DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 133, de 17/12/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 133
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 125
celebrada el jueves, 17 de diciembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley por la que se regula el sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de
autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie A, número 37-1, de 18 de septiembre de 2009.
(Número de expediente 121/000037.) ... (Página 4)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 38-1, de 18 de septiembre de
2009. (Número de expediente 121/000038.) ... (Página 4)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de
diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 215-1, de 11 de
diciembre de 2009. (Número de expediente 124/000004.) ... (Página 4)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la ley para la ejecución
en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la
comisión de infracciones penales. "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie A, número 36-1, de 4 de septiembre de 2009. (Número de expediente
121/000036.) ... (Página 16)
- Proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo. "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie A, número 41-1, de 2 de octubre de 2009. Corrección de error en
BOCG, serie A, número 41-2, de 5 de octubre de 2009. (Número de
expediente 121/000041.) ... (Página 20)
- Proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 11-1, de 11 de abril de 2008. (Número de
expediente 125/000011.) ... (Página 31)
Enmiendas del Senado. (Continuación):
- Proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 30-1, de 19
de junio de 2009. (Número de expediente 121/000030.) ... (Página 39)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 48)
Proyecto de ley por la que se regula el sistema de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de
autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.... (Página 4)
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas ... (Página 4)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página 5)
Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre,
reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial ... (Página 5)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González,
Oramas González-Moro y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario
Mixto; Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal
Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mármol Peñalver,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la
que se regula el sistema de financiación de comunidades autónomas de
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las comunidades autónomas.
Se somete a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, siendo aprobada.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página 15)
Proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre,
reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial ... (Página 15)
Sometida a votación la proposición de ley de modificación de la Ley
22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación
Interterritorial, se aprueba por 193 votos a favor, 141 en contra y tres
abstenciones.
Intervienen la señora Sáenz de Santamaría Antón y el señor Alonso Suárez.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 16)
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución
en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la
comisión de infracciones penales.... (Página 16)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Gallego Barrero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo ... (Página 20)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández
Davila y Barkos Berruezo, el señor Salvador Armendáriz y la señora Díez
González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma y
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras
Tarruella Tomàs y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y el señor Cervera Soto, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea
Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Montón
Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial ... (Página 31)
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor García-Tizón
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas
González-Moro y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Benegas Haddad, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Enmiendas del Senado. (Continuación) ... (Página 39)
Proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
... (Página 39)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila,
del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado
Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Trujillo
Rincón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página 48)
Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea
de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones
penales, se aprueba por 341 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 343 votos a favor.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así
como el texto del dictamen.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 184 votos a favor, 158 en contra y una
abstención.
Se someten a votación las enmiendas a la proposición de ley orgánica de
modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial, así como el texto del dictamen.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de iniciar el examen del orden del día quiero avisar a SS.SS. que en
la presente sesión plenaria está incluido el debate y aprobación de
enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas. En el supuesto de que se incorporase alguna
enmienda por decisión del Pleno de las procedentes del Senado, exigiría
votación de conjunto, que no tendría lugar antes de las diez horas de
esta mañana. Del mismo modo, en esta sesión plenaria vamos a examinar
tres iniciativas legislativas que tienen carácter de orgánico: el
proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial y complementaria para la ejecución en la
Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso; el proyecto de ley
orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, y la proposición de ley orgánica de modificación de las
leyes orgánicas del Constitucional y del Poder Judicial. El carácter
orgánico de estas tres leyes exige votación de conjunto, que en ningún
caso se producirá antes de las doce horas de esta mañana. En
consecuencia, y tras las múltiples modificaciones al orden del día
propuestas por la Junta de Portavoces y aprobadas por el Pleno, vamos a
examinar, en primer lugar, el punto IX, que son enmiendas del Senado a
las proposiciones y la nueva proposición de financiación de comunidades
autónomas. Después vamos a examinar los dictámenes de comisiones
legislativas, entre las que están la orgánica de ejecución en la Unión
Europea de resoluciones de decomiso; posteriormente examinaremos la de
salud sexual, reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo; a
continuación, las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación
de diversas leyes para su adaptación al libre acceso de servicios y su
ejercicio; votaremos, y una vez efectuadas las votaciones examinaremos
las interpelaciones que quedaron pendientes como resultas del día de
ayer.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE
AUTONOMÍA Y SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de
expediente 121/000037.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE
22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número
de expediente 121/000038.)
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE
DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.
(Número de expediente 124/000004.)
El señor PRESIDENTE: Hechas estas informaciones previas, podemos pasar a
examinar los puntos 32, 33 y el nuevo punto relativo a la tramitación
directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la
que regula el Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Desea el Gobierno
utilizar el turno? (Denegación.) No desea utilizar el turno que le
corresponde reglamentariamente para presentar los proyectos. Vamos a
examinar las enmiendas del Senado. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Mixto desean hacer uso de la palabra el señor Jorquera, la
señora Oramas y la señora Díez. ¿Es así? (Asentimiento.) Vamos de menor a
mayor, en consecuencia, la señora Díez, doña Rosa, tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, por mi parte repetiría el debate que
sostuvimos hace unas semanas en relación con la enmienda a la totalidad
presentada al sistema de financiación autonómico... (Rumores.) Señor
presidente, no oigo, no me oigo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la diputada no puede hacer uso de la
palabra si no bajan un poco el volumen de sus conversaciones. Comprendan
que desde la tribuna se oye la reverberación mucho más y el llamado
"efecto cóctel" de las conversaciones privadas resulta a veces
insoportable. Les rogaría que tengan la bondad de rebajar el volumen.
Adelante, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Me ha corrido el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Le contaré el descuento de mi intervención.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Digo que se repite, desde mi punto de vista, el debate que tuvimos cuando
se tramitó la enmienda a la totalidad presentada por mi parte en contra
del sistema de financiación recientemente aprobado. No es ningún secreto,
por tanto, nuestra posición negativa a un sistema que a mi juicio no
resuelve ni los problemas de igualdad ni los de solidaridad ni los de
justicia de los ciudadanos que viven en cualquier parte de España, porque
estamos hablando de la financiación que afecta a las leyes que regulan la
vida de los ciudadanos, y estas leyes que hoy se nos someten devueltas
para votación con las enmiendas que vienen del Senado proceden de un
sistema de financiación autonómica que es producto de un modelo diseñado
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña pactado inicialmente entre los
dos gobiernos, entre el Gobierno nacional y el Gobierno catalán. Ayer
mismo precisamente, en la entrega de los premios periodísticos, el
parlamentario que recibió uno de ellos explicó -era un parlamentario del
Partido Socialista en Cataluña- cómo realmente no había podido intervenir
en este debate porque se había producido un acuerdo entre dos gobiernos y
cuando a él le habían dado la oportunidad realmente había tenido muy poca
opción para intervenir. Por tanto, efectivamente es un acuerdo entre dos
gobiernos que cuando ha llegado al debate, incluso con las comunidades
autónomas, al órgano que le correspondería, ha llegado sencillamente para
su ratificación. Lo verdaderamente grave desde mi punto de vista es que
ha sido la propia Administración General del Estado la que ha propiciado
lo que podríamos calificar, aunque sea entre comillas y en minúsculas,
como un fraude, contando para ello con el apoyo de quienes ni siquiera
creen en el Estado y pretenden únicamente su vaciamiento y su
deconstrucción, algo que, por cierto, están consiguiendo con un elevado
grado de éxito y también de celeridad.
El nuevo modelo, señorías, señora vicepresidenta, parte de las
desigualdades y defectos del anterior. No los resuelve y añade nuevos
errores. No se trata de un debate ideológico, créame; es sencillamente
una comparación de lo que era el modelo anterior, de las dificultades que
tenía, de la necesidad de que se revisara alguna de sus partes,
fundamentalmente aquella que tiene que ver con el incremento de la
población y de los gastos derivados precisamente de la aplicación de los
servicios básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales
a esa nueva población que había que adaptar, naturalmente; pero no
solamente no resuelve esos problemas, sino que añade problemas nuevos. El
nuevo modelo profundiza la insolidaridad, la discriminación,
discriminando a los ciudadanos habitantes de las regiones menos ricas.
Recuerden que un tercio de los recursos van hacia Cataluña. Tampoco es un
problema de Cataluña, es decir, no hay que echarle la culpa -desde luego
no es mi caso- a la negociación que hayan podido hacer los partidos
políticos catalanes o el Gobierno catalán, no. Es un problema de
responsabilidad, en este caso de falta de responsabilidad, a la hora de
regular un sistema que sea justo, solidario, igualitario, que garantice
la igualdad y la justicia al conjunto del Estado. No es, por tanto, una
responsabilidad de quien ha reivindicado una mayor cuota de participación
desde Cataluña sino una responsabilidad del Gobierno de la nación, que no
ha sabido hacer los deberes que le corresponden como Gobierno de la
nación de garantizar la igualdad y la solidaridad entre todos los
ciudadanos. Además es un modelo que multiplica por diecisiete el riesgo
de fraude fiscal, como tuve oportunidad de explicar anteriormente cuando
teníamos más tiempo para este debate, y además es un modelo que favorece
el despilfarro, porque apunta y distribuye en sus presupuestos unas
cantidades hacia las comunidades autónomas muy por encima de la capacidad
real, muy por encima de lo que luego se va a recaudar. Por tanto, no
establece a las comunidades autónomas ninguna capacidad para ser
responsables a la hora de gastar porque luego, además, si gastan por
encima de aquello que finamente se les va a destinar, el Gobierno, como
todos ustedes saben, retrasa durante un cierto tiempo -un año, dos años,
tres años- la devolución de esas cantidades y, por tanto, no se fomenta
la responsabilidad de las comunidades autónomas. Por otra parte, este
modelo representa un paso atrás en el camino de la corresponsabilidad
fiscal, como les decía. Por poner otro ejemplo, el Gobierno de la nación
primero suprime a las comunidades autónomas el impuesto de patrimonio
-cedido incluso, como saben ustedes muy bien, con capacidad normativa- y
luego se lo compensa; o sea, las comunidades gastan automática y
autónomamente y luego le pasan la factura al papá Estado.
En definitiva, creo que hemos perdido, han perdido -pero al final los
platos rotos los pagamos todos-, ha perdido el Gobierno y hemos perdido
como nación, como país, una oportunidad para establecer un sistema basado
verdaderamente en la igualdad y en la solidaridad entre españoles,
poniendo limitaciones a ambos principios que son los que establece este
modelo, a la igualdad y a la solidaridad, porque, señorías, señora
vicepresidenta, como todo el mundo sabe, no podemos ser iguales al 75 o
al 80 por ciento, que son las normas que regula este nuevo sistema de
financiación. Hay cosas que se dice que favorecen la igualdad, pero al 75
o al 80 por ciento, y si somos iguales al 75 o al 80 por ciento,
sencillamente no somos iguales. En definitiva, se ha perdido una
oportunidad para diseñar un sistema estable y duradero, justo y
solidario, y por eso tienen el rechazo de esta parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señoras y señores diputados, Coalición Canaria reafirma
su apoyo a estos proyectos de ley sobre financiación autonómica en el
punto final de su tramitación parlamentaria, reiterando sus argumentos ya
expuestos aquí en la votación del dictamen del 12 de noviembre. Entonces
reconocíamos que habíamos recibido el proyecto de ley con reservas porque
inicialmente se incluían elementos que amenazaban no solo el fuero
histórico de Canarias sino también el mismo sistema de sostenimiento de
los servicios públicos de los canarios. Resultaba especialmente
inaceptable la introducción de una disposición adicional que suponía el
recorte para nuestra comunidad autónoma del Fondo de Suficiencia del
sistema, que afecta al mantenimiento de la educación, la sanidad y los
servicios sociales. Esa disposición adicional segunda era aún más
rechazable teniendo en cuenta que Canarias está sufriendo la crisis
económica y el paro con más dureza que el resto de España. Sin embargo,
durante el trámite parlamentario conseguimos hacer valer el sentido común
y la equidad para que no se atentase ni contra nuestro fuero histórico ni
contra el derecho de los canarios a percibir la misma financiación que el
resto de los ciudadanos. A través de nuestras enmiendas, que contaron con
la comprensión del grupo del Gobierno y de otras fuerzas políticas, lo
cual agradecemos sinceramente, pudimos salvar la integridad de nuestro
Régimen Económico y Fiscal, que se conculcaba claramente en los dos
proyectos iniciales de las leyes que regulan la financiación autonómica.
También se ha impedido que se produjera un duro recorte en la
financiación que corresponde a Canarias y hemos aumentado, y esto es muy
importante, nuestra capacidad decisoria sobre dos impuestos propios de
nuestra comunidad, el IGIC y el AIEM.
Por todo ello, reiteramos hoy en la votación final de estos proyectos de
ley nuestro apoyo a unas leyes de financiación autonómica que van a
condicionar tanto la vida de los ciudadanos en los próximos años y que
son precisamente las que garantizan la sostenibilidad de los principales
servicios públicos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, voy a procurar ser breve dado que el debate a
la totalidad sobre la reforma del sistema de financiación autonómica ya
se sustanció en esta Cámara. Ahora toca fijar posición respecto a las
enmiendas introducidas por el Senado. En ese sentido anuncio el apoyo del
Bloque Nacionalista Galego a las cuatro enmiendas aprobadas en el Senado
a la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, como
apoyaremos también bastantes enmiendas que afectan a la ley del sistema.
Sabemos, en función de la interlocución previa mantenida con otros grupos
parlamentarios, que estas enmiendas introducidas por el Senado tienen
pocas posibilidades de prosperar en esta Cámara. Desde nuestro punto de
vista, mejoran algunos aspectos de los proyectos de ley en tramitación,
pero en cualquier caso, y aun en el caso de que fuesen aceptadas, no
introducen cambios sustanciales que modifiquen nuestra posición respecto
a la reforma del sistema de financiación en marcha.
Desde nuestro punto de vista, y como ya hemos explicitado, la reforma no
avanza de forma suficiente en autonomía y en corresponsabilización fiscal
de las comunidades autónomas, se rompe el principio de equidad, no
garantiza la suficiencia financiera de Galicia y de consolidarse esta
reforma Galicia perderá posiciones relativas al convertirse la población
en el principal factor de ponderación y no ponderarse de manera adecuada
factores que en Galicia tienen un extraordinario impacto
en el coste de los servicios públicos, como son el envejecimiento de la
población y la dispersión poblacional. A este aspecto me voy a referir de
manera singular, porque una de las enmiendas introducidas en el Senado se
refiere precisamente al mismo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i
Mestres, ocupa la Presidencia.)
Desde nuestro punto de vista, la demostración evidente de que la
dispersión poblacional no está suficientemente ponderada en cuanto a
evaluar su impacto en el coste de los servicios es el hecho de que se
destinen 50 millones de recursos adicionales para el año 2009 -no estamos
hablando de un fondo que forme parte del sistema; estamos hablando de una
asignación de recursos excepcionales y acotados al año 2009- a las
comunidades con una dispersión superior a la medida. Si estuviese bien
ponderado, ¿qué razón de ser tendría este fondo? Desde nuestro punto de
vista no hay razones técnicas que justifiquen que la dispersión pondere
un 0,6 por ciento mientras la superficie lo hace un 1,8 por ciento. Llamo
a ustedes la atención sobre el hecho de que Galicia, representando apenas
el 6 por ciento de la población del conjunto del territorio del Estado
español, tiene más de la mitad de los núcleos de población existentes en
el territorio del Estado español. Imagínense ustedes el enorme impacto
que tiene en el coste de los servicios esta singularidad. Por eso
apoyaremos la modificación que propone el Senado de la letra B) del
apartado 1 del artículo 5, para incrementar ese fondo excepcional de 50
millones de euros hasta situarlo en 250 millones de euros. Y lo
apoyaremos sabiendo, señorías, que de introducirse esta modificación lo
que estaríamos haciendo sería parchear, intentar paliar en parte y de una
manera además muy tangencial el hecho de que Galicia va a perder
posiciones relativas con la reforma del sistema y el hecho de que Galicia
no tiene debidamente asegurada la suficiencia financiera a través de una
medida puntual, excepcional y parcial. Además es una propuesta emanada de
la Xunta de Galicia que en cierta medida tiene como objeto intentar
paliar los efectos de una mala negociación llevada a cabo, pero en la
medida en que contribuya a aliviar los problemas que para Galicia va a
tener esta reforma en marcha, anunciamos nuestro apoyo a esta enmienda en
concreto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Cataluyna Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy estamos en el último trámite del acuerdo sobre el nuevo modelo en
materia de financiación y desde Iniciativa en particular lo queremos
celebrar. Lo queremos celebrar porque encontramos que con el nuevo
acuerdo vamos a tener unas finanzas autonómicas más justas, más
equitativas, más transparentes y que nos vamos a alejar del pésimo modelo
que se mantenía vigente. Hoy vengo dispuesto a no aceptar lecciones,
sobre todo de aquellos que protagonizaron y pactaron un pésimo modelo de
financiación -sí, ustedes lo saben bien-, de aquellos que han permitido
que se mantuviese este modelo y que pactaron el modelo. Estoy hablando
sin ninguna acritud -y el señor Sánchez i Llibre lo sabe- del Partido
Popular y de Convergència i Unió. Para nosotros era un modelo de
opacidad, mucha opacidad; un modelo que no se revisaba; un modelo que
tendía a la desigualdad entre comunidades y entre ciudadanos, y un modelo
que se iba haciendo injusto a medida que avanzaban los años hasta haberse
hecho absolutamente insoportable. Hoy lo que tenemos es un acuerdo fruto
de un instrumento legal potente, el Estatut de Catalunya, vigente a día
de hoy, que es fruto de la perseverancia de ambos gobiernos, sin lugar a
dudas, pero permítanme que le diga -sé que soy juez y parte del Govern de
la Generalitat- que ha requerido tiempo, demasiado incluso. Si algún
defecto tiene el acuerdo es que ha requerido demasiado tiempo. Permite la
suficiencia, permite hacer frente a los retos sociales del país y
obviamente el acuerdo tendrá más o menos sentido en función de a lo que
se dediquen esos recursos. Dicho de otra manera, si esos recursos se
destinasen prioritariamente a desgravaciones y a eliminaciones fiscales
desde nuestro punto de vista tendría sentido, pero menos. Si ese acuerdo
se dedica a políticas sociales, tiene mucho más sentido. No es un tema
menor desde nuestro punto de vista -era uno de los elementos a valorar, y
muy positivamente- que el acuerdo tuviese en cuenta el esfuerzo fiscal o,
dicho de otra manera, que la financiación autonómica no fuese ni sirviese
para que algunos eliminasen de facto impuestos. De hecho, y ustedes lo
saben, el nuevo sistema lo que hace es eliminar el perverso incentivo a
bajar la presión fiscal que existía en el modelo anterior, aquel modelo
en el que se eliminaba, por qué no, el impuesto de sucesiones, y eso se
veía compensado por el modelo de financiación. Ahora ya no. Ya no vale
eso de eliminar el impuesto para que el modelo de financiación lo acabe
compensando. Por tanto, el acuerdo garantiza y da instrumentos para
evitar ese dumpin fiscal que a veces existe entre comunidades y que hace
que hoy cualquier gobierno, y especialmente los gobiernos progresistas,
tengan esa obligación y la oportunidad de mantener una política fiscal de
progreso evitando precisamente ese dumpin fiscal.
Tengo además que añadir que el modelo, lo he dicho y lo reitero, solventa
y da solución al desequilibrio fiscal existente que se iba incrementando
a medida que iban avanzando los años. Además es un modelo en el que se
introducen en los sistemas de nivelación diferentes criterios, pero donde
pesa, y poderosamente, el principal criterio desde mi punto de vista, el
de la población. Todos los criterios son valiosos, y nosotros hemos
puesto encima de la mesa el criterio de la inmigración. Hay otros que
hablarán del criterio de la dispersión, otros de la insularidad, pero hay
un criterio fundamental que es el del peso de la población. Lo positivo
es que es un modelo que hace
que el criterio de la población se incremente, que, como he dicho, además
es un modelo que se da desde la evolución del modelo, desde la
gradualidad, desde un incremento notable de la transparencia, desde la
autonomía financiera, desde la suficiencia de recursos y obviamente con
una cesta de impuestos y con un incremento de los porcentajes en la
cesión de rendimientos que son claramente positivos. Además tengo que
decir que es un modelo que nos acerca más al modelo alemán, no
exactamente, por supuesto, pero que tiene elementos claramente
federalizantes. Y en un Estado que desde nuestro punto de vista tiene que
avanzar hacia un modelo federal eso es una buena noticia. Eso es
reconocer la España real, la España más plurinacional, ese país que es
plurilingüe como ningún otro país de Europa que avanza, sin lugar a
dudas, hacia el modelo que le corresponde y que además tiene en cuenta
las necesidades de gasto, la lealtad institucional, la gradualidad en los
términos de aplicación y combina bilateralidad con multilateralidad. Por
todo ello tengo que decir que votaremos a favor de la mayoría que supone
este acuerdo, y entendemos, en definitiva, que hoy avanzamos hacia un
modelo más justo, más eficaz, más transparente, simplemente más y mejor
para todos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Herrera.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, aprobamos hoy con carácter
definitivo el modelo de financiación autonómico, después de un recorrido,
como mínimo, sinuoso y lleno de paradojas, cómo, si no, puede juzgarse la
actitud del partido Popular, que en estos meses ha ido oscilando y
basculando entre: A por ellos, que son pocos y cobardes, y: A nosotros lo
mismo, que es lo que hicieron las comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular, alargando la mano como el que más. Por lo visto, es un
ejercicio casi imposible pedirle al PP que deje de hacer demagogia y que
deje de falsear la realidad, diciendo que este es, como dijo su consejero
autonómico de Economía en Madrid, un traje a medida para Cataluña. No.
Aquí, señorías, lo que ha pasado simplemente es que hemos cambiado de
traje, hemos cambiado de vestido, pero sobre todo hemos cambiado de
sastre, porque lo que pactaron el Partido Popular y Convergència i Unió
en el año 2001 fue un vestido corto, un vestido incluso indecoroso por
injusto, por poco equitativo, por opaco, e incluso, en el caso de
Cataluña, por expoliador. Ese partido, señorías, se acaba hoy y el PP y
sus corifeos habituales, también un cierto -por decir las cosas por su
nombre- meridionalismo irredento y la actitud también de Convergència i
Unió que está en campaña permanente contra el Gobierno de Cataluña, han
perdido. Y en el caso de este último grupo quiero lamentar que no hayan
querido jugar al menos la segunda parte de este partido con una actitud
más constructiva, con una actitud que no fuera de un no por un no, y
lamento que hayan preferido quedarse permanentemente en el banquillo, en
lugar de jugar aquí con el equipo de la Generalitat, con el equipo de la
sociedad civil y del conjunto de instituciones económicas en Cataluña.
Los dos proyectos de ley que estamos hoy sustanciando con carácter
definitivo han experimentado, como ustedes saben, algunos cambios, una
alteración en su paso por el Senado que podemos juzgar sustantiva. La
alteración que se ha producido a raíz de las enmiendas del Partido
Popular y Convergència i Unió no mejora el modelo, sino todo lo
contrario, pues desvirtúa sus objetivos en términos de equidad y de
justicia y se aleja de los principios que fundamentaron el acuerdo
inicial en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en esta
misma Cámara, en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es menester
rehusar la mayoría de enmiendas que fueron introducidas en el Senado por
tres razones fundamentales. La primera es que introducen graves
distorsiones en los objetivos de nivelación general, fundamental en el
nuevo sistema, a cambio de primar en exceso determinadas situaciones
individuales que ya estaban suficientemente reconocidas en el modelo de
partida, como por ejemplo el caso de los incrementos del Fondo de
dispersión y de baja densidad. La segunda es que introducen reducciones
fiscales que más bien son de interés estatal, y por tanto debe decidir
sobre las mismas el Gobierno del Estado, o bien son de ámbito autonómico,
debiendo decidir cada parlamento autonómico en su caso. Y la tercera es
que retoman elementos del antiguo sistema que son totalmente
incompatibles con el actual.
A pesar de ello -y con ello acabo, señora presidenta-, a pesar de las
enmiendas aprobadas en el Senado, nuestro grupo va a votar favorablemente
dos de las mismas. La primera tiene que ver con la modificación por la
que se incorpora un nuevo apartado 1.bis al artículo 52, que otorga mayor
capacidad normativa a las comunidades autónomas en cuanto al impuesto
sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos con relación a
los gasóleos de usos especiales. Esta es una medida que Esquerra ya
propuso en otras iniciativas legislativas. La segunda enmienda que
votaremos favorablemente propone una nueva adicional tercera que prevé la
equiparación de la financiación a la media estatal de aquellas
comunidades autónomas que con un esfuerzo fiscal superior a la media
presentan un fondo de garantía y de suficiencia global negativo. Esta es
una situación que presentan algunas comunidades autónomas que tenían una
expectativa de situarse por encima de la media y algunos estudios revelan
que no. Me refiero concretamente al caso de Islas Baleares. Nuestro grupo
va a dar apoyo a esta enmienda.
Por lo demás, insisto, vamos a rehusar las enmiendas que fueron
introducidas en el Senado y votar globalmente a favor del dictamen de
ambos proyectos de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señores diputados, señoras
diputadas, como ya hicimos en esta Cámara al debatir el proyecto de ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas, nuestro grupo parlamentario
se va a abstener a la hora de votar las enmiendas que vienen hoy del
Senado al citado proyecto. Señalamos entonces, y lo mantenemos hoy, que
la reforma de la Lofca afecta al cambio del modelo de financiación de las
comunidades autónomas de régimen común y las dos ciudades autónomas y no
afecta, por tanto, al modelo de concierto económico vigente en la
Comunidad Autónoma de Euskadi ni al convenio de Navarra. Este es el
motivo de nuestra abstención.
Sin embargo, quisiera hacer una breve referencia a la disposición
transitoria de autorizaciones de operaciones de crédito. En su segundo
apartado se dice que, como consecuencia de las circunstancias económicas
extraordinarias y con carácter excepcional para los años 2009 y 2010, se
suspende de aplicación el apartado 2.a) del artículo 14 de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre. Ello significa que el Estado
permitirá a las comunidades autónomas endeudarse durante el periodo
2009-2010 para financiar gasto corriente, quebrando un principio básico
cual es el de que el endeudamiento ha de destinarse a financiar proyectos
de inversión. Este criterio ha sido hasta el momento el que ha mantenido
el Estado a la hora de autorizar las emisiones de deuda o de otra
operación de crédito para financiar el déficit de las comunidades
autónomas. Este precepto, dada la jurisprudencia existente y a efectos de
autorización del endeudamiento, sí afecta al conjunto de las comunidades
autónomas, incluidas la de Euskadi y Navarra, y ello nos preocupa. ¿Por
qué? Porque entra en abierta contradicción, a nuestro juicio, con el
propio Estatuto de Gernika. El Estatuto de Autonomía de Gernika, en su
artículo 45, establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá
emitir deuda para financiar gasto de inversión. Queremos poner de
manifiesto esta cuestión porque entendemos que esta modificación no puede
afectar a un estatuto de autonomía que, como el de Gernika, establece con
nitidez la finalidad del endeudamiento, que es financiar exclusivamente
gastos de inversión. Así, creemos que con esta disposición transitoria se
quiebra un principio, y entendemos que no puede afectar a la Comunidad
Autónoma de Euskadi que ha de regirse, a nuestro juicio, por el Estatuto,
cuyos preceptos han de prevalecer sobre la reforma que hoy votamos. Con
esta reflexión pretendo simplemente fijar la posición de nuestro grupo en
relación con esta cuestión. Por lo demás, como ya he adelantado, nos
abstendremos en las votaciones que corresponden al proyecto.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió ante el debate de estos dos proyectos de ley por los
que se regulan los sistemas de financiación de las comunidades autónomas
en régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias, y también la que hace referencia a la
Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, continúa
siendo la de una oposición frontal a dichos proyectos, tal como ya
manifestamos en el debate que se produjo en el Congreso de los Diputados
cuando se inició el trámite parlamentario de ambas leyes. Básicamente
continuamos manteniendo la misma oposición frontal, ya que desde nuestro
punto de vista estas dos leyes incumplen de una manera flagrante, total y
absoluta el actual Estatuto de Cataluña. En segundo lugar, porque también
seguimos considerando que después de las modificaciones incorporadas en
el Senado estas dos leyes castigan, penalizan a las comunidades autónomas
que realizan un mayor esfuerzo fiscal, ya que no se tienen en cuenta los
costes diferenciales de los servicios básicos que se producen en las
diferentes comunidades autónomas del Estado español. En tercer lugar,
porque continuamos manteniendo que se trata de un modelo opaco, poco
transparente y, lógicamente, poco democrático, ya que en realidad
actualmente desconocemos cuáles son los recursos financieros adicionales
que van a ir distribuidos a las diferentes comunidades autónomas y, al
mismo tiempo, también entendemos que llegan tarde. En cuarto lugar,
porque, señorías, la bilateralidad prevista en el Estatuto de Cataluña,
que era un hecho relevante e interesante desde el punto de vista de
aplicar el nuevo sistema de financiación, ha desaparecido totalmente en
estas dos leyes, transformándose el sistema de financiación de las
comunidades autónomas en un café para todos. Desde esta perspectiva
nosotros consideramos que se perjudica notablemente a todas aquellas
comunidades autónomas que están realizando un mayor esfuerzo fiscal.
