DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 229, de 10/03/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 229
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 217
celebrada el jueves, 10 de marzo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero. (B.O.E. núm. 43, de 19 de febrero de 2011).
(Corrección de errores en B.O.E. núm. 49, de 26 de febrero de 2011).
(Número de expediente 130/000040.) ... (Página 7)
- Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la
mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de
empleo. (B.O.E. núm. 43, de 19 de febrero de 2011). (Número de expediente
130/000039.) ... (Página 20)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes
denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de
3 de mayo, de Educación). "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 61-1, de 9 de abril de 2010.
(Número de expediente 121/000061.) ... (Página 32)
- Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los
procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie A, número 86-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de
expediente 121/000086.) ... (Página 37)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales:
- Convenio número 185 de la OIT sobre los documentos de identidad de la
gente del mar (revisado), 2003, hecho en Ginebra el 19 de julio de 2003 y
Declaración de España. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número
370, de 3 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000229.) ... (Página 41)
- Acuerdo marco global de asociación y cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República de
Indonesia, por otra, hecho en Yakarta el 9 de noviembre de 2009. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 371, de 3 de diciembre de
2010. (Número de expediente 110/000230.) ... (Página 41)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de
Marruecos al Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de
1971. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 375, de 14 de
diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000232.) ... (Página 41)
- Memorando de entendimiento entre el Departamento de Defensa de
Australia, el Ministerio de Defensa de Finlandia, el Ministro de Defensa
de la República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la
República Federal de Alemania, el Ministerio de Defensa de la República
Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, las Fuerzas
Armadas Suecas, el Secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos de América, relativo a la forma de onda de banda ancha
para la conexión en red en coalición (Coalwnw). "BOCG. Sección Cortes
Generales", serie A, número 376, de 14 de diciembre de 2010. (Número de
expediente 110/000233.) ... (Página 41)
- Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el
Reino de España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de
septiembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número
378, de 17 de diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000234.) ... (Página 41)
- Convenio entre el Reino de España y Rumania sobre el funcionamiento del
centro español del Instituto Cervantes en Bucarest y del Instituto
Cultural Rumano en Madrid, hecho en Madrid el 19 de octubre de 2010.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 379, de 17 de diciembre
de 2010. (Número de expediente 110/000235.) ... (Página 41)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de
2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 381, de 28 de
diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000236.) ... (Página 42)
- Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el
Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas y Memorándum de
entendimiento entre las Autoridades competentes del Reino de España y la
Commonwealth de las Bahamas en relación con la interpretación o la
aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y la Commonwealth de las
Bahamas sobre el intercambio de información en materia tributaria y el
reconocimiento de otros compromisos pactados entre las Autoridades
competentes, hecho en Nassau el 11 de marzo de 2010. "BOCG. Sección
Cortes Generales", serie A, número 382, de 28 de diciembre de 2010.
(Número de expediente 110/000237.) ... (Página 42)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar
la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y prevenir la evasión fiscal, hecho en Madrid el 7 de octubre
de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 383, de 28 de
diciembre de 2010. (Número de expediente 110/000238.) ... (Página 42)
- Actas, resoluciones y recomendaciones del 21.º Congreso de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptadas en Santiago de Chile
el 21 de agosto de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A,
número 387, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 110/000239.)
... (Página 42)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de
Serbia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 388, de 28 de enero de
2011. (Número de expediente 110/000240.) ... (Página 42)
- Intercambio de cartas de fechas 12 y 13 de abril de 2010, constitutivo
de Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría de la Convención
marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (Cmnucc) para organizar
el taller que tuvo lugar en Madrid del 20 al 22 de abril de 2010. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 389, de 28 de enero de 2011.
(Número de expediente 110/000241.) ... (Página 42)
- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Tailandia sobre supresión
recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 7 de
octubre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 390,
de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 110/000242.) ... (Página 42)
- Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa entre el Reino de
España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 3 de
diciembre de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 391,
de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 110/000243.) ... (Página 42)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de
Albania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 392, de 4 de febrero de
2011. (Número de expediente 110/000244.) ... (Página 42)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica complementaria a la ley para la reforma de la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del
arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 87-1, de 8
de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000087.) ... (Página 43)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración
de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 164449.)
... (Página 48)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página 48)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 7)
Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero ... (Página 7)
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y
Hacienda (Salgado Méndez), expone a la Cámara las razones que han
obligado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador
Armendáriz; las señoras Díez González, Oramas González-Moro y el señor
Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura
Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro
Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gastón
Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.
Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la
mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de
empleo ... (Página 20)
El señor ministro de la Presidencia (Jáuregui Atondo), expone a la Cámara
las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real
decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y
Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares
Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría
Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible,
por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de
las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes
denominado proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de
3 de mayo, de Educación) ... (Página 32)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera
Caselas, Perestelo Rodríguez y Salvador Armendáriz, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i
Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Martínez López, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los
procesos europeos monitorio y de escasa cuantía ... (Página 37)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Gallego Barrero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales ... (Página 41)
Convenio número 185 de la OIT sobre los documentos de identidad de la
gente del mar (revisado), 2003, hecho en Ginebra el 19 de julio de 2003 y
Declaración de España ... (Página 41)
Acuerdo marco global de asociación y cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República de
Indonesia, por otra, hecho en Yakarta el 9 de noviembre de 2009 ... (Página 41)
Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos
al Convenio de La Haya sobre la ley aplicable en materia de accidentes de
circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 19718 ... (Página 41)
Memorando de entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia,
el Ministerio de Defensa de Finlandia, el ministro de Defensa de la
República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la República
Federal de Alemania, el Ministerio de Defensa de la República Italiana,
el Ministerio de Defensa del Reino de España, las Fuerzas Armadas Suecas,
el secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de
América, relativo a la forma de onda de banda ancha para la conexión en
red en coalición (COALWNW) ... (Página 41)
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el
Reino de España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de
septiembre de 2010 ... (Página 41)
Convenio entre el Reino de España y Rumania sobre el funcionamiento del
centro español del Instituto Cervantes en Bucarest y del Instituto
Cultural Rumano en Madrid, hecho en Madrid el 19 de octubre de 2010 ... (Página 41)
Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de
2010 ... (Página 42)
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el
Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas y memorándum de
entendimiento entre las autoridades competentes del Reino de España y la
Commonwealth de las Bahamas en relación con la interpretación o la
aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y la Commonwealth de las
Bahamas sobre el intercambio de información en materia tributaria y el
reconocimiento de otros compromisos pactados entre las autoridades
competentes, hecho en Nassau el 11 de marzo de 2010 ... (Página 42)
Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la
doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y prevenir la evasión fiscal, hecho en Madrid el 7 de octubre
de 2010 ... (Página 42)
Actas, resoluciones y recomendaciones del 21.º Congreso de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal, adoptadas en Santiago de Chile el 21
de agosto de 2009 ... (Página 42)
Declaración de aceptación por España de la Adhesión de la República de
Serbia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página 42)
Intercambio de cartas de fechas 12 y 13 de abril de 2010, constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) para organizar el
taller que tuvo lugar en Madrid del 20 al 22 de abril de 2010 ... (Página 42)
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Tailandia sobre supresión
recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 7 de
octubre de 2010 ... (Página 42)
Acuerdo de cooperación en el ámbito de la Defensa entre el Reino de España
y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 3 de diciembre de
2010 ... (Página 42)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de
Albania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página 42)
El señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esque rra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, hace uso de
la palabra para llamar la atención sobre varios de los convenios que
serán ratificados.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 43)
Proyecto de ley Orgánica complementaria a la Ley para la reforma de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje
institucional en la Administración General del Estado para la
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
... (Página 43)
Interviene el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez), en nombre
del Gobierno.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y el señor Cuesta Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 48)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de
actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página 48)
Dado que ningún miembro de la Cámara desea hacer uso de la palabra en este
punto, se da por examinado el dictamen.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de
febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, se aprueba por 177
votos a favor, ocho en contra y 157 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 163 votos a favor, 176 en
contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de
febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la
reforma de las políticas activas de empleo, se aprueba por 179 votos a
favor, tres en contra y 160 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se aprueba por 341 votos a favor y una
abstención.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican
las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones
y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominado proyecto de
ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que
se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
cualificaciones y de la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 181 votos a favor, 152 en contra y nueve
abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio
y de escasa cuantía.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. (Votación.) ... (Página 50)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales que figuran en el orden del día, se
aprueban por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 51)
Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley orgánica
complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se aprueba por 341 votos a
favor y una abstención.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 340 votos a favor y dos en contra.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación.) ... (Página 51)
Se someten a votación separada los seis puntos de que consta el dictamen,
siendo todos ellos aprobados.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Anuncio a sus señorías que, por mandato reglamentario, en la sesión de hoy
está prevista la votación y debate del dictamen relativo a la Ley
Orgánica complementaria a la ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en
la Administración General del Estado para la modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que requiere votación
final de conjunto. Igualmente en esta sesión está previsto el debate y
aprobación del dictamen de enmiendas del Senado respecto del proyecto de
ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que
se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En consecuencia, y
por tratarse de leyes orgánicas que exigen votación de conjunto, les
anuncio que las mismas votaciones no se producirán antes de las doce
horas del día de hoy.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL
SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente 130/000040.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero. Un miembro del Gobierno ha de explicar las razones
que han obligado a su promulgación así como la urgencia del mismo. La
señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía tiene
la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde el comienzo de la crisis nuestro sistema financiero se
reveló como uno de los más solventes, tanto porque nuestro régimen de
regulación y de supervisión es más exigente y prudente que el de otros
países, como porque nuestras entidades financieras a lo largo de esta
crisis no habrían participado en los productos crediticios estructurados
más complejos que se denominaron tóxicos. Consecuencia de ello es que
nuestro sistema financiero resistió razonablemente la primera oleada de
esta crisis financiera. Para apoyar al sector y para mantener esa
posición, desde el año 2008 el Gobierno ha venido adoptando las medidas
adecuadas a las circunstancias que se presentaban en cada momento, y
siempre con el objetivo de preservar la confianza en el sector financiero
español y con ello posibilitar que el crédito fluya hacia la economía
real, a las familias y a las empresas, contribuyendo así a reactivar el
crecimiento y el empleo. Así, cuando en el inicio de la crisis los
ciudadanos tenían dudas sobre la seguridad de sus depósitos, se elevó la
garantía de los mismos multiplicando por cinco el límite de cobertura en
vigor hasta entonces de manera coordinada con el resto de la Unión
Europea. Posteriormente, cuando se presentaron dificultades de liquidez
en el sistema financiero, se articularon medidas de apoyo a las entidades
de crédito mediante la compra de activos financieros de alta calidad a
través del Fondo de adquisición de activos financieros y la prestación de
garantías públicas a las emisiones de deuda a través de un programa
específico de avales. Más tarde, para impulsar la integración de
entidades y favorecer así la reordenación del sistema, el Gobierno creó
el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, el FROB, fortaleciendo en
paralelo los procedimientos de intervención, de disciplina y de solución
de entidades inviables, para favorecer una rápida y eficaz actuación ante
crisis que pudieran amenazar con generar un potencial riesgo sistémico.
Posteriormente, el Gobierno acometió la modificación del régimen legal de
las cajas de ahorros, de modo tal que, además de la posibilidad de
mantener su actividad como la habían venido desarrollando, pudieran
incorporarse a nuevas fórmulas de ejercicio de la actividad de crédito;
todo ello siempre con el objetivo de facilitar su acceso a recursos
propios de la máxima calidad, profesionalizar su gestión y, al mismo
tiempo, mantener aquellos aspectos del marco tradicional de las cajas más
valorados por los ciudadanos como su obra social. En paralelo, y siempre
con el objetivo de mantener la confianza en el sistema financiero
español, se ha exigido al sector un esfuerzo adicional de transparencia,
como el que supuso el endurecimiento de los estándares contables para el
reconocimiento y provisión de los préstamos dudosos, los stress test, o
la publicación de la exposición al riesgo inmobiliario. En definitiva,
las medidas impulsadas por el Gobierno, que ahora se contemplan con el
Real Decreto-ley para el reforzamiento del sistema financiero que les
presento, han estado dirigidas a facilitar el acceso a la financiación de
las entidades de crédito, a salvaguardar la estabilidad del sistema, a
fomentar su reestructuración y eficiencia, especialmente en el sector de
las cajas de ahorros, y a velar por la adecuada canalización del crédito
hacia la economía real.
Este conjunto de medidas ha contribuido sin duda a minimizar el impacto de
la crisis global sobre el sistema financiero español, y especialmente
sobre el erario público. Quisiera recordar en este momento que, a
diferencia de otros países, las acciones desarrolladas en España en apoyo
de nuestro sistema financiero han generado ingresos para el Estado. Este
es el punto de partida del real decreto-ley que hoy les presento:
confianza en la solidez de nuestro sistema financiero y culminación del
proceso de reformas en el sector iniciado al comienzo de la crisis. Sin
embargo, y a pesar de estos avances, en los últimos meses se han venido
produciendo tensiones financieras en el entorno de la zona euro,
tensiones agravadas con las circunstancias que ha atravesado Irlanda y
que han hecho que haya tenido que solicitar una ayuda financiera en el
entorno europeo. Como saben, la confianza es el pilar fundamental de un
sistema financiero, por lo que se considera indispensable seguir andando
en la línea de las reformas estructurales iniciadas con el fin de
eliminar cualquier incertidumbre que pueda existir de los mercados sobre
nuestro sistema financiero, y por extensión sobre el conjunto de nuestra
economía. Disipar elementos de incertidumbre afianzará la confianza en el
sistema bancario español, y eso facilitará el acceso a la financiación a
todas las entidades. De esta manera podrán cumplir su función esencial:
canalizar el ahorro a las necesidades de gasto de las familias españolas
y sobre todo a la financiación de las pequeñas y medianas empresas,
elemento esencial de nuestro tejido empresarial.
Se hace, por tanto, imprescindible garantizar que cada una de las
entidades que componen nuestro sistema financiero, sea cual sea su forma
jurídica, presente unos niveles de capital de máxima calidad, suficientes
para eliminar cualquier duda, no solo sobre su solvencia actual sino
también sobre su resistencia frente a todo tipo de escenarios adversos,
aunque su materialización efectiva sea verdaderamente hipotética. Por
ello, y a través del real decreto-ley que hoy les presento, planteamos un
compromiso de máxima transparencia y establecemos unos requisitos de
solvencia muy exigentes para preservar la confianza de los mercados en la
solidez de nuestro sistema financiero y con ello que nuestras entidades
puedan operar con normalidad en los mercados internacionales.
Centrándome ya en el contenido concreto de este real decreto-ley, se
articula en dos grandes bloques: por una parte, el reforzamiento de las
exigencias de capital de las entidades y, por otra, la adaptación del
FROB como instrumento público para facilitar la nueva capitalización
exigida. En cuanto al reforzamiento de la solvencia, sigue básicamente la
definición contemplada por los nuevos estándares internacionales de
capital conocidos como Basilea III. Se adelanta así el plazo para el
cumplimiento
de esta nueva definición de capital que comenzará a aplicarse en todo el
mundo a partir del año 2013. Así, se procede al establecimiento inmediato
de un mínimo de capital principal con relación a los activos ponderados
por riesgo. Este nivel mínimo de la ratio de capital principal se sitúa
en el 8 por ciento y asciende hasta el 10 por ciento para aquellas
entidades, independientemente de que sean bancos o cajas -quiero insistir
en ello-, que no hayan colocado títulos representativos de su capital a
terceros por al menos un 20 por ciento, y que además presenten una ratio
de financiación mayorista superior al 20 por ciento. Los elementos que
formarán parte del capital principal serán, en primer lugar, el capital
social de las sociedades anónimas, los fondos fundacionales y las cuotas
participativas de las cajas y las aportaciones de capital social de las
cooperativas de crédito. Estarán incluidos también las reservas, las
primas de emisión y los intereses minoritarios, junto con los
instrumentos suscritos por el FROB, y todo ello minorado por los
resultados negativos y los activos inmateriales. Además se realizarán los
correspondientes ajustes por valoración de activos.
El Banco de España determinará la situación de capitalización de acuerdo
con la nueva normativa a partir de los estados financieros de las
entidades a final de 2010. De este modo, las entidades que no alcancen
esa ratio de capital tendrán que aumentar sus recursos propios, pues no
será posible cumplir este requerimiento mediante la reducción del
crédito. No obstante, sí se podrán tener en consideración las operaciones
extraordinarias como la venta de redes de sucursales, de activos reales o
de participaciones estratégicas. El Banco de España evaluará de manera
inmediata, concretamente hoy día 10, el cumplimiento de estos nuevos
criterios y, en su caso, cuáles son las necesidades de capital adicional
de las entidades financieras que no alcancen el nuevo nivel de exigencia.
Asimismo, si el Banco de España en el ejercicio de su actividad
supervisora o como resultado de las pruebas de resistencia que se
realicen coordinadamente a nivel europeo y cuyos resultados
previsiblemente se conocerán antes del verano, detectara necesidades
adicionales de capital deberán ser cubiertas también. Por tanto, las
entidades que a 10 de marzo de 2011 no alcancen el nivel de capital
principal que el Banco de España estima exigible, deberán comunicar al
banco, en el plazo de quince días hábiles, un plan de cumplimiento de los
requerimientos de capital. Este plan contendrá las medidas que la entidad
pretende adoptar para captar los recursos necesarios para cumplir estos
requisitos antes del 30 de septiembre de este año. El plan deberá ser
aprobado por el Banco de España que podrá exigir modificaciones o medidas
adicionales. No obstante, teniendo en cuenta que podrían surgir algunas
cuestiones procedimentales que pudieran retrasar el cumplimiento, el
Banco de España podrá autorizar un aplazamiento de hasta un máximo de
tres meses sobre la fecha anterior y, con carácter excepcional, en casos
de salidas a Bolsa, siempre y cuando se hayan cumplido un conjunto de
hitos que generen certeza sobre la decisión y la cuantía de la emisión,
se podrá prorrogar la ejecución hasta el primer trimestre del año 2012.
El objetivo, señorías, es que las entidades de crédito que lo precisen
obtengan capital adicional prioritariamente en el mercado. En el caso de
las cajas de ahorros, podrán desarrollar su plan de capitalización a
partir de cualquiera de las formas societarias y estructuras previstas en
su régimen jurídico. Ahora bien, siendo conscientes de las dificultades
presentes en los mercados de capital, el segundo bloque del real
decreto-ley modifica el régimen jurídico del FROB para que pueda
suscribir de forma temporal acciones de entidades financieras en
condiciones de mercado, y siempre de acuerdo con la legislación europea
en materia de ayudas de Estado y con la máxima protección de los recursos
públicos. La vocación temporal de apoyo del FROB, ya que el plazo máximo
de tenencia es de cinco años, determina que la inversión se realice
mediante la adquisición de acciones ordinarias con el fin de que, llegado
el momento, el FROB pueda desinvertir fácilmente en condiciones de
mercado y con procedimientos que aseguren la competencia. Por eso, para
solicitar la actuación del FROB, las cajas de ahorros en particular
tendrán un plazo de tres meses para traspasar la totalidad de su
actividad financiera, bien a un banco a través del cual pasen a ejercer
indirectamente su actividad financiera manteniendo la forma jurídica de
caja o transformándose en fundación, bien al banco que actúe como entidad
central del sistema institucional de protección del que en su caso formen
parte. El FROB se incorporará al órgano de administración de la entidad
desde el momento de la suscripción de acciones en proporción estricta al
porcentaje de participación en cada entidad. La aportación de capital por
parte del FROB está condicionada a la elaboración por la entidad
solicitante de un plan de recapitalización en el que, además de presentar
un plan de negocio, deberá asumir ciertos compromisos relacionados, por
ejemplo, con la reducción de sus costes estructurales, la mejora de su
gobierno corporativo o la evolución positiva de su actividad de crédito.
Por último, me gustaría destacar otros dos aspectos: por un lado, que el
real decreto-ley contempla una serie de medidas de carácter fiscal
dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuración
del sistema financiero y, por otro lado, que no se va a modificar el
estatus jurídico establecido en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de
regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de
ahorros. En ningún caso se cambia la esencia de la ley y, por tanto, se
mantienen las distintas alternativas institucionales previstas en la
misma y el marco competencial. En definitiva, el objetivo del real
decreto-ley es facilitar la recapitalización de las entidades y
garantizar que todas ellas cumplen los requisitos ahora exigidos y el
FROB está disponible para ello. Si con la creación del FROB y la reforma
del régimen jurídico de las cajas de ahorros se articularon la estructura
y los instrumentos necesarios para la reestructuración
de nuestro sistema financiero, este real decreto-ley impulsa la
utilización inmediata de tales estructuras e instrumentos para concluir
la fase final de este proceso de reestructuración. Con la adopción y
aplicación de este real decreto-ley se completará este ambicioso proceso
de reordenación del sector y de fortalecimiento de su solvencia,
asegurando que las entidades están en disposición, no solo de absorber el
impacto de la crisis, sino también de contribuir activamente a financiar
una recuperación económica sostenida. Por fin, quisiera destacar que,
dado el contexto de elevada incertidumbre en los mercados financieros y
el riesgo de que esta situación termine dificultando la recuperación
económica y la creación de empleo, estas medidas debían entrar en vigor
de manera urgente, lo que justifica la utilización de la figura del real
decreto-ley.
Por todo ello, señorías, es por lo que les pido que, con su voto,
ratifiquen el texto de este real decreto-ley porque es de extraordinaria
urgencia y necesidad garantizar el flujo del crédito a la economía real,
a las familias, también a las empresas, a las pequeñas y medianas
empresas en particular, de manera que se fomenten al máximo las
posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Tiene la palabra don Carlos Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora vicepresidenta, voy a exponer cuatro ideas en tres
minutos muy brevemente. Primera, que la recuperación de la normalidad del
mercado de crédito en España sigue siendo un factor absolutamente clave
para salir o no de esta crisis. Segunda, que el hecho de haber caminado
juntos Gobierno y oposición discretamente en la gestión de los aspectos
financieros de esta crisis supone, a nuestro juicio, un ejercicio de
altura de miras importante. Es fundamental preservar el consenso con la
oposición porque más allá de coyunturas electorales jugar con este tema
sería irresponsable y peligroso para todos. Tercera, creemos que no
debemos buscar artificialmente ahora excusas para no mantener el consenso
si estamos de acuerdo en lo fundamental, como es la necesidad de reforzar
la capitalización de las entidades de crédito, de buscar y racionalizar
sus estructuras y de integrar instituciones. Cuarta, señora
vicepresidenta, que sin perjuicio de que pidamos consenso ello no nos
impide criticar lo que creemos no queda bien resuelto en el real
decreto-ley, como es, a nuestro juicio, el sistema elegido para la
entrada del FROB en las entidades que no cumplan los niveles de recursos
propios exigidos. Tal y como se regula la elección de los expertos
independientes este asunto puede dar lugar a muchos problemas. ¿Quién
garantiza la independencia del experto independiente elegido? ¿Quién
controla el FROB en su selección? ¿Qué método objetivo se utilizará para
llevar a cabo la elección? ¿De qué dependerá el procedimiento elegido por
el FROB para el cálculo del valor económico de la entidad? ¿Quién
fiscalizará al FROB en la elección del procedimiento de cálculo? ¿Será
este procedimiento el único o cada entidad exigirá uno u otro?
Convendría, señora vicepresidenta, aclarar y matizar mucho más este punto
porque puede ser clave para que terminemos haciendo las cosas bien, mal o
muy mal. No en vano la posterior entrada de capital privado en las
entidades de crédito parcialmente nacionalizadas, una vez transcurrido el
plazo previsto en el real decreto-ley, vendrá condicionada por el precio
así fijado. Es un dato clave para evitar problemas tanto desde el punto
de vista de la política europea sobre ayudas de Estado, como desde la
perspectiva de la competencia y la objetividad. Lo cierto es que en
España los procesos de privatización, algunas veces, no han sido todo lo
ejemplares que debieron ser.
En todo caso, entendiendo que deberíamos despejar estas y alguna otra duda
que, a nuestro juicio, genera el real decreto sí creemos oportuno que
debiera ser tramitado este real decreto-ley como proyecto de ley, con el
ánimo de contribuir con ello a recuperar la confianza hasta ahora perdida
o puesta en tela de juicio por nuestro sistema financiero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Doña Rosa Díez tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta
del Gobierno, ojalá a la tercera fuera la vencida porque es la tercera
vez que traemos a debate -no a debate exactamente porque lo de hoy es un
real decreto-ley, es decir lo contrario de un debate- esta cuestión del
sistema financiero de las cajas de ahorros en concreto. La trajimos en el
año 2009 con una iniciativa de esta parlamentaria, de Unión, Progreso y
Democracia. Ustedes me dijeron que no hacía falta. Usted misma me dijo
que no hacía falta. Lo trajeron ustedes en julio de 2010, entonces era un
real decreto urgente que habían pactado con el Partido Popular y nos
dijeron que ya se había resuelto todo. (La señora vicepresidenta,
Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Y hoy nos traen ustedes una
reforma sobre la reforma. Le diré lo que me parece mal de este real
decreto. Me parece mal la forma, me parece que ya está bien de que se
salten a la torera el Parlamento, me parece que ya está bien de que
pacten en los despachos lo que nos corresponde debatir al conjunto de los
diputados que representamos la soberanía nacional. Ya está bien de
enjuagues, en este caso retoque nacionalista catalán, al margen de este
Parlamento. ¿Así entienden ustedes la democracia, la transparencia y la
regeneración democrática? ¿Así entienden la función del Parlamento, esa a
la que el presidente del Gobierno le iba a dar el máximo protagonismo
en esta legislatura? Y me parece mal el fondo. Esta forma de actuar,
señora vicepresidenta, de reforma sobre reforma genera inestabilidad, lo
contrario de lo que necesita el sistema para recuperar la confianza. En
segundo lugar, el aplazamiento a septiembre de las inversiones públicas
nos parece un error porque mantendrá o incrementará la inestabilidad. Eso
unido al ajuste fiscal de este año -que será más duro que el anterior-
condena a la economía española a otro año de estancamiento. En tercer
lugar, los directivos causantes de los problemas siguen pilotando el
proceso sin que nadie les haya exigido responsabilidad y sin que se haya
producido la mínima despolitización, algo de lo que ustedes alardearon en
el último decreto que les he citado. Y en cuarto lugar, las comunidades
autónomas que han contribuido a llevar a las cajas -sus dirigentes en
algunos casos porque las comunidades como tal no son nada, son los que
gobiernan- a esta situación y han obstaculizado las soluciones siguen
influyendo, incluso -como le dije antes y en relación con este real
decreto- el señor Duran y la señora Salgado -usted misma- han reconocido
que se ha legislado a medida de las cajas catalanas.
