen.


El Grupo Parlamentario Popular se compromete a seguir puntualmente el proceso de dotación presupuestaria que dentro de nada vamos a tener ocasión de analizar.


Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, felicidades a todos, nuestra admiración y afecto, que personalmente he aprendido a través del conocimiento de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, de mi tierra, donde me han mostrado ese excelente trabajo, que estoy convencido porque me consta que está haciendo todo el resto de España. Yo que soy un desconocedor de la lengua de signos, tan importante tanto para las personas sordas como para las oyentes, me gustaría que esto tuviera cada vez mayor repercusión y que en el Senado se pudiera dar un curso. En cualquier caso, espero que la federación de mi tierra me dé ocasión para poder aprender al menos los rudimentos más esenciales.


Muchas gracias y, sobre todo, felicidades a las niñas y niños que a partir de ahora tienen un futuro mucho más espléndido gracias a lo que todos, sus padres, sus familias y las asociaciones, han conseguido. Muchísimas gracias, de todo corazón. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 243. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
(Fuertes y prolongados aplausos de las señoras senadoras y los señores senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna de invitados.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO

-- PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 184. (AUTORES: GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (626/000005).


El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, pasamos al cuarto punto del orden del día, toma en consideración de propuestas de reforma del Reglamento del Senado. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 184, por parte de los Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés,

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Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.


Si le parece, voy a acumular los dos turnos de presentación y defensa de la toma en consideración.


El señor PRESIDENTE: Va a acumular los dos turnos, la defensa de la toma en consideración y el turno a favor.


Tiene la palabra, señoría.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.


Así terminaremos con brevedad, supongo, porque, además, esta propuesta en realidad es muy sencilla. Se trata pura y simplemente de cumplir, en este caso, un mandato legal, el que establece la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de modo que las asambleas de las comunidades autónomas puedan proponer candidatos para los cuatro miembros que el Senado tiene que designar. Y parece perfectamente razonable que, una vez desarrollado el Estado de las autonomías, las comunidades autónomas tengan posibilidad de participar en la designación de miembros del Tribunal Constitucional, pues, al fin y al cabo, habrá conflictos de competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España.


Y si eso es razonable, mucho más parece que es que quede bastante claro cuál es la forma de proponerla, que no es otra ni más ni menos que por parte de la Cámara de representación territorial, sin que tenga que ser vía grupos parlamentarios tras negociaciones, que son totalmente legítimas pero que, en definitiva, introducen un oscurantismo que en estos momentos considero que hay que desterrar para la propuesta de candidatos al Tribunal Constitucional.


No parece, por tanto, demasiado complicada esta propuesta de reforma del Reglamento. Se trata ni más ni menos que de cumplir un mandato legal, además un mandato legal que, desde luego, a nuestro grupo parlamentario y a todos los que proponemos esta reforma nos parece positivo.


¿Cuáles son los argumentos que se oponen a esta cuestión? A reserva de los que pueden aparecer, naturalmente, creo que fundamentalmente hay dos: en primer lugar, la idea de que las reformas reglamentarias se han hecho siempre por consenso, aunque, lógicamente, los grupos parlamentarios proponentes las quieren hacer por consenso. Sin embargo, no parece razonable pensar que ningún grupo de la Cámara tenga derecho a veto a la hora de intentar reformar un reglamento como este.


Ciertamente, podemos tener muchos precedentes de que ha parecido que algún grupo tenía capacidad de veto y, en particular, el grupo del Gobierno en legislaturas anteriores, porque baste recordar que para solicitar información al Gobierno en algunos momentos estuvimos pendientes de reformar el Reglamento, hasta que la legislatura terminó, y entonces sí, entonces ocurrió que por unanimidad pudimos reformar el Reglamento. Pero evidentemente hubo que dar un impulso a esa reforma, impulso que los grupos parlamentarios proponentes en este caso queremos dar.
Naturalmente, queremos contar con todos en la reforma, pero tampoco estamos dispuestos a conceder un derecho a veto en lo que es aplicación estricta de la legalidad.


Una segunda argumentación es la que hace referencia a que en este caso se trata de algo que está pendiente de un recurso al Tribunal Constitucional. Y esa sí parece una cuestión más razonable, pero, obviamente, si todas las cuestiones pendientes en el Tribunal Constitucional no nos permitieran aplicar la ley y salir adelante, seguramente encontraríamos paralizado el funcionamiento de las instituciones del Estado, y no parece que eso sea precisamente lo que prestigia a las instituciones del Estado y, en particular, al Tribunal Constitucional.


