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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 133, de 17/12/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 133
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 125
celebrada el jueves, 17 de diciembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 37-1, de 18 de septiembre de 2009.
(Número de expediente 121/000037.) ... (Página 4)

- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 38-1, de 18 de septiembre de 2009. (Número de expediente 121/000038.) ... (Página 4)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 215-1, de 11 de diciembre de 2009. (Número de expediente 124/000004.) ... (Página 4)

Página 2


Página

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 36-1, de 4 de septiembre de 2009. (Número de expediente 121/000036.) ... (Página 16)

- Proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 41-1, de 2 de octubre de 2009. Corrección de error en BOCG, serie A, número 41-2, de 5 de octubre de 2009. (Número de expediente 121/000041.) ... (Página 20)

- Proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 11-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000011.) ... (Página 31)

Enmiendas del Senado. (Continuación):

- Proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 30-1, de 19 de junio de 2009. (Número de expediente 121/000030.) ... (Página 39)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación.) ...
(Página 48)

Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 50)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado ... (Página 4)

Proyecto de ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.... (Página 4)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas ... (Página 4)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 5)

Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial ... (Página 5)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González, Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas.


Página 3


Votación de conjunto ... (Página 15)

Se somete a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, siendo aprobada.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 15)

Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial ... (Página 15)

Sometida a votación la proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, se aprueba por 193 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones.


Intervienen la señora Sáenz de Santamaría Antón y el señor Alonso Suárez.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 16)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales.... (Página 16)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gallego Barrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página 20)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila y Barkos Berruezo, el señor Salvador Armendáriz y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Tarruella Tomàs y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial ... (Página 31)

En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Benegas Haddad, del Grupo Parlamentario Socialista.


Enmiendas del Senado. (Continuación) ... (Página 39)

Proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ... (Página 39)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Trujillo Rincón, del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 4


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ...
(Página 48)

Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales, se aprueba por 341 votos a favor y dos abstenciones.


Votación de conjunto ... (Página 48)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 343 votos a favor.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 49)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención.


Se someten a votación las enmiendas a la proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 50)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 194 votos a favor, 147 en contra y una abstención.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página 50)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.


Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Antes de iniciar el examen del orden del día quiero avisar a SS.SS. que en la presente sesión plenaria está incluido el debate y aprobación de enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. En el supuesto de que se incorporase alguna enmienda por decisión del Pleno de las procedentes del Senado, exigiría votación de conjunto, que no tendría lugar antes de las diez horas de esta mañana. Del mismo modo, en esta sesión plenaria vamos a examinar tres iniciativas legislativas que tienen carácter de orgánico: el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y complementaria para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso; el proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y la proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Constitucional y del Poder Judicial. El carácter orgánico de estas tres leyes exige votación de conjunto, que en ningún caso se producirá antes de las doce horas de esta mañana. En consecuencia, y tras las múltiples modificaciones al orden del día propuestas por la Junta de Portavoces y aprobadas por el Pleno, vamos a examinar, en primer lugar, el punto IX, que son enmiendas del Senado a las proposiciones y la nueva proposición de financiación de comunidades autónomas. Después vamos a examinar los dictámenes de comisiones legislativas, entre las que están la orgánica de ejecución en la Unión Europea de resoluciones de decomiso; posteriormente examinaremos la de salud sexual, reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo; a continuación, las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación al libre acceso de servicios y su ejercicio; votaremos, y una vez efectuadas las votaciones examinaremos las interpelaciones que quedaron pendientes como resultas del día de ayer.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000037.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/000038.)

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TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.
(Número de expediente 124/000004.)

El señor PRESIDENTE: Hechas estas informaciones previas, podemos pasar a examinar los puntos 32, 33 y el nuevo punto relativo a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la que regula el Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Desea el Gobierno utilizar el turno? (Denegación.) No desea utilizar el turno que le corresponde reglamentariamente para presentar los proyectos. Vamos a examinar las enmiendas del Senado. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto desean hacer uso de la palabra el señor Jorquera, la señora Oramas y la señora Díez. ¿Es así? (Asentimiento.) Vamos de menor a mayor, en consecuencia, la señora Díez, doña Rosa, tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señora vicepresidenta, señorías, por mi parte repetiría el debate que sostuvimos hace unas semanas en relación con la enmienda a la totalidad presentada al sistema de financiación autonómico... (Rumores.) Señor presidente, no oigo, no me oigo.


El señor PRESIDENTE: Señorías, la diputada no puede hacer uso de la palabra si no bajan un poco el volumen de sus conversaciones. Comprendan que desde la tribuna se oye la reverberación mucho más y el llamado "efecto cóctel" de las conversaciones privadas resulta a veces insoportable. Les rogaría que tengan la bondad de rebajar el volumen.
Adelante, señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Me ha corrido el tiempo.


El señor PRESIDENTE: Le contaré el descuento de mi intervención.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Digo que se repite, desde mi punto de vista, el debate que tuvimos cuando se tramitó la enmienda a la totalidad presentada por mi parte en contra del sistema de financiación recientemente aprobado. No es ningún secreto, por tanto, nuestra posición negativa a un sistema que a mi juicio no resuelve ni los problemas de igualdad ni los de solidaridad ni los de justicia de los ciudadanos que viven en cualquier parte de España, porque estamos hablando de la financiación que afecta a las leyes que regulan la vida de los ciudadanos, y estas leyes que hoy se nos someten devueltas para votación con las enmiendas que vienen del Senado proceden de un sistema de financiación autonómica que es producto de un modelo diseñado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña pactado inicialmente entre los dos gobiernos, entre el Gobierno nacional y el Gobierno catalán. Ayer mismo precisamente, en la entrega de los premios periodísticos, el parlamentario que recibió uno de ellos explicó -era un parlamentario del Partido Socialista en Cataluña- cómo realmente no había podido intervenir en este debate porque se había producido un acuerdo entre dos gobiernos y cuando a él le habían dado la oportunidad realmente había tenido muy poca opción para intervenir. Por tanto, efectivamente es un acuerdo entre dos gobiernos que cuando ha llegado al debate, incluso con las comunidades autónomas, al órgano que le correspondería, ha llegado sencillamente para su ratificación. Lo verdaderamente grave desde mi punto de vista es que ha sido la propia Administración General del Estado la que ha propiciado lo que podríamos calificar, aunque sea entre comillas y en minúsculas, como un fraude, contando para ello con el apoyo de quienes ni siquiera creen en el Estado y pretenden únicamente su vaciamiento y su deconstrucción, algo que, por cierto, están consiguiendo con un elevado grado de éxito y también de celeridad.


El nuevo modelo, señorías, señora vicepresidenta, parte de las desigualdades y defectos del anterior. No los resuelve y añade nuevos errores. No se trata de un debate ideológico, créame; es sencillamente una comparación de lo que era el modelo anterior, de las dificultades que tenía, de la necesidad de que se revisara alguna de sus partes, fundamentalmente aquella que tiene que ver con el incremento de la población y de los gastos derivados precisamente de la aplicación de los servicios básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales a esa nueva población que había que adaptar, naturalmente; pero no solamente no resuelve esos problemas, sino que añade problemas nuevos. El nuevo modelo profundiza la insolidaridad, la discriminación, discriminando a los ciudadanos habitantes de las regiones menos ricas.
Recuerden que un tercio de los recursos van hacia Cataluña. Tampoco es un problema de Cataluña, es decir, no hay que echarle la culpa -desde luego no es mi caso- a la negociación que hayan podido hacer los partidos políticos catalanes o el Gobierno catalán, no. Es un problema de responsabilidad, en este caso de falta de responsabilidad, a la hora de regular un sistema que sea justo, solidario, igualitario, que garantice la igualdad y la justicia al conjunto del Estado. No es, por tanto, una responsabilidad de quien ha reivindicado una mayor cuota de participación desde Cataluña sino una responsabilidad del Gobierno de la nación, que no ha sabido hacer los deberes que le corresponden como Gobierno de la nación de garantizar la igualdad y la solidaridad entre todos los ciudadanos. Además es un modelo que multiplica por diecisiete el riesgo de fraude fiscal, como tuve oportunidad de explicar anteriormente cuando teníamos más tiempo para este debate, y además es un modelo que favorece el despilfarro, porque apunta y distribuye en sus presupuestos unas cantidades hacia las comunidades autónomas muy por encima de la capacidad

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real, muy por encima de lo que luego se va a recaudar. Por tanto, no establece a las comunidades autónomas ninguna capacidad para ser responsables a la hora de gastar porque luego, además, si gastan por encima de aquello que finamente se les va a destinar, el Gobierno, como todos ustedes saben, retrasa durante un cierto tiempo -un año, dos años, tres años- la devolución de esas cantidades y, por tanto, no se fomenta la responsabilidad de las comunidades autónomas. Por otra parte, este modelo representa un paso atrás en el camino de la corresponsabilidad fiscal, como les decía. Por poner otro ejemplo, el Gobierno de la nación primero suprime a las comunidades autónomas el impuesto de patrimonio -cedido incluso, como saben ustedes muy bien, con capacidad normativa- y luego se lo compensa; o sea, las comunidades gastan automática y autónomamente y luego le pasan la factura al papá Estado.


En definitiva, creo que hemos perdido, han perdido -pero al final los platos rotos los pagamos todos-, ha perdido el Gobierno y hemos perdido como nación, como país, una oportunidad para establecer un sistema basado verdaderamente en la igualdad y en la solidaridad entre españoles, poniendo limitaciones a ambos principios que son los que establece este modelo, a la igualdad y a la solidaridad, porque, señorías, señora vicepresidenta, como todo el mundo sabe, no podemos ser iguales al 75 o al 80 por ciento, que son las normas que regula este nuevo sistema de financiación. Hay cosas que se dice que favorecen la igualdad, pero al 75 o al 80 por ciento, y si somos iguales al 75 o al 80 por ciento, sencillamente no somos iguales. En definitiva, se ha perdido una oportunidad para diseñar un sistema estable y duradero, justo y solidario, y por eso tienen el rechazo de esta parlamentaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Doña Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señoras y señores diputados, Coalición Canaria reafirma su apoyo a estos proyectos de ley sobre financiación autonómica en el punto final de su tramitación parlamentaria, reiterando sus argumentos ya expuestos aquí en la votación del dictamen del 12 de noviembre. Entonces reconocíamos que habíamos recibido el proyecto de ley con reservas porque inicialmente se incluían elementos que amenazaban no solo el fuero histórico de Canarias sino también el mismo sistema de sostenimiento de los servicios públicos de los canarios. Resultaba especialmente inaceptable la introducción de una disposición adicional que suponía el recorte para nuestra comunidad autónoma del Fondo de Suficiencia del sistema, que afecta al mantenimiento de la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esa disposición adicional segunda era aún más rechazable teniendo en cuenta que Canarias está sufriendo la crisis económica y el paro con más dureza que el resto de España. Sin embargo, durante el trámite parlamentario conseguimos hacer valer el sentido común y la equidad para que no se atentase ni contra nuestro fuero histórico ni contra el derecho de los canarios a percibir la misma financiación que el resto de los ciudadanos. A través de nuestras enmiendas, que contaron con la comprensión del grupo del Gobierno y de otras fuerzas políticas, lo cual agradecemos sinceramente, pudimos salvar la integridad de nuestro Régimen Económico y Fiscal, que se conculcaba claramente en los dos proyectos iniciales de las leyes que regulan la financiación autonómica.
También se ha impedido que se produjera un duro recorte en la financiación que corresponde a Canarias y hemos aumentado, y esto es muy importante, nuestra capacidad decisoria sobre dos impuestos propios de nuestra comunidad, el IGIC y el AIEM.


Por todo ello, reiteramos hoy en la votación final de estos proyectos de ley nuestro apoyo a unas leyes de financiación autonómica que van a condicionar tanto la vida de los ciudadanos en los próximos años y que son precisamente las que garantizan la sostenibilidad de los principales servicios públicos.


Gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, voy a procurar ser breve dado que el debate a la totalidad sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ya se sustanció en esta Cámara. Ahora toca fijar posición respecto a las enmiendas introducidas por el Senado. En ese sentido anuncio el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a las cuatro enmiendas aprobadas en el Senado a la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, como apoyaremos también bastantes enmiendas que afectan a la ley del sistema.
Sabemos, en función de la interlocución previa mantenida con otros grupos parlamentarios, que estas enmiendas introducidas por el Senado tienen pocas posibilidades de prosperar en esta Cámara. Desde nuestro punto de vista, mejoran algunos aspectos de los proyectos de ley en tramitación, pero en cualquier caso, y aun en el caso de que fuesen aceptadas, no introducen cambios sustanciales que modifiquen nuestra posición respecto a la reforma del sistema de financiación en marcha.


Desde nuestro punto de vista, y como ya hemos explicitado, la reforma no avanza de forma suficiente en autonomía y en corresponsabilización fiscal de las comunidades autónomas, se rompe el principio de equidad, no garantiza la suficiencia financiera de Galicia y de consolidarse esta reforma Galicia perderá posiciones relativas al convertirse la población en el principal factor de ponderación y no ponderarse de manera adecuada factores que en Galicia tienen un extraordinario impacto

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en el coste de los servicios públicos, como son el envejecimiento de la población y la dispersión poblacional. A este aspecto me voy a referir de manera singular, porque una de las enmiendas introducidas en el Senado se refiere precisamente al mismo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Desde nuestro punto de vista, la demostración evidente de que la dispersión poblacional no está suficientemente ponderada en cuanto a evaluar su impacto en el coste de los servicios es el hecho de que se destinen 50 millones de recursos adicionales para el año 2009 -no estamos hablando de un fondo que forme parte del sistema; estamos hablando de una asignación de recursos excepcionales y acotados al año 2009- a las comunidades con una dispersión superior a la medida. Si estuviese bien ponderado, ¿qué razón de ser tendría este fondo? Desde nuestro punto de vista no hay razones técnicas que justifiquen que la dispersión pondere un 0,6 por ciento mientras la superficie lo hace un 1,8 por ciento. Llamo a ustedes la atención sobre el hecho de que Galicia, representando apenas el 6 por ciento de la población del conjunto del territorio del Estado español, tiene más de la mitad de los núcleos de población existentes en el territorio del Estado español. Imagínense ustedes el enorme impacto que tiene en el coste de los servicios esta singularidad. Por eso apoyaremos la modificación que propone el Senado de la letra B) del apartado 1 del artículo 5, para incrementar ese fondo excepcional de 50 millones de euros hasta situarlo en 250 millones de euros. Y lo apoyaremos sabiendo, señorías, que de introducirse esta modificación lo que estaríamos haciendo sería parchear, intentar paliar en parte y de una manera además muy tangencial el hecho de que Galicia va a perder posiciones relativas con la reforma del sistema y el hecho de que Galicia no tiene debidamente asegurada la suficiencia financiera a través de una medida puntual, excepcional y parcial. Además es una propuesta emanada de la Xunta de Galicia que en cierta medida tiene como objeto intentar paliar los efectos de una mala negociación llevada a cabo, pero en la medida en que contribuya a aliviar los problemas que para Galicia va a tener esta reforma en marcha, anunciamos nuestro apoyo a esta enmienda en concreto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy estamos en el último trámite del acuerdo sobre el nuevo modelo en materia de financiación y desde Iniciativa en particular lo queremos celebrar. Lo queremos celebrar porque encontramos que con el nuevo acuerdo vamos a tener unas finanzas autonómicas más justas, más equitativas, más transparentes y que nos vamos a alejar del pésimo modelo que se mantenía vigente. Hoy vengo dispuesto a no aceptar lecciones, sobre todo de aquellos que protagonizaron y pactaron un pésimo modelo de financiación -sí, ustedes lo saben bien-, de aquellos que han permitido que se mantuviese este modelo y que pactaron el modelo. Estoy hablando sin ninguna acritud -y el señor Sánchez i Llibre lo sabe- del Partido Popular y de Convergència i Unió. Para nosotros era un modelo de opacidad, mucha opacidad; un modelo que no se revisaba; un modelo que tendía a la desigualdad entre comunidades y entre ciudadanos, y un modelo que se iba haciendo injusto a medida que avanzaban los años hasta haberse hecho absolutamente insoportable. Hoy lo que tenemos es un acuerdo fruto de un instrumento legal potente, el Estatut de Catalunya, vigente a día de hoy, que es fruto de la perseverancia de ambos gobiernos, sin lugar a dudas, pero permítanme que le diga -sé que soy juez y parte del Govern de la Generalitat- que ha requerido tiempo, demasiado incluso. Si algún defecto tiene el acuerdo es que ha requerido demasiado tiempo. Permite la suficiencia, permite hacer frente a los retos sociales del país y obviamente el acuerdo tendrá más o menos sentido en función de a lo que se dediquen esos recursos. Dicho de otra manera, si esos recursos se destinasen prioritariamente a desgravaciones y a eliminaciones fiscales desde nuestro punto de vista tendría sentido, pero menos. Si ese acuerdo se dedica a políticas sociales, tiene mucho más sentido. No es un tema menor desde nuestro punto de vista -era uno de los elementos a valorar, y muy positivamente- que el acuerdo tuviese en cuenta el esfuerzo fiscal o, dicho de otra manera, que la financiación autonómica no fuese ni sirviese para que algunos eliminasen de facto impuestos. De hecho, y ustedes lo saben, el nuevo sistema lo que hace es eliminar el perverso incentivo a bajar la presión fiscal que existía en el modelo anterior, aquel modelo en el que se eliminaba, por qué no, el impuesto de sucesiones, y eso se veía compensado por el modelo de financiación. Ahora ya no. Ya no vale eso de eliminar el impuesto para que el modelo de financiación lo acabe compensando. Por tanto, el acuerdo garantiza y da instrumentos para evitar ese dumpin fiscal que a veces existe entre comunidades y que hace que hoy cualquier gobierno, y especialmente los gobiernos progresistas, tengan esa obligación y la oportunidad de mantener una política fiscal de progreso evitando precisamente ese dumpin fiscal.


Tengo además que añadir que el modelo, lo he dicho y lo reitero, solventa y da solución al desequilibrio fiscal existente que se iba incrementando a medida que iban avanzando los años. Además es un modelo en el que se introducen en los sistemas de nivelación diferentes criterios, pero donde pesa, y poderosamente, el principal criterio desde mi punto de vista, el de la población. Todos los criterios son valiosos, y nosotros hemos puesto encima de la mesa el criterio de la inmigración. Hay otros que hablarán del criterio de la dispersión, otros de la insularidad, pero hay un criterio fundamental que es el del peso de la población. Lo positivo es que es un modelo que hace

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que el criterio de la población se incremente, que, como he dicho, además es un modelo que se da desde la evolución del modelo, desde la gradualidad, desde un incremento notable de la transparencia, desde la autonomía financiera, desde la suficiencia de recursos y obviamente con una cesta de impuestos y con un incremento de los porcentajes en la cesión de rendimientos que son claramente positivos. Además tengo que decir que es un modelo que nos acerca más al modelo alemán, no exactamente, por supuesto, pero que tiene elementos claramente federalizantes. Y en un Estado que desde nuestro punto de vista tiene que avanzar hacia un modelo federal eso es una buena noticia. Eso es reconocer la España real, la España más plurinacional, ese país que es plurilingüe como ningún otro país de Europa que avanza, sin lugar a dudas, hacia el modelo que le corresponde y que además tiene en cuenta las necesidades de gasto, la lealtad institucional, la gradualidad en los términos de aplicación y combina bilateralidad con multilateralidad. Por todo ello tengo que decir que votaremos a favor de la mayoría que supone este acuerdo, y entendemos, en definitiva, que hoy avanzamos hacia un modelo más justo, más eficaz, más transparente, simplemente más y mejor para todos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, aprobamos hoy con carácter definitivo el modelo de financiación autonómico, después de un recorrido, como mínimo, sinuoso y lleno de paradojas, cómo, si no, puede juzgarse la actitud del partido Popular, que en estos meses ha ido oscilando y basculando entre: A por ellos, que son pocos y cobardes, y: A nosotros lo mismo, que es lo que hicieron las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, alargando la mano como el que más. Por lo visto, es un ejercicio casi imposible pedirle al PP que deje de hacer demagogia y que deje de falsear la realidad, diciendo que este es, como dijo su consejero autonómico de Economía en Madrid, un traje a medida para Cataluña. No.
Aquí, señorías, lo que ha pasado simplemente es que hemos cambiado de traje, hemos cambiado de vestido, pero sobre todo hemos cambiado de sastre, porque lo que pactaron el Partido Popular y Convergència i Unió en el año 2001 fue un vestido corto, un vestido incluso indecoroso por injusto, por poco equitativo, por opaco, e incluso, en el caso de Cataluña, por expoliador. Ese partido, señorías, se acaba hoy y el PP y sus corifeos habituales, también un cierto -por decir las cosas por su nombre- meridionalismo irredento y la actitud también de Convergència i Unió que está en campaña permanente contra el Gobierno de Cataluña, han perdido. Y en el caso de este último grupo quiero lamentar que no hayan querido jugar al menos la segunda parte de este partido con una actitud más constructiva, con una actitud que no fuera de un no por un no, y lamento que hayan preferido quedarse permanentemente en el banquillo, en lugar de jugar aquí con el equipo de la Generalitat, con el equipo de la sociedad civil y del conjunto de instituciones económicas en Cataluña.


Los dos proyectos de ley que estamos hoy sustanciando con carácter definitivo han experimentado, como ustedes saben, algunos cambios, una alteración en su paso por el Senado que podemos juzgar sustantiva. La alteración que se ha producido a raíz de las enmiendas del Partido Popular y Convergència i Unió no mejora el modelo, sino todo lo contrario, pues desvirtúa sus objetivos en términos de equidad y de justicia y se aleja de los principios que fundamentaron el acuerdo inicial en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en esta misma Cámara, en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es menester rehusar la mayoría de enmiendas que fueron introducidas en el Senado por tres razones fundamentales. La primera es que introducen graves distorsiones en los objetivos de nivelación general, fundamental en el nuevo sistema, a cambio de primar en exceso determinadas situaciones individuales que ya estaban suficientemente reconocidas en el modelo de partida, como por ejemplo el caso de los incrementos del Fondo de dispersión y de baja densidad. La segunda es que introducen reducciones fiscales que más bien son de interés estatal, y por tanto debe decidir sobre las mismas el Gobierno del Estado, o bien son de ámbito autonómico, debiendo decidir cada parlamento autonómico en su caso. Y la tercera es que retoman elementos del antiguo sistema que son totalmente incompatibles con el actual.


A pesar de ello -y con ello acabo, señora presidenta-, a pesar de las enmiendas aprobadas en el Senado, nuestro grupo va a votar favorablemente dos de las mismas. La primera tiene que ver con la modificación por la que se incorpora un nuevo apartado 1.bis al artículo 52, que otorga mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas en cuanto al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos con relación a los gasóleos de usos especiales. Esta es una medida que Esquerra ya propuso en otras iniciativas legislativas. La segunda enmienda que votaremos favorablemente propone una nueva adicional tercera que prevé la equiparación de la financiación a la media estatal de aquellas comunidades autónomas que con un esfuerzo fiscal superior a la media presentan un fondo de garantía y de suficiencia global negativo. Esta es una situación que presentan algunas comunidades autónomas que tenían una expectativa de situarse por encima de la media y algunos estudios revelan que no. Me refiero concretamente al caso de Islas Baleares. Nuestro grupo va a dar apoyo a esta enmienda.


Por lo demás, insisto, vamos a rehusar las enmiendas que fueron introducidas en el Senado y votar globalmente a favor del dictamen de ambos proyectos de ley.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, como ya hicimos en esta Cámara al debatir el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, nuestro grupo parlamentario se va a abstener a la hora de votar las enmiendas que vienen hoy del Senado al citado proyecto. Señalamos entonces, y lo mantenemos hoy, que la reforma de la Lofca afecta al cambio del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las dos ciudades autónomas y no afecta, por tanto, al modelo de concierto económico vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi ni al convenio de Navarra. Este es el motivo de nuestra abstención.


Sin embargo, quisiera hacer una breve referencia a la disposición transitoria de autorizaciones de operaciones de crédito. En su segundo apartado se dice que, como consecuencia de las circunstancias económicas extraordinarias y con carácter excepcional para los años 2009 y 2010, se suspende de aplicación el apartado 2.a) del artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre. Ello significa que el Estado permitirá a las comunidades autónomas endeudarse durante el periodo 2009-2010 para financiar gasto corriente, quebrando un principio básico cual es el de que el endeudamiento ha de destinarse a financiar proyectos de inversión. Este criterio ha sido hasta el momento el que ha mantenido el Estado a la hora de autorizar las emisiones de deuda o de otra operación de crédito para financiar el déficit de las comunidades autónomas. Este precepto, dada la jurisprudencia existente y a efectos de autorización del endeudamiento, sí afecta al conjunto de las comunidades autónomas, incluidas la de Euskadi y Navarra, y ello nos preocupa. ¿Por qué? Porque entra en abierta contradicción, a nuestro juicio, con el propio Estatuto de Gernika. El Estatuto de Autonomía de Gernika, en su artículo 45, establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá emitir deuda para financiar gasto de inversión. Queremos poner de manifiesto esta cuestión porque entendemos que esta modificación no puede afectar a un estatuto de autonomía que, como el de Gernika, establece con nitidez la finalidad del endeudamiento, que es financiar exclusivamente gastos de inversión. Así, creemos que con esta disposición transitoria se quiebra un principio, y entendemos que no puede afectar a la Comunidad Autónoma de Euskadi que ha de regirse, a nuestro juicio, por el Estatuto, cuyos preceptos han de prevalecer sobre la reforma que hoy votamos. Con esta reflexión pretendo simplemente fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta cuestión. Por lo demás, como ya he adelantado, nos abstendremos en las votaciones que corresponden al proyecto.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ante el debate de estos dos proyectos de ley por los que se regulan los sistemas de financiación de las comunidades autónomas en régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y también la que hace referencia a la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, continúa siendo la de una oposición frontal a dichos proyectos, tal como ya manifestamos en el debate que se produjo en el Congreso de los Diputados cuando se inició el trámite parlamentario de ambas leyes. Básicamente continuamos manteniendo la misma oposición frontal, ya que desde nuestro punto de vista estas dos leyes incumplen de una manera flagrante, total y absoluta el actual Estatuto de Cataluña. En segundo lugar, porque también seguimos considerando que después de las modificaciones incorporadas en el Senado estas dos leyes castigan, penalizan a las comunidades autónomas que realizan un mayor esfuerzo fiscal, ya que no se tienen en cuenta los costes diferenciales de los servicios básicos que se producen en las diferentes comunidades autónomas del Estado español. En tercer lugar, porque continuamos manteniendo que se trata de un modelo opaco, poco transparente y, lógicamente, poco democrático, ya que en realidad actualmente desconocemos cuáles son los recursos financieros adicionales que van a ir distribuidos a las diferentes comunidades autónomas y, al mismo tiempo, también entendemos que llegan tarde. En cuarto lugar, porque, señorías, la bilateralidad prevista en el Estatuto de Cataluña, que era un hecho relevante e interesante desde el punto de vista de aplicar el nuevo sistema de financiación, ha desaparecido totalmente en estas dos leyes, transformándose el sistema de financiación de las comunidades autónomas en un café para todos. Desde esta perspectiva nosotros consideramos que se perjudica notablemente a todas aquellas comunidades autónomas que están realizando un mayor esfuerzo fiscal.
También continuamos pensando que, una vez aprobada, esta ley orgánica va a lesionar gravemente en su aplicación a las economías familiares, a las economías domésticas de toda Cataluña, sin excepción y, al mismo tiempo, que con la aplicación de estas normas se va a perjudicar notablemente la calidad de los servicios básicos que se van a establecer en Cataluña, como sanidad, educación y servicios sociales.


