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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 206, de 24/02/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 206
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Sesión núm. 10 celebrada el martes 24 de febrero de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Relativa a que las escuelas oficiales de idiomas que lo soliciten puedan impartir docencia de los niveles avanzados C-1 Y C-2, así como expedir la oportuna certificación, modificando el Real Decreto 1629/2006 y a que los certificados de aptitud y de ciclo elemental conserven la misma validez que tenían antes de la promulgación del Real Decreto 1629/2006 a los efectos de concurso de traslados y para la baremación de méritos de las convalidaciones diversas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000176.) ... (Página 2)

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- Sobre la puesta en marcha de medidas concretas sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000374.) ... (Página 4)

- Relativa a la integración del sistema de formación profesional español en el ámbito de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000387.) ... (Página 8)

- Relativa a la asignación y territorialización a las Comunidades Autónomas de los recursos de la educación de 0 a 3 años vinculados al Plan Educa3. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) (Número de expediente 161/000407.) ... (Página 11)

- Relativa al desarrollo de ciclos formativos de Agricultura Ecológica.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000585.) ... (Página 16)

- Sobre la continuación de la aplicación en España del programa de la Unesco sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000591.) ...
(Página 18)

- Sobre los valores olímpicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000613.) ... (Página 21)

- Relativa a la aprobación de la moción del Parlamento de Navarra por la que se solicita al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca que modifique su comportamiento hacia la Comunidad Foral de Navarra, en relación con el Decreto que recoge el currículo para la educación básica en el País Vasco. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000661.) ... (Página 24)

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A QUE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS QUE LO SOLICITEN PUEDAN IMPARTIR DOCENCIA DE LOS NIVELES AVANZADOS C-1 Y C-2, ASÍ COMO EXPEDIR LA OPORTUNA CERTIFICACIÓN, MODIFICANDO EL REAL DECRETO 1629/2006 Y A QUE LOS CERTIFICADOS DE APTITUD Y DE CICLO ELEMENTAL CONSERVEN LA MISMA VALIDEZ QUE TENÍAN ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL REAL DECRETO 1629/2006 A LOS EFECTOS DE CONCURSO DE TRASLADOS Y PARA LA BAREMACIÓN DE MÉRITOS DE LAS CONVALIDACIONES DIVERSAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000176.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte. Como ustedes saben, tenemos una sesión dedicada a proposiciones no de ley, para lo cual vamos a iniciar la primera, del Grupo Parlamentario Popular, defendida por el señor Gutíerrez Molina, que tiene la palabra.


El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al portavoz de la Comisión de mi grupo que haya permitido que defienda en nombre del mismo esta proposición no de ley, que en su día presenté para su debate en esta Comisión.


Señor presidente, en nombre de mi grupo la motivación, la argumentación y el sustento de la proposición no de ley se basa en dos tipos de razones: una serie de razones concretas y otro grupo de razones más abstractas o más conceptuales. Primero, empecemos con las razones más concretas, señor presidente. Lo que pide la proposición no de ley es intentar modificar el Real Decreto 1629/2006 y que los certificados de aptitud y ciclo elemental conserven la misma validez que tenían antes de la promulgación del referido real decreto. Esa es la médula de las dos concepciones concretas a las que hacía antes mención, señor presidente, porque corolario de lo anterior es que, a los efectos de concursos de traslados y para la baremación de las convalidaciones diversas, tengan esa validez a la que hacía antes referencia. Ciertamente, señor presidente, con la aprobación del real decreto al que antes hacia referencia, y como se

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hace en el petitum de la proposición no de ley, se fijaban aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de régimen especial, regulado por la Ley Orgánica de Educación, y regulaba más concretamente las enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas. Precisamente porque lo regulaba, a criterio de mi grupo, señor presidente, las mismas se han visto perjudicadas y sus certificados en este momento carecen de real validez académica.


Cualquiera que analice con cierto detenimiento la proposición no de ley verá que hacemos referencia al denominado nivel A2 que, como todos sabemos, casi se puede adquirir de manera automática con el título de bachillerato y de una forma opcional -por eso decía antes casi- con la finalización del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria.
Pero los que se ven más perjudicados o quizá los aspectos más chirriantes del decreto son los denominados niveles C1 y C2, porque, señor presidente, no pueden ser impartidos en las mencionadas escuelas como enseñanzas regladas y porque dichas escuelas tampoco van a poder certificar dichos niveles, quedando reducido el papel de las escuelas oficiales de idiomas a un mero papel docente de los niveles B1 y B2 y pudiendo exclusivamente certificar los niveles básicos y el nivel intermedio a los que antes he intentado hacer referencia. Pero, por si no fuera poco la complejidad del real decreto en los aspectos que acabo de exponer, la situación se complica más porque el antiguo certificado de aptitud tenía validez para dos aspectos fundamentales de los docentes: para las oposiciones y para los concursos de traslado. Lo cierto es que en el momento actual las personas que poseen dicho certificado han visto mermado el valor académico del mismo el 50 por ciento y no tiene ninguna validez el denominado certificado de ciclo elemental. Y es paradójico que, mientras que esto sucede, las instituciones extranjeras sí han mantenido sus niveles y certificados e inclusive reconvirtiéndolo al superior en alguno de los casos, pero sin que afecte al nivel académico.
Se produce entonces, señor presidente, señorías, la insólita situación de que las instituciones extranjeras pueden ser, de hecho, si nadie lo remedia -y entiéndame, señor presidente, cómo lo digo-, los únicos centros en España que puedan certificar el nivel avanzado del MCER al que hacía antes referencia o niveles C1 y C2, en detrimento, según creemos desde mi grupo, de las escuelas oficiales de idiomas, porque lo cierto es que han perdido, como antes he intentado demostrar, la posibilidad de docencia y certificación y todos vamos a perder la posibilidad de obtener, si así lo deseamos y estudiamos y hacemos los cursos correspondientes, los ya mencionados certificados de instituciones educativas de sólido prestigio como son las escuelas oficiales de idiomas.


Yo creo, señor presidente, que está justificado todo esto que digo, que no es otra cosa que aumentar el argumento de la modificación del real decreto 162/2006, porque lo dispuesto en el ya mencionado decreto no solamente rebaja el nivel docente y de certificación de las escuelas oficiales de idiomas, sino que anula cualquier posibilidad de acceso a personas que no tengan posibilidad ni nivel económico adecuado para estudiar en escuelas privadas o escuelas extranjeras la mayoría de índole privada. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley y por eso hacía mención a las dos razones que sustentaban el mencionado petitum.


Seguramente -y esto es teoría-, habría que equiparar los certificados elementales y de aptitud con los niveles del MCER. También se ha hablado de valorar el certificado elemental con un B1 y el de aptitud con el C1, pero no olvidemos que aún así estaríamos midiendo cosas distintas, pues en los certificados elementales y de aptitud no se medía ninguno de los parámetros, entre otros el de la destreza comunicativa o índole de comunicación. Por eso, señor presidente, el Grupo Popular ha presentado esta proposición no de ley y solicita la aprobación por esta Comisión y la unión de los demás grupos políticos a una proposición no de ley que la creemos sustentada en la razón y basada en criterios objetivos y de justicia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Molina, por no haber consumido todo el tiempo y por la brevedad de su síntesis.


Quería decirles que calculamos que no votaremos antes de las 13:30 horas.


¿Peticiones de palabra? (Pausa.) La señora Serna tiene la palabra.


La señora SERNA MASIÁ: Señorías, lo que propone el Grupo Parlamentario Popular con esta proposición no de ley es que se modifique no el decreto 162/2006, sino el Real Decreto 1629/2006, que es el que regula las cuestiones que plantea en las escuelas oficiales de idiomas. Lo que básicamente está diciendo el señor Gutiérrez Molina es que este real decreto lo que ha hecho es introducir una especie de minusvalía académica en las escuelas de idiomas y que, a causa de ello, ni los certificados de aptitud ni de ciclo elemental pueden tener la valoración que tenían antes, sino que, muy al contrario, la han llegado a perder hasta un 50 por ciento -denuncia-. Por otro lado, explica que también a causa de este decreto los niveles C1 y C2 no pueden ser impartidos en las escuelas oficiales de idiomas.


La verdad es que al Grupo Parlamentario Socialista le ha sorprendido enormemente esta proposición no de ley porque precisamente lo que establece este Real Decreto 1629/2006 es totalmente lo contrario de lo que el señor Gutiérrez dice. Si hubiese hecho una lectura tranquila y adecuada de este real decreto, vería que en el artículo 2, apartado 4, se dice: Las administraciones educativas determinarán la valoración del certificado de nivel básico en los procesos de reconocimiento de méritos que gestionen. En el artículo 4, apartado 7, dice exactamente lo mismo, pero en relación a los niveles intermedio y avanzado. Leo literalmente: Las administraciones educativas determinarán la valoración de los certificados de nivel intermedio y de nivel avanzado en

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los procesos de reconocimiento de méritos que gestionen. Pero es que, después, en la disposición adicional segunda y en relación con los niveles que le preocupan -C1 y C2-, dice literalmente: Las escuelas oficiales de idiomas podrán, en los términos que dispongan las respectivas administraciones educativas, organizar e impartir cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas, tanto en los niveles básico, intermedio y avanzado como en los niveles C1 y C2 del Consejo de Europa según estos niveles se definen en el marco común europeo de referencia para las lenguas.


Por tanto, señor Gutiérrez Molina, y para tranquilizar a su grupo, este real decreto viene a decir totalmente lo contrario de lo que usted denuncia y es que las administraciones educativas pueden ofertar en las escuelas oficiales de idiomas todos los niveles establecidos, y se incluyen los niveles C1 y C2, y que las administraciones educativas son las que van a determinar la valoración en los certificados de nivel básico, intermedio y avanzado en los procesos de reconocimiento de méritos que gestionen.


Usted quiere arreglar una serie de cosas y para eso dice que debe modificarse este real decreto. Señor Gutiérrez Molina, precisamente lo que usted denuncia ya está arreglado gracias a este real decreto. Por tanto, no ha habido una lectura rigurosa, lo cual no es bueno, porque estamos en el cuerpo legislativo y hay que leerse muy bien toda la normativa y todas las leyes. En definitiva, nosotros, a raíz de esto, siento decirle que vamos a votar en contra de su proposición no de ley, pero no por ir en contra de ella, sino para que esté tranquilo, para que la paz legislativa vuelva también al espíritu de su grupo, porque esto ya está arreglado. Está arreglado precisamente por este real decreto, luego no ha lugar a que se modifique. Es mejor que lo mantengamos para que precisamente se arregle lo que usted dice que debe arreglarse.


Señor presidente, no me gustaría acabar sin plantear algunas cuestiones muy importantes en relación con este notable real decreto. Señor Gutiérrez Molina, primero, este real decreto obtuvo el informe favorable del Consejo Escolar del Estado; segundo, este real decreto obtuvo el informe favorable de la Comisión de ordenación académica, nada menos que de la Conferencia Sectorial de Educación y, tercero, este real decreto obtuvo el consenso y el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas.
Por si acaso a usted no le gusta que sean las administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, las que tengan competencia para resolver esto que a usted le preocupa, le quería decir que, por otro lado, hay dos ámbitos, uno de legalidad y otro de competencia, que significa que la comparabilidad y el mutuo reconocimiento de los certificados expedidos por las distintas administraciones educativas, ya sean entre sí o de estas con otras instituciones europeas o internacionales, están asegurados, tanto por este real decreto, como por el marco común europeo de referencia de las lenguas. Se lo voy a leer para tranquilidad de todos. El mencionado real decreto establece las pautas comunes que deben regir, tanto los principios de calidad como los procesos e instrumentos de evaluación. Por otro lado, gracias a lo establecido por el marco común europeo de referencia para las lenguas, allí se establecen las correspondencias entre los diferentes niveles y exámenes que tiene que haber en el aprendizaje de idiomas en nuestro país y en toda Europa. Por tanto, se respeta el nivel del Estado, se respeta el nivel de competencia de las administraciones educativas y también se respeta, con este real decreto, el nivel de competencias de la Unión Europea. De manera que, por estas razones, me gustaría, señor Gutiérrez Molina, llevar la paz a su espíritu, que esté tranquilo, porque precisamente no hay que modificar este real decreto, lo que hay que hacer es mantenerlo para resolver lo que a usted le preocupaba. (El señor Gutiérrez Molina pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: No hay réplica.


- SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS CONCRETAS SOBRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000374.)

El señor PRESIDENTE: Para presentar la segunda proposición no de ley tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señorías, la proposición no de ley que presenta mi grupo parlamentario en la mañana de hoy en esta Comisión tiene dos puntos en el petitum. Uno, que es garantizar por ley, en el marco del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de los padres y madres trabajadores o de aquellos que cursen estudios a tener garantizada una plaza en escuelas infantiles o guarderías para sus hijos menores de tres años y, un segundo punto, que trata de promover acuerdos con los agentes sociales sobre la organización y flexibilidad de los tiempos de trabajo, impulsando: la jornada continua, incentivar el trabajo a tiempo parcial, horarios flexibles, en línea con las prácticas habituales de los países avanzados, y el teletrabajo combinado con el trabajo presencial, especialmente para mujeres con cargas familiares.


Señorías, el tema de conciliación es reiterativo en esta Cámara. Es reiterativo en las diferentes comisiones, sin embargo, no se llega a poner ningún tipo de medida que favorezca todas estas pretensiones que se vinieron aprobando durante la legislatura pasada, sobre todo, y también en el inicio de esta. La Ley orgánica 3/2007, en su artículo 44, establece los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que se reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.


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En el presupuesto del Gobierno para el año 2009 no se encuentra ni la familia y en muy escasa medida se encuentra la mujer y, sobre todo, se reducen políticas de conciliación importantes. El programa 231.G, de atención a la familia y a la infancia, baja un 79 por ciento y, además, entre sus cometidos, por ejemplo, está promover una cultura empresarial familiarmente responsable y políticas flexibles en materia de condiciones de vida, a fin de facilitar una mejor conciliación entre vida laboral, familiar y personal de los trabajadores. La explicación de esta importante disminución se recoge en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado y se explica fundamentalmente por la importante disminución en las transferencias corrientes a las comunidades autónomas para arbitrar programas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. Cuesta, señorías, justificar estas disminuciones de gasto, porque otro de los fines de ese programa es colaborar con las administraciones autonómicas y locales y, en su caso, con las empresas, para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, así como colaborar en materia de protección y promoción de las familias, especialmente de las que presentan situaciones de dificultad o vulnerabilidad social, a fin de prevenir estas situaciones y que puedan derivar en exclusión social.


También existe una importante disminución en el programa 232.B, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que tiene como finalidad, entre otras, políticas de conciliación y de flexibilización de horarios. Estos Presupuestos Generales del Estado, en los que se reducen fundamentalmente estos dos programas, vienen después de haberse aprobado una moción en el Senado, el 1 de octubre de 2008, que expresamente decía así: Favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional, incentivando el empleo a tiempo parcial, propiciando la racionalización de los horarios laborales conjuntamente con los agentes sociales y todas las medidas que permitan a los padres y a las madres no tener que optar entre su actividad laboral y el cuidado de sus hijos. Por eso digo que es de forma reiterada cómo en esta Cámara se vienen aprobando mociones, proposiciones no de ley e informes de una subcomisión, como en la legislatura anterior que se aprobó un informe en el año 2006 sobre la flexibilización de horarios, y, sin embargo, realmente en los presupuestos de gastos no se recogen en absoluto todas aquellas políticas que van destinadas a favorecer estas medidas.


Les recuerdo, señorías, que en la legislatura anterior se desarrollaron unos serios trabajos para analizar y, consecuentemente, recomendar una serie de medidas para la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral, familiar y personal; esto se aprobó en noviembre del año 2006. Voy a leer alguna de las recomendaciones, aunque no voy a ser muy exhaustiva, porque ese informe es realmente amplio.
Entre las recomendaciones que se establecían en ese informe venían algunas como creación de un marco jurídico que regule el teletrabajo; fomentar el uso del trabajo a tiempo parcial como fórmula temporal que facilite la conciliación, evitando el uso de prácticas que generan precariedad y un submercado de trabajo, en particular para las mujeres; regular los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo en materia de horarios y jornadas debidos a la aplicación de las políticas de conciliación, con reducción de los plazos establecidos en la legislación vigente; avanzar en la adecuación de los horarios laborales, comerciales, administrativos, escolares, de ocio, televisión y transporte, en atención a las necesidades de las personas; contemplar la coincidencia de los horarios escolares y laborales, etcétera. En el ámbito empresarial recogía una serie de recomendaciones como ampliar las posibilidades de acogimiento a una jornada laboral reducida, proponer el trabajo a distancia, etcétera. Les remito a las recomendaciones que se establecieron en aquella subcomisión. Después de todo este trabajo, vemos que el Gobierno sigue sin realizar absolutamente nada para facilitar la flexibilización de los horarios en el marco de la negociación colectiva, porque ahora mismo, en la actualidad, por ejemplo, según constata el informe Randstad, los trabajadores españoles contratados a tiempo parcial representan cerca del 8 por ciento del total, cifra que junto a Grecia es la más baja de los países europeos, tanto de los Quince como de los Veintisiete, y lejos de Holanda, con el 39 por ciento, y de Suecia y Dinamarca, que están por encima del 20 por ciento. El informe Randstad constata que el contrato a tiempo parcial en Europa, lo utilizan fundamentalmente las mujeres, en un 34 por ciento frente a un 6 por ciento de los hombres. En España el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial es del 18 por ciento.