En concreto, el recurso que ha presentado el Partido Popular hace referencia al artículo 16.1 de la nueva ley, que parece desapoderar al Senado y limitar sus competencias constitucionales, obligando a proponer al Senado solo aquellos que sean designados por las comunidades autónomas. Quiero significar que ese no es el contenido de la propuesta de reforma reglamentaria que nosotros acabamos de proponer. Si esa es la preocupación del Partido Popular, manifestada en el recurso ante el Tribunal Constitucional, es obvio que esa razón no existe, porque en esta propuesta que acabamos de formular, aunque por supuesto esté abierta a la negociación, dejamos bastante claro que, diga lo que diga la ley, no se sustrae al Senado la competencia sino que, bien al contrario, esta Cámara sigue conservándola plenamente, si bien damos derecho a proponer a las comunidades autónomas, como parece normal.


Por tanto, desde el punto de vista del recurso al Tribunal Constitucional en esa cuestión concreta, es evidente que no hay una razón legal para oponerse porque una sentencia -que no ocurrirá, con toda seguridad- desfavorable al texto actual por parte del Tribunal Constitucional no tendría afectación en absoluto a la reforma reglamentaria que nosotros acabamos de proponer, porque el texto de la misma dice claramente que el Senado se reserva la competencia para poder designar a quien le parezca conveniente, con independencia de que abre la posibilidad a las comunidades autónomas de hacer propuestas. Yo creo que con eso queda absolutamente desarticulado cualquier tipo de oposición que haga referencia al Tribunal Constitucional a la hora de oponerse a esta aceptación de reforma. Pero, en cualquier caso, hay otra razón todavía mucho más evidente, y es que el recurso al Tribunal Constitucional del Partido Popular al artículo 16.3, concretamente al que hace referencia a la elección del presidente del Tribunal Constitucional o a la prórroga del mandato del presidente del Constitucional, dice expresamente -y con razón- que son tres años. Pues ese mismo argumento sirve claramente para decir que cómo es que eso obliga a que el presidente del Tribunal Constitucional haya de renovarse expresamente cada tres años y no sirva lo mismo para los vocales del Tribunal, porque también el mismo artículo

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dice expresamente que su mandato es de nueve años renovables cada tres, pero lo dice de la misma manera, tajantemente, que lo dice el artículo recurrido por parte del Partido Popular. Es decir, que el Partido Popular nos está proponiendo con toda claridad que hagamos una cosa que él cree que es inconstitucional, que es prorrogar indefinidamente el mandato de los vocales del Tribunal Constitucional que ha nombrado este Senado. Creo que la argumentación jurídica no se sostiene. Y, por tanto, hay otra argumentación, en la que tampoco quiero entrar excesivamente. Ustedes saben perfectamente que la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado se notifica -y así ha sido- cuatro meses antes de expirar su mandato y que, a continuación, el Senado tiene que proponer. Y en el caso concreto nuestro ha de hacer referencia necesariamente a la reforma del Reglamento que se tiene que hacer para poder permitir que las comunidades autónomas propongan. Eso significa que se ha de tramitar de acuerdo con el propio Reglamento del Senado como si fuera una proposición de ley, es decir, un largo trámite: una primera toma en consideración, que es lo que ahora estamos discutiendo, una remisión posterior a la comisión, un trámite de enmiendas, por supuesto, y una aprobación posterior.


El Partido Popular nos está proponiendo, en realidad, con su negativa hasta ahora, aunque evidentemente tiene todas las posibilidades y todo el derecho del mundo a cambiar de opinión, que nosotros esto no lo hagamos ahora, es decir, que esperemos a después de las elecciones generales, que empecemos a tramitar toda esta reforma reglamentaria o cuando lo vea el Constitucional -ya se ha visto que los argumentos no nos afectarían- o, por el contrario, cuando haya una mayoría diferente en las Cámaras, en este caso en el Senado, que haga posible que la reforma del Reglamento sea diferente y haya otras posibilidades de nombramientos, probablemente.
Pero, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que las consecuencias de las propuestas del Partido Popular nos obligan, insisto, a una cosa que el Partido Popular cree que es inconstitucional, que es prorrogar el mandato de los vocales elegidos por el Senado y, por tanto, yo creo que no lo deberíamos aceptar.


Quiero terminar diciendo que todo esto puede tener todas las consideraciones jurídicas que se quiera, pero ya se ha visto que no son muy consistentes o que son contradictorias en su caso, entre uno y otro recurso, y puede ser que se prefiera esperar a que haya una mayoría diferente y que el Tribunal Constitucional entre tanto actúe de manera interina. A mí me parece que, con las cosas que tiene pendientes de resolver el Tribunal Constitucional, haríamos muy mal políticamente en mantener esa situación de interinidad. El Tribunal Constitucional es una de las piezas claves de nuestro ordenamiento, y creo que toda la credibilidad que tenga a la hora de dictaminar en determinados conflictos irá en beneficio del correcto funcionamiento de las instituciones y de su credibilidad, y esta no puede ser puesta en cuestión por un juego de mayorías o minorías en un momento determinado, porque tengo la impresión de que eso sería una enorme irresponsabilidad.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


En turno en contra tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar me gustaría decir que lamento que el senador Lerma haya unido los dos turnos de que dispone para la tramitación de esta iniciativa, porque me hubiera gustado poder seguir debatiendo con él en el turno de portavoces; pero, naturalmente, es su opción y no tengo nada más que decir.


