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DS. Senado, Pleno, núm. 127, de 22/06/2011
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión celebrada el miércoles, 22 de junio de 2011

ORDEN DEL DÍA

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN.

(Núm. exp. S. 500/000304 y 500/000305)

Quinto

MOCIONES

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el modelo de gestión aeroportuaria.

(Núm. exp. S. 662/000185)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de promoción de la cooperación española en materia de género en América Latina y El Caribe.

(Núm. exp. S. 662/000187)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a tramitar con la mayor diligencia y rapidez posible la aprobación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

(Núm. exp. S. 662/000186)

Sexto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de lasCortes Generales, Senado, número 80, de fecha 20 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000105)

(Núm. exp. C.D. 121/000114)




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— De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 82, de fecha 22 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 624/000015)

(Núm. exp. C.D. 122/000232)

— De la Comisión de Política Territorial en relación con la Proposición de Ley por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya». (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 76, de fecha 13 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 624/000014)

(Núm. exp. C.D. 122/000252)

— De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 81, de fecha 21 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000099)

(Núm. exp. C.D. 121/000082)

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley del Registro Civil. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 81, de fecha 21 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000100)

(Núm. exp. C.D. 121/000090)

— De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de dinero electrónico. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 75, de fecha 10 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000101)

(Núm. exp. C.D. 121/000105)

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 80, de fecha 20 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000102)

(Núm. exp. C.D. 121/000091)

HABILITACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2011 PARA LA TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

(Núm. exp. S. 550/000045)

HABILITACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2011 PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES

(Núm. exp. S. 550/000046)

ACUERDO DEL PLENO DEL SENADO POR EL QUE SE AUTORIZA QUE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, SE TRAMITE DIRECTAMENTE Y EN LECTURA ÚNICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 129 DEL REGLAMENTO DEL SENADO

(Núm. exp. S. 550/000047)

ACUERDO DEL PLENO DEL SENADO POR EL QUE SE DELEGA EN LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN LA COMPETENCIA LEGISLATIVA PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. S. 550/000048)




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Séptimo

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

— Informe de la Ponencia de Estudio sobre nuevas formas constructivas y nuevas tipologías de vivienda que se adapten a las actuales necesidades y demandas de la sociedad española y que permitan asimismo conseguir ahorros energéticos, constituida en el seno de la Comisión de Vivienda. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 67, de fecha 27 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 543/000008)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

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JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

7458

Los Excmos. señores D. José María Rodríguez Barberá y D. Francesc Antich Oliver adquieren la condición plena de senadores al prestar acatamiento a la Constitución.

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MOCIONES

7458

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el modelo de gestión aeroportuaria

7458

El señor Burgos Pérez defiende la moción.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Gordo Pérez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Burgos Pérez expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como los señores Muñoz Hernández, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Burgos Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 110 votos a favor, 127 en contra y 1 abstención.

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Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de promoción de la cooperación española en materia de género en América Latina y El Caribe

(Núm. exp. S. 662/000187)

7473

La señora Sanjurjo González defiende la moción.

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Sanjurjo González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.




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Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a tramitar con la mayor diligencia y rapidez posible la aprobación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

7483

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de la enmienda.

El señor Batlle Farrán defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como las señoras Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Xamena Terrasa, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.

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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7491

Página

De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7491

La señora Rubial Cachorro, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

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De la Comisión de Política Territorial en relación con la Proposición de Ley por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya»

7492

Comienza el debate del articulado.

El señor Rabanera Rivacoba defiende las enmiendas números 1 a 5.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Anasagasti Olabeaga y la señora Rubial Cachorro.

En turno de portavoces intervienen los señores Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; así como la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Rubial Cachorro,




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por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rabanera Rivacoba, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas 1 a 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 110 votos a favor y 130 en contra.

Se aprueba el resto de la proposición de ley por 130 votos a favor y 110 en contra.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.

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De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de dinero electrónico

7500

El señor Vilajoana i Rovira, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Vilajoana i Rovira defiende las enmiendas números 4 a 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Sanz Carramiñana defiende las enmiendas números 7 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Serrano Argüello defiende las enmiendas números 1 a 3

En turno de portavoces intervienen el señor Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; el señor Sanz Carramiñana, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 4 a 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor y 220 en contra.

Se aprueba la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, por 129 votos a favor, 1 en contra y 107 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, por 121 votos a favor y 117 en contra.

Se aprueba la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Socialista, por 121 votos a favor, 109 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 237 votos a favor y 1 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor, 117 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 237 votos a favor.




Página 7451


El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7506

El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Roig i Grau defiende las enmiendas números 74 a 87, 89 a 94, 1 a 52, presentadas inicialmente de la 1 a la 16 por los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, y de la 17 a la 52, por el señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto.

Los señores Guillot Miravet y Muñoz Hernández defienden las enmiendas números 172 a 215, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Fidalgo Areda defiende las enmiendas números 216 a 231, 233 a 245, del Grupo Parlamentario Socialista, y la enmienda transaccional presentada en comisión sobre la base de las enmiendas 88 y 232.

El señor Valín Alonso defiende las enmiendas números 95 a 171, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fidalgo Areda.

En turno de portavoces intervienen los señores Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, y Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Llanos Vázquez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Valín Alonso, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Página

De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas

7519

El señor Blanco García, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas números 3, 5 y 6, 11 a 14 y 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas números 66, 68, 70, 72 a 74, 76, 77, 79 a 84, 86 a 89, 92, 93, 97 a 100, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.




Página 7452


El señor Aleu i Jornet anuncia que decae su enmienda número 38, al haberse presentado una enmienda transaccional.

El señor Caballero Moya anuncia que decae la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 55 a 63, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al haberse presentado una enmienda transaccional.

El señor Imbroda Ortiz defiende la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Uzquiza González.

En turno de portavoces intervienen los señores Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Caballero Moya, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Imbroda Ortiz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En nombre del Gobierno hace uso de la palabra la señora ministra de Defensa (Chacón Piqueras).

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 3, 5, 6, 11 a 14 y 16, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 11 votos a favor, 116 en contra y 111 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 122 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a excepción de la 100 que ha sido transaccionada, por 10 votos a favor, 114 en contra y 113 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 111 votos a favor y 128 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 65649, por asentimiento de la Cámara.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 238 votos a favor.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por 238 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

7529

Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 6 a 12, 14 y 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentadas inicialmente por los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, por 6 votos a favor, 231 en contra y 2 abstenciones.




Página 7453


Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 5 y 13, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentadas inicialmente por los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, por 115 votos a favor y 123 en contra.

Se aprueba la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentada inicialmente por los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, por 120 votos a favor y 119 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 17 a 52, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, presentadas inicialmente por el señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto, por 8 votos a favor, 230 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 74, 78, 80, 84, 85, 86, 92 y 94, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor y 228 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 75, 76, 77 y 93, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 239 votos a favor.

Se aprueban las enmiendas números 81, 82 y 89, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 129 votos a favor y 109 en contra.

Se rechaza la enmienda número 91, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor, 120 en contra y 109 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 79 y 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 127 votos a favor, 4 en contra y 106 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 172 a 215, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 6 votos a favor, 231 en contra y 1 abstención.

Se aprueban las enmiendas números 216, 217, 219, 221, 230 y 231, del Grupo Parlamentario Socialista, por 237 votos a favor y 1 abstención.

Se aprueban las enmiendas números 218, 220, 222, 223, 226, 227, 228 y 229, del Grupo Parlamentario Socialista, por 130 votos a favor y 108 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 224 y 225, del Grupo Parlamentario Socialista, por 129 votos a favor, 1 en contra y 109 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 233, 234, 236, 237, 238, 243, 244 y 245, del Grupo Parlamentario Socialista, por 126 votos a favor y 113 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 235, 239, 240, 241 y 242, del Grupo Parlamentario Socialista, por 130 votos a favor, 1 en contra y 108 abstenciones.

Se aprueba la enmienda transaccional presentada en comisión sobre la base de las enmiendas 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 232, del Grupo Parlamentario Socialista por 129 votos a favor y 110 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 119, 123 y 163, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.




Página 7454


Se rechaza el resto de las enmiendas números del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 65581, por 239 votos a favor.

Se aprueban por asentimiento de la Cámara las propuestas de modificación con número de registro 65582 y 65606.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 237 votos a favor y 2 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley del Registro Civil

7532

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

7532

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta los dictámenes.

Comienza el debate del articulado.

El señor Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda número 49, originariamente presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; anuncia la retirada de las enmiendas números 1 y 6, y defiende las enmiendas números 2 a 5, del Grupo Parlamentario Mixto, todas ellas presentadas al proyecto de ley.

La señora Parera Escrichs defiende la enmienda número 61 presentada al proyecto de ley, y la enmienda número 1 presentada al proyecto de ley orgánica, ambas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 50 a 56, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al proyecto de ley.

El señor Pestana Padrón defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 7, de los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto y 57, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y en lo modificado por la enmienda 62 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor García Navarro defiende las enmiendas números 8 a 43 y 45 a 48, así como la enmienda transaccionar presentada en comisión sobre la base de la enmienda número 44, del proyecto de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pestana Padrón.

En turno de portavoces intervienen el señor Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como




Página 7455


los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Página

Habilitación del mes de julio de 2011 para la tramitación de iniciativas legislativas

7545

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

Página

Habilitación del mes de julio de 2011 para la celebración de sesiones extraordinarias de Comisiones

7546

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

Página

Acuerdo del Pleno del Senado por el que se autoriza que la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se tramite directamente y en lectura única, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento del Senado

7546

Se acuerda por asentimiento de la Cámara que la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se tramite directamente y en lectura única.

Página

Acuerdo del Pleno del Senado por el que se delega en la Comisión de Trabajo e Inmigración la competencia legislativa para la tramitación del Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social

7546

Los señores Guillot Miravet y García-Escudero Márquez hacen uso de la palabra.

Se acuerda delegar en la Comisión de Trabajo e Inmigración la competencia legislativa para la tramitación del Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, por 233 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Página

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley del Registro Civil. (Votación.)

7547

Se rechazan las enmiendas números 2 a 5, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor y 233 en contra.

Se rechaza la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 5 votos a favor y 234 en contra.

Se rechaza la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 220 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda 50, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 9 votos a favor y 230 en contra.




Página 7456


Se rechazan las enmiendas números 52 y 55, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 10 votos a favor y 227 en contra.

Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 9 votos a favor y 230 en contra.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 4 votos a favor, 233 en contra y 2 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 117 votos a favor y 122 en contra.

Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas números 7, de los senadores Belda Quintana y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto, y 57 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 123 votos a favor y 115 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 8 a 43 y 45 a 48, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 108 votos a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.

Se rechaza la enmienda transaccional presentada en comisión sobre la base de la enmienda 44, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 113 votos a favor y 126 en contra.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 125 votos a favor y 114 en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley, por 237 votos a favor y 1 en contra.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

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De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Votación.)

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Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor y 222 en contra.

Se aprueba el proyecto de ley orgánica por 239 votos a favor.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica.

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INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

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Informe de la Ponencia de Estudio sobre nuevas formas constructivas y nuevas tipologías de vivienda que se adapten a las actuales necesidades y demandas de la sociedad española y que permitan asimismo conseguir ahorros energéticos, constituida en el seno de la Comisión de Vivienda

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El señor Giménez Martín, presidente de la comisión, presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen las señoras Arqué i Ferrer, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Gómez Cermeño, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor García Ballestero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Tomen asiento, por favor.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN. (Núm. exp. S. 500/000304 y 500/000305)

El señor PRESIDENTE: Como punto previo al quinto del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los excelentísimos señores don José María Rodríguez Barberá y don Francesc Antich Oliver.

Excelentísimo señor don José María Rodríguez Barberá, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor RODRÍGUEZ BARBERÁ: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don José María Rodríguez Barberá ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)

Procede ahora el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Francesc Antich Oliver.

Excelentísimo señor don Francesc Antich Oliver, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor ANTICH OLIVER: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Francesc Antich Oliver ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)

MOCIONES

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL MODELO DE GESTIÓN AEROPORTUARIA.

(Núm. exp. S. 662/000185)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Mociones

Moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el modelo de gestión aeroportuaria.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo de Convergència i Unió y otra del Grupo Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Burgos.

El señor BURGOS PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Permítanme que lo primero que haga sea despedir con mucho cariño al senador Huguet por los buenos servicios que ha prestado a esta Cámara, por su amabilidad, su cortesía y su educación, así como por haber sido un magnífico compañero. Le deseamos todo tipo de suerte en su vida. (Aplausos.)

Y puesto que soy el primero que toma la palabra, permítanme también, señorías, que dé la bienvenida a los dos nuevos e ilustres senadores de Baleares que hoy nos acompañan en el Pleno. Les deseamos un fructífero trabajo, que encuentren su sitio rápidamente, y que su estancia en el Senado sea productiva.

Señorías, entrando en el fondo de la cuestión que tenemos que tratar esta mañana, el pasado 3 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal y laboral y liberizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Entre las medidas aprobadas hay que resaltar la privatización de AENA. En el artículo 7 del citado real decreto-ley se crea la sociedad estatal AENA Aeropuertos, S.A. al objeto de gestionar la red de aeropuertos y los servicios aeroportuarios, lo que permitirá la entrada de capital privado hasta un 49%. Además, en una parte de esos aeropuertos se hará mediante contratos de concesión.




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En el nuevo modelo el Ministerio de Fomento establece que AENA se mantendrá como empresa matriz, conservando la condición de ente público empresarial. De ella dependerán dos organizaciones completamente separadas; una se ocupará de los servicios de navegación aérea y la otra gestionará los aeródromos a través de AENA Aeropuertos. La gestión de los aeropuertos, separada por completo, como digo, de la navegación aérea, será encargada a esta sociedad anónima de nueva creación.

Ahora bien, transcurridos seis meses desde la publicación de este real decreto-ley, tenemos el convencimiento de que el Gobierno no tiene muy claro cuál va a ser el modelo aeroportuario que definitivamente vaya a ser aprobado. Por eso creemos que es indispensable que lo concrete cuanto antes, ante los continuos vaivenes de declaraciones de los distintos responsables del transporte aéreo.

Por otro lado, a día de hoy no existe ningún estudio de viabilidad económica de este proyecto de privatización en el que se señale el valor real de todos y cada uno de los aeropuertos. Creemos indispensable, pues, la elaboración de ese informe al objeto de evitar que el 49% de AENA no se venda a precio de saldo y para que los futuros compradores conozcan claramente cuál es el valor real de lo que van a comprar.

Por último, hay que recordar que AENA tiene miles de trabajadores que directa e indirectamente van a quedar afectados por este proceso de privatización, por lo que consideramos necesario que el Gobierno garantice los derechos adquiridos de los trabajadores de AENA y el mantenimiento y la estabilidad de sus puestos de trabajo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta a la consideración de esta Cámara una moción por la que el Senado insta al Gobierno a que, en primer lugar, concrete definitivamente el modelo de gestión aeroportuaria —parece bastante razonable que así sea—, determinando cuál va a ser la participación exacta de las comunidades autónomas, y que eso pueda ser debatido en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, presente la valoración de todos y cada uno de los aeropuertos y helipuertos, así como el estudio de viabilidad económica. En tercer lugar, se respete la unidad y sostenibilidad de la red aeroportuaria española, porque si eso no se hace aeropuertos claramente deficitarios, que son la inmensa mayoría de los aeropuertos pertenecientes a AENA, quedarían sin cobertura de financiación, con el riesgo de que pudieran ser cerrados aeropuertos de gran trascendencia e importancia, como son, desde luego, los aeropuertos de las islas y los aeropuertos o helipuertos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; por tanto, como digo, que se respete la unidad y sostenibilidad de la red aeroportuaria española. Y por último, se garanticen en todo caso los derechos adquiridos de los trabajadores de AENA y el mantenimiento y la estabilidad de sus puestos de trabajo.

Señorías, lo que quiere el Grupo Parlamentario Popular con esta moción es trasparencia, lo que quiere es conocer, lo que quiere es que todos sepamos qué es lo que tenemos, dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las cargas que asumimos, cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes.

Esta moción, señorías, no tiene coste alguno. Esta moción lo único que pretende es que las Cámaras, y especialmente el Senado, puesto que los aeropuertos radican en comunidades autónomas que se van a ver afectadas en su intervención o no, en el pago o no por el futuro modelo aeroportuario, tengan plena conocimiento de qué es lo que se está gestionando.

Muchas gracias. Buenos días. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación a la defensa de la enmienda de Convergència i Unió.

Tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament, també vull donar la benvinguda als nous senadors i desitjar-los una molt bona feina en benefici del seu territori i del conjunt.

Per part de Convergència i Unió hem presentat aquesta esmena, aquesta transaccional amb la voluntat de, sobretot, subratllar una mica una qüestió que és el primer punt de la moció que presenta el Partit Popular que és una qüestió que ens ha preocupat molt i que ens ha inquietat, quan en el primer punt diu: concretar definitivament el model de gestió aeroportuària espanyol determinant quina serà la participació exacta de les comunitats autònomes en la gestió dels aeroports pertanyents a AENA, remetent al Senat la proposta del nou model de gestió aeroportuària.




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Això és ben sabut, que per acords tant al Congrés com per acords polítics, com per també tota la feina que s’està fent per part del Govern espanyol, i en aquest cas també per part del Govern català, establir els mecanismes de participació de les administracions territorials incorpora una frase clau, una, diguem, expressió, que no és una expressió sinó que és tota una filosofia que va més enllà estrictament de dues paraules, que és l’expressió: la participació determinant.

Nosaltres sota cap concepte renunciaríem al que és la participació determinant i, evidentment, de la filosofia que se’n desprèn del primer punt de la moció que presenta el Partit Popular sembla que en cap moment hagin escoltat que això ja forma part d’un compromís, ja forma part d’un acord aprovat en el Congrés dels Diputats i a més a més d’acords bilaterals que hi ha hagut per part dels diferents governs.

És per tot això que nosaltres presentem aquesta modificació a la moció del grup del Partit Popular perquè més enllà que haguéssim pogut trobar alguna possibilitat, que no ha estat el cas, de fer una esmena transaccional —no ha estat el cas—, evidentment sota cap concepte renunciaríem a aquesta expressió, que no és una expressió, sinó que és una filosofia i són uns principis, que és la participació determinant, amb tot allò que tingui que veure amb la gestió.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

También yo quiero dar la bienvenida a los nuevos senadores y desearles un muy buen trabajo, con eficiencia en su territorio.

El Grupo de Convergència i Unió ha presentado esta enmienda, con la voluntad, por encima de todo, de subrayar una cuestión que se recoge en el primer punto de la moción del Grupo Popular, que nos ha preocupado mucho y nos ha inquietado. Me refiero a que en el primer punto se pide concretar definitivamente el modelo de gestión aeroportuario español y determinar cuál será la participación exacta de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos pertenecientes a AENA, remitiendo la propuesta del nuevo modelo de gestión aeroportuario.

Es bien sabido que tanto por acuerdos en el Congreso como por acuerdos políticos, así como por el trabajo que están haciendo el Gobierno español y el Gobierno catalán, se establecen mecanismos de participación de las administraciones territoriales, lo que no es solo una expresión sino toda una filosofía que va más allá de dos palabras, como es la expresión participación determinante, a la que bajo ningún concepto renunciaríamos. Y, evidentemente, de la filosofía que se desprende del primer punto de la moción del Grupo Popular no parece que se haya escuchado en ningún momento que eso ya forma parte de un compromiso, de un acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados y además de acuerdos bilaterales entre los distintos Gobiernos.

Por todo ello, presentamos esta modificación a la moción del Grupo Popular, porque, más allá de que hubiéramos tenido alguna posibilidad —no ha sido el caso— de elaborar una enmienda transaccional, como ya he dicho, bajo ningún concepto renunciaríamos a esta expresión, que no es tal sino —repito— una filosofía y unos principios: la participación determinante en todo lo relacionado con la gestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la moción que estamos debatiendo del Grupo Popular, enmienda que a nuestro entender mejora el contenido y alcance de los objetivos a los que se orienta.

La enmienda modifica los puntos 1 y 2 del texto propuesto, se presenta con voluntad de transacción y acuerdo con los distintos grupos, y en ningún momento entendemos que desvirtúe el contenido sustancial. Por tanto, sería nuestra intención llegar a un consenso con los diferentes grupos, al igual que ha sucedido en otras ocasiones.

En concreto, la redacción del punto 1 establece «culminar», frente a «concretar» —no hay nada que concretar, ya está concretado, y hay un modelo definido; tenemos, pues, que seguir avanzando—, la implantación del nuevo modelo de gestión aeroportuario y determinar la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos de AENA. Ello recoge, además, como ha dicho la senadora Candini, la filosofía que establece la moción aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 8 de febrero de 2011.




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Señorías, el Gobierno está en contacto permanente con las diferentes comunidades autónomas para culminar el contenido y alcance de su participación en el nuevo modelo de gestión aeroportuaria.

La moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, sintetiza los términos en los que se concreta la participación de las diferentes comunidades autónomas en nuestro modelo de gestión aeroportuaria. A través de dicha iniciativa, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno, no solamente a la incorporación de la Directiva 2009/12, de la Comunidad Europea, que tuvimos la oportunidad de incorporarla a través del Título V mediante una enmienda sobre seguridad operacional, del Grupo Socialista, sino también los reales decretos de desarrollo.

En concreto, en lo que se refiere a los mecanismos de participación de las comunidades autónomas, el punto 1 recoge que el Gobierno preverá la participación determinante de representantes de las comunidades autónomas y, en su caso, las administraciones locales y sectores económicos en los consejos de administración de sociedades de gestión individualizada de aeropuertos de alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión. Y también en esos aeropuertos singulares concesionados, como son los de Barajas o El Prat.

Por otro lado, en el punto 2 se recoge que se adecuará el régimen de contraprestación de los servicios aeroportuarios a través de un sistema de precios privados respecto de aquellos servicios que no tengan la consideración de prestaciones patrimoniales. Por tanto, establecemos mecanismos que permiten incentivar y singularizar la explotación de cada aeropuerto, generando una competencia entre ellos y, al mismo tiempo, garantizando la sostenibilidad y el mantenimiento de la red de aeropuertos.

Por último, el punto 3, importante, establece que se actualizarán periódicamente los criterios de clasificación de los aeropuertos de interés general.

Señorías, esta redacción da respuesta y es compatible con el contenido de la moción que en su día presentó el senador Sampol, del Grupo Parlamentario Mixto, para la promoción de un nuevo modelo de gestión aeroportuaria que, en el caso de los archipiélagos de Baleares y Canarias, incluye la participación de los cabildos y consells insulares.

Lo mismo ocurre con el contenido de la moción consecuencia de interpelación presentada por el BNG, que en su momento requería la descentralización de la gestión de los aeropuertos gallegos.

El nuevo modelo de gestión aeroportuaria ha sido ampliamente debatido en las Cortes, y afortunadamente podemos decir que hay un amplio consenso. Además, se han ido dando pasos que marcan los hitos del avance, como después explicaré en el turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Socialista también ha incluido un segundo punto, en el que se establece remitir al Senado, antes del inicio del proceso de venta del 49% de AENA o de la adjudicación de la concesión, un estudio de valoración de los bienes de AENA. Y ahí nos quedamos, porque la remisión de un estudio de viabilidad económica del nuevo modelo de gestión aeroportuaria que permita determinar una rentabilidad fehaciente para los posibles inversores, tal y como propone el Grupo Parlamentario Popular, desde nuestro punto de vista no es oportuno ni conveniente.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando, señoría.

El análisis de inversión a realizar por los distintos grupos de inversores no le corresponde al Gobierno. Son ellos, los inversores, los que han de conjugar el horizonte temporal de la inversión, la tasa de descuento, el cash flow, y calcular la liquidez la solvencia y la rentabilidad.

En aras de la transparencia, y sin ánimo de generar falsas expectativas, entendemos que el Gobierno ha de proporcionar un estudio de valoración de bienes que garantice la transparencia, la equidad y la defensa del interés general.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para manifestar la posición sobre las dos enmiendas, la de Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Burgos.

El señor BURGOS PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Senadora Candini, no podemos entender muy bien por qué cuando el Grupo Parlamentario Popular presenta una moción con la que fundamentalmente se piden datos y transparencia —repito: datos y




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transparencia—, respeto, por lo tanto, para los ciudadanos y las comunidades autónomas para que puedan tomar decisiones con claridad, para que todos conozcamos las reglas del juego y para que se respete el derecho de los trabajadores, no entendemos, insisto, que el Grupo de Convergència i Unió presente una enmienda de sustitución para que el Senado, en vez de aprobar el conocimiento, la transparencia, la claridad y las reglas del juego, vuelva a aprobar una moción que ya está aprobada por el Congreso de los Diputados. Sustituir una por otra, ni siquiera complementarla, no tiene ningún sentido. Porque usted pide que vuelva a aprobarse aquella moción, exactamente la misma, senadora Candini, salvo en un apartado, y nosotros lo que pedimos —insisto— es transparencia y conocimiento. Por lo tanto, no vamos a aceptar su enmienda.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado una enmienda respecto de la que teníamos esperanzas de llegar al entendimiento para suscribir una transaccional, puesto que estamos de acuerdo en varios puntos. Quiero agradecer la actitud que ha tenido su portavoz, pero la transaccional no ha sido posible por dos razones. La primera, porque lo que quiere el Grupo Parlamentario Socialista es, en vez de concretar el proyecto, concluirlo cuanto antes y concluir también cuanto antes las concesiones. Pero ¿cómo vamos a concluir cuanto antes las concesiones si no sabemos exactamente cuál es el modelo? Es más, el pasado día 15 la propia AENA convocó el estudio de valoración de la compañía, y da de plazo hasta el 1 de septiembre para las concesiones y hasta el 15 de septiembre para los aeropuertos. Es decir, cuando no sabemos lo que vale, cuando AENA acaba de convocar una licitación para el 15 de septiembre, para sacar esa información por 600 000 euros, se pretende que concluyamos el proyecto cuanto antes y demos las concesiones sin saber su valor. Parece que eso no tiene mucho sentido.

La segunda cuestión está en que se elimina la evaluación económica. ¿Cuál es el proyecto económico? ¿Cómo vamos a seguir conviviendo con aeropuertos —no voy a citar los nombres— que, en algunos casos, tienen 826 o 1000 pasajeros al mes, o en los que se cierran sus bares como consecuencia de que no hay suficientes pasajeros? ¿Cómo van a convivir todos esos aeropuertos con las necesidades de esos territorios? Para que puedan convivir necesitamos saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los gastos, y necesitamos saber también cuál es el plan de viabilidad de cada uno de ellos. Usted dice que eso no es necesario. Pues mire, en la licitación de AENA para que le digan cuál es su valoración, también pide que le hagan una proyección hasta el año 2030 sobre cuál va a ser el tráfico aéreo para así conocer cuáles pueden ser los ingresos de los aeropuertos. Por tanto, el plan de viabilidad económica parece que es bastante razonable. Y de hecho la propia AENA lo pide. Así pues, podríamos llegar a un acuerdo.

Señorías, tengo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo, al menos con el Grupo Socialista, por el interés general. Si no, se entendería muy mal que ustedes votaran en contra de que haya conocimiento, transparencia, claridad, normas de juego claras, de que podamos construir entre todos un sistema que a todos nos satisfaga y cubra las necesidades en igualdad de condiciones y expectativas. Porque eso es lo que queremos; lo que no queremos son atajos ni otras actuaciones. Es decir, el votar en contra de la moción —e insto al Grupo Parlamentario Socialista a que lleguemos a un acuerdo— sería simplemente hurtar esa transparencia.

Por tanto, en aras del beneficio de todos los ciudadanos españoles, en beneficio de todas las comunidades autónomas, y sobre todo de aquellos pequeños aeropuertos que son absolutamente indispensables para el desarrollo de un determinado territorio, como los de nuestras islas y los aeropuertos y helipuertos de Ceuta y Melilla, les agradecería que pudiésemos llegar a una transaccional en los próximos minutos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señorías, pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, señor presidente. Bos días, señorías.

O Grupo Parlamentario Popular, a través do senador Burgos, propón unha moción que, se eu estivese de acordo coa filosofía de fondo, que é a privatización do sistema aeroportuario do Estado español, seguramente non tería ningún problema en apoiar porque, efectivamente, reclama transparencia e ningún grupo desta Cámara seguramente esteamos en contra de que esa privatización, que algúns defenden




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—nós non—, se faga coa maior transparencia posible e non se malvenda unha parte importante dun sector, o sector aeroportuario absolutamente estratéxico para o futuro do noso Estado, para o futuro do Estado español.

Pero hai un problema. O BNG manifestouse no Congreso e no Senado —a última vez hai dúas semanas— radicalmente en contra da posibilidade de privatizar o sistema aeroportuario. Dixémolo xa varias veces: estamos en contra porque consideramos que non responde a ningunha cuestión de interese xeral, que non vai achegar nada positivo para os cidadáns, que non se vai conseguir nin moito menos esa ansiada baixada de taxas, que non vai mellorar a competitividade e, polo tanto, simplemente se fai para conseguir recursos fáciles que son pan para hoxe e fame para mañá, nun momento de crise. Polo tanto, señorías, estamos en contra da filosofía de fondo e, polo tanto, non podemos apoiar esta moción.

Nós defendemos menos privatización e máis participación das comunidades autónomas na xestión dos aeroportos. Efectivamente, coincidimos con Convergència i Unió en que queremos unha participación absolutamente determinante e non queremos que as comunidades autónomas actúen de comparsas neses consellos de administración ou neses órganos que terán que no futuro controlar a xestión dos aeroportos. Queremos que sexa determinante porque pensamos que o actual sistema aeroportuario do Estado español é un auténtico caos e ademais é absolutamente insostible. Non pode ser que teñamos o número de aeroportos que temos no Estado español e non pode ser que ademais compitan entre eles aqueles que están máis cerca territorialmente. Un exemplo absolutamente claro desta situación é o que pasa en Galicia. En Galicia temos tres aeroportos nun radio de menos de 100 km, separados por menos de 100 km entre os tres, competindo entre os tres polos mesmos clientes, competindo polas mesmas rutas de navegación aérea, con tres direccións distintas, mentres un aeroporto próximo a Galicia doutro Estado —retírome ao de Portugal en Oporto—, está levando unha parte importantísima dos pasaxeiros que xera o noso país, que xera Galicia.

Por iso, nós pensamos que se as comunidades autónomas, neste caso o Goberno de Galicia tivese capacidade de decisión e de ordenación nese modelo de xestión aeroportuaria que nós defendemos, pensamos de boa fe que esta situación se podería mellorar porque pensamos que un Goberno, o Goberno de Galicia, se é un Goberno serio que pensa no interese do seu país non permitiría este tipo de disputas localistas, absolutamente localistas e empobrecedoras, entre Coruña, Vigo e Santiago, e faría un deseño de país e cada aeroporto galego actuaría a modo de terminal dedicándose a unha cuestión de xeito preferente, a distintas rutas en función da estratexia que se deseñase para cada un deles pero cun criterio de país e cun criterio de sustentabilidade que neste momento non existe.

Isto é absolutamente un caos. Polo tanto, señor Burgos, se nós estivésemos a favor da privatización, sen dúbida apoiariamos ese modelo. Se vostede, aínda estando en contra da privatización aceptase esa emenda de Convergència i Unió ou parte desa emenda, onde queda absolutamente claro, a min non me vale que xa se aprobase no Congreso, no Senado temos aprobado moitas veces cousas que son redundantes co que se ten aprobado no Congreso, o seu grupo, o Grupo Parlamentario Popular, é un especialista en traer a esta Cámara debates que xa se deron no Congreso e que aquí volvemos aprobar cuestións que das que xa se deu ese debate noutras Cámaras.

Polo tanto, penso que é unha desculpa para aceptar esa emenda que non é unha emenda que simplemente sexa de matiz, senón que é de calado político e por iso vostedes non están dispostos a aceptala, porque saben que seguramente no futuro serán os que teñan que deseñar este modelo aeroportuario ao que o Partido Socialista lle abriu a porta de xeito incomprensible que un partido de esquerdas lle abra a porta a unha privatización deste nivel.

Polo tanto, o Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas imos votar en contra desta moción por esta cuestión clara de que non compartimos a filosofía de fondo e nós defendemos claramente menos privatización e máis participación das comunidades autónomas.

Nada máis e moitas grazas.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular, a través del senador Burgos, plantea una moción que, si yo estuviese de acuerdo con la filosofía de fondo, que es la privatización del sistema aeroportuario del Estado español, yo no tendría ningún problema en apoyar puesto que en ella se reclama transparencia. Efectivamente, ningún grupo parlamentario de esta Cámara estaría en contra de que esa privatización, que algunos defienden —nosotros no—, se haga con la mayor transparencia posible y no se malvenda una parte importante de un sector, el aeroportuario, totalmente estratégico para el futuro del Estado español.




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Pero hay un problema. El BNG se ha manifestado en el Congreso y en el Senado —la última vez, hace dos semanas— radicalmente en contra de la posibilidad de privatizar el sistema aeroportuario. Hemos dicho varias veces que estamos en contra de eso porque consideramos que no responde a ninguna cuestión de interés general, que no aportará nada positivo para los ciudadanos y que no se conseguirá, ni mucho menos, esa ansiada reducción de tasas ni tampoco mejorará la competitividad. Por tanto, solo se hará para conseguir recursos fáciles, que son pan para hoy y hambre para mañana en un momento de crisis. Como digo, señorías, por estar en contra de la filosofía de fondo, no podemos apoyar esta moción.

Nosotros defendemos menos privatización y más participación de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos. Efectivamente, coincidimos en que queremos una participación absolutamente determinante y no que las comunidades autónomas actúen de comparsas en esos consejos de administración o en esos órganos que en el futuro tendrán que controlar la gestión de los aeropuertos. Queremos que sea determinante, porque pensamos que el actual sistema aeroportuario del Estado español es un auténtico caos y además es totalmente insostenible. No puede ser que tengamos el número de aeropuertos que tenemos en el Estado español ni que compitan entre ellos aquellos que están más cerca territorialmente. Un ejemplo totalmente claro de esta situación es lo que ocurre en Galicia. Allí tenemos tres aeropuertos en un radio de menos de 100 kilómetros que compiten entre sí por los mismos clientes y por las mismas rutas aéreas con tres direcciones distintas, mientras que un aeropuerto cercano a Galicia de otro Estado, Portugal —me refiero al de Oporto—, se está llevando una parte importantísima de los pasajeros que genera nuestro país, que genera Galicia.

Por eso, nosotros pensamos de buena fe que si las comunidades autónomas, en este caso, el Gobierno de Galicia, tuviesen capacidad de decisión y de ordenación en ese modelo de gestión aeroportuario que nosotros defendemos, esta situación se podría mejorar. Porque si el Gobierno de Galicia fuese serio y pensase en el interés de su país no permitiría este tipo de disputas, totalmente localistas y empobrecedoras, entre A Coruña, Vigo y Santiago. Haría un diseño de país, y cada aeropuerto gallego actuaría a modo de terminal, dedicándose a una cuestión de manera preferente, a distintas rutas en función de la estrategia que se diseñase para cada uno de ellos, pero con un criterio de país y de sostenibilidad que en este momento no existe.

Esto es un caos absoluto. Por lo tanto, señor Burgos, como le he dicho, si nosotros estuviésemos a favor de la privatización sin duda apoyaríamos ese modelo. Pero, aun estando en contra de la privatización, pienso que podría aceptar esa enmienda de Convergència i Unió o parte de ella, aunque haya quedado absolutamente claro que se ha aprobado en el Congreso esa moción. Pero también muchas veces hemos aprobado en el Senado cosas redundantes, y su grupo, el Grupo Parlamentario Popular, es especialista en traer a esta Cámara debates que ya se han dado en el Congreso, volviéndose a aprobar aquí cuestiones cuyo debate ya se ha llevado a cabo en la otra Cámara.

Por ello, considero que es una disculpa para no afrontar esa enmienda, que no es de matiz sino de calado político, motivo por el que ustedes no están dispuestos a aceptarla, pues saben que seguramente en el futuro serán quienes tengan que diseñar ese modelo aeroportuario. Y es incomprensible que un grupo de izquierdas, como es el Grupo Socialista, acepte una privatización de ese nivel.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas votará en contra de esta moción, porque repito que no compartimos la filosofía de fondo y defendemos menos privatización y más participación de las comunidades autónomas.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Senador Burgos: per part del Grup de Convergència i Unió, no podem entendre massa bé que per demanar, segons vostè, transparència, coneixement i claredat, s’hagi de renunciar als principis que ja s’han acordat, que és la participació determinant. Perquè vostè sap molt bé que tota proposta política, i sobretot quan està escrita, pot tenir la part expositiva, la part dispositiva, però hi ha essencialment una part, que és la part dels principis filosòfics, ideològics i polítics, i aquesta part, la de la participació determinant, ja ha avançat en el debat polític. Jo no sé si vostè no se l’ha fet seva; en tot cas, serà qüestió de vostè o del seu partit polític.




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Però com dic, el que representa des del punt de vista de model de gestió de la participació determinant de les comunitats autònomes i de les administracions locals, això ja s’ha avançat. Per tant, no val portar una moció com si no hi hagués història en la moció, com si no hi hagués tot un treball col·legiat per diverses forces polítiques, i renunciar a aquest principi, que és bàsic.

I en canvi, això sí, en nom de la claredat, del coneixement i de la transparència, es fa tota una sèries de propostes que nosaltres hi podríem estar perfectament compromesos, però sense renunciar —insisteixo— al principi de la participació determinant.

Vostè no ha tingut voluntat d’arribar a un acord, de cap de les maneres. No ha volgut transaccionar. Nosaltres haguéssim estat d’acord si agafava la part del punt primer, insisteixo, que és aquesta de la participació determinant. Tota la resta, jo crec que en una part, i també el senador Gordo, haguéssim pogut arribar a un acord, perquè som els tres que més o menys ens hi hem implicat; vostè perquè és qui promou la moció, i tant el senador Gordo com nosaltres mateixos perquè fem alternatives a la seva pròpia proposta.

Però a vostè no li ha interessat. I vostè, amb la seva exposició política, ha dit una cosa que és clau, que el defineix molt en la manera de fer política, senador Burgos. M’explico; quan vostè s’ha adreçat al senador Gordo, li ha dit: «en tot cas, senador Gordo, si vostè creu que per l’interès general ens podem posar d’acord, en benefici dels espanyols». Això ho fan molt sovint molts que formen part del Partit Popular. Què vol dir? Que quan és interès general, llavors els qui representem, segons vostès, una representació política, segons vostès, minoritària, no tenim res a dir en el plantejament de les qüestions. És això? Perquè d’això els faré memòria per a moltes coses, llavors. Els en faré memòria per a moltes coses. Perquè l’interès general es debat cada dia en moltes coses; amb uns, amb uns altres i amb el conjunt. I tant de bo que la majoria de coses de l’interès general fossin la suma de moltes voluntats polítiques; tant de bo. Almenys per part del nostre grup polític, contínuament intentem fer un exercici d’aquestes característiques. Però no ens vingui aquí, senador Burgos, a intentar dir que el conjunt dels senadors que no estan d’acord amb aquesta moció no respecten o no volen la transparència, el coneixement i la claredat.

El que li hem de dir, senador Burgos, és que si de debò vol buscar consens, ha de saber, fins a quin punt, quines són aquelles coses en què podem arribar a un acord. Perquè transparència, coneixement i claredat, en nom del meu grup, li puc assegurar que nosaltres ho volem, però fins i tot, estic convençudíssima que el senador Gordo també hi tenia molt d’interès; i el senador Muñoz, que és de l’Entesa, que també n’hem parlat, i evidentment el senador Bouza, que contínuament, amb les seves expressions, sempre reclama aquests principis polítics. Per tant, els principis polítics de transparència, coneixement i claredat no se’ls faci seus. Li demano això: no se’ls faci seus. Perquè tots, en la mesura de les nostres possibilitats, intentem que formin part.

El que sí que li demano és que quan algú porta una moció a una cambra com aquesta, si l’aritmètica és la que hi ha, ha de fer més exercici polític, senador Burgos. No pot ser que digui: jo no renuncio ni a una coma, i a més a més, crec que part de les coses que es parlen no tenen importància. Escolti, per part del Govern de Catalunya i per part del Govern espanyol, i el seu secretari del Ministeri, Isaías Táboas, estan avançant moltíssim en totes aquestes qüestions. Vostè és un home que, em consta, llegeix tots els diaris, vostè ha de saber aquesta part d’informació. I és una persona, a més a més, molt rigorosa i que té molta cura quan intenta fer les coses. Doncs no oblidi part de la història; la història també és aquesta. La història també és aquesta. Es fa feina cada dia en aquest sentit; però no renunciarem a la participació determinant.

Vostè, si hagués volgut realment un acord, hagués pogut trobar el punt intermedi que, posant aquest punt primer nostre, el que li estàvem dient. D’altra banda, perdoni, l’alcalde Ruíz Gallardón ho ha manifestat; la presidenta Esperanza Aguirre ho ha manifestat; el Partit Popular, al programa electoral, de Catalunya, això sí, també ho manifesta. Per tant, quan parla de l’interès general i només s’adreça al senador Gordo... No sé, com que d’entrada ja m’he sentit, per l’expressió que vostè ha fet servir, que estàvem absolutament al marge d’això —cap problema, perquè no és la primera vegada, i en tot cas, per sort, ens trobarem en molts debats aquí i recordarem que s’entén per interès general i que s’entén per actitud política també.

Insisteixo: vostè no pot portar aquí una moció que rebaixi els plantejaments polítics, filosòfics i de principis d’allò que té a veure amb el punt de vista de la gestió aeroportuària. Nosaltres haguéssim estat d’acord, sense renunciar a això, a trobar punts d’acord als seus punts 3 i 4, i al 2 també; però, evidentment, la seva manca de voluntat i d’intentar trobar cap tipus de transaccional, ho ha fet impossible.




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Per tot el que he expressat, evidentment, votarem en contra. Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Burgos, en el Grupo de Convergència i Unió no podemos entender que para pedir, como dice usted, transparencia, conocimiento y claridad haya que renunciar a unos principios que ya se han acordado, como el de la participación determinante. Sabe usted muy bien que toda propuesta política, sobre todo, cuando está escrita, puede tener su parte expositiva y su parte dispositiva, pero hay una parte esencial: la de los principios filosóficos, ideológicos y políticos. Y la participación determinante ya ha avanzado en el debate político. No sé si usted no la ha hecho suya, pero, en todo caso, esa es una cuestión suya o de su partido político.

Como digo, ya se ha avanzado en lo que representa la participación determinante de las comunidades autónomas y las administraciones locales desde el punto de vista del modelo de gestión, por lo tanto, no vale traer una moción como si no hubiera historia detrás, como si no hubiera todo un trabajo colegiado por diversas fuerzas políticas, renunciando a ese principio, que es básico.

En nombre de la claridad, del conocimiento y de la transparencia se hacen toda una serie de propuestas con las que nosotros podríamos estar perfectamente comprometidos, pero sin renunciar —insisto— al principio de la participación determinante.

Usted no ha tenido voluntad de llegar a un acuerdo de ninguna de las maneras. No ha querido transaccionar. Nosotros habríamos estado de acuerdo si hubiera aceptado la parte del punto primero que, repito una vez más, se refiere a la participación determinante. En todo lo demás, también con el senador Gordo, habríamos podido llegar a un acuerdo, pues somos los tres que nos hemos implicado: usted, porque es quien promueve la moción, y tanto el senador Gordo como nosotros mismos, porque damos alternativas a su propuesta.