Ante estos datos e inmersos en una crisis económica como la que estamos padeciendo, todavía se añora más no haber abordado una reforma laboral seria; aquí cabe hacer referencia, sobre todo, a lo que se refiere al trabajo a tiempo parcial, al que hasta ahora estoy aludiendo. Quizá esta fórmula, tan poco explotada en España, fuera un recurso conveniente en el momento actual. Este Gobierno no ha acometido ninguna política de apoyo a la familia, ha reducido los presupuestos y viene prometiendo, desde la legislatura pasada, las plazas de guardería que no llegan a ponerse en marcha. La cantidad de mil millones en el año 2004 se convierten en 100 millones en el año 2009. Nosotros, con esta proposición no de ley queremos que se convierta en derecho la plaza de guardería para los padres que tengan hijos menores de 3 años, tal y como reza la petición de la PNL, que es garantizar por ley, en el marco del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de los padres y madres trabajadores o de aquellos que cursen estudios a tener garantizada una plaza en escuelas infantiles o guarderías para sus hijos menores de 3 años; que no sea una plaza simplemente para guardar allí a los niños, sino que esas plazas de guardería tengan unos programas educativos adecuados a estos niños. Es fundamental que no se deje al albur de

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unos presupuestos Generales del Estado y de unas promesas políticas en programas, que luego no llegan a cumplirse, que los padres y madres de niños menores de 3 años puedan tener una plaza de guardería como tienen en diferentes países de la Unión Europea, países nórdicos como Holanda, Noruega, Islandia, etcétera, que tienen facilidad para conciliar la vida laboral y familiar.


Nosotros solicitamos de los demás grupos parlamentarios que apoyen la proposición no de ley que hoy presentamos.


El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Las cuestiones de fondo que plantea esta iniciativa del Grupo Popular y las cuestiones de fondo que ha explicitado su portavoz, la señora Méndez, en su intervención forman parte de un consenso que todos los grupos parlamentarios compartimos desde hace años sobre la necesidad de impulsar un conjunto de políticas públicas orientadas a hacer más posible y real la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral. Se han producido modificaciones legislativas a lo largo de estos últimos años de unos gobiernos y de otros y con mayorías -creo recordar- siempre coincidentes y, por tanto, con amplísimos consensos para mejorar ese marco legal que haga posible esa continuación de la vida laboral y familiar. Esta conciliación pasa por la puesta en marcha de políticas vinculadas a la ampliación de los derechos directamente relacionados con las licencias parentales. Esa política también pasa por el aumento de los servicios a las familias y por el propio compromiso de las empresas a la hora de gestionar esa flexibilidad. Podemos tener la convicción de que ese conjunto de medidas están siendo insuficientes. Hoy, buena parte de las familias jóvenes con hijos a cargo y en los que los dos miembros de la pareja trabajan deben hacer frente, seguramente, a una insuficiencia de esas licencias, de esos servicios y de esos compromisos de las empresas. Desde este punto de vista, bienvenida cualquier iniciativa que redunde en un compromiso político de la Comisión de Educación y Política Social en esta materia.


En concreto, en la iniciativa que nos plantea la señora Méndez habría un segundo punto de carácter muy general, que creo que todos los grupos podemos compartir; y me parece que el Grupo Socialista ha estado trabajando en la configuración de un texto transaccional que todos podamos votar, y ahí contaría con el apoyo de Convergència y Unió. El primer punto nos plantea una cuestión sin duda relevante, que es garantizar por ley el derecho a una plaza de guardería. No sé si esa propuesta que formula hoy la señora Méndez vinculando ese derecho al marco del Estatuto de los Trabajadores sería lo adecuado. El Estatuto de los Trabajadores regula las relaciones en el campo del derecho del trabajo desde hace treinta años aproximadamente, y dudo mucho que sea ese el ámbito legal donde debamos incorporar ese derecho. Lo que también sabemos es que en estos últimos años ha habido un incremento en los presupuestos públicos del Gobierno del Estado y de los gobiernos autonómicos para garantizar el acceso a las plazas de guarderías.
Precisamente, hoy hay también una proposición no de ley de Convergència i Unió sobre esa cuestión, y nuestro grupo sería partidario de continuar impulsando la puesta en marcha de recursos públicos para garantizar a aquellas familias que quieran llevar a sus hijos menores de 3 años a la guardería, que lo puedan hacer. Pero no tanto modificando el Estatuto de los Trabajadores sino con un incremento sustancial de recursos públicos.
Señor presidente, la experiencia de esta legislatura nos demuestra -en materia de la Ley de atención a la dependencia- que quizá proclamas legislativas sobre el acceso de derechos sociales a las personas y a las familias, si no van acompañadas por los presupuestos públicos correspondientes, difícilmente terminan siendo viables. Hoy tenemos reconocido un derecho subjetivo a la atención en materia de dependencia que muchas familias no pueden ejercer porque no existen los recursos públicos para poder acceder a los mismos. En materia de acceso a las guarderías para los hijos menores de 3 años, más que proclamar un derecho, mi grupo entiende que hay que incrementar los recursos públicos que destinamos a esa materia. Por tanto, es un debate orientado a la discusión anual de los Presupuestos Generales del Estado. Ahí también -y ya tendremos ocasión de discutirlo en nuestra iniciativa- quiero reiterar que en estos campos, estas políticas deben desarrollarse con pleno respeto a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.
Precisamente, en relación a la Ley de atención a la dependencia hemos tenido problemas por esa invasión competencial que esa ley produce. Mi grupo entendería que sería grave que se produjese también en materia de menores de 3 años un planteamiento parecido al que llevó a la configuración, en los términos legales, de esa Ley de la Dependencia y se produjese otro conflicto entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos. Aprovecho esta primera intervención para volver a reiterar al conjunto de los grupos la preocupación de Convergència i Unió por el borrador de la orden que regula el acceso a las subvenciones con cargo al IRPF, que limita la capacidad de organizaciones de interés social de ámbito autonómico a acceder a esas convocatorias. Eso constituye un atropello político desde todos los puntos de vista y mi grupo quiere reiterarle al Grupo Parlamentario Socialista la necesidad de impedir que esa orden se apruebe en los términos en los que hasta ahora la hemos conocido.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ SALVÀ: En primer lugar, me gustaría hacer dos apreciaciones, más que nada porque me siento muy vinculada a todo el tema de escuelas infantiles, por lo que animaría a cambiar el término de

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guarderías por el de escuelas infantiles. Es un término que se utiliza muy habitualmente, pero considero que sería mucho más adecuado utilizar el de escuelas infantiles.


En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular he de decirle, señoría, que en un primer momento no deja de sorprenderme la formulación, por dos motivos. En primer lugar, el concepto de conciliación entre la vida laboral y familiar que utilizan parece que solamente dependa de las mujeres, y hoy en día la concepción de la conciliación tiene un sentido más amplio, en donde políticas de diferentes ámbitos departamentales influyen en la resolución de este nuevo reto, o mejor dicho, de este reto que ya no es tan nuevo. En segundo lugar, en la exposición ustedes hacen hincapié en que es necesario avanzar en todas las políticas de conciliación, lo que suscribimos totalmente desde el Grupo Parlamentario Socialista, pero además he de decirle que nuestro grupo lo aborda. El Gobierno ha propuesto cambios legislativos y los ha ejecutado. Esto ha significado coordinación interministerial y trabajo conjunto -también lo ha hecho-, ha atendido la complejidad social con sus múltiples maneras de actuar y ha dado respuesta, de lo cual se desprende una idea clara de las necesidades de los nuevos retos de la sociedad, y el Gobierno ha ejecutado con el ejercicio del diálogo y el consenso medidas que dan respuesta a estos retos.


Me gustaría también precisar la expresión en su proposición no de ley en la que dice que es necesario avanzar en políticas de conciliación. Ahí he de decirle, señoría, que avanzar significa hacer camino a partir de donde estamos. Creo que no es necesario recordarle en qué situación estábamos en el ámbito educativo de 0 a 3 años cuando ustedes gobernaban, en un momento de crecimiento económico y con una punta de crecimiento demográfica acusado a finales de los años noventa, me refiero a la natalidad. En aquel momento ustedes no se plantearon ni siquiera la necesidad de abordar el tema. ¿Qué ha pasado desde ese momento en que se disparó la natalidad en España? Pues hasta 2004 no pasó nada, fue a partir de ese momento cuando empezamos a elaborar acciones y políticas que dieran respuesta a las necesidades y a los nuevos retos, habitualmente con su voto en contra o con la abstención: la LOE, la Ley Orgánica de Educación, con una importante memoria económica sin precedentes y con el compromiso de abordar la etapa 0 a 3 años desde el ámbito educativo, reconociendo la importancia de esta etapa para el desarrollo cognitivo y funcional del alumnado; la Ley de Igualdad, que fomenta la asunción equilibrada de responsabilidades familiares y fomenta en las empresas inferiores a los 250 trabajadores la creación de planes de conciliación, premiando y reconociendo a la empresa flexible y familiarmente responsable; la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se estableció la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF y la prestación económica de pago única de la Seguridad Social por nacimiento o adopción. En el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a adaptar la duración y distribución de la jornada laboral para hacer efectivo su derecho a la conciliación en los términos que se establezcan en la negociación colectiva. También hay que señalar el reconocimiento de los empleados públicos de la Administración del Estado a la conciliación, cuyo ejemplo más significativo es el Plan Concilia, y el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución respecto de los créditos destinados a la realización de programas sociales dirigidos a las familias y a la infancia para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral. El objetivo es incrementar y mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención a la primera infancia, así como facilitar el cumplimiento de la normativa vigente. Y luego está el programa Educa3 que sin ser una etapa obligatoria, que tampoco lo es en los países de nuestro entorno, supone una inversión conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas de 1.087 millones de euros y además es la primera vez que se financia.
Señorías, quiero recordarles que en esta materia estábamos en aquel momento en manos de nadie, quien la asumía lo hacía por presión social y/o por convencimiento y normalmente quienes lo hacían eran los ayuntamientos.


En mi experiencia personal como concejala de Educación en el Ayuntamiento de Maó de 1999 a 2002, he de decirle que no obtuvimos ninguna ayuda para este tema. Ni el Gobierno balear del PP ni el Gobierno de España del PP tenían una peseta para la atención a la población de esta edad.
Conseguimos así y todo que toda la población que solicitara plaza la obtuviera. Pero hace un par de meses que mis compañeros en el Ayuntamiento de Maó municipalizaron las escuelas infantiles y lo han podido hacer gracias al compromiso y ejecución de recursos que provienen del Estado a través del programa Educa3 y de la comunidad autónoma. El programa Educa3 ha posibilitado el apoyo necesario a las comunidades autónomas para la creación de nuevas plazas y la consolidación de las existentes y además, muy importante, dar respuesta a la conciliación de la vida laboral y familiar con el prestigio y la calidad que esta etapa educativa se merece, en ningún momento creando plazas de aparcamientos para niños.


En mi comunidad autónoma -también voy a referirme a mi territorio- se ha elaborado un decreto en el que no solo se han creado nuevas plazas y se van a crear más, consolidando las existentes y proporcionando calidad educativa -teniendo presente, claro, las titulaciones, los espacios, etcétera-, sino que también establece que las escuelas infantiles de 0 a 3 años sean centros de apoyo a las familias, también para aquellas que decidan no utilizar una plaza educativa, con programas de masaje infantil, de terapia familiar, etcétera. El objetivo es que la educación llegue a toda la población y todo ello ha sido posible gracias a la LOE, que aprobamos en la pasada legislatura, y gracias al programa Educa3, que se ha puesto en marcha en esta legislatura,

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y que está dando sus frutos. Sin duda, señoría, el funcionamiento del programa Educa3 y de la educación en general dependen en gran medida de la corresponsabilidad de las diferentes administraciones. No podemos obviar las competencias transferidas a las comunidades autónomas y por ello es necesaria más que nunca la corresponsabilidad y el consenso. No podemos perder un minuto en el terreno educativo. La educación tiene que empezar cuanto antes. No podemos posponerla a una edad determinada.


Dicho todo ello no podemos aceptar su proposición no de ley tal cual está formulada, aunque como para nosotros es muy importante tanto avanzar en el tema de la conciliación como que se siga desarrollando el programa Educa3 y llegue a todo el mundo, podríamos llegar a una enmienda transaccional in voce, si el presidente y la Mesa lo consideran oportuno y si lo pactamos entre todos los grupos parlamentarios. A nosotros nos gustaría poder aprobar esta proposición no de ley por unanimidad. (La señora Méndez Monasterio pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, quedamos a la espera de que a lo largo de la mañana podamos llegar a una transacción y luego, en el momento de votaciones, ya le diríamos el texto al que podamos haber llegado.


El señor PRESIDENTE: Saben ustedes que solamente si no hay ningún portavoz que se oponga a que se haga una enmienda transaccional a partir de una enmienda in voce, podemos hacerlo. Si no hay ninguna oposición, de manera muy excepcional podemos hacerlo. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

- RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000387.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, relativa a la integración del sistema de formación profesional español en el ámbito de la Unión Europea. Para su defensa tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Señor presidente, presentamos esta proposición no de ley cuando si ciertamente todos los momentos para fomentar la formación profesional son importantes y claves, este lo es mucho más.
Lejos de que la crisis económica sea la que tiene cierta prioridad tanto en calidad de titular como de preocupación, creo que precisamente la situación económica actual debe ser un aliciente y un acicate para poner en primer término la formación de nuestros jóvenes. La política de educación y formación sigue siendo crucial para lograr el crecimiento y el empleo, la inclusión social y la ciudadanía activa, pero todavía se enfrenta a importantes retos. Estoy leyendo las conclusiones de la última recomendación del Consejo de Europa. Dice: El progreso en aspectos claves de la educación como la alfabetización o el abandono escolar prematuro es más lento de lo que se esperaba. El actual interés por la crisis económica no debe distraer la atención del establecimiento de unas políticas estratégicas adecuadas de educación y formación a largo plazo.
Como se ha subrayado en la presente comunicación, Europa debe afrontar varias deficiencias educativas si no quiere quedar rezagada en el panorama internacional. Por eso es más necesario que nunca aplicar un método abierto de coordinación eficaz que apoye la mejora de las políticas de educación y formación. Si esta es una recomendación que hace el Consejo de Europa y que tiene como destinataria a toda la Unión Europea, esta recomendación evidentemente sirve para España y además con un carácter, si cabe, de mayor urgencia y gravedad, porque lamentablemente hemos asistido durante la última legislatura a una ralentización y a la paralización de unos objetivos que estaban ya bien marcados en la Ley de Cualificaciones y se ha perdido bastante tiempo. Es cierto que últimamente el ministro y la ministra competentes en materia de formación profesional han hablado de una hoja de ruta de la cual conocemos más los titulares y las fotos que el fondo. Yo espero que en próximas fechas podamos tener en esta Comisión la oportunidad de estudiar a fondo esa hoja de ruta y ver en qué medida el Gobierno actual quiere dar respuesta a las demandas no ya urgentes sino importantísimas que tiene el sistema formativo. Hemos asistido durante estos cinco años a una paralización de la formación profesional e incluso estamos asistiendo en sus desarrollos a algunos desenfoques que son ciertamente preocupantes.


En primer lugar, da la impresión de que la formación profesional, tal como se está planteando, es una formación propedéutica para la universidad, cuando de sobra sabemos que la formación profesional, aunque pueda permitir el acceso a la universidad, solamente debe ser propedéutica para el empleo. En segundo lugar, la Ley de Cualificaciones hizo un enorme esfuerzo histórico para intentar unificar los tres subsistemas tradicionales e históricos en España. Asistimos aquí de nuevo cuando menos a un desconcierto, porque si bien es verdad que han quedado reducidos últimamente a dos subsistemas, la separación entre ellos en su día a día está siendo cada vez mayor, igual que la paralización en los centros de referencia nacional o la integración de la financiación, sin la cual no puede haber una integración real y efectiva de los tres subsistemas, como la integración en las titulaciones con una doble oferta a todos los alumnos. Por otro lado y en tercer lugar, hay que destacar que asistimos a una paralización en el intento de flexibilizar el sistema, de tal modo que en cualquier momento cualquier

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alumno o trabajador pueda volver a la formación. Empleabilidad, integración y flexibilidad -sería el cuarto punto- con una garantía de calidad en toda la formación profesional para los alumnos y los trabajadores, de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre el establecimiento de un marco de referencia europeo de garantía de la calidad de educación y de formación profesional que deberían llevar al establecimiento de un PISA europeo de formación profesional. De sobra conocemos cuáles son los programas que nos llevan a la convergencia de los objetivos y de las metodologías en el ámbito universitario, y ahí está el famoso espíritu de Bolonia que impregna a todas nuestras universidades. Sin embargo, no ha calado de la misma forma el espíritu de la Convención de Copenhague. Recientemente, en el mes de noviembre, en Burdeos se firmó una declaración -en un encuentro informal entre todos los ministros que tienen competencias en formación profesional y en enseñanza superior- en la que nos instan a potenciar también cuatro líneas de trabajo. La primera pretende implantar, a nivel nacional y a nivel europeo, los instrumentos y los dispositivos de cooperación en educación y formación profesional; la segunda, mejorar la calidad y el atractivo de los sistemas de educación y formación profesional; la tercera, desarrollar los vínculos entre la educación y la formación profesional y el mercado laboral, y la cuarta va dirigida a reformar las líneas de cooperación europea.


Señor presidente, no solamente asistimos a una paralización o a una ralentización de los objetivos -esperemos y estamos deseosos de que la ministra de Educación y el ministro de Trabajo logren acelerarlos-, sino que estamos también ante una paralización de la dimensión europea. Por ello esta proposición no de ley lo que intenta es acelerar el vínculo de todas las actuaciones del sistema de formación profesional español con el sistema europeo de cualificaciones y el sistema de créditos de formación profesional que permitan la movilidad en todo el territorio de la Unión Europea. Dentro de los objetivos de Lisboa evidentemente además de la cualificación estaba la movilidad. Poco hemos avanzado en este sentido.