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Basándome en estas afirmaciones y contestando algunas posiciones de los dos grupos que me han precedido en el uso de la palabra, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, a través de su portavoces, en el sentido de plantear responsabilidades a Convergència i Unió por el anterior sistema de financiación, nosotros no vamos a entrar en el debate del anterior sistema de financiación, pero sí les vamos a decir que probablemente a los que les van a exigir responsabilidades todos los catalanes cuando vean que estos planteamientos y esta posición de Convergència i Unió van a ser una realidad, va a ser justamente a los grupos catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña y de Iniciativa per Cataluña, y también, por descontado, a los diputados catalanes del PSC. (Rumores.)

Yendo ya directamente a las enmiendas que se han planteado y debatido en el Senado, es cierto que se han aprobado algunas enmiendas planteadas por Convergència i Unió, a las que vamos a dar lógicamente el voto favorable, pero como probablemente no van a ser votadas favorablemente por la mayoría de los miembros de la Cámara, vale la pena resaltar que hay una enmienda que consideramos que tiene un valor relevante, importante como es suprimir la imputación del 50 por ciento de las compensaciones fiscales al rendimiento cedido por no contenerse en el acuerdo e imputarse en la actualidad la totalidad sobre la cuota líquida estatal.
También consideramos relevante la rebaja del valor normativo en los ingresos de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tomando como base el año 2007, que lo rebajamos del 85 por ciento al 65 por ciento. Otra enmienda relevante es la supresión de la modificación del cambio del cómputo de residencia habitual en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como la enmienda que va en la dirección de prever que las comunidades autónomas puedan asumir competencias normativas en el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos en relación con la devolución del gravamen autonómico del gasóleo de uso agrícola. Asimismo, nosotros consideramos importante uno de los aspectos que reivindicamos en el inicio de la tramitación en el sentido de que no estábamos de acuerdo con el principio de lealtad institucional, ya que este suponía poner el contador a cero en todas aquellas deudas que la Administración Central del Estado mantenía hasta la fecha. (Continúan los rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez i Llibre, perdone un momento.


Señorías, de verdad, no se escucha nada al orador que está en la tribuna.
Seguramente es muy interesante todo lo que ustedes tienen que discutir y hablar, pero por lo menos háganlo en un tono más bajo de voz. Continúe, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta, por su amparo.


Como les iba diciendo, sobre aquellos aspectos que hacían referencia al principio de lealtad institucional, hemos conseguido resolver esta situación en el Senado, en el sentido de suprimir el precepto sobre las cuestiones que hacían referencia a la tabla rasa respecto a las cantidades debidas por el Estado por la aplicación del principio de lealtad institucional, según el cual, en el caso de que prosperara esta enmienda, todas aquellas comunidades autónomas que son acreedoras por parte del Estado por determinadas cuestiones que hacen referencia a la dependencia, a la sanidad o a los servicios sociales podrían continuar reclamando al Estado o podrían ir descontándose de los adelantos recibidos en los años 2008 y 2009 todas aquellas deudas que hasta la fecha el Estado no ha satisfecho a las comunidades autónomas. Lógicamente también consideramos interesante la enmienda aprobada en el Senado que va en la dirección de mantener la imputación del 50 por ciento en la deducción por alquiler de la vivienda habitual a la cuota íntegra estatal.


Es cierto que la mayoría de las enmiendas relevantes que ha presentado este grupo, y que fueron objeto de la presentación de una enmienda a la totalidad para plantear, al no estar de acuerdo, una oposición frontal a estos dos proyectos, las hemos vuelto a presentar en el Senado y, lógicamente, no han contado con el apoyo del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno. Pedíamos poder contemplar los costes diferenciales entre las diferentes comunidades autónomas y variables demográficas, en particular un factor de corrección en función del porcentaje de la población inmigrante. Este era uno de los aspectos relevantes que lógicamente no ha gozado de la aprobación de los diferentes grupos que me han precedido en el uso de la palabra. Tampoco hemos logrado incorporar uno de los aspectos relevantes de la financiación prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como es la aplicación del principio de ordinalidad desde el punto de vista del Fondo de Competitividad y del Fondo de Suficiencia con el fin de que cuando Cataluña haya hecho la aportación económica correspondiente al PIB del Estado español, en función de estas aportaciones no pierda la ordinalidad correspondiente en el esfuerzo fiscal o en la renta per cápita desde un punto de vista de PIB nominal. Este es uno de los aspectos relevantes, importantes para nosotros que tampoco hemos conseguido aprobar en el Senado.


También había otros aspectos importantes, como era ampliar la capacidad normativa de la Generalitat sobre los impuestos cedidos, que no ha gozado de la aprobación de los diferentes grupos parlamentarios, y tampoco hemos podido plantear con éxito que la prevalencia del sistema de financiación de la Generalitat de Cataluña prevista en el Estatuto de Autonomía estaba por encima de las dos leyes que estamos debatiendo en estos momentos.
Nosotros planteamos en aquellos momentos que la Lofca estaba por debajo de la ley orgánica prevista en el Estatuto de Cataluña y en todos aquellos aspectos que hacen referencia a su financiación, pero no hemos

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conseguido aprobarlo. Por tanto, continuamos manteniendo una oposición frontal a estas dos leyes que van en la dirección de reformar los sistemas de financiación previstos hasta la fecha y lógicamente, independientemente de que vayamos a votar favorablemente las enmiendas que han sido aprobadas en el Senado, vamos a votar en contra del texto de los dos dictámenes correspondientes.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.


Estamos en el último trámite de lo que ha sido un proceso largo, complicado y poco consensuado para la aprobación de uno de los pilares de nuestro sistema institucional y democrático como es la Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, que en otros países llaman constitución fiscal, nada menos que el elemento básico de cómo se están repartiendo los recursos públicos -hoy en día bien escasos- entre las distintas administraciones; un proceso que ha tenido tremendas dificultades y enormes fallos tanto desde el punto de vista formal como de contenido. Desde el punto de vista formal se origina nada menos que en 2005, una discusión larguísima dentro y fuera de la Administración central y con las comunidades autónomas, con partidos políticos, con un cambio de vicepresidente económico de por medio que ha permitido su aprobación final -por algo habrá sido-, y que al final se resolvió con una falta de consenso como nunca ha habido en una norma de financiación de comunidades autónomas, hasta el punto de que la última votación que tuvimos en esta Cámara antes de su envío al Senado, con carácter orgánico, se sacó por la mínima, y además contando con partidos que solo actúan en el ámbito foral, por lo cual tan justa mayoría, la precisa, pero tan justa mayoría, nos indica claramente hasta qué punto se ha hecho un uso partidista, político e interesado en la aprobación de uno de los pilares básicos de nuestro sistema democrático y de nuestro funcionamiento administrativo. No se pueden hacer peor las cosas, no se pueden hacer las cosas de una manera más partidista y arbitraria, y esta es la manera que en las cuestiones territoriales, muy importantes en nuestro país, que generan una sensibilidad a flor de piel con la cual hay que ser exquisitos, en las cuales hay que buscar el máximo consenso y tenemos que estar siempre pensando en la necesaria convivencia entre los territorios, en lugar de hacerse las cosas con ese consenso y con la búsqueda de esa convivencia, lo que se hace es un uso partidista; uso partidista del ámbito territorial que vimos explicitado el lunes pasado en el Senado en la Conferencia de Presidentes, como todos sabemos. Esto en cuanto a la forma, no hace falta decir más. Se acordó con una serie de partidos, se impuso al conjunto de las comunidades autónomas y nos hemos encontrado con la mayoría más exigua que en esta Cámara jamás haya aprobado una ley tan importante como la Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas de régimen común.


En cuanto al contenido, es evidente que este modelo que surge es básicamente el mismo que el anterior, añadiéndole una serie de recursos que se reparten arbitrariamente. La cuestión es si esto va a ser suficiente para garantizar los recursos públicos para las principales competencias que tienen las comunidades autónomas, que son las más sensibles para el ciudadano, las que atienden más a lo que se llama gasto social, especialmente sanidad, educación y gastos sociales. ¿Vamos a garantizar con este modelo esos servicios públicos, en el contexto de crisis económica en el que estamos viviendo, y la proyección a futuro de los recursos públicos? Va a ser difícil, muy difícil, por no decir imposible. España ha perdido en año y medio un tercio de sus recursos públicos, un tercio de los ingresos que recibían habitualmente las administraciones públicas, y esto va a durar mucho tiempo. La Comisión Europea considera -es un dato de la Comisión Europea- que el déficit estructural de la economía española para el año 2011 será del 8,2 por ciento, es decir, la inmensa mayoría de lo que ahora mismo tenemos de déficit como consecuencia de la caída de los ingresos públicos va a perdurar en el tiempo. Tenemos unos 80.000 millones de euros menos de ingresos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener este modelo que se basa en los ingresos del año 2007? Pues no sería muy sensato, porque eso supondría sencillamente repartir esas caídas de ingresos a escote entre el conjunto de las administraciones. Es decir, ¿todo el mundo se tiene que apretar igual el cinturón o lo tendríamos que hacer de forma diferente porque hay determinadas administraciones que están mucho más implicadas en aquellos gastos absolutamente necesarios para el mantenimiento del Estado del bienestar? Lo que hacemos con este modelo es repartir esa pérdida a escote, por mucho que la pérdida se dilate en el tiempo con esa prolongación a cinco años del exceso de aportaciones iniciales que ha establecido el modelo respecto a lo que realmente se ha recaudado. Ese dinero que tienen que devolver las comunidades autónomas se retrasa ahora cinco años, pero eso no significa que no lo hayan perdido. Claro que lo han perdido, y ahora nos encontramos con un tercio menos de ingresos y unas comunidades autónomas que van a tener que enfrentarse a esos gastos públicos que son los que más demanda el ciudadano. ¿Resuelve el problema el modelo? No, porque el modelo parte del hecho de que la economía española está igual que estaba en 2007, lo cual es un profundo error. No se garantiza la suficiencia dinámica de aquellos elementos más importantes dentro de nuestro Estado de bienestar.
Se tenía que haber hecho otra cosa totalmente diferente, que es

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pensar qué financiación requieren esas competencias, quiénes son los competentes y cómo hacemos un modelo adaptado a la nueva situación. Por eso este modelo, por irreal, nace fracasado.


Además, tiene otra serie de efectos, como el hecho de premiar a aquel que suba los impuestos y, adicionalmente, castigar a aquellos que los bajen.
Bonita forma de respetar la autonomía que tiene todo gobierno autonómico de gestionar sus ingresos y sus gastos. España es un país descentralizado -esto hay que recordarlo- y las administraciones tienen perfecta autonomía para definir su política de gastos e ingresos, especialmente las administraciones autonómicas, que aprueban esto en sus parlamentos autonómicos por leyes tan válidas como las que hacemos aquí. Sin embargo, esa autonomía queda conculcada de la peor manera, estableciendo una penalización para aquellas comunidades que tengan como objetivo de gobierno aprobado por sus parlamentos autonómicos la rebaja de impuestos para relanzar su actividad económica. Esto es evidente y ha quedado plasmado en la última redacción del Fondo de Competitividad que salió del Congreso y se ha mantenido en el Senado. Además, en esta Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas hay una agresión a la autonomía municipal, porque se permite sin ningún tipo de límite la asunción por parte de las comunidades autónomas de capacidad normativa tributaria que tienen hasta ahora las administraciones municipales. Es decir, si un ayuntamiento es suficientemente prudente para no cargar a sus ciudadanos con determinadas cargas fiscales, se permite sin ningún problema a la comunidad autónoma ejercer esas cargas fiscales y aplicarlas a los ciudadanos, con lo cual vamos a tener más subidas de impuestos de las comunidades autónomas, que son premiadas por ello, y más subida de impuestos en el ámbito municipal ejercido por las comunidades autónomas, es decir, el pasaporte y el billete a no tener una recuperación económica suficiente y a seguir manteniendo una presión fiscal excesiva sobre familias y empresas, que necesitan respirar para poder tener un mínimo horizonte para inversión, creación de empleo y actividad económica.


¿Qué decir de la estabilidad presupuestaria? Es curioso que la Administración General del Estado se lave las manos y diga que en el año 2009 y en el año 2010 -una de las últimas modificaciones que hay en este texto- no va a decir nada sobre el nivel de endeudamiento de una comunidad autónoma. Es decir, siendo la Administración General del Estado la que en la mayoría de los casos autoriza el endeudamiento de las comunidades autónomas -porque, salvo aquella parte que está destinada a inversión, todo el endeudamiento para gasto corriente debe ser autorizado por las comunidades autónomas- resulta que para los años 2009 y 2010 hay barra libre. Bonita forma de empezar un proceso de consolidación presupuestaria y reducción del gasto público. Es evidente que el Gobierno no tiene ninguna intención en el corto plazo de realizar esa estabilidad presupuestaria, por mucho que se le haya ido la fuerza por la boca a la vicepresidenta y al presidente del Gobierno al hablar de este proceso, incluido el lunes pasado en el Senado.


Estamos ante un reparto de recursos arbitrario; estamos ante falta de estabilidad presupuestaria; estamos con subida de impuestos; estamos ante un modelo que no tiene en cuenta que hemos perdido un tercio de los recursos y tenemos que escribir desde una página en blanco cómo repartimos los recursos públicos entre las distintas administraciones.
Porque tenemos que hacer un modelo desde cero, partiendo de las prioridades y sabiendo que España no puede aumentar sustancialmente su endeudamiento público a los ritmos que estamos ahora. No me vengan con la falacia de que estamos 20 puntos por debajo de la Unión Europea, porque si un señor tiene una hipoteca y la está pagando sin problemas pero otro señor no tiene hipoteca y tiene un descubierto de 1.500 euros al mes todos los días en el banco, no me digan que el segundo señor, porque tiene menos endeudamiento, tiene menos problema. Eso no lo entendería nadie.


Termino. Un modelo que nace fracasado; que no atiende a las necesidades; que da la espalda a la nueva realidad de la crisis económica; que da barra libre en cuanto al endeudamiento de las comunidades autónomas sin empezar el proceso de consolidación presupuestaria; que sube los impuestos; que va a retrasar la recuperación económica y que al final nos vamos a encontrar con la necesidad de reformarlo porque no habrá suficiente dinero para aquellas prestaciones y aquellos servicios públicos de más interés para el ciudadano.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Nadal.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mármol.
(El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Campos, le oigo. Haga el favor de guardar silencio.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy viene de nuevo al Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el proyecto de ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias. Llegan a esta Cámara tras su paso por el Senado, haber superado varios intentos de veto y con las distintas propuestas en forma de enmiendas al articulado a las que luego me referiré.


Señor Sánchez i Llibre, solo me voy a detener a decirle dos cosas cuando le escucho sus críticas a este modelo de financiación. La primera, recordarle que han votado durante todo este proceso -y votarán hoy- con aquellos que han llevado el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional. (Aplausos.) Y la segunda, que sea consciente,

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señor Sánchez i Llibre, de que una amplia mayoría de diputados catalanes ha hecho posible un cambio de modelo de financiación que beneficia a Cataluña y que beneficiará también al resto de nuestro país. (Aplausos.) Si ustedes y el PP tuvieran la mayoría en esta Cámara, Cataluña continuaría con el modelo de financiación que su jefe, el señor Artur Mas, pactó con el señor Aznar en el hotel Majestic de Barcelona y que ha demostrado su insuficiencia para Cataluña y para el resto del país. No podemos olvidar, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario, que estos dos textos legales que hoy regresan a esta Cámara son el resultado de un extraordinario trabajo. Quiero volver a destacar que este proyecto que finaliza su trámite parlamentario viene precedido, en primer lugar, de un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la reforma del sistema de financiación, que como bien saben fue respaldado por el voto afirmativo de la mayoría de comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Ninguna de ellas votó en contra; ningún gobierno autonómico se opuso al acuerdo. ¿Por qué recuerdo esto? Para intentar demostrar la incoherencia del principal partido de la oposición, del PP, todo esto dentro de esta realidad cambiante que ustedes viven cada día y además de su falta de coherencia, como decía.
Porque ya no saben a qué oponerse con tal de desgastar al Gobierno. Le voy a poner un ejemplo de esa realidad cambiante y de la falta de coherencia. En primer lugar, las sucesivas declaraciones de la presidenta de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que pasa del voto a favor inicial, a la abstención final, pasando por el voto en contra. Menos mal que solo tenemos esas tres posibilidades de voto, si no también habría pasado por ellas. A favor, decía doña Esperanza Aguirre -y leo textualmente-: El modelo de financiación es multilateral, el modelo de financiación va a reconocer la solidaridad y tener reconocimiento de la población. Por eso, yo creo que para Madrid va a ser muy positivo este modelo de financiación. Va a resultar muy positivo porque va a reconocer a 1.200.000 madrileños que no están contemplados en el modelo que se aprobó en el año 2001. Esto lo dijo en la rueda de prensa tras la reunión con el presidente del Gobierno el día 22 de diciembre de 2008. El 15 de julio por la mañana adelanta el voto en contra de la Comunidad de Madrid, porque como conocemos doña Esperanza Aguirre es una presidenta disciplinada que sigue las reglas marcadas por Génova. Por la tarde, haciendo bueno el título de la película de Woody Allen de Coge el dinero y corre, la Comunidad Autónoma de Madrid se abstiene.


En cuanto a su coherencia, como muestra el siguiente ejemplo. Señor Nadal, hablaba usted de que este acuerdo supone la barra libre para el endeudamiento. Usted se aplica bien este dicho de que hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Le voy a poner un ejemplo. Se oponen a la enmienda que presentó el Grupo Socialista por la cual se permite a las comunidades autónomas de manera excepcional endeudarse para hacer frente al gasto corriente y evitar que debido a la crisis tengan que reducir drásticamente el nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales. Se aprueba esta enmienda, a pesar de ustedes, y en una comunidad autónoma gobernada por ustedes, la Región de Murcia, de la cual vengo yo, se apresuran a hacer una previsión en los presupuestos para 2010 de más de 283 millones de euros de endeudamiento para sufragar el gasto corriente. Es paradójico, pero los ciudadanos de la Región de Murcia tendrán garantizada la prestación de muchos servicios públicos fundamentales gracias a la iniciativa y al voto afirmativo del Grupo Socialista y con el voto en contra del Partido Popular, del partido que sustenta al Gobierno regional. (Aplausos.)

Cambien de estrategia y abandonen la estrategia de oponerse porque sí y voten aquí mirando a los ciudadanos y no mirando a La Moncloa, porque la mayoría de los españoles van a percibir que se oponen a dos proyectos de ley que contribuirán a la mejora del sistema de financiación de las comunidades autónomas; un sistema que da respuesta a los problemas de ajuste... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Mármol, por favor, un momento.


Señorías, siento tener que volver a insistir. No se oye nada al orador que está en la tribuna. Insisto una vez más, las conversaciones de seguro son muy interesantes, solo les ruego que las tengan en un tono de voz más bajo. Muchas gracias.


Siga, señor Mármol.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.


Decía que la mayoría de los españoles van a percibir que se oponen a dos proyectos de ley que van a contribuir a la mejora estructural del sistema de financiación de las comunidades autónomas, un sistema que da respuesta a los problemas de ajuste y a las necesidades de la población; un sistema que les reduce las diferencias en cuanto a la financiación y sobre todo en cuanto a renta per cápita y, lo más importante, un sistema que va a garantizar a todos los ciudadanos la igualdad en la prestación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales esenciales. Debemos recordar que estos dos proyectos de ley van a reforzar las políticas del Estado del bienestar gracias a la aportación global de más de 11.000 millones de euros, reforzándose por tanto las políticas sociales dirigidas a todos los ciudadanos y en especial a aquellos ciudadanos que en una época de crisis como la actual necesitan más el amparo de las administraciones públicas. Este es un sistema que asigna recursos a las comunidades autónomas en función de criterios objetivos, como la población, las necesidades de población dependiente, la extensión del territorio, la población en edad escolar, la insularidad o el envejecimiento. También se contempla en este modelo de financiación las necesidades que provienen de la dispersión poblacional, la escasa densidad de la población y la existencia de otras lenguas cooficiales.
Otro elemento

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clave para el nuevo modelo va a ser la creación del Fondo de garantía de prestación de servicios públicos fundamentales, que va a garantizar la igual financiación por habitante ajustado en los servicios públicos fundamentales, como son sanidad, educación y servicios sociales. En definitiva, es un sistema que va a reducir las diferencias entre los distintos niveles de renta de las comunidades autónomas, apostando por su convergencia.


En cuanto a nuestra postura con respecto a las modificaciones propuestas en la Lofca, quiero adelantar nuestro voto favorable a la disposición derogatoria por coherencia técnica puramente, puesto que se concretan y amplían las competencias de gestión de los tributos propios de Canarias en la Ley del sistema. Votaremos en contra de las otras propuestas de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Quiero destacar la propuesta que llevan CiU y PP relativa a la revisión anual de todas las variables del sistema. Quiero recordarles que ustedes pactaron un modelo cerrado, un modelo donde no se podía revisar la población, y en este modelo sí se revisa la población ajustada anualmente y las demás variables cada cinco años. Lo que ustedes proponen ni es operativo ni permite tener estabilidad para el funcionamiento de la Administración. En cuanto a las modificaciones propuestas en la Ley del sistema, nuestro voto también va a ser contrario a todas ellas porque algunas no responden en absoluto a lo pactado en el Consejo de Política Fiscal de 15 de julio, y las otras nos dan a entender que lo que quiere el Partido Popular es mantener lo que había en el anterior sistema y que se ha modificado de forma muy importante y de manera positiva en el texto actual.


Termino, señora presidenta, con dos cuestiones. Primero, en cuanto a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley reguladora de los fondos de compensación interterritorial, nada en contra, votaremos a favor, ya que entendemos que solo es hacer de la disposición adicional novena una ley con artículo único. En segundo lugar, voy a terminar haciendo un llamamiento al principal partido de la oposición, al Partido Popular, pidiéndoles que dejen la actitud de oponerse por oponerse y que no pierdan más trenes.
Mientras la mayoría de esta Cámara coge el tren del progreso y del incremento y mejora de los derechos de los españoles, ustedes siempre deciden quedarse en la estación. Si continúan, como les he dicho antes, mirando a La Moncloa sin mirar a los ciudadanos, si deciden seguir en esa postura inmovilista de enfrentamiento a todas y cada una de las medidas que trae este Gobierno a esta Cámara sin pensar en los ciudadanos, mucho me temo que serán estos, los ciudadanos, los que realmente les dejen en la estación de la oposición otros cuatro años más.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mármol.


Vamos a llamar a votación, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. Les ruego silencio, por favor.


En primer lugar, votamos enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.


Votamos la enmienda por la que se modifica el artículo 5.1 B).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 128; en contra, 175; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda por la que se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 52.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 141; en contra, 171; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda por la que se modifica la disposición adicional primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 129; en contra, 172; abstenciones 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda por la que se modifica la disposición adicional tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 11; en contra, 295; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas por las que se modifican los artículos 34.3, 43.2 y 59.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 126; en contra, 175; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas por las que se modifica el artículo 65.3.f) y por la que se suprime el segundo párrafo de la disposición derogatoria.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 125; en contra, 175; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 136; en contra, 175; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El siguiente bloque de enmiendas contiene una votación eventualmente de carácter orgánico. Me informan los servicios de la Cámara que hay en la puerta algunos señores diputados que no han podido llegar por una dificultad de carácter técnico de los ascensores. Con carácter excepcional (Rumores.)... Con carácter excepcional y habida cuenta de que la petición me la hacen basándose en un asunto técnico los servicios de la Cámara, vamos a suspender la votación para que puedan entrar quienes se encuentren en la puerta. (Aplausos.-Pausa.-Varias señoras y señores diputados hacen su entrada en el Hemiciclo.-Rumores.-El señor Azpiroz Villar se dirige a la tribuna y habla con el señor presidente.) Señor diputado, tome asiento. Señor diputado, no acepto que, después de la propuesta que ha hecho la Presidencia, le llame la atención porque su obligación es estar en el Hemiciclo aunque no haya votación. (Aplausos.) Señor diputado, le ruego que tome asiento si quiere participar en las votaciones. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Por favor, que no voten!) Señor diputado, lo que ha hecho la Presidencia ha sido a solicitud de los servicios técnicos de la Cámara y quien ha podido beneficiarse de la decisión es quien menos derecho tiene a protestar. Vamos a seguir con las votaciones. (Aplausos.)

Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas.


Votación de la enmienda por la que se añade una nueva disposición derogatoria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 329; en contra, uno; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, tiene que producirse la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico. Como saben SS.SS., se exige la votación de la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara, 176 votos. Votamos de conjunto la iniciativa antedicha.


Comienza la votación con carácter orgánico. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 180; en contra, 150; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley orgánica. (Aplausos.)

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.
(Número de expediente 124/000004.)

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial. Por tratarse de una iniciativa cuyo origen conocen SS.SS., la votación que vamos a hacer a continuación es de conjunto con el mismo carácter que la anterior, orgánico, y por consiguiente exige la votación de la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara, 176.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 193; en contra, 141; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley con carácter de orgánico.
(Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.)

Producida la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas cuyo carácter orgánico ha sido votado, ha advertido la Presidencia, porque no estaba en el cuaderno de votación, que el resto de enmiendas no han sido objeto de votación. En consecuencia, vamos a proceder a la votación del resto de enmiendas no incluidas en el cuaderno de votación. (Rumores.) ¿Algún portavoz tiene alguna aclaración que solicitar? (La señora Sáenz de Santamaría Antón pide la palabra.)

Señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Presidente, me gustaría saber lo que estamos votando, porque estamos convalidando el contenido completo de una ley sin haber asumido y votado todas las enmiendas, lo que supone una cierta irregularidad. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría, justamente por no encontrarse en el cuaderno de votaciones es por lo que he ofrecido la posibilidad de que algún portavoz pidiera unas aclaraciones. Lo que votaríamos a continuación son las enmiendas parciales que no han sido votadas, es decir, todas (Un señor diputado: Eso es irregular.-Rumores), excepto la enmienda por la que se añade una nueva disposición derogatoria al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, y una vez visto el resultado de la votación que ahora les propongo, volveríamos a votar el carácter de orgánico. (Rumores.) ¿Queda claro en los términos en que se va a producir la votación? (Asentimiento.)

Votamos el resto de enmiendas al proyecto de ley indicado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 149; en contra, 176; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a repetir la votación orgánica, aun cuando no afecta al contenido porque no han sido aceptadas. (Rumores.)