Por otro lado, señor presidente, señorías, senador Lerma, no hay vocales del Tribunal Constitucional, hay magistrados. Además, nosotros no proponemos que se espere a las elecciones generales o a su resultado; proponemos una cosa completamente distinta que voy a pasar a explicarles.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos acaba de presentar su propuesta para reformar el Reglamento en orden a la elección por esta Casa de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, elección que, por mandato constitucional, le corresponde.


El Grupo Parlamentario Socialista trae esta reforma porque, según se dice en su muy lacónica exposición de motivos, la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige -y cito textualmente- adaptar el Reglamento del Senado para ajustarlo a dicha modificación legislativa. ¿Y cuál es esa modificación legislativa? Ni más ni menos que las comunidades autónomas, a través de sus parlamentos autonómicos, propongan a la Cámara los candidatos que el Senado nombrará tras los trámites reglamentarios oportunos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Desde nuestro punto de vista la modificación legislativa es de tal calibre que soporta un recurso de inconstitucionalidad presentado por mi grupo -como muy bien ha dicho el senador Lerma- por pervertir de raíz el modelo constitucional y abrir una serie de perspectivas completamente insólitas para la progresiva sustitución de los poderes del Estado por las instituciones autonómicas. El hecho de que se quiera iniciar una modificación normativa nada menos que del texto que rige la vida de esta Casa, del Senado, basada en una ley recurrida al Tribunal Constitucional, nos parece un disparate antológico. Porque, ¿qué ocurriría si obráramos como dice el senador Lerma, si embarcáramos a la Cámara en esta aventura y los parlamentos autonómicos se pusieran en marcha, propusieran, nosotros nombráramos, y tiempo después, mucho tiempo después, el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el precepto por el que se les nombró? ¿Qué ocurriría con esos magistrados nombrados por la Cámara Alta?

Recordarán ustedes -déjenme que hagamos un poco de memoria- que ocurrió algo parecido hace algunos

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años en otro tribunal. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento por parte de algún Gobierno socialista del fiscal general del Estado por no ajustarse en aquel entonces a la normativa vigente. La diferencia con la hipótesis que yo les acabo de plantear ahora es que el interesado ya no ocupaba la Fiscalía General del Estado cuando el Tribunal Supremo se pronunció. Pero ya hemos visto, señorías, que estas cosas han pasado y es fácil que vuelvan a pasar. Por tanto, insisto en que piensen qué ocurriría con esos cuatro magistrados nombrados por el Senado y a dónde nos podría llevar esta reforma.


Señor presidente, hay importantes y poderosas razones por las que el Grupo Parlamentario Popular utiliza este turno en contra de la iniciativa socialista; las poderosas se refieren, evidentemente, a las cuestiones de fondo, y a ellas me referiré más adelante. Pero las importantes, señorías, como no podía ser de otra manera, son las razones de forma, y de todos es sabido que cuando las formas no se respetan la iniciativa se descalifica por sí sola.


Quiero que se me entienda bien, señorías. Yo no estoy criticando en absoluto una decisión de la Mesa para que este punto del orden del día pase, efectivamente, a formar parte del debate en este Pleno, ni desde luego estoy negando a un grupo parlamentario su derecho reglamentario a presentar una iniciativa. No estoy negando nada de eso. Lo que el Grupo Parlamentario Popular rechaza es que se traiga esta reforma reglamentaria de esta manera. Y me explico.


En estos días me he ocupado de repasar las sucesivas reformas que han ido modificando a lo largo de las décadas el Reglamento de esta Casa, señorías. Han sido muy variadas -el senador Laborda, que no está ahora, ya volverá, y ha sido presidente, no me dejará mentir- Digo que han sido muy variadas: desde la creación de la en mi opinión importantísima Comisión General de las Comunidades Autónomas, pasando por la determinación de las comisiones legislativas y no legislativas y las propuestas de nombramientos a efectuar por la Cámara, hasta la última de ellas: la solicitud de documentación por parte de los senadores a las distintas administraciones públicas. Pues bien, señorías, todas esas reformas tienen una característica común, y es que todas ellas han sido presentadas a lo largo de las sucesivas legislaturas por todos los grupos parlamentarios del hemiciclo, con su firma correspondiente al pie del escrito. Si lo piensan, es lógico, porque de lo que se trata es de estar todos de acuerdo a la hora de mejorar la norma que rige la vida, el trabajo y el funcionamiento de esta Cámara.