Pero a usted, senador Burgos, no le ha interesado eso, y en su exposición política ha dicho algo clave que define su forma de hacer política. Me refiero a cuando se ha dirigido al senador Gordo, y le ha dicho: En todo caso, senador Gordo, si usted cree que, por el interés general, nos podemos ponernos de acuerdo en beneficio de los españoles... Pues bien, eso lo hacen muy a menudo muchos que forman parte del Partido Popular. ¿Y qué quiere decir? ¿Que cuando se trata del interés general, quienes tenemos una representación política, según ustedes, minoritaria no tenemos nada que decir en el planteamiento de las distintas cuestiones?¿Es eso? Porque si es eso puedo recordárselo con muchas cosas, y es que el interés general se debate cada día en muchas cosas entre unos y otros y con todos en su conjunto. Ojalá la mayoría de cosas del interés general fueran la suma de muchas voluntades políticas, al menos por parte de nuestro grupo político continuamente intentamos hacer un ejercicio de estas características. Así que no nos venga aquí, senador Burgos, a decir que el conjunto de los senadores que no están de acuerdo con esta moción no respetan o no quieren transparencia, conocimiento y claridad.

Senador Burgos, si realmente quiere buscar el consenso debe saber cuáles son aquellas cosas en las que podemos llegar a un acuerdo y le aseguro —y hablo en nombre de mi grupo— que queremos transparencia, conocimiento y claridad. Y estoy convencida de que el senador Gordo también tiene mucho interés en eso, así como el senador Muñoz, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y el señor Pérez Bouza, que continuamente con sus expresiones reclama siempre estos principios políticos. Por lo tanto, no haga suyos los principios políticos de transparencia, conocimiento y claridad. Eso le pido, que no los haga suyos, porque todos en la medida de nuestras posibilidades intentamos formar parte de ello.

También le pido que cuando alguien traiga una moción a una Cámara como esta, siendo la aritmética como es, haga un ejercicio político, senador Burgos. No puede ser que no renuncie ni a una coma y, además, manifieste que parte de las cosas que se hablan no tienen importancia. Por parte del Gobierno de Cataluña, del Gobierno español y de su secretario en el ministerio, Isaías Táboas, se está avanzando muchísimo en todas estas cuestiones. Me consta que usted lee todos los periódicos, así que debe conocer esa información. Sé también que usted es una persona muy meticulosa y rigurosa cuando hace las cosas, entonces no olvide parte de la historia porque la historia también es esta. Se hace trabajo todos los días en este sentido y no renunciaremos a una participación determinante.

Si realmente usted hubiera querido un acuerdo podría haberlo encontrado en un punto intermedio incorporando nuestro punto primero. Por otra parte, el alcalde Ruiz-Gallardón lo ha manifestado y la presidenta Esperanza Aguirre también. El Partido Popular, en el programa electoral de Cataluña, eso sí, también lo ha manifestado. Entonces, no entiendo por qué cuando habla del interés general solo se dirige




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al senador Gordo. Desde luego, yo me he sentido por la expresión que ha utilizado usted absolutamente al margen de esto, aunque no tengo ningún problema porque no es la primera vez y, por suerte, nos encontraremos aquí en muchos debates y recordaremos qué se entiende por interés general y por actitud política.

Insisto en que usted no puede traer aquí una moción que rebaje los planteamientos políticos, filosóficos y de principios de lo que tiene que ver con el punto de vista de la gestión aeroportuaria. Sin renunciar a esto, nosotros queríamos encontrar puntos de acuerdo respecto a sus puntos 2, 3 y 4 pero, obviamente, su falta de voluntad para intentar encontrar algún tipo de transaccional lo ha hecho imposible.

Por todo lo expresado, evidentemente, votaremos en contra. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Bon dia, senyories, senyor president. En primer lloc, voldria recordar que els aeroports avui per avui són molt més que una infraestructura de transport, són un factor clau de desenvolupament econòmic de primera magnitud.

Com va dir el meu company el diputat d’Esquerra Joan Ridao al Congrés, no té en aquests moments raó de ser un model de gestió aeroportuari com l’espanyol: centralitzat, radial, en què tot el sistema gira al voltant d’un aeroport que és alimentat per altres aeroports considerats com a secundaris i on, a més a més, les principals decisions es prenen d’un sols ens públic estatal amb seu social a la capital d’Espanya.

El que funciona al món, i ens ho explica clarament l’expert Germà Bel al seu magnífic assaig España, capital París, allò que funciona al món sota fórmules diferents de gestió privada, pública, o pública, o privada, amb gestions de gestió plenament individualitzats i singulars on els aeroports competeixen entre sí i on a la gestió tenen un important paper les institucions econòmiques i les administracions territorials.

Així, pel que fa a la moció presentada pel Grup Popular i tenint molt en compte el precedent de la moció aprovada pel Congrés dels Diputats el 8 de febrer del 2011, amb el suport del Grup Socialista, de Convergència i Unió, d’Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra, pel que fa al seu contingut dibuixava aquest full de ruta clar pel que feia al futur model aeroportuari i deia: El Congrés dels Diputats insta al Govern a dur a terme al llarg del 2011, a través de la incorporació de la Directiva 2009/12 de la Comunitat Europea relativa a taxes aeroportuàries, en la Llei de Seguretat Aèria i els corresponents reials decrets que desenvolupen les previsions del Reial Decret Llei 13/2010, una reforma estructural del model aeroportuari per incrementar l’eficàcia i eficiència del sistema, millorar la seva competitivitat i assegurar el compliment de les directrius europees. El Govern dissenyarà un nou model que prevegi la participació efectiva de les comunitats autònomes i, si s’escau, les administracions locals i sectors econòmics en la gestió de l’aeroport.

D’altra banda, el Parlament de Catalunya, cal dir que s’ha pronunciat de manera reiterada pel traspàs a la Generalitat dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, i per la creació d’una entitat consorciada que reconegui a les institucions catalanes una participació dominant, torno a repetir, una participació dominant, en l’òrgan de govern de l’aeroport de Barcelona mitjançant els següents acords. Per exemple, l’any 1987 tenim la resolució del Parlament de Catalunya sobre la gestió de l’aeroport de Barcelona; tenim una moció número 50 del Parlament de Catalunya sobre la participació de les institucions catalanes i gestió de les infraestructures aeroportuàries; una altra moció número 67, també del Parlament de Catalunya, sobre l’assumpció de competències en matèria aeroportuària.

Per tant, i entrant al contingut de la moció que es discuteix avui i que ha defensat el senador Ignacio Burgos, cal recordar que a l’apartat número 1 on es demana que el Govern faci una concreció del model de gestió aeroportuària determinant, quina ha de ser la participació exacta de les Comunitats Autònomes i que sigui debatut a la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, tot i que el PP, el Partit Popular, no va votar la moció aprovada pel Congrés dels Diputats del 8 de febrer, cal exigir que el seu contingut sigui respectat com a proposta de mínims, és a dir, no podem començar un altre cop el debat des de zero.

S’ha concretat molt més. El marc general que contemplava el Reial Decret Llei 13/2010, aprovat al desembre de 2010, que suposava la separació de la gestió aeroportuària de la gestió aèria, en la perspectiva d’espai únic a nivell europeu i que introduïa alguns elements de privatització del sistema.

Amb l’acord assolit al Congrés, el nou model de gestió aeroportuària de l’Estat espanyol haurà de seguir les directius següents: un model plenament descentralitzat, un model basat en la competència entre aeroports de naturalesa empresarial, un model que afavoreixi la capacitat de presa de decisió dels




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gestors, i un model, finalment, que reconeix la participació determinant de les comunitats autònomes inclosa la capacitat de bloqueig pel que fa a les decisions estratègiques.

Es distingeix entre aeroports singulars, El Prat i Barajas, i els d’alt volum de trànsit i especial complexitat en la gestió. Els primers seran gestionats per societats concessionàries participades per les comunitats autònomes, a més de les administracions locals i les institucions econòmiques amb gestió plenament descentralitzada i llibertat tarifària sota la tutela de l’autoritat tarifària i d’acord amb les directrius europees.

Pels d’alt volum de trànsit i especial complexitat en la gestió es crearà societats filials participades per les comunitats autònomes amb un paper determinant al seu òrgan rector amb possibilitat de presència d’un règim de preus privats i amb capacitat de modulació sobre les tarifes.

Una vegada el Consell de Ministres ja ha autoritzat la creació de la societat mercantil estatal AENA Aeropuertos S.A., com a matriu o societat holding, hi haurà d’haver un procés de negociació política respecte a les societats filials que s’hauran de crear a continuació. Aquest model és plenament compatible, per tant, amb la moció aprovada al Senat per assentiment de tots els grups parlamentaris el passat 10 de març de 2010, una moció que va votar fins i tot el Partit Popular.

Pel que fa a l’apartat 2 de la moció, a efectes de la seva transparència és necessari comptar amb un estudi de la viabilitat econòmica que comporta el projecte de privatització. Suposem que AENA ja ha elaborat, o elaborarà, la corresponent memòria econòmica preceptiva legalment en aquests casos.

Pel que fa a l’apartat 3 de la moció, considerem que el plantejament ja exposat garanteix i millora la navegació aèria. Caldria aclarir què entén el Grup Popular per unitat de la xarxa aeroportuària i si pot ser un impediment a l’autonomia de gestió dels aeroports i la participació de les comunitats autònomes amb caràcter determinant.

I en l’apartat 4, pel que fa al manteniment de les condicions laborals i drets adquirits dels treballadors d’AENA, ja hem manifestat el nostre suport a aquesta petició, i s’ha assolit un acord sindical amb el Govern que garanteix el manteniment i estabilitat dels llocs de treball.

Per tant, i tenint en compte aquest argumentari, el meu grup, l’Entesa Catalana de Progrés, votarà en contra de la moció, mantenint-nos amb l’aprovada al Congrés el passat 8 de febrer.

Moltes gràcies.

Buenos días, señorías, señor presidente. En primer lugar, quiero recordar que los aeropuertos hoy en día son mucho más que una infraestructura, son un factor clave de desarrollo económico de primera magnitud.

Como decía mi compañero y senador de izquierda Joan Ridao,, en este momento no tiene razón de ser un modelo de gestión aeroportuaria española centralizada y radial en la que todo el sistema gire en torno a un aeropuerto que es alimentado por otros aeropuertos secundarios y en la que, además, las principales decisiones se toman desde la sede social en la capital de España.

Nos lo explica claramente el experto Germà Bel en su magnífico ensayo España, capital París. Lo que funciona en el mundo son fórmulas diferentes de gestión privada o pública, de gestión plenamente individualizada donde los aeropuertos compiten entre sí y que en la gestión tienen un importante papel las instituciones económicas y las administraciones territoriales.

En cuanto a la moción presentada por el Grupo Popular —y teniendo muy en cuenta la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el 8 de febrero de 2011 con el soporte del Grupo Socialista, de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds—, su contenido dibujaba esta hoja de ruta clara del futuro modelo aeroportuario. El Congreso de los Diputados ha estado realizando a lo largo de 2011 —a través de la incorporación de la Directiva 2009/12 de la Unión Europea, relativa a tasas aeroportuarias, y la Ley de Seguridad Aérea y los correspondientes decretos que desarrollan las previsiones hechas por el Real Decreto Ley 13/2010— una reforma estructural del modelo aeroportuario para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema, mejorar su competitividad y asegurar el cumplimiento de las directivas europeas. El Gobierno diseñará un nuevo modelo que prevea la participación efectiva de las comunidades autónomas y de los sectores económicos en la gestión del aeropuerto.

Por otro lado, tengo que decir que el Parlamento de Cataluña se ha pronunciado de manera reiterada sobre el traspaso a la Generalitat de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y por la creación de una entidad consorciada que reconozca a las instituciones catalanas una participación dominante; deben tener una participación dominante en el órgano de gobierno del aeropuerto de Barcelona mediante los




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siguientes acuerdos: por ejemplo, en el año 1987 se aprueban las siguientes resoluciones del Parlamento de Cataluña: sobre la gestión del aeropuerto de Barcelona; la número 50 sobre la participación de las instituciones catalanas en las infraestructuras aeroportuarias y sobre la asunción de competencias en materia aeroportuaria.

Por lo tanto, y entrando en el contenido de la moción que se discute hoy y que ha defendido el senador Burgos, tengo que recordar que en el apartado número 1 se pide que el Gobierno concrete cuál ha de ser la participación exacta de las comunidades autónomas y que sea debatido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Aunque el Partido Popular no votó favorablemente la moción en el Congreso de los Diputados, se debe exigir que su contenido sea respetado como propuesta de mínimos, es decir, no podemos empezar de nuevo el debate desde cero. Se debe concretar mucho más el marco general que contemplaba el Real Decreto Ley 13/2010, aprobado en diciembre de 2010, que suponía la separación de la gestión aeroportuaria de la gestión aérea en la perspectiva del espacio único europeo y que introducía algunos elementos de privatización del sistema.

Con el acuerdo que se ha alcanzado en el Congreso, el nuevo modelo de gestión aeroportuaria del Estado español deberá seguir las directrices siguientes: un modelo plenamente descentralizado; un modelo basado en la competencia empresarial entre aeropuertos; un modelo que favorezca la capacidad de decisión de los gestores y un modelo que reconozca la participación determinante de las comunidades autónomas, incluida la capacidad de bloqueo en cuanto a las decisiones estratégicas. Se distingue entre aeropuertos singulares El Prat, Barajas y algunos de alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión. Los primeros serán gestionados por sociedades concesionarias participadas por las comunidades autónomas, además de las administraciones locales y las instituciones económicas con gestión plenamente descentralizada y libertad tarifaria bajo la tutela de la autoridad tarifaria y de acuerdo con las directivas europeas.

En cuanto a los de alto volumen de tráfico y especial complejidad de gestión, se crean las sociedades filiales participadas por las comunidades autónomas con una participación determinante en su órgano rector con posibilidad de presencia de un régimen de precios privados. Una vez que el Consejo de Ministros ha autorizado la creación de AENA Aeropuertos, S.A., como matriz o sociedad holding deberá haber un proceso de negociación política respecto a las sociedades filiales que se deberán crear a continuación .Este modelo es plenamente compatible, por lo tanto, con la moción aprobada en el Senado por asentimiento de todos los parlamentarios el pasado 10 de marzo de 2010. Una moción que también votó favorablemente el Grupo Popular.

En cuanto al número 2 de la moción, es necesario contar con un estudio de viabilidad económica del proyecto de privatización. Suponemos que AENA ya ha elaborado la correspondiente memoria económica preceptiva legalmente en estos casos.

Respecto al número 3 de la moción, consideramos que el planteamiento ya expuesto garantiza y mejora la navegación aérea. Se debería aclarar qué entiende el Grupo Popular por unidad de la red aeroportuaria y si puede ser un impedimento para la autonomía de gestión de los aeropuertos la participación de las comunidades autónomas con carácter determinante.

En el número 4, en cuanto a las condiciones laborales y derechos adquiridos de los trabajadores de AENA, ya hemos manifestado nuestro apoyo a esta petición y se ha llegado a un acuerdo sindical que garantiza el mantenimiento y estabilidad de los puestos de trabajo.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta este argumentario, mi grupo, Entesa Catalana de Progrés, votará en contra de la moción, manteniendo la aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 8 de febrero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días de nuevo, señorías. Nadie puede poner en duda, en estos momentos, que el sistema aeroportuario español es estratégico para la economía y nuestro desarrollo, por muchas razones. En primer lugar, porque en él trabajan 6000 empleados, porque dependen más de 140 000 empleos y casi un millón de puestos indirectos y, durante 2010, se transportaron 187 millones de pasajeros. Por tanto, los aeropuertos españoles hoy constituyen un factor decisivo de desarrollo económico. En algunas comunidades autónomas, su contribución al producto interior bruto —como es el caso de Madrid— es




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superior al 10%; sectores como el turismo o el comercio se resentirían si no contasen con unas infraestructuras como las que tenemos en el momento actual.

El modelo actual de gestión aeroportuaria es sensiblemente mejorable. Es un modelo centralizado, radial, que no se ajusta al modelo de organización territorial del Estado, un modelo que cuenta con más de veinte años y que es necesario modernizar y cambiar. Y a esto se orienta el nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Un modelo que recoge los efectos del paso del tiempo de estos veinte años; que recoge la liberalización de compañías aéreas en las que se ha aumentado notablemente la impronta de las compañías de bajo coste; un modelo que recoge la modificación del marco regulador de la Unión Europea para alcanzar en 2012 el objetivo del cielo único europeo; un modelo que recoge la mejora sustancial de las infraestructuras y de los aeropuertos. En los últimos años, hemos hecho una inversión superior a 17 000 millones de euros y, al mismo tiempo, se ha profesionalizado notablemente el desarrollo del personal.

Por tanto, estamos poniendo en marcha un conjunto de medidas que están permitiendo abordar un importante proceso de mejora. No solamente con la separación de las funciones de gestión de las de navegación aérea, sino también con tres importantes actuaciones: la creación de una nueva sociedad —AENA Aeropuertos—, que asume la competencia de gestión de la red de aeropuertos estatales; la entrada de capital privado de AENA y, sobre todo, también —que es el debate de hoy— la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos a través de sociedades filiales, pero también a través de la participación en los comités aeroportuarios y los comités de rutas. Por eso, es difícil entender que el portavoz del Grupo Popular diga que no tenemos claro el modelo.

Señorías, el modelo está concretado. Se inicia con el desarrollo de la Ley 9/2010, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, y con el desarrollo del Real Decreto 13/2010, que son los principales hitos para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión, pero también para rentabilizar las inversiones y conseguir el máximo aprovechamiento de las infraestructuras.

El 25 de febrero se constituyó la sociedad AENA Aeropuertos, cuya actividad ha comenzado el 8 de junio. En julio se prevé la constitución de las sociedades de Madrid y Barcelona, y a lo largo de 2011 se va a completar el proceso de capitalización.

El Gobierno ya ha autorizado el traspaso de activos de AENA a AENA Aeropuertos y las ampliaciones de capital de la nueva sociedad. Se prevé —ya está programado— la licitación de Barajas y El Prat para este verano. Y el patrimonio neto de AENA, de 2600 millones de euros —60% en forma de capital y el 40% en forma de reservas— se constituyó con un capital social de 61 000 millones, y se ha realizado ya una ampliación por valor de 1499 millones de euros.

En definitiva, AENA Aeropuertos se constituye así en el principal gestor mundial de aeropuertos por número de pasajeros. Gestiona 47 aeropuertos y 2 helipuertos en España, y participa directa-indirectamente en la gestión de otros 27 en todo el mundo.

Señorías, como pueden comprobar, avanzamos con paso firme en el desarrollo del nuevo modelo de gestión aeroportuaria que moderniza y garantiza la eficacia y la unidad de la red de aeropuertos españoles sin interferir en la navegación aérea; un modelo claro, concreto y que avanza con paso firme, que es lo que le compete al Gobierno.

Por otra parte, la moción del Grupo Popular hacía una referencia expresa al ámbito laboral. Instaba al Gobierno a garantizar la estabilidad. Pues bien, desde mi punto de vista, huelga, y le digo por qué. Porque teniendo en cuenta la incidencia que la normativa enunciada puede tener en las relaciones laborales, el pasado 8 de marzo de este año AENA firmó con las organizaciones sindicales ,Comisiones Obreras, UGT y USO, un marco de garantías que ofrece a los trabajadores afectados una garantía efectiva de mantenimiento de sus condiciones laborales y de empleo mediante la transformación del convenio colectivo de grupo aplicable a AENA a un convenio colectivo de grupo aplicable a AENA Aeropuertos Sociedad Anónima, sociedades filiales y sociedades mercantiles concesionarias.

Señores del Partido Popular, como decía antes, su petición de este punto 4 huelga, no tiene ningún sentido; el mantenimiento y la estabilidad de los puestos de trabajo están garantizados.

El senador Burgos hacía una referencia expresa a la transparencia. La transparencia del Gobierno es total, y se pone de manifiesto no solamente en su actuación día a día sino en la información facilitada. Lo que no se puede confundir es la información que necesitan los distintos grupos de inversores para poder clarificar sus expectativas, con lo que pide, en este caso, el Grupo Popular, que pide información fehaciente que determine claramente la viabilidad.




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Pues bien, a la hora de analizar la inversión, son los distintos grupos los que han de determinar y concretar la tasa de descuento, su cartera de servicios, sus opciones —y esto es lo que determina la rentabilidad—. Por lo tanto, no se le puede pedir al Gobierno que calcule la rentabilidad de los grupos de inversión, salvo que queramos hacer otra cosa y estemos en la defensa de otros intereses, que imagino no es el caso.

Por último, se habla de consenso: todo el consenso que usted quiera. Lo decía la senadora Candini, que en aras del interés general, estamos en disposición de llegar a un consenso. Y esto significa sumar voluntades. Por eso, le hago la siguiente propuesta: En aras del consenso —y será posible llegar a un acuerdo—, acepten el punto 1 del Grupo de Convergència i Unió, acepten el punto 2 de la propuesta del Grupo Socialista y nosotros aceptaremos los puntos 3 y 4 de la moción del Grupo Popular. Sobre esta base, habría unanimidad y consenso global, que, en definitiva, sería lo bueno para el interés general de nuestro país, España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Burgos.

El señor BURGOS PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Candini, entiendo que le guste Úbeda y sus cerros. Pero lo que hace usted es salirse por los cerros de Úbeda. Nosotros lo que proponemos es una moción para saber cuánto vale AENA, cuál es el modelo, que no está cerrado, porque se ha encargado a Cuatrecasas y todavía no ha dado el resultado. Si van a pagar 600 000 euros el Gobierno de España y AENA a Cuatrecasas para que les dé el proyecto, será que es porque no lo tienen. ¿O es que quieren tirar el dinero y regalar esos 600 000 euros a dicha empresa? Parece que no sería así la cosa.

En segundo lugar, nosotros hablamos de conocimiento, transparencia, datos, viabilidad, pero usted plantea algo distinto. Mientras que yo me refiero a la necesidad de estos datos, usted dice que no quiere cambiar el modelo. Señoría, nosotros no entramos en eso, no hemos discutido en absoluto sobre ese aspecto, que ha introducido usted en un debate que no es el suyo.

Además, usted no ha querido una enmienda de adición, sino de sustitución. Usted no ha querido que se hable de la claridad, de los trabajadores, de la red y de la viabilidad, sino, simplemente, de la moción aprobada en el Congreso, porque, si no, usted hubiera planteado una enmienda de adición, no una de modificación que sustituye plenamente a la que nosotros hemos presentado.

Senador Muñoz, nosotros no queremos un modelo centralizado. Una cosa es un modelo en red y otra un modelo centralizado —que quede completamente claro—. No queremos un modelo centralizado, queremos un modelo en red, en el que todos puedan tener derecho a contar con una salida o llegada desde un aeropuerto para desarrollar sus posibilidades.

Señorías, el Gobierno socialista dice que tiene todo claro. Sin embargo, ha venido presentando a las Cortes distintos modelos de gestión de los aeropuertos de AENA. En diciembre de 2008, la ministra Álvarez presentaba una gestión autónoma de los aeropuertos de gran complejidad y un movimiento superior a los 30 millones de pasajeros al año. Poco más de un año después, en enero de 2010, el ministro Blanco anunciaba un nuevo modelo —y cito—: Se dará entrada al capital privado en una cifra que no superará el 30% del accionariado. El consejo de administración de estas sociedades contará con una mayoría de representación estatal y en él tendrán cabida la representación de las comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercios. Es voluntad de este Gobierno —afirmaba— que esta participación sea realmente efectiva, por lo que se exigirán mayorías cualificadas para la adopción de acuerdos estratégicos.

Esto, que coincidiría con la pretensión que hoy nos trae a esta Cámara la senadora Candini, ¿en qué se refleja? Se refleja en que unos meses después, el 3 diciembre, uno de los más importantes acuerdos a que se tendría que llegar en esa conjunción de voluntades autonómicas, locales y nacionales es que las franjas horarias las va a dar un órgano independiente, es decir, no las va a dar esa conjunción de administraciones. Por tanto, primer engaño, senadora Candini, y primera mentira por parte de los socialistas, o del Gobierno —perdón.

El modelo anunciado en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, dice que se venderá el 49%, frente al 30% que aseguraba un año antes el ministro. Y además —después de haber dicho lo que dijo el año anterior el señor ministro— manifiesta que la participación de las comunidades autónomas se limitará




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a estar presente en el órgano de impulso en el caso de las concesiones y, en el resto de los aeropuertos, en los comités de coordinación aeroportuaria, cuyas funciones serán de informe y asesoramiento.

Por tanto, después de haber hecho un pronunciamiento solemne en el Congreso de los Diputados el señor ministro, cuando es hora de plasmarlo en la ley lo que dice es lo que dice. Y si ustedes se quieren llamar a engaño lo hacen, como se llamaron a engaño cuando votaron a favor de una ley de navegación aérea después de haberse aprobado la moción de 8 de febrero, porque ustedes votaron a favor de una ley que no contemplaba precisamente lo que ustedes pedían. Era la primera vez que salía y ustedes no votaron a favor, es decir, votaron a favor de algo que no recogía lo que ustedes querían. Y no hicieron nada para que aquella enmienda recogiese lo que ustedes pretendían.

¿Cuál es el patrimonio de AENA, señorías? Y ¿cuánto vale, que es la piedra angular? En la comparecencia de enero de 2010 el ministro Blanco afirmaba que se habían invertido 17 300 millones de euros en los últimos diez años; algunas obras faraónicas con inversiones que nada tienen que ver con la funcionalidad del aeropuerto.

En la memoria de AENA de 2009, la última publicada, afirmaba que el EBITDA era de 574 millones y los activos de 17 366 millones de euros. En el caso de AENA, el Gobierno valoró esta compañía el día 15, mucho antes de que saliera a contratación y a licitación su valoración, en 30 000 millones de euros. El Gobierno ha decidido que retira los 12 000 millones de euros que tiene de deuda y que nos dejaría un valor neto de la compañía en 18 000 millones de euros, de tal forma que llegamos a los 9000 millones de euros que espera conseguir el Estado con la venta del 49% de la sociedad. Sin embargo, si concesionamos los dos aeropuertos principales y vendemos el 49% del resto, no sabemos muy bien cómo va a conseguir AENA los ingresos para pagar la deuda de 12 000 millones de euros que antes hemos mencionado.

Frente a los 18 000 millones de euros en los que valora Fomento, los expertos nos cuentan que la valoración ha de salir de la operación de multiplicar entre 7 y 10 veces el EBITDA, de forma que en realidad la cantidad resultante es de entre 4000 y 5000 millones de euros, por lo que el valor que debería pedir el Estado por ese 49% se situaría entre los 1960 y los 2500 millones de euros, frente a los 9000 millones de euros que pedía. Por tanto, existe una gran disparidad de criterios.

Si como reiteradamente afirman tanto el señor Blanco como el señor Lema el año que viene tendremos beneficios, ¿a qué tanta prisa para vender si no es para hacer caja? ¿Por qué tenemos tanta prisa en malvender?

La gran mayoría de los aeropuertos son deficitarios, ¿cómo se van a financiar? Según el ministerio el nuevo sistema garantizará la rentabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema de transporte aéreo. Y continúa: la enmienda introducida en el Senado en la Ley de Seguridad Aérea permite a los aeropuertos no concesionarios descuentos y bonificaciones para adaptar el aeropuerto a sus expectativas —es decir, para captar clientes—. Algunos aeropuertos pueden tirar los precios y, en ese caso, ¿los que den beneficios tendrán que hacerse cargo de los déficits? Aeropuertos con menos de 100 000 pasajeros al año e incluso con poco más de 800 pasajeros al mes bajarán todavía más sus ingresos, que no sus gastos, premiarán a las compañías de bajo coste, mientras que las compañías más tradicionales que vuelan desde aeropuertos con alto número de pasajeros ¿costearán ese déficit?

El Real Decreto Ley 13/2010 determina en su artículo 7 que corresponde a AENA Aeropuertos la explotación de todos los aeropuertos y helipuertos integrados en la red atribuida a su gestión. Según el señor secretario de Estado de Transportes lo normal es que todos los recursos que se obtengan de los aeropuertos que vayan mejor se utilicen para compensar aquellos que no vayan tan bien. El nuevo modelo de AENA no es que sea un sudoku, como decía Solbes, sino que es un enigma en el que las cuentas no cuadran, en el que a cada cual se le dice lo que quiere oír, en el que las inversiones milmillonarias se pretenden vender de baratillo cuando, al parecer, no hace falta para hacer caja —según dice el señor Lema— y en el que el resto de los trabajadores, gracias a los sindicatos, siguen teniendo serias dudas sobre su futuro y más desde que apareció la orden del ministerio el pasado 8 de junio.

Señorías, han sido tantos los despropósitos en materia de transporte aéreo de este desgobierno socialista, tanta la improvisación, tanto de decir lo uno y lo contrario, y tantas las rectificaciones que necesitamos transparencia, cuentas claras, hojas de ruta definidas para aquellas comunidades y ciudades donde el transporte aéreo es vital y planes de viabilidad para los aeropuertos.

Señorías, el turismo es de los pocos motores de la economía que nos queda y no puede ser que la puerta de entrada tenga este grado de indefinición y de retrasos. Ustedes primero anuncian y, después, contratan a empresas externas para que les digan el modelo y cuánto vale, cómo se coloca para su venta y cómo se articula jurídicamente.




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Señorías socialistas, el que no tiene cabeza no necesita sombrero y el que no sabe adónde va nunca llega. A este desgobierno del caos es lo que le ocurre y lo malo es que nos arrastra a todos los españoles. Vengan ustedes al parlamento y no nos escatimen ni nos escondan la posibilidad de debatir en el seno de las comunidades autónomas el nuevo modelo de gestión. Den los datos con transparencia, aclaren cuál es el futuro de los aeropuertos y de los trabajadores. España no se merece este desgobierno, pero al menos cumplan con su obligación de ser transparentes.

Señor presidente, permítame que haga una última mención y es que recuerden, señorías, que es absolutamente inadmisible la cantidad de accidentes con muertes en los trabajos aéreos. Regúlenlo de una vez, que es su responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, tomen asiento, por favor. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción que acabamos de debatir del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; votos a favor, 110; votos en contra, 127; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

(Núm. exp. S. 662/000187)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a debatir la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de promoción y de la cooperación española en materia de género en América Latina y el Caribe.

Tiene la palabra la senadora Sanjurjo.

La señora SANJURJO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Es para mí una gran satisfacción presentar esta moción ante el Pleno de la Cámara en la que se aúnan gran parte de mis inquietudes políticas y trabajo parlamentario en el Senado: la lucha por la igualdad de género y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Quienes trabajamos por la corrección de la desigualdad entre hombres y mujeres sabemos de la importancia que tiene la aplicación del concepto de transversalidad de género a las políticas públicas. La cooperación al desarrollo y, diría más, el desarrollo mismo de los pueblos ha de estar definido por esta idea de transversalidad por la que todas las políticas públicas, tanto las de carácter estructural como las de carácter sectorial han de incluir la perspectiva de género para corregir las desigualdades históricas que se observan entre los sexos que, además, de injustas, son manifiestamente ineficientes. (Rumores.)

La moción que hoy sometemos a la consideración del Pleno pretende consolidar el paradigma del desarrollo humano sostenible que incorpore entre sus pilares el enfoque de género en desarrollo y la promoción de los derechos de las mujeres, porque desde el Grupo Socialista sabemos que la mejor manera de ayudar al desarrollo de los países más desfavorecidos es apostar por el progreso de sus mujeres. Cuando una mujer avanza lo hace también su familia y su comunidad. Hoy nuestro país es uno de los referentes internacionales en cooperación al desarrollo no solo por la cuantía de los recursos que destina a esta tarea sino también por la forma en la que se orientan las acciones públicas y privadas para la cooperación. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senadora Sanjurjo, un segundo, o dos si es necesario. La Presidencia no tiene problemas con el tiempo. Es un momento, señoría, no se preocupe, ya se calmará el oleaje. (Pausa.)

Puede proseguir, senadora Sanjurjo.




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La señora SANJURJO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, me referiré en primer término a lo que se ha hecho en España por parte del Gobierno socialista en cooperación con perspectiva de género en América Latina y El Caribe, para finalizar mi intervención con los retos que aún persisten en la materia y que han motivado la presentación de la moción.

El enfoque de género ha impregnado con fuerza todo el marco normativo de la cooperación española, consolidando su liderazgo internacional en la materia. El compromiso de España por la igualdad entre hombres y mujeres se ha traducido en un conjunto de políticas, estrategias y acciones específicas consolidadas en los últimos años en la cooperación española. Evidencia de ello es que el enfoque de género en desarrollo se incorpora por primera vez en un documento de planificación estratégica en el II Plan Director 2005-2008 otorgándole un carácter de doble prioridad, como prioridad horizontal y como sector específico para favorecer el empoderamiento de las mujeres en la lucha contra la pobreza. Posteriormente estas prioridades se tradujeron en la planificación sectorial a través de la Estrategia de Género en Desarrollo, instrumento fundamental para dar cumplimiento a las prioridades que sobre género ha asumido también el III Plan Director de la Cooperación.

Esta progresiva relevancia del tema en el marco político y de actuación de la cooperación española se constata además en el importante aumento presupuestario en el sector en el período comprendido entre 2004 y 2010, pasando de 50 millones en 2004 a casi 210 millones de euros en 2010 de la ayuda oficial al desarrollo, lo que ha supuesto que se hayan cuadruplicado los recursos. En términos de la ayuda oficial al desarrollo bilateral, la partida a la que se destinó más ayuda fue a organizaciones de mujeres e instituciones de igualdad de las mujeres.

Actualmente y en el contexto de la retirada de los donantes en el continente latinoamericano, el movimiento feminista y numerosas organizaciones de mujeres demandan a la cooperación española un mayor liderazgo que garantice la consolidación y el avance de los derechos de las mujeres en la región. De entre las iniciativas abordadas en respuesta a estas demandas, y con la finalidad de mantener la coherencia y estar a la altura de la gran apuesta por las políticas de igualdad de género asumidas por el Gobierno desde el 2004, destacan las siguientes: en primer lugar, el Plan de Acción de Género de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es relevante en materia de género desde dos puntos de vista: en primer lugar, porque apuesta por el mantenimiento del liderazgo en América Latina como seña de identidad y, en segundo lugar, porque marca la prioridad de siete líneas estratégicas de trabajo relacionadas con las demandas que se plantean: la primera, la participación social y política, la segunda, la lucha contra la violencia de género, la tercera, derechos sexuales y reproductivos, la cuarta, mujer y construcción de paz, la quinta, derechos económicos y laborales de las mujeres, la sexta, transversalidad del enfoque de género y, en séptimo lugar, institucionalización del enfoque de género, dentro las cuales se identifican diversas líneas de acción que conlleva el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones feministas y de mujeres.

En segundo lugar, se ha consolidado una red de expertas de la Agencia Española de Cooperación que es especialmente sólida en América Latina, donde el 64% de las oficinas de cooperación cuentan con personal especializado y el resto cuentan con un punto focal en proceso de especialización.

En tercer lugar, hay que señalar que desde el 2008 existe un espacio de diálogo entre representantes de organizaciones feministas y de mujeres y de la región latinoamericana y la cooperación española, son los Diálogos Consonantes. Todas las ediciones han estado financiadas por la cooperación española a través de diversos instrumentos. En junio de 2008 se realizó la primera edición entre diferentes actores de la cooperación de España, representantes gubernamentales de Uruguay, de Unifem, y las redes y organizaciones feministas de América Latina y El Caribe. En abril de 2010, con el mismo esquema y finalidad se llevaron a cabo los II Diálogos Consonantes en Lima, y una tercera edición en Antigua, Guatemala. Como resultado de este proceso se acordó construir un marco ético y político para asegurar la incorporación de las estrategias de género en la eficacia de la ayuda al desarrollo. Se dispone de una declaración de cada una de las ediciones de los Diálogos Consonantes, donde se reflejan las demandas de las redes y organizaciones de mujeres a los distintos actores de la cooperación.

En cuarto lugar, hay que decir que España ha favorecido el diálogo entre organismos multilaterales y regionales, buscando la complementariedad y coordinación entre ambas instancias y favoreciendo la participación de organizaciones de mujeres. Así, por ejemplo, el Proyecto del Observatorio de Igualdad de Género ha permitido la comunicación entre la Secretaría General Iberoamericana y la Comisión




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Económica para América Latina y el Caribe y, por este medio, entre el sistema de cumbres iberoamericanas y los foros regionales que incluyen al Caribe.

En quinto lugar, hay que decir que en los últimos años se han apoyado al menos doce proyectos bilaterales para el fortalecimiento institucional de los mecanismos nacionales de igualdad, ministerios, secretarías o institutos de la mujer como entes responsables de establecer las políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres en la región.

Con el fin de luchar contra uno de los problemas más graves que sufren las mujeres en América Latina, la violencia de género, se han apoyado iniciativas bilaterales en más de diez países, así como programas de organismos internacionales, convenios y proyectos de ONG, siendo importante mencionar el apoyo a temáticas claves como la lucha contra el feminicidio y la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Respecto a la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos se han apoyado diversos programas y políticas sobre población y salud reproductiva en América Latina, destacando el Fondo de cooperación de igualdad de género, derechos reproductivos y respeto a la diversidad cultural para América Latina y el Caribe, además de diversos convenios y proyectos con ONG.

Para avanzar en la integración económica e inserción laboral de las mujeres se han impulsado iniciativas de formación ocupacional e inserción laboral a través de convenios y proyectos y a través del Programa Regional de Formación Ocupacional e Inserción Laboral en Centroamérica que en la actualidad se desarrolla por la OIT con el apoyo español.

Para lograr el empoderamiento de las mujeres a través de su participación en los espacios de toma de decisiones se han puesto en marcha intervenciones bilaterales de apoyo a la sociedad civil para promocionar y fortalecer la participación paritaria de mujeres y hombres en los espacios sociales y políticos en al menos nueve países de la región. Hasta aquí lo hecho hasta el momento, pero, a pesar de ello, queda mucha tarea por delante.

Señorías, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo, en donde se agudizan las brechas de género, etnia y raza. Los avances en materia de igualdad en la región son heterogéneos y aún persisten desafíos para el logro de la igualdad de género que demandan inversiones permanentes y políticas de Estado en lo relativo a la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado, la eliminación de la discriminación en el mercado laboral y la protección social de las mujeres. La prevalencia y persistencia de la violencia contra las mujeres, el racismo, el sexismo, la impunidad y la lesbofobia, la paridad en todos los espacios de toma de decisión y el acceso a servicios públicos universales y de calidad son aún un reto en muchos países de la región, en donde se han de impulsar políticas para la sensibilización contra el machismo, para el apoyo a la educación y la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

La Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reunida en Brasilia del 13 al 16 de julio del 2010 para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género, puso el mayor énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, ratificando el Consenso de Quito y su plena vigencia, además de los consensos regionales adoptados en las anteriores conferencias sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Asimismo, en Brasilia los Gobiernos reafirmaron el compromiso con los tratados internacionales sobre la mujer, base para la elaboración de la declaración final. En esta declaración, denominada el Consenso de Brasilia, los Gobiernos se comprometieron a trabajar para conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral para las mujeres, fortalecer su ciudadanía, ampliar su participación en la toma de decisiones y en las esferas de poder, enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y promover la comunicación más igualitaria, democrática y no discriminatoria, así como promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos, junto con la promoción de la cooperación internacional y regional para la equidad de género. Los Gobiernos reconocieron allí la importancia del fortalecimiento de las estructuras del Estado y el papel estratégico que han desempeñado los mecanismos para el adelanto de la mujer, así como la necesidad de dotarlos de autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma transversal en la estructura del Estado para la construcción de estrategias de promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género.

Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista propone la aprobación de la siguiente moción por el Pleno de la Cámara: El Senado insta al Gobierno a consolidar el trabajo de la cooperación española en el sector género en desarrollo en América Latina y el Caribe puesto que cuenta con un marco normativo favorable y garantista, un contexto social y político con creciente sensibilidad de género, una trayectoria




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presupuestaria ascendente, un prestigio internacional indudable y una red consolidada de expertas de género.

En segundo lugar, potenciar la ventaja comparativa de la cooperación española fruto de la posición de liderazgo internacional en materia de género, consecuencia de las propuestas innovadoras impulsadas en el marco de la ayuda internacional en género para el desarrollo, la coherencia de una propuesta integral y un fuerte incremento del esfuerzo presupuestario en género.

En tercer lugar, fortalecer las capacidades de instituciones públicas y organizaciones de mujeres y feministas en la región para la aplicación de los acuerdos establecidos en el Consenso de Brasilia, en el que se inscriben las prioridades de la agenda de igualdad de género de la región propuestos por los mecanismos de igualdad.

En cuarto lugar, y con la contribución del Grupo Parlamentario Popular, continuar promoviendo, gracias a la cooperación española en la región, y en cumplimiento de las prioridades que sobre género se resumen en el III Plan Director de Cooperación Internacional 2009–2012, los avances en una mayor autonomía económica e igualdad en el mundo laboral, el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones, así como la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la lucha contra todas las formas de violencia.

En quinto y último lugar, coordinar esfuerzos con otros donantes y todos los socios de la cooperación española en iniciativas relacionadas con el Consenso de Brasilia en América Latina y el Caribe, donde España es el mayor donante y donde lamentablemente se están retirando otras agencias bilaterales y multilaterales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

La enmienda transaccional hace que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular decaiga. Así pues, pasamos directamente al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, des de Convergència i Unió aplaudim la presentació d’aquesta moció, perquè és cert que des del punt de vista de la dona, sortosament s’ha avançat, i molt, en els últims anys, en les llibertats de la dona, i s’ha avançat molt en la igualtat. Però també és cert que això no passa arreu, i per tant, que hi ha llocs, malauradament massa, on la dona segueix mancada de drets i de llibertats. I sobretot segueix mancada d’instruments, de vegades no de lleis, però sí d’instruments que puguin aplicar aquestes obligacions que té la societat en general. Per tant, aprofito aquesta moció per demanar, de sortida, més instruments que es posin a disposició de la dona, que es posin a disposició, sobretot, de les organitzacions de dones.

Senyories, les mocions també han de servir per aportar propostes, per donar idees, per fer arribar sentiments o pensaments. Convergència i Unió pensa, creu, demana al Govern, que en el debat internacional, el Govern espanyol ha de començar a pensar a demanar la creació de la imatge de la defensora de la dona en les zones de crisi, en les zones on la dona pateix.

Hi ha països on la figura d’una defensora de la dona seria molt important. Això sí, amb el suport de la Unió Europea, Nacions Unides, etcètera, etcètera. Per què? Aquesta figura, aquest instrument, serviria per a moltes coses. Primer: per fer un seguiment, davant dels governs, de l’ajuda que es fa arribar per potenciar el treball i la feina de la dona. Moltes vegades, aquesta ajuda, als governs corruptes, als governs que no fan el que cal, no arriba, i no hi ha un instrument imparcial fora del govern que pugui denunciar davant dels cooperants aquesta ajuda. També seria un instrument per denunciar abusos, persecucions, etcètera. Crec que aquesta figura s’hauria d’institucionalitzar i s’hauria de posar a disposició de les dones als llocs on pateixen diferents marginacions o persecucions.

Avui parlem d’una moció una mica dispersa, és veritat. Perquè toca molts temes la majoria dels quals donarien per a una sola moció. És cert, és una moció que parla d’avançar en una major autonomia econòmica i igualtat en el món laboral, enfortir la ciutadania de les dones i la seva autonomia en la presa




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de decisions, així com la promoció de la salut i els drets sexuals i reproductius de les dones, i la lluita contra tota mena de violència contra la dona en la zona d’Amèrica Llatina i el Carib.

És veritat que aquesta moció podria parlar més enllà d’Amèrica Llatina i el Carib; hi ha d’altres zones, a l’Àfrica i altres zones del món, que en aquesta moció també es podrien deixar patents. Però com que es parla des del punt de vista de cooperació internacional, de cooperació espanyola, on el Govern espanyol està fent una bona feina, trobem bé que quedi circumscrit aquí.

Però nosaltres, per què donarem suport a aquesta moció? Per què hem signat la transacció? Per què la votarem favorablement? Per la filosofia de fons, pel que demana, pel que diu, pel que exposa. I ho valorem; ho valorem positivament.

