DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 202, de 10/11/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 202
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 191
celebrada el miércoles, 10 de noviembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre las políticas que
piensa seguir el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en
relación con la situación de falta de garantías físicas y jurídicas que
sufren los ciudadanos españoles en Venezuela. (Número de expediente
172/000216.) ... (Página 7)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el papel que el Gobierno de
España está desempeñando respecto a la dramática situación que padece el
Sáhara Occidental. (Número de expediente 172/000217.) ... (Página 28)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas
que adoptará el Gobierno ante el rápido incremento de los índices de
pobreza en España. (Número de expediente 172/000218.) ... (Página 33)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales:
- Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Secretariado de la Unión
por el Mediterráneo, hecho en Madrid el 4 de mayo de 2010. "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie A, número 335, de 8 de septiembre de 2010.
(Número de expediente 110/000210.) ... (Página 38)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y
Vasco (EAJPNV), orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 282-1, de 22 de octubre de 2010. (Número de
expediente 122/000254.) ... (Página 40)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 283-1, de 22
de octubre de 2010. (Número de expediente 122/000255.) ... (Página 48)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. (Votación.).... (Página 56)
- Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Secretariado de la Unión
por el Mediterráneo, hecho en Madrid el 4 de mayo de 2010. "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie A, número 335, de 8 de septiembre de 2010.
(Número de expediente 110/000210.) ... (Página 56)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de
Corea al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 336, de 8 de septiembre
de 2010. (Número de expediente 110/000211.) ... (Página 56)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Albania para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y su Protocolo, hecho en Tirana el 2 de julio de 2010.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 345, de 24 de
septiembre de 2010. (Número de expediente 110/000216.) ... (Página 56)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam
para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Hanoi
el 20 de febrero de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A,
número 346, de 24 de septiembre de 2010. (Número de expediente
110/000217.) ... (Página 56)
- Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y Rumania sobre protección
recíproca de la información clasificada, hecho en Madrid el 14 de mayo de
2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 349, de 1 de
octubre de 2010. (Número de expediente 110/000218.) ... (Página 56)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania para la
protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 7 de
mayo de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 350, de 1
de octubre de 2010. (Número de expediente 110/000219.) ... (Página 56)
- Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pakistán
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 2 de junio de 2010.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 351, de 1 de octubre de
2010. (Número de expediente 110/000220.) ... (Página 56)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 56)
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 57)
- Proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las
víctimas del terrorismo "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B,
número 265-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 122/000239.)
... (Página 57)
El señor presidente propone a la Cámara, de acuerdo con la Junta de
Portavoces, la modificación del orden del día en el sentido de excluir la
interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, que figura con el número 20
del orden del día, lo que se aprueba por asentimiento.
Del diputado don Joan Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula
al señor presidente del Gobierno: ¿Qué ha llevado Gobierno a anunciar que
no es prioritario su compromiso de reformar la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa ante la inminencia de la visita del Papa a Santiago de
Compostela y Barcelona? (Número de expediente 180/001266.) ... (Página 7)
Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Por qué ha
vuelto a impedir que el Parlamento defienda a los pensionistas de la
insensibilidad de un Gobierno que les congela las pensiones? (Número de
expediente 180/001251.) ... (Página 8)
De la diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de
Economía y Hacienda: ¿Contempla el Gobierno incorporar técnicos de la
Hacienda Foral Navarra a las reuniones de trabajo del Ecofin? (Número de
expediente 180/001248.) ... (Página 9)
Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula a la señora vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Cuál es el cumplimiento de
la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña en materia de
inversiones del Estado en Cataluña correspondiente al ejercicio 2009, que
se remitió a la Generalitat de Cataluña el pasado mes de julio? (Número
de expediente 180/001250.) ... (Página 10)
De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda:
¿Mantiene la vicepresidenta segunda que los Presupuestos Generales del
Estado para 2011 "son los que España necesita"? (Número de expediente
180/001252.) ... (Página 12)
Del diputado don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: ¿Cree el Gobierno que
podemos salir de la crisis mientas pymes y autónomos siguen teniendo
extremadamente difícil el acceso al crédito? (Número de expediente
180/001253.) ... (Página 13)
De la diputada doña María Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda:
¿Respalda la vicepresidenta económica la promesa del ministro de Trabajo
de prorrogar la ayuda de 420 euros a los desempleados que hayan agotado
su prestación por desempleo? (Número de expediente 180/001254.) ... (Página 14)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al señor ministro de la Presidencia: ¿Qué postura
va a adoptar el Gobierno ante los sucesos que se desarrollan por las
protestas de la población del Sáhara en territorio bajo
administración marroquí? (Número de expediente 180/001249.) ... (Página 15)
Del diputado don Arturo García-Tizón López, en sustitución del diputado
don José María Lassalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Mantiene la
ministra de Defensa que hay que "rastrear y cortar de raíz" los pagos de
rescates por el secuestro de buques, tal y como afirmó el 11 de noviembre
de 2009? (Número de expediente 180/001260.) ... (Página 17)
Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento:
¿Mantiene el ministro de Fomento que "paralizar obras no cuesta nada"?
(Número de expediente 180/001259.) ... (Página 18)
Del diputado don Daniel Fernández González, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Qué valoración
hace el Gobierno sobre los niveles de seguridad aplicados en los trabajos
de la tuneladora del AVE a su paso por las cercanías de la Sagrada
Familia en Barcelona? (Número de expediente 180/001261.) ... (Página 19)
Del diputado don Juan Antonio Gómez Trinidad, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación:
¿Cuándo piensa cumplir el Gobierno el compromiso de aprobar el estatuto
del funcionario docente? (Número de expediente 180/001257.) ... (Página 20)
Del diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e
Inmigración: ¿Está satisfecho el ministro de Trabajo con la evolución del
empleo en España? (Número de expediente 180/001255.) ... (Página 21)
Del diputado don Jesús Pérez Arca, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Qué
medidas va a poner en marcha el Gobierno ante el dramático aumento de los
parados de larga duración? (Número de expediente 180/001256.) ... (Página 22)
Del diputado don Francisco Reyes Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino: ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para
colaborar en la promoción del aceite de oliva español? (Número de
expediente 180/001262.) ... (Página 23)
De la diputada doña Carmen Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Cultura: ¿Considera el
Gobierno que los recortes presupuestarios previstos para 2011 afectarán a
las obras actualmente en marcha en varios museos de titularidad estatal?
(Número de expediente 180/001263.) ... (Página 24)
Del diputado don José Guillermo Bernabeu Pastor, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Ciencia e Innovación:
¿Cómo valora el Gobierno los resultados del programa Innocampus 2010?
(Número de expediente 180/001265.) ... (Página 25)
De la diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad,
Política Social y Igualdad: ¿Considera el Gobierno que es posible dar
cumplimiento a la Ley de Dependencia con el presupuesto previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para 2011? (Número de expediente
180/001258.) ... (Página 26)
De la diputada doña Francisca Medina Teva, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social
y Igualdad: ¿Qué balance hace el Gobierno del acuerdo adoptado en la
última reunión del Consejo Territorial sobre los criterios para
determinar las intensidades tanto de los servicios como de las
prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I? (Número de expediente 180/001264.) ... (Página 27)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas que
adoptará el Gobierno ante el rápido incremento de los índices de pobreza
en España ... (Página 28)
Formula la interpelación la señora Guaita Vañó, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín
Iraola), en nombre del Gobierno.
Replica la señora Guaita Vañó y duplica la señora ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, sobre el papel que el Gobierno de España está
desempeñando respecto a la dramática situación que padece el Sáhara
Occidental ... (Página 33)
Formula la interpelación la señora Buenaventura Puig, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Contesta el señor ministro de la Presidencia (Jáuregui Atondo), en nombre
del Gobierno.
Replica la señora Buenaventura Puig y duplica ministro de la Presidencia.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales ... (Página 38)
Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Secretariado de la Unión por
el Mediterráneo, hecho en Madrid el 4 de mayo de 2010 ... (Página 38)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ricomá de
Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Pedret i
Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 40)
De los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y
Vasco (EAJ-PNV), orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General ... (Página 40)
Defienden conjuntamente la toma en consideración de la proposición de ley
los señores Benegas Haddad, del Grupo Parlamentario Socialista; Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Esteban
Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González,
los señores Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo
Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General ... (Página 48)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor
Bermúdez de Castro Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo,
el señor Salvador Arméndariz y la señora Díez González, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y Benegas Haddad, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor presidente expresa el apoyo unánime de la Cámara a las familias
de las miles de personas desaparecidas sin un motivo aparente y propone
al Congreso que se acuerde declarar el día 9 de marzo como el Día de las
personas desaparecidas sin causa aparente, lo que se aprueba por
asentimiento.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. (Votación.) ... (Página 56)
Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Secretariado de la Unión por
el Mediterráneo, hecho en Madrid el 4 de mayo de 2010 ... (Página 56)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de
Corea al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página 56)
Convenio entre el Reino de España y la República de Albania para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y su protocolo, hecho en Tirana el 2 de julio de 2010 ... (Página 56)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam para
la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Hanoi el 20
de febrero de 2006 ... (Página 56)
Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y Rumania sobre protección
recíproca de la información clasificada, hecho en Madrid el 14 de mayo de
2010 ... (Página 56)
Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y la República de Lituania
para la protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid
el 7 de mayo de 2010 ... (Página 56)
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pakistán para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 2 de junio de 2010 ... (Página 56)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales, en los términos que se detallan en el
orden del día, se aprueban por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 56)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de
los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y
Vasco (EAJ-PNV), orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se aprueba por 320 votos a
favor, ocho en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, se aprueba por 306 votos a favor, 14 en contra y nueve
abstenciones.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 57)
Sometida a votación la avocación al Pleno para su debate y votación de la
proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas
del terrorismo, se aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LAS POLÍTICAS QUE
PIENSA SEGUIR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN EN
RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE FALTA DE GARANTÍAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE
SUFREN LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN VENEZUELA. (Número de expediente
172/000216.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
La Presidencia propone al Pleno, de acuerdo con la Junta de Portavoces, la
modificación del orden del día en el sentido de excluir la interpelación
que figura en el punto 20, del Grupo Parlamentario Mixto, ya que ha sido
así solicitado por el Gobierno. ¿Alguna observación para que se excluya?
(Pausa.) Queda excluido por unanimidad de la Cámara.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO 1 MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE
FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ HA LLEVADO AL GOBIERNO A
ANUNCIAR QUE NO ES PRIORITARIO SU COMPROMISO DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA
DE LIBERTAD RELIGIOSA ANTE LA INMINENCIA DE LA VISITA DEL PAPA A SANTIAGO
DE COMPOSTELA Y BARCELONA? (Número de expediente 180/001266.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el primer punto del orden del día,
preguntas, para el señor presidente del Gobierno. Para formular la
primera tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué ha llevado al Gobierno a aplazar la
reforma de Ley de libertad religiosa, teniendo en cuenta sus compromisos
y además los mandatos de esta Cámara?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Señor presidente del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Ridao, el Gobierno considera que la reforma de la Ley orgánica de
libertad religiosa es conveniente pero no urgente. Además, esa reforma de
una ley orgánica que regula un derecho fundamental y la libertad
religiosa exige el mayor consenso político y social necesario. Estamos
hablando de una ley orgánica del año 1980 que ha cumplido bien su
función, que necesita una actualización, pero objetivamente entendemos
que no hay una urgencia y una necesidad imperiosa porque en nuestro país,
afortunadamente, la libertad religiosa se ejerce sin ningún problema. No
hay discriminación alguna por pertenencia a una confesión religiosa, y la
preeminencia del principio de la aconfesionalidad del Estado funciona con
normalidad. ¿Exige actualización? Si. ¿Qué quiere el Gobierno? Consenso
político y social. Cuando ese consenso político y social entienda que se
puede producir, fundamentalmente en esta Cámara, actuaremos en coherencia
con el planteamiento de la necesidad de la reforma de la Ley orgánica de
libertad religiosa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Resulta paradójico, por no decir irónico, que al mismo tiempo que usted
renuncia a su agenda laicista para no pasar por anticlerical quedándose
sin política propia en materia de libertad religiosa, porque quien se la
marca es otro Estado, es el Vaticano, venga el Papa hace unos pocos días
y desde las alturas le haga a usted casi responsable de un laicismo
agresivo, trasnochado, que evoca casi la quema de iglesias de los años
treinta. Por cierto, pasando por alto el nacionalcatolicismo de cuarenta
años bajo palio e incluso los años en que la espada y la cruz iban de la
mano, lo cual no solo refleja un desconocimiento de nuestra realidad
social actual, sino la nula autocrítica de la iglesia católica en
relación con sus posiciones con el matrimonio homosexual, con el uso de
preservativo, con el aborto e incluso con el papel
de la mujer. Pero eso no es lo que a mi me interesa, señor presidente,
sino que vamos a continuar siendo un Estado aparentemente aconfesional
pero en el que todo el mundo sabe que, aparte de los privilegios que
otorga el concordato casi preconstitucional, este Estado tiene una
especie de mantenida, una paparra de lujo que es la iglesia católica que
nos cuesta cada año 6.000 millones de euros, que es lo que, por cierto,
usted se ahorra en pensiones y en el sueldo de los funcionarios. Entre
otras cosas, porque usted renunció en 2007 a exigir el compromiso de
autofinanciación de la iglesia e incluso porque usted ha hecho una cosa
que ni la derecha se atrevió a hacer, que es incrementar un 34 por ciento
la asignación del IRPF. Los símbolos religiosos van a continuar presentes
en la escena pública, solo hay que ver la presencia del crucifijo en la
toma de posesión de los nuevos ministros, y la religión va a continuar
siendo una asignatura dogmática, que no científica, en la educación
obligatoria. Señor presidente, usted no ha explorado en ningún caso el
consenso. No se trata de buscar la confrontación ni se trata en ningún
caso de que usted vaya a perder votos, simplemente se trata, respetando
eso sí la legítima influencia en la sociedad que tiene la Iglesia
católica que es la confesión mayoritaria en el Estado español, de
garantizar una sociedad libre de dogmas y además la plena neutralidad
religiosa. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, señor
Zapatero.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Ridao, creo que le va a costar muchos esfuerzos realmente convencer
a la gran mayoría de la opinión pública española de que este Gobierno
hace una política de entrega o de devoción a la Iglesia católica. Este
Gobierno hace una política de respeto al espíritu y al principio
constitucional: aconfesionalidad del Estado. Por eso, hemos puesto en
marcha leyes desde una concepción de modernidad, de reconocimiento de
derechos, de extensión de la igualdad, de respeto a las libertades
individuales de todos los ciudadanos, de respeto a la libertad religiosa
y de cooperación con la Iglesia católica. Está en el mandato
constitucional, en el artículo 16, y es equilibrado, razonable, propio de
una España democrática que además reconoce la realidad de las creencias
mayoritarias de los ciudadanos. Ahí estamos y ahí seguiremos y nunca
haremos caso a las posturas de un lado o de otro que realmente no
contribuyen a fundamentar los buenos materiales, los buenos principios de
una democracia avanzada en favor de la igualdad de todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ HA
VUELTO A IMPEDIR QUE EL PARLAMENTO DEFIENDA A LOS PENSIONISTAS DE LA
INSENSIBILIDAD DE UN GOBIERNO QUE LES CONGELA LAS PENSIONES? (Número de
expediente 180/001251.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente.
Para formularla tiene la palabra don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, la pregunta que le formulo es muy sencilla. Usted ha
decidido congelar las pensiones de los pensionistas. En el Partido
Popular no estamos de acuerdo y hemos presentado una enmienda para que no
se congelen y queremos que esa enmienda se debata aquí y que se vote
aquí. Pero usted, además de congelar las pensiones, veta el debate, veta
la votación, convierte su decisión en ley y dice que no podemos
discutirla. En mi opinión eso es una arbitrariedad que va contra los
derechos de los pensionistas y contra los derechos de los diputados. Le
pido que explique por qué adopta esa decisión y convierte en ley lo que
usted dice que sea ley, sin que se pueda debatir y votar aquí.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Rajoy, tiene usted mala memoria o intenta hacer trampas en el
debate, porque esa decisión se votó en un decreto-ley aprobado por esta
Cámara, que tiene -como usted sabe- valor de ley, por tanto, está votado
por el Parlamento con todas las consecuencias. Segundo, no me hable de
sensibilidad hacia los pensionistas, porque la sensibilidad se demuestra
con los hechos, y se demuestra cuando se está en el banco azul, no en la
oposición. Y el resultado es muy claro: en seis años de Gobierno del
Partido Socialista hemos subido las pensiones ocho veces más que las que
subieron en los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Eso es
sensibilidad ante las pensiones. (Aplausos.) Y además, sí hemos ejercido
el derecho constitucional -que hemos ejercido en esta Cámara en el
trámite parlamentario, y quien ejerce de un derecho a nadie ofende- es
por sentido de la responsabilidad, porque debemos cumplir nuestros
requerimientos para reducir el déficit y para consolidar las cuentas
públicas de España. Eso es ejercer responsabilidad, aunque a usted le
sirva, en fin, como casi siempre hace, para intentar hacer demagogia,
demagogia y demagogia con las pensiones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Usted ha dicho que para reducir el déficit impide que
esta Cámara pueda tomar decisiones tan importantes como esta que afecta a
todos los españoles. Eso es lo que ha dicho. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor RAJOY BREY: Señor presidente del Gobierno, usted ha hecho una
política económica que ha empobrecido a España; usted ha hecho el mayor
recorte de derechos sociales de la democracia; usted ha congelado por
primera vez en quince años, liquidando unilateralmente el Pacto de
Toledo, las pensiones de nuestros mayores; usted no cumple las
resoluciones de esta Cámara que diez veces le dijo que no podía congelar
las pensiones. Pero, además, usted impide que podamos debatir aquí y
podamos votar. El señor González en catorce años de gobierno utilizó ocho
veces el derecho de veto; el señor Aznar, cero, ninguna; y usted setenta
y nueve veces, señor presidente del Gobierno. (Protestas.) Tiene usted el
récord de paro, el récord de recortes sociales, el récord de déficit
público, el récord de derechos sociales liquidados y ahora tiene el
récord de vetos. Esto es antidemocrático, esta es una decisión
dictatorial. (Rumores.) Usted no tiene ningún derecho a hacerlo. Esto es
algo propio de un gobierno autoritario y miedoso, y con eso solo revela
que se ha quedado usted sin proyecto y sin argumentos. Porque el que no
tiene argumentos es el que impide que los demás puedan debatir aquí y
puedan votar, y los pensionistas tienen derecho a que alguien les
defienda y nosotros lo hacemos porque creemos que debemos hacerlo.
(Protestas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor RAJOY BREY: Y por tanto, tenga la gallardía, el coraje y la
determinación de rectificar... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.
Señor Rajoy, por mucho que se empeñe, usted no va a poder ocultar que la
renta per capita de los españoles se ha incrementado y está por encima de
la media europea bajo el periodo del Gobierno socialista. Usted no va a
poder ocultar... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ... que en los seis
años de Gobierno socialista se han incrementado los derechos sociales; se
han mejorado las pensiones, las becas, la sanidad, la educación; se ha
creado la Ley de la Dependencia. Usted no va a poder ocultar todo eso y
tampoco va a poder ocultar su manifiesta incoherencia, una incoherencia
insostenible. Mientras usted está diciendo que hay que reformar la
Constitución para poner límites a gobiernos autonómicos elegidos
democráticamente a la hora de establecer sus presupuestos y obligar a que
no puedan tener déficit, usted defiende que en esta Cámara no se pueda
ejercer el derecho de veto que tiene el Gobierno para incrementar los
déficits. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Sí, ese es el
resumen de su incoherencia y, por tanto, de su falta de credibilidad.
Usted quiere para usted barra libre y para los demás que se aten todos el
cinturón, comunidades autónomas y ayuntamientos, a la hora del debate
sobre las cuentas públicas. (Rumores.) Y eso es insostenible. Sea por una
vez, no valiente, no se lo voy a pedir, sea por una vez coherente en sus
planteamientos, si es que tiene algo que decir a esta Cámara y a los
españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONTEMPLA EL GOBIERNO INCORPORAR TÉCNICOS DE LA
HACIENDA FORAL NAVARRA A LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL ECOFIN? (Número de
expediente 180/001248.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora vicepresidenta segunda del
Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, los acuerdos de su Gobierno para sacar adelante las
cuentas de 2011 se han saldado, entre otras cuestiones, con el
reconocimiento a los planteamientos del Grupo Vasco en esta Cámara en
torno a la conveniencia de que los intereses de las haciendas vizcaína,
guipuzcoana y alavesa sean defendidas por estas directamente en el seno
del Ecofin. En definitiva, esta es la base del acuerdo, que técnicos de
las haciendas forales se incorporen a los grupos de trabajo del Ecofin y
en todas las ocasiones en que se aborden asuntos vinculados al ámbito
propio y singular del Concierto Económico. Bien, no parecería, digo más,
no sería coherente limitar a las especificidades del concierto lo que por
lógica debiera
aplicarse también al convenio. Y esa es la reflexión que Nafarroa Bai le
trasladó el pasado 19 de octubre en el debate de totalidad de
presupuestos. En aquella ocasión me dijo usted que no era el debate y que
ya habría ocasión de tratar esto en el futuro. Bien, en nuestra opinión,
vicepresidenta, un asunto de esta envergadura, y más en circunstancias
económicas como las que atravesamos, no debe dilatarse más y mucho menos
conocer cuál es la posición y el compromiso de su Gobierno en torno a
este asunto. Y esa es la pregunta que le formulo: ¿contempla el Gobierno
incorporar técnicos de la Hacienda foral navarra a las reuniones de
trabajo del Ecofin?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, aunque usted pregunta por el Ecofin, me parece que es momento de
recordar que es gracias al impulso dado por este Gobierno socialista
cuando se ha definido un marco concreto de participación de las
comunidades autónomas en asuntos europeos. Como saben, en el año 2004 se
aprobó un acuerdo en la Conferencia de asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas, que abre a las comunidades autónomas su
participación en varias formaciones del Consejo: en empleo, política
social, sanidad y consumidores, en agricultura y pesca, en medio
ambiente, en educación, juventud y cultura; un proceso en el que
obviamente el Gobierno de Navarra ha estado presente. Quisiera decirle
que, como ve, son asuntos todos ellos que corresponden a materias en las
que las comunidades autónomas tienen amplias competencias, todas las
comunidades autónomas. No es así, como sabe, en el caso del Ecofin, donde
las materias que allí se discuten no son, en el 99 por ciento, materias
que puedan afectar a ninguna de las comunidades autónomas. En algunos
casos hay materias que pudieran afectar, en alguno de los grupos de
trabajo, a cuestiones relacionadas con el concierto, y por eso se ha
llegado al acuerdo que usted menciona. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señora vicepresidenta, invocando el espíritu
que supuestamente imbuye la acción del Gobierno socialista en esta
materia y desde luego refiriéndome siempre -faltaría más- a aquellas
materias que son competencia de las comunidades autónomas, en este caso
de la Comunidad Foral de Navarra, me estoy refiriendo a aquellas materias
que, tratándose en el Ecofin, son competencia de la Hacienda foral
navarra, como, insisto, el acuerdo al que se ha llegado con el PNV. En
cualquier caso, sepa -por si no lo sabe, se lo traslado- que la voluntad
de las instituciones navarras en este sentido es inequívoca. El
Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad -ha sido en sesión reciente
el pasado 22 de octubre- una moción dirigida -y leo textualmente- a que
representantes del Gobierno de Navarra asistan junto con representantes
del Gobierno central a las reuniones del Ecofin donde se traten asuntos
relacionados con materias fiscales cuya regulación sea competencia de la
comunidad foral; una declaración votada, como digo, también por los
socialistas navarros que no comprendería nadie que se vaya hoy a
contradecir. Por eso, vicepresidenta, hoy sí toca y resulta inaplazable
que exprese su compromiso político con la posibilidad...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos. Acabó el tiempo.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en primer lugar y para que no haya ningún equívoco, el acuerdo al
que se ha llegado con el Partido Nacionalista Vasco no habla de presencia
en las reuniones del Ecofin sino de presencia en los tres grupos de
trabajo, en aquellos casos en los que eventualmente pudieran tratarse
materias que tuvieran relación con el Concierto Económico. Dice también
ese acuerdo -y creo que es importante señalarlo- que en todo caso la
posición de España será manifestada por el representante de la
Administración Central del Estado y que también esa presencia estará
supeditada a las condiciones propias de la reunión que en muchos casos
solo permite la asistencia de una persona. Por tanto, con todos esos
condicionantes lo que sí quiero decirle, señoría, es que hasta donde yo
sé el Gobierno de Navarra no ha expresado una petición formal en este
sentido. Creo que esa es una cuestión que, en este momento, hay que
señalar. Repito, el Gobierno de Navarra no ha hecho una petición formal
en este sentido. Cuando la haga será el momento en el que podamos
estudiarla y decidir de acuerdo con lo que corresponda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL
GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁL ES EL CUMPLIMIENTO DE
LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL ESTATUTO DE CATALUÑA EN MATERIA DE
INVERSIONES DEL ESTADO
EN CATALUÑA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, QUE SE REMITIÓ A LA
GENERALITAT DE CATALUÑA EL PASADO MES DE JULIO? (Número de expediente
180/001250.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para su señoría, para formularla tiene
la palabra don Pere Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, el día 16 de octubre de 2007 la Comisión bilateral
Estado-Generalitat ratificó la metodología a aplicar para el cumplimiento
de la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya. Según este
acuerdo, el 30 de junio el Estado debe informar de la liquidación
provisional del ejercicio anterior y estos datos deben ser validados por
la Intervención General antes del 15 de octubre. Cada año el Ministerio
de Economía ha enviado esta información puntualmente. El año 2007,
déficit de 557 millones; el año 2008, 829, acumulados 1.386. Nos consta,
señora vicepresidenta, que la información del ejercicio 2009 ya ha sido
enviada a la Generalitat. El propio secretario de Estado de Hacienda y
Presupuestos lo confirmó la semana pasada en el Senado. En aras de la
transparencia democrática que se merece esta Cámara y de la concreción a
la pregunta esperamos que responda la cifra exacta de déficit para el
ejercicio 2009, según la pregunta textual que le hemos formulado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en relación con la disposición adicional tercera damos toda la
información al Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con lo pactado, con
lo que señala el Estatuto de Cataluña y está todo conforme entre la
Generalitat y el Gobierno de España. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Me alegro de que ustedes aplaudan tan tímidamente
este ejercicio de absoluta falta de transparencia. ¿No le parece, señora
vicepresidenta, que por respeto a esta Cámara, por cumplimiento del
Reglamento de la Cámara -esta pregunta fue formulada por nuestro grupo en
la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado-, por
responsabilidad con algo tan sensible para Cataluña como es el
cumplimiento del Estatut que ustedes aprobaron y defendieron, esto no
puede ser motivo de ocultación? ¿No le parece una cuestión tan sensible
para Cataluña conocer este déficit? ¿No le parece, señora vicepresidenta,
que, ante la petición no de los grupos políticos, sino de la propia
sociedad civil -hace pocos días la Cámara de Comercio cifraba en más de
2.000 millones el déficit acumulado-, ustedes no deben guardar tan
celosamente, tan infantilmente esta cifra para, a lo mejor, dentro de
quince días hacerla pública de manera más o menos ostensible? Señora
ministra, le están haciendo un flaco favor a la democracia y se están
haciendo ustedes mismos un flaco favor con este ejercicio extraordinario
de opacidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, conviene recordar que la disposición adicional tercera
del Estatuto de Cataluña tiene como objeto compensar los déficits de
inversión en infraestructuras que se habían producido en Cataluña con los
gobiernos del Partido Popular; conviene no olvidarlo. También conviene no
olvidar que la metodología ha sido acordada entre la Generalitat de
Catalunya y el Gobierno de España, y que la metodología de cálculo dice
que esos déficits deben cerrarse en el año tercero. Por tanto, señoría,
en este momento acabamos de cerrar las cifras correspondientes al año
2007. Hemos remitido a la Generalitat la información correspondiente a
los años 2008 y 2009, una información que está, por tanto, dentro del
proceso previsto. Unos acuerdos para el año 2008 y 2009 que
formalizaremos -no tenga ninguna duda- dentro del plazo de tres años que
nos hemos dado en la metodología acordada. Por lo que se refiere al año
2011 -ya que ha hecho referencia a los presupuestos-, quisiera decirle
que la disposición adicional tercera supone que habría que aportar como
infraestructuras en Cataluña 3.134 millones de euros. El proyecto de
Presupuestos Generales del Estado ya contempla 2.742 y a ellos se van a
añadir el importe de otros proyectos que están pendientes de determinar,
inicialmente no regionalizados, y los peajes de autopistas, por un
importe total de 391,8 millones de euros, lo que va a dar cumplimiento
absoluto a esa disposición. Adicionalmente, se ha dotado en el
presupuesto un crédito de 950 millones de euros para compensar los
déficits que pudieran resultar de los años 2008 y 2009. Por tanto,
señoría, cumplimiento absoluto de la disposición adicional tercera de
acuerdo con la metodología pactada entre la Generalitat de Catalunya y el
Gobierno de España. No hay, por tanto, ningún deseo de ocultación,
ninguna
intención de ocultación, hay absoluta transparencia pero en las relaciones
que tenemos entre los dos gobiernos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
¿MANTIENE LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA QUE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA 2011 "SON LOS QUE ESPAÑA NECESITA"? (Número de expediente
180/001252)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta. Para formularla tiene la palabra doña
Soraya Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, un paro del 20 por ciento, casi 600.000 millones de
deuda y ninguna reforma económica, y la vicepresidenta segunda del
Gobierno, usted, dice que estos presupuestos son los que necesita España.
Es decir, que en el año 2011 el Gobierno va a hacer exactamente lo mismo
que en el año 2010. Los mismos problemas y ninguna solución. Estos, más
que unos presupuestos, parecen una amenaza en toda regla: más paro, más
recortes sociales y más impuestos. En resumen, más Zapatero. Ustedes
ofrecen los mismos fracasos de Zapatero, los cuente quien los cuente. El
día en que al Gobierno le pusieron un cero en economía, el vicepresidente
primero del Gobierno, el señor Pérez Rubalcaba se alegró, y los españoles
se preguntaban: ¿y de qué se alegra el señor Pérez Rubalcaba? Se
congratula el Gobierno de que ha acertado en sus funestas previsiones.
Más les valdría acertar en las políticas, señoría, porque era un cero.
Eso es lo que ha crecido la economía española en el tercer trimestre. Con
ese crecimiento cero usted vuelve a anunciar la recuperación. El mismo
día en que se certifica que 70.000 españoles han ido en el mes de octubre
a las listas del paro nos dice con todo descaro que esta vez sí, que es
la buena, la definitiva, señoría. Le voy a sacar una conclusión muy
clara. No les voy a pedir ya respeto por la verdad, porque la verdad y
este Gobierno son incompatibles, especialmente en boca del nuevo
portavoz, pero sí les exijo respeto para esos 4 millones y medio de
españoles que seguirán en crisis mientras no tengan un empleo. La
conclusión es muy clara: ni estos presupuestos son los que necesita
España ni el Gobierno el que los españoles se merecen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señoría.