Todo eso ha sido hasta hoy, porque esta costumbre no escrita se ha mantenido hasta hoy; y el Grupo Parlamentario Popular se pregunta por qué ahora ya no se mantiene, como también se pregunta cómo es posible que esta pretendida reforma del Reglamento primero se filtre a un diario nacional -el 10 de septiembre-, se explique en ese diario nacional el 10 de septiembre de qué va la reforma, el 13 de septiembre se plasme en un papel y luego se pase por registro. Figúrense cómo será la actuación del Grupo Parlamentario Socialista -y aquí tengo el famoso recorte del 10 de septiembre- que el propio portavoz de Convergència i Unió, el senador Macias, declara a dicho diario -y cito textualmente-: La tradición es que el Reglamento se haga con el acuerdo de todos. Si el PSOE decidiera seguir adelante nos extrañaría, porque sentaría un precedente.


Señor presidente, yo manifiesto en este momento mi extrañeza, porque no sé qué le ocurre al Grupo Parlamentario Socialista, que hasta ahora ha tenido una tradición dialogante.


Ayer presentaron ustedes -también me dio mucho que pensar- una moción al Pleno sobre la pena de muerte, asunto que desde hace más de 14 años se ha tramitado en esta Casa conjuntamente por todos los grupos de la Cámara, hubiera las mayorías que hubiera. Y ahora traen esta reforma, pasada primero por la prensa y luego, por el registro.


Por si se les ocurre decir que esta reforma del Reglamento es un mandato legal que corresponde a una ley en vigor, les diré que esta respuesta ni tan siquiera se corresponde con la ley recurrida al Tribunal Constitucional, que establece -y cito también textualmente-: Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
Pero la reforma que ustedes presentan establece que se elegirán esos candidatos o no; es decir, amagar y no dar, a lo que ya nos tienen ustedes muy acostumbrados. Pues, señorías, así no. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Lerma Blasco pide la palabra.)

Tiene la palabra, senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Señor presidente, simplemente quiero aclarar algo que ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular: yo no he renunciado al turno de portavoces, sino que he hecho conjuntamente la presentación y el turno a favor. Naturalmente, no he renunciado a la segunda intervención, que haré con mucho gusto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Es lo que yo había dicho en mi intervención.


Pasamos a continuación al turno de portavoces.


Tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente. Voy a procurar ser muy breve.


En primer lugar, anuncio que el Grupo Parlamentario Mixto votará a favor de la toma en consideración de esta propuesta de reforma del Reglamento, porque es eso: una toma en consideración; por lo tanto, en su trámite en esta Cámara todos los senadores del Grupo Parlamentario Mixto tendremos oportunidad de manifestar nuestra opinión al respecto.


Y quisiera anticipar una serie de argumentos en nombre del Bloque Nacionalista Galego, y digo en nombre del

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Bloque Nacionalista Galego, porque cuando intervengo como portavoz siempre tengo en cuenta que el Grupo Parlamentario Mixto es un grupo plural y, por lo tanto, hay argumentos que a lo mejor no son compartidos por algunos de mis compañeros.


Nosotros coincidimos en lamentar la falta de consenso en esta propuesta de reforma del Reglamento del Senado, falta de consenso que se exterioriza simplemente a la hora de pronunciarse sobre si se debe tomar en consideración o no; y lamentamos que se haya roto una tradición.


Pero el Bloque Nacionalista Galego considera que nunca se puede apelar al consenso para en la práctica utilizar minorías de bloqueo para hacer políticas de veto. A eso, por desgracia, nos ha tenido acostumbrados el Partido Popular a lo largo de toda esta legislatura, y hay una congruencia evidente, que a ninguno de nosotros se nos escapa, entre la posición que el Partido Popular está manteniendo sobre esta cuestión y la posición que está manteniendo para impedir la renovación del Tribunal Constitucional, y de facto está vetando la renovación de dicho tribunal para intentar hacer un uso partidista y al servicio de sus estrategias políticas de esa institución y, por tanto, judicializar la política.


En tiempos en los que el debate se caracteriza muchas veces por la crispación excesiva y por la falta de mesura, yo quisiera que el Partido Popular reflexionase sobre el carácter irresponsable de estas actuaciones, que, a efectos prácticos, están sembrando la duda sobre altas instituciones del Estado. Y lamento que un irresponsable nacionalista tenga que manifestar eso, pero le pediría al Partido Popular que reflexionase al respecto.