Quin mèrit li donem a la moció? Primer: que posa el crit al cel sobre una realitat; actualitza un problema. Ens diu que, a l’Amèrica Llatina i al Carib, no només cal seguir fent el que es fa, sinó que s’ha de fer més. Per tant, vol dir que hi ha zones on la dona necessita encara la mà solidària, en aquest cas, de la cooperació espanyola. Fa una altra cosa: demana que no només no es defalleixi, sinó que s’augmenti la cooperació. Denuncia la retirada d’alguns països cooperants d’aquestes zones. Hi ha països que treuen les seves agències de cooperació i se’n van, perquè potser prioritzen altres llocs, o potser perquè creuen que no cal dur a terme aquesta ajuda.

També et recorda que s’han produït debats i acords internacionals, és veritat. Es parla de l’onzena Conferència Regional sobre la Dona de l’Amèrica Llatina i el Carib, que va tenir lloc del 13 al 16 de juliol del 2010. I en aquest context, aprofita per, d’alguna forma, fer esment del Consens de Quito, parla del Consens de Brasília, on va tenir lloc aquesta conferència... I sabem, se n’ha parlat, n’ha parlat el portaveu socialista, que hi ha hagut reunions prèvies a Lima, Antigua, Guatemala, etcètera.

Però creiem que amb aquests acords, aquestes voluntats polítiques i institucionals, ara cal posar fil a l’agulla, i per tant, cal donar un suport a aquells acords i aquelles propostes dels governs que no es desenvolupen. I cal, sobretot, com deia abans, donar un paper i un rol a la dona, que en alguns llocs n’està molt mancada.

Es parla molt del punt de vista laboral, de la feina; es parla molt del treball, de l’esclavitud, dels infant. És veritat, és cert, és una lacra existent. Però de vegades, aquest arbre, aquest gran arbre, la denunciable lacra indignant de l’esclavitud, de la feina, de l’ús i abús dels nens i nenes, de vegades no ens permet veure que també hi ha un ús i abús, i un maltractament, des del punt de vista laboral, de la dona, en diferents zones del món; també a l’ Amèrica Llatina i al Carib.

Per tant, nosaltres, tot reconeixent que s’ha avançat molt en el paper de la dona, la igualtat, la paritat, els drets i les llibertats, també creiem que a vegades no ens adonem que hi ha llocs on s’ha avançat poc, o fins i tot no s’ha avançat gens. Perquè a vegades ens mirem el nostre melic; ens mirem Catalunya, Espanya, Europa... però no mirem a Àfrica, no mirem al continent americà, no mirem a Amèrica Llatina i el Carib.

Jo, com que sóc un africanista convençut, aprofito aquesta moció, que parla de l’Amèrica Llatina i el Carib, per dir que també hi ha aquest problema, corregit i augmentat, dissortadament, perquè la dona pateix grans persecucions, maltractaments i manca de llibertats, a l’Àfrica.

Encara avui, per qüestions culturals, religioses i, fins i tot, legals, l’ablació és encara present a molts països africans. I avui, també, que parlem de la dona, vull aprofitar per fer una denúncia pública per la passivitat que tenim des d’Occident, des d’Europa, des de les grans potències en un tema que és recurrent; que sota l’excusa de la cultura, de l’antropologia, de les ètnies, etcètera, hi ha nenes que avui, en aquests moments, estan sent mutilades des d’un punt de vista sexual.

És també una denúncia que aprofito, encara que sigui testimonial, per deixar present, perquè crec que quan parlem del treball de la dona, quan parlem de les seves llibertats, tampoc no hem d’oblidar algunes coses que passen arreu del món. La moció parlava de l’Amèrica Llatina i el Carib, però jo he volgut fer un plus de denúncia de l’ablació, d’aquesta barbaritat que no té cap sentit, i que deixa invàlides, que deixa disminuïdes, que deixa en inferioritat, nenes que passen a ser dones sense tenir la llibertat, en aquest cas, sexual que els correspon.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde Convergència i Unió aplaudimos la presentación de esta moción porque es cierto que desde el punto de vista de la mujer afortunadamente se ha avanzado, y mucho en los últimos años, en cuanto a libertades e igualdad. Pero también es cierto que esto no pasa en todas partes, y




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desgraciadamente hay demasiados lugares donde la mujer sigue carente de derechos y libertades y, sobre todo, sigue carente de instrumentos; a veces no está carente de leyes, pero, como digo, sí de instrumentos que puedan aplicar esas obligaciones que tiene la sociedad en general. Por tanto, aprovecho la presentación de esta moción para pedir de partida más instrumentos que se pongan a disposición de la mujer y, sobre todo, de las organizaciones de mujeres.

Señorías, las mociones también deben servir para hacer propuestas, para dar ideas y hacer llegar sentimientos o pensamientos. Convergència i Unió piensa, cree y pide al Gobierno que en el debate internacional el Gobierno español empiece a pensar en pedir la creación de la defensora de la mujer en las zonas de crisis, en los lugares donde la mujer sufre.

Hay países donde la figura de una defensora de la mujer sería muy importante, eso sí, con el apoyo de la Unión Europea, las Naciones Unidas, etcétera. ¿Y ello por qué? Pues porque esa figura, ese instrumento serviría para muchas cosas: en primer lugar, para hacer un seguimiento ante los Gobiernos de la ayuda que se hace llegar para potenciar el trabajo y las labores de la mujer. Muchas veces las ayudas a Gobiernos corruptos que no hacen lo que deben no llega, y no hay un instrumento imparcial fuera del Gobierno que pueda denunciar ante los cooperantes esa ayuda. También sería un instrumento para denunciar abusos, persecuciones, etcétera. Creo que esa figura debería institucionalizarse y ponerse a disposición de las mujeres en aquellos lugares donde sufren distintas marginaciones o persecuciones.

Hoy hablamos de una moción algo dispersa, es cierto, porque toca muchos temas, la mayoría de los cuales darían para una sola moción. Habla de avanzar hacia una mayor autonomía económica e igualdad en el mundo laboral, fortalecer la ciudadanía de las mujeres y su autonomía en la toma de decisiones, así como la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y la lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe.

Es verdad que esta moción podría ir más allá de estas zonas, por ejemplo, África y otros lugares del mundo, pero, en este caso, se circunscribe a esas zonas, se refiere a la cooperación internacional, a la cooperación española donde el Gobierno español está haciendo un buen trabajo.

¿Por qué mi grupo parlamentario va a apoyar esta moción? ¿Por qué hemos firmado la enmienda transaccional, por qué la votaremos favorablemente? Por la filosofía de fondo, por lo que pretende, por lo que dice, por lo que expone, y que valoramos positivamente.

¿Qué méritos damos a esta moción? En primer lugar, pone el grito en el cielo sobre una realidad, actualiza un problema, dice que en Latinoamérica y en el Caribe no solo hay que seguir haciendo lo que se hace sino que hay que hacer más, es decir, hay lugares en los que la mujer necesita una mano solidaria, en este caso, de la cooperación española. Y pide además que no solo no decaiga sino que aumente la cooperación; denuncia la retirada de estas zonas de algunos países cooperantes; hay países que tienen allí sus agencias de cooperación y se marchan, quizá porque dan prioridades a otros lugares o porque piensan que no hace falta esa ayuda.

Nos recuerda también esta moción que se han producido debates y acuerdos internacionales, y es cierto. Nos habla de la onceava Conferencia Regional sobre la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, celebrada del 13 al 16 de julio de 2010, y aprovecha para mencionar el Consenso de Quito, habla del Consenso de Brasilia, donde tuvo lugar esa conferencia, y sabemos, porque ha hablado de ello la portavoz socialista, que se han celebrado reuniones previas en Lima, en Antigua, Guatemala, etcétera.

Pero ahora hay que empezar a trabajar en estos acuerdos, en estas voluntades políticas e institucionales y, por tanto, hay que apoyar aquellas propuestas de los Gobiernos que no se desarrollan y, sobre todo, como he dicho anteriormente, dar un papel y una función a la mujer porque en muchos lugares está muy carente de ellos.

Se habla mucho del trabajo, de la esclavitud de los niños, y es cierto que es una lacra existente, pero a veces este gran árbol denunciable, esta lacra indignante de la esclavitud, del uso y abuso de los niños y niñas a veces no nos permite ver que también hay un uso y abuso y un maltrato hacia la mujer desde el punto de vista laboral en distintas zonas del mundo, también en Latinoamérica y el Caribe.

Por tanto, aun reconociendo que se ha avanzado mucho en la igualdad, la paridad, los derechos y las libertades de las mujeres, creemos que a veces no nos damos cuenta de que hay lugares donde se ha avanzado poco o incluso nada porque nos miramos el ombligo, miramos a Cataluña, España, Europa pero no miramos a África, al continente americano, a Latinoamérica y el Caribe.

Puesto que soy un africanista convencido, aprovecho esta moción que habla de Latinoamérica y del Caribe para manifestar que también este problema, corregido y aumentado, desgraciadamente, lo padece la mujer en África, con graves persecuciones, maltratos y falta de libertades.




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Actualmente, por cuestiones culturales, religiosas e incluso legales, la ablación todavía sigue estando presente en muchos países africanos, y hoy, como hablamos de la mujer, quiero aprovechar para hacer una denuncia pública de la pasividad de las grandes potencias de Occidente y Europa sobre un asunto que es recurrente, y es que bajo la excusa de la cultura, de la antropología, de las etnias, etcétera, hay niñas que actualmente están siendo mutiladas sexualmente.

Por tanto, aprovecho mi intervención para hacer esta denuncia, aunque sea testimonial, y para dejar constancia de que, cuando hablamos del trabajo de la mujer y de sus libertades, tampoco hay que olvidar algunas situaciones que se dan en todo el mundo. La moción se refiere a Latinoamérica y al Caribe, pero he querido hacer la añadidura de la ablación, de esta barbaridad que no tiene ningún sentido y que deja inválidas, disminuidas, y en inferioridad, a niñas que pasan a ser mujeres sin tener la libertad sexual que les corresponde.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.

La señora BAIG I TORRAS: Gràcies, senyor president.

Bon dia. Conec, i el nostre grup coneix que és Amèrica Llatina i el Carib una de les regions on les fissures de gènere, de raça i d’ètnia s’aguditzen més.

És cert, també, senyor Maldonado, que Àfrica té una situació realment greu i que cal que hi cooperem des d’Espanya també per donar-hi aquest sentit, però avui la moció que ens ha portat el Grup Socialista és d’Amèrica Llatina i el Carib.

I és una moció que el nostre Grup valora molt positivament, perquè tant en la seva exposició de motius com en els punts que té la moció crec que estan molt ben estructurats, possiblement són molt amplis; donaria fins i tot per fer dues o tres mocions, però té tot un sentit de coherència i, per tant, nosaltres li donarem el vot favorable. Per poder consolidar aquesta feina que ja s’està fent des de fa anys i també per poder continuar promovent i prioritzant aquesta zona en què els temes són prou greus perquè puguin i puguem ajudar a aquelles persones, sobretot a les dones, a poder tirar endavant.

En una societat com la d’Amèrica Llatina i del Carib on sabem i coneixem que són les dones aquelles que prenen les responsabilitats familiars amb molt escassos recursos, ens demostren que elles són l’esperança per poder estructurar la seva comunitat, i tot estructurant la seva comunitat, estructurar la societat en general. Són elles les que han de tenir la possibilitat d’assumir la responsabilitat en l’administració local i en la política en general.

Formo part d’una organització que estem en un programa per ajudar a dones a «empoderar-se» perquè tinguin la capacitat, des del món rural, de poder ser elles les que tirin endavant l’organització de la seva comunitat a partir, bàsicament, de cooperatives. Lluny d’estructurar la comunitat en jerarquies estem ajudant que tinguin una altra forma d’organització perquè també siguin capaces de trobar elles i assumir el seu paper a dins de la societat.

Crec en el rigor de la moció que considero i veig molt favorable i em va sorprendre, i així ho vull dir, l’esmena que va presentar el Grup Popular, perquè més que una esmena la vaig considerar un esquema; no ens té acostumats la Sra. Dueñas a un tema de tan poc contingut. Per això vull agrair la voluntat política de la senadora del Grup Socialista. Li vull agrair perquè una mica a mi em va sorprendre tant que ja hauria deixat a una banda el tema de l’esmena, però crec que ha fet un exercici que l’honora com a dona, també, de buscar el consens, l’acord, perquè es pugui arribar a aquest acord comú perquè siguem també la unanimitat de la Cambra que davant moments de crisi sapiguem prioritzat polítiques i puguem prioritzar polítiques de gènere, polítiques que ajuden a l’autoestima de les dones i que a més ho fem en una zona on hi ha molta necessitat i on ajudem que realment també aconsegueixin una organització diferent de la jeràrquica i del món masclista que està superdemostrat que en aquests territoris no és la solució.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Buenos días. Mi grupo conoce que es América latina y el Caribe una de las regiones donde las fisuras de género, raza y etnia se agudizan más. Es cierto también, señor Maldonado, que África tiene una situación realmente grave, y España cooperará también en este sentido, pero, hoy, la moción que ha traído el Grupo Parlamentario Socialista se refiere a América Latina y el Caribe.




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Nuestro grupo valora muy positivamente esta moción, porque tanto su exposición de motivos como sus puntos están muy bien estructurados, son muy amplios, y daría incluso para dos o tres mociones más, pero como es totalmente coherente, la votaremos favorablemente para consolidar este trabajo que se lleva realizando desde hace años, para continuar promoviendo y priorizando esta zona en la que los asuntos son suficientemente graves, y para que podamos ayudar a aquellas personas, sobre todo a las mujeres, a salir adelante.

En una sociedad, como la de América Latina y el Caribe, donde sabemos que son las mujeres las que toman las responsabilidades familiares con unos recursos muy escasos, ello demuestra que también son la esperanza para estructurar su comunidad y, estructurando su comunidad, estructurarán la sociedad en general. Son ellas quienes deben tener la posibilidad de asumir la responsabilidad con la Administración local y con la política en general.

Formo parte de una organización que tiene un programa para ayudar a mujeres a empoderarse, con el fin de que sean ellas capaces de sacar adelante la organización de su comunidad en el mundo rural a partir básicamente de cooperativas. Lejos de estructurar la comunidad en jerarquías, estamos ayudando a que tengan otra forma de organización para que también sean capaces de encontrar y asumir su papel dentro de la sociedad.

En mi opinión, considero muy favorable la rigurosidad de la moción.

Me sorprendió, y así quiero manifestarlo, la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Popular, porque más que una enmienda consideré que era un esquema. No nos tiene acostumbrados la señora Dueñas a un tema de tan poco contenido. Por ello quiero agradecer la voluntad política de la senadora del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero agradecérselo porque me sorprendió mucho que hubiera dejado de lado el tema de la enmienda, pero creo que ha hecho un ejercicio, que la honra también como mujer, para buscar el consenso con el fin de que se pueda llegar a este acuerdo común para que sea la Cámara la que ante momentos de crisis sepa y pueda priorizar políticas de género, políticas que ayudan a la autoestima de las mujeres y que, además, lo hagamos en una zona donde hay mucha necesidad y donde ayudamos a que realmente también se consiga una organización distinta de la jerárquica y del mundo machista que está extremadamente demostrado que en estos territorios no es la solución.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Sanjurjo.

La señora SANJURJO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

El pasado 30 de mayo de 2011 las Comisiones de Cooperación e Igualdad del Congreso de los Diputados y del Senado tuvimos el honor de participar en un encuentro con la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet. En este encuentro, la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Teresa Cunillera, le dijo como bienvenida a Michelle Bachelet que la colaboración entre España y ONU Mujeres será magnífica, como lo ha sido hasta ahora con Unifem. Y continuó diciendo: En su trabajo, señora Bachelet, contará con el apoyo incondicional de España y su Parlamento, que seguirá, seguiremos preocupados y trabajando, a pesar del actual contexto económico, por la cooperación al desarrollo y por la igualdad de género.

Señorías, creo que hoy, con la aprobación de esta moción con el consenso de la Cámara, vamos a dar cumplida muestra de este compromiso. Quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular su disposición al acuerdo y que hayamos consensuado fácilmente una transacción que conserve en su totalidad el texto original de la moción junto con la aportación de su grupo.

También, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer a todos los grupos el apoyo que han prestado a esta iniciativa y rogarles que, a través de las Comisiones de Cooperación, Igualdad y Asuntos Iberoamericanos de esta Cámara, hagamos posible el impulso continuado a las políticas y a la posición política que hoy hemos comprometido con esta moción.

El acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad y toma de decisiones económicas y políticas, su plena seguridad y disfrute de una vida sin violencia, el ejercicio de su libertad y derechos de ciudadanía, el acceso al empleo y a los derechos sexuales y reproductivos, el aprovechamiento social de sus capacidades y conocimientos, son conquistas apenas iniciadas o retos aún por conseguir y por los que tenemos que seguir trabajando sin descanso.

Estoy convencida de que en el avance hacia la igualdad no cabe la autocomplacencia ni considerar que los derechos adquiridos no tienen marcha atrás. Sé que si no estamos avanzando, sin duda estaremos




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retrocediendo. Eso no lo queremos para nuestro país y, por supuesto, no lo queremos para los países iberoamericanos y del Caribe.

Además, comparto con Felipe González y Enrique Iglesias que los cambios económicos que se están produciendo en la región y que están permitiendo notables crecimientos económicos, especialmente en los países situados de Panamá hacia el sur, han de ser una oportunidad para afrontar cambios estructurales e institucionales que conduzcan a un modelo económico de crecimiento generador de empleo, redistribuidor del ingreso y garante de la igualdad. Un nuevo modelo en el que la sostenibilidad económica sea causa y consecuencia de la sostenibilidad social, en el que el progreso económico lleve aparejado una mejora de las condiciones de vida de la población.

Hay posiciones políticas desde las que se sostiene que hay que procurar el crecimiento económico para que, como efecto del mismo, se produzca de manera natural la redistribución de la riqueza. En cambio, desde la óptica socialista pensamos que se ha de avanzar en paralelo en la generación de riqueza y en su redistribución, y esto no ocurre de manera natural, sino que hay que desarrollar políticas específicas para ello. Hay que generar riqueza, sí, para poder repartirla no solo por razones éticas, sino también porque la economía que redistribuye es mucho más eficiente y, por tanto, más sostenible en el tiempo.

No cabe duda de que la plena incorporación del talento de las mujeres es condición sine qua non para que se produzca ese crecimiento sostenible. En palabras de la directora de ONU Mujeres para América Latina, la relación estratégica con España en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres es muy importante para avanzar en esta línea. La política y la economía inteligentes del siglo XXI han de incluir el ámbito de la igualdad. Cuando se avanza en la igualdad se mejora en la calidad de la democracia, la calidad de vida, la sociedad del bienestar y la creación de riqueza. Como dice Michelle Bachelet, eliminar la desigualdad de género permite eliminar el resto de las desigualdades. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género no es una política sectorial; por el contrario, es una política integral que debe guiar todas las demás políticas y un eje de cualquier agenda política independientemente de una u otra ideología.

Señorías, en América Latina y el Caribe hay que desarrollar las condiciones para que esto sea posible. Sabemos cómo nos miran desde allí, la importancia que dan al trabajo que hacemos en el Senado de España y el reconocimiento internacional que nuestro país tiene en políticas de cooperación e igualdad. El apoyo que desde el Senado damos hoy a esta moción contribuirá a reforzar el trabajo de las instituciones públicas y de las organizaciones de mujeres en la región para la aplicación de las políticas de igualdad. Asimismo, consolida el trabajo de la cooperación española para que siga desarrollando nuestra posición de liderazgo internacional en materia de género.

Por todo ello, muchas gracias otra vez a todos los grupos por su apoyo unánime a esta moción. Les deseo mucha salud para seguir trabajando por esta causa que nos une.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular satisfecha por haber llegado a esta transaccional en la que se incluye lo que se recogía en la enmienda de sustitución planteada por el Grupo Parlamentario Popular, que tenía como único objetivo seguir aunando esfuerzos y concretando cuantas medidas sean necesarias para disminuir las brechas de género que siguen existiendo en este caso en América Latina y el Caribe.

Es evidente, por lo que se desprende en los recientes informes internacionales, que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. Los Estados y Gobiernos de la región siguen manteniendo una contradicción entre los compromisos internacionales asumidos y la materialización real de las políticas de igualdad y plena garantía de derechos.

En el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que los esfuerzos colectivos de los países tienen que ir dirigidos hacia un mayor compromiso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, compromiso que se suscribió en el año 2000, un compromiso de mínimos pero realmente indispensable para avanzar, entre otras cuestiones, en erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria universal o alcanzar la igualdad de géneros.




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Sin embargo, señorías, señora Sanjurjo, estos compromisos adquiridos por el Gobierno de España chocan con algunos hechos —o al menos el Grupo Parlamentario Popular tiene esa impresión—, por ejemplo, que hayamos podido ver cómo España, a medida que iba aumentando sus aportaciones a los diferentes organismos multilaterales, perdía personal en puestos de responsabilidad, como nos pasó con la señora Alberdi, la única directora española de un organismo de Naciones Unidas, Unifem, y de la que la nueva institución ONU Mujeres ha prescindido. De nuevo una española. Por tanto, a pesar del importante esfuerzo de España en los organismos multilaterales, el Gobierno no ha sido capaz de tener a un español o a una española en la dirección de ningún organismo.

En consecuencia, no me negarán que una vez más hay una cierta incoherencia entre lo que deseamos y esperamos y lo que el Gobierno logra. Y también choca con la disminución operada en este ejercicio presupuestario sobre el total de la ayuda oficial al desarrollo, de servicios sociales básicos como la educación o la salud, ambos indispensables para ese camino deseable en la igualdad de géneros. Hemos pasado de 2114 millones de euros a 1314 millones, una reducción del 37,8% respecto al año 2010, datos objetivos que, como estos, demuestran una clara y a nuestro juicio falta de coherencia de este Gobierno. Porque de nada nos sirve hablar de Objetivos de Desarrollo del Milenio, de consensos internacionales —como el reciente consenso de Brasilia, que usted ha nombrado—, entre los que se incluye, como uno de los ejes prioritarios, la igualdad de género, si, por otro lado, vemos el gran descenso que esto sufre.

Además, señorías, con este recorte se incumplen los acuerdos del Pacto de Estado en servicios sociales básicos, y nos alejamos del objetivo marcado en el Tercer Plan Director de dedicar el 25% de la ayuda oficial al desarrollo a servicios sociales básicos. Como también nos alejamos de alcanzar la meta prevista en el Eje 11 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, de destinar en 2012 el 15% de la ayuda oficial al desarrollo al sector género. España ha recortado sus aportaciones a Unifem de 74 a 33 millones de euros; un recorte del 55%. Con esta situación, está muy bien lo que hoy aprobemos aquí, las palabras y los gestos, pero, desde luego, compartirán conmigo que si no van acompañados de compromisos reales de poco nos va a servir.

Señorías, en América Latina y el Caribe las mujeres continúan ocupando la mayoría de los puestos de trabajo precarios. La discriminación salarial, el nivel de desempleo y el acoso sexual y moral siguen siendo una constante en la experiencia laboral de las mujeres. Los índices de violencia de género son intolerables. Según el último informe que hemos conocido y que refiere los datos a 2009, 329 mujeres han muerto por violencia de género en América Latina y el Caribe.

Debemos prestar también especial atención y trabajar desde la cooperación internacional y desde estos compromisos que vamos a asumir para evitar la violación de derechos humanos en los que muchas mujeres se ven afectadas.

Por eso, hoy, desde aquí, quiero pedir un compromiso activo y decidido para el caso que todos conocemos de la jueza María Lourdes Afiuni, que sabemos que está en arresto domiciliario tras varios aplazamientos de juicio. Desde luego, se requiere una actitud exigente y decidida por parte del Gobierno de España para solventar lo antes posible esta vulneración de derechos fundamentales.

Ciertamente, los datos a los que antes me he referido nos deben llevar —de ahí el acuerdo que hoy hemos alcanzado— a seguir trabajando de cara a la comunidad internacional y, concretamente, en América Latina y el Caribe.

Pero, señorías, aunque no vamos a negar que España ha experimentado avances, lo cierto es que aún queda mucho por hacer. Así se reflejó recientemente en el informe 2011 de la Secretaría General Iberoamericana, que venía a decir que en América Latina, España y Portugal el vaso de la igualdad de género puede verse medio lleno por los avances logrados o medio vacío por lo mucho que queda por hacer.

Considero importante reseñar hoy aquí que en España las mujeres también se ven afectadas por una situación en el ámbito de la igualdad que no es todo lo buena que desearíamos. Porque ya son más de dos millones de mujeres las que se encuentran en paro en nuestro país. Un titular reciente refleja que a España aún le queda mucho por avanzar. Venía a decir: españolas, más paro, mala conciliación y sueldos más bajos. Más de un 20% de tasa de paro femenino. La brecha salarial sigue existiendo. Alrededor de 5300 euros de diferencia por igual trabajo entre un hombre y una mujer. Las mujeres siguen sufriendo precariedad laboral y temporalidad manifiesta. Cerca de 4000 mujeres sufren cada año en España mobbing maternal laboral. La conciliación sigue siendo una asignatura pendiente, así lo reflejaba recientemente la OCDE; solo se ha construido un 45% de las 750 000 plazas de guardería prometidas. Y, desgraciadamente, la violencia de género sigue siendo una losa para todos: 29 mujeres asesinadas




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en lo que va de año. Como digo, una losa que nos debe llevar a todos a reflexionar y a tomar medidas para atajar con reformas más directas, si cabe, esta situación.

Con este panorama, señorías, de poco podemos ser referente en el ámbito internacional (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Pues lo somos, y sin vuestra ayuda!) y, en concreto, con relación a América Latina y el Caribe. Queda mucho por hacer. De nada sirve si se permanece paralizado y atrincherado como, lamentablemente, se encuentra hoy por hoy su Gobierno también en materia de cooperación internacional. Lo hemos visto con los diferentes recortes presupuestarios que se han operado en la ayuda oficial al desarrollo.

Así que les invito a que en el tiempo que les queda —y confiamos en que sea poco por el bien de este país— no solo el Gobierno dé cumplimiento en sus justos términos a la moción hoy aquí aprobada y, desde luego, espero que no se olvide como tantas otras mociones que hemos aprobado en esta Cámara y que ustedes han dejado en el cajón. También espero que cuando hablemos de igualdad de género lo hagamos en mayúscula en España, en América Latina y en el Caribe y, en general, en cualquier ámbito internacional para que la crisis y la pobreza dejen de tener rostro de mujer. Así, seremos capaces de ser referentes en algo, primero, en España y, luego, en el ámbito de la cooperación internacional.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Terminado el debate, como la propuesta ha sido presentada por todos los grupos, supongo que se puede aprobar por asentimiento. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRAMITAR CON LA MAYOR DILIGENCIA Y RAPIDEZ POSIBLE LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS.

(Núm. exp. S. 662/000186)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos a la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a tramitar con la mayor diligencia y rapidez posible la aprobación del catálogo español de especies exóticas invasoras.

A esta moción se ha presentado una enmienda que no va a ser defendida porque todos los grupos han firmado una transaccional, así que procederemos a su debate directamente.

Tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gràcies, senyor president.

Voldria començar aquesta intervenció agraint als portaveus de tots els grups polítics el fet de poder arribar a una transaccional en una resolució d’aquestes característiques.

L’objectiu d’aquesta moció, quan la vam presentar inicialment, era instar el Govern a que acabés allò que va començar ja fa una colla d’anys, conscients que la detecció i els mitjans de control que ha d’establir tot govern per a un catàleg de quelcom nou com son les espècies exòtiques invasores —en tots els camps: en el camp terrestre, en el camp aquàtic, lògicament, d’aigua continental i aigua marina, i en les espècies voladores, les aus i els insectes—, són de difícil quantificació i de difícil seguiment. I per tant, com que és de difícil quantificació i de difícil seguiment, el control, i la catalogació d’aquests controls, no és fàcil, no és una labor fàcil. Però un dia o un altre s’ha d’acabar perquè aquest catàleg és essencial per establir els nivells de població que són tolerables i, a partir d’aquí, intentar controlar i eradicar els que són intolerables.

I, per tant, agraeixo, com deia abans, la participació de tots per millorar aquesta moció; en especial, com a conseqüència d’una esmena que ens va presentar el Partit Popular, que ha fet que arribéssim a aquesta transaccional afegint a la moció inicial que, amb la col·laboració del conjunt de les administracions públiques, instem també a elaborar estratègies de gestió, control i possible eradicació. I, per tant, al meu parer, la moció queda molt millorada, la qual cosa agraeixo.

Si vostès s’han fixat en l’exposició de motius, ja hi diem que les espècies exòtiques invasores són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món, i és lògic. Són invasores, i per tant envaeixen uns hàbitats que no són els seus, i la majoria de les vegades desplacen d’aquests hàbitats que no són els seus aquells que en són els habitants originals. Això es dóna bàsicament a les zones humides, que són les zones on hi ha una més alta proliferació d’éssers vius. I, lògicament, té conseqüències greus sobre els




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hàbitats, però sobretot per a la producció agrària, ramadera i forestal i, en alguns casos, pot afectar fins i tot la salut pública. I jo crec que hi ha exemples clars de l’afectació sobre la salut amb la invasió, sobretot en el tram final del Delta de l’Ebre, del mosquit tigre, que Déu n’hi do com pica; i la presència del picut roig, per fora de les palmeres i per fora dels arbres, per niar i perpetuar la seva continuïtat.

És evident que, a nivell internacional, existeix una preocupació constant respecte de l’amenaça que això representa. Per tant, demanda dels governs que s’introdueixin mesures que impedeixin l’entrada als seus ecosistemes d’aquestes espècies que no en són pròpies. Perquè també són molt dolents, i és molt important que no es produeixin, els intercanvis genètics que se solen produir quan hi ha aquestes invasions.

Per tant, avui ja no és cap secret per a ningú veure la gran disparitat que hi ha, i el gran nombre que hi ha, de cotorres verdes, de cotorres argentines, que a part que foten un soroll espectacular, no deixen de ser una molèstia per als ciutadans. I, en el cas de l’agricultura, la presència cada dia més massiva, perquè ja han eliminat pràcticament el que eren els estornells naturals, d’aquest estornell negre, que sembla gairebé com un mig voltor.

Per tant, quan l’Estat espanyol va aprovar, l’any 2007, la Llei de Patrimoni Natural i la de la Biodiversitat, ja establia que les administracions públiques competents havien de prohibir i havien d’utilitzar mecanismes de control i de lluita per fer molt difícil que les espècies exòtiques invasores acabessin atacant i destruint els hàbitats naturals.

I en trobem exemples en tots els camps. Si li pregunten a un gallec, els dirà que el que més preocupa a la gent que té implantació en el medi rural gallec és la proliferació de les acàcies bordes aquestes, que estan envaint prats i zones no conreades, o fins i tot zones conreades, del nord, bàsicament, a Galícia. I si parlen amb les associacions de pescadors, els diran que els silurs, les carpes dentades, la gambúsia i el cranc americà han destruït pràcticament els gaburros i les espècies autòctones que teníem als nostres rius, i els silurs, que als pantans, a part que fan molta por, Déu n’hi do, també, la destrucció que estan causant.

Però, és clar, si això ho transportem a l’agricultura i als professionals agraris, no hi ha ningú que estigui al món rural, que conreï terres i es dediqui a qualsevol tipus de producció, que no conegui les conseqüències del que és, si entra a la seva finca, l’enciam d’aigua, l’ungla de gat, per descomptat, la cugula, más conocida como la avena loca, o les lleteroles i l’emparradora borda, que obliguen a una sèrie de labors manuals i de despesa d’herbicides, en aquest cas, que no tenen res a envejar, en segons quines plantacions, als sistemes de tractament habituals.

Molts de vostès potser es preguntaran: però com pot ser que una espècie invasora, que canvia d’un lloc cap a un altre, pugui arribar a un lloc on és forastera i fer-se’n l’ama. Doncs mirin, perquè té una capacitat de supervivència espectacular i perquè el primer a què es dedica és a eliminar la competència. I això, que és així, fa que els mitjans de lluita siguin molt complicats. Per què? Perquè l’eliminació i l’eradicació és pràcticament impossible, perquè per mitjans manuals és caríssim, per mitjans químics és francament impossible, perquè en el moment en què vols atacar una espècie invasora de gran transcendència en el món de l’apicultura, com és la vespa xinesa, si fas un tractament generalitzat, i no tens un producte específic que elimini les unes i deixi les altres, el que fas és carregar-te-les totes; i això, evidentment, no pot ser.

Si això ho apliquem al caragol poma, passa exactament el mateix. El mecanisme de control amb els mol·luscocides no s’ha mostrat eficient i, per tant, s’ha d’anar a mitjans mecànics, a captures, que o es fan de forma molt generalitzada i molt rigorosa, amb la qual cosa és impossible detectar-los tots, i a més és impossible detectar els ous, perquè els ous no es veuen, o acaben havent-hi nous naixements, acaben havent-hi noves generacions, que fan impossible la seva eradicació.

Si això ho transportem a la lluita biològica —és veritat que la lluita biològica, que en principi va nàixer per controlar les plagues que es produïen en fructicultura—, l’eliminació d’un nombre considerable de mascles a través de sistemes de captura i les feromones corresponents, permetia, com a mínim, controlar que l’expansió de la plaga no fos tan gran, però en aquest aspecte, no ha evolucionat tot el que seria necessari.

Per tant, per això nosaltres agraïm la participació de tots. Per què? Perquè ens ha fet veure que la moció, tal com la presentàvem d’inici, se’ns quedava curta. Se’ns quedava curta, per què? Perquè només instàvem el Govern, i el Govern no ho pot fer tot, entre d’altres coses, perquè al territori, al medi rural i a les Comunitats Autònomes operen altres administracions, que o les tens com a col·laboradores o, si no, no fas pràcticament res. I, per tant, per això, l’afegitó considerem que és molt important, que és el que diu




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que «així com en col·laboració amb el conjunt de les administracions públiques es puguin establir estratègies de gestió, control i possible eradicació d’aquestes espècies exòtiques invasores»; lògicament, respectant el que diu el paràgraf cinquè de l’article 61 de la Llei 42/2007, del 13 de desembre, que és on he centrat una part de la meva intervenció, quan he manifestat la impossibilitat d’acabar eliminant i, en canvi sí, la possibilitat —si som seriosos i rigorosos i tenim ganes de fer-ho bé— d’establir uns mecanismes de control que permetin conviure —si no els podem treure, fem-los els nostres amics—, sense que això signifiqui un cost addicional, ni per a la biodiversitat ni per als sistemes productius que es veuen greument afectats per aquestes espècies exòtiques invasores.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Quiero empezar esta intervención agradeciendo a los portavoces de todos los grupos políticos el haber llegado a una transaccional en una resolución de estas características.

El objetivo de esta moción, cuando la presentamos inicialmente, era instar al Gobierno a que acabase lo que había empezado hace ya varios años, conscientes de la complejidad que conlleva la detección y los medios de control que debe establecer todo Gobierno para la elaboración de un catálogo de algo nuevo, como son las especies exóticas invasoras en todos los campos: el terrestre y el acuático, incluyendo la aguas continentales y las marinas, o sea de las especies voladoras: las aves y los insectos, y resulta difícil por lo complicado de su cuantificación y seguimiento. Puesto que es de difícil cuantificación y seguimiento, el control y la catalogación de estos controles no es una labor fácil pero un día u otro debe acabarse porque este catálogo es esencial para establecer los niveles de población que son tolerables y, a partir de ahí, intentar controlar y erradicar todos aquellos que sean intolerables.

Por lo tanto, como he dicho antes, agradezco la participación de todos para mejorar esta moción, en especial como consecuencia de una enmienda que presentó el Grupo Popular y que ha permitido alcanzar esta transaccional al añadir a la moción inicial que, con la colaboración de las administraciones públicas, instemos también a la elaboración de estrategias de gestión, control y posible erradicación. Por tanto, a mi entender, la moción queda muy mejorada, lo cual agradezco.

Si ustedes se han fijado, en la exposición de motivos ya decimos que las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, y es lógico. Son invasoras y, por tanto, invaden unos hábitats que no son los suyos y en la mayoría de los casos desplazan de ellos a quienes sí son sus habitantes originales. Esto se da básicamente en las zonas húmedas, que es donde hay una más alta proliferación de seres vivos y, lógicamente, tiene consecuencias graves sobre los hábitats, pero sobre todo sobre la producción agraria, ganadera, forestal y en algunos casos puede afectar incluso a la salud pública, y creo que hay ejemplos claros de ello, con la invasión, sobre todo en el tramo final del Delta del Ebro, del mosquito tigre, que hay que ver cómo pica, y la presencia del picudo rojo, que anida fuera de las palmeras y de los árboles y perpetúa su continuidad.

Es evidente que a nivel internacional existe una preocupación constante con respecto a la amenaza que esto representa. Por lo tanto, requiere de los Gobiernos la introducción de medidas que impidan la entrada en sus ecosistemas de estas especies que no son propias, porque también es muy importante que no se produzcan los intercambios genéticos que se suelen producir cuando hay este tipo de invasiones.

Por consiguiente, hoy no es un secreto para nadie ver la gran disparidad y el gran número que hay de cotorras verdes, de cotorras argentinas que, aparte de hacer un escándalo espectacular, no dejan de ser una molestia para los ciudadanos. Y en el caso de la agricultura, la presencia cada día más masiva porque ya han eliminado prácticamente los estorninos naturales y vemos estos estorninos negros que se ven ahora casi como un medio buitre.

Por lo tanto, cuando el Estado español aprobó en 2007 la Ley del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad ya establecía que las administraciones públicas competentes debían prohibir y debían utilizar los mecanismos de control y de lucha necesarios para hacer muy difícil que las especies exóticas invasoras acabaran atacando y destruyendo los hábitats naturales.

Y encontramos ejemplos en todos los campos. Si le preguntan a un gallego, le dirá que lo que más preocupa a la gente que tiene implantación en el medio rural gallego es la proliferación de las acacias, que están invadiendo prados y zonas no cultivadas del norte, básicamente en Galicia. Y si hablamos con las asociaciones de pescadores, les dirán que los siluros, las carpas dentadas, la gambusia y el cangrejo americano han destruido prácticamente a los gaburros o a las especies autóctonas que teníamos en




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nuestros ríos, y los siluros de los pantanos, aparte de que dan bastante miedo, hay que ver también la destrucción que están provocando.

Si esto lo trasladamos a la agricultura y a los profesionales agrarios, no hay nadie que esté en el mundo rural, que cultive tierras y se dedique a cualquier tipo de producción que no conozca las consecuencias de lo que es, si entra en su finca, la lechuga acuática, la uña de gato, la cugula, más conocida como la avena loca, o los falsos níscalosy la trepadora silvestre, que obligan a una serie de labores manuales y de gasto en herbicidas que en este caso no tienen nada que envidiar, según qué plantaciones, a los sistemas de tratamiento habituales.

Muchos de ustedes se preguntarán, quizás, cómo puede ser que una especie invasora que cambia de un lugar a otro pueda llegar a un lugar donde es forastera y hacerse el amo. Pues porque tiene una capacidad de supervivencia espectacular y a lo primero que se dedica es a eliminar a la competencia. Y esto, que es así, hace que los medios de lucha sean muy complicados. ¿Por qué? Porque la eliminación y la erradicación es prácticamente imposible, porque por medios manuales es carísimo, por medios químicos es francamente imposible y porque en el momento en que quieres atacar a una especie invasora de gran trascendencia en el mundo de la apicultura, como es la avispa china, la avispa asiática, si haces un tratamiento generalizado y no tienes un producto específico que elimine las unas y deje las otras, lo que haces es cargártelas a todas, y eso, obviamente, no puede ser.

Si esto lo aplicamos al caracol manzana pasa exactamente lo mismo. El moluscocida no se ha mostrado eficiente y, por lo tanto, hay que ir a medios mecánicos y capturas que, o bien se hacen de forma muy generalizada y rigurosa —es imposible detectarlos a todos y detectar todos los huevos, porque no se ven— o acaba habiendo nuevas camadas, nuevas generaciones, que hacen imposible su erradicación.

Si esto lo trasladamos a la lucha biológica —bien es cierto que la lucha biológica al principio nació para controlar las plagas que se producían en fruticultura—, la eliminación de un número considerable de machos a través de sistemas de captura y las feromonas correspondientes, permitiría, cuando menos, controlar que la expansión de la plaga no fuera tan amplia, pero en este aspecto no se ha evolucionado todo lo que hubiera sido necesario.

Por eso, nosotros agradecemos la participación de todos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho ver que la moción, tal como la presentábamos al inicio, se quedaba corta, pues solo instábamos al Gobierno y el Gobierno no puede hacerlo todo, entre otras cosas, porque en el territorio, en el medio rural y en las comunidades autónomas operan otras administraciones que, o bien son colaboradoras o si no, no haces prácticamente nada. Por lo tanto, consideramos que es muy importante ese añadido que dice: en colaboración con las administraciones públicas se podrán establecer estrategias de control y posible erradicación de estas especies exóticas invasoras, lógicamente respetando lo que dice el párrafo 5 del artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que es en el que he centrado una parte de mi intervención cuando he manifestado la imposibilidad de acabar eliminando estas especies y, en cambio —si somos serios, rigurosos y tenemos ganas de hacerlo bien—, la posibilidad de establecer unos mecanismos de control que permitan la convivencia —si no podemos echarlos, hagámoslos nuestros amigos—, sin que esto signifique un coste adicional ni para la biodiversidad ni para los sectores productivos que se ven gravemente afectados por estas especies exóticas invasoras.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, señor presidente.

Moi brevemente, simplemente para anunciar que o Grupo de Senadores Nacionalistas está absolutamente de acordo coas formulacións da moción defendida polo senador Batlle. Efectivamente, pensamos que este é un tema importante, que algo hai que facer no conxunto das administracións públicas. Deben de traballar conxuntamente para facer fronte a un problema que vai a máis no conxunto do Estado español e de maneira especial nalgunhas das súas comunidades autónomas. É o caso de Galiza.




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Se cadra haberá un mes, na Comisión de Medio Ambiente e Agricultura, defendía unha iniciativa pola cal pediamos que se elaborase un plan de actuación para tentar controlar e, se fose posible, erradicar unha praga que temos en Ourense que está invadindo terreos produtivos, que agora quedaron ermos, e que é unha especie fortemente invasora, como é a acacia dealbata, que está copando eses terreos e os está volvendo absolutamente improdutivos. É un problema que, como digo, vai a máis, que precisa dunha actuación urxente. Somos conscientes de que son actuacións moi custosas, pero tamén somos conscientes de que se non se levan a cabo o custo será moito maior no futuro.

Polo tanto, totalmente de acordo co que formula a moción nos seus dous apartados, tanto no que fai referencia a que se elabore canto antes e que se rematen eses traballos que se están a levar a cabo para elaborar o catálogo onde queden recollidas todas aquelas especies que consideramos, tanto de fauna como de flora, que son exóticas e, polo tanto, invasoras, que dalgún xeito rompen o equilibrio do noso medio natural, dos nosos ecosistemas. Pero é tan importante como saber cales son esas actuacións que debemos levar a cabo para controlalas e, como digo, se fose posible, que é o desexable, poder erradicalas, sendo conscientes da dificultade que isto supón.

Polo tanto, dado que estamos de acordo coa iniciativa inicial nos termos que esta formulaba, tamén estivemos de acordo coa transaccional que ao final acabamos asinando creo que a totalidade do grupo.

Nada máis e moitas grazas.

Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para decir que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas está totalmente de acuerdo con esta moción defendida por el senador Batlle y, efectivamente, pensamos que este es un tema importante, que algo hay que hacer, que las administraciones públicas deben trabajar conjuntamente para hacer frente a un problema que va a más del territorio del Estado español, y de manera especial en alguna de sus comunidades autónomas, como es el caso de Galicia.