Señoría, no voy a intentar convencerle o explicarle que para crecer
primero es necesario estabilizar. Por tanto, el cero no es más que un
número en la serie de números que permitirá después tener crecimientos
positivos. Además, nos alegramos porque el crecimiento interanual es
positivo por primera vez después de siete trimestres en crecimiento
negativo. Señoría, ya que habla de previsiones no me obligue a repetirle
otra vez que sus previsiones para los años 2009 y 2010 decían que íbamos
a crecer por encima del 3 por ciento. Esto lo decían ustedes en su
programa electoral del año 2008, así que si alguien se ha equivocado en
las previsiones han sido ustedes, no nosotros. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Señoría, además de eso, tienen ustedes un
problema, porque nos dicen que hay que reducir el gasto y sin embargo
proponen medidas para aumentarlo; porque nos dicen que hay que reducir el
déficit y sin embargo proponen medidas que como reducen ingresos y
aumentan gastos aumentan el déficit; porque nos dicen, por ejemplo, que
presentan medidas para evitar la congelación de las pensiones y, se lo
voy a decir, eso cuesta 1.500 millones de euros y las medidas que
proponen ustedes alcanzan como mucho los 750. Además, le voy a decir de
dónde los sacan: 200 millones de Radiotelevisión Española y 200 millones
de ayuda al desarrollo. Y como les faltan unos dineros, lo que hacen es
recortar la I+D+i y las infraestructuras. ¿En qué quedamos, señoría? No
eran tan importantes para el desarrollo económico. 50 millones en I+D+i y
50 millones en infraestructuras (Rumores.). Después, la guinda: las
subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, 5 millones;
subvenciones para gastos electorales, 12 millones. Pero, señorías, ¿dónde
van con esas cifras comparadas con el déficit que tenemos? Y, para
rematar, señorías, lo que les gusta es el plan del señor Cameron. El plan
del señor Cameron es muy respetable. (Rumores.-Un señor diputado: ¡No!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Pero si lo ha dicho su líder. Es verdad que
después ha dicho que no se lo había leído, pero seguro que ya ha tenido
tiempo de leerlo y podremos comentarlo. (Aplausos.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Señora Salgado, de momento el señor
Cameron sube un 2,5 las pensiones (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: No me molestan, señor presidente.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Adelante.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Pero, dado que se conoce usted tan
bien las cifras, le reto a que hagamos aquí un debate con votación sobre
la congelación de las pensiones, señora Salgado. Menos cuento y más
votación en este Congreso.
Sinceramente, ¿no sabe usted hacer nada más que estos Presupuestos
Generales del Estado? ¿Cree usted que todo va a cambiar mientras ustedes
sigan trabajando igual de mal? Porque ideas nuevas no se les conoce
ninguna; descoordinación, señoría, la de siempre, y me remito a sus
desencuentros con el ministro de Trabajo. Pero vetos, vetos más que
nunca, señoría. Ustedes... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Mire, señoría, hemos tenido que vetar esa
propuesta porque han hecho ustedes el mayor ejercicio de
irresponsabilidad que ha hecho un partido de la oposición en esta etapa
de crisis económica. (Rumores.) ¡Aprendan de los portugueses! Si no
hubieran hecho ustedes ese ejercicio de irresponsabilidad -que, por
cierto, será recordado siempre- no hubiéramos tenido que vetar esa
medida. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL RICARDO MONTORO ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
¿CREE EL GOBIERNO QUE PODEMOS SALIR DE LA CRISIS MIENTRAS PYMES Y
AUTÓNOMOS SIGUEN TENIENDO EXTREMADAMENTE DIFÍCIL EL ACCESO AL CRÉDITO?
(Número de expediente 180/001253.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta. Para formularla tiene la palabra don
Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta segunda del Gobierno, ¿está usted preocupada por la
falta de crédito que siguen padeciendo las pymes y los autónomos y por
tanto por la incapacidad para la recuperación, para salir con fuerza de
esta crisis económica? Y permítame que le añada otra preocupación para
que pueda tener la oportunidad de expresarla en la Cámara: ¿Está
preocupada la vicepresidenta segunda por lo que está ocurriendo en los
mercados financieros y la valoración que está mereciendo la economía
española en esos mercados financieros donde la prima de riesgo país se ha
ido a los 200 puntos básicos?
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Pues sí, señoría, estoy preocupada por la falta de crédito que afecta a
nuestras empresas y en menor medida a nuestras familias, y
particularmente a los autónomos y a las pymes. El Gobierno está
preocupado y por eso está adoptando medidas.
Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, señoría, ¡no vuelvan con
esa historia!, no sean ustedes los que traten de lanzar sombras de duda
sobre la economía española porque, se lo explico, en este momento nuestra
prima de riesgo en relación con Italia es 40 puntos mayor, nuestra prima
de riesgo en relación con Portugal es 250 puntos menor y nuestra prima de
riesgo en relación con Irlanda es 360 puntos menor. Por tanto, señoría,
los mercados entienden perfectamente que España no está en ese grupo de
países. No intente ponerla usted como hicieron la otra vez. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señoría, es lamentable oír hablar a la
vicepresidenta segunda del Gobierno, la responsable de Economía, en estos
términos. La tormenta financiera sigue sobre nosotros, usted lo sabe, lo
saben todos los agentes económicos que tienen que refinanciar sus deudas;
usted sabe la situación a la que están llegando nuestras comunidades
autónomas y nuestras corporaciones locales, y que se levante a decir que
es la oposición la que habla de estas cuestiones cuando es la realidad la
que está emitiendo el juicio sobre estas
cuestiones, señoría... Porque los mercados, lo que han valorado en España,
¿sabe qué es? El cambio de Gobierno. Los mercados han valorado
negativamente que llegue esa generación de políticos que son los que
impidieron que España accediera a Maastricht. Los mercados han valorado
negativamente ese cambio de Gobierno, de un ministro de Trabajo que
anuncia que va a reanudar el diálogo social en vez de anunciar reformas
laborales concretas que necesita nuestro país. Los mercados saben que los
fundamentos de la economía española son muy altos, son positivos, son
mejores incluso que los de la mayoría de las economías europeas. Pero los
mercados, los agentes económicos, las pequeñas y medianas empresas y los
autónomos saben que tenemos un gobierno sin credibilidad, un gobierno que
no merece la confianza ni dentro ni fuera de las fronteras. Y este es el
problema de España, señorías, la indecisión del Gobierno a la hora de
acometer las reformas que necesita nuestro país. Sin esas reformas no
vamos a poder financiar la economía de nuestro país ni la reordenación
del sector bancario ni volverá el crédito bancario a fluir con fuerza
para que quienes nos tienen que sacar de esta crisis, las pymes y los
autónomos, las empresas en general, se conviertan en los protagonistas de
nuestra recuperación económica y de la creación de empleo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, desde luego ha dado usted en el clavo. Seguramente la prima de
riesgo que en este momento está pagando la deuda irlandesa de 560 puntos
tiene mucho que ver con el cambio de Gobierno español, no me cabe ninguna
duda. Vaya usted con esa teoría por el mundo a ver qué es lo que le
contestan. Pero, señoría, me alegro de que haya dicho que nuestra
economía tiene fundamentos sólidos y me alegro también de que haya dicho
-o por lo menos eso he querido entender- que en aquellas comunidades
autónomas donde gobiernan van a procurar que se respeten los objetivos de
déficit y los objetivos de endeudamiento; me alegro mucho de que lo diga
porque también le quiero decir que esa sí es una preocupación de los
mercados, esas sí son las preguntas que se hacen al Gobierno de España
todos los días: ¿Van las comunidades autónomas a cumplir sus objetivos de
déficit? Y sabrá que nuestra respuesta es siempre sí.
En cuanto a reformas, señoría, no tienen nada más que arrimar el hombro,
porque hasta ahora la única reforma en la que hemos podido contar con su
aprobación -y ahora usted mismo parece que la pone en duda- es la reforma
del sector financiero que afortunadamente está avanzando: Nos quedan por
delante reformas importantes, entre ellas las de las pensiones. Y quiero
aprovechar para hacer una pregunta concreta: ¿Están ustedes de acuerdo
con la propuesta del señor Cameron de que en el año 2020 los británicos
se jubilen a los 66 años? Esa es una pregunta concreta. Me gustaría que
de parte de su partido nos dieran la respuesta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CARMEN ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA:
¿RESPALDA LA VICEPRESIDENTA ECONÓMICA LA PROMESA DEL MINISTRO DE TRABAJO
DE PRORROGAR LA AYUDA DE 420 EUROS A LOS DESEMPLEADOS QUE HAYAN AGOTADO
SU PRESTACIÓN POR DESEMPLEO? (Número de expediente 180/001254.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para su señoría. Para formularla tiene
la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, con el nuevo Gobierno parecía que todo iba a
cambiar en España y al final nos hemos dado cuenta de que solo han
cambiado los nombres. Sigue la descoordinación, el decir y el desdecir,
la desconfianza, la inseguridad y la falta de credibilidad y seriedad de
este Gobierno. Señora vicepresidenta, el ministro de Trabajo anunció nada
más tomar posesión que iba a tener continuidad el Prodi, la ayuda de los
426 euros a las personas que no tienen ningún subsidio. A las pocas horas
lo matizó su ministerio diciendo que estaría en función de la
disponibilidad presupuestaria. Al día siguiente ustedes dos
protagonizaron otro decir y desdecir en diferentes medios de
comunicación, el señor ministro diciendo que no había ningún motivo para
suprimirlo y usted diciendo que todo dependía y que no iba a hacer
ninguna aportación para la prórroga. Y lo arregló el señor Campa diciendo
que lo más importante era la prioridad social y que después ya se vería
cómo se canalizaba la situación presupuestaria. Por eso, señora
vicepresidenta, le pregunto: ¿Respalda usted las declaraciones del señor
ministro de Trabajo de prorrogar la ayuda de los 426 euros?
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Sin duda, señoría, respaldo sus declaraciones porque si hicieran ustedes
una lectura sosegada de lo que el ministro de Trabajo y su ministerio han
dicho no harían esta pregunta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias por su escueta
respuesta, señora vicepresidenta. A ver si empiezan ustedes a dar
respuestas sólidas y democráticas en esta Cámara. No me venga otra vez a
hacer oposición al Grupo Popular, no nos venga a hacer preguntas a
nosotros ni a hablarnos del déficit de las comunidades autónomas.
Háblenos de su compromiso, del compromiso del señor Zapatero que con 4,5
millones de parados y 1.200.000 personas que no cobran ninguna prestación
se jactó aquí de decir que nadie se quedaría en la cuneta y que no habría
ningún recorte social con su Gobierno. Pues los ha habido y muy graves.
Señora vicepresidenta, la situación no es mejor que cuando el presidente
del Gobierno aprobó en un verano la ayuda de los 426 euros, es bastante
peor. A primeros de año teníamos un 80 por ciento de personas que tenían
algún tipo de cobertura del Estado, ahora estamos en el 75 por ciento;
hemos perdido. 200.000 personas cobran el Prodi pero 1.200.000 no cobran
nada. Señora vicepresidenta, díganos usted aquí si lo van a mantener o si
no lo van a mantener. Dejen que debatamos el proyecto de ley que se
aprobó en esta Cámara como consecuencia del real decreto y que ustedes
están vetando con prórrogas y prórrogas de enmiendas, y deje que los
españoles se enteren de una vez si ustedes son capaces de aplicar
políticas sociales o si siguen pensando en decir una cosa aquí, otra en
Bruselas y otra los domingos cuando se reúnen en sus cónclaves privados.
Señora vicepresidenta, esto no es una broma. Ya no hay agujeros en los
cinturones de los parados... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
Señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como veo que no las ha leído, le repito las declaraciones del
Ministerio de Trabajo. La prórroga dependerá del impacto que haya tenido
la aplicación de la medida, de la disponibilidad presupuestaria en el
momento de su aplicación y añadiendo en todo caso que tendría
modificaciones sustantivas, modificaciones importantes. Pero, mire,
señoría, una vez más ustedes protestan cuando por razón de la austeridad
económica tenemos que limitar ligeramente alguna de las prestaciones
sociales que hemos sido nosotros los que las hemos puesto en marcha, a
veces por cierto con su desacuerdo. Lo mismo han hecho cuando pusimos en
marcha los 2.500 euros de ayuda al nacimiento. Ustedes dijeron que era
una medida que no les gustaba nada y en el momento en que por razón de la
crisis económica tenemos que suprimirla, ustedes también protestan.
Ustedes tampoco demostraron entusiasmo cuando pusimos en marcha la
aplicación del permiso de paternidad, pero ponen el grito en el cielo
cuando tenemos que retrasar la extensión de ese permiso de paternidad por
razón también de la crisis económica. Por no hablar del tema de la
dependencia que, como sabe, es una realización del Gobierno socialista;
ahora hemos tenido que variar ligeramente las condiciones para la
percepción de los atrasos y ustedes han vuelto a poner el grito en el
cielo y a hablar de recortes sociales.
Señoría, las pensiones han subido más con este Gobierno; nosotros somos
los que hemos puesto en marcha nuevos derechos sociales; somos nosotros
los que hemos llegado a una cobertura de desempleo que no han tenido
ustedes durante todo el tiempo en que han gobernado. Así que, señoría, no
hay ninguna duda para los españoles: este es el Gobierno de los
presupuestos sociales, 58 por ciento de los presupuestos dedicados al
gasto social. Y le insisto, la prestación de los 426 euros se examinará,
se evaluará, se verá si hay disponibilidad presupuestaria, se
introducirán cambios y se hará una propuesta en ese sentido.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ POSTURA
VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS SUCESOS QUE SE DESARROLLAN POR LAS
PROTESTAS DE LA POBLACIÓN DEL SÁHARA EN TERRITORIO BAJO ADMINISTRACIÓN
MARROQUÍ? (Número de expediente 180/001249.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el Gobierno que contestará, según ha
comunicado el secretario de Estado, el señor ministro de la Presidencia.
Para formularla tiene la palabra don Aitor Esteban
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor ministro, por acceder a
contestar la pregunta. España, como bien sabe, tiene responsabilidades y
mucho que decir sobre el Sáhara, puesto que formalmente sigue
siendo potencia administradora aunque, de facto, no pueda ejercer como
tal. Hemos conocido la existencia de un campamento en el que se refleja
el desasosiego social y la marginación de la población saharaui. Es una
protesta alejada de tintes políticos por contrastadas informaciones y no
controlada por el Polisario. Las fuerzas de seguridad marroquíes han
atacado el campamento violentamente, por cierto el mismo día en que
comenzaban las conversaciones entre el Polisario y Marruecos en un
intento, parece, de reventarlas. Todas las informaciones son que el
ataque ha sido violento y que ha habido muertos por ambas partes.
Marruecos dice que no ha sido así, pero si no podemos saberlo de primera
mano es precisamente porque Marruecos lo ha impedido. Quiero recordar una
serie de hechos. Pocos días después de las declaraciones del ministro de
Exteriores marroquí sobre la prensa española, se aporrea a unos
periodistas, en plena sede judicial se les quita material y se hace lo
mismo con unos observadores españoles del Consejo General de la Abogacía.
Diputados, parlamentarios vascos del Partido Nacionalista Vasco y de
Aralar, son expulsados del territorio marroquí por personas que no se
identifican y el consulado español en Casablanca tarda muchas, muchísimas
horas en reaccionar y además no es nada efectivo. Un eurodiputado español
también es expulsado, así como un diputado francés. Se impide la entrada
en El Aaiún a periodistas de El Mundo, de ABC, de EFE, de la COPE, de El
Periódico, de TV3, de Radio France Internationale, de Televisión
Española... ¿Haría esto España con Marruecos? Yo creo que no. ¿Qué dice
la ministra ante todo esto? Dice que lamenta la situación y que le
corresponde a la UE y a la Presidencia británica convocar el Consejo de
Seguridad. No parece serio. Por cierto, El País informa hoy de que el
Gobierno sabía que se iba a desmantelar este campamento. ¿Puede usted
confirmarme esto? ¿Lo sabía y lo ha encubierto?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Gracias, señor
presidente.
Empezaré por decirle, señoría, para responder a la pregunta que me hacía
al final de su intervención, que esa noticia es falsa. El Gobierno nunca
tuvo conocimiento ni ninguna información a ese respecto y con eso doy por
zanjada esa cuestión. Es verdad que el Gobierno ha vivido con honda
preocupación la grave situación que se ha producido en el campamento de
El Aaiún y la postura del Gobierno, señoría, la conoce: el Gobierno ha
expresado -y hoy lo hago aquí en su nombre- una profunda preocupación por
lo ocurrido y hace un llamamiento a la normalización de la situación en
El Aaiún. España ha expresado su solidaridad con todas las familias
víctimas de estos incidentes. Hay todavía muchísima confusión, pero
quiero expresarle en nombre del Gobierno de España que estamos
transmitiendo nuestra solidaridad con todos los afectados. En función de
lo que usted me trasladaba al final de su intervención, tengo que decirle
que trabajamos de manera intensa por conseguir que se recupere la
presencia de medios de comunicación y de periodistas en el Aaiún, porque
siempre hemos pensado que la transparencia es garantía de la verdad.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Sería bueno ir más allá de la solidaridad y la
preocupación condenando la violencia contra la población que protestaba
pacíficamente y las acciones dirigidas a coartar la libertad de
movimiento de ciudadanos españoles y la libertad de información. Si
Marruecos es un aliado y un país demócrata debe responder a unos mínimos
parámetros democráticos y no debe comportarse como esos Estados que
cierran absolutamente toda crítica a sus problemas internos...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Añadiré a lo que le
decía antes, para continuar con su petición, que efectivamente el
Gobierno ha conseguido del Gobierno de Marruecos que estos hechos sean
debidamente investigados. Nosotros hemos recibido la información del
Ministerio de Gobernación de Marruecos de que la fiscalía ha sido
encargada de esclarecer, de hacer una investigación que esperamos que se
desarrolle con eficacia y garantías.
Quiero expresar también la posición favorable del Gobierno español a la
continuidad de las negociaciones. Verdadero punto crucial de este asunto
más allá de estos lamentables incidentes es que Marruecos y el Frente
Polisario siguen trabajando juntos en una negociación que es el único
camino para dar una solución justa y durable a este viejo conflicto.
Quiero también señalar que el Gobierno va a seguir trabajando en la
defensa de los españoles en la zona. Hoy hemos recibido -esta misma
noche- noticias de trabajo consular para la defensa de los españoles en
la zona y también quiero anunciarle el compromiso del Gobierno español
para intensificar nuestro esfuerzo de cooperación con la población
saharui, especialmente para mejorar sus condiciones socioeconómicas,
origen en parte de este conflicto.
- DEL DIPUTADO DON ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ EN SUSTITUCIÓN DE DON JOSÉ
MARÍA LASSALLE RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE
FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿MANTIENE LA MINISTRA DE DEFENSA
QUE HAY QUE "RASTREAR Y CORTAR DE RAÍZ" LOS PAGOS DE RESCATES POR EL
SECUESTRO DE BUQUES, TAL Y COMO AFIRMÓ EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009?
(Número de expediente 180/001260.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Defensa. Para
formularla tiene la palabra don Arturo García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 11 de noviembre de 2009 usted manifestó en
declaraciones a Radio Nacional de España que había que rastrear y cortar
de raíz los pagos de rescate por secuestro de buques. Recientemente
medios de información han dado cuenta de la existencia de un informe de
la Intervención Delegada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, según el
cual el pasado 7 de abril se produjo un ingreso anónimo en la cuenta del
Ministerio de Exteriores, en el BBVA, de 350.000 euros con violación de
las normas correspondientes tanto por lo que a ingresos presupuestarios
se refiere como por la identificación que realiza el ingreso. Por su
parte, la subdirección General de Asuntos Económicos de este ministerio
relacionó este ingreso con el envío de 500.000 euros al embajador español
en Kenia cinco días antes de la liberación de los tripulantes del buque
pesquero Alakrana. No hay noticias de que se haya iniciado actuación
alguna para aclarar el destino del dinero enviado a Kenia y menos aún
para lo que ha sido el origen del citado reembolso y si uno y otro tienen
relación con el pago de un rescate en este asunto. Por eso le pregunto,
como único miembro que queda del Gobierno de la célula de coordinación y
seguimiento de la crisis del buque Alakrana, qué actuaciones ha habido
para cortar de raíz los pagos de rescate y el secuestro de buques.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
Señora ministra de Defensa.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, señor
presidente.
Señoría, desde luego pienso hoy lo mismo que pensaba entonces, y es que
para combatir eficazmente la piratería criminal hay que trabajar al mismo
tiempo en el mar y rastrear los rescates que conducen a auténticas redes
criminales organizadas que muchas veces terminan su actividad no en
Somalia, sino en bufetes de países mucho más desarrollados. Le puedo
decir otra cosa: Todo lo que dijo el Gobierno en aquel momento lo puede
mantener hoy. ¿Sabe cuál es la pregunta de verdad? Si ustedes, en cambio,
están hoy en disposición de mantener las barbaridades que dijeron
entonces. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Mucho me temo, señora ministra, que lo que
nosotros dijimos no son barbaridades sino realidades. Porque los días 7 y
8 de septiembre de este año se celebró una conferencia multilateral en
Washington para examinar el cumplimiento de la Resolución 1373 de
Naciones Unidas sobre la gestión de las crisis de rehenes. En esa
conferencia la posición de España resultó muy mal parada, recibiendo
fuertes críticas por la gestión de las crisis en que se habían visto
afectados ciudadanos españoles en Somalia y Sahel; debilidad,
improvisación, contradicciones, falta de solidaridad internacional son
algunos de los velados reproches que recibió la delegación española.
La reciente información de ese envío de 500.000 euros que hizo la
subsecretaria de Exteriores al embajador de Kenia el 12 de noviembre de
2009 bajo el concepto de gastos de funcionamiento y el retorno anónimo de
354.000 euros alientan el rumor de lo que es un secreto a voces: que
España es sensible a la extorsión y paga rescates. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Tizón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Señoría, resulta muy
fácil venir aquí, subir a la tribuna y empezar a verter falsedades sin
pruebas contra el Ministerio de Asuntos Exteriores, contra el Gobierno.
Pero aquí no se viene a fabular; aquí, si acaso, se viene a la pregunta
que usted me decía: hechos. (Una señora diputada: Efectivamente.) Por
tanto, señoría, vamos a los hechos. ¿Qué dijo el Gobierno y qué hizo el
Gobierno? El Gobierno dijo que utilizaría todos los medios legales a su
alcance -y respondo a su pregunta, mire cuán exactamente- para que los
rehenes estuvieran cuanto antes en casa con sus familias. Lo dijimos y lo
hicimos. Dijimos también otra cosa, señoría, que el Gobierno redoblaría
esfuerzos contra la piratería y que haría todo lo posible por que no
volviera a tener un caso como ese. Para ello reforzamos la operación
Atalanta y embarcamos seguridad en todos los buques de pabellón español
que están faenando en el Índico; lo dijimos y lo hicimos. En cambio, ¿qué
dijeron ustedes? Porque le voy a recordar que cuando la Armada española
detuvo a dos criminales que sabíamos que eran responsables del secuestro
de nuestros marineros, sus portavoces dijeron que el Gobierno no había
evaluado las consecuencias de un hecho como ese; es decir, que el
Gobierno no había
evaluado las consecuencias de actuar conforme a ley y detener a dos
criminales. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Que hoy los marineros
están sanos y salvos en casa, que los barcos españoles en el mar más
inseguro del mundo hoy navegan con toda la seguridad posible y que esos
dos criminales están en la cárcel y pesan sobre ellos hasta 220 años de
condena. Ese ha sido el final. ¿Sabe adónde nos lleva todo lo que
hicieron y dijeron ustedes anteayer? Que su problema es que hubieran
deseado un final distinto. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Ohhh!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO:
¿MANTIENE EL MINISTRO DE FOMENTO QUE "PARALIZAR OBRAS NO CUESTA NADA"?
(Número de expediente 180/001259.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Fomento. Para
formular la primera tiene la palabra don Andrés Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace ocho días usted dijo que paralizar obras no cuesta
nada y también añadió que rescindir contratos tiene un impacto pequeño.
¿Quiere usted, por favor, explicarlo a la Cámara?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, rescindir obras
cuesta lo que cuesta, es decir, lo que está previsto en la Ley de
Contratos del Estado. Por cierto, le cuesta igual a la Administración
central que a las administraciones autonómicas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor Blanco, entonces se desdice de lo que dijo
la semana pasada. Esperaba que usted tuviera por lo menos una respuesta
más clara.
Ustedes han anulado obras que estaban contratadas y en curso, y no admiten
críticas. En mayo ustedes me llamaron antipatriota y catastrofista porque
dije que sus recortes generarían 556.000 parados. Ahora patronal y
sindicatos dicen que son 660.000 y usted responde diciendo que paralizar
obras no cuesta. Por otro lado, se envuelve en la bandera de la
austeridad y dice que va a recortar gasto corriente y que va a reducir el
coste de las infraestructuras un 20 por ciento para construir más por
menos. ¿Es así o no, señor Blanco? Pues si es así, que lo ha dicho,
explíquenos usted dos cosas. En primer lugar, por qué se han derrochado
80 millones de euros en León en construir un aeropuerto para 5 millones
de pasajeros al año cuando en 2007 tenía 150.000 pasajeros y este año no
va a llegar a los 95.000. ¿Eso es eficiencia o un capricho caro del señor
Zapatero? (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.)
En segundo lugar, ustedes han contratado cuatro páginas a todo color para
anunciar los días 25 y 26 el corte un día, de once de la noche a seis de
la mañana, de un acceso a la ciudad de Murcia. Por tanto, 19.743 euros
más IVA, una madrugada, siete horas, uno de los quince accesos por
autovía a la región de Murcia. Dígame si esto es ahorro en el gasto
corriente: 19.740 euros más IVA. Esto no es ahorro corriente, señor
Blanco, esto es tirar el dinero. Díganos aquí si esta es la política que
usted está respaldando: estos gastos desmesurados, tanto en inversiones
como en gasto corriente. Explíquelo a la Cámara para que sepamos si la
verdad, como siempre, es una mera circunstancia para ustedes.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala. Ha
acabado su tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, si hubiéramos hecho
lo contrario me haría la pregunta de por qué no informamos a los
ciudadanos de Murcia sobre el corte de esas infraestructuras. Ustedes
siempre son así: doble lenguaje e hipocresía. Es lo que les caracteriza,
señorías.
Es verdad que la rescisión de contratos tiene un coste, pero es asumible.
Lo que no es asumible es el coste de la falta de propuestas y proyectos
que tiene el Partido Popular. Eso, señoría, sí que no es asumible. Si la
recuperación económica y la creación de empleo simplemente se arreglaran
con lugares comunes, el señor Rajoy sería premio Nobel de economía. Pero
resulta que para la recuperación económica hay que cumplir con el
principio de austeridad, que es el que rige precisamente en el Ministerio
de Fomento. Como usted bien sabe, vamos a recortar el coste de la obra
pública en torno a un 17 por ciento ya en este año 2010 y vamos a ahorrar
en gasto corriente 1.200 millones de euros en el periodo que va desde el
año 2009 al año 2010.
Tuvo una oportunidad para estar callado. Si algún problema tiene el
Ministerio de Fomento es precisamente la herencia recibida de la mala
planificación y del derroche del gasto público que ha habido en las
radiales de Madrid, con unas expropiaciones previstas de 300 millones que
nos van a costar a todos 1.400 millones de euros por la Ley del Suelo de
1998 del señor Cascos.
(Aplausos.) Esa sí que ha sido una mala planificación que le va a costar a
todos los españoles. Ha habido derroche y mala planificación que tenemos
que resolver también en los presupuestos generales del próximo año para
evitar la quiebra de unas autopistas radiales que ustedes planificaron a
partir de una Ley del Suelo que ha convertido a España en un solar, que
supuso pagar más de cuatro veces por las expropiaciones y que está
suponiendo un auténtico quebradero de empresas, eso sí, españolas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ VALORACIÓN
HACE EL GOBIERNO SOBRE LOS NIVELES DE SEGURIDAD APLICADOS EN LOS TRABAJOS
DE LA TUNELADORA DEL AVE A SU PASO POR LAS CERCANÍAS DE LA SAGRADA
FAMILIA EN BARCELONA? (Número de expediente 180/001261.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado
señor Fernández González.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, el pasado miércoles, 20 de
octubre, realizó una relevante visita a Barcelona. Tras reunirse con el
presidente de la Generalitat, don José Montilla, anunció el acuerdo para
el traspaso de los servicios ferroviarios regionales a las Generalitat de
Catalunya. Quiero agradecerle que al impulsar este acuerdo, al igual que
al haber hecho efectivo antes el traspaso de gestión de los servicios de
cercanías, demuestre con hechos que el despliegue del Estatut es hoy una
realidad útil para los ciudadanos de Cataluña, útil frente a quienes
pretendían enterrarlo porque decían que rompía España, pero también útil
frente a quienes ayer lo apoyaron y hoy se desentienden del mismo.
Aprovechó además su presencia en nuestra ciudad para examinar in situ y
acompañado por el alcalde, don Jordi Hereu, las obras del túnel del AVE
una vez que la tuneladora Barcino superó sin novedad el templo de la
Sagrada Familia. Al hablar del túnel del AVE estamos hablando de una de
las obras más vitales y estratégicas para la ciudad de Barcelona; una
obra que garantiza su conexión con el corazón de Europa, que mejora los
servicios de cercanías y que hará posible el desarrollo de los barrios
del norte de la ciudad. Sin duda alguna nos referimos a una obra
compleja, pero también a una obra viable que se puede ejecutar con el
máximo de seguridad; una obra para la que nuestras empresas y técnicos
están plenamente capacitados. Ciertamente el hecho de que la construcción
del túnel -antes y después de su paso próximo a la Sagrada Familia- se
esté desarrollando sin novedad y según los planes previstos, haría
innecesaria la intervención del ministro en esta sesión de control. De
hecho, el Grupo Parlamentario Socialista no le habría planteado esta
pregunta si no fuera porque también en esta Cámara se desarrolló parte de
la campaña de mentiras, miedos y manipulaciones que el Partido Popular y
Convergència i Unió orquestaron en torno al trazado del túnel del AVE por
Barcelona. ¿Tendrán ahora al menos la valentía de reconocer su error? Mi
grupo no se hace ilusiones. Pero, ¿por qué tantas mentiras, miedos y
manipulaciones? Yo he encontrado una respuesta en un recorte de prensa
del verano de 2006, en la cual el señor Trías nos decía: Trías reparte
20.000 folletos para que el AVE pase por el Vallès. Algunos no querían
que el AVE pasara por Barcelona, algunos pretendían que el AVE no pasara
por la ciudad condal. O, lo que es lo mismo, para que me entiendan sus
señorías, es como si algún aspirante a la alcaldía de Madrid pretendiera
que el AVE no llegara a Atocha y tuviera su epicentro en Majadahonda.
