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DS. Senado, Pleno, núm. 129, de 13/07/2011
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión extraordinaria celebrada el miércoles, 13 de julio de 2011

ORDEN DEL DÍA

Quinto

MOCIONES

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para recuperar la actividad turística y dinamizar otros sectores productivos asociados a la misma.

(Núm. exp. S. 662/000190)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fomentar la diversidad cultural y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original.

(Núm. exp. S. 662/000189)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para considerar a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos como parte interesada en materia agraria y rural en los procedimientos de consulta en la elaboración de normas, planes y políticas que afecten a estos sectores.

(Núm. exp. S. 662/000188)

Sexto

LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 83, de fecha 24 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 624/000016)

(Núm. exp. C.D. 122/000285)




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Séptimo

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 93, de fecha 12 de julio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000106)

(Núm. exp. C.D. 121/000103)

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 92, de fecha 8 de julio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000107)

(Núm. exp. C.D. 121/000111)

— De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 92, de fecha 8 de julio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000108)

(Núm. exp. C.D. 121/000121)

— De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley de depósito legal. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 91, de fecha 7 de julio de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000104)

(Núm. exp. C.D. 121/000118)

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

(Núm. exp. S. 500/000325 a 500/000327)

Séptimo bis

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA DEL SENADO

— Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Segundo de la Cámara.

(Núm. exp. S. 520/000001)

Octavo

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

— Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fijan los umbrales de crecimiento económico para el período 2014-2016, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el período 2012-2014 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2012. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 90, de fecha 6 de julio de 2011).

(Núm. exp. S. 702/000004)




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Noveno

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

— Informe de la Ponencia sobre Sistemas de Tratamiento y Atención en Drogodependencia. Claves para el Futuro, constituida en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, números 432 y 445, de fechas 31 de mayo y 20 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 573/000003)

(Núm. exp. C.D. 154/000007, 158/000017)

Décimo

INFORMES SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

— Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2010. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 79, de fecha 17 de junio de 2011).

(Núm. exp. S. 871/000006)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

Página

MOCIONES

7638

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para recuperar la actividad turística y dinamizar otros sectores productivos asociados a la misma

7638

El señor Almodóbar Barceló defiende la moción.

La señora Candini i Puig defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

La señora Durán Fraguas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Almodóbar Barceló expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; el señor Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Durán Fraguas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Almodóbar Barceló, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fomentar la diversidad cultural y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original

7652

El señor Conde del Campo defiende la moción y anuncia la presentación de una propuesta de modificación

El señor Chiquillo Barber defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Conde del Campo expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen las señoras Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Conde del Campo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para considerar a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos como parte interesada en materia agraria y rural en los procedimientos de consulta en la elaboración de normas, planes y políticas que afecten a estos sectores

7666

El señor Roig defiende la moción.

El señor Pérez Lapazarán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




Página 7630


Página

El señor Batlle Farrán defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Roig i Grau expone la posición de su grupo respecto de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Lapazarán, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7680

De la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7680

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han presentado propuestas de veto a esta proposición de ley.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7681

De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7681

El señor Esquerda Segués, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Pérez Bouza da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas números 1 a 9, 20 y 21, presentadas inicialmente por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, e informa de la presentación de una enmienda transaccional sobre la base de la número 10 y de la retirada de la enmienda número 11, ambas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas 22 a 24, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

La señora Andrés Prieto defiende las enmiendas 25 a 30, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Contreras Olmedo defiende las enmiendas 12 a 19, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de a palabra la señora Andrés Prieto.




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Página

En turno de portavoces intervienen el señor Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Maestre Martín de Almagro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Font Bonmatí, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7688

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas 1 a 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 17 y 19 y anuncia que la enmienda número 18 ha sido objeto de una transacción.

El señor Conde Bajén defiende las enmiendas números 4 a 8, 10, 11, 13 y 14, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Vallejo Serrano.

En turno de portavoces intervienen el señor Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, Vallejo Serrano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Bajén, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7696

El señor Vilajoana i Rovira, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor Vilajoana i Rovira defiende la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Vázquez Requero defiende las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Arjona Santana.

En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Caballero Moya, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Requero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




Página 7632


Página

De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley de depósito legal

7702

Comienza el debate del articulado.

La señora Cunyat Badosa defiende las enmiendas números 11, 13 y 14, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 4, 5 6, 7 y 9, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Hurtado García.

En turno de portavoces intervienen la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Hurtado García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Requero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

7708

La Excma. Sra. D.ª María Jesús Ruiz Ruiz, el Excmo. Sr. D. Óscar López Águeda y el Excmo. Sr. D. Juan José Lucas Giménez adquieren la condición plena de senadores al prestar acatamiento a la Constitución.

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA DEL SENADO

7708

Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Segundo de la Cámara.

Realizada la votación por papeletas, es elegido vicepresidente segundo del Senado el Excmo. Sr. D. Juan José Lucas Giménez por 240 votos.

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

7709

Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fijan los umbrales de crecimiento económico para el período 2014-2016, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el período 2012-2014 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2012

7709

En nombre del Gobierno interviene la señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez).

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora.




Página 7633


Página

En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como la señora Vicente González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza el acuerdo por 112 votos a favor, 123 en contra y 14 abstenciones.

El presidente informa de que se dará traslado al Congreso de los Diputados para que se someta a una nueva votación.

MOCIONES

7723

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para recuperar la actividad turística y dinamizar otros sectores productivos asociados a la misma. (Votación.)

7723

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 125 votos a favor, 117 en contra y 7 abstenciones.

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fomentar la diversidad cultural y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original. (Votación.)

7723

Se aprueba la propuesta de modificación por 131 votos a favor y 118 abstenciones.

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para considerar a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos como parte interesada en materia agraria y rural en los procedimientos de consulta en la elaboración de normas, planes y políticas que afecten a estos sectores. (Votación.)

7724

Se aprueba la propuesta de modificación por 137 votos a favor y 111 en contra.

LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7724

De la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

7724

Se aprueba por 248 votos a favor.




Página 7634


Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7725

De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

7725

Se aprueban las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, inicialmente presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 131 votos a favor y 117 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, inicialmente presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 128 votos a favor, 113 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 4, 5 y 6, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, inicialmente presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 137 votos a favor y 112 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 8 y 9, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, inicialmente presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 19 votos a favor, 113 en contra y 116 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, inicialmente presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 244 votos a favor y 5 en contra.

Se aprueba la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, inicialmente presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 240 votos a favor y 8 en contra.

Se aprueba las enmiendas números 22 y 23, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 249 votos a favor.

Se aprueba la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 131 votos a favor y 118 en contra.

Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Socialista, por 117 votos a favor, 118 en contra y 14 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 26 y 28, del Grupo Parlamentario Socialista, por 248 votos a favor y 1 en contra.

Se aprueba la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 249 votos a favor.

Se rechazan las enmiendas números 13 y 14, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor y 131 en contra.