Tengo que reconocer que finalmente los ministerios competentes aplicaron -si bien es verdad que un poco tarde, el 20 de noviembre, mediante un real decreto- la normativa europea sobre cualificaciones profesionales; es el decreto publicado el día 20 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto tengo que celebrar que finalmente se haya hecho. La proposición no de ley se presentó en el mes de julio y agradezco que en este caso se haya dado una respuesta por medio del boletín a una demanda que estaba presentada previamente. Sin embargo quedan muchos aspectos por concretar sobre quiénes van a ser las autoridades competentes en el desarrollo de este decreto que aún no se ha realizado y que yo espero que se promulgue cuanto antes.


No obstante -y voy terminando- creo que aunque se ha hecho esta trasposición, quedan aún bastantes cuestiones pendientes, y que son las que en la proposición no de ley hoy traemos, instando al Gobierno en primer lugar a que en el plazo más breve posible proceda, dentro de las recomendaciones que se han venido realizando y a las cuales he hecho referencia anteriormente, a la adaptación de nuestro sistema de cualificaciones profesionales a los ocho niveles fijados por la Unión Europea, sobre la cual aún no tenemos ninguna noticia. En segundo lugar, pedimos que se adopten todas las medidas necesarias con carácter urgente para incorporar el sistema europeo de créditos para la formación en el sistema español de formación profesional; en tercer lugar, que se establezca un programa nacional para que el profesorado de formación profesional pueda incorporarse, en las mejores condiciones posibles, al espacio europeo de educación y formación profesional, y en cuarto lugar, que se promuevan las medidas necesarias que faciliten la máxima integración posible de los centros docentes que imparten formación profesional en la red europea de garantía de calidad. Por lo tanto y a pesar de la publicación del real decreto con la trasposición, espero que estas cuatro peticiones -que son además de importantes, urgentes y de máxima actualidad en el momento económico en el que nos estamos moviendo -y sobre el que espero que podamos debatir con más detenimiento en alguna próxima comparecencia- sean apoyadas por el resto de los grupos entendiendo que estamos ante una cuestión que no tiene otro objetivo que el perfeccionamiento del sistema educativo y de la formación profesional y, por ende, de nuestros jóvenes.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Tomás.


El señor TOMÁS GARCÍA: Mi grupo agradece y se felicita de que el Grupo Parlamentario Popular reconozca en esta Comisión y en esta sede el avance que se ha producido en materia de la gestión y legislación de la formación profesional y también en la coordinación existente en materia de trabajo común entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte cuando ha hecho alusión a la presentación de la hoja de ruta de la formación profesional, de cuyo contenido manifiesta no conocer mucho como demostraré a continuación.
Ahora comprendo su desconocimiento, dado que algunos de los aspectos que ha mencionado en su intervención, están plenamente recogidos y tratados en esta hoja de ruta. Nosotros lo que verdaderamente deseamos es poder contar también con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a través de las comunidades autónomas donde gobiernan en el desarrollo y aplicación de esta hoja de ruta, que va a ser una de las piedras claves para el éxito y nuestra recuperación del tiempo perdido en la formación profesional con respecto a la Unión Europea.


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Habla en su intervención de paralización y de ralentización en materia de formación profesional en la última legislatura. Yo quisiera señalar con claridad que el Grupo Socialista tiene una visión diametralmente opuesta, y no solamente eso, sino que en todo caso entendemos que más ralentizada ha sido la reacción del Grupo Popular con esta proposición no de ley, y la mayor es la mayor, señor Gómez Trinidad. El Gobierno ha llevado a cabo la trasposición de la directiva europea por la cual ustedes presentaron esta proposición no de ley en el mes de julio, como ha señalado. Esta trasposición se realizó en el mes de noviembre, como bien expresó, pero nos sorprende que en el día de hoy no haya procedido a retirar su proposición no de ley, cuyo objetivo mayor era la trasposición. Esa trasposición a fecha de hoy está realizada y nos sorprende que hayan mantenido su iniciativa. No obstante, dado que ha insistido en la misma, esta ralentización no es cierta. La proposición no de ley que ustedes han presentado es prácticamente la misma que presentaron en septiembre de 2007. En aquel momento ya se les señaló que el Gobierno de España estaba trabajando intensamente en la trasposición de esta directiva. Con posterioridad, el señor Nasarre, que era el portavoz de su grupo, presentó preguntas escritas que eran literalmente idénticas a alguno de los apartados de su proposición no de ley. El Gobierno también le informó ampliamente tanto sobre el sentido del sistema europeo de créditos para la formación como sobre la red europea de garantía de calidad. Están debidamente respondidas y registradas en esta Cámara. Por tanto, seguimos sin entender qué sentido tiene mantener en el día de hoy esta proposición no de ley. El Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36 del Parlamento Europeo y del consejo, es ya una realidad. Yo creo que haríamos bien en reconocer que se ha hecho un trabajo efectivo. Es verdad que esta trasposición no se hizo en el tiempo adecuado, pero ya es una realidad.


Sobre la formación profesional es fácil hacer demagogia, pero lo que no debemos hacer es tratar de despistar ni de engañar. Es cierto que la formación profesional ha tenido un recorrido en España diferente al de otros países de nuestro entorno, de la misma manera que hemos registrado un retraso histórico importante. El sistema de formación profesional en España trabaja con más de medio siglo de retraso histórico respecto a la Unión Europea y tendrá que reconocerme, señor Gómez Trinidad, que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo extraordinario por todos los gobiernos por acompasarnos al ritmo de desarrollo de los países de nuestro entorno. Sin ir más lejos, cuando me habla de ralentización, yo le puedo dar algunos datos para que se informe y contraste. Desde el año 2004 ha habido un desarrollo normativo muy completo y complejo de la formación profesional en España. Podríamos decir que desde los años noventa no se conoce un desarrollo normativo tan amplio como el que se ha hecho en España por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2004. Le menciono alguno: el Real Decreto 1416/2005, el de catálogo nacional de cualificaciones profesionales; el Real Decreto 1558/2005, que regula los requisitos básicos de los centros integrados de formación profesional; la Ley Orgánica 2/2006, de Educación; el Real Decreto 1538/2006, de ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; el Real Decreto 395/2007, que regula el subsistema de formación profesional para el empleo; el Real Decreto 229/2008, que regula los centros de referencia nacional en el ámbito de la formación profesional; el Real Decreto 34/2008, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, y más, 33 reales decretos de creación de cualificaciones profesionales, y más aún, 24 reales decretos más de publicación de títulos de formación profesional y 9 reales decretos de establecimiento de certificados de profesionalidad. Creo que si hace un balance y tira de datos de anteriores legislaturas, podrá establecer la comparación pertinente.


No voy a entrar ahora en cada uno de los puntos que usted sigue manteniendo como necesarios. Debo decirle que en todos y cada uno se está trabajando ampliamente en el marco europeo de cualificaciones y tenemos que garantizar la transparencia de nuestras acreditaciones con el resto de los Estados de la Unión, contribuyendo así a la libre circulación de los profesionales de acuerdo con los objetivos de Lisboa. Habló usted también del programa de profesorado de formación profesional para facilitar su integración en las mejores condiciones posibles al espacio europeo. Le tengo que señalar que en la anterior legislatura y a lo largo de esta se está trabajando intensamente con las comunidades autónomas y se han llevado a cabo acciones formativas de carácter estatal. Dichas acciones tendrán además su continuidad con el recién creado Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado.


Para concluir, por no extendernos más, podíamos hablar también del último punto de su proposición, relativo a los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Yo me voy a centrar en la mayor, en la principal, que no es otra que el Gobierno ha cumplido con las recomendaciones que esta Cámara hizo y que el Parlamento Europeo ha establecido, ha traspuesto las dos directivas correspondientes y ha ido más lejos. En desarrollo de la LOE y atendiendo al reto más importante de la economía y de la sociedad española en estos momentos, ha incluido en el Plan de estímulo de la economía y empleo una hoja de ruta para la formación profesional, una hoja de ruta que asiste, como usted debe saber, a cuatro ejes primordiales: la excelencia en la educación, el reconocimiento de la experiencia, la ampliación y la flexibilización de la oferta de estudio y el carácter europeo de la nueva formación profesional. Por si no lo conoce, estas medidas tienen su concreción en una batería muy amplia que yo les resumo en cinco puntos: primero, la extensión de la red de centros integrados de FP para implantar una red de centros de referencia nacional de las 26 familias profesionales; segundo,

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la agilización en la elaboración de nuevos títulos y la puesta en marcha de una plataforma virtual que permita realizar a distancia los ciclos formativos; tercero, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y otras vías no formales de formación; cuarto, la puesta en marcha de un programa de becas y ayudas para trabajadores de 18 a 24 años que no han obtenido título de formación profesional para que puedan compaginar su trabajo con las actividades formativas necesarias para conseguir un título; y quinto, incentivar y apoyar la movilidad nacional e internacional, así como el estudio de los idiomas. Esto va a beneficiar a más de 200.000 personas. El cálculo es que el próximo año pueden beneficiarse unos 80.000, sobre todo de sectores emergentes relacionados con la Ley de Dependencia, con la educación infantil o las energías renovables. Como pueden comprobar, señorías, es preocupación de este Gobierno y del grupo parlamentario que lo sustenta el impulso de la formación profesional en el ámbito de la Unión Europea. Esto significa movilidad y equiparación de nuestro sistema de formación profesional con el de Europa. Esto está en desarrollo y creemos que los datos que hemos expuesto en la mañana de hoy así lo corroboran. Todos los esfuerzos del Gobierno están en esta línea.


Para concluir tendría que recordar algo que la ministra Cabrera ha dicho recientemente y que nosotros no tenemos ningún empacho en subrayar.
Tenemos, a pesar de todas las deficiencias, el mejor sistema educativo de nuestra historia. No sería comprensible nuestra propia democracia sin el avance de este sistema educativo que, como dije anteriormente, arrastra un retraso histórico muy importante con respecto a los países de la Unión. Este es un esfuerzo conjunto de la sociedad española, justo es reconocerlo y justo es recabar todos los esfuerzos necesarios para que así siga en el futuro. Con respecto a su proposición no de ley, obvio decirle que mi grupo no la va a apoyar porque entiende que lo lógico habría sido que su grupo la hubiera retirado antes de comenzar esta sesión.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra para fijar la posición? (Pausa.)

- RELATIVA A LA ASIGNACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS RECURSOS DE LA EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS VINCULADOS AL PLAN EDUCA3. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000407.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Presentamos esta proposición no de ley que tiene como objetivo reafirmar el compromiso de esta Cámara en la necesidad de territorializar a las comunidades autónomas los recursos de la educación de 0 a 3 años vinculados al Plan Educa3. Hace unos minutos, con relación a una iniciativa que nos planteaba el Grupo Parlamentario Popular, expresábamos esa idea de que es en el marco de las necesidades de las familias con niños pequeños, de las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, de las políticas orientadas al estímulo de las posibilidades de las familias de tener hijos, en la línea de lo que se acordó con la estrategia de Lisboa en el año 2007, con ese objetivo de incrementar la tasa de escolarización y educación infantil para 2010, en la convicción que se expresaba en el marco europeo de que precisamente la escolarización en edades tempranas es un factor determinante para alcanzar los mejores resultados en la educación, es en este contexto, señorías, de ese conjunto de políticas que están vinculadas al acceso a la educación en el tramo de 0 a 3 años, en un contexto en el que, además, el Estado del bienestar en España precisamente en atención a la infancia es quizá donde ha tenido un menor desarrollo, donde hay que ubicar esta iniciativa de Convergència i Unió. Tanto la Ley Orgánica de Educación, que aborda esa necesidad de desarrollar también la cobertura de la escolaridad en el tramo de 0 a 3 años, como la puesta en marcha del Plan Educa3, responden a ese compromiso de movilizar recursos públicos para garantizar esas guarderías, y de hecho ya en 2008 y 2009 se han producido en los Presupuestos Generales del Estado las correspondientes previsiones presupuestarias y a través de las conferencias sectoriales de educación y política social se ha producido la distribución de esos recursos a nivel autonómico, con arreglo a un programa que supongo que los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en sus intervenciones van a explicitar donde hay un compromiso mutuo entre comunidades autónomas y Gobierno del Estado para financiar conjuntamente esas plazas.


Compartimos esa política desde el Gobierno del Estado de trasladar recursos a las comunidades autónomas para garantizar esa extensión de la escolaridad en la franja de edad de 0 a 3 años. Por tanto, esta proposición no de ley no se pronuncia sobre esta cuestión de fondo. Sí lo hacemos con nuestra iniciativa con relación a otras cuestiones más instrumentales de esta política. En primer lugar, debe quedar muy claro que la política que desarrolla el Gobierno en este ámbito debe respetar las competencias de las comunidades autónomas en el primer ciclo de la educación infantil. Mi grupo ahí actúa de manera muy preventiva. Lo explicaba en una anterior intervención nuestra. En la pasada legislatura el balance del abordaje que se ha hecho desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno del Estado de las políticas de atención a la dependencia ha sentado un mal precedente. En una materia donde a lo largo de los primeros treinta años de nuestro sistema político el desarrollo de

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los servicios sociales no se había producido con la intensidad adecuada ni respondiendo a las necesidades objetivas de la sociedad y de las familias, se optó por legislar de manera inadecuada para cubrir esas necesidades con una ley como la Ley de atención a la dependencia que, más allá de la mala aplicación que hoy tiene, ha vulnerado también las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en esta materia.
Precisamente para evitar la tentación de una ley de la dependencia 2, en este caso vinculada a la educación infantil o a la educación en el primer ciclo infantil, nos parecía necesario reiterar esa referencia al estricto respeto a las competencias de las comunidades autónomas, que sería el punto a) de nuestra iniciativa. En segundo lugar, poner el acento, tal como expresa el punto b), en que la distribución de estos recursos acordados en la conferencia sectorial correspondiente debe tener básicamente en cuenta la población infantil de 0 a 3 años para evitar distorsiones en ese reparto.


Finalmente, ponemos encima de la mesa una cuestión que nos parece esencial en el marco de aquellas políticas sociales en las que los Presupuestos Generales del Estado y la política concreta del Gobierno juegan un papel relevante, como es empezar a incorporar la necesidad de ponderar, a la hora de efectuar estas transferencias, los distintos costes de la prestación de los servicios en cada una de las comunidades autónomas. Nos parece que esa vocación de garantizar una equidad en la prestación de los servicios que se financian debe tener en cuenta precisamente esos costes distintos, porque, si no, para el ciudadano concreto esa falta de valoración de los costes distintos termina produciendo una inequidad en la prestación del servicio que recibe.


Es interesante ver el informe que Deloitte ha hecho sobre los costes de los servicios de atención domiciliaria en distintos territorios del Estado, donde el coste de una hora de atención domiciliaria es sustancialmente diferente en unas ciudades respecto a otras y en unos municipios respecto a otros, y que los recursos que se transfieren a esas comunidades autónomas para atender esas necesidades son mermados en función del mayor coste que ese servicio pueda tener en su territorio.
Esa consideración hay que incorporarla, no tanto en beneficio de los gobiernos autonómicos correspondientes, sino en beneficio de los ciudadanos de los territorios de que se trate, donde un mayor coste de ese servicio implica también una mayor participación del usuario en el pago del mismo o bien un mayor incremento del esfuerzo público de esa comunidad autónoma en la financiación de esos servicios. Nos parece que esa variable hay que incorporarla y la planteamos en el punto c) de nuestra iniciativa. Por tanto, compromiso con el Educa3, compromiso con la educación infantil desde la perspectiva de una orientación mejor a la educación en edades más avanzadas de las niñas y de los niños en la línea de las políticas de conciliación de la vida familiar, en la línea de las políticas de apoyo a las familias que quieren tener hijos; compromiso para reiterar que sea una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, compromiso para que el criterio principal de reparto sea la población y necesidad de incorporar la ponderación de los costes de prestación de los servicios en cada uno de los territorios. Esa es la orientación de esta proposición no de ley que a mi grupo le gustaría que hoy contase con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios y escucharemos las propuestas que nos formulen los otros grupos.


El señor PRESIDENTE: Esta proposición tiene dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Tengo que agradecer la iniciativa de Convergència de Unió en esta materia porque nos permite desarrollar un debate interesante sobre algunas de las cuestiones que nos plantea el tema de la educación infantil, el modelo que hemos creado en nuestra legislación, las funciones del Estado en su caso y los límites de las mismas. Tengo que empezar por decir que estamos parcialmente de acuerdo con la iniciativa y que suscribimos sus puntos primero y segundo.


Pero el punto tercero tengo que decir -también con gran sinceridad- que nos ha llenado de perplejidad y que, en los términos en que está planteado, nos parece inaceptable y lo hemos sustituido en nuestra enmienda.