Hace aproximadamente un mes, en la Comisión de Medio Ambiente se defendió una iniciativa por la cual pedimos que se aprobara un plan de actuación para intentar controlar, si fuera posible, e incluso erradicar una plaga que tenemos en Orense, que está invadiendo terrenos productivos que ahora han quedado totalmente yermos. Se trata de una especie fuertemente invasora, la acacia dealbata, que está copando estos terrenos y los está volviendo totalmente improductivos. Es un problema que, como digo, va a más y necesita una actuación urgente. Somos conscientes de que son actuaciones muy costosas, pero también sabemos que si no se llevan a cabo el coste será mucho mayor en el futuro.

Estamos totalmente de acuerdo con lo que plantea la moción en sus dos apartados. En uno hace referencia a que se elabore cuanto antes y se concluyan esos trabajos que se están llevando a cabo para elaborar el catálogo donde queden recogidas todas aquellas especies, tanto de fauna como de flora, que son exóticas y, por lo tanto, invasoras, y que de alguna manera rompen el equilibrio de nuestro medio natural y de nuestros ecosistemas. Pero tan importante es también saber cómo son esas actuaciones que se van a llevar a cabo para controlarlas y, como digo, erradicarlas si fuera posible, siendo conscientes de su dificultad.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa inicial. También lo estamos con la transaccional, que hemos firmado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Moltes gràcies, senyor president.

Des de l’escó mateix i amb molta brevetat per manifestar la nostra posició d’acord absolut amb aquesta iniciativa, aquesta moció que avui portem a debat i aprovació al Ple.

Estem absolutament d’acord amb aquesta iniciativa perquè ens sembla totalment justa, és oportuna, perquè el problema que se’ns planteja amb relació a la invasió d’espècies exòtiques és un problema greu. Per tant, nosaltres volem felicitar el senador Batlle per aquesta iniciativa que insisteixo que és oportuna; òbviament també donem recolzament a aquesta transaccional que s’ha firmat per tots els grups i, per tant, ho votarem favorablement.

Mirin, el tema aquest és un tema realment greu, important, que està generant uns costos extraordinaris a les nostres administracions i a la nostra agricultura. Com molts de vostès saben, jo sóc habitant del




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Delta de l’Ebre. El Delta de l’Ebre som els campions, indiscutiblement, de les espècies invasores exòtiques. Em sembla que ho tenim pràcticament tot: tenim el musclo zebra; tenim el caragol poma en aquests moments —que està fent uns danys extraordinaris a l’arròs—; hem tingut i ja hem començat a conviure amb ells, amb una espècie que és el cranc roig, una espècie importada del Canadà, si no m’equivoco, i que ha fet danys extraordinaris a les infraestructures de reg de tot el Delta de l’Ebre. Ho ha dit també el senador Batlle, tenim uns silurs que jo convido les senyores i senyors senadors a veure’ls; són uns animals que fan tres o quatre metres i que van ser importats per uns alemanys al pantà de Riba-roja per dedicar-lo a la pesca esportiva, però el resultat final ha estat que s’han menjat totes les altres espècies.

Per tant, tenim experiència en aquest tema, creiem que és un tema greu. Des de les administracions locals i des de les administracions autonòmiques s’està lluitant, però em fa l’efecte que posar en solfa mecanismes de lluita coordinada a partir d’aquesta iniciativa serà molt important.

En tot cas, acabo, ens adherim absolutament a aquesta proposta i felicitem, absolutament, la iniciativa que ha presentat el senador Batlle.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño y con mucha brevedad para manifestar nuestra posición de total acuerdo con esta iniciativa, con esta moción que hoy se debate para su aprobación en el Pleno. Estamos totalmente de acuerdo con ella porque nos parece totalmente justa. Además, es oportuna, porque el problema que se nos plantea en relación con la invasión de las especies exóticas es grave.

Por consiguiente, queremos felicitar al senador Batlle por esta iniciativa que, insisto, es oportuna. Obviamente, también apoyamos la transaccional que se ha firmado por todos los grupos, por lo que la votaremos favorablemente.

Señorías, esta es una cuestión realmente grave, importante, que está generando unos costes extraordinarios a nuestras administraciones y a nuestra agricultura. Como muchos de ustedes saben, yo soy habitante del Delta del Ebro, donde, indiscutiblemente, somos los campeones de las especies invasoras exóticas; prácticamente las tenemos todas: tenemos el mejillón cebra, tenemos el caracol manzana —que en estos momentos está causando unos daños extraordinarios en el arroz—; hemos tenido y hemos empezado a convivir con el cangrejo rojo, una especie, si no me equivoco, importada de Canadá, que ha causado daños extraordinarios en las infraestructuras de riego de todo el Delta del Ebro, y,como ha señalado el senador Batlle, tenemos unos siluros, que invito a las señoras y señores senadores a que los vean: son unos animales que miden 3 o 4 metros, que importaron unos alemanes para el pantano de Ribarroja para dedicarlo a la pesca deportiva. El resultado final ha sido que se han comido a todo el resto de las especies.

Por lo tanto, tenemos experiencia en esta materia. Consideramos que es un problema grave; las administraciones locales y autonómicas están luchando para combatirlo, pero será muy importante poner en marcha mecanismos de lucha coordinada a partir de esta iniciativa.

En todo caso —y termino—, nos adherimos a esta propuesta y felicitamos totalmente la iniciativa que ha presentado el senador Batlle.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra al senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gràcies, senyor president.

I des de l’escó perquè, després de l’exposició, no crec que calgui dir gran cosa més.

No obstant això, sí que vull fer-los una confessió a vostès, senyors i senyores senadors, i és que quan vam plantejar aquesta moció, la vam plantejar des d’un punt de vista una mica egoista. Una mica egoista pensant en el sector agrari de rec, per les conseqüències que tenia, i que comença a tenir, el musclo zebra, en les infraestructures de rec; en les infraestructures de rec localitzat o a pressió, que és, en el conjunt del Pla Nacional de Regadius, el sistema que s’està imposant, no només quan es fa un rec nou, sinó quan hi ha una millora d’un rec ja existent. Per què? Perquè la proliferació d’aquest musclo zebra acaba obturant les canonades, acaba destrossant-ne els filtres, perquè es mou amb tanta facilitat per l’aigua, i amb tanta capacitat, que o bé hi ha un control adequat sobre aquest tema o bé la passarem magra. I, per tant, les infraestructures de rec es veuran molt afectades, les màquines que són els




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mecanismes d’impulsió perquè l’aigua tingui la pressió suficient per establir els sistemes de rec localitzat, de recs eficients, de recs que siguin cada vegada més estalviadors d’aigua, van ser l’esperit inicial d’aquesta moció.

Afortunadament, la participació de tots ha fet veure que no només era interessant per aquest tema sinó pels de caràcter ambiental, perquè els costos ambientals sobre aquesta qüestió de les espècies exòtiques invasores són enormes, i poden arribar sent impagables si no hi posem remei de bon principi.

Per tant, a tots i a totes, moltes gràcies; primer, per ajudar-me a fer una moció que crec que finalment ha quedat bastant ben articulada i bastant ben acceptada; i segon, per obrir-me els ulls a la realitat que no només els agricultors tenen problemes, sinó que en té el conjunt de la societat.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño, ya que después de la exposición no creo que haya que decir mucho más.

No obstante, quiero hacerles una confesión a ustedes, señoras y señores senadores, y es que cuando planteamos esta moción lo hicimos desde un punto de vista algo egoísta, pensando en el sector agrario de riego, por las consecuencias que empieza a tener la presencia del mejillón cebra en las infraestructuras de riego localizado a presión, que es el sistema que se está imponiendo en el plan nacional de regadío, no solo cuando se instala un riego nuevo sino cuando se produce una mejora en un riego ya existente. ¿Por qué? Porque la proliferación del mejillón cebra acaba obturando las tuberías, acaba destrozando sus filtros, porque se mueve con tanta facilidad por el agua que, o bien hay un control adecuado al respecto o las vamos a pasar canutas, porque las infraestructuras de riego se pueden ver muy afectadas, es decir, las máquinas, que son los mecanismos de impulsión para que el agua tenga la presión suficiente para hacer funcionar los sistemas de riego localizado, de riego eficiente y de riegos que sean cada vez más ahorradores de agua.

Ese fue el espíritu inicial de esta moción. Afortunadamente, la participación de todos nos ha hecho ver que no solamente es interesante en este ámbito sino también en los de carácter ambiental, porque los costes ambientales respecto de las especies exóticas invasoras son enormes y pueden acabar siendo impagables si no ponemos remedio desde el principio.

Por eso, muchas gracias a todas sus señorías, primero, por ayudarme a hacer una moción que creo que finalmente ha quedado bastante bien articulada y ha sido aceptada y, en segundo lugar, por abrirme los ojos a la realidad de que no solo tienen problemas los agricultores, sino la sociedad en general.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero felicitar al senador Batlle y a su grupo parlamentario por esta iniciativa para que se apruebe el catálogo español de especies exóticas invasoras, ya que esta es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, en concreto es la segunda mayor amenaza global para la biodiversidad biológica. La llegada de estas especies invasoras puede ocasionar graves perjuicios para la economía, como bien decía el senador Batlle, especialmente para la producción agrícola, ganadera y forestal, pero también para la salud pública.

Como saben sus señorías, esta no es solo una preocupación de España sino internacional. Fruto de ello es que el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica reconoció su gravedad y estableció que cada país impedirá que se introduzcan, y controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats u otras especies. Y a nivel europeo, el Consejo de Europa, en el marco del Convenio de Berna, elaboró en 2004 la Estrategia de Europa sobre Especies Exóticas Invasoras, además de las directivas de 2009 y nuestra Ley nacional de 13 de diciembre de 2007, de patrimonio nacional y la biodiversidad.

En España, distintas especies de fauna y flora silvestre y algunos hábitats tienen en la presencia de especies exóticas invasoras su principal amenaza. Así, muchos peces endémicos están amenazados por el impacto producido por peces exóticos introducidos. Ocurre con la malvasía cabeciblanca o el visón europeo, gravemente afectados por la presencia de especies competidoras.

La ocupación de terrenos ejercida por especies de flora exótica ha arrinconado algunos hábitats naturales, sobre todo asociados a zonas húmedas. Las pérdidas económicas por la presencia, por




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ejemplo, del mejillón cebra, el caracol manzana o la avispa asiática son cuantiosísimas, sobre todo, por el impacto que tiene sobre distintas actividades económicas tradicionales.

Por todo ello y especialmente para posibilitar la implantación de medidas activas —como bien nos decía el compañero de Convergència i Unió— que eviten los efectos negativos derivados de la presencia de especies exóticas invasoras sobre la propia diversidad biológica española y los intereses en los aprovechamientos económicos de las personas, estamos de acuerdo con la moción inicial y, por supuesto, con la transaccional que hemos firmado.

Terminamos valorando el acuerdo de todos los grupos parlamentarios y la voluntad que ha mostrado el senador Batlle para conseguirlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la senadora Xamena.

La señora XAMENA TERRASA: Gracias, señor presidente.

Quiero también dar las gracias al senador Batlle porque creo que con la presentación de esta moción y con la enmienda que hemos transaccionado hemos conseguido unos objetivos superiores a los que inicialmente nos habíamos propuesto y, además, hemos abierto una vía de trabajo para que el Gobierno pueda dar cumplimiento a los objetivos y compromisos nacionales e internacionales que adquirió en octubre de 2010 en Aichi, en el sentido de que en 2020 seguiría rigurosamente el control de las especies exóticas e invasoras.

En ocasiones hay compañeros que me preguntan por qué hablamos de estas cosas tan extrañas en el Senado y creo que es el momento adecuado para decir que hablar de especies exóticas invasoras no es algo baladí y que no es un capricho, porque además de su parte romántica y bucólica de conservación o de preservación, también tiene una parte muy importante relacionada con los sectores productivos, con la agricultura, con la ganadería, con la pesca, con el mantenimiento de nuestros ecosistemas naturales, que son un gran atractivo turístico y, por tanto, estamos hablando de economía, de trabajo y también de sectores productivos.

En cualquier caso, he de decir que hoy en día las especies exóticas nvasoras en nuestro país son grandes desconocidas, incluso son grandes desconocidos los costes que originan. Actualmente disponemos de pequeños estudios, como los de Montserrat Vilà, investigadora de Doñana, que ha hecho las primeras aproximaciones de los costes económicos que supone el control y seguimiento de especies exóticas invasoras en España. Únicamente apunta que controlar el jacinto de mar en algunas zonas de nuestros ríos ya ha costado, a día de hoy, más de 3,4 millones de euros. Asimismo hacer un seguimiento del kaipu, en Gran Canaria, lleva un coste acumulado de más de 2,8 millones de euros. Y un aspecto que me afecta por ser mallorquina y por proceder de una isla: la cartografía de algas marinas invasoras en algunas zonas de nuestro litoral mediterráneo, a día de hoy, ya ha costado más de 8,2 millones de euros. Por tanto, insisto en que no es un tema baladí sino que estamos hablando de economía, de sectores productivos y también de la conservación de nuestro patrimonio natural.

Me gustaría decir que las pérdidas que se ocasionan anualmente en el Reino Unido por artrópodos invasores que afectan sobre todo a la agricultura se valoran en más de 2800 millones de euros al año, y en Estados Unidos la gestión directa de las especies invasoras en su conjunto supone un gasto anual de más 137 000 millones de dólares —que no es algo menor—. En España, a día de hoy, desconocemos el montante del control y seguimiento de estas especies.

Actualmente, tanto la sociedad como las administraciones reconocen la problemática que crea la propagación de estas especies; hoy se monitorizan algunas, y se siguen y vigilan otras, pero no hay un trabajo coordinado de todas ellas que repercuta positivamente en la conservación de nuestro patrimonio natural.

En la actualidad nadie sabe cuántas especies invasoras se hallan en España, nadie sabe cuál es su distribución, el tamaño de su población, el peligro que suponen para cada uno de los hábitats afectados o qué posibilidades de expansión tiene cada una de ellas; asimismo, desconocemos los efectos negativos en los distintos sectores económicos y en la salud humana.

Ya que todos han hecho una especie de catálogo de las especies invasoras que les son más próximas, quisiera recordar la caulerpa taxifolia, la famosa «alga asesina» que llenó páginas y páginas de prensa, sobre todo de la inglesa e internacional. La caulerpa taxifolia es una especie invasora que desplaza la posidonia oceánica, que es la gran creadora de praderas marinas y la que mantiene todo el nicho y la




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estructura ecológica dentro del mar y las cadenas tróficas. Esta alga, con el nombre que le pusimos de alga asesina, incluso hizo temer a las personas que los baños en la costa de Baleares pudiesen tener alguna repercusión sobre su salud, por lo que hay que evitar esto en lo posible y creo que es muy necesario que todos trabajemos en ello. Sí me gustaría que constase en acta que no se sabe por qué motivo el alga asesina, la caulerpa taxifolia, está en fase de regresión, está desapareciendo de nuestras costas sin que conozcamos el motivo, porque en estos momentos ella misma se está erradicando.

Por tanto, señorías, el Grupo Popular está satisfecho de haber conseguido esta transaccional. Estamos de acuerdo en que se debe aprobar de inmediato el catálogo de especies exóticas invasoras, ya que no puede ser de otro modo, sobre todo por coherencia. El Grupo Parlamentario Popular ya en los años 2007 y 2010 presentamos mociones en ese sentido en esta Cámara. También quiero recordar que el valor en sí no es la aprobación de este catálogo, no es el listado en la clasificación de estas especies, sino las actuaciones que se deben desarrollar en función de los resultados de este trabajo, que nos indicará las medidas activas que debemos adoptar para evitar los efectos negativos sobre estos ecosistemas. Estamos muy satisfechos de esta transacción, repito, ya que, a partir de este catálogo y a partir de los trabajos de gestión y control de estas especies podemos decir qué especies debemos erradicar, cuáles debemos eliminar y qué especies foráneas podrán convivir en nuestros hábitats y las podremos mantener en algún sitio en una densidad suficiente para que no afecten a nuestros ecosistemas.

Agradezco al señor Batlle esa moción, y gracias a todos los grupos por habernos permitido llegar a un acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

El texto que se somete a votación está firmado por todos los grupos. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado por asentimiento.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 624/000015)

(Núm. exp. C.D. 122/000232)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos al punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

Dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con la proposición de ley orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

No se han mantenido enmiendas para su defensa en el Pleno.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.

He sido designada por la Comisión de Trabajo para presentar a la Cámara el dictamen de la proposición de ley orgánica en los artículos 31 bis y 59 bis, que usted ha comentado.

La proposición de ley tuvo su entrada en el Senado el 10 de junio, siendo publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha, finalizando el plazo de enmiendas el pasado 14 de junio. Se han presentado tres enmiendas por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, retirándose en comisión la enmienda número 3, y habiendo presentado el Grupo Socialista una transaccional a las enmiendas 1 y 2, que han sido apoyadas por unanimidad.

Señor presidente, dado que no va a haber debate me va a permitir solo un minuto porque yo creo que merece la pena resaltar el consenso alcanzado por los grupos, que permite proteger más y mejor a las




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personas inmigrantes que viven y trabajan en nuestro país. Hoy disponemos de una ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España que, además, avanza en la protección de los menores no acompañados, de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas que entran en las redes que trafican con seres humanos.

Con el texto que ahora hemos transaccionado en el Senado —por el que creo que debemos felicitarnos— conseguimos proteger más y mejor a las víctimas de violencia de género, amparando también mejor la denuncia y la explotación. Se protege mejor a sus hijos y familias, se garantiza también mejor la autorización de residencia y trabajo y la no expulsión del territorio.

No debemos olvidar que el informe de la fiscalía de 2010 nos decía que hay más de 135 000 denuncias por violencia de género, de las cuales el 40% corresponde a inmigrantes. También en el informe de 2010 sobre víctimas identificadas como de potencial explotación por redes que trafican con seres humanos hay 1605, de las cuales el 93% corresponde a mujeres extrajeras, y de ellas 523 estaban en situación irregular en nuestro país. Estas mujeres son las que queremos proteger más y mejor, y con el acuerdo alcanzado por los diferentes grupos parlamentarios en el Senado lo vamos a conseguir.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

No hay debate de totalidad. Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegación.) No interviene.

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegación.) No interviene.

¿Podemos entender que la Cámara aprueba por asentimiento esta proposición de ley? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento esta proposición de ley orgánica de modificación y, en consecuencia, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE PASAN A DENOMINARSE OFICIALMENTE «ARABA/ÁLAVA», «GIPUZKOA» Y «BIZKAIA» LAS DEMARCACIONES PROVINCIALES LLAMADAS ANTERIORMENTE «ÁLAVA», «GUIPÚZCOA» Y «VIZCAYA».

(Núm. exp. S. 624/000014)

(Núm. exp. C.D. 122/000252)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Dictamen de la Comisión de Política Territorial en relación con la proposición de ley por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

No hay presentación del dictamen ni debate de totalidad. Por tanto, pasamos al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en este turno de defensa de las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular voy a intentar convencer a sus señorías, aunque creo que es misión imposible, para que las apoyen, pese a que en sucesivos debates, tanto en el Congreso como en Senado en las correspondientes ponencias y comisiones, han sido rechazadas, y yo no he tenido, en mi caso aquí en el Senado, el acierto de conseguirlo, algo que, lo digo con toda sinceridad, lamento profundamente. Lo voy a intentar ahora en esta nueva oportunidad con la intención de llegar a un acuerdo de entendimiento coincidente con lo que creo que es lo natural en la sociedad vasca, que está harta de crispación y de enfrentamiento político, a veces incluso en estas materias lingüísticas, cuando esa realidad no existe en la calle. Y lo hago porque




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tengo la plena convicción, y se lo digo sinceramente a sus señorías, de que estas enmiendas son perfectamente asumibles por todos ustedes, por todos los grupos políticos.

Creo que desde el punto de vista político son unas enmiendas asépticas, basadas en el sentido común, en la defensa de la convivencia, de la pluralidad y de la diversidad lingüística, que considero que son el fiel reflejo de la sociedad vasca hoy en día en esta materia. Por ello voy a repasarlas una por una.

La primera enmienda viene orientada a cambiar el título de la proposición, por considerarlo más claro y entendible respecto al contenido de esta proposición de ley.

Respecto a la segunda enmienda, referida a la exposición de motivos, creo que expresamos con más claridad a quién corresponde la competencia de la denominación de los territorios históricos del País Vasco —me gusta llamarlo así y así está expresado en la propia disposición adicional primera de la Constitución española—, que está depositada ni más ni menos que en estas Cortes Generales. Creo que en esto algo se ha avanzado pues si recordamos, en anteriores ocasiones el Partido Nacionalista Vasco había puesto en entredicho la competencia de las Cortes Generales en esta materia, competencia que queda claramente definida y limitada en el artículo 25 del Real Decreto de la Ley 781/1996, de 18 de abril, que dice lo siguiente: Solo mediante ley aprobada por las Cortes Generales pueden modificarse la denominación y la capitalidad de las provincias. La enmienda, en la que planteamos una modificación de la exposición de motivos, deja bien clara esta competencia.

Pero creo que las enmiendas fundamentales son las números 3, 4 y 5. Y voy a decirlo con toda claridad y cordialidad, la razón de estas enmiendas es defender la pluralidad lingüística del País Vasco, como así se contempla en el propio estatuto de autonomía. En concreto, en el estatuto de autonomía, en el artículo 6.1 se establece, y dice con toda claridad, que —entre comillas—: el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá, como el castellano, carácter oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho de conocer y usar esas lenguas. Explíquenme entonces por qué, si se aprueba esta proposición de ley, la denominación de Vizcaya y de Guipúzcoa no la van a tener en castellano ¿Y por qué esta ocurrencia? ¿Qué motivación tiene? Algunos me podrán decir —lo dijeron en la comisión correspondiente— que fue una decisión de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa de los años 1985 y 1986, respectivamente; por cierto, decisión que no fue votada ni apoyada por el Partido Socialista ni por el Partido Popular en esas dos instituciones vascas. Pero es que en el caso de Álava tampoco se respeta en esta proposición la norma foral aprobada en esas Juntas Generales en el año 1989, sin un solo voto en contra, y en la que textualmente se dice —entre comillas—: el territorio se denominará en cada una de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma, Álava en castellano y Araba en euskera. Es decir, lo mismo —porque es copia literal de lo que se aprobó en las Juntas Generales de Álava— que expresa nuestra enmienda número 3 y que ustedes han manifestado en varias ocasiones que rechazan, disfrazando su enmienda, la que fue aprobada mediante una modificación en el Congreso de los Diputados, por este texto aprobado en las Juntas Generales por el Araba/Álava, que complica todavía más la situación, porque puede producirse un contrasentido, y es que se utilice la palabra Álava en euskera y Araba en castellano. Explíquenselo ustedes a los miembros de la lengua vasca en el País Vasco.

Yo creo que las palabras, en el caso de Álava, tienen unos fonemas diferentes y no deben ser confundidas, y debe ser Araba cuando se habla en euskera y Álava cuando se habla o se escribe en castellano.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya terminando.

El señor RABANERA RIVACOBA: Termino.

He intentado defender las enmiendas en un afán de encuentro. Creo que con ellas defiendo la pluralidad, la convivencia, la no exclusión, el no crear un problema que no existe, y considero que estas enmiendas pueden ser asumidas —y les ruego que así lo sean— perfectamente por todos ustedes, si, como ustedes dicen, y lo han dicho en muchas ocasiones, defienden la diversidad y pluralidad.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (El señor Anasagasti Olabeaga y la señora Rubial Cachorro piden la palabra.)

El tiempo correspondiente a este turno, que es el equivalente al empleado para la defensa de las enmiendas, se repartirá entre el senador Anasagasti y la senadora Rubial.

Tiene la palabra el señor Anasagasti.




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El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.

Con el tiempo de que dispongo diré únicamente al senador Rabanera: Erramón Ravanera —con v— Ribacoba —con b—. ¿Le gustaría eso? No, ¿verdad? Porque usted se llama Ramón Rabanera —escrito con b— Rivacoba —escrito con v.

Pero aquí hablamos de una grafía vasca y de lo que se trata fundamentalmente es de hacer normal lo que es normal a nivel de calle y a nivel lingüístico. Eso lo decía Adolfo Suárez; por tanto, no estamos proponiendo aquí nada extraordinario, se trata simplemente de una cuestión de grafía, no vamos a cambiar el nombre.

Efectivamente, usted se ha referido a los acuerdos de Juntas Generales, y como se nos dijo que tenía que ser una iniciativa trasladada a las Cortes Generales, pues lo hemos hecho, hemos trasladado a las Cortes Generales esta iniciativa para su tramitación. Es verdad que el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra en una ocasión, pero ahora parece que va a votar a favor. Es decir, que están cambiando las cosas, y usted, señor Rabanera, también debería cambiar porque, efectivamente, hay que hacer normal lo que es normal a nivel de calle, como se ha hecho también en otros lugares, como, por ejemplo, en A Coruña, Illes Balears, Girona o Lleida. ¿Por qué en estas ciudades se puede cambiar el nombre y no se puede poner Vizcaya con b?

Se nos ha argumentado que qué va a pasar con el BBV. Pues que pase lo que tenga que pasar y que le nombren como les de la gana, porque en euskera no hay uves, señor Rabanera, es un nombre vasco y por tanto, vamos a ponerlo con b, si no, sería una falta de ortografía.

Y en cuanto a Álava, en lo que ustedes muestran tanta oposición, hemos tomado una decisión salomónica para respetar lo que dicen, y hemos puesto Araba/Álava; usted lo llamará Álava y otros Araba, y no pasará absolutamente nada. Pero no dramatice algo que debería ser absolutamente normal.

Y de forma muy resumida, señor presidente, diré que para echar abajo en reiteradas oportunidades esta iniciativa en el pasado han utilizado el argumento de que, al margen de lo que acordasen las Juntas Generales a propósito del nombre con el que han de ser oficialmente conocidas estas sedes de demarcaciones forales, en tanto que son provincias españolas, los territorios históricos vascos solo podían alterar su denominación oficial a través del procedimiento previsto en el artículo 25.2 del real decreto legislativo —es decir, de una ley de ámbito estatal-, mediante la tramitación del oportuno proyecto de ley o proposición de ley en las Cortes Generales. Pues bien, esta es una proposición de ley.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular sostuvo en aquella oportunidad a este respecto que las Juntas Generales son competentes para establecer la cooficialidad de topónimos y no la oficialidad exclusiva de los mismos, por lo que invito a los proponentes a que si quieren que la única grafía oficial sea la euskérica presenten la iniciativa adecuada, poniendo como ejemplo al grupo parlamentario catalán, que cuando planteó el cambio de denominación oficial de Lérida y Gerona por los correspondientes de Lleida y Girona, lo hizo mediante proposición de ley para que fueran las Cortes Generales quienes, en su caso, oficializasen el cambio.

Por su parte, el portavoz socialista recordó la doble naturaleza de los tres entes públicos que integran la comunidad vasca, la de territorios históricos, la de territorios forales y la de provincias de régimen común, y concluyó que la iniciativa o bien resulta innecesaria por existir normativa aplicable a la denominación de los territorios históricos, o bien es improcedente si lo que se pretende es la utilización de las denominaciones oficiales de los territorios históricos a las demarcaciones provinciales del País Vasco.

En alguna ocasión hemos llamado la atención sobre la concurrencia en este caso de una circunstancia diferencial específica para el caso vasco que no resulta fácilmente comprensible, un hecho diferencial de carácter negativo porque impide a su titular hacer algo que, sin embargo, se permite a los territorios de régimen común. Lo que se da por bueno para Lleida, Girona, A Coruña, Ourense e Illes Balears, mutaciones que en algunos casos entrañan cambios fonéticos incluso de difícil pronunciación para el castellano parlante, se niega a los territorios vascos por mucho que sus nombres sean de raíz netamente euskérica y la modificación propuesta apenas suponga alteraciones fonéticas de relevancia, limitándose prácticamente a lo gráfico. En el caso de los territorios vascos no estamos hablando de distintas denominaciones…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, termine, por favor.




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El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente, termino.

Como digo, no estamos hablando de una denominación vasca y otra castellana, sino de una única denominación de sustrato inequívocamente euskérico, pues nadie cuestiona la raíz vasca de las voces Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario ya manifestó en la Comisión de Política Territorial que celebramos al finalizar el pasado Pleno que íbamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado porque consideramos que no son coincidentes con las normas existentes en los territorios forales vascos, entre otras cosas, porque modifican y desnaturalizan el sentido de la proposición de ley.

Pero quiero decir que igual que respetamos que Álava/Araba pueda ahora denominarse indistintamente en euskera o en castellano, por decisión de las Juntas Generales deberíamos respetar también que Bizkaia y Gipuzkoa pase a ser su grafía oficial en euskera.

Eso no quiere decir que se vaya a penalizar a nadie por utilizar el uso del castellano —luego hablaré de ello en el turno de portavoces—, pero el otro día curiosamente estuve en un acto en Asturias, comunidad que no tiene una lengua oficial española —no sé si van a molestarse los asturianos—, y pude ver que la grafía de los municipios figura en numerosas ocasiones en bable, y nadie ha dicho absolutamente nada. Es cierto que en su día no se apoyó esta decisión, también es cierto que las cosas han cambiado, que la normalización del uso de las lenguas en los territorios en los que tenemos lengua oficial es de todos ya admitida y consabida.

Por tanto, debemos respetar ese acuerdo, además, va a seguir existiendo la pluralidad lingüística y sobre todo —después lo explicaré en el turno de portavoces—, lo vamos a aprobar en esta Cámara, en las Cortes Generales, que es donde corresponde tomar la decisión definitiva y donde ha sido presentada, para que sea una ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mur.

¿Va a intervenir solo un senador por el Grupo Parlamentario Mixto? (Asentimiento.) Por tanto, tiene cinco minutos.

El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario y, de manera especial, la de este senador, que, además, como presidente de la Comisión de Política Territorial, tuvo el honor de dirigir el debate celebrado en la comisión. La verdad es que fue y ha sido un debate interesante porque hemos conocido puntos de vista yo creo que innecesariamente discrepantes.

Les resumo diciéndoles que apoyé el texto de la proposición del Congreso de los Diputados en la Comisión de Política Territorial. Escuché con muchísima atención los argumentos del senador Rabanera, que creo que son estimables, aparte del entusiasmo que le pone en sus intervenciones, y para una persona que ve la cuestión con una cierta distancia, tiene también puntos asumibles. En el fondo, mi voto lo decide la posición de los que allí han decidido —es decir, las diputaciones forales-cómo tienen que decirse las cosas.

La verdad es que las leyes no lo cambian todo porque la gente que viva en el País Vasco dirá lo que tenga que decir y lo nombrará con la denominación castellana o con la denominación euskera, y no va a pasar nada. Esto de la guerra de las lenguas debería ir aplacándose, porque no me parece fundamental, cuando se trata de algunas cuestiones más de matiz que de fondo. Por tanto, apoyaré el dictamen de la comisión.

Señor presidente, con su permiso, voy a utilizar este turno para decir a sus señorías que es mi última intervención en este Senado. La cámara autonómica aragonesa, las Cortes de Aragón, que me eligieron




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para representar a mi comunidad hace ocho años y me volvieron a elegir hace cuatro, se constituyó ayer y están en el proceso de designación de los nuevos representantes de la comunidad autónoma en este Senado, proceso al que no voy a concurrir. Por tanto, no voy a estar aquí a partir de una fecha próxima.

Quiero precisamente aprovechar este turno relativo a la proposición que se tramitó en la comisión que he tenido el honor de presidir en esta legislatura para decir algunas cosas, señor presidente. En primer lugar, para dar las gracias a todos los compañeros y compañeras con los que he convivido durante estos ochos años; de manera muy especial, a los compañeros y compañeras de la Comisión de Medio Ambiente en la legislatura anterior, que tuve el honor de presidir, y a los de la Comisión de Política Territorial en esta legislatura, que también he presidido, así como a los compañeros de la Mesa, de la Junta de Portavoces y a todos los miembros de las comisiones. La verdad es que fue muy fácil presidir y ordenar el trabajo de estas dos comisiones en estas legislaturas. También quiero hacer extensivo mi agradecimiento a todas sus señorías, con las que he convivido, trabajado y luchado, con las que he compartido ilusiones y trabajo, discrepancias, y a las que tengo que decir que he aprendido mucho de todos ustedes. Por tanto, me voy con mejor bagaje intelectual que con el que llegué, me voy también con la creencia de que tengo muchos más amigos que cuando llegué aquí —ustedes también pueden considerarme a mí su amigo-, y quiero decirles también que ahí donde la vida nos lleve a todos, yo seguiré estando los próximos años, casi seguro, por aquellas montañas del Pirineo aragonés de donde soy nativo, disfrutando de una bien ganada tranquilidad porque llevo casi 25 años de tarea parlamentaria y ya es hora de dar el relevo a otras generaciones que a buen seguro seguirán con la tarea de prestigiar las instituciones, de fortalecer la democracia y de buscar una sociedad más justa y más solidaria.

Quiero decirles a todos ustedes también, a los que se quedan y a los que vengan, una única cuestión: que sigan trabajando lo mejor posible, que vienen tiempos muy difíciles y va a hacer falta hacer política con mayúsculas.

Ya que estamos en este Senado, señor presidente, y si usted me lo permite, quiero hacer una petición: trabajen para que la reforma del Senado sea efectiva, de lo contrario, esta casa tan querida para todos nosotros y para mí en especial no va a tener el protagonismo, el papel, que la Constitución le tiene encomendado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mur, por sus palabras, y le deseamos lo mejor, sentimiento que tenemos todos los que compartimos hoy el Senado con usted.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Mur, a quien conocimos en el Congreso y ahora en el Senado. Es usted un viejo roquero. Termina su periplo parlamentario con una iniciativa y además nos pide que se haga política con mayúsculas. Pues haremos política con mayúsculas. Señor Rabanera, ¿ha escuchado usted al señor Mur? Política con mayúsculas. Además, el señor Mur es un hombre templado, moderado y va a votar a favor de esta iniciativa. Por tanto, anímese usted también a votar favorablemente esta iniciativa y haga caso al señor Mur. No estaría nada mal. (Risas.)

Señor presidente, estamos debatiendo esta proposición de ley, con unas enmiendas, y quizás simplemente sería bueno recordar algo que ocurrió hace tiempo. La denominación de las provincias del Estado español no es de ahora, fue fijada por el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 —ha llovido desde entonces—, cuyo artículo primero estableció, en lo que ahora interesa, que tomarán el nombre de sus capitales respectivas, salvo las de Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.

Con posterioridad, la legislación del régimen local ha regulado el procedimiento que ha de observarse para alterar el nombre oficial de una provincia, y en la actualidad este procedimiento está previsto en el artículo 25.2 del Real decreto de 18 de abril, según el cual solo mediante ley aprobada por las Cortes Generales pueden modificarse la denominación y capitalidad de las provincias.

Durante la presente etapa democrática han sido varias las provincias que han promovido el cambio de su denominación oficial. A principios de los ochenta, Logroño, Oviedo y Santander cambiaron sus nombres tradicionales por los de La Rioja, Asturias y Cantabria respectivamente. En el primer caso, el cambio se produjo con anterioridad a la aprobación del estatuto y en el caso de Asturias, en un momento posterior. Por su parte, Cantabria promovió el cambio de su denominación a través precisamente de la propia norma estatutaria.




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Con posterioridad, ya en la década de los noventa, varias provincias de comunidades bilingües acometieron también la modificación legal de su nombre con el común objetivo de instituir como oficial la versión expresada en la lengua autonómica correspondiente. Así las provincias de Gerona y Lérida pasaron a denominarse Girona y Lleida, el archipiélago balear cambió su nombre por el de Illes Balears y las provincias gallegas de La Coruña y Orense optaron por fijar su denominación oficial bajo los apelativos de A Coruña y Ourense.

En el supuesto de La Rioja y de Asturias, las leyes a través de las cuales se produjo el cambio oficial de denominación —que responden al mismo esquema formal— se limitaron a hacer efectivo el cambio legal y a especificar que, pese a la alteración de la denominación provincial, se mantenía el nombre de la capital añadiéndose en ambos casos que las referencias que al antiguo nombre se hubieran realizado por los órganos del Estado u otros organismos públicos se entenderían hechas en lo sucesivo en la nueva denominación. Ninguna razón se aduce, sin embargo, para justificar el cambio.

En el caso de Cantabria, el estatuto expresa como motivación del cambio el propósito de recoger el sentir mayoritariamente ya expresado en la diputación y ayuntamiento de la actual provincia de Santander.

No voy a redundar más en argumentos ya sabidos.

Hay que recordar nuevamente que queremos hacer normal lo que es normal en cualquier conversación en Euskadi. Me comentaba la senadora Leanizbarrutia que si efectivamente hubiera que hablar de Guipúzcoa como lo plantea el señor Rabanera, habría que decir Güipuzcoa, algo, sinceramente, bastante raro ¿no? Porque el nombre es euskérico, es un nombre vasco, por lo tanto, llamémoslo con su grafía actual.

Voy a terminar apelando de nuevo a lo que ha dicho el senador Mur sobre la política con mayúsculas. Además, tenemos una muy buena relación personal con el senador Rabanera y he tratado de buscar en Wikipedia a ver qué dicen de él, y dicen: «Rabanera» —con b— «trató de aportar sentido común a su gestión de gobierno desde el compromiso para gestionar de un modo que permitiera que todos, tanto nacionalistas como no nacionalistas, se sintieran cómodos en Álava» —Álava/Araba—. «Su talante conciliador y una personalidad cercana y amable permitieron que gozara de gran aprobación social y dieron un perfil moderado a su gobierno que contó con gran estabilidad en su primera legislatura. Su firme convencimiento foral…» —su firme convencimiento foral— «…y su sentimiento vasquista le llevaron a jugar un papel trascendental en importantes hitos del autogobierno vasco y de la realidad foral de las Diputaciones.»

Por tanto, señor Rabanera, no se empecine. Usted es Rabanera con b y no Mayor Oreja.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.— Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra, por Convergència i Unió, la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

Señorías, buenos días.

En primer lugar, en nombre de CiU, quiero agradecer al senador Mur su cordialidad, su eficacia y su amabilidad con todos los senadores de nuestro grupo y con la Cámara. Por lo tanto, evidentemente, le deseamos mucha suerte en sus nuevas actividades.

Respecto al dictamen, quiero hacer una breve intervención para fijar nuestra posición. En un Estado plurinacional como es el Estado español es conveniente la existencia de una Cámara de representación territorial para que las naciones que vivimos en España podamos defender nuestros intereses. El Senado ha ido mejorando en su condición de Cámara de representación territorial, y el último gran paso adelante ha sido la incorporación del uso de las diferentes lenguas oficiales en el Pleno del Senado. Este hecho tiene un gran valor para superar la visión centralista de que existe una lengua de primera y otras de segunda. Cuesta mucho el reconocimiento de esta realidad plurinacional y no gusta en determinados ámbitos, pero no se puede cuestionar la realidad plurilingüística de los territorios que tienen su lengua propia.

Como saben, señorías, yo soy de Girona y no pasa nada porque mi demarcación o mi ciudad sea nombrada así. Tampoco pasada nada por decir Lleida, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia. Sencillamente, forma parte de la normalidad, del respeto a las lenguas y, en definitiva, del respeto a las personas que las hablan.

Por razones de legalidad, de normalización y de reconocimiento de una realidad social y lingüística innegable, mi grupo votará a favor del dictamen.




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Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Bruguera, tiene la palabra por la Entesa.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero saludar cordialmente al senador Mur enviándole un abrazo fraternal y deseándole mucha suerte en el futuro.

Si me permiten, quisiera centrar el tema del que estamos tratando, diciendo que parecería que hoy estamos tratando un tema excepcional, cuando precisamente lo excepcional es que se trate hoy y no se haya tratado y resuelto hace dieciocho o diecinueve años, tal y como se hizo en Cataluña —Girona, Lleida-, en las Illes Balears y en Galicia, por cierto, con el voto a favor del Partido Popular. ¿Por qué ahora, cuando se trata el mismo tema que tuvo lugar hace muchísimos años en esos territorios para el País Vasco, parece que estamos tratando un tema raro o excepcional? Pues bien, es que no es así. Pero, además, en el caso del País Vasco se da una dualidad y es que al mismo espacio geográfico se le denomina de dos maneras distintas según se trate de los territorios históricos, de los territorios forales o de las provincias aunque geográficamente son la misma cosa. Por lo tanto, respetando los acuerdos tomados en su momento por las Juntas Generales de los territorios forales y de los territorios históricos del País Vasco, con los que estamos de acuerdo, adaptamos pura y simplemente la denominación de las provincias a lo que en su momento acordaron democráticamente los territorios forales. Por tanto, esto es algo de absoluta normalidad y lo raro y lo excepcional, repito, es que tratemos este tema hoy, cuando podría haberse resuelto tranquilamente, repito, con el voto favorable del Partido Popular en el resto de territorios que he comentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente. Al ser la mía la tercera o cuarta intervención, es probable que pueda repetirme en algunas cosas.

En primer lugar quiero desearle al señor Mur no solo personalmente sino en nombre de todo el Grupo Parlamentario Socialista el mejor futuro y el mejor éxito.

Como ya hizo nuestro grupo al defender esta proposición días pasados en la Comisión de Política Territorial, vamos a votar a favor de la misma puesto que lo que pretendemos es apoyar la decisión de las Juntas Generales de los tres territorios históricos, que ya en su momento se pronunciaron en cómo deseaban que fueran denominadas las respectivas provincias. Lo hicieron en los años 1985, 1986 y 1989 las de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava respectivamente. Además, no debemos olvidar que la Ley 10/1982, del Parlamento vasco, de normalización del uso del euskera, en su artículo 10, confiere a los órganos forales la capacidad de fijar la nomenclatura oficial de los territorios históricos. Asimismo el Real Decreto 781/1986, tal como se indica en su exposición de motivos, establece en su artículo 25.2 que la modificación de la denominación de cualquier provincia ha de hacerse mediante ley aprobada por las Cortes Generales. Por tanto, se incluye entre nuestras competencias como Cámara legislativa debatir también aquí en el Senado esta proposición de ley. Por ello entendemos que es coherente que se haya instado a las Cortes Generales a través de esta Cámara a que se respeten las decisiones que, por ser de su estricta competencia, libre y autónomamente adoptaron en su momento los tres Parlamentos provinciales. Nuestro grupo parlamentario lo va a hacer con la misma normalidad con que vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses lo han hecho y se ha reconocido en los acuerdos de las Juntas Generales a que me he referido.

Tenemos una gran riqueza lingüística que debemos conservar, y así lo reconoce nuestra Constitución en su artículo 3, y lo que procede es no utilizar el uso de nuestras diferentes lenguas como arma arrojadiza porque debemos sentirnos orgullosos de esta diversidad, apoyando y respetando, como he dicho, la decisión de las Juntas Generales, que son instituciones apreciadas y respetadas por la ciudadanía vasca, a las que les corresponde, como ya se ha mencionado, fijar los nombres de los tres territorios históricos.

Ya se ha dicho aquí, y no es la primera vez que se ha apoyado: se ha hecho con la denominación de Girona, Lleida, Illes Balears, Ourense y A Coruña, y entendemos que estamos en la misma situación y que tenemos los mismos derechos.




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Si viajamos por la geografía vasca —seguramente muchos de ustedes habrán tenido el privilegio de hacerlo, y perdón por la bilbainada—, desde hace muchos años se ve habitualmente Loiu, en lugar de Lujua, o Gernika, en lugar de Guernica con u y con c, o Pasaia, o Hondarribi, y no ha pasado nada, es absolutamente normal verlo así.

Así pues, dado que vamos a votar a favor de la proposición de ley como ya he anunciado, votaremos en contra de las cinco enmiendas presentadas por el Grupo Popular porque entendemos que supondrían una redacción alternativa y que afectarían además a la distribución de competencias.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Rabanera.

El señor RABANERA RIVACOBA: Gracias, señor presidente.

Señor Mur, le deseo en esa próxima vida apartada de la política, en la que creo que ha hecho un ejercicio ejemplar, el mayor de los éxitos y, sobre todo, muy buena salud.