¿Cuáles son las conclusiones de esta gestión desastrosa? Que no se ha
recuperado el crédito, que no se han despolitizado las cajas ni puesto
fin a las interferencias, que no se ha saneado el sistema financiero -el
51 por ciento nada menos del sistema financiero español-, que las cajas
buenas obligadas a vender tendrán que hacerlo a plazo de saldo, que no se
garantiza la obra social -como dice el decreto si hay problemas habrá
reducción-. ¿Era todo esto inevitable? Porque eso es lo que ustedes nos
quieren decir cada vez que hay malas noticias ¿Era inevitable? No. Esto
es consecuencia de su mala cabeza. Al iniciarse la crisis nuestras
cuentas públicas estaban saneadas, teníamos superávit y la deuda era
pequeña. Además, otros países estaban interviniendo sus sistemas
financieros, era por tanto el momento idóneo para intervenir.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pero ustedes prefirieron negar la evidencia y
aquí estamos con urgencias y con un agujero que nadie se atreve a
calcular. A nadie le extrañará pues mi voto negativo después de este
breve repaso de los hechos. Lástima de prisas a destiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lástima de esa agonía del Gobierno que nos tiene
agonizando a todo el país.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, independientemente de por qué hemos llegado aquí,
independientemente de cuáles han sido las causas y la velocidad de
reacción, quiero anunciar que Coalición Canaria va a apoyar este decreto
porque en este momento es absolutamente imprescindible. En este momento
hay que recuperar la confianza en el 50 por ciento de nuestro sistema
financiero. Aunque en teoría esta operación no va a costar dinero, estos
préstamos y avales del FROB, no hay esa percepción en la sociedad. Creo
que igual que vamos a hacer un ejercicio de transparencia absoluta con
las entidades financieras, creo que por parte del Gobierno hay que hacer
dos esfuerzos importantes no solo de transparencia en este asunto sino de
explicar claramente a los ciudadanos -que usted lo hizo un poco en su
intervención- de cuáles son los costes o no de este esfuerzo importante
que se está haciendo en el sector de cajas de ahorros. Señora
vicepresidenta, creo que el Gobierno también tiene que hacer un esfuerzo
explicando la liquidez y el acceso al crédito. Algunos periodistas
especializados en materia financiera y económica, y estoy seguro que
algún portavoz de los que hablen después, van a plantear que esto sirve
para reforzar el sistema financiero pero no para dar liquidez al sistema
y que fluya el crédito, cuando una de las razones importantes de esta
operación no es solo la consolidación, sino que esta confianza permite
una capitalización y una captación de fondos que permite, otra vez, que
corra el crédito. Creo que el Gobierno no está haciendo la tarea de
explicar, no a los diputados, que también lo ha hecho en su primera
intervención, sino a la sociedad, cuáles son las consecuencias, no solo
de reforzamiento del sistema financiero, sino para la pequeña y mediana
empresa, para el ciudadano que quiere pedir una hipoteca y no entiende
que aunque tenga un empleo fijo el banco no le dé la hipoteca. A su vez,
eso crea una crisis en el sistema inmobiliario y otra vez nos vuelve a
crear un problema en las entidades financieras. Al final, todo esto es la
pescadilla que se muerde la cola. Si hacemos la tarea en la parte
jurídica como estamos haciendo el real decreto, también tenemos que hacer
la tarea en la parte de comunicación, transparencia y para dar confianza
al ciudadano en el sistema porque eso permite la reactivación de la
economía.
Termino para decir que Coalición Canaria va apoyar este decreto, que hay
que acabar con el sentimentalismo con las cajas de ahorro y que lo que
tenemos que ser en este país es pragmáticos. Y si la parte pública que
quedará de las cajas de ahorros genera beneficios, tendremos que hacer la
presión social para que eso se dedique a cosas necesarias para la
sociedad, ya que, a fin de cuentas, fueron los accionistas, en su
momento, es decir, la sociedad, quienes hicieron las cajas de ahorros.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el mismo grupo tiene
la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Señora vicepresidenta, señorías, es necesario
recordar que la crisis en el sector financiero tuvo su origen en la falta
de tutela pública, en su excesiva concentración, en su orientación hacia
las actividades especulativas. Y ustedes, señores del Gobierno, en vez de
atacar las causas que han provocado la crisis en el sector, creando, por
ejemplo, una banca pública o reforzando la naturaleza social de las cajas
de ahorros, lo que nos proponen es todo lo contrario: favorecer un
proceso de recentralización y concentración en el sector financiero a
costa de acabar con su parte social y territorial. Para ello, endurecen y
anticipan en ocho años las exigencias de Basilea III, unas exigencias que
en toda Europa cumplen hoy tan solo cuatro bancos, unas exigencias que
informes técnicos que acompañaron las decisiones del comité de
supervisores bancarios de Basilea consideraban inoportuno anticipar,
primero, para evitar un impacto negativo en el crecimiento del PIB;
segundo, para evitar una venta de activos bajo presión que haga que se
vendan a precio de saldo y, tercero, para evitar que el cumplimiento a
corto plazo de los nuevos requisitos de solvencia provoque que se
restrinja aún más el crédito, el principal problema que estrangula aún la
economía productiva.
Señorías, este decreto, dejémonos de eufemismos, no pretende otra cosa que
forzar la bancarización y privatización de las cajas de ahorros. ¿Cómo
puede entenderse que sean más duras las exigencias de capital básico para
las cajas que no tengan un 20 por ciento de capital de terceros? ¿Cómo
puede entenderse que se deje un amplio margen de discrecionalidad al
Banco de España para llevar a cabo la reestructuración? ¿Cómo puede
entenderse que la solicitud de ayuda al llamado FROB 2 obligue a las
cajas a convertirse obligatoriamente en bancos para privatizarlos en un
plazo de cinco años? Este decreto deja la puerta abierta, y así hay que
decirlo, a practicar una política de nacionalizaciones a lo franquista,
estilo INI, es decir, usar los recursos públicos para hacerlas atractivas
a los inversores privados y venderlas a precios de saldo.
Señorías, las cajas de ahorros son instrumentos fundamentales para el
desarrollo de los territorios en los que están asentadas. En Galicia,
como en otras comunidades autónomas, el crédito concedido por las cajas
es sensiblemente superior a su peso relativo en el sector financiero. Son
la principal fuente de acceso a crédito de nuestras pequeñas y medianas
empresas y de nuestros autónomos, son la garantía de que los habitantes
de los municipios rurales y los segmentos sociales con menos recursos no
sean excluidos de la prestación de servicios financieros básicos. Su obra
social es un complemento indispensable a las políticas sociales, pero,
sobre todo, señorías, las cajas son la mayor garantía de que el ahorro de
los gallegos no se expropie, no se drene al exterior en vez de contribuir
al desarrollo de nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jorquera, por favor,
termine.
El señor JORQUERA CASELAS: Ya concluyo.
Goldman Sachs acaba de hacer público un informe en el que advierte que
esta reestructuración va a tener como consecuencia una predominancia aun
mayor del capital privado en el sector financiero y que los grandes
beneficiados van a ser los grandes bancos que incrementarán su cuota de
mercado. Por estas razones el BNG votará en contra de la convalidación de
este decreto y, de ser convalidado, exigirá su tramitación como proyecto
de ley para poder enmendarlo porque discrepamos con él profundamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra
la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, mi grupo define este texto
que hoy votamos como el nuevo episodio en el proceso de bancalización de
las cajas de ahorros. Una reforma, la del sistema financiero, que, a
nuestro entender, debería ser profunda e introducir todos los elementos
para evitar que se repitieran los excesos que las entidades cometieron en
los años del ciclo expansivo. Recordemos que esta fue una de las
principales causas de la crisis actual, pero nos encontramos ahora con
una reforma que solo va a acabar con la fusión de las cajas,
convirtiéndolas en bancos y poco más.
¿Por qué no nos gusta este real decreto al cual vamos a votar que no? Por
este proceso de bancalización, porque avanzamos hacia un oligopolio
bancario que, a este paso, supondrá el cien por cien del mercado
financiero español, cuando las cajas de ahorros han promovido el ahorro
popular, han fomentado las dinámicas empresariales, han desarrollado
nuevas herramientas financieras y han mantenido una obra social que ha
contribuido al bienestar, evitando en muchos casos la exclusión social de
determinados colectivos. Nuestro grupo cree, junto a una larga lista de
ONG, entidades sociales, sindicales, vecinales, asistenciales, culturales
y de todo tipo están defendiendo mediante plataformas y manifiestos
unitarios, que hay que garantizar la función económica, financiera y
social de las cajas de ahorro. Conviene garantizar una participación
mayoritaria en la estructura de las cajas que no sea de capital privado,
reforzando el papel y la responsabilidad de los consejos de
administración de las entidades. Señorías, señora ministra, eso con su
real decreto no se garantiza. Un segundo motivo es que hay que mantener
la vinculación de las cajas con el territorio. Estas entidades han jugado
un importante papel en el desarrollo regional y esta es
la línea que se debe seguir potenciando y con su real decreto no se
garantiza. En tercer lugar, hay que evitar la exclusión financiera de las
personas con menos recursos. No podemos repetir modelos antisociales como
el de Italia, en especial tras la desaparición de las cajas de ahorros,
donde un 20 por ciento de la población ha quedado sin acceso a los
circuitos del dinero, mientras que hoy en Cataluña este porcentaje es
solo del 3 por ciento. Además, estamos hablando de posibles vulneraciones
de competencias muy graves de las comunidades autónomas que ahora tienen
sobre la regulación de las cajas de ahorro y que se quedarán sin poder
ejercer si se culmina su plan para hacerlas desaparecer.
Quiero referirme también a los centenares de miles de trabajadores y
trabajadoras del sector financiero; seguramente los grandes perjudicados
de todo este proceso de reestructuración, ya que según diferentes
informaciones ya en estos momentos 13.400 empleados de las cajas han
perdido su empleo desde que se inició la ola de fusiones y parece que con
la nueva oleada de bancalización las cosas van a ir a peor. No
compartimos de ningún modo esta propuesta de este real decreto.
¿Cuál es nuestra alternativa? Siempre hemos defendido la necesidad de una
reforma financiera, pero nos oponemos a las propuestas que en estos
momentos está llevando a cabo el Gobierno. Nuestras propuestas van
dirigidas prioritariamente a que el sistema financiero cumpla su función
en la economía, facilitando con eficiencia y a costes competitivos las
necesidades de crédito de las empresas y las familias y contribuyendo a
la creación de empleo. Además debería ir dirigida a limitar el
sobreendeudamiento familiar, reducir los salarios de los directivos y
eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo. Se
deberían atrever a plantar cara como mínimo un poco a las entidades
financieras. Podrían atreverse a modificar el mercado hipotecario para
que solo se responda de los créditos con el bien hipotecado, lo que
conocemos como la dación en pago, que hoy reclama una mayoría social a la
que su Gobierno da la espalda. Deberíamos limitar y controlar las
inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector
inmobiliario y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales y
a eliminar comisiones injustificadas y cláusulas abusivas.
También creemos que se debe intervenir y participar en la recapitalización
del sistema financiero, pero intentado que suponga un elemento de mejora
para el segundo principal problema después del paro: el acceso a la
vivienda. Planteamos que hay que emprender un proceso de adquisición de
activos inmobiliarios en manos de cajas y bancos, directa o
indirectamente, que difícilmente se podrán colocar en el mercado.
Proponemos que el FROB pueda actuar mayoritariamente en la adquisición o
en el alquiler con opción a compra de suelo y de vivienda, para que el
Estado pueda disponer de un importante stock de suelo y un parque de
vivienda pública destinada al alquiler social.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por
favor.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Enseguida termino.
¿Y por qué no hablar de una tasa de las entidades bancarias, como han
hecho en otros países? ¿Por qué no se atreven a hacer las cosas que ya ha
hecho la derecha en otros países? Pero no, su reforma, que convalidarán
hoy aquí, lo que hará es darle un mayor trozo de pastel del sector
financiero a las entidades privadas y al gran capital. Por eso vamos a
votar en contra. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Buenaventura.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta del Gobierno, para Esquerra no solo es posible sino
incluso deseable un modelo de cajas con una intervención limitada del
poder político en su gestión, con una importante función social, ya sea
sociedad anónima o una fundación y que además al mismo tiempo sea un
modelo viable y con futuro en el mercado financiero, si así lo desean sus
gestores.
A partir de ahí, de esta premisa, quisiera hacer alguna consideración
inicial desde un cierto realismo porque no nos vamos a quedar en una
defensa numantina del modelo de cajas actual, a pesar de que quiero
subrayar también que este actual modelo de cajas para Cataluña ha sido un
modelo de éxito, de arraigo territorial y con una importante función
social e incluso financiera social. No lo haremos so pena de incurrir en
un debate extemporáneo, incluso diría obsoleto, porque este modelo ya lo
extinguieron ustedes por decreto, y nunca mejor dicho lo hicieron con el
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, que permitía ya la conversión de
las cajas en bancos y la privatización de sus recursos. Desde el realismo
también porque somos conscientes de que nuestro sistema financiero
precisa reformas, debe reforzarse no solo para adecuarse a los
requerimientos internacionales de mayor solvencia y capitalización sino
para hacer frente a esta crisis, una crisis del sector después de años de
una exposición excesiva a un riesgo temerario, por ejemplo en el sector
inmobiliario, para favorecer además la canalización del crédito hacia
familias y empresas y porque somos conscientes también de que la
configuración jurídica de las cajas dificulta su capacidad para captar
recursos privados y capitalizarse saliendo a Bolsa. Aunque no es de
recibo, señora vicepresidenta, utilizar las cajas como chivos expiatorios
de los problemas que aquejan a nuestro sistema financiero para enviar un
nuevo mensaje sacrificial y de determinación y firmeza ante los mercados
con el propósito de recuperar credibilidad a marchas forzadas.
Dicho esto, señora vicepresidenta, no nos vamos a resignar a que esto se
vaya a convertir solo en un proceso
de bancalización de todo el sistema financiero, a un proceso más que
evidente de recentralización y de hiperconcentración del sistema
financiero con la configuración de un auténtico oligopolio bancario.
Porque este oligopolio bancario va no solo a poner en cuestión la
dimensión social sino también territorial del actual sistema financiero y
en particular de las cajas.
No basta decir, señora vicepresidenta, que se van a respetar las
competencias autonómicas, como el otro día se expresaba en una moción
aprobada en esta Cámara, si lo que queda después de este decreto-ley, de
esta reestructuración es para las comunidades autónomas un auténtico
erial financiero, un campo yermo, porque es evidente que no solo se
atribuyen a partir de ahora al Ministerio de Economía y Hacienda y al
Banco de España todas las atribuciones en tutela y supervisión de estas
entidades, sino que ni tan siquiera se admite una propuesta que nosotros
hemos hecho para garantizar la presencia en los órganos rectores de estas
entidades a representantes designados de mutuo acuerdo entre el Estado y
las comunidades autónomas. A la manera de lo que sucede en puertos del
Estado o en las autopistas, no se permite en este caso ni un simple
mecanismo de cooperación interadministrativa entre Estado y comunidades
autónomas.
En otro orden de cosas, señora vicepresidenta, todo parece llevarnos a una
privatización y a una bancarización sin más e irremisible del sistema. El
otro día, con motivo de este debate de la moción a la que acabo de
aludir, se explicitaba que no debería haber requisitos distintos para
bancos y cajas, y eso es así formalmente, pero a continuación es evidente
que en el real decreto-ley, como la portavoz de su grupo parlamentario se
encargó de recordar desde esta tribuna, se establecen además requisitos
adicionales para aquellas entidades que dependen para su financiación de
un 20 por ciento del mercado mayorista y que no tengan más de un 20 por
ciento de su capital en manos de terceras personas. Si esto no se
corrige, evidentemente afecta, y mucho, sobre todo a las cajas de
ahorros.
Finalmente, todo el mundo se llena la boca estos días con la necesidad de
mantener la obra social de las cajas, pero siendo ello así es evidente
que va a depender de que se preserve la naturaleza fundacional de las
mismas, de que se evite su total privatización y bancarización, y este
decreto-ley prevé que cualquier ayuda pública se va a condicionar a la
conversión de la caja en banco. El otro día el subgobernador del Banco de
España decía que no era necesario y expresaba la posibilidad de recibir
todo tipo de ayudas sin que se nacionalizaran las cajas, cosa que este
decreto-ley no va a permitir.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta.
Por tanto, si se convalida este decreto-ley y no se permite introducir
algunos cambios y algunas enmiendas, se va a confirmar que el modelo
financiero español será exclusivamente bancario y se va a poner punto
final, a través de este suicidio asistido, a un modelo de cajas y a su
importante función financiero-social.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Y para las comunidades autónomas se va a perder
una sábana más, una sábana más en un lavado que es un centrifugado que va
a recentralizar las competencias financieras a favor del Estado y reducir
la participación de la sociedad civil del territorio y de los
trabajadores en las cajas. Por tanto, si no hay cambios, nuestro grupo no
puede dar apoyo a este decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados, señora vicepresidenta segunda y ministra de Economía y
Hacienda, en menos de dos años este es el tercer real decreto-ley que el
Gobierno trae a esta Cámara para su convalidación con el fin de reordenar
el sistema financiero y, más en concreto, sanear, reforzar y poner en
términos competitivos el sistema de cajas de ahorros.
Primero fue el saneamiento y reforzamiento de los recursos con la creación
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Real Decreto-ley 9/2009,
de 26 de junio; posteriormente, un año más tarde, el Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las cajas de ahorro, que pretendía de un lado
despolitizar la gestión de las cajas y, de otro, crear los sistemas
institucionales de protección con el fin de facilitar las integraciones
de entidades, sobre todo las interterritoriales.
El balance de todo ello y de forma muy resumida podría ser el de que aún
los procesos de integración, saneamiento y reestructuración de las cajas
no han sido todo lo satisfactorios que deberían haber sido, ni tampoco se
han realizado en el tiempo que habría sido deseable. Muy al contrario,
los procesos se han demorado en exceso y los mercado están llamando la
atención sobre la cuestión. Así, el Gobierno se ha visto obligado a
impulsar las integraciones, fijar plazos y fechas que signifiquen
compromisos de las partes y en definitiva a emitir un mensaje a los
susodichos mercados y a la Unión Europea, especialmente a la señora
Merkel, de que la reforma de las entidades financieras va en serio. No es
esa la percepción de los mercados pero sin duda alguna esa es la
intención del real decreto-ley. Queriendo ser los primeros de clase, como
si así engañáramos a alguien, las exigencias de core capital del 8 y
el 10 por ciento, según las circunstancias, van más allá de las exigencias
de lo que pide Basilea III, con el fin de demostrar que se está poniendo
a las entidades financieras en forma para servir de impulso al
crecimiento económico.
Para conseguir recursos y recapitalizar las entidades, las cajas de
ahorros tienen dos posibilidades que conducen al mismo sitio, o bien
adquieren un banco y pasan a esta su actividad financiera o se
constituyen en un SIP y depositan en él el cien por cien de los activos,
lo cual en la práctica viene a ser lo mismo. El Gobierno a través de este
real decreto-ley exige, en definitiva, a las cajas de ahorros que se
conviertan en bancos para poder acudir al FROB, condición que también
deberán cumplir de hecho si desean lograr capital en los mercados. Esto
es lo que se viene a denominar la bancarización del sistema de cajas de
ahorro.
¿Qué puede significar ello a medio y largo plazo? Pues ni más ni menos que
la pérdida de la naturaleza y esencia de las cajas, de su imagen positiva
ante los ciudadanos -de cercanía, de pequeña financiación a familias,
comercios, pymes, etcétera-, de su compromiso con el desarrollo económico
del entorno, impulsando actividades y carteras industriales vinculadas al
territorio, y sobre todo de su obra social al servicio de los ciudadanos
derivada de la naturaleza pública de estas entidades, sin olvidar que los
gobiernos autónomos perderán la capacidad de inspección y actuación sobre
las mismas que se derivan del actual marco competencial. ¿Es ello bueno o
malo? Evidentemente depende de lo que se quiera. A juicio del Grupo Vasco
en el Congreso sería deseable mantener en lo posible la actividad y la
naturaleza de las cajas. ¿Es posible hacerlo? Si se va a la bancarización
total no será posible pero si las cajas son capaces de mantener un
porcentaje elevado en el banco, con vocación de nutrir su cartera de
participaciones y su obra social, será posible salvar lo esencial de las
mismas. Comprendemos que el Gobierno exija a las cajas que se conviertan
en bancos o que deriven su actividad a una entidad bancaria para recibir
recursos del FROB; de esta manera es posible establecer un precio de
entrada y de salida sin beneficiar a unas entidades en perjuicio de
otras, pero una vez reforzadas y recapitalizadas se debería abrir la
posibilidad de recuperar la naturaleza de las cajas o al menos de
mantener sus actividades básicas, evidentemente si ellas así lo desean.
En este sentido echamos de menos un discurso firme del Gobierno en
defensa de la naturaleza y de las actividades propias de las cajas,
poniendo en valor lo positivo de estas, al menos en defensa de aquellas
como las vascas -BBK, Kutxa y Vital- que, afortunadamente y gracias a una
gestión profesional y prudente de sus gestores, cumplen sobradamente con
los requisitos en términos de core capital que exige el real
decreto-ley.
Oía decir al Gobierno que no solo un modelo de banca es posible -lo hemos
oído esta mañana pero, señora vicepresidenta, nos ha parecido un tanto
tímida su defensa-, que las cajas que lo deseen y puedan lo sigan siendo.
Ello sería una buena señal para las mismas cajas, así como para los
mercados que desconfían de su naturaleza. La propiedad, sea del capital o
de las entidades fundadoras, no debe prejuzgar ni la eficiencia ni el
rigor en la gestión. De hecho, la gran banca, la banca de inversiones, la
desregulada según las exigencias supuestamente que el mercado imponía, ha
sido la causante de la actual crisis económica. Es sorprendente por lo
tanto que nos obsesionemos en poner en valor excesivo algo que de alguna
manera fracasó. No digo que la banca no sea importante y que no se deba
defender, lo que quiero decir es que también las cajas pueden desarrollar
adecuadamente su labor de financiación de la economía.
Caben también modelos combinados que pueden sin duda funcionar de manera
idónea, y ahí está por ejemplo el modelo de la Caixa. A pesar de lo
anterior, debo señalar, que en la solvencia y la competitividad de las
entidades el tamaño sí importa. El volumen de activos suficiente, un
número de trabajadores y oficinas ajustado, aprovechando las economías de
escala, es un esfuerzo que tendrá, evidentemente, incluso costes en
términos de empleo pero que habrá que gestionar porque entendemos que es
inevitable. El mercado también tiene sus exigencias y así lo reconocemos.
De 45 entidades se ha pasado a 17 cajas o grupos y a buen seguro este
número se seguirá reduciendo. No era lógica la expansión que se produjo
al calor de la burbuja inmobiliaria, una burbuja que esperemos no vuelva.
El ajuste, por lo tanto, es necesario, pero hay que hacerlo con criterios
y no solo, o no estrictamente, con criterios de eficiencia o de mercado.
No quisiera, sin embargo, concluir sin referirme a una cuestión que a
juicio del Grupo Vasco habrá que conseguir ante la imposibilidad de
hacerlo en este real decreto-ley o en otra norma que lo permita: el tema
de la fiscalidad de los SIP, que no es aplicable a la operación de compra
de activos de CajaSur por parte de BBK, lo que supone una discriminación
y una falta de equidad evidentes. Sin entrar en detalles técnicos que no
vienen al caso en este momento, cabe señalar que ante una misma operación
de reestructuración de una o varias cajas de ahorros, dependiendo del
método de reestructuración elegido -SIP o cesión global de activos o
pasivos- nos encontramos con que no son fiscalmente neutras al gozar los
SIP de un régimen transitorio con retroactividad no compartido con otras
figuras de reestructuración, situación, como decía, que es preciso a
nuestro juicio corregir.
Señora vicepresidenta, como puede observar, entendemos la naturaleza del
real decreto-ley. Creemos que es preciso impulsar y acelerar un proceso
de recapitalización de las cajas de ahorros para que, amén de disipar las
dudas de los mercados y de la Unión Europea, sean competitivas, superen
las pruebas de stress test y se pongan cuanto antes al servicio de la
financiación de la actividad económica. Siendo ello cierto, reclamamos
del Gobierno un mayor compromiso con el modelo de cajas, que no ha de ser
abandonado sin más en aras de una
bancarización acrítica que se considere buena per se. Tenemos también
nuestros reparos competenciales, que es preciso tener en cuenta, ya que
las comunidades autónomas no pueden ser ajenas merced a las competencias
que tienen al respecto -han de tener un papel activo en el proceso de
recapitalización-, y por último por razones de justicia y equidad en el
trato fiscal a la BBK, al que me he referido.
Por todo ello mi grupo se va a abstener en la convalidación de este real
decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Azpiazu.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señoras y señores diputados, el modelo
planteado por el real decreto que hoy estamos debatiendo sobre el
reforzamiento del sistema financiero, a pesar de tener aspectos positivos
a los que más adelante me referiré, no es el modelo que le hubiera
gustado precisamente a Convergència i Unió. Desde nuestra formación
política valoramos positivamente el objetivo que persigue este real
decreto, que es el de reforzar la solvencia de las entidades de crédito,
especialmente de las cajas, y al mismo tiempo también valoramos
positivamente que a través de este real decreto se pueda asegurar y
garantizar la permanencia del modelo de las cajas de ahorros a lo largo
del siglo XXI, aunque quizás con diferentes fórmulas jurídicas. Nosotros
estamos convencidos de que, a pesar de algunas informaciones que se han
escuchado esta mañana en este hemiciclo, la supervivencia y el modelo de
las cajas de ahorros va a seguir siendo importantísimo en la economía y
en el sistema financiero español también a lo largo del siglo XXI.
Desde Convergència i Unió tenemos algunas consideraciones o planteamientos
que nos preocupan, porque es evidente que el papel lo aguanta
absolutamente todo, pero una cosa es lo publicado en un real decreto-ley
y otra cosa es también estar al lado de la problemática de la economía
real. ¿Cuál es el aspecto más relevante que le preocupa a Convergència i
Unió a lo largo de este debate, de esta negociación, y de lo que va a
suceder en los próximos meses en la economía española a lo largo de este
periodo de sesiones? En primer lugar, la financiación de las pequeñas y
medianas empresas, la financiación de los empresarios autónomos, y la
financiación de las familias. Nosotros vamos a estar muy atentos y vamos
a ser muy escrupulosos para que se cumpla alguno de los aspectos
relevantes que figuran en este real decreto. Concretamente el artículo 12
c) dice lo siguiente: Las entidades solicitantes asumirán el compromiso
de incrementar -repito, incrementar- la financiación a las pequeñas y
medianas empresas -no dice de las familias- en términos compatibles con
los objetivos establecidos en su plan de negocio. Este es el aspecto
sobre el que realmente desde Convergència y Unió repito que vamos a ser
muy escrupulosos, vamos a estar muy atentos, y vamos a instar
continuamente al Gobierno para que efectivamente las entidades que se
acojan a este nuevo real decreto, a esta nueva configuración del FROB
puedan incrementar la financiación y el flujo de recursos a las pequeñas
y medianas empresas y a los empresarios autónomos, porque sin flujo
crediticio es imposible la reactivación de la economía española, y sin
liquidez es totalmente imposible asegurar una economía productiva
competitiva. Por tanto, señora vicepresidenta, este quizá es el aspecto
más relevante y que también preocupa muchísimo a nuestra formación
política, en el sentido de que vamos a votar este real decreto
positivamente, pero vamos a tener muy en cuenta que la financiación ha de
ser uno de los aspectos y de los resultados más importantes de este real
decreto.
También para que se cumpla que este flujo de financiación y de recursos a
las pequeñas y medianas empresas vaya acompañado de éxitos nosotros no
vamos a poner piedras en el camino, si hay que plantear una restricción
de los pagos de los dividendos a favor de más flujo económico vamos a
estar de acuerdo. También vamos a estar de acuerdo en que exista más
transparencia absoluta e información periódica de las evoluciones de los
negocios de las compañías o de las entidades que acudan al FROB, y
lógicamente también estaremos de acuerdo con que en base a estas
entidades que acudan al FROB también puedan producirse, para que exista
más liquidez, restricciones en las remuneraciones del los ejecutivos.