Página 7635


Página

Se aprueban las enmiendas números 15 y 16, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 126 votos a favor y 123 en contra.

Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 119 votos a favor, 123 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 66598 por 247 votos a favor.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 66599, por 246 votos a favor y 1 abstención.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 66615, por 131 votos a favor y 118 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 66641, por 126 votos a favor y 122 votos en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 249 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7727

Se rechazan las enmiendas números 1 a 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor, 235 en contra y 8 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 19, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor y 234 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 4 y 13, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor y 131 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 5 a 8, 10, 11 y 14, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor, 124 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 66616 por 131 votos a favor y 117 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 66617 por 248 votos a favor.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no incluidas en las votaciones anteriores por 248 votos a favor y 1 en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 248 votos a favor.




Página 7636


Página

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

7728

Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 116 en contra y 118 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 123 votos a favor, 118 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 66606 por 248 votos a favor.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no incluidas en las votaciones anteriores por 249 votos a favor.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 248 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley de depósito legal. (Votación.)

7729

Se rechazan las enmiendas números 11, 13 y 14, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor y 232 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 4, 5, 6 y 7, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor, 229 en contra y 5 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 19 votos a favor y 230 en contra.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no incluidas en las votaciones anteriores por 249 votos a favor.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 248 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.




Página 7637


Página

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

7730

Informe de la Ponencia sobre Sistemas de Tratamiento y Atención en Drogodependencia. Claves para el Futuro, constituida en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas

7730

La señora Granado Paniagua, presidenta de la comisión, presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen las señoras Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Arqué i Ferrer, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.

INFORMES SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

7735

Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en el período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre de 2010

7735

El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión, presenta el informe.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas.




Página 7638


Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días, señorías.

MOCIONES

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DINAMIZAR OTROS SECTORES PRODUCTIVOS ASOCIADOS A LA MISMA.

(Núm. exp. S. 662/000190)

El señor PRESIDENTE: Mociones. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para recuperar la actividad turística y dinamizar otros sectores productivos asociados a la misma.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Una vez más el Grupo Parlamentario Popular en el Senado trae al Pleno una moción en apoyo a nuestro turismo, a nuestros empresarios turísticos y a nuestros destinos, y en esta ocasión se trata de una muy completa y ambiciosa moción que, en caso de aprobarse y aplicarse todas y cada una de las medidas que en ella proponemos, estoy seguro de que contribuirá en buena medida a una recuperación más ágil de, como todos saben, el único sector capaz de hacer salir a España de la crisis.

Han sido muchas las mociones presentadas por el Partido Popular para recuperar la actividad turística y dinamizar otros sectores asociados a la misma, pero en este caso vamos a debatir un ambicioso y muy completo conjunto de medidas, todas ellas además fruto de múltiples reuniones con los distintos representantes del sector; medidas consideradas muy necesarias para volver a los niveles anteriores a la crisis; medidas además, señorías, que el Partido Popular viene defendiendo y reclamando continuamente al Gobierno y que son rechazadas una y otra vez. Y es para el Partido Popular un tremendo orgullo el poder trasladar y poder debatir en sede parlamentaria este tipo de iniciativas ya que nosotros nos hemos sentido y nos sentimos orgullosos del sector turístico que tenemos y del destino turístico España en su conjunto. Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos.

Como saben, señorías, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes del mundo, crea puestos de trabajo y riqueza para millones de personas, pero también plantea retos importantes. Todos consideran que el turismo será si no el primero, uno de los primeros sectores en salir de la crisis, pero para ello desde el ámbito de la política debemos tomar una serie de decisiones que ayuden a conseguirlo lo antes posible.

Para todos los agentes del sector los factores más importantes para el éxito turístico son la conectividad por medios de transporte, los condicionantes del atractivo de los espacios turísticos, la diversificación, la estructuración de los productos turísticos, el talento, la formación y la eficiencia de los recursos humanos y el turismo como prioridad política. Y todo esto es lo que hoy pretendemos desde el Partido Popular: proponerles esta completa moción, que solo y únicamente pretende que desde el Gobierno vean de una vez que el turismo en España debe tener un papel clave para impulsar la recuperación económica, planteando una serie de medidas para mejorar su competitividad. La prioridad de cualquier político en los momentos por los que atraviesa España, con cinco millones de parados, debe ser la de la creación de empleo, y no existe ninguna duda de que el sector turístico es un auténtico motor para la creación de ese empleo. Y es que, pese a la fortaleza del turismo, desde el inicio de la crisis el sector hotelero español ha perdido 80 000 empleos.

El turismo, señorías, además de representar en torno al 11% de producto interior bruto, supone más del 12% de los empleos directos que hay en España; es decir, es además, como ven, un sector intensivo de mano de obra, lo cual en las circunstancias de paro que atravesamos también es de agradecer. Pero quizás más importante que ese aspecto cuantitativo —es decir, la importancia que tiene el turismo en el conjunto del producto interior bruto de la economía nacional— son de destacar los aspectos cualitativos, es decir, el tipo de crecimiento que genera, que lo hace especialmente importante y deseable. En primer lugar, la demanda turística se esparce, se reparte como una lluvia fina en todos los sectores de la




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economía que se benefician de esa demanda: desde el sector terciario, servicios, como el sector primario —agricultura, pesca, actividades extractivas—, como el sector secundario, toda la actividad industrial. Les pondré un ejemplo que he utilizado en alguna otra ocasión: un turista que viaja una semana a un determinado destino turístico llega a consumir decenas de servicios que son prestados por hasta más de sesenta proveedores diferentes, privados y públicos: la agencia de viajes, el turoperador, el aeropuerto, la aerolínea, el transfer, el hotel, las tiendas, los restaurantes, el repartidor de la Coca-Cola, el policía, los servicios de limpieza, el taxista, la oficina de cambio, la de información turística o la discoteca. Por todo esto debemos darnos cuenta desde el ámbito de la política de que el turismo no es un sector económico en sí, sino un fenómeno económico, social y cultural que engloba, como les he dicho, a muchísimos sectores.

Y es que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, podemos afirmar, porque así lo creemos, que si el turismo se recupera, si se llevan a cabo las políticas, las reformas, los cambios estructurales necesarios en la oferta —a lo que me referiré brevemente después—, va a ser el que va a tirar del carro de nuestra economía.

No hay ninguna duda de que la situación turística en España mejora porque la coyuntura económica en nuestros países emisores también mejora. Mientras aquí la crisis se reconoció tarde, mal y sin previsión, en otros lugares hicieron los deberes, y es lo que hace que hoy el sector turístico español haya empezado a ver signos de recuperación. Lo cierto es que las perspectivas para este año 2011 son diferentes, motivadas fundamentalmente por dos razones: una, porque el sector ha hecho sus deberes y ha sabido reestructurar sus costes operativos, y, dos, porque en términos generales los grandes mercados europeos que vienen hacia España, el alemán, el británico, el francés o el belga, están saliendo de la crisis.