Vamos a proceder en las circunstancias antedichas. (El señor Alonso Suárez pide la palabra.)

Señor Alonso.


El señor ALONSO SUÁREZ: No es que pase nada, señor presidente, pero si no se ha admitido ninguna enmienda del Senado, no veo la necesidad de proceder a la votación de una ley que ya ha sido votada favorablemente por esta Cámara. (La señora Sáenz de Santamaría Antón pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor presidente, la Constitución es muy clara cuando exige ley orgánica en el texto final del proyecto. El texto final del proyecto no está definido hasta que se vota la última de sus enmiendas. Gracias. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Estamos en un asunto que tiene que ver con el procedimiento. Yo les ruego que mantengamos el buen nivel. Ha habido un error por parte de los servicios de la Cámara. Al mejor escribano, y son muy buenos escribanos, se le va un borrón. Permítanme que consulte con ellos y con la Mesa para tomar decisión a este respecto. Muchas gracias.
(Pausa.)

Vamos a proceder a la votación de conjunto y con carácter de orgánico de la Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. Esta votación exige la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara, 176.


En consecuencia, y advirtiendo el carácter de orgánico, comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337: a favor, 192; en contra, 144; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la ley orgánica mencionada. Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Otra!-Rumores.)

Señorías, les rogaría que abandonen el hemiciclo quienes tengan intención de hacerlo, con más diligencia de la que se acostumbra. Suspendemos la sesión durante tres minutos. (Pausa.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES. (Número de expediente 121/000036.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para examinar el punto 28, proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales. Tiene la palabra, en primer lugar, porque ha renunciado a hacerlo el Grupo Mixto, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto de ley orgánica que se somete a consideración tiene un alcance ciertamente limitado y es consecuencia del otorgamiento de la competencia a los juzgados penales, en relación con la ejecución de las resoluciones de decomiso dictadas por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea para su cumplimiento en el Estado español, efectuada en el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de decomiso, del que es complementaria. Por tanto, no puede explicarse este proyecto de ley orgánica sin hacer mención al proyecto de ley al cual complementa. Señorías, el objetivo de la norma no es

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otro que el reconocimiento y ejecución entre Estados miembros de la Unión Europea de las resoluciones de decomiso dictadas por los jueces penales, tal y como figura en el título, en la rúbrica de la norma.


Esta es, señorías, una ley que se enmarca dentro de la creación del denominado espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia y que son, en buena parte, algunas cuestiones que ya han sido aprobadas en esta Cámara a través de distintas leyes, como la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega; la Ley 18/2006, de 6 de julio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de prueba en procesos penales y también, más recientemente, la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución europea de sanciones pecuniarias, por citar solo algunos ejemplos. Este proyecto de ley incorpora al ordenamiento jurídico español -y, a nuestro modesto entender, de forma correcta y con acierto, motivo por el cual no hemos presentado enmienda alguna- la decisión marco 2006/783 del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, que se configura como un instrumento de lucha contra la delincuencia organizada, porque crea un mecanismo para que esta delincuencia no pueda beneficiarse u obtener beneficios económicos de su actividad delictiva dentro del espacio europeo; esta es la cuestión que aborda básicamente este proyecto. Debo decir igualmente que tanto la decisión marco como el proyecto de ley que procede a su trasposición se asientan también sobre el principio de reconocimiento mutuo basado en la confianza recíproca entre las distintas autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea, en orden a reconocer y ejecutar todas aquellas resoluciones judiciales que sean dictadas por la autoridad judicial competente de un Estado miembro de la Unión Europea. Para ello la regulación que se incorpora en este proyecto que se establece se basa en el reconocimiento del principio de no sujeción al control de la doble tipificación y, por tanto, del reconocimiento de ejecución automático de la resolución de decomiso en relación con un conjunto de determinados delitos o ilícitos como los de pertenencia a organización delictiva, el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas y también la explotación sexual de menores o la pornografía infantil, por citar algunos de los supuestos que enumera el artículo 14 del proyecto y sobre los que no se exige la doble incriminación siempre que la pena impuesta en el proceso penal sea de al menos tres años por parte del Estado de emisión.


Para todos los delitos distintos de los recogidos en la lista o catálogo de la decisión marco, el Estado miembro de ejecución podrá seguir aplicando el principio de doble incriminación, es decir, que podrá supeditar el reconocimiento y la ejecución de la resolución siempre y cuando los hechos que hubieren dado lugar a dicha resolución de decomiso constituyan una infracción para la cual la ley del Estado de ejecución permite esta sanción. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Finalmente, en los supuestos de reconocimiento automático, los jueces de lo Penal, como autoridades judiciales competentes para su ejecución en el Estado español, van a poder proceder al reconocimiento automático de la decisión adoptada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro de la Unión Europea salvo cuando concurran algunos de los motivos tasados de denegación del reconocimiento y la ejecución prevista en el artículo 19 del presente proyecto. Por todo esto, evidentemente, estamos satisfechos con el contenido de este proyecto de ley y nuestro grupo, lógicamente, ya anuncia su voto favorable.


Gracias, señora presidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que va a ser una intervención breve, particularmente breve para los usos y costumbres de este humilde diputado que les habla.


Esta iniciativa parlamentaria que estamos debatiendo podríamos calificarla de verdadera obviedad. No es más que la trasposición de los requerimientos de una decisión marco, la 2006, glosada con lucidez por el señor Ridao, que ni siquiera manteniendo una posición de manifiesta animadversión, de intención dolosa contra el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y el propio Gobierno, se pueden buscar argumentos para refutar su contenido; es tan obvio como que lo que se hace es modificar o incorporar un apartado nuevo, el artículo 89 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que posibilita lo que esta decisión marco nos mandata a todos los Estados de la Unión Europea, y es que los decomisos se puedan realizar por los órganos judiciales donde el decomiso materialmente se tenga que realizar aunque la resolución que la imponga haya sido dictada por un órgano judicial de otro país o de otro Estado miembro de la Unión Europea. Como es tan obvio y es tan indiscutible e irrefutable por mucho que uno estruje la imaginación para buscar argumentos de refutación no se nos ocurre ninguno. Señora presidenta, le agradezco mucho la amabilidad de haberme dado la palabra a pesar del intento del señor Jané...


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Ahora es el turno del señor Jané por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Justicia, señorías, vamos a aprobar hoy -vamos a votar todos favorablemente- un proyecto de ley orgánica que es un mero complemento, un

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mero instrumento, una reforma claramente de adecuación a una nueva competencia que van a tener los juzgados de lo Penal. Hemos aprobado ya en la Comisión de Justicia y se está tramitando en el Senado el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. Este proyecto de ley establece esa nueva competencia de los juzgados de lo Penal cuando esas resoluciones judiciales de decomiso deban ejecutarse en el Estado español. Por tanto, se atribuye esa nueva competencia y debemos modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, añadiendo un apartado 4 al artículo 89 bis de la misma. Es una reforma claramente instrumental y la vamos a votar a favor. Pero, señor ministro de Justicia, hoy que vamos a votar a favor de una reforma instrumental de la Ley Orgánica del Poder Judicial y estando prácticamente en los últimos plenos y sesiones del mes de diciembre, desde Convergència i Unió le queremos recordar y exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que llegamos cuando se aprobó la reforma procesal de la oficina judicial.
Hemos reformado muchas leyes procesales, también la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero nos queda una asignatura pendiente, que debería haberse abordado a través de un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial que el Gobierno debía presentar en este periodo de sesiones.
Este periodo de sesiones va a finalizar ya, pero sigue pendiente la reforma para adecuar el Poder Judicial a lo que establecen los nuevos estatutos de autonomía, no únicamente el de Cataluña, sino también el ya aprobado de Andalucía e incluso el que se está tramitando de Extremadura.
Todos ellos son estatutos de nueva generación que implican una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no podemos mirar hacia otro lado ni estar pendientes de si hay o no una sentencia cuando nuestro deber es cumplir con los estatutos de autonomía ya aprobados hace tres años. Por tanto, nos queda esa asignatura pendiente. Esperemos que ese compromiso no se demore. Damos una carta de confianza al Ministerio de Justicia, porque Convergència i Unió es consciente de que en esta legislatura debe implicarse a fondo a través del Plan de Modernización, a través del plan legislativo de grandes reformas que lleguen a modernizar también nuestro ordenamiento jurídico en aspectos tan importantes como el proceso penal, que nos queda pendiente. Por tanto, va a contar con Convergència i Unió.
Dentro de esa mutua lealtad en el ámbito de los proyectos que el Ministerio de Justicia, con el ministro Fran Caamaño, está llevando a cabo, no le faltará colaboración por nuestra parte, pero también le pedimos que no falte la lealtad de cumplir, reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo que en materia de Poder Judicial exigen los nuevos estatutos de autonomía, que ya no son tan nuevos, porque llevan tres años en vigor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gallego.


El señor GALLEGO BARRERO: Señorías, la Comisión de Justicia, con competencia legislativa plena, viene aprobando un conjunto de leyes que incorporan a nuestro ordenamiento jurídico una serie de decisiones marco, emanadas normalmente del Consejo de la Unión Europea, que en su conjunto van conformando ese espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que tiene por objeto garantizar la libre circulación de personas y ofrecer un elevado nivel de protección a los ciudadanos y que se corresponde a su vez al régimen comunitario -primer pilar- y al régimen intergubernamental -tercer pilar de la Unión Europea-. Normas de este carácter que ya se han citado aquí son, por ejemplo, las relativas a órdenes de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros, las correspondientes a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas o las relativas a ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan penas pecuniarias. La aprobación de estas nuevas leyes lleva necesariamente consigo, de forma complementaria, la modificación de otras normas, estas de carácter orgánico, ya vigentes con anterioridad en nuestro ordenamiento y que por dicho carácter necesitan ser modificadas por otras disposiciones asimismo orgánicas y por tanto de la competencia necesaria y directa de esta Cámara.


Hecha esta breve introducción, el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración consiste en que, aprobada una nueva ley por la Comisión -concretamente la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso- se hace necesario determinar qué órgano dentro del organigrama del Poder Judicial deberá ejecutar tales resoluciones en nuestro país, cuando las mismas sean dictadas por otro Estado miembro de la Unión Europea. Coherentemente se ha acordado en el artículo 4 de la ley citada que los órganos que adquieren estas competencias sean los jueces de lo Penal, lo que conlleva la necesidad de modificar, mediante la ley orgánica que hoy se somete a su aprobación, la ley del mismo carácter número 6 de 1985, conocida como Ley Orgánica del Poder Judicial, y que se lleva a cabo mediante la incorporación de un nuevo apartado -el número 4- del artículo 89 bis que atribuye esta nueva competencia a los órganos mencionados. Mi grupo votará favorablemente -y ya lo hizo en su momento en Comisión- porque considera que no solo es importante este nuevo avance en la creación de ese espacio europeo sino que además es imprescindible, ya que sería imposible llevar a cabo una lucha adecuada contra la delincuencia organizada sin la existencia del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y en la confianza de que esas resoluciones se van a reconocer y a ejecutar en los diferentes países, que es, en definitiva, el objeto fundamental

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de la ley aprobada en Comisión y de la que la presente ley trae causa.


Hemos de reconocer que la propuesta inicial -breve y concreta- era correcta y adecuada, por lo cual ya en principio mostramos nuestro acuerdo con su contenido porque la racionalidad de sus disposiciones y su brevedad dejaban poco margen a las alteraciones mediante enmiendas de una cierta entidad. A lo largo de la tramitación, por una parte se han presentado una serie de enmiendas de contenido puramente terminológico, a las que se ha dado una solución dispar pero conforme siempre por todos los grupos políticos. Por otra parte y al amparo de esta tramitación, como ya viene siendo habitual, se han presentado otras enmiendas de mayor entidad que afectan a normas que no tienen nada que ver con la ley orgánica que se somete hoy al examen de SS.SS., pero que entran de lleno en ese acuerdo tácitamente aceptado por todos los grupos -de más que dudosa técnica jurídica y legislativa pero, sin duda, de un gran sentido práctico- de introducir modificaciones puntuales para lograr mejoras tanto en el aspecto penal como para facilitar la implantación de la nueva oficina judicial. En este sentido, señor Sáez Jubero, no tengo más remedio que lamentar que las actuaciones de su grupo no estén a la altura de sus invocaciones al consenso, ya que mientras el resto de los grupos aceptamos sin reservas las enmiendas planteadas a su instancia, por el Grupo Popular se presentaron in voce dos de ellas, magníficamente elaboradas por mi compañera doña Dolors Montserrat y a instancias de colectivos relacionados con el libre ejercicio del derecho, carentes por completo de contenido ideológico o político pero con un gran sentido práctico para la eliminación de trabas administrativas y muy en consonancia con los criterios de la nueva oficina judicial. Ustedes rechazaron tales enmiendas a pesar de ser elogiadas por los grupos que intervinieron e incluso admitir usted implícitamente su procedencia en su intervención, adquiriendo el compromiso de revisarlas en una ulterior reforma.


Correlativamente a este acuerdo se han generado algunas fructíferas reflexiones, entre las que no me duelen prendas en reconocer que se encuentra una propuesta -que hoy no ha mantenido aquí en este momento el señor Jané- respecto a la modificación del actual artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a reforzar las garantías del justiciable en el momento de la detención o prisión provisional, de forma que estas se llevan a cabo sin que perjudiquen a su persona, a su patrimonio o a su reputación. Creo que actuó correctamente al retirar generosamente su enmienda, que estaba siendo apoyada por el Grupo Popular, en aras de una reflexión más detenida y prudente que habrá de complementarse también con una revisión de la figura del imputado para adaptarla más a los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considerándola más una garantía y un derecho para el interesado que la deforme concepción que tiene la sociedad de esa institución, como una especie de condena previa que tanto daño genera en muchos supuestos. Es necesario reconocer que en numerosas ocasiones los tribunales tienen que moverse no en el terreno firme y seguro de las pruebas concluyentes, sino en el siempre resbaladizo y peligroso de los indicios. Por cierto que he leído recientemente, señor Caamaño, unas declaraciones suyas en las que reconoce expresamente que es necesaria la clarificación de este concepto de imputado, porque se le viene dando un tono y unos efectos absolutamente equivocados. Espero que se lleve a cabo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Por último y con referencia a una enmienda transaccionada por todos los grupos, presentada por el Grupo Popular, con relación a la aplicación de los principios generales del derecho, y concretamente a diferencias de opinión entre la procedibilidad del principio de cosa juzgada o el principio non bis in idem, hay que entender que tales principios que informan todo el sistema penal no necesitan invocarse expresamente en leyes auxiliares, ya que son aplicables directamente de oficio o a instancia de parte, siendo este uno de los supuestos en que lo que abunda sí daña, ya que como en el presente caso puede dar lugar a interpretaciones dispares.


Al margen de todo ello, felicitamos sinceramente a cuantos han participado, estimando que por parte de la Comisión se ha hecho un trabajo correcto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gallego Barrero.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuesta Martínez.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero que mis primeras palabras sirvan de resumen de lo que estamos debatiendo cuando hablamos de impulsar el principio de la confianza mutua, del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, de la ampliación del espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad en el ámbito de la Unión Europea. Esto significa como noticia, una muy mala noticia contra el crimen organizado. Lo importante de lo que estamos aprobando en la mañana de hoy es precisamente mejorar los instrumentos del Estado en defensa de las ciudadanas y de los ciudadanos para hacer frente a la lucha contra la criminalidad, contra el crimen organizado. Es una buena ocasión y además esta ley lo hace incorporando el consenso de toda la Cámara, la unanimidad con la que fue votada en Comisión, como también por unanimidad en la Comisión fue votada la ley ordinaria que aprobamos con competencia legislativa plena y que supone efectivamente un reconocimiento de las resoluciones europeas en materia de decomiso. Ha habido unanimidad en las votaciones, ha habido también un buen nivel de diálogo, de consenso, de integración de posturas y no hay ninguna enmienda viva, lo cual es una buena noticia para la Cámara. Por tanto, este proyecto de ley, señora

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presidenta, es consecuencia instrumental del proyecto que aprobamos con competencia legislativa plena y que se refería a la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. Se trata de una ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para residenciar como competencia de los juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de las resoluciones de decomiso trasmitidas por las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea cuando estas resoluciones deban cumplirse en territorio español. Se establece, pues, la competencia de los jueces de lo Penal.


Decía que en la Comisión el proyecto se aprobó por unanimidad y, vuelvo a insistir, no quedan enmiendas vivas. Pero quiero resaltar la importancia que tiene para todos los grupos y para nuestro país el trabajo que se está haciendo con la creación del espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad en la Unión Europea. Ello exige un esfuerzo importante por parte de todos los Estados miembros para mejorar la cooperación judicial.
Esta cooperación y el principio de la confianza mutua encuentran su principal punto de apoyo en el principio del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Esto es básico y leyes como estas apuestan por esta confianza. El uno de diciembre de este año entró en vigor el Tratado de Lisboa, que amplía el espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad en la Unión Europea. Recientemente, también, se ha aprobado el llamado programa de Estocolmo por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 10 y 11 de este mes. El Consejo Europeo, en sus conclusiones, apuesta por una Europa de la ley y la justicia, afirmando que el logro de un Estado europeo de la justicia debe consolidarse para superar la fragmentación actual, añadiendo en este sentido que es necesario movilizar recursos para poner fin a los obstáculos al reconocimiento de las resoluciones judiciales en otros Estados miembros, apostando decididamente por la cooperación judicial en materia penal.


Estas son, sin duda, prioridades del programa plurianual 2010-2014 de la Unión Europea, conocido como programa de Estocolmo, esta confianza mutua, el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Además, por esta senda deberá caminar el plan de acción que deberá adoptar el Consejo, ya bajo la Presidencia española. En esta legislatura, lo han recordado algunas intervenciones, el Congreso de los Diputados y la Comisión de Justicia han dado cumplimiento a decisiones del Consejo de la Unión Europea, aprobándose leyes como la Ley para la ejecución de la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, reformando también la Ley orgánica del Poder Judicial, y la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, entre otras, sin perjuicio de proyectos que asimismo concretan decisiones marco de la Unión Europea y compromisos internacionales, como la reforma del Código Penal, que está actualmente en tramitación y que supone un magnífico instrumento para mejorar los instrumentos en defensa de la ciudadanía y en la lucha contra el crimen organizado y contra algunas modalidades criminales que alarman en el ámbito europeo.


Finalmente, lo decía al principio, este proyecto da cumplimiento a la decisión marco de la Unión Europea, Decisión 2006/783, del Consejo, de octubre de 2006, potencia la cooperación judicial de España con el resto de Estados de la Unión Europea y supone una muy mala noticia, vuelvo a insistir en ello, para el crimen organizado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuesta.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación pasamos al debate del proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna no solo para defender las enmiendas que mantenemos vivas, que son dos, sino porque queremos al mismo tiempo manifestar nuestra posición en relación con el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar, una posición que no puede ser otra que la del voto afirmativo, sobre todo después de que, en el proceso de enmiendas, hemos conseguido entre todos los grupos parlamentarios que compartimos la necesidad de esta ley mejoras importantes que sin duda redundarán en su eficacia a la hora de alcanzar los objetivos que con esta norma nos proponemos.


Señorías, nuestro grupo presentó once iniciativas, cuatro de ellas fueron aceptadas íntegramente, tres fueron transaccionadas con otros grupos y mantenemos vivas dos; retiramos dos, porque considerábamos que quedaban perfectamente incorporadas a través de enmiendas de otros grupos. Vamos a empezar, señorías, por el objetivo que se recoge en el artículo 1 del punto 2, en el que se desarrollan las condiciones de interrupción voluntaria del embarazo, y más concretamente en el artículo 14, en el que se garantiza el derecho de la mujer a decidir. Señorías, no solo estamos reconociendo un derecho, estamos estableciendo garantías jurídicas para aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo y estamos asimismo superando la situación hipócrita que las limitaciones de la legislación actual provoca. Aun así, mantenemos nuestra enmienda número 8, de ampliación de las 14 semanas que se recogen en el proyecto de ley a 16, en la medida en que consideramos que esto es más oportuno y más adecuado para el propósito que tenemos y sobre todo porque no tenemos, ni

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desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista médico, ninguna razón que indique que esto no sea conveniente.


En ese mismo título I al que hemos hecho referencia se recogen las responsabilidades de los poderes públicos en el desarrollo de las políticas sanitarias, educativas y sociales, relacionadas con la salud sexual y reproductiva, que posteriormente se especifican en los diferentes artículos de la ley, cuestiones todas ellas, señorías, que para nosotros son fundamentales, como lo es que en el ámbito sanitario se garantiza, sobre todo después de las transacciones incorporadas en el trámite de ponencia y Comisión, la atención y la prestación de la IVE a las mujeres en el ámbito de la sanidad pública. En este punto es importante resaltar la incorporación al texto, a través de una transacción, de la figura de la objeción de conciencia, aunque esto no se recogía en el proyecto presentado por el Gobierno y que, a nuestro juicio, era fundamental que se tratase. Afortunadamente, esta ha sido una preocupación compartida con otros grupos, de manera que, de acuerdo con las enmiendas presentadas, nos satisface en este momento la transacción que finalmente se ha acordado y que permite que se recoja este tema en la ley que vamos a aprobar. Asimismo, para nosotros es fundamental que se tratase debidamente la educación sexual y afectiva así como la prevención, que son desde nuestro punto de vista elementos esenciales para conseguir uno de los objetivos que sin lugar a dudas tiene esta ley como es reducir el número de abortos.


Señorías, incorporando la educación sexual y afectiva al sistema educativo hacemos posible que nuestros jóvenes adquieran un mayor conocimiento sobre sexualidad, de manera que, cuando decidan compartirla, puedan hacerlo con responsabilidad y prevención, evitando así embarazos no deseados. Otra de las ventajas que tiene incorporar la educación sexual y afectiva a nuestro sistema educativo es que tenemos la necesidad de superar una vieja concepción sexual de dominio, superar conceptos de poseedor y poseída; el hombre posee y la mujer se entrega. Si conseguimos superar estos conceptos, estaremos actuando, estaremos, si no eliminando, al menos debilitando uno de los pilares básicos de la violencia de género.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, tiene que acabar.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por eso, nuestra valoración y la razón del voto favorable a este proyecto de ley no solo radica en esa cuestión fundamental que es el reconocimiento de la mujer a decidir en relación con su derecho a la maternidad, sino en el conjunto de las medidas que en la ley que vamos a aprobar se recoge y que entendemos que son muy beneficiosas no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en general.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted.


Por el mismo grupo, para fijar su posición tiene en primer lugar la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.


Señorías, intervengo para fijar posición por cuanto que las propuestas realizadas por parte de Nafarroa Bai al proyecto de ley vienen recogidas en el dictamen que nos remite la Comisión de Igualdad al Pleno del Congreso y por tanto -no puede ser de otra manera- anuncio el voto afirmativo de Nafarroa Bai a dicho dictamen. He de señalar que no solo se trata de aquello que Nafarroa Bai apuntaba y acotaba con respecto a la necesidad, nos parece que imperiosa, de que la ley sea de aplicación en el conjunto del territorio, si así lo decide la mujer en la aplicación de esta ley, sino que además entendemos que viene enriquecida por aportaciones de otros grupos.


Nos parece importante, y mucho, el hecho de regular la objeción de conciencia desde supuestos personales. Lo digo porque algo tan serio, tan fundamental, como la objeción de conciencia de los profesionales ha venido siendo utilizado en diferentes territorios, en este caso en la Comunidad Foral de Navarra, como cobertura para evitar la aplicación de esta ley en el conjunto del territorio y por lo tanto en el mismo rango de igualdad para el conjunto de las mujeres. Entiendo que el dictamen que nos llega de Comisión garantiza todos estos supuestos y, en cualquier caso, mejora y garantiza la aplicación de la ley en torno a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con las necesidades de una sociedad más leal, de una sociedad más abierta, pero sobre todo de una sociedad más justa, también en casos y en supuestos tan duros como este.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Barkos.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que he de reconocerles que no albergaba muchas esperanzas de que el proyecto de ley fuera a ser mejorado por su paso en la Comisión, pero lo que no me imaginaba es que pudiera ser, como ha sido, empeorado, y encima alegando que era por obtener un consenso.


A juicio de nuestro partido, las enmiendas introducidas provocarán más inseguridad jurídica, por la ambigüedad introducida en los retoques, por la indefinición de garantías, que convierten la ley en papel mojado en algunos casos, y por hacer imposible el control de lo que la ley permite, que sin duda beneficiará nuevamente a las clínicas privadas. Provocan más ilegalidad, introduciendo una regulación del ámbito de aplicación de la ley que podría vulnerar las competencias autonómicas impidiendo

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en algunos casos a los padres el ejercicio de la patria potestad; y mayor inconstitucionalidad, que se une a la que ya denunciamos y que ahora se amplía por la introducción de un reconocimiento selectivo de la objeción de conciencia, o también la imposición de un currículum proabortista en los centros educativos; y provoca más sectarismo tras el consenso que han alcanzado con los partidos de la izquierda más extrema.


Sale así una normativa no solo basada en una filosofía determinada; encima se pretende que sea asumida e incorporada por todos los centros y universidades, a los que se traslada de forma obligatoria una educación sexual determinada hasta ahora fracasada y una praxis médica que, a decir de algunos, también será objeto de muchos problemas de conciencia.
¿Cuántos estudiantes de medicina van a objetar del aprendizaje de la práctica de abortos? ¿Conocen ya el plante de alguna universidad a esta asignatura? Han unido, señores de la mayoría, al error histórico la contumacia del totalizante. Dijimos que no entendíamos la lógica de quienes dicen defender la vida, el derecho a la vida, como valor sagrado y supremo y apoyan este proyecto de ley tan inhumano, y lo seguimos hoy también manteniendo. Por cierto -y termino-, yo quisiera que alguien me pudiera explicar, si es posible, por qué se dice, se escucha, que el Partido Socialista en Cataluña da libertad de voto para que sus diputados autonómicos voten lo que su conciencia les diga en relación con la supresión o no de la fiesta de los toros en esa parte de España y no permiten, coherentemente con esa misma lógica, que en este tema los diputados socialistas -y me consta que algunos están teniendo muchos problemas para aceptar esta nueva regulación- puedan hacer lo mismo. ¿Es más importante para ustedes la vida de un animal que el futuro de un ser humano? (Rumores.) Sencillamente, yo les pido, por favor, que suban a esta tribuna y me lo expliquen, porque yo sinceramente no me lo puedo creer.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Salvador.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como evidentemente resulta muy difícil de explicar en dos minutos mi posición contraria a la aprobación de esta ley, doy por reproducidos inicialmente todos los argumentos que utilicé en la enmienda a la totalidad y me voy a centrar en por qué mantengo esa posición.