Tengo que empezar por agradecer esa especie de curriculum que el señor Anasagasti ha hecho de este senador, de Ramón Rabanera, tan elogioso y tan merecido. (Aplausos.) Es cierto que a mí me ha tocado por diversas circunstancias hacer una política muy complicada, y usted lo sabe bien, incluso en muchos momentos con riesgo personal, y lo he hecho siempre con un intento de aunar, de convivencia. Y hoy también lo he hecho porque me da la impresión de que los portavoces que han intervenido no han leído las enmiendas del Grupo Popular. Usted decía que Bizkaia tiene que ser con b porque la v no existe en euskera. Pues así lo decimos nosotros en nuestra enmienda, que la grafía en castellano sea Vizcaya, con v, y que la grafía en euskera sea Bizkaia, con b. Lo mismo hacemos con Guipúzcoa, y los expresamos así en nuestra enmienda: que en castellano se escriba como se tiene que escribir en castellano y en euskera como se tiene que escribir en euskera. Precisamente lo que hacemos es defender el plurilingüismo, no estamos diciendo que no se escriba en euskera o en castellano.

Respecto a la enmienda referente al territorio alavés, ustedes no dicen la verdad y, lo que es peor, lo saben. Porque la enmienda del territorio alavés es clarísima, y se aprobó en el año 1989 en las Juntas Generales de Álava. Y no solo le voy a leer la enmienda, sino también su prólogo. La Ley básica de normalización del uso del euskera dice: Corresponde a los poderes públicos de la comunidad, a cada uno en su ámbito, y, entre otras muchas cuestiones, la de determinar la nomenclatura oficial de los territorios, municipios, entidades de población, etc., de la comunidad autónoma, respetando, en todo caso, la originalidad euskaldun, romance o castellana con la grafía académica propia de cada lengua.

El Estatuto de Autonomía de Euskadi y la legislación ordinaria de la comunidad reconocen a los territorios históricos capacidad para autoorganizarse dentro de su territorio, entre las que, indudablemente, se encuentra la capacidad para determinar su denominación —fíjense qué palabras más sensatas y más de convivencia, votadas por todos: por el Partido Socialista, por el Nacionalista y por el Popular, en aquellas Juntas Generales—:

Siendo habitual y pacífico el uso de los términos Álava y Araba para identificar el territorio histórico en cada una de las lenguas oficiales de la comunidad, solo la afectación castellana se encuentra —hasta aquel tiempo— refrendada con propósitos definidores o determinantes en un texto normativo de carácter oficial, cual es el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833; es decir, hace casi 200 años ya se hablaba del territorio alavés como Álava. Continúa diciendo: La presente norma foral tiene el objeto de llenar esa laguna y proclama la dualidad terminológica cooficializando las voces Araba y Álava para identificar el territorio histórico en ambas lenguas oficiales de la comunidad, dando cumplimiento así a la moción aprobada por estas Juntas Generales en la sesión celebrada el 19 de julio de 1989. Y el artículo único, que es el que hemos presentado nosotros como una enmienda de sustitución —textualmente, es el mismo—, dice: El territorio histórico se denominará en cada una de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma, Álava en castellano y Araba en Euskera. Esto sí que es foralidad.

Y le voy a decir otra cosa. ¿Sabe quién era el presidente de aquellas Juntas Generales que aprobaron esta moción? El señor Ibarretxe, posteriormente lendakari. ¿Y saben quién era el diputado general de la Diputación en aquel tiempo? Don Fernando Buesa, y ambos apoyaron esta enmienda que hoy presenta el Grupo Popular y que ustedes rechazan no sé por qué, diciendo que esto no es plurilingüismo.

Señorías, yo creo que nos estamos equivocando todos. Ustedes argumentan que eso es lo natural, pero yo vivo en Vitoria y recorro las calles de la ciudad, y lo natural es que se utilice tanto Álava como Araba, Guipúzcoa como Gipuzkoa y Vizcaya como Bizkaia, y lo natural es que cada nominación y cada




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grafía vaya en su lengua y no lo que ustedes están intentando hacer, que es eliminar el castellano en cualquier relación con el País Vasco. Así de claro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a pasar a la votación de la proposición de ley por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 110; en contra, 130.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos el resto de la proposición de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 130; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de ley por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya».

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE DINERO ELECTRÓNICO.

(Núm. exp. S. 621/000101)

(Núm. exp. C.D. 121/000105

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de dinero electrónico.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Vilajoana. (Rumores.)

Espere un momento, senador Vilajoana, a que se haga silencio. (Continúan los rumores.)

Señorías, por favor, silencio o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)

Comience, señoría, y levante la voz.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, presidente.

Presentación del dictamen del proyecto de ley de dinero electrónico. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 16 de mayo, fecha de su publicación en Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 27, siendo ampliado hasta el día 2 de junio. Se han presentado nueve enmiendas a este proyecto de ley, así distribuidas: tres del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tres del Grupo Parlamentario Socialista y tres del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich Cano, don Nicolás Fernández Cucurull, don José Manuel Pérez Bouza, don Pere Sampol i Mas, don Francisco Javier Sanz Carramiñana, doña María Arenales Serrano Argüello, doña Yolanda Vicente González y por el senador que tiene el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara.

La ponencia emitió informe el día 8 de junio y acordó mantener en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión dictaminó el mismo día 8 y aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia. Han presentado votos particulares a este proyecto de ley los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, Socialista y Popular.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de las enmiendas. (Rumores.)

Les rogaría silencio.

Senador Vilajoana, tiene la palabra. (Rumores.)

Silencio, por favor.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Señor presidente, intervengo para informar de que mantenemos vivas las tres enmiendas que hacen referencia a la reestructuración reciente del sistema financiero español, concretamente mantenemos vivas en los términos en que han sido planteadas las enmiendas 4, 5 y 6.

Hemos propuesto también una enmienda transaccional respecto a las enmiendas 8 y 9 del Grupo Socialista en la que introducimos algún elemento, y me gustaría que el Grupo Socialista en su intervención me dijera cómo ve nuestra propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sanz Carramiñana.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Gracias, señor presidente.

La enmienda número 7 presentada por el Grupo Socialista propone modificar el artículo 11 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por real decreto legislativo. Lo que pretendemos es que el Consorcio de Compensación de Seguros indemnice por los daños que produzca en España un coche asegurado que haya sido objeto de robo o robo de uso.

Le enmienda número 8 pretende modificar la Ley del Mercado de Valores, actualizando el contenido del informe preceptivo del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La enmienda número 9 persigue la modificación de la Ley del Mercado de Valores en la actualización de la composición del Comité Consultivo.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado tres enmiendas. No estamos de acuerdo con la enmienda número 4, que pretende ampliar la aplicación de la exención del IRPF, porque la regulación exige que las acciones que se entreguen al trabajador sean de la propia empresa. De esta manera, el trabajador se convierte en accionista de la empresa.

Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda número 5, que pretende solicitar los informes que sean vinculantes a la Dirección General de Tributos. La competencia de la Dirección General de Tributos está muy bien delimitada en el real decreto e, incluso cuando tiene que intervenir el Banco de España —que algunas veces tiene que hacerlo—, así lo hace.

Así pues, no estamos de acuerdo con la enmienda número 4, que se refiere a las retribuciones en especie concedidas a los empleados, ni con las enmiendas números 5 y 6, referidas a la fiscalidad, con intervención del Fondo de Regulación de Ordenación Bancaria.

En cuanto a la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Socialista, quiero hacer varias aclaraciones. La enmienda que nosotros presentamos —sobre la que me ha solicitado una aclaración el senador Vilajoana— pretende la adaptación a la realidad del nombramiento del nuevo Comité Consultivo. Hay que actualizar el Comité, porque desde el año 1998 no se había hecho y corresponde hacerlo en el año 2012. Los principales cambios son la referencia que hace a que los miembros de todos los mercados secundarios oficiales se sustituyen por infraestructuras de mercado, concepto mucho más amplio.

También se incluye como novedad las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, los fondos de garantía de inversión —Fogain—, los colectivos designados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se introduce a petición de la comisión, para poder incluir expertos que contribuyan al asesoramiento técnico. Igualmente, se mantienen las referencias a emisiones, inversiones y a un representante de las comunidades autónomas.

La redacción de esta enmienda no excluye a nadie de partida,…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Termino, señor presidente.

…es más, permite que en el desarrollo reglamentario se concrete, incluyendo a todos los actores representativos del sector financiero.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas días a todos. Como bien saben sus señorías, traemos en esta ocasión para su debate en el Pleno el proyecto de Ley de dinero electrónico, que tiene un propósito claro, y es la transposición de la Directiva 110 del año 2009, de 16 de septiembre, al ámbito de la regulación o de la normativa española, con tres claros objetivos. Uno de ellos —como no puede ser de otro modo— es el de aumentar la precisión del régimen jurídico aplicable, por lo que tiene que definirlo bien, clarificarlo y delimitar su ámbito de aplicación. También tiene otro objetivo clarísimo, que es la eliminación de determinados requerimientos que hoy en día se le están haciendo, o se le podrían hacer, a la entidades de dinero electrónico, que pueden resultar bastantes gravosos u onerosos; y, el tercero objetivo que pretende alcanzar este proyecto de ley es el de garantizar la consistencia del nuevo régimen jurídico entre las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago.

Pues bien, para ello, intentando cumplir estos objetivos y mejorar, en la medida de lo posible, el proyecto de ley de dinero electrónico, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado tres enmiendas, dos de modificación y una de adición.

¿Qué pretende el Grupo Parlamentario Popular con las tres enmiendas? Lo explicaré rápidamente.

Pretendemos alcanzar tres objetivos. Con la primera de las enmiendas pretendemos profundizar en la precisión; con la segunda pretendemos actuar dentro del ámbito de la operatividad, y con nuestra tercera enmienda pretendemos dotarle de garantía. Por lo tanto, precisión, operatividad y garantía, tres elementos que son una condición sine qua non de los que debe dotarse cualquier proyecto legislativo para que pueda ser aplicable.

La primera de las enmiendas, de modificación, trata de transponer, en sentido literal, el considerando número 5 de la directiva europea que habla precisamente del régimen de exclusiones, en función de la naturaleza y de las características. Este considerando número 5 también versa sobre los supuestos donde dicha exclusión no se puede operar. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular entiende que, transponiendo literalmente el considerando 5 al nuevo proyecto de ley, no cabría ni ningún error. En ese sentido, esta enmienda de modificación trata de aumentar la precisión.

Con la segunda de las enmiendas, también de modificación, tratamos de dotar al proyecto de ley de operatividad. No tiene ningún sentido que con el texto actual las entidades de dinero electrónico no puedan emitir con carácter profesional dinero electrónico. Estamos haciendo un proyecto de ley que realmente no se puede aplicar en España.

Señorías, tenemos que tener en cuenta —se lo digo especialmente a la bancada del Grupo Parlamentario Socialista, con los que hemos charlado, aunque lógicamente me refiero a todo el Senado— que cualquier entidad profesional podría operar desde cualquier otro país de la Unión Europea, y no tiene sentido hacer un proyecto de ley en España en el que no se pueda dotar con carácter profesional para emitir dinero electrónico precisamente a las entidades de dinero electrónico. Por lo tanto, la justificación de esta enmienda, insisto, es dotarle de operatividad.

Por último, con la tercera enmienda, que añade una nueva disposición final, pretendemos dotar a este proyecto de ley de garantía. ¿Y por qué de garantía? Pues porque con él aseguramos el correcto funcionamiento operativo de las actividades reconocidas dentro de las entidades de dinero electrónico. ¿Y por qué? Porque la actual redacción no solamente las equipara a los sistemas de pago sino que, además, restringe el propio acceso a los sistemas de pago. Esto, en la práctica quiere decir que no hay una competencia efectiva.

Por lo tanto, señorías, esperamos su apoyo a estas tres enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular trae a la Cámara, porque lo que pretendemos es dotar a este proyecto de ley de una clara precisión, de operatividad —como no puede ser de otro modo— y de garantía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Si no hay turno en contra, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? No hace uso de la palabra.




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Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muy brevemente, señor presidente, en primer lugar, debo lamentar que no se hayan aceptado por parte del Gobierno y por parte del Grupo Socialista las tres enmiendas que hemos presentado, pues este proyecto de ley nos daba la oportunidad de ajustar algunos elementos que nos parecen importantes de esta reestructuración reciente del sistema financiero español.

Lamentamos también que no se acepte la transacción a la enmienda número 8, del Grupo Socialista. Esta enmienda define un comité consultivo de la Comisión Nacional del Mercados de Valores. A esta Comisión se incorpora un conjunto de representantes de emisores, inversores, entidades de crédito, entidades aseguradoras, colectivos profesionales designados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y lamentamos que no se incorpore a los miembros de todos los mercados secundarios oficiales; es decir, está muy bien que en esta comisión figuren todos, pero nos parece un error que no figuren aquellos que están operando en los mercados en estos momentos, en concreto, todas las entidades oficiales que operan en bolsa. Lo lamentamos y expresaremos nuestro voto en consecuencia.

No obstante, dicho esto, votaremos a favor de una ley que entendemos que intenta reglamentar y definir un área muy importante de nuestra economía, el dinero electrónico, que permite el desarrollo de un factor determinante en una situación de decaimiento de la demanda, porque, en el fondo, el dinero electrónico también acelera la velocidad de la circulación del dinero, que, al final, es una forma de generar riqueza.

Por tanto, vamos a apoyar esta ley, aunque lamentamos que las tres enmiendas que presentamos y esta propuesta de enmienda transaccional no hayan sido aceptadas por parte del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora Alberich.

La señora ALBERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.

Del mismo modo que mis predecesores, intentaré ser muy breve.

Quiero destacar, no la importancia de esta ley, que, obviamente, es una trasposición y una obligación de Europa, sino la importancia de la propia directiva. Las entidades de dinero electrónico forman parte de un mercado muy escaso. De hecho, en España solo tenemos una entidad propiamente dicha de dinero electrónico. Además, es muy fácilmente confundible con otro tipo de mercado, más relativo a los servicios de pago e, incluso, a un sector de negocio de las propias empresas y casas comerciales para fomentar las ventas a través de medios de pago y créditos al consumo muy específicos para esos bienes. Por tanto, consideramos que era necesario mejorar su definición y, sobre todo, dotar a este mercado de las herramientas suficientes para que aumenten este tipo de entidades pero, sobre todo, la posibilidad de competencia entre ellas.

Realmente, esta es una ley que ha generado bastante consenso tanto en el Congreso como en esta Cámara. De hecho, como ya viene siendo habitual, es una ley a la que se han presentado pocas enmiendas, pero aún menos relativas al propio proyecto de ley. De las tres presentadas, vamos a apoyar la primera de ellas, porque consideramos que se ajusta a la filosofía de la propia directiva.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Sanz Carramiñana.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señor presidente.

Tal y como se ha comentado por parte de varios compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, este proyecto de ley que hoy sometemos a votación pretende regular la emisión de dinero electrónico con carácter profesional y el régimen jurídico de las entidades emisoras, estipulando la competencia y aportando mayor seguridad jurídica al sector. También se ha comentado aquí que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la directiva comunitaria 2009/110, de 16 de septiembre, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como la supervisión prudencial de entidades por la que se modifican las directivas de 2005 y 2006 y se deroga la directiva 2000/46.

El principal objetivo de la norma es aumentar la precisión del régimen jurídico aplicado a la emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y ámbito de aplicación. Se entiende por dinero electrónico




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todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representen un crédito sobre el emisor, emitiéndose recibo de fondo con el propósito de efectuar operaciones de pago y este sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico. Asimismo, el proyecto de ley pretende garantizar la consistencia entre el nuevo régimen jurídico de las entidades de pago y el aplicable a las entidades de dinero electrónico. Las actividades que pueden desarrollar ambos tipos de entidades tienen conexiones evidentes, de manera que es preciso coordinar ambas regulaciones para evitar prácticas de arbitraje regulatorio.

Una parte fundamental del régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico es su obligación de mantener en todo momento, además del capital inicial mínimo exigible, un nivel suficiente de recursos propios. La norma dota al Banco de España de una serie de facultades para garantizar la existencia de capital suficiente en las entidades de dinero electrónico. Asimismo, antes de comenzar su actividad, las entidades de dinero electrónico deberán inscribirse en un registro especial que a tal efecto se creará en el Banco de España, en el que figurarán también los subagentes, las sucursales y las actividades que pretendan llevar a cabo.

Como también se ha comentado, el proyecto de ley se compone de 23 artículos y 6 capítulos. Incluye las disposiciones generales que establecen el objeto de la ley, como la definición de dinero electrónico, el régimen jurídico y prudencial de las entidades de dinero electrónico, así como la delimitación de la actuación, y prevé una excepción respecto a dos tipos de instrumentos: aquellos que son de uso limitado a los establecimientos del emisor o a una red limitada de proveedores de servicio; o también aquellos que se utilicen para operaciones de pago ejecutadas por dispositivos de telecomunicaciones digitales exentas por la Ley 16/2009, de Servicios de Pago. Asimismo, también se enumera el tipo de entidades que pueden emitir dinero electrónico de manera profesional, desde entidades de crédito a autoridades públicas.

Los siguientes capítulos y artículos se encargan del régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, define las entidades y otorga la denominación de entidades de dinero electrónico. El Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España —como no puede ser de otra manera— autoriza la creación de estas entidades, que se integrarán en el registro especial de entidades de dinero electrónico.

También se regulan las causas para la revocación de las autorizaciones; se establece en 350 000 euros el capital inicial mínimo de estas entidades y un nivel de recursos propios suficientes y adecuados a los indicadores de negocio de la propia entidad.

Por otro lado, el proyecto de ley permite que las entidades de dinero electrónico puedan desarrollar otro tipo de actividades económicas como la prestación del servicio de pago, excepto la captación de depósitos u otros fondos reembolsables del público.

Igualmente, se regulan los requisitos de salvaguarda de los fondos económicos recibidos a cambio de dinero electrónico y se elabora la información contable de estas entidades.

También se regula la posible actividad transfronteriza de las entidades de dinero electrónico, y cualquier actividad en este sentido debe ser comunicada al Banco de España.

Por otro lado, se regula la actividad de una entidad de dinero electrónico española en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado que no lo sea, del mismo modo que también se regula la actividad en nuestro país de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Recoge la facultad de las entidades de delegar en terceras personas la prestación de funciones operativas, manteniendo la responsabilidad plena de los actos realizados. Solo podrán distribuir y desembolsar dinero electrónico a través de sus agentes, pero nunca emitir por intermediación. La emisión y reembolso de dinero electrónico se emitirá siempre por su valor nominal y será reembolsable en cualquier momento.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

El señor SANZ CARRAMIÑANA: Prohíbe expresamente la concesión de intereses u otro beneficio asociado al tiempo de posesión de dinero electrónico.

La supervisión de las entidades de dinero electrónico corre a cargo del Banco de España así como su inscripción en el registro especial de entidades de dinero electrónico.

Finalmente, recoge el régimen sancionador para las entidades que incumplan la regulación.

Termino agradeciendo al resto de los ponentes la voluntad de llegar a un acuerdo en relación con este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular tiene algo que agradecer y algo que lamentar. En este sentido, quiero agradecer el apoyo del resto de los grupos a nuestra enmienda presentada como número 1 que, como dije en mi primera intervención, se encarga precisamente de dotar de precisión al propio proyecto de ley, para dejar al margen ambigüedades y para que sea de fácil aplicación.

Por otro lado, quiero decir también que para otros grupos no ha de ser un esfuerzo tremendo porque, como todos sabemos, esa enmienda únicamente traspone literalmente el considerando número 5 de la Directiva 110/2009. Por lo tanto, lo único que hemos hecho es decir: vamos a trasponerla literalmente, aunque entendemos que todos los grupos parlamentarios tenían que estar de acuerdo. No obstante, bienvenido sea ese apoyo para que al final dotemos a este proyecto de ley de una clara precisión.

Lamentamos —porque el Grupo Parlamentario Popular traía aquí otras dos enmiendas, una de ellas, la segunda, de clara operatividad, y lo vuelvo a repetir en esta intervención— que las entidades no puedan emitir de forma profesional dinero electrónico en España, pero sí puedan hacerlo en Londres, ya que no tiene ningún sentido. En cuanto a lo relativo a profundizar en la garantía del propio sistema, también lamento la poca operatividad que tiene, porque lo que hacemos aquí en el Senado es aprobar proyectos de ley, o un proyecto de ley como este, en un contexto determinado. Y, por último, lamento la poca aplicación que tendrá este proyecto de ley en este contexto determinado, aquí ahora en España, donde la economía, como ustedes y nosotros sabemos —como todos los españoles sabemos— está absolutamente paralizada.

Se lo dijo ayer mi portavoz, don Pío García-Escudero, al presidente del Gobierno: la economía está paralizada, y donde una economía está paralizada, al final, ni dinero electrónico ni dinero en cash ni sistemas de pagos, porque todos sabemos que la cadena de cobros y pagos está absolutamente rota; por lo tanto, en este momento tendrá muy poca aplicación este proyecto de ley. En una economía donde está todo paralizado, estamos en una situación gravísima, y no nos hartamos de recordar —porque nos afecta a todos— que tenemos cinco millones de parados, y en esta situación gravísima, además, el déficit está absolutamente disparado y nuestra deuda está también absolutamente disparada.

Por lo tanto, ante esa gravísima situación, además de estos proyectos de ley —que puede estar muy bien regularlos— que nos exigen las directivas de la Unión Europea, está claro que hay que ponerse a trabajar porque —también se lo dijo ayer mi portavoz— la mayor responsabilidad que tenemos todos y, cómo no, el presidente del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista que apoya al Gobierno en este momento, la mayor responsabilidad, repito, es velar por los intereses de España y los intereses de todos los españoles, y para ello hacen falta tres cosas: una, reforma; dos, trabajo; tres, confianza. Reformas, muchas y buenas; trabajo, mucho y bueno, y confianza para que todo esto vuelva a funcionar. Y para adquirir la confianza, que es la tercera y muy importante —ya lo reconocen absolutamente todos, incluso presidentes de entidades financieras—, la confianza solo pasa por un sitio: váyanse, convoquen elecciones generales. La situación lo requiere. Aquí hay un grupo parlamentario y un partido que puede hacer reformas, en las que cree y que darán frutos, y que está dispuesto a trabajar mucho y bien por los intereses de España. Y ayer Pío García-Escudero se lo decía clarísimamente en una pregunta, pero yo se lo convierto hoy en un ruego: por favor, váyanse. ¿Y por qué? Por los intereses de España.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, antes de proceder a la votación del proyecto de ley que acabamos de debatir, les quería trasladar a sus señorías que dada la hora en que nos encontramos, entraríamos en el siguiente proyecto de ley, que tiene muchas enmiendas y, por tanto, en torno a las 14’15 horas donde hayamos llegado cortamos y proseguimos el debate a partir de las 4 de la tarde. (Rumores.) Digo esto porque de mí depende controlar el tiempo, pero no estoy en la tribuna utilizándolo. (Rumores.) Me están entendiendo perfectamente. Me han entendido, sabemos de qué hablamos. Por tanto, entraremos en el siguiente proyecto de ley y Dios proveerá.

Cierren las puertas.

Votamos, señorías, el proyecto de ley de dinero negro…, de dinero electrónico (Risas.— Aplausos.) Sí, ustedes ríanse, ríanse.




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Señorías, votamos el proyecto de ley de dinero electrónico. En primer lugar, las enmiendas de Convergència i Unió números 4 a 6.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 228; a favor 8; en contra, 220.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 129; en contra, 1; abstenciones, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238: a favor, 121; en contra, 117.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 121; en contra, 109; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 237; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 2 y 3 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 112; en contra, 117; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 237.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas y en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000105)

(Núm. exp. C.D. 121/000114)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente proyecto de ley: de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Bella. (Rumores.)




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Silencio, señorías. Abandonen el hemiciclo.

Tiene la palabra, señoría.

El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado día 6 de junio de 2011. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 10 de junio de 2011, ampliándose posteriormente al día 13 de junio de 2011.

Al mismo se han presentado 224 enmiendas por los siguientes grupos parlamentarios: Enmiendas números 1 a la 16 de los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas números 17 a 52 del senador Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas números 74 a 94 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Enmiendas números 95 a 171 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Enmiendas números 172 a 215 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y enmiendas números 216 a 245 del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia se reunió el día 16 de junio del año 2011. La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 16 de junio, aceptándose como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado cuatro votos particulares que a continuación se defenderán. Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas 74 a 87 y 89 a 94, así como a las enmiendas 1 a 52 presentadas inicialmente de la 1 a la 16 por los senadores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, y de la 17 a la 52 por el señor Sampol i Mas, del Grupo Parlamentario Mixto. Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, correspondiente a las enmiendas 172 a 215. Del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas 216 a 231 y 233 a 245, así como la enmienda transaccional presentada en comisión respecto de las enmiendas números 88 y 232. Finalmente, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, correspondiente a las enmiendas números 91 a 171.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación pasamos al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, efectivamente paso a defender las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En cualquier caso quisiera hacer una reflexión, y es que, aunque sé que este no es el foro adecuado, creo que deberíamos replantear el trámite en el Senado de ciertas leyes que por su complejidad y carácter técnico necesitarían de mucho más tiempo para su concreción.

Señorías, esta ley llega al Senado tras un intenso debate en el Congreso, con la incorporación de muchas de nuestras enmiendas y con un amplio acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, con el Gobierno. En este trámite vamos a mantener, por coherencia, nuestro acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, pero defenderemos obviamente las enmiendas que mantenemos vivas y que no han podido ser transaccionadas.

En primer lugar la enmienda número 74 se refiere a la denominación de ministerio competente en vez de Ministerio de Agricultura, porque nos parece más coherente con las diferentes dinámicas del país; me refiero a las competencias autonómicas y a diferentes consejerías. Y un tema que para nosotros siempre es importante es la sustitución del término nacional por el de estatal, que nos parece más apropiado en una ley de este tipo.

Las enmiendas números 75, 76 y 77 pretenden simplemente avalar la incidencia de esta ley en relación con la lucha contra el cambio climático. Se trata, pues, de enmiendas muy filosóficas. Mantenemos la enmienda número 78 que nos parece importante porque define cuál es el concepto de la fracción vegetal. Creemos que la ley no lo deja suficientemente claro y nuestra enmienda pretende hacer una definición relacionada con el tema.




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Asimismo mantenemos viva la enmienda número 80, que nosotros creíamos que había sido transaccionada en el Congreso, pero que por algún motivo no se incorpora en el texto que nos ha sido remitido. Esta enmienda se refiere a la incorporación obligatoria de los productores de residuos al sistema de los ayuntamientos y de sus competencias cuando estos últimos no justifiquen su correcta gestión a través de otra entidad o persona jurídica.

Hemos llegado a un acuerdo y a una transacción importante, sobre todo en tres enmiendas. Nuestra enmienda número 83 ha sido objeto de una transaccional. En ella planteamos mecanismos de amplia participación en cualquier decisión sobre un cambio de sistema; y estamos hablando básicamente de que el sistema del retorno se pueda plantear.

Antes de tomar una decisión en esta línea, que puede ser muy ambiciosa, hemos incorporado la necesidad, la obligación de consultar con los diferentes sectores afectados.

Las enmiendas números 84 y 85 hacen referencia a un concepto, el de los biorresiduos, que nos parece importante.

La enmienda número 86 pretende —no sé si será posible que prospere— una supresión de este concepto porque, en nuestra opinión, implica una doble autorización, y sobre la base de la simplificación de los trámites administrativos no debería mantenerse.

La enmienda número 87 es muy importante y es base de una transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, en la que se establece que los sistemas, las condiciones de aplicación de ciertas medidas tienen que cumplir los objetivos mínimos de reciclaje, en términos de mayor eficacia y de eficiencia, o las expectativas viables de superarlos.

Consideramos que durante los últimos años se han hecho algunas cosas bien en este campo que debemos consolidar. Por ejemplo, estamos satisfechos de lo que se ha hecho en Cataluña, donde hemos avanzado muchísimo; por tanto, antes de dar nuevos pasos, que pueden ser muy ambiciosos, y que sabemos que funcionan en ciertos países de Europa, tenemos que introducir estas prevenciones.

Mantenemos la enmienda número 91 porque hace referencia a una cuestión que en estos momentos genera un gran debate, que es la sustitución de las bolsas de plástico de un solo uso.

También mantenemos viva la enmienda número 93 porque es una propuesta que incide muy especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas. Nos preocupa que cualquier nueva aplicación, cualquier mecanismo, cualquier nuevo programa de eliminación de residuos, de reciclaje tenga en cuenta la diferencia que hay entre una gran empresa, por ejemplo, una empresa distribuidora, y las pequeñas y medianas empresas.

Y mantenemos viva la enmienda número 94, que nos parece importante y nos gustaría que prosperase, que hace referencia a los incentivos fiscales.

En definitiva, Convergència i Unió está relativamente satisfecha del trámite en el Senado de esta ley, con la observación de que nos parece que el ritmo de análisis de la Cámara en leyes como esta, con un peso específico, tendría que ser mucho más pausado, mucho más reflexivo, con mucho más tiempo.

En todo caso, repito, estamos satisfechos porque hemos podido avanzar en toda una serie de propuestas que determinaban nuestra posición en esta ley.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés va a dividir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy discutimos la transposición de una directiva europea sobre una cuestión tan vital como los residuos y vamos a sustituir la Ley de residuos de 1998, ya de por sí importante.

Hoy aprobaremos una ley que se va a convertir en una ley básica del Estado, sobre la cual se irán construyendo las diferentes normativas de las comunidades autónomas; es decir, es una ley importante no solo por lo que va a determinar en sí misma sino también porque informará de toda la normativa que van a llevar a cabo las comunidades autónomas.

La ambición de Iniciativa per Catalunya Verds en la tramitación de este proyecto de ley, tanto en el Congreso como en el Senado, era, y es, que esta ley nos permita avanzar hacia una economía ecosuficiente.

No podemos olvidar que el agotamiento del modelo de crecimiento de nuestra economía y la crisis económica mundial nos obligan a replantearnos con rigor nuevas soluciones y modelos a nuestros




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actuales procesos de producción y de consumo, sin olvidar que en toda Europa, también en España, la producción de residuos se encuentra en continuo aumento, y sin olvidar tampoco que la actividad económica vinculada a los residuos alcanza cada vez mayor importancia.

Nuestras críticas al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados se centran en tres grandes cuestiones: en primer lugar, la falta de ambición y de concreción. Anteriormente, el senador Roig ha manifestado que en España hay diferentes experiencias sobre el reciclaje y el tratamiento de residuos. Yo pertenezco a la Comunidad Autónoma de Cataluña que es pionera y puntera en ese sentido, pero hay otras comunidades autónomas donde las experiencias no son suficientemente positivas. Por ello, consideramos que es muy importante que esta ley, que será una ley de base para el conjunto del Estado, sea más ambiciosa y más concreta a la hora de marcar esos objetivos.

En segundo lugar, la falta de pautas claras respecto al establecimiento de los sistemas de depósito, devolución y retorno, que es una de las grandes apuestas de presente y futuro para el tratamiento y reciclaje de residuos.

Y, en tercer lugar, como siempre, la falta de una fiscalidad ambiental, que es un instrumento decisivo, oportuno, y con experiencia en otros países, en lo relativo a la conducción y el cambio de mentalidad y de modelo del tratamiento de los residuos.

En el Congreso presentamos una enmienda a la totalidad y 40 enmiendas parciales. Se abrió allí un proceso de negociación que nos permitió pasar de esta enmienda a la totalidad a la abstención respecto al proyecto de ley, y hoy presentamos, como Iniciativa per Catalunya Verds al Senado, 15 enmiendas, dos de ellas compartidas con Esquerra Republicana. Tres de ellas hacen referencia a la mejora y concreción de los controles de la Administración y a la ejecución del reglamento, que se corresponden con las números 182, 207 y 213. Dos de ellas, las números 184 y 208, hacen referencia a la mejora de la información y la participación.

La enmienda número 189 establece una apuesta decidida por los sistemas de depósito devolución y retorno, aspectos que faltaban por tratar con mayor ambición en el proyecto de ley presentado en el Senado.

Las enmiendas números 191 y 201 plantean la necesaria homologación de los centros de preparación para la reutilización.

Y, por último, la enmienda número 193 propone abordar otro de los grandes déficit de este proyecto de ley, que es pasar del 50 al 70% en el peso del reciclaje, objetivo a alcanzar antes de 2020, y sobre la cantidad de los residuos domésticos y comerciales. Es decir, planteamos un objetivo más ambicioso que el que plantea el proyecto de ley porque lo consideramos necesario. No es que lo queramos incrementar porque sí, sino porque creemos que es posible y necesario alcanzar el 70% de reciclaje.

En la enmienda número 195 introducimos la figura de un canon al vertido e incineración como elemento disuasorio para reducir al máximo aquellos elementos que se vayan a eliminar.

En la enmienda número 197 proponemos la reducción al máximo de los residuos destinados a la eliminación, junto con otras dos sobre el diseño y la prima de entidades de economía social.

Consideramos que este conjunto de 15 enmiendas mejoraría el proyecto de ley. Lamentablemente, no ha habido posibilidad de llegar a alcanzar más acuerdos con el Grupo Parlamentario Socialista ni con el resto de los grupos. Con todo, tenemos un proyecto de ley y la trasposición de la directiva. Hay elementos que permiten valorar algunos aspectos positivos, aunque seguimos criticando la falta de ambición en aspectos fundamentales de esta ley. Es necesario que el Gobierno afronte la cuestión de los residuos, porque si no, nos comerán, y eso es un elemento importante en una sociedad desarrollada como la española. Por tanto, como el objetivo de las enmiendas que hemos planteado era mejorar el proyecto de ley, les pido que voten a favor.

Por último, señor presidente, quiero manifestar que tanto el senador Saura como yo nos abstendremos en la votación del proyecto de ley.

Gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Muñoz Hernández.

El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en cuanto al texto remitido por el Congreso de los Diputados, de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado un conjunto de enmiendas de adición,




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de modificación, en concreto, 28 enmiendas correspondientes a Esquerra Republicana de Cataluña, y 2 presentadas conjuntamente por Esquerra e Iniciativa per Catalunya Verds.

Nuestro grupo, la Esquerra, da por defendidas las 28 enmiendas presentadas, enmiendas que pretenden, modestamente, mejorar una importante ley que intenta adecuarse a la trasposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre del año 2008, directiva que aspira a transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado, con una ley que en nuestro caso debe ser el marco de los principios básicos de protección de la salud humana y del medio ambiente, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de producción y gestión de residuos.

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Buenos días.

En este turno quiero defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista para explicar, en primer lugar, que de esas 224 enmiendas, 30 son del Grupo Parlamentario Socialista, y no es que planteen ningún aspecto especial sino, simplemente, que uno de los objetivos es recoger algunos de los consensos que habían sido acordados en los trámites anteriores.

Quiero llamar a los grupos a un esfuerzo para conseguir un buen texto legal, un texto que trasponga la directiva europea, que le dé a España una ley básica que nos coloque a la cabeza de los países más avanzados en gestión ambiental. En ese sentido, quiero recordar y poner en valor que esta ley llega aquí fruto de un amplio nivel de participación, tanto en su tramitación europea para elaborar la directiva en el Parlamento y en el Consejo Europeo, como por parte del Gobierno, que cuando elaboró este proyecto de ley recibió hasta 1500 aportaciones de diferentes colectivos, organizaciones no gubernamentales, administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, sistemas de gestión, sectores económicos, etcétera. Evidentemente, también en el Congreso ha habido un amplio consenso, que creemos que debe mantenerse a través del trabajo de los grupos parlamentarios en esta Cámara, y se llegó a puntos de encuentro muy importantes sobre las líneas básicas de este proyecto de ley.

Esta es una ley respetuosa con las competencias de las administraciones autonómicas y locales y que, evidentemente, se adapta a la directiva marco, pero que posibilita ir más allá en los programas y planes que se desarrollen. Al mismo tiempo, estamos hablando del nacimiento de un nuevo sector económico que puede crear una importante actividad económica y generar un importante número de puestos de trabajo, al tiempo que va a ayudar a salvaguardar el medio ambiente.

En cuanto a nuestras enmiendas, hay dos grupos. Uno recoge el consenso de todos los grupos en el Congreso. A este respecto, hemos detectado que hay muchas transaccionales que no estaban incorporadas al texto, por lo que les pido que apoyen estas propuestas en respuesta al consenso de los diferentes grupos parlamentarios. Estas enmiendas se refieren a cuestiones como la inclusión de la lucha contra el cambio climático, el acceso a la información y participación, la introducción del principio de que quien contamina paga, las medidas para prevenir la generación de envases, las obligaciones de los sistemas individuales y colectivos, la adaptación por las comunidades autónomas de las comunicaciones y autorizaciones, la promoción del ecodiseño y la certificación forestal… En fin, tratan de diversas materias.

Por otro lado, incorporamos un par de enmiendas nuevas, una en relación con un informe del Consejo de Estado que aconseja incluir la potestad para restablecer la legalidad ambiental, y otra que incluye entre las ayudas para el transporte de residuos que no puedan ser tratados en los diferentes territorios, aparte de las previstas entre las islas, Ceuta y Melilla y la Península, también el transporte entre las diferentes islas. Es una enmienda importante que coincide con las de otros grupos, por lo que espero que podamos llegar a un acuerdo.

En resumen, como he dicho, recogemos las transacciones y consensos de la tramitación anterior, y en ese sentido esperamos el apoyo de todos los grupos. Aportamos alguna mejora, como la ayuda al coste adicional del transporte de residuos entre islas, y aspiramos a conseguir un texto equilibrado; que sea bueno; que no cree problemas; que debe ser desarrollado por el Gobierno, por las comunidades autónomas y por los entes locales; que sea respetuoso con la directiva, y que al mismo tiempo permita que aún se puedan conseguir objetivos mucho más ambiciosos.




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Respecto del posicionamiento sobre las enmiendas de los otros grupos, esperamos hacerlo en un turno posterior.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el senador Valín.

El señor VALÍN ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Popular mantiene vivas a este proyecto 77 enmiendas, que hacen referencia prácticamente a la mayoría de los artículos que lo componen. De esas 77 enmiendas se han transaccionado cuatro, concretamente, la número 127 de mi grupo con la número 83 del Grupo de Convergència i Unió, la número 140, del Grupo Popular, con la número 87 también de Convergència, y las números 109 y 110, ambas del Grupo Parlamentario Popular. Agradezco al resto de los grupos que hayan suscrito esas transacciones, que tenían una gran importancia, especialmente las dos primeras, como ha glosado el senador Roig en su anterior intervención. Por tanto, evito referirme más a ellas.

En relación con el resto de las enmiendas no transaccionadas, tengo que señalar expresamente algunas, especialmente la número 131, relativa al artículo 24, en lo que se refiere a los biorresiduos. Consideramos fundamental no imposibilitar que los biorresiduos procedentes de residuos mezclados y obtenidos no por recogida separada, puedan ser utilizados como compost con todas las garantías y posibilidades, naturalmente, siempre y cuando cumplan las condiciones de calidad. Creemos que eso permitiría avanzar en la línea en la que se está trabajando ya en muchas ciudades, en muchos municipios y en muchas comunidades autónomas, cuestión que no tengo nada claro que con este proyecto salga adelante.

La enmienda número 139 trata fundamentalmente de eliminar del artículo 30 alguna referencia a que puedan ser considerados productores quienes vendan. Consideramos que eso no tiene sentido.

La enmienda 141 es muy importante desde nuestro punto de vista, y afecta al artículo 31.3. Se refiere concretamente a las fórmulas de admisión, funcionamiento y voto especialmente de los sistemas integrados de gestión, los SIG tradicionales, que vienen resolviendo los problemas de recogida de buena parte de los iglús específicos de vidrio, plásticos, etcétera. Y con la previsión del proyecto o con otras enmiendas que han sido transaccionadas entendemos que pueden producirse problemas importantes de dominio en esos sistemas integrados de gestión por parte de las grandes empresas, ya que tendrían un posicionamiento muy diferenciado con respecto a las empresas muy pequeñas. Creemos que hay que evitar cualquier tipo de discriminación y que se tiene que dejar en la ley el cauce natural a las posibilidades de acuerdo que haya dentro de los sistemas integrados de gestión.

En cuanto a la enmienda número 154, relativa a la disposición adicional segunda, y referente a la eliminación que se pretende hacer de las bolsas de plástico, pensamos que debería matizarse con un estudio técnico que tendría que realizar el Gobierno antes de adoptar las correspondientes medidas, asumiendo, naturalmente, que los objetivos de eliminación tienen que ser los mismos y que entre 2015 y 2018 debe llegarse a esos objetivos, pero no por el procedimiento obligatorio de la eliminación de las bolsas sino por los procedimientos que establece la directiva. Nos parece que este proyecto de ley va mucho más allá de la directiva y pone en grave riesgo muchos puestos de trabajo.

Y en relación con la enmienda número 156, referida a la disposición adicional decimocuarta, entendemos que debería incorporarse a la Ley de Economía Sostenible 2/2011 la idea de que las empresas del sector del comercio y la restauración tengan la misma deducción, del 10% para las inversiones motivadas por esta ley, que las que tienen las empresas industriales. Consideramos que esta es una línea que va dirigida especialmente al apoyo de la pequeña y mediana empresa, algo fundamental en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, el senador Fidalgo tiene la palabra.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias.

Entiendo que este es el turno en el que puedo posicionarme sobre las enmiendas de los otros grupos.




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En primer lugar, he de manifestar que hemos llegado a un amplio acuerdo con Convergència i Unió en muchas enmiendas. Las números 88, 83 y 87 han sido transaccionadas. Otras muchas las vamos a votarlas favorablemente. Y algunas de ellas no podemos apoyarlas porque no forman parte del consenso básico que habíamos alcanzado con respecto a las del Grupo Mixto.

Creo que hay que valorar la enmienda número 238, del Grupo Socialista, que reconoce el transporte entre las islas. En cuanto a las de la Entesa, en nuestra opinión algunas están incluidas en el texto, y en otras, como siempre, Esquerra e Iniciativa quieren ir más allá. El Grupo Popular ha dicho que esta ley va más allá de la directiva, mientras que ustedes piensan que se queda corta. La ley trata de homogeneizar los diferentes tratamientos en los distintos territorios, consiguiendo objetivos realistas pero que permitan al mismo tiempo poder ser más ambiciosos.

En relación con las enmiendas del Grupo Popular, hemos transaccionado el artículo 7 con las enmiendas números 109 y 110. Por otro lado, como saben, las números 127 y 140 han sido objeto de transacción con Convergència i Unió. Por lo tanto, entendemos que entran en el acuerdo. Y hay otras que no podemos apoyar por distintas razones, en muchos casos, porque se apartan de los términos y conceptos de la directiva marco, que es el mandato para los Estados miembros, y no podemos incluir cuestiones que vayan en contra de dicha directiva.

Otras cautelas expuestas creo que ya están recogidas en diferentes partes del articulado. Varias enmiendas tratan de concretar cuestiones que deben ser objeto de desarrollo normativo, es decir, que se aprobarán por real decreto, a propuesta de la comisión de coordinación, en la que van a participar las comunidades autónomas, las entidades locales, los colectivos interesados y los técnicos. Por tanto, ese es el trámite.

Hay enmiendas que son más propias de los planes y programas que deberán aprobarse para desarrollarla. En cuanto a otras, evidentemente, las normas que establezcamos en esta ley marco deben ser comunes para todo el territorio, y eso no puede obviarse. Y, por otro lado, deben respetarse las competencias de las entidades locales.

Otro tipo de enmiendas mantenemos que no pueden aceptarse: que para asegurar, por ejemplo, que el compost tenga una calidad suficiente, pueda imponerse un canon a la incineración, aparte del que ya existe para el vertido, y que pueda aplicarse de forma eficaz el principio de jerarquía en la gestión de residuos.

Por otra parte, consideramos que las operaciones de valorización energética deben realizarse con un alto nivel de eficiencia energética para que contribuyan también a la lucha contra el cambio climático. De hecho, las características del Anexo II sobre la calidad de la valoración energética deben cumplirse, y, en caso contrario, deberán ser consideradas como una eliminación.