Quería, porque el debate merece la pena, hacer algunas consideraciones sobre los antecedentes del marco en el que nos encontramos. En primer lugar, la LOE regula este primer ciclo de educación infantil con dos características: una, es un ciclo educativo de carácter voluntario, por tanto no obligatorio, a elección de las familias y, dos, es un ciclo educativo que no tiene la exigencia legal de gratuidad. Tengo que decir que mi grupo asume estas dos características de este ciclo educativo, tal y como están en nuestra vigente legislación. Hay una diferencia entre la regulación de la LOE respecto a la regulación anterior, la llamada Ley de Calidad, impulsada por el Gobierno del Partido Popular en su momento, y es que esta ley confiere a las administraciones educativas de las comunidades autónomas la plenitud de la regulación en lo que se refiere a los contenidos educativos y también a los requisitos de los centros que impartirán este ciclo educativo. La diferencia respecto a la Ley de Calidad es que aquella ley establecía la exigencia de una normativa básica del Estado sobre los aspectos educativos, por una parte, y sobre las condiciones que deben reunir los centros e instituciones en que se impartiera esta educación, por otra. En estos momentos deja todo en manos de las comunidades autónomas, el Estado se desentiende tanto de los aspectos educativos como de las condiciones y se produce una desregulación a nivel estatal. A partir de ahí, las comunidades autónomas están ya regulando, con arreglo a las funciones que la ley le ha otorgado, este primer ciclo de la educación infantil.


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He visto colgado en la página web de la Junta de Andalucía el proyecto de decreto por el que se regula el primer ciclo de educación infantil -todavía no lo ha aprobado el Gobierno de la Junta de Andalucía- y el segundo párrafo de la exposición de motivos de este proyecto dice: Este carácter educativo no puede hacer olvidar que la asistencia de los niños y las niñas a los centros que imparten esta etapa educativa constituye uno de los mecanismos más eficaces para asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus padres y madres. Continúa diciendo: En consecuencia, la organización y funcionamiento de estos centros tiene en cuenta esta función asistencial, particularmente en lo que se refiere a horarios, servicios que ofrecen, etcétera. Cuando leí, señor presidente, este texto recordé que en la Ley de Calidad se decía que este primer ciclo de educación infantil tendría una función educativa y asistencial y recibimos el trueno de la señora Chacón y de la señora Valcárcel, fuimos acusados de todo. Al final, la Junta de Andalucía ha recuperado el sentido asistencial para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en este primer ciclo educativo. Entre tanto, en la LOE se dice que al Estado no le corresponde esta etapa educativa de la educación infantil y que deben ser las comunidades autónomas pero es muy duro para el Estado desentenderse del todo. Por ello, el Partido Socialista presentó en su programa electoral del año 2004 -tengo aquí la página 73- una propuesta importante y muy propagandística que decía: Se promoverá la creación de 300.000 plazas de este tramo de la educación infantil con una aportación inicial del Gobierno de 1.000 millones de euros. Estábamos en época de bonanza económica y prosperidad pero pasamos de 2004 a 2008 y de esos 1.000 millones de euros no se vio ni un euro, hasta que llegó el año 2008 en el que, con la aceptación de una enmienda de Izquierda Unida, se introdujo en el presupuesto de 2008 la cantidad de 100 millones de euros para estas finalidades. Posteriormente, apareció el Plan Educa3 -vendido a bombo y platillo, como corresponde a las técnicas propagandísticas del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero- con el horizonte temporal 2008-2012, que habla de un presupuesto de 1.000 millones de euros. Hay que recordar el famoso dicho de que cuando hablamos de dinero o santidad, la mitad de la mitad. Después nos hemos enterado de que de esos 1.000 millones de euros corresponden a los Presupuestos Generales del Estado 500 millones de euros -es decir, la mitad- y la otra mitad la tienen que aportar las comunidades autónomas. Así, se ha aprobado recientemente la primera distribución de 100 millones de euros correspondientes al presupuesto del año 2008. Ese presupuesto del año 2008 está ya repartido y pertenece al pasado, así que, lo que estamos haciendo aquí, es indicar al Gobierno criterios para los años sucesivos, es decir, del año 2009 en adelante. Les recuerdo a los miembros de la Comisión que en el año 2009 hay un concepto presupuestario, el 454, con un importe de 100 millones de euros que van en el capítulo IV. Los de este año las comunidades autónomas los tienen que dedicar a la construcción de plazas escolares, es decir, al ladrillo.


¿Qué hacer? ¿Cómo distribuimos este fondo? Este es el núcleo del problema, señor presidente. A mí me parece que no nos queda más remedio -dada la naturaleza, características y plena libertad de las comunidades autónomas y el carácter no gratuito de estas enseñanzas, que permite cualquier modalidad de financiación o copago- que establecer un criterio de la máxima objetividad. Yo no encuentro otro que el número de alumnos escolarizados que están atendidos en este tramo educativo. Sinceramente, no me parece que sea posible algún tipo de criterio de ponderación ¿Eso quiere decir que en aquellas comunidades autónomas en las que el servicio es más caro, tenemos que dar más dinero? ¿Eso va a favor de la cohesión social del país? ¿Eso quiere decir -como ha pasado, desgraciadamente, con la nueva regulación de las becas- que sea posible que los alumnos del barrio de Salamanca de Madrid o de Sant Gervasi, cuyos costes probablemente son superiores, reciban más dinero del conjunto de los españoles? Yo creo que eso es injusto. Sé que hay una enmienda transaccional que me ha enseñado la portavoz socialista en esta materia que dice: Se establecerán otros criterios. Que me digan cuáles se van a aplicar en este campo.


Somos conscientes de que probablemente el único criterio objetivo, que es el número de alumnos, no es perfecto, pero tenemos que saber, con prudencia y con sentido común, a lo que nos conduciría el establecimiento de otros criterios.


Termino ya, señor presidente. Nuestro planteamiento es -lo decimos en el punto tercero de nuestra enmienda- dar plena libertad a las comunidades autónomas, a la que tienen derecho, para que den respuesta a la demanda social conforme a los criterios políticos que hayan ofrecido a los ciudadanos cuando se presentaron a las elecciones y, por tanto, una comunidad autónoma podrá establecer requisitos muy costosos; podrá solo, por ejemplo, considerar que tienen que financiar plazas gratuitas; podrá establecer sistemas de copago; podrá dar ayudas directas a las familias, fórmula que a mí personalmente me parece extraordinariamente positiva; podrá, por ejemplo, establecer convenios con empresas o parques empresariales para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar; podrá establecer convenios con los ayuntamientos, etcétera. Hay muchas fórmulas para afrontar estos servicios educativos, pero lo importante es que el destino de los fondos sea el adecuado. Es decir, esa libertad tiene que acompañarse de responsabilidad. Por tanto, consideramos que la eficiencia, los criterios rigurosos del gasto, etcétera, que contribuyan a incrementar la oferta de plazas en este tramo educativo son muy importantes. De ahí que sea necesaria -como nosotros planteamos en nuestra enmienda- una rendición de cuentas, euro a euro, de todos los dineros que se destinan a esta finalidad y, asimismo, un control que deben ejercer esta Cámara y esta Comisión. Tenemos que saber cómo han gastado cada

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uno de los euros destinados a esta finalidad cada una de las comunidades autónomas y, por tanto, anuncio que presentaremos la correspondiente iniciativa parlamentaria en este sentido.


En definitiva, señor presidente, nuestro planteamiento es: un criterio objetivo que sea irreprochable, libertad a las comunidades autónomas y exigencia de responsabilidad, porque sin responsabilidad no hay libertad.


El señor PRESIDENTE: Estoy muy de acuerdo con el concepto de responsabilidad y libertad, es verdad que ambos van juntos.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Villagrasa.


La señora VILLAGRASA PÉREZ: Como SS.SS. ya conocen, a partir de este curso se ha puesto en marcha el ya conocido Plan Educa3, un plan que responde a una iniciativa del Gobierno que persigue un doble objetivo: por un lado, ofrecer una educación de calidad a los niños y niñas de estas edades y, al mismo tiempo, responder a la demanda de muchas familias que necesitan conciliar la vida familiar, personal y laboral. Esto ya se ha argumentado en la iniciativa que antes se ha mantenido en segundo lugar. Como dijo la ministra de Educación, Política Social y Deporte en su comparecencia del pasado 17 de septiembre, la educación infantil es un factor básico de equidad, clave para compensar desigualdades de partida y contribuye a mejorar el posterior éxito escolar. Así lo reconoce el Informe 2007, objetivos educativos y puntos de referencia 2010 en el marco de la estrategia de Lisboa, un informe en el que se dice que la escolarización en edades tempranas es uno de los factores más determinantes para conseguir que los estudiantes alcancen mejores resultados, especialmente cuando los niveles socioeconómicos y culturales de las familias son más bajos, siendo España uno de los países de la OCDE con mayor tasa de escolarización en esta etapa. El Plan Educa3 es el primer programa integral de impulso a la creación de nuevas plazas educativas para niños de 0 a 3 años. Este programa supone una inversión total de 1.087 millones de euros entre 2008 y 2012, una financiación que se realiza al 50 por ciento -y lo quiero señalar- entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y las comunidades autónomas. El primer crédito para este plan se aprobó el pasado 29 de agosto con el reparto entre las comunidades autónomas de 130 millones de euros para el año 2008. De ellos, cien millones están destinados a la construcción de nuevas escuelas de educación infantil, a la adaptación de edificios ya construidos para albergar nuevas escuelas de educación infantil y a la ampliación de las escuelas existentes. Los 30 millones restantes corresponden a la cofinanciación de programas sociales dirigidos a las familias y a la infancia para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral mediante la atención a las niñas y niños entre 0 y 3 años. Conforme a este plan, entre el año 2008 y el 2012 el ministerio desplegará una serie de medidas dirigidas a crear nuevos centros y mejorar los existentes, de modo que garanticen un entorno educativo adecuado para los más pequeños; medidas dirigidas también a establecer convenios con las comunidades autónomas que garanticen una oferta educativa de calidad, a incentivar a los ayuntamientos para que participen en la creación y adecuación de centros que atiendan a este primer ciclo de educación infantil y a mejorar la atención educativa de los niños que vivan en zonas rurales de población dispersa, corrigiendo desigualdades de origen. Quiero señalar que el primer convenio que se firmó entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte fue con mi comunidad autónoma, Aragón, que ya estaba trabajando en esa línea.
Este impulso notable a la red de centros educativos de educación infantil responde a las condiciones de calidad y equidad recogidos en la Ley Orgánica de Educación.


En relación con los antecedentes señalados por el Grupo Catalán, quiero indicar que el contenido de Educa3 no pretende de ninguna manera interferir en el modo en que cada comunidad autónoma organiza o gestiona la oferta educativa para los niños de 0 a 3 años. Su objetivo se centra en el logro de un incremento significativo de plazas de este tramo educativo, del modo que cada comunidad autónoma considere oportuno, pero siempre con el criterio de que se dé esta oferta en las condiciones de calidad exigibles por su condición de etapa educativa, buscando también la normativa propia de las comunidades autónomas. Son las administraciones autonómicas, en el pleno ejercicio de sus competencias, las responsables de la planificación de la oferta, sus características, su organización, funcionamiento, etcétera. Ninguna de las previsiones del plan invade competencia alguna de las comunidades autónomas. Por otra parte, en relación con lo que se plantea en el antepenúltimo párrafo del preámbulo, parece asumir que las distribuciones de fondo que se llevan a cabo con el presupuesto asignado al Ministerio de Educación no se realizan con criterios objetivos y esto no es admitido.


En relación con las manifestaciones realizadas por el portavoz del Grupo Popular, quiero manifestar mi perplejidad y recordarle una vez más que este y otros programas pueden llevarse a cabo porque cuando se aprobó la LOE venía acompañada por una memoria económica de más de 7.000 millones de euros. También quiero recordarle que nosotros, el Partido Socialista, conocemos y respetamos la autonomía de las comunidades autónomas y ustedes siguen instalados en el discurso obsoleto de nosotros legislamos y ustedes pagan. Respecto a lo que se ha manifestado sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía, quisiera decirle que eran otros tiempos, era el 2004 y que si eso se propuso es porque había otra ley que no tenía nada que ver con la Ley Orgánica de la Educación.


Respecto apartado segundo, al que alude la proposición no de ley del Grupo Catalán, los criterios para distribución de los créditos tienen en cuenta que la determinación de estos criterios siempre se llevan a cabo en el seno de la

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Conferencia Sectorial de Educación, por lo que la petición al Gobierno únicamente puede referirse a que proponga a la conferencia la distribución de los recursos con el criterio indicado. Quiero señalar, no obstante, que en la distribución que se hizo en el año 2008 se contempla el criterio propuesto, el de distribución de recursos en función de la población infantil de 0 a 3 años, como criterio principal, asignándole un peso del 94 por ciento. El apartado tercero solicita la introducción de una ponderación respecto a los costes de prestación del servicio en función del territorio. En relación con ello, se señala que Educa3 pretende la creación de nuevas plazas, sin hacer expresa mención de los costes de prestación del servicio, lo que no parece tenerse en cuenta.
Señalamos, por otra parte, que el coste de funcionamiento de las escuelas infantiles está determinado principalmente por los gastos de personal y estos gastos dependen de la normativa autonómica que puede exigir una mayor o menor dotación de los centros, pero en iguales condiciones se trata de costes similares sin diferencias regionales marcadas.


Para terminar, quiero decir que hemos presentado una enmienda de supresión. No obstante, creo que vamos a llegar a una transacción sobre el apartado tercero con el grupo proponente, que luego pasaremos a la Mesa. (El señor Tardà i Coma pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Intervengo muy brevemente.


Desconocemos la transaccional -en todo caso, ya nos pronunciaremos sobre ella-, pero quiero manifestar que nosotros hubiésemos votado la proposición no de ley tal y como ha sido presentada por Convergència i Unió. Creemos que esta proposición no de ley tiene la virtualidad de ser totalmente preventiva. Reclamar un estricto respeto a las competencias autonómicas va de soi; de hecho, sería innecesario tener que reclamarlo.
De igual manera ocurre con los apartados segundo y tercero, aun cuando tiene mayor enjundia el apartado tercero, puesto que, ciertamente, en él se resume una de las problemáticas que hemos ido discutiendo a lo largo de estos últimos años respecto, por ejemplo, al despliegue y desarrollo de la Ley de Dependencia, por no hablar del tema de las becas o incluso del tema del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales, que, como ustedes saben, hoy por hoy está en el candelero y forma parte del debate que tenemos estos días en esta Cámara y en la ciudadanía, al menos respecto a Cataluña.


Debo decirles que, ciertamente, la conferencia sectorial acaba siendo el órgano en el que todo acaba legitimado, pero también es cierto que quien tiene la manija, quien presenta los proyectos en las distintas conferencias sectoriales es el Gobierno. De hecho, nosotros entendemos que si se aprobara esta proposición no de ley, si luego existiera la voluntad política de cumplirla, nos evitaríamos muchos problemas y superaríamos escenarios estériles que se han dado a lo largo de estos últimos años respecto a temas que todavía no han sido resueltos. Repito que el de las becas es uno de ellos, el del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales es otro e incluso el despliegue de la Ley de Dependencia, puesto que han sido escollos que con grandes dificultades hemos ido superando, pero solamente los hemos ido superando. Sería interesante que no tuviéramos estos mismos problemas con respecto a un proyecto celebrado por nosotros, como es el que ha motivado esta proposición no de ley, es decir, el desarrollo del programa Educa, que significa que por primera vez, como había significado también que por primera vez la Ley de Dependencia obligara a la Administración central a aportar recursos, la Administración central va a aportar recursos para la educación infantil.
En su momento esto fue motivo de reconocimiento político y ahora de lo que se trata es de que su aplicación no genere nuevos problemas entre las administraciones autonómicas y la Administración General del Estado. Así, pues, entendemos feliz esta iniciativa parlamentaria y esperamos que sea aprobada y, si se introduce una transaccional, por favor, señores del Grupo Socialista, no pongan demasiado agua al vino, pues de lo que se trata es de superar este déficit, algo que sin duda nos agradecerán todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español.


El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, estará de acuerdo conmigo en que una de las cosas buenas de la democracia es que la calidad de nuestros vinos ha mejorado mucho. (Risas.)

El señor TARDÀ I COMA: Es verdad. Y la del agua también.


El señor PRESIDENTE: Y la del agua también. Además, hemos aprendido a no mezclarlos.


Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, estamos a la espera de que el Grupo Socialista distribuya al conjunto de los grupos, y espero que también a la Mesa, la propuesta de transacción. Para tranquilizar a mi colega el señor Tardà, le diré que los puntos primero y segundo de la proposición no de ley figuran en esa transacción tal y como se han planteado por Convergència i Unió. Y no sé si para inquietar o no al señor Nasarre, en el punto tercero es donde se hace un esfuerzo de aproximación entre la posición del Grupo Socialista y la de Convergència i Unió. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Diez segundos.


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El señor PRESIDENTE: ¿Diez segundos, señor Nasarre? Bien.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Ha habido una mala interpretación de mis palabras por parte de la portavoz del Grupo Socialista. Simplemente quiero decir que el proyecto de decreto al que me he referido es el proyecto de decreto vigente. El que está en la página web no responde a la Ley del año 2002, sino a la LOE de 2006.


- RELATIVA AL DESARROLLO DE CICLOS FORMATIVOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000585.)