Creo, señorías, que el texto que nos llega con las enmiendas que se han admitido empeora el texto original en los tres supuestos que a mí me interesan. La inseguridad jurídica; esta ley es un híbrido entre una ley de plazos y supuestos, esta es una ley que realmente es una ley de plazos hasta las 22 semanas, es una ley de plazos de facto hasta las 22 semanas, señora ministra, aunque no es una ley de iure hasta las 22 semanas, con lo cual genera una enorme inseguridad jurídica, mucho más que la ley actual. Es decir, que al coladero del tercer supuesto de la Ley actual desde el punto de vista de la inseguridad jurídica se suma esta doble situación de ley de plazos de facto, pero no de iure hasta las 22 semanas. Además, es una ley que no resuelve el problema fundamental de la ley actual; no solo no lo resuelve, sino que lo empeora. Es una ley que, por otra parte, modifica la mayoría de edad penal sin ningún tipo de debate que lo justifique. Una situación en la que el Gobierno realiza una expropiación indebida de la tutela de las mujeres menores de 16 y 17 años, tutela que les corresponde a sus padres o a su tutor legal. Por cierto, no tiene nada que ver con lo que ocurre en Francia con la ley francesa, ley con la que ustedes suelen compararse. Saben ustedes, señorías, que en la ley francesa, primero, los controles y la regulación son mucho mayores. Por último, esta es una ley que proclama el derecho a abortar. El aborto, señorías, siempre es un drama. Nunca puede ser un derecho. Nos corresponde regular por ley aquellas situaciones en las que interrumpir voluntariamente el embarazo no ha de ser ilegal, eso es lo que nos corresponde regular, pero no proclamar el aborto, que siempre es un drama, como si fuera un derecho.


En definitiva, es una mala ley, es más insegura que la actual -esto me parece muy importante porque en su aplicación lo vamos a ver- y tendrá gravísimas consecuencias, incluso para aquellos, que creo que son la inmensa mayoría de los que la apoyan, que quieren que sea más segura. Yo no presumo mala interpretación ni mala fe, pero va a tener malísimas consecuencias en su aplicación. Desde el punto de vista de la seguridad, es más insegura que la actual.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor, termine.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidenta. No solo no resuelve los problemas, sino que, a mi juicio, los empeora; engrandece, en el sentido de agrandar los problemas de coladero -permítanme la palabra-, porque, además, incorpora a las menores en esa posibilidad de coladero. En definitiva, ¿por qué así y ahora una mala ley? Pues, señorías, y me dirijo particularmente a los miembros del Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, termine, pero sabe que lo tiene que hacer ya.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino. Es una mala ley y viene así porque ustedes, señores socialistas, han banalizado el aborto y solo desde esa consideración han podido hacer esta ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-

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Iniciativa per Catalunya Verds y en primer lugar tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como quiera que hoy es un día feliz, feliz para el Gobierno, feliz para la ministra, feliz para nosotros, feliz para las mujeres, también debo decirles que hay dos déficits que debemos plantear hoy aquí.
En primer lugar, que los mismos argumentos con los cuales se han defendido las 14 semanas, a efectos prácticos, 16, podríamos defender las 22, que es lo que defendemos los republicanos, puesto que, como saben, es el término coincidente con la opinión científica de la viabilidad fetal.
Otra cuestión que también es un déficit es que nosotros pretendemos, queremos, la absoluta, total, categórica, despenalización de la interrupción del embarazo, por lo cual planteamos enmiendas a fin y efecto de que el artículo 145 desaparezca del Código Penal. Son dos reivindicaciones, ya les anunciamos que nosotros no renunciamos a ellas, y de esta segunda plantearemos iniciativas parlamentarias pronto.


Vayamos a aquello que nos hace felices a la izquierda. Se trata del respeto que ha tenido el Partido Socialista, el Gobierno, con las condiciones que nos pusimos entre todos en la subcomisión, es decir, ser diligentes, para no dar demasiado tiempo a la derecha, y ser leales, y ustedes -y se lo digo a la señora ministra, porque hay que reconocerlo- han sido leales, puesto que el proyecto de ley ciertamente respetaba las conclusiones de la subcomisión. Luego, además, durante el trámite parlamentario hemos conseguido incrementar las bondades de la ley.
Ustedes saben que para nosotros era muy importante poder regular la objeción de conciencia individual, solamente individual, y que tuviera solo implicación aquella persona que interviene directamente en la interrupción del embarazo; por supuesto, siempre, siempre, respetando y garantizando los derechos de la ciudadana. Ciertamente para nosotros es también muy importante haber conseguido incorporar en la ley los métodos anticonceptivos, puesto que queda claro que, en el plazo de un año, deberá plantearse cómo regular todo aquello que afecta a su incorporación en la cartera de servicios del sistema público.


Para nosotros es muy importante basar todo el futuro en la prevención, y no hay prevención sin educación, por lo cual estamos muy satisfechos de haber incorporado en la ley -todos-, en primer lugar, la formación específica de los sanitarios de todos los estudios de interrupción del embarazo e incardinar la educación sexual, afectiva y reproductiva, para las nuevas generaciones en los formatos de los currículum. También es una mejora sustancial que solamente haga falta un médico o médica para poder hacer el dictamen que afecta al artículo 15. Ustedes saben a qué me refiero, a la interrupción del embarazo más allá de las 22 semanas. En definitiva, preeminencia de lo público, fundamental, y, como es una ley que no tenía memoria económica, para nosotros es muy importante esta obligación de evaluar por parte del Gobierno los costes del despliegue de la ley.


Se ha demostrado, señorías, que, cuando hay voluntad, se puede. Ustedes, los socialistas, por historia, por ADN progresista e incluso a veces izquierdista, saben perfectamente que tienen toda la posibilidad de emprender reformas tan estructurales como esta con el apoyo de la izquierda. Nosotros nunca vamos a regatearles nuestro apoyo si existe esta voluntad de legislar para homologar la legislación española a la de los Estados más avanzados de la Unión Europea. Creo que se ha demostrado que el lobo no es tan fiero como lo pintan. Repito, el lobo no es tan fiero como lo pintan, y no vale a veces utilizar la derecha como coartada. De manera que estamos muy felices, satisfechos de trabajar con ustedes para avanzar en los derechos, y felicitamos -no nos duelen prendas- a las diputadas, en este caso a Carmen Montón, y a la ministra.
No nos duelen prendas, repito, por felicitarles, porque cuando les tenemos que dar palo también se lo damos.


Muchas gracias. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tenemos encima de la mesa dos debates. Uno de ellos tiene que ver con la contrarreforma, es decir, con poner la ley en contra de la realidad social. Algunos grupos parlamentarios no solamente quieren que se mantenga la actual no legislación -que no hay legislación- en materia de interrupción voluntaria del embarazo, sino que quieren volver a los tiempos del silencio. Yo quiero recordarles que en los tiempos del silencio y de la represión había más interrupciones voluntarias del embarazo, más mortalidad materna, y había represión de las libertades y de las mujeres. Por tanto, les llamo a que no vayan al debate de la contrarreforma. Estamos en el debate de la reforma. Y aquí se ha suscitado por parte de la señora Díez si hay algo entre la Constitución y el Código Penal. Pues este Parlamento. Es lo que hay entre el Código Penal y la Constitución, la capacidad de legislar, porque hoy no hay ley, señoría, no la hay. Hoy hay una despenalización parcial, una tolerancia de la interrupción voluntaria del embarazo, una inseguridad jurídica, y esa medida no se enmarca en ninguna política de salud sexual, ni de maternidad, ni tampoco en ninguna política familiar, como usted dice. Por tanto, es una iniciativa reformadora, que incorpora una legislación avanzada en el marco de una política de salud sexual y reproductiva.


Señorías, a lo largo del trámite de ponencia y de Comisión hemos avanzado, en nuestra opinión. En primer lugar en que la interrupción voluntaria del embarazo sea una interrupción voluntaria del embarazo

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enmarcada en una política más amplia, en una política de salud sexual, en una política de planificación familiar. Con eso tienen que ver los temas educativos y los temas de la formación de los profesionales. No hay ningún tipo de adoctrinamiento, es adecuar la educación y la formación a la realidad social. Por otra parte, también hemos mejorado las garantías del servicio público para la interrupción voluntaria del embarazo y los compromisos de las prestaciones sanitarias se han mejorado de manera sustancial. Para aquellos que ahora se sorprenden con la objeción de conciencia, he de recordarles que no solamente es la izquierda, llevamos mucho tiempo en que la derecha está reclamando una regulación de la objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué hay ciertos grupos que antes la reclamaban y ahora la reprochan? Porque se han dado cuenta de que la regulación de la objeción de conciencia tiene un doble filo: por un parte, garantiza la objeción a aquel que tiene una objeción moral, pero, por otra parte, garantiza el ejercicio del derecho a la mujer. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que el discriminado no es, señorías, el que objeta, el discriminado es el que no objeta, de tal manera que en estos momentos hay objeción estructural por parte de servicios sanitarios que dificultan la libre determinación del resto de los profesionales del sistema sanitario. Creo que es importante el avance en materia de objeción, siempre y cuando se defienda que lo prioritario es la recuperación y el respeto al derecho de las mujeres; es importante también, en relación con las menores que, a pesar los acuerdos que ha habido en el marco de la Comisión, se mantenga que la decisión es en todo caso de la mujer, tenga esta 16, 18 o 25 años, aunque se informe a sus padres o a sus tutores.


Para mi grupo parlamentario, sin embargo, señorías, quedan temas pendientes; queda pendiente la iniciativa de gratuidad, y tomaremos una iniciativa con Esquerra Republicana de Catalunya, creemos que hay anticonceptivos que deben entrar dentro de la gratuidad; queda el tema de la despenalización total, que en nuestra opinión debería incorporarse en la reforma del Código Penal, y queda el tema de la ampliación de plazo que seguimos defendiendo que sea a 22 semanas. No renunciamos, señorías, a mejorar el texto. Este es un texto que puede ser discutido políticamente, que puede ser discutido incluso desde el punto de vista moral, pero los que adoptamos esta iniciativa tenemos toda la legitimidad para hacerlo; podemos, según algunos, cometer pecado, en su criterio, pero desde luego esto no es delito, ellos no son quienes para decir qué es y qué no es delito, eso es cosa nuestra nada más.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene en primer lugar la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como es habitual dentro de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, saben ustedes que en cuestiones como las que hoy debatimos se da libertad de voto. Voy a defender las enmiendas en nombre de los 4 diputados de Unió Democràtica. Después, será mi compañera, doña Mercè Pigem, quien defenderá las otras enmiendas presentadas dentro de nuestro grupo, y por ello compartiremos nuestro tiempo.


Tengo que empezar, señorías, lamentando que del grupo de enmiendas que hemos presentado no se nos haya aceptado ni una; no nos sorprende.
Nuestra postura, como ya defendí en la enmienda a la totalidad, es muy distante de la del Gobierno en estos temas. Partimos de la base de que para nosotros la parte de ley correspondiente a la salud sexual y reproductiva es una excusa para lo que en realidad han hecho, modificar la interrupción voluntaria del embarazo. Esta primera parte de la ley consideramos que debería hacerse desde la legislación sectorial del ámbito de la salud y de la educación y, en estos ámbitos, no podemos olvidar que las competencias están en las comunidades autónomas. Solo coincidimos con ustedes en la importancia y en la conveniencia de la prevención en materia de salud sexual y reproductiva, pero desde luego no en la forma en que proponen hacerlo. A los diputados de Unió nos preocupa principalmente la otra parte de la ley, la que regula la interrupción del embarazo, parte que consideramos inconstitucional. Ya les dijimos hace pocos días en la defensa de la enmienda a la totalidad que este Gobierno en lugar de hacer cumplir una ley prefiere cambiarla. La compleja cuestión de los embarazos no deseados, desde luego no deja indiferente al legislador, pero también es cierto que en ocasiones se producen conflictos graves a los que debe darse respuesta jurídica y política. El Estado debe proteger la vida, la vida de todos, según el artículo 15 de la Constitución. Esa protección de la vida pasa, por ejemplo, por garantizar a la madre la máxima información posible acerca de su decisión; consiste también en establecer las máximas ayudas a la familia y a la natalidad, y garantizar a través de las familias, de los centros educativos y de la atención social, la responsabilización y la madurez de los jóvenes ante las relaciones sexuales. La familia -vuelvo a repetir- no es solo una unidad de prestación de servicios, es la unidad básica de la sociedad y los gobiernos no pueden expropiar a los padres esta obligación para dársela a otros, ya sea otro adulto, un médico o un asistente social.


Señorías, tal como queda este proyecto de ley, a nuestro entender, en ningún caso lo han mejorado. Permanecen muchos aspectos que ya denunciábamos en la enmienda a la totalidad, a la cual me vuelvo a remitir. La ausencia de los padres en relación con los menores sigue siendo notoria todavía en la regulación de las medidas del ámbito educativo, en la que no existe mención ni respeto alguno del derecho fundamental de los padres -vuelvo a repetir, fundamental- a que sus hijos

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reciban la formación rigurosa, religiosa y moral y que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Para nosotros continúa el menosprecio a la patria potestad y su ejercicio en el caso de los abortos de las jóvenes menores de edad. Pocas decisiones se pueden tomar a estas edades de más transcendencia y pocas encontraremos en que se necesite más la ayuda, el soporte y el apoyo de los padres y de la familia.


¿Dónde están esas medidas alternativas que se pueden ofrecer a las mujeres ante un embarazo no deseado? ¿Qué tipo de ayudas? ¿Ayudan a la madre a que pueda tomar la decisión libre y responsable de continuar con el embarazo? ¿Dónde está la estimulación de esta decisión? Estas preguntas las hacíamos en la enmienda a la totalidad y las continuamos haciendo porque, señorías, no les dan respuesta. Les es indiferente que la decisión libre y responsable de la mujer sea continuar el embarazo o interrumpirlo. Parece que se pretende que la única decisión realmente libre y responsable sea su interrupción. ¿Algún día nos presentarán ustedes auténticas ayudas y alternativas para estas mujeres? ¿Verdaderas ayudas a las familias? ¿Ayudas a la natalidad? Nuestras propuestas no las quieren, pero siguen sin ofrecer ninguna alternativa. Señorías, a los diputados de Unió Democràtica no nos gusta este proyecto, no nos gustaba al principio y sigue sin gustarnos después de esta rápida tramitación. No podemos aceptar esta banalización del aborto y la falta de respeto hacia la vida del no nacido. No esperen de nosotros el apoyo a este dictamen.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, ustedes saben que Convergència Democràtica de Catalunya da libertad de voto en aquellos asuntos que consideramos de conciencia y, evidentemente, el que estamos debatiendo es uno de ellos. Una libertad de voto que en Convergència Democràtica de Catalunya valoramos como un acierto -y nos consta que diputados de otros grupos desearían también tenerla-, y consideramos que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, a la que aquí representamos, porque respeta la posición individual de cada uno de nosotros en aquellas cuestiones que interpelan, directa y transversalmente, más allá de la ideología política, a las convicciones íntimas, religiosas, éticas y personales de cada uno. Por tanto, entre nosotros hay parlamentarios contrarios a los fundamentos o a las disposiciones de esta ley, y su posición puede verse claramente sustentada en los argumentos brillantemente expuestos por mi compañera Conchita Tarruella, y otros favorables a la misma en el bien entendido que la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo no es nunca una cuestión fácil ni simple. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No en vano afecta a consideraciones morales de los que legislamos, tiene que ver claramente con dos conflictos entre dos valores, constitucional y legalmente protegidos, como son la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer, por un lado, y la vida del feto, por otro. Además, lo que aquí hagamos tiene o puede tener enormes consecuencias en la vida de muchas mujeres. Desde esta libertad de voto vamos a expresar pues individualmente nuestro posicionamiento, pero me gustaría dejar aquí algunas consideraciones.


La primera de ellas es recordar una vez más que no estamos debatiendo sobre aborto sí o aborto no. Este es un debate que se produjo en 1985, señorías, hace veinticuatro años, y tenemos desde entonces, sin que se haya cuestionado por gobiernos de ningún signo, un marco legal regulador del aborto que por cierto se ha venido considerando como uno de los más permisivos de Europa. Centrar el debate en lo que es y no en lo que no es, pues no se ha tratado en ningún momento de suprimir la regulación del aborto sino solo de si debemos cambiar esta regulación, sería la primera consideración. La segunda apuntaría a que la legislación que hoy se nos propone es claramente mejor que la actual en muchos puntos de vista, porque enmarca la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un aspecto amplio de salud sexual y reproductiva, proponiéndose así prevenir mediante la formación y la información los embarazos no deseados y reducir en consecuencia el número de abortos, porque va a ofrecer a las mujeres y a los profesionales una seguridad jurídica que no tienen en la regulación actual, y porque esperamos va a poner fin, ya que los plazos están mucho más acotados, a las situaciones abusivas que se han estado realizando al amparo de la actual legislación en la que el plazo es ilimitado, es decir durante todo el embarazo, en supuestos como la salud psíquica, lo que ha permitido, como todos sabemos, abortos en fases muy avanzadas de la gestación.


Creemos también que el proyecto ha mejorado en el trámite parlamentario y que fruto de enmiendas presentadas por mi grupo, aceptadas unas de manera literal y otras transaccionalmente, se ha introducido la posibilidad de objeción de conciencia de los profesionales que intervienen, la mejora de la información que debe recibir la mujer antes de tomar la decisión, la necesidad -naturalmente con alguna excepción- de que las menores mayores de 16 años deban informar a sus progenitores de su decisión, así como los temas de ámbito competencial, que entendemos han quedado bien resueltos.
Queremos agradecer en este sentido tanto al Gobierno como a los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista -y lo quiero singularizar en mi compañera la diputada Carmen Montón- que en todo momento hayan querido llegar a acuerdos en base a las enmiendas presentadas por mi grupo. Es razonable pues pensar que un marco legal que supere los problemas de la actual, siendo más restrictivo y más claro en cuanto a los plazos, que pone el acento en la prevención intentando prevenir embarazos

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no deseados y rebajar especialmente el número de abortos, que es muy similar al de los países de nuestro entorno, regulando la interrupción voluntaria del embarazo con un modelo mixto de plazos e indicaciones, que da y pretende dar una mayor seguridad jurídica a mujeres y profesionales porque clarifica conceptos y que a lo largo de la tramitación parlamentaria se han modificado positivamente en aspectos para nosotros importantes, sea hoy una propuesta mejor valorada que la inicial, lo que seguramente va a hacer que algunos modifiquemos nuestra posición manifestada al principio.


Finalmente, no pensamos que nadie pueda pretender imponer su moral ni tampoco condenar a nadie por defender sus opciones. Hemos de tratar de entender y comprender las razones de todos, pero en especial las de las mujeres de todas las ideologías que se han encontrado, se encuentran o se pueden encontrar delante de este dilema moral ante el que las leyes en todo caso lo que deben hacer es permitirles decidir. Desde estas consideraciones y con el respeto y la comprensión por las posiciones de todos, vamos -lo digo una vez más- a expresar individualmente nuestro voto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Santiago Cervera.


El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor presidente.


A estas alturas, en esta tramitación parlamentaria pensamos que pocos desconocen la realidad de cómo ha llegado esta ley a este Parlamento. No lo ha hecho porque el Gobierno cumpliera con ella un compromiso electoral, que no existía; no lo ha hecho tampoco porque existiera la constatación de que se puede mejorar el actual marco legislativo en sus propios términos, y no lo ha hecho tampoco porque apareciera una demanda social que lo justificara. Tenemos hoy, si cabe, todavía más elementos de juicio para saber que, al contrario, la única razón por la que esta ley se ha tramitado es por el intento del Gobierno de volver a recuperar el control de la agenda política. Estamos ante un Gobierno que no sabe asumir sus auténticas responsabilidades en muchas materias; estamos ante un Gobierno ineficaz, desbordado por tantos acontecimientos cada semana; estamos también ante un Gobierno incapaz de proponer soluciones reales a los problemas de los españoles y centrarse en las prioridades que la sociedad demanda, y en este panorama aparece la tramitación de este controvertido proyecto de ley. Esto lo hace, como es obvio para muchos, un Gobierno que cree que precisamente mediante la transgresión de un sistema de valores sociales y democráticos, generando enfrentamientos, condiciona sus propias posibilidades electorales y políticas; un Gobierno que, a la postre, demuestra una vez más que confía en el enfrentamiento como método de autoafirmación. Es un Gobierno, el que trae este proyecto de ley, que ha demostrado una vez más que solo sabe gobernar en contra de: en contra de la propia realidad del problema del aborto en nuestra sociedad, donde se ve que no es aceptable el incremento constante y continuo del número de abortos que se realiza; en contra de las prioridades, que lo son, de los españoles, donde no se situaba la transgresora y radical reforma que el Gobierno propone con esta norma, y en contra también, señorías -y esto es esencialmente importante en este caso-, de un fundamento de legitimidad democrática que establece precisamente que en determinados asuntos, por lo que inciden en la propia sociedad, hay que ser capaz de buscar especialmente los consensos básicos.


Esta, señorías, no es una ley del consenso ni en el plano político -como se va a evidenciar en la votación- ni en el plano social ni tampoco en el plano de los profesionales y las personas directamente implicadas. Esta es hoy una ley de unos contra otros, es de nuevo una ley del mínimo parlamentario, es de nuevo la ley de la búsqueda del voto dúctil para que el Gobierno mantenga la sensación de que está haciendo algo por el país.
Y es así la realidad justo en un ámbito en el que se incide en valores profundos, que son sentidos por la sociedad española; valores que significan convencimientos, convencimientos que en algunos casos significan incluso sentimientos hondos en relación con el sentido mismo que tiene la vida. Ustedes, señores del Gobierno, señores del Grupo Socialista, han querido recuperar la iniciativa de la agenda política en nuestro país utilizando este asunto, y lo único que han conseguido una vez más es dividir, excluir y crispar. (Aplausos.)

Nuestras propuestas sobre la materia fueron contenidas, como todos conocen, en la enmienda a la totalidad que se defendió hace un mes -damos en este momento por reiteradas en todos sus términos esas argumentaciones que se dieron con la enmienda a la totalidad-, pero también hemos condensado en una serie de enmiendas parciales nuestra posición sobre esta materia. En primer lugar, no aceptamos que se implique en el concepto de salud sexual y reproductiva el aborto, porque están en planos totalmente distintos; desde luego lo está en la intención del Gobierno que, como bien dice el Consejo de Estado, solamente ha querido adornar la intención final de modificar la legislación sobre el aborto hablando de salud reproductiva y sexual, pero además lo es también en su esencia, en la esencia de que el aborto no puede ser entendido ni como un método más de control de la natalidad ni como una solución rutinaria. No es aceptable -y esta es otra de las argumentaciones de nuestras enmiendas- que se proponga legislativamente una ley de plazos para tratar esta cuestión, y esto por una razón sencilla: la vida del no nacido, en nuestra opinión, merece ser protegida y la ley no puede hacer que su disponibilidad dependa únicamente del libre albedrío de nadie, ni siquiera de sus propios progenitores. Es además una tesis en la que sabemos

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que estamos perfectamente amparados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.


Finalmente, hemos presentado las enmiendas que corresponden a nuestra intención de aumentar las garantías con las que se realizan los abortos en nuestro país en todo caso, cualquiera que sea la legislación que lo permita. Aquí haré una mención específica a tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, a cómo ha tratado la ponencia finalmente el plano de los profesionales que tienen que intervenir en una interrupción del embarazo de estas características. Que no se diga, por favor, que no se diga que aquí se está respetando su derecho a la objeción de conciencia. Esto solamente podría ocurrir si, en primer lugar, se reconociera para todos los profesionales que susceptiblemente pueden intervenir en un aborto; en segundo lugar, si además se ampara su propia confidencialidad y, en tercer lugar, si se garantizan el resto de derechos laborales y profesionales que les son propios. Nada de esto se recoge en la propuesta que emana de la ponencia, porque aquí lo único que se quiere aplicar a través de la fórmula que se ha pactado con algunos grupos parlamentarios es meramente un sistema de autodelación de los propios profesionales. Hablamos también en nuestras enmiendas del conjunto de derechos que tiene que tener la mujer en la tesitura de tener que tomar una decisión de estas características. Decimos y reiteramos que aquí se han eludido los consensos básicos que esta cuestión debería conllevar, pero también se han eludido los consensos del derecho positivo de nuestro país, de mucho derecho sanitario que en muchas ocasiones también el Partido Socialista ha votado favorablemente. Podemos hablar desde la Ley General de Sanidad hasta la Ley de Autonomía del Paciente donde se pone de manifiesto la importancia que tiene la humanización de los servicios sanitarios, el compromiso con el aumento de la libertad individual y la vinculación de la humanización asistencial con el aumento de la información personalizada a cada paciente en cada e irrepetible circunstancia. Aquí lo que queda es el modelo del sobre cerrado, en el que se elude por completo la responsabilidad que legalmente está establecida de facilitar la información y, por tanto, el modelo de la despersonalización de la mujer en un momento trascendente de su vida.
Aquí queda esa restricción de ese concepto multidisciplinar de la asistencia sanitaria moderna y de calidad.


El ámbito de los menores, otro tema controvertido. Señorías, la institución de la patria potestad existe, y existe porque recoge el concepto de que la familia es el ámbito para el desarrollo personal, donde se nos presta la oportunidad de aprender incluso equivocándonos, una oportunidad que desde luego el Estado no puede en ningún caso sustituir. La fórmula que se ha elegido para eludir precisamente esta cuestión es la que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco, otorgando meramente una franquía a la posición inicial del Gobierno. No ha llegado a ser -permítanmelo- ni siquiera un desahogo moral. Es sabido -todos lo sabemos- que todo seguirá siendo como el Gobierno lo ha planteado desde el principio. Solamente se ha generado un eufemismo legislativo que va a permitir que las cosas sigan siendo como el Gobierno pretendía que fueran. Por tanto, señorías, el trámite parlamentario ha empeorado todavía más si cabe el proyecto que el Gobierno trajo a esta Cámara. Ha sido un trámite parlamentario acelerado y que solo se ha orientado por parte del Gobierno a recopilar los mínimos votos necesarios para sacar este tema adelante. Se han eliminado los controles de los abortos a partir de la semana 14, a los padres de los menores se les da una falsa sensación de que imperará la patria potestad cuando eso no va a ocurrir; se crea una fórmula conminatoria para que los profesionales realicen abortos y se da, efectivamente, una buena noticia a las empresas que venden anticonceptivos y, al mismo tiempo, una mala noticia a las comunidades autónomas que van a tener que sufragar ese gasto. Por último, se incide además perniciosamente en la libertad de cátedra y en la autonomía universitaria imponiendo la obligación de impartir determinadas cosas de determinada manera. El panorama resultante por si quedaba alguna duda es de nuevo el de la imposición; la imposición en una ley donde precisamente se dijo que lo que se pretendía era aumentar la capacidad de decidir, y lo que acaba ocurriendo es que se impone y se obliga lo que en la ley se intenta prescribir.