En 2011, tenemos unas previsiones de mejora en cuanto a ocupaciones y a llegada de turistas, pero tenemos una grave crisis de consumo interno. Las expectativas de mejora para este año se sustentan en una mejora del nivel de ocupación, protagonizada sobre todo por turistas extranjeros, como he dicho, y no en el precio, que sigue siendo uno de los grandes lastres de la industria hotelera en España. Además se prevé que la recuperación del sector no llegará hasta 2013, así se desprende del informe Expectativas 2011 elaborado por Deloitte, que analiza la situación actual y las claves de éxito a largo plazo para la industria hotelera.

Hablábamos de crisis de consumo interno porque los españoles no están viajando por España. Tenemos cinco millones de parados, sufrimos continuas subidas de gas, la electricidad ha subido cerca del 40% en la última legislatura, gasolina, además de las hipotecas. Estarán conmigo, señorías, en que si los españoles tenemos menos liquidez, si se nos encarece la cesta de la compra y se incrementan los costes en todo lo que supone consumo, al final, tendremos menos recursos para destinarlos al ocio y al turismo. Dicho esto, no conviene tampoco olvidar que parte de ese aumento, en lo que a la llegada de turistas extranjeros se refiere, también es consecuencia de la situación que viven algunos países en el Mediterráneo sur.

Por tanto, esta etapa de mejora, de incremento de la demanda, de mejora de la ocupación, que no de rentabilidad —porque además, señorías, conviene que sepan que nuestros empresarios para conseguir ser competitivos han tenido que bajar precios; ya son 25 meses consecutivos, según el Instituto Nacional de Estadística, además de recortes de personal, lo que implica más paro—, se debe en gran parte a situaciones externas favorables. No es debido a la buena acción del Gobierno, que, como en otras ocasiones, y en lo que al turismo se refiere, ni está ni se le espera. Los problemas estructurales que tienen nuestro destino siguen vigentes y requieren nuestra máxima atención. Tenemos todos los ingredientes para que España, como país, y junto con la industria turística, lideremos la salida de la crisis, pero hace falta voluntad política. El Gobierno, a nuestro entender, carece de esa voluntad; es un Gobierno en retirada, caduco. Afortunadamente, a estas alturas, el sector ya sabe cómo lidiar con la situación.

El Partido Popular quiere contribuir aportando estas medidas —que espero cuenten con su apoyo, señorías, por el bien de España—, que buscan luchar contra la estacionalidad turística, poniendo a disposición de los establecimientos determinados incentivos que hagan atractivo poder abrir durante todo el año, manteniendo así los puestos de trabajo o la actividad económica que se genera alrededor, o que el Gobierno otorgue auténtica prioridad política al turismo, impulsando políticas de Estado de carácter transversal para la mejora de nuestra competitividad. Es incomprensible, señorías, que a estar alturas todavía no tengamos tren de alta velocidad en mi tierra, en la provincia de Alicante, o que la indefinición




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del Gobierno pueda dejar fuera del trazado del futuro corredor mediterráneo a buena parte de nuestro litoral. También apostamos por facilitar los trámites burocráticos, posibilitando así que sea más sencillo llegar hasta España.

Otro de los elementos para nosotros capital es la formación. Por ello proponemos la elaboración de un plan nacional de formación turística. Hemos sufrido una pérdida de hospitalidad, por así llamarlo. Se debe mejorar la formación de los trabajadores, incidiendo en la actitud hacia los turistas. Hay que dar al sector turístico el puesto en la sociedad que le corresponde. Un turista es un amigo, y la formación y la preparación de nuestro personal turístico deben convertirse en un valor añadido a los servicios ofertados. Hay que terminar con la imagen negativa que supone la competencia desleal en la oferta de apartamentos y viviendas residenciales, que no son comercializados como alojamientos turísticos, y que va en detrimento de los reglados o legales. La seguridad ciudadana, como otro elemento más de ese valor añadido del que hablaba. Debemos potenciar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en zonas turísticas, siempre coordinadas con comunidades autónomas y municipios, además, adecuando su formación a las necesidades donde prestan servicio, incidiendo sobre todo en los idiomas.

Asimismo, con esta moción, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado quiere que no existan desigualdades entre territorios al materializar acuerdos solo con algunas comunidades autónomas, puesto que el resultado final puede repercutir negativamente en la competitividad de otros destinos, y me refiero a las tasas aéreas. Hace meses el Gobierno central y los Gobiernos canario y balear sellaron un acuerdo para rebajar las tasas aeroportuarias, lo que permite a estos destinos disfrutar de una importante ventaja competitiva en la actual coyuntura económica frente a otros destinos turísticos españoles. En este sentido, son muchas las asociaciones empresariales de los distintos puntos de nuestro país que han manifestado la necesidad de que ese acuerdo debería hacerse extensivo a los aeropuertos turísticos peninsulares, sobre todo a los vinculados en la actividad de turoperación o transporte vacacional, como pueden ser el de El Altet, en Alicante, o el de Málaga, por poner dos ejemplos, que además encabezan la lista de aeropuertos más rentables de España.

Para finalizar, señorías, y como último punto de esta moción, hemos querido instar al Gobierno a que apruebe todas las mociones que a favor del sector turístico se aprueben en sede parlamentaria, y es que, queridos senadores y senadoras, aquí venimos aprobando muchas iniciativas que se quedan en el cajón del Gobierno sin ser aplicadas, como ejemplo, y desafortunadamente para el sector turístico español, desde hace meses podrían estar aplicando y podrían estar beneficiándose de un tipo de IVA súperreducido en las actividades turísticas ya que les recuerdo que aquí lo aprobamos hace unos meses, pero la desidia y la poca voluntad de este Gobierno lo impide. Esperemos que, si esta moción cuenta con el apoyo mayoritario de sus señorías, se apliquen las medidas por el bien de España.

En definitiva, señorías, les hemos presentado un importante conjunto de medidas, un plan integral, a nuestro entender muy necesario y donde únicamente pretendemos que se aprovechen los recursos turísticos únicos que tiene España y que nos permitan recuperar la competitividad perdida y volver a ser líderes mundiales, como lo fuimos anteriormente.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Certament, tot el que tingui a veure amb la qüestió del món del turisme i el sector del turisme és molt important perquè evidentment en els moments econòmics que vivim més que mai aquell sector, com és pel que fa al tema del turisme, des d’un punt de vista d’una consolidació d’un sistema econòmic, doncs tots els elements d’incorporació, d’activació empresarial, de sacsejada de l’economia productiva, de ben segur que ajuda.