En cualquier caso, y abundando en nuestra argumentación, aunque tendremos oportunidad de debatir la propuesta de reforma más por lo miudo -como decimos en gallego- en su tramitación parlamentaria, si se aprueba su admisión a trámite, nos parece congruente con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que votamos en esta misma Cámara: por tanto, el Reglamento del Senado, lógicamente, se tiene que amoldar a esta reforma.


En segundo lugar, aunque desde nuestro punto de vista la reforma se queda corta, en cualquier caso avanza en lo que debe ser la adaptación del Senado a lo que realmente es: una Cámara de representación territorial; por tanto, la consulta a las comunidades autónomas para que estas puedan elaborar propuestas nos parece lógica y conveniente.


Por último, y concluyo, utilizar como argumento que este debate debe posponerse hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional nos llevaría al absurdo de acabar concluyendo que lo mejor es que se disuelva el Gobierno y el Parlamento, porque el Partido Popular a lo largo de esta legislatura ha hecho un uso tan abusivo de la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que tanto el Gobierno como el Parlamento estarían incapacitados para hacer política.


Por estas razones, el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de la toma en consideración, como lo harán el conjunto de los senadores del Grupo Parlamentario Mixto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señorías, a juicio de Convergència i Unió este no es un asunto menor sino una cuestión importante, de calado. Por ello, a pesar de las prisas que siempre hay a estas horas en los Plenos, creo que vale la pena subir por un momento a esta tribuna.


Senadora Vindel, Convergència i Unió firmó esta propuesta de modificación del Reglamento, y lo hizo con pleno convencimiento por una serie de razones.


En primer lugar, para nosotros cualquier avance en la línea de lo que venimos en llamar una mayor sensibilidad autonómica, como puede comprender fácilmente, es motivo suficiente. Y nosotros, que siempre hemos defendido un Tribunal Constitucional que refleje lo mejor posible las dos partes que normalmente le presentan cuestiones para que las dirima, es decir las comunidades autónomas y la Administración del Estado, quisiéramos que tuviera, como es el caso de otros tribunales constitucionales, una paridad y que, de alguna manera, pudiera considerarse un tribunal absolutamente reflejo de las dos teóricas visiones del Estado. No es así. En cualquier caso, la Constitución nos obliga. Nosotros somos plenamente respetuosos con la Constitución, pero creemos que todo aquello que esta no recoge y que puede ser desarrollado por las leyes orgánicas puede y debe constituir un avance en ese sentido.


De hecho, nuestro grupo fue uno de los que en el trámite llevado a cabo en el Congreso de los Diputados, posteriormente avalado por el Senado, pactó con el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos que se pudiera avanzar en el procedimiento de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional designados por el Senado permitiendo esta participación modesta, más bien modestísima, de las comunidades autónomas. Pacta sunt servanda. Es decir, como nosotros pactamos con el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos, nos parece lógico intentar que esos acuerdos sean realidad.


Le voy a dar la razón, senadora Vindel, en una cuestión. Usted dice que, en función del texto que ahora se ha presentado, esos magistrados se elegirán o no. Le doy la razón, y la invito a votar las enmiendas que nuestro grupo va a formular en este sentido para que no se rompa el pacto alcanzado por el Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y otros grupos; y ya anuncio aquí que la posición de nuestro grupo va a ser que o se respeta y se cumple lo que se pactó o no podremos apoyar en su momento la modificación del Reglamento.


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Dicho esto, ya les avanzo, como firmante de esta propuesta de modificación, que vamos a votar favorablemente su toma en consideración.
Nos parece que eso positivo y que deberíamos conseguir el consenso. Creo que no estaría de más que el Partido Popular recapacitara, utilizara la argumentación dada por la senadora Vindel y dijera que se suma a esta iniciativa con el máximo respeto a la ley hoy en día vigente. Nosotros estaríamos muy contentos de que el Grupo Parlamentario Popular, por una vez, abandonara esa posición de tanta incomprensión, negando incluso esta participación modestísima de las comunidades autónomas, en algo que parece que les interesa. De verdad que no acierto a entenderlo; racionalmente no lo comprendo, no me casa, y no sé qué motivo puede haber, sino el de la siempre respetable estrategia electoral. Por lo tanto, repito que creo que sería positivo que el Partido Popular se sumara también a este trámite, anque en su momento cada uno pudiese poner sus cartas sobre la mesa y defender sus posiciones.