Abracadabrante. Pero esta no deja de ser la opinión de un diputado y lo
que nos interesa es la opinión del ministro sobre esta cuestión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señorías, siempre ha habido
profetas de la catástrofe y, habitualmente, los profetas de la catástrofe
son aquellos que quieren que las cosas no se hagan, que España vaya mal,
que el AVE se paralice. Los profetas de la catástrofe habitualmente se
sientan en ese banco, el banco de la derecha. Con su paso en el entorno
de la Sagrada Familia también ha ocurrido. Querían paralizar las obras,
querían que el AVE no se desarrollase y luego echar la culpa al Gobierno
de España por el retraso. Una vez más, los profetas de la catástrofe han
demostrado que son un desastre como profetas, porque no han conseguido
parar la obra. ¿Y qué ha ocurrido en el entorno de la Sagrada Familia? No
ha ocurrido nada y en nada se han quedado esas profecías. Pero es verdad,
señoría, que en esta Cámara se mintió a conciencia, lo hizo algún
diputado del Partido Popular poniendo en duda la honorabilidad de
profesionales, de ingenieros, de técnicos; poniendo en duda lo que había
dictaminado la Audiencia Nacional, poniendo en duda lo que había
determinado la Unesco. Han mentido en esta Cámara y no han pedido
disculpas. Mintieron a conciencia, creen que todo se arregla con la
confesión y con la penitencia, y la mentira en esta Cámara solo se
resuelve pidiendo disculpas a los disputados, al Gobierno de España y a
todos los profesionales que hicieron posible que esta obra se esté
construyendo sin ningún problema. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GÓMEZ TRINIDAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN: ¿
CUÁNDO PIENSA CUMPLIR EL GOBIERNO EL COMPROMISO DE APROBAR EL ESTATUTO
DEL FUNCIONARIO DOCENTE? (Número de expediente 180/001257.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor
ministro de Educación, que formula el diputado señor Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hoy no le voy a preguntar por el sistema educativo, si ha
hecho algo esencial para cambiar las tasas del fracaso escolar, que
sabemos que están como están. Más allá de organizar congresos y de buenas
palabras, todo sigue igual. Más de un 30 por ciento de fracaso escolar,
un 40 por ciento de jóvenes en situación de riesgo social, un millón de
jóvenes en paro y se está consolidando la mayor fractura social de toda
la democracia. Y a eso le llaman ustedes equidad. Hoy le pregunto, señor
ministro, qué ha hecho usted o piensa hacer respecto del profesorado y
más en concreto sobre el estatuto de la Función pública docente.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Gómez Trinidad.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señora
presidenta.
Yo no comparto su introducción, pero ya que no vamos a hablar hoy de esto,
quería centrarme, señoría, en que existe cada vez un mayor reconocimiento
social del profesorado y además es indispensable para la mejora del
sistema educativo. Sé que estamos de acuerdo con ello. Nosotros
trabajamos en el marco básico del estatuto docente para el profesorado de
la enseñanza pública. Usted conoce perfectamente que este era uno de los
asuntos fundamentales del Pacto de Estado por la educación, que
decidieron no suscribir. Nosotros hemos puesto en el Plan de acción
2010-2011 un elemento fundamental, pero no lo queremos aprobar de modo
unilateral, así es que trabajamos con los representantes de los
profesores, también con las comunidades autónomas, para que esto sea
posible. Esto exige tiempo y atención a la realidad, para que el estatuto
goce del máximo consenso, pero abordamos y abordaremos la cuestión.
Nosotros no renunciamos a este estatuto. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señor Gómez Trinidad.
El señor GÓMEZ TRINIDAD: Señor ministro, dice usted que el profesorado es
clave para la educación. En esa obviedad estamos todos de acuerdo. Ahora
bien, ¿ha hecho usted algo para cambiar el método de acceso a la Función
pública docente? Nada. ¿Ha hecho usted algo para coordinar la formación
inicial? Nada. Incluso su grupo ha rechazado recientemente una iniciativa
nuestra con la marca de su casa, que es tolerancia cero con el Partido
Popular. ¿Han hecho ustedes algo para mejorar el reconocimiento social o
los incentivos del profesorado? Nada. ¿Qué han hecho sobre el estatuto de
la Función pública docente? En seis años nada más que palabras y promesas
incumplidas. En 2005, en Moncloa, se les prometió a los sindicatos a
cambio del apoyo a la LOE; en 2006, en el LXXV aniversario de la UGT,
Zapatero prometió darle un impulso; en abril de 2007 se presentó un
borrador de acuerdo que luego se tiró a la papelera; y en esta
legislatura, nada. Nosotros presentamos al comienzo de esta legislatura
una PNL para que se tuviera en cuenta y se desarrollase este estatuto del
profesorado. Usted prometió en el documento del pacto que iba a iniciar
las negociaciones antes del uno de junio. Que no se haya firmado el pacto
no significa que usted no tenga la obligación de hacerlo y hasta el
momento, nada. Prometió asimismo iniciar la negociación con la
concertada. Nada de nada. No solamente eso, sino que a través de la Ley
de Presupuestos que ya se ha presentado en esta Cámara usted da pie a que
se pueda reducir el sueldo en un 10 por ciento a más de 100.000 mil
profesores de la concertada.
Dígame usted, señor ministro, si podemos decir que esta legislatura está
acabada en lo que a Educación se refiere. Y si no es así, demuéstrelo con
hechos. Y no prometa, comprométase de una vez.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gómez
Trinidad.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, un poquito de mesura, un poquito. Creo que está bien la pasión,
pero la pasión debe ir vinculada también a un juicio mesurado sobre la
realidad. Es verdad que el estatuto tiene que ver con la renovación de
las plantillas, la oposición y el sistema de acceso. Yo ya dije que si no
se firmaba el pacto por la educación iríamos un poquito más lento, pero
vamos a ir a donde tenemos que ir conjuntamente, porque yo sigo
trabajando para el acuerdo y para el consenso. No es cierto que no se
haya hecho nada con la concertada, no es verdad. No es cierto que no se
haya hecho nada con el profesorado, no es verdad. Pero también es cierto
que estamos en una
situación de austeridad en los presupuestos de las administraciones
públicas y que estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad
compartida, para que todas las decisiones las adoptemos con aquellos que
son amigos del consenso, del acuerdo y de trabajar coordinadamente. Yo le
convoco a usted, a ustedes también, a que participen en ese proceso.
Iremos más rápidamente.
Tenemos asimismo que hablar de asuntos que tienen que ver, por ejemplo,
con la jubilación de los docentes. Son asuntos directamente vinculados a
los acuerdos que, en términos generales, han de adoptarse en el Pacto de
Toledo. Nosotros no podemos unilateralmente, pensando que somos más
eficaces, adoptar decisiones y, por tanto, trabajamos para que haya un
acuerdo compartido; y estableceremos la fecha entre todos. Sin embargo,
nuestra voluntad es firme y tras las próximas elecciones sindicales que
también inciden en esto -y que son muy cercanas- vamos a convocar a todas
las partes implicadas para impulsar el proceso con decisión, con realismo
y espero que con su ayuda.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN: ¿ESTÁ SATISFECHO EL MINISTRO DE TRABAJO CON LA EVOLUCIÓN DEL
EMPLEO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001255.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al
señor ministro de Trabajo e Inmigración. En primer lugar, la que formula
el diputado señor Echániz Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Trabajo e Inmigración, bienvenido a su primera
sesión de control parlamentario, reciba nuestros mejores deseos en esta
nueva e ingente tarea, porque si usted acierta lo celebraremos y sobre
todo lo harán los parados y toda la sociedad española; si no lo hace,
sepa, si su labor no resulta positiva, que también seremos los primeros
en reclamarle responsabilidades.
Señor Gómez, le reciben a usted datos enormemente preocupantes a pesar del
transcurso de seis meses de la puesta en marcha del real decreto de
reforma laboral. El último mes el paro ha vuelto a aumentar en 68.000
personas; 5.300 parados han abandonado la Seguridad Social y siguen
cerrando un buen número de autónomos; la temporalidad continúa desatada y
hay 2 millones de parados de larga duración; casi la mitad de nuestros
jóvenes no puede trabajar y el único empleo que se crea es empleo
público, algo muy socialista en tiempos de crisis. Pero el dato más
grave, si es que no mereciesen los anteriores ese calificativo, es que en
el último mes han aumentado en 150.000 los parados que han agotado todas
sus prestaciones, todas las ayudas y que por lo tanto ya no tienen nada
que llevar a casa.
Señor Gómez, a muchos españoles les resulta enormemente inquietante la
presencia del ministro de Trabajo en la manifestación de la huelga
general contra la reforma laboral, además de contra la congelación de las
pensiones, de la política social del Gobierno, manifestación en la que se
pidió, no sé si con su respaldo tácito o no, sonoramente la dimisión del
presidente del Gobierno. Quizá puede usted utilizar este turno para
tranquilizar a los ciudadanos españoles, porque es usted el responsable
de aplicar la reforma laboral contra la que se convocaba la manifestación
a la que usted asistió. ¿Es usted, señor ministro, como dicen los
sindicatos, la demostración del éxito de la huelga? ¿Es usted un guiño a
los sindicatos o lo es a los 4.600.000 parados? ¿Va a volver, usted, al
Pacto de Toledo, que liquidó su presidente, congelando unilateralmente
las pensiones tras quince años de acuerdos? ¿Va a aceptar alguna de las
propuestas, de las iniciativas, o de las enmiendas, que por centenares mi
grupo parlamentario ha ido presentando a lo largo de esta legislatura? ¿O
va a querer seguir usted solo como sus antecesores?
Señor ministro, si le diésemos cien días de gracia, a usted le quedaría un
año. ¿Qué va a hacer, señor Gómez, distinto de sus antecesores en este
tiempo? Además de desautorizarle, ¿le va a dejar a usted Zapatero hacer
algo más en estos doce meses? Créame que sería toda una novedad y toda
una sorpresa.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.
Señor ministro de Trabajo e Inmigración.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Muchas
gracias, presidenta.
Son muchas preguntas para esta primera intervención, pero déjeme usted que
le diga algunas cuestiones importantes. El mercado de trabajo español ha
vivido una crisis intensa, hemos perdido prácticamente 2 millones de
empleos, pero hace tiempo que viene mostrando también buenas noticias,
los dos últimos trimestres de la encuesta de población activa son
trimestres esperanzadores. Por primera vez en mucho tiempo, desde que
comenzó la crisis, el empleo está creciendo; por primera vez en mucho
tiempo, desde que comenzó la crisis, hay menos familias en España que
tienen a todos sus miembros en paro; por primera vez desde que comenzó la
crisis, dos trimestres consecutivos han enlazando sendas recuperaciones
en el empleo; y por primera vez desde que comenzó la crisis, durante todo
el año 2010, desde enero, hay 120.000 afiliados más a nuestro sistema de
Seguridad Social. Son datos positivos que el Gobierno tiene,
naturalmente, la intención de destacar, debe hacerlo en cada momento. Y
nuestra idea general es seguir ampliando ese ámbito en el que se
desenvuelve la política laboral.
La reforma es una reforma que ha venido efectivamente para quedarse, es
una reforma bien construida, planteada desde el equilibrio, y es una
reforma que debe responder a nuestras principales necesidades; en primer
lugar, lograr que cuando la recuperación venga haya más creación de
empleo y que ese empleo sea más estable y, en segundo lugar, preparar
-esto es lo que vamos a hacer durante los próximos meses-, con una buena
política activa de empleo, a nuestros desempleados, para que cuando
comience la recuperación sea más intensa, rinda más y haya más eficiencia
en nuestro mercado de trabajo. Así es que, señoría, la intención del
Gobierno es seguir ampliando ese espacio de esperanza que nuestros datos
de empleo de los últimos trimestres nos han abierto. Y lo vamos a hacer,
con su colaboración, espero, con la colaboración de las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular, porque la política activa es
una política que se desarrolla ahí, en el ámbito de las comunidades
autónomas. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS PÉREZ ARCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿QUÉ
MEDIDAS VA A PONER EN MARCHA EL GOBIERNO ANTE EL DRAMÁTICO AUMENTO DE LOS
PARADOS DE LARGA DURACIÓN? (Número de expediente 180/001256.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado
señor Pérez Arca.
El señor PÉREZ ARCA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Trabajo e Inmigración, siento discrepar, las cifras del
paro en nuestro país son a todas luces inadmisibles y suponen además una
seria amenaza para la sostenibilidad del Estado del bienestar. Estamos
hablando de más de 4.500.000 parados, de 1.300.000 familias que tienen a
todos sus integrantes en el paro, de un paro femenino que ronda los 2
millones de mujeres, de un 46,2 por ciento de paro juvenil. Y si decimos
que estas cifras son inadmisibles es porque detrás de ellas hay personas
que tienen nombres y apellidos, que lo están pasando mal, que quieren
trabajar y que no pueden. Y no lo pueden hacer porque el Gobierno está
más centrado en maquillar la realidad y en atacar a la oposición que en
hacer algo útil para solucionar el problema del paro. Pero siendo todos y
cada uno de estos datos preocupantes, a mí me gustaría centrarme en uno,
que es el que trae a colación la pregunta de hoy, que es el paro de larga
duración; 2 millones de personas están en esta situación, situación muy
complicada porque la empleabilidad de esta gente cada vez se hace más
difícil y tiene más dificultades para colocarse, es más, muchos de ellos
ya han agotado las prestaciones, han agotado incluso el Prodi, con lo
cual están a las puertas de la beneficencia y en manos de la caridad.
Señor ministro, lamentamos que en este asunto del paro se haya perdido
tanto tiempo fiándolo todo a los subsidios y esperando sin más a que la
tormenta se fuese, también lamentamos que durante años se negasen al país
reformas inaplazables bajo pretexto del diálogo social, diálogo social
que tras más de dos años acabó en rotundo fracaso por culpa
exclusivamente del Gobierno y que dejó una herencia muy mala, una reforma
laboral obsesionada con el despido en vez de una reforma centrada en el
empleo. Una reforma laboral infumable que no gustó absolutamente a nadie,
ni a empresarios, ni a sindicatos, ni a las fuerzas políticas, ni incluso
a usted, que se manifestó con ella. Yo no sé si la perspectiva desde esos
sillones azules hace cambiar la realidad. Nosotros seguimos pensando que
la reforma es infumable, señor ministro. Estamos hablando del drama
personal y familiar de muchas personas. Es el momento de tomar medidas,
medidas que solucionen por fin el problema del paro y especialmente el de
larga duración. Se las exigimos. Digan a los españoles lo que van a
hacer, porque, repito, la situación es francamente insostenible. Es
tiempo de medidas y es tiempo de abandonar las cortinas de humo y los
ataques a la oposición. A quien tienen que atacar es al paro que tenemos
en este país.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Pérez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señorías, les
veo a ustedes muy preocupados por mi participación en aquella
manifestación. Preocúpense ustedes de no generar ese clima antisindical
que se generó entonces. (Aplausos.) Preocúpense ustedes de esas cosas
porque es muy negativo para un país como España que desde los gobiernos
autónomos que ustedes presiden y en los que ustedes gobiernan se genere
ese clima. Los sindicatos son parte esencial de nuestra democracia y es
importante que los poderes públicos ayuden en cada momento a que ese
clima no se genere, porque es muy nocivo para la sociedad española.
Señoría, efectivamente hay una preocupación por el crecimiento del paro de
larga duración. Las crisis son especialmente dolorosas por eso, porque
cuanto más intensas son y más duran, más desempleo existe y más tiempo
duran. Pero fíjese, en plena crisis, intensa, como
la que tenemos, la cobertura del desempleo en España es diez puntos mayor
que la que tenían ustedes cuando gobernaron. Preocúpense también de mirar
estas cosas y de recordar el pasado en este tipo de asuntos. Respecto de
la política activa, les insisto en dos cuestiones esenciales. La reforma
es una reforma que ha planteado los estímulos al empleo en dos colectivos
muy concretos: jóvenes y mayores de 45 años. Esos colectivos son
colectivos que tienen que ser parados de larga duración para poder
percibir los estímulos. Hemos concentrado toda la política activa
precisamente entre los parados de larga duración y nuestra intención es
seguir aumentando la potencialidad de la política pública en este ámbito.
¿Cómo? Básicamente a través del fortalecimiento de los servicios públicos
de empleo. Sabemos que no se crea empleo si la economía no crece, pero
tenemos que preparar a nuestros desempleados con más eficiencia en los
servicios públicos de Empleo, con más capacidad de asesoramiento, de
acompañamiento, estar más cerca de todos ellos, este es el papel que nos
corresponde en esta etapa. ¿Que va a ser una etapa difícil? Sin duda
alguna, pero es una etapa que empieza a abrirse a la recuperación. La
reforma es una reforma planteada para reducir la temporalidad, sí, pero
planteada también para ganar eficiencia. Y esto lo tenemos que ir
logrando en cada momento.
En mi opinión, señoría, las cosas están en este momento bien planteadas
para que el año próximo por estas fechas estemos ya creando empleo.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO REYES MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO
RURAL Y MARINO: ¿QUÉ MEDIDAS HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA
COLABORAR EN LA PROMOCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL? (Número de
expediente 180/001262.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la
señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que formula el
diputado señor Reyes Martínez.
El señor REYES MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, quiero en primer lugar felicitarla por su nombramiento
como miembro del Gobierno de España así como darle la bienvenida al
Congreso de los Diputados en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Como usted bien sabe, señora ministra, España es el principal productor
mundial de aceite de oliva y son varios los cientos de municipios
españoles en los que el cultivo del olivar sigue siendo la principal
actividad económica y en muchos de ellos es difícil encontrar una
alternativa a este cultivo. Gracias al mismo la población sigue
manteniéndose en el mundo rural. Una parte importante de estos municipios
se encuentran en su provincia, en Córdoba, y también en la mía, en Jaén.
Todos sabemos el importante esfuerzo que el sector ha realizado en los
últimos años, que ha permitido mejorar las producciones tanto en calidad
como en cantidad. Pese a todo ello, con los precios que se están pagando
en origen en la actualidad una parte importante del olivar español, y
especialmente el olivar tradicional, no es rentable, fundamentalmente el
de menor producción. El sector del aceite de oliva es consciente de que
tiene que hacer un especial esfuerzo y de hecho lo está haciendo, por un
lado, en agrupar la oferta y, cómo no, en la promoción y en la búsqueda
de nuevos mercados.
Señora ministra, todos sabemos que el aceite de oliva no es una grasa
cualquiera, hablar del aceite de oliva es sinónimo de calidad y de salud,
y las diferentes investigaciones han puesto de manifiesto su ventaja en
el tratamiento de determinadas enfermedades, principalmente las
cardiovasculares. Además, todos sabemos que es un producto básico en la
dieta mediterránea. A pesar de todas estas bondades, menos del 4 por
ciento de la grasa que se consume en el mundo es aceite de oliva. Para
mejorar esa situación, en el año 2002 se constituyó la Interprofesional
del Aceite de Oliva, que tiene como principales objetivos, por un lado,
incrementar el consumo del aceite de oliva a nivel mundial y, por otro,
fortalecer e incrementar la presencia del aceite español tanto en
mercados nacionales como internacionales. Los socialistas siempre hemos
sido conscientes de la importancia que tiene este sector y también lo es
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, señora ministra,
quisiera saber qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno de España para
colaborar en la promoción del aceite de oliva y que permitan incrementar
su consumo y la búsqueda de nuevos mercados y nuevas cocinas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Reyes.
Señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar
Rivero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, bien sabe que la promoción del aceite de oliva es uno de los
objetivos prioritarios del Gobierno, es uno de los objetivos prioritarios
del ministerio, porque estamos hablando de una de las producciones
emblemáticas de nuestro país, que genera 46 millones de jornales al año.
Y llevamos a cabo numerosas actuaciones de promoción. En primer lugar,
tenemos los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra, con una
promoción
singular aquellos que resultan ganadores, pero también tenemos una línea
de convenios firmada con la Fundación para el desarrollo de la dieta
mediterránea, firmada con los paradores de turismo, donde la semana del
aceite de oliva en toda España se hace realidad, y un convenio para el
desarrollo de un plan de promoción de productos agroalimentarios en China
e India, donde el aceite ocupa un lugar especial y singular, llevándolo a
cabo con las comunidades autónomas, con el ICEX y con el sector
empresarial. He de decirle, señoría, que también gestionamos un programa
de extraordinaria importancia para el aceite de oliva, un programa
europeo junto con la Unión Europea y algunos Estados miembros. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Estamos hablando del programa europeo
del aceite de oliva, que es el mayor y mejor dotado en toda la historia,
con más de 16 millones de euros. Estamos presentes en ferias nacionales e
internacionales y en distintos eventos. Además, tenemos una línea
específica de respaldo y apoyo a todas las actuaciones que llevan a cabo
las organizaciones, el sector en definitiva, para la promoción del aceite
de oliva. También tenemos un programa de promoción exterior, de la mano
de las comunidades autónomas y del ICEX.
Todo esto significa, ni más ni menos, que el objetivo prioritario lo
estamos haciendo realidad con todas las campañas de promoción que
llevamos a cabo. Se han incrementado hasta récords históricos las
exportaciones: 800.000 toneladas en la campaña 2009-2010. Los empresarios
están satisfechos con la promoción que hacemos y esto quiere decir que
los esfuerzos de todos dan resultados, que estamos en el buen camino y no
le quepa la menor duda de que seguiremos trabajando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN JUANES BARCIELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS PREVISTOS PARA 2011 AFECTARÁN A
LAS OBRAS ACTUALMENTE EN MARCHA EN VARIOS MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL?
(Número de expediente 180/001263.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Cultura. Para
formularla tiene la palabra doña Carmen Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, hemos visto estos últimos días cómo los Presupuestos
Generales del Estado para 2011 han sacado lo mejor de esta derecha
nuestra, tan dada al olvido y a la hipocresía. Digo esto porque en 2004,
último presupuesto elaborado por el Partido Popular, el crédito del
Ministerio de Cultura ascendía a 732 millones de euros, sin crisis
económica y sin ajuste. Pues bien, en 2011 el presupuesto de Cultura
compromete 867 millones de euros. Las cifras siempre digo que deben
valorarse con lo que de hecho reflejan, unas cifras que adquieren mayor
relevancia si se tiene en cuenta el actual contexto económico, un
contexto económico desfavorable que ha obligado a la contención del gasto
público en todos los departamentos ministeriales. El PP sabe que este
ajuste es inevitable. Tanto es así que en materia cultural están
ajustando drásticamente allí donde gobiernan. Un ejemplo significativo
son los presupuestos culturales en mi comunidad autónoma, Castilla y
León. La verdad, como decía el rector de la Universidad de Salamanca
Miguel de Unamuno, por evidente que sea hay que repetirla una y otra vez.
Por tanto, la credibilidad va innegablemente unida a la coherencia, a la
coherencia de lo que se dice y a la coherencia de lo que se hace.
Señora ministra, usted ha dicho en repetidas ocasiones en esta Cámara que
uno de los objetivos prioritarios de su ministerio es el de facilitar el
acercamiento de la cultura a los ciudadanos. En relación con los museos,
creo que hay dos datos que pueden servir para reflejar esta tarea. El
primero, el número de visitas a los veintiún museos estatales en 2009 fue
de más de 7 millones. Esta cifra se da en un periodo de crisis en el que
se podía esperar un descenso en los hábitos de consumo cultural. Un
segundo dato que también puede ser relevante son los visitas a las
páginas web de los museos del Ministerio de Cultura, casi 9 millones de
visitas. Otro dato que quizá también se puede valorar es que hace dos
años asistieron al conjunto de los museos estatales 56 millones de
personas, seis veces más que a todos los partidos de la liga de fútbol
profesional en la temporada 2007-2008. Estos datos reflejan la capacidad
de movilización ciudadana en torno a nuestros... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Lo siento, se acabó el tiempo.
Señora ministra, cuando quiera.
La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias,
presidente.
Señoría, no solo no vamos a paralizar ninguna de las obras en marcha, sino
que en 2011 los museos estatales serán uno de los vértices de nuestra
acción cultural. Los recortes presupuestarios de 2011 no afectarán a las
obras en marcha, porque hemos hecho todo lo posible para que así sea. En
estos momentos la austeridad es tan importante como el mantenimiento de
las actividades productivas que generen puestos de empleo y para el
Ministerio de Cultura, tan importante como el deber de seguir acercando
la cultura a los ciudadanos.
Quiero aprovechar para anunciar que en 2011, después de muchos años en que
no ha podido ser así, todos los museos estatales estarán, por fin,
abiertos al público. Las obras y rehabilitaciones que hemos emprendido
para su mejora llegarán a su fin y podremos contar simultáneamente con
todos los museos en funcionamiento. Aparte de las intervenciones
realizadas para garantizar la accesibilidad a los edificios, estamos
incorporando los recursos tecnológicos para permitir el acceso en
igualdad de condiciones de personas con discapacidades auditivas y
visuales. La signoguía, los bucles magnéticos y el recorrido táctil son
algunas de las herramientas empleadas para ello. Queremos que la cercanía
de los museos sea real para el conjunto de los ciudadanos, queremos que
las cifras de visitas presenciales sigan creciendo, como usted
mencionaba. En 2009 hubo más de siete millones de visitantes, un 5,2 por
ciento más que en el año anterior. Estamos seguros de que también
seguirán aumentando de forma exponencial las visitas virtuales, que han
alcanzado ya cifras impresionantes; en 2009, fueron más de 9 millones de
usuarios los que entraron en nuestros museos a través de Internet y por
eso redoblamos los esfuerzos para digitalizar cada día obras, objetos,
documentos y mantener el liderazgo que ya tenemos en esa actividad de
difusión de la cultura en la red.
En resumen, señoría, hemos mantenido las obras en marcha, pese a los
recortes, y también, pese a los recortes, estamos mejorando nuestros
museos estatales, pero no solo, como el colegio de San Gregorio, de
Valladolid; el Museo Arqueológico de Córdoba, el de Oviedo, el Museo
Arqueológico Nacional, el Cerralbo y el del Romanticismo, el museo del
Greco, en Toledo, el museo de Cádiz, los museos de Málaga, Logroño,
Sevilla, el centro del Prado, en Ávila. Es un esfuerzo sobresaliente que
comporta austeridad y eficacia.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ GUILLERMO BERNABEU PASTOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN:
¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA INNOCAMPUS 2010?
(Número de expediente 180/001265.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Ciencia e
Innovación. Para formularla tiene la palabra don José Guillermo
Bernabeu.
El señor BERNABEU PASTOR: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, estamos ante el reto de construir un nuevo
modelo económico que permita la recuperación de la competitividad, genere
empleo y garantice su sostenibilidad. Un modelo productivo en el que el
conocimiento sea un auténtico factor de producción. Desde el año 2004 los
gobiernos socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero han
afrontado ese reto, con propuestas y presupuestos. Con propuestas tan
relevantes como la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace dos
semanas, señora ministra, usted presentó en esta Cámara. Con presupuestos
que se han ido incrementando sustancialmente hasta alcanzar una
financiación en investigación, desarrollo e innovación, que puedo
calificar de histórica: el 1,5 por ciento del producto interior bruto.
Cuando recogimos el testigo del Gobierno del Partido Popular no
llegábamos al uno por ciento. Esto son hechos y realidades. Hemos
conocido además que España es uno de los dos países de la Unión Europea
en los que ha aumentado la inversión empresarial en investigación,
desarrollo e innovación. Algo ha tenido que ver también el impulso que el
Gobierno ha dado en el sector empresarial. A pesar de la crisis, a pesar
de estos dos años, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se siguen
impulsando proyectos y propuestas porque si queremos una sociedad más
próspera y justa necesitamos innovadores, y si queremos innovadores desde
luego nuestros jóvenes se han de formar en un contexto que propicie esa
innovación.
Por eso, señorías, las universidades juegan un papel central en la
producción del conocimiento y la innovación. Por eso desde el Ministerio
de Ciencia e Innovación se están lanzando programas para potenciar esa
actividad de producción y de innovación. En concreto me estoy refiriendo
a una propuesta que se ha lanzado que es Innocampus. Estoy seguro de que
la convocatoria Innocampus va a incidir en esos objetivos que tienen
nuestras universidades y por eso precisamente le pregunto, señora
ministra, cómo valora el Gobierno los resultados del programa Innocampus
2010. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernabeu.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN (Garmendia Mendizábal):
Gracias, presidente.
Señoría, como usted ha señalado, el Ministerio de Ciencia e Innovación
está reforzando el papel de la universidad en la generación de
conocimiento y está especialmente enfocado en la transferencia de ese
conocimiento de una forma eficiente y eficaz al tejido productivo. Este
es el principal objetivo de la convocatoria Innocampus, una convocatoria
que se enmarca dentro del programa de Campus de Excelencia Internacional
que junto al Ministerio de Educación impulsamos de forma conjunta.
Innocampus forma también parte de la estrategia estatal de innovación
porque estamos convencidos de que la universidad española va a jugar un
papel muy importante en la recuperación de nuestra economía, y de una
forma muy notable en el impulso a
nuevos empleos más cualificados. En 2010 la convocatoria ha triplicado la
del año 2009. En el año 2009 fueron 50 millones de euros y en el año 2010
se han distribuido 150 millones de euros en 26 grandes proyectos de
ciencia e innovación que están enmarcados dentro de estos campus de
excelencia. Dichos proyectos, en los que participan 38 universidades
españolas, se enmarcan en diferentes ámbitos tales como la salud, el
medio ambiente, las telecomunicaciones o las ciencias humanas, y tienen
como característica común precisamente la agregación de capacidades
lideradas por las universidades españolas con los organismos públicos de
investigación y con las empresas. Estas actuaciones van a permitir la
especialización y la internacionalización de la universidad española que,
como saben, es un reto pendiente y un reto urgente y muy necesario para
nuestro sistema y que solo puede abordarse de forma coordinada con las
comunidades autónomas que son quienes tienen precisamente la competencia.
Por este motivo el ministerio ha querido que estos proyectos
seleccionados por Innocampus estén avalados por las comunidades
autónomas, para que este principio de cooperación institucional y de
compromiso institucional quede perfectamente refrendado en esta
estrategia estatal de innovación.
En definitiva, señoría, a través del programa Innocampus queremos que
nuestras universidades españolas formen parte activa de este cambio de
modelo productivo y que esta cooperación institucional quede
perfectamente avalada, comprometida e impulsada en este cambio de modelo
con las universidades españolas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Ciencia e
Innovación.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ES POSIBLE DAR
CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DEPENDENCIA CON EL PRESUPUESTO PREVISTO EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2011? (Número de expediente
180/001258.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
Para formular la primera tiene la palabra doña Lourdes Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señora ministra, quiero felicitarle por su nombramiento.
Paso a preguntarle. Usted sabrá que actualmente hay casi 900.000 personas
que se están beneficiando de la Ley de Dependencia, que la ley obliga a
su Gobierno a poner el 50 por ciento del coste que se genera y que ahora
mismo solamente aporta un 30 por ciento como mucho. También debe saber
que el año próximo se incorporan 300.000 personas más, la mitad de ellas
personas valoradas que todavía no han recibido la prestación y la otra
mitad, porque se incorpora un nuevo grado que entra en vigor; un nuevo
grado que además se aprobó en la cartera de servicios el otro día en el
consejo territorial, pero nada se habló de la financiación que espero que
luego lo haga a pregunta de su compañero. Por tanto, cómo es posible,
señora ministra, que teniendo que atender a 300.000 personas más haya
reducido el presupuesto en más de un 10 por ciento en relación con el
aprobado el año anterior que fue de 1.671 millones de euros. ¿Piensa
usted que así se puede cumplir la ley?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez Monasterio.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola):
Gracias, señor presidente. Gracias, señoría, por sus palabras.