És veritat que el senador Agustí Almodóbar ens té acostumats que quan presenta una moció aprofita l’avinentesa per presentar 24 punts alhora amb tot el que representa el món del turisme, perquè sabem que és molt complet, perquè interactuen moltíssims elements, però també és veritat que en l’època que estem i que falta molt poc perquè s’acabi la legislatura no és que tinguem molts mesos per acabar de finalitzar amb altres terminis més en debat aquelles qüestions d’assignatures pendents pel que fa a tot el tema del món del turisme, perquè és veritat que moltes iniciatives i moltes mocions que s’han fet des d’aquesta Cambra al cap i a la fi des del Ministeri o no s’ha donat compliment a les mocions o bé




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senzillament no hi ha hagut una resposta adequada a allò que en el seu moment sí que es va dir que s’ajudaria. És veritat que hi ha hagut Plans Renove, és veritat que hi ha hagut elements també que han ajudat al sector del turisme, però no amb la rotunditat que nosaltres també des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió ens ha semblat que calia en un sector econòmic tan important i tan estratègic com és el sector del turisme.

És per això que, formant part també de la nostra manera de fer, que en totes les mocions el que volem és posar la nostra llavor, reflexionar, intentar aprofundir una miqueta més allò que es presenta. Hem presentat una esmena a la moció en la qual s’incorpora diferents qüestions. Per exemple, es demana que sigui en coordinació amb les comunitats autònomes: cal recordar que això és una competència de les comunitats autònomes. També quant a l’apartat que diem de convocar de manera urgent una reunió del Consell Espanyol de Turisme, atorgant al sector turístic prioritat i impuls polític de caràcter transversal per millorar la competitivitat del sector. També en el punt 4 impulsar un pla de formació intensiva i especial pel sector turístic, de manera que es pugui ajudar a pal·liar l’escassetat de mà d’obra qualificada, un dels elements que tots els estudiosos del sector del turisme saben perfectament que és una autèntica assignatura pendent. I una darrera qüestió en el punt 6, destinar recursos a les comunitats autònomes per combatre la competència deslleial de l’oferta d’apartaments i vivendes residencials que no són comercialitzades com allotjaments turístics en detriment dels allotjaments reglats generant en moltíssims casos una imatge negativa dels destins per la seva falta de compliment de les normes bàsiques de qualitat així com una notable caiguda de rendibilitat.

Sóc conscient, i ho som les persones que ho portem directament, que el turisme és molt més complex que tot això però també és veritat que no podem, i molt menys en l’actual context de l’economia, passar de puntetes en aquesta qüestió tan important i que moltes vegades d’una manera potser excessiva per part del ministre Sebastián dona una miqueta la sensació que el ministeri ja sap el que es fa, que no dubtem que hi ha gent molt preparada com el secretari d’Estat —o secretari general ara—, el Sr. Joan Mesquida però que no vol dir que els demés també tinguem moltes coses a dir i de vegades hem trobat a faltar molt més diàleg i molt més compromís i, sobretot, compliment de les mocions que s’han aprovat en aquesta Cambra i que per part del ministeri senzillament no se n’ha fet ni cas.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Ciertamente, todo lo que tenga que ver con la cuestión del sector del turismo es muy importante, porque en los momentos económicos que vivimos más que nunca en aquel sector, como es el referente al turismo, desde un punto de vista de una consolidación de un sistema económico, todos sus elementos de incorporación, activación empresarial, de trasvase de la economía productiva seguro que ayudan.

Es verdad que el senador Agustín Almodóbar nos tiene acostumbrados a que cuando presenta una moción aprovecha la ocasión para presentar 24 puntos con todo lo que representa el mundo del turismo, parece que es muy completo, interactúan muchos elementos, pero también es cierto que en el momento en el que estamos y con lo poco que falta para acabar la legislatura no es que tengamos muchos meses para finalizar en otros términos todos aquellos puntos del mundo del turismo. Es verdad que muchas iniciativas y muchas actuaciones se han hecho desde esta Cámara, pero al final el ministerio no ha dado cumplimiento a las mociones o sencillamente no ha habido una respuesta adecuada a aquello que en su momento se dijo que se ayudaría. Es verdad que ha habido Plan Renove, es verdad que ha habido elementos que han ayudado al sector del turismo pero no con la rotundidad que a nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió, nos parecía que hacía falta en un sector económico tan importante y tan estratégico como es el sector del turismo.

Es por ello, también siguiendo nuestra forma de hacer, que en todas las mociones lo que queremos es poner de manifiesto nuestra labor, reflexionar, intentar profundizar un poco más en aquello que después se aprueba. Hemos presentado una enmienda a la moción en la que se incorporan distintas cuestiones. Por ejemplo, se pide que sea en coordinación con las comunidades autónomas: hay que recordar que esta es una competencia de las comunidades autónomas. Hay otro apartado en el que se habla de convocar de forma urgente una reunión del Consejo Español de Turismo, otorgando al sector turístico prioridad e impulso de carácter transversal para mejorar la competitividad del sector. En el punto 4, impulsar un plan de formación intensiva y especial para el sector turístico de forma que se pueda ayudar a paliar la escasez de mano de obra cualificada, uno de los elementos que todos los estudiosos del sector del turismo saben perfectamente que es una asignatura pendiente. La última cuestión, en el punto 6, se




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refiere a destinar recursos a las comunidades autónomas para combatir la competencia desleal de la oferta de apartamentos y viviendas residenciales que no son comercializadas como alojamientos turísticos en detrimento de los alojamientos reglados, que han generado en muchos casos una imagen negativa de los destinos por su falta de cumplimiento de las normas básicas de calidad, así como la notable caída de rentabilidad.

Soy consciente de que el turismo, como el resto de personas que lo llevan directamente, es mucho más complejo que todo ello, pero también es verdad que no podemos, y mucho menos en el actual contexto de la economía, pasar de puntillas en esta cuestión tan importante. Muchas veces, quizá de forma excesiva por parte del ministro Sebastián, da un poco la sensación de que el ministerio ya sabe lo que se hace. Sé que hay gente muy preparada, como el secretario de Estado —ahora secretario general— Joan Mesquida, pero eso no quiere decir que los demás no tengamos muchas cosas que decir, por lo que en ocasiones hemos echado en falta diálogo, mucho más compromiso y, sobre todo, cumplimiento de las mociones que se han aprobado en esta Cámara y que por parte del ministerio sencillamente no se les ha hecho caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante una moción relativa a la adopción de determinadas medidas para recuperar la actividad turística y dinamizar otros sectores productivos asociadas a ella.

Como decía el senador Almodóbar, es una extensa moción, a lo mejor excesivamente extensa porque en ella hay puntos en los que sin duda estaríamos absolutamente de acuerdo y podríamos aprobar por unanimidad, mientras que hay otros que resultan más complicados de aprobar.

Consta de diez puntos y nosotros presentamos una enmienda de sustitución que voy a pasar a explicar.