Hay otro aspecto que también -aunque no es motivo del debate de hoy- puede
afectar y en estos momentos afecta negativamente a las cuentas de
explotación de las entidades crediticias de las cajas que han acudido al
FROB 1 o que pueden acudir al FROB 2. Nosotros entendemos que no es
normal, señora vicepresidenta, que el FROB se beneficie de un acceso al
endeudamiento a un tipo de interés muy por debajo del que actualmente
están prestando, ya que con ellos el FROB acude con el paraguas del
Tesoro y tiene una prima de riesgos menor que cualquier entidad
financiera. Y a los tipos de interés que están prestando, al 8,1 por
ciento en el FROB 1 o al 10 por ciento en el FROB 2 estamos viendo que el
FROB contribuye a la reconversión con una cierta especulación de los
beneficios, a costa de la viabilidad de las cuentas de explotaciones de
las entidades financieras que lo han solicitado. Por lo tanto sería
lógico y normal acudir a un tipo de interés del Euribor más 1, 2, 3 ó 4
puntos, pero lo que no es normal es que estén en estos momentos
liquidando a un tipo de interés del Euribor más 6 ó 7 puntos. Por eso
esta es una cuestión que dejamos encima de la mesa y que creemos que en
un futuro tendríamos que poner algunas soluciones a esta problemática
actual. Nos hubiera gustado poder incorporar otros aspectos, pero no ha
sido posible. No compartimos la idea de que exista un core capital en
función
de la estructura de capital de las diferentes entidades financieras, que
es el 8 o el 10 por ciento, y nosotros entendemos que una estructura con
un tipo de interés o a lo mejor un porcentaje fijo en función de las
diferentes estructuras de capital hubiera sido también lo más justo.
En cuanto a la definición del capital principal también nos hubiera
gustado que algunas de las provisiones genéricas que han hecho las
diferentes entidades financieras hubieran sido consideradas como fondos
propios de las entidades financieras a todos los efectos. No ha sido
posible, pero nos hubiera gustado una definición más amplia y más real
del capital principal. Pero hay unos periodos mínimos de permanencia del
FROB en el capital de las entidades financieras. Nosotros partíamos de
unos años de permanencia mínimos, finalmente se ha conseguido una
permanencia -ha sido un objetivo importante- de hasta dos años de los
recursos del FROB en las entidades financieras, y lo valoramos muy
positivamente. Desde esta perspectiva lamentamos la apreciación que ha
hecho doña Rosa Díez de que no va a apoyar este real decreto porque ha
sido una negociación entre el señor Duran y la vicepresidenta en función
de los intereses de las cajas catalanas. Doña Rosa Díez, con toda la
simpatía y el aprecio que le tengo como diputada, tiene un grave
problema: solamente lee un periódico que es El Mundo, y también quiero
decirle que la aportación en este caso, la complicidad que ha habido
entre el señor Duran i Lleida y la vicepresidenta del Gobierno ha sido en
beneficio de todas las cajas españolas, de todas las cajas españolas, tal
como ha reconocido la CECA.
Otro aspecto que planteamos a consideración de la vicepresidenta es el
gobierno del FROB. Nos hubiera gustado que en este real decreto se
hubiera podido plantear una participación, una presencia más importante
del Ministerio de Economía. En cuanto a la independencia del evaluador
del valor del mercado de las entidades financieras que acuden al FROB,
nosotros entendemos que en este caso tendría que existir algún consenso
entre los gestores del FROB, las comunidades autónomas y los
representantes de las entidades afectadas. Esta es una cuestión que
también ponemos a consideración de la vicepresidenta del Gobierno.
Igualmente nos gustaría que tome en consideración que el papel que las
comunidades autónomas puedan tener en todos estos procesos sea relevante
para participar en un proceso decisorio, para llevar a cabo las subastas
de las aportaciones. Por tanto tendría que existir una complicidad
importante entre el FROB, el Gobierno y el Banco de España.
Finalmente quiero plantear algunos de los aspectos positivos expuestos al
inicio de mi intervención en el sentido de que las cajas van a tener un
gran modelo a través de este real decreto y de permanencia de ese modelo
a lo largo del siglo XXI. También quiero decirles, señorías, que hay
aspectos relevantes e interesantes que se contemplan en este real decreto
como son que se respete y proteja la dimensión social de las cajas de
ahorro, y que se establezca un marco de trasparencia de la
recapitalización, que facilitará los proyectos de reestructuración, y
sobre la base de todos estos aspectos importantes y relevantes que he
mencionado, con algunos yo diría temores que tenemos respecto a la
financiación de las pequeñas y medianas empresas, en la que, repito,
nosotros vamos a estar muy atentos,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Sánchez, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ...vamos a dar confianza al Gobierno y a votar
favorablemente este real decreto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Señora presidenta, señora vicepresidenta segunda
del Gobierno, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar el
decreto-ley. No lo va a apoyar porque llega tarde, llega mal, y llega
peor enfocado. Con estas medidas que el Gobierno pretende adoptar esta
mañana habrá restricción del crédito bancario a corto plazo, es decir, no
habrá dinero que llegue a quienes nos tienen que sacar de la crisis, que
son los emprendedores, la empresa familiar, la pequeña y mediana empresa,
los autónomos del país. En segundo lugar, en este decreto-ley se
establece discriminación entre entidades. El Gobierno ha vuelto a elegir
la salida fácil de volver a definir cuáles son los sectores problemáticos
de la economía española, sin llegar a entender que lo son por la
situación de la economía general de nuestro país. En tercer lugar, no se
respetan las reglas de juego que se habían establecido en el saneamiento
del sector bancario y en la promoción de fusiones, para que
voluntariamente las entidades que así lo decidieran -me refiero a cajas
de ahorro- se fueran convirtiendo cuanto antes, con un calendario rápido,
en bancos. No se respetan, insisto, las reglas del juego y no se respetan
tampoco a la hora de computar en términos de recursos propios. En cuarto
lugar, hay ya una congestión en los mercados en cuanto a emisiones de
deuda pública. Es francamente difícil, por no decir imposible, agolpar
ahora las entidades bancarias en una pretendida capitalización, y si no
apelar al recurso del FROB, que a su vez tiene que acudir al mercado de
deuda pública en este momento de los mercados es algo carente de
realismo.
Nos preocupa -y este es un aspecto fundamental- el futuro de nuestro
sector bancario al obligarle a cumplir unas reglas de solvencia que van
más allá de Basilea III. España queda señalada, dentro del mapa de
solvencia de los países desarrollados del mundo, como el segundo país -el
otro es Suiza, un país completamente diferente en su estructura económica
y bancaria- que necesita a
corto plazo, de inmediato, unas reglas de solvencia superiores a las que
planea toda la regulación bancaria del mundo desarrollado. Eso hará que
nuestros bancos y cajas compitan en desventaja en el futuro como
consecuencia de la aplicación de esa regla en un momento en el que
tenemos una presión muy fuerte en términos de competencia mundial. Añado
otra causa para despegarnos de esta medida: estamos ante una
nacionalización que es en definitiva una socialización de pérdidas, que
nos lleva en todo caso a una venta a saldo de activos cuya propiedad haga
incorporarse al ámbito público. En definitiva no lo apoyamos porque
entendíamos -y así se lo hemos explicado a la sociedad española y al
Gobierno de España- que ya había instrumentos legales más que suficientes
para llevar adelante un proceso de ordenamiento y saneamiento de nuestro
sector bancario. Lo que ha faltado en este decreto-ley ha sido voluntad
política para aplicar los instrumentos que teníamos a nuestra
disposición, y para llevar adelante una negociación con el Partido
Popular. El Partido Popular no ha sido convocado a esa negociación,
señora vicepresidenta (Protestas.), lo sabe usted perfectamente. Usted
hizo el anuncio en rueda de prensa con las fechas y las cifras concretas
antes de sentarse a negociar con el Partido Popular, diciéndonos a su
mejor estilo: esto son lentejas; si quieres las tomas, y si no las dejas.
(Aplausos.) Eso es lo que ustedes han traído a la Cámara.
Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en todas las medidas relativas al
sector financiero español, a este sector bancario que al comienzo de la
crisis era el espejo del mundo, el que nos iba a prevenir de la crisis,
cuando nuestro país estaba sufriendo una restricción crediticia que nos
estaba llevando al incremento de paro más alto del mundo desarrollado y
del mundo emergente, porque no hay país del mundo que haya vivido
semejante destrozo de puestos de trabajo por razón financiera; nosotros
hemos colaborado con esta Cámara y con el Gobierno de España en todas las
medidas de reconversión financiera, las hemos negociado desde octubre de
2008 al FROB, a la Lorca, a los cambios que estábamos proponiendo desde
el Partido Popular desde hace dos años y medio. Había que aplicar los
recursos públicos al saneamiento de los balances bancarios para que
volviera a fluir el crédito. Ese era nuestro discurso y los hechos y los
acontecimientos nos han dado la razón, señorías.
El Gobierno no quiso escucharnos, en tiempo y forma, y hoy se ve abocado
por los acontecimientos a traer algo que parece una nueva muleta para
devolver la confianza de España ante los mercados financieros, y lo hace
además en una mañana en la que una nueva agencia de calificación ha
reducido el rating de la deuda española, ha reducido la calificación del
FROB, en definitiva por una razón fundamental, como explica en su
planteamiento: duda de la intensidad de la recuperación de la economía
española. Y esa es la clave de todo, señorías, para proceder a cualquier
cambio realmente estructural de nuestros sectores estratégicos. Mientras
no haya esa política económica general en nuestro país, mientras no se
hagan las reformas que hay que hacer, ordenadas y coherentes, que
transmitan esa confianza, a base de decretos-leyes, así, a base de golpes
de efecto no superaremos la crisis económica en España, y por tanto
tenemos que decirlo así de claro, lisa y llanamente, como lo hemos dicho
desde el comienzo de la legislatura. Desde el comienzo de la legislatura
hemos advertido a la sociedad española, y por eso vuelvo a insistir en
esas palabras: hemos sido leales con los españoles y hemos sido leales
con el Gobierno de España (Protestas.- Varios señores diputados: ¡No!), y
hemos sido leales con los grupos parlamentarios de esta Cámara cuando
hemos traído a ella nuestro diagnóstico (Aplausos.), y por tanto
pronóstico, que se ha cumplido en términos de crisis económica, y son
otros los responsables de haber situado al país donde está, y este mes de
marzo va a ser muy importante otra vez para España, señorías, otra vez
más. El país siempre en ese borde, España en ese borde, y la
responsabilidad de ello la tiene el Gobierno socialista de España, y por
tanto dar apoyo al Gobierno socialista de España en estos momentos
cruciales es prolongar la agonía de esta crisis económica. Eso es lo que
se está haciendo y ese es el planteamiento del trasfondo de este
decreto-ley. Por eso nuestra responsabilidad es construir una alternativa
política que ofrezca esperanza e ilusión, confianza a los españoles en un
momento tan difícil como el que estamos atravesando. Esa es nuestra
responsabilidad como alternativa de Gobierno, y no agotar, como se está
haciendo, estos minutos basura (Rumores.) de una legislatura que ya no
puede incorporar reformas estructurales profundas que son las que
necesita España para salir cuanto antes de esta crisis.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Montoro. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gastón.
(Rumores.)
Señorías, por favor, han tenido su momento aquí. (El señor Ayllón Manso
pronuncia palabras que no se perciben.) Señoría, la suerte es que desde
aquí se oye lo de un lado y lo de otro. Por favor, tengamos la fiesta en
paz. El Grupo Popular ha intervenido y ahora interviene el Grupo
Socialista. Muchas gracias por su ayuda, señor Ayllón.
Señora Gastón, cuando quiera.
La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, señorías, después de unos minutos basura gracias al
señor Montoro (Aplausos.), que ha empezado en el escenario en el que hoy
tenía que ubicarse, en el sistema financiero, y ha acabado con el
discurso recurrente de siempre, tratando de justificar su extraña
posición en el ámbito del sector financiero en este real decreto-ley,
volveremos a tratar de ubicar el debate.
Señorías, nuestro sistema financiero, a lo largo de toda su historia, ha
tenido que ir enfrentándose a distintos retos, bien por competitividad o
bien por su propia supervivencia. Adaptación constante y recurrente, este
parece ser el leitmotiv no de este real decreto-ley en exclusiva, sino de
la historia vital de nuestro sector financiero, y más en particular,
señorías -y ustedes son conocedores de ello-, de nuestras cajas de
ahorros, las cuales han demostrado a lo largo de su siglo y medio de
historia su continua capacidad de desenvolvimiento y adaptación ante
entornos cambiantes. La función esencial del sistema financiero -y aquí
se ha dicho esta mañana- es la de canalizar el crédito y esta función se
ha visto entorpecida por la actual crisis, y a su vez la disminución en
la fluidez del crédito y el incremento de su coste se traslada
negativamente al desarrollo de nuestra economía real.
En el actual contexto de crisis las sucesivas tensiones financieras que se
han producido han provocado el cierre de los mercados para las entidades,
y estas han afrontado severas restricciones en el acceso a la
financiación, y también han sufrido el deterioro de sus activos,
especialmente los relacionados con el sector inmobiliario. En relación
con el acceso al crédito tradicionalmente las cajas -y todos lo sabemos-
han sufrido importantes ineficiencias en comparación con los bancos.
Ineficiencias asociadas a su falta de capacidad para acudir a los
mercados y así poder obtener capital para reforzar sus recursos propios.
Tradicionalmente han contado, por tanto, con una menor elasticidad de
respuesta para hacer frente, bien a aumentos de demanda de crédito, bien
a deterioros del riesgo que hubieran asumido, o a circunstancias que
pongan en peligro su solvencia, o bien el desarrollo sostenido de su
propia actividad.
Señorías, en el marco económico actual es tarea de los gobiernos, de los
poderes públicos garantizar un sistema financiero sólido que facilite la
función esencial de canalización del crédito. Solo de esta manera podrá
desarrollarse nuestra economía, podrá reactivarse la actividad económica,
y por ende podrá generarse empleo. Esta obligación de los gobiernos ha
estado por supuesto atendida por el nuestro. Se han adoptado medidas con
la finalidad de salvaguardar la estabilidad y la solidez de nuestro
sistema financiero. Hemos contado, y contamos en este sentido, con
medidas aprobadas precisamente en esta misma Cámara. Medidas como el
reforzamiento de la garantía de los depósitos bancarios; medidas como la
compra de activos de alta calidad, a través del Fondo de adquisición de
activos financieros; medidas como la que se creó a través del real
decreto-ley 9/2009, por el cual se creó el Fondo de reestructuración
ordenada bancaria. Permítanme en este punto decirle al señor Sánchez i
Llibre que no entendemos cómo a estas alturas puede cuestionar el tipo de
interés de este importante instrumento en el proceso de reestructuración,
ya que es bien conocido, en especial también por él que lo oye cada vez
que se celebra una subcomisión del FROB, que este tipo de interés se
corresponde a las determinaciones y a la competencia europea. Y dentro de
estas medidas, en último lugar, también querría poner en valor las
contenidas en el Real Decreto-ley 11/2010, por el cual reformamos el
régimen jurídico de las cajas de ahorros. Reforma, saben ustedes,
necesaria ante los retos de nuestro sistema financiero, y reforma que dio
lugar a las distintas opciones posibles para nuestras cajas de ahorros en
la gestión de su actividad y en el mantenimiento de su obra social. La
elección del futuro de nuestras cajas de ahorros, de su régimen jurídico
a través de este Real Decreto-ley 11/2010, estaba en manos de sus
gestores, exclusivamente en sus manos. Y eso sí, teniendo en cuenta la
función de la gestión que previamente habían realizado, y por tanto sus
capacidades.
Todas estas medidas, señorías, han contribuido a minimizar el impacto de
la crisis sobre nuestro sector financiero y también han propiciado el
proceso de reestructuración más importante de nuestra historia.
Superamos, saben todas sus señorías, con creces las dudas sobre la
solvencia de nuestro sector financiero con los stress tests el pasado mes
de julio. Pero llega la crisis financiera de Irlanda, que también se ha
nombrado esta mañana desde esta tribuna; crisis que contagia a los
mercados de deuda pública, y a su vez a las condiciones de financiación
de las entidades financieras. Por tanto también a la financiación del
resto de la economía. Por ello es necesario en este momento despejar
cualquier duda y también reforzar la solvencia de nuestras entidades.
Punto por cierto en el que también está de acuerdo, pese a lo que hayamos
oído en boca del señor Montoro, el Partido Popular ya que así lo
manifestaba en el Senado, hace apenas dos días en una interpelación a la
señora vicepresidenta, un senador de su grupo parlamentario que apuntaba:
Nadie puede cuestionar tal necesidad -la que acabo de citar-. Señor
senador Barreiro, dixit. Por ello, señorías, por cuanto he citado, es
necesario este real decreto-ley; real decreto-ley detallado en su
contenido por la señora vicepresidenta, y necesario para garantizar que
cada una de nuestras entidades presenta unos niveles de capital de máxima
calidad; niveles que sean suficientes para disipar cualquier duda sobre
su solvencia y solidez; niveles que recogen y anticipan la definición de
capital de Basilea III planteada para 2013.
Señorías, con este real decreto-ley afianzamos por tanto la confianza en
nuestro sistema financiero; lo cual a su vez facilitará la fluida
canalización del crédito, ya que estas mayores exigencias de capital van
a facilitar la obtención de financiación mayorista también y sobre todo
para nuestras cajas de ahorros. Nuestras cajas de ahorros que se han
visto siempre hasta ahora abocadas a recurrir a las facilidades del Banco
Central Europeo, el cual va ya advirtiendo sobre la eliminación gradual
de tales posibilidades, no lo olvidemos. Con este real decreto-ley no se
modifica -queremos recordarlo e insistir en ello- la Lorca, su esencia,
sino que se mantienen las diferentes alternativas institucionales
vigentes que aquí en esta Cámara aprobamos el pasado mes de julio. Por
tanto el futuro de las cajas de ahorros sigue
pasando por la decisión de sus órganos rectores en función de la gestión
realizada. Con este real decreto-ley se impulsa la utilización inmediata
de las estructuras e instrumentos precisamente aprobados en los dos
anteriores reales decretos-leyes relativos al sistema financiero, para
así concluir la fase final del proceso de reestructuración. Hoy mismo el
Banco de España dará a conocer las necesidades de capital de todas y cada
una de las entidades que tengan necesidades de recapitalización, las
cuales a su vez tendrán dos semanas para establecer una hoja de ruta que
les permita conseguirla. Para todas las entidades, ya que este real
decreto-ley no es solo para las cajas, ni ese es su título ni va a hacer
tampoco desaparecer las cajas de ahorros ni otra tipología de entidad
financiera, ni tampoco la obra social de nuestras cajas. Este real
decreto-ley no supone la desaparición de las cajas, sino su refundición.
Estas no son palabras del Grupo Parlamentario Socialista ni del Gobierno,
estas son palabras que provienen de las propias cajas, de los
representantes de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros.
La necesidad de aprobación de este real decreto-ley consideramos que es
indudable, y también se ha dicho aquí por parte de otros grupos.
Indudable para el conjunto de nuestro sector financiero tal necesidad y
para el conjunto de nuestra economía. El apoyo de los grupos sería
lógicamente conveniente, pero lo indispensable para una proyección
verdaderamente positiva, todavía más positiva que la ya recibida con el
solo anuncio de este real decreto-ley por parte de organismos
internacionales como la Comisión Europea, como el Banco Central Europeo,
la respuesta y proyección más positiva la recibiríamos y la podríamos
alcanzar con el respaldo del principal parlamentario de la oposición, con
el respaldo del Partido Popular. (Aplausos.) Señoras y señores del
Partido Popular esperamos su implicación y su respaldo, como lo han hecho
hasta ahora -y lo ha recordado el señor Montoro y nosotros cada vez que
procede-. Lo han hecho hasta ahora en las medidas que han tenido que ver
con el sistema financiero, único ámbito en el que han estado apoyando al
Gobierno en esta crisis. Esperamos su colaboración como la que han
mantenido -pese a lo que haya dicho usted, señor Montoro, aquí esta
mañana- en la elaboración del contenido de este real decreto-ley,
discutiéndolo en el propio ministerio y además iniciando este proceso de
discusión con distintos grupos precisamente por ustedes, por la
importancia precisamente que su respaldo proyectaría. Señoras y señores
del Partido Popular si están por la labor de aportar la confianza que
necesita nuestro sistema financiero, por el bien de nuestra economía,
respalden el real decreto-ley. No sé qué entiende el señor Montoro por
lealtad, pero si siguen entendiendo que el espíritu del respaldo que han
ido practicando en el ámbito de nuestro sistema financiero es el que
conviene al conjunto de nuestra economía, respalden este real
decreto-ley. Si les importa más nuestro país que sus intereses
partidistas respalden este real decreto-ley porque no se entendería que
-como usted dice- un partido alternativa de gobierno o que pretende
llegar al gobierno, una vez más como en la última moción del último Pleno
que tenía que ver con el mínimo común denominador, en cuando al contenido
de este real decreto-ley, se abstenga, no tenga criterio.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Acabo ya, señora presidenta, gracias.
Lo consideramos impropio para un partido que aspira a gobernar, señor
Montoro. La eliminación de dudas...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Acabo ya. El refuerzo de nuestra solvencia y la
fluidez del crédito están en manos de la aprobación de este real
decreto-ley. Y el proyectar una mayor confianza por el bien de nuestro
país en la suya, señoras y señores del Partido Popular. Por tanto, les
pedimos que actúen en consecuencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Gastón.
- REAL DECRETO-LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO. (Número de expediente 130/000039.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la convalidación
o derogación del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas
urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas
activas de empleo.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro de
la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias,
señora presidenta.
Comparezco ante ustedes, señorías, para solicitar la convalidación del
Real Decreto 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora
de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
Naturalmente, señorías, sustituyo al ministro de Trabajo, enfermo, que
les pide disculpas por su obligada ausencia.
El número de personas desempleadas en nuestro país es dolorosamente
elevado. Nuestros parados presentan, además, dos rasgos que son bastantes
genéricos. De una parte, una clara asociación de nuestro paro con el
agotamiento de un modelo productivo basado en un auge inmobiliario
excesivo. Siempre lo decimos, probablemente en los últimos dos años el
sector inmobiliario ha producido aproximadamente 1.200.000 parados, el 60
por ciento del paro generado en los últimos dos años. Por otra parte, la
segunda característica, una fuerte concentración y persistencia en grupos
con baja formación, especialmente visible en el caso del paro juvenil.
Cada día cuenta, señorías, y este me parece el más claro, simple y fuerte
argumento a favor de la convalidación del presente real decreto-ley, un
instrumento que queremos y que creemos imprescindible para una rápida y
profunda reforma de las políticas de empleo. Una reforma, quiero decirlo
de antemano, que responde al acuerdo social y económico para el
crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que el Gobierno y
los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, suscribieron el
día 2 de febrero, un acuerdo importantísimo en nuestro país y que está en
el fundamento de este decreto-ley. Una reforma que, además, cuenta con un
buen grado de consenso territorial sobre los objetivos a alcanzar y las
líneas generales a trazar por ello. Un consenso territorial
imprescindible para una política en gran parte transferida a las
comunidades autónomas, como ustedes saben igual que yo. Una reforma que
operará, además, sobre tres nuevas circunstancias que me gustaría
recordar, porque forman parte de lo que es el conjunto de reformas que en
materia sociolaboral viene haciendo este Gobierno. Contamos ya, en primer
lugar, con la Ley 35/2010, que configuró un marco de fomento a la
contratación indefinida, que superó las políticas de estímulo
generalizado a la contratación indefinida que era muy cara y muy
ineficaz. Contamos con un nuevo instrumento de colaboración
público-privada en la orientación y en la colocación, en la medida en la
que hemos autorizado la intervención en estas materias de las agencias
privadas. Y contamos, además, con más medios humanos porque en los
últimos meses hemos acordado la incorporación a los servicios de empleo
de aproximadamente 1.500 promotores de empleo, que se añaden a los
también ya consolidados 1.500 orientadores que introdujimos en el año
2008.
¿Qué queremos con todo ello, señorías? Lo que queremos es asegurar que
cada parado tenga un conjunto de servicios vital para su incorporación al
empleo. Primero, que se les oriente; segundo, que se les diagnostique su
empleabilidad; tercero, que se genere un itinerario de acciones para
mejorar su empleabilidad; cuarto, darles una prospectiva de oportunidades
de empleo y de emprendimiento en el territorio. Y también, claro,
queremos un trabajo que queremos aportar como servicio de intermediación
a las empresas. Estos trabajos en gran parte son competencia de las
comunidades autónomas, puesto que, como decía antes, los servicios
públicos de empleo forman parte ya de la estructura competencial de las
comunidades autónomas Por eso hemos planteado su refuerzo con más medios
humanos y la colaboración privada que permite la regulación de las
agencias de colocación. Son dos elementos nucleares en este proceso de
reforma tan importante que estamos abordando en este campo.
De la misma manera, atendemos a tres cuestiones concretas que están
también en la base de la reforma. En primer lugar, sustituir los viejos
programas de empleo, y digo viejos porque, en líneas generales, los
programas de empleo siguen siendo los mismos que hace casi veinticinco
años, pensados para un escenario económico y productivo y para unos
sectores de actividad que nada tienen que ver con este ambicioso proceso
de cambio de modelo productivo y con lo que ha sido la implosión -o
desplome, si quieren llamarlo así- del sector de la construcción en
nuestro país. En segundo lugar, hay que adecuar nuestras políticas
activas de empleo a la nueva estrategia europea a medio plazo, la
denominada Unión Europea 2020. ¿Por qué? Porque hay un objetivo
fundamental para la Unión Europea, un objetivo de reestructuración, de
modernización, de competitividad en la nueva globalización, que impone a
Europa una serie de objetivos y reformas que tienen que inspirar las
políticas activas de empleo de todos los países europeos. En tercer
lugar, dotar a las comunidades autónomas de la suficiente autonomía en el
diseño de las acciones concretas. Soy de los que creen -y lo practiqué
cuando fui consejero de Trabajo en el Gobierno vasco- que la política de
inserción laboral del desempleo nada tiene que ver entre las comunidades
autónomas desde una perspectiva homogénea, porque -pongamos por caso- la
problemática del paro en Murcia o Cádiz tiene poco que ver con la
problemática del paro en Barcelona. Pienso que la descentralización o,
mejor dicho, la concepción autonómica de las políticas de empleo es un
elemento que produce sinergias muy importantes y que debe de estar en la
esencia de este acuerdo, tal y como lo ha concebido el Gobierno a la hora
de elaborar la estrategia española de empleo, que fijará los objetivos
comunes, coherentes con los compromisos europeos, y que configurarán
planes anuales para el conjunto del país. Pero teniendo en cuenta que la
estrategia debe elaborarse en el sistema nacional de empleo, sí, aunque
en diálogo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas.