Tampoco podemos aceptar la enmienda relativa al silencio negativo. Por otro lado, creemos que hay que dar flexibilidad a las comunidades autónomas para que establezcan en sus normas cuáles deben ser las entidades, cómo debe ser la inspección y la comprobación, así como los procedimientos de control que se consideren, haciéndolo de forma abierta para que cada comunidad autónoma decida cuál será su sistema de control, si la acreditación en el registro, la comunicación o la autorización.

Con respecto a las medidas de la disposición adicional segunda, que tiene que ver con la prevención sobre las bolsas de plástico, ese es un tema muy estudiado sobre el cual el Gobierno ha adquirido unos compromisos. En este sentido, es preciso adoptar medidas para prevenir la generación de esos residuos y no solo su vertido.

En otro caso, se proponen modificaciones del impuesto sobre sociedades que entendemos que no caben en esta ley y que deberían introducirse en la normativa de dicho impuesto. Por otra parte, hay que recordar que la Ley de Economía Sostenible ya prevé un amplio sistema de deducción de inversiones de hasta el 8%. De cualquier forma, la redacción que propone el Grupo Parlamentario Popular no nos parece concreta, y en algunos casos incluso puede incentivar actividades que son perjudiciales, como cierta forma de eliminación de residuos.

Con respecto a la Ley de envases, hay que considerarla como una ley básica, por tanto, de desarrollo de esta ley marco, de la ley de residuos.

En fin, creo que el texto que vamos a aprobar debe ser de calidad y que no debemos introducir muchos cambios que le hagan perder esa calidad, de tal forma que España sea un país donde la prevención, la reutilización y el reciclado sean la forma normal de gestión de los residuos, una gestión sostenible que desarrolle también su potencialidad para crear empresas y empleo. Esta ley es respetuosa con la directiva y va a suponer un gran avance en las políticas ambientales de España y al mismo tiempo




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va a permitir que se pueda avanzar en cada plan y programa y alcanzar objetivos muchos más ambiciosos. En ella se establece el régimen de responsabilidad empleada del productor, la recogida separada, la reutilización en el reciclaje, etcétera. En resumen, esta ley respeta a todos los agentes sociales, económicos y políticos que han participado en el proceso de confección de este texto, que es equilibrado y respetuoso con las comunidades autónomas y las entidades locales, y sobre el que, como ya he dicho, debemos mantener el mayor grado de consenso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Bagur.

El señor BAGUR MERCADAL: Muchas gracias, señor presidente.

Es evidente la importancia que tiene esta ley, dado el número de enmiendas que han presentado todos los grupos parlamentarios.

La Ley de residuos de 1998 supuso en su momento un avance muy importante para ordenar y legislar en relación con una problemática que nos afecta a todos como productores de residuos, pero que afecta sobre todo a los ayuntamientos y comunidades autónomas. El incremento en las últimas décadas de todo tipo de residuos domésticos, comerciales e industriales nocivos de varias categorías obliga a implicar a toda la sociedad, dado el contenido y la cantidad de residuos que se producen a diario. La reducción de su producción, la separación en origen y toda una cadena de buenas prácticas, así como unas normas que eviten la contaminación de nuestro planeta, es el objetivo del proyecto que nos ocupa hoy.

La aplicación de la directiva marco europea, principal motivo de la modificación de esta ley, hace frente a unos nuevos retos de forma homologada en los países miembros de la Comunidad, aunque a mi entender algunas de las propuestas serán de difícil ejecución de forma inmediata. Desde las islas vimos cómo la disposición adicional tercera recogía las medidas financieras para el transporte de los residuos a la Península, pero también vimos con preocupación el que no se mencionara el transporte entre islas. Las enmiendas presentadas en este sentido y el trabajo del senador Ramis y de otros pueden solventar este importantísimo aspecto, que afecta principalmente a las islas menores.

La igualdad de trato en todos los territorios se topa una vez más con los costes económicos, que precisan de una discriminación positiva hacia las islas, que por su dimensión tienen que cumplir con la normativa pero a unos costes muy elevados para su población.

Para finalizar, espero que la disponibilidad presupuestaria garantice el transporte entre islas durante todos los ejercicios presupuestarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante la necesaria modificación del marco legislativo en materia de residuos para su adaptación al derecho comunitario y, cómo no, para la actualización y mejora del régimen anteriormente vigente. Una de las principales consecuencias es que se obligará a las empresas a innovar para que desarrollen productos mucho más reciclables en origen y con materiales más fáciles de manipular en el proceso de reciclaje, es decir, que sean más aprovechables o fáciles de eliminar con el menor coste medioambiental posible.

Coalición Canaria ha presentado 16 enmiendas, algunas de mejora técnica, y otras para una mejor adaptación y racionalización de las competencias municipales, lo que nos parece fundamental, así como para su agilización en materia de reciclaje.

Una enmienda fundamental —ya se ha referido a ella mi compañero del Grupo Mixto, Arturo Bagur— es la número 16. Ya la disposición adicional tercera del texto refundido de esta ley recogía la financiación y las medidas para el transporte de las islas a la Península. Nosotros en esta enmienda hemos incluido el transporte entre las islas, como decía el citado senador, algo que nos parece fundamental, porque si no fuese así el coste sería mucho más elevado para las empresas y para los ciudadanos de las islas que para aquellos del territorio peninsular.




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El Grupo Socialista nos propone la enmienda 238, que es muy parecida y que también modifica el texto, pero no entendemos por qué nos tenemos que limitar a la disposición adicional tercera. Por otro lado, se dice que podrán establecerse medidas, es decir, se está poniendo una condición basada en los presupuestos, lo que yo creo que no debería recogerse en la ley. Si en la ley de presupuestos no se puede, no se dará aquella aportación que no se tenga en la correspondiente partida, pero, como digo, no creemos conveniente que eso se tenga que recoger en esta ley.

Por otra parte, se limita, porque se dice que se podrán establecer medidas para financiar el coste adicional que implica la valoración de determinados tipos de productos, con lo cual entendemos que con ese «podrán» después se pueden sesgar mayoritariamente muchos transportes de residuos, lo que sería un mal menor —aunque no lo parece— y un agravio a la insularidad o ultraperiferia que sufren tanto las islas Baleares como las islas Canarias.

Por eso, pedimos al Pleno que acepte y apruebe la enmienda número 16, propuesta por Coalición Canaria y por el ya exsenador Pere Sampol, y avalada por el senador Arturo Bagur, porque es más completa y se ajusta más a la realidad y a la situación de las islas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra el senador Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.

Voy a intentar recoger el mensaje del presidente y, por lo tanto, hacer un uso adecuado del tiempo de intervención siendo muy breve. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas está absolutamente de acuerdo con esta ley. De hecho, tanto el PNV como BNG presentaron enmiendas en el Congreso. Algunas de esas enmiendas fueron incorporadas mediante distintas fórmulas: bien por la vía transaccional, bien aceptando la enmienda propiamente dicha. Por consiguiente, en el Senado ya no hemos presentado ninguna de las que nos quedaban vivas porque considerábamos que eran enmiendas menores.

Pensamos que esta es una ley necesaria, que va a ser útil si todos ponemos de nuestra parte: los productores, los gestores y las administraciones. Si todos cumplen con su responsabilidad estaremos dotándonos de un marco normativo que permitirá algo muy importante, como es la valorización de los residuos, en lo que hay un gran valor añadido si lo sabemos aprovechar. Pero para eso, efectivamente, es fundamental la reutilización, el reciclaje y es menos fundamental o totalmente prescindible la incineración.

Yo espero que del espíritu de esta ley sepan beber todas las comunidades autónomas, en especial, la mía, Galicia, y se deje de apostar por la incineración como el método prioritario para el tratamiento de los residuos sólidos. Ese es un mal método, que está ya en desuso y que no es recomendable por la contaminación medioambiental que se produce y porque no hay una valorización clara de esos recursos. Por lo tanto, como he dicho, nosotros concordamos perfectamente con el espíritu de esta ley, con su articulado, la votaremos a favor, y por eso, repito, no hemos presentado ninguna enmienda.

Con respecto a las enmiendas de otros grupos, vamos a apoyar todas las transaccionales que se han acordado y también alguna otra, concretamente de Coalición Canaria, que pide apoyo para el transporte de residuos entre las islas. Pensamos que eso es de justicia y que además no se puede supeditar a la disponibilidad presupuestaria. Eso no se puede recoger en una ley; se podrá recoger en otro tipo de normativas o se podrá practicar si efectivamente hay esas restricciones económicas, pero repito que no puede quedar recogido en una ley, a nuestro entender, porque entonces ya no es ley. La ley otorga derechos, independientemente de las disponibilidades presupuestarias que haya en cada momento.

Por último, estamos viendo con interés algunas enmiendas de otros grupos, pero en este momento aún no podría decir cuáles vamos a apoyar y cuáles no. En todo caso, esta es una buena ley, y esperemos que se aplique por parte de todas las administraciones y de todos los actores implicados.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

También yo intentaré hacer un buen uso del tiempo.

Como bien saben sus señorías, el objeto de este proyecto ley es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, así como la previsión de las medidas para prevenir su generación.




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Para Convèrgencia i Unió este es un proyecto de ley de cuya filosofía participamos ampliamente. De hecho —ya se ha mencionado antes—, Cataluña tiene un modelo específico y concreto de gestión de residuos desde hace más de quince años. Es un modelo exigente y a la vez basado en la colaboración público-privada, un modelo de gestión de residuos que debería ser integrado también en el conjunto del Estado español. Las aportaciones a modo de enmiendas que hemos realizado durante estos días están basadas en tres ejes, sobre los que de manera muy especial ha trabajado mi compañero Joan Maria Roig.

El primer eje es el necesario avance hacia este modelo de gestión, en tanto que somos conscientes del impacto ambiental de los recursos. El segundo eje es la oportunidad de una nueva economía, la economía verde, que, según el sector de la gestión de residuos, representa el 40% del sector ambiental, factura 7800 millones de euros y genera 144 000 puestos de trabajo. Y el tercer eje es la necesaria colaboración con los agentes implicados para entre todos poder avanzar hacia el modelo de gestión que nos indica la propia transposición de la directiva y que además es necesario desde el punto de vista de la política medioambiental.

Cierto es, como ha dicho un senador, que en el momento de proponer nuevas leyes muchas veces podemos hacer planteamientos quizás excesivamente dogmáticos o poco ambiciosos. Pero, como bien ha dicho otro senador, creo que el equilibrio entre ambición y realismo es un buen punto de arranque, sobre todo para aquellas cuestiones que la ley obliga a cumplir a través de los agentes sociales implicados.

Creemos que no hay peor ley que aquella que no se puede cumplir, que no hay peor norma que aquella que es difícil que sea asumida por parte de la sociedad, y por eso insisto en que el equilibrio entre ambición y realismo es un buen punto de partida.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.

Estamos debatiendo una ley que tiene una transcendencia importante, que tiene mucho recorrido y que, con toda seguridad, si somos capaces de hacer las cosas bien y de que se cumpla, tendrá muchos años de vida.

Se trata de la transposición de una normativa europea que ha tenido un largo período de gestación, bastante participativo, durante el que el disgusto de las partes implicadas y de las partes consultadas ha ido decreciendo; continúa habiendo disgustados con esta ley por cómo queda, pero nadie está ni muy enfadado ni muy satisfecho, lo cual no deja de ser un buen síntoma.

La finalidad de este proyecto de ley es, a mi entender, dibujar con precisión la vía española y, si me apuran, incluso la del sur de Europa, hacia la sociedad europea del reciclado. Dicho de otra forma, es un buen proyecto ley. Se trata de sacar el mejor partido posible a algo que en estos momentos nos cuesta dinero gestionar.

Por tanto, la recuperación y el reciclado deben tener como última finalidad una actividad económica, porque los tiempos no están para desprendernos de los recursos ni para ir tirando el dinero.

Considero que el proyecto de ley resuelve bien las definiciones y, en lo referente a la materia orgánica, ha ido evolucionando desde los primeros borradores y han desaparecido los objetivos cuantitativos de recogida separada de la materia orgánica, lo cual, desde mi punto de vista, es un acierto. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría y otra las divergencias que se pueden producir a la hora de comentar estas materias con las comunidades autónomas y administraciones locales que, en última instancia, son las que manejan el producto, y no siempre el esfuerzo realizado se puede corresponder con la mejora medioambiental que se pretende conseguir.

La definición mediante la cual solo se denominará compost a un producto de recogida separada no me parece aceptable, ya que los materiales bioestabilizados requieren muchas veces de una calidad aceptable y equiparable al anteriormente citado. Por lo tanto, considero que este proyecto de ley resuelve bien este concepto, a pesar de que en la Unión Europea históricamente hayan convivido dos tendencias para establecer los diferentes objetivos, la que identificaba el producto a partir de su origen y, la segunda, que identificaba el producto a partir de los estándares de calidad. Y esto nos lleva a definir de una forma clara y contundente el concepto de compost, al que me referiré al final de mi intervención.

En segundo lugar, me gustaría destacar como parte positiva del proyecto de ley el concepto y la valoración que se le da al fin de la condición de residuo. ¿Por qué? Porque si queremos de verdad facilitar




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el mercado de los productos valorizados y reciclados, debemos crear mecanismos ágiles para ello, con lo cual parece obligada la colaboración y la imprescindible participación de los Gobiernos autonómicos y las entidades locales.

En lo referente a los sistemas de depósito, devolución y retorno son la base del fundamento de la prevención, la reutilización y el reciclado. Por ello, es necesario decir que hay que analizar la viabilidad, la proporcionalidad y la adecuada relación de coste-beneficio, extremo que el proyecto de ley resuelve también de forma adecuada. Asimismo, también la autorización de las operaciones de tratamiento de residuos en función de su naturaleza, de su composición y de las posibilidades de reutilización, algo que parece lógico pero que no se tenía en cuenta y ahora se prevé; y los sistemas integrados de gestión, pues no se trata de demoler lo que hasta ahora se ha hecho, no se trata de desechar todo lo que se ha hecho hasta ahora, se trata de aprovechar lo que ha funcionado bien para ir mejorándolo de una forma eficiente. O el tratamiento que se le da a la utilización y a la reutilización de las bolsas de plástico; así como el concepto, o incluso la poca viabilidad a lo que algunas veces se ha tratado de imponer, que son las bolsas de un solo uso. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ambiental no es muy fácil de manejar, precisamente porque los tiempos de fermentación y maduración de los productos que se utilizan para la confección de estos productos de un solo uso algunas veces triplican el tiempo del proceso de fermentación de la materia orgánica.

Para finalizar, respecto a las operaciones de valorización, a lo que se refiere el Anexo II y el R 1 con el concepto de los biorresiduos, la utilización principal como combustibles no debe ser producir energía, sino la reutilización y el retorno a la sociedad. Por eso, en el tramo de lo que significa el fin del residuo creo que se debe incluir —además, la ley lo prevé así— la definición y la consideración del producto compost, para lo que es necesario una normativa armonizada que especifique sus condiciones físicas y químicas. Y es muy importante ligarlo, para que el residuo deje de serlo. Es primordial generar un sistema de certificación y de garantías para el producto que favorezca el mercado, porque es imprescindible promover desde la Administración programas de enriquecimiento de suelos. Estamos hablando de materia orgánica, de algo que debe retornar para que las condiciones de los suelos mejoren. Sería una paradoja que fuésemos miembros de un país que al mismo tiempo vive la erosión de los suelos y dificulta la salida de los productos compost. Por tanto, hay que convencerse de que hay que trabajar sobre la demanda y que eso, lógicamente, no lo harán —o, al menos, con facilidad— los gestores de residuos, que saben tratarlos —no se lo vamos a discutir—, pero no saben venderlos ni abrir mercados para establecer una línea de fertilizantes que tienen un componente natural: son productos orgánicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Llanos.

El señor LLANOS VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que ha presentado el Gobierno de la nación.

Este proyecto de ley incorpora al Derecho español la Directiva Marco de Residuos, al tiempo que revisa el marco jurídico de la producción y la gestión de los residuos en España, apostando claramente por la prevención, la reutilización y el reciclado. El proyecto configura los instrumentos necesarios para llevar a cabo la política de residuos, articula la coordinación entre las administraciones públicas y delimita las obligaciones y responsabilidades de los productores y gestores.

Por eso, señorías, era necesaria la modificación de nuestro marco legislativo interno en materia de residuos, para su adaptación a las modificaciones del Derecho comunitario y mejorar el régimen previsto en la vigente Ley 10/1998, de 21 de abril. En los doce años de aplicación de esta norma, las administraciones públicas, los productores y los gestores de residuos han adquirido una experiencia y formación en este campo mucho mayor que la existente en el momento de la aprobación de la norma anterior. Por otra parte, la prevención, producción y gestión de los residuos y los principios que la inspiran han experimentado una importante evolución.

Señorías, la nueva ley promueve la implantación de medidas de prevención, la reutilización y el reciclado de residuos y, conforme a lo que establece la directiva marco, forma parte del espíritu de la ley y propone la innovación en la prevención y la gestión de los residuos para facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la sociedad en cada momento, lo que sin duda incidirá en la reducción




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de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a este sector y contribuirá a la conservación del mismo.

El objeto de presentar esta ley es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, así como la prevención de medidas para su generación y evitar o reducir los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociado a la generación y gestión de los mismos.

Esta ley incluye un artículo en el que se recogen conceptos clave como el de residuos, reutilización, reciclado, valoración y eliminación. También se introducen las definiciones de residuo doméstico, comercial e industrial, al objeto de clarificar las competencias de gestión para los distintos tipos de residuos.

Señorías, en aplicación del principio de que quien contamina paga, la ley incluye un artículo relativo a los costes de la gestión de los residuos, que recaerá sobre su productor o sobre el productor del producto que con el uso se convierte en residuo, en los casos en que así se establezca en aplicación de las normas de responsabilidad ampliada del productor del producto.

Debido a que son varias las administraciones públicas que intervienen en la gestión de los residuos y se hace necesario que se definan las competencias administrativas de cada una de ellas, se debe configurar un foro de autoridades administrativas competentes en esta materia. La ley incluye la creación de una comisión de coordinación en materia de residuos como órgano de cooperación técnica y colaboración entre las distintas administraciones, integrada por representantes de la Administración General del Estado, las comunidades y ciudades autónomas y de las entidades locales.

Señorías, la planificación de la gestión de los residuos es otro instrumento esencial de la política de residuos; por ello, esta ley desarrolla estos planes a nivel autonómico y local. El plan nacional marco de gestión de residuos define la estrategia general de gestión de residuos, así como los objetivos mínimos. Las comunidades autónomas elaborarán sus respectivos planes autonómicos de gestión de residuos, y se posibilita a las entidades locales para que realicen por separado, o de forma conjunta, programas de gestión de residuos.

Este proyecto de ley ha sido sometido a un exigente proceso de participación en que se han realizado y valorado muchas alegaciones procedentes de administraciones, sectores, organizaciones no gubernamentales y particulares. Con todo ello se ha llegado a un acuerdo, sin perder de vista el principio que nos inspira la protección de la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Tiene en cuenta también otros principios comunitarios y constitucionales como el de libertad de creación de empresas, unidad de mercado y libre circulación de mercancías, todo ello dentro de un escrupuloso respeto a la distribución de competencias en materia de medio ambiente entre el Estado y las comunidades autónomas. Señorías, las comunidades autónomas ejercen competencias normativas de desarrollo y la función ejecutiva o de gestión correspondiente; y, finalmente, las entidades locales también ejercen competencias en materia de gestión de residuos y dictan sus propias ordenanzas.

Uno de los principios de este proyecto de ley es la aplicación del principio de jerarquía, que prioriza las actuaciones en materia de gestión de residuos. Dicho principio supone apostar claramente por la prevención, la reutilización, el reciclado y otras formas de valoración de los residuos frente a la peor opción: la eliminación.

En materia de prevención, el proyecto de ley recoge la obligación de elaborar antes de 2014 programas de prevención en materia de residuos, que incluirán objetivos y medidas para alcanzarlos, así como un proceso de análisis de la eficacia y de los resultados logrados, correspondiendo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, previa consulta a las comunidades autónomas, entidades locales, así como a otros ministerios, elaborar el plan nacional marco de gestión de residuos. De este modo, en materia de reciclado el proyecto avanza hasta el punto que marca la directiva, pero a su vez permite que las administraciones autonómicas que quieran ir más allá puedan hacerlo.

Los beneficios ambientales obtenidos de un reciclado de calidad de los biorresiduos son muchos: conservación del clima, uso eficiente de los recursos, protección del suelo y producción de energía renovable.

Por lo que se refiere a la implantación de depósitos de devolución y de retorno, que es otro de los aspectos muy complejos del proyecto, se recoge la posibilidad de que las administraciones, en su ámbito competencial, adopten medidas destinadas a facilitar el establecimiento en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor al objeto de fomentar la reutilización y el reciclado de determinados residuos.

En cuanto a las bolsas comerciales de un solo uso, el proyecto de ley establece un calendario que comienza en 2013 para sustituir progresivamente las bolsas de plástico no biodegradables, dando así




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cumplimiento al compromiso del Gobierno establecido en el Plan Nacional Integrado de Residuos. En consecuencia, señorías, este enfoque de la política medioambiental del Gobierno pretende hacer más efectivo el principio de que quien contamina paga, ampliando las responsabilidades que incumben a los productores de productos que terminan siendo residuos.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere dar las gracias a todos los sectores, organizaciones no gubernamentales y particulares —y por supuesto a todos los grupos de la Cámara— que con sus aportaciones han enriquecido este proyecto de ley

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Valín.

El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.

Debatimos una ley de residuos, es decir, una ley de basuras, que es una ley muy importante. La gestión de las basuras cuesta, aproximadamente, 12 000 millones de euros al año; afecta a muchas personas, a todo el mundo, en la vida diaria. Del nivel de importancia de esta ley da razón el hecho de que todos los grupos hemos tenido que recibir aproximadamente entre 12 y 15 colectivos para tratar de atender sus demandas.

Desde mi punto de vista, en estos momentos, ¿qué circunstancias califican este proyecto de ley? Yo creo que es evidente que ha adolecido, a pesar de lo que aquí se ha dicho, de una razonable intención de acuerdo en la negociación y en el debate previo. De ello da clara razón y muestra un hecho evidente: 224 enmiendas vivas han llegado a esta Cámara. Realmente demasiadas para ser la transposición de una directiva marco, y ello es terrible cuando afecta directamente a más de 100 000 personas, cuya actividad está directamente relacionada con la gestión de los residuos, y a más de 300 000 personas que lo están indirectamente.

Una muestra de que el proyecto venía del Congreso absolutamente cojo es que el propio grupo que sustenta al Gobierno de la nación, el Grupo Socialista, ha presentado 32 enmiendas. Cierto que una, la 239, no tiene absolutamente nada que ver con esta ley, sino que es una enmienda que se refiere a las obras para paliar la sequía en determinadas zonas de Andalucía y Extremadura.

En definitiva, es un proyecto que ha llegado absolutamente crudo a esta Cámara, y sin la intención de que en el debate previo se alcanzaran acuerdos importantes. Pero, además, la tramitación ha adolecido de falta de adecuación a las circunstancias. Por los datos que acabo de explicar con 224 enmiendas el trámite de urgencia, señorías, no tiene sentido y, desde ese punto de de vista, exhorto a la Cámara y a la Mesa de la Cámara para que tengan muy en cuenta que la discusión de las leyes se haga de acuerdo con lo que procede, de acuerdo con las circunstancias y no con lo que venga establecido desde arriba. Si la Mesa de esta Cámara no tiene la capacidad y el discernimiento para saber cuándo no se debe hacer un debate por vía de urgencia, realmente no sé para qué vamos a tener discernimiento. Esta ley no se podía debatir por el procedimiento de urgencia porque ha llegado con 224 enmiendas; pero es que, además, el conocimiento que cada uno de los senadores teníamos de las enmiendas de los distintos grupos ha sido una hora antes de entrar a verlas precisamente en la ponencia; es decir, no teníamos conocimiento.

Pues bien, por todo ello y pese a la buena voluntad de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Esmeralda Iranzo, y del resto de los portavoces que han permitido asumir alguna transaccional, hay algunas cuestiones de fondo que siguen sin resolverse y que afectan muy claramente a la calidad del proyecto. En primer lugar, la ley se posiciona sobre algunas fórmulas de gestión que prioriza, que entiendo que son respetables, como son los sistemas de devolución, depósito y retorno, recogida separada de orgánicos, eliminación de las bolsas de plástico, etcétera. Todo ello es muy respetable, pero igual de respetables son otras fórmulas; igual de respetables o, incluso, más respetables, o por lo menos han sido respetadas por otros países. Aquí en esta Cámara se ha dicho que la incineración es un mal sistema y que es contaminante. Es curioso que países que tienen la vitola de números uno en la preocupación por el medio ambiente, como pueden ser algunos países de Centroeuropa, Dinamarca o Alemania, practican la incineración como fórmula habitual. Es curioso que sistemas como el SDDR, el sistema de depósito, devolución y retorno de los envases, es calificado por muchos de los colectivos de los países donde se está utilizando como una fórmula absolutamente demodé, que ni ha dado resultados ni puede darlos. Porque no se trata, señorías, de aquella antigua fórmula de retornar los cascos. No, es que se meten los envases en una máquina que hay en cada comercio o en cada lugar de distribución para volver a triturarse, igual que se hace ahora con los envases que se depositan en un iglú, bien sean de vidrio o de




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plástico. Y para eso cobran a cada ciudadano 25 céntimos por cada envase, que luego lo recupera o no lo recupera. Señorías, esto realmente exige un estudio mucho más detallado antes de ponerlo en marcha.

Y tengo que señalar que se ha aprobado por una serie de grupos parlamentarios una transacción, en la que se propone la elaboración de un estudio previo sobre cuáles son las circunstancias de cumplimiento de las exigencias de la normativa para poder poner en marcha ese sistema del SDDR. Quiero hacer especial énfasis, para que sirva como aclaración por, si acaso, esta transaccional exige interpretaciones, en que solo si se ve que no se cumplen los objetivos, es cuando habría que poner en marcha ese sistema que a todas luces es como matar moscas a cañonazos. Y ello porque, señorías, los informes que han presentado a este grupo —y supongo que a casi todos los grupos parlamentarios— los colectivos afectados señalan que esto puede costarle además a este país entre 500 y 1000 millones de euros , para no obtener ninguna ventaja, por lo cual su puesta en marcha mediante real decreto sería una absoluta estupidez si nos costase mucho, y encima no fuese necesario porque se están cumpliendo los objetivos esperados en este tipo de residuos por los mecanismos con los que actualmente se está actuando, o con un complemento a esos mecanismos mediante la prevención u otras fórmulas. Por tanto, señorías, no solamente son sistemas más caros, sino que, además, hay mucha gente afectada que está en contra.

También tengo que señalar que de acuerdo con la directiva marco no es necesario. Y desde el Grupo Parlamentario Popular no se entiende por qué es necesario ir más allá de la directiva marco cuando en los últimos años se están consiguiendo en España avances muy importantes, naturalmente con excepciones, y lo que es mejor, la tendencia es de claro crecimiento. Entonces, ¿por qué se establecen en el proyecto de ley determinadas posturas que son fruto de planteamientos ideológicos que podríamos considerar dogmáticos —algún portavoz ha utilizado esta palabra—, por qué tenemos que adoptar esos posicionamientos dogmáticos? ¿Por qué adoptar posturas excluyentes? ¿Por qué no negociar esas posturas con tiempo?

Yo creo que se le hace un flaco favor a este país con estos posicionamientos que lejos de buscar los acuerdos, buscan el dogmatismo, buscan el que prevalezcan los posicionamientos ideológicos, que pueden ser muy respetables, y de hecho lo son, pero que pueden lesionar realmente derechos de ciertas personas, pueden lesionar muchos intereses, sin que al país, sin que a España le generen ninguna ventaja.

Por todo ello, señorías, yo tengo que manifestar que lejos de considerar que hemos hecho un buen trabajo, realmente siento un poco de vergüenza ajena de ver que, a pesar del esfuerzo de todos, vamos a aprobar una ley que deja mucho que desear y que rebaja mucho el nivel de las leyes de aplicación de las directivas europeas en las que nuestro país tradicionalmente ha venido siendo un ortodoxo cumplidor.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el debate, la votación de este proyecto de ley la haremos después del debate y votación del próximo dictamen que es el de la Comisión de Defensa en relación con el proyecto de la Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y treinta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento. Se reanuda la sesión.

— DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS.

(Núm. exp. S. 621/000099)

(Núm. exp. C.D. 121/000082)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Defensa en relación con el proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Blanco. (Pausa.)

Senador Blanco, ¿presentará usted el dictamen?




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El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Estaba puntual al comienzo de la sesión, esperando su requerimiento para leer la presentación, que me cabe el honor de hacer, del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 16 de mayo, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas fue prorrogado y quedó ampliado hasta el día 2 de junio.

A este proyecto de ley orgánica se han presentado 100 enmiendas: 23, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 37, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 18, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y 22 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que luego retiró 2.

La Comisión de Defensa dictaminó en un plazo rápido —prácticamente en un mes—, en una sesión celebrada el día 14 de junio de este año, incorporando enmiendas de prácticamente todos los grupos parlamentarios —Senadores Nacionalistas, Convèrgencia i Unió, Entesa Catalana de Progrés y Popular—. Además, se incorporaron 15 enmiendas transaccionales.

Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado 5 votos particulares y, fruto del consenso o de las negociaciones entre grupos, se formularán más enmiendas transaccionales porque entendemos, y así lo entendió la comisión, que esta ley orgánica, que afecta a los miembros de las Fuerzas Armadas en sus derechos y deberes, debería tener el mayor consenso posible.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha dado de la ley.

Nada más y muchísimas gracias, senadores y presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Me solicita la palabra el Gobierno?

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Intervendré al final del debate.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos, por tanto, señorías, al debate del proyecto de ley.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Tiene la palabra, senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, Convergència i Unió presentó 37 enmiendas, de las cuales solo 1 fue aceptada en su momento por el Partido Socialista, 2 se aprobaron en comisión gracias al apoyo del Partido Popular, 12 fueron transaccionadas por el Partido Socialista, transacción que CiU aceptó en aras de la mejora del texto final y para favorecer las reivindicaciones del colectivo. Por tanto, mi grupo mantiene vivas todas las que no se aprobaron ni transaccionaron en comisión, con el ánimo de pedir un último esfuerzo pactista que nos permita aprobarlas.

¿Por qué este interés por mantener vivas las enmiendas? Por varias razones: porque es lo que nos pide el colectivo; porque mejoran la ley y la hacen más democrática, y por más razones que nos llevan a creer que son aportaciones positivas. Dado que es imposible, en el tiempo de que dispongo, enumerar una a una las 24 enmiendas, haré una valoración global sobre qué pretendemos con las enmiendas vivas y mencionaré alguna de ellas relativas a cuestiones importantes. Lo que pretendemos, lo he dicho antes, es que salga una ley más democrática y que respete las libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Hablando de alguna de las enmiendas, por ejemplo, mantenemos la enmienda número 66, que habla de la igualdad en el trato, en el empleo y la ocupación, un hecho lógico, pero que aún debe pedirse que se incluya en el texto final de esta ley.

La enmienda 68 trata de que se permita la afiliación política a los militares, como pasa en diversos países, como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, dejando claro que la mera afiliación política no quebranta el deber de neutralidad política de los militares.




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La enmienda número 70 habla del derecho a la intimidad y sobre todo hace referencia a la dignidad personal. En el presente proyecto se limita al ámbito del trabajo, y nosotros creemos que no se debe limitar solo al ámbito del trabajo y que esta mención debe desaparecer para dejar más amplio el ámbito.

Las enmiendas números 80, 81, 84 y 87 intentan avanzar en los derechos de los militares a asociarse, sindicarse o afiliarse políticamente; reivindicación histórica de gran parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero que hasta ahora ha sido imposible recoger en ninguna ley.

Las enmiendas números 89, 90, 91 y 92 intentan, entre otras cosas, hacer más plural el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y hacen a la vez hincapié en dar a sus representantes una mayor representación.

Las enmiendas números 94, 95 y 96 intentan potenciar la figura del observatorio de la vida familiar y hacer más democrática su composición, fijando, a la vez, una fecha límite para su constitución.

La enmienda 98 la mantenemos porque nos parece que es de justicia que se reconozca su situación a todo el personal que sufrió lesiones antes del 31 de diciembre de 1984 y que no pudo solicitar su integración en el Cuerpo de Mutilados. Nos parece que esta es una enmienda que acaba con una discriminación. Es verdad que los portavoces socialistas nos ofrecieron una transacción, creemos que también se la han ofrecido a Entesa y al Partido Popular, que intentaba mejorar esta situación. No la aceptamos porque deseábamos que se aceptara íntegramente el texto que proponíamos, ya que era un texto que hacía falta para acabar con una discriminación histórica.

Como pueden ver, señorías, la mayoría son enmiendas que tienden a hacer más democrática la vida del militar, y con las que intentamos que esta ley, que recoge obligaciones pero que también incorpora derechos, lógicamente, sea más acorde con los cambios de la sociedad.

Nada más, señorías. Anuncio nuestro voto a favor del proyecto de ley, a pesar de los pesares. Dice el refrán: más vale pájaro en mano que ciento volando; podríamos parafrasearlo diciendo: más vale ley regular votando a favor, que ley peor votando en contra. ¿Cuál ha sido nuestra voluntad? Mejorarla. Ha habido diálogo, ha habido pactos y cierto nivel de acuerdo, y consideramos, en correspondencia y por responsabilidad política, debemos votar a favor del proyecto de ley una vez defendidas las enmiendas. No obstante, esperamos que se haga un último esfuerzo para acabar de cerrar el círculo «virtuoso» y conseguir que algunas de estas enmiendas que mantenemos vivas se incorporen al texto por el bien del colectivo de los hombres y mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Señor presidente, mi grupo parlamentario tiene solo una enmienda que sustenta una transaccional. Por lo tanto, y en beneficio de dicha transaccional, renunciamos a defenderla.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballero.

El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado una transaccional que ha sido aceptada y firmada por todos los grupos parlamentarios. Entiendo, pues, que no es necesario defender este voto particular; que podemos darlo por defendido. ¿Es así, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: En efecto, señoría, no hace falta defenderlo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Imbroda.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.

De todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, unas han sido aceptadas, otras transaccionadas y nos queda viva la número 49 al artículo 30, referido a la protección social de los miembros de las Fuerzas Armadas. Mi grupo parlamentario no está en contra de dicho artículo, pero consideramos que con nuestra enmienda se mejora, sobre todo en lo que se refiere a dos puntos en concreto: la salvaguarda de la lengua materna en la escolarización de los hijos de los militares y la no imposición de la escolarización en la lengua cooficial de la comunidad autónoma que corresponda, cuando no fuera la suya. Esto viene derivado de los cambios de destino que tan a menudo se producen




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entre los profesionales de las Fuerzas Armadas. Creemos que con ello protegemos la educación de los niños y su escolarización.

Asimismo, cuando se habla de los planes de calidad de vida y del apoyo específico a los militares que sean destacados fuera del lugar de establecimiento habitual durante periodos prolongados o en misiones internacionales, mi grupo parlamentario considera interesante que se creen además los órganos de apoyo de carácter multidisciplinar y territorial que se adecuen al despliegue de esas unidades. Es decir, que de alguna manera exista un órgano que colabore y coopere en la protección social que se les presta cuando están fuera y ausentes.

Me parece correcto lo que se dice sobre la iniciativa de los convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos para la mejora de la calidad de vida de los profesionales. Creo que sería muy interesante que las Cámaras posibilitaran un acuerdo marco entre todas las ciudades y comunidades autónomas con los miembros de las Fuerzas Armadas que hubiesen tenido algún problema como, por ejemplo, alguna inutilidad o discapacidad por acciones de guerra o combate.

Así pues, mantenemos viva esta enmienda, y como he dicho antes, ya consensuamos todas las demás, que están prácticamente aprobadas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Uzquiza.

El señor UZQUIZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, buenas tardes a todos.

En primer lugar, quiero recordar a nuestros soldados heridos en Afganistán, que ya han regresado a casa, y desearles un pronto restablecimiento.

Voy a utilizar este turno en contra para oponerme a los votos particulares presentados por los grupos parlamentarios Popular en el Senado, Convergència i Unió, y Senadores Nacionalistas.

Son muchas las enmiendas que se han mantenido vivas para el Pleno y podría pensarse que es mucha la discrepancia sobre esta ley, pero nada más contrario a la realidad. Esta ley llega al Senado precedida de un amplio consenso obtenido en el Congreso y después de una larga tramitación en ponencia con multitud de comparecencias.

Allí se consiguió que la ley fuera aprobada sin votos en contra y con tan solo 10 abstenciones. Es cierto que algunas enmiendas se dejaron para su estudio y tramitación en el Senado, Cámara esta —si me permiten el inciso— que se convierte cada vez más en un Parlamento decisivo, pues aquí no solamente hacemos la segunda lectura, sino que completamos y mejoramos los proyectos que nos llegan.

Y en este caso así ha sido, señorías, pues hemos aceptado 6 enmiendas y acordado 16 transacciones, que en su conjunto afectaban a casi 50 de las enmiendas presentadas; incluso ahora, en el Pleno, hemos alcanzado una transacción con todos los grupos, que ha permitido la retirada del voto particular de los grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, y que ya detallará con mayor concreción mi compañero Hilario Caballero en el turno de portavoces.

Señorías, una ley orgánica de estas características que regula derechos y deberes de todos exige el máximo esfuerzo. A pesar de algunas enmiendas que no compartimos y que ahora voy a pasar a comentar, la verdad es que esta ley es un poco de todos los grupos; así lo hemos querido hacer, y así finalmente lo hemos hecho.

Hay un grupo de enmiendas que defiende el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas que hacen referencia al modelo de asociacionismo que se recoge en este proyecto de ley. Voy a agruparlas para su debate, como así también hizo para su presentación el senador Maldonado. No compartimos que las Fuerzas Armadas puedan asistir a reuniones o manifestaciones reivindicativas vistiendo de uniforme o haciendo uso de su condición militar. Los socialistas consideramos que, por el principio de estricta neutralidad política y sindical, se deben prohibir las manifestaciones con uniforme militar. No queremos que la imagen de nuestras Fuerzas Armadas pueda verse seriamente cuestionada, perjudicando el alto prestigio de que disfrutan frente a la opinión pública.

Tampoco aceptamos, y votaremos por tanto en contra, la enmienda número 68, de Convergència i Unió, sobre la posibilidad de afiliación política o el derecho de negociación colectiva, incluida la opción del conflicto colectivo. Con ello damos cumplimiento a las restricciones contempladas en la Constitución




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sobre la prohibición del ejercicio de la acción sindical a las personas sometidas a disciplina militar, interpretadas por el Tribunal Constitucional en el mismo sentido que ahora regulamos a través de esta ley.

Y que nadie interprete que esta restricción se hace por motivos de desconfianza hacia nuestras Fuerzas Armadas. En absoluto. Más bien, al contrario, es una demostración de responsabilidad hacia nuestros soldados y oficiales por la importancia de la misión que tienen encomendada. En suma, quiero dejar claro que estos límites los ponemos, no para establecer cautelas debidas a temores infundados, sino por la importancia de la misión que ejercen. Y digo esto, señorías, porque las Fuerzas Armadas, como he dicho anteriormente, tienen el pleno reconocimiento de la sociedad española, a la que sirven, protegen y defienden.

Señalo también nuestra oposición a otro grupo de enmiendas que hacen referencia a las decisiones sobre política de seguridad y defensa, incluido el empleo de la fuerza. Pensamos que este tipo de decisiones no puede ser cuestionado ni debatido por las asociaciones de profesionales, porque podría suponer una interferencia en las responsabilidades que competen al Gobierno y a las Cortes Generales.

Tampoco compartimos que las asociaciones puedan reunirse en las unidades militares, pues creemos que podría alterar el normal funcionamiento de las mismas, siendo deseable que se realicen las reuniones en instituciones administrativas del Ministerio de Defensa, como son las delegaciones de Defensa o, en su caso, las subdelegaciones de Defensa.

Todas estas enmiendas que he señalado y que sostienen los votos particulares de los grupos Convergència i Unió y Nacionalistas vienen a defender un modelo de asociacionismo que no compartimos. Es cierto que existen otros modelos de asociacionismo, modelos más próximos al sindicalismo, todos ellos se estudiaron y valoraron en la ponencia del Congreso, senador Maldonado. Y el mayor acuerdo se alcanzó con el que ahora proponemos, por supuesto, después de aceptar numerosas enmiendas, tanto en su día en el Congreso como ahora en el Senado, que ampliaron y mejoraron las funciones, tanto del Observatorio de la Vida Militar como del Consejo de Personal.

En cuanto a la enmienda número 49, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, he de señalar que es cierto que la movilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas puede suponer que sus hijos sean escolarizados en comunidades autónomas que tengan una lengua propia, distinta de la lengua materna del alumno. Pero ello no supone merma ni discriminación en su derecho a la educación, porque en España existen diversas lenguas propias pero no existen conflictos lingüísticos. Todas las comunidades autónomas tienen regulado un procedimiento para conceder la exención de la evaluación de la lengua propia para estos alumnos. Y allí donde la lengua presenta una menor dificultad, se les enseña también, por cierto con éxito y buenos resultados —por ejemplo, en Galicia, en Cataluña, en Valencia o en Baleares—, ofreciendo atención individualizada a cada alumno en particular, siguiendo caso por caso. Me he preocupado especialmente por este asunto, porque profesionalmente lo conozco bien, y he indagado a través de los servicios educativos de las comunidades autónomas y de los servicios de la alta inspección del Estado en las comunidades autónomas. Me han asegurado que no existe ningún tipo de conflicto lingüístico, y que se estudia y se resuelve cada caso personalizadamente. Por tanto, no busquemos problemas allá donde no los hay, y mucho menos en una ley consensuada como ésta que, obviamente, no es una ley educativa.

Queda viva la enmienda número 98 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que votaremos en contra, a pesar de que hemos tenido en cuenta lo que en ella se solicita sobre los mutilados de guerra. Precisamente por ello, hemos alcanzado una transacción satisfactoria sobre este colectivo con el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Con el ánimo de obtener el mayor consenso —ya termino, señor presidente—, pido al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que la retire.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.




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El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Señor Uzquiza, por alusiones, le diré que no la retiraremos, porque tenemos el pleno conocimiento de que ayudaría a que fuera aún mejor. Pero fíjese bien, señoría, llegará el día en que usted verá militares sindicados, militares afiliados políticamente y militares manifestándose uniformados, y no pasará nada. ¿Sabe qué pasará? Que usted, que aún mantendrá la memoria viva, pensará: cómo me equivoqué aquel día negando este derecho que en otros sitios se concede. ¿España es tan diferente?

Pero vamos al grano. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, como he dicho anteriormente, ha presentado 37 enmiendas, y algunas de ellas fueron transaccionadas, 10 en total, y tan solo 1 fue aceptada. A simple vista, se ve que es un resultado pobre, desde el punto de vista de las enmiendas aprobadas, pero es cierto que las transaccionadas dan otra imagen más pactista. Por eso quiero empezar agradeciendo al portavoz socialista, Hilario Caballero y a su tándem, a su compañero de viaje en esta ley, Miguel Ángel Uzquiza, los grandes esfuerzos que han realizado por acercar posiciones, por pactar y por transaccionar.

La verdad es que entre unos y otros lo hemos conseguido, y esto ha hecho que nuestra posición, que inicialmente era la de votar en contra, o de de abstención como máximo, como en el Congreso, vaya a ser ahora de voto a favor. ¿Este cambio viene dado porque la ley es la que nosotros habríamos elaborado? No, pero es cierto que Convergència i Unió ha intentado mejorarla, algo que entre todos hemos conseguido.