Con el punto número 1 estamos de acuerdo. Habla de impulsar un plan a corto plazo para luchar contra la estacionalidad turística, aprobando determinados incentivos que hagan atractivo a los establecimientos de temporada abrir durante todo el año. Estamos totalmente de acuerdo, y de hecho ese plan ya existe. El Gobierno de España se propuso reactivar la actividad turística en temporada media y baja a través de un proyecto piloto denominado Turismo Senior Europa, que está funcionando muy bien. La base de esa iniciativa, como sus señorías saben y el senador Almodóbar conoce perfectamente, es la creación de un sistema de viajes en grupo dirigidos a mayores de 55 años residentes en los países miembros de la Unión Europea y que es parcialmente bonificado por el país de destino. Los objetivos no son otros que los que establecía aquí el senador Almodóbar, es decir, estimular la actividad económica de esta industria en temporada baja y favorecer el empleo durante todo el año.

Para el punto número 2 planteamos una redacción alternativa con el siguiente texto: Continuar otorgando al sector turístico prioridad, impulsando políticas de Estado de carácter transversal para mejorar la competitividad de España.

Señorías, esta redacción obedece a que durante estos últimos años nuestro Gobierno ha tenido como eje vertebrador de sus acciones precisamente la coordinación, como no puede ser de otra manera, con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con los agentes económicos y sociales. De hecho, la Comisión Interministerial de Turismo creada en 1994 se ha reunido seis veces durante el período 2005-2011. Yo invito al senador Almodóbar a que mire cuántas veces se reunió entre 1999 y 2003, porque no celebró ninguna reunión.

Además, la Conferencia Sectorial de Turismo ha sido convocada cinco veces en lo que va de legislatura; la Mesa de directores de Turismo, ocho; y en el 2005, como sus señorías conocen, nació el Conestur, que ha sido convocado diez veces, la última el 31 de marzo del 2011, que está trabajando en dos importantes grupos, uno sobre destinos maduros —trabajo muy importante, como hemos valorado muchas veces en la propia Comisión de Industria—, y otro sobre normativa hotelera.

Respecto al punto número 3, me gustaría destacar que aunque la emisión de visados es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, también el Ministerio de Industria colabora intensamente para propiciar la agilización de su tramitación a través de un contrato global de externalización de la gestión de visados que dará solución a la mayoría de los problemas relacionados con la ampliación de la capacidad




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de su tramitación. Un dato: en 2010 se emitieron 442 358 visados solo en Rusia, y entre enero y mayo de 2011, 184 209. El consulado general de Moscú amplió su plantilla en quince personas y se han abierto cinco centros más de expedición de visados además de los que ya funcionaban en Moscú y San Petersburgo. La misma línea de actividad se sigue en China o en India.

En el punto número 4 proponemos cambiar el texto original por el de reforzar e impulsar la formación turística, que es lo que se está haciendo en la actualidad con programas de mejora y de atención al cliente, como puede ser el programa Anfitriones.

Para el punto número 5 proponemos la siguiente redacción: Incentivar la mejor acogida y la mayor hospitalidad de la sociedad civil hacia los turistas. Señorías, el 83,5% de los turistas extranjeros que llegan a España ya habían estado con anterioridad, y el grado de satisfacción alcanza un 8,5%.

Para el punto número 6 proponemos como texto alternativo impulsar la rehabilitación, valorización, sistémica del litoral y zonas turísticas, espacios públicos, edificaciones residenciales, instalaciones turísticas, sistemas naturales, patrimonio cultural, paisaje, etcétera, encaminado a dotar de calidad integral los espacios ya construidos. Quiero señalar en este punto que la competencia para calificar como turísticos los alojamientos corresponde a las comunidades autónomas.

Con el punto 7 estamos totalmente de acuerdo. Proponemos la supresión del punto 8 porque, en lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, cabe indicar que la adopción de medidas fiscales de carácter sectorial no puede hacerse considerando tan solo la óptica individual, ha de tenerse en cuenta que el objetivo básico de los incentivos fiscales de carácter sectorial responde a la necesidad de estimular, fomentar o proteger con carácter coyuntural determinadas actividades. Y en la presente situación, las circunstancias actuales afectan a otros muchos sectores de la economía, no solo al turístico.

Respecto al punto 9, pedimos un redactado que diga: Afianzar el liderazgo mundial de nuestra industria turística mediante la mejora de la competitividad de los servicios de transporte aéreo, especialmente con la finalización de la reforma de los servicios de transporte aéreo y con la consolidación del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.

Me gustaría destacar aquí, senador Almodóbar, la importante inversión que el Gobierno de España ha hecho, por ejemplo, en Alicante. Una infraestructura como el aeropuerto de Alicante, la mayor inversión de un Gobierno en esa zona y, evidentemente, estamos haciendo infraestructuras turísticas. Esas cosas también hay que decirlas.

Por último, con el punto número 10 estamos de acuerdo.

Por tanto, senador Almodóbar, le pedimos que mire con cariño esta propuesta y que la acepte.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para manifestar la posición sobre las enmiendas que acabamos de escuchar, tiene la palabra el senador Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Señor presidente, gracias.

El Grupo Parlamentario Popular va a aceptar la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ya que creemos que enriquece el contenido final de la moción, lo cual nos satisface. Además, en su enmienda no pretenden suprimir ninguno de los puntos originales de nuestra moción, porque aquí de lo que se trata es de buscar la mejor solución y las mejores condiciones para nuestro turismo, a diferencia de la enmienda socialista que, además de querer suprimir alguno de los puntos para nosotros esenciales en la moción, le da muchas vueltas y rodeos a otros cuantos puntos para, al final, quedarnos como estamos. La senadora Durán habla de continuar, de seguir haciendo, pero al final la enmienda que propone la senadora Candini se adapta mejor a lo que pensamos. No queremos que continúe todo igual, lo que queremos es mejorar y, por ello, vamos a aceptar la enmienda de CiU y rechazamos la enmienda del Grupo Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.




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La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko, presidente jauna.

Egun on guztioi.

Senatariok, hemen aurkezten zaigun mozioa benetan iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela batez ere turismoaren sektoreak behin eta beti izan duen garrantziarengatik gure Estatuko ekonomian. Barne Produktu Gordinean daukan erreflejua oso handia da. Lana sortzen du, lana sortu du, eta egia da orain krisialdi honek ere bere eragin zuzena izan duela sektore turistikoan. Eta egia da horrek izan duela izugarrizko eragina zenbait alderditako ekonomietan, areagotu egin dela egoera larri hori. Beraz, hemen aurkezten dena, Almodobar jauna, iruditzen zaigu oso ulergarria dela, eta ez dela aurreneko aldia hemen aurkezten dela eta erakusten dela kezka hori.

Batez ere, egia da beti ikusi izan dela sektore honek izugarrizko eragina izan duela zerbitzuetan eta kate ekonomiko izugarria mugitzen duela. Horregatik, bada, halako neurrien aurka egotea zentzugabekeria izango litzateke.

Baina baita ere, komentatzen nion atzo Almodobar jaunari, gure aldetik halako mozio bat aurkeztea, hamar punturekin, bada iruditzen zaigu besteetan bezala Alderdi Popularrak beti aurkezten dituen estilo horietakoak direla, eta hamar puntuetan egia da zenbaitetan guk adostasun guztiarekin aldeko botoa emango genukeela. Baina, kasu honetan ere, nahastu egiten dira neurri ekonomikoak neurri fiskalekin.