También continuamos pensando que, una vez aprobada, esta ley orgánica va
a lesionar gravemente en su aplicación a las economías familiares, a las
economías domésticas de toda Cataluña, sin excepción y, al mismo tiempo,
que con la aplicación de estas normas se va a perjudicar notablemente la
calidad de los servicios básicos que se van a establecer en Cataluña,
como sanidad, educación y servicios sociales.
Basándome en estas afirmaciones y contestando algunas posiciones de los
dos grupos que me han precedido en el uso de la palabra, el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo de Esquerra
Republicana de Cataluña, a través de su portavoces, en el sentido de
plantear responsabilidades a Convergència i Unió por el anterior sistema
de financiación, nosotros no vamos a entrar en el debate del anterior
sistema de financiación, pero sí les vamos a decir que probablemente a
los que les van a exigir responsabilidades todos los catalanes cuando
vean que estos planteamientos y esta posición de Convergència i Unió van
a ser una realidad, va a ser justamente a los grupos catalanes de
Esquerra Republicana de Cataluña y de Iniciativa per Cataluña, y también,
por descontado, a los diputados catalanes del PSC. (Rumores.)
Yendo ya directamente a las enmiendas que se han planteado y debatido en
el Senado, es cierto que se han aprobado algunas enmiendas planteadas por
Convergència i Unió, a las que vamos a dar lógicamente el voto favorable,
pero como probablemente no van a ser votadas favorablemente por la
mayoría de los miembros de la Cámara, vale la pena resaltar que hay una
enmienda que consideramos que tiene un valor relevante, importante como
es suprimir la imputación del 50 por ciento de las compensaciones
fiscales al rendimiento cedido por no contenerse en el acuerdo e
imputarse en la actualidad la totalidad sobre la cuota líquida estatal.
También consideramos relevante la rebaja del valor normativo en los
ingresos de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, tomando como base el año 2007, que lo rebajamos
del 85 por ciento al 65 por ciento. Otra enmienda relevante es la
supresión de la modificación del cambio del cómputo de residencia
habitual en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como la
enmienda que va en la dirección de prever que las comunidades autónomas
puedan asumir competencias normativas en el impuesto sobre las ventas
minoristas de determinados hidrocarburos en relación con la devolución
del gravamen autonómico del gasóleo de uso agrícola. Asimismo, nosotros
consideramos importante uno de los aspectos que reivindicamos en el
inicio de la tramitación en el sentido de que no estábamos de acuerdo con
el principio de lealtad institucional, ya que este suponía poner el
contador a cero en todas aquellas deudas que la Administración Central
del Estado mantenía hasta la fecha. (Continúan los rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez i Llibre,
perdone un momento.
Señorías, de verdad, no se escucha nada al orador que está en la tribuna.
Seguramente es muy interesante todo lo que ustedes tienen que discutir y
hablar, pero por lo menos háganlo en un tono más bajo de voz. Continúe,
señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta, por su
amparo.
Como les iba diciendo, sobre aquellos aspectos que hacían referencia al
principio de lealtad institucional, hemos conseguido resolver esta
situación en el Senado, en el sentido de suprimir el precepto sobre las
cuestiones que hacían referencia a la tabla rasa respecto a las
cantidades debidas por el Estado por la aplicación del principio de
lealtad institucional, según el cual, en el caso de que prosperara esta
enmienda, todas aquellas comunidades autónomas que son acreedoras por
parte del Estado por determinadas cuestiones que hacen referencia a la
dependencia, a la sanidad o a los servicios sociales podrían continuar
reclamando al Estado o podrían ir descontándose de los adelantos
recibidos en los años 2008 y 2009 todas aquellas deudas que hasta la
fecha el Estado no ha satisfecho a las comunidades autónomas. Lógicamente
también consideramos interesante la enmienda aprobada en el Senado que va
en la dirección de mantener la imputación del 50 por ciento en la
deducción por alquiler de la vivienda habitual a la cuota íntegra
estatal.
Es cierto que la mayoría de las enmiendas relevantes que ha presentado
este grupo, y que fueron objeto de la presentación de una enmienda a la
totalidad para plantear, al no estar de acuerdo, una oposición frontal a
estos dos proyectos, las hemos vuelto a presentar en el Senado y,
lógicamente, no han contado con el apoyo del grupo parlamentario que da
soporte al Gobierno. Pedíamos poder contemplar los costes diferenciales
entre las diferentes comunidades autónomas y variables demográficas, en
particular un factor de corrección en función del porcentaje de la
población inmigrante. Este era uno de los aspectos relevantes que
lógicamente no ha gozado de la aprobación de los diferentes grupos que me
han precedido en el uso de la palabra. Tampoco hemos logrado incorporar
uno de los aspectos relevantes de la financiación prevista en el Estatuto
de Autonomía de Cataluña, como es la aplicación del principio de
ordinalidad desde el punto de vista del Fondo de Competitividad y del
Fondo de Suficiencia con el fin de que cuando Cataluña haya hecho la
aportación económica correspondiente al PIB del Estado español, en
función de estas aportaciones no pierda la ordinalidad correspondiente en
el esfuerzo fiscal o en la renta per cápita desde un punto de vista de
PIB nominal. Este es uno de los aspectos relevantes, importantes para
nosotros que tampoco hemos conseguido aprobar en el Senado.
También había otros aspectos importantes, como era ampliar la capacidad
normativa de la Generalitat sobre los impuestos cedidos, que no ha gozado
de la aprobación de los diferentes grupos parlamentarios, y tampoco hemos
podido plantear con éxito que la prevalencia del sistema de financiación
de la Generalitat de Cataluña prevista en el Estatuto de Autonomía estaba
por encima de las dos leyes que estamos debatiendo en estos momentos.
Nosotros planteamos en aquellos momentos que la Lofca estaba por debajo
de la ley orgánica prevista en el Estatuto de Cataluña y en todos
aquellos aspectos que hacen referencia a su financiación, pero no hemos
conseguido aprobarlo. Por tanto, continuamos manteniendo una oposición
frontal a estas dos leyes que van en la dirección de reformar los
sistemas de financiación previstos hasta la fecha y lógicamente,
independientemente de que vayamos a votar favorablemente las enmiendas
que han sido aprobadas en el Senado, vamos a votar en contra del texto de
los dos dictámenes correspondientes.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.
Estamos en el último trámite de lo que ha sido un proceso largo,
complicado y poco consensuado para la aprobación de uno de los pilares de
nuestro sistema institucional y democrático como es la Ley orgánica de
financiación de comunidades autónomas, que en otros países llaman
constitución fiscal, nada menos que el elemento básico de cómo se están
repartiendo los recursos públicos -hoy en día bien escasos- entre las
distintas administraciones; un proceso que ha tenido tremendas
dificultades y enormes fallos tanto desde el punto de vista formal como
de contenido. Desde el punto de vista formal se origina nada menos que en
2005, una discusión larguísima dentro y fuera de la Administración
central y con las comunidades autónomas, con partidos políticos, con un
cambio de vicepresidente económico de por medio que ha permitido su
aprobación final -por algo habrá sido-, y que al final se resolvió con
una falta de consenso como nunca ha habido en una norma de financiación
de comunidades autónomas, hasta el punto de que la última votación que
tuvimos en esta Cámara antes de su envío al Senado, con carácter
orgánico, se sacó por la mínima, y además contando con partidos que solo
actúan en el ámbito foral, por lo cual tan justa mayoría, la precisa,
pero tan justa mayoría, nos indica claramente hasta qué punto se ha hecho
un uso partidista, político e interesado en la aprobación de uno de los
pilares básicos de nuestro sistema democrático y de nuestro
funcionamiento administrativo. No se pueden hacer peor las cosas, no se
pueden hacer las cosas de una manera más partidista y arbitraria, y esta
es la manera que en las cuestiones territoriales, muy importantes en
nuestro país, que generan una sensibilidad a flor de piel con la cual hay
que ser exquisitos, en las cuales hay que buscar el máximo consenso y
tenemos que estar siempre pensando en la necesaria convivencia entre los
territorios, en lugar de hacerse las cosas con ese consenso y con la
búsqueda de esa convivencia, lo que se hace es un uso partidista; uso
partidista del ámbito territorial que vimos explicitado el lunes pasado
en el Senado en la Conferencia de Presidentes, como todos sabemos. Esto
en cuanto a la forma, no hace falta decir más. Se acordó con una serie de
partidos, se impuso al conjunto de las comunidades autónomas y nos hemos
encontrado con la mayoría más exigua que en esta Cámara jamás haya
aprobado una ley tan importante como la Ley orgánica de financiación de
comunidades autónomas de régimen común.
En cuanto al contenido, es evidente que este modelo que surge es
básicamente el mismo que el anterior, añadiéndole una serie de recursos
que se reparten arbitrariamente. La cuestión es si esto va a ser
suficiente para garantizar los recursos públicos para las principales
competencias que tienen las comunidades autónomas, que son las más
sensibles para el ciudadano, las que atienden más a lo que se llama gasto
social, especialmente sanidad, educación y gastos sociales. ¿Vamos a
garantizar con este modelo esos servicios públicos, en el contexto de
crisis económica en el que estamos viviendo, y la proyección a futuro de
los recursos públicos? Va a ser difícil, muy difícil, por no decir
imposible. España ha perdido en año y medio un tercio de sus recursos
públicos, un tercio de los ingresos que recibían habitualmente las
administraciones públicas, y esto va a durar mucho tiempo. La Comisión
Europea considera -es un dato de la Comisión Europea- que el déficit
estructural de la economía española para el año 2011 será del 8,2 por
ciento, es decir, la inmensa mayoría de lo que ahora mismo tenemos de
déficit como consecuencia de la caída de los ingresos públicos va a
perdurar en el tiempo. Tenemos unos 80.000 millones de euros menos de
ingresos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener este modelo que se basa
en los ingresos del año 2007? Pues no sería muy sensato, porque eso
supondría sencillamente repartir esas caídas de ingresos a escote entre
el conjunto de las administraciones. Es decir, ¿todo el mundo se tiene
que apretar igual el cinturón o lo tendríamos que hacer de forma
diferente porque hay determinadas administraciones que están mucho más
implicadas en aquellos gastos absolutamente necesarios para el
mantenimiento del Estado del bienestar? Lo que hacemos con este modelo es
repartir esa pérdida a escote, por mucho que la pérdida se dilate en el
tiempo con esa prolongación a cinco años del exceso de aportaciones
iniciales que ha establecido el modelo respecto a lo que realmente se ha
recaudado. Ese dinero que tienen que devolver las comunidades autónomas
se retrasa ahora cinco años, pero eso no significa que no lo hayan
perdido. Claro que lo han perdido, y ahora nos encontramos con un tercio
menos de ingresos y unas comunidades autónomas que van a tener que
enfrentarse a esos gastos públicos que son los que más demanda el
ciudadano. ¿Resuelve el problema el modelo? No, porque el modelo parte
del hecho de que la economía española está igual que estaba en 2007, lo
cual es un profundo error. No se garantiza la suficiencia dinámica de
aquellos elementos más importantes dentro de nuestro Estado de bienestar.
Se tenía que haber hecho otra cosa totalmente diferente, que es
pensar qué financiación requieren esas competencias, quiénes son los
competentes y cómo hacemos un modelo adaptado a la nueva situación. Por
eso este modelo, por irreal, nace fracasado.
Además, tiene otra serie de efectos, como el hecho de premiar a aquel que
suba los impuestos y, adicionalmente, castigar a aquellos que los bajen.
Bonita forma de respetar la autonomía que tiene todo gobierno autonómico
de gestionar sus ingresos y sus gastos. España es un país descentralizado
-esto hay que recordarlo- y las administraciones tienen perfecta
autonomía para definir su política de gastos e ingresos, especialmente
las administraciones autonómicas, que aprueban esto en sus parlamentos
autonómicos por leyes tan válidas como las que hacemos aquí. Sin embargo,
esa autonomía queda conculcada de la peor manera, estableciendo una
penalización para aquellas comunidades que tengan como objetivo de
gobierno aprobado por sus parlamentos autonómicos la rebaja de impuestos
para relanzar su actividad económica. Esto es evidente y ha quedado
plasmado en la última redacción del Fondo de Competitividad que salió del
Congreso y se ha mantenido en el Senado. Además, en esta Ley orgánica de
financiación de comunidades autónomas hay una agresión a la autonomía
municipal, porque se permite sin ningún tipo de límite la asunción por
parte de las comunidades autónomas de capacidad normativa tributaria que
tienen hasta ahora las administraciones municipales. Es decir, si un
ayuntamiento es suficientemente prudente para no cargar a sus ciudadanos
con determinadas cargas fiscales, se permite sin ningún problema a la
comunidad autónoma ejercer esas cargas fiscales y aplicarlas a los
ciudadanos, con lo cual vamos a tener más subidas de impuestos de las
comunidades autónomas, que son premiadas por ello, y más subida de
impuestos en el ámbito municipal ejercido por las comunidades autónomas,
es decir, el pasaporte y el billete a no tener una recuperación económica
suficiente y a seguir manteniendo una presión fiscal excesiva sobre
familias y empresas, que necesitan respirar para poder tener un mínimo
horizonte para inversión, creación de empleo y actividad económica.
¿Qué decir de la estabilidad presupuestaria? Es curioso que la
Administración General del Estado se lave las manos y diga que en el año
2009 y en el año 2010 -una de las últimas modificaciones que hay en este
texto- no va a decir nada sobre el nivel de endeudamiento de una
comunidad autónoma. Es decir, siendo la Administración General del Estado
la que en la mayoría de los casos autoriza el endeudamiento de las
comunidades autónomas -porque, salvo aquella parte que está destinada a
inversión, todo el endeudamiento para gasto corriente debe ser autorizado
por las comunidades autónomas- resulta que para los años 2009 y 2010 hay
barra libre. Bonita forma de empezar un proceso de consolidación
presupuestaria y reducción del gasto público. Es evidente que el Gobierno
no tiene ninguna intención en el corto plazo de realizar esa estabilidad
presupuestaria, por mucho que se le haya ido la fuerza por la boca a la
vicepresidenta y al presidente del Gobierno al hablar de este proceso,
incluido el lunes pasado en el Senado.
Estamos ante un reparto de recursos arbitrario; estamos ante falta de
estabilidad presupuestaria; estamos con subida de impuestos; estamos ante
un modelo que no tiene en cuenta que hemos perdido un tercio de los
recursos y tenemos que escribir desde una página en blanco cómo
repartimos los recursos públicos entre las distintas administraciones.
Porque tenemos que hacer un modelo desde cero, partiendo de las
prioridades y sabiendo que España no puede aumentar sustancialmente su
endeudamiento público a los ritmos que estamos ahora. No me vengan con la
falacia de que estamos 20 puntos por debajo de la Unión Europea, porque
si un señor tiene una hipoteca y la está pagando sin problemas pero otro
señor no tiene hipoteca y tiene un descubierto de 1.500 euros al mes
todos los días en el banco, no me digan que el segundo señor, porque
tiene menos endeudamiento, tiene menos problema. Eso no lo entendería
nadie.
Termino. Un modelo que nace fracasado; que no atiende a las necesidades;
que da la espalda a la nueva realidad de la crisis económica; que da
barra libre en cuanto al endeudamiento de las comunidades autónomas sin
empezar el proceso de consolidación presupuestaria; que sube los
impuestos; que va a retrasar la recuperación económica y que al final nos
vamos a encontrar con la necesidad de reformarlo porque no habrá
suficiente dinero para aquellas prestaciones y aquellos servicios
públicos de más interés para el ciudadano.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mármol.
(El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben.) Señor
Campos, le oigo. Haga el favor de guardar silencio.
El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy viene de nuevo al Pleno del Congreso de los Diputados el
proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el proyecto de
ley por el que se regula el sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se
modifican determinadas normas tributarias. Llegan a esta Cámara tras su
paso por el Senado, haber superado varios intentos de veto y con las
distintas propuestas en forma de enmiendas al articulado a las que luego
me referiré.
Señor Sánchez i Llibre, solo me voy a detener a decirle dos cosas cuando
le escucho sus críticas a este modelo de financiación. La primera,
recordarle que han votado durante todo este proceso -y votarán hoy- con
aquellos que han llevado el Estatuto de Cataluña al Tribunal
Constitucional. (Aplausos.) Y la segunda, que sea consciente,
señor Sánchez i Llibre, de que una amplia mayoría de diputados catalanes
ha hecho posible un cambio de modelo de financiación que beneficia a
Cataluña y que beneficiará también al resto de nuestro país. (Aplausos.)
Si ustedes y el PP tuvieran la mayoría en esta Cámara, Cataluña
continuaría con el modelo de financiación que su jefe, el señor Artur
Mas, pactó con el señor Aznar en el hotel Majestic de Barcelona y que ha
demostrado su insuficiencia para Cataluña y para el resto del país. No
podemos olvidar, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario, que
estos dos textos legales que hoy regresan a esta Cámara son el resultado
de un extraordinario trabajo. Quiero volver a destacar que este proyecto
que finaliza su trámite parlamentario viene precedido, en primer lugar,
de un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la reforma
del sistema de financiación, que como bien saben fue respaldado por el
voto afirmativo de la mayoría de comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con estatuto de autonomía. Ninguna de ellas votó en contra;
ningún gobierno autonómico se opuso al acuerdo. ¿Por qué recuerdo esto?
Para intentar demostrar la incoherencia del principal partido de la
oposición, del PP, todo esto dentro de esta realidad cambiante que
ustedes viven cada día y además de su falta de coherencia, como decía.
Porque ya no saben a qué oponerse con tal de desgastar al Gobierno. Le
voy a poner un ejemplo de esa realidad cambiante y de la falta de
coherencia. En primer lugar, las sucesivas declaraciones de la presidenta
de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que pasa del voto a favor inicial, a
la abstención final, pasando por el voto en contra. Menos mal que solo
tenemos esas tres posibilidades de voto, si no también habría pasado por
ellas. A favor, decía doña Esperanza Aguirre -y leo textualmente-: El
modelo de financiación es multilateral, el modelo de financiación va a
reconocer la solidaridad y tener reconocimiento de la población. Por eso,
yo creo que para Madrid va a ser muy positivo este modelo de
financiación. Va a resultar muy positivo porque va a reconocer a
1.200.000 madrileños que no están contemplados en el modelo que se aprobó
en el año 2001. Esto lo dijo en la rueda de prensa tras la reunión con el
presidente del Gobierno el día 22 de diciembre de 2008. El 15 de julio
por la mañana adelanta el voto en contra de la Comunidad de Madrid,
porque como conocemos doña Esperanza Aguirre es una presidenta
disciplinada que sigue las reglas marcadas por Génova. Por la tarde,
haciendo bueno el título de la película de Woody Allen de Coge el dinero
y corre, la Comunidad Autónoma de Madrid se abstiene.
En cuanto a su coherencia, como muestra el siguiente ejemplo. Señor Nadal,
hablaba usted de que este acuerdo supone la barra libre para el
endeudamiento. Usted se aplica bien este dicho de que hagan lo que yo
digo, pero no lo que yo hago. Le voy a poner un ejemplo. Se oponen a la
enmienda que presentó el Grupo Socialista por la cual se permite a las
comunidades autónomas de manera excepcional endeudarse para hacer frente
al gasto corriente y evitar que debido a la crisis tengan que reducir
drásticamente el nivel de prestación de los servicios públicos
fundamentales. Se aprueba esta enmienda, a pesar de ustedes, y en una
comunidad autónoma gobernada por ustedes, la Región de Murcia, de la cual
vengo yo, se apresuran a hacer una previsión en los presupuestos para
2010 de más de 283 millones de euros de endeudamiento para sufragar el
gasto corriente. Es paradójico, pero los ciudadanos de la Región de
Murcia tendrán garantizada la prestación de muchos servicios públicos
fundamentales gracias a la iniciativa y al voto afirmativo del Grupo
Socialista y con el voto en contra del Partido Popular, del partido que
sustenta al Gobierno regional. (Aplausos.)
Cambien de estrategia y abandonen la estrategia de oponerse porque sí y
voten aquí mirando a los ciudadanos y no mirando a La Moncloa, porque la
mayoría de los españoles van a percibir que se oponen a dos proyectos de
ley que contribuirán a la mejora del sistema de financiación de las
comunidades autónomas; un sistema que da respuesta a los problemas de
ajuste... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Mármol, por favor,
un momento.
Señorías, siento tener que volver a insistir. No se oye nada al orador que
está en la tribuna. Insisto una vez más, las conversaciones de seguro son
muy interesantes, solo les ruego que las tengan en un tono de voz más
bajo. Muchas gracias.
Siga, señor Mármol.
El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.
Decía que la mayoría de los españoles van a percibir que se oponen a dos
proyectos de ley que van a contribuir a la mejora estructural del sistema
de financiación de las comunidades autónomas, un sistema que da respuesta
a los problemas de ajuste y a las necesidades de la población; un sistema
que les reduce las diferencias en cuanto a la financiación y sobre todo
en cuanto a renta per cápita y, lo más importante, un sistema que va a
garantizar a todos los ciudadanos la igualdad en la prestación de la
sanidad, de la educación y de los servicios sociales esenciales. Debemos
recordar que estos dos proyectos de ley van a reforzar las políticas del
Estado del bienestar gracias a la aportación global de más de 11.000
millones de euros, reforzándose por tanto las políticas sociales
dirigidas a todos los ciudadanos y en especial a aquellos ciudadanos que
en una época de crisis como la actual necesitan más el amparo de las
administraciones públicas. Este es un sistema que asigna recursos a las
comunidades autónomas en función de criterios objetivos, como la
población, las necesidades de población dependiente, la extensión del
territorio, la población en edad escolar, la insularidad o el
envejecimiento. También se contempla en este modelo de financiación las
necesidades que provienen de la dispersión poblacional, la escasa
densidad de la población y la existencia de otras lenguas cooficiales.
Otro elemento
clave para el nuevo modelo va a ser la creación del Fondo de garantía de
prestación de servicios públicos fundamentales, que va a garantizar la
igual financiación por habitante ajustado en los servicios públicos
fundamentales, como son sanidad, educación y servicios sociales. En
definitiva, es un sistema que va a reducir las diferencias entre los
distintos niveles de renta de las comunidades autónomas, apostando por su
convergencia.
En cuanto a nuestra postura con respecto a las modificaciones propuestas
en la Lofca, quiero adelantar nuestro voto favorable a la disposición
derogatoria por coherencia técnica puramente, puesto que se concretan y
amplían las competencias de gestión de los tributos propios de Canarias
en la Ley del sistema. Votaremos en contra de las otras propuestas de
modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades
autónomas. Quiero destacar la propuesta que llevan CiU y PP relativa a la
revisión anual de todas las variables del sistema. Quiero recordarles que
ustedes pactaron un modelo cerrado, un modelo donde no se podía revisar
la población, y en este modelo sí se revisa la población ajustada
anualmente y las demás variables cada cinco años. Lo que ustedes proponen
ni es operativo ni permite tener estabilidad para el funcionamiento de la
Administración. En cuanto a las modificaciones propuestas en la Ley del
sistema, nuestro voto también va a ser contrario a todas ellas porque
algunas no responden en absoluto a lo pactado en el Consejo de Política
Fiscal de 15 de julio, y las otras nos dan a entender que lo que quiere
el Partido Popular es mantener lo que había en el anterior sistema y que
se ha modificado de forma muy importante y de manera positiva en el texto
actual.
Termino, señora presidenta, con dos cuestiones. Primero, en cuanto a la
tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de
modificación de la Ley reguladora de los fondos de compensación
interterritorial, nada en contra, votaremos a favor, ya que entendemos
que solo es hacer de la disposición adicional novena una ley con artículo
único. En segundo lugar, voy a terminar haciendo un llamamiento al
principal partido de la oposición, al Partido Popular, pidiéndoles que
dejen la actitud de oponerse por oponerse y que no pierdan más trenes.
Mientras la mayoría de esta Cámara coge el tren del progreso y del
incremento y mejora de los derechos de los españoles, ustedes siempre
deciden quedarse en la estación. Si continúan, como les he dicho antes,
mirando a La Moncloa sin mirar a los ciudadanos, si deciden seguir en esa
postura inmovilista de enfrentamiento a todas y cada una de las medidas
que trae este Gobierno a esta Cámara sin pensar en los ciudadanos, mucho
me temo que serán estos, los ciudadanos, los que realmente les dejen en
la estación de la oposición otros cuatro años más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mármol.
Vamos a llamar a votación, señorías. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. Les ruego
silencio, por favor.
En primer lugar, votamos enmiendas del Senado al proyecto de ley por la
que se regula el sistema de financiación de comunidades autónomas de
régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias.
Votamos la enmienda por la que se modifica el artículo 5.1 B).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 128; en contra, 175; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda por la que se añade un nuevo apartado 1 bis al
artículo 52.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 141; en contra, 171; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda por la que se modifica la disposición adicional
primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 129; en contra, 172; abstenciones 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda por la que se modifica la disposición adicional
tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 11; en contra, 295; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas por las que se modifican los artículos 34.3, 43.2 y
59.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 126; en contra, 175; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas por las que se modifica el artículo 65.3.f) y por la
que se suprime el segundo párrafo de la disposición derogatoria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 125; en contra, 175; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 136; en contra, 175; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El siguiente bloque de enmiendas contiene una votación eventualmente de
carácter orgánico. Me informan los servicios de la Cámara que hay en la
puerta algunos señores diputados que no han podido llegar por una
dificultad de carácter técnico de los ascensores. Con carácter
excepcional (Rumores.)... Con carácter excepcional y habida cuenta de que
la petición me la hacen basándose en un asunto técnico los servicios de
la Cámara, vamos a suspender la votación para que puedan entrar quienes
se encuentren en la puerta. (Aplausos.-Pausa.-Varias señoras y señores
diputados hacen su entrada en el Hemiciclo.-Rumores.-El señor Azpiroz
Villar se dirige a la tribuna y habla con el señor presidente.) Señor
diputado, tome asiento. Señor diputado, no acepto que, después de la
propuesta que ha hecho la Presidencia, le llame la atención porque su
obligación es estar en el Hemiciclo aunque no haya votación. (Aplausos.)
Señor diputado, le ruego que tome asiento si quiere participar en las
votaciones. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Por favor, que no voten!) Señor
diputado, lo que ha hecho la Presidencia ha sido a solicitud de los
servicios técnicos de la Cámara y quien ha podido beneficiarse de la
decisión es quien menos derecho tiene a protestar. Vamos a seguir con las
votaciones. (Aplausos.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades
autónomas.
Votación de la enmienda por la que se añade una nueva disposición
derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 329; en contra, uno; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, tiene que producirse la votación de
conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico. Como saben SS.SS., se
exige la votación de la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la
Cámara, 176 votos. Votamos de conjunto la iniciativa antedicha.
Comienza la votación con carácter orgánico. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 180; en contra, 150; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley orgánica. (Aplausos.)
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE
DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.
(Número de expediente 124/000004.)
El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la proposición de ley de
modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los
fondos de compensación interterritorial. Por tratarse de una iniciativa
cuyo origen conocen SS.SS., la votación que vamos a hacer a continuación
es de conjunto con el mismo carácter que la anterior, orgánico, y por
consiguiente exige la votación de la mayoría absoluta de los miembros de
derecho de la Cámara, 176.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 193; en contra, 141; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley con carácter de orgánico.
(Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en
pie.)
Producida la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de financiación de las comunidades autónomas cuyo carácter orgánico ha
sido votado, ha advertido la Presidencia, porque no estaba en el cuaderno
de votación, que el resto de enmiendas no han sido objeto de votación. En
consecuencia, vamos a proceder a la votación del resto de enmiendas no
incluidas en el cuaderno de votación. (Rumores.) ¿Algún portavoz tiene
alguna aclaración que solicitar? (La señora Sáenz de Santamaría Antón
pide la palabra.)
Señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Presidente, me gustaría saber lo que
estamos votando, porque estamos convalidando el contenido completo de una
ley sin haber asumido y votado todas las enmiendas, lo que supone una
cierta irregularidad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría, justamente por no
encontrarse en el cuaderno de votaciones es por lo que he ofrecido la
posibilidad de que algún portavoz pidiera unas aclaraciones. Lo que
votaríamos a continuación son las enmiendas parciales que no han sido
votadas, es decir, todas (Un señor diputado: Eso es irregular.-Rumores),
excepto la enmienda por la que se añade una nueva disposición derogatoria
al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, y
una vez visto el resultado de la votación que ahora les propongo,
volveríamos a votar el carácter de orgánico. (Rumores.) ¿Queda claro en
los términos en que se va a producir la votación? (Asentimiento.)
Votamos el resto de enmiendas al proyecto de ley indicado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a
favor, 149; en contra, 176; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a repetir la votación orgánica, aun cuando no afecta al contenido
porque no han sido aceptadas. (Rumores.)
Vamos a proceder en las circunstancias antedichas. (El señor Alonso Suárez
pide la palabra.)
Señor Alonso.
El señor ALONSO SUÁREZ: No es que pase nada, señor presidente, pero si no
se ha admitido ninguna enmienda del Senado, no veo la necesidad de
proceder a la votación de una ley que ya ha sido votada favorablemente
por esta Cámara. (La señora Sáenz de Santamaría Antón pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señor presidente, la Constitución es
muy clara cuando exige ley orgánica en el texto final del proyecto. El
texto final del proyecto no está definido hasta que se vota la última de
sus enmiendas. Gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Estamos en un asunto que tiene que ver con el
procedimiento. Yo les ruego que mantengamos el buen nivel. Ha habido un
error por parte de los servicios de la Cámara. Al mejor escribano, y son
muy buenos escribanos, se le va un borrón. Permítanme que consulte con
ellos y con la Mesa para tomar decisión a este respecto. Muchas gracias.
(Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de conjunto y con carácter de orgánico de
la Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. Esta votación
exige la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara, 176.
En consecuencia, y advirtiendo el carácter de orgánico, comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337: a
favor, 192; en contra, 144; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la ley orgánica
mencionada. Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los
señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en
pie.-Varios señores diputados: ¡Otra!-Rumores.)
Señorías, les rogaría que abandonen el hemiciclo quienes tengan intención
de hacerlo, con más diligencia de la que se acostumbra. Suspendemos la
sesión durante tres minutos. (Pausa.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1
DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN
EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA
COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES. (Número de expediente 121/000036.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para examinar el punto
28, proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la
ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por
la comisión de infracciones penales. Tiene la palabra, en primer lugar,
porque ha renunciado a hacerlo el Grupo Mixto, por el Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley orgánica que se somete a consideración tiene
un alcance ciertamente limitado y es consecuencia del otorgamiento de la
competencia a los juzgados penales, en relación con la ejecución de las
resoluciones de decomiso dictadas por tribunales de otros Estados
miembros de la Unión Europea para su cumplimiento en el Estado español,
efectuada en el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de
las resoluciones de decomiso, del que es complementaria. Por tanto, no
puede explicarse este proyecto de ley orgánica sin hacer mención al
proyecto de ley al cual complementa. Señorías, el objetivo de la norma no
es
otro que el reconocimiento y ejecución entre Estados miembros de la Unión
Europea de las resoluciones de decomiso dictadas por los jueces penales,
tal y como figura en el título, en la rúbrica de la norma.
Esta es, señorías, una ley que se enmarca dentro de la creación del
denominado espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia y que son,
en buena parte, algunas cuestiones que ya han sido aprobadas en esta
Cámara a través de distintas leyes, como la Ley 3/2003, de 14 de marzo,
sobre la orden europea de detención y entrega; la Ley 18/2006, de 6 de
julio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de
embargo y de aseguramiento de prueba en procesos penales y también, más
recientemente, la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución
europea de sanciones pecuniarias, por citar solo algunos ejemplos. Este
proyecto de ley incorpora al ordenamiento jurídico español -y, a nuestro
modesto entender, de forma correcta y con acierto, motivo por el cual no
hemos presentado enmienda alguna- la decisión marco 2006/783 del Consejo,
de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, que se configura como
un instrumento de lucha contra la delincuencia organizada, porque crea un
mecanismo para que esta delincuencia no pueda beneficiarse u obtener
beneficios económicos de su actividad delictiva dentro del espacio
europeo; esta es la cuestión que aborda básicamente este proyecto. Debo
decir igualmente que tanto la decisión marco como el proyecto de ley que
procede a su trasposición se asientan también sobre el principio de
reconocimiento mutuo basado en la confianza recíproca entre las distintas
autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea, en
orden a reconocer y ejecutar todas aquellas resoluciones judiciales que
sean dictadas por la autoridad judicial competente de un Estado miembro
de la Unión Europea. Para ello la regulación que se incorpora en este
proyecto que se establece se basa en el reconocimiento del principio de
no sujeción al control de la doble tipificación y, por tanto, del
reconocimiento de ejecución automático de la resolución de decomiso en
relación con un conjunto de determinados delitos o ilícitos como los de
pertenencia a organización delictiva, el tráfico ilícito de drogas y
sustancias psicotrópicas y también la explotación sexual de menores o la
pornografía infantil, por citar algunos de los supuestos que enumera el
artículo 14 del proyecto y sobre los que no se exige la doble
incriminación siempre que la pena impuesta en el proceso penal sea de al
menos tres años por parte del Estado de emisión.
Para todos los delitos distintos de los recogidos en la lista o catálogo
de la decisión marco, el Estado miembro de ejecución podrá seguir
aplicando el principio de doble incriminación, es decir, que podrá
supeditar el reconocimiento y la ejecución de la resolución siempre y
cuando los hechos que hubieren dado lugar a dicha resolución de decomiso
constituyan una infracción para la cual la ley del Estado de ejecución
permite esta sanción. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres,
ocupa la Presidencia.)
Finalmente, en los supuestos de reconocimiento automático, los jueces de
lo Penal, como autoridades judiciales competentes para su ejecución en el
Estado español, van a poder proceder al reconocimiento automático de la
decisión adoptada por la autoridad judicial competente de otro Estado
miembro de la Unión Europea salvo cuando concurran algunos de los motivos
tasados de denegación del reconocimiento y la ejecución prevista en el
artículo 19 del presente proyecto. Por todo esto, evidentemente, estamos
satisfechos con el contenido de este proyecto de ley y nuestro grupo,
lógicamente, ya anuncia su voto favorable.
Gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.
Tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que va
a ser una intervención breve, particularmente breve para los usos y
costumbres de este humilde diputado que les habla.
Esta iniciativa parlamentaria que estamos debatiendo podríamos calificarla
de verdadera obviedad. No es más que la trasposición de los
requerimientos de una decisión marco, la 2006, glosada con lucidez por el
señor Ridao, que ni siquiera manteniendo una posición de manifiesta
animadversión, de intención dolosa contra el grupo parlamentario que
apoya al Gobierno y el propio Gobierno, se pueden buscar argumentos para
refutar su contenido; es tan obvio como que lo que se hace es modificar o
incorporar un apartado nuevo, el artículo 89 bis de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que posibilita lo que esta decisión marco nos mandata a
todos los Estados de la Unión Europea, y es que los decomisos se puedan
realizar por los órganos judiciales donde el decomiso materialmente se
tenga que realizar aunque la resolución que la imponga haya sido dictada
por un órgano judicial de otro país o de otro Estado miembro de la Unión
Europea. Como es tan obvio y es tan indiscutible e irrefutable por mucho
que uno estruje la imaginación para buscar argumentos de refutación no se
nos ocurre ninguno. Señora presidenta, le agradezco mucho la amabilidad
de haberme dado la palabra a pesar del intento del señor Jané...
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
Ahora es el turno del señor Jané por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, señorías, vamos a aprobar hoy -vamos a votar
todos favorablemente- un proyecto de ley orgánica que es un mero
complemento, un
mero instrumento, una reforma claramente de adecuación a una nueva
competencia que van a tener los juzgados de lo Penal. Hemos aprobado ya
en la Comisión de Justicia y se está tramitando en el Senado el proyecto
de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales
de decomiso. Este proyecto de ley establece esa nueva competencia de los
juzgados de lo Penal cuando esas resoluciones judiciales de decomiso
deban ejecutarse en el Estado español. Por tanto, se atribuye esa nueva
competencia y debemos modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial,
añadiendo un apartado 4 al artículo 89 bis de la misma. Es una reforma
claramente instrumental y la vamos a votar a favor. Pero, señor ministro
de Justicia, hoy que vamos a votar a favor de una reforma instrumental de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y estando prácticamente en los últimos
plenos y sesiones del mes de diciembre, desde Convergència i Unió le
queremos recordar y exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que
llegamos cuando se aprobó la reforma procesal de la oficina judicial.
Hemos reformado muchas leyes procesales, también la Ley Orgánica del
Poder Judicial, pero nos queda una asignatura pendiente, que debería
haberse abordado a través de un proyecto de ley orgánica del Poder
Judicial que el Gobierno debía presentar en este periodo de sesiones.
Este periodo de sesiones va a finalizar ya, pero sigue pendiente la
reforma para adecuar el Poder Judicial a lo que establecen los nuevos
estatutos de autonomía, no únicamente el de Cataluña, sino también el ya
aprobado de Andalucía e incluso el que se está tramitando de Extremadura.
Todos ellos son estatutos de nueva generación que implican una reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y no podemos mirar hacia otro lado ni
estar pendientes de si hay o no una sentencia cuando nuestro deber es
cumplir con los estatutos de autonomía ya aprobados hace tres años. Por
tanto, nos queda esa asignatura pendiente. Esperemos que ese compromiso
no se demore. Damos una carta de confianza al Ministerio de Justicia,
porque Convergència i Unió es consciente de que en esta legislatura debe
implicarse a fondo a través del Plan de Modernización, a través del plan
legislativo de grandes reformas que lleguen a modernizar también nuestro
ordenamiento jurídico en aspectos tan importantes como el proceso penal,
que nos queda pendiente. Por tanto, va a contar con Convergència i Unió.
Dentro de esa mutua lealtad en el ámbito de los proyectos que el
Ministerio de Justicia, con el ministro Fran Caamaño, está llevando a
cabo, no le faltará colaboración por nuestra parte, pero también le
pedimos que no falte la lealtad de cumplir, reformando la Ley Orgánica
del Poder Judicial, con lo que en materia de Poder Judicial exigen los
nuevos estatutos de autonomía, que ya no son tan nuevos, porque llevan
tres años en vigor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BARRERO: Señorías, la Comisión de Justicia, con
competencia legislativa plena, viene aprobando un conjunto de leyes que
incorporan a nuestro ordenamiento jurídico una serie de decisiones marco,
emanadas normalmente del Consejo de la Unión Europea, que en su conjunto
van conformando ese espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que tiene
por objeto garantizar la libre circulación de personas y ofrecer un
elevado nivel de protección a los ciudadanos y que se corresponde a su
vez al régimen comunitario -primer pilar- y al régimen intergubernamental
-tercer pilar de la Unión Europea-. Normas de este carácter que ya se han
citado aquí son, por ejemplo, las relativas a órdenes de detención
europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros, las
correspondientes a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones
de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas o las
relativas a ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan
penas pecuniarias. La aprobación de estas nuevas leyes lleva
necesariamente consigo, de forma complementaria, la modificación de otras
normas, estas de carácter orgánico, ya vigentes con anterioridad en
nuestro ordenamiento y que por dicho carácter necesitan ser modificadas
por otras disposiciones asimismo orgánicas y por tanto de la competencia
necesaria y directa de esta Cámara.
Hecha esta breve introducción, el dictamen que hoy se somete a nuestra
consideración consiste en que, aprobada una nueva ley por la Comisión
-concretamente la Ley para la ejecución en la Unión Europea de
resoluciones judiciales de decomiso- se hace necesario determinar qué
órgano dentro del organigrama del Poder Judicial deberá ejecutar tales
resoluciones en nuestro país, cuando las mismas sean dictadas por otro
Estado miembro de la Unión Europea. Coherentemente se ha acordado en el
artículo 4 de la ley citada que los órganos que adquieren estas
competencias sean los jueces de lo Penal, lo que conlleva la necesidad de
modificar, mediante la ley orgánica que hoy se somete a su aprobación, la
ley del mismo carácter número 6 de 1985, conocida como Ley Orgánica del
Poder Judicial, y que se lleva a cabo mediante la incorporación de un
nuevo apartado -el número 4- del artículo 89 bis que atribuye esta nueva
competencia a los órganos mencionados. Mi grupo votará favorablemente -y
ya lo hizo en su momento en Comisión- porque considera que no solo es
importante este nuevo avance en la creación de ese espacio europeo sino
que además es imprescindible, ya que sería imposible llevar a cabo una
lucha adecuada contra la delincuencia organizada sin la existencia del
principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y en la
confianza de que esas resoluciones se van a reconocer y a ejecutar en los
diferentes países, que es, en definitiva, el objeto fundamental
de la ley aprobada en Comisión y de la que la presente ley trae causa.
Hemos de reconocer que la propuesta inicial -breve y concreta- era
correcta y adecuada, por lo cual ya en principio mostramos nuestro
acuerdo con su contenido porque la racionalidad de sus disposiciones y su
brevedad dejaban poco margen a las alteraciones mediante enmiendas de una
cierta entidad. A lo largo de la tramitación, por una parte se han
presentado una serie de enmiendas de contenido puramente terminológico, a
las que se ha dado una solución dispar pero conforme siempre por todos
los grupos políticos. Por otra parte y al amparo de esta tramitación,
como ya viene siendo habitual, se han presentado otras enmiendas de mayor
entidad que afectan a normas que no tienen nada que ver con la ley
orgánica que se somete hoy al examen de SS.SS., pero que entran de lleno
en ese acuerdo tácitamente aceptado por todos los grupos -de más que
dudosa técnica jurídica y legislativa pero, sin duda, de un gran sentido
práctico- de introducir modificaciones puntuales para lograr mejoras
tanto en el aspecto penal como para facilitar la implantación de la nueva
oficina judicial. En este sentido, señor Sáez Jubero, no tengo más
remedio que lamentar que las actuaciones de su grupo no estén a la altura
de sus invocaciones al consenso, ya que mientras el resto de los grupos
aceptamos sin reservas las enmiendas planteadas a su instancia, por el
Grupo Popular se presentaron in voce dos de ellas, magníficamente
elaboradas por mi compañera doña Dolors Montserrat y a instancias de
colectivos relacionados con el libre ejercicio del derecho, carentes por
completo de contenido ideológico o político pero con un gran sentido
práctico para la eliminación de trabas administrativas y muy en
consonancia con los criterios de la nueva oficina judicial. Ustedes
rechazaron tales enmiendas a pesar de ser elogiadas por los grupos que
intervinieron e incluso admitir usted implícitamente su procedencia en su
intervención, adquiriendo el compromiso de revisarlas en una ulterior
reforma.
Correlativamente a este acuerdo se han generado algunas fructíferas
reflexiones, entre las que no me duelen prendas en reconocer que se
encuentra una propuesta -que hoy no ha mantenido aquí en este momento el
señor Jané- respecto a la modificación del actual artículo 520 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en relación a reforzar las garantías del
justiciable en el momento de la detención o prisión provisional, de forma
que estas se llevan a cabo sin que perjudiquen a su persona, a su
patrimonio o a su reputación. Creo que actuó correctamente al retirar
generosamente su enmienda, que estaba siendo apoyada por el Grupo
Popular, en aras de una reflexión más detenida y prudente que habrá de
complementarse también con una revisión de la figura del imputado para
adaptarla más a los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
considerándola más una garantía y un derecho para el interesado que la
deforme concepción que tiene la sociedad de esa institución, como una
especie de condena previa que tanto daño genera en muchos supuestos. Es
necesario reconocer que en numerosas ocasiones los tribunales tienen que
moverse no en el terreno firme y seguro de las pruebas concluyentes, sino
en el siempre resbaladizo y peligroso de los indicios. Por cierto que he
leído recientemente, señor Caamaño, unas declaraciones suyas en las que
reconoce expresamente que es necesaria la clarificación de este concepto
de imputado, porque se le viene dando un tono y unos efectos
absolutamente equivocados. Espero que se lleve a cabo en la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por último y con referencia a una enmienda transaccionada por todos los
grupos, presentada por el Grupo Popular, con relación a la aplicación de
los principios generales del derecho, y concretamente a diferencias de
opinión entre la procedibilidad del principio de cosa juzgada o el
principio non bis in idem, hay que entender que tales principios que
informan todo el sistema penal no necesitan invocarse expresamente en
leyes auxiliares, ya que son aplicables directamente de oficio o a
instancia de parte, siendo este uno de los supuestos en que lo que abunda
sí daña, ya que como en el presente caso puede dar lugar a
interpretaciones dispares.
Al margen de todo ello, felicitamos sinceramente a cuantos han
participado, estimando que por parte de la Comisión se ha hecho un
trabajo correcto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gallego
Barrero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Cuesta Martínez.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sirvan de resumen de lo que
estamos debatiendo cuando hablamos de impulsar el principio de la
confianza mutua, del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales,
de la ampliación del espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad en
el ámbito de la Unión Europea. Esto significa como noticia, una muy mala
noticia contra el crimen organizado. Lo importante de lo que estamos
aprobando en la mañana de hoy es precisamente mejorar los instrumentos
del Estado en defensa de las ciudadanas y de los ciudadanos para hacer
frente a la lucha contra la criminalidad, contra el crimen organizado. Es
una buena ocasión y además esta ley lo hace incorporando el consenso de
toda la Cámara, la unanimidad con la que fue votada en Comisión, como
también por unanimidad en la Comisión fue votada la ley ordinaria que
aprobamos con competencia legislativa plena y que supone efectivamente un
reconocimiento de las resoluciones europeas en materia de decomiso. Ha
habido unanimidad en las votaciones, ha habido también un buen nivel de
diálogo, de consenso, de integración de posturas y no hay ninguna
enmienda viva, lo cual es una buena noticia para la Cámara. Por tanto,
este proyecto de ley, señora
presidenta, es consecuencia instrumental del proyecto que aprobamos con
competencia legislativa plena y que se refería a la ejecución en la Unión
Europea de resoluciones judiciales de decomiso. Se trata de una ley de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para residenciar como
competencia de los juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de
las resoluciones de decomiso trasmitidas por las autoridades de otros
Estados miembros de la Unión Europea cuando estas resoluciones deban
cumplirse en territorio español. Se establece, pues, la competencia de
los jueces de lo Penal.
Decía que en la Comisión el proyecto se aprobó por unanimidad y, vuelvo a
insistir, no quedan enmiendas vivas. Pero quiero resaltar la importancia
que tiene para todos los grupos y para nuestro país el trabajo que se
está haciendo con la creación del espacio europeo de Libertad, Justicia y
Seguridad en la Unión Europea. Ello exige un esfuerzo importante por
parte de todos los Estados miembros para mejorar la cooperación judicial.
Esta cooperación y el principio de la confianza mutua encuentran su
principal punto de apoyo en el principio del reconocimiento mutuo de
resoluciones judiciales. Esto es básico y leyes como estas apuestan por
esta confianza. El uno de diciembre de este año entró en vigor el Tratado
de Lisboa, que amplía el espacio europeo de Libertad, Justicia y
Seguridad en la Unión Europea. Recientemente, también, se ha aprobado el
llamado programa de Estocolmo por el Consejo Europeo celebrado en
Bruselas los días 10 y 11 de este mes. El Consejo Europeo, en sus
conclusiones, apuesta por una Europa de la ley y la justicia, afirmando
que el logro de un Estado europeo de la justicia debe consolidarse para
superar la fragmentación actual, añadiendo en este sentido que es
necesario movilizar recursos para poner fin a los obstáculos al
reconocimiento de las resoluciones judiciales en otros Estados miembros,
apostando decididamente por la cooperación judicial en materia penal.
Estas son, sin duda, prioridades del programa plurianual 2010-2014 de la
Unión Europea, conocido como programa de Estocolmo, esta confianza mutua,
el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Además, por esta
senda deberá caminar el plan de acción que deberá adoptar el Consejo, ya
bajo la Presidencia española. En esta legislatura, lo han recordado
algunas intervenciones, el Congreso de los Diputados y la Comisión de
Justicia han dado cumplimiento a decisiones del Consejo de la Unión
Europea, aprobándose leyes como la Ley para la ejecución de la Unión
Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, reformando
también la Ley orgánica del Poder Judicial, y la Ley sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, entre otras, sin perjuicio
de proyectos que asimismo concretan decisiones marco de la Unión Europea
y compromisos internacionales, como la reforma del Código Penal, que está
actualmente en tramitación y que supone un magnífico instrumento para
mejorar los instrumentos en defensa de la ciudadanía y en la lucha contra
el crimen organizado y contra algunas modalidades criminales que alarman
en el ámbito europeo.
Finalmente, lo decía al principio, este proyecto da cumplimiento a la
decisión marco de la Unión Europea, Decisión 2006/783, del Consejo, de
octubre de 2006, potencia la cooperación judicial de España con el resto
de Estados de la Unión Europea y supone una muy mala noticia, vuelvo a
insistir en ello, para el crimen organizado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Cuesta.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación pasamos al
debate del proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo. Para la defensa de sus
enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora
Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, señorías, subo a esta
tribuna no solo para defender las enmiendas que mantenemos vivas, que son
dos, sino porque queremos al mismo tiempo manifestar nuestra posición en
relación con el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar, una posición que
no puede ser otra que la del voto afirmativo, sobre todo después de que,
en el proceso de enmiendas, hemos conseguido entre todos los grupos
parlamentarios que compartimos la necesidad de esta ley mejoras
importantes que sin duda redundarán en su eficacia a la hora de alcanzar
los objetivos que con esta norma nos proponemos.
Señorías, nuestro grupo presentó once iniciativas, cuatro de ellas fueron
aceptadas íntegramente, tres fueron transaccionadas con otros grupos y
mantenemos vivas dos; retiramos dos, porque considerábamos que quedaban
perfectamente incorporadas a través de enmiendas de otros grupos. Vamos a
empezar, señorías, por el objetivo que se recoge en el artículo 1 del
punto 2, en el que se desarrollan las condiciones de interrupción
voluntaria del embarazo, y más concretamente en el artículo 14, en el que
se garantiza el derecho de la mujer a decidir. Señorías, no solo estamos
reconociendo un derecho, estamos estableciendo garantías jurídicas para
aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo y estamos asimismo
superando la situación hipócrita que las limitaciones de la legislación
actual provoca. Aun así, mantenemos nuestra enmienda número 8, de
ampliación de las 14 semanas que se recogen en el proyecto de ley a 16,
en la medida en que consideramos que esto es más oportuno y más adecuado
para el propósito que tenemos y sobre todo porque no tenemos, ni
desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista médico,
ninguna razón que indique que esto no sea conveniente.
En ese mismo título I al que hemos hecho referencia se recogen las
responsabilidades de los poderes públicos en el desarrollo de las
políticas sanitarias, educativas y sociales, relacionadas con la salud
sexual y reproductiva, que posteriormente se especifican en los
diferentes artículos de la ley, cuestiones todas ellas, señorías, que
para nosotros son fundamentales, como lo es que en el ámbito sanitario se
garantiza, sobre todo después de las transacciones incorporadas en el
trámite de ponencia y Comisión, la atención y la prestación de la IVE a
las mujeres en el ámbito de la sanidad pública. En este punto es
importante resaltar la incorporación al texto, a través de una
transacción, de la figura de la objeción de conciencia, aunque esto no se
recogía en el proyecto presentado por el Gobierno y que, a nuestro
juicio, era fundamental que se tratase. Afortunadamente, esta ha sido una
preocupación compartida con otros grupos, de manera que, de acuerdo con
las enmiendas presentadas, nos satisface en este momento la transacción
que finalmente se ha acordado y que permite que se recoja este tema en la
ley que vamos a aprobar. Asimismo, para nosotros es fundamental que se
tratase debidamente la educación sexual y afectiva así como la
prevención, que son desde nuestro punto de vista elementos esenciales
para conseguir uno de los objetivos que sin lugar a dudas tiene esta ley
como es reducir el número de abortos.
Señorías, incorporando la educación sexual y afectiva al sistema educativo
hacemos posible que nuestros jóvenes adquieran un mayor conocimiento
sobre sexualidad, de manera que, cuando decidan compartirla, puedan
hacerlo con responsabilidad y prevención, evitando así embarazos no
deseados. Otra de las ventajas que tiene incorporar la educación sexual y
afectiva a nuestro sistema educativo es que tenemos la necesidad de
superar una vieja concepción sexual de dominio, superar conceptos de
poseedor y poseída; el hombre posee y la mujer se entrega. Si conseguimos
superar estos conceptos, estaremos actuando, estaremos, si no eliminando,
al menos debilitando uno de los pilares básicos de la violencia de
género.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila,
tiene que acabar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por eso, nuestra valoración y la razón del
voto favorable a este proyecto de ley no solo radica en esa cuestión
fundamental que es el reconocimiento de la mujer a decidir en relación
con su derecho a la maternidad, sino en el conjunto de las medidas que en
la ley que vamos a aprobar se recoge y que entendemos que son muy
beneficiosas no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en
general.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted.
Por el mismo grupo, para fijar su posición tiene en primer lugar la
palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Señorías, intervengo para fijar posición por cuanto que las propuestas
realizadas por parte de Nafarroa Bai al proyecto de ley vienen recogidas
en el dictamen que nos remite la Comisión de Igualdad al Pleno del
Congreso y por tanto -no puede ser de otra manera- anuncio el voto
afirmativo de Nafarroa Bai a dicho dictamen. He de señalar que no solo se
trata de aquello que Nafarroa Bai apuntaba y acotaba con respecto a la
necesidad, nos parece que imperiosa, de que la ley sea de aplicación en
el conjunto del territorio, si así lo decide la mujer en la aplicación de
esta ley, sino que además entendemos que viene enriquecida por
aportaciones de otros grupos.
Nos parece importante, y mucho, el hecho de regular la objeción de
conciencia desde supuestos personales. Lo digo porque algo tan serio, tan
fundamental, como la objeción de conciencia de los profesionales ha
venido siendo utilizado en diferentes territorios, en este caso en la
Comunidad Foral de Navarra, como cobertura para evitar la aplicación de
esta ley en el conjunto del territorio y por lo tanto en el mismo rango
de igualdad para el conjunto de las mujeres. Entiendo que el dictamen que
nos llega de Comisión garantiza todos estos supuestos y, en cualquier
caso, mejora y garantiza la aplicación de la ley en torno a la
interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con las necesidades de
una sociedad más leal, de una sociedad más abierta, pero sobre todo de
una sociedad más justa, también en casos y en supuestos tan duros como
este.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Barkos.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es
que he de reconocerles que no albergaba muchas esperanzas de que el
proyecto de ley fuera a ser mejorado por su paso en la Comisión, pero lo
que no me imaginaba es que pudiera ser, como ha sido, empeorado, y encima
alegando que era por obtener un consenso.
A juicio de nuestro partido, las enmiendas introducidas provocarán más
inseguridad jurídica, por la ambigüedad introducida en los retoques, por
la indefinición de garantías, que convierten la ley en papel mojado en
algunos casos, y por hacer imposible el control de lo que la ley permite,
que sin duda beneficiará nuevamente a las clínicas privadas. Provocan más
ilegalidad, introduciendo una regulación del ámbito de aplicación de la
ley que podría vulnerar las competencias autonómicas impidiendo
en algunos casos a los padres el ejercicio de la patria potestad; y mayor
inconstitucionalidad, que se une a la que ya denunciamos y que ahora se
amplía por la introducción de un reconocimiento selectivo de la objeción
de conciencia, o también la imposición de un currículum proabortista en
los centros educativos; y provoca más sectarismo tras el consenso que han
alcanzado con los partidos de la izquierda más extrema.
Sale así una normativa no solo basada en una filosofía determinada; encima
se pretende que sea asumida e incorporada por todos los centros y
universidades, a los que se traslada de forma obligatoria una educación
sexual determinada hasta ahora fracasada y una praxis médica que, a decir
de algunos, también será objeto de muchos problemas de conciencia.