Señor presidente, señorías, la nuestra es una sociedad que sabe del sentido profundo, social y humano que tiene la defensa de la vida y de los derechos que le son propios. Esta es una legislación que banaliza el sentido de la vida humana y aprovecha este asunto para buscar una ventaja política fácil. La nuestra es una sociedad que desea que las cuestiones que afectan a la visión esencial de los principios y de los valores sean capaces de ser articuladas tratándose desde los consensos básicos. Esta en cambio es una ley que genera división, que genera afrentas, que genera imposiciones, que genera crispación. La nuestra es una sociedad donde los procesos legislativos se supone que deben ser hechos atendiendo al interés general. Esta es una ley que se aprovecha de la situación política para intentar trastocar la agenda e intentar el Gobierno paliar sus amplias incompetencias en tanto otros ámbitos. La nuestra es una sociedad donde se entiende que la normalidad de las relaciones paterno-filiales es lo que significa la posibilidad de reducir los conflictos en ese ámbito, y donde se puede encontrar la posibilidad de solucionar los problemas compatibles siempre con el sentido de la libertad de cada persona. Esta es una ley que en cambio toma los casos menos frecuentes como la pauta para legislar lo general, generando nuevas incertidumbres a las familias. La nuestra es una sociedad que sabe que se deben respetar todas las creencias compatibles con nuestra organización democrática, sean religiosas o no lo sean. Esta es una ley que intenta aprovecharse de la pluralidad para generar exclusión, para desacreditar hasta el denuedo a quienes piensan distinto que ustedes. La nuestra, señorías, es una sociedad que es consciente de que se avanza de manera clara en

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materia de igualdad entre hombres y mujeres y en la asunción corresponsable de sus respectivas actuaciones también en materia de procreación y sexualidad. Esta en cambio es una ley que hace de la mujer, y probablemente de la mujer en soledad, la única responsable de decisiones en las que puede carecer del apoyo y la información suficiente.


Señorías, nosotros estamos con esa sociedad, tenemos el convencimiento de que somos en este momento la voz de la mayoría que hubiera deseado que esto se hiciera de una manera bien distinta. Son ustedes, señores del Gobierno, quienes muestran un modo de gobernar y de legislar que siempre constituye un problema para este país, a pesar del boato vacuo y de la impostura de cartón piedra con las que nos quieren hacer ver que España progresa. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, vuelvo a subir a esta tribuna con el objetivo de exponer a la Cámara la posición del Grupo Vasco en torno al dictamen de la Comisión de Igualdad sobre el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Como SS.SS. saben, el proyecto de ley que hoy aprobaremos, por su calado social y por su repercusión mediática, se ha convertido en un texto controvertido y complicado.
Cuando subí a esta tribuna en el debate de totalidad, hace ya casi un mes, dije que mi partido no iba a votar a favor de las enmiendas a la totalidad y que tampoco iba a votar a favor del proyecto de ley en los términos en los que estaba redactado. Pues bien, mi partido ha cumplido la palabra dada, porque el proyecto que entró en esta Cámara y el que va a salir hoy no es el mismo. A nuestro entender se ha mejorado significativamente y en elementos clave para que mi grupo pudiera comprometerse a apoyarlo. El Grupo Vasco puso sobre la mesa un paquete de enmiendas que fueron negociadas una a una, algunas fueron aceptadas en ponencia y otras fueron transaccionadas y aceptadas por ambas partes. Por tanto, y como primera cuestión, el PNV no ha retirado ninguna de sus enmiendas. El PNV no aceptó ninguna propuesta que no se atuviera al resultado de la reflexión que sobre este tema quedó manifiesta en el documento elaborado por su ejecutiva, y hecho público. El PNV negoció y llegó a acuerdos, negoció sin ceder en sus principios y sin aceptar imposiciones porque entendíamos que con las aportaciones de nuestro grupo esta futura ley iba a ser mejor, más humana, más cercana y sobre todo más responsable. Responsabilidad que atañe a todos, a los ciudadanos, a las autoridades políticas, a los profesionales sanitarios, a los jueces, etcétera. Pero sobre todo esta ley ha de servir para que entre todos asumamos que la interrupción del embarazo no es ni puede ser un capricho frívolo, para concienciarnos de que la educación y el compromiso sexual y afectivo basado en la corresponsabilidad y en los valores sea el mejor método para evitar un embarazo no deseado y, en consecuencia, evitar un posible aborto.


George Bernard Shaw decía que la libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de las personas le tienen tanto miedo. No tengo el don de la adivinación ni de la profecía, pero tengo la esperanza de que con esta futura ley se eviten situaciones de desprotección tanto para mujeres como para médicos que antes quedaban al margen, o en ese difuso filo entre lo legal, lo alegal y lo ilegal. ¿Qué hemos hecho hasta ahora para evitar abortos? Impedir, prohibir, condenar, etcétera. ¿Y qué hemos conseguido? ¿A nadie le escandaliza la cifra a la que se ha llegado en el Estado español a través de un denominado supuesto que no deja de ser en la práctica una válvula de escape de la ley? Necesitamos una ley que regule este auténtico despropósito. Tal y como he señalado anteriormente, el objetivo central del Grupo Vasco ha sido el de dotar a esta ley con características más humanas, decía, menos frías que tenía la ley. Para ello hemos incidido en varios aspectos: la corresponsabilidad y la educación en valores, el reconocimiento de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios -por cierto, el Partido Nacionalista Vasco había presentado una enmienda que decía: Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, aunque mucho se haya hablado de autorías de este tema-, la obligación de que los padres o tutores de las chicas de 16 ó 17 años sean informados, la mejora de la información proporcionada a aquellas personas que piensen en una interrupción del embarazo o la defensa del ámbito competencial autonómico.


No es cuestión de volver a argumentar los aspectos que tanto en ponencia como en Comisión ya se desarrollaron, pero mi grupo considera que la introducción de estos puntos en el articulado del proyecto de ley mejoran sustancialmente su contenido y le dotan de mayor equilibrio. Si el PNV no hubiera negociado estas enmiendas estos aspectos no se hubieran visto reflejados en la ley y la ley hubiera salido adelante sin nuestros votos, pero sin nuestras incorporaciones. Esta no es la ley que el PNV hubiera hecho, pero tampoco es la que el Gobierno diseñó en su origen. Es el fruto de un acuerdo. Sabíamos que la ley saldría adelante con los votos de otras formaciones, por lo que el PNV en un acto de coherencia y de responsabilidad y, por qué no decirlo, de valentía, decidió implicarse en este texto. No podía permitirse el lujo de cerrar los ojos ante un problema como el aborto y dejar que esta Cámara aprobara una ley que no recogiera, entre otros, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios o que los padres de las menores fueran informados antes de que a su hija le fuera practicado un aborto, porque lo que dice el proyecto de ley es que sean informados. No miremos la excepción, miremos la norma. Criticando, por lo tanto,

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la ley desde fuera no hubiéramos solucionado nada. Mi partido no solo ha adquirido un posicionamiento ante un texto legislativo. No. Nuestra posición es el fruto de una reflexión ante el problema del aborto en toda su dimensión. Ya lo hemos dicho anteriormente, el aborto es el resultante del fracaso de unas relaciones sexuales no responsables que en la mayoría de los casos, a su vez, responde a la ausencia de valores de corresponsabilidad. Algunos han pretendido volver al debate que ya se dio hace veinticinco años, en el que esta materia se legalizaba por primera vez en democracia. Y digo se legalizaba porque de ser puro delito pasó a ser admitido en algunos supuestos, tal y como refleja la legislación que hoy en día está en vigor. Se cruzó el río. Se admite, a la postre, y de qué manera, el cuarto supuesto famoso. Y aquí ningún Gobierno, de un signo u otro, movió un dedo para cambiar una ley que estaba permitiendo que se dieran situaciones de miles de abortos que se colaban por medio de un boquete legal. Por lo tanto, muchos argumentos que se han esgrimido para descalificar esta nueva ley no son válidos ni para aceptar la legislación actual, la de los supuestos. Nadie promovió ninguna iniciativa legal para su cambio, pudiendo hacerlo incluso con mayoría absoluta, de la misma manera que fuera de la Cámara nadie realizó campañas de persecución y menos de excomunión. En consecuencia, dejemos a un lado la hipocresía. Porque a nuestro partido nadie podrá dar lecciones ni de dignidad ni de coherencia. Tenemos y hemos tenido las manos libres para tomar las decisiones que coherentemente hemos estimado oportunas, con principios claros y contundentes a los que no estábamos dispuestos a renunciar, con el convencimiento expreso de que nuestra aportación y participación en este asunto no traicionaban en absoluto nuestro sentido humanista y ético de la vida y de la política. Como dije en mi intervención del Pleno de totalidad, mi partido ha sabido diferenciar muy bien que abogar por la existencia de una ley garantista, jurídica y sanitariamente, que contemplara la interrupción voluntaria del embarazo no es sinónimo de apoyar el aborto como solución. En un aspecto tan controvertido como este -y el que piense lo contrario que levante la mano- en el que las delimitaciones son tan difusas, lo mínimo que podemos hacer es no imponer un código ético y moral a quien no comparte ese código contigo y legislar para todos. Quizás es necesario repetir, una y otra vez, que esta ley no obliga a abortar. De ahí la introducción y el desarrollo de la objeción de conciencia como elemento garantista o la libertad para que la menor, si así lo quiere, pueda seguir su embarazo aunque sus padres le recomienden que aborte. Miremos, por tanto, la realidad con los ojos abiertos, no con la mirada apriorística sujeta a condiciones. Mi partido siempre preferirá un no aborto; otros partidos, otras formaciones y otras personas puede que opinen de otra manera, y lo respetamos. Por ello, necesitamos una ley que, ante la dramática tesitura de proseguir o no un embarazo no deseado, en soledad, sin apoyo de ninguna clase y que podría acabar con el futuro de una mujer, contemple dentro de las condiciones que marca la ley la posibilidad de interrumpirlo o de seguir con él, porque no todos pensamos igual y porque no estamos inventando nada que en otros países europeos modernos, también de tradición cristiana, no se haya aplicado.


No quiero extenderme más, pero he de señalar que la voluntad de mi grupo y de mi partido queda reflejada en la frase del insigne intelectual vasco Koldo Mitxelena cuando decía (Pronuncia palabras en euskera): No solo lo que yo quiera, sino lo que nosotros necesitamos. Y nosotros, todos, los que están a favor y los que están en contra del hecho de abortar, necesitamos una ley que ampare a todos y a todas. Mi partido ha actuado en conciencia y con las ideas claras, porque, como decía Kant, la conciencia es el instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen Montón.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, nunca los avances sociales han sido fáciles, y menos los avances que conciernen a los derechos de las mujeres. Hoy estamos legislando para que sea reconocido el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad. Con esta iniciativa se cumple una histórica reivindicación de tantas mujeres, de tantas feministas para las que ha tenido que pasar tanto tiempo hasta ver este momento. Desde mi grupo lo apoyamos y defendemos con convicción, porque la libre maternidad para las mujeres en nuestro país con este proyecto de ley deja de ser una cuestión de permiso supeditada a la interpretación de terceros y pasa a ser un derecho. Por ello, señora ministra, hoy me siento orgullosa de vivir en este tiempo y en este país, con un gobierno comprometido con la igualdad. (Aplausos.)

El debate de la interrupción voluntaria del embarazo en España es un debate de largo recorrido. Hace un cuarto de siglo se produjo de manera intensa en los términos de aborto, sí, aborto, no, y terminó con la despenalización en tres supuestos del delito de aborto pero sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir. Entonces fue la mejor ley que se pudo ofrecer, pero hoy ya no es suficiente y parece razonable que nos adaptemos a la realidad. Además, esa realidad nos dice que históricamente desde los años setenta cada año 100.000 mujeres han abortado y abortan en España. Por ello, nuestra propuesta y nuestro empeño es que logremos que sean menos las mujeres que tengan que hacerlo y las que decidan interrumpir su embarazo lo hagan con más información, más garantías, más protección y más seguridad. Eso es lo que hoy debatimos, una legislación centrada en el derecho a la salud y en el reconocimiento de los derechos y la autonomía de las mujeres que trata por primera vez en la legislación española la salud sexual

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y reconoce el derecho a la libre maternidad. Lo hacemos a través de una ley de plazos combinada con indicaciones, eliminando del Código Penal el aborto como delito, eliminando la amenaza y la posibilidad de pena de cárcel para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Esta ley trata de dar seguridad jurídica para evitar que vuelvan a suceder los bochornosos episodios de persecución de mujeres y profesionales sanitarios que en 2007, actuando de acuerdo con la ley, fueron reclamados por los tribunales; trata de dar garantías sanitarias para corregir que tan solo un 2 por ciento de abortos se realice en la sanidad pública. En esta ley se contempla sobre todo la prevención. Por ello se enmarca en una estrategia de salud sexual y reproductiva, porque todo aborto primero ha sido un embarazo no deseado y eso es lo que debemos evitar. De ahí la importancia que hemos dado todos los grupos que apoyamos la ley a la educación, a la sensibilización, al acceso a la planificación familiar y a métodos anticonceptivos. Esta es una ley ambiciosa y valiente que aborda el tema de una forma integral. Sin embargo, desde los sectores más conservadores, señorías del PP, por no querer entrar en el fondo, han querido crear una polémica mediática. El debate sin duda se encuentra plagado de condicionamientos morales y religiosos, aunque estos, señorías, no deben ser los parámetros que nos rijan en esta Cámara, sino la bioética y la Constitución. Ustedes han intentado dar pasos atrás, reviviendo el debate de hace más de veinticinco años de si se está a favor o en contra. Se han opuesto a las recomendaciones de los organismos internacionales y han amenazado con la inconstitucionalidad, incluso antes de la redacción de la ley, con su recurrente obsesión de judicializar la vida política en un intento de conseguir en los tribunales la legitimidad que la ciudadanía no les dio en las urnas.
Acusan de que se impone el aborto, de que será un descontrol, de que aumentarán las cifras y se usará como método anticonceptivo. ¿Es que no han escuchado nada durante todo este año de trabajo sobre la estrategia de prevención que está incluida en esta ley de salud sexual y reproductiva precisamente para disminuir el número de abortos en España? El número de interrupciones no tiene que ver con el tipo de regulación sino con la prevención, algo que para ustedes a estas alturas de siglo aún parece tabú.


Esta ley también habla de la capacidad de decisión de las mujeres jóvenes.
En España, la mayoría de edad sanitaria, la capacidad de decidir, está reconocida a los 16 años en la Ley de Autonomía del Paciente, en la que el Gobierno -su Gobierno- estableció la excepción de la interrupción voluntaria del embarazo, en un claro sesgo discriminatorio. Señorías, ¿creen que unos padres podrían obligar a una mujer joven a abortar? Seguramente todos contestaremos que no. Entiendan que tampoco deben poder obligar a esa misma mujer a ser madre. Por ello, lo que proponemos es que la capacidad de decidir radicará única y exclusivamente siempre en las mujeres. Por ello, este proyecto nunca prohibió ni prohíbe la información a los padres, incluso no impide, ni podría hacerlo, que alguien pueda opinar, compartir o ayudar a conformar la decisión de una mujer sobre un embarazo o sobre un aborto. Las mujeres ya buscamos apoyo en las personas que nos quieren y a las que queremos, pero hay que ser conscientes de que, desgraciadamente, existen situaciones en las que las jóvenes no pueden contar con esa protección, con esa comprensión y con ese amparo.
Señorías, cuando una mujer de 16 ó 17 años tiene tomada una decisión como esta y no puede contarlo, ¿qué creen que hará? Por ello, hemos sido valientes y hemos reconocido lo obvio: que lo hará igualmente en las condiciones que sean. Por tanto, es necesario confiar en ella, no hacerle esta situación más difícil y contemplar, como hemos hecho, que cuando la joven alega un conflicto se pueda prescindir de la información a su entorno para que no signifique una limitación en su decisión o abocarla a un circuito de clandestinidad en el que se someta a un aborto ilegal y, lo peor, inseguro.


Señorías del PP, con más represión, con más castigo, con más Código Penal no conseguiremos menores tasas de aborto en España, conseguiremos más sufrimiento; y con menos educación y menos acceso a métodos anticonceptivos no conseguiremos abstinencia, castidad o menor tasa de práctica sexual, sino más riesgo y más embarazos no deseados. (Aplausos.) Su postura, para no hablar del fondo y distraer la atención, está fuera de la realidad y no ayuda en nada a lo que se pretende con esta ley, que es respetar los derechos de las mujeres y disminuir el número de abortos en España; es hipócrita, porque una vez aprobadas las leyes también son protagonistas del ejercicio de los derechos. Es una lástima que ustedes no estén a la altura de otras derechas europeas, como la alemana o la francesa, que apoyaron leyes similares a la que hoy votaremos. Al contrario, en esta ley no somos pioneros. ¿Por qué en España no puede haber una ley homologable a los países europeos, como Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra, Suecia, Holanda, o incluso Italia? La reforma que proponemos sigue la pauta más extendida de los países de nuestro entorno y las recomendaciones de la organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo.


Señorías, mucho ha sido el trabajo realizado hasta llegar aquí y por el que doy las gracias a todos los portavoces de la Comisión de Igualdad.
Esta es una de las leyes más debatidas de nuestra historia democrática.
Se ha escuchado a todos los que tenían algo que decir, promoviendo el debate en un firme compromiso y propósito desde el Grupo Socialista de aproximar posturas, de buscar el mayor consenso posible, tal como comprometimos en nuestro programa electoral. Comenzamos en 2008, sentando las bases de consenso de lo que hoy estamos debatiendo. Nadie puede decir sin faltar a la verdad que el debate no se ha hecho con serenidad, con rigor y con seriedad. Hoy asistimos a un debate con un amplio consenso en torno a esta ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.


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Es un consenso que se ha materializado con el trabajo de ocho grupos políticos que hemos sabido conciliar posturas para hacer la mejor ley posible y que hoy podemos decir que esta ley es de todos; un amplio consenso a favor de los derechos de las mujeres del que el PP se queda nuevamente fuera. Señorías, para una mujer no es sencillo tomar la decisión de no seguir adelante con su embarazo. No es deseable para nadie ni por nadie. Pero una vez llegado a este punto, salvaguardemos la seguridad y la dignidad de las mujeres.


Para terminar, quiero dar las gracias a todas las mujeres que han ido abriendo las puertas de los derechos y las libertades, porque hicieron este trabajo con paciencia, con inteligencia, con generosidad, pensando en quienes les íbamos a seguir y sobre todo convencidas de que valía la pena. Les damos las gracias porque supieron que lo personal es político y, como dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Hoy damos un paso más hacia nuestra sociedad, una sociedad que soñamos y una sociedad por la que estamos trabajando, más justa y más igualitaria.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 125/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Popular tiene la palabra don Arturo García-Tizón. (Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, me cumple el trámite de los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara en cuanto a la defensa de las enmiendas presentadas por mi grupo a la proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Estas enmiendas pueden clasificarse en dos grupos, el primero de ellos, de supresión de los artículos 1 y 2 de la proposición de ley que hoy debatimos, que son consecuencia lógica de la posición que mantuvo nuestro grupo en el debate de totalidad seguido para la toma en consideración de esta proposición de ley, presentada por los grupos parlamentarios Vasco y Socialista. En aquel debate ya señalé la predisposición favorable de nuestro grupo al fondo de la cuestión debatida, es decir, si las normas fiscales emanadas de las Juntas Generales de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya debían o no tener la naturaleza de verdaderas leyes formales y, en consecuencia, posibilitar su impugnación ante el Tribunal Constitucional.
También dijimos claro en aquel momento, en aquel debate, que esa cuestión no podía depender de una circunstancia tan ajena a la materia que discutíamos como era el eventual apoyo que iba a dar el Grupo Parlamentario Vasco al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. De una parte, argumentábamos que, dada la gravedad de la crisis económica por la que atravesaba y está atravesando España en estos momentos, no parecía conveniente unir dos cuestiones de mucho calado y naturaleza distinta como era la modificación de estas leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial a un eventual apoyo parlamentario a unos Presupuestos Generales del Estado, y de otra parte, la importancia del tema central que nos ocupa en esta materia, que afecta nada más y nada menos que a lo que se ha venido denominando la foralidad. La propia exposición de motivos de la proposición de ley reconoce que la disposición adicional primera de la Constitución proclama y respeta el derecho de los territorios históricos y forales y, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, señala un campo propio de competencia en materia tributaria que se mantiene y se reserva a las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En este núcleo competencial esencial de los territorios históricos indudablemente está la materia tributaria. Sin embargo, señorías, el camino elegido, aparte de la inconveniencia de unir esta materia con un eventual apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, creemos que no ha sido el más adecuado, y así se ha señalado tanto por nuestro grupo como por otros grupos parlamentarios en debates anteriores, porque ese es un tema recurrente, como el que tuvo lugar hace tiempo a propósito de lo que se denominó debate sobre la enmienda Casas, y así lo manifestaba el señor Jáuregui, representante en aquel momento del Grupo Parlamentario Socialista. Entonces se dijo que la solución al problema venía por reconocerle carácter de ley formal a través de su incorporación a una ley del propio Parlamento vasco. Esta es la solución que dio en aquel momento el representante del Grupo Parlamentario Socialista, pero nosotros, sin embargo, siempre hemos defendido que este planteamiento no podía llevarse por una ley del Parlamento vasco porque eso era poco más o menos que desconocer el verdadero fundamento de la foralidad. Tal vez, en ese sentido lo procedente, señoras y señores diputados, y especialmente señorías de los grupos proponentes, hubiera sido hacer una modificación de la Ley de Territorios Históricos y reconocer el carácter de ley a las normas tributarias emanadas de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vitoria, algo que en la Ley de Territorios Históricos no se contempla y remite exclusivamente al Parlamento vasco la facultad o la competencia de dictar leyes. Desde un examen de los artículos 25 y 37 del Estatuto de Autonomía del País Vasco no parece que resulte demasiado

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difícil hacer un esfuerzo de integración de ambas normas y permitir reconocer a las normas tributarias que emanan ese carácter de ley formal.
Lo que no parece en todo caso procedente es dar la naturaleza de un recurso de inconstitucionalidad impropio -que puede tener problemas de inconstitucionalidad- al nuevo recurso que han introducido en esta proposición de ley que tiene un encaje forzado en los artículos 161 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De ahí las enmiendas de supresión de los artículos 1 y 2 de esta proposición de ley que nosotros proponemos.


El segundo grupo de enmiendas tiene como finalidad recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para nuestro ordenamiento jurídico; recurso que ya estuvo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1979 y que desapareció posteriormente, en el año 1985. El Consejo de Estado señala en su dictamen del 16 de febrero del año 2006 que, dada la naturaleza que tienen los estatutos de autonomía -normas para las que en la enmienda de nuestro grupo se reserva ese recurso previo de inconstitucionalidad-, que constituyen el eje central de la estructura normativa institucional inspiradora de las comunidades autónomas en las que se van a aplicar, sería conveniente, para evitar reproches de inconstitucionalidad o planteamientos de inconstitucionalidad, inconvenientes una vez aprobadas las leyes, recuperar este recurso previo, que, como decimos en nuestras enmiendas, solamente tendría una efectividad de futuro y solamente se aplicaría a aquellos estatutos de autonomía que entrasen a partir de este momento en la Cámara, no así a los estatutos aprobados, por supuesto, ni a aquellos otros que estuvieran ya en tramitación en el Tribunal Constitucional por la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, lo cual es obvio y evidente por el principio de seguridad jurídica que debe acompañar toda iniciativa legislativa dentro de esta situación.


A nuestro juicio, algunos grupos parlamentarios de la Cámara podrían estar en condiciones de tratar esta materia. Comprendo que hay discrepancias, a veces internas, y comprendo que a veces hay dudas sobre la conveniencia de incorporar este recurso previo de inconstitucionalidad, pero creo, señorías, que el sentir mayoritario tanto del pueblo español como de esta Cámara y de los grupos mayoritarios sería restablecer, si bien limitadamente, a los estatutos de autonomía el recurso previo de inconstitucionalidad. Seguramente, de haber mantenido en la reforma del año 1985 este recurso previo a este ámbito de los estatutos de autonomía, nos habríamos evitado muchas de las circunstancias que han venido posteriormente como consecuencia de la aprobación de determinados estatutos de autonomía.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García-Tizón.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto en primer lugar tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Coalición Canaria apoya sin fisuras esta propuesta que es el blindaje del concierto vasco, pero sobre todo con envidia de que todavía no se haya traído a este Congreso el Estatuto de Autonomía de Canarias, que permita el blindaje de nuestro Régimen Económico y Fiscal y sobre todo que haga que el informe del Parlamento sobre nuestros fueros sea vinculante y que podamos tener ese blindaje también. En ese sentido, anuncio nuestro apoyo a la propuesta y al dictamen de Comisión y nuestro deseo de que pronto, en esta legislatura, podamos conseguir también el blindaje del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Estamos ante una iniciativa extravagante que llega ahora porque es ahora cuando el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a canjear el derecho a la igualdad de todos los españoles por los seis votos del Partido Nacionalista Vasco. Estamos, como decía, ante una iniciativa extravagante porque, como todos ustedes deben saber, las normas forales que se quieren blindar no son leyes y no pueden, por tanto, pretender escapar del control de los jueces ordinarios. Ya es un anacronismo que una pequeña comunidad como el País Vasco tenga tres haciendas forales que escapan del control del Parlamento vasco, pero ustedes se superan a sí mismos cuando pretenden escapar también de la tutela de los tribunales, lo que resulta, a mi juicio, verdaderamente escandaloso.


Lo que ustedes pretenden supone, para que todo el mundo lo entienda, que ninguna comunidad autónoma ni ninguna organización sindical o empresarial, recurrentes habituales de estas normas, podrían impugnar las normas forales. Supone que ustedes quieren que las instituciones que representan derechos legítimos de los ciudadanos renuncien a su derecho a su legítima defensa, una pretensión tan antidemocrática como intolerable.
Les diré más. Sustraer la norma foral al control judicial independiente es una especie de feudalismo fiscal insostenible, una vuelta atrás a la Edad Media. Seamos claros, si ustedes quieren que las normas forales tengan rango de ley, renuncien a la capacidad fiscal de las diputaciones forales y que esa competencia pase a ser ejercida por el Gobierno vasco y tutelada por el Parlamento autonómico. Sería un paso adelante para poner fin a un anacronismo histórico. Los ciudadanos de ningún territorio del Estado resultarían privilegiados frente a otros y todos, todos, saldríamos ganando y sobre todo todos sabríamos a qué atenernos, porque no se puede estar a la vez en misa y repicando. Blindar las normas forales sería una

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decisión profundamente injusta, puesto que las diputaciones vascas -y esta es la cuestión, señorías- disponen de una capacidad normativa fiscal de la que carecen otras comunidades autónomas. Por eso la señora Oramas, de Coalición Canaria, dice: Yo quiero apoyar esto, porque detrás ya vendremos nosotros, como dijo en el debate anterior el representante creo que de Esquerra Republicana.