Egia da CiU-k presentatu duen emendakinarekin, elkarte autonomoetako presentzia ere hobetu egiten duela mozio honek, baina beti bezala, alderdi fiskala ukitzen den bakoitzean, gure taldeak ohitura dugun legez, abstentzioa hartuko dugu; gure erabakia da abstenitzea. Batez ere, erregimen komuneko fiskalitatean sartu nahi ez dugulako eta iruditzen zaigulako hori guri ez dagokigula, estilo horretako neurri ekonomiko edo fiskalak hartzea.

Beraz, gure abstentzioa emango dugu, nahiz eta benetan hor dauden zenbait neurri onartu eta ulertu ere, bada zenbat eragin izan dezakeen halako neurriak hartzen badira, oso onuragarriak izango liratekeela sektore honetarako.

Besterik ez, eskerrik asko.

Gracias, señor presidente.

Buenos días a todos.

Señores senadores, senadoras, esta moción que se nos presenta nos parece realmente importante sobre todo para el sector del turismo porque siempre, una y otra vez, ha tenido una importancia muy relevante en la economía de nuestro Estado, en el producto interior bruto tiene un reflejo muy importante: ha producido empleo. Es cierto que, actualmente, dentro de esta crisis está teniendo un gran impacto en el sector turístico; es cierto que esto está influyendo en diversos ámbitos económicos, como decía, y se ha incrementado la gravedad. Por tanto, señor Almodóbar, lo que se ha presentado aquí es muy comprensible, aunque no es la primera vez que se presenta en esta Cámara esta preocupación.

Siempre se ha visto que este sector tiene una influencia importante en los servicios y la cadena económica que se mueve alrededor de esta industria es enorme. Por lo tanto, posicionarse en contra de este tipo de medidas no tendría ningún sentido.

Ayer comentaba con el señor Almódobar que desde nuestra posición la presentación de este tipo de mociones con diez puntos nos parece que corresponde al estilo que suele utilizar el Partido Popular. Nos parece que en algunos puntos estamos totalmente a favor y que votaríamos a favor, pero en este caso también se están mezclando las medidas económicas con las fiscales.

Es cierto que CiU ha presentado esta enmienda y que gracias a esta moción se incrementa y se mejora la presencia de las comunidades autónomas, pero, como siempre, cada vez que se toca el ámbito fiscal, nuestro grupo tiene la costumbre de abstenerse y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Esta es nuestra decisión, porque no queremos entrar en el régimen común fiscal, pues nos parece que ese ámbito no nos pertenece y que no nos corresponde adoptar este tipo de medidas.

Por lo tanto, nos vamos a abstener, aunque comprendemos algunas de las medidas que aquí se incluyen, porque pueden ejercer influencias positivas en este sector.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Senadora Candini? (Pausa.)

Senador Esquerda.




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El señor ESQUERDA SEGUÉS: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, senador Almodóbar,avui debatem una moció sobre turisme que ha presentat sa senyoria, i que com gairebé totes les que presenta vol tancar d’una tacada i a corre-cuita tot un seguit d’assumptes que afecten ―gairebé res senyor Almodóbar― tots els ministeris de l’actual Govern excepte els de Defensa, Presidència i Ciència i Innovació.

La seva moció, senyor Almodóbar, afecta el Ministeri d’Economia i Hisenda, el d’Exteriors, el de Treball i Immigració, el de Foment, el de Política Territorial i Administracions Públiques, el d’Interior, el de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim, el de Cultura, el de Justícia, el de Sanitat, Política Social i Igualtat, el d’Educació i, evidentment, el d’Indústria, Comerç i Turisme.

Vostè, en una sola moció, involucra dotze dels quinze ministeris que té el Govern, i això crec que és voler una moció amb què es pugui arreglar el mundo mundial, que diuen per aquí, i aleshores sortir-se’n simplement amb aquesta moció. Això no és nou; ja s’ha dit aquí. La seva pràctica parlamentària sempre ens duu aquí; ens hi té acostumats. I quin és el resultat d’aquesta tàctica? Doncs que, normalment, no li podem aprovar la moció perquè, tot i estar d’acord amb algun dels seus punts, no estem d’acord amb tots. I aleshores li hem de rebutjar la moció.

I quan explica vostè, fraccionadament, que nosaltres no hem volgut aprovar no sé quin dels punts que diu, és cert, però el que passa és que no li hem aprovat no aquell punt, sinó que no li hem aprovat la moció sencera. Perquè en aquesta Cambra no tenim l’oportunitat ni l’ocasió de poder aprovar uns punts determinats i rebutjar-ne uns altres. S’ha d’aprovar la moció sencera.

Aleshores, senyor Almodóbar, vostè sap que aquesta pràctica, fins a cert punt, jo la puc qualificar de malèvola, perquè el que després vostè farà i dirà, com a crítica a l’actuació dels altres grups parlamentaris, no és cert o, almenys, no és del tot veritat.Possiblement li deu anar bé aquesta manera d’actuar, però sap que som al Parlament, i al Parlament hi som per avançar, per negociar, per arribar a acords i per llimar diferències; i amb actuacions com les de vostè no solament no es pot aconseguir, sinó que a més, com diu ell també, és pràcticament impossible. I contribueix a distanciar encara més, a ampliar aquesta distància que tenim cada vegada més forta entre la ciutadania i la política.

Això és el que penso, i com que ho penso, he considerat que no era convenient presentar-li cap esmena, perquè de fet hauria hagut de fer, realment, una moció nova, i aleshores això vostè no m’ho hagués pogut aprovar de cap de les maneres.

Estem dins del sector turístic, on fa molts pocs mesos tothom estava esfereït de la campanya que se’ns atansava. Però vet aquí que, per unes circumstàncies absolutament alienes al nostre país, ens trobem amb una campanya extraordinàriament bona, bàsicament en el sector de sol i platja, tot i que els altres també estan funcionant prou bé. És molt probable que es digui que la rendibilitat del sector no és la que hauria de ser, però també estaran d’acord amb mi que la rendibilitat es pot mesurar tal com els agradaria a vostès, que això fos com si estiguéssim fora de qualsevol tipus de crisi, però si es comprar amb les rendibilitats que obtenen en altres sectors industrials del nostre país, veuran que el sector turístic està vivint uns moments que, si no són del tots boiants, són molt passables, en definitiva.

Per tant, jo diria que el que s’ha fet des dels diferents governs, de les diferents autonomies i des del propi Govern central, ha sigut un exercici de responsabilitat. S’ha treballat dur, molt professionalment, i s’ha avançat. És a dir, no s’ha deixat de treballar per a quan sortíssim de la crisi. I aleshores, ara s’està rescabalant a través d’aquesta crisi que ens ha vingut dels països del nord de l’Àfrica, bàsicament, i que nosaltres podem aprofitar i el sector pot aprofitar d’una manera substancial.