En primer lugar, quiero reiterar el compromiso del Gobierno para que los
ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a las prestaciones de la Ley
de autonomía personal y de atención a la dependencia puedan acceder a
ellos antes de los seis meses. Y quiero recordar que el calendario de
implantación de la ley, como muy bien ha recordado, no ha sufrido a pesar
de la crisis ninguna alteración y mantiene la incorporación al derecho a
la prestación de las personas dependientes de grado I a partir de enero
del año 2011, algo en lo que hemos estado de acuerdo las comunidades
autónomas y el Gobierno de España. También quiero recordar que los
recursos económicos del Gobierno de España están siendo garantizados
mediante los instrumentos que recoge la ley. Primero, buscando nuevos
instrumentos de financiación para mejorar la capacidad de las comunidades
autónomas ante este reto. Quiero recordar el modelo de financiación
autonómica que por primera vez incluye la atención a las personas
dependientes. Quiero recordar también los 400 millones procedentes del
PlanE -tan criticado a veces- que han permitido desarrollar la red de
servicios. Por último, quiero recordar la reforma del IVA, el tipo para
los servicios de la Ley de Dependencia, lo que supone más recursos a
disposición del sistema. Además de todo esto hemos adoptado en mayo
medidas extraordinarias para reducir el déficit que tienen que ver con el
pago de la retroactividad. Señoría, por todo ello puede estar
absolutamente tranquila porque las prestaciones por dependencia se están
garantizando. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.
Esto es muy sencillo, señora ministra. Su Estado del bienestar no resiste
un simple ejercicio matemático. Si divido el presupuesto para este año de
1.498 millones de euros entre 1.200.000 personas que hay que atender me
da un resultado de 3 euros al día para cada dependiente. Solo caben dos
respuestas, o piensa incumplir la ley o está mintiendo descaradamente en
estos presupuestos, porque no recurre al acuerdo de financiación de las
comunidades autónomas donde no hay ni un solo fondo afectado para el
cumplimiento de esta ley.
Señora ministra, usted es ministra del Gobierno de España, la cuarta
ministra en menos de cuatro años para gestionar la aplicación de le Ley
de Dependencia. Usted debe de velar por el bien común y debe de cumplir
la ley. No se enrede, señora ministra, acusando de antisocial a la
oposición tratando de enmascarar este escandaloso recorte social como es
la pauta de su Gobierno. No se enrede y ocupe su tiempo en lo que es su
responsabilidad, porque los españoles saben que lo verdaderamente
antisocial son los 5 millones de parados, es la abrumadora cantidad de
personas que está yendo a los comedores sociales, es la subida de
impuestos a familias en época de crisis, es pagar su derroche a cuenta de
los pensionistas. Esto es la realidad, la realidad es que no habrá dinero
para ninguna política social mientras ustedes sigan generando paro y más
paro; esta es la realidad. La realidad es que ustedes han dejado
desasistidas seis largos meses a personas que pueden tener una gran
dependencia. Pero mi pregunta es muy simple, dígame sí o no. ¿Piensan
ustedes aportar el 50 por ciento? ¿Piensan ustedes cumplir la Ley de la
Dependencia? Sí o no, señora ministra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola):
Por supuesto que vamos a seguir cumpliendo. Seguramente, usted traía la
pregunta escrita y por eso no se ha salido del guión y no tiene nada que
ver lo que le digo con lo que usted me contesta. Pero vamos al grano. Le
he hablado no solo de lo que está en los presupuestos sino también de lo
que hemos añadido con fuentes adicionales de financiación. Ahora vamos a
evaluar la ley y eso nos va a permitir un debate sobre la financiación
del sistema, bienvenido sea ese debate. Sé que las comunidades autónomas
del Partido Popular están por la labor del diálogo constructivo, espero
señoría que usted también esté por esa labor. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA FRANCISCA MEDINA TEVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA
ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL SOBRE LOS CRITERIOS PARA
DETERMINAR LAS INTENSIDADES TANTO DE LOS SERVICIOS COMO DE LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LAS PERSONAS RECONOCIDAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA EN GRADO I? (Número de expediente 180/001264.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para su señoría. Para formularla tiene
la palabra doña Francisca Medina.
La señora MEDINA TEVA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la exposición de motivos de la Ley de atención a la
personas en situación de dependencia y promoción de su autonomía personal
dice que constituye uno de los principales retos de la política social de
los países desarrollados, entendiendo la política social como la entiende
el Gobierno socialista, es decir, como una inversión no como un gasto. Se
trataba de reconocer un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en nuestro
país mediante la creación de un sistema para la autonomía y atención a la
dependencia. Se trataba de un derecho que venía a sumarse a otros
derechos de gran calado social como en su día fueron el derecho a la
educación, el derecho a la asistencia sanitaria gratuita y universal y el
derecho a las pensiones. Todo ello, por cierto, puesto en marcha por un
Gobierno socialista. Después de tres años de la entrada en vigor de esta
ley, ha experimentado un importante avance en su desarrollo normativo, en
la cooperación con las comunidades autónomas y también en el alcance de
la cobertura del sistema. Precisamente, dadas las competencias de las
comunidades autónomas en materia de servicios sociales, la ley requiere
de un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes e
instituciones públicas, por lo que la coordinación y cooperación con las
comunidades autónomas es el elemento clave para garantizar el éxito en el
desarrollo de esta ley. Sin embargo y lamentablemente esto no es así,
señora ministra, y es que hay responsables políticos de determinadas
comunidades autónomas que no han asumido su responsabilidad sobre una
política que acordamos entre todos. Durante lo que llevamos de 2010, mi
comunidad, Andalucía, ha incorporado al sistema de dependencia el doble
de personas que la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, y ha
doblado también el número de prestaciones concedidas. ¿Cuál es la
diferencia? Que hay un gobierno socialista comprometido con el desarrollo
de esta ley y otros, sin embargo,
solo quieren paralizarla. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres,
ocupa la Presidencia.)
Por eso, señora ministra, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos
felicitarla, porque apenas unos días después de incorporarse a su nueva
responsabilidad ha conseguido en la última reunión del consejo
interterritorial un acuerdo con las comunidades autónomas para dar un
nuevo impulso a esta ley. Por ello le preguntamos, qué balance hace
precisamente de ese acuerdo alcanzado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Medina.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, este es el Gobierno que otorgó el nuevo derecho, que impulsó la
ley y que garantizó las prestaciones. Precisamente por eso tengo que
hacer un balance positivo del consejo interterritorial, porque va a
permitir cumplir con el calendario de aplicación de la ley garantizando
que las personas que tienen una dependencia en grado I nivel 2 puedan
recibir la prestación o un servicio desde enero del año que viene. Soy
muy consciente de que este avance requiere un enorme esfuerzo por parte
del Estado y por parte de las comunidades autónomas, y quiero poner en
valor esa apuesta conjunta y compartida que estamos haciendo entre todos
y todas. El acuerdo supone un avance enorme para la configuración del
sistema de autonomía y atención a la dependencia, por muchos motivos:
como ya he señalado, por la incorporación de las personas en situación de
dependencia moderada -aproximadamente 128.000-, por el desarrollo del
servicio de promoción de la autonomía dirigido a la atención y a la
prevención para evitar su evolución a dependencias más graves -algo que
me parece muy importante-, por el desarrollo de un catálogo de servicios
compatible con la permanencia de los dependientes moderados en su
domicilio, pero también por avanzar en el carácter excepcional de las
prestaciones económicas, tal como señalaba la ley. Por eso seguimos
cumpliendo con la ley. Su prescripción, como sabe, está sujeta a la
convivencia de la persona cuidadora en el mismo domicilio que la persona
dependiente y que tenga condiciones adecuadas para realizar los
cuidados.
En definitiva, señoría, esta ley, sin duda joven, garantiza hoy cuidados a
más de 636.000 personas en situación de dependencia, y permite mantener y
crear empleo en el sector de los servicios sociales en un momento
tremendamente difícil para nuestro país. El desarrollo del sistema es uno
de los mejores logros, en mi opinión, del Estado del bienestar. Debemos
estar por tanto satisfechos y la satisfacción debe ser compartida porque
el esfuerzo lo es. Pero quiero acabar diciendo que todavía hay muchas
personas sin atender, soy muy consciente de ello, y quiero expresar mi
firme compromiso en seguir avanzando hasta alcanzar los resultados
deseados y decirles a esas personas que son el mejor estímulo para que
sigamos trabajando y poder atenderlas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
ministra.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS
QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO ANTE EL RÁPIDO INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DE
POBREZA EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000218.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto II del
orden del día: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a las medidas que adoptará el Gobierno
ante el rápido incremento de los índices de pobreza en España.
Para formular la interpelación en nombre de su grupo, tiene la palabra la
señora Guaita Vañó.
La señora GUAITA VAÑÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, enhorabuena y bienvenida. Señorías, hoy el Grupo
Parlamentario Popular trae a esta Cámara una interpelación por nueve
millones de razones; sí, señorías, más de 9 millones de personas que
viven bajo el umbral de la pobreza en España. La grave situación de
crisis económica y de desempleo ha hecho de la pobreza y la exclusión
social una realidad patente en nuestro país. Los efectos de la crisis
económica -esa que no era tal- nos han llevado a una crisis social justo
en un año que Europa dedica a la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Por primera vez en las últimas cuatro décadas ni la desigualdad
ni las situaciones de pobreza se han reducido; ello ha supuesto una
ruptura en las tendencias de acercamiento a los niveles medios europeos
pero la pobreza no surge de ninguna parte si no es fruto de decisiones
nuestras, de decisiones suyas que obviamente se demuestran erróneas. Que
una cuarta parte de los españoles viva bajo el umbral de la pobreza
significa que las promesas hechas a la sociedad española no se han
conseguido cumplir, que se ha hecho un perjuicio permanente a los
españoles que les ha impedido el progreso y el avance económico.
Señora ministra, según el documento de Cáritas que seguramente usted
conoce, Propuestas para unas políticas sociales 2010-2020, los dos
elementos que han desempeñado un papel crucial en la crisis social que
sufre España son, el incremento del paro y el modelo insuficiente de
protección social con el que contamos, cuestiones ambas que han tenido
graves repercusiones
sobre la población más vulnerable. El perfil de los nuevos pobres que
acuden a Cáritas son personas entre 20 y 40 años que han estado
trabajando y ahora se encuentran en situación de desempleo y no pueden
afrontar el pago de sus facturas; también acuden familias jóvenes con
hijos, mujeres solas con cargas familiares e inmigrantes; la mayoría de
estas personas nunca pensó que acudirían a Cáritas y sin embargo lo ha
tenido que hacer. Ante esto, el Gobierno del que usted forma parte ha
optado por una reforma del mercado laboral, un recorte en el presupuesto
para política social y por la congelación de las pensiones; una reforma
laboral que cuatro meses después se confirma que solo sirve para destruir
empleo, como ya les advertimos; hay menos contrataciones, no ha
conseguido reducir la temporalidad de los contratos y su medida estrella,
el nuevo contrato de fomento del empleo, no funciona. Del recorte
presupuestario qué decir; principalmente que el recorte en el gasto
afecta a la política de protección familiar, se elimina el cheque-bebé y
el permiso de paternidad, y las ayudas por hijo a cargo que reciben las
familias con menos ingresos y la red básica de servicios sociales ven
reducida su dotación; además, más de una tercera parte del dinero
destinado a ayudas para la vivienda se elimina, lo que supone un
gravísimo desplome del gasto social.
Señorías, cuando hablamos de pensiones no estamos hablando solo de las
pensiones de jubilación, hablamos de viudas, de huérfanos, de personas
con discapacidad. ¿Cuáles son, según usted, los sectores más débiles de
la sociedad, señora ministra? Decía usted el día 6 en Cáceres que la
situación requiere un cambio en las políticas sociales pero las palabras
deben venir acompañadas por hechos y por datos. Los datos son que tres de
cada diez españoles llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7,7 por
ciento de los hogares tienen retrasos en los pagos a la hora de abonar
gastos relacionados con la vivienda principal, además el 36,7 por ciento
de los hogares afirma que no tienen capacidad para afrontar gastos
imprevistos; también cabe señalar las 800.000 personas que han sido
atendidas en 2009 por Cáritas, el doble que en 2007, y los hechos son que
ustedes, el Gobierno socialista, han reducido las ayudas públicas para la
protección social. Usted forma parte de un Gobierno que ha hecho el mayor
recorte social de la democracia española y que además para tapar su
vergüenza ha provocado un recorte de los derechos políticos al vetar las
iniciativas de un grupo, el Grupo Parlamentario Popular, que lejos de
poner zancadillas ha querido aportar soluciones, arrimar el hombro y
trabajar para que los españoles vayamos por la senda del progreso
económico y social. Señora ministra, señorías, la situación económica
hace imprescindibles estas ayudas, la inversión económica en el sistema
de servicios sociales y en la atención a la dependencia tienen un
importante papel que cumplir en la dinamización de la economía. Las
personas en situación de vulnerabilidad como mayores, discapacitados y
niños, las personas con un empleo precario perdido a raíz de la crisis
son las personas que están sufriendo especialmente la coyuntura al perder
los asideros de una vida normalizada. Entre los problemas que se derivan
de ello destaca la desestructuración familiar e incluso los problemas
mentales al encontrarse en un callejón sin salida y con bajas
perspectivas de encontrar un empleo. Estamos hablando de personas,
señorías, de seres humanos que sufren por los suyos, por su dignidad y
por ellos mismos.
Señora ministra, como le decía, las ayudas son necesarias y son necesarias
porque cada vez más personas acuden a los servicios sociales de los
ayuntamientos, y estas personas acuden por cosas tan básicas como
alimentación, vivienda y gastos sanitarios. Cada vez se demanda más ropa,
medicinas, formación para el empleo, pañales, leche infantil, libros y
material escolar. Pero los servicios públicos no llegan a atender las
necesidades básicas de los ciudadanos más vulnerables y esto origina que
se derive en muchos casos a Cáritas o a las ONG próximas. Frente a esta
realidad, los expertos señalan que España debe alcanzar los niveles
medios de inversión de los países de la Unión Europea en servi-cios
sociales, ya que estamos a 7 puntos por debajo de ellos.
Señoría, hace ahora un año el Senado aprobó una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular por la que se instaba al Gobierno a elaborar un
plan estatal de inversión local para ayudas de emergencia social. La
puesta en marcha de este plan ya era urgente hace un año, pero hoy es
todavía más urgente porque cada vez hay más personas que dependen de
Cáritas o de otras instituciones para poder sobrevivir. Los entes locales
han venido realizando un esfuerzo considerable para dar cabida a las
demandas de la ciudadanía en todo lo que se refiere a políticas sociales,
articulando, a través de las llamadas ayudas de emergencia social, los
instrumentos necesarios para mitigar el impacto de la crisis. Este plan,
a fecha de hoy, sigue sin tener cabida en las políticas sociales de su
Gobierno que sigue sin dar respuesta, demostrando así su falta de
solidaridad con las personas que están pasándolo muy mal como
consecuencia del deterioro de la situación económica. Por otro lado, el
Plan nacional para la inclusión social 2008-2010 está a punto de
finalizar y desgraciadamente no se han cumplido sus objetivos, lo que
hace necesario elaborar un nuevo plan con objetivos claros y
alcanzables.
Señora ministra, usted decía el día en que se supo que iba a ocupar la
cartera del Ministerio de Sanidad y Política Social que hay una hoja de
ruta y que van a dejarse la piel para cumplir con el programa electoral.
Le quiero recordar lo que decía su programa electoral. Entre otras cosas,
que iban a crear 2 millones de puestos de trabajo y solo en los dos
últimos años han destruido 1,8 millones; que iban a situar la tasa de
desempleo en torno al 7 por ciento y vamos por un 20,5 por ciento, con
4,5 millones de parados; que iban a mejorar las pensiones mínimas y las
han congelado todas; que iban a adoptar las medidas para facilitar la
compra y el alquiler de viviendas protegidas y han reducido en un 40 por
ciento las subvenciones
para este concepto; que iban a seguir mejorando el apoyo a las familias
con medidas como ampliar a cuatro semanas el permiso de paternidad,
permiso que se ha esfumado; que iban a reforzar las familias con menos
rentas o con mayor vulnerabilidad social y la consecuencia ha sido el
recorte de 500 a 291 euros anuales en las ayudas por hijo a cargo que
reciben las familias con menos ingresos; querían ampliar y desarrollar
nuevos servicios de la dependencia y por ello han reducido el presupuesto
en un 5,2; y también iban a luchar contra la pobreza y la exclusión
social, lucha que nos ha llevado a que desde 2007 el número de pobres
haya aumentado en un millón.
Señora ministra, ¿esta es su hoja de ruta? ¿Esta es su apuesta clara y
decidida por defender el Estado del bienestar en España? ¿Es esto lo que
se merecen quienes peor lo están pasando? Señorías, ¿no creen ustedes que
en lugar de negar la realidad, de esperar a que esto vaya a mejor, a ver
si nos libramos del fracaso, es mejor desarrollar políticas de empleo,
proteger a pensionistas, jóvenes, parados, pymes, autónomos y familias,
disminuir los impuestos para los que crean empleo y garantizar el poder
adquisitivo de las pensiones e incrementar las inversiones? Señora
ministra, desde el Grupo Parlamentario Popular esperamos que su respuesta
no sea más de lo mismo, esperamos que haya perdido los papeles de esa
hoja de ruta y que dé respuesta a esas 9 millones de personas que están
esperando a que tome medidas. Le quedan dieciséis meses para cambiar de
tendencia, porque si no lo hace lo haremos nosotros y, como ya
demostramos, lo haremos bien.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Guaita.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, tiene entre sus
prioridades la lucha contra la pobreza y prueba de ello es el número tan
importante de medidas que hemos llevado a cabo y que a lo largo de la
intervención mencionaré. Es cierto que la coyuntura económica ha
incrementado el número de personas en situación de vulnerabilidad social
y ha aumentado el riesgo de exclusión, pero también es igualmente cierto
-deberíamos decirlo- que las medidas de actuaciones adoptadas en estos
últimos años no solamente nos han permitido fortalecer y avanzar en
nuestro Estado del bienestar, sino que además nos ha permitido afrontar
situaciones económicas difíciles como la actual en mejores condiciones;
por tanto, más riesgos y más retos sí, pero también más instrumentos y
más cobertura social.
¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando cogemos algunos datos, incluso
del informe indicado en su exposición y en algunas preguntas que me hizo
su compañera la semana pasada, vemos que desde el año 2003 hemos ido
incrementando nuestra renta per cápita, reduciendo nuestra distancia con
países como Reino Unido -en 8 puntos- o Francia -en 7 puntos-, y a pesar
de la crisis y de la caída del PIB hemos consolidado nuestra posición de
mejora de estos últimos años en 2009. Si vamos al índice de desarrollo
humano, vemos que seguimos mejorando nuestra posición superando a Italia,
a Reino Unido y a Portugal. Además, los datos de Eurostat sobre gasto
social indican que la media de la Unión Europea destinada a protección de
las familias es del 8,1 por ciento del gasto social y del 2,1 del
producto interior bruto. Pues bien, en España en el año 2004 cuando
llegamos al Gobierno -quiero recordárselo, señoría- estaba en el 5,3 por
ciento del gasto social y en el uno por ciento del producto interior
bruto. Según los últimos datos europeos nuestro país se sitúa ahora en
plena crisis económica en el 5,8 del gasto social destinado a las
políticas para las familias, lo que supone un 1,5 por ciento del producto
interior bruto. Esto quiere decir que hemos aumentado medio punto en los
últimos cinco años pese a las dificultades económicas, después de varios
gobiernos del Partido Popular que en plena expansión económica no habían
aumentado estas ayudas. Por tanto, hemos mejorado sensiblemente en los
últimos años las rentas de las familias con menos ingresos y se ha
reducido la pobreza de los mayores con los incrementos anuales del
salario mínimo interprofesional y con el mantenimiento de la política de
revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas.
Señoría, ha dicho en esta tribuna algo que no es cierto y lo quiero
rectificar porque hay que hablar con rigor. Usted ha dicho que hemos
congelado todas las pensiones. Señoría, los pensionistas de este país,
especialmente los que tienen una pensión más baja y también las viudas de
este país, de las que se acuerdan ahora que están en la oposición, saben
mejor que nadie cuál ha sido el Gobierno que año tras año -incluso en
este año de crisis económica- ha aumentado su pensión. Además, todos y
todas deberíamos alegrarnos de algunos buenos resultados que hemos
obtenido, especialmente de aquellos que han tenido que ver con la mejora
de la situación y la calidad de vida de las personas mayores. Los últimos
datos de la encuesta de condiciones de vida sobre la tasa general de
riesgo de pobreza constatan una mejora en 5 puntos para los mayores de 65
años entre el año 2005 y el año 2010, y si se tiene en cuenta la
imputación del alquiler de la vivienda esa tasa también ha disminuido en
casi 2 puntos. Por tanto, hemos trabajado para que nuestra economía se
recuperara cuanto antes y hemos querido hacerlo sin dejar a nadie atrás.
Por eso hemos hecho un especial esfuerzo para paliar los efectos más
negativos que pudieran afectar a las familias, y a lo largo de este
tiempo hemos ido adoptando medidas dirigidas a las personas más afectadas
por las situaciones de vulnerabilidad social con un claro enfoque
redistributivo para poder afrontar las dificultades económicas
incrementando
la renta familiar, facilitando el pago de las hipotecas o atendiendo
especialmente a las familias afectadas por el desempleo.
En los últimos años, señoría, se ha producido además un incremento muy
significativo de los niveles de protección económica a las familias con
nuevas prestaciones: el permiso de paternidad -del que no ha hablado-, el
permiso por riesgo durante la lactancia, la mejora de los importes de las
prestaciones familiares por hijo a cargo menor de 3 años o menor de 18
años discapacitado, así como con un incremento en materia de becas. En la
actualidad el Gobierno considera que uno de los problemas más acuciantes
del panorama nacional para ayudar a salir de la pobreza y mejorar los
niveles de vida y la exclusión social, es la necesidad de elevación de la
tasa de empleo -en eso también estamos de acuerdo- y, más en concreto, la
intensidad en el empleo de los hogares. En consecuencia, es necesaria la
adopción de medidas que incrementen la renta de los hogares con miembros
en edad de trabajar. Por ello precisamente aprobamos la última reforma
del mercado de trabajo, que no contó con su apoyo y sus propuestas, que
tiene como objetivo esencial contribuir a la reducción del desempleo y a
la temporalidad e incrementar la productividad de la economía española.
Además, como decía hoy el ministro, queremos reformar las políticas
activas de empleo que dependen de las comunidades autónomas para mejorar
la empleabilidad. En definitiva, el principal reto que tenemos es
desarrollar y progresar en una política de servicios destinada a la
población trabajadora, centrada especialmente en el cuidado de la
atención a la primera infancia y a las personas en situación de
dependencia, que facilite la cobertura de una de las principales
necesidades familiares y que, en definitiva, contribuya a la conciliación
de la vida laboral y familiar.
Por otra parte y teniendo presentes las proyecciones demográficas, de cara
al proceso de envejecimiento de la población tenemos que continuar con
políticas de modernización y adecuación del sistema de pensiones,
dedicando especial atención a las pensiones mínimas que, reitero, vuelven
a aumentar el año que viene, a pesar de la crisis económica. De la misma
forma, la carrera de cotización a la Seguridad Social más larga de las
mujeres y su mayor participación en el mercado de trabajo, que en la
próxima década pasará a la jubilación, permitirá la reducción
significativa de la pobreza de las personas mayores.
Además de las dificultades de que hemos hablado, usted ha hablado también
de las dificultades de acceso a la vivienda. Quiero recordarle el actual
Plan estatal de vivienda y rehabilitación, que va a continuar priorizando
el impulso a la vivienda de alquiler, especialmente para los jóvenes, así
como la adopción de medidas de rehabilitación de áreas y zonas degradas,
incluyendo la erradicación del chabolismo, donde se concentra la mayor
parte de la población en situación de vulnerabilidad social. Incluso en
la fase actual de la crisis de consolidación fiscal, los presupuestos
para el año que viene, esos que ustedes critican, prevén que el 58 por
ciento del gasto se destine a mantener las políticas sociales y a
preservar la cohesión social, lo que indica claramente el compromiso
firme de este Gobierno con los más vulnerables. De este modo, a finales
de abril del próximo año se va a presentar nuestra propuesta para la
década en relación con la estrategia 2020 de la Unión Europea. En ese
marco se elaborará el próximo plan nacional de acción para la inclusión
social, que contará nuevamente con la participación de todos los actores
implicados.
Como ve, señoría, son momentos difíciles, momentos de riesgo y de retos,
pero también de un Estado del bienestar sólido, el que hemos aumentado y
fortalecido especialmente en los últimos años; son momentos de
prestaciones sociales, que están garantizando que nadie se quede en la
cuneta, y son momentos también para la colaboración, para el diálogo
político constructivo, para sumar esfuerzos, porque de eso se
beneficiarán los ciudadanos. No voy a perder ni un solo minuto, ni un
solo segundo en decir lo que recogía su programa electoral respecto a las
previsiones económicas -lo recordaba hoy la vicepresidenta- porque no
acertaron, como no acertó ninguna organización internacional, lo
importante es saber que hoy, a pesar de las dificultades, España tiene un
robusto Estado del bienestar que queremos seguir fortaleciendo. La
pregunta es, después de las declaraciones que hemos escuchado, si ustedes
también lo quieren así. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
ministra.
Señora Guaita, su turno de réplica.
La señora GUAITA VAÑÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora Pajín, quería darle un voto de confianza, pero veo que no ha
cambiado el chip de secretaria de organización del PSOE por el chip de
ministra. El tema que estamos tratando es un tema tremendo porque afecta
a las personas y parece que no vaya consigo. Este tema merece el máximo
respeto, en primer lugar por los 9.000.000 de personas afectadas y en
segundo lugar por las personas que estamos hoy aquí, por lo que
representamos los que estamos hoy aquí. Merecemos que no nos mienta, que
nos responda y merecemos soluciones.
No puede decir, señora Pajín, que los españoles viven mejor ahora que en
2004. Su madre es concejala en un pueblo, pregúntele a ella o a
cualquiera de los concejales socialistas de servicios sociales con qué
cara van cada día al ayuntamiento, lo que encuentran cuando llegan o
incluso las personas que van a buscarles a sus casas. Pregúnteles.
Pregunte a cada una del millón de personas que no perciben ni un solo
euro, personas que ustedes han dejado en la cuneta. Pregúnteles si, como
usted dice, ahora estamos mejor que hace ocho años. Un día, cuando vaya a
Blanquerías, deténgase en la Casa de la Caridad valenciana y pregúnteles
a las madres que esperan un
plato caliente para sus hijos, pregúnteles a las decenas de personas que
hacen cola para llevarse un poco de comida a la boca, pregúnteles a ellas
si están mejor que en 2004. Parece que sus datos no coinciden con los
míos, ni con los del INE, ni con los de Cáritas, ni con los de los
ayuntamientos, ni con los de las ONG. Dice, con voz convencida, que hoy,
gracias al PSOE, los hogares se enfrentan a la crisis con esperanza por
el Estado del bienestar que ha creado este Gobierno. La verdad es que el
21 por ciento de los españoles supera el umbral de la pobreza frente al
19,8 de 2004, cuando ustedes llegaron al Gobierno. ¿Miente usted a
sabiendas o miente el INE? ¿O miente Caritas? ¿O mienten las ONG? Uno de
cada tres hogares es pobre hoy; en 2004 era uno de cada cinco. Dice usted
que los jubilados están mejor ahora, cuando su Gobierno pasará a la
historia por ser el primero en congelar las pensiones. Zapatero dice que
sus gobiernos han dado riqueza cuando lo cierto es que hoy somos más
pobres, en España hay más paro que en Europa, y su Gobierno no era
alguien que pasaba por allí sino el que ha dirigido nuestros destinos
desde entonces. Se nos ha acusado en esta Cámara de tener la imagen de un
partido antisocial. Señora ministra, señorías, antisocial es retirar las
ayudas al alquiler en plena crisis, dejar a cuatro de cada diez jóvenes
en el paro y quitarles el dinero a los pensionistas para pagar la deuda
de los despilfarros de este Gobierno. Antisocial es subir el IVA a todos
los españoles, perjudicando más a los que menos tienen; recortar el
sueldo a los trabajadores públicos, y congelar las pensiones
empobreciendo a los pensionistas. Antisocial es eliminar las ayudas a la
vivienda, suprimir el cheque bebé y la ampliación del permiso de
paternidad. Antisocial es suprimir la ayuda de 400 euros después de
afirmar que era una medida permanente en el tiempo. ¿Y saben cuál es la
peor de las políticas antisociales? La destrucción del empleo.
Señorías, el Partido Popular, contrariamente a lo que ustedes van diciendo
por ahí, no va a privatizar los servicios sociales en ningún caso, nadie
tendrá que pagar por servicios sociales estratégicos, que seguirán siendo
universales y gratuitos, como hasta ahora. El Partido Popular lo único
que quiere es crear empleo, facilitar la labor de nuestras pequeñas y
medianas empresas y garantizar el Estado del bienestar, que hoy se ha
puesto en cuestión por la política de su Gobierno. Queremos hacer
efectiva la integración de las personas en riesgo de exclusión; hacer
efectivo el derecho al trabajo de las mismas y garantizar una protección
específica a las familias; ajustar la política educativa a las
necesidades, previniendo el fracaso escolar y el abandono temprano del
sistema; reducir el impacto de la desigualdad y la discriminación;
establecer un sistema de servicios sociales como un sistema básico del
Estado del bienestar, no reducido solo a las prestaciones y subvenciones.
Señora ministra, antisocial es un recorte del 12 por ciento en el plan
concertado -prestaciones básicas de servicios sociales-, que determina el
dinero que reciben los ayuntamientos para las ayudas sociales, una
partida que nace de un pacto estatal firmado entre el ministerio y todas
las comunidades autónomas, que tiene ya veintidós años de trayectoria y
que con esta decisión está poniendo en peligro. Los 11,5 millones de
euros que han recortado supondrán que casi un millón de horas del
servicio de ayuda a domicilio dejarán de prestarse o que 1.000 plazas de
alojamiento para personas sin hogar o en situaciones de grave crisis de
convivencia, como la de las mujeres maltratadas, dejarán de existir.
Señora ministra, le exigimos que ponga fin...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Guaita ha acabado
su tiempo.
La señora GUAITA VAÑÓ: Termino ya.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Termine porque...
La señora GUAITA VAÑÓ: Le exigimos que ponga fin a este despropósito.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone, señora Guaita, le
estoy hablando.