¿Cuántos estudiantes de medicina van a objetar del aprendizaje de la
práctica de abortos? ¿Conocen ya el plante de alguna universidad a esta
asignatura? Han unido, señores de la mayoría, al error histórico la
contumacia del totalizante. Dijimos que no entendíamos la lógica de
quienes dicen defender la vida, el derecho a la vida, como valor sagrado
y supremo y apoyan este proyecto de ley tan inhumano, y lo seguimos hoy
también manteniendo. Por cierto -y termino-, yo quisiera que alguien me
pudiera explicar, si es posible, por qué se dice, se escucha, que el
Partido Socialista en Cataluña da libertad de voto para que sus diputados
autonómicos voten lo que su conciencia les diga en relación con la
supresión o no de la fiesta de los toros en esa parte de España y no
permiten, coherentemente con esa misma lógica, que en este tema los
diputados socialistas -y me consta que algunos están teniendo muchos
problemas para aceptar esta nueva regulación- puedan hacer lo mismo. ¿Es
más importante para ustedes la vida de un animal que el futuro de un ser
humano? (Rumores.) Sencillamente, yo les pido, por favor, que suban a
esta tribuna y me lo expliquen, porque yo sinceramente no me lo puedo
creer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor
Salvador.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como evidentemente resulta muy difícil de
explicar en dos minutos mi posición contraria a la aprobación de esta
ley, doy por reproducidos inicialmente todos los argumentos que utilicé
en la enmienda a la totalidad y me voy a centrar en por qué mantengo esa
posición.
Creo, señorías, que el texto que nos llega con las enmiendas que se han
admitido empeora el texto original en los tres supuestos que a mí me
interesan. La inseguridad jurídica; esta ley es un híbrido entre una ley
de plazos y supuestos, esta es una ley que realmente es una ley de plazos
hasta las 22 semanas, es una ley de plazos de facto hasta las 22 semanas,
señora ministra, aunque no es una ley de iure hasta las 22 semanas, con
lo cual genera una enorme inseguridad jurídica, mucho más que la ley
actual. Es decir, que al coladero del tercer supuesto de la Ley actual
desde el punto de vista de la inseguridad jurídica se suma esta doble
situación de ley de plazos de facto, pero no de iure hasta las 22
semanas. Además, es una ley que no resuelve el problema fundamental de la
ley actual; no solo no lo resuelve, sino que lo empeora. Es una ley que,
por otra parte, modifica la mayoría de edad penal sin ningún tipo de
debate que lo justifique. Una situación en la que el Gobierno realiza una
expropiación indebida de la tutela de las mujeres menores de 16 y 17
años, tutela que les corresponde a sus padres o a su tutor legal. Por
cierto, no tiene nada que ver con lo que ocurre en Francia con la ley
francesa, ley con la que ustedes suelen compararse. Saben ustedes,
señorías, que en la ley francesa, primero, los controles y la regulación
son mucho mayores. Por último, esta es una ley que proclama el derecho a
abortar. El aborto, señorías, siempre es un drama. Nunca puede ser un
derecho. Nos corresponde regular por ley aquellas situaciones en las que
interrumpir voluntariamente el embarazo no ha de ser ilegal, eso es lo
que nos corresponde regular, pero no proclamar el aborto, que siempre es
un drama, como si fuera un derecho.
En definitiva, es una mala ley, es más insegura que la actual -esto me
parece muy importante porque en su aplicación lo vamos a ver- y tendrá
gravísimas consecuencias, incluso para aquellos, que creo que son la
inmensa mayoría de los que la apoyan, que quieren que sea más segura. Yo
no presumo mala interpretación ni mala fe, pero va a tener malísimas
consecuencias en su aplicación. Desde el punto de vista de la seguridad,
es más insegura que la actual.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor,
termine.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidenta. No solo no resuelve los
problemas, sino que, a mi juicio, los empeora; engrandece, en el sentido
de agrandar los problemas de coladero -permítanme la palabra-, porque,
además, incorpora a las menores en esa posibilidad de coladero. En
definitiva, ¿por qué así y ahora una mala ley? Pues, señorías, y me
dirijo particularmente a los miembros del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, termine, pero
sabe que lo tiene que hacer ya.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino. Es una mala ley y viene así porque
ustedes, señores socialistas, han banalizado el aborto y solo desde esa
consideración han podido hacer esta ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Díez.
Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds y en primer lugar tiene la palabra el señor
Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como quiera que hoy es un día feliz, feliz para el Gobierno,
feliz para la ministra, feliz para nosotros, feliz para las mujeres,
también debo decirles que hay dos déficits que debemos plantear hoy aquí.
En primer lugar, que los mismos argumentos con los cuales se han
defendido las 14 semanas, a efectos prácticos, 16, podríamos defender las
22, que es lo que defendemos los republicanos, puesto que, como saben, es
el término coincidente con la opinión científica de la viabilidad fetal.
Otra cuestión que también es un déficit es que nosotros pretendemos,
queremos, la absoluta, total, categórica, despenalización de la
interrupción del embarazo, por lo cual planteamos enmiendas a fin y
efecto de que el artículo 145 desaparezca del Código Penal. Son dos
reivindicaciones, ya les anunciamos que nosotros no renunciamos a ellas,
y de esta segunda plantearemos iniciativas parlamentarias pronto.
Vayamos a aquello que nos hace felices a la izquierda. Se trata del
respeto que ha tenido el Partido Socialista, el Gobierno, con las
condiciones que nos pusimos entre todos en la subcomisión, es decir, ser
diligentes, para no dar demasiado tiempo a la derecha, y ser leales, y
ustedes -y se lo digo a la señora ministra, porque hay que reconocerlo-
han sido leales, puesto que el proyecto de ley ciertamente respetaba las
conclusiones de la subcomisión. Luego, además, durante el trámite
parlamentario hemos conseguido incrementar las bondades de la ley.
Ustedes saben que para nosotros era muy importante poder regular la
objeción de conciencia individual, solamente individual, y que tuviera
solo implicación aquella persona que interviene directamente en la
interrupción del embarazo; por supuesto, siempre, siempre, respetando y
garantizando los derechos de la ciudadana. Ciertamente para nosotros es
también muy importante haber conseguido incorporar en la ley los métodos
anticonceptivos, puesto que queda claro que, en el plazo de un año,
deberá plantearse cómo regular todo aquello que afecta a su incorporación
en la cartera de servicios del sistema público.
Para nosotros es muy importante basar todo el futuro en la prevención, y
no hay prevención sin educación, por lo cual estamos muy satisfechos de
haber incorporado en la ley -todos-, en primer lugar, la formación
específica de los sanitarios de todos los estudios de interrupción del
embarazo e incardinar la educación sexual, afectiva y reproductiva, para
las nuevas generaciones en los formatos de los currículum. También es una
mejora sustancial que solamente haga falta un médico o médica para poder
hacer el dictamen que afecta al artículo 15. Ustedes saben a qué me
refiero, a la interrupción del embarazo más allá de las 22 semanas. En
definitiva, preeminencia de lo público, fundamental, y, como es una ley
que no tenía memoria económica, para nosotros es muy importante esta
obligación de evaluar por parte del Gobierno los costes del despliegue de
la ley.
Se ha demostrado, señorías, que, cuando hay voluntad, se puede. Ustedes,
los socialistas, por historia, por ADN progresista e incluso a veces
izquierdista, saben perfectamente que tienen toda la posibilidad de
emprender reformas tan estructurales como esta con el apoyo de la
izquierda. Nosotros nunca vamos a regatearles nuestro apoyo si existe
esta voluntad de legislar para homologar la legislación española a la de
los Estados más avanzados de la Unión Europea. Creo que se ha demostrado
que el lobo no es tan fiero como lo pintan. Repito, el lobo no es tan
fiero como lo pintan, y no vale a veces utilizar la derecha como
coartada. De manera que estamos muy felices, satisfechos de trabajar con
ustedes para avanzar en los derechos, y felicitamos -no nos duelen
prendas- a las diputadas, en este caso a Carmen Montón, y a la ministra.
No nos duelen prendas, repito, por felicitarles, porque cuando les
tenemos que dar palo también se lo damos.
Muchas gracias. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tenemos encima de la mesa dos debates. Uno de ellos tiene que
ver con la contrarreforma, es decir, con poner la ley en contra de la
realidad social. Algunos grupos parlamentarios no solamente quieren que
se mantenga la actual no legislación -que no hay legislación- en materia
de interrupción voluntaria del embarazo, sino que quieren volver a los
tiempos del silencio. Yo quiero recordarles que en los tiempos del
silencio y de la represión había más interrupciones voluntarias del
embarazo, más mortalidad materna, y había represión de las libertades y
de las mujeres. Por tanto, les llamo a que no vayan al debate de la
contrarreforma. Estamos en el debate de la reforma. Y aquí se ha
suscitado por parte de la señora Díez si hay algo entre la Constitución y
el Código Penal. Pues este Parlamento. Es lo que hay entre el Código
Penal y la Constitución, la capacidad de legislar, porque hoy no hay ley,
señoría, no la hay. Hoy hay una despenalización parcial, una tolerancia
de la interrupción voluntaria del embarazo, una inseguridad jurídica, y
esa medida no se enmarca en ninguna política de salud sexual, ni de
maternidad, ni tampoco en ninguna política familiar, como usted dice. Por
tanto, es una iniciativa reformadora, que incorpora una legislación
avanzada en el marco de una política de salud sexual y reproductiva.
Señorías, a lo largo del trámite de ponencia y de Comisión hemos avanzado,
en nuestra opinión. En primer lugar en que la interrupción voluntaria del
embarazo sea una interrupción voluntaria del embarazo
enmarcada en una política más amplia, en una política de salud sexual, en
una política de planificación familiar. Con eso tienen que ver los temas
educativos y los temas de la formación de los profesionales. No hay
ningún tipo de adoctrinamiento, es adecuar la educación y la formación a
la realidad social. Por otra parte, también hemos mejorado las garantías
del servicio público para la interrupción voluntaria del embarazo y los
compromisos de las prestaciones sanitarias se han mejorado de manera
sustancial. Para aquellos que ahora se sorprenden con la objeción de
conciencia, he de recordarles que no solamente es la izquierda, llevamos
mucho tiempo en que la derecha está reclamando una regulación de la
objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del
embarazo. ¿Por qué hay ciertos grupos que antes la reclamaban y ahora la
reprochan? Porque se han dado cuenta de que la regulación de la objeción
de conciencia tiene un doble filo: por un parte, garantiza la objeción a
aquel que tiene una objeción moral, pero, por otra parte, garantiza el
ejercicio del derecho a la mujer. Lo que está ocurriendo en nuestro país
es que el discriminado no es, señorías, el que objeta, el discriminado es
el que no objeta, de tal manera que en estos momentos hay objeción
estructural por parte de servicios sanitarios que dificultan la libre
determinación del resto de los profesionales del sistema sanitario. Creo
que es importante el avance en materia de objeción, siempre y cuando se
defienda que lo prioritario es la recuperación y el respeto al derecho de
las mujeres; es importante también, en relación con las menores que, a
pesar los acuerdos que ha habido en el marco de la Comisión, se mantenga
que la decisión es en todo caso de la mujer, tenga esta 16, 18 o 25 años,
aunque se informe a sus padres o a sus tutores.
Para mi grupo parlamentario, sin embargo, señorías, quedan temas
pendientes; queda pendiente la iniciativa de gratuidad, y tomaremos una
iniciativa con Esquerra Republicana de Catalunya, creemos que hay
anticonceptivos que deben entrar dentro de la gratuidad; queda el tema de
la despenalización total, que en nuestra opinión debería incorporarse en
la reforma del Código Penal, y queda el tema de la ampliación de plazo
que seguimos defendiendo que sea a 22 semanas. No renunciamos, señorías,
a mejorar el texto. Este es un texto que puede ser discutido
políticamente, que puede ser discutido incluso desde el punto de vista
moral, pero los que adoptamos esta iniciativa tenemos toda la legitimidad
para hacerlo; podemos, según algunos, cometer pecado, en su criterio,
pero desde luego esto no es delito, ellos no son quienes para decir qué
es y qué no es delito, eso es cosa nuestra nada más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene en primer
lugar la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como es habitual dentro de nuestro Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, saben ustedes que en cuestiones como las que hoy
debatimos se da libertad de voto. Voy a defender las enmiendas en nombre
de los 4 diputados de Unió Democràtica. Después, será mi compañera, doña
Mercè Pigem, quien defenderá las otras enmiendas presentadas dentro de
nuestro grupo, y por ello compartiremos nuestro tiempo.
Tengo que empezar, señorías, lamentando que del grupo de enmiendas que
hemos presentado no se nos haya aceptado ni una; no nos sorprende.
Nuestra postura, como ya defendí en la enmienda a la totalidad, es muy
distante de la del Gobierno en estos temas. Partimos de la base de que
para nosotros la parte de ley correspondiente a la salud sexual y
reproductiva es una excusa para lo que en realidad han hecho, modificar
la interrupción voluntaria del embarazo. Esta primera parte de la ley
consideramos que debería hacerse desde la legislación sectorial del
ámbito de la salud y de la educación y, en estos ámbitos, no podemos
olvidar que las competencias están en las comunidades autónomas. Solo
coincidimos con ustedes en la importancia y en la conveniencia de la
prevención en materia de salud sexual y reproductiva, pero desde luego no
en la forma en que proponen hacerlo. A los diputados de Unió nos preocupa
principalmente la otra parte de la ley, la que regula la interrupción del
embarazo, parte que consideramos inconstitucional. Ya les dijimos hace
pocos días en la defensa de la enmienda a la totalidad que este Gobierno
en lugar de hacer cumplir una ley prefiere cambiarla. La compleja
cuestión de los embarazos no deseados, desde luego no deja indiferente al
legislador, pero también es cierto que en ocasiones se producen
conflictos graves a los que debe darse respuesta jurídica y política. El
Estado debe proteger la vida, la vida de todos, según el artículo 15 de
la Constitución. Esa protección de la vida pasa, por ejemplo, por
garantizar a la madre la máxima información posible acerca de su
decisión; consiste también en establecer las máximas ayudas a la familia
y a la natalidad, y garantizar a través de las familias, de los centros
educativos y de la atención social, la responsabilización y la madurez de
los jóvenes ante las relaciones sexuales. La familia -vuelvo a repetir-
no es solo una unidad de prestación de servicios, es la unidad básica de
la sociedad y los gobiernos no pueden expropiar a los padres esta
obligación para dársela a otros, ya sea otro adulto, un médico o un
asistente social.
Señorías, tal como queda este proyecto de ley, a nuestro entender, en
ningún caso lo han mejorado. Permanecen muchos aspectos que ya
denunciábamos en la enmienda a la totalidad, a la cual me vuelvo a
remitir. La ausencia de los padres en relación con los menores sigue
siendo notoria todavía en la regulación de las medidas del ámbito
educativo, en la que no existe mención ni respeto alguno del derecho
fundamental de los padres -vuelvo a repetir, fundamental- a que sus hijos
reciban la formación rigurosa, religiosa y moral y que esté de acuerdo con
sus propias convicciones. Para nosotros continúa el menosprecio a la
patria potestad y su ejercicio en el caso de los abortos de las jóvenes
menores de edad. Pocas decisiones se pueden tomar a estas edades de más
transcendencia y pocas encontraremos en que se necesite más la ayuda, el
soporte y el apoyo de los padres y de la familia.
¿Dónde están esas medidas alternativas que se pueden ofrecer a las mujeres
ante un embarazo no deseado? ¿Qué tipo de ayudas? ¿Ayudan a la madre a
que pueda tomar la decisión libre y responsable de continuar con el
embarazo? ¿Dónde está la estimulación de esta decisión? Estas preguntas
las hacíamos en la enmienda a la totalidad y las continuamos haciendo
porque, señorías, no les dan respuesta. Les es indiferente que la
decisión libre y responsable de la mujer sea continuar el embarazo o
interrumpirlo. Parece que se pretende que la única decisión realmente
libre y responsable sea su interrupción. ¿Algún día nos presentarán
ustedes auténticas ayudas y alternativas para estas mujeres? ¿Verdaderas
ayudas a las familias? ¿Ayudas a la natalidad? Nuestras propuestas no las
quieren, pero siguen sin ofrecer ninguna alternativa. Señorías, a los
diputados de Unió Democràtica no nos gusta este proyecto, no nos gustaba
al principio y sigue sin gustarnos después de esta rápida tramitación. No
podemos aceptar esta banalización del aborto y la falta de respeto hacia
la vida del no nacido. No esperen de nosotros el apoyo a este dictamen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Tarruella.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ustedes saben que Convergència Democràtica de Catalunya da
libertad de voto en aquellos asuntos que consideramos de conciencia y,
evidentemente, el que estamos debatiendo es uno de ellos. Una libertad de
voto que en Convergència Democràtica de Catalunya valoramos como un
acierto -y nos consta que diputados de otros grupos desearían también
tenerla-, y consideramos que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad,
a la que aquí representamos, porque respeta la posición individual de
cada uno de nosotros en aquellas cuestiones que interpelan, directa y
transversalmente, más allá de la ideología política, a las convicciones
íntimas, religiosas, éticas y personales de cada uno. Por tanto, entre
nosotros hay parlamentarios contrarios a los fundamentos o a las
disposiciones de esta ley, y su posición puede verse claramente
sustentada en los argumentos brillantemente expuestos por mi compañera
Conchita Tarruella, y otros favorables a la misma en el bien entendido
que la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo no es nunca
una cuestión fácil ni simple. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
No en vano afecta a consideraciones morales de los que legislamos, tiene
que ver claramente con dos conflictos entre dos valores, constitucional y
legalmente protegidos, como son la autonomía, la dignidad y el libre
desarrollo de la personalidad de la mujer, por un lado, y la vida del
feto, por otro. Además, lo que aquí hagamos tiene o puede tener enormes
consecuencias en la vida de muchas mujeres. Desde esta libertad de voto
vamos a expresar pues individualmente nuestro posicionamiento, pero me
gustaría dejar aquí algunas consideraciones.
La primera de ellas es recordar una vez más que no estamos debatiendo
sobre aborto sí o aborto no. Este es un debate que se produjo en 1985,
señorías, hace veinticuatro años, y tenemos desde entonces, sin que se
haya cuestionado por gobiernos de ningún signo, un marco legal regulador
del aborto que por cierto se ha venido considerando como uno de los más
permisivos de Europa. Centrar el debate en lo que es y no en lo que no
es, pues no se ha tratado en ningún momento de suprimir la regulación del
aborto sino solo de si debemos cambiar esta regulación, sería la primera
consideración. La segunda apuntaría a que la legislación que hoy se nos
propone es claramente mejor que la actual en muchos puntos de vista,
porque enmarca la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un
aspecto amplio de salud sexual y reproductiva, proponiéndose así prevenir
mediante la formación y la información los embarazos no deseados y
reducir en consecuencia el número de abortos, porque va a ofrecer a las
mujeres y a los profesionales una seguridad jurídica que no tienen en la
regulación actual, y porque esperamos va a poner fin, ya que los plazos
están mucho más acotados, a las situaciones abusivas que se han estado
realizando al amparo de la actual legislación en la que el plazo es
ilimitado, es decir durante todo el embarazo, en supuestos como la salud
psíquica, lo que ha permitido, como todos sabemos, abortos en fases muy
avanzadas de la gestación.
Creemos también que el proyecto ha mejorado en el trámite parlamentario y
que fruto de enmiendas presentadas por mi grupo, aceptadas unas de manera
literal y otras transaccionalmente, se ha introducido la posibilidad de
objeción de conciencia de los profesionales que intervienen, la mejora de
la información que debe recibir la mujer antes de tomar la decisión, la
necesidad -naturalmente con alguna excepción- de que las menores mayores
de 16 años deban informar a sus progenitores de su decisión, así como los
temas de ámbito competencial, que entendemos han quedado bien resueltos.
Queremos agradecer en este sentido tanto al Gobierno como a los
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista -y lo quiero singularizar
en mi compañera la diputada Carmen Montón- que en todo momento hayan
querido llegar a acuerdos en base a las enmiendas presentadas por mi
grupo. Es razonable pues pensar que un marco legal que supere los
problemas de la actual, siendo más restrictivo y más claro en cuanto a
los plazos, que pone el acento en la prevención intentando prevenir
embarazos
no deseados y rebajar especialmente el número de abortos, que es muy
similar al de los países de nuestro entorno, regulando la interrupción
voluntaria del embarazo con un modelo mixto de plazos e indicaciones, que
da y pretende dar una mayor seguridad jurídica a mujeres y profesionales
porque clarifica conceptos y que a lo largo de la tramitación
parlamentaria se han modificado positivamente en aspectos para nosotros
importantes, sea hoy una propuesta mejor valorada que la inicial, lo que
seguramente va a hacer que algunos modifiquemos nuestra posición
manifestada al principio.
Finalmente, no pensamos que nadie pueda pretender imponer su moral ni
tampoco condenar a nadie por defender sus opciones. Hemos de tratar de
entender y comprender las razones de todos, pero en especial las de las
mujeres de todas las ideologías que se han encontrado, se encuentran o se
pueden encontrar delante de este dilema moral ante el que las leyes en
todo caso lo que deben hacer es permitirles decidir. Desde estas
consideraciones y con el respeto y la comprensión por las posiciones de
todos, vamos -lo digo una vez más- a expresar individualmente nuestro
voto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Santiago Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor presidente.
A estas alturas, en esta tramitación parlamentaria pensamos que pocos
desconocen la realidad de cómo ha llegado esta ley a este Parlamento. No
lo ha hecho porque el Gobierno cumpliera con ella un compromiso
electoral, que no existía; no lo ha hecho tampoco porque existiera la
constatación de que se puede mejorar el actual marco legislativo en sus
propios términos, y no lo ha hecho tampoco porque apareciera una demanda
social que lo justificara. Tenemos hoy, si cabe, todavía más elementos de
juicio para saber que, al contrario, la única razón por la que esta ley
se ha tramitado es por el intento del Gobierno de volver a recuperar el
control de la agenda política. Estamos ante un Gobierno que no sabe
asumir sus auténticas responsabilidades en muchas materias; estamos ante
un Gobierno ineficaz, desbordado por tantos acontecimientos cada semana;
estamos también ante un Gobierno incapaz de proponer soluciones reales a
los problemas de los españoles y centrarse en las prioridades que la
sociedad demanda, y en este panorama aparece la tramitación de este
controvertido proyecto de ley. Esto lo hace, como es obvio para muchos,
un Gobierno que cree que precisamente mediante la transgresión de un
sistema de valores sociales y democráticos, generando enfrentamientos,
condiciona sus propias posibilidades electorales y políticas; un Gobierno
que, a la postre, demuestra una vez más que confía en el enfrentamiento
como método de autoafirmación. Es un Gobierno, el que trae este proyecto
de ley, que ha demostrado una vez más que solo sabe gobernar en contra
de: en contra de la propia realidad del problema del aborto en nuestra
sociedad, donde se ve que no es aceptable el incremento constante y
continuo del número de abortos que se realiza; en contra de las
prioridades, que lo son, de los españoles, donde no se situaba la
transgresora y radical reforma que el Gobierno propone con esta norma, y
en contra también, señorías -y esto es esencialmente importante en este
caso-, de un fundamento de legitimidad democrática que establece
precisamente que en determinados asuntos, por lo que inciden en la propia
sociedad, hay que ser capaz de buscar especialmente los consensos
básicos.
Esta, señorías, no es una ley del consenso ni en el plano político -como
se va a evidenciar en la votación- ni en el plano social ni tampoco en el
plano de los profesionales y las personas directamente implicadas. Esta
es hoy una ley de unos contra otros, es de nuevo una ley del mínimo
parlamentario, es de nuevo la ley de la búsqueda del voto dúctil para que
el Gobierno mantenga la sensación de que está haciendo algo por el país.
Y es así la realidad justo en un ámbito en el que se incide en valores
profundos, que son sentidos por la sociedad española; valores que
significan convencimientos, convencimientos que en algunos casos
significan incluso sentimientos hondos en relación con el sentido mismo
que tiene la vida. Ustedes, señores del Gobierno, señores del Grupo
Socialista, han querido recuperar la iniciativa de la agenda política en
nuestro país utilizando este asunto, y lo único que han conseguido una
vez más es dividir, excluir y crispar. (Aplausos.)
Nuestras propuestas sobre la materia fueron contenidas, como todos
conocen, en la enmienda a la totalidad que se defendió hace un mes -damos
en este momento por reiteradas en todos sus términos esas argumentaciones
que se dieron con la enmienda a la totalidad-, pero también hemos
condensado en una serie de enmiendas parciales nuestra posición sobre
esta materia. En primer lugar, no aceptamos que se implique en el
concepto de salud sexual y reproductiva el aborto, porque están en planos
totalmente distintos; desde luego lo está en la intención del Gobierno
que, como bien dice el Consejo de Estado, solamente ha querido adornar la
intención final de modificar la legislación sobre el aborto hablando de
salud reproductiva y sexual, pero además lo es también en su esencia, en
la esencia de que el aborto no puede ser entendido ni como un método más
de control de la natalidad ni como una solución rutinaria. No es
aceptable -y esta es otra de las argumentaciones de nuestras enmiendas-
que se proponga legislativamente una ley de plazos para tratar esta
cuestión, y esto por una razón sencilla: la vida del no nacido, en
nuestra opinión, merece ser protegida y la ley no puede hacer que su
disponibilidad dependa únicamente del libre albedrío de nadie, ni
siquiera de sus propios progenitores. Es además una tesis en la que
sabemos
que estamos perfectamente amparados por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
Finalmente, hemos presentado las enmiendas que corresponden a nuestra
intención de aumentar las garantías con las que se realizan los abortos
en nuestro país en todo caso, cualquiera que sea la legislación que lo
permita. Aquí haré una mención específica a tres cuestiones
fundamentales. En primer lugar, a cómo ha tratado la ponencia finalmente
el plano de los profesionales que tienen que intervenir en una
interrupción del embarazo de estas características. Que no se diga, por
favor, que no se diga que aquí se está respetando su derecho a la
objeción de conciencia. Esto solamente podría ocurrir si, en primer
lugar, se reconociera para todos los profesionales que susceptiblemente
pueden intervenir en un aborto; en segundo lugar, si además se ampara su
propia confidencialidad y, en tercer lugar, si se garantizan el resto de
derechos laborales y profesionales que les son propios. Nada de esto se
recoge en la propuesta que emana de la ponencia, porque aquí lo único que
se quiere aplicar a través de la fórmula que se ha pactado con algunos
grupos parlamentarios es meramente un sistema de autodelación de los
propios profesionales. Hablamos también en nuestras enmiendas del
conjunto de derechos que tiene que tener la mujer en la tesitura de tener
que tomar una decisión de estas características. Decimos y reiteramos que
aquí se han eludido los consensos básicos que esta cuestión debería
conllevar, pero también se han eludido los consensos del derecho positivo
de nuestro país, de mucho derecho sanitario que en muchas ocasiones
también el Partido Socialista ha votado favorablemente. Podemos hablar
desde la Ley General de Sanidad hasta la Ley de Autonomía del Paciente
donde se pone de manifiesto la importancia que tiene la humanización de
los servicios sanitarios, el compromiso con el aumento de la libertad
individual y la vinculación de la humanización asistencial con el aumento
de la información personalizada a cada paciente en cada e irrepetible
circunstancia. Aquí lo que queda es el modelo del sobre cerrado, en el
que se elude por completo la responsabilidad que legalmente está
establecida de facilitar la información y, por tanto, el modelo de la
despersonalización de la mujer en un momento trascendente de su vida.
Aquí queda esa restricción de ese concepto multidisciplinar de la
asistencia sanitaria moderna y de calidad.
El ámbito de los menores, otro tema controvertido. Señorías, la
institución de la patria potestad existe, y existe porque recoge el
concepto de que la familia es el ámbito para el desarrollo personal,
donde se nos presta la oportunidad de aprender incluso equivocándonos,
una oportunidad que desde luego el Estado no puede en ningún caso
sustituir. La fórmula que se ha elegido para eludir precisamente esta
cuestión es la que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco, otorgando
meramente una franquía a la posición inicial del Gobierno. No ha llegado
a ser -permítanmelo- ni siquiera un desahogo moral. Es sabido -todos lo
sabemos- que todo seguirá siendo como el Gobierno lo ha planteado desde
el principio. Solamente se ha generado un eufemismo legislativo que va a
permitir que las cosas sigan siendo como el Gobierno pretendía que
fueran. Por tanto, señorías, el trámite parlamentario ha empeorado
todavía más si cabe el proyecto que el Gobierno trajo a esta Cámara. Ha
sido un trámite parlamentario acelerado y que solo se ha orientado por
parte del Gobierno a recopilar los mínimos votos necesarios para sacar
este tema adelante. Se han eliminado los controles de los abortos a
partir de la semana 14, a los padres de los menores se les da una falsa
sensación de que imperará la patria potestad cuando eso no va a ocurrir;
se crea una fórmula conminatoria para que los profesionales realicen
abortos y se da, efectivamente, una buena noticia a las empresas que
venden anticonceptivos y, al mismo tiempo, una mala noticia a las
comunidades autónomas que van a tener que sufragar ese gasto. Por último,
se incide además perniciosamente en la libertad de cátedra y en la
autonomía universitaria imponiendo la obligación de impartir determinadas
cosas de determinada manera. El panorama resultante por si quedaba alguna
duda es de nuevo el de la imposición; la imposición en una ley donde
precisamente se dijo que lo que se pretendía era aumentar la capacidad de
decidir, y lo que acaba ocurriendo es que se impone y se obliga lo que en
la ley se intenta prescribir.