Para nosotros la búsqueda del consenso en la reforma del Reglamento ha sido en cierta medida el ejercicio de aquel consenso constitucional que tanto gusta a la gente de Convergència i Unió, y les voy a citar un ejemplo. Una de las últimas reformas del Reglamento de cierto calado fue la que permitió el uso de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas en las labores del Senado. Ustedes saben perfectamente que, a nuestro entender, la reforma fue absolutamente insignificante, es decir que nos dejó profundamente insatisfechos, pero a pesar de ello participamos intentando acercar el consenso lo más posible a nuestras posiciones. Es cierto que desde el primer al último día dijimos claramente que Convergència i Unió iba a mantener el consenso a las duras y a las maduras, en lo que nos gustase y en lo que nos agradase menos, intentando convencer a todos, al Partido Popular y al propio Partido Socialista en sus reticencias. Como saben, finalmente no logramos poder hablar aquí en catalán. Otra vez será. Pero, gracias a esta reforma uno tuvo la ocasión de defender el Estatut de Autonomía de Cataluña en catalán, y el de las Illes Balears también se defendió en catalán.


Por tanto, desde este punto de vista, considero que en estas cuestiones de calado constitucional la búsqueda, la obsesión por el consenso debe presidir nuestra actuación. Así lo hace mi grupo parlamentario y me gustaría que todos los grupos, por descontado, también el Grupo Parlamentario Popular, lo hicieran.


Para terminar, quiero anunciar lo que ya conocen sus señorías: nuestro voto positivo a esta toma en consideración, pero quiero anunciar también que mi grupo va a presentar enmiendas en un trámite posterior, en el sentido de que si es a propuesta de las comunidades autónomas es a propuesta de estas, y no dependiendo de si el día amanece soleado o nublado.


Hay que cumplir los pactos, y como en este sentido las credenciales del señor Zapatero no nos merecen demasiado respeto, vamos a esperar a que sus representantes en esta Cámara los cumplan. Pacta sunt servanda? He pedido a mi colega, el senador Zubia, que me confirmara que esa era la expresión, pero estoy seguro de que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista la entiende perfectamente, la va a transmitir y es consciente de que o se cumplen los pactos o Convergència i Unió no va a estar en esta función.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.


En realidad a este portavoz pocas palabras bastan para entender y justificar la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 184, que ha sido presentada por cuatro grupos parlamentarios, entre los que se encuentra precisamente el nuestro.


No se trata más que de una reforma puntual o, quizá mejor, de una necesaria modificación del Reglamento de la Cámara a fin de adaptarlo a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se ha modificado la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y más concretamente, adaptarlo a su artículo 16.1 que establece que los magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara. Y recalco en los términos que determine el Reglamento de la Cámara.


Pues bien, señorías, esto y no otra cosa es lo que se pretende con esta propuesta de reforma: determinar el procedimiento a seguir para llevar a cabo la elección por el Senado de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde proponer, conforme al artículo 159.1 de la Constitución, un procedimiento que, repito de nuevo, es obligado fijar para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Y se articula de forma bien simple, en la medida en que únicamente se introduce un nuevo punto 7 en el artículo 184 del Reglamento. Y habida cuenta de que conforme a la ley, como he dicho, los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos que presenten las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, se establece en esta propuesta de adición de ese nuevo apartado 7, por un lado, que el presidente del Senado comunicará a los presidentes de tales asambleas la apertura de plazo para la presentación de candidaturas, pudiendo cada una de ellas presentar un máximo de dos candidatos y, por otro, que corresponde a la Comisión de Nombramientos de esta Cámara, ante la que deberán comparecer con carácter previo los candidatos, elevar al propio Pleno de la Cámara una propuesta que contenga tantos candidatos como puestos a cubrir.


Este y no otro, repito, es el contenido de la reforma, con la que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos está de acuerdo, como lo demuestra el hecho de ser uno de los grupos firmantes de la iniciativa y, más aún, por ser una reforma que trae causa de una modificación de la

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Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la que nos identificamos.


Por todo ello, anuncio nuestro voto afirmativo a esta iniciativa en cuanto tiene que ver con su toma en consideración, aunque también anuncio la posibilidad de presentación en un posterior trámite de alguna enmienda que clarifique ciertas dudas que nos plantea, fundamentalmente, como se ha puesto de manifiesto, el último párrafo del texto de la mencionada proposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


Coincido plenamente con la intervención del senador Lerma, por lo que me voy a limitar a expresar el voto favorable del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés a la toma en consideración de esta propuesta de modificación del Reglamento.


En relación con el texto que se nos propone, quiero señalar únicamente que mi grupo parlamentario se reserva la posibilidad de presentar las enmiendas que considere oportunas en el trámite correspondiente.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.