La señora GUAITA VAÑÓ: Si lo hace...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Guaita, le estoy
hablando. Tiene usted que saber que el tiempo en interpelaciones se mide
exactamente igual que en las preguntas. Por lo tanto, cuando le digo que
ha terminado su tiempo tiene usted que terminar.
La señora GUAITA VAÑÓ: Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Guaita.
Señora ministra, su turno de dúplica.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, usted ha apelado a un informe -el informe del INE- pero ha
apelado solo a los datos que le interesan. Nada que decir de la reducción
de la pobreza de los mayores y nada que decir tampoco de que la evolución
de todos los indicadores de edades, tanto de los menores de 16, de 16 a
64 e incluso de más de 65, teniendo en cuenta incluso el año 2009, el año
de grave crisis económica, es mejor que la que existía cuando ustedes
gobernaban. Y eso -ese dato- no lo dice la ministra, lo dice el estudio
que usted utiliza para hacer esta interpelación. Por eso dije la semana
pasada que esos indicadores denotaban mejora, no porque yo tuviera una
declaración subjetiva. (Aplausos.) Pero lo que más significativo me
resulta es que durante todos los años de gobierno del Partido Popular,
esto es, entre los años 1996
y 2004, España no abandonó en ningún momento el último lugar de la Unión
Europea en los indicadores de protección económica a las familias y
apenas se produjeron mejoras en materia de prestaciones que ahora
reclaman, incluso en épocas de expansión y de bonanza económica. Es
curioso, señoría. Pero por si esto no fuera poco, hace tan solo unos días
hemos podido conocer algunas de sus intenciones, por fin, sobre el futuro
de nuestro país, sobre el futuro de los derechos sociales y civiles en el
caso de que ustedes gobernaran. Pues el modelo de David Cameron, que es
el que inspira a su presidente -dice que le gusta porque genera
confianza-, es un modelo que dedica un 19 por ciento menos de presupuesto
a servicios públicos como la sanidad o como la educación y que reduce las
ayudas a menores y a familias. Esta es su hoja de ruta, la de los papeles
que no quiere perder. Allí donde ustedes apuestan por recorte de ayudas
sociales o menos presupuesto para los servicios públicos, nosotros
apostamos por más gasto social, más derechos y mejores servicios
públicos.
Le voy a decir algunas de las cosas que sí ha hecho este Gobierno para
apoyar a las familias españolas. Con el Plan Educa3 y el esfuerzo de las
comunidades autónomas -unas más que otras- hemos conseguido alcanzar una
tasa del 34 por ciento para menores de 3 años, cuando en el año 2004
apenas alcanzaba el 20 por ciento. No sé si le parece importante. Hemos
puesto en marcha la Ley de la Dependencia, con más de 5.000 millones de
inversión y más de 635.000 personas atendidas. Hemos mejorado la
protección de las familias numerosas con la ampliación del permiso de
paternidad hasta veinte días, beneficios específicos en el Plan de
vivienda y rehabilitación o el bono social. Y eso que somos el Gobierno
antifamilia. Hemos apoyado a las familias monoparentales con la
prestación de 1.000 euros adicionales a los 2.500, que se mantendrá
además a partir del año 2011. Incremento de la duración del subsidio de
maternidad no contributivo en catorce días más de los cuarenta y dos
previstos. Incremento también de las subvenciones para programas sociales
y medidas específicas en el Plan de vivienda. Y respecto al apoyo a los
servicios sociales de los ayuntamientos, de los que usted ahora habla -me
hubiera gustado que se acordaran de aquello cuando eliminaron el IAE y
ahogaron a los ayuntamientos-, le voy a decir algo. En el Fondo estatal
para el empleo y la sostenibilidad local, incluido en el PlanE que tanto
han criticado, se han destinado 737 millones de euros para iniciativas de
políticas sociales, de los que casi 300 millones son para programas
destinados a inclusión social y han dado cobertura a más de un millón de
personas, quiero recordárselo. Pero además presentaremos el próximo año
nuestra propuesta en relación con la estrategia 2020 de la Unión Europea,
y lo vamos a hacer con todas la ONG y con todas las instituciones. Le
invito a usted a ser también constructiva, no solo crítica en este
debate. Este año se repartirán en total 264 millones de euros, gracias al
compromiso de los ciudadanos y ciudadanas que marcaron en su declaración
de la renta la casilla Otros fines sociales. El ministerio distribuirá
205 millones, la cantidad más alta de la historia, y ya estamos en el
0,7. Eso, señorías, lo ha hecho este Gobierno. Y cuando usted habla de la
encomiable labor que hacen las organizaciones sociales, no debería nunca
olvidar que la hacen gracias al aumento de las partidas que este Gobierno
está distribuyendo. (Aplausos.)
Señoría, en definitiva, no nos conformamos, no debemos hacerlo, y vamos a
seguir trabajando en la agenda social. Esperamos contar con su ayuda, con
sus ideas, que nunca conocemos, y sobre todo con su actitud constructiva,
porque entre otras cosas la demagogia no sirve a nadie para salir de la
pobreza ni para salir adelante. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PAPEL QUE EL GOBIERNO DE
ESPAÑA ESTÁ DESEMPEÑANDO RESPECTO A LA DRAMÁTICA SITUACIÓN QUE PADECE EL
SÁHARA OCCIDENTAL. (Número de expediente 172/000217.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el papel que el Gobierno de
España está desempeñando respecto a la dramática situación que padece el
Sáhara Occidental. Para formular la interpelación en nombre de su grupo
tiene la palabra la señora Buenaventura Puig.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta. Señor ministro,
en primer lugar, enhorabuena por su nombramiento.
Señorías, las últimas noticias que nos llegan del Sáhara ocupado son
claras. El martes aparecía en los periódicos: Marruecos incendia el
Sáhara. Hoy continúan: Marruecos aísla El Aaiún y permite los saqueos. Lo
que empezó como una manifestación pacífica de los ciudadanos saharauis
para evidenciar que sus ciudades y pueblos están totalmente tomados por
los marroquís en lo relativo al trabajo, al comercio, la vivienda y los
servicios, privando a los saharauis de dichos derechos a pesar del
expolio permanente de los recursos naturales, ha acabado como ellos
mismos temían: en una masacre. Después de la salvaje intervención por
parte del ejército marroquí en la ciudad de El Aaiún, de la brutalidad
con la que han actuado para desalojar del campamento de Agdaym Izik y de
la situación actual en las calles de la ciudad, el Gobierno español no
puede quedarse con los brazos cruzados. Contra el bloqueo informativo y
contra los intentos del Gobierno marroquí de silenciar la voz de los
saharauis y esconder las barbaridades que las autoridades marroquís están
llevando a cabo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, el
Gobierno español debe asumir su responsabilidad. Hasta el día de hoy el
Gobierno español se ha limitado a llamar a la calma. La ministra de
Asuntos Exteriores se ha apresurado a aclarar que este no es un conflicto
entre España y Marruecos, sino de toda la comunidad internacional, y ha
solicitado a la ONU que haga algún tipo de pronunciamiento y que el
Consejo de Seguridad actúe. Por su parte, el ministro de la Presidencia
también nos ha dejado claro que España juega un papel muy limitado,
secundario, pero a día de hoy ningún representante del Gobierno ha
condenado el uso de la fuerza por Rabat. Señorías, ¿qué más tiene que
pasar?
En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya creemos que es necesario decir
basta ya. Basta ya de poner en la misma balanza a agresores y agredidos.
Marruecos ha reventado conscientemente las negociaciones de Nueva York,
perdiendo por ello toda la credibilidad en su apuesta por hallar una
salida realista en su proyecto de autonomía. Como ciudadana, y ahora
también como diputada, siento -la verdad- vergüenza ante la actitud de
nuestro Gobierno que apela constantemente a la intervención de la ONU.
¿Cuándo van a dar la cara? ¿Seguiremos tragando con las mentiras de
Marruecos y con las agresiones a nuestros conciudadanos y periodistas?
España no puede mantenerse imparcial ante esta situación. Nuestro Estado
es históricamente responsable y nosotros, como españoles y españolas,
tenemos el deber de exigir a nuestro Gobierno el cumplimiento de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales. España no puede
mantenerse imparcial y debe recoger el sentimiento mayoritario del pueblo
español. Así lo expresa últimamente la recogida de firmas entregadas al
presidente del Gobierno hace unas semanas por un colectivo de
intelectuales y artistas, más de 300. 000 firmas. Hoy contamos aquí con
la presencia -que quiero agradecer- de un representante de este
colectivo, doña Pilar Bardem, a quien agradezco que nos acompañe hoy
aquí. Decía que no puede mantenerse imparcial el Estado español, y
habiendo transcurrido más de tres décadas sin que el conflicto del Sáhara
Occidental se haya resuelto, la celebración de un referéndum de
autodeterminación en la antigua colonia española es la única forma de
zanjar este anacrónico problema de descolonización. Creemos que la
estabilidad en el norte de África y el Mediterráneo depende
fundamentalmente de la paz y que esta solo será posible cuando el pueblo
saharaui haya podido ejercer libremente su derecho inalienable a la
autodeterminación.
Como ustedes bien saben, hace treinta y cinco años, tras la Marcha Verde
de ocupación del Sáhara por Marruecos, España firmó un acuerdo tripartito
con los Estados marroquí y mauritano por el que España renunciaba al
Sáhara y cedía su administración a Mauritania y a Marruecos. Atrás
quedaban las promesas de autodeterminación hechas a la población
saharaui; se consumaba la historia de una traición y daba comienzo el
exilio de un pueblo que hoy todavía perdura. Durante este tiempo
Marruecos lleva prometiendo la celebración de un referéndum, presionado
por la ONU, lo que nunca ha llegado a cumplir. Mientras, el Estado
marroquí ha ocupado sus territorios, torturando y marginando a los
saharauis, expulsándoles de su tierra y explotando sus recursos de manera
ilegal. La pasividad de España ante este conflicto ha sido vergonzosa,
indignante e injusta. Durante todo este tiempo todos los gobiernos
democráticos han dado la espalda al pueblo saharaui, incluso después de
las falsas promesas. Es cierto que lo que motiva esta interpelación es
denunciar los hechos de extrema gravedad de los últimos días, después del
desalojo del campamento llamado Campamento de la Dignidad, pero también
saben los miembros del Gobierno y sus señorías que la reivindicación del
Sáhara es una cuestión política capital para este grupo que represento y
un emblema del doble rasero de la política exterior española a lo largo
de los años. La vulneración de los derechos humanos por parte de
Marruecos en el Sáhara ocupado es reiterada e insistente. Hace poco era
noticia el caso de la activista en huelga de hambre Aminatou Haidar.
También fue noticia el grupo de activistas agredidos en El Aaiún a
principios de octubre, entre los que se encontraba un conocido actor
español. Semanas antes, el pasado 28 de agosto, fueron detenidos en El
Aaiún catorce ciudadanos españoles por manifestarse a favor de los
derechos humanos y contra la ocupación del Sáhara, que también
denunciaron agresiones. Y podríamos seguir y seguir.
Señorías, el Gobierno tuvo la oportunidad durante la Presidencia española
de la Unión Europea de liderar este cambio, de establecerlo como
prioridad política, asumiendo un papel central a favor de una solución al
conflicto del Sáhara Occidental, conforme a la legalidad internacional y
a las múltiples resoluciones de Naciones Unidas que abogan por el respeto
al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación. Los
saharauis son un pueblo que, con todo derecho, aspira a ser soberano de
su propio territorio, en el marco del principio de la descolonización y
de la libre determinación de los pueblos, amparado por el derecho
internacional. Debido a la torpe e irresponsable gestión de España en
este proceso, hoy se ven abocados al ostracismo, a vivir a la espera en
los campamentos de refugiados, uno de los territorios más inhóspitos del
mundo y a vivir sumergidos en la total desesperanza. No aceptamos la
autonomía del Sáhara como solución al conflicto, sino que defendemos el
derecho de los saharauis a decidir su futuro en un referéndum de
autodeterminación.
Por todo esto exigimos al Gobierno y a la nueva ministra un cambio de
postura en el conflicto saharaui. Primero, denunciar la violación
sistemática de los derechos humanos en los territorios del Sáhara
Occidental ocupados por el Reino de Marruecos. Segundo, intensificar y
profundizar las relaciones con el Frente Polisario, legítimo
representante del pueblo saharaui. Tercero, coordinar las acciones
necesarias con el fin de culminar
el proceso de descolonización del Sáhara Occidental a través de la
convocatoria de un referéndum de autodeterminación que incluya la
independencia, de acuerdo con la legalidad internacional y las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, reconocer
formalmente a la República Árabe Saharaui Democrática e impulsar el
reconocimiento internacional de la misma. Quinto, presionar a la Unión
Europea para el cese de los acuerdos pesqueros con Marruecos y que deje
de ser partícipe de la explotación ilegal de esos recursos. Por último,
explícitamente pedimos la condena del desalojo violento del campamento en
la madrugada del lunes por parte del Gobierno de Marruecos y el
desmentido formal en sede parlamentaria, si es cierto, de que el Gobierno
de España estaba informado desde el viernes de la semana pasada de la
intención del Gobierno de Marruecos de desmantelar el Campamento de la
Dignidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Buenaventura.
Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de la
Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, voy a dar respuesta a la interpelación que usted me plantea,
iniciando mi intervención dando respuesta a su último requerimiento.
También he dicho en la sesión de control, respondiendo a una pregunta del
diputado del Partido Nacionalista Vasco, que el Gobierno no ha tenido en
ningún caso ninguna información previa a la actuación de Marruecos en el
campamento de El Aaiún. Más claro no lo puedo decir; podría decirlo más
alto. Quiero desmentir esa información porque es rotundamente falsa. No
puedo compartir una interpretación como la que usted ha hecho en relación
con estos hechos que, en mi opinión, está cargada de adjetivos y de
afirmaciones que quizá pueda hacer usted, señoría, pero que yo, en nombre
del Gobierno, ni puedo ni debo porque sería precipitado y establecería
una contundencia en las calificaciones que no debo ni puedo permitirme
sin conocer los hechos con la suficiente objetividad. Hay demasiada
confusión todavía. Obviamente, tenemos una impresión sobre la gravedad de
los acontecimientos que comparto con ustedes y que lamentamos
profundamente, especialmente en lo que se refiere a las víctimas
producidas por esos hechos, pero yo tengo que trasladarles la versión que
consta para el Gobierno hasta este momento, versión que ciertamente está
todavía bajo la necesaria transparencia de una información de la que no
disponemos plenamente. Es verdad que a principios de octubre ciudadanos
saharauis empezaron a levantar, y levantaron de hecho, un campamento en
las cercanías de El Aaiún. Me gustaría destacar en primer lugar,
señorías, que, en opinión del Gobierno, el levantamiento de este
campamento y la protesta que conllevaba no respondía al tradicional
conflicto del Sáhara Occidental, más bien, según la información que
tenemos, es que se trataba de una iniciativa para protestar por las
condiciones socioeconómicas de la población saharaui en esa ciudad, en
particular por la falta de trabajo y de vivienda. Había un movimiento que
creo que podemos calificar de espontáneo y de autónomo, obviamente con
una organización que surgía de unas condiciones que están produciéndose
sobre el transfondo de un conflicto claro que todos conocemos. Pero la
naturaleza iniciática del movimiento de protesta era más bien por la
circunstancia de que en esa y en otras ciudades del territorio del Sáhara
Occidental se está produciendo una acumulación de desempleo muy
importante -en algunas ocasiones dobla la media de Marruecos- y una
explosión demográfica, un crecimiento muy importante, que registra
aumentos de población de hasta un 60 ó 70 por ciento en algunas ciudades,
que va produciendo esa combinación de crecimiento demográfico, paro y
déficit habitacional. Es necesario situar el conflicto del campamento en
este origen y esa es precisamente mi primera respuesta, señoría: que
sobre las circunstancias que dieron lugar a este problema poco o nada
-más bien nada- tenía que hacer el Gobierno español.
Hay una segunda fase, cuando el movimiento va adquiriendo más amplitud, se
va acrecentando el campamento y el movimiento tiene además una imagen de
perdurabilidad. Es en ese momento cuando empieza a producirse alguna
conexión entre la razón inicial del campamento y el punto de conexión
clásico del conflicto de trasfondo que tiene la población saharaui en
esos territorios. Hay, además, circunstancias muy específicas que se han
puesto de manifiesto últimamente, como es el hecho de una cierta
diferencia de trato de la Administración marroquí respecto de los colonos
marroquíes en ese lugar, que produce a su vez una diferenciación de trato
que está quizá en el origen de este conflicto. Esto es lo que el Gobierno
está reconociendo, sabiendo que, por cierto, en ese momento las
autoridades marroquíes deciden mantener con los representantes del
campamento conversaciones y negociaciones. Al mismo tiempo cercan el
campamento, es verdad, las fuerzas de seguridad marroquíes, y aquí es
donde se produce un punto de inflexión que da una nueva perspectiva al
conflicto y al problema. Es el momento en el que se produce la muerte del
joven saharaui Nayem Elgarhi. Aquí se incorporan ya dos nuevos actores a
la situación, fundamentalmente el Frente Polisario, con sus llamadas a la
comunidad internacional para evitar un agravamiento de la situación y un
mayor número de víctimas, que es el recibimiento de la información
internacional, y por otra parte la concienciación de ciudadanos, ONG y
representantes políticos españoles, en muchos casos, que desean
solidarizarse con el fallecido y con los acampados, por lo que intentan
acceder a El Aaiún. En la primera fase de ese intento el Gobierno español
realiza negociaciones con el Gobierno marroquí para facilitar ese acceso,
y en la fase de la que he estado hablando hasta ese momento de hecho el
Gobierno facilitó la presencia de muchos medios españoles que
pudieron transmitirnos las imágenes y la realidad de ese campamento. Es
verdad que una vez que se produce la muerte del joven que he citado las
autoridades marroquíes restringen el acceso y tocan uno de esos elementos
que pueden someterse a discusión, pero no podemos olvidar que la admisión
en territorio forma parte de lo que se llama el núcleo duro de la
soberanía de un país, y ahí desgraciadamente nuestra capacidad de
intervención chocó con la negativa absoluta del Gobierno marroquí para
permitir el acceso de más medios.
El desenlace de este proceso, como ustedes saben, se produce el lunes día
8 de noviembre, ya lo hemos citado. La información es todavía, como he
dicho, demasiado confusa, pero en nombre del Gobierno yo tengo que
expresar nuestra profunda preocupación por los acontecimientos de enorme
gravedad que se han producido en el campamento y el llamamiento que el
Gobierno viene haciendo reiteradamente a todos, al Gobierno y a la
representación saharaui, para recuperar la normalidad en esa ciudad.
Hemos expresado también nuestra profunda condolencia por la pérdida de
vidas humanas, que todavía no conocemos exactamente cuántas son ni a qué
partes del conflicto corresponden, y hemos expresado nuestra más sincera
solidaridad con las víctimas y con sus familias. Reiteramos asimismo la
necesidad de esclarecer esta situación. Es imprescindible, como he dicho
esta mañana, que la transparencia proporcione verdad, y en ese sentido
nuestras conversaciones con el Gobierno marroquí han ido dirigidas
fundamentalmente, en primer lugar, a que la investigación de los hechos,
encargada al poder judicial marroquí, pueda establecer con claridad y con
garantías exactamente los niveles de responsabilidades producidas, y
trabajamos también insistentemente en estos mismos momentos para
conseguir que periodistas y medios de comunicación puedan ejercer el
derecho a la información, que, repito, es en esta ocasión, y siempre, el
ejercicio que permite el conocimiento de la verdad. El Gobierno va a
seguir realizando su tarea de protección y de asistencia consular a los
españoles en la zona y quiere señalar que a este respecto mantuvo una
reunión en pleno conflicto con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí
el día 3 de noviembre pasado, hace unos pocos días. Ya he dicho al
principio que nada ni nadie puede comunicar aquí que en esa reunión se
produjera ninguna información respecto a los hechos producidos
posteriormente. Lo que sí puedo decir es lo que el Gobierno español dijo
en esa ocasión y que es lo que constituye el eje de la posición del
Gobierno en esta materia. En primer lugar, expresó en nombre del Gobierno
al ministro de Asuntos Exteriores marroquí su pesar por la muerte de
Nayem El Garhi -que era el dato que conocíamos hasta esa fecha- y de
solidaridad y deseos de restablecimiento con los heridos. En segundo
lugar, la ministra de Exteriores española hizo una manifestación pública
al acabar el contacto -en la rueda de prensa- de que nuestro país
defiende una política de comunicación caracterizada por la transparencia
y el libre acceso de los medios de comunicación a los lugares de la
noticia, sin más limitaciones que el respeto a la normativa vigente. Esto
lo dijo la ministra en la reunión del día 3 de noviembre y también dijo
que seguíamos manteniendo gestiones diplomáticas y consulares para
garantizar la seguridad y en la medida de lo posible permitir la
realización de los objetivos de desplazamiento a El Aaiún de activistas,
periodistas y parlamentarios. Es verdad que con poco éxito, pero esta fue
la posición que expresó el Gobierno español en la reunión con el ministro
de exteriores marroquí. También reiteró el ejercicio de la protección y
asistencia consular, mediante la atención permanente y el acompañamiento
de proximidad cuando la situación y el dispositivo consular español de
Marruecos lo permitían, a los españoles. Insistió en la reiterada
posición española a favor de aumentar la cooperación con la población
saharaui, cooperación que el Gobierno de España viene manteniendo y
multiplicando por cuatro en los últimos seis años. Y por último reiteró
una vez más que las prioridades de la política exterior del Gobierno en
la zona en particular buscan la resolución del conflicto del Sáhara
Occidental en un marco de relaciones estratégicas de España con Marruecos
que ni podemos ni queremos olvidar, y que las prioridades de esa política
exigen el respeto a la vida humana, la libertad de expresión,
manifestación e información y la aceptación de los posicionamientos
políticos, sin más limitación que las vías pacíficas. En particular, el
Gobierno español reiteró la necesidad de dar legitimidad a las
aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental en relación con las
resoluciones de Naciones Unidas. Ahí estamos y ahí hemos estado siempre,
señora diputada, y esta ha sido la actuación del Gobierno en esta
materia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
Señora Buenaventura, su turno de réplica.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señor ministro, en primer lugar, agradecemos su relato casi periodístico
de los hechos. Por otra parte, nos extraña que no les preocupe la
opacidad del Gobierno marroquí en cuanto a explicar y a dejar que los
periodistas puedan estar allí en primera persona y así ver exactamente lo
que sucede. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Creemos que por
lo que hace referencia a la cuestión del Sáhara el Gobierno español no
está ejerciendo una diplomacia de los valores internacionales de los
derechos humanos sino una diplomacia solo de los intereses económicos.
Nuestro grupo no puede consentir que se utilice el Sáhara como moneda de
cambio para otros acuerdos. No lo podríamos consentir en general, pero
muchísimo menos lo podemos consentir con la responsabilidad que tenemos
como Estado español con una ex colonia nuestra. No podemos estar
expectantes de lo que sucede y decir a la ONU que cumpla las
resoluciones; esto sería lo mínimo, pero es muy poco.
Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad moral de mantener una
presencia activa en el Sáhara ocupado por el Reino de Marruecos y de
proponer una salida a esta situación que lleva treinta y cinco años de
desesperanza. No solo es la situación que están viviendo ahora en el
Sáhara ocupado -situación de descohesión social- sino que está ocurriendo
lo mismo que cuando se hizo el censo, es decir, se está produciendo una
invasión de marroquíes en la zona del Sáhara. Está ocurriendo exactamente
lo mismo, lo que crea enfrentamientos sociales, y es lo que está
sucediendo ahora también en el Sáhara ocupado. No debemos olvidar que hay
más de 150.000 saharauis en tierra de nadie, en el desierto, y ya son
muchas las generaciones que no tienen ninguna esperanza de poder vivir en
su tierra. Y ahí España -los gobiernos democráticos españoles- tiene su
responsabilidad. Los gobiernos democráticos -y más de un partido que se
reclama del socialismo- tienen su responsabilidad. No podemos olvidarlo,
y esto es lo que nosotros pedimos. No queremos equidistancia, que puede
llevar a pensar que es complicidad, y así lo empezamos a sentir un sector
de los españoles. Decía que no podemos utilizar el Sáhara como moneda de
cambio y pedimos una política muchísimo más activa del Gobierno español
en el Sáhara. No podemos quedarnos con la preocupación, lo que les
pedimos es condena de la actuación del Gobierno marroquí en el Campamento
de la Dignidad. Además de lo que decía anteriormente, pedimos mucho más
trabajo, influencia y presencia para una solución definitiva para el
pueblo saharaui.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura Puig.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Gracias, señor
presidente.
Señoría, para resumir, digamos que hay tres planos en los que ustedes
requieren del Gobierno una actuación más activa, por decirlo de esa
manera. El primero es el que se refiere a los hechos ocurridos estos
días. Puedo decirle que el Gobierno se mantiene en contacto permanente
con los acontecimientos, con nuestras autoridades allí, con el Gobierno
marroquí y también con nuestra interlocución con las representaciones del
pueblo saharaui, para intentar que las cosas vuelvan a la normalidad. No
se trata, en mi opinión, señoría, de que hagamos aquí una carrera por ver
quién es más rápido en condenar ni cuál es la indignación moral más
elevada, lo que sabemos, señoría, es suficientemente trágico como para
que lo lamentemos sin dudas y sin reservas. Pero no es bastante para
adentrarnos con detalle y fundamento en la cuestión de los causantes y de
las responsabilidades todavía. Llegará ese momento, y quiero decirle,
señoría, que lo que cabe y puede hacerse ahora por parte del Gobierno
para recuperar la normalidad y para devolver la transparencia, la
información, la investigación y, en su caso, las responsabilidades este
Gobierno lo está haciendo.
El segundo plano en el que usted sitúa la discusión es el debate de la
cooperación. Ahí quiero recordarle, señoría, que nosotros como país
estamos prestando en los últimos seis años una ayuda extraordinariamente
importante a la población saharaui, junto con una gran cantidad de
organismos, lo sé, pero la donación bilateral de ayuda oficial al
desarrollo al pueblo saharaui que España ha establecido está en este
momento en el entorno de 20 millones de euros, mientras que en el año
2003 esa ayuda no llegaba a 5 millones de euros, y está articulada en
torno a un objetivo principal, que es trasladar a esa población, que
malvive, es verdad, condiciones socioeconómicas de dignidad y de
supervivencia. Es este Gobierno el que ha abierto una oficina de
cooperación en los campamentos de Tinduf. Es este Gobierno el que ha
enviado dos secretarios de Estado, allí presentes. Es este Gobierno el
que ha llevado a la Unión Europea a que incluya en sus políticas de
cooperación el Sáhara Occidental como objetivo fundamental. Creo que en
ese terreno siempre se puede hacer más, pero es muy difícil criticar lo
que ha hecho este Gobierno en esa materia.
Por último, el tercer plano en el que situaría su crítica o su
reivindicación de actividad gubernamental es el que se refiere al
problema, digamos, principal, al del conflicto. Quiero decirle, señoría,
como dijo hace muy pocos días la ministra Trinidad Jiménez, que estamos
ante un asunto que incumbe a la comunidad internacional y de manera muy
especial a Naciones Unidas. No es equiparar posiciones de separación del
problema reivindicar que la comunidad internacional tiene la principal
responsabilidad de resolver este problema, es que fuera de ella no hay
solución, señorías. Quiero reivindicar que el Gobierno socialista de
Rodríguez Zapatero lleva haciendo por la intervención internacional en la
resolución del conflicto algo que jamás se ha hecho en este tiempo, por
ejemplo, recuperar el diálogo; hacía diez años que no había diálogo, y
quiero que ustedes sepan que ha sido este Gobierno, entre otros, el que
consiguió que Naciones Unidas nombrara un representante especial, que es
el que está pilotando las negociaciones en este momento y el que ha
permitido que durante el conflicto se hayan estado reuniendo, hasta ayer
por la noche, Polisario y Marruecos en la búsqueda de una solución justa
y durable, como dicen las resoluciones de Naciones Unidas. Las gestiones
de España para acercar a las partes y volver a la mesa de negociaciones
se han caracterizado por una presencia bilateral muy importante pero
también muy multilateral. Y somos, junto al grupo de amigos del Sáhara
Occidental -Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y España-, los
que hemos conseguido la renovación de la Minurso mediante las
correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Es ahí donde hay un arreglo. La solución no la tiene España de
manera unilateral, porque este acuerdo, la plasmación de esas
resoluciones de Naciones Unidas, requiere un acuerdo con Marruecos y con
el Frente Polisario, y Naciones Unidas está haciendo ese trabajo, es lo
que España está haciendo y es lo que yo
dignamente quiero reivindicar como actividad política internacional clave
en este conflicto del Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de la Presidencia.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL SECRETARIADO DE LA UNIÓN
POR EL MEDITERRÁNEO, HECHO EN MADRID EL 4 DE MAYO DE 2010. (Número de
expediente 110/000210.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Han
solicitado sus señorías la palabra para el acuerdo número 23, Acuerdo de
sede entre el Reino de España y el Secretariado de la Unión por el
Mediterráneo, hecho en Madrid el 4 de mayo de 2010. Tiene la palabra en
primer lugar don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente, señorías, pero creo que es digno de pedir la
palabra y hacer una breve mención en el punto 23 del orden del día el
hecho de que hoy el Pleno del Congreso de los Diputados va a ratificar
muy probablemente el Acuerdo de sede entre el Reino de España y el
Secretariado de la Unión por el Mediterráneo. Hoy se produce la
culminación jurídica de una larga negociación política que
afortunadamente ha culminado con este acuerdo de sede a favor de España y
de la ciudad de Barcelona. Les quiero recordar brevemente que desde que
el día 13 de julio del año 2008, bajo Presidencia francesa de la Unión
Europea, se acordó dar un nuevo impulso al proceso de Barcelona con la
nueva denominación y los nuevos objetivos de la Unión por el
Mediterráneo, hasta el día de hoy ha habido una larga lucha para
conseguir que sea Barcelona y no alguna otra capital mediterránea la sede
de la Unión por el Mediterráneo. Fue precisamente en Marsella, en la
reunión celebrada los días 3 y 4 de noviembre del año 2008, en el marco
de la Declaración de Marsella, otra notable ciudad mediterránea que quizá
también podría haber sido candidata a capital de esta sede, donde se
acordó que Barcelona acogería al Secretariado de la Unión por el
Mediterráneo. En fecha de hoy, el secretario general ya ha sido elegido,
es el diplomático jordano señor Masade, y también han sido elegidos los
secretarios generales adjuntos, entre los cuales hay un secretario
general adjunto israelí y otro palestino, en un marco de colaboración
importante, evidentemente, en un conflicto que directamente influye sobre
la Unión por el Mediterráneo. Es por esto, señor presidente, señorías,
por lo que creo que debemos poner de relieve la importancia de lo que hoy
aprobamos en cuanto a su personalidad jurídica, a la cooperación entre
las partes y la libre elección a la sede de la Unión por el Mediterráneo,
la inviolabilidad de sus cargos, etcétera.