Señor presidente, señorías, la nuestra es una sociedad que sabe del
sentido profundo, social y humano que tiene la defensa de la vida y de
los derechos que le son propios. Esta es una legislación que banaliza el
sentido de la vida humana y aprovecha este asunto para buscar una ventaja
política fácil. La nuestra es una sociedad que desea que las cuestiones
que afectan a la visión esencial de los principios y de los valores sean
capaces de ser articuladas tratándose desde los consensos básicos. Esta
en cambio es una ley que genera división, que genera afrentas, que genera
imposiciones, que genera crispación. La nuestra es una sociedad donde los
procesos legislativos se supone que deben ser hechos atendiendo al
interés general. Esta es una ley que se aprovecha de la situación
política para intentar trastocar la agenda e intentar el Gobierno paliar
sus amplias incompetencias en tanto otros ámbitos. La nuestra es una
sociedad donde se entiende que la normalidad de las relaciones
paterno-filiales es lo que significa la posibilidad de reducir los
conflictos en ese ámbito, y donde se puede encontrar la posibilidad de
solucionar los problemas compatibles siempre con el sentido de la
libertad de cada persona. Esta es una ley que en cambio toma los casos
menos frecuentes como la pauta para legislar lo general, generando nuevas
incertidumbres a las familias. La nuestra es una sociedad que sabe que se
deben respetar todas las creencias compatibles con nuestra organización
democrática, sean religiosas o no lo sean. Esta es una ley que intenta
aprovecharse de la pluralidad para generar exclusión, para desacreditar
hasta el denuedo a quienes piensan distinto que ustedes. La nuestra,
señorías, es una sociedad que es consciente de que se avanza de manera
clara en
materia de igualdad entre hombres y mujeres y en la asunción
corresponsable de sus respectivas actuaciones también en materia de
procreación y sexualidad. Esta en cambio es una ley que hace de la mujer,
y probablemente de la mujer en soledad, la única responsable de
decisiones en las que puede carecer del apoyo y la información
suficiente.
Señorías, nosotros estamos con esa sociedad, tenemos el convencimiento de
que somos en este momento la voz de la mayoría que hubiera deseado que
esto se hiciera de una manera bien distinta. Son ustedes, señores del
Gobierno, quienes muestran un modo de gobernar y de legislar que siempre
constituye un problema para este país, a pesar del boato vacuo y de la
impostura de cartón piedra con las que nos quieren hacer ver que España
progresa. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vuelvo a subir a esta tribuna con el objetivo de exponer a la
Cámara la posición del Grupo Vasco en torno al dictamen de la Comisión de
Igualdad sobre el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de
interrupción voluntaria del embarazo. Como SS.SS. saben, el proyecto de
ley que hoy aprobaremos, por su calado social y por su repercusión
mediática, se ha convertido en un texto controvertido y complicado.
Cuando subí a esta tribuna en el debate de totalidad, hace ya casi un
mes, dije que mi partido no iba a votar a favor de las enmiendas a la
totalidad y que tampoco iba a votar a favor del proyecto de ley en los
términos en los que estaba redactado. Pues bien, mi partido ha cumplido
la palabra dada, porque el proyecto que entró en esta Cámara y el que va
a salir hoy no es el mismo. A nuestro entender se ha mejorado
significativamente y en elementos clave para que mi grupo pudiera
comprometerse a apoyarlo. El Grupo Vasco puso sobre la mesa un paquete de
enmiendas que fueron negociadas una a una, algunas fueron aceptadas en
ponencia y otras fueron transaccionadas y aceptadas por ambas partes. Por
tanto, y como primera cuestión, el PNV no ha retirado ninguna de sus
enmiendas. El PNV no aceptó ninguna propuesta que no se atuviera al
resultado de la reflexión que sobre este tema quedó manifiesta en el
documento elaborado por su ejecutiva, y hecho público. El PNV negoció y
llegó a acuerdos, negoció sin ceder en sus principios y sin aceptar
imposiciones porque entendíamos que con las aportaciones de nuestro grupo
esta futura ley iba a ser mejor, más humana, más cercana y sobre todo más
responsable. Responsabilidad que atañe a todos, a los ciudadanos, a las
autoridades políticas, a los profesionales sanitarios, a los jueces,
etcétera. Pero sobre todo esta ley ha de servir para que entre todos
asumamos que la interrupción del embarazo no es ni puede ser un capricho
frívolo, para concienciarnos de que la educación y el compromiso sexual y
afectivo basado en la corresponsabilidad y en los valores sea el mejor
método para evitar un embarazo no deseado y, en consecuencia, evitar un
posible aborto.
George Bernard Shaw decía que la libertad significa responsabilidad. Por
eso la mayoría de las personas le tienen tanto miedo. No tengo el don de
la adivinación ni de la profecía, pero tengo la esperanza de que con esta
futura ley se eviten situaciones de desprotección tanto para mujeres como
para médicos que antes quedaban al margen, o en ese difuso filo entre lo
legal, lo alegal y lo ilegal. ¿Qué hemos hecho hasta ahora para evitar
abortos? Impedir, prohibir, condenar, etcétera. ¿Y qué hemos conseguido?
¿A nadie le escandaliza la cifra a la que se ha llegado en el Estado
español a través de un denominado supuesto que no deja de ser en la
práctica una válvula de escape de la ley? Necesitamos una ley que regule
este auténtico despropósito. Tal y como he señalado anteriormente, el
objetivo central del Grupo Vasco ha sido el de dotar a esta ley con
características más humanas, decía, menos frías que tenía la ley. Para
ello hemos incidido en varios aspectos: la corresponsabilidad y la
educación en valores, el reconocimiento de la objeción de conciencia de
los profesionales sanitarios -por cierto, el Partido Nacionalista Vasco
había presentado una enmienda que decía: Se reconoce el derecho a la
objeción de conciencia, aunque mucho se haya hablado de autorías de este
tema-, la obligación de que los padres o tutores de las chicas de 16 ó 17
años sean informados, la mejora de la información proporcionada a
aquellas personas que piensen en una interrupción del embarazo o la
defensa del ámbito competencial autonómico.
No es cuestión de volver a argumentar los aspectos que tanto en ponencia
como en Comisión ya se desarrollaron, pero mi grupo considera que la
introducción de estos puntos en el articulado del proyecto de ley mejoran
sustancialmente su contenido y le dotan de mayor equilibrio. Si el PNV no
hubiera negociado estas enmiendas estos aspectos no se hubieran visto
reflejados en la ley y la ley hubiera salido adelante sin nuestros votos,
pero sin nuestras incorporaciones. Esta no es la ley que el PNV hubiera
hecho, pero tampoco es la que el Gobierno diseñó en su origen. Es el
fruto de un acuerdo. Sabíamos que la ley saldría adelante con los votos
de otras formaciones, por lo que el PNV en un acto de coherencia y de
responsabilidad y, por qué no decirlo, de valentía, decidió implicarse en
este texto. No podía permitirse el lujo de cerrar los ojos ante un
problema como el aborto y dejar que esta Cámara aprobara una ley que no
recogiera, entre otros, el derecho a la objeción de conciencia de los
profesionales sanitarios o que los padres de las menores fueran
informados antes de que a su hija le fuera practicado un aborto, porque
lo que dice el proyecto de ley es que sean informados. No miremos la
excepción, miremos la norma. Criticando, por lo tanto,
la ley desde fuera no hubiéramos solucionado nada. Mi partido no solo ha
adquirido un posicionamiento ante un texto legislativo. No. Nuestra
posición es el fruto de una reflexión ante el problema del aborto en toda
su dimensión. Ya lo hemos dicho anteriormente, el aborto es el resultante
del fracaso de unas relaciones sexuales no responsables que en la mayoría
de los casos, a su vez, responde a la ausencia de valores de
corresponsabilidad. Algunos han pretendido volver al debate que ya se dio
hace veinticinco años, en el que esta materia se legalizaba por primera
vez en democracia. Y digo se legalizaba porque de ser puro delito pasó a
ser admitido en algunos supuestos, tal y como refleja la legislación que
hoy en día está en vigor. Se cruzó el río. Se admite, a la postre, y de
qué manera, el cuarto supuesto famoso. Y aquí ningún Gobierno, de un
signo u otro, movió un dedo para cambiar una ley que estaba permitiendo
que se dieran situaciones de miles de abortos que se colaban por medio de
un boquete legal. Por lo tanto, muchos argumentos que se han esgrimido
para descalificar esta nueva ley no son válidos ni para aceptar la
legislación actual, la de los supuestos. Nadie promovió ninguna
iniciativa legal para su cambio, pudiendo hacerlo incluso con mayoría
absoluta, de la misma manera que fuera de la Cámara nadie realizó
campañas de persecución y menos de excomunión. En consecuencia, dejemos a
un lado la hipocresía. Porque a nuestro partido nadie podrá dar lecciones
ni de dignidad ni de coherencia. Tenemos y hemos tenido las manos libres
para tomar las decisiones que coherentemente hemos estimado oportunas,
con principios claros y contundentes a los que no estábamos dispuestos a
renunciar, con el convencimiento expreso de que nuestra aportación y
participación en este asunto no traicionaban en absoluto nuestro sentido
humanista y ético de la vida y de la política. Como dije en mi
intervención del Pleno de totalidad, mi partido ha sabido diferenciar muy
bien que abogar por la existencia de una ley garantista, jurídica y
sanitariamente, que contemplara la interrupción voluntaria del embarazo
no es sinónimo de apoyar el aborto como solución. En un aspecto tan
controvertido como este -y el que piense lo contrario que levante la
mano- en el que las delimitaciones son tan difusas, lo mínimo que podemos
hacer es no imponer un código ético y moral a quien no comparte ese
código contigo y legislar para todos. Quizás es necesario repetir, una y
otra vez, que esta ley no obliga a abortar. De ahí la introducción y el
desarrollo de la objeción de conciencia como elemento garantista o la
libertad para que la menor, si así lo quiere, pueda seguir su embarazo
aunque sus padres le recomienden que aborte. Miremos, por tanto, la
realidad con los ojos abiertos, no con la mirada apriorística sujeta a
condiciones. Mi partido siempre preferirá un no aborto; otros partidos,
otras formaciones y otras personas puede que opinen de otra manera, y lo
respetamos. Por ello, necesitamos una ley que, ante la dramática tesitura
de proseguir o no un embarazo no deseado, en soledad, sin apoyo de
ninguna clase y que podría acabar con el futuro de una mujer, contemple
dentro de las condiciones que marca la ley la posibilidad de
interrumpirlo o de seguir con él, porque no todos pensamos igual y porque
no estamos inventando nada que en otros países europeos modernos, también
de tradición cristiana, no se haya aplicado.
No quiero extenderme más, pero he de señalar que la voluntad de mi grupo y
de mi partido queda reflejada en la frase del insigne intelectual vasco
Koldo Mitxelena cuando decía (Pronuncia palabras en euskera): No solo lo
que yo quiera, sino lo que nosotros necesitamos. Y nosotros, todos, los
que están a favor y los que están en contra del hecho de abortar,
necesitamos una ley que ampare a todos y a todas. Mi partido ha actuado
en conciencia y con las ideas claras, porque, como decía Kant, la
conciencia es el instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes
morales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen
Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, nunca los avances
sociales han sido fáciles, y menos los avances que conciernen a los
derechos de las mujeres. Hoy estamos legislando para que sea reconocido
el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad. Con esta
iniciativa se cumple una histórica reivindicación de tantas mujeres, de
tantas feministas para las que ha tenido que pasar tanto tiempo hasta ver
este momento. Desde mi grupo lo apoyamos y defendemos con convicción,
porque la libre maternidad para las mujeres en nuestro país con este
proyecto de ley deja de ser una cuestión de permiso supeditada a la
interpretación de terceros y pasa a ser un derecho. Por ello, señora
ministra, hoy me siento orgullosa de vivir en este tiempo y en este país,
con un gobierno comprometido con la igualdad. (Aplausos.)
El debate de la interrupción voluntaria del embarazo en España es un
debate de largo recorrido. Hace un cuarto de siglo se produjo de manera
intensa en los términos de aborto, sí, aborto, no, y terminó con la
despenalización en tres supuestos del delito de aborto pero sin reconocer
el derecho de las mujeres a decidir. Entonces fue la mejor ley que se
pudo ofrecer, pero hoy ya no es suficiente y parece razonable que nos
adaptemos a la realidad. Además, esa realidad nos dice que históricamente
desde los años setenta cada año 100.000 mujeres han abortado y abortan en
España. Por ello, nuestra propuesta y nuestro empeño es que logremos que
sean menos las mujeres que tengan que hacerlo y las que decidan
interrumpir su embarazo lo hagan con más información, más garantías, más
protección y más seguridad. Eso es lo que hoy debatimos, una legislación
centrada en el derecho a la salud y en el reconocimiento de los derechos
y la autonomía de las mujeres que trata por primera vez en la legislación
española la salud sexual
y reconoce el derecho a la libre maternidad. Lo hacemos a través de una
ley de plazos combinada con indicaciones, eliminando del Código Penal el
aborto como delito, eliminando la amenaza y la posibilidad de pena de
cárcel para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Esta ley
trata de dar seguridad jurídica para evitar que vuelvan a suceder los
bochornosos episodios de persecución de mujeres y profesionales
sanitarios que en 2007, actuando de acuerdo con la ley, fueron reclamados
por los tribunales; trata de dar garantías sanitarias para corregir que
tan solo un 2 por ciento de abortos se realice en la sanidad pública. En
esta ley se contempla sobre todo la prevención. Por ello se enmarca en
una estrategia de salud sexual y reproductiva, porque todo aborto primero
ha sido un embarazo no deseado y eso es lo que debemos evitar. De ahí la
importancia que hemos dado todos los grupos que apoyamos la ley a la
educación, a la sensibilización, al acceso a la planificación familiar y
a métodos anticonceptivos. Esta es una ley ambiciosa y valiente que
aborda el tema de una forma integral. Sin embargo, desde los sectores más
conservadores, señorías del PP, por no querer entrar en el fondo, han
querido crear una polémica mediática. El debate sin duda se encuentra
plagado de condicionamientos morales y religiosos, aunque estos,
señorías, no deben ser los parámetros que nos rijan en esta Cámara, sino
la bioética y la Constitución. Ustedes han intentado dar pasos atrás,
reviviendo el debate de hace más de veinticinco años de si se está a
favor o en contra. Se han opuesto a las recomendaciones de los organismos
internacionales y han amenazado con la inconstitucionalidad, incluso
antes de la redacción de la ley, con su recurrente obsesión de
judicializar la vida política en un intento de conseguir en los
tribunales la legitimidad que la ciudadanía no les dio en las urnas.
Acusan de que se impone el aborto, de que será un descontrol, de que
aumentarán las cifras y se usará como método anticonceptivo. ¿Es que no
han escuchado nada durante todo este año de trabajo sobre la estrategia
de prevención que está incluida en esta ley de salud sexual y
reproductiva precisamente para disminuir el número de abortos en España?
El número de interrupciones no tiene que ver con el tipo de regulación
sino con la prevención, algo que para ustedes a estas alturas de siglo
aún parece tabú.
Esta ley también habla de la capacidad de decisión de las mujeres jóvenes.
En España, la mayoría de edad sanitaria, la capacidad de decidir, está
reconocida a los 16 años en la Ley de Autonomía del Paciente, en la que
el Gobierno -su Gobierno- estableció la excepción de la interrupción
voluntaria del embarazo, en un claro sesgo discriminatorio. Señorías,
¿creen que unos padres podrían obligar a una mujer joven a abortar?
Seguramente todos contestaremos que no. Entiendan que tampoco deben poder
obligar a esa misma mujer a ser madre. Por ello, lo que proponemos es que
la capacidad de decidir radicará única y exclusivamente siempre en las
mujeres. Por ello, este proyecto nunca prohibió ni prohíbe la información
a los padres, incluso no impide, ni podría hacerlo, que alguien pueda
opinar, compartir o ayudar a conformar la decisión de una mujer sobre un
embarazo o sobre un aborto. Las mujeres ya buscamos apoyo en las personas
que nos quieren y a las que queremos, pero hay que ser conscientes de
que, desgraciadamente, existen situaciones en las que las jóvenes no
pueden contar con esa protección, con esa comprensión y con ese amparo.
Señorías, cuando una mujer de 16 ó 17 años tiene tomada una decisión como
esta y no puede contarlo, ¿qué creen que hará? Por ello, hemos sido
valientes y hemos reconocido lo obvio: que lo hará igualmente en las
condiciones que sean. Por tanto, es necesario confiar en ella, no hacerle
esta situación más difícil y contemplar, como hemos hecho, que cuando la
joven alega un conflicto se pueda prescindir de la información a su
entorno para que no signifique una limitación en su decisión o abocarla a
un circuito de clandestinidad en el que se someta a un aborto ilegal y,
lo peor, inseguro.
Señorías del PP, con más represión, con más castigo, con más Código Penal
no conseguiremos menores tasas de aborto en España, conseguiremos más
sufrimiento; y con menos educación y menos acceso a métodos
anticonceptivos no conseguiremos abstinencia, castidad o menor tasa de
práctica sexual, sino más riesgo y más embarazos no deseados. (Aplausos.)
Su postura, para no hablar del fondo y distraer la atención, está fuera
de la realidad y no ayuda en nada a lo que se pretende con esta ley, que
es respetar los derechos de las mujeres y disminuir el número de abortos
en España; es hipócrita, porque una vez aprobadas las leyes también son
protagonistas del ejercicio de los derechos. Es una lástima que ustedes
no estén a la altura de otras derechas europeas, como la alemana o la
francesa, que apoyaron leyes similares a la que hoy votaremos. Al
contrario, en esta ley no somos pioneros. ¿Por qué en España no puede
haber una ley homologable a los países europeos, como Francia, Alemania,
Portugal, Inglaterra, Suecia, Holanda, o incluso Italia? La reforma que
proponemos sigue la pauta más extendida de los países de nuestro entorno
y las recomendaciones de la organización Mundial de la Salud, de Naciones
Unidas, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo.
Señorías, mucho ha sido el trabajo realizado hasta llegar aquí y por el
que doy las gracias a todos los portavoces de la Comisión de Igualdad.
Esta es una de las leyes más debatidas de nuestra historia democrática.
Se ha escuchado a todos los que tenían algo que decir, promoviendo el
debate en un firme compromiso y propósito desde el Grupo Socialista de
aproximar posturas, de buscar el mayor consenso posible, tal como
comprometimos en nuestro programa electoral. Comenzamos en 2008, sentando
las bases de consenso de lo que hoy estamos debatiendo. Nadie puede decir
sin faltar a la verdad que el debate no se ha hecho con serenidad, con
rigor y con seriedad. Hoy asistimos a un debate con un amplio consenso en
torno a esta ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Es un consenso que se ha materializado con el trabajo de ocho grupos
políticos que hemos sabido conciliar posturas para hacer la mejor ley
posible y que hoy podemos decir que esta ley es de todos; un amplio
consenso a favor de los derechos de las mujeres del que el PP se queda
nuevamente fuera. Señorías, para una mujer no es sencillo tomar la
decisión de no seguir adelante con su embarazo. No es deseable para nadie
ni por nadie. Pero una vez llegado a este punto, salvaguardemos la
seguridad y la dignidad de las mujeres.
Para terminar, quiero dar las gracias a todas las mujeres que han ido
abriendo las puertas de los derechos y las libertades, porque hicieron
este trabajo con paciencia, con inteligencia, con generosidad, pensando
en quienes les íbamos a seguir y sobre todo convencidas de que valía la
pena. Les damos las gracias porque supieron que lo personal es político
y, como dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Hoy
damos un paso más hacia nuestra sociedad, una sociedad que soñamos y una
sociedad por la que estamos trabajando, más justa y más igualitaria.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente
125/000011.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley orgánica de
modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial. Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Popular
tiene la palabra don Arturo García-Tizón. (Rumores.)
Silencio, por favor.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cumple el trámite de los artículos 117 y 118 del Reglamento
de la Cámara en cuanto a la defensa de las enmiendas presentadas por mi
grupo a la proposición de ley orgánica de modificación de las leyes
orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Estas enmiendas pueden clasificarse en dos grupos, el primero de ellos, de
supresión de los artículos 1 y 2 de la proposición de ley que hoy
debatimos, que son consecuencia lógica de la posición que mantuvo nuestro
grupo en el debate de totalidad seguido para la toma en consideración de
esta proposición de ley, presentada por los grupos parlamentarios Vasco y
Socialista. En aquel debate ya señalé la predisposición favorable de
nuestro grupo al fondo de la cuestión debatida, es decir, si las normas
fiscales emanadas de las Juntas Generales de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya
debían o no tener la naturaleza de verdaderas leyes formales y, en
consecuencia, posibilitar su impugnación ante el Tribunal Constitucional.
También dijimos claro en aquel momento, en aquel debate, que esa cuestión
no podía depender de una circunstancia tan ajena a la materia que
discutíamos como era el eventual apoyo que iba a dar el Grupo
Parlamentario Vasco al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. De
una parte, argumentábamos que, dada la gravedad de la crisis económica
por la que atravesaba y está atravesando España en estos momentos, no
parecía conveniente unir dos cuestiones de mucho calado y naturaleza
distinta como era la modificación de estas leyes orgánicas del Tribunal
Constitucional y del Poder Judicial a un eventual apoyo parlamentario a
unos Presupuestos Generales del Estado, y de otra parte, la importancia
del tema central que nos ocupa en esta materia, que afecta nada más y
nada menos que a lo que se ha venido denominando la foralidad. La propia
exposición de motivos de la proposición de ley reconoce que la
disposición adicional primera de la Constitución proclama y respeta el
derecho de los territorios históricos y forales y, de acuerdo con su
Estatuto de Autonomía, señala un campo propio de competencia en materia
tributaria que se mantiene y se reserva a las Juntas Generales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya. En este núcleo competencial esencial de los
territorios históricos indudablemente está la materia tributaria. Sin
embargo, señorías, el camino elegido, aparte de la inconveniencia de unir
esta materia con un eventual apoyo a los Presupuestos Generales del
Estado, creemos que no ha sido el más adecuado, y así se ha señalado
tanto por nuestro grupo como por otros grupos parlamentarios en debates
anteriores, porque ese es un tema recurrente, como el que tuvo lugar hace
tiempo a propósito de lo que se denominó debate sobre la enmienda Casas,
y así lo manifestaba el señor Jáuregui, representante en aquel momento
del Grupo Parlamentario Socialista. Entonces se dijo que la solución al
problema venía por reconocerle carácter de ley formal a través de su
incorporación a una ley del propio Parlamento vasco. Esta es la solución
que dio en aquel momento el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, pero nosotros, sin embargo, siempre hemos defendido que este
planteamiento no podía llevarse por una ley del Parlamento vasco porque
eso era poco más o menos que desconocer el verdadero fundamento de la
foralidad. Tal vez, en ese sentido lo procedente, señoras y señores
diputados, y especialmente señorías de los grupos proponentes, hubiera
sido hacer una modificación de la Ley de Territorios Históricos y
reconocer el carácter de ley a las normas tributarias emanadas de las
Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vitoria, algo que en la Ley de
Territorios Históricos no se contempla y remite exclusivamente al
Parlamento vasco la facultad o la competencia de dictar leyes. Desde un
examen de los artículos 25 y 37 del Estatuto de Autonomía del País Vasco
no parece que resulte demasiado
difícil hacer un esfuerzo de integración de ambas normas y permitir
reconocer a las normas tributarias que emanan ese carácter de ley formal.
Lo que no parece en todo caso procedente es dar la naturaleza de un
recurso de inconstitucionalidad impropio -que puede tener problemas de
inconstitucionalidad- al nuevo recurso que han introducido en esta
proposición de ley que tiene un encaje forzado en los artículos 161 de la
Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. De ahí
las enmiendas de supresión de los artículos 1 y 2 de esta proposición de
ley que nosotros proponemos.
El segundo grupo de enmiendas tiene como finalidad recuperar el recurso
previo de inconstitucionalidad para nuestro ordenamiento jurídico;
recurso que ya estuvo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del
año 1979 y que desapareció posteriormente, en el año 1985. El Consejo de
Estado señala en su dictamen del 16 de febrero del año 2006 que, dada la
naturaleza que tienen los estatutos de autonomía -normas para las que en
la enmienda de nuestro grupo se reserva ese recurso previo de
inconstitucionalidad-, que constituyen el eje central de la estructura
normativa institucional inspiradora de las comunidades autónomas en las
que se van a aplicar, sería conveniente, para evitar reproches de
inconstitucionalidad o planteamientos de inconstitucionalidad,
inconvenientes una vez aprobadas las leyes, recuperar este recurso
previo, que, como decimos en nuestras enmiendas, solamente tendría una
efectividad de futuro y solamente se aplicaría a aquellos estatutos de
autonomía que entrasen a partir de este momento en la Cámara, no así a
los estatutos aprobados, por supuesto, ni a aquellos otros que estuvieran
ya en tramitación en el Tribunal Constitucional por la presentación de un
recurso de inconstitucionalidad, lo cual es obvio y evidente por el
principio de seguridad jurídica que debe acompañar toda iniciativa
legislativa dentro de esta situación.
A nuestro juicio, algunos grupos parlamentarios de la Cámara podrían estar
en condiciones de tratar esta materia. Comprendo que hay discrepancias, a
veces internas, y comprendo que a veces hay dudas sobre la conveniencia
de incorporar este recurso previo de inconstitucionalidad, pero creo,
señorías, que el sentir mayoritario tanto del pueblo español como de esta
Cámara y de los grupos mayoritarios sería restablecer, si bien
limitadamente, a los estatutos de autonomía el recurso previo de
inconstitucionalidad. Seguramente, de haber mantenido en la reforma del
año 1985 este recurso previo a este ámbito de los estatutos de autonomía,
nos habríamos evitado muchas de las circunstancias que han venido
posteriormente como consecuencia de la aprobación de determinados
estatutos de autonomía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
García-Tizón.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto en
primer lugar tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Coalición Canaria apoya sin fisuras esta propuesta que es el blindaje del
concierto vasco, pero sobre todo con envidia de que todavía no se haya
traído a este Congreso el Estatuto de Autonomía de Canarias, que permita
el blindaje de nuestro Régimen Económico y Fiscal y sobre todo que haga
que el informe del Parlamento sobre nuestros fueros sea vinculante y que
podamos tener ese blindaje también. En ese sentido, anuncio nuestro apoyo
a la propuesta y al dictamen de Comisión y nuestro deseo de que pronto,
en esta legislatura, podamos conseguir también el blindaje del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Oramas.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante una iniciativa extravagante que llega ahora porque es ahora
cuando el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a canjear el
derecho a la igualdad de todos los españoles por los seis votos del
Partido Nacionalista Vasco. Estamos, como decía, ante una iniciativa
extravagante porque, como todos ustedes deben saber, las normas forales
que se quieren blindar no son leyes y no pueden, por tanto, pretender
escapar del control de los jueces ordinarios. Ya es un anacronismo que
una pequeña comunidad como el País Vasco tenga tres haciendas forales que
escapan del control del Parlamento vasco, pero ustedes se superan a sí
mismos cuando pretenden escapar también de la tutela de los tribunales,
lo que resulta, a mi juicio, verdaderamente escandaloso.
Lo que ustedes pretenden supone, para que todo el mundo lo entienda, que
ninguna comunidad autónoma ni ninguna organización sindical o
empresarial, recurrentes habituales de estas normas, podrían impugnar las
normas forales. Supone que ustedes quieren que las instituciones que
representan derechos legítimos de los ciudadanos renuncien a su derecho a
su legítima defensa, una pretensión tan antidemocrática como intolerable.
Les diré más. Sustraer la norma foral al control judicial independiente
es una especie de feudalismo fiscal insostenible, una vuelta atrás a la
Edad Media. Seamos claros, si ustedes quieren que las normas forales
tengan rango de ley, renuncien a la capacidad fiscal de las diputaciones
forales y que esa competencia pase a ser ejercida por el Gobierno vasco y
tutelada por el Parlamento autonómico. Sería un paso adelante para poner
fin a un anacronismo histórico. Los ciudadanos de ningún territorio del
Estado resultarían privilegiados frente a otros y todos, todos,
saldríamos ganando y sobre todo todos sabríamos a qué atenernos, porque
no se puede estar a la vez en misa y repicando. Blindar las normas
forales sería una
decisión profundamente injusta, puesto que las diputaciones vascas -y esta
es la cuestión, señorías- disponen de una capacidad normativa fiscal de
la que carecen otras comunidades autónomas. Por eso la señora Oramas, de
Coalición Canaria, dice: Yo quiero apoyar esto, porque detrás ya
vendremos nosotros, como dijo en el debate anterior el representante creo
que de Esquerra Republicana.