El señor PRESIDENTE: Abordamos la quinta proposición no de ley, relativa al desarrollo de ciclos formativos de agricultura ecológica, que presenta el Grupo Socialista y que va a defender en su nombre la señora Vázquez, que tiene la palabra.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, el Grupo Socialista presenta hoy una proposición no de ley para que se elaboren y se publiquen los títulos de formación profesional referentes al desarrollo de la agricultura ecológica. Para justificar su necesidad, haré algunas apreciaciones sobre la evolución de la agricultura ecológica en España y en Europa. España es el país de la Unión Europea que más producción ecológica desarrolla, a pesar de que todavía no es gran consumidor, exportando el 90 por ciento de su producción fundamentalmente a Alemania, a Francia y a Reino Unido. La tendencia de este sector, del sector de la agricultura ecológica, es una tendencia a la expansión no solamente en España, donde se ha pasado de cuatro mil y pico hectáreas en el año 1991 a 1.250.000 en 2008, sino también en el conjunto de la Unión Europea, donde en la misma época se ha pasado de 500.000 hectáreas en 1991 a más de 6 millones de hectáreas en 2008. Esa expansión se produce a partir de los años noventa, que es cuando la Unión Europea comienza a desarrollar la reglamentación sobre esta producción. España cuenta con la mayor superficie destinada a agricultura ecológica de la Unión Europea tras haber superado a Italia, que tenía este récord en el año 2007. Las razones de este crecimiento son múltiples y puntuales para cada país.
Entre ellas destacamos la concienciación de los ciudadanos, el desarrollo de la agroindustria, los temas medioambientales, los escándalos alimentarios, que por ejemplo hicieron que a partir del problema de las vacas locas se disparara en Reino Unido el consumo de estos productos, y sobre todo el apoyo institucional, el apoyo de la Unión Europea y de los distintos países a esta producción.


Fruto de esta expansión se han venido desarrollando distintos planes estratégicos de agricultura ecológica. El Ministerio de Medio Ambiente, el antiguo Ministerio de Agricultura, está desarrollando el Plan estratégico 2006-2010, Andalucía, como la comunidad que más extensión de agricultura ecológica tiene, está desarrollando ya su II Plan estratégico 2007-2013 y todos los planes de las comunidades autónomas y del ministerio incluyen entre sus objetivos los programas de formación e investigación en agricultura ecológica. Sin embargo, la evolución de la formación no ha ido ni con mucho pareja a la evolución de la producción ecológica. De hecho, destacaré las conclusiones del último encuentro que hubo en Catarroja, en Valencia, sobre formación y capacitación en agricultura y alimentación ecológica. Los expertos destacaban -leo literalmente- que se detecta una enorme demanda de técnica en el sector de la agricultura ecológica debido a que el sector crece en torno a un 30 por ciento anual en superficie y está previsto que el consumo interno lo haga en un 10 por ciento.


Por otra parte, en el mismo encuentro destacan que el gran número de nuevas incorporaciones al sector de la agricultura se hace para la producción ecológica. Esto significa que la producción ecológica puede ser un motor importantísimo de rejuvenecimiento del sector agrario. No parece razonable entonces que, siendo España el país que tiene más superficie de producción ecológica y que más exporta a la Unión Europea, sus productos no tengan ninguna titulación reglada en estas competencias profesionales. Destacaban también en las conclusiones de este encuentro que esa gran demanda de técnicos que se está provocando está haciendo que se desarrolle mucha formación no reglada, que en muchas ocasiones carece de unificación de criterios, de contenidos y eso se evitaría si hubiera una titulación específica.


En el año 2007 se publicó en el BOE el real decreto por el que se desarrollaban las cualificaciones profesionales de nivel 2 de agricultura y ganadería ecológicas. Pero, como sabemos, para que esas cualificaciones se puedan acreditar a los interesados es necesario, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la formación profesional, que se curse un título o un certificado de profesionalidad. Por eso, ya que tenemos dos cualificaciones profesionales publicadas, queremos instar en primer lugar al Gobierno a que desarrolle, a la mayor brevedad posible, el título -en este caso sería de grado medio- para que pudiera estar disponible para el próximo curso escolar. Pero con este título no se solucionan los problemas de cualificación que tiene el sector de la agricultura ecológica, porque con estas cualificaciones solo tendríamos un título de grado medio y, de acuerdo con la normativa europea, se requieren títulos técnicos de grado superior, por ejemplo, para calificar las superficies como superficie ecológica, para convertir la agricultura convencional en agricultura ecológica, para certificar esta producción y para su etiquetado, para lo cual tampoco existen técnicos de grado superior. Será necesario no solo en la agricultura, que es el tema que nos ocupa hoy, desarrollar otras cualificaciones en el aspecto ecológico como consecuencia de la

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agricultura ecológica. Por ejemplo, me podría referir a cualificaciones de comercio en ecología, para distribución; en cosmética, sobre todo; también Andalucía requeriría las cualificaciones de producción acuícola ecológica.


Señorías, hoy estamos hablando de agricultura. Entendemos que la agricultura ecológica está contribuyendo de forma muy importante a acercar a los jóvenes al sector de la agricultura. Además de que es un motor importante de desarrollo rural también lo es del cuidado de la biodiversidad y de la salud. Por todo ello, el Grupo Socialista insta al Gobierno a estudiar el campo de observación de la agricultura ecológica, a desarrollar y publicar las cualificaciones profesionales necesarias para, posteriormente, desarrollar y publicar los títulos formativos de grado medio y superior que cubran todo ese campo de observación, sobre todo por el vacío total existente. En otros países de la Unión Europea hay titulaciones, incluso universitarias, referentes a la agricultura ecológica. En España hay un vacío total siendo, como he dicho antes, el primer país productor y exportador de estos productos y sería necesario que estos títulos los tuviéramos cuanto antes.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González García.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: En nombre del Grupo Popular voy a presentar unas reflexiones sobre la proposición no de ley relativa al desarrollo de ciclos formativos de agricultura ecológica que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Coincidimos en algunos puntos de la exposición de motivos, ya que lo deseable es lo que nosotros siempre hemos defendido: cultivar en salud que es, simple y llanamente, un estado de bienestar pleno tanto físico como psíquico o social. Porque la productividad y el máximo rendimiento al mínimo coste no pueden seguir siendo los únicos criterios a tener en cuenta actualmente y menos en agricultura. La agricultura también tiene que ser vida sana y tenemos que ir en la dirección de la agricultura integrada; una agricultura que garantice no superar la mitad de la cantidad máxima permitida de residuos tóxicos presentes actualmente en los productos obtenidos. Por ello defendemos los objetivos de la agricultura ecológica y, resumídamente, haré referencia a algunos de ellos. Uno, mantener un agrosistema equilibrado, estable y productivo. Dos, crear y mantener la fertilidad del suelo. Tres, frenar la degradación de su estructura. Cuatro, utilizar técnicas de cultivos adecuados. Cinco, no usar productos tóxicos ni contaminantes. Seis, controlar las plagas y enfermedades especialmente biológicas. Siete, producir alimentos de gran calidad nutricional. Ocho, optimizar los recursos y potenciales locales. Nueve, utilizar prácticas agrícolas respetuosas con el entorno. Podría seguir y no crean que pretendo dar una lección magistral sobre ecología, pero se desprende de mis palabras que es un tema que me apasiona y que me ha hecho especial ilusión defender en nombre de mi grupo. Todos estos objetivos, y muchos más, enlazan con la máxima histórica: cuantos más fertilizantes, más producción. Eso realmente ya es pasado porque no funciona siempre. En los últimos años la cantidad mundial de fertilizantes ha bajado un 15 por ciento y solo España invierte esa tendencia, ya que el pasado año aumentó un 15 por ciento de fertilizantes, a pesar de la escandalosa subida de precios de compra. ¡Qué utopía! Por tanto, resulta básico que las personas que se dediquen a la agricultura ecológica estén formándose bien y continuamente. Hasta ahora, decía la portavoz socialista, solo se imparten cursos de formación -por cierto, algunos de ellos muy interesantes y orientadores-. Yo incidiría en que lo que realmente -y en eso coincidimos- se hace necesario es un aprendizaje, una enseñanza y una formación reglada.


Ustedes nos presentan hoy esta proposición no de ley aun habiendo eliminado en esta legislatura el Ministerio de Agricultura. ¡Qué contrasentido defender la agricultura y al mismo tiempo eliminarla del ministerio! Pero, entrando en el fondo, nos gustaría que nos contestasen y nos aclarasen algunas incógnitas que a continuación planteamos, dentro del marco europeo de cualificaciones. ¿Por qué el retraso en la aplicación de la directiva, sobre todo la indeterminación en la designación de los órganos que exige la aplicación de la misma y que remiten a la legislación posterior que, casualmente, todavía no se ha desarrollado? ¿Cuándo va a salir la legislación que recoge la misma trasposición de la directiva? Respecto del marco europeo de cualificaciones, quiero resaltar también los plazos que establece la propia directiva. ¿Qué es lo que se ha hecho respecto a cada uno de estos plazos y que todos los títulos y certificados de profesionalidad establecen en sus disposiciones finales la equiparación en dicho marco? ¿Por qué en la última reunión de la Comisión Permanente del Consejo se decidió que se suprimía el grupo de trabajo sobre Europa del Consejo General de la Formación Profesional, que dirigía anteriormente la subdirectora de formación profesional del ministerio? ¿Este es el interés que muestra el ministerio sobre la adaptación de la formación profesional en Europa?

Ahora pretenden dos títulos de grado medio de agricultura: técnico en producción agropecuaria y técnico en producción agroecológica, que se presentaron a la comisión permanente del Consejo General de Formación Profesional. Deben saber todas SS.SS. que en el primer título se refunden los tres anteriores, con inclusión de 21 unidades de competencia, que incluyen, entre otras, cualificaciones agrícolas como fruticultura, horticultura, rumiantes, avícolas, cunículas y porcinas, y que fue criticado por la UGT en la última reunión de la comisión permanente, hasta el punto de que el ministerio decidió retirar estos títulos para establecer títulos de agricultura y ganadería. Entre los dos títulos que se presentan hay cinco módulos comunes. Por tanto, ¿en qué se diferencian las cualificaciones de la agricultura ecológica de la

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normal? La respuesta es clara, contundente y sencilla: en nada, salvo en el planteamiento de propaganda política, que lleva a sacar un nuevo título de agricultura y ganadería ecológica y que, al menos desde nuestro punto de vista, debería dividirse en dos, porque mientras se refundan tres títulos antiguos en uno, para compensar se crea uno. Un mal negocio de titulaciones hacemos, se crea uno y se suprimen tres; perdemos dos.


Para terminar, voy a hacer la reflexión de que, paralelamente deberíamos contar con un profesorado cualificado y especializado en este tema, porque si queremos formar técnicos preparados previamente tiene que estar preparado el profesorado. No nos vaya a suceder algo similar a lo de educación para la ciudadanía, que primero se crea la asignatura y después se busca al profesorado de cualquier forma.


No obstante todo lo dicho, como a nuestro grupo nos parece, en general, positivo, manifestamos que vamos a votar afirmativamente, pero quiero hacer una última recomendación que creo que debería recoger esta Comisión y trasladarla al ministerio. En la unidad de competencias 0526, de agricultura ecológica, se habla de que deben aprender a manejar tractores. ¡Hombre! Yo creo que debería sustituirse por maquinaria agrícola, no vaya a ser que el resto de las actividades que no haga un tractor haya que seguir haciéndolo, en pleno siglo XXI, a pico y pala.


- SOBRE LA CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DEL PROGRAMA DE LA UNESCO SOBRE EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000591.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 6.ª, del Grupo Socialista, sobre aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para su defensa tiene la palabra el señor Pérez Castell.


El señor PÉREZ CASTELL: Señorías, con respeto constitucional a las competencias de las comunidades autónomas en materia de formación de adultos, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta propuesta que se inscribe en el marco del Instituto Unesco para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta proposición tiene como principio básico el convencimiento de que siempre es tiempo de aprendizaje y, por tanto, tiene filos e hilos de carácter filosófico o de filosofía de la educación y del aprendizaje. Solicito de los grupos parlamentarios su apoyo, su voto favorable, pero también me atrevo a solicitarles la verbalización del compromiso que sus respectivas formaciones políticas tienen con la educación, que es el principal instrumento para el bienestar de la conciencia y el progreso de las personas, de las comunidades y de los pueblos.


El asunto es el siguiente, la Unesco ha convocado para el mes de mayo de 2009 en Brasil la VI Conferencia internacional de educación de adultos.
La han precedido, evidentemente, cinco: la primera fue en Dinamarca, en 1949; la segunda en Canadá, en 1960; la tercera en Japón, en 1972; la cuarta en Francia, en 1985; y muy importante fue la quinta, en Hamburgo, cuyas conclusiones y evaluaciones estamos realizando, entre 36 gobiernos, el Gobierno de España. El principio metodológico que subyace a esta consideración es que, para dar respuesta al mundo, hay que construir las respuestas y hay que construir, incluso, el mundo que queremos. Podemos afirmar que la educación está basada en qué estrategias elaboramos entre todos para dar respuesta a los compromisos del Milenio, a la igualdad de hombres y mujeres, a la sostenibilidad del planeta, al diálogo entre culturas, al mestizaje, a la erradicación de la pobreza y a la universalización de la propia educación, manifestaciones que son máximas de la cooperación y la solidaridad internacionales. El Gobierno de España en el seno del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte alberga la subdirección general para el aprendizaje a lo largo de la vida y participa -como es obvio, evidente y necesario- en este programa del Instituto Unesco. En noviembre envió un informe de evaluación sobre la situación de la educación de adultos en España. Ha asistido en diciembre a la reunión preparatoria, que se ha celebrado en Budapest, cara a la conferencia, en mayo en Brasil. Con esta proposición, señorías, se trata de acompañar al Gobierno en la consideración que este tiene de la educación a lo largo de la vida en un contexto mundial, que es donde nos sitúa la Unesco, y evidentemente en un contexto regional, que es la propia Europa. El objetivo de esta proposición no de ley es poner de manifiesto una vez más que este Parlamento se compromete con el Gobierno y con las administraciones locales a considerar la educación como el principal agente para la igualdad. En consecuencia, insta al Gobierno a que preste la dedicación presupuestaria y política al programa Unesco.
Educación a lo largo de toda la vida.


Señor presidente, es importante señalar que somos, el Grupo Parlamentario Socialista, conocedores de que existen muchas organizaciones dedicadas a la realización práctica de programas de educación permanente de adultos o de educación a lo largo de toda la vida. Esta proposición no de ley no pretende excluir las conversaciones que el ministerio o cualquier otra administración, sea esta local o autonómica, tenga con dichas asociaciones y con cada una de ellas. Se trata de aplicar en todo el tejido de España la necesidad de tomar como un programa importante la educación permanente de adultos. Sin embargo, además de la atención del ministerio a cuantas asociaciones sin ánimo de lucro pudieran existir, en cada una de las localidades o comunidades autónomas, en España, en general, quiero señalarles por su importancia la Federación Española de Universidades Populares. Esta federación tiene una larga historia, prácticamente acompañando a la democracia, pero con

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cimientos en la Institución Libre de Enseñanza; evidentemente, en la República; haciendo citas a la Universidad de Valencia, que en 1905, con Blasco Ibáñez, ya pregonaba que la educación era una fiesta; en 1903, en la ciudad de Avilés, que constituyó con los profesores universitarios de Oviedo, tal vez, la primera Universidad Popular de España, simplemente, para dar lectura y lecciones de primera mano y de primeras técnicas a las mujeres de los mineros que trabajaban en las minas asturianas; cómo no mencionar la Universidad Popular, tan importante, de Cartagena nacida en 1931 y con un vigor impresionante; y a tantas otras, como las de San Sebastián de los Reyes y, por qué no citarla, la de Albacete, nacidas al hilo de la propia democracia española después del año 1982 con la Constitución. Dada su importancia, la Federación Española de Universidades Populares merece, al menos de este parlamentario -me gustaría que también de todos los grupos y del propio Congreso-, una mención, porque está implantada en doce comunidades autónomas, porque desarrolla programas que siguen 2 millones de personas en España, porque tiene más de 10.000 monitores atendiendo a estos 2 millones de personas, y porque elabora una tecnología y una metodología absolutamente participativas. Blasco Ibáñez decía que la educación es una fiesta si es participativa. Pues les puedo asegurar que la educación en las universidades populares amparadas por la federación española es participativa y, por tanto, es festiva. Asimismo, atiende a jóvenes en su principal preocupación, que es el empleo, y en las habilidades para obtenerlo. Tiende muy especialmente a la igualdad entre hombres y mujeres, a la interculturalidad que se da cada vez más en el tejido español y en cada uno de nuestros municipios; al medio ambiente, considerándolo como el principal patrimonio cultural y al folklore y a todo lo que ha sido la historia de cada uno de los municipios, puesto que forma parte de la filosofía de universidades populares ser de carácter municipalista. Atiende a la alfabetización y últimamente se ha incorporado, con atención a comunidades autónomas, al gran programa de alfabetización en nuevas tecnologías. En concreto ha de señalarse la labor que hace la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, Aupex, principalmente en esta función de extensión de la nueva tecnología en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tiene programas tan importantes como el Lorca, donde se imparte árabe para españoles en atención a la gran población inmigrante arábiga que existe en la comarca de Lorca. De esta manera, sin perjuicio de todos los convenios y ayudas que cualquier localidad, comunidad autónoma o la Administración central, tenga con las asociaciones que sin ánimo de lucro estén implantadas, me van a permitir -me he tomado el permiso- de ensalzar a la Federación Española de Universidades Populares y a las más de 240 extendidas en 12 comunidades autónomas.


El Grupo Parlamentario Socialista considera que las asociaciones o fundaciones que animen al conocimiento en las áreas iberoamericana y mediterránea deberían ser especialmente consideradas, porque se trata del Mediterráneo, que es el mar de culturas, y porque se trata de Iberoamérica, donde por el Mediterráneo aprendieron una lengua común a través de España. El fin de esta proposición no de ley, es ensalzar la educación de adultos como una parte y una estrategia importantes para la igualdad e incluso -por qué no-, para la cultura de la paz, que es lo que pretendemos con la educación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Castell, se ha tomado usted la libertad de ensalzar la Federación Española de Universidades Populares, cosa que, como ve, comparte toda la Comisión, y además, como no esperábamos menos, ha hecho referencia a Albacete; hubiera sido algo imperdonable no hacerlo.