¿Por qué este intento de mejorar la ley? Pues porque va dirigida a un colectivo que históricamente, desde hace muchos años, ha estado maltratado desde el punto de vista de sus derechos, y esta ley es una buena oportunidad para mejorar los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas. También es verdad que, cuando se habla de derechos, se habla también de deberes. Ambos conceptos van asociados y se recogen íntegramente en esta ley. Los militares tienen derechos y tienen deberes, y aquí se recoge.

¿Qué nos duele del redactado final que saldrá de este debate? Pues que, una vez más, perdemos la oportunidad histórica de reconocer un derecho tan importante para cualquier trabajador, como es el de asociarse, sindicarse y afiliarse políticamente. Es verdad, lo ha dicho el portavoz socialista, que del Grupo Parlamentario Socialista y también del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, nos separa el concepto de Ejército que tenemos unos y otros. Nosotros tenemos un concepto muy alemán, americano, del norte de Europa, y ustedes tienen otro diferente; respetable, pero que no compartimos. Muchas de nuestras enmiendas han ido en esta línea, y las hemos presentado porque creemos que los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden perder su condición de trabajadores y, como tales, deberían adquirir estos derechos que tiene cualquier trabajador: de asociarse, sindicarse y afiliarse.

También es verdad que en el redactado final se avanza mucho en el derecho a la intimidad, en el derecho a la libertad religiosa y en el respeto a la condición sexual. De todas formas, lamentamos que no se haya aprovechado esta ley para resolver de una vez por todas algunos aspectos que quedaron sin resolver en la Ley de la carrera militar en temas tan importantes como la integración de los oficiales y suboficiales, cuestión que ha vuelto a quedar renqueando en esta ley.

No es una ley valiente, es verdad. Sigue en la línea de las últimas leyes que afectan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; leyes tímidas, poco valientes, que nos dejan un mal sabor de boca, porque perdemos la oportunidad de hacer leyes potentes, leyes con futuro. Estas serán, pues, leyes que, con la evolución de la sociedad, probablemente tendremos que renovar, porque no recogen realidades actuales.

Valoramos positivamente las enmiendas que hablan del Observatorio de la Vida Militar, que queda muy mejorado desde el punto de vista de su composición, de sus atribuciones y del plazo de constitución. Aquí creemos que el Gobierno ha intentado dar un apoyo —no todo— a las tesis de Convergència i Unió, aunque por el poco tiempo de que dispongo no puedo enumerar todas las mejoras introducidas por Convergència, que han sido bastantes. De ahí el cambio del sentido de nuestro voto, que será afirmativo. No porque esta sea la ley que queríamos, sino porque es mejor que la que entró en el Senado y, por coherencia, al habérsenos aceptado y transaccionado un grupo importantes de enmiendas, creemos que debemos votar a favor.

Acabo diciendo que la sociedad ha evolucionado en estos últimos años, los ejércitos también han evolucionado, y esta transformación se debía recoger en una ley. Es esta ley la que recoge estos cambios, y lo hace con un nuevo ordenamiento legislativo. En Convergència i Unió esperamos que sea un buen instrumento, que dignifique el trabajo de los miles de hombres y mujeres que desde hace años reivindican




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un nuevo orden jurídico que les dé mayor libertad y mayor seguridad jurídica. Es un paso más para democratizar las Fuerzas Armadas.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora ministra, por su presencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Aleu, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

Tanto en su tramitación en el Congreso de los Diputados como en la que se ha producido hasta este momento en el Senado ha habido un acuerdo importante en lo que respecta a la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Donde ha habido dificultad ha sido en las modificaciones que se pretendían introducir en otras leyes que no tienen nada que ver con esta. De hecho, esta ha sido la principal dificultad para que esta ley saliese de la comisión aprobada con un amplio consenso.

Hoy se ha producido este acuerdo entre todos los grupos de la Cámara. Un acuerdo que prevé la necesidad de considerar algún tipo de revisión en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, algo que se producirá antes de seis meses. Esto facilita la aprobación de la ley y nosotros manifestamos nuestra satisfacción.

También tenemos que decir que las enmiendas que hemos presentado —la mayoría de uno de los grupos que forman la coalición—, o han sido aceptadas, o han sido transaccionadas, o las hemos retirado en beneficio de la voluntad de consenso que se ha producido. Esta voluntad de consenso hará que todos votemos favorablemente el resultado final de esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Caballero.

El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, permítame que, al igual que mi compañero, lo primero que haga sea expresar la solidaridad de mi grupo parlamentario con los heridos en el atentado de Afganistán y con nuestras Fuerzas Armadas.

Señorías, estamos debatiendo el dictamen de la Comisión de Defensa sobre un proyecto de ley importante, necesario y complejo, en el que afortunadamente, como han puesto de manifiesto los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, hemos conseguido un amplio consenso. Es un proyecto que, como se indica en su preámbulo, viene condicionado por un contexto normativo: la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Ley de la Defensa Nacional y la Ley de la carrera militar. Y tiene como elementos relevantes la regulación del derecho de asociación de los miembros de las Fuerzas Armadas, la creación de un nuevo consejo de personal como órgano de participación de las asociaciones profesionales y el establecimiento del observatorio de la vida militar como un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo.

Este proyecto, cuando culmine su tramitación, se unirá al conjunto de normas de Derecho militar aprobadas durante la anterior legislatura y la presente, las ya citadas de Defensa Nacional y de la carrera militar y las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y la Ley de Tropa y Marinería. Ciertamente, como reconocía la señora ministra aquí presente en el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, el proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas se ha llevado a efecto desde la aprobación de nuestra Constitución con profundas reformas, de calado, en el ordenamiento de la Defensa y de las Fuerzas Armadas bajo Gobiernos diferentes. Pero permítanme que ponga de relieve las importantes iniciativas de los últimos años, en las que me ha cabido el honor de haber participado como ponente en todas ellas durante su tramitación en esta Cámara.

Decía que el proyecto que nos ocupa tiene la importancia propia de toda regulación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, con las limitaciones que conlleva, claro está, la posición institucional de las Fuerzas Armadas y las derivadas de los principios de unidad, disciplina y jerarquía, así como la neutralidad política a que deben atenerse los miembros de las Fuerzas Armadas.

El diputado señor Beloki resaltaba en el Congreso de los Diputados la dificultad y complejidad de esta regulación, lo que pone aún más en valor el consenso que hemos logrado los distintos grupos parlamentarios. En el Congreso se introdujo en el texto un mandato para que el Gobierno remitiera un




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proyecto de ley de reforma del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que fue aprobado en Consejo de Ministros y publicado en las Cortes, una ley orgánica que completará la que ahora debatimos. Con ello se va a culminar el programa legislativo para responder a las exigencias de transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas.

Ya en su primera comparecencia la señora ministra anunció su voluntad de tramitar este proyecto en cumplimiento de los mandatos de la legislación precedente y la necesidad de que contara con un amplio consenso tanto político como social. También señalaba la señora ministra durante el trámite del debate a la totalidad que una ley como esta no debe responder al criterio de un Gobierno sino al criterio de la mayoría de los españoles. Pues bien, señora ministra, señorías, en ello nos hemos empeñado. Es un proyecto que, como conocen, llega al Senado tras su paso por el Congreso después de ser elaborado por el ministerio contando con todas las estructuras, escuchando a los grupos parlamentarios, a las asociaciones militares e incorporando las observaciones del Consejo de Estado, donde se regula el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de nuestros militares, donde se regulan derechos y deberes de carácter profesional, el régimen jurídico de las asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, el consejo de personal de las Fuerzas Armadas y se crea también el observatorio de la vida militar como órgano colegiado de carácter consultivo.

Señorías, con esta ley se establece un marco adecuado para los derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas y los cauces para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. A lo largo de su tramitación, la participación, el diálogo y la negociación han estado presentes. El proyecto se ha enriquecido, se ha mejorado y ha conseguido ser un texto equilibrado y satisfactorio para todos los grupos. A tal fin se han producido en el Consejo sucesivas prórrogas al plazo de enmiendas, audiencia de personalidades, expertos, representantes de asociaciones, diversas reuniones de la ponencia en las que se transaron numerosas enmiendas de las 250 presentadas por el conjunto de los grupos parlamentarios. Como se ha dicho, en el Senado se presentaron en comisión 100 enmiendas; se aceptaron 7, se transaron 42 afectando a todos los grupos; quedaron vivas 31 enmiendas, incluyendo las 9 que correspondían al Grupo Parlamentario Socialista que, afortunadamente, han sido transadas.

Finalmente, porque veo que el tiempo corre, quiero hacer una mención especial de reconocimiento a los portavoces de los distintos grupos con los que he tenido que negociar las transaccionadas, a los señores Maldonado, Anasagasti, Imbroda, Mur y Aleu. Asimismo, quiero poner de relieve, como una especie de pequeño guiño amistoso a mis compañeros los señores Maldonado y Anasagasti al reivindicar la importancia de esta Cámara, algo a lo que yo también me uno, y resaltar alguna de las enmiendas transaccionales aprobadas en la Comisión de Defensa de esta Cámara celebrada durante la semana pasada. En concreto, haré referencia a la que modifica la disposición adicional octava, introduciendo un punto tercero para que el Gobierno remita al Congreso un proyecto de ley para la actualización del Código penal militar y realizar las adaptaciones necesarias de las leyes procesales militares; la referida a la disposición final décima, que establece un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley para que el Gobierno constituya el observatorio de la vida militar, igualando así lo previsto en el consejo de personal de las Fuerzas Armadas; la que establece la paridad entre los representantes de las asociaciones y los del ministerio en la composición del consejo; o la que fija el nombramiento de los miembros del observatorio para que se efectúe por mayoría absoluta, con el apoyo de, al menos, tres grupos parlamentarios en cada Cámara, y, finalmente, la referida al artículo 10, sobre el derecho a la intimidad y dignidad personal, mejorando la redacción y acotando las condiciones de las revistas e inspecciones.

Quiero terminar volviendo a agradecer a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios su disposición a la negociación, su sensibilidad y su buen criterio y, en especial y en este último trámite, la que ha permitido aprobar la transaccional con el Grupo Parlamentario Popular en aras a un mejor entendimiento y a que se trataran mejor los aspectos que ellos demandaban en un proyecto a la Ley de la carrera militar, tras la intervención de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Imbroda.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, en nombre de mi grupo y en el mío propio quiero hacer llegar nuestro apoyo, solidaridad y reconocimiento a los cinco miembros de las Fuerzas Armadas que han sufrido graves heridas en el cumplimiento del deber en aquellos territorios lejanos de Afganistán.




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Permítanme que, además, refleje mis sentimientos particulares al teniente Gras Baeza y al soldado Ibrahim Manan, toda vez que son naturales de Melilla, siendo, además, el teniente, hermano de una compañera diputada en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quisiera decirles que en una visita que realicé ayer para mostrar mi apoyo y mi solidaridad, recibí una de las lecciones de patriotismo más grandes que nunca tuve. Me vine realmente enriquecido por las reflexiones de aquellos chicos que estaban dispuestos a dar su vida en nombre de España y que seguían estando dispuestos a dar su vida en nombre de España. (Aplausos.)

Señorías, el artículo 6.1 de esta ley que traemos hoy aquí para su aprobación les exige a los miembros de las Fuerzas Armadas la disposición permanente para defender España, incluso, con la entrega de la vida, cuando fuera necesario.

Esta exigencia, como el más elevado compromiso personal, es la que engrandece a esta profesión pero, al mismo tiempo, les determina los derechos en unas condiciones mucho más exigentes que para el resto de los ciudadanos. Era, por tanto, muy necesario e imperativo acercar lo máximo posible los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas a los que gozan el resto de los ciudadanos de tal manera que, de una vez, se cumplan las previsiones de libertad para todos, tal y como marca la Constitución, y que, de una vez, se diera el necesario equilibrio entre la disciplina militar y la libertad de expresión.

Quiero significarles también que estamos ante una de las instituciones mejor valoradas de todo el Estado español, las Fuerzas Armadas, así como que ese prestigio se ha conseguido a base de esfuerzo, de profesionalidad, de abnegación y de sacrificio; cualidades que también les han hecho acreedoras del respeto internacional. Por eso, quiero decir aquí que ya quedan lejos aquellas protestas de algunos alcaldes que no querían acuartelamientos en sus ciudades y aquellas voces que trataban de presentar a las Fuerzas Armadas como una ONG. De esto último se ha encargado la sangre derramada, de demostrar que eran fábulas sin sentido, y en cuanto a lo primero no veo que estén ya siquiera aquellos que los demonizaban en el ejercicio de su cargo.

Así pues, era perentorio abordar la regulación de los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que se diera cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución 32 años después y que se acometiera una de las cuestiones más difíciles de elaborar, como determinar el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que la Constitución les reconoce como ciudadanos y, a su vez, precisar el necesario equilibrio entre disciplina y libertad de expresión, conjugándolo además con las exigencias de unidad, jerarquía y disciplina como pilares esenciales de la eficacia exigible y vital de las Fuerzas Armadas.

Por todo ello, era y es imperativo buscar entre el Gobierno y los grupos políticos el necesario consenso o acuerdo para que esta importante ley tuviera un amplísimo apoyo parlamentario. Mi grupo y yo, cumpliendo nuestras responsabilidades, así lo entendimos y por ello, después de conseguirse aquél, vamos a votarla favorablemente, máxime cuando de las diecinueve enmiendas que presentamos en el Senado se han aprobado muchas y se han transaccionado otras, quedando viva solo una de las propuestas, la relativa al artículo 30. En este punto sí quiero manifestar mi agradecimiento al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, así como a su secretario de Defensa, con los cuales hemos estado trabajando estos días atrás, por su disposición al acuerdo.

Quiero destacar todas las disposiciones finales nuevas que presentamos para poder solucionar los problemas que la Ley de la carrera militar en su régimen transitorio había provocado. En este sentido, quiero destacar que con la enmienda transaccional que hemos acordado se ha conseguido, por ejemplo, que se aborden los diferentes elementos del período transitorio de la ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal discapacitado, considerando en su caso los correspondientes efectos económicos, aquellas reclamaciones y demandas que están encima de la mesa por la aplicación de esta Ley de la carrera militar y que en seis meses se han de presentar en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Haber podido participar en la elaboración de esta ley ha supuesto para mí un honor y una gran responsabilidad. Esta ley afectará a cerca de 130 000 profesionales y, cómo no, también a sus familias. Como he dicho ya, todos hemos querido regular sus derechos y libertades con exquisito equilibrio y dentro del marco constitucional.




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Quiero resaltar también, como han hecho los portavoces que me han precedido, fundamentalmente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, algunas de las novedades que se recogen en este texto y que merecen ser reseñadas.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.

El señor IMBRODA ORTIZ: Termino, señor presidente.

Por ejemplo, cabe citar la regulación del derecho de asociación, la creación del consejo de personal, el observatorio militar, etcétera.

En suma, señorías, siempre se podría haber mejorado, pero creo que tenemos una buena ley que va a servir para que alcancen el techo de dignidad que hasta ahora no tenían, desde el punto de vista de los derechos sociales, los miembros de las Fuerzas Armadas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Me solicita la palabra la ministra de Defensa. Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.

Sin ánimo de reabrir el debate, he querido venir a dar las gracias.

Pero primero quiero hacer un aparte que seguro que entienden. Quiero darle las gracias a la señora ministra Pajín que, consciente de lo histórico de esta ley, me consta ha querido acompañarme. Además, es su último día de senadora y me gustaría darle especialmente las gracias por la frescura y la inteligencia que siempre aporta a las instituciones a las que pertenece. Quiero darle las gracias por acompañarnos.

Pero, señorías, señor presidente, sobre todo venía a dar las gracias a sus señorías senadores porque hoy estamos votando un texto mejor que el que el Gobierno mandó, primero al Congreso de los Diputados y después al Senado. Ese primer texto estuvo trabajado, señor presidente, con la cúpula militar, con expertos del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire. Fue presentado a las asociaciones militares… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Fue trabajado de forma previa con los distintos grupos parlamentarios. Se envió al Consejo de Estado, también recepcionamos las sugerencias de mejora que nos hacía el Consejo de Estado y, finalmente, fue modificado para su mejora en el Congreso de los Diputados.

Sus señorías, senadores y senadoras, han enriquecido aún más el texto y esa es la razón por la que yo quería, señor presidente, venir hoy aquí a dar las gracias por el ingente trabajo que han hecho y sobre todo por el esfuerzo de consenso, creo que muy conscientes de lo que significaba tener la posibilidad de que esta ley no solo saliera con el mayor consenso posible sino incluso, señor presidente, que pudiera salir por unanimidad. Quiero darles especial y personalmente las gracias.

Tenemos unas magníficas Fuerzas Armadas, siempre han sido unos grandes profesionales, pero hoy son más ciudadanos y, siendo hoy más ciudadanos, reforzamos la que en democracia ha sido probablemente la institución que mejor ha recorrido esos 30 años y que no solo la ha recorrido mejor sino que ha conseguido convertirse en la institución hoy más reconocida y más apoyada por los ciudadanos de nuestro país. Sus señorías, senadores, hoy han contribuido también a ratificar eso y yo no quisiera irme de aquí, señor presidente, sin darles personalmente las gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Pausa.)

Señorías, vamos a comenzar votando el proyecto de ley que acabamos de debatir, el Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, correspondería someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Abran las puertas. (Pausa.—Aplausos.)

Cierren las puertas. (Pausa.)




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Señorías, repito, empezamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas números 3, 5, 6, 11 a 14 y 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 11; en contra, 116; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 122; en contra, 115; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto de las enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a excepción de la número 100, que ha sido transaccionada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 114; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 49 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239, a favor, 111; en contra, 128.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la Propuesta de Modificación del dictamen con el número de Registro 65649, que ha sido firmada por todos.

¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

Votamos, a continuación, aquellas partes del proyecto de ley que fueron votadas en comisión y que no han sido votadas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 238.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238, a favor, 238.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos.)

— DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación)

(Núm. exp. S. 621/000105)

(Núm. exp. C.D. 121/000114)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, a continuación, a la votación del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.




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En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 1, 2, 6 a 12, 14 y 15, originariamente presentadas por los senadores Quintero y Belda.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 6; en contra, 231; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 3, 4, 5 y 13, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, también originariamente presentadas por los senadores Quintero y Belda.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 115; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la misma manera, la número 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 120; en contra, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

De Convergència i Unió, por la vía del senador Sampol, las números 17 a 52.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239, a favor, 8; en contra, 230; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 74, 78, 80, 84, 85, 86, 92 y 94.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 228.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De Convergència i Unió, las números 75, 76, 77 y 93.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 239.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

De Convergència i Unió, las números 81, 82 y 89.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 129; en contra, 109.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

De Convergència i Unió, la enmienda 91.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 10; en contra, 120; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De Convergència i Unió, las enmiendas números 79 y 90.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 127; en contra, 4; abstenciones, 106.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votación de las enmiendas números 172 a 215, de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 6; en contra, 231; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, las números 216, 217, 219, 221, 230 y 231.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 237; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votación de las enmiendas números 218, 220, 222, 223, 226, 227, 228 y 229.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 130; en contra, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votación de las enmiendas números 224 y 225.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 129; en contra, 1; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas números 233, 234, 236, 237, 238, 243, 244 y 245.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 126; en contra, 113.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas números 235, 239, 240, 241 y 242.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 130; en contra, 1; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votación de la enmienda transaccional presentada en comisión sobre la base de las enmiendas números 88 y 232.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 129; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, las números 119, 123 y 163.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 118; en contra, 119; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 112; en contra, 124; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 65581.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 239.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Las propuestas de modificación números 65582 y 65606 han sido apoyadas por todos los grupos; por lo tanto, se aprueban por asentimiento.

Votamos, señorías, el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 237; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO CIVIL.

(Núm. exp. S. 621/000100)

(Núm. exp. C.D. 121/000090)

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.

(Núm. exp. S. 621/000102)

(Núm. exp. C.D. 121/000091)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al debate del dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley del Registro Civil y del dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Para la presentación de los dictámenes, el senador Asensio tiene la palabra. (Rumores.)

Espere un momento que se haga silencio. Está todo el mundo expectante para escucharle. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Pausa.)

Comience, señoría.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de presentar el dictamen de la Comisión de Justicia del proyecto de ley del Registro Civil. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 16 del pasado mes de mayo, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 27 de mayo y fue ampliado hasta el día 2 de junio de 2011. A este proyecto de ley se presentaron 67 enmiendas así distribuidas: 7 de los señores Quintero Castañeda y Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto; 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 5 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió; 7 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 5 del Grupo Parlamentario Socialista; y 42 del Grupo Parlamentario Popular.

El día 1 de junio, la comisión designó la ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Alfredo Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto; don Miguel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Fernando García Navarro, del Grupo Parlamentario Popular; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario




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Convergència i Unió; don Anselmo Francisco Pestana Padrón, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular; y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La ponencia se reunió el día 16 de junio y estudió en profundidad el texto del proyecto de ley y las enmiendas. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 16 de junio y emitió dictamen en el que se han introducido modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados como consecuencia de la aprobación de diversas enmiendas.

Han presentado votos particulares a este dictamen los Grupos Parlamentarios Mixto, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular.

Asimismo, señor presidente, señorías, también tengo el honor de presentar el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 18 de mayo, la misma fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 30 de mayo de 2011. A este proyecto de ley orgánica se presentó una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El día 1 de junio la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Alfredo Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto; don Miguel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Fernando García Navarro, del Grupo Parlamentario Popular; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; don Anselmo Francisco Pestana Padrón, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular; y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La ponencia se reunió el día 16 de junio y estudió en profundidad el texto del proyecto de ley y la única enmienda presentada. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 16 de junio y emitió dictamen en el que no se han introducido modificaciones respecto del texto remitido por el Congreso de los Diputados. A este dictamen ha presentado voto particular el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Es todo, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas.

En primer lugar y para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. En primer lugar, damos por defendida la enmienda número 49 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas en sus propios términos.

En segundo lugar, anunciamos la retirada de la enmienda número 1 por considerarla innecesaria debido a la implantación del registro civil electrónico, así como la retirada de la enmienda número 6 por entenderla incluida en el artículo 22.1, que fue transaccionado en el Congreso de los Diputados.

Por lo tanto, paso a defender las enmiendas números 2, 3, 4 y 5, que son las que Coalición Canaria mantiene vivas al proyecto de ley del Registro Civil.

En relación con la enmienda número 2, planteamos, por una parte, la supresión de la desaparición como hecho inscribible mediante anotación, ya que no entendemos la finalidad de dar acceso al Registro Civil de una circunstancia de hecho de contornos difusos y que no viene prevista en el artículo 4 del propio proyecto de ley. Hay que tener presente que ya tiene acceso al registro la declaración legal de ausencia, que se produce a través de un procedimiento con las adecuadas garantías, por lo que no acaba de verse la oportunidad de abrir al registro una situación tan vagamente definida como la desaparición. Y, por otra parte, planteamos la inclusión de la anotación de las parejas de hecho o estables. Son numerosas las comunidades autónomas que han regulado la situación de las parejas de hecho, creando incluso registros en los que estas se pueden inscribir, y parece claro que esta situación tiene una entidad y una relevancia suficientes para tener acceso al Registro Civil a través de una anotación. Este planteamiento es coherente con el objetivo del proyecto de ley que abandona la vieja preocupación de la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndolo por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo.




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En cuanto a la enmienda número 3, el proyecto impone al personal médico sanitario que haya atendido el parto la obligación de promover la inscripción del nacimiento. Hasta ahora, el deber que pesaba sobre dicho personal era el de comunicar o dar parte del nacimiento al Registro Civil. Por otra parte, el proyecto también guarda silencio acerca de los términos o la manera en la que estos obligados deben proceder, pues no explica cómo deben actuar para promover esa inscripción. No alcanzamos a entender las razones ni las ventajas para cambiar la obligación que existe actualmente de comunicar o dar parte del nacimiento, prevista en la ley vigente, con esta confusa obligación de promover la inscripción. Y desde otra perspectiva, el artículo 45, en su actual redacción, no hace referencia a los obligados a promover la inscripción en el caso de que el recién nacido haya sido abandonado, y ello a pesar de que unos artículos más adelante, el 48 concretamente, señala expresamente que la obligación corresponde en tales supuestos a las entidades públicas de las comunidades autónomas competentes en materia de protección a los menores y al ministerio fiscal.

La enmienda número 4 es consecuente con la enmienda anterior y se incluye que por parte del personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando este haya tenido lugar fuera del establecimiento sanitario, existe la obligación de comunicar al registro ese nacimiento.

Y, finalmente, en relación con la enmienda número 5, que coincide con alguna enmienda presentada por la Entesa, en concreto la 52, afecta al artículo más llamativo que ha tenido una mayor difusión en los medios de comunicación con respecto al sistema a aplicar cuando no hay acuerdo entre los progenitores en cuanto al orden de los apellidos del hijo o la hija que, según el texto actual y consensuado en el Congreso de los Diputados, al final, si se requiere a los progenitores y estos no terminan por decidir o no se ponen de acuerdo, es el funcionario encargado del Registro Civil el que decide el orden de los apellidos en función del superior interés del menor. Lo que planteamos es modificar el proyecto para que este orden se haga de una manera aleatoria a la hora de proceder a la inscripción en el Registro Civil y se difiere al correspondiente desarrollo reglamentario la determinación de este procedimiento aleatorio con arreglo al cual se determinará el primer y segundo apellido.

Con esto, por lo tanto, concluimos la defensa de nuestras enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belda.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Gracias, señor presidente.

Convergència i Unió tan solo ha mantenido como voto particular la enmienda número 61, presentada al proyecto de ley del Registro Civil, y la enmienda número 1, presentada al proyecto de ley orgánica, complementaria a la Ley del Registro Civil. Ambas enmiendas pretenden hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a dirigirse en su respectiva lengua oficial a los órganos con jurisdicción en todo el Estado, previendo la provisión de medios para su traducción, así como evitar que la presentación de escritos en leguas oficiales distintas del castellano pueda suponer su no admisión o la dilación de los mismos procesos por este simple hecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.

Las enmiendas que mantenemos se refieren al uso de las lenguas, a la modificación de algunos usos y abusos de la dictadura franquista que perviven en las anotaciones registrales y a una cuestión menor, pero importante para las personas implicadas, como es el orden de los apellidos cuando no hay acuerdo entre los progenitores en el momento de registrar un nacimiento.

En relación con las lenguas, el redactado del artículo 37, aunque menos farragoso que el del párrafo añadido en el 2005 al artículo 23 a la antigua Ley del Registro Civil, representa un retroceso en su contenido porque limita el uso de las lenguas en los casos en que hay una demanda expresa de los ciudadanos que insten la inscripción de un hecho o un acto en dicha lengua en el Registro Civil. Mientras que la norma vigente desde 2005 decía: Los asientos se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma en que radique el Registro Civil, según la lengua en que esté redactado el documento o en que se realice la manifestación. Si el documento es bilingüe se realizará en




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la lengua indicada por quien lo presente en el registro. A nosotros ya no nos gustaba esta norma de 2005, porque creemos que la plena normalización del catalán en Cataluña como lengua propia debe conllevar justamente la norma inversa a la que hoy se quiere prever, es decir, el uso general del catalán y el uso del castellano, cuando así lo solicite el ciudadano que inste la inscripción. Imagínense, pues, lo poco que nos gusta el retroceso que hoy están consumando. Nuestra enmienda número 50 representa justamente una vuelta a la norma vigente hasta hoy y que todos consensuamos en el año 2005.

La enmienda número 56 pretende recuperar en los registros la buena memoria de los perseguidos y asesinados por los franquistas. Tenemos constancia de que pocos días después del inicio del golpe de Estado encabezado por Francisco Franco se dictaron instrucciones para que no se inscribieran en los registros civiles los fallecimientos de las personas asesinadas, con la clara intención de dejar el menor rastro posible del genocidio que estaban cometiendo. Es cierto que con posterioridad hubo la posibilidad de registrar la muerte de las personas asesinadas, siempre y cuando se hiciera constar que se les daba por desaparecidos a consecuencia de la guerra y aceptando falsear la causa de la muerte a cambio de recibir una pensión de viudedad o evitar la realización del servicio militar de sus hijos mayores, siendo frecuente en los registros la constancia de afirmaciones como las siguientes: Muerto en choque con la fuerza armada, a consecuencia del bando de guerra, o, simplemente, a consecuencia del glorioso movimiento nacional; incluso tenemos un compañero senador en este hemiciclo que ha sufrido una situación de este tipo. La aprobación de nuestra enmienda número 56 permitiría conseguirlo. Se nos había ofrecido una transacción —el ministerio ya la ofreció en el Congreso de los Diputados para que se tramitara en el Senado—, pero a última hora no ha sido posible llegar a un acuerdo —no sé por qué— y lo lamento profundamente, porque el hecho de que no se puedan rectificar estas inscripciones registrales tan bárbaras es una situación totalmente injusta.

El resto de nuestras enmiendas pretende que en los casos de discrepancia entre los progenitores en relación con el orden de los apellidos, este no sea decidido por un funcionario, sino por un procedimiento de azar, que nos parece más adecuado.

Finalmente, quiero referirme a dos enmiendas de Convèrgencia i Unió que no se refieren propiamente a ese proyecto, pero que son fundamentales desde el punto de vista de la normalización del uso de todas las lenguas oficiales en la justicia. Nosotros no habíamos presentado unas enmiendas parecidas porque no era el tema de este proyecto, pues en realidad se refieren a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente, pretenden añadir un párrafo al artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los órganos con jurisdicción de ámbito estatal atiendan y tramiten los escritos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma y para que, a tal efecto, el Ministerio de Justicia provea los medios necesarios para su traducción. Es una cuestión indispensable, porque ya saben que muchos recursos acaban en órganos de ámbito estatal y, en estos casos, es preciso que nuestras lenguas sean también reconocidas.

Por lo tanto, nosotros vamos a pedir votación separada, aunque ya no hace falta, porque en realidad son las únicas enmiendas que mantiene Convergència i Unió y las vamos a votar a favor, esperando que todos los catalanistas las voten también a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a la defensa del voto particular presentado por el Grupo Socialista.

Tiene la palabra el senador Pestana.

El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para defender el voto particular presentado por el Grupo Socialista a las enmiendas introducidas en comisión, fruto, a su vez, de las enmiendas número 7, del Grupo Parlamentario Mixto; número 62, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y número 57, del Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda número 57 del Grupo Parlamentario Popular y la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Mixto tienen el mismo sentido y se refieren a los magistrados destinados en el Registro Civil Central y en los registros civiles exclusivos. Es una enmienda que coincide —como decía antes— con la número 7 del Grupo Parlamentario Mixto. La situación de los magistrados en los registros civiles exclusivos y en el Registro Civil Central ya está contemplada en la disposición transitoria décima de la Ley. La propuesta es, además, incompatible con el modelo de registro desjudicializado que implanta la ley, y es sumamente incoherente porque esa adscripción de los magistrados a las secciones de las




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audiencias especializadas en asuntos de familia no tiene sentido, aparte de que generaría muchos conflictos entre los jueces de esa adscripción privilegiada a la audiencia provincial, dado que hay magistrados con destino en los registros centrales exclusivos que por escalafón están lejos de acceder a plazas de esa categoría.

Entendemos, pues, que la situación que regula la disposición transitoria décima es la correcta. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece un sistema tasado de servicios especiales para los miembros de la carrera judicial en el artículo 351 entre los que no se prevén en absoluto los destinos para una dirección general del ministerio, y la única posibilidad para continuar como encargados del Registro Civil sería la situación de excedencia voluntaria, cosa con la que no creo que los peticionarios de esta propuesta estén en absoluto conformes.

Por tanto, ni siquiera la posibilidad de las adscripciones a las audiencias provinciales en las secciones civiles especializadas en materia de familia es posible; de hecho hay una serie de audiencias provinciales que no tienen esa especialización como, por ejemplo, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Alicante, A Coruña, Vigo y Murcia, luego no tendrían esa cabida legislativa.

Además, y sobre la propuesta de adscripción que se entiende efectuada tanto para los registros centrales como para los exclusivos, debe tenerse presente que en los centrales se plantea el problema de que son de ámbito estatal y la adscripción debería ser, por tanto, a un órgano de la misma naturaleza y extensión competencial, cosa que no recoge la propuesta.

Por último me voy a referir, señorías, a la enmienda número 62 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que se incorpora al texto de la ponencia y que se refiere a la imposición tributaria en materia de transacciones y enajenaciones en caso de divorcio cuando hubiera separación de bienes, que son los regímenes tradicionales de Cataluña, Baleares y Valencia.

Mi grupo parlamentario considera que la Ley del Registro Civil no es la adecuada para hablar de impuestos, pero, además, no me parece correcto que seamos nosotros, parlamentarios nacionales, en este caso del Senado, quienes introduzcamos la exención de un tributo que está en manos de las comunidades autónomas y que daña la financiación autonómica. En cualquier caso, la pretensión no parece justa, no solo a nivel formal por el lugar en el que se intenta incorporar, sino porque la legislación permite que no se sometan a tributación los bienes gananciales, y por tanto, no entendemos por qué cuando se produce una separación de bienes la transmisión entre los cónyuges, fruto de una separación, no es objeto de esa imposición indirecta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García Navarro.

El señor GARCÍA NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, si bien el Grupo Parlamentario Popular votará a favor del proyecto de ley del Registro Civil, hemos considerado conveniente introducir determinadas enmiendas que a nuestro juicio, y sin lugar a dudas, mejorarían el texto. Se trata de un total de 42 enmiendas, algunas de las cuales suponen una mejora técnica del proyecto presentado, en tanto que otras persiguen alcanzar una regulación más idónea a las circunstancias recogidas en el texto.

Como he manifestado anteriormente, a pesar de que nuestro posicionamiento es a favor del texto, a excepción de las enmiendas presentadas, quisiera hacer algunas apreciaciones al respecto. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular considera que esta nueva ley del Registro Civil, que persigue fundamentalmente y como primer objetivo desjudicializar el registro, es decir, sacar los registros civiles de los juzgados, no es precisamente la reforma más necesaria e imperiosa que necesita nuestra Administración de Justicia.

Todos coincidimos en que la agilización y seguridad de la justicia debe ser un objetivo básico, y a ello debemos emplearnos los legisladores, pero coincidirán todos conmigo en que no son los registros civiles incardinados en los juzgados, tanto los específicos de primera instancia como los de paz, los que perturban o distorsionan el correcto funcionamiento de la justicia.

Señorías, existen otras necesidades más imperiosas y perentorias en la justicia que esta reforma del Registro Civil que hoy traemos a esta Cámara. Por mucho que saquemos los registros civiles de los juzgados, la justicia y los juzgados no van a funcionar mejor. Pero es que, además, tampoco existe una demanda social real que nos pida la reforma del Registro Civil. Lo que está bien no debe tocarse, y los registros civiles en su actual sistema funcionan moderadamente bien.




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Vaya por delante nuestro poco entusiasmo por esta ley, que no es la más urgente que necesita nuestra justicia ni nuestro país.

Muchas de nuestras enmiendas van encaminadas a mantener el control judicial de los actos que acceden al Registro Civil y sus consecuencias. La inscripción de las distintas vicisitudes en la vida de una persona que tiene acceso al registro es de vital importancia para su integridad moral, y exige una indiscutible seguridad jurídica. La inscripción en el Registro Civil es el primero y uno de los principales factores de seguridad jurídica con que contamos los ciudadanos.

Todos debemos coincidir en que desde el derecho romano las naciones civilizadas llevan la exacta contabilidad de sus ciudadanos y anotan escrupulosamente los principales avatares de su vida.

Hasta hoy, el Registro Civil estaba vinculado al Poder Judicial pero a partir de ahora se perderá buena parte de esa tutela judicial y el registro se transformará en un modelo puramente administrativo.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado persiguen asimismo que los juzgados de paz sigan constituyendo el lugar físico que permita a los ciudadanos dirigirse sin especial dificultad, puesto que son muchos los ciudadanos que carecen de la posibilidad de acceder convenientemente a sistemas informáticos o telemáticos para obtener un certificado del registro, y seguirán, por tanto, apoyándose en los juzgados de paz para ver atendidas sus necesidades.

Por otra parte, mi grupo parlamentario pretende mantener la cualificación jurídica contrastada de los encargados del Registro Civil. Se hace necesario garantizar las medidas de seguridad para resguardar de la curiosidad de cualquier funcionario los datos de los ciudadanos.

Como indiqué anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado un total de cuarenta y dos enmiendas, y permítanme que me detenga en la defensa de algunas de ellas, dando el resto por defendidas.

La enmienda número 13 propone modificar la redacción del artículo 16 del proyecto sobre la presunción de exactitud del registro. La redacción propuesta por mi grupo busca reorganizar los conceptos de hechos y actos, dándoles un trato más homogéneo, y remitiendo los efectos de la presunción a los datos que resulten del registro por estar incluidos en los asientos correspondientes, evitando así una extralimitación en la responsabilidad del encargado.

La enmienda número 22 propone modificar el artículo 36 del proyecto relativo a los asientos electrónicos, que para nosotros necesariamente habrán de incluir la firma del encargado. Se busca dejar claro que el asiento siempre ha de ir firmado por el encargado, ya que con ello se le concede plena eficacia. En otro caso, su calificación no tiene ninguna utilidad debiendo quedar prueba de esta.

La enmienda número 23 propone modificar el artículo 37 del proyecto, sobre las lenguas oficiales. Con ella se busca establecer un sistema de asientos y certificaciones bilingües como medio más adecuado para superar el problema de las lenguas cooficiales; de esta forma no existiría la posibilidad de expedir certificaciones en una única lengua que no tenga eficacia en otra comunidad autónoma donde esa lengua no resultara oficial. De todas formas, con un sistema de registro único y presentación telemática los interesados podrían siempre presentar la documentación en una lengua cooficial por esa vía, con independencia del lugar donde estuviera la oficina; por otro lado, no se recoge la lengua en la que se pudiera presentar la documentación, lo cual sería un problema mayúsculo en los casos de presentación telemática.

La enmienda número 26 propone añadir un nuevo artículo 40 bis al proyecto referido a las notas marginales. Entendemos que las notas marginales son asientos de referencia meramente explicativos, auxiliares o de advertencia de circunstancias relevantes, que tienen gran utilidad de relación entre los propios asientos; así, con las notas marginales, al obtener una certificación de nacimiento, por referencia se obtendrían todas las circunstancias relevantes relativas a otras inscripciones que se hubieran practicado en el registro.

La enmienda número 31 propone dar una nueva redacción al artículo 50 del proyecto de ley sobre la identidad de las personas. El derecho a la identidad del menor, reconocido en el artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño de 1989, se configura como un prius lógico para el reconocimiento de la personalidad jurídica. Es un derecho distinto al derecho del nombre y requiere un tratamiento jurídico distinto. Se trata de conseguir la plena identificación del nacido como primer derecho del ser humano, del cual derivarían todos los demás a través de un dato preciso, concretamente determinado y biológico, único e irrepetible, del nuevo ser recién nacido, que se acompañe en el registro y demás documentos que le identifiquen de por vida.




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Con la enmienda número 36, referida a la inscripción de defunción, proponemos que el entierro de una persona solo deberá autorizarse pasadas veinticuatro horas desde el fallecimiento. Esta nueva redacción propuesta supone una vuelta a la ley de 1957, cuyo artículo 83 establecía este plazo mínimo de veinticuatro horas entre la muerte y el entierro, lo cual encauzaba en parte el orden público en la materia, estableciendo un plazo mínimo para el enterramiento.

La enmienda número 44 también es de adición, y propone añadir una disposición transitoria nueva al proyecto sobre la designación de los actuales magistrados del registro como nuevos encargados, señalando que los magistrados destinados en el Registro Civil Central y en los registros civiles exclusivos con cinco años de destino continuado en ellos podrán ser designados encargados de la oficina central y de las oficinas generales de la misma población. Se justifica esta enmienda en el aprovechamiento de los conocimientos sobre el funcionamiento del Registro Civil, tanto prácticos como teóricos, de los actuales magistrados, pudiendo servir asimismo de ayuda y asesoramiento para los nuevos encargados de los registros civiles, teniendo en cuenta que algunos de los anteriores encargados en el momento de la entrada en vigor de esta ley llevarán más de veinticinco años de vida profesional en los mencionados destinos.

La enmienda número 45 propone suprimir la disposición final segunda del proyecto. Esta disposición final segunda señala que las referencias que se encuentren en cualquier norma relativas a jueces o magistrados encargados del Registro Civil se entenderán hechas al encargado de dicho registro, y que las referencias hechas al juez, alcalde o funcionario que sea competente para autorizar el matrimonio deberán entenderse referidas al alcalde o concejal en quien delegue.

Consideramos conveniente suprimir esta disposición porque, por la trascendencia de los actos objeto de regulación, la ley concede a los jueces y magistrados encargados del Registro Civil competencias en otros asuntos tangenciales al registro, que de ninguna manera pueden ser asumidos por otro tipo de funcionarios.

Finalmente, la enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Popular, propone añadir una nueva disposición final al proyecto, y hace referencia a las personas con discapacidad, solicitando que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la promulgación de la presente ley, deberá remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley dirigido a asegurar el cumplimiento del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al reconocimiento de que las personas con discapacidad tengan capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

Así pues, señorías, y con esto termino, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular buscan mejorar el texto del proyecto de ley del Registro Civil para alcanzar los objetivos que consideramos positivos y conseguir la mejora de una ley que hoy en día no es prioritaria, de la que no existe una verdadera y auténtica demanda social real de la ciudadanía que aconseje cambiarla, ya que existen otras prioridades en nuestra Administración de Justicia que requieren una preferente modificación. El Grupo Parlamentario Popular considera que, a pesar de eliminar los registros civiles de los juzgados, es necesario que continúe produciéndose un conveniente control judicial de los actos que acceden al registro, por lo que tanto los juzgados de paz como los nuevos encargados del Registro Civil han de garantizar una perfecta atención a los ciudadanos con objetividad e integridad.

Asimismo, pretendemos que en una época como la actual, asolada por la grave crisis económica en la que nos encontramos inmersos, el Gobierno no ahonde más en nuestra herida y nos conduzca a frivolidades legislativas que, sin lugar a dudas, van a suponer un importante coste económico para nuestras depauperadas arcas públicas.

El Grupo Parlamentario Popular entiende que el dinero que nos va a costar la implantación de los nuevos registros civiles bien podría destinarse a otros fines generadores de empleo que, sin duda, todos los ciudadanos nos agradecerían.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Pestana.

El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, presidente.

Intervendré muy brevemente porque el momento de la tarde tampoco permite lo contrario e imagino que todos queremos terminar cuanto antes.




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Haré una breve alusión a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Creo que de la intervención de su portavoz se deduce claramente la desafección a este proyecto de ley, al no considerarlo un tema prioritario. Creo que es un ejemplo claro de incorporación a la modernidad de registros, que hoy no tienen otro sentido sino este camino. Me parece que es mucho más garantista para los ciudadanos, más moderno y más inmediato con este sistema que vamos a implantar entre todos, y espero que con el voto favorable de todos los grupos.

De su intervención y de la visión global de sus enmiendas se derivan algunos elementos, como la confusión con alguno de los principios que regulan el registro de la propiedad. No es el caso, ya que estamos hablando de un registro único por persona. Ponen en riesgo el principio de judicialización, e incluso la enmienda presentada sobre los magistrados de los registros centrales da pie a eso. En algunos casos pretenden una delegación a través de convenios a corporaciones de derecho público que no tiene ningún sentido porque no cabe la delegación en materia de registro civil. Hay algunas enmiendas, como la número 48, que tiene una muy buena intención, pero ustedes ya han presentado una enmienda igual al proyecto de ley que está ahora en el Congreso de los Diputados, sobre adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Considero que ese es el texto en el que debe introducirse esa enmienda, no en este, donde no tiene mayor sentido.

Hay enmiendas que ya han sido transadas en el Congreso, como la número 34, sobre el matrimonio secreto, que tiene su cabida en los artículos 58.7 y 83 del proyecto de ley. O la enmienda número 36, sobre la inscripción por defunción, que también se transó en el texto del artículo 62.3 de la ley. Por tanto, creo que ha habido elementos de diálogo y de consenso y creo que sale mejor.