¿Cuál es el contenido, señorías, de este real decreto-ley que hoy les
presento? Es la reforma de una ley ya vieja, la Ley 56/2003, de Empleo,
que resulta excesivamente genérica, muy antigua e insuficiente para
afrontar estas profundas reformas de nuestras políticas activas de empleo
que, en mi opinión, es uno de los grandes elementos para combatir esta
lacerante cifra de paro que sufre nuestro país. Destacaría seis aspectos
como objetivos de esta reforma. En primer lugar, implanta la ya citada
estrategia española del empleo, que será aprobada por el Gobierno y
elaborada con las comunidades autónomas y los agentes sociales, como les
decía antes. Incluirá orientaciones y objetivos para el conjunto del
Estado y para cada una de las comunidades autónomas con sus
correspondientes indicadores. Será financiada por los Presupuestos
Generales del Estado con recursos del Fondo social europeo y, en su caso,
con otras fuentes, y tendrá carácter plurianual, aunque se valorará cada
año. En segundo lugar, se crea el plan anual de política de
empleo, instrumento en mi opinión fundamental para concretar los objetivos
de la estrategia, que será aprobado anualmente por el Consejo de
Ministros junto con la formalización de los criterios de distribución de
fondos que se determinen para cada ejercicio presupuestario. En tercer
lugar, proclama y dota de contenido una nueva serie de derechos y
garantías en relación con los servicios públicos de empleo. Es aquí donde
se recoge lo que llamaríamos un nuevo capítulo de derechos exigibles para
las personas en todo el territorio. Vamos a dotar a los parados de un
conjunto de derechos que les van a asegurar una interlocución exigente
con los servicios públicos de empleo, entre ellos, atención y diagnóstico
individual de sus necesidades, incorporación a medidas y acciones
sistematizadas en un itinerario individualizado o la información y el
apoyo sobre el mercado y la búsqueda de empleo, incluyendo el
emprendimiento y la búsqueda para mejorar su empleabilidad. También hay
derechos exigibles para las empresas, como son la gestión eficaz de sus
ofertas de empleo. Esta es una cuestión en la que tenemos que mejorar
mucho porque desgraciadamente la intermediación de los servicios públicos
de empleo es de un nivel muy bajo, desde el punto de vista cuantitativo,
sobre las ofertas que reciben de las empresas, incluso con apoyo en los
procesos de selección para ciertos casos, o el diagnóstico de necesidades
formativas, o el apoyo y la gestión para los procesos formativos de sus
trabajadores, o la información y el apoyo para solicitar ayudas, en su
caso, especialmente en relación con procesos de innovación y
emprendimiento. Todo ello ¿qué configurará? Un catálogo de servicios a la
ciudadanía que se despliega en tres modalidades: para desempleados, para
ocupados y para empresas. Esta es una de las grandes novedades del
proyecto de decreto que les estoy trasladando. En cuatro lugar, el
decreto-ley transforma y redefine el sistema de políticas y programas,
identifica los diferentes ámbitos de las políticas activas de empleo y
define los contenidos comunes para que las comunidades autónomas diseñen
y ejecuten las acciones y las medidas que consideren necesarias para esos
objetivos. En quinto lugar, trae a la ley el contenido del subsistema de
formación profesional para el empleo, de manera que en el nuevo texto se
refuerzan los objetivos de mejora del sistema de formación,
reconocimiento y acreditación de las competencias y cualificaciones
adquiridas por cualquier vía. Esta cultura del aprendizaje a lo largo de
la vida tiene que insertarse, tiene que impregnar la cultura laboral de
todos nuestros trabajadores; una cultura que aumenta la polivalencia
profesional, sea esta cualquiera que origine la cualificación profesional
del trabajador; una mejora progresiva, un sistema de formación continua
que tiene que instalarse en el conjunto de la población para adaptarse a
una polivalencia profesional cada vez más mayor. Por último, este
decreto-ley procura el refuerzo de los recursos disponibles para las
políticas activas de empleo, con una novedad importante que consiste en
la constitución en el seno del Servicio Público de Empleo Estatal de un
instrumento financiero denominado fondo de políticas de empleo.
Señorías, termino. Resulta inaplazable mejorar la empleabilidad de las
personas y situar a los servicios de empleo entre los mejores
instrumentos para la gestión del capital humano en el nuevo modelo
productivo. Señorías, dedicamos cada año -conviene recordarlo- una cifra
nada desdeñable de recursos a la ejecución de políticas y programas de
empleo, por ejemplo, para este año 2011 destinaremos 7.300 millones de
euros. Lo que queremos en gran parte es hacer más eficiente este gasto y
hemos aprobado una reforma -que esperamos sea aprobada por esta Cámara-
para dotar de esa eficiencia, porque, en nuestra opinión, un esfuerzo tan
importante para un colectivo tan vital para nuestra vida personal y
laboral como es la población en paro debe tener una eficiencia máxima,
con un calendario que nos proporciona margen para desplegar este nuevo
sistema ya en el próximo ejercicio presupuestario. Ya hemos comenzado los
trabajos en el seno del Servicio Nacional de Empleo para la elaboración
de la estrategia de los planes anuales de 2012 y por eso les decía,
señorías, que cada día cuenta.
Además -y con esto quiero acabar-, no se trata de un salto en el vacío; se
trata de algo que hemos construido sobre dos bases fundamentales, y por
eso quiero reiterar cuál es la esencia de este decreto-ley: es el
acuerdo, es el pacto social que suscribimos con sindicatos y empresarios
para llevar a cabo esta actuación con los agentes principales del
problema de la formación, de la inserción, de la contratación de nuestros
parados, sindicatos y empresarios, y con las comunidades autónomas,
autoras imprescindibles de esta política. Por eso, quiero terminar
diciendo que resulta absolutamente procedente destacar esta intensa
participación de las comunidades autónomas y de los interlocutores
sociales en este decreto-ley que está sustancialmente pactado con ellas.
Y es en atención a este esfuerzo de participación, al logro de este gran
acuerdo -que no me cansaré de repetir que ha sido básico e importantísimo
para la confianza interna y externa de nuestro país-, es sobre la base de
ese esfuerzo de consenso, a esta voluntad de colaboración que ha
presidido en el ámbito social y en el ámbito territorial la elaboración
de la reforma de las políticas activas de empelo que contiene este texto,
es sobre la base de todo esto por lo que les solicito el apoyo y la
aprobación por esta Cámara de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
ministro.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar
la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, cada día cuenta, nos ha dicho usted para presentar este
real decreto-ley y para apelar una vez más a esto que viene siendo una
norma en su Gobierno,
que es utilizar el trámite de real decreto-ley para que el Parlamento
tenga sencillamente que sancionar o votar en contra. Cada día cuenta ha
sido la disculpa de hoy para avalar la urgencia de un real decreto que,
como usted mismo ha reconocido, desarrolla o modifica una ley del año
1956. Hay que ver, cincuenta y cuatro años para la urgencia; realmente es
una urgencia que ha caminado mucho más lentamente que las medidas de
reducción de la velocidad que nos ha impuesto el Gobierno el pasado fin
de semana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Rechazo la forma, señor ministro. No puede ser que lo extraordinario se
convierta en norma, y no puede ser que, apelando a que esto es
consecuencia de un pacto social entre agentes sociales y el propio
Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas en el propio
pacto, se sustituya a la Cámara, se sustituya al Parlamento, que es quien
tiene la responsabilidad constitucional de representar al conjunto de la
ciudadanía española. No puede ser, esto es pervertir la democracia; esto
es lo contrario de la transparencia, es lo contrario del parlamentarismo.
Aquí no se puede venir solo a que podamos votar sí o no a temas tan
importantes como el que nos ocupa, que, insisto, modifica una ley de hace
cincuenta y cuatro años. Realmente, señor ministro, no es de recibo; es
la forma, pero en democracia las formas son el fondo y convertir en el
trámite del real decreto-ley todos los debates importantes -cuarenta creo
que llevábamos la semana pasada- es una forma de despreciar la tarea
parlamentaria, de despreciar a la representación, insisto, del conjunto
de los ciudadanos españoles, que tenemos que aprobar las leyes y
hacerlas, no solo sancionarlas, para todos los españoles. Por tanto, una
crítica en cuanto a la forma, que es de fondo.
Con respecto al contenido del real decreto, haré algunas consideraciones.
En primer lugar, se sigue insistiendo en un modelo fracasado en el que, a
diferencia de Europa, se invierte mucho en subvencionar el empleo y poco
en la formación de los parados; usted conoce las cifras mejor que yo. De
los 7.322 millones del presupuesto de 2011 solo 2.754 se dedican a
actividades formativas, el resto va destinado a incentivar la
contratación mediante bonificaciones. Le pondré algunos ejemplos de lo
que le digo en relación con otros países. Alemania y Francia triplican
los recursos destinados por España a formación -que de eso estamos
hablando-; los servicios públicos de empleo en España tienen
aproximadamente un funcionario por cada 200 parados -dificultad clara-;
los servicios públicos de empleo solo intermedian un 3 por ciento de los
nuevos contratos -dificultad-; el presupuesto de políticas activas de
empleo para 2011 es un 5,5 menos que el de 2010 y solo un 1 por ciento
mayor que el de 2007, en el que presuntamente no había crisis; en todo
caso nosotros teníamos unas cifras de paro mucho más bajas que las
actuales. ¿Acaso creen que esto se arregla con orientadores de empleo,
como esos de los que nos ha hablado? ¿Usted cree que esto se arregla con
orientadores de empleo? En ese caso le recomendaría que se pusieran uno
ustedes mismos, porque sin recursos para la formación, que eso son las
políticas de empleo, eso son las políticas activas, de nada sirven los
textos legislativos.
En segundo lugar, me parece peligroso -esta es una consideración sobre la
que me gustaría conocer su opinión porque a lo mejor no lo he entendido
suficientemente bien-, como hace el decreto, ligar prestaciones y
subsidios a un acuerdo personal de empleo que puede ser difícil de
gestionar, debido a la precariedad de medios de los que hablaba, y que en
definitiva se puede volver en contra del propio desempleado.
En tercer lugar, también existe un problema de falta de coordinación entre
las diferentes administraciones que en vez de corregirse se va
incrementando con las consiguientes ineficacias y duplicidades, porque
aunque el real decreto-ley trata de resolver en algunos aspectos, como la
creación de una base de datos común, acto seguido el mismo texto
profundiza en la territorialización, lo que a mi juicio resulta
completamente contradictorio, por lo menos si no se explica y no se
contradice directamente. Se proclama la necesidad de servicios comunes,
igualdad para todos los españoles en situación de desempleo, y a la vez
se acercan las decisiones al territorio -digo las decisiones, no la
gestión-, se reclama un catálogo común y luego se dice que cada comunidad
autónoma tendrá otro, el suyo -no del común-; otro, que es lo contrario
de lo común. No hay quien se aclare con ustedes.
Creo que el modelo que nos proponen es inconcreto, es contradictorio,
dificultará aún más la movilidad en todo el territorio nacional, que ya
es excesivamente baja, lo que influye, como usted ha dicho, en que
existan importantes diferencias entre comunidades autónomas. Dificultar
la movilidad creo que es un problema, en este caso para las personas que
más protegidas tenían que estar para poderse mover.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Creo que este modelo es negativo para la
realización de unas políticas comunes en una materia en la que resulta
imprescindible en un mundo cada vez más globalizado; cada vez más
globalizado salvo en España, porque España es diferente y en esta
materia, como en otras muchas, cada día levantamos nuevas fronteras
interiores.
Señor ministro, todo esto hace que este real decreto no pueda tener el
apoyo de Unión Progreso y Democracia. Nuestro voto va a ser negativo. El
cada día cuenta que usted nos ha dicho debe ser un que cada día cuente
para que las cosas vayan mejor, para que ustedes nos hagan propuestas
positivas y no para que su agonía nos la trasladen al conjunto de los
ciudadanos.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para posicionar al Bloque
Nacionalista Galego en relación con este real decreto 3/2011, y por lo
tanto voy a hacer una pequeña valoración en estos cinco minutos que
tenemos.
Señorías, señor ministro, reconocemos que hay algunas cuestiones positivas
en este real decreto, concretamente nos parece muy positivo el hecho que
se manifiesta en la única disposición derogatoria, en la que se propone
derogar todo aquello que queda pendiente de la ley 51/1980 porque es
evidente que existe la necesidad de hacer una reforma en los programas de
políticas activas. También vemos positiva la disposición declarativa que
se hace de los principios y objetivos, tanto de políticas de empleo como
en la búsqueda de la empleabilidad o en el propio catálogo de servicios,
en relación con lo que existe en este momento, así como cuando se habla
de realizar esos itinerarios personalizados. Pero, señor ministro,
señorías, resulta que estamos hablando de cuestiones positivas que ya se
trataron también en otras ocasiones, como ocurrió con el Plan nacional de
reformas o con la legislación que se hizo en el año 2006 de la renta
activa de inserción. Y a pesar de que el señor ministro acaba de hablar
ahora del incremento de 1.500 orientadores, tenemos que decir que los
objetivos marcados en aquel momento aún no se han conseguido. En esa
reforma no vemos por ningún lado que se inste al Gobierno a que mantenga
el compromiso financiero suficiente con el servicio público de empleo, de
manera que se pueda reforzar, tanto desde el punto de vista de los
recursos humanos como los materiales, ese servicio y poder así cumplir
los objetivos que se marcan y que nosotros no tenemos ningún problema
-porque sería ridículo no hacerlo- en reconocer como positivos. Pero si
esto no es así, hay una cuestión que nos preocupa y es el hecho de que en
este real decreto se consolida algo que se abrió en la reforma laboral
aprobada el verano pasado, la participación o el papel de las agencias
privadas de empleo, y entendemos que a través de este real decreto estas
agencias privadas son las que van a tener el gran protagonismo en el
futuro.
En cuanto a las cuestiones de competencias autonómicas, y a pesar de lo
que el ministro dijo en relación con las competencias de empleo que estas
tienen, vemos que existe también una centralización de las políticas de
empleo y de las políticas activas y de formación que aquí se contemplan.
De esa manera, la estrategia estatal, el Plan anual de empleo o incluso
el observatorio estatal van en esa dirección, y en estos organismos no
podemos dejar de observar que las comunidades autónomas son meros entes
colaboradores necesarios, pero colaboradores necesarios para llevar a
cabo las políticas de planificación que son exclusivas de la
Administración central. Podríamos decir lo mismo de la Comisión sectorial
de empleo o de órganos que desde nuestro punto de vista inciden en esta
cuestión. Nosotros queremos recordar hoy las diferentes recomendaciones
de la Unión Europea que inciden en la necesidad de actuar de la manera
más cercana posible en materia de políticas activas de empleo. Incluso se
plantea con claridad que lo que puedan hacer las administraciones más
cercanas no lo hagan aquellas más lejanas. Por lo tanto, desde nuestro
punto de vista esto refuerza nuestra posición sobre el hecho de que las
competencias en materia de empleo, en materia de formación y, en
definitiva, de todas estas políticas activas deben ser de las comunidades
autónomas. Nosotros creemos que con este real decreto-ley se pierde
incluso la oportunidad de abordar aquellos problemas cuya necesidad de
resolver está reconocida en diferentes -y valga la redundancia-
resoluciones judiciales, y nos referimos a cuestiones pendientes de
formación continua y que evidentemente el Gobierno no está por la labor
de resolver.
Desde luego no compartimos que esta reforma se haga a través de un real
decreto, independientemente de que luego se vaya a tramitar como proyecto
de ley, porque desde luego el real decreto ya está, si se convalida -y
evidentemente se va a convalidar-, y esta es una política que el Gobierno
está haciendo y que desde nuestro punto de vista no nos parece en
absoluto oportuna para el debate político, incluso para el debate social,
porque aunque se ampara en unos acuerdos sociales, tenemos que reconocer
que ese diálogo excluye a una parte de aquellos sectores
representativos...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por otro lado, señorías -finalizo, señor
presidente-, en cuanto a la justificación que hacen de la urgencia -por
eso el real decreto- para adaptar estas medidas en relación con las
comunidades autónomas, hay que tener en cuenta que los programas de
políticas activas siguen vigentes hasta que se aprueben los próximos en
el año 2012. Por lo tanto, no somos partidarios de que exista esa
urgencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por esa razón -y finalizo, señor presidente-
no vamos a votar favorablemente este real decreto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Llamazares tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no va a apoyar
esta iniciativa, al igual que tampoco va a obstruirla. Nos vamos a
abstener, porque si bien valoramos la importancia de las políticas
activas, que además tienen buena prensa por sus propios términos -activo
frente a pasivo-, aunque habría que hablar mucho de ellas en este
momento, en el momento de
grave desempleo en nuestro país y de estancamiento económico, sin embargo
somos escépticos con respecto al marco en que se desarrollan estas
políticas activas. Es decir, valoramos los contenidos acordados en el
decreto con los agentes sociales, sin embargo somos muy escépticos con
respecto a cómo pueden intervenir, cómo pueden favorecer el empleo en un
contexto tan negativo como el que vive nuestro país, sobre todo en el
contexto de políticas económicas que en nuestra opinión, con el recorte
de la iniciativa pública y con las políticas de privatizaciones, van en
contra precisamente de la creación de empleo y de la creación de empleo
de calidad. Por lo tanto, una gota de agua en un desierto.
En cuanto a las propuestas que hace el Gobierno en esta iniciativa,
valoramos sobre todo que se establezca, como se ha dicho, el derecho a
los servicios públicos de empleo, es decir, el derecho de los
trabajadores a estas políticas activas, a estas políticas de formación;
por otra parte, valoramos la atención personalizada frente a una atención
burocrática, y, por otro lado, también tenemos en cuenta que el plan
anual es conciliable con las competencias de las comunidades autónomas,
es decir, que se convierte en un hecho el principio de cooperación
también en esta materia. Por eso no podemos mostrar disconformidad con
los acuerdos que han tenido lugar en el marco del acuerdo social y con la
propuesta del Gobierno. Sin embargo, tenemos que plantear nuestro
escepticismo y nuestra discrepancia con respecto por ejemplo a la
denominada colaboración público-privada, que teniendo en cuenta el marco
general en el que nos encontramos, nos da la impresión de que es aquello
de la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios,
es decir, que esa colaboración público-privada puede terminar con un
sector público encargado de lo no rentable y con un sector privado, en
este caso floreciente en la intermediación laboral, encargado de lo más
rentable. No compartimos esa colaboración, que es una colaboración
asimétrica y que significa una discriminación de los intereses generales
y de lo público. Tampoco compartimos, señorías, la financiación de este
programa, porque en los presupuestos para este año ha sido recortado por
parte del Gobierno, y además, si nos comparamos -lo ha hecho otro grupo
parlamentario- con nuestro marco europeo, buena parte de estos programas
van orientados a las bonificaciones y la parte orientada a las políticas
personales, a las políticas de formación y de itinerarios es una política
financiera minoritaria, débil, y por tanto incapaz de favorecer la
recuperación económica y la empleabilidad o el empleo de los
trabajadores.
Señorías, decía que soy escéptico. Izquierda Unida e Iniciativa somos
escépticos porque este es un mal día para los trabajadores y para los
ciudadanos de este país. Todos habremos visto la campaña que se ha
iniciado ante el anuncio de los trabajadores de AENA de una posible
huelga, la campaña antisindical y contra el derecho de huelga, que se
generaliza en nuestro país y que en definitiva es una campaña contra los
derechos de los trabajadores. No corren buenos tiempos para los derechos
de los trabajadores. Sobre todo es un mal día, señorías, porque se
consagrará con la votación del decreto anterior la privatización de las
cajas de ahorros. Señorías, la tercera hora de las privatizaciones ha
llegado. Primero privatizamos el sector público de la economía, luego el
sector servicios y ahora el sector financiero. Señorías, cuando empiezan
los prejuicios sobre la política terminan también los prejuicios sobre lo
público y se acaban los intereses generales en la economía y también en
las finanzas. Desgraciadamente esto lo hace un Gobierno que dice ser de
la izquierda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Tardà, tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señor Jáuregui, le he visto tan entusiasmado en su
exposición que me parece que ha pecado de simplista, porque usted ha
escondido por ejemplo que este real decreto contiene algunos elementos
contaminantes que ya fueron objeto de discusión hace unos días con motivo
del anterior Real Decreto, el 1/2011. Por cierto, usted sabe que dejó en
la estacada a miles de personas que cobraban los 426 euros del Prodi y
ahora los han vuelto a dejar en la estacada puesto que no pueden acceder
a los nuevos planes. Dicho esto, el real decreto anterior ya contaminaba
este otro que modifica la Ley del Empleo, puesto que usted sabe que los
nuevos programas dicen ustedes que tendrán que tener, al menos los
excepcionales, una gestión y una planificación centralizada, y además lo
dicen incluyendo una perversidad en el discurso propia del Partido
Popular, no de ustedes: en nombre y en favor de la eficacia. Es decir, en
el año 2011 nos venden que lo centralizado es eficaz; por ende, lo no
centralizado, lo periférico -al fin y al cabo hablamos de esto- no es
eficiente, no es moderno. Es una perversidad que denunciamos.
Coincidimos básicamente en que lo desconcentrado -luego los hechos no lo
demuestran- es más eficiente, que busca la excelencia. Además estamos de
acuerdo en esta ecuación de convertir lo pasivo en activo. Estamos de
acuerdo, es una revolución -por cierto, no solamente ustedes lo han
defendido-, que es buscar la eficiencia de los itinerarios personales y
además acercar los planes a la realidad productiva de cada uno de los
territorios. Se ha demostrado que las sociedades que ofrecen planes de
empleo eficientes han seguido este camino y también han seguido el de
bonificar más la formación -y en esto estamos de acuerdo-, que no la
contratación. De manera que mimbres para entendernos los hay y creo que
algunos lo venimos defendiendo desde hace algunos años desde posiciones
minoritarias pero cargadas de sentido común.
Ahora lo que tenemos es un real decreto que, tal como ha dicho el
compañero Gaspar Llamazares, nosotros
tampoco vamos a votar favorablemente, pero como, a diferencia del
anterior, sí que se nos ha dicho que será tramitado como proyecto de ley,
esperamos que nos tengan en cuenta, y digo que nos tengan en cuenta a fin
y efecto de poder introducir algunas mejoras que nos pudieran llevar al
sí. Por ejemplo, ¿cómo es que ustedes no han incluido ni nos han dicho
que existe la posibilidad de poder incluir aquello que nosotros hemos
apoyado y ustedes han contemplado respecto a Euskadi en todo lo que tiene
que ver con el traspaso de las bonificaciones a la contratación, que en
algunos casos pueden llegar hasta el 60 o el 70 por ciento de todos los
emolumentos que significan las políticas activas? De esto ustedes no nos
han dicho nada. No sé si están abiertos a poder llegar al final del
proceso, a poder recoger para el resto de las comunidades autónomas lo
mismo que se ha contemplado felizmente para Euskadi.
Nosotros tenemos las mismas preocupaciones que ha expuesto el compañero
Gaspar Llamazares, también la compañera Olaia Fernández Davila, del
Bloque Nacionalista Galego, respecto a cuáles son los límites, cuáles son
los terraplenes que tenemos para todo aquello que se consagra en la
reforma laboral, que pertenece al sector público, y todo aquello que es
el escenario futuro de los apetitos de los tiburones, que hacen o
pretenden hacer de la modernidad de las políticas activas, que tienen
mucho futuro, un escenario que fomente los beneficios privados.
Finalmente -no tengo más tiempo-, debo decirles que nosotros tenemos la
voluntad de poder modificar también algunos de los blindajes que no
entendemos por qué han puesto, que tienen claramente la voluntad de
conseguir una recentralización, en concreto respeto a las competencias de
la estrategia española de empleo, que es el ADN de su proyecto y que
nosotros entendemos que debería ser más poroso respecto a las
competencias de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Don Emilio Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Jáuregui,
honestamente, le tengo que decir que no me sorprende la elocuencia que
usted ha demostrado en la defensa de este real decreto-ley. Lo mismo es
usted capaz de explicarnos la reforma de la Administración pública que la
nueva configuración de las políticas activas, dentro de esta visión
enciclopedista de la gobernabilidad que usted siempre ha acreditado. De
todas formas, la facundia de su argumentación no ha servido para
convencernos. Desafortunadamente, ya le adelanto que el sentido del voto
de nuestro grupo será también de abstención.
Señor Jáuregui, ustedes están ahora intentando resolver con buena voluntad
-nosotros tenemos una posición proactiva a colaborar con ustedes- el
problema más grave que tiene en este momento planteado el Estado español
y lo están haciendo con un optimismo resignado -si me permite otra
expresión, con un optimismo obligado-. Ustedes se encuentran, tras el
anuncio de las encuestas de la EPA o de los servicios públicos de empleo,
con un incremento notable, espectacular, lacerante de las cifras de
desempleados -4.700.000 desempleados; el mes de febrero es un mes
estacionalmente malo: 68.000 desempleados más-, y ustedes hacen
invocaciones de un optimismo que no tiene fundamento en los
requerimientos en este momento del mercado económico, en la configuración
de la suerte, de las variables económicas que inciden en el empleo, en el
porcentaje de desempleados.
Este real decreto-ley tiene una orientación filosófica nueva con relación
a la configuración de las políticas activas que nosotros compartimos. Nos
parece eficaz esta interacción entre planes de carácter general y
diagnósticos individualizados que establecen una trazabilidad para la
atención individualizada de los desempleados. Nos parece novedosa la
configuración, el fondo filosófico del proyecto, pero el problema del
desempleo no es este; o sí es este y esto ayuda seguramente a mejorar las
ratios o las posibilidades en materia de empleabilidad. El problema del
desempleo es un problema fundamentalmente del porcentaje del crecimiento
económico con relación al PIB. En este momento, con niveles de
crecimiento estimados por su Gobierno del 0,6, es difícil pensar que se
pueda a corto plazo crear empleo.
Yo le preguntaría -pero usted no me va a responder nada porque no lo sabe
tampoco- cuál es el porcentaje de crecimiento del producto interior bruto
del Estado español para empezar a crear empleo o para empezar a crear más
empleo del que se destruye simultáneamente, para que el saldo neto en
definitiva sea positivo. ¿El 1,6 en términos de coeficiente de incremento
del producto interior bruto, como ha ocurrido en algunos países que
tienen estructuras económicas mucho más sólidas que las nuestras, que las
del Estado? ¿El 2 o el 3 por ciento, como ha ocurrido en otros países?
Seguramente es difícil saberlo, pero lo que es metafísicamente imposible
saber es cuándo en el Estado español van a concurrir índices de
crecimiento con relación al PIB de este volumen, con estos guarismos, con
estas variables. No lo sabe usted y seguramente no lo sabe nadie. Esto
requiere una configuración de la política de empleo que nos hace
desmentir a Schumpeter, que afirmaba que la mejor política de empleo es
la que no existe. ¿Por qué? Porque esto acreditaba que las variables que
integran la actividad económica con carácter general estaban bien
configuradas, que los ítems de la política macroeconómica funcionaban
bien. En este momento, con 4.700.000 desempleados, estos ítems, estas
variables de la política macroeconómica evidentemente no funcionan bien.
Tampoco funcionan bien las medidas de reconversión o de inducción de las
posibilidades, pequeñas, de creación de empleo en determinados colectivos
a los que eufemísticamente se califica de difícil empleabilidad:
menores -concepto que se ha elevado hasta los 30 años; me imagino que
serán jóvenes desempleados menores de 30 años a efectos del desempleo, no
a efectos sociológicos- y mayores de 45 años, que constituye otro
colectivo importante de difícil empleabilidad. Desde esa perspectiva, el
aserto de Schumpeter no nos sirve en este momento, como tampoco lo que
usted no nos ha explicado, que son las razones de urgencia y perentoria
necesidad que la propia Constitución española exige acreditar a efectos
de utilizar la fórmula del real decreto-ley. Nos da igual, vamos a
prescindir de esta formalidad dadas las lacerantes cifras de
desempleados, pero usted sabe que la jurisprudencia constitucional exige
dos cosas: que las medidas que se aprueban por real decreto-ley no posean
carácter estructural y que no tengan una vigencia duradera en el tiempo,
cosa que no concurre en ninguna de las circunstancias en este real
decreto-ley. Nos da igual, no vamos a reparar tampoco en esta formalidad,
señor Jáuregui.
En todo caso, con relación al real decreto-ley y sus contenidos, seguimos
pensando, como han comentado otros portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, que la política de empleo en el Estado español todavía
está impregnada de una centralidad y una estatalidad que podrían
superarse. Podríamos mejorar incluso las potencialidades y optimizar
estas políticas mediante una descentralización mayor de la que se
acomete. Aquí estamos hablando todavía de objetivos de la estrategia
española de empleo, de una planificación de la política de empleo y de la
formación profesional, teniendo en cuenta -sí, usted lo ha dicho- las
competencias de las comunidades autónomas pero de ámbito español, de una
competencia del Estado para afianzar los órganos de concertación
territorial, de una competencia estatal en definitiva para actuar desde
una perspectiva manifiestamente centralista en todos los ítems que hacen
referencia o configuran con carácter general una política estatal de
empleo.