Ustedes, los socialistas, con el apoyo de los nacionalistas o, más bien al contrario, los nacionalistas con el apoyo de los socialistas, buscan blindar las normas porque saben que son injustas y porque temen que antes o después se les acabe el chollo, si me permiten la expresión. Señorías, no es la foralidad lo que hay que blindar. Lo que está en riesgo es la igualdad de todos los españoles, lo que está en riesgo es la cohesión social, lo que está en riesgo en España es la unidad de mercado, lo que está en riesgo en España es la competitividad de nuestro país en su conjunto. Eso es lo que hay que blindar, justo lo contrario de lo que ustedes nos proponen que hagamos con este debate y con esta proposición.
Ustedes, socialistas, defienden hoy aquí una posición foralista y nacionalista. El PSOE defiende hoy aquí una posición foralista y nacionalista que solo busca perpetuar las diferencias entre ciudadanos españoles, manteniendo a unos frente a otros y, de unos frente a otros, las ventajas políticas y los privilegios económicos. Ustedes, socialistas, defienden el mantenimiento sin control de una capacidad normativa en materia tributaria de la que tampoco se beneficia el conjunto de los ciudadanos vascos, porque, no nos engañemos, la foralidad no garantiza la justicia redistributiva. Se lo dice una vasca, además de ser diputada nacional: la foralidad no garantiza la seguridad ni la justicia redistributiva. Solo les quiero recordar que no soy la única persona que lo dice. Valga al respecto el ejemplo de las declaraciones del secretario general del sindicato nacionalista ELA-STV -nada sospechoso de estar de acuerdo conmigo en otras cuestiones-, que denunciaba el uso del concierto para -comillas- favorecer a los ricos y para mantener el chiringuito político en Euskadi. Como les decía, tenemos ante nosotros una iniciativa profundamente foralista y nacionalista, anacrónica e incompatible con una sociedad europea y moderna. No me extraña que la defiendan los nacionalistas vascos, pero ¿cómo puede entenderse que formaciones políticas de ámbito nacional terminen apoyando desigualdades dentro del territorio nacional? Nunca creí que iba a vivir una situación como esta. Nunca creí que el Partido Socialista Obrero Español, que hizo bandera de la defensa de la justicia y la igualdad, iba a terminar mercadeando con ellas para resolver las urgencias presupuestarias o las de cualquiera otra ley, sin importarle que ello suponga, además, poner patas arriba el sistema de justicia constitucional y ordinaria.


Supongo que tienen ustedes claro, después de esta intervención, el sentido de mi voto. El sentido de mi voto es negativo; un voto negativo en defensa de los principios de la justicia y la igualdad. En defensa del Estado democrático de todos los españoles es por lo que votaré no a esta proposición que hoy nos traen.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, concluimos hoy un debate, que se inició ya en la pasada legislatura, como ustedes recordarán, acerca del encaje constitucional del Concierto Económico vasco. Debo recordar también que esta es una proposición de ley que en su día aprobó, de forma casi unánime, no totalmente, pero casi unánime, el Parlamento de Vitoria -por cierto con el voto del Partido Popular-, y que entró en esta Cámara en pleno debate presupuestario, pero por un hecho meramente causal. Lo cual, por cierto, llevó al PP -y hoy también- a deslegitimar de forma no sé si sorprendente, pero casi bochornosa, ese planteamiento hecho por la Cámara vasca como de una exitosa emboscada en manos del PNV se tratase. Se llegó a acusar al Grupo Vasco de actuar con ventajismo, de hacerlo con oportunismo político. Si eso fuera así, no haría falta recordar el episodio de algunos diputados vascos del PP que no debían creerse mucho este argumento porque hicieron caso omiso de las directrices de su grupo parlamentario en un gesto insólito de coherencia no solo constitucional sino también foral, ausentándose de este hemiciclo en el momento de la votación; creo que eso lo dice absolutamente todo. En cualquier caso, la cuestión, señorías, no ofrece ningún tipo de dudas, el concierto vasco está en la Constitución. El Tribunal de Luxemburgo en su día, recordarán, vino a dar un espaldarazo definitivo al concierto ratificando la potestad de la Hacienda vasca a la hora de fijar un régimen de tributación diferenciada. En tercer lugar, el Estatuto de Gernika no confiere, como es sabido, a las instituciones de la comunidad autónoma la habilitación para dictar normas de carácter tributario, luego el sometimiento de las normas forales que emanan de las diputaciones o los territorios históricos constituye una invasión material de las competencias de estos.
Y en cuarto lugar, si la potestad normativa de las instituciones forales recae exclusivamente sobre las juntas generales y estas no pueden adoptar normas con rango de ley, el problema resulta evidente. No tiene ninguna lógica que una normativa fiscal, ya sea en sede del impuesto de la renta de las personas físicas o del impuesto de sociedades o de sucesiones sea susceptible de recurso por parte de cualquier persona. En Navarra eso no sucede así con un régimen similar o análogo, con el convenio tributario propio, y los recursos se sustancian, como el resto de leyes, ante la jurisdicción del Tribunal Constitucional.


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Por tanto, nuestro grupo, señorías, estima una vez más que esta es una iniciativa no solo perfectamente legítima desde el punto de vista político, sino también ajustada perfectamente a Derecho y que además ha sido -creemos- mejorada durante su tramitación legislativa en esta Cámara a través de distintas enmiendas pactadas entre el Grupo Vasco PNV y el Grupo Socialista cerrando el círculo con una reforma que no solo se extiende a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sino también a la Ley Orgánica del Poder Judicial, creando un cauce procesal específico ad hoc claramente inspirado, por cierto, en el recurso de inconstitucionalidad ordinario.


Mención aparte merece, eso sí, el intento -aunque sea por la puerta de atrás- del Grupo Popular de introducir un debate colateral, un debate que debo decir también que fue introducido en Comisión por el diputado Benegas -luego corregido o enmendado por la vicepresidenta De la Vega- acerca del recurso previo de inconstitucionalidad, algo que tiene que ver, mucho que ver, no tanto con esta cuestión del concierto sino con el futuro del Estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional. Miren, señorías, el recurso previo de inconstitucionalidad, como recordarán, desapareció en su día por el hecho de tratarse de un privilegio exorbitante en manos del Estado. Rescatarlo ahora y además poniéndolo en relación de forma torticera con el Estatut de Cataluña constituiría un paso atrás, una auténtica involución hacia las catacumbas del Estado autonómico, hacia una especie de paternalismo estatal de la peor especie; es decir, tratar a las comunidades autónomas como si fueran menores de edad. Aquí la cuestión es que los estatutos, como el catalán, son normas singulares pactadas por distintas instancias parlamentarias, por el Parlament de Cataluña, por las Cortes Generales, que además gozan de un plus de legitimidad porque han sido refrendados en las urnas y cuya garantía de constitucionalidad además recae en estas mismas Cortes Generales. De ahí que los partidos y la sociedad civil en Cataluña hayan preanunciado, como ustedes saben perfectamente, una auténtica beligerancia política ante una eventual sentencia adversa del tribunal sobre el Estatut.


De otro lado, quiero decir también que al Partido Popular y al PSOE, pretendiendo despolitizar este conflicto -conflicto que no solo es jurídico sino que evidentemente es un conflicto político en toda regla-, no se les ocurre nada más en estos momentos que exigir o demandar un acatamiento sin más de la sentencia que pueda emanar del Tribunal Constitucional, como si este Tribunal Constitucional fuese una especie de juez ordinario y no lo que es: un auténtico ente político sometido en este momento a todo tipo de vaivenes. El problema no es, señorías, si debe haber o no un recurso previo, como pretende el Grupo Popular -insisto, por la puerta de atrás- en la tramitación de este proyecto de ley; el problema es que venir a pedir una rendición incondicional frente a las decisiones del Tribunal Constitucional, un órgano que no atraviesa precisamente uno de sus mejores momentos y que adolece de graves problemas de legitimidad, y que lo hagan además aquellas fuerzas políticas que más lo han vejado y más lo han maltratado nos parece un ejercicio de cinismo descomunal. El Partido Popular debería retirar el recurso y no remar en contra de la voluntad expresada de forma muy mayoritaria por el pueblo de Cataluña y el PSOE debería hacer también la pedagogía necesaria y no introducir de forma falsa este debate acerca del recurso previo de inconstitucionalidad, sobre todo ante aquellos que quieren escarmentar políticamente al impenitente catalanismo y levantar un auténtico muro, una barrera infranqueable para el irredentismo catalán, es decir, trazar un raya, decir que hasta aquí hemos llegado, aislarnos en el otro lado y decir que en esta Constitución no caben las legítimas aspiraciones del pueblo de Cataluña. Esto, señorías, es lo mínimo que se puede pedir a un Grupo Socialista que en su día adquirió el compromiso de dar apoyo al Estatuto de Cataluña, es lo mínimo que se puede exigir, a la hora de hacer frente a este tema del estatuto, a un PSOE que afrontó la reforma como un bravo Sant Jordi y puede acabar al final como un escurridizo Poncio Pilatos. En todo caso, este es otro debate que ha salido a colación a través de distintas enmiendas del Grupo Popular, no es la cuestión que estamos tratando, pero lo que sí quiero anunciar, lógicamente, es nuestro voto favorable a la proposición de ley que en su día llegó a esta Cámara, teniendo su origen en el Parlamento de Euskadi, que ha sido muy mejorada durante su tramitación parlamentaria y que nuestro grupo abona y va a votar favorablemente.


Gracias, señora presidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.


Para mi grupo, el Grupo Vasco, este es un momento importante. Tras largos años y varias legislaturas batallando para conseguir evitar la continua judicialización del concierto económico, estamos a punto de lograrlo. Han sido muchas las intentonas -en varias he tomado parte directamente- que no pudieron ver la luz ante la cerrada oposición de los grupos parlamentarios, pero finalmente la coyuntura política ha determinado que esta vez sea posible.


En el trámite de esta proposición de ley, a través de una serie de enmiendas consensuadas entre el Grupo Socialista y el Vasco y apoyadas por el resto de grupos minoritarios, a los que en este momento quiero agradecer su gesto y su compromiso con el objetivo de esta ley, se ha mejorado su estilo y contenido, definiendo de una manera más precisa y depurada el sistema de recursos frente a las normas forales fiscales. Lo que se establece no es un trato diferenciado y, si quieren, privilegiado del concierto económico y de la normativa fiscal que en

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virtud del mismo se puede aprobar, antes al contrario. La modificación que llevaremos a cabo supone su equiparación al sistema de recursos e instancias a las que está sometida la normativa fiscal del Estado y la de cualquier otra comunidad autónoma, incluyendo entre ellas a la Comunidad Foral de Navarra. Si una asociación de comerciantes, pongo por ejemplo, no puede recurrir la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobada por estas Cortes Generales, no tiene sentido tampoco que pueda hacerlo contra la norma foral del IRPF en el territorio histórico de Vizcaya. Se reconoce así a la postre que las instituciones forales no son unas simples instituciones locales, sino que son hacedoras de derecho al más alto nivel, como lo es el sistema impositivo, al que la propia Constitución española reserva rango de ley, y que en esta labor no pueden ser sustituidas por ninguna otra institución, en concordancia con lo dispuesto por la doctrina del Tribunal Constitucional y el texto del Estatuto de Gernika. Estamos hablando en consecuencia de equiparar, no de diferenciar, y las ventajas de una reforma así son evidentes, aún más si cabe en una situación económica como la que nos encontramos, porque el uso y efecto de cualquier legislación fiscal debe gozar de una mínima seguridad jurídica, de una estabilidad cierta que permita a ciudadanos y a actores económicos actuar con confianza y apostar por inversiones. En consecuencia, siendo esto así, hay que dejar una cosa clara y diáfana.
Quienes claman contra esta reforma legislativa y al mismo tiempo dicen que defienden la existencia del concierto, faltan a la verdad -Partido Popular, doña Rosa Díez-; cuando intentan argumentar acaban recurriendo una y otra vez a los tópicos falsos y perversos sobre la supuesta discriminación que les supone la existencia misma del concierto. Es pues contra este contra el que van y por ende -y hay que señalarlo así- contra la disposición adicional primera de la Constitución. Lo del Partido Popular es imperdonable. Que ustedes se autotitulen defensores del concierto económico y que voten en contra de esta proposición no tiene justificación alguna. Desgraciadamente creen que les da mejor rédito electoral desacreditar y minar el concierto económico vasco desde instituciones autonómicas o locales mezclando churras con merinas.
Curiosamente no les oímos decir lo mismo que dicen en el caso del concierto vasco con el convenio de Navarra, que tiene un texto prácticamente idéntico. Van a votar en contra y también lo van a hacer los diputados vascos de su partido. Ya vemos el caso que le hacen al señor Basagoiti. Primero iba a convencer al señor Rajoy para votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley. Luego iba a convencerle en el trámite de ponencia y resulta que hoy hasta los señores Alonso, Astarloa y Azpiroz van a votar en contra. Ahora dice Basagoiti que va a evitar que se interponga el recurso. Desde luego su palabra ha demostrado no tener solvencia alguna. Y seguramente esto seguirá siendo así, el Partido Popular vasco es un partido absolutamente subordinado a las directrices e intereses emanados de la calle Génova. ¿Realmente no va a recurrir el Partido Popular esta proposición? ¿Ninguna de las instituciones controladas por él en las comunidades autónomas? Probablemente aparecerá -al tiempo- algún fingido díscolo con patente de corso desde alguna comunidad autónoma que les hará ese papel. Pase lo que pase, tenemos la absoluta convicción de que la redacción aprobada por la ponencia es perfectamente constitucional y mejora el esquema constitucional autonómico y fiscal.


Respecto a su enmienda para instaurar el recurso previo de inconstitucionalidad que han planteado -es su derecho, evidentemente- en una proposición del Parlamento vasco que no tiene nada que ver con ello -aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid- he de decirles lo siguiente: Estamos en contra. Lo estamos ahora y lo estaremos en el futuro a diferencia, según parece, de lo que pueda hacer el Partido Socialista. Lo digo por lo escuchado durante el trámite de Comisión.
Mucho se ha hablado de la tercera cámara en España, un Tribunal Constitucional que algunos quieren convertir -si no lo han hecho ya- en una tercera cámara deliberativa donde plantear y ganar batallas políticas que se han perdido en las urnas. No estamos dispuestos a que esto sea así. Los estatutos de autonomía, como bien saben todos ustedes, son textos imbricados directamente en la Constitución española. De su lectura conjunta con la Constitución, interpretando esta, es de donde podemos deducir cuál es el entramado político-institucional español, no contraponiendo la Constitución a los estatutos. El bloque de constitucionalidad no puede quedar al albur de lo que decidan doce personas por encima de la voluntad expresada en los parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. Y menos aún cuando se trata de textos que han sido ratificados por la voluntad popular. Si esto en nuestra opinión debe ser así, tanto más razón hay para que no se pueda recurrir un texto antes de su entrada en vigor. Pero esta cuestión no es sino algo anecdótico en la tramitación de la proposición de ley que hoy llevamos a efecto. Lo importante es que, por fin, se va completando de una manera coherente, a través de una proposición de ley que se inicio en las Juntas Generales de Vizcaya -quiero saludar en estos momentos a la presidenta de las Juntas Generales, que está en el hemiciclo-, la inserción del sistema de concierto en la estructura jurídico-institucional del Estado. Nos hubiera gustado -en la convicción de que la reforma hubiera sido aún más coherente- que no se hubiera limitado a las normas fiscales sino a todas las emanadas de las juntas generales de los territorios históricos, que de facto funcionan como tales. Pero ello no echa por tierra -antes al contrario, diría yo- el evidente avance y logro que supone que las normas fiscales vascas, como todas las demás normas fiscales, dispongan de un sistema de recursos que asegura que su vigencia no estará al albur del capricho de cualquier ciudadano. Es un hito importante, es un hito histórico y así lo valoramos desde el Grupo Vasco, un grupo que ha hecho

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esfuerzos, como bien conocen ustedes, en varias legislaturas para que este hecho se pudiera producir.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió para fijar posición en esta proposición de ley ante la cual, en planteamientos generales, hay dos grandes opciones. La opción planteada en solitario por parte de una diputada de esta Cámara, por parte de la diputada Rosa Díez, que es la opción de modificar la Constitución y suprimir el derecho foral y la disposición adicional primera. Esta es una opción de calado y es una opción que requiere evidentemente reforma constitucional. Pero queda una segunda opción que evidentemente es por la que nosotros nos inclinamos, que es la de adecuar la disposición adicional primera y lo que de ella se deriva, y el sistema de garantías constitucionales y de garantías de justicia constitucional al actual marco vigente en lo referente a las normas tributarias generadas por parte de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.


Más allá de los discursos que se han formulado esta mañana, señorías, yo no puedo hacer más que suscribir aquello que hace un momento ha expresado el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco desde esta tribuna. Me permito utilizar parte de mi tiempo para leer la literalidad de lo que vamos a votar esta mañana, la disposición adicional quinta que se incorpora en la Ley del Tribunal Constitucional: Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las normas fiscales en los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Igualmente el Tribunal Constitucional resolverá también las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial y otros aspectos y extremos de esta modificación legislativa.


Sería bueno que centrásemos el debate exactamente en lo que estamos discutiendo hoy, que es acomodar el juicio de constitucionalidad a nivel del Tribunal Constitucional, y no, como se da en estos momentos, en el ámbito del Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca. Creo que algunos grupos de esta Cámara creen en la justicia constitucional, como el Grupo Popular que aprovecha precisamente la tramitación de esta proposición de ley para plantear la modificación de la Ley del Tribunal Constitucional e introducir el recurso previo de constitucionalidad, aspecto al cual me voy a referir dentro de un rato.


Señorías, quiero expresar nuestro voto favorable a una tramitación que no se debe interpretar a la luz de la coyuntura ni del debate presupuestario, sino desde un punto de vista de largo alcance, desde el punto de vista del actual marco constitucional que nos dimos hace treinta y un años y desde el punto de vista de la adecuación, del garantismo en la evaluación de las normas a este marco constitucional o a la alternativa planteada por parte de la diputada Rosa Díez de modificar este marco constitucional. Es un ejercicio puro y estricto de coherencia, ejercicio de coherencia también del Parlamento vasco cuando aprobó con el voto de todos sus diputados, excepto de un diputado en acto de coherencia, el diputado de UPyD, esta iniciativa; esta iniciativa fue aprobada por el resto de los diputados de la Cámara. Se ha producido ciertamente una modificación de la posición del Partido Popular; se ha producido una modificación entre el voto en el Parlamento vasco y el voto en el Pleno del Congreso de los Diputados. En el debate inicial de toma en consideración, en el debate de totalidad, ciertamente se produjo una discrepancia dentro del Grupo del Partido Popular; por cierto, discrepancia que en estos treinta y un años de vida parlamentaria nunca se ha producido en ningún otro grupo parlamentario respecto a la motivación territorial y el voto en las Cortes Generales. Por lo tanto, nuestro voto favorable a esta iniciativa.


Y ya que el Partido Popular ha planteado un tema de tanto calado como la reintroducción del instrumento del recurso previo de constitucionalidad, figura que estuvo contemplada y vigente en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional desde el año 1979 hasta el año 1985, voy a hacer algunas consideraciones respecto a esta enmienda, enmienda que recibirá nuestro voto negativo porque no es el lugar, ni el momento, ni la ley para plantear una modificación sobre una norma de este calado. Es evidente, señorías, que si no se hubiera aprobado el actual y vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña y no hubiera pendiente un recurso de constitucionalidad sobre el mismo en estos momentos en el Tribunal Constitucional, seguramente no se habría suscitado este debate. Las normas de juego son las que son y tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional con las actuales normas de juego. Quizás podemos plantearnos algunos debates de fondo sobre aquello que se planteó en el momento constituyente, sobre el momento actual y sobre el futuro. Quiero recordar que un ponente constitucional, Miquel Roca, reveló recientemente en un artículo en la prensa que en la deliberación de la Constitución por parte de los ponentes constitucionales y en la Comisión Constitucional se sopesó hasta el último momento la posibilidad de que aquellos textos que fueran objeto de referéndum posterior por parte de la ciudadanía no tuvieran control posterior de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este fue un debate abierto hasta el último momento en la ponencia constitucional, este fue un debate de su momento, pero un

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debate que no es pertinente abrir en medio de la partida de juego que supone el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional. La posición de mi grupo parlamentario es que es muy oportuno que un texto refrendado por parte de la ciudadanía no tenga control de constitucionalidad posterior. Quiero recordarles, señorías, que por primera vez el Tribunal Constitucional está afrontando un control de constitucionalidad del texto de una ley orgánica notablemente singular como es una reforma estatutaria, una ley paccionada entre el Parlamento autonómico, las Cortes Generales y refrendada posteriormente por la ciudadanía. Es la primera vez en treinta y un años del sistema democrático vigente que estamos a la espera de una sentencia después del referendo de la ciudadanía. El Grupo Parlamentario Popular nos plantea recuperar la figura del recurso previo de constitucionalidad y en el debate en Comisión el Grupo Parlamentario Socialista nos anunció la apertura de una reflexión genérica sobre este recurso previo. Tengo que decirles que desde la posición de considerar que no tiene que existir recurso de constitucionalidad posterior al referendo de la ciudadanía, podríamos contemplar la opinión del Tribunal Constitucional con carácter previo a que las Cortes Generales emitieran su última opinión. Pero, señorías, si entramos en esta fase de reflexión, tendremos interpretaciones bastante distintas sobre el peso de la opinión del Tribunal Constitucional en este eventual informe previo a la última palabra por parte de las Cortes Generales; si estamos hablando del perfil clásico del recurso de inconstitucionalidad que operó desde el año 1979 hasta 1985, o si estamos hablando de un informe sobre el carácter constitucional de una ley que, al final, es al Poder Legislativo, es a las Cortes Generales a quienes les compete en última instancia, en representación de la soberanía y del efecto en este caso del Estatuto, y por tanto de norma pactada entre dos parlamentos, emitir la última opinión. Ciertamente, distintos órganos relevantes del Estado emiten opiniones previas a la tramitación de algunas leyes. Ustedes nos plantean que el Tribunal Constitucional también emita opinión previa de constitucionalidad antes de que se pronuncien las Cortes Generales. Pues bien, sobre el distinto carácter y perfil que podría tener la recuperación de esta figura es sobre lo que deberíamos reflexionar en profundidad y no, evidentemente, aprovechando la tramitación de la modificación de una norma que da la cobertura necesaria y garantista desde un punto de vista constitucional a las normas fiscales que producen los tres territorios de la Comunidad Autónoma vasca. Es por esto, señor presidente, que anuncio nuestro voto favorable a esta proposición de ley y evidentemente nuestro voto contrario a esta enmienda ya que ni es el lugar ni el momento oportunos, así como nuestra predisposición a dialogar sobre los puntos de partida de esta reflexión, que coincidiremos en que son discrepantes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Socialista para fijar la posición tiene la palabra don José María Benegas.


El señor BENEGAS HADDAD: Gracias, señor presidente.


Señorías, autoridades vascas, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco que asisten desde la tribuna a este debate, quiero decirles que es la cuarta vez que en diferentes trámites parlamentarios hemos debatido sobre esta proposición de ley del Parlamento vasco de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en relación con el problema de la protección jurídica de las normas forales tributarias. Por tanto, después de cuatro debates las posiciones de los grupos son muy conocidas y los argumentos también. De todas maneras, quiero señalar que a lo largo de la tramitación parlamentaria la propuesta del Parlamento vasco ha sido mejorada técnica y jurídicamente mediante enmiendas del Grupo Vasco y del Grupo Socialista, y el texto que va a salir de esta Cámara es más riguroso desde el punto de vista de su contenido y más riguroso jurídicamente que el que vino del Parlamento vasco.


En los debates que hemos mantenido con los opositores a esta propuesta, fundamentalmente el Grupo Popular -acabo de oír la intervención de la señora Díez, pero fundamentalmente me refiero al Grupo Popular-, me queda la duda sobre si se acaba de entender algo que resulta básico para comprender la razón y el fundamento de la posición del Parlamento vasco y de la proposición que proviene del mismo. Si no lo entendemos, se pueden hacer derivas que no tienen mucha conexión con la realidad jurídica y el concierto económico.


Hoy, señor García-Tizón, usted situaba su discrepancia diciendo que el camino elegido no era el correcto. No entraba en el fondo de la cuestión sino que decía que el camino no era el correcto -traer aquí la propuesta-, y que el correcto habría sido modificar la Ley de Territorios Históricos. No, señor García-Tizón, el problema no está en la Ley de Territorios Históricos, la cuestión deriva de la Constitución de 1978, que hace un reconocimiento de los derechos históricos no a una comunidad autónoma sino a unos territorios. Por tanto, para empezar, la foralidad es territorial y, segundo, el Estatuto de Gernika establece en exclusiva la competencia de legislar en el Parlamento vasco. Hay que entender esto y hay que hacer discursos coherentes, no como el de una persona que está hablando en el pasillo, que vota a favor de la Constitución de 1978, vota a favor del Estatuto de Gernika del año 1980 y ahora resulta que el problema reside en que hay que cambiar la Constitución y el Estatuto de Gernika que en su día voto; pero este es un problema de coherencia política. Deben entender que cuando, en virtud del sistema de concierto económico, las normas tributarias forales sobre impuestos concertados -es solo sobre impuestos

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concertados, es decir, renta, IVA, sociedades y sucesiones- regulan estos impuestos respetando el principio de presión fiscal equivalente, no están desarrollando ni están complementando leyes del Estado, están sustituyendo las leyes del Estado. Hacen la función de las leyes del Estado en los territorios forales, en los territorios históricos. Por lo tanto, los vascos pagan el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades o el IVA no en función de las leyes del Estado sino en función de las normas forales. ¿Cuál es el problema? Que las normas forales están desempeñando una función que corresponde a una ley; sustituyen a las leyes del Estado, pero no tienen rango de ley y, en consecuencia, algo que está sustituyendo a una ley puede ser recurrido por la vía contencioso-administrativa. Es decir, el problema, simplificándolo mucho, reside en la existencia de normas tributarias que cumplen las funciones de una ley sin tener rango de ley y sin la protección jurídica que esta tiene. Pues bien, añadiré además que creo que al aprobar esta proposición de ley estamos ajustando un poco más la foralidad a la Constitución de 1978, y les diré por qué. Porque el apartado 3 del artículo 31 de la Constitución señala que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Es lo que dice el artículo 31 de la Constitución. Y es así en toda España, excepto hasta ahora en el País Vasco por el carácter que tienen las normas forales tributarias. Esto lo ha salvado el Tribunal Constitucional diciendo que, aunque no tienen rango de ley, sí garantizan el principio de reserva de ley las normas forales tributarias.


Confieso que en los sucesivos debates -toma en consideración, ponencia, Comisión y hoy este Pleno- no he oído por parte del Partido Popular algún argumento serio y fundamentado contra esta proposición de ley del Parlamento vasco, además de la contradicción que supone haber sido votada por sus compañeros vascos allí y defendida por sus compañeros vascos en este Congreso. Sí he oído y leído muchos despropósitos y falsedades fuera de esta sede parlamentaria en alguna comunidad autónoma. Afortunadamente, lo que dice el señor García-Tizón por su tono y por su contenido poco tiene que ver con estas soflamas que se han oído fuera de este Parlamento y que en torno a este tema han ocupado páginas de periódicos regionales.
Es de agradecer, dado los tiempos que corren, que el señor García-Tizón haya defendido sus ideas y posiciones con mesura y con cordialidad parlamentaria. No obstante, le diré, señor García-Tizón, que en el Pleno en el que debatíamos la toma en consideración de esta proposición de ley usted dijo textualmente: Seguramente entre todos vamos a encontrar fórmulas que nos acerquen, porque no tiene ningún sentido que esta norma que, como digo -decía usted-, en el País Vasco goza de la más completa unanimidad, no tenga la posibilidad de salir adelante con la voluntad de todos. Pero, señorías -añadía usted-, unir Presupuestos Generales del Estado a un tema de tanta trascendencia no nos parece serio. Es decir, en el fondo, si se interpretan sus palabras, votaron en contra de esta proposición de ley porque querían impedir que los presupuestos generales para 2010 se aprobarán. Este es el fondo de su posición.