Entrant en matèria, li he de dir que, parlant del punt número u, que a mi, com a tot l’hemicicle, ens agradaria molt d’endevinar-la i trobar una solució per eradicar l’estacionalitat en el turisme; i més encara tenint, com tenim, un percentatge tan elevat de turisme de sol i platja. I fer-ho a curt termini, senador, seria el súmmum. Fa anys que tant les administracions com el sector lluiten contra aquest fet, i es va avançant, però de manera molt lenta. Hi ha, des de fa ja molts anys, el turisme de l’Imserso, que ha aconseguit apaivagar una mica aquesta estacionalitat. Ara s’està llançant, com s’ha dit aquí, el turisme sènior europeu, que pot donar molt de joc, i a més, està creixent d’una manera molt més gran que no va créixer l’Imserso al seu començament. Es troben nous nínxols de mercat que, de mica en mica, van fent forat, però tot és lent i requereix molt d’esforç.

Vostè parla d’incentius. Li puc preguntar quins incentius reben del seu Govern a València els hotels de la seva zona, per aquesta qüestió que vostè demana. Tenen competència exclusiva en això. Quin pressupost dedica el seu Govern a lluitar contra l’estacionalitat turística amb incentius suficients com per




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fer atractiu a l’hotel de platja obrir tot l’any? Perquè vostè no parla de qui ha de pagar, sinó senzillament que s’ha de pagar.

De la mateixa manera que l’esmena que ha aprovat a Convergència i Unió parla de coordinar però no parla de qui ha de pagar. Per tant, se suposa, si no es diu el contrari, i aquí no es diu, que també haurà de pagar la Generalitat, no? I tenint en compte les competències traspassades, vol dir això: que hauran de pagar les comunitats autònomes. Per tant, aquestes preguntes van adreçades també a Convergència i Unió, que li dóna suport. I ja veurem quines partides pressupostàries destina a aquest afer Convergència i Unió per al proper any. Si, com es de suposar, senyora senadora, té el suport del seu Govern, de Convergència i Unió, del senyor Mas, per comprometre’s a activar incentius suficientment atractius com per a que tots els hotels de la costa catalana puguin obrir tot l’hivern, ja m’agradarà veure com dimoni poden justificar les retallades sanitàries que fa el senyor Boi Ruiz en salut, o altres retallades que ja s’han anunciat.

Quant al punt número cinc, vostè parla de posar en marxa una gran campanya de conscienciació de tota la ciutadania espanyola sobre les bondats del turisme com a indústria, i d’incentivar la bona acollida i hospitalitat cap als turistes. I tot amb la participació de les comunitats autònomes, que ―li recordo també a la senadora de Convergència i Unió― tenen competència per fer les seves campanyes. Si hi han de participar, què vol dir? Que podran decidir o només hauran de pagar? Perquè algú o altre pagarà. M’agradaria que em respongués, si ho té a bé, quant calcula que costaria aquesta campanya i quant hauria de pagar cada Comunitat Autònoma, incloent-hi també la Generalitat de Catalunya.

També parla, en el número sisè, dels habitatges i apartaments mal anomenats turístics, que actuen fora de tota legalitat, fent un mal incalculable als verdaders professionals. Estic d’acord que s’hi ha de lluitar. Estic en desacord absolut que aquest sigui el lloc per discutir-ho. Amb aquesta proposta vostè vulnerava ―ara ja possiblement no― no una sinó dues competències autonòmiques: turisme i habitatge. Ja sé que el que pensa vostè li prohibeix tenir les comunitats autònomes amb les competències amb què les hem dotat, però mentre no es canviïn, són les que tenen. Encara bo que amb l’esmena que ha acceptat ha corregit aquesta qüestió competencial, com he dit.

En el punt setè, ignora olímpicament, tant vostè com qui li ha donat suport, tot i que parlen de coordinar amb les comunitats autònomes, que hi ha comunitats autònomes que tenim la nostra pròpia policia. Si no és que ara el que volen fer ses senyories es demanar al Govern central que enviï la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a patrullar per les platges de la Costa Daurada o pel Maresme.

En el punt vuitè, li dic el mateix que en el setè: ignora que hi ha comunitats autònomes amb concert econòmic, a part que alguna altra comunitat també l’està demanant i el voldria. I, per tant, tenen la seva pròpia Hisenda.

Senyor Almodóbar, per totes aquestes raons, i per alguna altra, votarem en contra de la seva moció.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, senador Almodóbar, hoy debatimos una moción sobre turismo que ha presentado su señoría y que, como casi todas las que presenta, quiere cerrar de una vez y rápidamente toda una serie de asuntos que afectan —senador Almodóbar, a casi nada— a todos los ministerios del actual Gobierno excepto a los de Defensa, Presidencia y Ciencia e Innovación.

Su moción, señor Almodóbar, afecta al Ministerio de Economía y Hacienda, al de Exteriores, al de Trabajo e Inmigración, al de Fomento, al de Política Territorial y Administración Pública, al de Interior, al de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al de Cultura, al de Justicia, al de Sanidad, Política Social e Igualdad, al de Educación y, evidentemente, al de Industria, Turismo y Comercio.

En una sola moción usted involucra a doce de los quince ministerios del Gobierno y esto me parece que es querer hacer una moción donde se pueda arreglar el mundo mundial, por decirlo así, y salirnos de todo simplemente con ella. Y, como ya se ha dicho aquí, esto no es nuevo. Su práctica parlamentaria nos lleva siempre a este punto. Nos tiene acostumbrados. ¿Y cuál es el resultado de esta táctica? Pues que normalmente no podemos aprobar la moción porque, aun estando de acuerdo con alguno de sus puntos, no estamos de acuerdo con todos y, por eso, tenemos que rechazarla.

Es cierto lo que usted explica de que fraccionadamente nosotros no hemos querido aprobar no sé qué puntos, pero lo que ocurre no es que no hayamos aprobado aquel punto, sino la moción entera, porque en esta Cámara no tenemos la oportunidad ni la ocasión de poder aprobar puntos concretos y rechazar otros. Hay que aprobar o rechazar la moción entera.




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Así pues, señor Almodóbar, yo diría que hasta cierto punto puedo calificar esta práctica de malévola, porque usted sabe que lo que luego va a hacer y a decir como crítica a la actuación de los demás grupos parlamentarios no es del todo cierto. Quizás esta forma de actuar le vaya bien, pero sabe que estamos en el Parlamento, y aquí estamos para avanzar, negociar, llegar acuerdos y limar diferencias. Y con actuaciones como las de usted esto no solo no se puede conseguir sino que, además, es prácticamente imposible y, además, contribuye a aumentar aun más la distancia que cada vez es más fuerte entre la ciudadanía y la política.

Esto es lo que yo pienso y por eso hemos considerado conveniente no presentar ninguna enmienda, pues tendríamos que haber hecho una moción nueva, cosa que usted no podría aprobar de ninguna manera.