Se ha avanzado mucho en la desestatalización, en la descentralización, yo
lo reconozco y se lo tengo que reconocer a la secretaria de Empleo, que
en este momento nos acompaña. Algunos diputados de esta Cámara hemos
hecho grandes esfuerzos por invertir un real decreto-ley que en su
configuración original era todo lo contrario a este. Aquel, el que
dimanaba del acuerdo interprofesional del 2 de febrero, que usted mismo
ha indicado, sí que era estatalista absolutamente, brutalmente
centralizador de las políticas de empleo -ya voy acabando, señor
presidente-. ¿Por qué? Porque estos acuerdos interprofesionales sí que
incorporan elementos de centralidad o de centralización peligrosos. No
estoy en condiciones de afirmar lo que ha dicho la señora Díez, que me
parece una reflexión delicada e incluso temeraria, la de que se produce,
cuando hay un acuerdo interprofesional preferente, una usurpación de
funciones legislativas. No estoy de acuerdo porque son buenos los
acuerdos interprofesionales, siempre que dichos acuerdos estén bien
configurados. Pero aquí esto no se produce desde esa perspectiva. Aquí se
ha cambiado mucho. La participación de las conferencias sectoriales, la
participación de las comunidades autónomas, el mero reconocimiento de
planes específicos en el ámbito autonómico, el mero reconocimiento
también de actividades y de certificaciones y cualificaciones
profesionales autonómicas, al margen de las previstas en la Ley orgánica
del año 2002, todo esto ha supuesto un esfuerzo compartido con el
ministro de Trabajo y con la secretaria de Estado de Empleo que debemos
reconocer.
Hay un problema -ya, señor presidente, acabo de verdad; en buena hora he
aceptado su recomendación de usar solo siete minutos: siempre se
arrepiente uno ex post, cuando es tarde, de estos compromisos- que
esperemos que se pueda resolver en la tramitación como proyecto de ley de
este real decreto-ley y que hace referencia al fondo estatal que regula
la disposición final primera. Para la Comunidad Foral de Navarra y para
la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha logrado incorporar los
requerimientos del Concierto Económico a efectos de los flujos
financieros que dimanan de las medidas aquí reguladas. Lo que pasa es que
no está clara la extensión de los requerimientos del Concierto Económico
al fondo estatal que se prevé en la disposición final primera, tanto
desde la perspectiva de los ingresos, de los remanentes en definitiva, de
las comunidades autónomas, no gastados, de los remanentes de la
Administración del Estado no gastados en el ejercicio de estas políticas,
como desde la de los pretendidos incrementos de las recaudaciones de
cuotas por formación profesional -incrementos de cuotas que desconozco
que hayan existido alguna vez en algún ejercicio presupuestario-. Al
margen de esa circunstancia, nos gustaría que se concretase
específicamente que el Concierto Económico afecta también a los ingresos
y a los gastos previstos en este fondo estatal. Le puedo asegurar que si
esto se puede conseguir, es probable que la posición de mi grupo
parlamentario, cuando se vote el proyecto de ley, pueda cambiar. En este
momento, nosotros, cautelar o preventivamente, nos vamos a abstener a
pesar de la brillantez y de la elocuencia demostrada por usted mismo,
señor ministro, digna de mejor causa -el enciclopedismo en el ámbito de
la política a veces provoca también problemas que no vamos a glosar-.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Les quiero hacer una consulta para ver si cuento con el apoyo de la Cámara
para que en los debates sobre enmiendas del Senado -y poder hacer así un
cálculo previsible- podamos contar con tiempos de intervención de cinco
minutos de cada grupo. ¿Están de acuerdo sus señorías? (Pausa.)
Igualmente se hará para el último punto, el dictamen de Comisión.
(Pausa.) Muchas gracias, así se acuerda.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señor Jáuregui, de entrada le ruego que traslade al
ministro Gómez el deseo de toda la Cámara, estoy seguro, de su pronta
recuperación.
Abordamos esta intervención con motivo de la convalidación de este Real
Decreto de reforma de las políticas activas desde un proceso de diálogo
de Convergència i Unió con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario
Socialista que nos permite, sin lugar a dudas, dar hoy nuestro apoyo a
este real decreto. Esta es una reforma sustancial de las políticas
activas de empleo, una reforma sustancial de la Ley de Empleo y una
reforma sustancial del modelo de traspaso de las políticas activas del
año 1997. Desde el punto de vista de la mayor capacidad de autogobierno
de las comunidades autónomas, esta nueva regulación legal va a dar más
libertad y más flexibilidad.
En las fórmulas legales de la Ley de 2003 y en el modelo de traspasos del
año 1997, el Estado regulaba, la conferencia sectorial repartía los
recursos y las comunidades autónomas estaban obligadas a aplicar aquellos
programas regulados por el Estado mediante órdenes ministeriales y
reglamentos. Esta reforma cambia sustancialmente esa manera de abordar
las políticas de empleo. Se elabora una estrategia, se elabora un plan
estatal, se consignan unas partidas en los Presupuestos Generales del
Estado, se reparten en la conferencia sectorial, y son las comunidades
autónomas, sobre la base de directrices y objetivos comunes, quienes
desarrollan y establecen sus propias políticas de empleo. Es un cambio
sustancial y a las señorías que se han mostrado críticas con el contenido
del real decreto-ley les recomiendo, en relación con el catálogo, que se
lean el segundo apartado del artículo 19 ter, donde se recoge que cada
servicio de empleo podrá establecer su propia carta de servicios,
atendiendo a la evolución de su mercado de trabajo, a las necesidades de
las personas y empresas y a las prioridades establecidas en sus propios
programas. También recomiendo la lectura de aquellos artículos que
establecen claramente que el diseño y la fijación de las políticas
activas va a corresponder también a los servicios públicos de empleo. Por
tanto, desde el punto de vista competencial, esta reforma va más allá de
la reforma del año 2003 y del modelo de traspaso del año 1997; por ello,
Convergència i Unió avala el sentido de esta orientación desde cualquier
tipo de consideración, sabiendo que para algunas comunidades autónomas
con menos ambición para su autogobierno este modelo crea incertidumbres,
porque van a tener más responsabilidades de las que hasta ahora han
tenido.
Vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto y vamos
a reclamar también que se tramite como proyecto de ley para mejorar
algunas cuestiones desde algunas convicciones: la de que las políticas
activas de empleo son necesarias; que creemos que los gobiernos
autonómicos tienen la responsabilidad de acompañar a los desempleados en
la búsqueda de nuevo empleo, porque, como recordaba algún otro orador,
los mejores mercados de trabajo en el resto de Europa son aquellos donde
los gobiernos tienen políticas de acompañamiento para los desempleados
importantes y sólidas; desde la convicción de que la formación de
empleados, de trabajadores ocupados y desempleados es la mejor política
de acompañamiento de las personas; convencidos también de que la atención
personalizada que se nos viene reclamando desde hace muchos años en la
Unión Europea continúa siendo un reto para nuestras políticas de empleo;
desde la convicción, y ahí discrepamos de otros oradores, de que lo
público no es exclusivamente lo estatal, lo gestionado desde la
Administración pública, sino que lo público, en el sentido del interés
general, también puede ser gestionado de común acuerdo con la iniciativa
privada; desde la convicción -eso sí, señorías- de que esta reforma llega
tarde y que hubiera tenido mucho más sentido si se hubiera planteado en
el inicio de esta legislatura. Este grupo, desde esta tribuna, ha venido
defendiendo en los últimos tres años orientaciones en ese mismo sentido.
La última de ellas fue en una moción de Convergència i Unió, que se
aprobó no con el apoyo de todos ustedes pero con un apoyo suficiente, por
lo que entendemos que esta reforma responde también a ese mandato de la
Cámara.
Evidentemente, existen algunas preocupaciones que nos gustaría resolver
durante la tramitación como proyecto de ley de este real decreto, como es
aquello que hace referencia a la reserva de crédito que se mantiene para
el Servicio Público de Empleo Estatal, que nos llevó en 2003 -cuando la
Ley de Empelo fue pactada por el Partido Popular y por el Partido
Socialista; creo recordar que el ponente del Grupo Socialista fue el
señor Jáuregui- a recurrir la Ley de Empleo, precisamente por esa reserva
de crédito, y sería bueno que en el trámite parlamentario encajásemos
bien el papel que la reserva de crédito debe tener. En segundo lugar, nos
preocupa, precisamente porque el modelo da más libertad a las comunidades
autónomas, que el Estado mantenga sus compromisos presupuestarios para
financiar las políticas activas de empleo; por tanto, deberíamos blindar
el compromiso del Estado para continuar invirtiendo en estas políticas y
al mismo tiempo mantener la lealtad institucional. Quizá este nuevo marco
establece más obligaciones que deben ser financiadas y debemos evitar que
ocurra aquello que ha sucedido por ejemplo con las subvenciones al
mantenimiento de empleo para los trabajadores con discapacidad en los
centros especiales. En este caso, el incremento de las subvenciones no ha
venido acompañado de la transferencia de recursos a las comunidades
autónomas.
Finalmente, y termino señor presidente, hemos de avanzar claramente entre
la vinculación entre políticas pasivas y activas. Somos partidarios de
que las comunidades autónomas gestionen también de manera coordinada las
políticas pasivas con las políticas activas, en la línea de facilitar
precisamente esa reactivación hacia el mercado de trabajo. Coincido con
el señor Olabarría en
la necesidad de que ese fondo de reserva que se constituye en este real
decreto cuente con una mayor participación de las comunidades autónomas,
desde la convicción, eso sí, de que las políticas activas acompañan, que
las políticas que van a crear empleo son las políticas de crecimiento y
también medidas específicas de choque que den más oportunidades a quienes
generan empleo, que son las empresas, para que puedan generar estos
nuevos puestos de trabajo. En este sentido, queremos aprovechar este real
decreto para introducir medidas específicas para trabajadores autónomos y
para personas con discapacidad. Espero que sea posible hacerlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Doña Carmen Álvarez-Arenas tiene la palabra.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, señorías, señor
ministro, este es el decimocuarto real decreto-ley que nos trae el
Gobierno desde que se inició la crisis. Esperamos que si se aprueba por
la Cámara -desde luego, nosotros vamos a solicitar que se tramite como
proyecto de ley- no duerma el sueño de los justos como pasó con el
proyecto de ley del Prodi, que ha fallecido, ha nacido una nueva
modalidad, todavía están las enmiendas ahí y no se ha visto ese proyecto
de ley.
Señorías, el Gobierno nos tiene acostumbrados a gobernar a golpe de
decreto, pero la realidad es que después de estos catorce reales
decretos-leyes seguimos teniendo 4.700.000 parados, el incremento del
paro registrado está ahí y el de la EPA va a llegar. Este real decreto,
señorías, es un galimatías jurídico y legislativo, un cúmulo de
despropósitos. Es un real decreto que introduce una enorme inseguridad
jurídica, un real decreto que no cumple ni siquiera con la finalidad
constitucional del artículo 86, que habla de urgencia y de coyuntura.
Urgencia para mejorar el empleo, y lo dilatan lógicamente hasta la
elaboración de la estrategia española para el empleo el 31 de octubre y
un plan anual posterior. Para ver que es coyuntural, señorías, no tengo
más que leerles su propio reconocimiento que está en el texto. Dice: El
hecho de que estas medidas tengan un carácter estructural... Un carácter
estructural, luego no es coyuntural, señor ministro, luego no cumple el
principio constitucional para utilizar este mecanismo legislativo. Ya
está bien de hurtar a este Parlamento -como ha dicho algún otro
interviniente- lo que supone la soberanía popular para ser los que
legislemos sobre una materia tan importante, y ustedes siguen abusando de
este mecanismo.
Pues bien, señorías, este real decreto viene sin consulta, señor ministro,
porque el consenso sobre que las políticas activas de empleo hay que
mejorarlas lo tiene usted en esta Cámara y probablemente fuera de esta
Cámara, evidentemente, y dentro de las comunidades autónomas, pero este
real decreto no ha pasado formalmente por la conferencia sectorial, que
es el órgano de participación formal de las comunidades autónomas. Se ha
visto en reunión de directores, no ha pasado formalmente por las
comunidades autónomas, y que venga del acuerdo social, que todos
respetamos, no supone que las comunidades autónomas sean unos actores
pasivos, cuando además se ven enormemente implicadas en lo que en este
real decreto se pone.
Es un real decreto que, además, en sus objetivos habla, por ejemplo, de
que hay que incentivar el emprendimiento, cosa en la que todos
coincidimos, y después no desarrolla absolutamente nada; real decreto que
no ha sido consultado, ya no hablo consensuado, con afectados como son
los autónomos, que deben estar aquí y que están afectados por él, y con
todo el sector de la discapacidad, que se ven afectados claramente por
las disposiciones derogatorias que después diré; real decreto que es
reiterativo y continuista en sus objetivos. Hay mucha literatura sobre
itinerarios personalizados, oficinas públicas de empleo, pero, señorías,
llevamos hablando en esta Cámara cantidad de veces, no desde la ley de
empleo de 2003, sino desde 2008, de itinerarios, de acompañar a los
parados, de darles formación, y no se ha hecho absolutamente nada. Esto
no puede ser una literatura más. La inacción del Gobierno nos lleva a
que, una vez más, estemos contemplando cuestiones que no son
absolutamente reales. Además, el señor ministro ha hablado aquí como un
hecho consolidado de la buena y positiva colaboración de las agencias
privadas de colocación. Pero no están reguladas por el Gobierno, señor
ministro, no son una realidad a día de hoy. Vuelven a ser un elemento más
de la literatura de este real decreto. Este real decreto, además, habla
de la transformación de las políticas activas y, sin embargo, no pone
encima de la mesa ni una sola modificación, porque de la formación
profesional, que es una cosa fundamental en las políticas activas, no se
habla nada. Se deroga mucho y siguen sin ponerse de acuerdo dos
ministerios esenciales como son el de Educación y Trabajo para ver de qué
manera hacemos una reforma global de la formación profesional. Este real
decreto deroga artículos de la Ley de Empleo -ya se ha dicho aquí- y
hasta veinte normas más. Es un decreto derogatorio, no es un decreto
regulatorio. Además, no propone medidas alternativas, lo que está
generando una enorme inseguridad en todos los afectados, parados,
comunidades autónomas, etcétera.
Señorías, que las políticas activas son un elemento esencial lo hemos
dicho todos, y lo compartimos. Este grupo parlamentario ha traído aquí
numerosas propuestas desde el año 2008, y lo hemos plasmado en los
presupuestos. Sin embargo, el Grupo Socialista y el Gobierno han traído a
esta Cámara y han apoyado una reducción del 5,5 en los presupuestos para
2011 en políticas activas. Ahora desmantelan todo, lo ponen todo patas
arriba, y la realidad de todo sigue siendo la inacción. Este real decreto
no es la figura legislativa adecuada, ya se ha dicho aquí. Esperemos que
si se tramita como proyecto de ley no muera como ha pasado con otros.
Declara que
no hay coste económico. No es cierto, señorías. ¿Qué piensan, que lo pagan
las comunidades? Qué desconocimiento o que mala fe hay en esto. Los
itinerarios personalizados y todo lo que se habla de las oficinas de
empleo tienen unos cuantiosos costes en infraestructuras, en recursos
humanos y, por lo menos, en que se termine el famoso sistema Sispe. Hay
alguna novedad, efectivamente. Me extraña que nadie lo haya dicho en esta
tribuna. Hay dos grandes cambios. Se cambian los nombres. Servicio
Público de Empleo Público Estatal por Servicio Estatal de Políticas de
Empleo. Un gran logro para los parados. Conferencia Sectorial de Asuntos
Laborales se modifica por Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales. Esto crea una cantidad de empleo tremendo. Cuando lo oigan y
lo conozcan un padre o una madre de familia en paro con dos hijos estarán
encantados, y dirán: ¿esto va a resolver mi problema? Yo creo que no les
va a ayudar mucho, salvo que les contrate la empresa que vaya a efectuar
los cambios que va a suponer esta cantidad de nombres, por ejemplo, que
hagan todos los cambios de cartelería que hay que hacer en las oficinas
de empleo. Últimamente en España se están generando muchos negocios
exprés con este Gobierno: los que cambian las pegatinas en las señales de
tráfico, los que van a cambiar los carteles en las oficinas de empleo,
los que hagan la nueva papelería para estas cosas. (Aplausos.) Pero esto
no crea un empleo, insisto, salvo para que sean contratados en esa
empresa.
Ya se lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. El presidente del Tribunal de
Cuentas dijo el día 2 en esta Cámara que no se puede gobernar a golpe de
decreto-ley, que desvirtúa la tramitación parlamentaria y el propio
contenido formal y material de los presupuestos. Y el culmen de este real
decreto es la creación de un fondo de reserva de políticas activas, que
no se sabe cuáles serán sus objetivos, ni cuándo ni por quién podrá ser
utilizado. Esto no es el Fondo de reserva de la Seguridad Social, que
después de la separación de fuentes que hizo el Partido Popular se nutre
de las cotizaciones. Si se crea este fondo, lo van a nutrir los
Presupuestos Generales del Estado, es decir, la Administración General
del Estado, las comunidades autónomas y la Unión Europea a través de la
formación. ¿Ustedes creen que van a permitir que se haga un fondo que no
se sabe ni se describe aquí para qué se va a utilizar y cómo se va a
repartir? A lo mejor se reparte como los planes de empleo que hacía el
Gobierno que, curiosamente, cuando los ciudadanos decidieron que el
Gobierno socialista no estuviera en la Xunta, desapareció también el plan
de empleo de Galicia. Señorías, son muchas las incógnitas, muchas las
incongruencias y muchas las frivolidades contenidas en una norma que
nunca debía haber visto la luz por este procedimiento.
Lo que deberían haber hecho es dilatar las políticas activas hasta la
estrategia española, traernos la estrategia española, proponer en un
proyecto de ley de medidas urgentes el resto de reformas y los
itinerarios, lo debatimos democráticamente, después nos traen la
estrategia española para el empleo -que ya anuncio que nuestro grupo va a
pedir la comparecencia del señor ministro para que nos explique de qué
va, aunque lo vaya a aprobar el Gobierno, esta Cámara debe conocer en qué
va a consistir esa estrategia española- y después derogar todo lo demás.
¿Cómo pueden derogar toda la política conseguida a través del desarrollo
de la Lismi, que ha costado tanto para el mundo de la discapacidad, y
dejarlos en el vacío, en la nada, sin saber qué seguridad van a tener
después? Es una barbaridad jurídica y de una insensibilidad social
inconcebible. Señorías, los parados se merecen un Gobierno con más
sensibilidad, un Gobierno que no venda humo, un Gobierno que sea serio,
riguroso y competente y que se ocupe de que la economía crezca y el paro
baje; un presidente que no nos diga año tras año que en el segundo
semestre se va a crear empleo porque, desde luego, si eso es lo que
piensa el presidente que se hará con esta norma -como nos dijo ayer-
verdaderamente es una nueva falsedad hacia los ciudadanos.
Señorías, este real decreto da bochorno social verlo, leerlo y ponerlo. El
Gobierno vuelve a actuar de trilero: quito, pongo, pongo, quito y ¿dónde
está el regalito? Aquí no hay ningún regalito, señorías. Aquí no hay más
que incapacidad, venta de humo, foto y literatura barata. Por mucho que
ustedes quieran, señorías y señor ministro -que le han dejado solo ante
este miura-, le garantizo que ni con Vista Alegre ni sin Vista Alegre
tiene solución la realidad del paro en España. Los ciudadanos saben que
la primera preocupación -con Vista Alegre o sin Vista Alegre lo van a
tener en el frontispicio porque lo están padeciendo- es el paro. La
segunda, señorías, es que ustedes sigan gobernando.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
Don Jesús Membrado tiene la palabra. (La señora vicepresidenta, Cunillera
i Mestres, ocupa la Presidencia.)
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, quisiera comenzar la
intervención sumándome a la petición de algún portavoz de grupo
parlamentario para que se le traslade al ministro de Trabajo el deseo de
su pronta recuperación. Espero que en estos momentos en los que la señora
diputada del Grupo Popular tanto interés tiene en resolver el problema
del empleo en nuestro país a base de demagogia entre todos podamos
construir un discurso lo más positivo posible.
Señora Álvarez-Arenas, al ver que iba a intervenir esperaba que podría
debatir con usted hoy y posteriormente en la tramitación y no escuchar
una serie de exabruptos que no me han dicho nada. No sé qué es lo que
piensa de las políticas activas, solamente sé que hacen lo mismo que
llevan haciendo ustedes a lo largo de estos últimos años, demagogia y
populismo. No hacen nada más. (Aplausos.) Señorías, hablar de las
políticas activas de empleo no puede hacerse en nuestro país al margen del
reconocimiento expreso de que en estos momentos tenemos un problema que
es claro y manifiesto: los cuatro millones y pico de parados en nuestro
país. Hay que hacerlo, pero también hay que hacer una reflexión de por
qué tenemos esta situación. Tenemos una crisis económica internacional,
seguramente la más grave después de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos
un mercado de trabajo en nuestro país complejo, fracturado, débil, con
escasa capacidad de aguantar los tirones de los ciclos económicos. Por
eso hemos pasado en tres años de tener un 8 por ciento de desempleo en
nuestro país -se podría decir pleno empleo- a tener un 20 por ciento.
Pero no ha sido por las políticas del Gobierno, sino por la propia
realidad de la crisis económica y su afección en un mercado que de pronto
se desmorona y destruye un millón y medio de empleos del sector de la
construcción. Además, lo destruye en una vorágine impresionante, en la
que el primer trimestre de 2009 nos arroja casi 750.000 parados. Esa es
la realidad.
Ante esa situación, el Gobierno no ha estado quieto, señorías. El Gobierno
ha intentado recuperar mecanismos desde el punto de vista institucional y
legislativo para poder hacer frente al problema. Nos habremos equivocado,
o habremos acertado; en algunas cosas hemos hecho una opción y en otras,
otra. Pero desde luego la voluntad del Gobierno ha sido clara: hacer
políticas para frenar el desempleo. La batería de medidas ha sido
amplísima. Hemos hecho transferencia de recursos a las instituciones
municipales por casi 12.000 millones de euros para que hagan actuaciones
en infraestructuras que generen empleo. Hemos dado subvenciones a
sectores industriales con alta capacidad de arrastre, ayudas a la
innovación empresarial, aportaciones de liquidez al sistema financiero
-lo estamos haciendo-. Hemos apostado por mantener e incluso ampliar las
prestaciones y subsidios de desempleo para garantizar recursos al mayor
número posible de trabajadores sin empleo. Estamos en estos momentos en
una cobertura del desempleo del 80 por ciento, señorías, más de
veinticinco puntos por encima de los que tenía el Partido Popular en la
crisis de los punto.com en el año 2002. Además, estamos haciendo reformas
con el objetivo de crear empleo y frenar la destrucción del mismo. Hemos
aprobado una reforma laboral que tenemos la confianza de que frene la
destrucción del empleo y que combine el mantenimiento de los puestos de
trabajo con algún sacrificio en la empresa. Pero al mismo tiempo se han
creado 3.000 empleos de orientadores, que tienen como objetivo
fundamental reforzar las posiciones de los trabajadores del INEM de cara
a fortalecer los itinerarios individuales. Y eso lo hemos hecho en
diecinueve meses exclusivamente.
También el Real Decreto-ley de medidas urgentes para promover el tránsito
al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas que aprobamos hace quince días ha supuesto un plan de
choque, que tiene como objetivo fundamental recuperar el empleo, dar
formación a aquellas personas que tienen en estos momentos una situación
de desempleo de larga duración con una escasa cualificación personal.
Ahora, señorías, es el momento de reformar las políticas activas de
empleo, una actuación necesaria, pues desde hace prácticamente treinta
años, desde los años ochenta del siglo pasado, no se ha acometido ninguna
reforma en profundidad, y estamos haciéndola, porque, señorías, en la
actualidad las políticas activas de empleo constituyen una parte
importante de los recursos públicos. Gastamos prácticamente 7.500
millones en ellos, pero consideramos que estos 7.500 millones deben ser
aprovechados de una manera más racional, tenemos posibilidades de que
calen más en el mercado de trabajo, de que potencien más la contratación.
Actualmente la estructura del gasto en políticas activas de empleo se
reparte a tercios entre la formación, las bonificaciones y las políticas
activas dedicadas exclusivamente a las instituciones municipales y
autonómicas.
El marco general de la reforma de las políticas activas de empleo debe
orientarse a reforzar a las personas en situación de desempleo. Las
necesidades de las personas desempleadas, señorías, deben ser el centro
de gravedad de estas políticas. Todo desempleado debe tener derecho a que
el Servicio Público de Empleo le realice un itinerario individual y
personalizado para tener un puesto de trabajo. Esa es la base de las
políticas activas de empleo y de la reforma que hoy estamos trayendo a
esta Cámara. Se trata de mejorar la empleabilidad de los parados y de
elevar su nivel de formación. Se trata, señorías, de evitar que el 70 por
ciento de los empleos que encuentran nuestros parados venga determinado
por las relaciones familiares y los amigos, y no por la prestación del
Servicio Público de Empleo correspondiente. De eso se trata, señoría. Por
eso todos los recursos públicos o privados deben ponerse al servicio de
las personas desempleadas. La reforma supone que el nuevo sistema de
bonificaciones a la contratación indefinida debe revisarse. Los actuales
programas de empleo destinados a las personas desempleadas deben pasar
también por una profunda revisión, la reforma del funcionamiento del
sistema de formación. Debe haber una vinculación mayor, como decía el
señor Campuzano, entre las políticas activas y las políticas pasivas.
Se crea un fondo de recursos para mantener y desarrollar las políticas
activas a través del Fondo de políticas de empleo con el 10 por ciento de
los remanentes de crédito. Son, por tanto, medidas que hemos demandado en
esta Cámara permanentemente todos los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, por
favor.
El señor MEMBRADO GINER: Indudablemente, desde nuestro punto de vista hay
un elemento central: las comunidades autónomas deben ser una parte activa
en las políticas activas. Y ese diseño con las comunidades autónomas es
el eje fundamental de la reforma que hoy planteamos, porque el mercado de
trabajo en nuestro país no es uniforme, porque tenemos en el País Vasco y
en Navarra un 10 por ciento de desempleo y un 24 por ciento en Murcia, un
28 por ciento en Canarias o un 14 por ciento en Aragón. Por tanto, las
comunidades autónomas deben adecuar la estrategia estatal del empleo a la
realidad de sus propios territorios y de sus propios sectores
productivos, y esa es una demanda permanente, señorías. Por eso, ¿qué
significa para nosotros la reforma? Reconocer derechos, reforzar el papel
de todas las administraciones, compromiso de todas las instituciones e
impulso a la flexiseguridad.
Señorías, este real decreto tiene vocación de una tramitación
parlamentaria a través de un proyecto de ley. No entendemos en estos
momentos las suspicacias que se plantean por parte de algunos portavoces
respecto de hurtar el debate parlamentario en un tema como este. Se va a
realizar, pero era necesario traerlo como real decreto. ¿Por qué? Porque
queremos que las políticas activas funcionen a partir del ejercicio
presupuestario de 2012 y porque queremos que las comunidades autónomas
tengan tiempo para realizar sus programas y sus proyectos a lo largo del
segundo semestre de este año. Si nosotros no traíamos esto como real
decreto, estábamos prolongando un tiempo innecesario y evitando que
pudiese desarrollarse de forma inmediata. Esa es la razón, no hay ninguna
otra razón espuria que pueda permitir el argumento de que hemos hurtado
un debate parlamentario.
Señora presidenta, señorías, termino. Hoy nos encontramos en un debate con
el Partido Popular más esquizofrénico que político; llevan meses
planteando la reforma de las políticas activas de empleo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, ahora sí
que está en el límite de tiempo.
El señor MEMBRADO GINER: Lo hemos aprobado con sus votos en la reforma del
mercado de trabajo, en diferentes PNL, en mociones, en iniciativas...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Membrado, no me
obligue a sacarle de la tribuna. Finalice. (Risas.)
El señor MEMBRADO GINER: ¿Cómo se puede entender esta posición? Desde la
más pura posición demagógica y desde la más pura posición populista.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Membrado.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE
JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 2/2006, DE 3
DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ANTES
DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE
JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, Y 2/2006, DE
3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN). (Número de expediente 121/000061.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos el punto
VIII del orden del día: Enmiendas del Senado. Quiero recordarles que por
acuerdo de la Cámara el turno de intervención de los grupos será de cinco
minutos y, por tanto, los grupos que comparten tiempo tendrán tres
minutos.