Quiero hacerle dos o tres consideraciones más. La primera es que cuando se dice que seguramente entre todos vamos a encontrar la fórmula que nos acerque, como dijo usted y que hubiera sido lo deseable, señor García-Tizón, hay que intentarlo, hay que buscarlo, hay que trabajar para que se produzca aquello que en su discurso era un deseo, y usted no lo ha intentado; ni poco ni mucho, no lo ha intentado. Yo sí lo he intentado; he intentado aproximar posiciones pensando en sus compañeros en el País Vasco, a los que respeto por su lucha contra el terrorismo y por los golpes durísimos que han recibido a lo largo de todos estos años; pensando en ellos he hablado con quien en su grupo parlamentario o en su partido podía cambiar esta posición, sin mucho éxito evidentemente. Pero yo lo he hecho y hemos intentado el acuerdo. La segunda consideración es que lo que fue un obstáculo en la toma en consideración de los Presupuestos Generales del Estado ya no lo es, se van a aprobar, luego ya no existe ese problema; se van a aprobar. Por lo tanto, no existiendo ese problema, podría ser un motivo para que ustedes cambiaran la posición y recuperáramos el consenso que vino del País Vasco. Quiero hacer una última consideración. Su compañero Basagoiti les ha pedido encarecidamente que no interpongan recurso de inconstitucionalidad contra esta proposición de ley. Háganle caso al menos en esto porque es bastante razonable.


Señor presidente, termino diciendo que creo que hoy es un día importante para la consolidación de la autonomía vasca. Vamos a resolver un problema que llevaba tiempo bloqueado. Tengan la seguridad de que no estamos hablando de privilegios, sino de tener un tratamiento en materia de normas tributarias idéntico a las de las demás comunidades autónomas y a las leyes del Estado. Finalmente quiero transmitirle al señor Sanz, presidente de La Rioja, y a los ciudadanos de La Rioja que puedan sentir inquietud con este tema, que, en general, en todas nuestras actuaciones podemos equivocarnos, pero nuestra concepción del Estado de las autonomías se fundamente en la lealtad constitucional y en la solidaridad. Por tanto, no tienen nada que temer de nosotros, de los socialistas. Y si algún día surgiera algún problema, tenemos el instrumento del diálogo para, entre comunidades autónomas vecinas, resolver cualquier discrepancia. En lo que se refiere a la enmienda que trata de recuperar de una manera oportunista, sin venir mucho a cuento, el recurso previo de inconstitucionalidad, ya es conocida la posición de mi grupo y en su consecuencia votaremos en contra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas.


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ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (Número de expediente 121/000030.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.


Para fijar la posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subimos a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con las enmiendas aprobadas al texto de la denominada ley ómnibus en el Senado. Teniendo en cuenta el número de ellas no vamos a hablar de todas, pero sí de algunas en la medida en que fueron votadas por nosotros en el Senado, pero sobre todo porque también han sido presentadas como enmiendas por nuestro grupo en el Congreso.


Inicialmente, señorías, me gustaría comentar que las dificultades que está teniendo esta ley, desde el punto de vista de incluso situaciones complicadas en el momento de su aprobación en Comisión en el Congreso y después con tantas enmiendas aprobadas en el Senado, son consecuencia de la rapidez y el poco tiempo que se dejó para poder discutir no solamente entre los grupos parlamentarios, sino también entre los diferentes sectores afectados por estas modificaciones. Ley que, si bien es verdad que traslada directivas de la Unión Europea, también es cierto que se aprovecha por parte del Gobierno para incorporar o incluir otros aspectos que no serían necesarios como los relacionados con los colegios profesionales o la regulación del transporte. Hoy tenemos una situación complicada incluso por lo que en el artículo 21 de esta ley se pretende regular, que es el transporte; cuestión que curiosamente no estaba contemplada dentro de esas trasposiciones de directivas europeas y que era necesario hacer. En este sentido -queremos centrar un poco nuestra posición con relación a las enmiendas del Senado-, nuestro grupo presentó en el Congreso una enmienda de supresión del artículo 21, el que regula el transporte, porque en su momento tuvimos posibilidad de diálogo con los diferentes sectores del transporte en general y del taxi en particular y todos nos transmitían la necesidad de afrontar la regulación relacionada con el transporte a través de la modificación de la ley actual, pero no aprovechando esta oportunidad de la ley ómnibus. Nuestra enmienda en el Congreso tuvo una singular suerte, en la medida en que fue aprobada pero por un error en la votación de algún diputado. Esa aprobación fue subsanada, llegando el artículo 21 al Senado, donde fue suprimido por otras enmiendas que también votó el senador de nuestra formación dentro del grupo de senadores nacionalistas. Quiero dar estas explicaciones porque, si bien nuestro grupo presentó esta enmienda, somos conscientes del trayecto que esta cuestión ha tenido desde el inicio de la tramitación de esta ley. Queremos reconocer como positivo el hecho de que, en el transcurso de ese trámite y por los diferentes avatares por los que ha transcurrido este artículo, hoy exista un acuerdo entre el Gobierno y distintas asociaciones del taxi o asociaciones de autónomos que nos podría permitir hacer una valoración diferente a la que hemos hecho hasta el momento en que mantuvimos nuestra enmienda de supresión.
Por eso, señorías, en este momento tenemos que transmitir a todos ustedes que nuestro grupo, en la medida en que estamos comprometidos también con la agrupación de taxis de nuestro país, Galicia, está analizando lo que nosotros entendemos modificación sustancial a través de ese acuerdo al que han llegado los profesionales del taxi, o parte de ellos, y el Gobierno, en la medida en que en su momento nos transmitieron la necesidad de la supresión de este artículo y en este momento, por un lado, nos están transmitiendo acuerdos con el Gobierno y que consideran conveniente la recuperación del mismo y, por otro lado, estamos asistiendo a que una parte del sector no comparte esta posición. Por tanto, en principio, con relación a esta enmienda del Senado nuestro grupo se va a abstener.


Vamos a votar favorablemente al apartado 2 del artículo 60, que tiene que ver con cuestiones técnicas relacionadas con los profesores de las autoescuelas, cuestión que para nosotros era importante, por lo que presentamos enmiendas en esta dirección en el Congreso. Vamos a votar favorablemente a la enmienda que se aprobó en el Senado para crear una nueva disposición adicional quinta que dice que, para garantizar la exigencia de proximidad en el ejercicio de su profesión, los procuradores de los tribunales, sin perjuicio del derecho de libre establecimiento, ejercerán únicamente en el territorio que dentro de su correspondiente ámbito determine el colegio de pertenencia. También queremos dar una explicación pormenorizada de nuestra posición favorable a la enmienda aprobada en el Senado por la que se crea un nuevo artículo 47 relacionado con la modificación de la Ley de 2005, que conocemos como del tabaco, en la cuestión relacionada con la posibilidad de dispensación de tabaco por parte de los quioscos o establecimientos de venta de prensa. Esta cuestión ya se suscitó en el momento de la aprobación de la ley, de tal manera que posteriormente el Gobierno aprobó el Decreto 2/2006, de 10 de febrero, para solventar este problema generado a este sector en la Ley 28/2005, del tabaco, a la que hacía referencia. En ese sentido, este real decreto -ya lo manifestamos también en su momento y presentamos iniciativas parlamentarias- no solamente no contemplaba debidamente la cuestión, sino

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que después el Gobierno hacía una interpretación sesgada o discrecional, que incluso nosotros valoramos que era, o es, porque sigue manteniéndose, una interpretación discriminatoria y desde luego nada objetiva con el sector. En estos momentos, la enmienda aprobada en el Senado deja claro que la dispensación de tabaco se puede hacer tanto en los quioscos de venta de prensa instalados en la vía pública, que era lo que inicialmente el Gobierno entendía a través de su Real Decreto 2/2006, como en aquellos establecimientos, quioscos de venta de prensa, que estén instalados en bajos que tengan entrada a través de la vía pública. Por otro lado, en la enmienda también se deja perfectamente claro, en la medida que se hace referencia a las letras b) y c) del artículo 8 de la Ley 28/2005, los establecimientos de hostelería que también podrán hacer esta venta del tabaco. Por lo tanto, entendemos que esta enmienda resuelve una cuestión que, desde nuestro punto de vista, era de justicia resolver. En consecuencia, señorías, vamos a votar favorablemente. Esperamos, además, que SS.SS. tengan en consideración esta vieja reivindicación del sector de venta de prensa porque es necesario recordar que esta venta de tabaco es esencial para los ingresos de un sector comercial que en estos momentos está en una situación de crisis que no es necesario que definamos porque todas y todos somos conocedores de ella. Esta es, señorías, nuestra posición ante aquellas enmiendas que para nosotros son fundamentales de las aprobadas en el Senado, independientemente de que de las otras aprobadas algunas las votaremos a favor, otras las votaremos en contra y en una minoría nos abstendremos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Como saben las señoras y los señores diputados, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Mantuvimos en aquel debate -con pocas enmiendas a la totalidad, todo hay que decirlo- que, entre otras cosas y en nuestra opinión, este proyecto nos recordaba precisamente a esas leyes de acompañamiento que teóricamente se han suprimido pero que de forma tan frecuente llegan con otras formas a esta Cámara. Ahora bien, esta no era la principal cuestión que nos llevaba a rechazar el proyecto de ley. Como ocurrió con la Ley marco sobre el libre acceso y ejercicio de actividades de servicios, este proyecto, desde nuestro punto de vista, excedía y excede con mucho la trasposición de la directiva y buena parte del contenido. Simplemente, no debería haberse sujetado a ese acuciante plazo de la trasposición de esa directiva, que es de diciembre del año 2009. El objetivo declarado del proyecto teóricamente era fomentar la creación de empleo por medio de la eliminación de -decían, dicen- barreras burocráticas, pero la realidad ha ido mucho más lejos que eso. Lo que se ha puesto en práctica es un modelo en el que el empresario lo que tiene que hacer es declarar que va a cumplir con los preceptos y demás regulaciones, sustituyendo así los trámites administrativos, pero suponiendo en algunos casos una desregulación radical, casi absoluta. La Directiva de Servicios establece que se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando no sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador del servicio.
Por ejemplo, cuando un control a posteriori se produzca demasiado tarde como para ser realmente eficaz. Pero el Gobierno no hace uso de esa importante previsión, eliminando, desde nuestro punto de vista, en exceso, el régimen de autorización y dejando subsistentes, como únicos regímenes restrictivos a la libertad de establecimiento, solo los de comunicación y de declaración responsable. Dicho de otra manera, existe permisividad para ciertas actuaciones de los agentes del mercado y hay una renuncia clara y explícita al control de lo público.


Es paradójico que, en esta crisis mundial en la que lo que se reclaman son reglas, el legislador y el Gobierno, que es quien nos trae este proyecto, lo que nos dice es que no haya reglas. Si ustedes se fijan en los debates más polémicos que han ido paralelos a esta ley, han venido de sectores que se han sentido desatendidos, desprotegidos y situados absolutamente a la intemperie, a partir de un marco que ha ido mucho más allá de lo que exigía la directiva. La realidad es que no se ha acertado en pensar que una reducción de esos controles públicos administrativos va a facilitar sin más la creación de empleo, no entendiendo que hay veces que se necesita de esos marcos. Son muchos los ejemplos que evidencian que el Gobierno ha planteado reformas que van más allá de esos principios y objetivos de la propia directiva y de su acuciante plazo de trasposición.
Además, ustedes lo saben, algunas modificaciones necesitaban de un debate mucho más reposado, más tranquilo y más sereno.


¿Cuál es el problema? Que el proyecto de ley modifica tantas leyes: la de prevención de riesgos laborales y la Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo, o la Ley del Servicio Postal Universal y la de la liberalización de los servicios postales. Modifica la Ley General de Sanidad, la Ley de ordenación de profesiones sanitarias, la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Hay modificaciones que afectan también a los servicios del transporte -y atención-, cuando ustedes saben que los servicios del transporte estaban expresamente excluidos del ámbito de la directiva. En este último caso además algunas modificaciones se producen sobre materias que ya están siendo objeto de revisión. Hoy existe una Ley de ordenación de los transportes terrestres, que actualmente está en discusión para su modificación; una Ley del Sector Ferroviario, que tiene su propio proceso liberalizador; una Ley del

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régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, que ya tiene también su tramitación. Lo cierto es que el Gobierno tenía prisas, creo que excesivas prisas, y que el Gobierno, más papista que el Papa, iba más allá que la directiva, siendo los líderes en la liberalización, ya no solo en el sector eléctrico -ley actualmente vigente que se ha demostrado fracasada a la vista de lo que ha acontecido en los países de nuestro entorno-, sino también hoy en materia de servicios y, en concreto, en materia de transporte.


Si bien el trabajo parlamentario de los grupos lo que ha hecho ha sido matizar algunas cuestiones y ha enriquecido el texto del Gobierno -y nuestro grupo ha introducido algunas enmiendas en la tramitación-, lo cierto es que nuestra valoración global de la ley, pese a ello, continúa siendo crítica, muy crítica. Para acabar les pondré un par de ejemplos, ejemplos que son claros. Me voy a referir al famoso y archiconocido artículo 21, que ahora el Senado ha eliminado en su tramitación. El artículo 21 modificaba la Ley de ordenación de los transportes terrestres, estableciendo que las autorizaciones del transporte público discrecional habilitarían para realizar servicios en todo el territorio nacional, y no había limitación alguna por razón de origen o destino del servicio. Este era el texto original. Hasta ahí querían llegar. Se encendió la luz de alarma y el PSOE, seguramente consciente de la transcendencia, introdujo modificaciones con un texto que contentaba en parte al sector, pero solo en parte. Introducía esa componente urbana en una enmienda que intentaba que, en lo relativo al transporte discrecional interurbano de viajeros, pudiera condicionarse reglamentariamente el origen o destino de los servicios. ¿Cuál es la cruda realidad? Que el texto no ha contentado a nadie, a nadie. La pregunta es: ¿Para qué tantas prisas? ¿Por qué tenemos que ir más allá de lo que marca la directiva? ¿Por qué si en la directiva se excluye un sector, el de transporte, este Gobierno progresista, que usted reclama, tiene que entrar en materia? No lo entendemos, no lo compartimos, hay un afán liberalizador que, vaya, si viniese de la mano de la derecha estoy seguro que desde la tribuna del Partido Socialista serían los primeros que lo criticarían. Pero es que más allá del contenido de esta pretendida modificación y de las alarmas más o menos justificadas, lo que teníamos que introducir era la necesidad en todo caso de regular con serenidad, y el problema engarza con lo que se ha comentado, con lo que he intentado trasladar: era innecesario procurar modificaciones en el sector del transporte. Pero este Gobierno ha intentado hacer lo que nosotros entendíamos como innecesario. Y en un claro ejemplo en el que se podría haber planteado un debate sereno, hemos ido con un debate a trompicones, con demasiadas prisas y con el sector en pie de guerra. Pues bien, yo creo que esta experiencia debería llevarles a una conclusión, que las leyes se tienen que hacer de forma distinta, con contenidos distintos pero también con métodos y tiempos diferentes; hablando en plata: ustedes han sido más papistas que el Papa trasponiendo la directiva, con un sentido más liberalizador de lo que mandaba Europa, y de esos polvos, estos lodos de una mala experiencia -yo creo para ustedes los primeros- en torno a la directiva. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por último, he de decir que coincidimos con lo que planteaba la portavoz del BNG en torno a la dispensación de tabaco en aquellos espacios que dispensen prensa, entendemos que es razonable con ese artículo 44 bis nuevo que viene del Senado. Simplemente quería añadir estas reflexiones a este proyecto de ley ómnibus, conocida como ley ómnibus, pero también conocida como un episodio más en el que el Gobierno es más liberalizador que lo que mandan las directivas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
Perdón, por el Grupo Vasco (EAJ-PNV).


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, por elevar el rango institucional que me corresponde de diputado a senador, que es la aspiración que nos caracteriza a todos los que estamos aquí y que antes o después seguramente por razones de edad conseguiremos.


El señor Azpiazu, en relación con este proyecto de ley importante que viene del Senado, que vamos a proceder a glosar, mi compañero don Pedro Azpiazu ha glosado una expresión que debería pasar a la nomenclatura parlamentaria en nuestra opinión, que es la expresión geótica. La expresión existe en su sentido etimológico; su significado etimológico hace referencia a las cuestiones relacionadas con la Tierra. En el sentido parlamentario, como con lucidez el señor Azpiazu comentó, consiste en la gestión del caos, que es un poco con lo que nos estamos topando en este debate tan atrabiliario de esta ley, que es una ley relevante, es una ley importante, no digo que no, pero es una ley mal concebida. Nosotros lo dijimos desde el principio, manteníamos reservas, primero, que no se puede pasar de la geometría variable en los usos parlamentarios a la geótica directamente, una cuestión puramente metodológica, pero teníamos también reservas mentales importantes respecto al contenido material de esta ley.


Mire, señora presidenta, cuando se creó la escuela de Bari en Italia, la creadora a su vez de la teoría o doctrina del uso alternativo del derecho, lo que proclamaban los estudiosos de la escuela de Bari, los catedráticos de esta universidad pedían al Parlamento italiano que siguieran en plena decadencia del parlamentarismo italiano haciendo leyes malas, insuficientes, que no resolvieran los problemas, porque a través de la práctica, del uso y de la interpretación alternativa de las normas se mejoraban; sin embargo, una redacción por parte del Parlamento italiano más cuidadosa seguramente empeoraría o quebrantaría más las situaciones objeto de regulación

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normativa. Algo así ha pasado. No se puede aprovechar o utilizar una ley para modificar nada menos que 47 normas de nuestro ordenamiento jurídico, 47, se dice pronto. Nosotros somos apologetas y creemos en la economía procesal, pero no hasta esos extremos tan desmesurados. No se puede dar un hachazo a la coherencia sistemática del ordenamiento jurídico modificando 47 normas a la vez, pero sobre todo no se puede hacer, señora presidenta, como se ha hecho en esta ocasión, 47 reformas normativas de 47 normas del ordenamiento jurídico español que originariamente -esto se ha podido arreglar afortunadamente en el debate parlamentario- constituían 47 invasiones competenciales.


Cuando se trasponen directivas, no es inusual la tentación del grupo gobernante de utilizar la trasposición de las directivas para vulnerar los títulos competenciales que corresponden a las comunidades autónomas.
Es una práctica bastante recurrente y bastante habitual, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo prohíbe modificar mediante el uso de la trasposición de directivas el orden institucional interno y las competencias en su distribución jurídica interna dentro de los Estados que conforman la Unión Europea. Pero además, se utiliza mediante un sistema más perverso todavía, que es la invocación de los llamados títulos competenciales impropios o no atributivos de competencias, como son el 149.1.1 de la Constitución, que prevé el principio de igualdad ante la ley, el 149.1.13, el 149.1.23, el 149.1.18, el 149.1.30 y otros que no son títulos competenciales -a tenor de lo que ya ha desagregado prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional- propios, no confieren al Estado la capacidad de legislar, en tanto en cuanto la capacidad de legislar esté previamente atribuida por el bloque de constitucionalidad y por los estatutos de autonomía a las comunidades autónomas.


Quiero agradecer al Grupo Socialista, lo quiero hacer públicamente, su sensibilidad en lo relativo a la resolución de los problemas competenciales, porque hemos salvaguardado, mediante enmiendas de nuestro grupo que han sido aceptadas por el Grupo Socialista y por algún otro de la Cámara, competencias que se vulneraban en el proyecto de ley que originariamente se presentó a esta Cámara, consistentes en cuestiones tan relevantes como la organización y régimen de funcionamiento de las instituciones de autogobierno, régimen local, normas procesales y de procedimientos administrativos o económico-administrativos de la Comunidad Autónoma vasca y de las demás, agricultura y ganadería, asistencia social, colegios profesionales, sector público propio, comercio interior, ferrocarriles, transportes terrestres, legislación laboral, propiedad intelectual e industrial. Todo esto se debe a transacciones y a acuerdos realizados. Reconozco y agradezco públicamente a las portavoces del Grupo Socialista su sensibilidad en relación con estas cuestiones de naturaleza competencial, pero resulta que esta ley se ha complicado terriblemente, a pesar de haberse resuelto satisfactoriamente las cuestiones competenciales, en relación con determinados y concretos aspectos de su contenido material que dimanan de enmiendas que han prosperado en la tramitación parlamentaria en el Senado, en la Cámara Alta.


Estas enmiendas son las que en estos momentos están provocando una conflictividad que se ha trasladado incluso a las calles que rodean el Congreso de los Diputados y a los accesos al aeropuerto. Nos estamos refiriendo en concreto a una enmienda, la 30152, que es la famosa enmienda relativa al artículo 21, que afecta al sector del taxi, respecto a la que mi grupo parlamentario mantiene la siguiente opinión. Ante la dificultad de apreciar una interlocución realmente vertebrada y que represente de forma visualizable, de forma clara la totalidad o, por lo menos, la mayoría de los intereses que afectan a este colectivo profesional, dadas las opiniones contradictorias que estamos apreciando entre unas y otras federaciones del taxi -si bien hay que decir que son de forma abrumadoramente mayoritaria contrarias al levantamiento de este precepto que se incorporó en el Senado-, vamos a mantener una posición de abstención en relación con el artículo 21 y, desde esa perspectiva, vamos a intentar -y sería una invocación que hacemos al Grupo Socialista- buscar elementos de consenso, puntos de acuerdo con las federaciones representativas de estos profesionales. Esto es lo que les sugeriríamos también respecto otras materias. Creo que aquí les ha perdido su desmedido afán por aplicar la directiva, incluso -como decía el señor Herrera- incorporando cuestiones que van más allá del propio contenido material de la directiva. Con esto nos estamos topando con muchos problemas de incardinación de los requerimientos de la directiva en nuestro ordenamiento jurídico, provocando muchas disfunciones, muchos girones que en estos momentos son difíciles de resaltar.


Hay otra enmienda, la 30153 del Senado, que hace referencia a las competencias de los colegios de procuradores y específicamente a su capacidad de autoorganización territorial a través de los usos y costumbres de la procura -es verdad que no existen en la mayoría de los países en el derecho comparado pero sí en algunos Estados- que no necesariamente coincide con el territorio de las demarcaciones judiciales. Nos parece muy pertinente mantener y respetar este sistema o estas competencias que tienen los colegios de procuradores -reconocidas por la ley que los regula, ya que son una corporación de derecho público como la mayoría de los colegios profesionales- de autorregular sus ámbitos territoriales de actuación y los lugares donde los procuradores pueden intervenir e interceder ante los tribunales. Son dos cuestiones polémicas que no pudieron ser transadas o cerradas por mi grupo parlamentario por esas pretensiones de exhaustividad en la trasposición de la directiva, que va mucho más allá de lo que la misma obliga a trasponer y que está provocando no pocos problemas en relación a la consistencia sistemática del ordenamiento jurídico. Señora Trujillo, a través de un proyecto de ley no se puede intentar reformar 47 normas sin que esto provoque severas desestructuraciones de la

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consistencia sistemática de un ordenamiento jurídico en donde muchas normas están conectadas con otras. No se pueden regular simultáneamente cuestiones atinentes a la problemática del vino, a las labores del tabaco, a la ley del tráfico, a la ley de seguridad vial, a la ley de transportes por carretera, a los quioscos, a los expendedores de gasolina, a las empresas de trabajo temporal y a las empresas que se dedican a la provisión de la formación profesional en sus distintas dimensiones. Esta es una pretensión de una exhaustividad metafísicamente imposible y yo creo que este es el error que se ha cometido y que nos lleva a practicar, como bien decía mi amigo y compañero Pedro Azpiazu, la geótica y no la geometría variable, la geótica en la acepción parlamentaria, es decir, la gestión del caos. Y la gestión del caos ha provocado la desafección de mi grupo parlamentario en algunos aspectos y la afección en otros, sobre todo en los de naturaleza competencial en donde la flexibilidad del Grupo Socialista ha posibilitado la salvaguarda de las múltiples competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de Gernika que el proyecto original enviado por el Gobierno vulneraba estrepitosa y aparatosamente.


Dicho esto, señora presidenta -y digo bien- en cuanto a las enmiendas del Senado, mi grupo parlamentario se va a abstener en relación con el artículo 21 del proyecto de ley y va a votar favorablemente a la incorporación en el Senado del respeto y mantenimiento de las competencias que la legislación vigente regula o atribuye a los colegios de procuradores. Acabo con esto, señora presidenta.


En cuanto a lo demás, haríamos una invocación o una invitación al grupo que apoyo al Gobierno a una reflexión ex post. No se pueden modificar 47 leyes a través de un texto normativo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a intentar hacerlo de forma desagregada y no tener por lo tanto que recurrir a esta geótica tan peligrosa que no consiste en tratar los temas de la tierra sino precisamente lo contrario, los temas vinculados al caos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Olabarría.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señora ministra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quisiera manifestar una serie de consideraciones globales respecto a la tramitación parlamentaria de esta ley, denominada parlamentariamente ley ómnibus. Entendemos que no se ha respetado el compromiso político planteado inicialmente entre el Grupo de Convergència i Unió y el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista. Si en el debate de totalidad pusimos encima de la mesa aspectos del proyecto de ley que creíamos que deberían modificarse -y así se nos aseguró que se haría por parte del Gobierno-, hoy en este último trámite debemos manifestar que desde nuestro punto de vista no se ha respetado este compromiso, a pesar -también hay que decirlo- de la voluntad negociadora de las portavoces parlamentarias socialistas, que en todo momento han intentado llegar a un acuerdo, aunque ha sido imposible ya que han existido barreras insalvables cuando realmente se hubiera podido producir el consenso. Del proyecto de ley se desprenden una serie de invasiones competenciales, que en este caso ostenta la Generalitat de Catalunya, que para nosotros son muy relevantes. Algunas de las regulaciones proyectadas chocan con competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como es el supuesto de los colegios profesionales, de acuerdo con el artículo 125 del Estatuto de Cataluña. Por este motivo pedimos en su momento la supresión del artículo 5. Asimismo algunas modificaciones laminan competencias compartidas de las comunidades autónomas para definir las corporaciones profesionales y los requisitos para su creación y para ser miembros de las mismas. Otras regulaciones, señorías, se dictan en contra de competencias ejecutivas que ostentan las comunidades autónomas con relación a la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 170 del Estatuto de Cataluña, el proyecto de ley contiene una previsión para la cual el Gobierno deberá aprobar un plan de asistencia pública dirigida a las empresas de menos de diez trabajadores.
A mayor abundamiento, señorías, algunas de las normas modificadas son objeto de revisión en otros proyectos de ley, como el de contratos de transporte, puertos, etcétera. Es más, algunas de las modificaciones en materia de prevención de riesgos laborales, como bien se señala por parte del Consejo de Estado, corresponden al ámbito del consenso y del diálogo social, extremo que no ha sido así. También podríamos añadir que en la tramitación del proyecto de ley se han incumplido aspectos con los que no podemos estar de acuerdo, como, por ejemplo, el sesgo contrario de los consejos autonómicos de colegios profesionales y los colegios autonómicos, o la introducción de un registro integral industrial. Por todo ello no nos podemos mostrar satisfechos con el texto global que se va a aprobar hoy; no es la trasposición de la directiva que nosotros queríamos y que entendíamos que necesitaba la economía española.