Me parece sorprendente la argumentación dada por el Grupo Parlamentario Popular, porque para cada cuestión tiene una doctrina diferente. Así, en lo relativo al artículo 16.3, recurrido al Tribunal Constitucional, el mandato ha de ser exclusivamente, tal como dice la Constitución, de tres años para elegir al presidente. En cambio, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, el plazo se puede prorrogar indefinidamente, que es la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular al no tomar en consideración esta reforma reglamentaria. Y es que el plazo se puede prorrogar indefinidamente, porque, si no llevamos a cabo la reforma reglamentaria y no tomamos en consideración la legislación de la que nos hemos dotado con la modificación del Tribunal Constitucional, los miembros de dicho tribunal designados por el Senado seguirán siéndolo después de que acabe esta legislatura y comience la siguiente, y hasta que el Partido Popular decida desbloquear la reforma reglamentaria para designar a los miembros de dicho tribunal que corresponden a esta Cámara.
Eso es lo que se nos está proponiendo: una interpretación doctrinal sorprendente, porque en un caso es una, y en el otro, la contraria.


Y la interpretación doctrinal realizada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando dice que hay que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional porque, sabe Dios lo que podría ocurrir a continuación, viene también a propósito, por ejemplo, de la designación de los senadores miembros de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Como digo, según su interpretación doctrinal, aquí les sobra un senador, pues hay interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo cual quiere decir que todas las votaciones en las que participe el senador designado, quizá inconstitucionalmente podrían ser anulables. Esta es otra interpretación doctrinal sorprendente que nos llevaría probablemente a paralizar toda la actividad legislativa por si acaso el Tribunal Constitucional decidiera aceptar algún recurso de los innumerables que el Partido Popular tiene interpuestos.


Evidentemente, las cosas no funcionan así, y creo que se podrían sumar perfectamente a este trámite. Ya veremos si después podemos ponernos o no de acuerdo en las propuestas que nos van a hacer las comunidades autónomas. Puede ser que no lleguemos a ello en esta legislatura, pero, en cualquier caso, al comienzo de la siguiente, con la mayoría que los ciudadanos españoles nos hayan querido dar, enseguida veremos si podemos designar a los miembros del Tribunal Constitucional y no se eterniza el mandato de los que cumplen su plazo en el mes de diciembre de este año.
Creo que, como mínimo, podrían explorar perfectamente esa actuación, lo que redundaría en beneficio de las instituciones, porque, insisto, con las sentencias que tiene que dictar el Tribunal Constitucional sería conveniente que estuviera al completo y con una legitimidad reforzada por esta Cámara, que al menos tiene que designar a cuatro de sus miembros.
Creo que eso sería positivo.


Pero voy a dar otro argumento, que en este caso no es mío. Ustedes saben perfectamente cuál es, pues es público y está en los registros de esta Cámara. Me refiero a la propuesta hecha por don Manuel Fraga, maestro del Derecho, a su amigo -y también mío- don Juan José Lucas cuando era presidente de la Cámara. Con ambos he tenido gran relación y he tenido ocasión de compartir este tipo de cuestiones, en particular esta.


El Parlamento de Galicia, cuando don Manuel Fraga era presidente, tuvo la oportunidad de proponer y argumentar que una simple reforma reglamentaria, respetando por supuesto la Constitución y el estatuto, conseguiría una fórmula adecuada para hacer participar a las comunidades autónomas en el nombramiento del Tribunal Constitucional. La fórmula propuesta era casi, casi calcada a la que nosotros acabamos de proponer ahora; un argumento, si no quieren escuchar el mío, mucho más de peso para ustedes -para mí también, porque en el sentido del derecho don Manuel es un maestro-, que serviría para desbloquear una situación que, insisto, creo que es positiva para el Tribunal Constitucional, como es el hecho de proceder a la renovación en su momento.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.


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La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, empezaré contestando a los pocos grupos que han intervenido, en primer lugar, al representante del Bloque Nacionalista Galego, que se ha autodefinido como un irresponsable nacionalista. No me riña, señor presidente, porque así se ha autodefinido él mismo. Por otra parte, coincide conmigo en que no está de acuerdo en que se rompa la tradición de esta Casa, algo que agradezco al Bloque Nacionalista Galego. Es así y no debería ser así, señorías. Al mismo tiempo, coincido con él en que se deberían disolver las Cortes y el presidente del Gobierno debería convocar elecciones. Estoy completamente de acuerdo con mi portavoz, que ha manifestado exactamente lo mismo esta mañana al presidente del Gobierno.


Déjeme que le pregunte algo, señor Macias: ¿por qué tiene que ir el Grupo Parlamentario Popular a un consenso del cual ha sido formalmente excluido? Me gustaría que me lo explicara en cualquier otro momento, porque ahora no hay otro turno para ello. Usted dice además: pacta sunt servanda. Bueno, y yo le digo: rebus sic estantibus. Y le digo más, porque le veo a usted en un laberinto. ¿Se sigue creyendo aquello de: «Pascual, aceptaré todo lo que venga del Parlament de Catalunya» y por eso ha prestado su firma a esta iniciativa, aun a sabiendas de que se rompía una tradición de años y años, de legislaturas y legislaturas? De verdad, señor Macias, tiene usted todo el derecho, pero no hay quien le entienda, no hay quien le entienda.