Pasamos, en primer lugar, al proyecto de ley orgánica complementaria de la
Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas
5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación
profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, antes denominado proyecto de ley orgánica
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican
las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de
la formación profesional, y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene, en primer lugar, la palabra
el señor Salvador. (El señor Salvador Armendáriz hace gestos negativos.)
¿Solo el señor Jorquera? (Pausa.) Ahora sí que ya no sé. Me dice el señor
Salvador que no. ¿Quién va a intervenir? (Pausa.) ¿Pero el señor
Perestelo va a intervenir también? (Pausa.) ¿En qué quedamos? (Rumores.)
Señorías, por favor, esto no puede ser.
El señor JORQUERA CASELAS: Señora presidenta, ha debido de haber un error
de comunicación. En cualquier caso, voy a consumir quince segundos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perfecto.
El señor JORQUERA CASELAS: Intervengo simplemente para manifestar que el
Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de la mayoría de las
enmiendas introducidas por el Senado, y para hacer mención expresa a la
enmienda que introduce una disposición derogatoria nueva en virtud de la
cual se pretenden derogar dos
disposiciones del decreto que establecen medidas urgentes para la
corrección del déficit tarifario. Esta enmienda pretende corregir algunos
de los aspectos que motivaron nuestro voto en contra de la convalidación
de este decreto, como por ejemplo que se cambien las reglas del juego
para la energía fotovoltaica en mitad del partido -una última moda del
Gobierno, como se hace por cierto con las cajas de ahorro-, algo que
desde nuestro punto de vista introduce inseguridad jurídica en el sector
y significa aplicar una norma con efectos retroactivos. Por lo tanto,
ratificamos nuestro compromiso de votar a favor del mantenimiento de esta
enmienda porque entendemos que hay que corregir esta situación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Jorquera.
Aunque contamos el tiempo distinto, me refiero a los segundos, ¿ahora sí
le toca al señor Salvador? (Pausa.) Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente, pero antes quiero pedir disculpas porque es un
error de este diputado el cómputo de tiempo del Grupo Mixto. Vamos a
apoyar en su mayor parte la ley y sobre todo quiero recordar que
Coalición Canaria recientemente apoyaba en el Congreso una iniciativa del
Grupo Socialista en la que instábamos al Gobierno y al Parlamento a tener
en cuenta el hecho diferencial de Canarias en los procesos legislativos
que se aprueben en esta Cámara, y me refiero concretamente a la
tramitación del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que
se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario
del sector eléctrico. La enmienda que se plantea en el Senado propone una
disposición derogatoria precisamente de la disposición adicional primera
y de la disposición transitoria segunda, y vamos a votar favorablemente
de que se mantenga esa supresión porque entendemos que atendemos
precisamente a ese mandato de la propia Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Perestelo.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
En el poco espacio de tiempo que me queda, argumentaré a favor del
mantenimiento de la enmienda que modifica el Real Decreto-ley 14/2010.
Insistiré en las razones que en otros debates hemos alegado. En primer
lugar, porque desde nuestro punto de vista el real decreto-ley no cumple
los mandatos de esta Cámara recogidos en las conclusiones del informe de
la subcomisión y en las mociones aprobadas en junio y en las propuestas
de resolución de julio del año pasado. En segundo lugar, porque a nuestro
juicio el real decreto y el recorte no respetan los derechos adquiridos,
generando inseguridad jurídica y desincentivando con ello futuras
inversiones en este sector. Valga como un botón de muestra de los
problemas que ha ocasionado su aprobación el contenido de la carta que
hemos conocido, firmada por dos comisarios europeos y enviada al ministro
de Industria, Turismo y Comercio, sobre la retroactividad de la medida y
también el anuncio de las demandas millonarias en algún tribunal
extranjero -en Londres concretamente-, presentadas por fondos de
inversión extranjeros. En tercer lugar, a nuestro juicio, hace imposible
en muchos casos una rentabilidad razonable de las inversiones, como aquí
se ha aprobado. En cuarto lugar, consideramos la medida radicalmente
injusta, injusta por desproporcionada e injusta porque parece
culpabilizar de todos los problemas que tiene el mundo de la energía, que
no son pocos -déficit tarifario incluido- a un sector como es el
fotovoltaico, que hasta hace unos pocos días era sinónimo de innovación
tecnológica, de respeto al medio ambiente, de apuesta por la
independencia energética y de nuevos puestos de trabajo. En quinto lugar,
porque el recorte siquiera va precedido del necesario control del fraude,
control a quien entró de forma irregular, por un lado, y sanciones,
consecuentemente, que deberían haberse aplicado, por otro. Esta,
señorías, debería haber sido la primera actividad de este Gobierno, que,
superado por la entidad del descontrol que ha ocasionado su propia
política energética, ha optado por hacer pagar a los menos responsables
de sus propios errores. Y finalmente, señorías, en sexto lugar, porque el
recorte -lo hemos dicho en otras ocasiones- supone un cambio a mitad del
partido de las normas establecidas por la propia administración que puede
provocar la ruina de miles de pequeños productores de energía
fotovoltaica, que desde luego en mi comunidad, en la Comunidad Foral de
Navarra, actuaron dentro de la más estricta legalidad, lealtad y
confianza en lo pactado.
En todo caso, mi partido, Unión del Pueblo Navarro, ha sido claro y
coherente siempre que hemos tenido la oportunidad de votar sobre esta
cuestión, cuantas veces nos hemos tenido que posicionar sobre esta
medida, y ahora -finalmente en este nuevo debate que se ha reabierto en
este proyecto de ley- solo esperamos contar con el apoyo de los grupos
suficientes, al menos de los que en el Senado aprobaron esta medida hace
unos días, y con ello abrir una vía razonable con la que volver a
estudiar una solución justa y respetuosa para quienes hoy ven con honda
preocupación y con alarma la posibilidad de que esta norma se apruebe tal
y como hoy la conocemos.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Salvador.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra
la señora Buenaventura.
Señorías, no voy a repetir las intervenciones que hemos realizado en otras
ocasiones discutiendo la Ley de Economía Sostenible como la gran ocasión
perdida por parte de este Gobierno para que activara políticas para un
cambio de modelo productivo y económico hacia un crecimiento sostenible
de nuestra sociedad, pero al final esta ley se ha convertido, aparte de
ocasión perdida, en un cajón de sastre de treinta mil cosas distintas.
Nuestra posición respecto a la mayoría de las enmiendas que se han
recogido en el Senado va a ser positiva, menos dos en concreto que hacen
referencia a temas de educación, que a nuestro entender benefician
clarísimamente la formación profesional concertada en detrimento de la
formación profesional pública. En cuanto al resto de enmiendas, aunque no
estemos de acuerdo en ellas, mejoran en sentido positivo y dan garantías
jurídicas a temas como, por ejemplo, los que recoge la ley Sinde o la ley
audiovisual.
Evidentemente, votaremos a favor de la enmienda que hace referencia a las
energías renovables. Nuestro posicionamiento sobre el real decreto ya fue
claro. Estuvimos en contra porque iba en detrimento de las energías
renovables, de la energía fotovoltaica, y pensamos que con esta enmienda
mejora la situación y, por tanto, recoge en parte lo que nosotros
planteábamos. Ya decíamos en su momento que la limitación de horas a
aplicar a las plantas solares iba a hacer fracasar la energía solar en
nuestro país e iba a implicar una merma en el desarrollo tecnológico por
la instalación de equipos tecnológicamente obsoletos. En definitiva,
después de todo lo que habíamos avanzado en nuestro país en temas de
energía, en lo que éramos además referente a nivel mundial, íbamos a
quedar a la cola de las renovables. Esto entra en contradicción con lo
que justamente ayer discutíamos aquí con el ministro señor Sebastián
sobre una apuesta decidida por el uso eficiente de la energía y por las
energías renovables. Por lo tanto, nuestro voto evidentemente será a
favor de esta enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora
Buenaventura.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es público y notario que el Gobierno aprobó la semana pasada un
plan energético, y bienvenida sea de entrada cualquier medida de
eficiencia y de ahorro. Pero nosotros creemos que aquí lo que hace falta
es un auténtico modelo energético, medidas, por tanto, estructurales, no
solo provisionales, que tengan por objetivo hacer frente a la crisis
derivada del incremento del precio del petróleo por los problemas del
norte de África; es decir, hay que planificar, no solo improvisar. Hace
años que todo el mundo sabe que tenemos una dependencia energética muy
importante, y este Gobierno ha pasado de una apuesta clara por las
renovables a recortar las primas a las fotovoltaicas; ha pasado de
apostar por un horizonte de cierre temporal razonable de las nucleares a
alargar su vida útil; ha pasado del coche eléctrico a propugnar el cambio
de los neumáticos y a bajar la velocidad a los 110 kilómetros por hora.
Por tanto, hace falta un modelo energético. Hoy ello no es ya un reto, es
una auténtica necesidad, y si el Gobierno llega tarde, evidentemente, lo
pagaremos muy caro.
Paradójicamente, este plan energético se produce pocos días después de que
el propio Gobierno haya anunciado un nuevo golpe, un golpe que va a
asestar a la producción fotovoltaica, que constituye una energía de
producción propia y limpia; para colmo, en un momento, en un contexto de
recesión económica, de paro histórico, que se va a cebar desgraciadamente
con un sector generador de empleo y que además castiga especialmente a
algunas zonas rurales y particularmente deprimidas, en el caso de
Cataluña, por ejemplo, a muchos municipios de la demarcación de Lleida.
Pero los males no acaban ahí. Debemos sumar a esta cuenta el castigo a
todas aquellas empresas y familias que en su día invirtieron en la
producción fotovoltaica, creyendo en las políticas de incentivación de
las energías renovables que el propio Gobierno dijo que iba a impulsar.
Por cierto, prácticamente la mitad de ellas se trata de familias, de
pequeñas y medianas empresas cuyo impacto en el ahorro que se pretende
por parte del Gobierno va a ser puramente marginal o testimonial. Para
más inri van a ser las que más dificultades tengan para renegociar en el
futuro más inmediato su eventual refinanciación y salvarse o, en
definitiva, buscar un amparo en la justicia. Más allá del perjuicio
económico que se va a producir a estas empresas el Gobierno va a
penalizar un sector que necesita para cumplir con sus compromisos
internacionales. Debo recordar que el Gobierno se comprometió con
Bruselas a apostar claramente por esta energía. Y lo peor no es solo esa
pérdida de confianza dentro del Estado español sino también a nivel
internacional, y la inseguridad jurídica que produce la irretroactividad
de estas medidas, además del auténtico vía crucis judicial que puede
suponer la cascada de demandas de muchos perjudicados por esta medida.
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN: Por tanto, vamos a votar a favor de esa enmienda
introducida en el Senado. La pregunta, señoría -acabo- es quiénes son
entonces los eventuales beneficiarios de lo que el Gobierno está
haciendo. Quizá la respuesta se encuentre en la factura de la luz y en la
cuenta de resultados de alguna de las empresas que nos envía la factura a
nuestro domicilio.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ridao.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el dictamen de este proyecto de ley orgánica
que nos viene del Senado contiene globalmente propuestas no exhaustivas
de reforma de la Ley 5/2002, de las cualificaciones y de la formación
profesional y también de la Ley Orgánica de Educación encaminadas a dar
una respuesta a los dos retos fundamentales que tiene planteado nuestro
sistema educativo: luchar contra el abandono y fracaso escolar
propiciando mecanismos legales más efectivos para estimular el
mantenimiento de nuestros jóvenes en el sistema educativo y hacerlo con
aprovechamiento, y al mismo tiempo transformar la formación profesional
en el motor de un sistema económico y productivo ajustando el sistema
educativo a las necesidades del mercado laboral. En cuanto a la formación
profesional, ha sido y es una de las grandes asignaturas pendientes de
nuestro sistema educativo. España está muy alejada de los porcentajes
medios europeos en cuanto a número de titulados y uno de los objetivos es
avanzar en la dirección de integrar la formación profesional con salidas
hacia el mundo universitario. Pero para ello es necesario un sistema más
flexible que permita una mayor fluidez en todos los niveles. Por tanto,
hay algunos aspectos relevantes de estos enunciados que acabo de plantear
que vamos a votar favorablemente y otros en los que, por invasión de
competencias, vamos a votar en contra.
Otro aspecto también relevante que nos viene del Senado es una enmienda en
la cual se va a en contra de la retroactividad de las energías
fotovoltaicas que se planteó en el real decreto-ley que aprobamos hace
aproximadamente dos meses. En este aspecto nuestro grupo parlamentario
fue muy concreto. Cuando con la abstención de nuestro grupo parlamentario
se convalidó dicho real decreto, nosotros planteamos y manifestamos
públicamente que estábamos en contra de la retroactividad de las pymes de
las energías fotovoltaicas. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que
a mitad de partido se cambiasen las reglas del juego porque esto dotaba
de una inseguridad jurídica al sistema financiero español y a nuestro
modelo energético que podría traer consecuencias muy negativas desde la
perspectiva internacional. Hay que decir a continuación que también en el
Senado nosotros consensuamos con el Gobierno, con el grupo parlamentario
que da apoyo al Gobierno socialista, una serie de enmiendas que iban en
la dirección de compensar esta medida retroactiva que se planteaba en
este real decreto. Hemos conseguido tres hitos importantes, aunque
también es cierto y hay que manifestarlo públicamente, insuficientes,
porque hay una serie de explotaciones de pequeñas y medianas empresas,
explotaciones de empresarios y autónomos, que con la actual
retroactividad ven peligrar la subsistencia de sus instalaciones a medio
o largo plazo porque no van a poder contraer las amortizaciones
financieras que se han planteado a tal efecto.
Es un tema que preocupa, preocupa muchísimo a nuestro grupo parlamentario,
porque afecta entre otras cosas, también es cierto, a muchísimas
explotaciones, a muchísimas empresas inversoras del Estado español, pero
también particularmente afecta a muchísimas familias de Catalunya,
concretamente de Lleida y de Tarragona, con lo cual tenemos un grado
superior de sensibilidad del que podíamos haber tenido en la fecha en que
se convalidó dicho real decreto. Estamos ante una situación en la que nos
gustaría que se pudiera llegar a un acuerdo, a un entendimiento para no
acarrear perjuicios negativos a estas familias que sobre la base del
Boletín Oficial del Estado hicieron unas inversiones con unas
rentabilidades determinadas y a las que ahora a mitad de partido, tal
como ya dije en la convalidación de dicho real decreto, les hemos
cambiado las reglas del juego. Esto, a pesar de estas mejoras que hemos
introducido en el Senado, todavía continúa perjudicando muy negativamente
a muchísimas explotaciones, a muchísimas pequeñas y medianas empresas,
que pueden verse abocadas a tener un final de sus actividades
empresariales, cuestión esta que nosotros no deseamos. Estamos ante una
decisión importante, una decisión relevante, una decisión que preocupa
muchísimo a nuestro grupo parlamentario y lógicamente, como siempre hemos
hecho, vamos a actuar con responsabilidad ante una decisión de esta
envergadura.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, llegamos al trámite final de la Ley Orgánica Complementaria de
Economía Sostenible, anunciada, nada más y nada menos, que el 12 de mayo
de 2009 por el presidente Zapatero en el debate sobre el estado de la
Nación. Nos decía que esto se iba a tramitar por el procedimiento de
urgencia porque era importantísimo para fomentar el empleo, para cambiar
el modelo productivo. Lo cierto es que hoy, veintidós meses después del
anuncio, veintidós meses después, España tiene 4.299.000 parados
registrados según el último dato del mes de febrero; por tanto, no hemos
recuperado ni mejorado.
Esta ley orgánica complementaria aborda fundamentalmente temas de materia
de educación. Se pretendían algunas pequeñas reformas en la Ley orgánica
de las cualificaciones y de la formación profesional y en la Ley Orgánica
de la Educación, y nuestro balance después de este trámite completo es
que no ha sido para nada positivo; hubiera sido exigible una reforma
legislativa específica, el Gobierno no ha sido capaz de acometerla, y lo
cierto y verdad es que lo que hoy traemos aquí en nada soluciona ni suple
los incumplimientos del Gobierno socialista en la materia. Hoy la
realidad es que tenemos matriculados en formación profesional 538.000
estudiantes de los cuales únicamente 281.000 proceden de la FP de grado
medio, y por el contrario la cifra de alumnos universitarios está en
torno a 1,6 millones de alumnos. En España solo un 23 por ciento de la
población activa tiene esa cualificación frente al 49 por ciento de la
media de la Unión Europea. Por tanto, señorías, los problemas de la
formación profesional en modo alguno han quedado subsanados ni
solucionados por esta pobre reforma que viene hoy después del trámite en
el Senado.
Hemos apoyado, eso sí, cuestiones relativas a Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las cuestiones de la
Ley General de Comunicación Audiovisual, y se han introducido en el
último trámite, en el trámite del Senado, unas cuestiones relacionadas
con la energía fotovoltaica. Nuestro grupo parlamentario va a seguir
apoyando hoy, como hizo en el Senado, la derogación de la disposición
adicional primera y la disposición transitoria segunda del Real
Decreto-ley 14/2010 de medidas urgentes para corregir el déficit
tarifario del sector eléctrico. A nadie le puede coger por sorpresa, ya
lo anunciamos aquí el 26 de enero de 2011; lo hizo mi compañero Álvaro
Nadal, con ocasión del trámite de convalidación del citado real
decreto-ley. Exponíamos entonces al ministro y al Grupo Parlamentario
Socialista nuestra posición, que era no apoyar esa convalidación y pedir
su tramitación como proyecto de ley para corregir las graves deficiencias
en el punto principal en el que estamos en desacuerdo, que era el
tratamiento de la energía fotovoltaica. Pues bien, el Grupo Parlamentario
Socialista, con prepotencia, no quiso apoyar la tramitación de esta norma
como proyecto de ley y acompañarnos no solo en la corrección, sino en la
supresión de la parte referida a la energía fotovoltaica, y abordar esto,
repito, como una cuestión técnicamente reglamentaria. Ahora se encuentran
con que se ha puesto freno en el Senado a sus pretensiones.
Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular considera muy necesaria esta
derogación y lo que procede es que el Gobierno dicte un reglamento previo
consenso con el sector, como lo ha hecho con otros sectores de las
energías renovables -me refiero a otras energías como las solares y otras
de cogeneración, la termosolar y la eólica-. ¿Por qué no se ha querido
hacer aquí y sí se ha hecho con otros sectores? Estamos ante una
auténtica arbitrariedad. Se ha escogido una norma de rango equivocado, se
ha escogido una fórmula impuesta, sin diálogo. Se ha pegado un golpe muy
importante a la energía fotovoltaica, a un sector empresarial que había
apostado justamente por estas energías porque desde el Gobierno se le
había pedido que invirtiera en estos sectores. Se hicieron inversiones
amparados en la seguridad jurídica. Sé que hablar de seguridad jurídica
al Grupo Parlamentario Socialista en estos momentos es hablar de algo que
no se practica pero que sigue siendo importante para despertar la
confianza en nuestro país. Por ello ha habido recursos de
inconstitucionalidad planteados por comunidades autónomas, por eso hay
cartas de los comisarios europeos y por eso hay anuncios de reclamaciones
judiciales que se van a plantear. No podemos dejar en la incertidumbre a
los inversores, no podemos dejar en la incertidumbre a los ahorradores.
Tenemos que ocuparnos de su problema y no cargar sobre ellos en exclusiva
los problemas de un déficit tarifario.
Yo les pido a todos los grupos parlamentarios que en el Senado apoyaron lo
mismo que el Partido Popular que se retraten hoy aquí y hagan exactamente
lo que en su momento dijeron: estar en contra de estas normas del sector
eléctrico que perjudican claramente a un importante sector, el sector de
la energía fotovoltaica.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Delgado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez
López.
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vuelve a esta Cámara, tras el debate en el Senado, el proyecto
de ley orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible. Se han
incorporado en ese debate ciertas mejoras en la redacción del texto que
refuerzan y mantienen el principal cometido inicial: mejorar la formación
del conjunto de la población española como factor básico para sustentar
un nuevo modelo de crecimiento económico. Eso es lo importante y lo
decisivo de esta ley. Es cierto que han surgido otros debates, el
relativo al sector fotovoltaico. Somos conscientes de los problemas de
adaptación que están teniendo las instalaciones de tecnología solar
fotovoltaica a los nuevos retos del modelo energético, pero nos consta
que el Ministerio de Industria se ha reunido con este sector para
encontrar una solución a sus problemas y hay voluntad de acuerdo. Esta es
una ley que fundamentalmente habla de educación y de formación
profesional, y nos solemos preguntar por qué será que cuando la mayoría
de los grupos suelen afirmar que lo más importante hoy es la educación, y
específicamente la formación profesional, se hurta este debate en esta
Cámara con otros temas. (Aplausos.) ¿Por qué, señorías? Pero puesto que
de economía sostenible hablamos, recordaré que la principal política
económica en el momento actual, la más importante en términos de
rentabilidad y creación de riqueza es sin duda la educación, la formación
y la ampliación del conocimiento. Es precisamente de esto de lo que habla
esta ley. La sociedad y la economía del conocimiento, propios de nuestro
mundo, exigen que un mayor número de personas obtengan niveles elevados
de cualificación. Para conseguir ese objetivo es necesario que nuestros
sistemas de formación se adapten a las circunstancias y a las exigencias
sociales de hoy. Precisamente eso, señorías, es lo que hace esta ley.
Hemos
elegido un camino para crecer pero, además, con equidad, porque queremos
que la gran mayoría de la población alcance una formación y una
cualificación profesional elevada. Hemos optado por un modelo en el que
el capital humano suponga la máxima riqueza y hemos apostado por promover
un cambio cultural para que la educación, la formación permanente y el
talento sean los principales valores a potenciar en la población y
especialmente entre la población joven. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Señorías, todos los análisis coinciden en que la cualificación de nuestro
sistema productivo necesita de una población mucho mejor formada, sobre
todo, en los niveles medios donde reside el principal déficit de este
país. Por eso, la formación profesional es uno de los aspectos
fundamentales de esta ley. Señorías, la FP ha cambiado mucho en los
últimos años, con una estima social creciente -hay que reconocerlo-, pero
es verdad que sigue teniendo un gran potencial de crecimiento y además
necesita ajustes para dar respuesta a esas nuevas demandas a las que
antes hacía referencia. Por eso esta ley se articula en torno a un
conjunto de ejes fundamentales para hacerlo posible: más flexibilidad
para que un mayor número de ciudadanos y ciudadanas accedan a la
formación profesional, más apoyo a una formación orientada a los sectores
económicos emergentes susceptibles de generar empleo, reconocimiento de
la experiencia laboral y de la cualificación de los aprendizajes no
formales, y apuesta por la vinculación al desarrollo local y territorial,
junto con más flexibilidad para pasar de unos estudios a otros o, por
ejemplo, la mayor relación entre FP de grado superior y la universidad
con reconocimiento mutuo o, por ejemplo, que se pueda ir de bachillerato
a FP y entre los distintos niveles educativos. Con todo ello, señorías,
pretendemos reducir el abandono escolar temprano, pretendemos facilitar
el acceso a la formación profesional y permitir que los hombres y las
mujeres puedan hacer compatibles sus obligaciones laborales o familiares
con el aprendizaje a lo largo de la vida. Y, sobre todo, algo que he
dicho al comienzo de mi intervención,...
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, debe acabar.
La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Sí, señor presidente.
...que la formación profesional ha de ser el firme sustento de la economía
sostenible.
Señorías, al Grupo Socialista le hubiese gustado que este planteamiento en
el que solemos coincidir cuando hablamos de educación fuese suscrito por
el conjunto de la Cámara, pero al parecer a algunos grupos, sobre todo al
Grupo Popular, le importa más la defensa de sus intereses particulares
que la defensa de los intereses generales y fundamentalmente de la
educación y de la formación de nuestros jóvenes. Por eso les animo,
señorías, a cambiar la posición de su voto, porque lo que hoy se trae
aquí es algo que venimos diciendo todos en todas las comisiones y en
todos los debates.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS
PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA. (Número de expediente
121/000086.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en
España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
Tiene la palabra don Joan Ridao en primer lugar.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley de carácter meramente técnico
que afecta a los procedimientos llamados monitorios cuya introducción en
nuestro ordenamiento jurídico, como es sabido, tuvo lugar a través de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y que ha dado unos resultados en
nuestra opinión francamente satisfactorios pues se trata de un
procedimiento bastante sencillo, ágil y accesible al conjunto de la
ciudadanía. No obstante, el día a día en la aplicación de estos
procedimientos ha venido mostrando la necesidad, la exigencia de
introducir algunos pequeños retoques para que este procedimiento se
revele todavía mucho más eficaz y efectivo. Entre estos, ya se incrementó
la cuantía máxima de los 30.000 euros a los 250.000 o la posibilidad, en
las reclamaciones derivadas de la propiedad horizontal de notificar la
demanda mediante edictos cuando no se localiza al deudor. Estas
modificaciones fueron introducidas a partir de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de reforma procesal para la implantación de la nueva oficina
judicial.
Creemos que ese mismo texto normativo y aquel proyecto de ley del que
derivaba este texto normativo podría haber ya incluido algunas de las
reformas que hoy estamos sustanciando y que han sido introducidas en este
proyecto de ley que estamos debatiendo, cuyo objetivo no es otro que
introducir en nuestro ordenamiento adjetivo o procesal los procedimientos
europeos monitorios y de escasa cuantía creados respectivamente por el
Reglamento 1896/2006 y también el Reglamento de la Comunidad Europea
861/2997 del Parlamento y del Consejo. Dos procedimientos que, en su día,
ya introdujeron la figura de la reclamación transfronteriza de créditos
pecuniarios no impugnados, y en los de escasa cuantía un procedimiento
también para imponer cualquier tipo de demanda cuyo valor económico no
ascienda
a 2.000 euros, excluidos intereses, gastos y costas, y que tenga un
interés o un efecto transfronterizo.
Como proyecto de ley meramente técnico, como decía al principio de mi
intervención, lógicamente ha suscitado un amplísimo consenso entre todos
los grupos parlamentarios, al cual nuestro Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds
evidentemente se adhiere. Por ello, entiendo que han sido escasas las
enmiendas incorporadas en el Senado, concretamente tres. La primera de
ellas tiene también un carácter de alcance puramente técnico y
aclaratorio y es consecuencia de la aprobación, en su día, de la Ley
13/2009, de reforma procesal para la implantación de la nueva oficina
judicial, y que otorga un papel fundamental al secretario judicial en el
impulso del procedimiento. La segunda tiene que ver con la intervención
particularmente de Esquerra Republicana, a través del Grupo de Entesa en
el Senado y muy en particular a instancias, es justo reconocerlo, del
senador Miquel Bofill. Las enmiendas, en concreto, incorporan un
requerimiento de tipo lingüístico en las traducciones que deban
realizarse en los requerimientos de pago o de las sentencias o
resoluciones judiciales que deban ejecutarse en el Estado español y que
procedan de terceros países. En ese sentido, lo que introduce la enmienda
aprobada en la Cámara Alta es una previsión para que dicha traducción
deba realizarse, bien en lengua castellana o también en el resto de
lenguas oficiales distintas del castellano. Esto nos parece una buena
aportación y vamos a dar nuestro apoyo. -Faltaría más-. En cualquier
caso, debo advertir que, visto el contenido de esta enmienda, sería
conveniente y oportuno a partir de ahora, y después de la unanimidad que
espero vayan a conseguir de esta Cámara estas enmiendas introducidas en
el Senado, que sea el propio Gobierno el que a través de los proyectos de
ley que traslade a esta Cámara tenga en cuenta este mecanismo de respeto
hacia la diversidad y hacia el plurilingüismo, sin necesidad de que sea
necesariamente siempre en el trámite legislativo donde se introduzcan
este tipo de mejoras.