Señorías, creo que este es un paso muy importante que se complementará en
los próximos días y en los próximos meses con la renovación de las
copresidencias que actualmente ocupan Francia y Egipto y a la cual por la
parte de la ribera norte del Mediterráneo, de esta unión de cuarenta y
tres Estados, aspira España y que también tendrá un nuevo impulso con los
seis grandes proyectos de integración regional, de integración social,
educativa y económica que persigue la Unión por el Mediterráneo. Hay
algunas voces que dicen que en la resolución del conflicto entre Israel y
Palestina es imposible la cooperación euromediterránea, y hay otras voces
que subrayan que precisamente trabajando en el ámbito de la integración
social, educativa y económica podremos también contribuir a la resolución
del conflicto entre Israel y Palestina. Este es el instrumento que tiene
la secretaría general con sede en Barcelona, y hoy nos tenemos que
congratular de su ratificación jurídica definitiva.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Francesc Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente.
Intervengo también brevemente en primer lugar para celebrar que este Pleno
del Congreso de los Diputados dedique algo de tiempo a la emergente Unión
para el Mediterráneo. Lo celebramos por la importancia que tiene apoyar y
trabajar para conseguir establecer sólidos puentes de colaboración entre
las dos riberas mediterráneas. Baste recordar que en ese pequeño espacio
geográfico se dan las mayores diferencias en el ámbito económico, en el
ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito religioso. Por tanto,
todo lo que sea hacer aportaciones para conseguir las mayores vías de
colaboración, de entendimiento y de progreso es también, sin ningún tipo
de dudas, una contribución a la estabilidad mundial. Hace quince días
hablamos ya de este asunto y aprobamos por unanimidad una iniciativa en
la Comisión de Asuntos Exteriores, y hoy ratificamos el acuerdo
internacional que fija a la ciudad de Barcelona como sede de su
secretariado internacional, si bien a efectos prácticos hace ya más de
ocho meses que viene operando tras un acto de inauguración en el que
pudimos estar presentes. También nos satisface ver que en la Avenida
Diagonal, frente al Palacio de Pedralbes, ondean las banderas de los más
de cuarenta países miembros. Aquí está el problema, ocho meses de
funcionamiento del
secretariado, más de dos años de funcionamiento de la Unión para el
Mediterráneo como tal, después de la reactivación que de la misma hizo el
presidente Sarkozy en la cumbre de París en el año 2008, pero con un
balance todavía muy pobre, un balance que, al margen de alguna
contribución en el ámbito sectorial, no ha podido profundizar, ir más
allá y conseguir un objetivo tangible en las siete grandes líneas de
colaboración. Es cierto que tiene problemas de financiación y es todavía
más cierto o causan mayor efecto los problemas políticos que esta unión
regional viene manteniendo. Sin ninguna duda -se ha hecho referencia a
ello aquí-, el conflicto israelo-palestino está marcando el devenir de
esta institución. Yo voy más allá y me atrevería a decir que la Unión
para el Mediterráneo hoy por hoy es esclava del conflicto
israelo-palestino. Es así, pero nosotros estamos convencidos de que no
debería ser así. Nosotros creemos que la Unión para el Mediterráneo no es
precisamente el foro en el que deben solucionarse los problemas entre
israelíes y palestinos. Por tanto, la Unión para el Mediterráneo debe
tener la posibilidad y la capacidad de desarrollar aquellas tareas de
colaboración que tiene encomendadas.
Hay mucho trabajo que hacer para desatascar el funcionamiento y para
desatascar los avances en el seno de esta organización internacional.
Creemos que España tiene mucho que ver y mucho que hacer. España, hay que
recordarlo, es promotora en cuanto al proceso de paz en Oriente Medio con
el proceso de Barcelona en el año 1995, pero, desgraciadamente, en los
últimos años ha ido perdiendo fuerza e influencia en todo lo que tiene
que ver con la política euromediterránea. Se perdió una gran oportunidad
en el semestre de la Presidencia europea que ostentó España. Se perdió
una gran oportunidad porque España, por su ubicación, por sus relaciones
y por su influencia, debería haber hecho algo más que anunciar
simplemente como uno de sus objetivos estrella la celebración de la
cumbre de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona en el mes de junio
pasado. Fueron muchas las voces del Gobierno que se vanagloriaron de este
objetivo diplomático y de relaciones internacionales, con el que nosotros
evidentemente sintonizábamos, pero luego vino la gran decepción. Luego
vimos cómo España no supo ejercer la diplomacia que tenía asignada para
esta cuestión y vimos cómo ni el hecho de ostentar la Presidencia del
semestre europeo provocó que finalmente la cumbre tuviera reunión en
Barcelona. Se argumentaron muchas excusas y no fue un adiós definitivo
sino que se dijo que se debía posponer al mes de noviembre. Estamos en el
mes de noviembre, en teoría debería celebrarse el 20 ó 21, insisto, de
este mes, pero son muchos los nubarrones que están dificultando que
finalmente nos reunamos, con lo cual estamos más cerca de un nuevo
fracaso de la política internacional española que de un acierto. En
cualquier caso, quiero ratificar el compromiso del Grupo Parlamentario
Popular con lo que representa la Unión para el Mediterráneo y la
satisfacción que nos produce -eso sí- que la sede de este estamento se
encuentre en la ciudad de Barcelona, y quiero brindar todo nuestro
esfuerzo y empeño para que esta necesaria organización, al margen de los
errores de la política internacional del Gobierno socialista, pueda en
adelante dar los frutos que de ella se esperan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ricomá.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jordi Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente.
La historia nos enseña la dificultad de las grandes tareas y la lentitud
de su cumplimiento, pero justifica la invencible esperanza. Esto nos dejó
escrito el gran socialista francés Jean Jaurès, y creo que esta frase es
adecuada para la historia de la Unión para el Mediterráneo. Ha sido
enormemente difícil. Desde los inicios en 1995 del proceso de Barcelona
hasta su concreción transformado en la Unión para el Mediterráneo, las
posibilidades de cooperación euromediterránea han tenido dificultades,
vaivenes e interrupciones, pero van adelante fijando los objetivos que se
establecieron en París, es decir, las seis grandes líneas o ámbitos de
cooperación norte-sur en el Mediterráneo.
Es bueno -y por eso tomo la palabra en este acto- que el Congreso se pare,
aunque solo sea unos minutos, para poner de manifiesto de forma explícita
lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer ya, de acuerdo con las
intervenciones de los portavoces que me han precedido y que han
manifestado su intención de votar favorablemente. El Congreso va a
autorizar al Gobierno la ratificación del Acuerdo de sede de la Unión
para el Mediterráneo en Barcelona. Es una etapa de gran importancia. Como
ha dicho el diputado señor Xuclà, no se trata solo de las cuarenta y tres
banderas que ondean ante el Palacio de Pedralbes, sino que dentro del
Palacio de Pedralbes, más allá de los jardines, en sus oficinas, están ya
el secretario general y los seis secretarios generales adjuntos
trabajando para el cumplimiento, difícil pero progresivo, de estos
ámbitos de cooperación absolutamente necesarios: la universidad
euromediterránea, con más de una sede, las autopistas del mar, las
autopistas de tierra, el fomento de las energías alternativas, etcétera.
Estos proyectos, que se van a desarrollar técnicamente y que se van a
dirigir desde la sede que, afortunadamente -y me alegro de ello-, radica
en mi circunscripción y en mi ciudad, Barcelona, van a establecer las
bases de confianza necesarias para poder continuar hablando desde el
punto de vista político sobre el conflicto que contamina todo lo que
ocurre en el área mediterránea y no solo allí. El fortalecimiento de la
secretaría general, su establecimiento efectivo y las posibilidades de
actuación en el futuro que este acuerdo de sede le dan son el buen camino
para que, como ya está ocurriendo ahora en la asamblea parlamentaria de
la Unión para el Mediterráneo,
continuemos reuniéndonos, hablando y discutiendo todos los aspectos de la
cooperación entre los cuarenta y tres países, que es fundamental para el
futuro del Mediterráneo. Por ello, señorías, mi grupo va a votar
favorablemente para autorizarlo y evidentemente se alegra de lo que han
manifestado los portavoces anteriores respecto a su intención de voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y
VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985,
DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente
122/000254.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición de ley de los grupos parlamentarios
Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco, PNV, orgánica por la
que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General. En primer lugar, como proponente, tiene la palabra por
el Grupo Parlamentario Socialista don José María Benegas.
El señor BENEGAS HADDAD: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Socialista para anunciar nuestro voto favorable a la
proposición de ley para la reforma de la Ley Electoral, la Loreg.
Permítanme algunas consideraciones previas antes de entrar en su
contenido. En primer lugar, quiero resaltar que nuestra valoración como
grupo y como partido del sistema electoral vigente es positiva. Ello es
así porque el sistema electoral, en primer término, ha garantizado la
limpieza y la transparencia electoral, cualidades estas que nadie
discute. Asimismo, podemos afirmar que a lo largo de más de 30 años de
experiencia democrática, el sistema ha propiciado en general la formación
de gobiernos estables, ha permitido la alternancia política y ha
garantizado la presencia de las minorías en las Cámaras. Hemos partido de
la consideración de que la Ley Electoral forma parte del bloque
constitucional que, para el buen funcionamiento de nuestra democracia,
requiere un sólido consenso básico sobre el cual fundamentar la
convivencia política de los españoles. Así hemos trabajado con este
objetivo y así ha ocurrido, ya que esta proposición de ley cuenta con el
apoyo de socialistas, populares, Grupo Vasco (PNV) y Grupo Catalán
(Convergència i Unió.)
Es preciso tener en cuenta también que la mayoría de los grupos hemos
considerado que no era el momento adecuado, o no había condiciones para
modificar la Constitución. Esto ha supuesto una autolimitación en
nuestros trabajos, en el sentido de que todas aquellas propuestas que
implicaban una reforma de la Constitución han sido descartadas. Por
ejemplo, no hemos podido abordar la reforma del sistema electoral del
Senado por implicar reforma de la Constitución. Hemos tenido especial
consideración con el alegato de Izquierda Unida sobre la disfunción que,
según esta coalición, se produce entre su número de votos y los escaños
obtenidos. Tres propuestas se plantearon en la subcomisión. Una, aumentar
el número de diputados a 400. Aparte de otras consideraciones, hecha la
extrapolación de los resultados de las últimas elecciones generales a
este número de electos, el resultado en escaños en términos porcentuales
sería prácticamente el mismo. Si los 50 diputados adicionales se
eligieran haciendo una bolsa nacional de restos no habría variaciones
sustanciales, porque los partidos mayoritarios también tenemos restos,
incluso podríamos salir beneficiados. Otra propuesta era reducir a uno el
número mínimo por provincia. Entendimos que esta minoración es
inconstitucional porque el sistema pasaría de ser proporcional a ser
mayoritario en las provincias en que solo pudieran elegir un diputado. El
problema reside en lo que se llama técnicamente la tasa de ventaja. En la
medida en que el porcentaje de votos de Izquierda Unida es menor, la tasa
baja, y en la medida en que tienen apoyo, la tasa de ventaja sube,
teniendo como referente el 1 al 0,6. Por ejemplo, en las elecciones
generales de 1979, el Partido Comunista de España, con un 10,77 por
ciento de los votos, obtuvo 23 escaños, lo cual reafirma que su
representación depende más de su nivel de respaldo electoral que del
propio sistema en sí mismo. En todo caso, ya he dicho que hemos
descartado todas las propuestas que implicaran una reforma
constitucional.
En cuanto al contenido concreto de la reforma, respecto al voto de
nuestros compatriotas residentes en el extranjero, hemos pretendido
garantizar una mayor transparencia y evitar vías de fraude. Hemos
admitido una reivindicación muy querida por ellos, cual es el que puedan
votar en urna en los consulados o lugares habilitados para ello durante
tres días, para facilitar los desplazamientos. Hemos atendido el informe
del Consejo de Estado en el que se indica que es necesario cumplir el
artículo 140 de la Constitución, donde se establece que los concejales
son elegidos por los vecinos del municipio, y el concepto de vecindad es
un concepto claro y además está tasado. Van a poder seguir votando en
elecciones autonómicas, elecciones generales, europeas y referéndums y el
sistema será de voto rogado para garantizar la máxima transparencia del
proceso. Una de las novedades más significativa de la reforma es la que
hace referencia al transfuguismo, problema este que constituye una
asignatura pendiente de nuestra democracia. No era fácil encontrar una
fórmula, pero vamos a aprobar una reforma que por lo menos evite que una
moción de censura pueda prosperar con el apoyo de
tránsfugas, elevando la mayoría absoluta necesaria para que prospere en un
número idéntico al de los tránsfugas que la apoyen, lo cual va a
contribuir a una mayor limpieza de nuestra vida política en el ámbito
municipal. En cuanto a las campañas electorales, proponemos reducir la
publicidad y la propaganda para impulsar la información y el debate
programático. Quedará también prohibido hasta el inicio de la campaña
oficial todo lo que pueda ser propaganda electoral mediante carteles o
soportes comerciales, así como inserciones en prensa, radio, etcétera.
Sería muy prolijo, dado el tiempo de que disponemos, enumerar todas las
reformas que proponemos en relación con el censo, su actualización,
cierre del mismo, reclamaciones, impugnaciones y medidas para evitar el
fraude, muchas de ellas introducidas también a petición de la propia
Junta Electoral. Algo que también tiene importancia -y que ha sido además
muy solicitado por los ciudadanos, por cartas que hemos recibido en la
Comisión- es que a partir de la reforma los españoles vamos a poder
depositar directamente la papeleta en la urna. Hemos hecho también un
esfuerzo con un acuerdo entre los grupos políticos para reducir los
gastos de la campaña electoral.
Termino, dado el tiempo de que disponemos, señalando que no hay ley
electoral perfecta -posiblemente esta es perfectible- ni sistema
electoral a la carta. Finalmente, quiero expresar a todos los miembros de
la subcomisión mi reconocimiento por el trabajo realizado, la cordialidad
parlamentaria que ha presidido nuestras reuniones y el espíritu y el
ánimo de pacto hasta donde ha sido posible.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar
posición, evidentemente favorable, sobre una proposición de ley de
modificación de la Ley Electoral de la que el Grupo Catalán es cofirmante
y, por tanto, sobre la que no solo vamos a votar a favor sino que quiero
hacer una defensa de los trabajos realizados y de los objetivos
conseguidos. Me gustaría empezar recordando lo que es esta reforma
electoral y lo que no es esta reforma electoral; lo que es el debate
político de esta reforma electoral y lo que quizá y eventualmente,
durante este turno de portavoces, se puede plantear como el debate
central de esta reforma electoral.
Señorías, hoy, por expreso deseo de los programas electorales de la
mayoría de partidos políticos en esta legislatura, no estamos discutiendo
una reforma constitucional de los artículos de la Constitución que
mandatan e informan al sistema electoral que se desarrolla en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General. El mandado constitucional de
elección de diputados define claramente que los diputados serán elegidos
por un sistema proporcional y a la vez a partir de circunscripciones
provinciales. No ha sido objeto de debate en la subcomisión de estudio de
reforma de la Ley Electoral plantear ante el Pleno de esta Cámara una
reforma de la Constitución. No lo ha sido, como bien ha planteado el
señor Benegas, porque esta reforma de la Constitución, este eventual paso
de 350 a 400 diputados, arrojaría un resultado parecido al actual en
cuanto a la composición de esta Cámara. En segundo lugar, les quiero
recordar que esta es una reforma que, desde un punto de vista de la
evaluación de números en mano, no necesariamente perjudicaría sino, al
revés, podría beneficiar a los intereses del Grupo Parlamentario Catalán.
Quiero recordar que Barcelona es la segunda circunscripción con más
población del conjunto de las circunscripciones electorales en España.
Pero este no es el debate, el debate era y es la reforma de aquellos
aspectos que sin reformar la Constitución pudieran permitir una mejora de
nuestro sistema electoral.
Hemos planteado muchos aspectos que creo que suponen una reforma
importante. Pero, señorías, como ni el tiempo ni la reiteración del
debate, que ya se ha producido en otros ámbitos parlamentarios, me lo
permiten, me gustaría destacar solo algunos aspectos altamente positivos
de esta reforma electoral. Hemos apostado por dar mayor estabilidad a la
gobernación de los ayuntamientos. Señorías, el descrédito de la política,
el descrédito de los políticos y de las políticas, debe tener muchas
causas y muchos focos, pero sin duda la gobernabilidad y la gobernación
de los ayuntamientos es un notable foco de desprestigio de la política.
Señorías, a través de esta modificación hacemos que los tránsfugas no
puedan remover y cambiar ayuntamientos. Es bien legítima la figura de la
moción de censura contemplada en la Ley Electoral, pero a través de esta
reforma, que no priva ni del derecho a firmar una moción de censura ni
del derecho a conformar nuevos equipos de gobierno, incrementamos el
número de firmas necesarias para presentar una moción de censura en el
mismo número de concejales que, habiendo sido electos por una formación
política determinada, pasen a engrosar el Grupo Mixto en su condición de
no adscritos, esto es, de tránsfugas. Señorías, solo esta medida de
reforma de la Ley Electoral ya valdría la pena para acometer la reforma
que hoy estamos discutiendo. Creo que esta es una medida que dará mayor
estabilidad a la gobernación de los ayuntamientos y mayor prestigio a la
política y no veremos mociones de censura donde el tránsfuga al día
siguiente se convierte en el concejal de Urbanismo del ayuntamiento. Esta
es una muy buena medida.
Hemos mejorado el voto de los residentes inscritos en el extranjero, el
voto CERA, a través del voto en urna, pero también del voto por correo
dentro del tercer país y después el desplazamiento de los votos a España
a través de valija diplomática, lo cual da mucha más seguridad,
mucha más seguridad al sistema de voto, mucha más dignidad al sistema de
voto a terceros países. Hemos apostado por algo tan razonable como exigir
una mínima relación, un mínimo arraigo entre las candidaturas que se
presentan por las distintas circunscripciones a candidatos a diputados y
a candidatos a senadores, un mínimo arraigo entre los candidatos y la
circunscripción. Nosotros somos partidarios del pluralismo político,
somos partidarios de ir mucho más lejos del bipartidismo, que a veces
preside el debate político en España, pero somos partidarios de que haya
una mínima correlación entre las candidaturas y las circunscripciones. Y
es por esto que exigimos a los partidos políticos sin representación
parlamentaria en la última convocatoria, un mínimo aval del 0,1 por
ciento de los censados en aquella provincia, para que no nos encontremos
candidaturas en las cuales ni un candidato está censado en la provincia y
candidaturas a veces que se retiran el último día. Porque, señorías, les
quiero recordar que esta apuesta también es la apuesta por la
racionalidad económica, sobre la base del criterio de igualdad de trato
entre las distintas candidaturas, y tiene que imprimir y distribuir el
mismo número de papeletas de los partidos con representación
parlamentaria que de los partidos sin representación parlamentaria.
Exigimos un mínimo arraigo de estas candidaturas a las
circunscripciones.
Como muy bien se ha apuntado, también hemos conseguido algo muy propio de
una democracia ya madura, algo simbólico: por fin, los ciudadanos seremos
los que depositemos la papeleta en la urna. En el momento de la
transición seguramente había un recelo sobre saber votar después de
cuarenta años de dictadura y tenía que ser aún ahora el presidente de la
mesa el que pusiera el sobre en la urna. Este es un acto simbólico, pero
es un acto también de madurez democrática que me gustaría subrayar. Y
también hemos apostado decididamente por la reducción de costes en la
campaña, para deslindar claramente lo que es precampaña, desde el día de
la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña
electoral, y lo que es propiamente la campaña electoral, los quince días,
tres semanas, que la ley permite de campaña electoral. Esto supondrá una
reducción de costes; esto supondrá, de acuerdo con los nuevos medios de
comunicación y con las nuevas tecnologías, poder dirigirnos a los
ciudadanos e interpelar y pedir su voto a través de nuevos mecanismos más
económicos y más acordes con el momento actual.
Señor presidente, termino congratulándome de esta iniciativa que creo que
no es menor y también queriendo expresar mi agradecimiento por la
cordialidad, el buen tono y los buenos frutos de estas conclusiones
trabajadas durante dos años en la subcomisión presidida y dirigida por
don Alfonso Guerra y con distintos representantes de todas las
formaciones políticas que han dado a luz esta proposición de ley que creo
que es altamente positiva.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, esta proposición de
ley es fruto de un trabajo no despreciable durante bastante tiempo de la
subcomisión presidida por el señor Guerra en la que no solo se ha
discutido entre sus miembros, sino también leído y estudiado con
detenimiento informes variados de la Junta Electoral Central, del Consejo
de Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera. Alguien podría
pensar que si no se modifica el sistema de composición de las Cámaras, de
las Cortes, su número de escaños, el sistema de reparto de estos escaños,
lo que se propone aquí no sirve para nada. Y yo creo que nada más lejos
de la realidad, puesto que aunque no pueda ser tan llamativo como lo que
acabo de mencionar, se hacen retoques que indudablemente van a mejorar el
sistema electoral que marca la Loreg. Para esos otros cambios, para esa
modificación del reparto de escaños, hace falta un consenso más que
amplio, amplísimo, la práctica unanimidad, diría yo, y, si no, no merece
la pena embarcarse en unas aventuras para cambiar un sistema que es
cierto que ha dado estabilidad gubernamental, estabilidad al sistema
político, en el que también se asegura una representación de escaños de
las minorías en aquellos lugares en los que el sistema de partidos es
diferente al del conjunto del Estado, sobre todo en el caso gallego,
catalán y vasco, de manera, además, que el número de escaños de estas
minorías es más o menos el mismo que habrían obtenido si hubiéramos
tenido en el momento de la votación o en el reparto de escaños una
circunscripción única a través del Estado. Así que asegura la presencia
de estas minorías que son relevantes en determinados territorios sin que
eso suponga un plus de escaños para el conjunto de ellos. ¿Que el sistema
busca la concentración de voto y fomenta la concentración de voto en una
circunscripción? Es cierto, pero esto no es extraño en los sistemas
electorales. Qué vamos a decir de las circunscripciones uninominales
anglosajonas o en Francia también a dos vueltas. Sumar los restos
dispersos es más bien la excepción a la hora de repartir escaños en los
sistemas electorales. Además, ha habido partidos que han podido
concentrar el voto en algunos momentos y que han tenido una
representación muy importante dentro de esta Cámara. En ese sentido, el
posible riesgo de desestabilización del sistema de un Gobierno no tan
estable que podría darse introduciendo modificaciones electorales,
comparado con lo positivo que ha resultado el sistema y sobre todo
teniendo en cuenta que no existe unanimidad para modificarlo, creemos que
debe ceder.
Aparte de esto, se han hecho modificaciones importantes -se han mencionado
prácticamente todas pero quería destacar algunas- para evitar
empadronamientos fraudulentos, cuestión que ha sido en algunas elecciones
objeto de grandes polémicas públicas; el voto en urna de
cara a los residentes en el extranjero, que era una reivindicación
largamente solicitada por algunos partidos políticos. También ha sido una
decisión más que acertada que el voto de los residentes en el extranjero
no se pueda ejercitar en las elecciones municipales. Se estaban
produciendo casos en los que algunos municipios de miles de habitantes
tenían más habitantes residentes en el extranjero que los que vivían en
el municipio, gente que no había pasado por el pueblo en cuarenta años.
Esto, sinceramente, no tiene nada que ver con la democracia ni con el
sentido de un voto municipal. Hay otras medidas que considero también
importantes en relación con el transfuguismo en el ámbito de las
elecciones locales y de la elección de alcaldes que, probablemente, van a
poder solucionar la mayoría -no eliminar el transfuguismo en ese ámbito,
evidentemente- de los problemas con los que nos hemos encontrado hasta la
fecha. También hay una mención con respecto a las televisiones privadas
en la misma línea de servicio público y equidad que deben dar las
públicas, aunque nos hubiera gustado que se hubiera podido profundizar
más.
Como se me acaba el tiempo, señor presidente, solo quisiera decir que
estamos de acuerdo con la proposición que se hace. Quizás tenemos alguna
duda -es algo que se ajustó en el último momento- sobre los números
correspondientes a las multas que pueden aplicar las juntas electorales,
no en que se hayan actualizado, que nos parece correcto, sino en la
proporción entre unas juntas y otras. Pero yo creo que este asunto, y si
quizá surgiera algún otro menor, lo podremos solucionar a través de un
consenso entre todos los partidos y con enmiendas firmadas conjuntamente.
No quisiéramos tener que hacerlas unilateralmente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijar posición, por el Grupo Mixto han solicitado la palabra tres
diputados. Tienen dos minutos cada uno. En primer lugar, tiene la palabra
doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Creo que estamos ante una ceremonia en la que se santifica el fraude de
ley, la chapuza y la burla. Quiero recordar que estamos ante una
propuesta de reforma del sistema electoral que ha llevado dos años y
medio de trabajo en una subcomisión creada al efecto, que tenía como
objetivo reformar el sistema electoral para garantizar una mayor
proporcionalidad y, por tanto, una mayor igualdad de los ciudadanos ante
la ley. Aquí lo que se perpetra, insisto, es un acto burlesco de fraude
democrático que además se nos explica con argumentos extraordinarios. El
portavoz del Grupo Socialista nos ha explicado cómo tenemos que
santificar que se vulnere el derecho activo y el derecho pasivo de los
ciudadanos a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. A eso le
ha llamado el portavoz del Grupo Socialista tasa de ventaja. No,
ventajismo, que es lo que dice el diccionario de lo que es una persona
ventajista, que es la que utiliza las normas para sacar beneficio sin
ningún tipo de control. Eso es ventajismo político. (Rumores.)
Exactamente ventajismo político, porque, insisto, no se trata de hablar
de la proporcionalidad de los partidos políticos como si fueran un ente
ajeno, no estamos aquí discutiendo sobre el derecho de un partido. Ese es
el derecho pasivo a ser tratado en igualdad de condiciones con otro
partido político. Estamos hablando del derecho activo de los ciudadanos a
que su voto valga lo mismo, al margen de la parte de España en la que
vive y de la opción política a la que vota. Derecho activo a que su voto
pese igual a la hora de convertirse en representante político. Para eso
se pidió el informe al Consejo de Estado, señores diputados. Para eso
pidió el Gobierno el informe, lo dice en la literalidad, para reformar el
sistema en orden a una mayor garantía de proporcionalidad y, por tanto,
de justicia. Y ¿qué dijo el Consejo de Estado? Dentro de la Constitución.
El Consejo de Estado dio varias fórmulas. El señor portavoz del Grupo
Socialista ha leído esas fórmulas como si fueran partidarias. Coincidimos
en muchas de ellas, pero las dio el Consejo de Estado, todas dentro de la
Constitución. Es verdad que no es vinculante, pero sí obligatorio. Si
iban ustedes a tirar a la basura el trabajo del Consejo de Estado, si no
iban a hacer caso a ninguna de las propuestas, si al final iban a llamar
tasa de ventaja a lo que es ventajismo político y a lo que es un fraude
democrático que quieren institucionalizar, nos podríamos haber ahorrado
muchísimo tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don José Luis
Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, trasladaba al presidente nuestra preocupación por el formato en
que se está desarrollando el debate. Nosotros lo acatamos, pero nos
parece injusta una decisión de la Junta de Portavoces, no nos parece
razonable y formularemos nuestra queja por escrito porque no entendemos,
y por el respeto que nos merece esta Cámara, lo que vamos a hacer en esta
tribuna.
Estamos ante un proyecto de ley orgánica, señorías, que afecta en la
pérdida de un derecho fundamental a más de 1.300.000 españoles, con esta
ley vence el Senado su derecho constitucional, su derecho fundamental a
poder ser elegido y poder votar en unas elecciones municipales. Por
tanto, señorías, entenderán que Coalición Canaria no pueda apoyar esta
proposición de ley, por lo que no va a votar favorablemente su toma en
consideración. Señorías, entendemos que existen diferentes aspectos y
artículos de la Constitución de 1978 que se ven restringidos con la
aprobación de esta proposición
de ley: los artículos 9.2, 14, 23, 68, artículo que concuerda
perfectamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
artículo 2.1 y el artículo 21.1 y 21.2, en lo que se refiere al derecho
de los ciudadanos a poder votar, que es un derecho fundamental y
constitucional. Pero es más, señorías, esta proposición de ley contradice
lo aprobado por esta Cámara en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del
Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, ratificado por la
Jefatura del Estado, cuando en el artículo 4 se establece: los españoles
que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles en
todos y cada uno de los comicios en las mismas condiciones que la
ciudadanía residente en el Estado español, en los términos previstos en
la normativa de aplicación. En definitiva, señorías, estamos modificando,
y en esa línea se celebró recientemente en España el Congreso de la
ciudadanía española en el exterior, con presencia de la mayoría de las
fuerzas políticas, y los representantes de los dos partidos principales
de esta Cámara en ese congreso ante los emigrantes se comprometieron a
defender el voto en las elecciones municipales para todos los emigrantes.
Así, hay un acuerdo que en principio ratificaron por acción o por omisión
los representantes de las fuerzas políticas, en el que se establecía en
el artículo uno que nunca se verían reducidos o limitados en su ejercicio
los derechos electorales que ahora otorga la Constitución española a los
españoles en el exterior que la legislación electoral española ha avalado
durante treinta años y que fueron reafirmados por el Estatuto de la
ciudadanía española en el exterior.
Segundo, que los más de 1.300.000 españoles inscritos en el CERA sigan
disfrutando de su derecho a participar sin impedimento alguno en todos
los procesos electorales a elecciones generales, autonómicas, europeas y
municipales. Este es un acuerdo tomado por ese Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior. Señorías, ¿por qué defendemos, por
qué hablamos de que estamos preocupados por los derechos de los
ciudadanos españoles en el exterior, convocamos a todos los ciudadanos en
el exterior y a los representantes en todos los países del mundo en
Madrid durante dos días para decirles que vamos a aceptar sus propuestas
y que las vamos a tratar en esta Cámara, para que dos meses después
presentemos un proyecto de ley que modifica, que cercena un derecho a
esos ciudadanos?
Señorías, Coalición Canaria, de verdad, no entiende esta manera de hacer
política, no entiende el trato que hoy se está dando a la emigración con
este proyecto de ley. Coalición Canaria ha anunciado ya que va a votar en
contra, vamos a presentar enmienda a la totalidad y el propio Gobierno de
Canarias ha anunciado ya que va a presentar un recurso de
inconstitucionalidad porque se cercena un derecho fundamental.
Entendemos, señorías, que la aplicación de nuestros compromisos europeos,
de nuestros compromisos comunitarios en la Unión Europea, puede producir
una disfunción. Espero que ustedes sepan explicar cómo un ciudadano
europeo, en función de nuestros acuerdos, puede tener más derechos a la
hora de elegir a un alcalde que un ciudadano español que tiene todos sus
intereses en el municipio donde nació y que con su trabajo en el exterior
ha permitido el desarrollo de ese municipio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo. Permítame que le
recuerde en relación con su inicial llamada a los tiempos acordados por
la Junta de Portavoces, primero, que su señoría ha intervenido en esta
ocasión el doble del tiempo que le anuncié. Segundo, que el tiempo que le
anuncié es el acordado por la Junta de Portavoces con la anuencia de su
grupo. Y tercero, que en el Grupo Parlamentario Mixto pueden intervenir,
como vienen haciéndolo, cuantos portavoces lo desean no porque el
Reglamento se lo conceda, que lo prohíbe en el artículo 75, sino por la
generosidad de la Junta de Portavoces y de la Presidencia. Muchas
gracias.