La senadora Aroz coincide plenamente con el senador Lerma, con lo cual, si les parece, les contesto conjuntamente. Senador Lerma, nuestra argumentación no es sorprendente, es muy previsible y usted ya lo sabía.
Claro que nosotros pretendemos que se espere a la sentencia del Tribunal Constitucional; es que no queda otra. Pero si lo que a usted le preocupa es el tiempo... (El señor Curiel Alonso pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, senador Curiel, no queda otra, no se empeñe. Pero si de verdad lo que les preocupa es el tiempo, no se preocupen, señorías.
Compruebo que el senador Lerma se ha leído nuestro recurso, pero no ha leído la parte del petitum en que pedimos urgencia en el fallo al Tribunal Constitucional. Evidentemente, el senador Lerma tiene razón en cuanto a sus consideraciones sobre la composición del Tribunal Constitucional.


Le agradezco mucho y me emociona que nombre al senador Fraga y lo haga además con ese respeto y ese cariño. Qué lástima que solo le nombre ahora, porque cuando el senador Fraga era presidente de la Xunta y don Felipe González era presidente del Gobierno español, don Manuel Fraga ya pretendía que se creara en este país la Administración única, y maldito el caso que ustedes le hicieron; más bien todo lo contrario. (Algunos señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.) No, no, ustedes.


Señor presidente, señorías, se nos pide que demos nuestro voto favorable a esta reforma del Reglamento. Ya hemos dicho que esta reforma no recoge esencialmente aquello que ha sido recurrido al Tribunal Constitucional porque es un «sí es no es»; tan «sí es no es», que hace que no se entienda muy bien esta pretendida reforma reglamentaria. Es más, en esta reforma del Reglamento hay una especie de excusatio non petita: el Senado puede elegir a los candidatos, o no -lo cual no le gusta nada a sus socios-, lo que prueba que sus autores se percatan, señorías, de que se mueven en unas auténticas arenas movedizas.


Con meridiana claridad la Constitución establece que 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el rey a propuesta del Senado. Y en vista de esta previsión constitucional, yo les pregunto: ¿El Senado puede -que es lo que ustedes quieren-, a través de una ley o de un reglamento, renunciar, condicionar o trasladar a otra institución esa facultad a él atribuida por el texto constitucional? Señorías, la respuesta necesariamente es negativa. Además, señor presidente, tenemos un problema de fuentes, porque nos encontramos con el sospechoso e inconsistente hecho de que la norma derivada de la Constitución que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional está regulando al mismo tiempo el comportamiento al que debe ajustarse el Senado, y a esta perversión legal contribuye alegremente esta propuesta.


Señorías, ¿se imaginan por un momento que la Ley Orgánica del Poder Judicial dijera al Congreso de los Diputados no solo los requisitos constitucionales que deben cumplir sus vocales, sino que los debe elegir el Congreso según las propuestas de cualquier órgano autonómico o de cualquier corporación profesional? Señorías, estaríamos, sin duda, ante una estructura jurídica desastrosa: desastrosa.


Es más, es que se está utilizando una ley orgánica para otorgar competencias a las asambleas autonómicas que la Constitución no ha previsto, y una ley orgánica no puede alterar la distribución de competencias.


El Senado es cámara de representación territorial -ya lo dice la Constitución-, pero el alcance de esa definición, señorías, no nos autoriza a un despropósito de este calibre, que deja la actuación de esta Casa en poco menos que una mera formalidad, porque si lo que se quiere es que los parlamentos autonómicos tengan mayor protagonismo en estos nombramientos, dígase e iremos a una reforma constitucional, pero no a una minusvaloración del Senado, que es precisamente lo que ocurre con esta iniciativa en la que, desde luego, ya les he anunciado que no van a encontrar al Grupo Parlamentario Popular.


Señor presidente, señorías, yo le pido al Grupo Parlamentario Socialista que retire del orden del día esta propuesta porque queremos que siga viva la tradición de que las reformas reglamentarias en la Cámara se hacen por consenso y no de esta manera. Y si no la retira, yo les ruego que feliciten al genio o a la mente preclara que, aprovechando una más que loable iniciativa del Gobierno para solucionar las carencias organizativas y de funcionamiento del Tribunal Constitucional, ha conseguido con una enmienda aprobada aquí, en el mes de junio, nada más y nada menos, primero, que la ley sea recurrida al Tribunal Constitucional; segundo, que se intente que el Senado

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sea menos Cámara nacional; y tercero, que por primera vez los grupos parlamentarios votemos de manera diferente la forma que rige nuestro funcionamiento.


Desde luego, señorías, son ustedes únicos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Vamos a someter a votación la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Senado.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 131; en contra, 110; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y quince minutos.

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