Para la defensa de una enmienda presentada por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Mercant.


La señora MERCANT NADAL: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista debo manifestar el interés de nuestro grupo parlamentario por una colaboración activa y eficaz para hacer frente a los desafíos presentes y de futuro, así como que decididamente apostamos por la formación permanente a lo largo de toda la vida de nuestro sistema educativo, de acuerdo con el programa de la Unesco.
Asimismo, estamos totalmente a favor de la participación activa en las conferencias internacionales de educación de adultos, Confintea, y de desarrollar cuantas iniciativas sean pertinentes y eficaces -repito, eficaces- para cumplir los objetivos de la Unesco en cuanto a la educación de personas adultas. Pero, señorías, la segunda parte de la proposición no de ley sobre la firma de los correspondientes programas de aplicación con aquellas organizaciones que forman parte de la Organización Europea de Educación de Personas Adultas, y en particular con la Federación Española de Universidades Populares, no podemos apoyarla en su totalidad.


No podemos hacerlo porque incluye una organización en particular, lo cual nos parece discriminatorio, ineficaz y difícil de entender. Es discriminatorio porque quiero recordar a SS.SS. que la Federación Española de Universidades Populares, definidas por ellas mismas como entidades privadas sin ánimo de lucro, con un área de acción circunscrita a ámbito municipal, abarca un total aproximado de 186 municipios, de los 8.112 de la geografía española. De estos, solo 44 -repito, 44- no pertenecen a Castilla-La Mancha y a Extremadura. Apoyar la segunda parte de la proposición en su totalidad supondría relegar al 97,7 por ciento de los municipios españoles. Igualmente, en el ámbito político, comunidades como Cataluña, País Vasco, Islas Canarias, Ceuta, Melilla, Santander, Navarra y las Islas Baleares quedarían fuera de la participación por no disponer de representación en la citada federación. Pero no sería solo discriminatoria de municipios y regiones, igualmente lo

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sería con las instituciones. Señorías, imagínense que relegamos a la Federación de Asociaciones de Educación de Personas Adultas integrada por 50 instituciones y que abarca la mayoría de la geografía nacional, lo cual puede aparentar que 50 son menos significativas que 186 universidades populares, pero estas 50 son de ámbito regional o autonómico, cubriendo mucho más espacio que la organización propuesta, con la característica de que la FAEA está integrada por centros públicos, funcionarios públicos. Imagínense, señorías, que excluimos a casi la totalidad de las instituciones de formación de adultos de ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera.
Imagínense, señorías; que, si apoyáramos la propuesta en su totalidad, relegaríamos a los CP de Andalucía, los cuales, según sus informes, constan de 2.000 profesores-educadores y 100.000 asistentes; a los CPA y CFA de Cataluña, etcétera, organizaciones todas ellas sistematizadas y públicas. Sería discriminatoria por regiones, por sectores y por especialización, lo que no sé muy bien cómo explicaríamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por otra parte, señorías, esta propia exclusión tendría todos los números para que la aplicación de los acuerdos o recomendaciones no tuviera la eficacia deseable.


Quiero recordar que el propio informe Confintea V señala que el reconocimiento y el fuerte compromiso manifestado en 1997 no condujeron a la correspondiente integración, priorización de política y asignación de recursos para el aprendizaje y la educación de adultos ni a nivel nacional ni internacional. Por este motivo se apunta como uno de los objetivos de la próxima Confintea VI colmar la brecha entre la visión y el discurso, por una parte, y la falta de políticas sistemáticas y eficaces y de condiciones para el aprendizaje y la educación de adultos, por otra. Si no posibilitamos primero la participación de los organismos con más peso y área de acción, los que tienen especialistas titulados en las actividades, los propios del sistema educativo reglado, corremos un elevado riesgo de no poder ser eficaces en la aplicación de los acuerdos.
Nuestro grupo cree que esta segunda parte de la proposición no de ley podría conducir a directrices de ineficacia. Nos parece también pobre, dada la importancia que tiene el long life learning, que ustedes tengan tan poca ambición y se queden en un acto puramente formal. Es necesario y urgente dar un impulso a la formación profesional, que, como hemos visto a lo largo de esta mañana, ustedes tienen bien atascada; no pasan de fotos, de gestos y de hojas de ruta. En definitiva, hojarasca, mucho ruido y pocas nueces, como dicen los castizos.


Además existe un tercer componente en la proposición no de ley que nos ha sorprendido: su inexplicabilidad. No nos explicamos cómo el señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido director de un centro de profesores en Albacete, sugiere dar prioridad, dentro del long life learning, a organizaciones privadas ya dotadas desde dentro de los presupuestos generales con 223.000 euros, por delante de las públicas.
Algunos cínicos, deseosos de votos y populismos baratos, faltos evidentemente de creatividad, suelen hacer el chiste fácil de achacar esta postura a nuestro grupo parlamentario. Pero, señorías, que oficialmente el Grupo Socialista proponga anteponer la participación de entidades privadas, aunque ligadas a ayuntamientos o sociedades, sobre el sistema público estatal o autonómico nos sorprende. En Baleares esto no se da. Nosotros proponemos dar prioridad en este caso al sistema público, pero por razones de práctica y de puro sentido común, tal como siempre venimos haciendo desde nuestro grupo. Para finalizar, quiero recomendar la inclusión de representantes de las ONG, de la Federación de Universidades Populares y otras organizaciones relacionadas con la educación a lo largo de toda la vida, pero siempre después de haber dado oportunidad a la participación de la totalidad de nuestro sistema educativo. Presuponiendo que el Gobierno dará prioridad a su propio sistema y para colaborar, que es nuestro deseo, en la formación de personas adultas, proponemos una enmienda de mejora, una transaccional, que luego redactaremos y presentaremos a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de una enmienda de su grupo tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El debate que suscita esta iniciativa del Grupo Socialista quizás vaya a tener que ver mucho más con la manera en que el Gobierno debe articular este mandato en el marco de la Unesco que con las cuestiones de fondo. En la cuestión de fondo, la idea de la trascendencia de la educación a lo largo de toda la vida, creo que todos los grupos coincidimos absolutamente y poco o mucho, en nuestros ámbitos de responsabilidad, cuando los hemos tenido, se ha apostado por la adecuación para adultos. En todo caso, en aquello que yo conozco más, que son las políticas que se han desarrollado en Cataluña en los últimos años, es evidente que ese ha sido un programa que ha tenido un fuerte apoyo público. Además, en nuestras distintas realidades nacionales existen iniciativas tanto de los gobiernos como de la propia sociedad civil que poco o mucho también articulan esa idea de educación a lo largo de toda la vida. En el caso concreto de Cataluña, por ejemplo, la actividad que las aulas universitarias de la gent gran vienen realizando desde hace muchos años, en esa idea de extender el conocimiento a las personas mayores o las políticas públicas que en las escuelas de adultos ha impulsado el Gobierno de la Generalitat; también, en materia de formación de personas adultas, el nuevo enfoque que estos servicios deben tener a partir del momento de la incorporación de los nuevos ciudadanos procedentes de terceros países a nuestra sociedad, que genera para la idea de educación a lo largo de toda la vida nuevos interrogantes y nuevas maneras de aproximarnos a los nuevos ciudadanos. Sobre eso, insisto, creo que va a existir coincidencia de fondo. Lo que no deja

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de plantearnos el eslogan de Educación a lo largo de toda la vida es la convicción de que en estos tiempos de la globalización, de la competencia global, de la superación de la idea de un puesto de trabajo para toda la vida, de aprovechamiento de las potencialidades de las personas mayores, la educación y la formación forman parte de cómo debemos resolver adecuadamente esos retos.


Quizás donde puedan existir mayores discrepancias entre los grupos de la Cámara es con relación a dos consideraciones; una, formulada por la portavoz del Grupo Popular, sobre los agentes públicos y privados que participan de esas políticas. Yo coincido con ella en que es evidente que un mandato parlamentario de esta Comisión al Gobierno para comprometerle en el marco de la Unesco y de la Confintea VI debe dirigirse al conjunto de la pluralidad de actores que conforman un rico panorama de compromisos sociales en este terreno; por tanto, yo instaría al Grupo Socialista a alcanzar algún tipo de acuerdo con el Grupo Popular, precisamente para reflejar esa pluralidad de actores que concurren en este ámbito. Otra es la cuestión que plantea la enmienda de Convergència i Unió, que va en la línea de recordar que cualquier política que el Gobierno desarrolle en el campo de la formación de las personas adultas, incluso en el marco de la Unesco y de la Confintea VI, debe partir del hecho de las competencias de las comunidades autónomas en este ámbito, que son muy claras. Por tanto, el desarrollo que se efectúe de esta política en el marco de los objetivos y de los mandatos de la Unesco, cuando aterriza en la realidad, debe realizarse de común acuerdo con las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso de Cataluña eso implicará a la red de escuelas de formación de adultos que la Generalitat de Catalunya viene impulsando a lo largo de estos últimos veintitantos años y a las propias iniciativas, como las aulas d'extensió universitària de la gent gran, que se han ido desarrollando en estos años. Pero esa referencia al papel de las comunidades autónomas nos parece esencial para que lo que insta esta Cámara responda a lo que de verdad se puede hacer por parte del Gobierno.


He de añadir, y figura como enmienda de Convergència i Unió, que además en el caso concreto de Cataluña existe una articulación de la propia sociedad civil catalana con la Unesco a través de Unescocat, que es el centro Unesco de Cataluña, que deberá realizarse a través del centro Unesco de Cataluña, que es el que articula los intereses de la sociedad civil catalana con relación a la Unesco. Yo espero que esta cuestión, que no debería ser objeto seguramente de discrepancias entre los grupos, pueda resolverse con una propuesta de transacción en la que todos los grupos que representamos la pluralidad de intereses que conforman hoy la sociedad del Estado español nos podamos sentir reflejados de manera amplia y plural en esta iniciativa que el Grupo Socialista acertadamente ha puesto encima de la mesa.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.)

- SOBRE LOS VALORES OLÍMPICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000613.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la séptima proposición no de ley, sobre los valores olímpicos, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que va a defender el señor Méndez.


El señor MÉNDEZ GUILLÉN: Olimpíada y las olimpíadas son símbolos de una civilización entera, superior a países, ciudades, héroes militares o religiones ancestrales. Estas palabras, del barón Pierre de Coubertin, resumen el espíritu con el que el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley ante esta Comisión, que no busca, en ningún caso, patrimonializar ni apropiarse de nada, sino impulsar unos ideales universales, compartidos y perseguidos por todos, que no pertenecen a nadie en particular y nos pertenecen a todos como sociedad, siguiendo, de esta forma, la senda de entendimiento que inspiró el movimiento olímpico moderno, surgido a finales del siglo XIX y liderado por el pedagogo francés barón Pierre de Coubertin, que tiene, como elemento principal, la vehiculización del deporte como símbolo de paz y fraternidad, buscando la realización del deportista en el mero hecho de competir, más allá de los resultados obtenidos, y haciendo del deporte una herramienta para acercar pueblos y culturas.


Desde esta perspectiva, y con el convencimiento, compartido con el Consejo Superior de Deportes, de que la potenciación y transmisión de estos valores olímpicos a los más jóvenes conllevará la formación de una sociedad más justa y equilibrada, donde la solidaridad, el compañerismo y la igualdad sean los signos de identidad, signos de ciudadanía, mi grupo presenta esta iniciativa con la confianza y la esperanza de que el resto de los grupos aquí presentes se sumen a ella.


Los deportistas olímpicos y los paralímpicos encarnan valores de superación, disciplina o tenacidad y han contribuido a visualizar problemas sociales, como vimos en México 88 cuando el campeón olímpico de los 200 metros y el tercer clasificado exhibieron su puño en alto con un guante negro, para denunciar el racismo que aún existía en Estados Unidos, acelerando avances sociales y ciudadanos que habrían tardado décadas en producirse o llevando el concepto de democracia a aquellos países que aún no la conocían; por tanto, cada cuatro años se han transformado en heraldos de la paz y del entendimiento entre pueblos, encarnando, en definitiva, los mejores y más nobles ideales en los que todos, con independencia de nuestra edad, sexo o religión, nos vemos reflejados, y son un ejemplo para toda la sociedad. En nuestro país, el movimiento olímpico llegó a su apogeo en 1992 con la celebración de las olimpíadas de Barcelona, unos juegos que supusieron un punto de inflexión, tanto para la ciudad de Barcelona, con su transformación urbanística y su proyección internacional, como para el

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movimiento olímpico nacional e internacional y de los que aún hoy todos los españoles nos sentimos profundamente orgullosos. Fueron unos juegos en los que asistimos a la combinación del ideal olímpico con la restauración de la Ekecheiria o tregua olímpica, que desde esa fecha se ha mantenido, y en los que pudimos ver compitiendo bajo una misma bandera, la bandera olímpica, a pueblos que hasta hacía pocas fechas se habían estado enfrentando en una guerra fratricida, subrayando de esta forma los principios fundamentales de la carta olímpica, que enuncian fomentar una cultura de paz y de convivencia pacífica, así como reforzar las nobles misiones que la Unesco lleva a cabo a favor del progreso del hombre: la paz universal y el entendimiento entre pueblos y civilizaciones.


Por todo ello, y en un momento donde la globalización económica está atravesando su peor momento y la globalización social y cultural se ha convertido en un movimiento imparable, los valores olímpicos y su transmisión a través del deporte se hacen más indispensables que nunca, contribuyendo de esta forma a la integración del inmigrante, del diferente, transmitiendo nuestra cultura y formas sociales, a la vez que aprendemos y conocemos las suyas a través del juego, para crear una civilización cada vez más inclusiva en la que ante todo se respeten los derechos humanos, fomentando la interculturalidad y el entendimiento.
Todos estos ideales son los que en el año 2016 queremos -y aquí vuelvo a reiterar que me enorgullezco de mi lugar de origen- los madrileños y, como he dicho antes, todos los españoles, como ya en 1992 los encarnó la ciudad de Barcelona, convirtiéndose durante unos días en la capital del entendimiento y del diálogo, para transmitir, como decía Pierre de Coubertin, en la clausura, el 25 de julio de 1896, de los primeros juegos olímpicos modernos, que lo importante en la vida no es el triunfo sino la lucha; lo esencial no es haber vencido sino haberse batido bien. Extender estas ideas es preparar una humanidad más valiente, más fuerte, más escrupulosa y por tanto más abnegada.


Desde mi grupo esperamos -estamos convencidos- que con esta proposición no de ley todos seamos mejores y consigamos transmitir esos valores a nuestros ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda de su grupo tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Quiero anunciar que ha habido un acuerdo, puesto que hemos decidido entre todos una enmienda transaccional que conjugue todas las que los grupos hemos presentado a esta proposición no de ley y a la que, además, ha sido muy receptivo el Grupo Socialista, con lo cual seguramente habrá un acuerdo, si es que así lo decidimos todos.


No puedo estar más de acuerdo con el contexto en el que el portavoz del PSOE acaba de hacer su intervención. Quizá tengo una pequeña discrepancia, que era la denuncia del Black Power en 1968 que hicieron los atletas negros que fueron desposeídos precisamente de sus medallas, quizá por utilizar un estadio olímpico, en este caso un podio para entrega de medallas ganadas, por el esfuerzo físico, para denunciar a través de un ámbito político. Precisamente esa es la ventaja que tiene el movimiento olímpico, que se desposee de cualquier sentimiento o de cualquier percepción política, y eso es importante. Quizá no fue el sitio adecuado para hacer la denuncia, y sí es cierto que en aquel momento era necesaria una reivindicación de la igualdad entre negros y blancos, y eso hicieron. Se equivocaron de sitio, tendrían que haberlo hecho en otro momento, pero está claro que es tal la repercusión que tiene el movimiento olímpico que aquello dio vueltas al mundo durante muchos años; estamos hablando de 1968, estamos en 2009 y todavía seguimos hablando de aquel hecho en concreto.


Dicho esto, quiero comentar que el movimiento olímpico debe ser algo que no solamente en términos generales está por encima de todo sino que es que está por encima de gobiernos. Precisamente hemos visto cómo el movimiento olímpico ha mantenido un estatus de proyección, de promoción de esos valores por encima de gobiernos e incluso de dictaduras, de situaciones difíciles, de guerras, y eso es lo importante, lo que mantiene precisamente una trayectoria desde que el barón de Coubertin lanzó ese mensaje que todos recogimos. Y hemos seguido manteniendo esa antorcha olímpica, ese relevo para que esto se siga promocionando. En este ámbito yo diría que en 1961, en el Comité Olímpico Internacional, se crearon las academias olímpicas, que fueron fundadas en ese año; aquí en España, en 1968, en momentos un poco más difíciles, políticamente, se creó la academia olímpica del Comité Olímpico Español presidido por Juan Antonio Samaranch, y desde entonces hasta ahora eso ha tenido una trayectoria tremenda, importantísima para que aquellas personas que entiendan el concepto de los valores olímpicos lo sigan transmitiendo de padres a hijos y así consigamos, al final, que ese estadio del citius, altius, fortius, se mantenga con esa fuerza que tiene el movimiento olímpico.