Respecto a algunas enmiendas que se han aprobado en el Senado -nosotros vamos a defender la mayoría de ellas, las más relevantes, con nuestro voto afirmativo-, quizás podríamos destacar la enmienda que va orientada a mantener el carácter exclusivo de la representación de los colegios profesionales y la supresión de

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la referencia a la colegiación obligatoria. También otra referida a prever que en determinados casos los colegios puedan reclamar la comunicación de los colegiados que ejerzan en un ámbito territorial diferente al de colegiación, a efectos del ejercicio de las funciones relativas a ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria. También la enmienda que pretende incluir a los colegios como sujetos requerientes del visado, incluido el visado de trabajos profesionales relacionados con los servicios de interés general. Hay otra enmienda que desde la perspectiva de Convergència i Unió también es relevante, que se refiere a mantener la territorialidad de los procuradores. Desde esta perspectiva, entendemos que es básico que se pueda mantener, porque de esta forma se puede plantear y se puede continuar una relación más directa entre el profesional, el procurador y los ciudadanos. Si consideráramos esta enmienda y la aprobáramos en este contexto, seguramente continuaríamos mejorando la calidad del servicio de este colegio profesional, de los procuradores.


Hay otra cuestión para nosotros relevante, que es la supresión en la Ley de Sociedades Profesionales del mantenimiento de los requisitos de derechos de voto y capital en poder de los profesionales. Hay otra enmienda que ha sido votada favorablemente en el Senado sobre la supresión de la modificación no requerida en la directiva europea, es decir, del artículo 21. Señorías, en relación a este conflicto, Convergència i Unió, en su momento, en el trámite en ponencia y Comisión, dirigió su voto a la supresión del artículo 21. Nos hicimos eco de una serie de manifestaciones, de reivindicaciones que diferentes sectores profesionales del taxi nos plantearon en la negociación de las enmiendas.
Es cierto que tenemos encima de la mesa una serie de dictámenes que van en contra de la directiva europea en la cual se excluye al transporte, con carácter general, de la pretendida modificación. También es verdad que la Confederación Nacional de Taxis de Cataluña ha rechazado esta reforma por unanimidad. Tampoco se ha hecho caso del dictamen del Consejo de Estado, que emitió un informe demoledor en el sentido de que este artículo 21 no fuera incorporado en la trasposición de la directiva ómnibus. Advertimos al Gobierno de que tendrían que hacer un esfuerzo adicional para intentar consensuar todas las voces que venían de los diferentes colectivos empresariales y profesionales. No fue posible. Es verdad que en las últimas 24 horas el Gobierno ha dado una serie de informaciones que, una vez leídas, intentando comprenderlas al máximo, se podría llegar a la conclusión de que el Gobierno va a en la buena dirección. Pero también es verdad que, una vez contrastadas con los sectores correspondientes, no hay fórmula humana de poder llegar a un consenso.


Saben que Convergència i Unió es un grupo político que intenta ser lo más serio posible en todas sus reivindicaciones. Difícilmente cambiamos de posición cuando se tramita un aspecto relevante como el que se está suscitando en estos momentos. Por eso nosotros, a pesar de que hemos escuchado al Gobierno y a las asociaciones decir que no estaban de acuerdo con que se suprimiera el artículo 21, vamos a mantener el voto que mantuvimos en la Comisión, que mantuvimos en el Senado y, lógicamente, vamos a votar favorablemente la enmienda que plantea la supresión del artículo 21. El Gobierno ha traspuesto una directiva que afecta a muchísimos artículos y a más de cuarenta leyes, y es muy difícil llegar a un consenso en 24 horas. Nosotros lo advertimos, planteamos al Grupo Parlamentario Socialista algunas de estas reivindicaciones y nos sabe mal que haya esta división en el sector y que, finalmente, se puedan producir estas disfunciones. Pero, repito, vamos a ser coherentes con nuestros planteamientos y todas aquellas enmiendas que han sido aprobadas en el Senado a instancias de Convergència i Unió o a instancias de otros grupos parlamentarios coincidentes con las enmiendas de Convergència i Unió, las votaremos favorablemente. Lamentamos que en este caso el Grupo Parlamentario Socialista y, consecuentemente, el Gobierno no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo con una serie de cuestiones que planteó Convergència i Unió cuando votamos en contra de las enmiendas a la totalidad. Nos queda un sabor muy amargo en la boca por aquellos aspectos que invaden las diferentes leyes que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y también nos quedamos con un sabor amargo en la boca por aquellos aspectos que hacen referencia al artículo 5, relativo a los colegios profesionales. Si, lamentablemente, a la trasposición de esta directiva se le da luz verde -no por los votos de Convergència i Unió-, desaparecerán muchos colegios profesionales de Cataluña y del resto del Estado español.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.(Rumores.) Silencio, por favor.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Celso Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el debate del proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocido coloquialmente con el nombre de ley ómnibus. Lo primero que quiero poner de manifiesto es que es un proyecto de ley que entró en esta casa el 19 de junio de 2009, no es un proyecto de ley que haya entrado hace dos días, y ha sufrido unas vicisitudes en el Congreso y en el Senado. Hoy debatimos las que han sido aprobadas en la Cámara Alta. Solo me voy a referir a aquellas que aluden a los colegios profesionales y a la Ley de ordenación del transporte terrestre porque no tendría tiempo para ocuparme de más cuestiones.


Pues bien, en materia de colegios profesionales la reforma de la ley fue impulsada por el Gobierno socialista desde una óptica, la de retirar facultades a los colegios

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profesionales y reducir su campo de actuación. Fue en la tramitación del Congreso de los Diputados, y como consecuencia de las enmiendas de este grupo parlamentario, por lo que el texto fue reorientado en visión de la garantía y seguridad del ciudadano, teniendo en cuenta el interés general, pero le quedaban algunos elementos que seguían orientados desde una óptica parcial.


El Grupo Parlamentario Popular cree en los colegios profesionales como una parte importante de la sociedad civil española. No son, como algunos han dicho, un obstáculo a la competencia; únicamente ordenan las profesiones bajo normas dadas por este poder, el Legislativo, y por el Gobierno. Las restricciones que pueden plantear los colegios se justifican por la necesidad de proteger un sistema de prestación de servicios profesionales de los que los ciudadanos son beneficiarios. Por ello, los colegios profesionales permiten que todos los ejercientes compartan las mismas reglas de juego, favorecen la competitividad de los mismos y evitan el intrusismo. Por eso, en la Cámara Alta nuestro grupo parlamentario presentó enmiendas posibilistas, realistas y con sentido común que fueron todas ellas -repito, todas ellas- aceptadas en el Senado, bien por aceptación directa o bien por transacción con otros grupos parlamentarios, porque aportaban coherencia, cohesión del texto, consenso parlamentario y apoyo al sector colegial.


Pues bien, nosotros hoy pedimos el mantenimiento a todos los grupos de esta Cámara de las enmiendas incorporadas referentes a colegios profesionales; la enmienda que hace referencia al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 3, la referente a la comunicación, que sí se puede exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de la colegiación; la enmienda que hace referencia a la necesidad de otorgar legitimación con ciertas condiciones a los propios colegiados para pedir que se realice el visado, al mismo tiempo que se reconoce a los propios clientes, a las administraciones públicas o cuando lo establezca el Gobierno, no por medio de un real decreto sino de una ley, y al mismo tiempo que se incorporen nuevos criterios como el de la salud, la seguridad e integridad de las personas, la prestación de los servicios de interés general, los servicios públicos o la protección del medio ambiente; pedimos que se siga manteniendo la enmienda a la nueva disposición adicional quinta, que establece la necesidad de excluir a otras entidades de unas funciones en relación con el visado que corresponden única y exclusivamente a los colegios profesionales; y asimismo pedimos que se mantenga la enmienda que hace referencia a los criterios de interés público que deben presidir la continuidad de la colegiación obligatoria, que deberá hacerse necesariamente por medio de un proyecto de ley y en el que hay que reconocer, como he dicho antes, garantías de prestación de los servicios de interés general y de los servicios públicos, pero con referencia a la protección del medio ambiente, a la conservación y a la administración del patrimonio de las personas. No se puede pretender que los colegios profesionales sigan existiendo si les cercenamos sus fuentes de financiación.


También quiero referirme a la enmienda a la disposición adicional sexta, relativa a los colegios de procuradores, una profesión que existe en nuestro país, que cumple una función social realmente importante y respecto de la cual nosotros, con el texto que viene del Senado, queremos que se pueda garantizar la proximidad en el ejercicio de su profesión sin perjuicio del libre establecimiento, pero ejerciendo en el territorio que dentro de su correspondiente ámbito determine su colegio de procedencia.
Esto no limita el interés general, esto no limita la libre competencia, pero pone coherencia y orden a lo que es desorden en el texto del proyecto gubernamental.


Señorías, finalmente también se ha modificado por este proyecto de ley la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y viene del Senado suprimido en su integridad el artículo 21. Y no solo como consecuencia de la actuación del Grupo Parlamentario Popular, que ha puesto en bandeja la solución y sus votos, sino porque ha buscado el consenso -y lo logró- en aquella Cámara de los demás grupos parlamentarios. Señorías, la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre no viene impuesta por la directiva comunitaria, porque expresamente excluye al sector del transporte dentro de los sectores que deben ser objeto de reforma. Por ello, nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados desde el primer día fue inequívoco: supresión de cualquier reforma que afecte a una ley que debe ser objeto de una modificación por medio de un instrumento jurídico especial, como sería una ley propia del transporte.
¡Anda que no han venido leyes a esta Cámara sobre esa materia en las que se podía haber discutido con suficiente amplitud, buscando el consenso con todos los grupos parlamentarios! Pero no, ha sido una posición de soberbia de los ministerios afectados por esta norma, del Ministerio de Economía, al ser más papista que el Papa, al ir más lejos en la trasposición de la directiva de lo que exigen las propias normas comunitarias, y también del Ministerio de Fomento, porque, conocedor de la importancia que tiene el sector del taxi en el transporte público, podía haber tenido la sensibilidad de poner coto a esas pretensiones del otro ministerio. No fue posible en el Congreso de los Diputados; solo pudimos modificar ligeramente esa norma por medio de una transacción que nosotros tampoco compartimos. Fue en el trámite del Senado cuando planteamos nuevamente la supresión y donde alcanzamos, como dije antes, un acuerdo, un consenso con la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto el Grupo Parlamentario Socialista.


Señorías, ¿por qué razones no se puede apoyar el artículo 21? Las he expuesto. Por razones de forma: La directiva comunitaria excluye expresamente las actividades de transporte, que son consideradas servicios de interés económico general. Por qué es inoportuna esta modificación: Porque se podía y se puede hacer a través

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de leyes sectoriales referentes al tema de transporte que hay en esta casa. Porque además el propio Consejo de Estado, como se puso de manifiesto, nos dice que no regulemos de esta manera reformas legales que afectan a sectores tan importantes. En definitiva, señorías, porque el Gobierno socialista, como en tantas materias, gobierna solo con una óptica, no buscando el consenso necesario no solo con todos los grupos políticos sino con la sociedad en su conjunto. En la calle, fuera de este Hemiciclo, hay un clamor, gente que no protesta por capricho, sino que traslada una preocupación seria en un momento de delicada situación económica, en que las pequeñas y medianas empresas, que al final son los taxistas, se sienten atemorizados por una competencia irregular que va a entrar como consecuencia de la aprobación de este artículo 21 y nosotros no vamos a ser cómplices en su mantenimiento, señorías. (Aplausos.) Por razones de fondo: Insisto, se va a crear una actividad del taxi en cierta medida paralela y desregularizada; se van a liberalizar las empresas de vehículos de alquiler con conductor que van a poder ir más allá de realizar las legítimas funciones que hoy realizan y que la sociedad también les agradece; porque se puede autorizar al transporte discrecional que realice servicios sin limitación de origen o destino del servicio y sin limitación del número de vehículos autorizados.


Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le preocupa que las leyes en este país se hagan bien, seriamente, en el marco adecuado, pero nos preocupan mucho más las 100.000 familias que dependen del sector del taxi, y nos preocupa también que pueda empeorar un servicio de calidad como es el servicio del taxi que hay en España. Señorías, el propio Grupo Parlamentario Socialista ha reconocido por boca de ilustres representantes que este proyecto de ley es inconveniente. El propio Grupo Parlamentario Socialista está planteando a última hora soluciones para intentar evitar el desaguisado que se ha materializado, y todo esto se hace con un proyecto de ley que entró en junio a discusión a esta Cámara.
¿Qué seriedad es esta en cuanto al trabajo parlamentario que se realiza?

Remato ya, señor presidente, con una apelación a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Más allá de que todos tenemos derecho a mudar nuestras opiniones en cualquier momento, es lo cierto que en el Senado de forma inequívoca se manifestaron rotunda y totalmente a favor de la supresión del artículo 21. No encuentro ninguna razón de fondo que justifique el que hoy se pueda variar una posición y que mude de ser una posición negativa a una posición de abstención. Es una postura respetable -insisto, respetable-, pero desde luego no es la postura justa ni la que espera la inmensa mayoría de nuestra sociedad, la inmensa mayoría del sector del taxi, que cumple una función importante en la economía de nuestro país. Señorías, es una oportunidad para mejorar una ley, y mejorar esta ley es suprimir también el artículo 21 de la Ley de Ordenación del Transporte.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Socialista tiene palabra doña María Antonia Trujillo.


La señora TRUJILLO RINCÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para exponer de forma breve la importancia y trascendencia de aprobar hoy este proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ambas leyes tienen por finalidad la trasposición de la Directiva de Servicios de 2006, para su incorporación al ordenamiento jurídico español. Una de ellas está publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el 27 de diciembre y la otra la aprobaremos definitivamente hoy en esta Cámara y entrará en vigor un día después, el día 28 de diciembre.


Voy a hacer una sucinta referencia cronológica. Hemos tenido un debate de totalidad en el Pleno de esta Cámara, rechazando la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Esta circunstancia no nos ha impedido llegar a acuerdos respecto a las enmiendas al articulado presentadas por este mismo grupo y también por otros grupos en la Comisión de Economía. Allí el trabajo fue intenso y los acuerdos, con carácter general, razonables. En el Senado ha sucedido lo mismo. Hemos trabajado con todos los grupos parlamentarios y hemos llegado también a acuerdos. Hemos compartido reflexiones y preocupaciones, faltaría más.
Obviamente esto ha servido para aproximarnos en determinados aspectos, en otros no ha sido posible, pero ha existido una gran colaboración parlamentaria en ambas Cámaras. Por ello, quiero agradecer a los grupos políticos, porque con todos algo hemos pactado, y a sus portavoces concretamente, y con independencia de los aspectos que aún nos separan y que no van a ser apoyados por todos, la disposición para colaborar con el Grupo Socialista y mejorar el texto final. Sobre todo quiero agradecer de forma especial el trabajo realizado por mis compañeras ponentes socialistas Marta Gastón y Meritxell Batet; ellas han llevado el grueso del trabajo y del proceso de diálogo, no solo en el ámbito parlamentario sino también con más de cien organizaciones y asociaciones con las que nos hemos reunido a lo largo de estos meses. Y ya saben SS.SS. que esta norma es una norma muy compleja, aunque muy rigurosa jurídicamente.


Como los socialistas no queremos desviar el debate ni centrarnos en cuestiones aisladas o en sectores no afectados, señorías, permítanme que hoy reitere en esta Cámara, en nombre de mi grupo, la importancia de esta ley para el sector servicios. En primer lugar, España cumple con la Unión Europea en el objetivo de alcanzar un auténtico mercado único de servicios europeo, eliminando barreras legales y administrativas. Se mejora el

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marco regulatorio y se gana en eficiencia, productividad, empleo y calidad de los servicios, tanto para los ciudadanos como para las empresas. En segundo lugar, España no ha desaprovechado esta oportunidad y ha dado un paso más en la reforma estructural del sector servicios, abordándola con un enfoque ambicioso para impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes y para crear una nueva relación entre el administrador y el administrado, en beneficio del consumidor y del usuario. En último lugar, los principios de buena regulación se extienden, en efecto, a sectores no afectados directamente por la directiva, pero ello para ganar en competitividad a nuestros socios europeos e impulsar la actividad económica en un sector como el de servicios, que es el más importante de la economía española, representando los dos tercios de la actividad económica. Esto hace, señorías, que esta ley sea una pieza fundamental en la estrategia para la recuperación y la modernización de la economía española. El sector servicios crecerá, a medio y largo plazo, en cerca de 200.000 empleos, con un aumento del PIB del 1,2 por ciento, y ganaremos en competitividad, consumo e inversión. Es una oportunidad única que no se puede desaprovechar.


Con esta ley se modifican 47 leyes estatales sectoriales y otros tantos sectores y a ello se sumarán las modificaciones en el ámbito autonómico y local. ¿Con qué objetivo? Primero, que los consumidores y usuarios de servicios accedan a una amplia gama de servicios de mejor calidad y de menor precio. Esto, señor Sánchez i Llibre, señor Delgado, no hará que los colegios profesionales desaparezcan en el ámbito autonómico ni que se les cercenen las competencias de financiación. Si no, señor Delgado, ¿cómo valoraría usted la información publicada en un periódico económico de que la ley ómnibus está originando una rebaja de las cuotas de los colegios profesionales, en este caso del Colegio de Abogados de Madrid, en un 67 por ciento? Bueno para los profesionales y bueno para los ciudadanos. En segundo lugar, que las pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores autónomos, verán reducidos sus costes y ampliadas sus oportunidades de negocio, y las administraciones públicas ahorrarán recursos en los procesos de simplificación y utilización de medios telemáticos, aumentando los ingresos fiscales por el propio dinamismo del sector.


Señorías, los socialistas no estamos hablando ni queremos hablar solo de un par de temas que hayan podido trascender a la opinión pública y que hoy se han reproducido en este hemiciclo. Estamos hablando de auténticas reformas estructurales en nuestro país en casi todos los sectores: energético, transporte y comunicaciones, servicios profesionales, ámbito laboral y Seguridad Social, servicios industriales y de la construcción, medioambientales y de agricultura, etcétera. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor.


La señora TRUJILLO RINCÓN: Los socialistas pensamos en el interés general, señor Delgado, y no en privilegios de determinados sectores ni de determinados partidos. Esta ley vuelve del Senado con algunas enmiendas y es cierto que allí se ha mejorado el texto. Por eso, algunas enmiendas serán votadas favorablemente por el Grupo Socialista. Otras no, no las apoyaremos, no puede ser, a pesar de que los socialistas lo hemos intentado en beneficio de los ciudadanos, las empresas y el país, hasta el último momento. No hay argumentos suficientes en contra para votar en otra dirección. Pero no debemos detenernos en un sector determinado, sobre todo si se trata de un sector no regulado en esta ley estatal. No nos equivoquemos, señorías, esta ley no es una ley del taxi. Para regular el sector del taxi ya están la comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que tienen competencia. Aun así, hemos avanzado, comprometiéndonos a suprimir tres líneas del artículo 134 en la redacción dada por el artículo 121, que SS.SS. no han querido aceptar, sabiendo concienzudamente que todo esto satisface los intereses de todo el sector.
No podemos decir, como dice su grupo, señor Delgado, que queremos reformas estructurales, que queremos liberalizar y privatizar, y luego apoyar en este hemiciclo lo contrario. Como dije en una ocasión, no se puede ser liberal de cintura para arriba y paternalista de cintura para abajo. (Aplausos.) Los socialistas hemos dado sobradas muestras en este proyecto de ley de cómo legislar para todos en función del interés general. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora TRUJILLO RINCÓN: Lo hemos hecho en todos los sectores, incluidos los colegios profesionales, que, con nuestro apoyo, hoy verán mejorada su regulación. En momentos de dificultad económica, me resulta difícil entender que algún grupo político, y especialmente el Grupo Parlamentario Popular, vote en contra de este proyecto de ley si atendemos al impacto que sobre el progreso económico y el empleo va a tener. Los representantes del Partido Popular siempre están instando al Gobierno a llevar a cabo reformas estructurales de calado -se lo he escuchado decir en esta tribuna al señor Rajoy y al señor Montoro-. Pues bien, ahora es el momento de que voten estas reformas estructurales de calado, porque este es un proyecto que va en esta dirección. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora TRUJILLO RINCÓN: ¿Dónde está el espíritu reformista liberal de la derecha de este país? ¿Dónde están los liberales en el Partido Popular? Desde luego, en los escaños de la derecha yo no los veo ahora.
Señorías, por encima del interés del partido está el interés general.
Demuéstrenlo, porque tienen una oportunidad. En el apartado 4 del decálogo económico que presentaron ayer en la Conferencia de Presidentes mencionaban precisamente lo que hoy van a votar en contra:

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acometer las necesarias reformas en los sectores estructurales básicos de nuestra economía. Pues ahora tienen una oportunidad para votar a favor de la liberalización del sector, ustedes que son liberales, porque los socialistas a lo largo de treinta años de democracia hemos dado sobradas muestras de acometer las reformas económicas más difíciles de este país en beneficio de todos los ciudadanos, en beneficio de las empresas.


El Grupo Parlamentario Socialista por eso apoyará las enmiendas que vienen del Senado y que mejoran los sectores regulados en la ley ómnibus. Por tanto, señorías, les ruego que no se contradigan y que se sumen al interés general y al interés del sector servicios en nuestra economía.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Trujillo. Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES. (Número de expediente 121/000036.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento.


Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar votamos las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales. Votamos el dictamen de la norma antedicha.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 341; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por tener la iniciativa carácter de orgánico, procedemos a la votación de conjunto. Debe obtener los 176 votos correspondientes.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 343.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad y, por supuesto, cumpliendo el requisito exigido por la ley. Queda aprobada en su conjunto.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Fernández Davila, todas ellas en bloque. ¿No es así, señora Fernández Davila? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, ocho; en contra, 335.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos, también en bloque, todas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se votan conjuntamente. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, cinco; en contra, 334; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar votamos las enmiendas números 88, 89, 95, 99, 102, 103, 104, 112 y 114.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 154; en contra, 182; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos las enmiendas del mismo grupo números 105 y 110.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 157; en contra, 180; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 100, 101, 107 y 113, del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, cuatro; en contra, 330; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 96, del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, seis; en contra, 332; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, de este grupo votamos las enmiendas 98, 108, 109 y 111.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, seis; en contra, 332; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y advierto a los portavoces que se ha modificado el cuaderno de votación para pasar a votación separadamente las enmiendas 74, 75 y 76. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Comienza la votación de estas tres enmiendas de modo conjunto. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 151; en contra, 191; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos el resto de enmiendas del Grupo Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 154; en contra, 186; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos el texto del dictamen de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 183; en contra, 158; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Por tratarse de una iniciativa con carácter orgánico, a continuación sometemos a votación de conjunto el proyecto, que para su validación debe obtener 176 votos. Con el carácter de orgánico, por tanto, se inicia la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 184; en contra, 158; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobado en la votación de conjunto el mencionado proyecto de ley. (Aplausos.)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 125/000011.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos las enmiendas presentadas a la proposición de Ley Orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.


Sobre este proyecto existe una propuesta de corrección de errores de carácter terminológico en la proposición de ley orgánica, a fin de que se sustituya en el apartado 1, último párrafo del preámbulo, la referencia que se hace al territorio Araba-Álava por la mención únicamente de Álava.
¿Están de acuerdo SS.SS. en que así se haga la modificación terminológica? (Asentimiento.) Así se hará la corrección terminológica anunciada.


Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a esta proposición, todas ellas de manera conjunta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 147; en contra, 194; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


A continuación votamos el texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 192; en contra, 147; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


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VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Por tener la iniciativa carácter de orgánico, hemos de proceder a la votación de conjunto, para la que ya saben que ha de obtenerse la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de derecho.


Comienza la votación con carácter de orgánica. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 194; en contra, 147; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la iniciativa en la votación de conjunto.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. (Número de expediente 121/000030.)

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.


En primer lugar votamos las enmiendas al índice.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 159; en contra, 183; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas a los párrafos primero, quinto y noveno del preámbulo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 158; en contra, 183; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas al preámbulo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 339; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de la enmienda al artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda al artículo 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 332; en contra, 10; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 1.3 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 160; en contra, 180; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 2.5 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 149; en contra, 193; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 3.3, párrafo segundo, de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 159; en contra, 183; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda al artículo 5, en lo relativo al punto 3.3 párrafo tercero, relativa a la nueva letra u) del artículo 5 y al apartado 10.1 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 10.2 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 332; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 10.4 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 332; abstenciones, 11.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 11.1 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 332; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 13.1 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 160; en contra, 180; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 14 de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 341; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 5, en lo relativo a la disposición adicional quinta, de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 164; en contra, 176; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo a la disposición adicional sexta, de la Ley 2/1974.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 168; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda al artículo 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 158; en contra, 183; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda al artículo 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 14.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 159; en contra, 182; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda al artículo 21, apartado 9, relativo al artículo 134 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres, en lo referido a la supresión del inciso final desde "si bien las autorizaciones..." hasta el final del artículo 134.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 343.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


A continuación votamos el resto de las enmiendas al artículo 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 166; en contra, 169; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda al artículo 22.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación a la enmienda al artículo 22 bis, nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de las enmiendas al artículo 23, en lo relativo al apartado 3 a) y c) del artículo 40 de la Ley 39/2003.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 158; en contra, 184; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 23, en lo relativo a la supresión de la nueva disposición transitoria séptima de la Ley 39/2003.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 160; en contra, 182; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 26.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 159; en contra, 183; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda al artículo 32.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 339; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 39.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 341; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda al artículo 44 bis, nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 333; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda a la disposición transitoria tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 158; en contra, 183; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda a la disposición transitoria cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 159; en contra, 182; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda a la disposición transitoria sexta, que es nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 330; en contra, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda a la disposición final primera, en lo relativo a la referencia al artículo 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 162; en contra, 172; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda al resto de la disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda a la disposición final quinta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 342; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, habida cuenta de la hora en que nos encontramos y que el examen de cualquier otro punto no podría culminarse dentro del horario que tenemos establecido, las resultas de este Pleno quedarán para el siguiente.


Se levanta la sesión. (Aplausos.)

Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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