Ustedes, los socialistas, con el apoyo de los nacionalistas o, más bien al
contrario, los nacionalistas con el apoyo de los socialistas, buscan
blindar las normas porque saben que son injustas y porque temen que antes
o después se les acabe el chollo, si me permiten la expresión. Señorías,
no es la foralidad lo que hay que blindar. Lo que está en riesgo es la
igualdad de todos los españoles, lo que está en riesgo es la cohesión
social, lo que está en riesgo en España es la unidad de mercado, lo que
está en riesgo en España es la competitividad de nuestro país en su
conjunto. Eso es lo que hay que blindar, justo lo contrario de lo que
ustedes nos proponen que hagamos con este debate y con esta proposición.
Ustedes, socialistas, defienden hoy aquí una posición foralista y
nacionalista. El PSOE defiende hoy aquí una posición foralista y
nacionalista que solo busca perpetuar las diferencias entre ciudadanos
españoles, manteniendo a unos frente a otros y, de unos frente a otros,
las ventajas políticas y los privilegios económicos. Ustedes,
socialistas, defienden el mantenimiento sin control de una capacidad
normativa en materia tributaria de la que tampoco se beneficia el
conjunto de los ciudadanos vascos, porque, no nos engañemos, la foralidad
no garantiza la justicia redistributiva. Se lo dice una vasca, además de
ser diputada nacional: la foralidad no garantiza la seguridad ni la
justicia redistributiva. Solo les quiero recordar que no soy la única
persona que lo dice. Valga al respecto el ejemplo de las declaraciones
del secretario general del sindicato nacionalista ELA-STV -nada
sospechoso de estar de acuerdo conmigo en otras cuestiones-, que
denunciaba el uso del concierto para -comillas- favorecer a los ricos y
para mantener el chiringuito político en Euskadi. Como les decía, tenemos
ante nosotros una iniciativa profundamente foralista y nacionalista,
anacrónica e incompatible con una sociedad europea y moderna. No me
extraña que la defiendan los nacionalistas vascos, pero ¿cómo puede
entenderse que formaciones políticas de ámbito nacional terminen apoyando
desigualdades dentro del territorio nacional? Nunca creí que iba a vivir
una situación como esta. Nunca creí que el Partido Socialista Obrero
Español, que hizo bandera de la defensa de la justicia y la igualdad, iba
a terminar mercadeando con ellas para resolver las urgencias
presupuestarias o las de cualquiera otra ley, sin importarle que ello
suponga, además, poner patas arriba el sistema de justicia constitucional
y ordinaria.
Supongo que tienen ustedes claro, después de esta intervención, el sentido
de mi voto. El sentido de mi voto es negativo; un voto negativo en
defensa de los principios de la justicia y la igualdad. En defensa del
Estado democrático de todos los españoles es por lo que votaré no a esta
proposición que hoy nos traen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, concluimos hoy un debate, que se inició ya en la pasada
legislatura, como ustedes recordarán, acerca del encaje constitucional
del Concierto Económico vasco. Debo recordar también que esta es una
proposición de ley que en su día aprobó, de forma casi unánime, no
totalmente, pero casi unánime, el Parlamento de Vitoria -por cierto con
el voto del Partido Popular-, y que entró en esta Cámara en pleno debate
presupuestario, pero por un hecho meramente causal. Lo cual, por cierto,
llevó al PP -y hoy también- a deslegitimar de forma no sé si
sorprendente, pero casi bochornosa, ese planteamiento hecho por la Cámara
vasca como de una exitosa emboscada en manos del PNV se tratase. Se llegó
a acusar al Grupo Vasco de actuar con ventajismo, de hacerlo con
oportunismo político. Si eso fuera así, no haría falta recordar el
episodio de algunos diputados vascos del PP que no debían creerse mucho
este argumento porque hicieron caso omiso de las directrices de su grupo
parlamentario en un gesto insólito de coherencia no solo constitucional
sino también foral, ausentándose de este hemiciclo en el momento de la
votación; creo que eso lo dice absolutamente todo. En cualquier caso, la
cuestión, señorías, no ofrece ningún tipo de dudas, el concierto vasco
está en la Constitución. El Tribunal de Luxemburgo en su día, recordarán,
vino a dar un espaldarazo definitivo al concierto ratificando la potestad
de la Hacienda vasca a la hora de fijar un régimen de tributación
diferenciada. En tercer lugar, el Estatuto de Gernika no confiere, como
es sabido, a las instituciones de la comunidad autónoma la habilitación
para dictar normas de carácter tributario, luego el sometimiento de las
normas forales que emanan de las diputaciones o los territorios
históricos constituye una invasión material de las competencias de estos.
Y en cuarto lugar, si la potestad normativa de las instituciones forales
recae exclusivamente sobre las juntas generales y estas no pueden adoptar
normas con rango de ley, el problema resulta evidente. No tiene ninguna
lógica que una normativa fiscal, ya sea en sede del impuesto de la renta
de las personas físicas o del impuesto de sociedades o de sucesiones sea
susceptible de recurso por parte de cualquier persona. En Navarra eso no
sucede así con un régimen similar o análogo, con el convenio tributario
propio, y los recursos se sustancian, como el resto de leyes, ante la
jurisdicción del Tribunal Constitucional.
Por tanto, nuestro grupo, señorías, estima una vez más que esta es una
iniciativa no solo perfectamente legítima desde el punto de vista
político, sino también ajustada perfectamente a Derecho y que además ha
sido -creemos- mejorada durante su tramitación legislativa en esta Cámara
a través de distintas enmiendas pactadas entre el Grupo Vasco PNV y el
Grupo Socialista cerrando el círculo con una reforma que no solo se
extiende a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sino también a la
Ley Orgánica del Poder Judicial, creando un cauce procesal específico ad
hoc claramente inspirado, por cierto, en el recurso de
inconstitucionalidad ordinario.
Mención aparte merece, eso sí, el intento -aunque sea por la puerta de
atrás- del Grupo Popular de introducir un debate colateral, un debate que
debo decir también que fue introducido en Comisión por el diputado
Benegas -luego corregido o enmendado por la vicepresidenta De la Vega-
acerca del recurso previo de inconstitucionalidad, algo que tiene que
ver, mucho que ver, no tanto con esta cuestión del concierto sino con el
futuro del Estatuto catalán ante el Tribunal Constitucional. Miren,
señorías, el recurso previo de inconstitucionalidad, como recordarán,
desapareció en su día por el hecho de tratarse de un privilegio
exorbitante en manos del Estado. Rescatarlo ahora y además poniéndolo en
relación de forma torticera con el Estatut de Cataluña constituiría un
paso atrás, una auténtica involución hacia las catacumbas del Estado
autonómico, hacia una especie de paternalismo estatal de la peor especie;
es decir, tratar a las comunidades autónomas como si fueran menores de
edad. Aquí la cuestión es que los estatutos, como el catalán, son normas
singulares pactadas por distintas instancias parlamentarias, por el
Parlament de Cataluña, por las Cortes Generales, que además gozan de un
plus de legitimidad porque han sido refrendados en las urnas y cuya
garantía de constitucionalidad además recae en estas mismas Cortes
Generales. De ahí que los partidos y la sociedad civil en Cataluña hayan
preanunciado, como ustedes saben perfectamente, una auténtica
beligerancia política ante una eventual sentencia adversa del tribunal
sobre el Estatut.
De otro lado, quiero decir también que al Partido Popular y al PSOE,
pretendiendo despolitizar este conflicto -conflicto que no solo es
jurídico sino que evidentemente es un conflicto político en toda regla-,
no se les ocurre nada más en estos momentos que exigir o demandar un
acatamiento sin más de la sentencia que pueda emanar del Tribunal
Constitucional, como si este Tribunal Constitucional fuese una especie de
juez ordinario y no lo que es: un auténtico ente político sometido en
este momento a todo tipo de vaivenes. El problema no es, señorías, si
debe haber o no un recurso previo, como pretende el Grupo Popular
-insisto, por la puerta de atrás- en la tramitación de este proyecto de
ley; el problema es que venir a pedir una rendición incondicional frente
a las decisiones del Tribunal Constitucional, un órgano que no atraviesa
precisamente uno de sus mejores momentos y que adolece de graves
problemas de legitimidad, y que lo hagan además aquellas fuerzas
políticas que más lo han vejado y más lo han maltratado nos parece un
ejercicio de cinismo descomunal. El Partido Popular debería retirar el
recurso y no remar en contra de la voluntad expresada de forma muy
mayoritaria por el pueblo de Cataluña y el PSOE debería hacer también la
pedagogía necesaria y no introducir de forma falsa este debate acerca del
recurso previo de inconstitucionalidad, sobre todo ante aquellos que
quieren escarmentar políticamente al impenitente catalanismo y levantar
un auténtico muro, una barrera infranqueable para el irredentismo
catalán, es decir, trazar un raya, decir que hasta aquí hemos llegado,
aislarnos en el otro lado y decir que en esta Constitución no caben las
legítimas aspiraciones del pueblo de Cataluña. Esto, señorías, es lo
mínimo que se puede pedir a un Grupo Socialista que en su día adquirió el
compromiso de dar apoyo al Estatuto de Cataluña, es lo mínimo que se
puede exigir, a la hora de hacer frente a este tema del estatuto, a un
PSOE que afrontó la reforma como un bravo Sant Jordi y puede acabar al
final como un escurridizo Poncio Pilatos. En todo caso, este es otro
debate que ha salido a colación a través de distintas enmiendas del Grupo
Popular, no es la cuestión que estamos tratando, pero lo que sí quiero
anunciar, lógicamente, es nuestro voto favorable a la proposición de ley
que en su día llegó a esta Cámara, teniendo su origen en el Parlamento de
Euskadi, que ha sido muy mejorada durante su tramitación parlamentaria y
que nuestro grupo abona y va a votar favorablemente.
Gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
Para mi grupo, el Grupo Vasco, este es un momento importante. Tras largos
años y varias legislaturas batallando para conseguir evitar la continua
judicialización del concierto económico, estamos a punto de lograrlo. Han
sido muchas las intentonas -en varias he tomado parte directamente- que
no pudieron ver la luz ante la cerrada oposición de los grupos
parlamentarios, pero finalmente la coyuntura política ha determinado que
esta vez sea posible.
En el trámite de esta proposición de ley, a través de una serie de
enmiendas consensuadas entre el Grupo Socialista y el Vasco y apoyadas
por el resto de grupos minoritarios, a los que en este momento quiero
agradecer su gesto y su compromiso con el objetivo de esta ley, se ha
mejorado su estilo y contenido, definiendo de una manera más precisa y
depurada el sistema de recursos frente a las normas forales fiscales. Lo
que se establece no es un trato diferenciado y, si quieren, privilegiado
del concierto económico y de la normativa fiscal que en
virtud del mismo se puede aprobar, antes al contrario. La modificación que
llevaremos a cabo supone su equiparación al sistema de recursos e
instancias a las que está sometida la normativa fiscal del Estado y la de
cualquier otra comunidad autónoma, incluyendo entre ellas a la Comunidad
Foral de Navarra. Si una asociación de comerciantes, pongo por ejemplo,
no puede recurrir la Ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas aprobada por estas Cortes Generales, no tiene sentido tampoco que
pueda hacerlo contra la norma foral del IRPF en el territorio histórico
de Vizcaya. Se reconoce así a la postre que las instituciones forales no
son unas simples instituciones locales, sino que son hacedoras de derecho
al más alto nivel, como lo es el sistema impositivo, al que la propia
Constitución española reserva rango de ley, y que en esta labor no pueden
ser sustituidas por ninguna otra institución, en concordancia con lo
dispuesto por la doctrina del Tribunal Constitucional y el texto del
Estatuto de Gernika. Estamos hablando en consecuencia de equiparar, no de
diferenciar, y las ventajas de una reforma así son evidentes, aún más si
cabe en una situación económica como la que nos encontramos, porque el
uso y efecto de cualquier legislación fiscal debe gozar de una mínima
seguridad jurídica, de una estabilidad cierta que permita a ciudadanos y
a actores económicos actuar con confianza y apostar por inversiones. En
consecuencia, siendo esto así, hay que dejar una cosa clara y diáfana.
Quienes claman contra esta reforma legislativa y al mismo tiempo dicen
que defienden la existencia del concierto, faltan a la verdad -Partido
Popular, doña Rosa Díez-; cuando intentan argumentar acaban recurriendo
una y otra vez a los tópicos falsos y perversos sobre la supuesta
discriminación que les supone la existencia misma del concierto. Es pues
contra este contra el que van y por ende -y hay que señalarlo así- contra
la disposición adicional primera de la Constitución. Lo del Partido
Popular es imperdonable. Que ustedes se autotitulen defensores del
concierto económico y que voten en contra de esta proposición no tiene
justificación alguna. Desgraciadamente creen que les da mejor rédito
electoral desacreditar y minar el concierto económico vasco desde
instituciones autonómicas o locales mezclando churras con merinas.
Curiosamente no les oímos decir lo mismo que dicen en el caso del
concierto vasco con el convenio de Navarra, que tiene un texto
prácticamente idéntico. Van a votar en contra y también lo van a hacer
los diputados vascos de su partido. Ya vemos el caso que le hacen al
señor Basagoiti. Primero iba a convencer al señor Rajoy para votar a
favor de la toma en consideración de la proposición de ley. Luego iba a
convencerle en el trámite de ponencia y resulta que hoy hasta los señores
Alonso, Astarloa y Azpiroz van a votar en contra. Ahora dice Basagoiti
que va a evitar que se interponga el recurso. Desde luego su palabra ha
demostrado no tener solvencia alguna. Y seguramente esto seguirá siendo
así, el Partido Popular vasco es un partido absolutamente subordinado a
las directrices e intereses emanados de la calle Génova. ¿Realmente no va
a recurrir el Partido Popular esta proposición? ¿Ninguna de las
instituciones controladas por él en las comunidades autónomas?
Probablemente aparecerá -al tiempo- algún fingido díscolo con patente de
corso desde alguna comunidad autónoma que les hará ese papel. Pase lo que
pase, tenemos la absoluta convicción de que la redacción aprobada por la
ponencia es perfectamente constitucional y mejora el esquema
constitucional autonómico y fiscal.
Respecto a su enmienda para instaurar el recurso previo de
inconstitucionalidad que han planteado -es su derecho, evidentemente- en
una proposición del Parlamento vasco que no tiene nada que ver con ello
-aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid- he de decirles lo
siguiente: Estamos en contra. Lo estamos ahora y lo estaremos en el
futuro a diferencia, según parece, de lo que pueda hacer el Partido
Socialista. Lo digo por lo escuchado durante el trámite de Comisión.
Mucho se ha hablado de la tercera cámara en España, un Tribunal
Constitucional que algunos quieren convertir -si no lo han hecho ya- en
una tercera cámara deliberativa donde plantear y ganar batallas políticas
que se han perdido en las urnas. No estamos dispuestos a que esto sea
así. Los estatutos de autonomía, como bien saben todos ustedes, son
textos imbricados directamente en la Constitución española. De su lectura
conjunta con la Constitución, interpretando esta, es de donde podemos
deducir cuál es el entramado político-institucional español, no
contraponiendo la Constitución a los estatutos. El bloque de
constitucionalidad no puede quedar al albur de lo que decidan doce
personas por encima de la voluntad expresada en los parlamentos
autonómicos y las Cortes Generales. Y menos aún cuando se trata de textos
que han sido ratificados por la voluntad popular. Si esto en nuestra
opinión debe ser así, tanto más razón hay para que no se pueda recurrir
un texto antes de su entrada en vigor. Pero esta cuestión no es sino algo
anecdótico en la tramitación de la proposición de ley que hoy llevamos a
efecto. Lo importante es que, por fin, se va completando de una manera
coherente, a través de una proposición de ley que se inicio en las Juntas
Generales de Vizcaya -quiero saludar en estos momentos a la presidenta de
las Juntas Generales, que está en el hemiciclo-, la inserción del sistema
de concierto en la estructura jurídico-institucional del Estado. Nos
hubiera gustado -en la convicción de que la reforma hubiera sido aún más
coherente- que no se hubiera limitado a las normas fiscales sino a todas
las emanadas de las juntas generales de los territorios históricos, que
de facto funcionan como tales. Pero ello no echa por tierra -antes al
contrario, diría yo- el evidente avance y logro que supone que las normas
fiscales vascas, como todas las demás normas fiscales, dispongan de un
sistema de recursos que asegura que su vigencia no estará al albur del
capricho de cualquier ciudadano. Es un hito importante, es un hito
histórico y así lo valoramos desde el Grupo Vasco, un grupo que ha hecho
esfuerzos, como bien conocen ustedes, en varias legislaturas para que este
hecho se pudiera producir.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió para fijar
posición en esta proposición de ley ante la cual, en planteamientos
generales, hay dos grandes opciones. La opción planteada en solitario por
parte de una diputada de esta Cámara, por parte de la diputada Rosa Díez,
que es la opción de modificar la Constitución y suprimir el derecho foral
y la disposición adicional primera. Esta es una opción de calado y es una
opción que requiere evidentemente reforma constitucional. Pero queda una
segunda opción que evidentemente es por la que nosotros nos inclinamos,
que es la de adecuar la disposición adicional primera y lo que de ella se
deriva, y el sistema de garantías constitucionales y de garantías de
justicia constitucional al actual marco vigente en lo referente a las
normas tributarias generadas por parte de los territorios de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya.
Más allá de los discursos que se han formulado esta mañana, señorías, yo
no puedo hacer más que suscribir aquello que hace un momento ha expresado
el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco desde esta tribuna. Me permito
utilizar parte de mi tiempo para leer la literalidad de lo que vamos a
votar esta mañana, la disposición adicional quinta que se incorpora en la
Ley del Tribunal Constitucional: Corresponderá al Tribunal Constitucional
el conocimiento de los recursos interpuestos contra las normas fiscales
en los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el
ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición
adicional primera de la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País
Vasco. Igualmente el Tribunal Constitucional resolverá también las
cuestiones que se susciten con carácter prejudicial y otros aspectos y
extremos de esta modificación legislativa.
Sería bueno que centrásemos el debate exactamente en lo que estamos
discutiendo hoy, que es acomodar el juicio de constitucionalidad a nivel
del Tribunal Constitucional, y no, como se da en estos momentos, en el
ámbito del Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma Vasca. Creo que algunos grupos de esta Cámara
creen en la justicia constitucional, como el Grupo Popular que aprovecha
precisamente la tramitación de esta proposición de ley para plantear la
modificación de la Ley del Tribunal Constitucional e introducir el
recurso previo de constitucionalidad, aspecto al cual me voy a referir
dentro de un rato.
Señorías, quiero expresar nuestro voto favorable a una tramitación que no
se debe interpretar a la luz de la coyuntura ni del debate
presupuestario, sino desde un punto de vista de largo alcance, desde el
punto de vista del actual marco constitucional que nos dimos hace treinta
y un años y desde el punto de vista de la adecuación, del garantismo en
la evaluación de las normas a este marco constitucional o a la
alternativa planteada por parte de la diputada Rosa Díez de modificar
este marco constitucional. Es un ejercicio puro y estricto de coherencia,
ejercicio de coherencia también del Parlamento vasco cuando aprobó con el
voto de todos sus diputados, excepto de un diputado en acto de
coherencia, el diputado de UPyD, esta iniciativa; esta iniciativa fue
aprobada por el resto de los diputados de la Cámara. Se ha producido
ciertamente una modificación de la posición del Partido Popular; se ha
producido una modificación entre el voto en el Parlamento vasco y el voto
en el Pleno del Congreso de los Diputados. En el debate inicial de toma
en consideración, en el debate de totalidad, ciertamente se produjo una
discrepancia dentro del Grupo del Partido Popular; por cierto,
discrepancia que en estos treinta y un años de vida parlamentaria nunca
se ha producido en ningún otro grupo parlamentario respecto a la
motivación territorial y el voto en las Cortes Generales. Por lo tanto,
nuestro voto favorable a esta iniciativa.
Y ya que el Partido Popular ha planteado un tema de tanto calado como la
reintroducción del instrumento del recurso previo de constitucionalidad,
figura que estuvo contemplada y vigente en la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional desde el año 1979 hasta el año 1985, voy a hacer algunas
consideraciones respecto a esta enmienda, enmienda que recibirá nuestro
voto negativo porque no es el lugar, ni el momento, ni la ley para
plantear una modificación sobre una norma de este calado. Es evidente,
señorías, que si no se hubiera aprobado el actual y vigente Estatuto de
Autonomía de Cataluña y no hubiera pendiente un recurso de
constitucionalidad sobre el mismo en estos momentos en el Tribunal
Constitucional, seguramente no se habría suscitado este debate. Las
normas de juego son las que son y tenemos que esperar a la sentencia del
Tribunal Constitucional con las actuales normas de juego. Quizás podemos
plantearnos algunos debates de fondo sobre aquello que se planteó en el
momento constituyente, sobre el momento actual y sobre el futuro. Quiero
recordar que un ponente constitucional, Miquel Roca, reveló recientemente
en un artículo en la prensa que en la deliberación de la Constitución por
parte de los ponentes constitucionales y en la Comisión Constitucional se
sopesó hasta el último momento la posibilidad de que aquellos textos que
fueran objeto de referéndum posterior por parte de la ciudadanía no
tuvieran control posterior de constitucionalidad por parte del Tribunal
Constitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Este fue un
debate abierto hasta el último momento en la ponencia constitucional,
este fue un debate de su momento, pero un
debate que no es pertinente abrir en medio de la partida de juego que
supone el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional. La posición
de mi grupo parlamentario es que es muy oportuno que un texto refrendado
por parte de la ciudadanía no tenga control de constitucionalidad
posterior. Quiero recordarles, señorías, que por primera vez el Tribunal
Constitucional está afrontando un control de constitucionalidad del texto
de una ley orgánica notablemente singular como es una reforma
estatutaria, una ley paccionada entre el Parlamento autonómico, las
Cortes Generales y refrendada posteriormente por la ciudadanía. Es la
primera vez en treinta y un años del sistema democrático vigente que
estamos a la espera de una sentencia después del referendo de la
ciudadanía. El Grupo Parlamentario Popular nos plantea recuperar la
figura del recurso previo de constitucionalidad y en el debate en
Comisión el Grupo Parlamentario Socialista nos anunció la apertura de una
reflexión genérica sobre este recurso previo. Tengo que decirles que
desde la posición de considerar que no tiene que existir recurso de
constitucionalidad posterior al referendo de la ciudadanía, podríamos
contemplar la opinión del Tribunal Constitucional con carácter previo a
que las Cortes Generales emitieran su última opinión. Pero, señorías, si
entramos en esta fase de reflexión, tendremos interpretaciones bastante
distintas sobre el peso de la opinión del Tribunal Constitucional en este
eventual informe previo a la última palabra por parte de las Cortes
Generales; si estamos hablando del perfil clásico del recurso de
inconstitucionalidad que operó desde el año 1979 hasta 1985, o si estamos
hablando de un informe sobre el carácter constitucional de una ley que,
al final, es al Poder Legislativo, es a las Cortes Generales a quienes
les compete en última instancia, en representación de la soberanía y del
efecto en este caso del Estatuto, y por tanto de norma pactada entre dos
parlamentos, emitir la última opinión. Ciertamente, distintos órganos
relevantes del Estado emiten opiniones previas a la tramitación de
algunas leyes. Ustedes nos plantean que el Tribunal Constitucional
también emita opinión previa de constitucionalidad antes de que se
pronuncien las Cortes Generales. Pues bien, sobre el distinto carácter y
perfil que podría tener la recuperación de esta figura es sobre lo que
deberíamos reflexionar en profundidad y no, evidentemente, aprovechando
la tramitación de la modificación de una norma que da la cobertura
necesaria y garantista desde un punto de vista constitucional a las
normas fiscales que producen los tres territorios de la Comunidad
Autónoma vasca. Es por esto, señor presidente, que anuncio nuestro voto
favorable a esta proposición de ley y evidentemente nuestro voto
contrario a esta enmienda ya que ni es el lugar ni el momento oportunos,
así como nuestra predisposición a dialogar sobre los puntos de partida de
esta reflexión, que coincidiremos en que son discrepantes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista para fijar la posición tiene la palabra don José
María Benegas.
El señor BENEGAS HADDAD: Gracias, señor presidente.
Señorías, autoridades vascas, consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno vasco que asisten desde la tribuna a este debate, quiero
decirles que es la cuarta vez que en diferentes trámites parlamentarios
hemos debatido sobre esta proposición de ley del Parlamento vasco de
modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del
Poder Judicial en relación con el problema de la protección jurídica de
las normas forales tributarias. Por tanto, después de cuatro debates las
posiciones de los grupos son muy conocidas y los argumentos también. De
todas maneras, quiero señalar que a lo largo de la tramitación
parlamentaria la propuesta del Parlamento vasco ha sido mejorada técnica
y jurídicamente mediante enmiendas del Grupo Vasco y del Grupo
Socialista, y el texto que va a salir de esta Cámara es más riguroso
desde el punto de vista de su contenido y más riguroso jurídicamente que
el que vino del Parlamento vasco.
En los debates que hemos mantenido con los opositores a esta propuesta,
fundamentalmente el Grupo Popular -acabo de oír la intervención de la
señora Díez, pero fundamentalmente me refiero al Grupo Popular-, me queda
la duda sobre si se acaba de entender algo que resulta básico para
comprender la razón y el fundamento de la posición del Parlamento vasco y
de la proposición que proviene del mismo. Si no lo entendemos, se pueden
hacer derivas que no tienen mucha conexión con la realidad jurídica y el
concierto económico.
Hoy, señor García-Tizón, usted situaba su discrepancia diciendo que el
camino elegido no era el correcto. No entraba en el fondo de la cuestión
sino que decía que el camino no era el correcto -traer aquí la
propuesta-, y que el correcto habría sido modificar la Ley de Territorios
Históricos. No, señor García-Tizón, el problema no está en la Ley de
Territorios Históricos, la cuestión deriva de la Constitución de 1978,
que hace un reconocimiento de los derechos históricos no a una comunidad
autónoma sino a unos territorios. Por tanto, para empezar, la foralidad
es territorial y, segundo, el Estatuto de Gernika establece en exclusiva
la competencia de legislar en el Parlamento vasco. Hay que entender esto
y hay que hacer discursos coherentes, no como el de una persona que está
hablando en el pasillo, que vota a favor de la Constitución de 1978, vota
a favor del Estatuto de Gernika del año 1980 y ahora resulta que el
problema reside en que hay que cambiar la Constitución y el Estatuto de
Gernika que en su día voto; pero este es un problema de coherencia
política. Deben entender que cuando, en virtud del sistema de concierto
económico, las normas tributarias forales sobre impuestos concertados -es
solo sobre impuestos
concertados, es decir, renta, IVA, sociedades y sucesiones- regulan estos
impuestos respetando el principio de presión fiscal equivalente, no están
desarrollando ni están complementando leyes del Estado, están
sustituyendo las leyes del Estado. Hacen la función de las leyes del
Estado en los territorios forales, en los territorios históricos. Por lo
tanto, los vascos pagan el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre
sociedades o el IVA no en función de las leyes del Estado sino en función
de las normas forales. ¿Cuál es el problema? Que las normas forales están
desempeñando una función que corresponde a una ley; sustituyen a las
leyes del Estado, pero no tienen rango de ley y, en consecuencia, algo
que está sustituyendo a una ley puede ser recurrido por la vía
contencioso-administrativa. Es decir, el problema, simplificándolo mucho,
reside en la existencia de normas tributarias que cumplen las funciones
de una ley sin tener rango de ley y sin la protección jurídica que esta
tiene. Pues bien, añadiré además que creo que al aprobar esta proposición
de ley estamos ajustando un poco más la foralidad a la Constitución de
1978, y les diré por qué. Porque el apartado 3 del artículo 31 de la
Constitución señala que solo podrán establecerse prestaciones personales
o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Es lo que dice
el artículo 31 de la Constitución. Y es así en toda España, excepto hasta
ahora en el País Vasco por el carácter que tienen las normas forales
tributarias. Esto lo ha salvado el Tribunal Constitucional diciendo que,
aunque no tienen rango de ley, sí garantizan el principio de reserva de
ley las normas forales tributarias.
Confieso que en los sucesivos debates -toma en consideración, ponencia,
Comisión y hoy este Pleno- no he oído por parte del Partido Popular algún
argumento serio y fundamentado contra esta proposición de ley del
Parlamento vasco, además de la contradicción que supone haber sido votada
por sus compañeros vascos allí y defendida por sus compañeros vascos en
este Congreso. Sí he oído y leído muchos despropósitos y falsedades fuera
de esta sede parlamentaria en alguna comunidad autónoma. Afortunadamente,
lo que dice el señor García-Tizón por su tono y por su contenido poco
tiene que ver con estas soflamas que se han oído fuera de este Parlamento
y que en torno a este tema han ocupado páginas de periódicos regionales.