En nuestra enmienda hemos querido presentar dos partes. Una de ellas, que recoge esa enmienda transaccional, y por tanto, no voy a hablar de ellas, es la promoción de los valores olímpicos a través de un ente, en este caso público, como es la radiotelevisión pública española, conjuntamente con el Comité Olímpico Español, que es quien representa la esencia de los valores olímpicos. Me encantaría que esto se reprodujera en las comunidades autónomas donde hay televisiones autonómicas. Nosotros no tenemos competencia, pero dejo dicho, para que conste en el"Diario de Sesiones", que me encantaría que esto se reprodujera en todas las comunidades autónomas; que el Comité Olímpico Español pudiera llegar a acuerdos con esas comunidades autónomas para que sus televisiones públicas pudieran realizar programas de promoción de valores olímpicos.
La segunda parte de mi enmienda la retiro, anunciando, eso sí -me ha convencido, y lo digo públicamente, el portavoz

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del Grupo Socialista-, aunque quizá exceda de lo que son los valores olímpicos hablar de los fondos ADO, que no renuncio a que sea presentada una proposición no de ley para que se mantenga el nivel de los fondos necesarios para que tengamos esos éxitos que venimos manteniendo durante los últimos años.


Poco más hay que decir de lo que se está hablando aquí. Creo que no hay ni una sola discrepancia entre todos los que estamos en este ámbito.
Aquellas personas que desde la política nos dedicamos al deporte nos sentimos muy reconfortados precisamente cuando el valor olímpico es lo que consigue, en muchas ocasiones, lo que los políticos somos incapaces de hacer: llegar a acuerdos.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene una enmienda que va a defender la señora Surroca. Tiene usted la palabra.


La señora SURROCA I COMAS: Como han comentado los compañeros diputados que me han precedido, todos los que estamos aquí presente estamos de acuerdo tanto en el contenido como en el espíritu de esta proposición no de ley.
Dicho esto, muy brevemente voy a hacer algunas consideraciones.


El movimiento olímpico se ha globalizado. Eso sucedió principalmente en el siglo XX y, por consiguiente, se han globalizado también sus valores; los valores olímpicos a los que se refiere la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Nosotros compartimos la fundamentación de la iniciativa tal y como anteriormente he mencionado, pero hemos presentado una enmienda que consideramos es de mejora técnica, porque en valores olímpicos lo que no hacemos es partir de cero. Está claro que en la fundamentación de la iniciativa ya se menciona que no se parte de cero, ya que en el Estado español se han celebrado los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero considerábamos que era interesante aportar un reconocimiento expreso en ese sentido en la parte dispositiva de la mencionada proposición no de ley; de ahí la presentación de esta enmienda. Tenemos que resaltar que en los Juegos Olímpicos de Barcelona se trabajó incansablemente para difundir los valores olímpicos; queremos que se recoja expresamente ese extremo. En principio, tal y como ha dicho el compañero del Grupo Popular, ha habido una gran receptividad por parte del diputado del Grupo Socialista Daniel Méndez para atender las peticiones que habíamos introducido los distintos grupos parlamentarios en nuestras enmiendas, por lo que, se va a presentar una enmienda transaccional que, por su contenido y por lo que hemos estado hablando, mi grupo parlamentario no va a tener ningún inconveniente en darle todo su apoyo.


Por último, quiero añadir una reflexión a los valores olímpicos que hemos estado comentando. Tenemos que tener en cuenta que estos valores olímpicos se iniciaron en un contexto social determinado y ahora estamos en otro contexto social. Estamos en una sociedad dinámica, por lo que quizá tendríamos que hablar de los valores sociales, de los valores olímpicos del siglo XXI. Tendríamos que hablar de su adaptación a los tiempos actuales, y en esta proposición no de ley esta es una cuestión que todos deberíamos tener en cuenta. Hablar de los valores olímpicos del siglo XXI, de qué aportaciones podemos hacer en ese sentido, qué valores deben divulgarse en esta sociedad cambiante y que deberán adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo su espíritu y consolidando los principios fundamentales con los que nacieron esos valores olímpicos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, para fijar posición, tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Anuncio que mi voto será favorable -lo era antes- al texto de la proposición no de ley y también a la transaccional a la que se ha llegado entre todos los grupos. Cuando en la exposición de motivos hablamos de olimpismo, hablamos de valores: solidaridad, compañerismo, capacidad de superación, esfuerzo, imaginación, creatividad, paz, fraternidad, disciplina, constancia, honradez, respeto, y otros muchos valores que, como se dice en la exposición, ayudan al perfeccionamiento del hombre en su condición ontológica. Todos estos valores surgen de un requisito, que es la voluntad libre de querer competir. Surgen de la competencia porque derivan de ella. Es decir, el valor que hoy, de alguna manera, aquí se intenta implantar, promover o desarrollar es la competencia, la sana competencia. Yo soy un defensor de la competencia porque, por un lado, nos hace mejores, y segundo, porque debemos reconocer que esa es la vida. La vida es la competencia. El barón de Coubertain decía que lo importante en la vida no es el triunfo sino la lucha. Es una lucha en competencia con otros. Compiten los partidos políticos para obtener la confianza de los electores, compiten las ONG para obtener la financiación estatal para llevar a cabo sus proyectos y compiten las empresas para poder contratar con la Administración o para hacer una obra determinada. Y no debe haber nada malo en ello. Creo que cuando hablamos de olimpismo y de todos esos valores que he mencionado, en el fondo estamos hablando de competencia, de libre y sana competencia.
Permítanme, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que ahora vivimos unos momentos de crisis económica muy importante, que, de la misma manera que el otro día todos los grupos le decían al presidente en su comparecencia que había que hacer reformas estructurales, que yo aporte la mía, una de ellas es la educación. Seguramente es la educación en los valores del olimpismo, pero esos mismos valores que aplicamos a las personas y a los deportistas deberíamos también aplicarlos a las instituciones y yo, desde aquí, abogo para que los centros educativos, imbuidos de ese olimpismo, compitan y hagamos que en España sepamos quiénes son los mejores y cómo quieren serlo, y que además los padres tengan derecho a elegir y saber.


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RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DEL PARLAMENTO DE NAVARRA POR LA QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA QUE MODIFIQUE SU COMPORTAMIENTO HACIA LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, EN RELACIÓN CON EL DECRETO QUE RECOGE EL CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PAÍS VASCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000661.)

El señor PRESIDENTE: Abordamos la 8.ª y última proposición no de ley, no sin advertir, sobre todo a los más olímpicos de nuestros miembros, que posteriormente tendremos la subcomisión del deporte profesional, tras la finalización de la Comisión.


Para la defensa de la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto continua teniendo la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: En su día presentamos esta proposición no de ley en la que buscamos y pedimos ayuda. Pedimos el compromiso político del Gobierno y que el Congreso así lo solicite, y con ello se solidarice con Navarra y la defienda frente al mayor ataque que su personalidad política ha tenido desde que hace ya muchos años la justicia nos tuvo que defender de la apropiación indebida que el Gobierno vasco realizó de nuestro propio escudo. Cuando hablamos de educación hablamos de una de las patas más importantes de nuestra sociedad, un tema absolutamente clave. Por eso pedimos ayuda. Pedimos ayuda porque conocemos de la constancia del nacionalismo vasco, de su cerrazón en esta materia y de la imposibilidad, me temo que metafísica, de que estos, por sí mismos, den pasos efectivos en el respeto a la singularidad política de Navarra, puesto que el ideario nacionalista vasco no se explica sin Navarra.
Presentamos esta proposición no de ley, y no tengo ningún empacho en reconocer que, con las últimas informaciones que hemos tenido hace escasamente no menos de una semana, algunos de sus párrafos pueden no entenderse. Pero lo cierto es que este diputado lleva al menos dos años siguiendo con interés e investigando sobre esta cuestión, y ha sido escasamente hace una semana cuando hemos tenido la primera y única información relevante sobre lo que el Gobierno ha estado haciendo en relación con el contenido de este decreto. Información de la que, ya les anticipo, no nos sentimos absolutamente satisfechos y sobre la que volveremos a realizar las preguntas y el seguimiento oportuno, puesto que únicamente ha habido una respuesta en la que se aclaran una serie de cuestiones, pero deja abiertas otras muchas posibilidades y preguntas, como lo es el alcance o la posibilidad de los acuerdos a los que -por lo que dice la respuesta- hubiera llegado el Gobierno de la nación con el Partido Nacionalista Vasco en esta cuestión específica.


¿Por qué hemos presentado esta proposición no de ley o nos hemos visto obligados a presentarla? La hemos presentado porque consideramos que el contenido del decreto curricular que en su día aprobó el Parlamento vasco es un auténtico despropósito, un ataque a la verdad y una ofensa a la realidad política de Navarra. Para que se hagan una idea, un texto dirigido a los alumnos de la Comunidad Autónoma vasca elimina de sus 500 folios la referencia al sujeto político al que va dirigido el currículo, es decir, no aparece la referencia de Euskadi en lo que tienen que aprender y se debe enseñar en la Comunidad Autónoma vasca ni una sola vez; en cambio, de manera conscientemente transgresora recoge hasta en 135 ocasiones otra referencia que no se corresponde con la realidad, que es Euskal Herria, y así se exige y se va a obligar, -si nadie lo modifica-, a los alumnos a que estudien, por ejemplo, asignaturas o materias como la prehistoria y Euskal Herria, la Revolución francesa y Euskal Herria, las instituciones políticas de Euskal Herria.


Hemos presentado esta proposición no de ley porque es nuestra obligación defendernos del engaño masivo que el decreto pretende, en el que Navarra pasa a formar parte de un ente de naturaleza política que no existe, por mucho que se empeñen los socialistas, y del que Navarra obviamente jamás ha formado parte. Qué pretende el decreto? Algo tan sencillo como que los estudiantes vascos acepten como verdad algo que no lo es; lo dice claramente el preámbulo del propio decreto que nosotros ahora cuestionamos. Dice: Se elabora desde la voluntad de construir una visión global, plural y abierta a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo como tal el ámbito territorial referido al conjunto de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Lapurdi, Navarra baja y alta y Zuberoa. Es la verdad nacionalista, no la verdad real. Es decir, ellos forman parte de una nación llamada Euskal Herria más allá de lo que las normas legales, la Constitución y la realidad nos muestran. Nuestra obligación, la de Unión del Pueblo Navarro, es defender la personalidad política de nuestra tierra de los ataques, de las mentiras y de las apropiaciones indebidas de otros. No es solo que a los alumnos vascos se les diga la verdad, es que tienen derecho a que no se les diga otra cosa.
Permítanme que en este punto sea muy claro y muy rotundo. Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, no está dispuesto a colaborar en esta ceremonia de la confusión ni en este artificial proceso de concienciación nacional emprendido por los nacionalistas vascos como sea; primero, porque no avalamos la mentira; segundo, porque nos gusta y amamos nuestra tierra como la conocemos, y, tercero, y lo más importante, porque este engaño es el caldo de cultivo, el mejor fertilizante para que la violencia política que tiene su origen en Euskadi y en Navarra no desaparezca jamás de España. Esta es la importancia que damos a esta proposición no de ley, señorías, que quiero trasladarles a quienes creen en la verdad, en la legalidad, en el respeto institucional y en la buena vecindad como mejor forma de avanzar y de

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crecer juntos. ¿Qué pedimos? Pedimos tres cosas. Primero, el que se ratifique la misma moción que en su día, en febrero del año pasado, PSN -los socialistas navarros- presentó ante el Parlamento foral con el mismo contenido, en la que se decía que el Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de la Comunidad Autónoma vasca que modifique su comportamiento hacia la Comunidad Foral de Navarra y respete la voluntad de su ciudadanía, que ha decidido formar parte de una comunidad política propia y diferenciada que quiere ser solidaria y comprometerse con el conjunto de la ciudadanía española en la búsqueda, ampliación y consolidación de la democracia, así como de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.


Nada más. Solo pedimos coherencia. Pedimos esa coherencia aquí y ahora al Partido Socialista Obrero Español. Segundo, pedimos que el Gobierno defienda donde haya que hacerlo la personalidad política de Navarra, también en los juzgados, por supuesto, porque estamos absolutamente convencidos de que el nacionalismo no va a rectificar voluntariamente. El Gobierno debe mantener la tensión sin perjuicio de que haya presentado o no un recurso con el contenido que desconocemos pero que esperamos conocer en el futuro. Y tercero y último, que el Gobierno, a través de la actividad de la alta inspección de educación, siga controlando las desviaciones de poder y los abusos de esta normativa y todo lo que se pueda derivar de ella, cuestión que obviamente debe ser un control permanente, para que siga viva y de actualidad, como tal compromiso debe ser. En todo caso, quiero agradecer el apoyo de los grupos que puedan votar favorablemente porque me parece de justicia para una comunidad como la navarra y sus habitantes, que no quieren ofender a nadie con la defensa de su personalidad política, pero tampoco quieren que se nos ningunee, se nos pisotee, se manipule nuestra historia, nuestras instituciones y nuestro régimen foral desde ninguna otra institución. En lo que esté en nuestras manos, señorías, no lo vamos a permitir, así de simple.


Lamento que el Partido Socialista Obrero Español no vaya finalmente a votar favorablemente esta proposición no de ley pero sí le pido que nos dé las explicaciones suficientes y quisiera saber qué garantías existen de que efectivamente va a ser firme defensor de la personalidad política de Navarra y en todo caso nos informe de los acuerdos a los que ha podido llegar con el Partido Nacionalista Vasco, acuerdos que, si son ciertos, desconocemos a fecha de hoy absolutamente, y yo creo que la ciudadanía navarra está en condiciones de exigir que eso sea público y que todos sepamos dónde estamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo.


El señor ESTEBAN BRAVO: La verdad es que pobre Parlamento de Navarra.
Sinceramente, venir a pedir sopitas a otro Parlamento supone una humillación para el heredero de aquellas otrora poderosas Cortes de Navarra; que no se crea con suficiente fuerza y con suficiente seguridad como para defenderse él mismo y acudir con esta cuestión a otro Parlamento me parece que es una cierta humillación hacia el propio Parlamento de la comunidad autónoma del proponente.


Antes de entrar en las cuestiones que ha planteado el proponente, quisiera centrar muy claramente cuál es el origen de este decreto de currículo educativo, porque tal como se han explicado las cosas parece que el origen fuera un impulso del Gobierno vasco, con una voluntad determinada de confundir a sus jóvenes y de verter una realidad no existente. En los contenidos voy a entrar posteriormente, pero cómo surge este currículo creo que deberíamos conocerlo todos. No es una iniciativa del Gobierno vasco, sino que es una iniciativa de los agentes educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y cuando digo agentes educativos me refiero de muy diferentes ideologías y muy variados, porque en esa propuesta que trabajan y presentan conjuntamente está la federación de ikastolas, la escuela pública vasca y también un componente muy importante del sistema educativo en el País Vasco, que supone aproximadamente algo menos del 53 por ciento de lo que es este en su totalidad, y es la escuela cristiana, que se denomina así y que pertenece a la FERE; en consecuencia vamos a decir que la representación de la FERE en el País Vasco es la que ha presentado e impulsado este currículo vasco ante el Gobierno vasco para que este lo impulsara y lo diera forma. Esto es así, es una iniciativa de la propia comunidad educativa.


El planteamiento que se hace en el texto presentado por Unión del Pueblo Navarro, por el Grupo Mixto, dice que se modifique el comportamiento.
¿Qué es modificar el comportamiento? ¿Es hacerse de UPN o es respetar las normas constitucionales? Porque si es respetar las normas constitucionales, desde ahora mismo le digo que el decreto, el contenido y la actitud del Gobierno vasco en este y otros temas siempre han sido de estricto respeto a las normas constitucionales, nos pudieran gustar más o menos. Ahora bien, lo que no puede pretender usted es que lo que se aplique en la escuela sea una visión concreta de la realidad. No se está haciendo eso en el currículo vasco, no se está haciendo eso. Se dice que en el ámbito de aplicación desaparece la referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco. oiga, ¿y dónde se va a aplicar? Pues se supone que en la Comunidad Autónoma del País Vasco. porque si es un decreto del Gobierno vasco se tendrá que aplicar allí; es que no hace falta ninguna referencia más. Por cierto, hablando de referencias y denominaciones, si coge el Estatuto de Gernika, que se refiere a la comunidad autónoma, allí tenemos la versión en euskera y la versión en castellano y viene la denominación de la comunidad autónoma. En castellano dice: bajo la denominación de Euskadi o País Vasco. En el texto en euskera dice lo mismo: Euskadi zein Euskal Herría. Y la versión en euskera es tan oficial como en castellano y está aprobada por esta Cámara. Dice la proposición no de ley que aparece 135 veces la palabra

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Euskal Herría, término con el que el nacionalismo vasco designa a la nación vasca, pero se les ha olvidado decir que el término España se cita 108 veces. Si la gente supiera que el término España se cita en ese currículo maldito -entre comillas- 108 veces, quizá pensaría que la cosa no es para tanto y que la visión que se pretende dar a los jóvenes vascos es mucho más equilibrada de lo que aparentemente se quiere dar a entender.


Respecto a que se diga que Euskal Herria es el término con el que el nacionalismo vasco designa a la nación vasca, permítame que me quede absolutamente sorprendido. Yo diría que Euskal Herria tiene otro tipo de connotaciones. Es más, para los nacionalistas vascos es un término un tanto light. La prueba la tiene usted en la palabra Euskadi. ¿Por qué surge la palabra Euskadi? La palabra Euskadi la crea el fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana, porque la palabra Euskal Herria es un término aceptado por tradicionalistas, carlistas y gentes que legítimamente se sienten españoles. Para marcar esa diferencia de una patria diferente, de un país diferente y de la creación futura de un Estado, es como surge la palabra Euskadi en contraposición a Euskal Herria. No se confunda. Cuando se utiliza el término Euskadi por muchos nacionalistas vascos no se están refiriendo a tres territorios, muchas veces se refieren a siete territorios -a veces a tres y a veces a siete-, pero lo que hará un nacionalista vasco es utilizar la palabra Euskadi. La palabra Euskal Herria la utilizará en un sentido cultural, histórico, de relación, como voy a poner de manifiesto a continuación. Además, lo voy a hacer sin utilizar citas nacionalistas, porque no harían más que embrollar la cuestión. Voy a utilizar nada más a autores que se han sentido muy españoles, que han sido defensores auténticos de la nación española, que han sido navarristas y que han defendido la nula relación política con lo que es hoy la Comunidad Autónoma vasca. A esos me voy a limitar y a algunos de ellos usted los conoce de primera mano.