Muchas gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Don Emilio Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, se
trata de un proceso técnico, lo ha calificado bien el señor Ridao. Es un
debate casi para expertos procesalistas y hace referencia a la nueva
configuración del proceso monitorio y al proceso de escasa cuantía
configurado por dos reglamentos comunitarios, en concreto el Reglamento
1896/2006 y el Reglamento 861/2007 que establece para los pleitos
monitorios de carácter transfronterizo la posibilidad de agilizar los
trámites procesales -por lo tanto la mayor eficiencia de la
Administración de Justicia- de la tutela de estos derechos de los
deudores en relación con los acreedores rebajando a 2.000 euros estos
procedimientos, incluyendo los gastos y las costas, con la posibilidad de
poder actuar en sede jurisdiccional sin la representación de procurador o
letrado. Nos parece correcta la apreciación que ha hecho el legislador
español observando que estos pleitos o estos reglamentos que regulan este
mecanismo -los pleitos de naturaleza transfronteriza- son útiles también
incorporados al ordenamiento procesal español, operación que se acomete
inicialmente en la Ley 13/2009 de reforma de la oficina judicial, y en
este momento de forma más clara mediante el proyecto de ley que estamos
debatiendo.
No ha habido grandes modificaciones en el Senado con relación a esta
materia. Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente a las
enmiendas del Senado, no sin manifestar algunas dudas que han sido
referenciadas respecto al artículo 1.2 en su nueva configuración tras una
enmienda aceptada por el Senado, que atribuye al secretario judicial la
competencia para que en aquellos casos en donde no pueda ser posible la
localización del condenado se pueda archivar mediante el correspondiente
auto judicial el procedimiento, sin perjuicio de algo que parece
procesalmente contradictorio -incluso así ha sido glosado por Jaime Guasp
en un reciente artículo de opinión en una revista científica-, sin
perjuicio de mantener la posibilidad de que la persona perjudicada por
este auto de archivo pueda reproducir la demanda a través de la
interposición de una nueva demanda. Tenemos dudas respecto a esta
cuestión, señor presidente, pero son dudas como ve de naturaleza
procesalista fina -utilizando una expresión de carácter casi forense de
esa perspectiva-. Las dudas no van a convertirse en una oposición a lo
aprobado en el Senado y vamos a votar favorablemente las enmiendas del
Senado que en este caso no han provocado ninguna distorsión ni ningún
quebranto en el proyecto de ley remitido a la Cámara Alta que requiera
una actuación reparadora por parte del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, señor ministro de
Justicia, estamos en la fase final de la tramitación parlamentaria de un
proyecto de ley. Un proyecto de ley para facilitar la aplicación en
España de los procesos europeos monitorios y de escasa cuantía. Nuestro
grupo ha votado a favor de ellos en el Congreso y en el Senado, y hoy nos
vamos a pronunciar sobre las enmiendas que vienen del Senado y también
sobre algunas no enmiendas que finalmente el Senado no ha aprobado y que
nos hubiera gustado que hubieran tenido un planteamiento distinto. En
primer lugar, señor presidente, vamos a votar a favor del acierto que ha
tenido el Senado -lo decía ahora el señor Ridao-. El senador Bofill tuvo
en este caso el acierto de introducir en la
ejecución en España de un requerimiento europeo de pago, que el demandante
lo presente ante el juzgado competente bien en castellano o bien en la
lengua que tenga también carácter oficial en esa comunidad autónoma. Nos
parece que es una adecuación más del ámbito constitucional que reconoce
la pluralidad de lenguas oficiales en los distintos territorios que así
las tienen, y por tanto valoramos positivamente estas dos enmiendas que
votaremos a favor.
Nos vamos a abstener en la enmienda -hacía referencia a ello también el
señor Olabarría- en la que se atribuye al secretario judicial -es lógico
que sea así- las gestiones relativas a averiguar el domicilio o
residencia a efectos de la competencia o no de ese juzgado. Nosotros
entendemos que es el secretario judicial aunque no lo exprese la propia
norma legal. De hecho, en el proyecto de ley presentado por el Gobierno y
por el ministro de Justicia que hoy nos acompaña en el debate, y se lo
agradezco, no venía esa referencia, pero, evidentemente, es el secretario
judicial el que está dirigiendo esa averiguación; más aún cuando el
secretario judicial, con la nueva reforma de la oficina judicial que
hemos aprobado, tiene mucho más protagonismo en todo lo que es el impulso
del proceso. Por tanto, lógico es que pueda tener esta competencia, pero
lógico es también que no la petrifiquemos cuando se trata de averiguar el
domicilio, etcétera. Imaginemos los casos de ejecución de sentencias que
nos vendrán en otras normativas. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el
secretario judicial que ya vendrá muy cargado? A lo mejor son funciones
que pueden llegar a tener los procuradores, por ejemplo, el hecho de
averiguar dónde está un domicilio o facilitar la ejecución de una
sentencia, que no es el caso. El caso es para delimitar la competencia.
Es lógico que en este momento lo haga el secretario judicial, que lo
haría igualmente aunque no lo dijera el texto normativo. Por tanto, nos
vamos a abstener porque nos gustaría que se empezara a abrir la
posibilidad de que en determinadas actuaciones de averiguación de
domicilios, para facilitar lo que es una sentencia en ocasiones ya
dictada y que debe ejecutarse, pudiéramos abrir la puerta a otros agentes
que intervienen en el proceso judicial como son los procuradores. Por
tanto, nos vamos a abstener simbólicamente, si me lo permite el señor
ministro, para dejar constancia de que hay actuaciones que no siempre
debe hacer necesariamente el secretario judicial, aunque es lógico que en
estos momentos y con la normativa actual sea así
Por último, señor presidente, señorías, no estamos de acuerdo en cómo ha
quedado el artículo 35 de la Ley de acompañamiento que crea esa tasa
cuando hasta hoy los procedimientos monitorios estaban exentos. Ahora se
da una nueva configuración con los nuevos límites que tienen los
procedimientos monitorios que han pasado de 30.000 a 250.000 y se dice:
que exista tasa. Si el procedimiento monitorio es de una cuantía menor a
30.000 euros, ¿esa tasa tiene que gravar a esa persona que quiere ir por
el procedimiento monitorio? A lo mejor le sale más cara la tasa que la
deuda que pretende cobrar. Por tanto, es una tasa que no siempre está
justificada. Además, si lo estuviera, sabe que el artículo 35 de la ley
que crea la tasa está recurrida ante el Tribunal Constitucional porque
entendemos que debería cobrarla aquella Administración que tiene
competencias en la administración de justicia, que en muchos ocasiones es
la comunidad autónoma. Por tanto, no estamos de acuerdo con la solución
final. Quizá pueda venir dada una solución, y sería más justa, con el
proyecto de ley que ha presentado su Gobierno, de agilización procesal,
en donde de manera clara se dispone una novedad importante: que las tasas
pueden formar parte de las costas. En este caso, si finalmente aquel que
va por el procedimiento monitorio pagando la tasa gana el proceso, es el
deudor el que acaba pagando la tasa. Esta sería una solución que va en el
proyecto de ley de agilización procesal. Esperemos que los que seamos
ponentes en el mismo podamos encontrar esa solución definitiva.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Tiene la palabra don Mariano Gallego Barrero.
El señor GALLEGO BARRERO: Gracias, presidente.
Señorías, llegamos al final de la tramitación del proyecto de ley de
modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio
y de escasa cuantía. La técnica procesal es muy simple. Se introducen dos
nuevas disposiciones finales en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
vigesimotercera y la vigesimocuarta, que incorporan respectivamente las
normas procesales de competencia y procedimiento necesarias para aplicar
en España el proceso monitorio europeo, por un lado, y el proceso europeo
de escasa cuantía por otro. Además, con ligeras modificaciones en nuestra
propia regulación, relativas fundamentalmente a la elevación de la
cuantía de 900 a 2.000 euros, en la que no es necesaria la comparecencia
mediante abogado y procurador en los procesos civiles, y en la
posibilidad de que el juez pueda plantear al peticionario la posibilidad
de aceptar una propuesta de requerimiento de pago inferior al consignado
en la petición inicial cuando esta sea incorrecta.
El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso
con competencia legislativa plena y, una vez remitido al Senado, se
debatieron en dicha institución diecinueve enmiendas, de las que solo
tres fueron aprobadas e incorporadas al texto para su devolución al
Congreso, a fin de que se pronuncie acerca de las mismas, de acuerdo con
el artículo 90 de la Constitución, con carácter previo a la sanción del
texto por parte de su majestad el rey, situación en la que nos
encontramos actualmente. El presente proyecto ley es razonable y
necesario, ya que responde a esa voluntad
global de todos los grupos y a esa obligación asumida de ir incorporando
poco a poco la normativa procesal europea a los diferentes Estados
miembros. El texto es eminentemente técnico, ya se ha dicho aquí, por lo
que no ha lugar a disquisiciones de carácter político y las aportaciones
de los diferentes grupos han constituido, fundamentalmente, correcciones
técnicas o puramente aritméticas para subsanar determinados errores
materiales que han mejorado sustancialmente el confuso texto inicial.
Quiero indicar, a título puramente informativo, que han surgido
determinadas controversias en orden a dos cuestiones de mayor relevancia:
el uso de las lenguas oficiales y el orden jurisdiccional. Respecto a la
primera cuestión, el uso de las lenguas oficiales, en los supuestos como
el presente de trasposición de normativas europeas relativas a temas de
justicia, es de celebrar la unanimidad que, por primera vez, ha sido
conseguida no solamente en el seno de la Comisión de Justicia del Senado
sino también en el Pleno del mismo. Sería generoso por parte del Grupo
Catalán reconocer -que no se ha hecho- que también hubo una enmienda del
Grupo Popular en el Senado recogida por unanimidad de los grupos en
relación con este asunto. En síntesis, la postura de mi grupo siempre ha
sido constante en el sentido de considerar que, de acuerdo con el
artículo 3 de la Constitución, el castellano -no el español, término
corregido oportunamente- es la lengua oficial del Estado, pero, al mismo
tiempo, nuestro grupo defiende también la vigencia, pujanza e interés de
las lenguas españolas distintas al castellano -catalana, gallega, vasca y
valenciana- que, tal y como indicó nuestro portavoz en el Senado,
conforman con la castellana todo el patrimonio lingüístico de nuestro
país.
En materia de jurisdicción y competencia, el proyecto atribuía ambas en la
fase inicial de expedición de requerimiento europeo de pago a los
juzgados de Primera Instancia. Este criterio no es pacífico, ya que tanto
el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado se
manifestaron en contra del mismo, considerando preferible que esa primera
fase del proceso se llevase a cabo por los órganos que son competentes
con carácter general, entendiendo que el proyecto en el plano social
afecta a la jurisdicción en la medida en que el proceso monitorio europeo
alcanza a las reclamaciones dinerarias derivadas del contrato de trabajo,
que entre otras son propias de este orden, concluyendo en estos casos que
el conocimiento del proceso monitorio debería corresponder al orden
social y no al orden civil. Esa ha sido la postura, a nuestro entender
lógica, que ha venido manteniendo el Grupo Popular tanto en tramitación
seguida en el Congreso como en las enmiendas presentadas en el Senado.
El señor PRESIDENTE: Señor Gallego, debe acabar.
El señor GALLEGO BARRERO: Acabo enseguida, señor presidente.
No obstante, reconocemos que desde un punto de vista práctico la solución
dada puede ser más eficaz, pues tenemos el convencimiento de que la vía
adoptada al menos en el inicio va a dar serios problemas de
interpretación.
Quiero terminar afirmando la intención de mi grupo de votar favorablemente
las enmiendas introducidas en el Senado, así como el texto definitivo,
felicitando a cuantos han intervenido en la tramitación de esta ley,
práctica y provechosa, que representa la incorporación de los procesos
europeos monitorios y de escasa cuantía a nuestro ordenamiento jurídico.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.
Tiene la palabra doña Carmen Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, quiero comenzar mi intervención valorando
positivamente este proyecto de ley. Es un proyecto de ley necesario, es
un proyecto de ley equilibrado y es un proyecto de ley que, sobre todo,
mejorará la protección que nuestro ordenamiento jurídico concede
habitualmente al crédito. Esto redundará fundamental en el mejor
funcionamiento del sistema económico y en una simplificación de los
procesos judiciales, en la medida en que abrirá un mayor número de casos
a su resolución por cauces más sencillos que los previstos en los
procesos declarativos habituales. Además nuestro país, España, tiene
contraídas determinadas obligaciones internacionales, y más
específicamente en el ámbito de la armonización jurídica europea, que
exigían adaptaciones de nuestras normas. Luego la finalidad inmediata de
este proyecto era adaptar, como bien han dicho los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, los reglamentos comunitarios 1896/2006
y 861/2007. Esta trasposición es al mismo tiempo una oportunidad para
establecer un marco normativo que actualice estos procesos, que facilite
las tramitaciones simplificadas y sobre todo que agilice la justicia.
Todos somos conscientes de que el contenido esencial de esta legislatura
es, por una parte, la lucha contra la crisis y, por otra, las reformas.
Ambas se han hecho inseparables y mutuamente dependientes. Si me
permiten, más allá de las reformas generales legislativas como la reforma
del mercado de trabajo o la de las pensiones que llenan las páginas de
los periódicos, también son muy importantes reformas como esta. La
aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa
cuantía se enmarca dentro del programa legislativo del Ministerio de
Justicia para dinamizar la economía frente a la crisis. En este contexto
se incluyen también otras iniciativas como la reforma de la jurisdicción
social, la reforma de la Ley Concursal, la Ley de Sociedades de Capital o
la Ley de Crédito al Consumo. Sin ánimo de exhaustividad porque no tengo
tiempo, explicaré grosso modo algunas de las
cuestiones que han sido objeto de debate en las intervenciones que me han
precedido.
Uno de los objetivos en los que se ha puesto especial énfasis, especial
hincapié, a la hora de formular este proyecto ha sido en primer lugar
agilizar el cobro de las deudas ante los tribunales; es decir, beneficiar
las operaciones comerciales sobre todo de pequeños y medianos empresarios
removiendo cualquier obstáculo o cualquier restricción. En segundo lugar,
esta reforma va a dar cobertura legal a las reclamaciones
transfronterizas de créditos pecuniarios no impugnados y a las
reclamaciones de cantidad que no rebasen los 2.000 euros, excluyendo
intereses, gastos y costas. Como bien han dicho también los portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, es una cuestión evidente
reducir costes en las reclamaciones de escasa cuantía. Por eso en el
juicio verbal se ha elevado la cuantía para la que no se precisa
intervención obligatoria de abogado y procurador, que pasa de 900 a 2.000
euros, en consonancia con la cuantía del proceso europeo de escasa
cuantía.
Señorías, el Senado nos remite un informe con tres enmiendas de
modificación que son objeto de estudio en este momento. Evidentemente la
postura del Grupo Parlamentario Socialista no puede distar de la que
mantuvimos en la sede de la Cámara Alta por razones de coherencia
parlamentaria y política; aceptamos estas enmiendas. En relación con las
lenguas lo que hacemos es simplemente respetar el artículo 231, puntos 3
y 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a las partes a
utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en
cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales.
Voy terminando. El Ministerio de Justicia, además de impulsar un conjunto
de medidas destinadas a modernizar la justicia para fortalecer y ampliar
la garantía y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos,
está contribuyendo desde su ámbito a la dinamización de la economía. Creo
que es muy importante tener determinación a la hora de afrontar las
reformas, y la estamos teniendo, pero la determinación no es el único
elemento decisivo. Por eso agradezco en este caso la responsabilidad y el
compromiso de todos los portavoces, cuyo ánimo constructivo ha servido
para perfeccionar este texto más allá de que podamos coincidir o no con
alguna de las enmiendas introducidas en el Senado. Lo cierto es que hay
una buena disposición para sacar adelante este texto de la forma más
consensuada posible. Vamos a votar, como es lógico, a favor del mismo
porque es un proyecto de ley que no tendrá impacto alguno en el gasto
público y porque es un proyecto que va a suponer un paso adelante en
nuestra legislación, ya que nos permitirá afrontar con rigor y seguridad
jurídica los retos que plantea la protección del crédito, además -repito-
de la simplificación de los procesos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Juanes.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- CONVENIO NÚMERO 185 DE LA OIT SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA
GENTE DEL MAR (REVISADO), 2003, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE JULIO DE 2003 Y
DECLARACIÓN DE ESPAÑA. (Número de expediente 110/000229.)
- ACUERDO MARCO GLOBAL DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE
INDONESIA, POR OTRA, HECHO EN YAKARTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número
de expediente 110/000230.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE
MARRUECOS AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE
1971. (Número de expediente 110/000232.)
- MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE
AUSTRALIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE FINLANDIA, EL MINISTRO DE DEFENSA
DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA
ITALIANA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA, LAS FUERZAS
ARMADAS SUECAS, EL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA DEFENSA DEL REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RELATIVO A LA FORMA DE ONDA DE BANDA ANCHA
PARA LA CONEXIÓN EN RED EN COALICIÓN (COALWNW). (Número de expediente
110/000233.)
- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, HECHO EN ROMA EL 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000234.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO ESPAÑOL DEL INSTITUTO CERVANTES EN BUCAREST Y DEL INSTITUTO
CULTURAL RUMANO EN MADRID, HECHO EN MADRID EL 19 DE OCTUBRE DE 2010.
(Número de expediente 110/000235.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GEORGIA PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 7 DE JUNIO DE
2010. (Número de expediente 110/000236.)
- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS Y MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL REINO DE ESPAÑA Y LA
COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS EN RELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN O LA
APLICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS
BAHAMAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y EL
RECONOCIMIENTO DE OTROS COMPROMISOS PACTADOS ENTRE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, HECHO EN NASSAU EL 11 DE MARZO DE 2010. (Número de
expediente 110/000237.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE
DE 2010. (Número de expediente 110/000238.)
- ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL 21.º CONGRESO DE LA UNIÓN
POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, ADOPTADAS EN SANTIAGO DE CHILE
EL 21 DE AGOSTO DE 2009. (Número de expediente 10/000239.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
SERBIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000240.)
- INTERCAMBIO DE CARTAS DE FECHAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2010, CONSTITUTIVO
DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN
MARCO DE NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) PARA ORGANIZAR
EL TALLER QUE TUVO LUGAR EN MADRID DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2010. (Número
de expediente 110/000241.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE TAILANDIA SOBRE SUPRESIÓN
RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 7 DE
OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000242.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN MADRID EL 3 DE
DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000243.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
ALBANIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000244.)
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Ha
pedido brevemente la palabra para intervenir sobre uno de ellos el señor
Llamazares, concretamente sobre el Convenio entre el Reino de España y la
República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de
impuestos y para prevenir la evasión fiscal. Tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero llamar su atención sobre varios convenios que serán
ratificados en el día de hoy por parte del Congreso de los Diputados y
que se refieren a San Marino, Bahamas, Panamá, Georgia, sobre intercambio
de información en materia tributaria. En plata, paraísos fiscales, uno de
los elementos fundamentales de la lucha contra la crisis económica, la
crisis financiera internacional por parte de la OCDE y en diversas
reuniones realizadas por el G-20. Señorías, los mecanismos son
multilaterales, pero las dos propuestas que se nos hacen en el día de hoy
tienen que ver con lo que se denominan paraísos grises y paraísos en
negro. Dos modelos, el modelo de acuerdo de intercambio de información en
materia tributaria, que es una información que hay que pedir de manera
individualizada, y otro modelo más exigente, que es el modelo de convenio
que obliga al intercambio de información tributaria sin necesidad de ser
requerida individualmente. Señorías, vamos todos al modelo light, al
modelo suave, sin ningún tipo de exigencia general, y en el único caso en
el que pedimos una
mayor exigencia sistemática, que es el caso del convenio con Panamá, lo
rebajamos mediante un protocolo que no obliga a una información
sistemática sino a una información puntual sobre un caso que pueda estar
en ese momento en los tribunales.
Termino, para hablar de la dimensión de este tema, dándoles tres datos. En
primer lugar, la OCDE calcula que los paraísos fiscales atesoran un
patrimonio de 7 billones de dólares, lo que representa el 13 del PIB
mundial; en segundo lugar, la Unión Europea pierde cada año 250.000
millones de euros debido a la elusión y al fraude fiscal, y nuestro país
ha dejado de ingresar debido a la evasión fiscal 38.500 millones de euros
a lo largo del último año. Señorías, una cuestión seria que pasará sin
pena ni gloria.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea hacer uso
de la palabra o contradecir al diputado preopinante? (Pausa.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA REFORMA DE LA
LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE Y DE REGULACIÓN DEL
ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER
JUDICIAL. (Número de expediente 121/000087.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el proyecto de ley orgánica
complementaria a la Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Señor ministro de Justicia, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias,
presidente.
Señoría, intervengo muy brevemente para poner en valor el resultado de un
trabajo compartido: la potenciación de nuestro sistema de arbitraje.
Quiero agradecer a esta Cámara y a los grupos parlamentarios su
predisposición al diálogo, sus aportaciones, que sin duda han enriquecido
el texto inicial, y sobre todo quiero agradecerles el consenso alcanzado.
Una vez más la colaboración y la intensa participación de los
representantes de los grupos en la Comisión de Justicia han sido un
factor fundamental, permitiendo que la reforma de la Ley de Arbitraje
pudiese aprobarse en el trámite de competencia legislativa plena, a
excepción de sus aspectos orgánicos, que se han incorporado en la ley
complementaria que ahora se somete a votación y que también ha sido
altamente consensuada.
En mi primera comparecencia ante la Comisión de Justicia de esta Cámara
destaqué nuestra voluntad de potenciar los cauces complementarios de
resolución de conflictos que consideramos deben desempeñar un relevante
papel dentro del sistema español de justicia. Anuncié la intención de
presentar un proyecto de ley de reforma del arbitraje para favorecer un
mayor uso de esta institución en sintonía con lo que ocurre en otras
sociedades democráticas y, al tiempo, me comprometí también a presentar
ante esta Cámara una ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles
que brindase a los ciudadanos la posibilidad de resolver sus
controversias sin tener que acudir necesariamente a los tribunales de
justicia.
Hoy, tras un fructífero trabajo, el Congreso de los Diputados vota la
primera de estas dos leyes y espero que pronto pueda hacerlo también con
la segunda. Estamos ante un importante paso que va a incidir de forma
relevante en nuestra cultura jurídica porque en España, a diferencia de
otros países, no existe a día de hoy ni un conocimiento ni una conciencia
social arraigada acerca de las ventajas que para los ciudadanos y las
empresas pueden tener los institutos del arbitraje y de la mediación. Es
cierto que en el caso del arbitraje la Ley 60/2003 ya abrió un
interesante camino que permitió consolidar la experiencia e introducir en
nuestro país los principales estándares internacionales en materia de
arbitraje al trasladar la conocida como ley modelo aprobada por la
Uncitral, pero si queríamos potenciar y dinamizar la institución
haciéndola más competitiva y sobre todo más atractiva tanto dentro como
fuera de España era imprescindible mejorarla y dotarla de una mayor
solidez jurídica. Así se ha atribuido ahora a las salas de lo Civil y de
lo Penal de los tribunales superiores de Justicia la competencia para
conocer de las cuestiones vinculadas con el arbitraje, tanto las
funciones de apoyo como de conocimiento de la acción del laudo y el
exequátur de laudos extranjeros. También se ha perfeccionado la relación
entre la jurisdicción y el arbitraje, estableciendo nuevos plazos de la
declinatoria, y se adoptan mejoras para fortalecer los laudos arbitrales
y reforzar la naturaleza de esta institución. Por otra parte se aclaran
ciertas dudas sobre el arbitraje estatutario en las sociedades de
capital, se introduce el arbitraje institucional en el ámbito de la
Administración General del Estado y se abordan otras cuestiones
igualmente relevantes.
En general, señorías, se refuerza el papel de las instituciones arbitrales
y al mismo tiempo se amplían los profesionales que pueden intervenir en
esta tarea arbitral, sin perjuicio de que cuando sean arbitrajes en
derecho se exija la condición de jurista, salvo que las partes acuerden
cosa distinta. En definitiva, cuando se apruebe finalmente esta reforma,
nuestros ciudadanos y nuestras empresas contarán con un cauce que les
permitirá resolver de forma más ágil, con un mayor grado de
especialización y de seguridad jurídica, las controversias que puedan
suscitarse sin necesidad de tener que acudir a los tribunales. Además, y
ello es importante, España verá reforzada su posición como sede de
arbitraje internacional al hacer la institución más confiable, más
atractiva y más competitiva.
Señorías, concluyo ya agradeciendo de nuevo el esfuerzo de todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara, y muy especialmente a los ponentes
de la Comisión de Justicia y también a su presidente el trabajo y el
amplio acuerdo alcanzado. Aprobar leyes con un consenso tan significado
siempre es una buena noticia y más aún si se trata de reformas que, como
esta, permiten avanzar hacia un sistema de justicia mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, no digo nada nuevo si afirmo que persiste en el
Estado español una altísima litigiosidad. Este es un problema que seguro
se va a incrementar exponencialmente como consecuencia de la actual
situación de crisis económica que venimos padeciendo, y esta altísima
litigiosidad, sumada también a la atávica escasez de medios materiales y
personales al servicio de la Administración de Justicia, evidentemente es
una de las causas más eficientes para la actual situación de colapso que
viene atravesando la Administración de Justicia y que puede agravarse
incluso más si cabe a partir de los recortes presupuestarios en los
próximos ejercicios.
En todo caso, nuestra justicia, por este motivo y por muchos otros que no
tengo tiempo de señalar, no es una justicia justa, en la medida en que no
es suficientemente rápida, es extremada y exasperadamente lenta y, como
tal, evidentemente poco fiable y diría también antieconómica. Este
colapso evidentemente se puede solucionar o se puede reparar con algunos
instrumentos paliativos, lenitivos, como destinar lógicamente muchos más
medios humanos, materiales y poniendo en marcha la oficina judicial, pero
también modernizando todo nuestro aparato legislativo, un aparato
legislativo no solo sustantivo sino básicamente de carácter procesal para
disponer de un marco regulatorio adaptado, puesto al día, porque
evidentemente, como ustedes saben, llevan en vigor más de cien años
distintas leyes de carácter procesal sin apenas modificaciones
sustanciales.
Entre estas reformas encontramos aspectos o ámbitos como la jurisdicción
voluntaria, también la mediación y lo que estamos hoy discutiendo y
debatiendo, que es el arbitraje; un arbitraje que debería servir, como
explicaba muy bien el señor ministro, para reconducir a través del
acuerdo, fuera del ámbito de la jurisdicción ordinaria, muchos conflictos
si además las partes están de acuerdo y lo han conveniado, lo han puesto
por escrito, negro sobre blanco, en un contrato, utilizando por tanto el
acuerdo explícito de las partes para no someter a la vía jurisdiccional
la resolución de muchos conflictos. Esta es una vía necesaria pero
evidentemente no suficiente para salvar esta situación de sobresaturación
en muchos juzgados de instancia y para contribuir decisivamente a hacer
de la justicia algo mucho más eficaz y mucho más justo. (La señora
presidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Como ya dijimos en su momento procesal oportuno -nunca mejor dicho-, que
fue en la Comisión correspondiente, bienvenida esta reforma de la Ley de
Arbitraje. Compartimos la voluntad expresada por el ministro hoy en esta
instancia y anteriormente de impulsar esta figura del arbitraje;
compartimos además en términos generales el proyecto ya en su día que nos
agradó, pero evidentemente intentamos mejorarlo y lo hicimos con varias
enmiendas. La primera, que era común con otros grupos, suponía la
reintroducción del arbitraje de equidad por su supresión. No tenía en
nuestra opinión modestísima ninguna justificación y generaba además un
sinsentido el hecho de poder recurrir al arbitraje internacional y no a
un arbitraje de tipo doméstico o interno. En segundo lugar, la enmienda
relativa al hecho de que el árbitro en el arbitraje de derecho sea un
jurista docto en derecho, y no evidentemente cualquier persona. En este
tipo de procedimientos se ventila, como es sabido, algún tipo de
excepción de marcado contenido y de regulación procesal como la cosa
juzgada, el litisconsorcio, la litispendencia, la preclusividad,
etcétera, y por tanto se exige la condición de un árbitro conocedor y
práctico en la materia.