Tiene la palabra por el mismo grupo parlamentario el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente. Debido a lo
constreñido del tiempo, permítame que aproveche también para fijar
posición respecto a la segunda proposición de ley.
El BNG entiende que la necesaria persecución de las fuerzas políticas que
prestan amparo al terrorismo debe realizarse sin violentar el Estado de
derecho, en particular en lo referente al derecho a la participación
política de los ciudadanos. En ese sentido consideramos que ya existen
instrumentos legales suficientes para perseguir a las fuerzas políticas
que prestan amparo al terrorismo, consideramos innecesarias nuevas
reformas legales y por tanto no votaremos a favor de la toma en
consideración de la segunda proposición de ley.
Por lo que respecta a la proposición de ley que ahora se debate, para el
BNG representa una oportunidad perdida para acometer una reforma en
profundidad del sistema electoral que mejore la calidad de la democracia
en el Estado español. Se ha renunciado a introducir una mayor
proporcionalidad en el sistema que evite los efectos de un modelo que
sobrerrepresenta a las dos principales fuerzas políticas a nivel de
Estado, distorsionando la voluntad expresada por los electores en las
urnas. Manifestamos nuestro desagrado en ese sentido porque muchas de las
propuestas que ha hecho el BNG en subcomisión para mejorar la
proporcionalidad del sistema no hayan sido atendidas.
Hecha esta consideración, voy a centrar el resto de mi intervención en una
cuestión que para el BNG y para Galicia tiene singular importancia, como
es el llamado voto de los residentes en el exterior. Estamos de acuerdo
con la reforma que se propone, pero la consideramos insuficiente. A
juicio del BNG, carece de toda lógica democrática que existan personas
que voten de manera simultánea en dos Estados, carece de toda lógica
democrática que personas que no han nacido ni residido nunca en un país
influyan con su voto en su futuro político. Por
eso somos partidarios de limitar el alcance del derecho del sufragio en
las elecciones autonómicas y generales a los residentes ausentes stricto
sensu, es decir, a aquellos ciudadanos que habiendo nacido aquí o
habiendo adquirido aquí la nacionalidad durante su periodo de residencia,
residen temporalmente en el exterior. Señorías, en cualquier caso
entendemos que son necesarias otras reformas. Es necesario establecer
como forma preferente de voto el voto en urna, limitando de manera mucho
más estricta los supuestos en los que se puede ejercer el derecho de voto
a través del voto por correo teniendo en cuenta su falta de garantías en
el exterior. También es necesario que si pueden votar, computen en el
reparto de escaños entre las distintas circunscripciones. Consideramos
que atenta contra la lógica democrática que se siga tomando como base
para distribuir escaños entre las distintas provincias la población de
derecho y no el censo electoral, porque en la población de derecho están
incluidas muchas personas que no tienen derecho a voto y están excluidos
los residentes ausentes. Pero hechas estas consideraciones y pese a ser
insuficiente la reforma en estos aspectos consideramos que es un avance
en la medida en que, a nuestro juicio, resuelve algo que era un auténtico
disparate, que personas sin vecindad en un municipio, personas que en
muchos casos no han nacido ni residido nunca en ese municipio puedan
votar en él. Es una situación particularmente grave en Galicia, donde ya
hay bastantes municipios en el medio rural donde el censo de los llamados
equívocamente residentes ausentes se sitúa en el entorno del 50 por
ciento del censo total. Por ello, lo consideramos un avance y por esa
razón, aunque no renunciamos a presentar enmiendas durante el proceso de
tramitación, porque queremos consolidar este avance y favorecer la
aprobación de esta reforma y su entrada en vigor antes de las elecciones
municipales, votaremos a favor de su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, no estamos ante una reforma electoral, estamos ante la
legitimación en la tradición política de este país del denominado
pucherazo. El pucherazo era un puchero del cual se restaban unos votos
para añadirlos a los votos de la mayoría. De eso se trata, de arrebatar
votos a las minorías para lograr incrementar de seis a diez diputados la
representación de las mayorías, la representación bipartidista de este
país. En primer lugar, señorías, ¿qué pensarían ustedes de un partido de
fútbol entre el primero y el último de la liga, donde al inicio del
partido el primero de la liga gana por 9-0? Dirían que es un fraude, una
estafa. Si además el árbitro fuera casero, dirían que es un fraude, que
es una estafa. Si además el público fuera solamente del primero de la
liga, dirían que es algo inconcebible. Y si los medios de comunicación
fueran únicamente del partido más fuerte, del equipo más fuerte. dirían
ustedes que es un fraude, una estafa y una burla. Pues bien, señorías,
esa es la iniciativa que hoy traen ustedes a esta Cámara: un fraude, una
estafa y una burla.
En segundo lugar, señorías, ¿a quién beneficia, por ejemplo, que mi grupo
tenga que obtener 900.000 votos para dos diputados y, sin embargo, otros
grupos en esta Cámara no necesiten ni 400.000 ni 500.000 votos, sino
60.000 votos para obtener un diputado, ocho o diez veces menos votos para
obtener un diputado. Pues beneficia, fundamentalmente, a los dos grupos
mayoritarios. En este sentido es una ley a la carta para mantener el
bipartidismo en este país y cuando el bipartidismo es imperfecto
beneficia a la alianza entre los dos grupos mayoritarios y los sectores
conservadores. En definitiva, una propuesta bipartidista y una propuesta
conservadora que, en nuestra opinión, deforma la representación política
de los españoles. Un pucherazo, señorías, en toda regla. ¿En qué
situación quedan los grupos parlamentarios o las fuerzas políticas
denominadas terceras a nivel de todo el Estado? Quedamos a nivel de
parias porque en una sociedad que no es de castas, somos una casta
inferior. Somos una casta inferior porque no tenemos todos los derechos
ciudadanos, carecemos de plenos derechos políticos, tenemos una décima
parte de los derechos políticos del resto de los grupos mayoritarios de
esta Cámara. No se extrañarán, señorías, que consideremos que mantener
este régimen electoral es ilegalizar y situar en la clandestinidad a las
terceras fuerzas políticas de este país.
Señorías, existe una alternativa -y la proponía el Consejo de Estado-, una
alternativa que combinara distintas medidas sin necesidad de reforma
constitucional para pasar en la representación no a una representación
proporcional, sino al menos no contraproporcional. Porque lo que ocurre
hoy en esta Cámara y merced a esta ley es que se vulnera claramente el
artículo 68 de la Constitución, que consagra la representación
proporcional. En esta Cámara hay representación contraproporcional: con
300.000 votos se tienen ocho diputados y con un millón de votos se tienen
dos diputados; contraproporcional, inversa a la proporcionalidad.
Señorías, también en esta iniciativa -y termino-, por excluir, se excluye
el voto local de los emigrantes. No basta con que estén fuera del país,
además hay que limitarles prácticamente de manera total su
representación, su voto y sus derechos políticos. Nos parece un verdadero
dislate. Ante la crisis económica y la crisis de la política, el
cerrojazo y el pucherazo.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, me van a permitir, y perdonar también, que principie esta
intervención expresando en nombre de Esquerra nuestra más profunda
decepción por el desenlace fallido y vergonzoso de una subcomisión que
después de algo más de dos años nos trae una propuesta de reforma
electoral que no sirve a ninguno de los objetivos que se habían
propuesto: no corrige la altísima desproporcionalidad del sistema
electoral y ni siquiera incorpora algunos mecanismos para incentivar la
participación, por cierto en un contexto de inquietante y pavorosa
desafección y de progresivo alejamiento de la gente de la vida pública y
también de la política. Han sido algo más de dos años de una auténtica
mascarada política protagonizada por PSOE y PP, que ha devenido en
definitiva en una coartada estética para atemperar, para apaciguar los
ímpetus de algún grupo político especialmente damnificado en esta Cámara.
Nos han cocinado un plato no solo insípido sino que además supone una
microrreforma de alcance casi técnico, un cambio a la gatopardiana para
que todo siga exactamente igual y, por tanto, favoreciendo a los dos
grandes partidos políticos, perpetuando la desigualdad y vulnerando el
principio de igualdad y el principio democrático, con el pretexto de que
esta es una materia plenamente desconstitucionalizada cuando, como se ha
dicho, el propio Consejo de Estado daba algunas propuestas y
alternativas.
Figura que este es un sistema electoral plenamente posconstitucional, pero
ustedes saben que no lo es y algún miembro de esta Cámara lo recuerda
mucho mejor que yo. Es una Ley electoral tributaria de algunos
condicionantes predemocráticos de la transición política, que fue acuñada
por Adolfo Suárez para las elecciones de junio de 1977 y concebida para
garantizar la continuidad en términos democráticos, eso sí, de la
derecha, y ahí está la provincia, ahí está la horquilla, ahí está el
prorrateo, ahí está el número de escaños mínimo y también la fórmula de
D'Hondt, etcétera. El actual sistema, por tanto, beneficia y va a
continuar beneficiando a los dos grandes partidos, PSOE y PP, y es un
sistema flagrantemente injusto para el resto de fuerzas políticas, pero
sobre todo conduce a una extrema polarización política muy superior a la
que existe en nuestra sociedad y como consecuencia de ello ahí está esa
incapacidad de forma dialogada para que los dos grandes partidos lleguen
a acuerdos en los grandes problemas que tiene este Estado. Ni consenso en
materia económica ni renovación de órganos constitucionales ni pacto
educativo ni nada, el actual es un modelo que proyecta un empate infinito
perfecto entre Partido Popular y PSOE, que además perjudica claramente a
las minorías. El sistema debería no solo ser más plural, no solo
garantizar mayor proporcionalidad, no sacrificar la estabilidad sino
corregir los claros desajustes. El caso de Izquierda Unida es
perfectamente conocido, el caso de UPyD también, pero también el de
Esquerra. Quiero decirles, señorías, que a nosotros nos cuesta tres veces
más obtener un diputado en la provincia de Barcelona que a algún otro
grupo de esta Cámara, que por cierto no tiene en este momento ningún
diputado presente en los escaños. Y eso también pasa factura a Esquerra,
porque hay que tener en cuenta el tamaño de la circunscripción, hay que
tener en cuenta también el prorrateo y ese es un problema que perjudica
también a otras fuerzas políticas, entre ellas Esquerra. Digo esto para
poner un ejemplo; un ejemplo que se podía haber corregido solo asumiendo
las propuestas del Consejo de Estado. En cambio, como es sabido, PSOE y
PP lograron cada uno de sus parlamentarios con algo más de 66.000
sufragios y por tanto es evidente que eso les favorece. De ahí que ambos
se niegan a cambiar este marco, de ahí que, apelando retóricamente a la
necesidad de explorar un amplio consenso para reformar la Constitución,
aquí no se cambia absolutamente nada y se ha llegado por tanto a un
vergonzoso acuerdo de mínimos que solo aborda algunos aspectos puntuales
de segundo orden, y por ello evidentemente en ningún caso podemos dar
apoyo a esta iniciativa legislativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don José Antonio Bermúdez de
Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, con
esta proposición de reforma de Ley Electoral culminamos muchos meses de
trabajo parlamentario que tuvo su origen en la creación de una
subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional. Fueron diecisiete
sesiones de ponencia, muchas horas de debate y un buen método de trabajo
que culminó con la aprobación de un dictamen que ha sido la base de esta
iniciativa que hoy presentamos a consideración. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señorías, la Ley Electoral no es una ley cualquiera, es una ley que junto
con la Constitución española y el Reglamento de la Cámara conforman la
médula espinal de las reglas del juego de nuestro sistema democrático,
por lo que su reforma debe hacerse con un alto grado de consenso, con
vocación de perdurabilidad. Por eso todos los grupos, no solo unos, hemos
tenido que abandonar alguna de nuestras pretensiones iniciales. Todo el
mundo sabe que el Grupo Popular presentó una propuesta para que en los
ayuntamientos gobernara la lista más votada en determinadas condiciones.
Era una propuesta basada en el respeto a la voluntad mayoritaria de los
electores que, a nuestro juicio, facilitaba la gobernabilidad y la
estabilidad institucional y, sin embargo, no hemos podido incluirla
porque no contó con el apoyo del grupo mayoritario de esta Cámara ni
tampoco del suyo, señor Llamazares. Por eso no me parece aceptable que
algunos
grupos centren su rechazo a esta iniciativa no tanto en su contenido, sino
precisamente en la frustración de no haber podido incorporar sus
pretensiones, especialmente en lo relativo al sistema electoral. ¿Que a
algunos les convendría otro sistema? De acuerdo, pero de ahí a calificar
de fraude, de injusticia o de escándalo democrático el actual me parece
un exceso verbal que no se sostiene ni en términos jurídico-políticos ni
en términos histórico-electorales, como ha recordado el señor Benegas.
Porque propuestas de reforma del sistema hay muchas, no solo las suyas.
Algunos reclamaban la proporcionalidad pura, otros incrementar a 400 el
número de escaños, otros sustituir la circunscripción provincial por la
autonómica, otros crear una circunscripción nacional de restos
provinciales y no faltan quienes proponen una barrera nacional de acceso
a la representación e incluso transformar el sistema proporcional en
sistema mayoritario. ¿Qué tendrían en común todas estas propuestas? Que
todas serían plenamente democráticas pero sobre ninguna de ellas sería
posible trazar hoy un consenso. No puede haber sistemas electorales a la
carta y mucho menos reformas basadas en intereses partidistas o
coyunturales. Por eso no me parece lo más apropiado responsabilizar a los
demás de la pérdida de votos o escaños. Yo les invitaría a hacer una
serena reflexión y preguntarse si la estrategia política seguida en los
últimos años ha sido lo más acertada; a algunos con el cambio de
estrategia, seguro les va a ir mejor. No se amparen en el informe del
Consejo de Estado; el informe del Consejo de Estado en este punto no fue
un informe neutral. A dicha institución se le pidió una propuesta de
reforma para mejorar la proporcionalidad. Si se le hubiera pedido una
propuesta para mejorar la estabilidad institucional, es posible que sus
conclusiones hubiesen sido bien distintas. Por cierto, me sorprende que
algunos en su vehemente defensa de la proporcionalidad no prediquen ese
mismo principio del Reglamento del Congreso, que otorga a los grupos los
mismos tiempos de intervención con independencia del número de diputados
que lo componen. Ahí no hay proporcionalidad, luego el sistema a veces
compensa.
Señorías, las reformas que hoy proponemos no son reformas menores, algunas
tienen un significado muy profundo. Muchas de ellas ya han sido
mencionadas, desde la fórmula jurídica para desactivar el poder de los
tránsfugas, una medida de regeneración democrática que va a favorecer la
transparencia en la vida municipal y que va a impedir en un futuro que un
tránsfuga cambie gobiernos municipales, hasta el nuevo procedimiento de
voto de los españoles que residen en el exterior, que va a eliminar
cualquier sombra de duda o de sospecha sobre dichos sufragios. Es un
procedimiento más garantista basado en tres principio: el de personalidad
para evitar suplantaciones, el de transparencia para evitar
manipulaciones y el de efectividad para garantizar que sus votos se
contabilicen en el escrutinio, introduciendo por primera vez en la
historia la previsión del voto en urna en consulado, que era una antigua
reivindicación de nuestros compatriotas en el exterior y que con esta
reforma ha sido atendida. Más garantías en el voto en el exterior y más
control y transparencia en la definición y elaboración del censo
electoral.
Hemos clarificado los plazos de censo cerrado para cada elección, que con
esta reforma se adelanta un mes y en los dos meses anteriores a la
convocatoria no se atenderán las reclamaciones por cambio de residencia
de una circunscripción a otra, impidiendo con ello los empadronamientos
fraudulentos o de conveniencia que con fines electorales consiguen su
objetivo. También hemos incluido en la reforma medidas para simplificar
las campañas electorales. Hemos eliminado la precampaña en términos
publicitarios, pues solo se permitirá a partir de ahora contratar esos
soportes de publicidad estrictamente en los quince días de campaña. Ello
va a permitir que en un futuro las campañas no giren sobre la publicidad,
sino sobre los debates, los programas y las propuestas de los partidos,
todo ello en beneficio de los puntos de interés de los ciudadanos. Menos
publicidad, pero también menos gasto. En un momento de dificultad y de
crisis los partidos teníamos que ser los primeros en dar ejemplo. Así, en
un ejercicio de austeridad y también de responsabilidad, hemos decidido
reducir en un 15 por ciento el techo de gasto que los partidos podemos
gastarnos en campaña y congelar las subvenciones por voto, escaño y
mailing. Menos gasto y más imparcialidad.
Señorías, existía la mala costumbre de que los poderes públicos con
ocasión de una campaña electoral pusieran en marcha campañas
institucionales que en realidad eran promocionales de logros y
realizaciones, y esperaran a los últimos días de campaña para lanzarse
también a una vertiginosa sucesión de inauguraciones y de obras. La Junta
Electoral había puesto límites a estas actuaciones. Ahora, señorías,
sencillamente las prohibimos.
Por último, hemos establecido las reglas y principios a las que deben
someterse las emisoras de titularidad privada en campaña electoral,
derogando la Ley de 1988 que equiparaba a estos efectos las televisiones
privadas con las públicas. Hemos eliminado la obligatoriedad del régimen
de concejo abierto para facilitar la gestión municipal en los municipios
de menos de cien habitantes y actualizado los delitos e infracciones
electorales al vigente sistema de pena recogido en el Código Penal.
Finalizo agradeciendo la dedicación de todos los que han participado en la
elaboración de esta propuesta, a los letrados señor Fraile y señor
Peñaranda, que nos han prestado una ayuda inestimable; a los portavoces
de otros grupos, incluso los que se han mostrado hoy críticos; a la
señora Oramas, al señor Jorquera y al señor Llamazares que en muchas de
las reformas que hemos propuesto han participado activamente; al señor
Esteban y al señor Xuclà, muchas gracias por buscar fórmulas de consenso,
algunas de las cuales llevan su firma; a mis compañeros señor Delgado,
señor Aguirre y señor Vera que tenían tantos o más méritos que yo para
haber defendido esta
propuesta en nombre de mi grupo en esta tribuna. En el Grupo Socialista al
señor Quijano, al señor Aranda, a la señora Batet y especialmente al
señor Benegas. Señor Benegas, han sido muchas horas de encuentro y de
debates, a veces no exentas de dificultad, pero el acuerdo se alcanza con
más facilidad cuando tienes enfrente a alguien con la experiencia
política, la capacidad de diálogo y la sensatez que su señoría ha
demostrado, palabras que hago extensivas al señor Guerra, que ha
presidido la subcomisión -en nombre de mi grupo se lo tengo que decir- de
manera ejemplar.
Señorías, creo que hemos hecho un buen trabajo y las reformas que hoy
proponemos vienen avaladas por un alto grado de consenso, mejoran la ley
vigente y, lo que es más importante, persiguen el interés general, que es
lo mismo que decir que persiguen el interés de la mayoría de los
españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL
GENERAL. (Número de expediente 122/000255.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la segunda
proposición de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General. Tiene la palabra para el turno a favor el
señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace poco más de ocho años aprobamos en esta Cámara la Ley de Partidos
Políticos, uno de los ejemplos más notables de compromiso en defensa y
fortalecimiento de nuestro sistema de libertades. Una ley inspirada en
dos principios: la unidad en la derrota del terrorismo con los
instrumentos del Estado de derecho y la convicción de que la libertad y
la paz no tienen precio, de que en democracia la paz es un derecho de
toda sociedad y nunca un precio que haya que pagar a quienes quieren
imponer por la fuerza sus ideas. Una ley que conllevó la ilegalización de
partidos que en realidad eran instrumentos al servicio de la estrategia
de una banda criminal. La sentencia fue respaldada por el Tribunal de
Estrasburgo, que dictaminó que la ilegalización de Batasuna era una
necesidad social imperiosa en la defensa de los derechos humanos y las
libertades de los ciudadanos, convirtiendo esa decisión no solo en un
acto lícito y legítimo, sino sobre todo en un acto de justicia, porque
los partidos no pueden ser ni instrumento ni prolongación del terror, la
amenaza o la coacción. La ilegalización de todo ese entramado político le
hizo mucho daño a ETA, porque perdió su altavoz de propaganda y uno de
sus instrumentos fundamentales de financiación.
Señorías, sabemos que ETA siempre ha necesitado un partido que justifique
social y políticamente su existencia. Precisamente por eso, desde
entonces ha intentado recuperar su brazo político y burlar la ley para
conseguir presentarse a las elecciones y lograr representantes en las
instituciones que trasladen su mensaje para seguir atemorizando y
aterrorizando a la sociedad. Lo ha intentado de todas las formas
posibles, pero casi siempre el Estado de derecho ha descubierto su
fraudulento disfraz y ha conseguido impedirlo; y me hubiera gustado decir
siempre. Pero hoy no toca analizar los casos y las causas por las que los
que legitiman la violencia pudieron salvar la aplicación de la ley y
volver a las instituciones. Todo el mundo sabe lo que pasó en la pasada
legislatura y nuestra oposición a dichas políticas. A nuestro juicio,
fueron profundamente equivocadas, pero lo que importa ahora es mirar
hacia delante y adoptar medidas para evitar que eso pueda volver a
suceder en el futuro.
El Estado de derecho debe seguir siendo firme y exigente en la defensa de
la democracia y dotarse de instrumentos jurídicos para su defensa. Eso es
precisamente lo que hacemos con esta proposición de ley: reforzar las
garantías legales para impedir que quienes están judicialmente excluidos
del juego democrático puedan encontrar el más mínimo resquicio legal para
volver a las instituciones. Lo hacemos en tres frentes. En primer lugar,
ampliando el plazo de recursos para impugnar candidaturas sucesoras de
partidos declarados ilegales por sentencia judicial. Señorías, sabemos
que ETA Batasuna con sus mil nombres puede utilizar la artimaña de
ocultar su verdadera cara hasta los últimos días de campaña. La vigente
Ley Electoral solo permite interponer recurso contra la proclamación de
candidaturas hasta el vigésimo noveno día posterior a la convocatoria.
Con nuestra propuesta y con la enmienda que pretendemos introducir en
ponencia ese plazo se amplía hasta la jornada electoral, de suerte que
tanto la Abogacía del Estado como el ministerio fiscal van a tener más
tiempo para constituir la prueba y evitar que en fraude de ley quienes
tienen prohibido concurrir a las elecciones consigan su objetivo. Pero
puede que ETA Batasuna no quiera utilizar partidos o agrupaciones de
electores, sino la argucia de querer instrumentalizar algunas
candidaturas de un partido legal en una suerte de trueque de siglas por
votos. Pues bien, de demostrarse judicialmente este ardid, allí donde se
produzca no habrá ni siglas, ni votos, porque hemos introducido una
previsión para que dichas candidaturas contaminadas queden anuladas.
Por último, si con posterioridad a la elección un partido es declarado
ilegal, se introduce la previsión de que sus electos incurran en
incompatibilidad para continuar en sus cargos, que solo podrán salvar si
realizan de forma
libre y voluntaria una declaración expresa de rechazo claro e indubitado
de las causas que dieron lugar a la ilegalización del partido con el que
concurrieron en sus listas, incompatibilidad que se aplicará con carácter
definitivo si en un momento posterior se retractaran de la misma o si por
hechos, manifestaciones u omisiones la contradijeran. Todo ello con un
procedimiento sometido a la tutela judicial efectiva que tanto preocupaba
al Grupo de Convergència i Unió.
Señorías, el Estado de derecho no puede aceptar espacios de impunidad. Con
esta propuesta la democracia se dotará de nuevos instrumentos legales
para que ETA no alcance su objetivo de volver a las instituciones. Ahora
le corresponde al Gobierno aplicarlos y el Partido Popular estará
vigilante para que ello se produzca. Mientras tanto, no caigamos en las
trampas del lenguaje, un lenguaje medido y ambiguo al que nos tienen
acostumbrados, no aceptemos los señuelos que cada vez que se acercan las
elecciones nos tienden los violentos. Batasuna es el brazo político de
ETA, es ETA. Así lo demostraron los tribunales. Por eso, mientras ETA
siga viva, Batasuna, se llame como se llame, no podrá presentarse a las
elecciones. No rebajemos el listón. Sabemos que existen informes
policiales que constatan que ETA no tiene ninguna intención de abandonar
las armas, que se está reorganizando en el país vecino, que sigue
extorsionando a empresarios y que quiere imponernos a modo de chantaje la
legalización de su brazo político como condición para anunciar una nueva
tregua permanente. La respuesta debe ser que la democracia nunca va a
aceptar ni desafíos ni chantajes. La democracia no tiene ninguna deuda
con la paz, son esos criminales quienes han manchado el nombre del pueblo
vasco con sangre inocente. Por eso solo caben dos opciones, o su derrota
o su rendición. No puede haber ni atajos, ni contraprestaciones, ni
mediadores, ni ambigüedades. Esa es la posición que pedimos al Gobierno y
para ello tendrá nuestro apoyo leal.
Termino, señorías. Habrá vencedores y vencidos. Si repasamos la historia,
nunca la idea de libertad ha sucumbido bajo el yugo de las armas. Siempre
ha terminado triunfando. Y cuando terminemos con este cáncer de nuestra
democracia, todo el mundo debe recordar que hubo una doble realidad, la
realidad de ETA y sus cómplices, que fue la de la amenaza y el terror, y
la realidad de hombres y mujeres dispuestos a defender sus ideas incluso
con la vida, la realidad de aquellos que una mañana se levantaron sin
saber que habían sido condenados a muerte, y la causa por la que fueron
asesinados que fue la causa de la libertad. Por eso ya hay vencedores,
han vencido quienes defendieron sus ideas con la palabra y no con las
pistolas. Han vencido quienes defendieron su proyecto en las urnas y no
con las bombas. El futuro de la democracia deberá asentarse sobre la
memoria y la dignidad de las víctimas y por eso la historia tiene que
recordar que por la libertad y los derechos de los vascos no lucharon los
que mataban, lucharon los que murieron por la libertad de los vascos y
también por la de todos los españoles. Señorías, en democracia a las
amenazas se las contesta con más democracia, con la ley, desde la firmeza
y fortaleza en defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. Por
eso, estas medidas legales no es que sean lícitas, legítimas y justas,
son también un acto de verdad, de dignidad y, sobre todo, de libertad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Bermúdez de Castro.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Díez. (La señora
Barkos Berruezo hace signos negativos.) Señora Barkos, antes el señor
presidente ha hecho una referencia a las intervenciones. Nosotros hacemos
nuestro listado de intervenciones con lo que ustedes nos comunican. Si es
usted la primera, tiene usted la palabra, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, presidenta, si el turno es de menor a
mayor, como entiendo que establece el Reglamento, era la petición que
había realizado el Grupo Mixto de intervención.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señoría, debería utilizar
su tiempo para intervenir.
La señora BARKOS BERRUEZO: Si no es así, perfecto. Voy a fijar, por tanto,
la posición, posición contraria de Nafarroa Bai a esta proposición que
nos hacen, en este caso PP y PSOE, por más que por mor del Reglamento de
la Cámara se hayan repartido las posiciones.
No cuestionamos el qué cuando el objeto de una iniciativa de estas
características es la paz como no admitimos que se cuestione en nuestra
posición el mismo afán, pero sí es cierto que no compartimos la
herramienta. Nos dice hoy el proponente que en esta lucha no se admiten
atajos y estamos absolutamente de acuerdo, pero consideramos que este es
precisamente uno de los atajos. En este caso la reforma tiene como
fundamento la Ley de Partidos Políticos de 2002 y no es sino una
continuación de una primera reforma de la Loreg que ya se hizo con base
en esta misma norma. Podríamos hoy analizar y argumentar una por una las
propuestas de reforma que nos hacen en esta proposición de ley -son 15
concretamente-, pero todas terminan, como digo, en un mismo punto, la Ley
de Partido Políticos. Conocida la posición de Nafarroa Bai, contraria,
además de manera frontal, a esta norma, huelgan mayores razones para
anunciar nuestro voto contrario a la toma en consideración de la misma,
por pura coherencia política pero también por pura coherencia
democrática.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Barkos.
A continuación tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, inicio mi intervención
anunciando el voto favorable de UPN a su toma en consideración y el
agradecimiento a los dos grandes grupos de la Cámara por el consenso
inicial alcanzado entre ambos a la hora de plantear esta proposición de
ley que espero dure hasta su aprobación final.
Esta proposición, señorías, debe tener al menos un objetivo claro, que los
que no creen en la democracia, los que la combaten con las armas y la
palabra, los fascistas, no se vuelvan a reír otra vez de nosotros, no se
vuelvan a aprovechar de nuestra democracia para destruirla. Sabemos
quiénes son los enemigos de la democracia, sabemos cómo burlaron la ley
en el pasado, sabemos cómo la aprovecharon para financiar el terrorismo,
tenemos constancia de que lo van a volver a intentar otra vez, de que
necesitan parasitar las instituciones democráticas para volver a
alimentar su red de extorsión mafiosa y su totalitarismo. Si lo
impedimos, señorías, habremos alcanzado el objetivo que todos compartimos
y con ello además habremos cumplido con una parte importante del deber
moral que seguimos teniendo con todas las víctimas del fanatismo. La
justicia, la memoria y la dignidad que merecen las víctimas no está solo
garantizada en la proposición de ley de protección de víctimas que
tramitamos en paralelo en esta Cámara; está también, señorías, en esta
proposición de ley, con la que nos comprometemos a evitar el paso a las
instituciones españolas a quienes construyen desde el odio, el chantaje y
el fanatismo un negocio mafioso muy lucrativo con el dinero de todos los
contribuyentes españoles. Ojalá, señorías, estemos a la altura de su
desafío y esta norma elimine de una vez por todas de nuestros
ayuntamientos y de nuestros parlamentos a todos los matones, a todos los
goebbels y a todos los lobos con piel de cordero que han hecho de la
violencia y del terror su medio de vida y de muerte.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Salvador.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora
Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Pocas leyes claras y que se cumplan. Yo estoy a favor de la Ley de
Partidos, lo he estado siempre, creo que ha sido un instrumento
fundamental para la democracia en este país y que lo ha sido sobre todo
cuando, además de estar en vigor, se cumplió en sus justos términos y en
todos sus extremos.
Voy a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de
ley, sin perjuicio de que en el trámite de enmiendas introduzca alguna
enmienda, precisamente buscando los mismos objetivos que la ley pretende,
endurecer más la posibilidad de que los terroristas se cuelen en las
instituciones o también que, una vez que se han colado, permanezcan
dentro. Por tanto, mi aportación será en esa misma dirección -insisto-,
en la dirección de los proponentes, que aquí se nos ha explicado, y del
propio texto de la proposición de ley. Porque creo que la Ley de
Partidos, que se pretende mejorar con esta iniciativa, ha sido un
instrumento fundamental de la democracia, un instrumento al servicio del
sistema democrático, y ha tenido resultados buenos y gratificantes desde
el punto de vista democrático.