Se habla de que se positiviza una realidad político-institucional ficticia. ¿De dónde saca que se defina como realidad político-institucional a Euskal Herria en el currículo vasco? Me gustaría que me citara la mención específica. Lo que yo puedo leer en ese currículo en uno de los temas es: Transición política y configuración del Estado democrático en España. Análisis del papel de hombres y mujeres como sujetos de cambios históricos. Primeros gobiernos democráticos. La Constitución española de 1978. Los gobiernos autonómicos y los estatutos de autonomía -y si se estudian los estatutos de autonomía, se tendrá que estudiar que hay una realidad que es la Comunidad Autónoma vasca y una realidad que es el Comunidad Foral de Navarra, con sus propias instituciones; eso no lo niega el currículo. Caracterizar los elementos más representativos de la transición política hasta la Constitución de 1978 y consolidación del Estado democrático en el marco de pertenencia de España a la Unión Europea. No confundamos. En ningún momento del currículo se define a Euskal Herria como realidad político-institucional.
Usted ha intentado poner algunos ejemplos en ese sentido. La Revolución francesa de Euskal Herria. No, no, léalo bien, dice en; la Revolución francesa en Euskal Herria -estoy seguro de que conoce bien la historia navarra- tiene realidades muy diferentes. En unos lugares afecta directamente -en parte de Navarra, porque en la Sexta Merindad influye ya en 1789- y en otras zonas del país influye a través de la Guerra de la Convención. ¿Hay que negar que la Revolución francesa tiene un impacto en el País Vasco, un impacto en Navarra y un impacto en España? No; eso existe. Las instituciones de Euskal Herria, claro. El Parlamento navarro, el Gobierno navarro, el departamento de los Pirineos Atlánticos, la Comunidad Autónoma vasca, los territorios históricos son las instituciones de Euskal Herria. No una realidad político-institucional ficticia que hoy por hoy no existe, sino las instituciones presentes en ese ámbito cultural histórico, que no lo han creado los nacionalistas vascos. Siento si voy a ser excesivo en citas, pero quiero hacer unas cuantas. Es algo compartido por navarristas, defensores de la identidad propia de Navarra, tradicionalistas, carlistas, monárquicos, etcétera.
Supongo que también en Navarra a los alumnos navarros se les podrá explicar lo que es la Baja Navarra. ¿O los de Baigorri o los de Saint Jean Pied de Port son menos navarros que los de Valcarlos? Eso no es España, pero, sin embargo, es Navarra. De hecho, para quienes no lo conozcan, Navarra, como reino independiente, se mantiene en lo que hoy es parte del Estado francés, cuando en lo que hoy es la Comunidad Foral de Navarra dentro del Estado español había perdido ya esa independencia.
Esas son realidades que están ahí. ¿La sexta Merindad ha desaparecido porque esté hoy en día en Francia? No, eso era Navarra y ustedes también consideran a esa gente navarros, evidentemente, en el plano cultural, no como ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra.Yo, creo que estudiar la realidad histórica con la que se tiene relación no tiene absolutamente nada de peligroso. Al contrario, diría que es necesario. ¿O no van a estudiar los estudiantes españoles historia francesa porque no está delimitada dentro del ámbito político-administrativo al que el decreto va a hacer referencia? No. Podremos estudiar la historia de Francia o la de Inglaterra, como otros países podrán estudiar la española.


Sinceramente, no vemos qué problemas puede tener usted o su grupo político con la palabra Euskal Herria, en absoluto, porque yo hago a UPN y a usted herederos de una tradición política navarrista. Es cierto que su partido surge ahora con la nueva etapa democrática, pero evidentemente su tradición política y gentes que ustedes tienen como iconos y a los que respetan, valoran y tienen como referentes vienen de mucho antes. En ese sentido, voy a darle unas cuantas citas.


El señor PRESIDENTE: Unas cuantas no, señor Esteban.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, lo siento, señor presidente. Ya ha visto que no he utilizado tiempo en otros puntos, pero creo que esto es necesario.


El señor PRESIDENTE: Pero no se acumula.


El señor ESTEBAN BRAVO: No se preocupe. Creo que es necesario.


El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, si cuanto más rápido vaya, mejor. Más de un minuto, señor presidente. Déjeme cinco minutitos.


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, lleva usted ya doce minutos. Un minuto. Seguro que puede elegir la mejor cita.


El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a empezar por el Oriamendi, el himno de los carlistas, que de algo le sonará. Seguramente conoce a gente que lo ha cantado, e igual hasta usted lo ha podido cantar en compañía. Tiene una versión en euskera. El texto de por Dios, por la patria y el rey, dice: Gora Espania ta Euskal Herria; maite degu Euskal Herria. Uno se puede encontrar citas en el El Diario de Navarra, donde Ramón García Garcilaso -navarrista donde los haya- dice que la Diputación de Navarra es la más alta jerarquía de Euskal Herría; la de Navarra. Otras, donde el presidente de la diputación habla de la afirmación robusta del País Vasco-Navarro y de Euskal Herria. Otras, donde Onofre Larumbe, que también supongo que le sonará, habla de esta hermosa Euskal Herría de nuestros amores. Beunza, Oroz, Huarte, Barón, José Ramón Castro, o el conde de Rodezno, que dice que las Vascongadas son regiones hermanas y ligadas a nuestro reino por unidad de raza, lengua, territorio y tradición. (Un señor diputado: Eso, las Vancongadas.) Víctor Pradera, que si alguien fue líder del navarrismo y de no confundir Navarra con las provincias Vascongadas, dice: ¿Entre los señores de la minoría regionalista podrá haber alguien que ame tanto como yo a Vasconia, ¿o más que yo? No. Y ello con una ventaja para mí, que yo amo a Vasconia tal y como ella es, que yo amo a Vasconia en su personalidad histórica cierta y ellos no. La aman con un amor ideológico, con un amor habiendo forjado un ente de razón al cual llaman Euskadi. Ese monstruoso Euskadi que no ha sido jamás nuestra querida Euskal Herria.


Le voy a citar también al señor Del Burgo ¡Al señor Del Burgo me permitirá que le cite!

El señor PRESIDENTE: Señor Esteban...


El señor ESTEBAN BRAVO: Entonces no cito a Balestena, no cito a Iribarren, muy bien. Pero cito al señor Del Burgo, eso sí que me lo va a permitir.
Cita del Diario de Navarra: Para un navarro la negación de lo vasco supone ignorar nuestras raíces más profundas.


Por último, quiero cerrar, señor presidente, haciendo un resumen de todo esto. En realidad, no debemos mezclar la cuestión política con un concepto cultural, con un concepto histórico, con un concepto que ha sido compartido por gentes de muy diferentes ideologías y que ha estado allí.
Señor presidente, un minuto, de verdad que acabo. Incluso Euskaltzaindia, integrada por gente con muy diferente ideología, ha subrayado en una resolución, hace pocos años, que eso era un valor que debía separarse de la pelea política y que era un valor a ser mantenido. No hay ninguna mención a la realidad político-institucional como algo existente. ¿Qué se pretende, que los alumnos de la comunidad autónoma no sepan nada de Navarra y de la historia que ha sucedido y que está ahí? Pues no tiene ningún sentido. Por cierto, me sorprende que el Partido Socialista haya tenido noticia de todos estos temas hace una semana, porque yo, en cuanto se aprobó el currículum que presentó el Gobierno del Estado, tuve un recurso contra el currículum, por lo que hace tiempo que se podía usted haber enterado de que el PSOE ya había intervenido en el tema. No lo digo para ensalzarle. Se lo digo, porque, tomando en cuenta todas estas reflexiones, lo que deberían hacer es retirarlo.


Gracias, señor presidente, pero no me puede cortar usted de esta manera.


El señor PRESIDENTE: Le he dado casi seis minutos más.


Señor Gómez Trinidad, tiene usted la palabra.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Voy a ser generoso con el tiempo que me corresponde, no como el anterior compañero por la generosidad del presidente, que espero que se repita en otras ocasiones, y cuando se esté hablando del fondo del tema también espero que lo practique.


No voy a hablar de cuál es el fondo de la proposición que aprobó el Parlamento de Navarra, que evidentemente no era el objeto de la proposición no de ley que se trae hoy aquí. Creo que el tema desborda el objetivo que en estos momentos se nos plantea. Me voy a ceñir a la literalidad de lo que ha pedido el Grupo Mixto, a través de UPN, y tengo que decir que nuestro voto va a ser afirmativo. Afirmativo, respetando lo que ha sido una decisión que ha adoptado el Parlamento navarro, con el voto favorable del Partido Socialista, de Unión del Pueblo Navarro y de Convergencia Demócrata de Navarra. Debió de ser en aquel Parlamento donde debió de tener objeto este debate de fondo que hoy se ha intentado aquí repetir por parte de una de las partes. (El señor Esteban Bravo: Por un representante, querrá decir). Por uno de los representantes.


Lamentablemente, la propia dinámica -estoy en el uso de la palabra, por favor- que tiene la proposición

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no de ley no permite que haya una contrarréplica. En cualquier caso, no voy a replicar. Lo que sí me preocupa es que no haya respeto institucional a la legalidad vigente y al desarrollo que tiene cada una de las leyes. Por tanto, entiendo que la petición que se hace en esta PNL es plenamente coherente con lo que es un Estado de derecho y lo que se está pidiendo es que se den las garantías oportunas para que aquellas normas que exceden la competencia básica de cada una de las comunidades o que puedan ir contra las leyes orgánicas aprobadas en este hemiciclo y previamente consensuadas en distintos ámbitos -como conocemos- se respeten. Ademas, lo que me preocupa -y esta es la preocupación más inmediata- es que la Alta Inspección cumpla realmente con el cometido que tiene. De nada serviría un canto al respeto general si la Alta Inspección no ejerce esa tarea de velar por el cumplimiento de la ley. Me acabo de enterar que la Alta Inspección ha presentado un recurso contra los anexos del decreto, por lo que en el Grupo Parlamentario Popular estaremos muy pendientes de cuál va a ser el resultado de este requerimiento. Quiero reiterar nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la libertad con la que ha hecho uso de su tiempo.


Ahora tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Tabuyo.


El señor TABUYO ROMERO: Esta proposición no de ley que hoy debatimos referida a solicitar al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco que modifique su comportamiento hacia la Comunidad Foral de Navarra no es novedosa y forma parte de una serie de iniciativas que el grupo proponente viene realizando bajo distintos formatos y que, a pesar de conocer el grueso de las actuaciones del Gobierno en este tema, sigue utilizando unos supuestos que no se ajustan a la realidad de las actuaciones practicadas. En mi argumentación le ofreceré los elementos suficientes de explicación que sustentan nuestra posición; posición que no es otra que la inequívoca defensa y respeto del ámbito competencial, pero además, cuando se produce alguna posible vulneración de las normativas básicas de referencia, se actúa y se toman las medidas necesarias, como siempre ha hecho el Gobierno socialista, pues siempre ha abogado y parte de la base de la corresponsabilidad, del consenso y del diálogo.


Desde nuestro punto de vista se están utilizando dos planos diferentes y que se están mezclando interesadamente. Por una parte, el orden jurídico es el que es, el recogido en el marco del Estatuto de Autonomía, y otra cosa es la utilización de referencias que provienen del ámbito cultural, literario, tradicional de un territorio con sus interrelaciones, sus homogeneidades, sus diferencias también. El efecto jurídico administrativo en el ámbito de Euskadi es el que recoge su Estatuto y no otro. Esto está perfectamente claro. Sin embargo, centrándonos en el tema educativo, que es de lo que estamos hablando en esta Comisión, esta PNL, que está basada en una moción presentada por los compañeros socialistas de Navarra en el Parlamento navarro, que entendemos y vemos lógica ya que obedece a sus circunstancias espacio-temporales y en defensa de sus legítimos intereses, tanto su argumentación como su aprobación en aquel marco, en su ámbito competencial, nos parece adecuada. En cuanto a la solicitud que usted nos presenta de ratificación de la moción aprobada por el Parlamento foral de Navarra, como usted entenderá, no parece apropiado desde el punto de vista institucional que el Gobierno de España proceda a ratificar un acto aprobado por un Parlamento autonómico. De todas maneras, el Gobierno de España al recurrir el decreto 175/2007, entre otros motivos por la utilización del término de Euskal Herria, que va más allá de la acepción cultural o sociolingüística, expresa claramente su posición al respecto.


El señor Salvador Armendáriz manifiesta que el Gobierno de España ha decidido no hacer nada al respecto, por lo que se puede considerar ajustado a derecho el contenido curricular, lo cual es absolutamente falso, porque cronológicamente le puedo citar, en primer lugar, que el 11 de enero de 2008, se produjo un requerimiento con el objeto de ajustar la definición de Euskal Herria en el Decreto 175/2007 que, aunque el preámbulo no tenga valor normativo, aplicado a los contenidos y a sus anexos supone desbordar lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Además no representa la normativa básica contenida en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y en los reales decretos de desarrollo, donde se establecen las enseñanzas mínimas en la enseñanza primaria y secundaria obligatoria. En segundo lugar, tuvo contestación el 11 de febrero por parte del viceconsejero de Educación del Gobierno vasco, a requerimiento del Ministerio de Educación, y que fue ampliada el 16 de abril y el 13 de junio en sendas aportaciones de dicho viceconsejero de Educación. En tercer lugar, tras las dos reuniones mantenidas con el viceconsejero en las que se mejoraron aspectos de lo recogido en este decreto, y ante la dificultad de aceptar otras modificaciones, el 8 de julio de 2008 se remitió escrito del ministerio a la Abogacía General del Estado para formalizar el correspondiente recurso contencioso-administrativo y, en cuarto lugar, el 23 de julio de 2008, se interpone el recurso contencioso-administrativo contra aspectos del decreto.


Lo que se ha recurrido son los incumplimientos en los anexos relativos a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de algunas materias y cursos, sea por omisión o por modificación de la norma básica contenida en las enseñanzas mínimas establecidas en los reales decretos 1513/2006 y 1631/2006, por los que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación primaria y secundaria obligatoria respectivamente. Cito algunos de estos aspectos. En educación primaria, en el anexo IV, la organización territorial

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de Euskal Herria: localidad, comarca, territorios históricos y comunidad autónoma vasca; explicar algunas funciones de las administraciones de Euskal Herria; localización e interpretación en diferentes representaciones -mapas, planos, fotografías aéreas y otros medios tecnológicos- de elementos relevantes de la geografía física y política de Euskal Herria, España y Europa; nuestro entorno natural, clima, flora y fauna de la localidad, comarca y territorio histórico de Euskal Herria.
En el anexo V, educación secundaria obligatoria: identificar y localizar en los mapas de Euskal Herria, España y Europa las principales divisiones político-administrativas que las componen; características naturales de Euskal Herria; problemas medioambientales de Euskal Herria; mapas políticos, etcétera. Es decir, están recogidos los aspectos que vulneran la normativa básica.


En relación con los puntos 2 y 3 de su proposición no de ley, ha quedado claro que el Gobierno ha utilizado los mecanismos de garantía establecidos en la Constitución y en los estatutos de autonomía. En ningún caso plantea -ni lo establece el citado Decreto 175/2007, que específicamente señala que se aplica en la Comunidad Autónoma del País Vasco- que el ámbito de aplicación de una norma curricular autonómica exceda de la respectiva comunidad autónoma, ya que su competencia coincide con su ámbito territorial y el territorio está definido en su Estatuto de Autonomía. Por tanto, el Gobierno de España, a través de la Alta Inspección y de sus impugnaciones ante los tribunales de justicia, ya ha actuado frente a los excesos de la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo que se considera que ha vulnerado la normativa básica estatal.


Por lo manifestado y por la argumentación apoyada en las actuaciones reseñadas, el Grupo Socialista va a votar en contra de esta proposición no de ley, porque el escenario de no acción que usted dibuja, señoría, no existe y porque se han dado todos los pasos necesarios para garantizar que la normativa básica se cumpla, tal y como nuestro ordenamiento establece, y todos los ciudadanos navarros pueden estar tranquilos sabiendo que su marco competencial jurídico-político propio y diferenciado será siempre respetado por el sistema de garantías que todos los españoles nos hemos dado en la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Antes de las votaciones vamos a esperar cinco minutos. (Pausa.)

Señorías, pasamos a realizar las votaciones por su orden.


Votamos la primera proposición no de ley en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora Méndez Monasterio pide la palabra.) Señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Respecto a la segunda proposición pedimos votación separada de los dos puntos, porque al segundo de ellos se ha presentado una transacción in voce que va a leer el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Es la enmienda que hemos repartido. Todos los grupos la tienen.


Sometemos a votación la segunda proposición no de ley. Votamos el primer punto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el segundo punto.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Respecto a la tercera proposición no de ley había una enmienda del Grupo Socialista que ha sido retirada. Se vota, por tanto, en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La cuarta proposición no de ley se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional que tienen SS.SS. en su poder.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La quinta proposición no de ley se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La sexta proposición no de ley se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional acordada por todos los grupos.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La séptima proposición no de ley también se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional acordada por todos los grupos.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La octava proposición no de ley se somete a votación en los términos en que ha sido presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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