En cualquier caso, todas las enmiendas que han presentado son reproducciones de las presentadas y debatidas en el Congreso, por lo que debemos respetar ese debate que dio lugar a entendimiento en algunas enmiendas. En consecuencia, parte del acervo con que se recoge en el Senado ese texto que nos ha llegado incorpora también ese debate que se ha producido en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Mixto mantiene todavía vivas en este debate, la número 2 se refiere a las parejas de hecho, y debo decirle al senador Belda que las parejas de hecho no constituyen propiamente un estado civil. Mi ayuntamiento, en Canarias, fue uno de los primeros en disponer de una ordenanza que regulaba las inscripciones de las parejas de hecho, por lo que tienen cabida en esos registros locales y en los autonómicos, como el existente también en Canarias. Tienen efecto de veracidad en virtud de esos registros, pero no creo que deba tener cabida en el Registro Civil tal y como lo tenemos regulado.

La enmienda número 3, que reproduce la enmienda de Coalición Canaria en el Congreso, entendemos que debilita la protección del menor de acuerdo con el principio de interés del menor consagrado en la Convención de Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. El texto del proyecto, en el artículo 48, establece dos sujetos obligados, el ministerio fiscal respecto a menores no inscritos —no solo menores desamparados— y las entidades públicas de las comunidades autónomas competentes en materia de protección de menores en los casos de situación de desamparo por abandono. Tenemos ya una regulación bastante coherente en el proyecto de ley y por eso creo que no debemos aprobar esta enmienda.

La enmienda número 4, también referida a la comunicación de nacimientos en los centros sanitarios, reproduce la enmienda número 4 presentada en el Congreso de los Diputados, que fue objeto de transacción. En virtud de esa transacción nosotros nos remitimos al pacto que tuvo lugar en la otra Cámara y que queremos respetar.

En cuanto a la enmienda número 5, también enmienda número 5, de Coalición Canaria, en el Congreso, que se refiere al artículo 49, mostramos nuestro voto en contra. Esa enmienda fue objeto de transacción entre todos los grupos parlamentarios. En relación con ella hay varios aspectos a los que nos podemos referir. La primera es que el artículo 49.2 del proyecto, en la línea de la enmienda presentada, solventa problemas interpretativos al contemplar expresamente que es el primer apellido el que se transmite. En cuanto a la crítica formulada a la enmienda en relación con el criterio alfabético he de decir que hubo un error en la motivación que ya fue solventado respecto del texto original que llegó al Congreso de los Diputados. En el artículo 49, frente a la tradicional hegemonía del apellido paterno, se adopta un criterio en el orden de los apellidos que es respetuoso con el principio de igualdad de hombres y mujeres consagrado constitucionalmente y que pretende fomentar el acuerdo de los progenitores en la elección del orden de los apellidos de los hijos. En todo caso se pretende que el encargado fomente, e incluso medie en el acuerdo para evitar el conflicto, y se fija un plazo de tres días, como ocurre hoy en día con el tema del nombre. Y es que decimos: ¿Cómo vamos a delegar en el encargado del registro civil que sea él




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quien decida qué apellido se pone en primer lugar? Pues bien, se hará en interés del recién nacido; eso es lo primero, que es el principio básico en el que todos los grupos parlamentarios hemos alcanzado un consenso. Ya veremos en vía reglamentaria cómo podemos desmenuzar eso, pero lo que no tiene sentido alguno es que si al encargado del registro —no a cualquier funcionario— le damos la posibilidad de que determine el nombre si no hay acuerdo entre los progenitores, ¿por qué no entonces en cuanto al orden de los apellidos? Si ya ocurre en el marco legal actual, que es así, ¿por qué no permitirlo también con los apellidos? Este nos parece un término razonable.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene la enmienda número 61, también referida al tema lingüístico. Entendemos que no debe ser admitida porque tal y como está formulada supone trasladar al ministerio el coste de los documentos escritos que deben surtir efecto en tribunales de fuera de esa comunidad autónoma que no emplee esa lengua. Eso es completamente ajeno al proyecto de Registro Civil porque ahora este se desenvuelve al margen de la jurisdicción. La pretensión de esa enmienda no tiene parangón en el ámbito administrativo. Por ejemplo, el artículo 36 de la Ley 30/1992 establece que la Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos expedientes o parte de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma. Como estamos hablando de un registro administrativo, desjudicializado, creo que lo coherente es que vaya en los mismos términos que la Ley de procedimiento administrativo.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el senador Bofill, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, respecto a la número 50 he de decir que el artículo 37 contempla un derecho de los ciudadanos a la inscripción de los hechos y actos en el Registro Civil en cualquiera de las lenguas oficiales. Es decir, se incorpora al texto legal, lo que resulta armónico con la Constitución y con la reforma ya operada en el artículo 23 de la Ley de Registro Civil, la Ley 12/2005, de 2 de junio, así como en el artículo 11. g) del proyecto que estamos tramitando. El artículo 37 no altera el criterio de la territorialidad y el aplicativo informático vigente desde el año 2005 resuelve esta cuestión al permitir la práctica de asiento en cualquier lengua oficial del Estado. No hay mayor problema ni supone en absoluto ningún retroceso respecto a la redacción que se le da en el artículo 23, aunque sé que usted discrepa de esa interpretación. Pero nosotros consideramos que es así.

La enmienda número 51, que es también una reiteración de la número 24 presentada en el Congreso, hubiera sido una solución de consenso respecto a la enmienda de Coalición Canaria. En cuanto al orden de los apellidos, hay un consenso básico obtenido en el Congreso de los Diputados, por tanto, debemos remitirnos a este texto.

Respecto a la enmienda número 54, que se refiere al principio de libre elección del nombre propio, creo que queda mucho más claro en el texto legal y que, por tanto, su enmienda no incorpora novedades que ayuden, por lo que creo que el texto incorporado al proyecto de ley es mucho mejor.

En lo que respecta al resto de las enmiendas, conoce nuestro criterio negativo, y en ese sentido votará el Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Belda.

El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar, quisiera trasladar también, en nombre de Coalición Canaria, nuestra solidaridad con todos los militares españoles que hace unos días han sido víctimas de un atentado en Afganistán, así como con sus familias. Y, especialmente, a los militares canarios. A todos ellos les deseamos una pronta recuperación.

Dicho esto, voy a fijar la posición de Coalición Canaria en relación con el proyecto de ley del Registro Civil y el proyecto de ley orgánica complementaria. Mi grupo considera que con esta nueva ley se está dando un paso muy importante al transformar completamente el régimen vigente del Registro Civil, adaptándolo a las necesidades de los tiempos que corren. Por eso vamos a hacer una valoración positiva de los avances que se incluyen en este proyecto.

Sin entrar en los antecedentes históricos sobre sistemas de Registro Civil que pudieran remontarse al Antiguo Egipto, al Imperio Romano o a los registros religiosos llevados en cada parroquia durante siglos, en nuestro ordenamiento jurídico el Registro Civil, tal y como está concebido actualmente, aparece a raíz de la entrada en vigor de la Ley Provisional 2/1870, del Registro Civil.




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Esta ley fue presentada ante las Cortes por don Eugenio Montero Ríos, a la sazón ministro de Gracia y Justicia. Mucho ha llovido desde entonces, pasando por la actual Ley del Registro Civil de 1957, para que se haya cambiado radicalmente el sistema del Registro Civil mediante su desjudicialización y la incorporación de las tecnologías de la información que se introducen con este proyecto, así como con el proyecto de ley orgánica complementaria.

Como bien se dice en el preámbulo del proyecto de ley, un Registro Civil coherente con la Constitución ha de asumir que las personas, iguales en dignidad y derechos, son su única razón de ser, no solo desde una perspectiva individual y subjetiva sino también en su dimensión objetiva, como miembros de una comunidad políticamente organizada.

Por este motivo, la ley abandona la vieja preocupación por la constatación territorial de los hechos concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el historial de cada individuo.

De igual manera, Coalición Canaria comparte el objetivo de la ley de deslindar las funciones gubernativas y judiciales que por inercia aparecen entremezcladas en el sistema de la ley de 1957. Los encargados de cada oficina del Registro Civil dejarán de ser jueces y magistrados, pasando sus funciones a ser desempeñadas por funcionarios de carrera del subgrupo A1 que tengan la licenciatura en Derecho, así como por secretarios judiciales, que pasarán a la correspondiente situación de servicios especiales en el Ministerio de Justicia. Es un paso decisivo para aproximar nuestro modelo de Registro Civil al de los países de nuestro entorno, y confiamos en que sirva para dotar de una mayor eficacia al registro y para prestar un servicio público de mayor calidad.

Desde luego, la creación del Registro Civil electrónico supone un avance importantísimo por cuanto lo hace mucho más accesible a los ciudadanos, evitando molestias, desplazamientos y papeleos innecesarios.

La atribución de un código personal, constituido por una secuencia alfanumérica coincidente con el DNI, a cada registro individual abierto con al primera inscripción que se practique va a permitir que cada persona tenga un registro individual en el que constarán los hechos y los actos relativos a la identidad, estado civil y demás circunstancias inscribibles de acuerdo con la ley.

Coalición Canaria quiere destacar y agradecer a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo de consenso realizado en la configuración final de esta norma legal en relación con el texto inicial del proyecto que entró en las Cortes. En este sentido, solamente queremos destacar tres puntos.

Por un lado, la sensibilidad demostrada con la enmienda que se ha introducido en el artículo 22.1, de forma que en todas las islas de Baleares y de Canarias que en la actualidad cuentan con registros civiles existan oficinas generales del Registro Civil. En segundo lugar, también queremos destacar el respeto a las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas en materia de Registro Civil. Y en tercer lugar, queremos hacer referencia al asunto más llamativo desde el punto de vista mediático, el orden de los apellidos. Es consecuencia del principio constitucional de igualdad ante la ley y de igualdad de género, que compartimos plenamente, y, aunque no se haya aceptado nuestra enmienda, esperamos que en el correspondiente desarrollo reglamentario se pueda aclarar el criterio a seguir por el funcionario del Registro Civil.

No quiero extenderme más ni cansar a sus señorías pero posiblemente esta sea mi última intervención ante el Pleno y, por ello, toca despedida. Los cuatro años que he permanecido en esta Cámara han sido muy intensos, fructíferos e interesantes. He visto el final de una legislatura y gran parte de otra. He sido testigo de desacuerdos pero también de muchos acuerdos. Pero ante todo quiero resaltar la voluntad de diálogo y negociación por parte de todos los grupos parlamentarios sin excepción para llegar a esos acuerdos. Por ello, no me queda sino agradecer a todas sus señorías su atención y sensibilidad, en especial la que han tenido con Canarias, territorio al que represento junto a otros compañeros, y la colaboración que me han prestado para desempeñar lo mejor que he podido mis funciones. Y, lógicamente, de manera especial quiero hacer extensivo este agradecimiento a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, tanto en el Pleno como en las comisiones, a la Mesa de la Cámara, al letrado mayor, a todos los letrados, a los funcionarios, a los colaboradores de los grupo parlamentarios, en fin a todo el personal de esta Casa, que les aseguro marcará muy positivamente una etapa de mi vida.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Belda. Ha sido un placer tenerle en esta Casa.




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A continuación, pasamos al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. No está su portavoz y no sé si se ha despedido también. (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de nada quiero hacer una pequeña puntualización a la observación hecha por el Grupo Socialista sobre el voto particular que han presentado a nuestra enmienda número 62, que finalmente quedó incorporada al dictamen en la comisión.

En Convergència i Unió entendemos que tener que pagar un tributo por el simple hecho de estar casado en régimen de separación de bienes, cuando este está exento en régimen de gananciales, supone una clara vulneración del principio de igualdad contemplado en nuestra Constitución. Por ello, consideramos importante modificar una situación claramente injusta lo más pronto posible.

Una vez hecha esta puntualización, quiero manifestar nuestro total apoyo a un proyecto de ley que viene a facilitar, principalmente al ciudadano, una mejor y más segura prestación de un servicio público indispensable.

Asimismo, quiero agradecer el ambiente de diálogo y de consenso que ha imperado por parte de todos los grupos políticos, tanto en el Congreso —me consta— como en el Senado.

Finalmente, quiero terminar deseándole a mi compañero la mejor de las suertes en su nueva etapa, ya que abandona el Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) «Gràcies president,

Permeti’m que comenci recordant la figura de Víctor Torres i Perenya, militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des de la seva fundació el 1931, secretari general de la Presidència de la Generalitat a l’exili, diputat al Parlament de Catalunya i senador designat per aquest Parlament del 1982 al 1984, que va morir aquest diumenge als 96 anys a la seva ciutat de Lleida.»

Continúo en castellano, no sin antes protestar una vez más por la falta de respeto a la pluralidad lingüística que aún pervive en esta Cámara.

Empezaba recordando la figura de Víctor Torres i Perenya, militante histórico de Esquerra Republicana de Cataluña, secretario general de la Presidencia de la Generalitat en el exilio, diputado del Parlamento de Cataluña y senador designado por dicho Parlamento de 1982 a 1984 y que murió este domingo en su ciudad de Lleida a los 96 años.

Intervendré muy brevemente por lo que se refiere al proyecto de ley sobre Registro Civil para subrayar que por fin —y en esto estoy en franca contradicción con la intervención del portavoz Grupo Popular— parece que tendremos una herramienta eficaz para modernizar el Registro Civil, para que este esté como debe estar, al servicio de los ciudadanos, tramitando con agilidad y rapidez documentos tan esenciales en la vida cotidiana de todos como son los certificados de nacimiento o del estado civil.

No sé si el señor portavoz del Grupo Popular tiene mucha relación con los ciudadanos en lo relativo a esta cuestión, pero yo le aseguro que este es uno de los temas en los que he recibido más quejas de los ciudadanos. Constantemente hay ciudadanos que se quejan del funcionamiento del Registro Civil, de las tardanzas, tardanzas que afectan muchísimo a su vida cotidiana. Por ejemplo, personas que quieren casarse después de un divorcio en el extranjero y tienen que esperar a veces hasta dos años para que se les tramite un certificado; bueno, situaciones personales realmente complicadas y que están muy relacionadas con la falta de modernización, con la falta de agilidad del Registro Civil. Yo espero que esta ley venga a solucionarlo, porque todavía falta su desarrollo reglamentario y después que se pongan los dineros necesarios para que esto funcione como debe.

Ha tardado, pero finalmente llega la hora de la desjudialización, de la ofimática y de Internet en la gestión del Registro Civil, de lo cual debemos todos alegrarnos.

A mí me sabe mal que no se acepten nuestras enmiendas, particularmente la enmienda 50, que defiende mejor la normalización que se había conseguido de nuestra lengua y de las otras lenguas oficiales en el Registro Civil, y la enmienda 56, que hace referencia a una cuestión de memoria histórica.




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Estoy convencido de que en el ánimo íntimo de muchos senadores, aunque voten otra cosa, —si no en esta reforma de esta ley— en otra próxima— van alentar que sea posible que los asientos en los registros civiles que humillan a los fusilados de una forma ignominiosa se modifiquen. Es ignominioso que la viuda de una persona fusilada por los franquistas tuviera que aceptar que su marido había muerto en una confrontación en el glorioso alzamiento nacional para que ella pudiera beneficiarse de una pensión o para que su hijo pudiera beneficiarse de ser hijo de viuda y no tener que hacer el servicio militar. Esto es vergonzoso y se debería modificar.

Termino con esto.

Moltes gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bofill.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.

Ayer explicaba a un secretario de Estado en Estrasburgo, durante las dos horas de retraso del avión, el paralelismo entre el Consejo de Europa y el Senado, que tiene que ver con la ley anterior y esta ley, y es que yo creo que este Senado se reafirma y se legitima en su ejercicio cada vez que mejora un texto que viene del Congreso. El Consejo de Europa cada vez que hace un informe, que antes o después acaba siendo norma en la Unión Europea, se reafirma en el prestigio de sus informes. Ayer por la tarde no pude defender el informe de la intercepción en el mar de emigrantes buscadores de asilo y refugiados porque tenía que venir aquí a hacer este trabajo, y hacía aquel con entusiasmo y hago este con entusiasmo porque primero en la ponencia y después en la comisión y en Pleno, mejoramos el texto que viene del Congreso. Antes lo ha reconocido la ministra respecto al proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y ahora aquí también, con las enmiendas que aprobamos en la Comisión de Justicia.

Respecto a las prioridades y al entusiasmo: considero que es una prioridad para la Administración de justicia que los jueces hagan aquello que solo pueden hacer los jueces y que cualquier otro servidor público haga aquello que para poder llevarse a cabo no haga falta la figura de un juez. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que en la llevanza de un registro civil no se ejerce jurisdicción. Desde el año 1990 —auto del Tribunal Constitucional y sentencias 56 y 62 de 1990— se insiste en que no es una tarea jurisdiccional, que puede hacerlo un integrante del cuerpo técnico. Y le digo más: durante años, en los juzgados mixtos, que llevaban primera instancia e instrucción y se encargaban del Registro Civil, un auxiliar o un oficial inteligente llevaba el registro, y el juez solo se enteraba de algún asunto con alguna complejidad, a lo mejor 1 entre 10 000, pero nada más.

Por lo tanto, de lo que se trata es de plantear la desjudicialización; es decir, si les decimos a los jueces y magistrados: hagan aquello que solo ustedes pueden hacer y lo demás que lo haga cualquier otro funcionario público con la cualificación adecuada como puede ser un miembro del cuerpo técnico. De ahí la primera cuestión: desjudicializar.

La segunda cuestión es desterritorializar. Ahora el asunto tiene que ver con que en cualquier lugar de España, al margen de donde se genere el hecho o el acto susceptible de ser registrado y de ser inscrito, de asentarlo en el Registro, se puede hacer, no es menester vincularlo al territorio concreto, lo que es un salto importante.

Tercero, de las personas. La expresión que antes usaba don Alfredo Belda, la serie alfanumérica que nos acompaña desde que nacemos, no desde las 24 horas de haber nacido, desde el desprendimiento del seno materno con figura humana —extremo de 1870 y 1957, al margen de la Constitución—, no, sino desde el hecho del nacimiento; esa serie alfanumérica nos acompaña de por vida, que también es el número del carné de identidad por lo que es único.

En cuanto a lo de electrónico: ¿ustedes no saben la de colas que hay en todos los registros de España en verano y en Navidades? Un montón, y no tiene ningún sentido en el siglo XXI en el un ciudadano desde su casa pueda hacerlo, dándole a una tecla y con la formación previa que tiene en el Registro, viéndolo en pantalla y haciéndolo público. Por tanto, no es menester, insisto, desplazarse a ningún lugar.

Por último, a mí me parece que el dato más relevante es el Registro de la igualdad. Fíjense, señorías, que desde el año 1957 hasta el presente España ha cambiado profundamente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. El que ahora se puedan registrar las personas en términos de igualdad, al margen de la filiación, al margen de la condición de nacimiento, con igualdad de género, me




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parece que es un salto cualitativo importante. Yo no voy a abusar de expresiones que se usan con mucha frecuencia, pero hay un cambio cultural importante en el Registro Civil. Y, en general, considero que hemos hecho un buen trabajo en la comisión, que legitimamos el ejercicio del Senado, porque mejoramos el texto que viene del Congreso de los Diputados.

En cuanto a las dos enmiendas que se debatieron en la comisión, debo hacer una pequeña consideración. Suscribo lo que me ha dicho mi compañero don Anselmo Pestana. El hecho imponible en el ámbito de las sociedades existe cuando hay la disolución de una comunidad; cuando la comunidad no está unida y no se ha disuelto no hay hecho imponible, porque son dos comunidades, no una sociedad de gananciales que se disuelve. Como son dos comunidades, ¿qué se va a plantear ahí?

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor DÍAZ TEJERA: Termino, señor presidente.

Y una segunda cuestión. Señoría, no son necesarios cinco años. Un magistrado que lleva la responsabilidad del Registro Civil con tres añitos de estudio de cualquier orden jurisdiccional es suficiente; señorías, crean ustedes que es suficiente.

Y, termino, señor presidente. Permítame el último comentario al querido paisano y amigo: Lo mejor para ti y los tuyos en tu vida pública y en tu vida privada. Sinceramente —y tú sabes que yo sé—, aquí te echaremos mucho, mucho, mucho de menos, y otros vendrán que bueno te harán. (Aplausos.— Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el senador Ramírez por el Grupo Popular.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular, señorías, votará a favor de este proyecto, como ya es sabido, así como del proyecto de ley orgánica complementaria, pero como también ha introducido mi compañero Fernando García Navarro, no lo hará con el entusiasmo que nos habría gustado, y es que el Registro Civil es una función básica del Estado y con esta transformación que hoy llevamos a cabo pierde la tutela judicial que hasta ahora le era propia. Era, ha sido y es una garantía de seguridad jurídica indiscutible. Sin duda, tiene muchas ventajas desjudicializar, pero también tiene sus inconvenientes. Decía el senador Díaz Tejera que 1 de cada 100, o 1 de cada 30, o uno de cada muchos miles, pero ese uno tenía la tutela judicial, que, sin duda, ahora va a perder.

Sin demanda social alguna, se ha instado a este proyecto, que además prescindirá de un buen número de profesionales, teniéndose que formar a otros nuevos y creándose una red administrativa que, desde luego, también va a costar unos dineros importantes.

Asimismo es reseñable el trabajo que se les va a acumular a los ayuntamientos con las celebraciones matrimoniales en exclusiva. Sinceramente, ignoro qué ganamos en este aspecto.

El espíritu de consenso que quizás se vivió en el Congreso y al que hacía mención la senadora Parera creo que no ha existido en el Senado, donde ha habido lo que hay siempre: cordialidad, educación, fantásticas maneras, pero cero espíritu de consenso en la tramitación de este proyecto de ley, porque no se ha admitido ninguna enmienda, es decir, ni enmiendas de fondo ni mejoras técnicas.

Creo, en contra de lo que acaba de decir el senador Díaz Tejera, que seguir miméticamente la letra de lo aprobado en el Congreso de los Diputados, salvo cuestiones sobrevenidas, como esas tres enmiendas que hacen mención a la memoria histórica —cartas recibidas posteriormente que yo llamo enmiendas sobrevenidas—, sin duda, no es la mejor actitud para dar respuesta, entre otras cuestiones en juego, a aquellos que cuestionan de manera machacona la utilidad y hasta la existencia del Senado.

Además quiero hacer constar, señorías, que nuestra enmienda número 57 añade una nueva disposición transitoria —ya se ha referido a ello el senador García Navarro— a fin de que, tras al menos cinco años de permanencia, los magistrados pudieran ser designados encargados de la oficina central y oficinas generales, etcétera, en situación de servicios especiales, además de su posible destino en la carrera judicial en la audiencia provincial respectiva. Entendemos que es una alternativa constructiva que permite que en muchos casos se suavice la adaptación a la nueva ley, así como la aplicación de una mayor equidad para abordar el futuro de estos profesionales que van a ser desplazados de lo que hasta ahora ha sido su función y su trabajo.

Nosotros entendemos sinceramente respecto al artículo 49, que se refiere al orden de los apellidos del que será inscrito, que no se ha resuelto bien. De esa llamativa fórmula que apareció en todos los




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periódicos y escandalizó a algunos de ordenar los apellidos por orden alfabético pienso que solo hemos logrado mejorarla transfiriendo la responsabilidad —es decir, la carga— al funcionario, que habrá de decidir en interés del menor.

Señorías, no es aventurado suponer que el legislativo en un futuro no muy lejano seguramente tendrá la tentación de volver a revisar este procedimiento que hoy vamos a aprobar, con lo cual no estamos dando un paso por muchos años definitivo. La verdad es que nosotros creemos que bien podía haberse quedado como estaba —me refiero al artículo 49—: inscribir los apellidos por el orden acordado por los progenitores o, en su defecto, hacerlo como histórica y tradicionalmente venía siendo.

Señorías, el mundo anglosajón no se ha planteado cambiar su modelo, que es bastante inferior al nuestro en lo que se refiere a conceptos de igualdad y equidad. Tampoco Portugal y Brasil, que tienen el orden exactamente contrario, se han planteado cambio alguno. Y es que, señorías, la igualdad real hay que perseguirla por encima de la estética, de la igualdad puramente formal y/o maquinal, porque, señorías, señor Díaz Tejera, la igualdad claramente superficial no mejora absolutamente nada y complica mucho absolutamente todo. En fin, señorías, tenía un profesor que decía na, que es menos que nada, pero no estoy de acuerdo con usted.

En definitiva, y estoy de acuerdo con el senador Bofill, sin duda esta ley moderniza, adapta y arregla o soluciona muchas cosas, pero desarregla otras muchas. Nos queda cierto sabor de frustración cuando el legislativo acomete una tarea útil, que persigue el interés y el bien común y por sordera, por soberbia o incluso por el concurso inesperado de un cierto espíritu mesiánico, ciertamente inadecuado y a todas luces extemporáneo, se pierde la oportunidad.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero despedirme de don Alfredo Belda, que tan buen trabajo ha hecho y del que todos vamos a guardar tan buen recuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

HABILITACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2011 PARA LA TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

(Núm. exp. S. 550/000045).

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de los proyectos de ley que acabamos de debatir, voy a someter a su consideración la siguiente propuesta que tiene que aprobar el Pleno: Habilitación del mes de julio para la tramitación de iniciativas legislativas.

De conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Senado, se solicita la conformidad del Pleno para la tramitación de las siguientes iniciativas legislativas en el mes de julio: proyecto de ley de depósito legal; proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad; proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36 de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 junio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas y de sociedades cotizadas; proyecto de ley de medidas de agilización procesal; proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, procedente del Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero; proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social; proyecto de ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social; proyecto de ley general de la salud pública; y proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Centro Reina Sofía.

Dicha habilitación incluirá tanto el cómputo de los plazos a los que se refiere el procedimiento legislativo como la celebración de las reuniones de los órganos de la Cámara que resultasen necesarios.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda aprobado. (Rumores.)

¡Y que luego digan que el Senado no trabaja!




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HABILITACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2011 PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE COMISIONES.

(Núm. exp. S. 550/000046).

El señor PRESIDENTE: Abran las puertas, por favor.

Seguimos, señorías. (Rumores.)

Ruego silencio.

Habilitación del mes de julio para la celebración de sesiones extraordinarias de comisiones.

Igualmente, de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Senado, se solicita la conformidad del Pleno para la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda el día 5 de julio de 2011. El orden del día de dicha sesión ha sido comunicado a la Mesa del Senado mediante el correspondiente escrito presentado por el Registro General de la Cámara con el número 65550.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda aprobada esta habilitación.

¡Para que luego digan que el Senado no trabaja! (Risas.)

ACUERDO DEL PLENO DEL SENADO POR EL QUE SE AUTORIZA QUE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, SE TRAMITE DIRECTAMENTE Y EN LECTURA ÚNICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 129 DEL REGLAMENTO DEL SENADO

(Núm. exp. S. 550/000047).

El señor PRESIDENTE: Autorización del Pleno para la tramitación de lectura única.

La Mesa del Senado, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios en su reunión del día 21 de junio, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que acuerde que la proposición de ley orgánica de modificación del artículo 160, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, se tramite directamente y en lectura única de conformidad con el artículo 129 de Reglamento del Senado.

¿Acuerda la Cámara por asentimiento dicha propuesta? (Asentimiento.)

Queda acordada la tramitación del proceso de lectura única en la iniciativa mencionada.

¡Para que luego digan que el Senado no trabaja! (Risas.)

ACUERDO DEL PLENO DEL SENADO POR EL QUE SE DELEGA EN LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN LA COMPETENCIA LEGISLATIVA PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

(Núm. exp. S. 550/000048).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo de delegación de la competencia legislativa de las comisiones.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130.1, del Reglamento de la Cámara, la Mesa del Senado, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios en su reunión del día 21 de junio y a solicitud del Gobierno, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que se delegue en la Comisión de Trabajo e Inmigración la competencia legislativa para la tramitación del proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social.

¿Acuerda la Cámara por asentimiento dicha propuesta? (Pausa.)

Queda delegada la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada en la Comisión de Trabajo e Inmigración.

¡Para que luego digan que el Senado no trabaja! (Risas.)

Señorías, pasamos a votar… (El señor Guillot Miravet pide la palabra.)

Tiene la palabra, señoría.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Pediría que no se delegue en la Comisión de Trabajo la competencia legislativa para la tramitación de ese proyecto de ley sino que vaya al Pleno, porque creo que tiene la suficiente importancia como para ello, para que no nos suceda lo que el año pasado, que discutimos la reforma laboral en una comisión.




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El señor PRESIDENTE: Señoría, quedará así en el Diario de Sesiones, pero fue un acuerdo de la Junta de Portavoces en los términos de la propuesta que he hecho al Pleno; por tanto, que conste en el Diario de Sesiones. Si quieren, lo sometemos a votación. (Asentimiento.)

Sometemos a votación la propuesta que se acaba de hacer en estos momentos. (El señor García-Escudero Márquez pide la palabra.)

El señor García-Escudero tiene la palabra.

El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor presidente, una aclaración: ¿se somete a votación la propuesta del presidente o la propuesta del portavoz?

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la propuesta del presidente hecha en la Junta de Portavoces, donde fue acordada por todos los portavoces. Por tanto, sometemos a votación la propuesta de la Junta de Portavoces.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos 239; a favor, 233; en contra, 5; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda delegada la competencia legislativa para la tramitación de la iniciativa mencionada en la Comisión de Trabajo e Inmigración.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Continuación.)

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO CIVIL. (Votación.)

(Núm. exp. S. 621/000100)

(Núm. exp. C.D. 121/000090)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a continuación, a la votación de la Ley del Registro Civil.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto de la 2 a la 5.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 5; en contra, 233.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 49 del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 5; en contra, 234.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 61 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 17; en contra, 220; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas de la Entesa. En primer lugar la número 50.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 230.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.

Votamos las enmiendas de la Entesa números 52 y 55.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 227.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 56 de la Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 9; en contra, 230.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas de la Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 4; en contra, 233; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos del Grupo Parlamentario Socialista en la vuelta del texto al Congreso lo modificado por la enmienda número 62 de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 117; en contra, 122.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos del Grupo Parlamentario Socialista en la vuelta del texto al Congreso lo modificado por las enmiendas números 7, de los senadores Belda y Quintero, y 57 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 123; en contra, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 8 a 43 y 45 a 48.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 108; en contra, 126; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos del Grupo Parlamentario Popular la transaccional en comisión sobre la base de la número 44.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 113; en contra, 126.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión que no han sido comprendidas en ninguna votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 125; en contra, 114.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 237; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.




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DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO CIVIL. (Votación.)

(Núm. exp. S. 621/000100)

(Núm. exp. C.D. 121/000082)

El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, señorías, el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Registro Civil por la que se modifica la Ley Orgánica 6/85, del 1 de julio, del Poder Judicial.

Votamos la enmienda número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 17; en contra, 222.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el proyecto de ley orgánica.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 239.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley del Registro Civil por la que se modifica la Ley Orgánica 6/85, del 1 de julio, del Poder Judicial.

Señorías, no hemos terminado.

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO.

— INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE NUEVAS FORMAS CONSTRUCTIVAS Y NUEVAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA QUE SE ADAPTEN A LAS ACTUALES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y QUE PERMITAN ASIMISMO CONSEGUIR AHORROS ENERGÉTICOS, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA.

(Núm. exp. S. 543/000008)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día. Informes aprobados por las comisiones del Senado. Informe de la Ponencia de Estudio sobre nuevas formas constructivas y nuevas tipologías de vivienda que se adapten a las actuales necesidades y demandas de la sociedad española y que permitan, asimismo, conseguir ahorros energéticos, constituida en el seno de la comisión de la vivienda.

Para la presentación del informe, tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Giménez Martín. (Rumores.)

Silencio, por favor.

Espere un momento, señoría, que se haga silencio. (Pausa.)

Comience, señoría.

El señor GIMÉNEZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Senado, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de una enmienda de Convergència i Unió, acordó en el seno de la Comisión de Vivienda, en su sesión del 9 de febrero del 2009, la constitución de la ponencia de estudios sobre nuevas formas constructivas y nuevas tipologías de vivienda que se adapten a las necesidades y demandas de la sociedad española y que permitan, asimismo, conseguir ahorros energéticos.

La ponencia inició sus trabajos el 18 de febrero de 2009, celebrándose la última comparecencia el 18 de octubre de 2010. Celebró 11 reuniones, con la participación de autoridades y expertos en materia de vivienda, urbanismo y energías renovables. Además, una representación de la ponencia asistió en Tenerife a la inauguración de las 25 viviendas bioclimáticas resultantes de un concurso internacional, por invitación del cabildo de la isla. También visitó en la ciudad de Madrid el Centro Demostrador del Hogar Digital, patrocinado por Asimelec.

En la reunión del 25 de mayo de 2011 se aprobó, finalmente, el texto del informe por la Comisión de Vivienda, que elevo al Pleno del Senado para su aprobación.




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Como presidente de la Comisión de Vivienda deseo expresar el agradecimiento a los senadores que han colaborado en el desarrollo de los trabajos de esta ponencia, así como a las autoridades y expertos que han participado, ya que sin ellos no habría sido posible elaborar este informe que hoy presentamos a consideración de cuántos les interese.

Conclusiones y recomendaciones de la ponencia. La crisis que sufre el sector por problemas derivados de su masificación y escasa financiación no impide la adopción de medidas que preparen su futuro para que este sea más sostenible, para que vuelva a ser un sector económico pujante en el conjunto del crecimiento español. Por ello, la ponencia ha propuesto una serie de conclusiones y recomendaciones que estructuramos en los siguientes bloques.

En primer lugar, recomendaciones en el ámbito legislativo. Dada la gran cantidad y dispersión de la normativa existente, la primera medida que proponemos es la coordinación de toda la legislación estatal, autonómica y local para hacerla más homogénea y garantizar su seguridad jurídica. Hay que continuar avanzando en la generación de un marco legal de los arrendamientos que dé confianza y seguridad a los propietarios de pisos actualmente desocupados; favorecer la suficiente flexibilidad normativa que permita que las distribuciones interiores de las viviendas se adapten a las necesidades de las familias; en la revisión de los planes urbanísticos, o antes del inicio del desarrollo de las nuevas zonas urbanas, se debe incluir un estudio sobre el incremento de la demanda en el transporte que se deriva de la creación de nuevas áreas urbanas, el transporte de los trabajadores o la movilidad de los polígonos industriales; incorporar el concepto de accesibilidad en todas las construcciones; adaptar la normativa que regula las entidades de valoración para reforzar su independencia y establecer un mayor control de sus actuaciones; desarrollo del reglamento de valoración del suelo que permita contener los incrementos de precios en los últimos años y establecer líneas específicas de subvención destinadas a la investigación relacionada con la vivienda.

El segundo bloque incluye recomendaciones para la adaptación de la vivienda a las necesidades del tipo de familia: elaborar una guía para la construcción de viviendas con espacios comunes, que permita difundir las posibilidades de estos edificios para cubrir las necesidades de viviendas a colectivos específicos, como jóvenes, mayores o especialmente vulnerables; estudiar con universidades y centros de investigación la realización de viviendas protegidas con carácter flexible, para pasar de una vivienda básica a otra con mayores dotaciones, según mejore el nivel adquisitivo de la familia o cambien sus necesidades, pero que se pudiera utilizar desde el principio como una vivienda absolutamente digna.

El tercer bloque contiene recomendaciones para la incorporación de nuevos elementos y tipologías de construcción: apostar por la construcción como un sector de futuro mediante la I+D+i y la exportación de técnicas y experiencia constructiva; fomentar conjuntamente con las comunidades autónomas la creación de centros de investigación en la construcción; apoyar la investigación en todos los aspectos relacionados con la vivienda, ya sean materiales, como los sistemas constructivos, las tipologías, etcétera; se propone la creación de un instituto de investigación de arquitectura y vivienda; impulsar la industrialización de los procesos constructivos como medida para reducir el coste medioambiental del proceso de ejecución en los edificios y que, al mismo tiempo, sean eficientes energéticamente; evitar un catálogo general de las posibilidades y ejemplos de viviendas industrializadas y ecológicas; impulsar que en la rehabilitación de edificios se tenga en cuenta su adaptación a los nuevos requisitos del reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones respecto al hogar digital. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

Siga, señoría.

El señor GIMÉNEZ MARTÍN: Gracias, presidente.

Además, propone estudiar, con las comunidades autónomas y entes locales, la posibilidad de incluir en los servicios urbanos y en el desarrollo de nuevas zonas urbanas la previsión de aguas de varias calidades que puedan utilizarse varias veces, para varios usos, antes de ser depuradas.

El cuarto bloque engloba recomendaciones para el ahorro energético en las viviendas: estudiar el parque de viviendas construidas entre los años cincuenta y ochenta, en aras de establecer conclusiones sobre las soluciones en la rehabilitación de estas viviendas, especialmente con referencia al ahorro energético; fomentar la rehabilitación de edificios existentes; la sustitución de antiguos edificios ecológicamente poco eficientes por nuevas formas de bajo consumo; redactar una guía de buenas prácticas de eficiencia energética en la construcción; obligación de construir edificios públicos con la máxima calificación de eficiencia energética; introducir la evaluación del coste medioambiental en el




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proceso de ejecución de los edificios; impulsar progresivamente la implantación de reutilización de aguas grises; estudiar conjuntamente con las comunidades autónomas y entes locales la obligatoriedad en la realización de inversiones de ahorro y eficiencia energética que se puedan amortizar en un máximo de cinco años; instrumentar una línea ICO de financiación de obras de eficiencia energética en edificios; establecer mecanismos que obliguen a orientar bien todas nuestras viviendas y edificios, ello provocaría un ahorro de aproximadamente un 40% de la energía total consumida.

Y en quinto lugar están las recomendaciones a aplicar en las políticas públicas de vivienda: Incorporar el concepto de sostenibilidad en las viviendas y edificios en las asignaturas del sistema de educación básica; realizar junto con las comunidades autónomas campañas de concienciación sobre los derechos y deberes de los ciudadanos respecto a la vivienda; potenciar la creación de un mercado profesional del alquiler como una de las medidas básicas para que el acceso a la vivienda en régimen de alquiler sea una alternativa real al mercado de propiedad; impulsar en colaboración con las administraciones públicas competentes la centralización de los sistemas de gestión de calor y frío, tanto a nivel de edificios como del conjunto del desarrollo urbano; promover un plan Renove y urbanístico en municipios, y establecer programas junto con las comunidades autónomas para la actualización de todos los planes generales urbanísticos con antigüedad superior a diez años.

Y para finalizar, dado que por ahora esta es mi última intervención en esta Cámara, quiero desearles mucha suerte a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario de Entesa tiene la palabra la senadora Arqué.

La señora ARQUÉ I FERRER: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero únicamente decir a un nivel muy personal que esta ha sido una ponencia muy creativa, muy interesante y donde todos hemos aprendido mucho. Y quiero agradecer a todos los ponentes sus aportaciones y que hayan propuesto a grandes profesionales que han venido a explicarnos las muchas posibilidades de cambio que hay en este momento en lo que se refiere a la arquitectura de la vivienda.

Los tiempos han cambiado, y en este momento todo lo que se refiere a la renovación tecnológica y al ahorro energético que supone la rehabilitación de los edificios en vez de tirarlos al suelo —algo que antes pensábamos que era más fácil—, nos ha hecho abrir mucho los ojos. Por tanto, señorías, esta ponencia da un salto muy importante respecto de lo que hasta ahora sabíamos y conocíamos sobre la construcción de viviendas.

No voy a leer lo que tenía preparado, pues coincidiría prácticamente con lo dicho por el presidente de la comisión, pero me gustaría decir que deberíamos continuar forzando al máximo el concepto de la accesibilidad en todas las construcciones con la finalidad de que las nuevas viviendas puedan ser accesibles o estén preparadas para su posible adaptación, pues de lo contrario surgen luego dificultades cuando se producen accidentes o las personas se hacen mayores.

Asimismo otra cosa que nos ha interesado muchísimo a todos ha sido el estudio del concepto «ruina energética» cuando sabemos que en ese momento viviendas construidas en los últimos años continúan siendo diseñadas sin tener en cuenta conceptos que ayuden a este ahorro energético, como es, por ejemplo, que les dé el sol y no la sombra, y otras muchas cosas de las que podríamos seguir hablando.

Quiero insistir en que la ponencia ha sido de verdad muy interesante gracias a la colaboración de todos, y sobre todo, de los profesionales que nos han ayudado a reflexionar y a saber poner sobre el papel cosas tan interesantes como estas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Arqué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Gómez.

La señora GÓMEZ CERMEÑO: Gracias, señor presidente.




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Voy a intervenir muy brevemente. Como se ha dicho, esta ponencia fue creada en el seno de la Comisión de Vivienda en febrero de 2009, consecuencia de la aprobación de una moción del Grupo Parlamentario Socialista, a la que se incorporó una enmienda de Convergència i Unió.

Señorías, la vivienda en España es un derecho fundamental recogido en la Constitución pero, además, es un sector clave en el crecimiento de nuestra economía, con fuertes connotaciones sociales, territoriales, y medioambientales.

El sector de la construcción residencial ha sido copartícipe del crecimiento y progreso de nuestro país; sin embargo, el ritmo de construcción de la vivienda ha alcanzado cotas insostenibles a todos los niveles.

Señorías, se han construido demasiadas viviendas. Las que se construyen son poco diversificadas para atender a las necesidades de una demanda tan dispar, y aunque en los últimos cuatro años se ha avanzado de forma muy considerable, adoptando medidas y normativas, se siguen construyendo viviendas medioambientalmente ineficientes.

Es totalmente necesario que las viviendas que se construyan o se rehabiliten sean de tamaños y tipologías más diversificadas, de más calidad, más seguras, más eficientes energéticamente.

Estas nuevas necesidades, sin duda alguna, demandan una reflexión profunda, así como el desarrollo de la investigación y la innovación en el sector de la edificación. Si a ello le sumamos el interés público y la preocupación que despierta la vivienda en la ciudadanía, el Grupo Parlamentario Socialista considera que ha sido totalmente oportuno haber constituido esta ponencia.

Consideramos, asimismo, un magnífico trabajo el desarrollado en la ponencia que, como ya se ha dicho, ha finalizado con un documento de conclusiones y recomendaciones estructurado en diferentes bloques, que el presidente ya ha mencionado, por lo que no lo voy reiterar, además, el documento está ahí para quien lo quiera consultar.

En definitiva, este grupo se felicita por el trabajo desempeñado, por el documento final obtenido, y por la unanimidad de todos los grupos ante él.

No quiero finalizar mi intervención sin agradecer en nombre de mi grupo a todos y cada uno de los comparecientes que han intervenido a lo largo de la mencionada ponencia, porque con sus experiencias y conocimientos han sido una parte más que importante en la elaboración del documento final que hoy se aprueba.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Gómez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador García Ballestero.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir también con brevedad para dar las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado a los ponentes que han comparecido en esta ponencia, por enriquecerla con sus aportaciones y alcanzar un documento de una gran valía, de gran utilidad y que a partir de hoy va a quedar a disposición de toda la sociedad española.

Asimismo, quiero agradecer el clima de consenso y colaboración entre todos los grupos del arco parlamentario en dicha comisión, que considero es una muestra más de que aquí se puede trabajar bien y en colaboración, aportando muchas cosas a esta gran casa, al Senado, y a la sociedad española.

Muchísimas gracias por este gran trabajo realizado en esta comisión. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Senado editará la ponencia y daremos traslado de ella a instituciones y organismos relacionados de alguna forma con la problemática de la vivienda.

Señorías, ¿puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Se aprueba por asentimiento el informe de la ponencia de estudios sobre las nuevas formas constructivas y nuevas tipologías de viviendas que se adapten a las actuales necesidades y demandas de la sociedad española y que permitan asimismo conseguir ahorros energéticos.

Finalizado el orden del día, señorías, se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.


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