Es de agradecer, dado los tiempos que corren, que el señor García-Tizón
haya defendido sus ideas y posiciones con mesura y con cordialidad
parlamentaria. No obstante, le diré, señor García-Tizón, que en el Pleno
en el que debatíamos la toma en consideración de esta proposición de ley
usted dijo textualmente: Seguramente entre todos vamos a encontrar
fórmulas que nos acerquen, porque no tiene ningún sentido que esta norma
que, como digo -decía usted-, en el País Vasco goza de la más completa
unanimidad, no tenga la posibilidad de salir adelante con la voluntad de
todos. Pero, señorías -añadía usted-, unir Presupuestos Generales del
Estado a un tema de tanta trascendencia no nos parece serio. Es decir, en
el fondo, si se interpretan sus palabras, votaron en contra de esta
proposición de ley porque querían impedir que los presupuestos generales
para 2010 se aprobarán. Este es el fondo de su posición.
Quiero hacerle dos o tres consideraciones más. La primera es que cuando se
dice que seguramente entre todos vamos a encontrar la fórmula que nos
acerque, como dijo usted y que hubiera sido lo deseable, señor
García-Tizón, hay que intentarlo, hay que buscarlo, hay que trabajar para
que se produzca aquello que en su discurso era un deseo, y usted no lo ha
intentado; ni poco ni mucho, no lo ha intentado. Yo sí lo he intentado;
he intentado aproximar posiciones pensando en sus compañeros en el País
Vasco, a los que respeto por su lucha contra el terrorismo y por los
golpes durísimos que han recibido a lo largo de todos estos años;
pensando en ellos he hablado con quien en su grupo parlamentario o en su
partido podía cambiar esta posición, sin mucho éxito evidentemente. Pero
yo lo he hecho y hemos intentado el acuerdo. La segunda consideración es
que lo que fue un obstáculo en la toma en consideración de los
Presupuestos Generales del Estado ya no lo es, se van a aprobar, luego ya
no existe ese problema; se van a aprobar. Por lo tanto, no existiendo ese
problema, podría ser un motivo para que ustedes cambiaran la posición y
recuperáramos el consenso que vino del País Vasco. Quiero hacer una
última consideración. Su compañero Basagoiti les ha pedido
encarecidamente que no interpongan recurso de inconstitucionalidad contra
esta proposición de ley. Háganle caso al menos en esto porque es bastante
razonable.
Señor presidente, termino diciendo que creo que hoy es un día importante
para la consolidación de la autonomía vasca. Vamos a resolver un problema
que llevaba tiempo bloqueado. Tengan la seguridad de que no estamos
hablando de privilegios, sino de tener un tratamiento en materia de
normas tributarias idéntico a las de las demás comunidades autónomas y a
las leyes del Estado. Finalmente quiero transmitirle al señor Sanz,
presidente de La Rioja, y a los ciudadanos de La Rioja que puedan sentir
inquietud con este tema, que, en general, en todas nuestras actuaciones
podemos equivocarnos, pero nuestra concepción del Estado de las
autonomías se fundamente en la lealtad constitucional y en la
solidaridad. Por tanto, no tienen nada que temer de nosotros, de los
socialistas. Y si algún día surgiera algún problema, tenemos el
instrumento del diálogo para, entre comunidades autónomas vecinas,
resolver cualquier discrepancia. En lo que se refiere a la enmienda que
trata de recuperar de una manera oportunista, sin venir mucho a cuento,
el recurso previo de inconstitucionalidad, ya es conocida la posición de
mi grupo y en su consecuencia votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A
LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU
EJERCICIO. (Número de expediente 121/000030.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Para fijar la posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora
Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subimos a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo,
el Bloque Nacionalista Galego, en relación con las enmiendas aprobadas al
texto de la denominada ley ómnibus en el Senado. Teniendo en cuenta el
número de ellas no vamos a hablar de todas, pero sí de algunas en la
medida en que fueron votadas por nosotros en el Senado, pero sobre todo
porque también han sido presentadas como enmiendas por nuestro grupo en
el Congreso.
Inicialmente, señorías, me gustaría comentar que las dificultades que está
teniendo esta ley, desde el punto de vista de incluso situaciones
complicadas en el momento de su aprobación en Comisión en el Congreso y
después con tantas enmiendas aprobadas en el Senado, son consecuencia de
la rapidez y el poco tiempo que se dejó para poder discutir no solamente
entre los grupos parlamentarios, sino también entre los diferentes
sectores afectados por estas modificaciones. Ley que, si bien es verdad
que traslada directivas de la Unión Europea, también es cierto que se
aprovecha por parte del Gobierno para incorporar o incluir otros aspectos
que no serían necesarios como los relacionados con los colegios
profesionales o la regulación del transporte. Hoy tenemos una situación
complicada incluso por lo que en el artículo 21 de esta ley se pretende
regular, que es el transporte; cuestión que curiosamente no estaba
contemplada dentro de esas trasposiciones de directivas europeas y que
era necesario hacer. En este sentido -queremos centrar un poco nuestra
posición con relación a las enmiendas del Senado-, nuestro grupo presentó
en el Congreso una enmienda de supresión del artículo 21, el que regula
el transporte, porque en su momento tuvimos posibilidad de diálogo con
los diferentes sectores del transporte en general y del taxi en
particular y todos nos transmitían la necesidad de afrontar la regulación
relacionada con el transporte a través de la modificación de la ley
actual, pero no aprovechando esta oportunidad de la ley ómnibus. Nuestra
enmienda en el Congreso tuvo una singular suerte, en la medida en que fue
aprobada pero por un error en la votación de algún diputado. Esa
aprobación fue subsanada, llegando el artículo 21 al Senado, donde fue
suprimido por otras enmiendas que también votó el senador de nuestra
formación dentro del grupo de senadores nacionalistas. Quiero dar estas
explicaciones porque, si bien nuestro grupo presentó esta enmienda, somos
conscientes del trayecto que esta cuestión ha tenido desde el inicio de
la tramitación de esta ley. Queremos reconocer como positivo el hecho de
que, en el transcurso de ese trámite y por los diferentes avatares por
los que ha transcurrido este artículo, hoy exista un acuerdo entre el
Gobierno y distintas asociaciones del taxi o asociaciones de autónomos
que nos podría permitir hacer una valoración diferente a la que hemos
hecho hasta el momento en que mantuvimos nuestra enmienda de supresión.
Por eso, señorías, en este momento tenemos que transmitir a todos ustedes
que nuestro grupo, en la medida en que estamos comprometidos también con
la agrupación de taxis de nuestro país, Galicia, está analizando lo que
nosotros entendemos modificación sustancial a través de ese acuerdo al
que han llegado los profesionales del taxi, o parte de ellos, y el
Gobierno, en la medida en que en su momento nos transmitieron la
necesidad de la supresión de este artículo y en este momento, por un
lado, nos están transmitiendo acuerdos con el Gobierno y que consideran
conveniente la recuperación del mismo y, por otro lado, estamos
asistiendo a que una parte del sector no comparte esta posición. Por
tanto, en principio, con relación a esta enmienda del Senado nuestro
grupo se va a abstener.
Vamos a votar favorablemente al apartado 2 del artículo 60, que tiene que
ver con cuestiones técnicas relacionadas con los profesores de las
autoescuelas, cuestión que para nosotros era importante, por lo que
presentamos enmiendas en esta dirección en el Congreso. Vamos a votar
favorablemente a la enmienda que se aprobó en el Senado para crear una
nueva disposición adicional quinta que dice que, para garantizar la
exigencia de proximidad en el ejercicio de su profesión, los procuradores
de los tribunales, sin perjuicio del derecho de libre establecimiento,
ejercerán únicamente en el territorio que dentro de su correspondiente
ámbito determine el colegio de pertenencia. También queremos dar una
explicación pormenorizada de nuestra posición favorable a la enmienda
aprobada en el Senado por la que se crea un nuevo artículo 47 relacionado
con la modificación de la Ley de 2005, que conocemos como del tabaco, en
la cuestión relacionada con la posibilidad de dispensación de tabaco por
parte de los quioscos o establecimientos de venta de prensa. Esta
cuestión ya se suscitó en el momento de la aprobación de la ley, de tal
manera que posteriormente el Gobierno aprobó el Decreto 2/2006, de 10 de
febrero, para solventar este problema generado a este sector en la Ley
28/2005, del tabaco, a la que hacía referencia. En ese sentido, este real
decreto -ya lo manifestamos también en su momento y presentamos
iniciativas parlamentarias- no solamente no contemplaba debidamente la
cuestión, sino
que después el Gobierno hacía una interpretación sesgada o discrecional,
que incluso nosotros valoramos que era, o es, porque sigue manteniéndose,
una interpretación discriminatoria y desde luego nada objetiva con el
sector. En estos momentos, la enmienda aprobada en el Senado deja claro
que la dispensación de tabaco se puede hacer tanto en los quioscos de
venta de prensa instalados en la vía pública, que era lo que inicialmente
el Gobierno entendía a través de su Real Decreto 2/2006, como en aquellos
establecimientos, quioscos de venta de prensa, que estén instalados en
bajos que tengan entrada a través de la vía pública. Por otro lado, en la
enmienda también se deja perfectamente claro, en la medida que se hace
referencia a las letras b) y c) del artículo 8 de la Ley 28/2005, los
establecimientos de hostelería que también podrán hacer esta venta del
tabaco. Por lo tanto, entendemos que esta enmienda resuelve una cuestión
que, desde nuestro punto de vista, era de justicia resolver. En
consecuencia, señorías, vamos a votar favorablemente. Esperamos, además,
que SS.SS. tengan en consideración esta vieja reivindicación del sector
de venta de prensa porque es necesario recordar que esta venta de tabaco
es esencial para los ingresos de un sector comercial que en estos
momentos está en una situación de crisis que no es necesario que
definamos porque todas y todos somos conocedores de ella. Esta es,
señorías, nuestra posición ante aquellas enmiendas que para nosotros son
fundamentales de las aprobadas en el Senado, independientemente de que de
las otras aprobadas algunas las votaremos a favor, otras las votaremos en
contra y en una minoría nos abstendremos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Como saben las señoras y los señores diputados, nuestro grupo
parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a este proyecto de
ley. Mantuvimos en aquel debate -con pocas enmiendas a la totalidad, todo
hay que decirlo- que, entre otras cosas y en nuestra opinión, este
proyecto nos recordaba precisamente a esas leyes de acompañamiento que
teóricamente se han suprimido pero que de forma tan frecuente llegan con
otras formas a esta Cámara. Ahora bien, esta no era la principal cuestión
que nos llevaba a rechazar el proyecto de ley. Como ocurrió con la Ley
marco sobre el libre acceso y ejercicio de actividades de servicios, este
proyecto, desde nuestro punto de vista, excedía y excede con mucho la
trasposición de la directiva y buena parte del contenido. Simplemente, no
debería haberse sujetado a ese acuciante plazo de la trasposición de esa
directiva, que es de diciembre del año 2009. El objetivo declarado del
proyecto teóricamente era fomentar la creación de empleo por medio de la
eliminación de -decían, dicen- barreras burocráticas, pero la realidad ha
ido mucho más lejos que eso. Lo que se ha puesto en práctica es un modelo
en el que el empresario lo que tiene que hacer es declarar que va a
cumplir con los preceptos y demás regulaciones, sustituyendo así los
trámites administrativos, pero suponiendo en algunos casos una
desregulación radical, casi absoluta. La Directiva de Servicios establece
que se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios y su
ejercicio a un régimen de autorización cuando no sea suficiente una
comunicación o una declaración responsable del prestador del servicio.
Por ejemplo, cuando un control a posteriori se produzca demasiado tarde
como para ser realmente eficaz. Pero el Gobierno no hace uso de esa
importante previsión, eliminando, desde nuestro punto de vista, en
exceso, el régimen de autorización y dejando subsistentes, como únicos
regímenes restrictivos a la libertad de establecimiento, solo los de
comunicación y de declaración responsable. Dicho de otra manera, existe
permisividad para ciertas actuaciones de los agentes del mercado y hay
una renuncia clara y explícita al control de lo público.
Es paradójico que, en esta crisis mundial en la que lo que se reclaman son
reglas, el legislador y el Gobierno, que es quien nos trae este proyecto,
lo que nos dice es que no haya reglas. Si ustedes se fijan en los debates
más polémicos que han ido paralelos a esta ley, han venido de sectores
que se han sentido desatendidos, desprotegidos y situados absolutamente a
la intemperie, a partir de un marco que ha ido mucho más allá de lo que
exigía la directiva. La realidad es que no se ha acertado en pensar que
una reducción de esos controles públicos administrativos va a facilitar
sin más la creación de empleo, no entendiendo que hay veces que se
necesita de esos marcos. Son muchos los ejemplos que evidencian que el
Gobierno ha planteado reformas que van más allá de esos principios y
objetivos de la propia directiva y de su acuciante plazo de trasposición.
Además, ustedes lo saben, algunas modificaciones necesitaban de un debate
mucho más reposado, más tranquilo y más sereno.
¿Cuál es el problema? Que el proyecto de ley modifica tantas leyes: la de
prevención de riesgos laborales y la Ley ordenadora de la Inspección de
Trabajo, o la Ley del Servicio Postal Universal y la de la liberalización
de los servicios postales. Modifica la Ley General de Sanidad, la Ley de
ordenación de profesiones sanitarias, la Ley de acceso a las profesiones
de abogado y procurador de los tribunales. Hay modificaciones que afectan
también a los servicios del transporte -y atención-, cuando ustedes saben
que los servicios del transporte estaban expresamente excluidos del
ámbito de la directiva. En este último caso además algunas modificaciones
se producen sobre materias que ya están siendo objeto de revisión. Hoy
existe una Ley de ordenación de los transportes terrestres, que
actualmente está en discusión para su modificación; una Ley del Sector
Ferroviario, que tiene su propio proceso liberalizador; una Ley del
régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés
general, que ya tiene también su tramitación. Lo cierto es que el
Gobierno tenía prisas, creo que excesivas prisas, y que el Gobierno, más
papista que el Papa, iba más allá que la directiva, siendo los líderes en
la liberalización, ya no solo en el sector eléctrico -ley actualmente
vigente que se ha demostrado fracasada a la vista de lo que ha acontecido
en los países de nuestro entorno-, sino también hoy en materia de
servicios y, en concreto, en materia de transporte.
Si bien el trabajo parlamentario de los grupos lo que ha hecho ha sido
matizar algunas cuestiones y ha enriquecido el texto del Gobierno -y
nuestro grupo ha introducido algunas enmiendas en la tramitación-, lo
cierto es que nuestra valoración global de la ley, pese a ello, continúa
siendo crítica, muy crítica. Para acabar les pondré un par de ejemplos,
ejemplos que son claros. Me voy a referir al famoso y archiconocido
artículo 21, que ahora el Senado ha eliminado en su tramitación. El
artículo 21 modificaba la Ley de ordenación de los transportes
terrestres, estableciendo que las autorizaciones del transporte público
discrecional habilitarían para realizar servicios en todo el territorio
nacional, y no había limitación alguna por razón de origen o destino del
servicio. Este era el texto original. Hasta ahí querían llegar. Se
encendió la luz de alarma y el PSOE, seguramente consciente de la
transcendencia, introdujo modificaciones con un texto que contentaba en
parte al sector, pero solo en parte. Introducía esa componente urbana en
una enmienda que intentaba que, en lo relativo al transporte discrecional
interurbano de viajeros, pudiera condicionarse reglamentariamente el
origen o destino de los servicios. ¿Cuál es la cruda realidad? Que el
texto no ha contentado a nadie, a nadie. La pregunta es: ¿Para qué tantas
prisas? ¿Por qué tenemos que ir más allá de lo que marca la directiva?
¿Por qué si en la directiva se excluye un sector, el de transporte, este
Gobierno progresista, que usted reclama, tiene que entrar en materia? No
lo entendemos, no lo compartimos, hay un afán liberalizador que, vaya, si
viniese de la mano de la derecha estoy seguro que desde la tribuna del
Partido Socialista serían los primeros que lo criticarían. Pero es que
más allá del contenido de esta pretendida modificación y de las alarmas
más o menos justificadas, lo que teníamos que introducir era la necesidad
en todo caso de regular con serenidad, y el problema engarza con lo que
se ha comentado, con lo que he intentado trasladar: era innecesario
procurar modificaciones en el sector del transporte. Pero este Gobierno
ha intentado hacer lo que nosotros entendíamos como innecesario. Y en un
claro ejemplo en el que se podría haber planteado un debate sereno, hemos
ido con un debate a trompicones, con demasiadas prisas y con el sector en
pie de guerra. Pues bien, yo creo que esta experiencia debería llevarles
a una conclusión, que las leyes se tienen que hacer de forma distinta,
con contenidos distintos pero también con métodos y tiempos diferentes;
hablando en plata: ustedes han sido más papistas que el Papa trasponiendo
la directiva, con un sentido más liberalizador de lo que mandaba Europa,
y de esos polvos, estos lodos de una mala experiencia -yo creo para
ustedes los primeros- en torno a la directiva. (La señora vicepresidenta,
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por último, he de decir que
coincidimos con lo que planteaba la portavoz del BNG en torno a la
dispensación de tabaco en aquellos espacios que dispensen prensa,
entendemos que es razonable con ese artículo 44 bis nuevo que viene del
Senado. Simplemente quería añadir estas reflexiones a este proyecto de
ley ómnibus, conocida como ley ómnibus, pero también conocida como un
episodio más en el que el Gobierno es más liberalizador que lo que mandan
las directivas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Herrera.
Por el Grupo Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
Perdón, por el Grupo Vasco (EAJ-PNV).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, por elevar el rango
institucional que me corresponde de diputado a senador, que es la
aspiración que nos caracteriza a todos los que estamos aquí y que antes o
después seguramente por razones de edad conseguiremos.
El señor Azpiazu, en relación con este proyecto de ley importante que
viene del Senado, que vamos a proceder a glosar, mi compañero don Pedro
Azpiazu ha glosado una expresión que debería pasar a la nomenclatura
parlamentaria en nuestra opinión, que es la expresión geótica. La
expresión existe en su sentido etimológico; su significado etimológico
hace referencia a las cuestiones relacionadas con la Tierra. En el
sentido parlamentario, como con lucidez el señor Azpiazu comentó,
consiste en la gestión del caos, que es un poco con lo que nos estamos
topando en este debate tan atrabiliario de esta ley, que es una ley
relevante, es una ley importante, no digo que no, pero es una ley mal
concebida. Nosotros lo dijimos desde el principio, manteníamos reservas,
primero, que no se puede pasar de la geometría variable en los usos
parlamentarios a la geótica directamente, una cuestión puramente
metodológica, pero teníamos también reservas mentales importantes
respecto al contenido material de esta ley.
Mire, señora presidenta, cuando se creó la escuela de Bari en Italia, la
creadora a su vez de la teoría o doctrina del uso alternativo del
derecho, lo que proclamaban los estudiosos de la escuela de Bari, los
catedráticos de esta universidad pedían al Parlamento italiano que
siguieran en plena decadencia del parlamentarismo italiano haciendo leyes
malas, insuficientes, que no resolvieran los problemas, porque a través
de la práctica, del uso y de la interpretación alternativa de las normas
se mejoraban; sin embargo, una redacción por parte del Parlamento
italiano más cuidadosa seguramente empeoraría o quebrantaría más las
situaciones objeto de regulación
normativa. Algo así ha pasado. No se puede aprovechar o utilizar una ley
para modificar nada menos que 47 normas de nuestro ordenamiento jurídico,
47, se dice pronto. Nosotros somos apologetas y creemos en la economía
procesal, pero no hasta esos extremos tan desmesurados. No se puede dar
un hachazo a la coherencia sistemática del ordenamiento jurídico
modificando 47 normas a la vez, pero sobre todo no se puede hacer, señora
presidenta, como se ha hecho en esta ocasión, 47 reformas normativas de
47 normas del ordenamiento jurídico español que originariamente -esto se
ha podido arreglar afortunadamente en el debate parlamentario-
constituían 47 invasiones competenciales.
Cuando se trasponen directivas, no es inusual la tentación del grupo
gobernante de utilizar la trasposición de las directivas para vulnerar
los títulos competenciales que corresponden a las comunidades autónomas.
Es una práctica bastante recurrente y bastante habitual, a pesar de que
la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo prohíbe modificar mediante
el uso de la trasposición de directivas el orden institucional interno y
las competencias en su distribución jurídica interna dentro de los
Estados que conforman la Unión Europea. Pero además, se utiliza mediante
un sistema más perverso todavía, que es la invocación de los llamados
títulos competenciales impropios o no atributivos de competencias, como
son el 149.1.1 de la Constitución, que prevé el principio de igualdad
ante la ley, el 149.1.13, el 149.1.23, el 149.1.18, el 149.1.30 y otros
que no son títulos competenciales -a tenor de lo que ya ha desagregado
prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional- propios, no confieren
al Estado la capacidad de legislar, en tanto en cuanto la capacidad de
legislar esté previamente atribuida por el bloque de constitucionalidad y
por los estatutos de autonomía a las comunidades autónomas.
Quiero agradecer al Grupo Socialista, lo quiero hacer públicamente, su
sensibilidad en lo relativo a la resolución de los problemas
competenciales, porque hemos salvaguardado, mediante enmiendas de nuestro
grupo que han sido aceptadas por el Grupo Socialista y por algún otro de
la Cámara, competencias que se vulneraban en el proyecto de ley que
originariamente se presentó a esta Cámara, consistentes en cuestiones tan
relevantes como la organización y régimen de funcionamiento de las
instituciones de autogobierno, régimen local, normas procesales y de
procedimientos administrativos o económico-administrativos de la
Comunidad Autónoma vasca y de las demás, agricultura y ganadería,
asistencia social, colegios profesionales, sector público propio,
comercio interior, ferrocarriles, transportes terrestres, legislación
laboral, propiedad intelectual e industrial. Todo esto se debe a
transacciones y a acuerdos realizados. Reconozco y agradezco públicamente
a las portavoces del Grupo Socialista su sensibilidad en relación con
estas cuestiones de naturaleza competencial, pero resulta que esta ley se
ha complicado terriblemente, a pesar de haberse resuelto
satisfactoriamente las cuestiones competenciales, en relación con
determinados y concretos aspectos de su contenido material que dimanan de
enmiendas que han prosperado en la tramitación parlamentaria en el
Senado, en la Cámara Alta.
Estas enmiendas son las que en estos momentos están provocando una
conflictividad que se ha trasladado incluso a las calles que rodean el
Congreso de los Diputados y a los accesos al aeropuerto. Nos estamos
refiriendo en concreto a una enmienda, la 30152, que es la famosa
enmienda relativa al artículo 21, que afecta al sector del taxi, respecto
a la que mi grupo parlamentario mantiene la siguiente opinión. Ante la
dificultad de apreciar una interlocución realmente vertebrada y que
represente de forma visualizable, de forma clara la totalidad o, por lo
menos, la mayoría de los intereses que afectan a este colectivo
profesional, dadas las opiniones contradictorias que estamos apreciando
entre unas y otras federaciones del taxi -si bien hay que decir que son
de forma abrumadoramente mayoritaria contrarias al levantamiento de este
precepto que se incorporó en el Senado-, vamos a mantener una posición de
abstención en relación con el artículo 21 y, desde esa perspectiva, vamos
a intentar -y sería una invocación que hacemos al Grupo Socialista-
buscar elementos de consenso, puntos de acuerdo con las federaciones
representativas de estos profesionales. Esto es lo que les sugeriríamos
también respecto otras materias. Creo que aquí les ha perdido su
desmedido afán por aplicar la directiva, incluso -como decía el señor
Herrera- incorporando cuestiones que van más allá del propio contenido
material de la directiva. Con esto nos estamos topando con muchos
problemas de incardinación de los requerimientos de la directiva en
nuestro ordenamiento jurídico, provocando muchas disfunciones, muchos
girones que en estos momentos son difíciles de resaltar.
Hay otra enmienda, la 30153 del Senado, que hace referencia a las
competencias de los colegios de procuradores y específicamente a su
capacidad de autoorganización territorial a través de los usos y
costumbres de la procura -es verdad que no existen en la mayoría de los
países en el derecho comparado pero sí en algunos Estados- que no
necesariamente coincide con el territorio de las demarcaciones
judiciales. Nos parece muy pertinente mantener y respetar este sistema o
estas competencias que tienen los colegios de procuradores -reconocidas
por la ley que los regula, ya que son una corporación de derecho público
como la mayoría de los colegios profesionales- de autorregular sus
ámbitos territoriales de actuación y los lugares donde los procuradores
pueden intervenir e interceder ante los tribunales. Son dos cuestiones
polémicas que no pudieron ser transadas o cerradas por mi grupo
parlamentario por esas pretensiones de exhaustividad en la trasposición
de la directiva, que va mucho más allá de lo que la misma obliga a
trasponer y que está provocando no pocos problemas en relación a la
consistencia sistemática del ordenamiento jurídico. Señora Trujillo, a
través de un proyecto de ley no se puede intentar reformar 47 normas sin
que esto provoque severas desestructuraciones de la
consistencia sistemática de un ordenamiento jurídico en donde muchas
normas están conectadas con otras. No se pueden regular simultáneamente
cuestiones atinentes a la problemática del vino, a las labores del
tabaco, a la ley del tráfico, a la ley de seguridad vial, a la ley de
transportes por carretera, a los quioscos, a los expendedores de
gasolina, a las empresas de trabajo temporal y a las empresas que se
dedican a la provisión de la formación profesional en sus distintas
dimensiones. Esta es una pretensión de una exhaustividad metafísicamente
imposible y yo creo que este es el error que se ha cometido y que nos
lleva a practicar, como bien decía mi amigo y compañero Pedro Azpiazu, la
geótica y no la geometría variable, la geótica en la acepción
parlamentaria, es decir, la gestión del caos. Y la gestión del caos ha
provocado la desafección de mi grupo parlamentario en algunos aspectos y
la afección en otros, sobre todo en los de naturaleza competencial en
donde la flexibilidad del Grupo Socialista ha posibilitado la salvaguarda
de las múltiples competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de
Gernika que el proyecto original enviado por el Gobierno vulneraba
estrepitosa y aparatosamente.
Dicho esto, señora presidenta -y digo bien- en cuanto a las enmiendas del
Senado, mi grupo parlamentario se va a abstener en relación con el
artículo 21 del proyecto de ley y va a votar favorablemente a la
incorporación en el Senado del respeto y mantenimiento de las
competencias que la legislación vigente regula o atribuye a los colegios
de procuradores. Acabo con esto, señora presidenta.
En cuanto a lo demás, haríamos una invocación o una invitación al grupo
que apoyo al Gobierno a una reflexión ex post. No se pueden modificar 47
leyes a través de un texto normativo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por
favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a intentar hacerlo de forma desagregada y
no tener por lo tanto que recurrir a esta geótica tan peligrosa que no
consiste en tratar los temas de la tierra sino precisamente lo contrario,
los temas vinculados al caos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora
Olabarría.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señora ministra, en primer lugar, el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió quisiera manifestar una serie de
consideraciones globales respecto a la tramitación parlamentaria de esta
ley, denominada parlamentariamente ley ómnibus. Entendemos que no se ha
respetado el compromiso político planteado inicialmente entre el Grupo de
Convergència i Unió y el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno,
el Grupo Parlamentario Socialista. Si en el debate de totalidad pusimos
encima de la mesa aspectos del proyecto de ley que creíamos que deberían
modificarse -y así se nos aseguró que se haría por parte del Gobierno-,
hoy en este último trámite debemos manifestar que desde nuestro punto de
vista no se ha respetado este compromiso, a pesar -también hay que
decirlo- de la voluntad negociadora de las portavoces parlamentarias
socialistas, que en todo momento han intentado llegar a un acuerdo,
aunque ha sido imposible ya que han existido barreras insalvables cuando
realmente se hubiera podido producir el consenso. Del proyecto de ley se
desprenden una serie de invasiones competenciales, que en este caso
ostenta la Generalitat de Catalunya, que para nosotros son muy
relevantes. Algunas de las regulaciones proyectadas chocan con
competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como es el supuesto
de los colegios profesionales, de acuerdo con el artículo 125 del
Estatuto de Cataluña. Por este motivo pedimos en su momento la supresión
del artículo 5. Asimismo algunas modificaciones laminan competencias
compartidas de las comunidades autónomas para definir las corporaciones
profesionales y los requisitos para su creación y para ser miembros de
las mismas. Otras regulaciones, señorías, se dictan en contra de
competencias ejecutivas que ostentan las comunidades autónomas con
relación a la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, de acuerdo
con el artículo 170 del Estatuto de Cataluña, el proyecto de ley contiene
una previsión para la cual el Gobierno deberá aprobar un plan de
asistencia pública dirigida a las empresas de menos de diez trabajadores.