Finalmente en la cláusula de sumisión a arbitraje en un contrato que
continúe considerándose como una excepción de carácter procesal,
entendemos que la declinatoria debe de seguir siendo el medio para
denunciar la falta de jurisdicción o de competencia, y por tanto el juez,
en un conflicto sometido a arbitraje, no tiene jurisdicción porque las
partes ya se la han atribuido previamente al árbitro en el convenio
arbitral. Ello debería ser totalmente rechazable u objetable a través de
declinatoria, tal como finalmente refleja la ley.
Por tanto, señorías, después de la aprobación en Comisión de este proyecto
de ley que hoy vamos a someter a aprobación, y en el que ya no hay
ninguna enmienda viva, estamos muy satisfechos además del altísimo
alcance de consenso conseguido. Y quiero en el capítulo protocolario no
solo saludar la actitud dialogante del ministerio, y en particular -y es
justo reconocerlo- de José Luis Rodríguez, sino también el buen hacer del
Grupo Parlamentario Socialista, del conjunto de grupos de la Cámara, y
también del Tribunal Arbitral de Barcelona porque sus sabios consejos,
como a todos los que hemos intervenido en este proyecto, han guiado y han
iluminado nuestras enmiendas, y también es justo reconocerlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Ridao.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro,
quiero felicitarles a usted y al señor Ridao por haber realizado una
intervención tan extensa sobre una ley de tan escueto contenido. Esta no
es la Ley de Arbitraje realmente, señor ministro; esta es la ley que
incluye las repercusiones que la Ley de Arbitraje -la próxima, la otra, a
la que usted se refería- incorpora a la estructura de la Administración
de Justicia, operación jurídica que tiene que afrontarse a través de la
correspondiente ley orgánica, que es lo que estamos haciendo aquí. La
otra es buena; cuando la debatamos estaremos en condiciones de glosar lo
que se ha conseguido en un debate parlamentario en donde el consenso ha
sido instrumento caracterizador, tanto en la recuperación del arbitraje
de equidad -al que ustedes en el proyecto inicial daban una posición
marginal o incluso se excluía-, al arbitraje institucional incorporando
la doctrina del Tribunal Supremo excluyendo la posibilidad de litigar a
la Administración con sus organismos autónomos, pero sí con los entes
instrumentales, tal como ha quedado configurado al final el proyecto de
ley, las medidas cautelares, la atribución a las salas de lo Civil y
Penal del exequátur, el reconocimiento de los laudos arbitrales
internacionales, y de la resolución o la ayuda a la ejecución de dichos
laudos, etcétera. Hay muchas cuestiones que debatiremos en la ley, pero
lo que está siendo objeto de debate aquí son repercusiones o necesidades
dimanantes del otro proyecto de ley en relación con la estructura de la
Administración de Justicia, particularmente la atribución a las salas de
lo Civil y Penal del exequátur y de la competencia de ejecución de los
laudos arbitrales extranjeros, es algo que a nosotros nos parece
particularmente pertinente. Esto posibilitará que en estas salas se haga
algo, decía alguien. Son pretensiones un tanto irónicas que se haga más
de lo que se hace en estas salas de lo Civil y de lo Penal, cuyas
competencias están limitadas al enjuiciamiento de aforados autonómicos
-como sabe el señor ministro- y a la casación del derecho foral, y con
dudas dogmáticas que yo no quiero dejar de señalar aquí sobre el derecho
autonómico, nos encontramos con órganos judiciales que no solo no están
cargados con lo que denomina el señor Ridao atávica saturación de asuntos
y una pendencia absolutamente indigeridle, sino que no tienen trabajo que
hacer y es bueno por lo tanto proveerles de nuevas competencias, además
por la dimensión institucional de dicho órgano dentro de la
Administración de Justicia. Y en segundo lugar, la ejecución de
resoluciones, de sentencias extranjeras que hagan referencia a problemas
mercantiles, nos retrotrae a la buena regulación, que se ha conseguido en
la ley del llamado arbitraje societario o arbitraje estatutario, de la
competencia de los juzgados de lo mercantil que no estaban previstos en
las leyes orgánicas anteriores que regulan la estructura orgánica de la
Administración de Justicia.
Yo creo que nos podemos felicitar; nos podemos felicitar porque ha habido
parlamentarismo en el debate de esta ley, porque ha habido consenso, y
porque estamos en condiciones de pensar que un instrumento, que
posibilita la resolución extrajudicial de litigios y de conflictos, puede
ayudar a mejorar las prestaciones del servicio público de la justicia a
los justiciables o a los ciudadanos, yo sé que la expresión justiciables
no es dilecta para el señor ministro, pero vamos a andar también con
cuidado, vamos a ser cautelosos, a ver si va a ser peor el remedio que la
enfermedad. Todavía sobre la transversal e intensísima actuación de
órganos jurisdiccionales mediante la posibilidad de recurso de los laudos
arbitrales, cuando estos vulneren a un concepto que raya en lo
metajurídico como el orden público, solo hay una sentencia del Tribunal
Constitucional, que yo he visto que define el concepto de orden público
que legitima para recurrir, que es nada menos que lo siguiente: orden
público lo constituirían aquellas instituciones básicas y troncales del
Estado y aquellas otras garantes de su estabilidad. Si usted puede
comprender lo que el Tribunal Constitucional quiere decir con esto, me lo
explica por favor o alguien en esta Cámara que me lo explique, porque
dado el lenguaje hermético al que es tan proclive el Tribunal
Constitucional, es imposible deducir cuál es el elemento de legitimación
procesal para impugnar una resolución arbitral. Pero se pueden impugnar,
se pueden impugnar las medidas cautelares, se pueden impugnar los laudos
que dimanan del extranjero a las salas de lo Civil y Penal. Al final con
la garantía de impugnación o de tutela judicial efectiva de las
resoluciones arbitrales podemos correr el riesgo, si no afinamos bien,
señor ministro, de cargar de más trabajo todavía a los órganos judiciales
del que tenían antes de la aprobación de esta ley. Esa es la única
advertencia de naturaleza preventiva que se me ocurre, y por lo demás nos
felicitamos todos por el trabajo bien hecho.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando el Gobierno presentó los dos proyectos de ley de
arbitraje -uno de ellos por tener carácter de orgánico es el que hoy
dictamina este Pleno-, la diputada Mercè Pigem que nos acompaña y el
diputado que les habla nos reunimos con el Tribunal Arbitral de
Barcelona, y todo eran luces rojas sobre el contenido de los proyectos de
ley que el Gobierno presentaba; todo eran luces rojas que aventuraban una
posición totalmente contraria de Convergència i Unió hacia esa normativa
que impulsaba el Gobierno. Íbamos,
señor ministro, señorías, a presentar enmienda a la totalidad, y así se lo
pude trasladar al propio ministro de Justicia e incluso le entregué un
borrador de una posible enmienda a la totalidad. El ministro -creo que
con buen criterio, visto el resultado- nos interpeló: no lo hagáis,
negociemos contenidos porque hay margen para negociar. Y hoy en buena
lógica debemos felicitar al señor ministro de Justicia y felicitar a
todos los ponentes porque han hecho posible un esfuerzo de consenso para
modificar el texto inicial.
El texto inicial no iba a potenciar el arbitraje, quizá su intención así
era, pero no iba a potenciar el arbitraje. El texto que sale de la
Comisión de Justicia es un texto mejorado, es un texto que supera de
manera clara aspectos que eran luces rojas en el proyecto de ley inicial,
uno de ellos el de la declinatoria. Si la declinatoria la convertíamos en
una excepción procesal, se judicializaba nuevamente, y por tanto el
arbitraje dejaba de ser una alternativa jurisdiccional. A toda la
regulación de la declinatoria hemos sabido darle nuevamente el contenido
que nunca debía haber perdido, y por tanto hemos acertado en la solución.
Hemos acertado también en la solución de mantener el arbitraje de
equidad. El arbitraje de equidad tiene gran tradición; en Cataluña la
tiene desde hace muchísimos años, el de equidad era siempre el arbitraje
supletorio, y por tanto era un arbitraje que, si se suprimía, claramente
estábamos atentando hacia lo que el arbitraje es.
Por tanto, releyendo a Cicerón cuando hablaba de la equidad, que ya la
ponderaba como una de las divisiones del derecho y resaltaba los efectos
benéficos de pulir las aristas de la ley, bueno es que en un proyecto de
ley del siglo XXI no nos olvidemos de que la equidad está ahí y que es
bueno saber mantener ese arbitraje en equidad. Aquí también hemos
acertado.
Igualmente hemos acertado en un aspecto muy polémico. En el arbitraje en
derecho, tal y como se configuraba, no tenía que haber jurista ni abogado
en ejercicio obligatoriamente. Ahora en un arbitraje en derecho, siempre
que sea colegiado, al menos uno de los tres árbitros va a tener que ser
obligatoriamente jurista, porque estamos hablando de arbitrajes en
derecho. Bien es cierto que en el arbitraje en derecho, cuando es de un
único árbitro, en las reglas residuales siempre será jurista, excepto si
de común acuerdo se pacta que no lo sea, porque en ocasiones se aplican
normativas muy técnicas -son derecho, pero normativas muy técnicas- y hay
otros profesionales que pueden ejercer perfectamente ese arbitraje. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) La solución final que hemos
encontrado, fruto del consenso, no satisface a nadie al cien por cien,
pero creo que puede dar satisfacción a los colegios de abogados que así
nos lo reclamaban y a otras profesiones jurídicas, como notarios,
registradores o personas que ejercen la procura, que en este caso pueden
realizar esa función de arbitraje en derecho, porque también son
juristas. Entendemos que al final se ha encontrado una solución de
consenso adecuada. También ha sido adecuado que en el arbitraje
societario no se exija siempre la unanimidad, que en ocasiones lo que
hace es dificultar, y con la regla de los dos tercios creemos que ha
quedado bien solucionado.
Termino ya. Estamos ante una buena norma, la hemos cambiado, la hemos
mejorado. Felicitemos a todos los que lo han hecho posible, felicitemos
al Tribunal Arbitral de Barcelona, a su presidente, Jesús de Alfonso, que
nos ha impulsado, junto con todos los miembros del mismo, a que
mejoráramos la ley, y felicitemos a aquellos que, como Ramón Mullerat,
que ha editado un libro Arbitraje en el mundo y en España. Una visión
estadística, nos dicen que el arbitraje es futuro, que en países como
Estados Unidos la mayoría de empresas se suman al arbitraje. La ley
corría el riesgo de haberlo dificultado. Gracias a las modificaciones que
hemos realizado, vamos en la línea de potenciarlo y con esto mejoramos el
funcionamiento global de la Administración de Justicia, que falta nos
hace.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Tiene la palabra don Vicente Ferrer Roselló.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señor presidente, señor ministro, como
consecuencia de que el legislador no disfruta del mismo grado de acierto
todos los días -afirmación que seguro a ustedes no les sorprende-, se
generan leyes que merecerían ser reformadas incluso antes de su
publicación. En otros casos son la práctica de su aplicación o la
transformación de la realidad social las que generan la necesidad de
proceder a su reforma o adaptación. Ninguno de estos dos casos, a juicio
del Partido Popular, resultaba de aplicación a la Ley de Arbitraje que
vio la luz en el año 2003. Era esta una ley que supuso en su momento un
notable avance para el mundo del arbitraje, técnicamente muy depurada, y
prueba de ello es que no requirió de reforma alguna. Puestas así las
cosas desde el Partido Popular nos preguntábamos qué podría haber
impulsado o justificado la presentación por parte del Gobierno del
proyecto de ley de reforma de la Ley de Arbitraje que nos tiene hoy
ocupados.
Una mera aproximación al proyecto pone de manifiesto que la principal
aportación, la novedad más interesante la constituye indudablemente el
denominado arbitraje institucional. Tengo que reconocer que desde el
Partido Popular hemos tenido siempre la sospecha de que la introducción
de esta nueva figura y la decisión de incluirla en el marco de la Ley de
Arbitraje han sido las razones últimas de un proyecto de reforma de la
ley de 2003 no justificado plenamente, por nadie reclamado, y en lo
tocante a la propuesta original remitida por el Gobierno a la Cámara
francamente no muy afortunado.
No voy a negar que el denominado arbitraje institucional tiene aspectos
que no dejamos de valorar positivamente,
pero es evidente que, en primer lugar, no se trata de un arbitraje en
puridad, y en segundo lugar, el desarrollo de esta nueva figura en un
proyecto de ley autónomo, distinto y distante de la Ley de Arbitraje
habría hecho probablemente innecesaria la reforma de la ley de 2003.
En otro orden de cosas es cierto que una de las razones insistentemente
aducidas por el Gobierno socialista para justificar la introducción de
las reformas contenidas en el proyecto de la ley objeto de nuestro debate
era impulsar el arbitraje como un instrumento de alguna manera
alternativo a la jurisdicción ordinaria, que contribuyera de forma eficaz
a aligerar la tarea de esta última colaborando activamente a paliar el
atasco monumental en el que vive inmersa la justicia de nuestro país. No
creo equivocarme si afirmo que la reforma actual poco o nada va a
contribuir a modificar la situación que se está viviendo en el seno de la
justicia. Finalmente el proyecto de ley de reforma original que el
Gobierno remitió a la Cámara en una primera instancia adolecía, a nuestro
juicio, de notables deficiencias. No voy a aburrirles con una descripción
pormenorizada, citaré únicamente algunos ejemplos. Resucitar la
protocolización obligatoria de los laudos o exigir la unanimidad de todos
los socios para la introducción en los estatutos societarios de una
cláusula de remisión a arbitraje constituía a nuestro juicio un notable
error. Por otro lado, la desaparición del arbitraje de equidad constituía
un profundo misterio cuyas razones debo reconocerles que, a día de hoy y
tras largas negociaciones, continúo sin poder penetrar. Por último, no
puedo dejar de citarles lo sorprendente que nos resultaba el hecho de que
por un lado desapareciera el arbitraje de equidad, y que por otro,
manteniendo únicamente el arbitraje en derecho, se excluyera la
obligatoriedad de que para los casos que debieran resolverse por árbitro
único este no tuviera que acreditar los adecuados conocimientos
jurídicos. A juicio del Partido Popular facultar a una persona sin
conocimientos jurídicos para actuar como árbitro y resolver en derecho,
para nada contribuía a la seguridad jurídica ni a la calidad de los
laudos. Llegados a este punto no sería justo no reconocer la actitud
dialogante y la buena predisposición, tanto del Grupo Socialista como del
propio Ministerio de Justicia, a la hora de alcanzar acuerdos que han
permitido obtener el resultado que hoy se somete a la Cámara y que
podemos entender como positivo.
Para cerrar mi intervención, no quiero dejar de destacar algún otro
aspecto de los comprendidos en las veinte enmiendas que el Grupo Popular
presentó al proyecto de ley, y que considero razonablemente resueltos.
Junto con los ya citados relativos al arbitraje de equidad, a la
participación de juristas en el arbitraje en derecho, la protocolización
del laudo o las condiciones de inclusión de la cláusula de arbitraje en
los estatutos, quiero hacer mención expresa a la recuperación de la
fórmula de la declinatoria en sustitución de la excepción de arbitraje
que introducía el proyecto, y también al tratamiento que se ha dado a la
relación de las cláusulas arbitrales con el procedimiento concursal. En
conclusión, podemos estar razonablemente satisfechos. Si, como dijo
Cánovas, la política es el arte de aplicar en cada época aquella parte
del ideal que las circunstancias hacen posible, probablemente no hayamos
hecho una obra de arte, pero indudablemente, señorías, hemos hecho
política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.
Don Álvaro Cuesta tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, llevamos una buena
mañana parlamentaria porque es una mañana de reformas, de reformas de
calado, que están además claramente incardinadas en la estrategia para la
economía sostenible, y en las últimas iniciativas legislativas que
afectan al Ministerio de Justicia básicamente estamos abordando dos
conceptos que son básicos, si queremos mejorar la calidad del servicio
público de la justicia en España. Se ha manejado, con la aprobación de la
reforma y de la adaptación al proceso monitorio europeo, el concepto de
agilización procesal, y con la reforma de arbitraje el concepto de
desjudicialización, de composición extrajudicial de armonización de los
conflictos. Creo que son dos buenos mecanismos de gran utilidad la
agilización procesal, la modernización y la desjudicialización para que
la justicia tenga como prioridad, como resultante, como destino básico lo
que tiene que tener el servicio público de la justicia, que es el
ciudadano, y esta ley desarrolla claramente un derecho fundamental que es
evitar la denegación de tutela judicial efectiva, garantizando la tutela
judicial de los derechos de la ciudadanía.
No voy a entrar ahora en una descripción, porque ha sido brillante la
intervención del ministro de Justicia, del contenido de la ley. Lo que
hoy aprobamos da cuerpo, es una reforma orgánica que eleva el nivel, la
seguridad del arbitraje, readapta funciones de colaboración judicial al
arbitraje, y residencia en el Tribunal Superior de Justicia, en las salas
de lo Civil y de lo Penal, una serie de funciones importantes para el
desarrollo de esta institución, que además se eleva en su calidad
jurídica. Cuando una institución como la arbitral se eleva en calidad
jurídica se convierte también en referencia nuestra economía y también
nuestro país.
Quiero hacer un reconocimiento público de justicia, en primer lugar, al
trabajo. Ha habido un consenso y una capacidad de diálogo muy importantes
de todos los ponentes y portavoces de los grupos parlamentarios. Esto lo
quiero agradecer porque ha llevado a la unanimidad en la aprobación de
este proyecto de ley, y del que hemos aprobado con competencia
legislativa plena en la Comisión. Ese diálogo fructífero y ese espíritu
positivo también hay que reconocérselos y agradecérselos muy
especialmente al equipo del Ministerio de Justicia, y al ministro de
Justicia en particular, brillante su gestión y brillante en esa línea de
transformación que requiere la hora actual de nuestro país. También
quiero agradecer el magnífico trabajo de los servicios de la Cámara, de
los servicios jurídicos, de las letradas que han
enriquecido, que han ayudado a este trabajo y a este consenso. Yo les voy
hacer, y quiero hacer un público reconocimiento, también una confesión.
Creo que el consenso político a la hora de legislar tiene también mucho
que ver no solo con la disposición de diálogo entre los grupos, sino con
la disposición de diálogo del Parlamento con la sociedad. De alguna
manera este proyecto ha sido enriquecido por la sociedad civil. Ha habido
una interlocución directa con el Tribunal Arbitral de Barcelona, pero
también lo ha habido con el Tribunal Arbitral Técnico de Cataluña,
también con la Corte Arbitral del Consejo Superior de Cámaras de Madrid,
con el Consejo General de la Abogacía, con el Colegio de Registradores,
con un conjunto de ciudadanos especialistas que, desde el punto de vista
técnico, han querido ilustrar y aportar sus ideas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Cuando la voz de la calle, de la sociedad civil
es recogida también con responsabilidad por los portavoces de los grupos
parlamentarios, la resultante final es que el servicio público de la
justicia camine desde el consenso al ciudadano como epicentro de
cualquier reforma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN
DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro
164449.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
sobre declaraciones de actividades de algunos señores diputados. ¿Algún
miembro de la Cámara desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Se da por
examinado el dictamen.
Votaremos dentro de dos minutos. (Pausa.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 2/2011, DE 18 DE FEBRERO, PARA EL REFORZAMIENTO DEL
SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente 130/000040.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el
reforzamiento del sistema financiero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 177; en contra, ocho; abstenciones, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
¿Desea algún grupo parlamentario su tramitación como proyecto de ley?
(Asentimiento.) Varios grupos parlamentarios desean que se tramite como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En consecuencia,
pasamos a votar si se acepta esta propuesta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 163; en contra, 176; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- REAL DECRETO-LEY 3/2011, DE 18 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO. (Número de expediente 130/000039.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la
empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 179; en contra, tres; abstenciones, 160.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Alguien desea que el decreto-ley convalidado se tramite como proyecto de
ley? (Asentimiento.) Varios grupos lo solicitan. Por tanto, pasamos a
votación la propuesta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 341; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada su tramitación como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS
LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL, 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y 6/1985, DE 1
DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN
LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL, Y 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN). (Número
de expediente 121/000061.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican
las leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de
la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.
En primer lugar, votamos la enmienda al artículo primero, apartado tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 323; en contra, 16; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos las enmiendas al artículo primero, apartado cuatro;
al artículo segundo, apartado cinco; a la disposición adicional primera y
a la disposición adicional segunda (nueva).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 193; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación votamos las enmiendas a la disposición final tercera
(nueva); y a la disposición final quinta (antes segunda).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a
favor, 340; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo segundo, apartado cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 174; en contra, 165; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Al artículo primero, apartado siete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 334; en contra, dos; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo tercero (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 333; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición derogatoria (nueva).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 161; en contra, 181.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 340; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por tratarse de iniciativa de
carácter orgánico, hemos de proceder a una votación de conjunto que ha de
obtener al menos 176 votos para que la ley pueda aprobarse en los
términos en que ha quedado redactada. Con este carácter orgánico,
procedemos a la votación de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 181; en contra, 152; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley en los términos antedichos.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS
PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA. (Número de expediente
121/000086.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de ley de
modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio
y de escasa cuantía.
En primer lugar, votamos la enmienda al artículo 1, cinco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 332; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 341; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
- CONVENIO NÚMERO 185 DE LA OIT SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA
GENTE DEL MAR (REVISADO), 2003, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE JULIO DE 2003 Y
DECLARACIÓN DE ESPAÑA. (Número de expediente 110/000229.)
- ACUERDO MARCO GLOBAL DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE
INDONESIA, POR OTRA, HECHO EN YAKARTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009. (Número
de expediente 110/000230.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE
MARRUECOS AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE
1971. (Número de expediente 110/000232.)
- MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE
AUSTRALIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE FINLANDIA, EL MINISTRO DE DEFENSA
DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL MINISTERIO FEDERAL DE DEFENSA DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA
ITALIANA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA, LAS FUERZAS
ARMADAS SUECAS, EL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA DEFENSA DEL REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, RELATIVO A LA FORMA DE ONDA DE BANDA ANCHA
PARA LA CONEXIÓN EN RED EN COALICIÓN (COALWNW). (Número de expediente
110/000233.)
- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO, HECHO EN ROMA EL 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000234.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO ESPAÑOL DEL INSTITUTO CERVANTES EN BUCAREST Y DEL INSTITUTO
CULTURAL RUMANO EN MADRID, HECHO EN MADRID EL 19 DE OCTUBRE DE 2010.
(Número de expediente 110/000235.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GEORGIA PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 7 DE JUNIO DE
2010. (Número de expediente 110/000236.)
- ACUERDO SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS Y MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL REINO DE ESPAÑA Y LA
COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS EN RELACIÓN CON LA INTERPRETACIÓN O LA
APLICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS
BAHAMAS SOBRE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y EL
RECONOCIMIENTO DE OTROS COMPROMISOS PACTADOS ENTRE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, HECHO EN NASSAU EL 11 DE MARZO DE 2010. (Número de
expediente 110/000237.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL, HECHO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE
DE 2010. (Número de expediente 110/000238.)
- ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DEL 21.º CONGRESO DE LA UNIÓN
POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL, ADOPTADAS EN SANTIAGO DE CHILE
EL 21 DE AGOSTO DE 2009. (Número de expediente 110/000239.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
SERBIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000240.)
- INTERCAMBIO DE CARTAS DE FECHAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2010, CONSTITUTIVO
DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN
MARCO DE NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) PARA ORGANIZAR
EL TALLER QUE TUVO LUGAR EN MADRID DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2010. (Número
de expediente 110/000241.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE TAILANDIA SOBRE SUPRESIÓN
RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 7 DE
OCTUBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000242.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN MADRID EL 3 DE
DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000243.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE
ALBANIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000244.)
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. ¿Se
desea alguna votación separada? (Pausa.) ¿Se pueden aprobar por
asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.)
Quedan aprobados los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA REFORMA DE LA
LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE Y REGULACIÓN DEL ARBITRAJE
INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER
JUDICIAL. (Número de expediente 121/000087.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley para
la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.
Votamos, en primer lugar, el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 341; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Por tratarse de iniciativa con carácter orgánico,
hemos de proceder a la votación de conjunto, con las advertencias hechas
anteriormente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a
favor, 340; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la votación de conjunto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN.)
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN
DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro
164449.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos el dictamen del Estatuto del
Diputado sobre declaración de actividades de varios señores diputados. En
aplicación del artículo 79 del Reglamento de la Cámara, deben abstenerse
de votar los diputados afectados por el dictamen. Habida cuenta de que lo
hacemos en conjunto, a no ser que alguien solicite votación separada,
ruego que no voten los diputados afectados. (Rumores.)
Aprovecho para decirles que la Cámara, como saben, aprobó en este mismo
Pleno una declaración institucional de modo unánime apoyando la
candidatura de don Miguel Ángel Moratinos como director general de la
FAO, al que deseo suerte en esas votaciones que han de producirse.
(Aplausos.) Como el dictamen establece, el señor Moratinos había pedido
permiso a la Comisión del Estatuto del Diputado para proceder a la
campaña previa y ha sido tomado en conocimiento por parte de la Comisión.
Afecta también a los señores diputados don Higinio Almagro Castro, don
Josep Antoni Duran i Lleida, don Sebastián González Vázquez, don José
Ignacio Landaluce Calleja y doña María Antonia Trujillo Rincón.
(Rumores.-El señor Ridao i Martín pide la palabra.)
Silencio, por favor.
Señor Ridao, ¿qué desea?
El señor RIDAO I MARTÍN: Según sus propias indicaciones, señor presidente,
nuestro grupo preferiría votar separadamente el dictamen.
El señor PRESIDENTE: ¿Por separado el de cada uno de los señores
diputados? (Asentimiento.) Muy bien, está en su perfecto derecho. Con lo
cual y de este modo pueden votar, en votación que ya saben que es
pública, todos los dictámenes excepto el del propio diputado afectado.
Votamos el dictamen de la Comisión referido a don Higinio Almagro
Castro.
Comienza la votación. (Pausa.-Rumores.-Varios señores diputados: No se
puede.)
Perdón, les ruego silencio. La votación es pública y nada tiene que ver
con las anteriores votaciones secretas, que eran costumbre. Por tanto,
cualquier manifestación que desee hacerse puede hacerse, lógicamente
respetando que el mandato imperativo lo impide la propia Constitución
española.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 294; en contra, seis; abstenciones, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen mencionado.
Dictamen referido a don Josep Antoni Duran i Lleida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a
favor, 268; en contra, 23; abstenciones, 45.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen referido al señor Duran i
Lleida.
Votamos a continuación el dictamen de don Sebastián González Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 283; en contra, dos; abstenciones, 53.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen referido a don Sebastián
González Vázquez.
A continuación votamos el dictamen referido a don José Ignacio Landaluce
Calleja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 279; en contra, ocho; abstenciones, 51.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado respecto del señor Landaluce Calleja.
(Rumores.)
Silencio, por favor.
A continuación votamos el dictamen referido a don Miguel Ángel Moratinos
Cuyaubé.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 299; en contra, once; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen respecto de don Miguel
Ángel Moratinos.
A continuación votamos el dictamen referido a doña María Antonia Trujillo
Rincón.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 298; en contra, dos; abstenciones, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen referido a doña María
Antonia Trujillo Rincón.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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