Dicho esto, permítanme que muy brevemente, por razón del tiempo, les
transmita a ustedes, a la Cámara en su conjunto, una reflexión y un
temor, aunque sea una cautela, para que la palabra no sea demasiado
fuerte, a ver si hacemos la ley y después hacemos la trampa; no vaya a
ser que unos hagamos la ley y otros hagan el reglamento. Porque yo soy de
las convencidas -lo mismo que el Tribunal Supremo, por cierto- de que con
la Ley de Partidos Políticos en vigor y con la Ley de Bases de Régimen
Local, que también está en vigor, con su artículo 61.2, con la primera,
hubiéramos podido evitar que los terroristas se colaran en las
instituciones dentro de las listas de ANV y que si se colaron fue porque
ni la fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni el Gobierno socialista,
quiso impugnar, quiso pedir la ilegalización de ANV. De hecho no la
pidió, la pidió después de las elecciones generales. O sea se colaron
porque la fiscalía, la Abogacía del Estado, el Partido Socialista y el
Gobierno socialista permitió que se colaran y se mantuvieron dentro
porque el Partido Socialista, el Gobierno de la nación, permitió que se
mantuvieran dentro, porque no quisieron utilizar una ley, que también
está en vigor, que es la Ley de Bases de Régimen Local, y que se podía y
se puede utilizar para disolver aquellos ayuntamientos en los que se
hayan colado terroristas, que se haya demostrado después que lo son,
porque en este caso se demostró en sentencia del Supremo que ANV era una
organización terrorista. Por tanto, señorías, repito que no vayamos a
hacer la ley y después vayan a hacer la trampa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No vaya a ser que hoy establezcamos aquí una
nueva norma y después a quien le toque desarrollarla haga lo que hizo con
las leyes que están en vigor, con la Ley de Partidos y con la Ley de
Bases de Régimen Local.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo digo sin embudos, sin complejos, respetuosamente, pero sin
echar mano del manual de la corrección política, tan usual en esta
Cámara. Esta es una proposición de ley que en nuestra modesta opinión va
en contra del signo de los nuevos tiempos. A nosotros, señorías, el
comunicado último de ETA, aunque ciertamente críptico y algo ambiguo, nos
parece una noticia positiva. Nos parece significativo, indiscutiblemente,
que la organización armada se comprometa a no realizar más actuaciones
violentas en el futuro, aunque efectivamente nosotros queremos y exigimos
un anuncio de un cese total permanente, definitivo, unilateral, de la
violencia, sin contraprestaciones y evidentemente verificado también
internacionalmente. Porque ni el cerco policial, ni la debilidad
operativa de ETA, ni la presión del colectivo de presos, por sí solos,
van a acabar con el fenómeno de la violencia en el País Vasco, en
términos, como se ha dicho, de derrota total, de vencedores y vencidos.
Señorías, un fenómeno tan enraizado, con una inercia de cincuenta años en
las espaldas, en el que cualquier desalmado con una pistola en la mano
puede cometer un auténtico destrozo, mucho dolor e incluso un daño
irreparable, no se soluciona de esta forma. Incluso las guerras se acaban
siempre con un armisticio. ¿Con quién vas a negociar sino con tu propio
enemigo?
Somos comprensivos en cualquier caso ante el escepticismo que generan los
antecedentes fallidos, la última tregua fracasada, pero también
observamos, señorías, un cierto tacticismo, un cálculo partidista, en
estos momentos totalmente inoportuno. Somos conscientes de que la derecha
española levanta la bandera de la lucha antiterrorista, que casi parece
en muchas ocasiones que es su razón de ser, que es un importante nicho de
votos; siempre ve un señuelo, siempre ve una tregua trampa, pero al mismo
tiempo la izquierda teme que cualquier concesión dé alas al Partido
Popular, que es quien lo atenaza. Por tanto, no es nada fácil pero el
momento creemos que exige valentía, que exige arriesgar y que exige
incluso generosidad. Creemos en la sinceridad y en la honestidad, como
mínimo, de la izquierda abertzale, que ha dado pasos en una dirección
positiva para la normalización política y para la pacificación, y así lo
ha reconocido, por ejemplo, un interlocutor muy válido, como es el
presidente del Partido Socialista en Euskadi, el señor Eguiguren, quien
reclama -como lo hace Esquerra Republicana- encauzar un acuerdo por la
vía del diálogo político, restaurando todos los derechos civiles y
políticos -empezando por liberar al señor Otegi, que en este momento
todavía está en la cárcel y mañana será juzgado simplemente por motivos
políticos, y todo el mundo lo sabe- y derogando una ley de partidos y un
pacto antiterrorista que es dudosamente democrático, además de
excluyente.
Acabo, señorías, diciendo que la historia demuestra que un proceso de esta
naturaleza reclama mayor altura de miras, reclama aparcar la
visceralidad, reclama dejar esa lógica y pesada mochila de dolor y de
resentimiento, porque son los principales ingredientes que van a poder
desbloquear un proceso complejo y enquistado. Esta es una reforma de la
Ley Electoral, señorías, que va en contra, repito, del signo de los
nuevos tiempos, es una vuelta de tuerca más a una ley de partidos y a un
pacto antiterrorista que nada va a favorecer el objetivo que todos
deseamos, que es la paz en el País Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ridao.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparto con otros grupos parlamentarios que ante una situación
de expectativa en relación con el fin de la organización terrorista ETA
es necesario ser prudentes, y ser prudentes al mismo tiempo que ser
unitarios desde las fuerzas políticas parlamentarias. Estoy convencido
también de que no basta la declaración actual de la organización
terrorista ETA ni tampoco los movimientos del mundo abertzale. Es
necesario el cese definitivo de la actividad armada y es imprescindible
que el mundo abertzale se desmarque de esa actividad violenta. Pero,
señorías, yo discrepo del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a que no
exista espacio para la política. Además, cuando ha gobernado no ha sido
así, ha explorado el espacio de la política. Cuando está en la oposición
parece que en política antiterrorista solamente hay espacio judicial y
espacio policial, y cuando está en el Gobierno, además del judicial y del
policial, existe espacio político.
Pues bien, señorías, yo creo que existen los tres espacios: el judicial,
el policial y el político, y con los tres, con cada uno de los tres,
acabaremos definitivamente con la violencia terrorista. En concreto, el
espacio político es, en nuestra opinión, un espacio necesariamente
unitario, y en ese sentido no compartimos ni la forma ni el fondo de esta
iniciativa. La han presentado ustedes con mucha retórica, pero sin
acuerdo con las fuerzas políticas parlamentarias. Han presentado ustedes
el plato precocinado en la subcomisión de reforma electoral en el último
minuto, es decir, no tenían ninguna voluntad de acuerdo en esta materia.
Por tanto, de alguna manera esa estrategia unitaria desde la política
contra el terrorismo queda debilitada. En relación con los contenidos,
continúan ustedes con una interpretación constitucional que no
compartimos. Nuestra Constitución no es una constitución militante,
señorías, no lo es. Y en nuestra opinión, las formas de ilegalizar
partidos son fundamentalmente penales, no administrativas. Siguen ustedes
con la deriva administrativa en la lucha antiterrorista, que
nosotros no compartimos. En estos momentos la derrota del terrorismo es en
buena parte lucha policial, unidad de fuerzas políticas democráticas,
también lucha desde el ámbito de la justicia, y en mucha menor medida Ley
de Partidos. Con la ilegalización penal de Batasuna ya hubiera sido
posible la situación actual, pero ustedes tenían la voluntad de
adelantarse a los tribunales de Justicia cuando pusieron en marcha la Ley
de Partidos. No le atribuyan, por tanto, a la Ley de Partidos lo que no
tiene; fundamentalmente, la vía ha sido una vía judicial y policial y no
una vía administrativa. Ustedes vuelven a plantear la vía administrativa
en un tema muy complicado, que es quitarle a un cargo público su acta
porque no condena la violencia y hacerlo mediante un mecanismo
administrativo, no penal. Nosotros con eso no estamos de acuerdo, creemos
que es un agujero negro, otro agujero negro en nuestro sistema político
constitucional, porque nuestra Constitución no es una constitución
militante y nuestro Código Penal no es el Código Penal del enemigo,
señorías. Siguen ustedes empeñados en esa deriva que nosotros no
compartimos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor
Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Esta proposición de ley orgánica para modificar la Loreg es sorpresiva. No
es fruto de la subcomisión, no es fruto de la negociación entre los
grupos políticos, sino que se presentó en la última reunión de la
subcomisión faltando no creo que llegase a cinco minutos para el cierre
de la misma. Es un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido
Popular al que el resto de los partidos no nos hemos sumado en su firma
ni en su apoyo. Esta es una vuelta de tuerca más a la Ley de Partidos
Políticos y, por eso, antes de entrar en el texto de esta proposición,
hay que hablar de esa ley. Cuando se discute la Constitución queda claro
que la eventual ilegalidad de una formación política se circunscribe en
exclusiva a las que persiguen fines o utilizan medios tipificados como
delitos. Todo ello, claro está, siempre que lo declare un tribunal de
orden jurisdiccional penal. Por lo tanto, la ilegalización de un partido
se limita al terreno estrictamente penal y cuando las asociaciones
políticas actúen como instrumento para la comisión de delitos,
únicamente.
Durante la tramitación del proyecto constitucional se intentó sin éxito
introducir en el texto del artículo 6 una cláusula equivalente a la que
en la Constitución alemana autoriza al Tribunal Constitucional a acordar
la ilegalización de los partidos políticos que contravengan el orden
fundamental, libre y democrático. Su rechazo pone en evidencia que para
las Cortes constituyentes solo el ilícito penal podía dar lugar a la
ilegalización de un partido político. Llegamos al año 2002 y, de pronto,
desde el Gobierno del Partido Popular se habla de la identidad absoluta,
que ya puede ser probada, entre ETA y Batasuna. Bien, pues en ese momento
habría base probatoria suficiente para haber acudido a la vía penal; si
son lo mismo, si se pude acreditar sin género de dudas. Sin embargo, lo
que se hace es soslayar la vía penal y crear una nueva vía, una nueva vía
a la que el Partido Socialista no fue capaz de resistirse. Eso lo
reconocía en unas declaraciones el actual lehendakari, Patxi López, que
decía: Cuando estábamos cenando llamó López Aguilar por teléfono diciendo
que el PP había propuesto la Ley de Partidos. Nos la habían clavado,
porque Juan Fernando había dicho que sí sin discutirlo con nosotros.
Había un cabreo generalizado en aquella cena, aunque luego públicamente
tienes que salir poniendo buena cara y especialmente Zapatero, que tiene
esa responsabilidad. Fue una deslealtad absoluta, lo entenderé así toda
la vida. Además, aquella frase de Aznar de que la ley se iba a hacer con
o sin el PSOE. Cierro comillas. Qué poco se sospechaba entonces que iba a
ser el PSOE el que más osadamente operase con la Ley de Partidos
Políticos, como así ha sido.
La verdad es que básicamente nuestra oposición a la Ley de Partidos tiene
tres puntos. Por una parte, es un atajo que defrauda las garantías
materiales y procesales del derecho punitivo con consecuencias en el
terreno de las libertades. Efectivamente, porque, lo he dicho, el apoyo
público, el respaldo explícito al terrorismo, hace ya años que se
encuentran rigurosamente criminalizados por la legislación penal. La Ley
de Partidos Políticos constituye un fraude a estos principios porque
permite que las mismas conductas para las que el Código Penal contempla
la disolución de un partido político para, a través de un cauce
escrupulosamente respetuoso con las garantías materiales y procesales que
rigen el derecho punitivo, puedan recibir la misma sanción pero siguiendo
un procedimiento bastante menos riguroso desde el punto de vista de las
garantías. En el derecho punitivo, la responsabilidad penal,
sancionadora, disciplinaria, recae siempre sobre las personas concretas
que protagonizan los ciclos. Ahora se abre un atajo con la Ley de
Partidos de manera que se puede ilegalizar a los mismos, un atajo no por
vía penal, por lo tanto, con menos garantías.
En segundo lugar, es potencialmente vulneradora del derecho a la
participación política y en el año 2007 advertía el fiscal general del
Estado que esta ley podría generar una especie de guantánamo electoral.
Pues sí, lo produce, 100.000 votos, aproximadamente, sin representación
política, por tanto, un fraude en la representación en las distintas
instituciones. Además, su aplicación, y esta es la tercera cosa que le
achacamos, se ha llevado adelante con criterio electoralista. El ejemplo
más claro se ve en las últimas elecciones municipales, en unos
ayuntamientos sí, en otros no, sin saber exactamente a qué respondía,
porque, desde luego, en algunas listas que se legalizaron, que se
consideraron como buenas, había nombres que podrían haber hecho pensar
perfectamente
que se podría haber presentado un recurso contra esa candidatura. Sin
embargo, eso no fue así. De manera que se han alterado conscientemente
las bases electorales vascas, operando coercitivamente sobre el sistema
de partidos. Eso es lo que ha ocurrido.
Ahora viene una vuelta de tuerca con la proposición que se nos presenta,
una vuelta de tuerca en la que lo más llamativo es la creación de una
incompatibilidad sobrevenida de los cargos electos cuyo partido haya
sido, después de que estos hayan ocupado el cargo, ilegalizado. Una
incompatibilidad sobrevenida que inspira más que razonables dudas a
miembros muy importantes de la doctrina jurídica. La retirada de una
persona elegida para un cargo es un instituto extraño a un sistema
parlamentario; más bien corresponde a sistemas presidencialistas,
anglosajones, pero no a un sistema parlamentario. Quien es proclamado se
convierte en representante popular de todos, no solo de aquellos que le
han votado, y ni siquiera puede ser retirado en ese sentido por su propio
partido y por lo tanto a él pertenece el escaño. Con esto, con una
tradición jurídica notablemente asentada en los tribunales españoles y
que está fundamentada en la Constitución española, es con lo que se
pretende romper en estos momentos. Además, se deja en manos de la
Administración electoral, de la Junta Electoral Central, la
incomunicación de la incompatibilidad y recibir la declaración expresa
del rechazo de las causas determinantes de la declaración de ilegalidad.
Y no solo eso, sino que también corresponde a la Junta Electoral Central,
a posteriori, si, después de haber hecho esa declaración, los actos de
esa persona contradicen esa declaración que había realizado. Una
administración electoral metida en camisas de once varas. Sí, ahora ya sé
-no estaba en el texto original- que han metido la posibilidad de un
recurso ante el tribunal, pero lo cierto es que la Junta Electoral
Central actúa como agente en llevar a cabo lo que dice la ley. A una
persona que es un cargo público, que no tiene actividad violenta alguna,
que no hace declaraciones en favor de la violencia, que no infringe la
ley, que la cumple escrupulosamente y que está desarrollando
perfectamente su cargo, ¿en ese caso también se le puede hacer
incompatible? ¿Sí, sí? Porque está obligada a hacer una declaración. Una
persona que cumple absolutamente la ley y que no está envuelta en
actividades violentas. Más, se niega el censo a las candidaturas, se
puede suspender su entrega si una candidatura, no es que sea objeto de
recurso, sino incluso cuando se considere que podría estar incursa en
algunas de las circunstancias previstas en el artículo 94.4 de esta ley.
Quien lo puede considerar es la Junta Electoral; no un tribunal. Esto es
dejar en situación de inferioridad a una candidatura que no va a poder
utilizar ese censo. Porque, ¿qué pasa si después no se ilegaliza? Podría
incluso prestarse a maniobras de filibusterismo político presentando a
sabiendas de la inocencia un determinado recurso; y el recurso mismo para
la prohibición de las candidaturas, para la ilegalización de las mismas,
se puede dar en estos momentos según dice el texto, pero es que el señor
Bermúdez ha anunciado una enmienda que va a ir más allá, hasta el
cuadragésimo cuarto día posterior a la convocatoria. Ahora dice que hasta
el día -de las elecciones, será- a través de una enmienda. Toda la
campaña electoral, toda la campaña electoral, de manera que el Tribunal
Supremo el último día de la campaña resuelva. Una inseguridad jurídica
atroz no solo para esa candidatura sino también para el resto de las
candidaturas que compiten en esa liza electoral; y se abre además un
nuevo plazo después de la votación hasta la proclamación de electos para
recurrir por parte de la Abogacía del Estado o del ministerio fiscal con
una, más que probable inmediata, suspensión de esa proclamación de
candidatos. ¡Qué tentación! Qué tentación más grande recurrir una
candidatura cuando ya sabes los resultados y cómo influirá una
suspensión, por ejemplo, sobre la elección de un alcalde. Una gran
tentación, y una nueva vuelta de tuerca ya no solo ilegalizar a un
partido político; se dice ahora que pueden candidaturas de partidos
políticos que no se pretende ilegalizar pero que están contaminadas. Gran
contradicción porque en su riguroso razonamiento legal, si coadyuvan esos
partidos a que se presenten en sus listas personas que apoyan la
violencia o el terrorismo, ¿no deberían considerarse esos partidos
políticos cómplices de la violencia? ¿O es que les da vértigo ilegalizar
a la mitad de los votantes en Euskadi? ¡Qué de incógnitas quedan, qué de
incógnitas! El Estado debe garantizar el reconocimiento y el respeto del
derecho al sufragio activo y pasivo en tanto no sea suspendido a
ciudadanos concretos por razones de índole penal y no políticas a través
de vías de derecho administrativo.
Por último -veo que se me acaba el tiempo, señora presidenta- una nota un
tanto chirene como diríamos los bilbaínos, porque se menciona la
aplicación de la incompatibilidad sobrevenida a los miembros de las
diputaciones provinciales y yo no sé si están pensando exactamente en la
de Cuenca o en la Huelva, porque las forales lo hacen en referencia a las
diputaciones provinciales.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Esteban, por favor.
El señor ESTEBAN BRAVO: En definitiva, una vuelta de tuerca más a la Ley
de Partidos Políticos y una vuelta de tuerca que infringe lo establecido
por la jurisprudencia y por la propia Constitución.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en esta modificación de la Ley Electoral
que a su vez supondrá una modificación de la Ley de Partidos Políticos,
por tanto, segundo debate sobre la Ley Electoral. Lo que no aceptan ni
este portavoz ni mi grupo parlamentario es que desde algún otro grupo
parlamentario se haya acusado de estafadores, de fraudulentos y de
personas que burlamos a la democracia a las personas que hemos defendido
la reforma de la Ley Electoral en el punto anterior. Tampoco aceptamos
falsedades como que esta es una ley que beneficia más al Partido Popular
que al PSOE cuando al PSOE le cuesta más votos que al Partido Popular
conseguir un escaño. Les pido en todo caso rigor en el debate electoral.
Señorías, me voy a centrar en la Ley de Partidos que modificamos también a
través de la Ley Electoral. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) votó favorablemente en su momento, en la Legislatura 2000-2004,
la Ley de Partidos Políticos; se ha convertido en un instrumento jurídico
útil para la lucha antiterrorista en algunos de sus aspectos. Ahora los
grupos proponentes PSOE y PP nos plantean nuevas modificaciones, y una
parece razonable y la otra alejada de cualquier lógica del marco
constitucional. Parece razonable y parece un perfeccionamiento de los
mecanismos que, aquellas candidaturas que han sido proclamadas y que
desde el día de la proclamación hasta el día de las elecciones se quiten
la careta y hagan apología del terrorismo, puedan ser también objeto de
invalidación de esta candidatura por parte de los órganos judiciales
pertinentes. Lo contrario es una manifestación de cinismo y de doble
discurso político. Esto nos parece bien, pero señorías, en esta
proposición de ley avalada y patrocinada por el grupo de la mayoría y por
el primer partido de la oposición, se contempla la figura de la
incompatibilidad sobrevenida, esto es de la anulación del cargo político
aún electo. Se hace -lo apuntaba el señor Bermúdez de Castro- con algunas
mejoras de tutela judicial que nos continúan pareciendo insuficientes; y
se hace desde un criterio que nos parece de discrecionalidad, se intenta
crear un instrumento de política antiterrorista amparada por una
legalidad forzada.
Se ha dicho por parte de algún portavoz que a la amenaza se le debe
responder con la ley. En este caso, en el caso de la incompatibilidad
sobrevenida a la amenaza se le responde con la amenaza en el momento en
que la política antiterrorista de forma discrecional así lo contempla.
Señorías, somos partidarios de la legalidad y de los mandatos
constitucionales y si ustedes repasan las sentencias del Tribunal
Constitucional 8/1983, 10/1983, 119/1990, 74/1991, así como la sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Selim Sadak y
otros contra Turquía de 11 de junio del año 2002, sobre la extinción del
mandato parlamentario, verán que la incompatibilidad sobrevenida tiene
unos visos que chirrían y que están en el extremo de las capacidades de
las que nos dota la Constitución.
Por esto nosotros nos abstendremos sobre el conjunto de la toma en
consideración, pero nos opondremos frontalmente a los criterios por los
cuales se plantea algo como la incompatibilidad sobrevenida. Es más,
señorías, no desde un punto de vista estrictamente jurídico sino desde un
punto de vista político y de política antiterrorista e interpelando al
grupo de la mayoría y al primer grupo de la oposición -que son los
firmantes de esta iniciativa- les planteo si creen que conviene el
mensaje de discrecionalidad en la lucha antiterrorista. Porque la
declaración de incompatibilidad sobrevenida es un mensaje de
discrecionalidad al entorno terrorista y a las formaciones del entorno
terrorista. ¿Ustedes consideran que aquello que redactaron y pactaron
hace ya más de medio año desde la insatisfacción de uno y otro de la
propuesta inicial es el instrumento apropiado en estos momentos? En la
lucha antiterrorista siempre se ha planteado el debate sobre si el final
de la misma se va a producir por negociación o por rendición de la banda
terrorista. Les invito a que reflexionen si la incorporación en la Ley de
Partidos Políticos de una previsión de incompatibilidad sobrevenida en
función del contexto y de los instrumentos de la lucha antiterrorista,
envía un mensaje de firmeza respecto a la rendición o envía un mensaje de
un instrumento favorable a la negociación.
Señorías, por motivos de carácter constitucional, por la incongruencia con
el artículo 67 de la Constitución y por la invocación a las sentencias
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
discrepamos frontalmente con esta figura que es claramente un ejemplo de
concepto jurídico indeterminado, como es la incompatibilidad sobrevenida.
Estamos de acuerdo con algunos otros instrumentos, nos vamos a abstener
en la toma en consideración y señalamos lo inapropiado de un instrumento
que persiguiendo lo mejor al final parece un mensaje muy alejado de lo
que debe imperar en la lucha antiterrorista.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benegas.
El señor BENEGAS HADDAD: Señora presidenta, señorías, quiero comenzar esta
intervención agradeciendo al señor Bermúdez sus palabras hacia mi persona
en su intervención en la anterior proposición de ley, y corresponderle
reconociendo su trabajo riguroso, su dedicación a resolver los problemas
que hemos tenido durante los trabajos de la subcomisión, su tenacidad y
su capacidad para alcanzar acuerdos que, en los tiempos que corren, es de
agradecer. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La Ley orgánica de partidos políticos de 2002 fue una ley que tuvo por
objeto impedir que se utilizara la participación política, democrática,
con fines antidemocráticos. Esta era la finalidad de la Ley de partidos
políticos del año 2002, impedir que se utilizara la participación
política, democrática, con fines antidemocráticos por los que no respetan
los derechos humanos, por los que no respetan el derecho a la vida y
utilizan, apoyan o no rechazan la violencia para conseguir fines
políticos pretendiendo beneficiarse al mismo tiempo del sistema
democrático. Esa ley también suscitó en su debate diferentes
interpretaciones sobre su legalidad. Como se dice en la sentencia del
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, después de un riguroso
control en lo relativo a la presencia de razones convincentes imperativas
que pudieran justificar la disolución de los partidos políticos
demandantes, el tribunal considera, como aquí se ha dicho, que esta
injerencia correspondía a una imperiosa necesidad. De ello se deduce que
la disolución puede estimarse necesaria en el seno de una sociedad
democrática con vistas en particular al mantenimiento de la seguridad
pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y
libertades de otros. Concluye el tribunal diciendo: A la luz de cuanto
precede, no se ha dado violación alguna del artículo 11 del Convenio
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Por tanto, la Ley de Partidos tiene reconocida su
legalidad democrática por el más alto tribunal europeo en derechos
humanos.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos, en cada
elección acontecida Batasuna o la denominada izquierda abertzale han
desplegado una imaginación significativa para buscar subterfugios con la
finalidad de burlar la ley. Todos los conocemos y ya tenemos una
experiencia acumulada de cómo lo hacen o de cómo lo han intentado en
sucesivas ocasiones. Por ello, las reformas que se plantean en esta
proposición de ley tienen por objetivo cerrar cualquier vía por la que
los que no condenan ni rechazan la violencia ni aceptan las reglas
democráticas pudieran concurrir a las elecciones y acceder a las
instituciones. Nuestro sistema democrático ha demostrado que no nos
situamos en la persecución de proyectos políticos sino en los métodos -si
son democráticos o no son democráticos- con que estos son defendidos. Lo
que proponemos son reformas que no niego que tengan un carácter
instrumental en el sentido de que quienes tienen que saberlo sepan que
vamos a cegar, a taponar, las vías ambiguas por las que, sin rechazar con
contundencia la violencia o sin distanciarse definitivamente de ETA, se
pretenda buscar un resquicio legal para participar en las elecciones. La
misma advertencia sirve para partidos democráticos que tengan la
tentación de coadyuvar a fines espurios en relación con el respeto debido
a las reglas democráticas, cuyo principio esencial reside en la renuncia
a utilizar la violencia para dirimir conflictos políticos.
Desde esta perspectiva, como novedad, en la proposición de ley se
introduce y regula el concepto de incompatibilidad sobrevenida al que se
ha hecho alusión en diversas intervenciones por parte de diferentes
portavoces. ¿Qué es lo que se pretende? Si un partido es declarado ilegal
después de las elecciones, sus cargos electos incurrirán en causa de
incompatibilidad. En este supuesto, dispondrán de quince días para hacer
una declaración expresa e indubitada de rechazo respecto a las causas
determinantes de la declaración de ilegalidad ante la Junta Electoral
Central. Para que se entienda, porque ha habido portavoces que han dudado
de la constitucionalidad de esta propuesta, de esta reforma -he dicho que
algunas de nuestras propuestas tienen carácter instrumental-, ¿qué es lo
que pretendemos con esto, señorías? Pretendemos que hechos y casos tan
lamentables como el de Mondragón después del asesinato de Isaías Carrasco
no pueda volver a repetirse en nuestra vida democrática. Eso es lo que
pretendemos; solo pongo un ejemplo, que después de un asesinato de un ex
concejal una alcaldesa se niegue a condenar el atentado y siga apoyando
públicamente la violencia terrorista. Si hubiera estado en vigor esta
reforma que proponemos habría incurrido en incompatibilidad sobrevenida.
La otra reforma contempla la posibilidad de que una vez celebradas las
elecciones se pueda anular una lista sin ilegalizar al partido en su
conjunto. Es fácil suponer en quién estamos pensando, señorías. El
terrorismo con sus brutalidades y salvajadas ha causado mucho dolor y
sufrimiento en el País Vasco y en el conjunto de España. La aspiración de
los demócratas es vivir en una sociedad de hombres y mujeres libres sin
violencia en la que se defiendan los proyectos políticos solo mediante la
palabra. Esa es la sociedad vasca y la sociedad española por la que
luchamos los demócratas. Creo que hemos avanzado singularmente en la
conquista de este objetivo aunando esfuerzos policiales, esfuerzos
políticos, de unidad democrática, actuación de la justicia, colaboración
internacional, y podemos decir que estamos en el camino de conseguir el
objetivo de poder vivir en una sociedad vasca sin violencia y sin
terrorismo y por ende en una sociedad española donde la democracia ha
salido más fortalecida.
Hoy con más razón que nunca es el momento de mantener la máxima unidad
democrática; por eso no voy a contestar a algunas alusiones que ha habido
en algunas intervenciones a actuaciones del Gobierno socialista o del
Partido Socialista o algunas insinuaciones que se han hecho porque
siempre he pensado, hoy más que nunca, que la unidad democrática es
fundamental en la lucha contra el terrorismo para hacer ver a los
violentos y a sus apoyos que no les quedan más caminos que la cárcel o el
abandono de las armas; no tienen más alternativas; y en este momento
reclamo el mayor esfuerzo de unidad democrática a pesar de las
discrepancias que estas reformas puedan tener en unirnos en el objetivo
común, creo que lo comparten todos los diputados y diputados
de esta Cámara, que es erradicar de una vez por todas la violencia
terrorista en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas.
Votaremos dentro de tres minutos. (Pausa.)
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000033.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el Congreso de los Diputados quiere llamar
la atención de los españoles y de las instituciones acerca de un problema
grave, el de los miles de personas desaparecidas sin un motivo aparente.
Aunque no es habitual realizar declaraciones como la presente en el seno
de una sesión plenaria, el Congreso quiere hacer una excepción para
mostrar su apoyo unánime, el de todos los portavoces de la Junta de
Portavoces, el de todos los miembros de la Comisión de Interior y el de
todas sus señorías para con las familias que padecen estas dramáticas
situaciones y mostrar su aliento institucional también a las fuerzas
policiales encargadas de prevenir, de investigar y de resolverlas. Los
diputados somos conscientes de que el dolor, la angustia y la
incertidumbre de los familiares de personas desaparecidas exige nuestra
solidaridad, apoyo eficaz y difundir socialmente este problema. Por ello,
propongo al Congreso que acuerde declarar el día 9 de marzo como el Día
de las personas desaparecidas sin causa aparente. ¿Lo aprueba así el
Congreso? (Asentimiento.) Queda aprobada. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL SECRETARIADO DE LA UNIÓN
POR EL MEDITERRÁNEO, HECHO EN MADRID EL 4 DE MAYO DE 2010. (Número de
expediente 110/000210.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
COREA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000211.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN TIRANA EL 2 DE JULIO DE 2010.
(Número de expediente 110/000216.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN HANOI
EL 20 DE FEBRERO DE 2006. (Número de expediente 110/000217.)
- ACUERDO DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 14 DE MAYO DE
2010. (Número de expediente 110/000218.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LITUANIA PARA LA
PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 7 DE
MAYO DE 2010. (Número de expediente 110/000219.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 2 DE JUNIO DE 2010.
(Número de expediente 110/000220.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos los dictámenes de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales en los términos que
se detallan en el orden del día. ¿Se pueden aprobar por asentimiento?
(Asentimiento.)
Quedan aprobados por asentimiento de la Cámara.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y
VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985,
DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente
122/000254.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la toma en consideración de
la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán
(Convergència i Unió) y Vasco (PNV), orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 320; en contra, ocho; abstenciones, una.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL
GENERAL. (Número de expediente 122/000255.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular,
orgánica por la que se modifica la también Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General. Votamos su toma en consideración.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 306; en contra, 14; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación.)
- PROPOSICIÓN DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 122/000239.)
El señor PRESIDENTE: Por último, señorías, se ha propuesto la avocación al
Pleno para su debate y votación de la proposición de ley de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
¿Aprueba el Pleno por asentimiento la avocación propuesta?
(Asentimiento.)
Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.
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