A mayor abundamiento, señorías, algunas de las normas modificadas son
objeto de revisión en otros proyectos de ley, como el de contratos de
transporte, puertos, etcétera. Es más, algunas de las modificaciones en
materia de prevención de riesgos laborales, como bien se señala por parte
del Consejo de Estado, corresponden al ámbito del consenso y del diálogo
social, extremo que no ha sido así. También podríamos añadir que en la
tramitación del proyecto de ley se han incumplido aspectos con los que no
podemos estar de acuerdo, como, por ejemplo, el sesgo contrario de los
consejos autonómicos de colegios profesionales y los colegios
autonómicos, o la introducción de un registro integral industrial. Por
todo ello no nos podemos mostrar satisfechos con el texto global que se
va a aprobar hoy; no es la trasposición de la directiva que nosotros
queríamos y que entendíamos que necesitaba la economía española.
Respecto a algunas enmiendas que se han aprobado en el Senado -nosotros
vamos a defender la mayoría de ellas, las más relevantes, con nuestro
voto afirmativo-, quizás podríamos destacar la enmienda que va orientada
a mantener el carácter exclusivo de la representación de los colegios
profesionales y la supresión de
la referencia a la colegiación obligatoria. También otra referida a prever
que en determinados casos los colegios puedan reclamar la comunicación de
los colegiados que ejerzan en un ámbito territorial diferente al de
colegiación, a efectos del ejercicio de las funciones relativas a
ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria. También la
enmienda que pretende incluir a los colegios como sujetos requerientes
del visado, incluido el visado de trabajos profesionales relacionados con
los servicios de interés general. Hay otra enmienda que desde la
perspectiva de Convergència i Unió también es relevante, que se refiere a
mantener la territorialidad de los procuradores. Desde esta perspectiva,
entendemos que es básico que se pueda mantener, porque de esta forma se
puede plantear y se puede continuar una relación más directa entre el
profesional, el procurador y los ciudadanos. Si consideráramos esta
enmienda y la aprobáramos en este contexto, seguramente continuaríamos
mejorando la calidad del servicio de este colegio profesional, de los
procuradores.
Hay otra cuestión para nosotros relevante, que es la supresión en la Ley
de Sociedades Profesionales del mantenimiento de los requisitos de
derechos de voto y capital en poder de los profesionales. Hay otra
enmienda que ha sido votada favorablemente en el Senado sobre la
supresión de la modificación no requerida en la directiva europea, es
decir, del artículo 21. Señorías, en relación a este conflicto,
Convergència i Unió, en su momento, en el trámite en ponencia y Comisión,
dirigió su voto a la supresión del artículo 21. Nos hicimos eco de una
serie de manifestaciones, de reivindicaciones que diferentes sectores
profesionales del taxi nos plantearon en la negociación de las enmiendas.
Es cierto que tenemos encima de la mesa una serie de dictámenes que van
en contra de la directiva europea en la cual se excluye al transporte,
con carácter general, de la pretendida modificación. También es verdad
que la Confederación Nacional de Taxis de Cataluña ha rechazado esta
reforma por unanimidad. Tampoco se ha hecho caso del dictamen del Consejo
de Estado, que emitió un informe demoledor en el sentido de que este
artículo 21 no fuera incorporado en la trasposición de la directiva
ómnibus. Advertimos al Gobierno de que tendrían que hacer un esfuerzo
adicional para intentar consensuar todas las voces que venían de los
diferentes colectivos empresariales y profesionales. No fue posible. Es
verdad que en las últimas 24 horas el Gobierno ha dado una serie de
informaciones que, una vez leídas, intentando comprenderlas al máximo, se
podría llegar a la conclusión de que el Gobierno va a en la buena
dirección. Pero también es verdad que, una vez contrastadas con los
sectores correspondientes, no hay fórmula humana de poder llegar a un
consenso.
Saben que Convergència i Unió es un grupo político que intenta ser lo más
serio posible en todas sus reivindicaciones. Difícilmente cambiamos de
posición cuando se tramita un aspecto relevante como el que se está
suscitando en estos momentos. Por eso nosotros, a pesar de que hemos
escuchado al Gobierno y a las asociaciones decir que no estaban de
acuerdo con que se suprimiera el artículo 21, vamos a mantener el voto
que mantuvimos en la Comisión, que mantuvimos en el Senado y,
lógicamente, vamos a votar favorablemente la enmienda que plantea la
supresión del artículo 21. El Gobierno ha traspuesto una directiva que
afecta a muchísimos artículos y a más de cuarenta leyes, y es muy difícil
llegar a un consenso en 24 horas. Nosotros lo advertimos, planteamos al
Grupo Parlamentario Socialista algunas de estas reivindicaciones y nos
sabe mal que haya esta división en el sector y que, finalmente, se puedan
producir estas disfunciones. Pero, repito, vamos a ser coherentes con
nuestros planteamientos y todas aquellas enmiendas que han sido aprobadas
en el Senado a instancias de Convergència i Unió o a instancias de otros
grupos parlamentarios coincidentes con las enmiendas de Convergència i
Unió, las votaremos favorablemente. Lamentamos que en este caso el Grupo
Parlamentario Socialista y, consecuentemente, el Gobierno no hayan sido
capaces de llegar a un acuerdo con una serie de cuestiones que planteó
Convergència i Unió cuando votamos en contra de las enmiendas a la
totalidad. Nos queda un sabor muy amargo en la boca por aquellos aspectos
que invaden las diferentes leyes que son de competencia exclusiva de las
comunidades autónomas. Y también nos quedamos con un sabor amargo en la
boca por aquellos aspectos que hacen referencia al artículo 5, relativo a
los colegios profesionales. Si, lamentablemente, a la trasposición de
esta directiva se le da luz verde -no por los votos de Convergència i
Unió-, desaparecerán muchos colegios profesionales de Cataluña y del
resto del Estado español.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.(Rumores.)
Silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Celso Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en el debate del proyecto de ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocido
coloquialmente con el nombre de ley ómnibus. Lo primero que quiero poner
de manifiesto es que es un proyecto de ley que entró en esta casa el 19
de junio de 2009, no es un proyecto de ley que haya entrado hace dos
días, y ha sufrido unas vicisitudes en el Congreso y en el Senado. Hoy
debatimos las que han sido aprobadas en la Cámara Alta. Solo me voy a
referir a aquellas que aluden a los colegios profesionales y a la Ley de
ordenación del transporte terrestre porque no tendría tiempo para
ocuparme de más cuestiones.
Pues bien, en materia de colegios profesionales la reforma de la ley fue
impulsada por el Gobierno socialista desde una óptica, la de retirar
facultades a los colegios
profesionales y reducir su campo de actuación. Fue en la tramitación del
Congreso de los Diputados, y como consecuencia de las enmiendas de este
grupo parlamentario, por lo que el texto fue reorientado en visión de la
garantía y seguridad del ciudadano, teniendo en cuenta el interés
general, pero le quedaban algunos elementos que seguían orientados desde
una óptica parcial.
El Grupo Parlamentario Popular cree en los colegios profesionales como una
parte importante de la sociedad civil española. No son, como algunos han
dicho, un obstáculo a la competencia; únicamente ordenan las profesiones
bajo normas dadas por este poder, el Legislativo, y por el Gobierno. Las
restricciones que pueden plantear los colegios se justifican por la
necesidad de proteger un sistema de prestación de servicios profesionales
de los que los ciudadanos son beneficiarios. Por ello, los colegios
profesionales permiten que todos los ejercientes compartan las mismas
reglas de juego, favorecen la competitividad de los mismos y evitan el
intrusismo. Por eso, en la Cámara Alta nuestro grupo parlamentario
presentó enmiendas posibilistas, realistas y con sentido común que fueron
todas ellas -repito, todas ellas- aceptadas en el Senado, bien por
aceptación directa o bien por transacción con otros grupos
parlamentarios, porque aportaban coherencia, cohesión del texto, consenso
parlamentario y apoyo al sector colegial.
Pues bien, nosotros hoy pedimos el mantenimiento a todos los grupos de
esta Cámara de las enmiendas incorporadas referentes a colegios
profesionales; la enmienda que hace referencia al párrafo segundo del
apartado 3 del artículo 3, la referente a la comunicación, que sí se
puede exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente
al de la colegiación; la enmienda que hace referencia a la necesidad de
otorgar legitimación con ciertas condiciones a los propios colegiados
para pedir que se realice el visado, al mismo tiempo que se reconoce a
los propios clientes, a las administraciones públicas o cuando lo
establezca el Gobierno, no por medio de un real decreto sino de una ley,
y al mismo tiempo que se incorporen nuevos criterios como el de la salud,
la seguridad e integridad de las personas, la prestación de los servicios
de interés general, los servicios públicos o la protección del medio
ambiente; pedimos que se siga manteniendo la enmienda a la nueva
disposición adicional quinta, que establece la necesidad de excluir a
otras entidades de unas funciones en relación con el visado que
corresponden única y exclusivamente a los colegios profesionales; y
asimismo pedimos que se mantenga la enmienda que hace referencia a los
criterios de interés público que deben presidir la continuidad de la
colegiación obligatoria, que deberá hacerse necesariamente por medio de
un proyecto de ley y en el que hay que reconocer, como he dicho antes,
garantías de prestación de los servicios de interés general y de los
servicios públicos, pero con referencia a la protección del medio
ambiente, a la conservación y a la administración del patrimonio de las
personas. No se puede pretender que los colegios profesionales sigan
existiendo si les cercenamos sus fuentes de financiación.
También quiero referirme a la enmienda a la disposición adicional sexta,
relativa a los colegios de procuradores, una profesión que existe en
nuestro país, que cumple una función social realmente importante y
respecto de la cual nosotros, con el texto que viene del Senado, queremos
que se pueda garantizar la proximidad en el ejercicio de su profesión sin
perjuicio del libre establecimiento, pero ejerciendo en el territorio que
dentro de su correspondiente ámbito determine su colegio de procedencia.
Esto no limita el interés general, esto no limita la libre competencia,
pero pone coherencia y orden a lo que es desorden en el texto del
proyecto gubernamental.
Señorías, finalmente también se ha modificado por este proyecto de ley la
Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y viene del Senado suprimido
en su integridad el artículo 21. Y no solo como consecuencia de la
actuación del Grupo Parlamentario Popular, que ha puesto en bandeja la
solución y sus votos, sino porque ha buscado el consenso -y lo logró- en
aquella Cámara de los demás grupos parlamentarios. Señorías, la reforma
de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre no viene impuesta por la
directiva comunitaria, porque expresamente excluye al sector del
transporte dentro de los sectores que deben ser objeto de reforma. Por
ello, nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados desde
el primer día fue inequívoco: supresión de cualquier reforma que afecte a
una ley que debe ser objeto de una modificación por medio de un
instrumento jurídico especial, como sería una ley propia del transporte.
¡Anda que no han venido leyes a esta Cámara sobre esa materia en las que
se podía haber discutido con suficiente amplitud, buscando el consenso
con todos los grupos parlamentarios! Pero no, ha sido una posición de
soberbia de los ministerios afectados por esta norma, del Ministerio de
Economía, al ser más papista que el Papa, al ir más lejos en la
trasposición de la directiva de lo que exigen las propias normas
comunitarias, y también del Ministerio de Fomento, porque, conocedor de
la importancia que tiene el sector del taxi en el transporte público,
podía haber tenido la sensibilidad de poner coto a esas pretensiones del
otro ministerio. No fue posible en el Congreso de los Diputados; solo
pudimos modificar ligeramente esa norma por medio de una transacción que
nosotros tampoco compartimos. Fue en el trámite del Senado cuando
planteamos nuevamente la supresión y donde alcanzamos, como dije antes,
un acuerdo, un consenso con la inmensa mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara, excepto el Grupo Parlamentario
Socialista.
Señorías, ¿por qué razones no se puede apoyar el artículo 21? Las he
expuesto. Por razones de forma: La directiva comunitaria excluye
expresamente las actividades de transporte, que son consideradas
servicios de interés económico general. Por qué es inoportuna esta
modificación: Porque se podía y se puede hacer a través
de leyes sectoriales referentes al tema de transporte que hay en esta
casa. Porque además el propio Consejo de Estado, como se puso de
manifiesto, nos dice que no regulemos de esta manera reformas legales que
afectan a sectores tan importantes. En definitiva, señorías, porque el
Gobierno socialista, como en tantas materias, gobierna solo con una
óptica, no buscando el consenso necesario no solo con todos los grupos
políticos sino con la sociedad en su conjunto. En la calle, fuera de este
Hemiciclo, hay un clamor, gente que no protesta por capricho, sino que
traslada una preocupación seria en un momento de delicada situación
económica, en que las pequeñas y medianas empresas, que al final son los
taxistas, se sienten atemorizados por una competencia irregular que va a
entrar como consecuencia de la aprobación de este artículo 21 y nosotros
no vamos a ser cómplices en su mantenimiento, señorías. (Aplausos.) Por
razones de fondo: Insisto, se va a crear una actividad del taxi en cierta
medida paralela y desregularizada; se van a liberalizar las empresas de
vehículos de alquiler con conductor que van a poder ir más allá de
realizar las legítimas funciones que hoy realizan y que la sociedad
también les agradece; porque se puede autorizar al transporte
discrecional que realice servicios sin limitación de origen o destino del
servicio y sin limitación del número de vehículos autorizados.
Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le preocupa que las leyes en este
país se hagan bien, seriamente, en el marco adecuado, pero nos preocupan
mucho más las 100.000 familias que dependen del sector del taxi, y nos
preocupa también que pueda empeorar un servicio de calidad como es el
servicio del taxi que hay en España. Señorías, el propio Grupo
Parlamentario Socialista ha reconocido por boca de ilustres
representantes que este proyecto de ley es inconveniente. El propio Grupo
Parlamentario Socialista está planteando a última hora soluciones para
intentar evitar el desaguisado que se ha materializado, y todo esto se
hace con un proyecto de ley que entró en junio a discusión a esta Cámara.
¿Qué seriedad es esta en cuanto al trabajo parlamentario que se realiza?
Remato ya, señor presidente, con una apelación a todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara. Más allá de que todos tenemos derecho a
mudar nuestras opiniones en cualquier momento, es lo cierto que en el
Senado de forma inequívoca se manifestaron rotunda y totalmente a favor
de la supresión del artículo 21. No encuentro ninguna razón de fondo que
justifique el que hoy se pueda variar una posición y que mude de ser una
posición negativa a una posición de abstención. Es una postura respetable
-insisto, respetable-, pero desde luego no es la postura justa ni la que
espera la inmensa mayoría de nuestra sociedad, la inmensa mayoría del
sector del taxi, que cumple una función importante en la economía de
nuestro país. Señorías, es una oportunidad para mejorar una ley, y
mejorar esta ley es suprimir también el artículo 21 de la Ley de
Ordenación del Transporte.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.
Por el Grupo Socialista tiene palabra doña María Antonia Trujillo.
La señora TRUJILLO RINCÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para exponer de forma breve la importancia y trascendencia de aprobar hoy
este proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. Ambas leyes tienen por finalidad la trasposición de la
Directiva de Servicios de 2006, para su incorporación al ordenamiento
jurídico español. Una de ellas está publicada en el Boletín Oficial del
Estado y entrará en vigor el 27 de diciembre y la otra la aprobaremos
definitivamente hoy en esta Cámara y entrará en vigor un día después, el
día 28 de diciembre.
Voy a hacer una sucinta referencia cronológica. Hemos tenido un debate de
totalidad en el Pleno de esta Cámara, rechazando la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Esta circunstancia no nos ha
impedido llegar a acuerdos respecto a las enmiendas al articulado
presentadas por este mismo grupo y también por otros grupos en la
Comisión de Economía. Allí el trabajo fue intenso y los acuerdos, con
carácter general, razonables. En el Senado ha sucedido lo mismo. Hemos
trabajado con todos los grupos parlamentarios y hemos llegado también a
acuerdos. Hemos compartido reflexiones y preocupaciones, faltaría más.
Obviamente esto ha servido para aproximarnos en determinados aspectos, en
otros no ha sido posible, pero ha existido una gran colaboración
parlamentaria en ambas Cámaras. Por ello, quiero agradecer a los grupos
políticos, porque con todos algo hemos pactado, y a sus portavoces
concretamente, y con independencia de los aspectos que aún nos separan y
que no van a ser apoyados por todos, la disposición para colaborar con el
Grupo Socialista y mejorar el texto final. Sobre todo quiero agradecer de
forma especial el trabajo realizado por mis compañeras ponentes
socialistas Marta Gastón y Meritxell Batet; ellas han llevado el grueso
del trabajo y del proceso de diálogo, no solo en el ámbito parlamentario
sino también con más de cien organizaciones y asociaciones con las que
nos hemos reunido a lo largo de estos meses. Y ya saben SS.SS. que esta
norma es una norma muy compleja, aunque muy rigurosa jurídicamente.
Como los socialistas no queremos desviar el debate ni centrarnos en
cuestiones aisladas o en sectores no afectados, señorías, permítanme que
hoy reitere en esta Cámara, en nombre de mi grupo, la importancia de esta
ley para el sector servicios. En primer lugar, España cumple con la Unión
Europea en el objetivo de alcanzar un auténtico mercado único de
servicios europeo, eliminando barreras legales y administrativas. Se
mejora el
marco regulatorio y se gana en eficiencia, productividad, empleo y calidad
de los servicios, tanto para los ciudadanos como para las empresas. En
segundo lugar, España no ha desaprovechado esta oportunidad y ha dado un
paso más en la reforma estructural del sector servicios, abordándola con
un enfoque ambicioso para impulsar la creación de empresas, la
competencia y la internacionalización de las pymes y para crear una nueva
relación entre el administrador y el administrado, en beneficio del
consumidor y del usuario. En último lugar, los principios de buena
regulación se extienden, en efecto, a sectores no afectados directamente
por la directiva, pero ello para ganar en competitividad a nuestros
socios europeos e impulsar la actividad económica en un sector como el de
servicios, que es el más importante de la economía española,
representando los dos tercios de la actividad económica. Esto hace,
señorías, que esta ley sea una pieza fundamental en la estrategia para la
recuperación y la modernización de la economía española. El sector
servicios crecerá, a medio y largo plazo, en cerca de 200.000 empleos,
con un aumento del PIB del 1,2 por ciento, y ganaremos en competitividad,
consumo e inversión. Es una oportunidad única que no se puede
desaprovechar.
Con esta ley se modifican 47 leyes estatales sectoriales y otros tantos
sectores y a ello se sumarán las modificaciones en el ámbito autonómico y
local. ¿Con qué objetivo? Primero, que los consumidores y usuarios de
servicios accedan a una amplia gama de servicios de mejor calidad y de
menor precio. Esto, señor Sánchez i Llibre, señor Delgado, no hará que
los colegios profesionales desaparezcan en el ámbito autonómico ni que se
les cercenen las competencias de financiación. Si no, señor Delgado,
¿cómo valoraría usted la información publicada en un periódico económico
de que la ley ómnibus está originando una rebaja de las cuotas de los
colegios profesionales, en este caso del Colegio de Abogados de Madrid,
en un 67 por ciento? Bueno para los profesionales y bueno para los
ciudadanos. En segundo lugar, que las pequeñas y medianas empresas, así
como los trabajadores autónomos, verán reducidos sus costes y ampliadas
sus oportunidades de negocio, y las administraciones públicas ahorrarán
recursos en los procesos de simplificación y utilización de medios
telemáticos, aumentando los ingresos fiscales por el propio dinamismo del
sector.
Señorías, los socialistas no estamos hablando ni queremos hablar solo de
un par de temas que hayan podido trascender a la opinión pública y que
hoy se han reproducido en este hemiciclo. Estamos hablando de auténticas
reformas estructurales en nuestro país en casi todos los sectores:
energético, transporte y comunicaciones, servicios profesionales, ámbito
laboral y Seguridad Social, servicios industriales y de la construcción,
medioambientales y de agricultura, etcétera. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor.
La señora TRUJILLO RINCÓN: Los socialistas pensamos en el interés general,
señor Delgado, y no en privilegios de determinados sectores ni de
determinados partidos. Esta ley vuelve del Senado con algunas enmiendas y
es cierto que allí se ha mejorado el texto. Por eso, algunas enmiendas
serán votadas favorablemente por el Grupo Socialista. Otras no, no las
apoyaremos, no puede ser, a pesar de que los socialistas lo hemos
intentado en beneficio de los ciudadanos, las empresas y el país, hasta
el último momento. No hay argumentos suficientes en contra para votar en
otra dirección. Pero no debemos detenernos en un sector determinado,
sobre todo si se trata de un sector no regulado en esta ley estatal. No
nos equivoquemos, señorías, esta ley no es una ley del taxi. Para regular
el sector del taxi ya están la comunidades autónomas y los ayuntamientos,
que son los que tienen competencia. Aun así, hemos avanzado,
comprometiéndonos a suprimir tres líneas del artículo 134 en la redacción
dada por el artículo 121, que SS.SS. no han querido aceptar, sabiendo
concienzudamente que todo esto satisface los intereses de todo el sector.
No podemos decir, como dice su grupo, señor Delgado, que queremos
reformas estructurales, que queremos liberalizar y privatizar, y luego
apoyar en este hemiciclo lo contrario. Como dije en una ocasión, no se
puede ser liberal de cintura para arriba y paternalista de cintura para
abajo. (Aplausos.) Los socialistas hemos dado sobradas muestras en este
proyecto de ley de cómo legislar para todos en función del interés
general. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora TRUJILLO RINCÓN: Lo hemos hecho en todos los sectores, incluidos
los colegios profesionales, que, con nuestro apoyo, hoy verán mejorada su
regulación. En momentos de dificultad económica, me resulta difícil
entender que algún grupo político, y especialmente el Grupo Parlamentario
Popular, vote en contra de este proyecto de ley si atendemos al impacto
que sobre el progreso económico y el empleo va a tener. Los
representantes del Partido Popular siempre están instando al Gobierno a
llevar a cabo reformas estructurales de calado -se lo he escuchado decir
en esta tribuna al señor Rajoy y al señor Montoro-. Pues bien, ahora es
el momento de que voten estas reformas estructurales de calado, porque
este es un proyecto que va en esta dirección. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora TRUJILLO RINCÓN: ¿Dónde está el espíritu reformista liberal de
la derecha de este país? ¿Dónde están los liberales en el Partido
Popular? Desde luego, en los escaños de la derecha yo no los veo ahora.
Señorías, por encima del interés del partido está el interés general.
Demuéstrenlo, porque tienen una oportunidad. En el apartado 4 del
decálogo económico que presentaron ayer en la Conferencia de Presidentes
mencionaban precisamente lo que hoy van a votar en contra:
acometer las necesarias reformas en los sectores estructurales básicos de
nuestra economía. Pues ahora tienen una oportunidad para votar a favor de
la liberalización del sector, ustedes que son liberales, porque los
socialistas a lo largo de treinta años de democracia hemos dado sobradas
muestras de acometer las reformas económicas más difíciles de este país
en beneficio de todos los ciudadanos, en beneficio de las empresas.
El Grupo Parlamentario Socialista por eso apoyará las enmiendas que vienen
del Senado y que mejoran los sectores regulados en la ley ómnibus. Por
tanto, señorías, les ruego que no se contradigan y que se sumen al
interés general y al interés del sector servicios en nuestra economía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Trujillo. Votaremos dentro de
dos minutos. (Pausa.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1
DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN
EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA
COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES. (Número de expediente 121/000036.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento.
Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar votamos las enmiendas
presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la
Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de
decomiso por la comisión de infracciones penales. Votamos el dictamen de
la norma antedicha.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 341; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por tener la iniciativa carácter de
orgánico, procedemos a la votación de conjunto. Debe obtener los 176
votos correspondientes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 343.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad y, por supuesto,
cumpliendo el requisito exigido por la ley. Queda aprobada en su
conjunto.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 121/000041.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas presentadas al proyecto de
Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo
Mixto, de la señora Fernández Davila, todas ellas en bloque. ¿No es así,
señora Fernández Davila? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, ocho; en contra, 335.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos, también en bloque, todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. Se votan conjuntamente. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, cinco; en contra, 334; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer
lugar votamos las enmiendas números 88, 89, 95, 99, 102, 103, 104, 112 y
114.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 154; en contra, 182; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del mismo grupo números 105 y 110.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 157; en contra, 180; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 100, 101, 107 y 113, del
mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, cuatro; en contra, 330; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 96, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, seis; en contra, 332; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, de este grupo votamos las enmiendas 98, 108, 109 y 111.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, seis; en contra, 332; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y
advierto a los portavoces que se ha modificado el cuaderno de votación
para pasar a votación separadamente las enmiendas 74, 75 y 76. ¿De
acuerdo? (Asentimiento.)
Comienza la votación de estas tres enmiendas de modo conjunto. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 151; en contra, 191; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el resto de enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 154; en contra, 186; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el texto del dictamen de la ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 183; en contra, 158; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Por tratarse de una iniciativa con carácter orgánico,
a continuación sometemos a votación de conjunto el proyecto, que para su
validación debe obtener 176 votos. Con el carácter de orgánico, por
tanto, se inicia la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 184; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobado en la votación de
conjunto el mencionado proyecto de ley. (Aplausos.)
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente
125/000011.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos las enmiendas presentadas a la
proposición de Ley Orgánica de modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
Sobre este proyecto existe una propuesta de corrección de errores de
carácter terminológico en la proposición de ley orgánica, a fin de que se
sustituya en el apartado 1, último párrafo del preámbulo, la referencia
que se hace al territorio Araba-Álava por la mención únicamente de Álava.
¿Están de acuerdo SS.SS. en que así se haga la modificación
terminológica? (Asentimiento.) Así se hará la corrección terminológica
anunciada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a
esta proposición, todas ellas de manera conjunta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 147; en contra, 194; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación votamos el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 192; en contra, 147; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Por tener la iniciativa carácter de orgánico, hemos
de proceder a la votación de conjunto, para la que ya saben que ha de
obtenerse la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de derecho.
Comienza la votación con carácter de orgánica. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 194; en contra, 147; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la iniciativa en la votación de
conjunto.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A
LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU
EJERCICIO. (Número de expediente 121/000030.)
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora las enmiendas del Senado al proyecto de
ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En primer lugar votamos las enmiendas al índice.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 159; en contra, 183; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas a los párrafos primero, quinto y noveno del
preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 158; en contra, 183; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas al preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 339; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda al artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda al artículo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 332; en contra, 10; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 1.3 de
la Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 160; en contra, 180; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 2.5 de la
Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 149; en contra, 193; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 3.3, párrafo segundo,
de la Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 159; en contra, 183; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda al artículo 5, en lo relativo al punto 3.3 párrafo tercero,
relativa a la nueva letra u) del artículo 5 y al apartado 10.1 de la Ley
2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 10.2 de la
Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 332; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 10.4 de
la Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 332; abstenciones, 11.
Enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 11.1 de la Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 332; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 13.1 de
la Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 160; en contra, 180; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda al artículo 5, en lo relativo al artículo 14 de la Ley
2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 341; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 5, en lo relativo a la disposición adicional quinta,
de la Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 164; en contra, 176; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 5, en lo relativo a la disposición
adicional sexta, de la Ley 2/1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 168; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 158; en contra, 183; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 159; en contra, 182; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al artículo 21, apartado 9, relativo al artículo
134 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes
Terrestres, en lo referido a la supresión del inciso final desde "si bien
las autorizaciones..." hasta el final del artículo 134.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 343.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación votamos el resto de las enmiendas al artículo 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 166; en contra, 169; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda al artículo 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación a la enmienda al artículo 22 bis, nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de las enmiendas al artículo 23, en lo relativo al apartado 3 a)
y c) del artículo 40 de la Ley 39/2003.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 158; en contra, 184; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 23, en lo relativo a la supresión de la nueva
disposición transitoria séptima de la Ley 39/2003.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 160; en contra, 182; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas al artículo 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 159; en contra, 183; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda al artículo 32.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 339; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 341; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda al artículo 44 bis, nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 333; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 158; en contra, 183; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda a la disposición transitoria cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 159; en contra, 182; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda a la disposición transitoria sexta, que es nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 330; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final primera, en lo relativo a la referencia al
artículo 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 162; en contra, 172; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda al resto de la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda a la disposición final quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 342; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, habida cuenta de la hora en que nos encontramos y que el examen
de cualquier otro punto no podría culminarse dentro del horario que
tenemos establecido, las resultas de este Pleno quedarán para el
siguiente.
Se levanta la sesión. (Aplausos.)
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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