Estamos en el ámbito del sector turístico, y hace pocos meses todo el mundo estaba aterrorizado por la campaña que se nos acercaba. Pero, por circunstancias totalmente ajenas a nuestro país, nos estamos encontrando con una campaña extraordinariamente buena básicamente en el sector de sol y playa, aunque también los otros están funcionando bastante bien. Es muy probable que se diga que la rentabilidad del sector no es la que debería, pero también estarán de acuerdo conmigo en que la rentabilidad se puede medir, tal como les gustaría a ustedes, como si estuviéramos fuera de cualquier tipo de crisis. No obstante, si lo comparamos con las rentabilidades obtenidas por otros sectores industriales de nuestro país, verán que el sector turístico está viviendo unos momentos que, si no son del todo boyantes, sí son, en definitiva, más que pasables.

Por lo tanto, entiendo que lo que han hecho los distintos gobiernos de las diferentes autonomías y el propio Gobierno central ha sido un ejercicio de responsabilidad. Se ha trabajado duro, con mucha profesionalidad, y se ha avanzado; es decir, no se ha dejado la tarea para cuando saliésemos de la crisis, y por eso ahora nos estamos resarciendo a través de la crisis que sufren los países del norte de África, básicamente, y el sector puede aprovecharla de forma sustancial.

Entrando en materia, debo decirle en referencia al punto número primero que a mí, como a todo el hemiciclo, nos gustaría muchísimo, nos encantaría encontrar una solución para erradicar la estacionalidad en el turismo, más aún teniendo como tenemos un porcentaje tan elevado de turismo de sol y playa. Y hacerlo a corto plazo, senador, sería ya el colmo. Hace años que tanto las administraciones como el sector luchan contra este hecho y por eso se va avanzando, aunque de forma muy lenta. Desde hace ya muchos años con el turismo del Imserso se ha conseguido atenuar un poco esta estacionalidad. Ahora, se está lanzando —ya se ha dicho aquí— el turismo senior europeo, que puede dar mucho juego y que está creciendo de una forma mucho más intensa de lo que lo hizo el Imserso en sus inicios. Se van encontrando nuevos nichos de mercado que poco a poco van haciendo mella, pero todo va muy lento y requiere mucho esfuerzo.

Usted habla de incentivos, ¿pero puedo preguntarle qué incentivos reciben de su Gobierno en Valencia los hoteles de su zona?, y lo digo por esa cuestión que usted fomenta. Tienen competencia exclusiva en eso, ¿pero qué presupuesto dedica su Gobierno a luchar contra la estacionalidad turística con incentivos suficientes como para hacer atractivo al hotel de playa abrir todo el año? Porque usted no habla de quién debe pagar, sino sencillamente de que hay que pagar.

Del mismo modo, la enmienda de Convergència i Unió que se va a aprobar habla de coordinar pero no de quién debe pagar. Por lo tanto, se supone que si no se dice lo contrario —y aquí no se dice— también tendrá que pagar la Generalitat y si tenemos en cuenta las competencias traspasadas, parece que deberán pagar las comunidades autónomas. Por lo tanto, estas preguntas van dirigidas también a Convergència i Unió, que apoya la moción, pero ya veremos qué partidas presupuestarias destina a este asunto Convergència i Unió para el año que viene. Si como es de suponer, señora senadora, tiene el apoyo de su Gobierno, de Convergència i Unió y del señor Mas para comprometerse a activar incentivos suficientemente atractivos como para que todos los hoteles de la costa catalana puedan abrir durante todo el invierno, me gustará ver cómo demonios pueden justificar los recortes sanitarios que hace el señor Boi Ruiz en salud, u otros recortes que ya se han anunciado.

En referencia al punto quinto, usted habla de poner en marcha una gran campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía española sobre las bondades del turismo como industria y de incentivar la hospitalidad y buena acogida a los turistas, y todo ello con la participación de las comunidades autónomas, que —y se lo recuerdo también a la senadora de Convergència i Unió— tienen competencia para hacer sus campañas. Cuando habla de participar, ¿qué quiere decir, que podrán decidir o que solo tendrán que




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pagar? Pero como uno u otro pagará, me gustaría que me respondiesen cuánto calculan que costaría esta campaña y cuánto debería pagar cada comunidad autónoma, incluida la Generalitat de Cataluña.

En el número sexto habla de las viviendas y apartamentos, mal llamados turísticos, que actúan fuera de toda legalidad causando un mal incalculable a los verdaderos profesionales. Estoy de acuerdo con que hay que luchar contra eso. Estoy en desacuerdo absoluto con que este sea el lugar para discutirlo. Con esta propuesta usted vulneraba —ahora quizá no— no una sino dos competencias autonómicas, turismo y vivienda. Ya sé que lo que piensa usted le prohíbe tener a las comunidades autónomas con las competencias con que las hemos dotado, pero mientras eso no se cambie son las que tienen. Menos mal que con la enmienda que ha aceptado se ha corregido esa cuestión competencial.

En el punto séptimo ignoran olímpicamente, tanto usted como quien le ha apoyado, algunas competencias porque, a pesar de que dicen que se coordina con las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que tenemos nuestra propia policía, a no ser que ahora sus señorías quieran pedir al Gobierno central que envíe la Policía Nacional y la Guardia Civil a patrullar por las playas de la Costa Dorada o del Maresme.

En el punto octavo le digo lo mismo que en el séptimo, ignora que hay comunidades autónomas con concierto económico, aparte de que alguna otra comunidad también lo está pidiendo y lo querría y, por lo tanto, tienen su propia Hacienda.

Señor Almodóbar, por todas estas razones y por alguna otra vamos a votar en contra de su moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la senadora Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos hablando de un sector, el turístico, que en el año 2010, por primera vez en diez años, ha ganado peso en el producto interior bruto: cerca de 53 millones de personas visitaron España durante 2010, un aumento del 1,4% respecto al año anterior. Pero es que es la primera vez en diez años que el sector turístico aumenta de peso en el producto interior bruto. En lo que se refiere al gasto turístico, este se ubicó por encima de los 49 000 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a 2009. Es decir, todos los indicadores han mejorado. El gasto medio por persona —que es un indicador importante— se situó cerca de los 930 euros, un aumento del 0,3%, y el gasto medio diario subió un 2,8%. En todo ello habrá tenido mucho que ver lo que han hecho las comunidades autónomas, lo que han hecho las entidades locales, pero también lo que ha hecho el Gobierno de España. Lo que no podemos decir es que cuando las cosas van mal la culpa es de uno solo y cuando las cosas van bien no tiene nada que ver. Y, efectivamente, cuando hablamos de la crisis, determinados grupos políticos quieren cargar las tintas solo sobre el Gobierno, sin tener en cuenta todas las circunstancias que han producido esa crisis, que todos sabemos el calado que tiene, y, sin embargo, cuando hablamos de que el sector turístico tiene una campaña excepcional este año, decimos que es por circunstancias externas. Siempre hay circunstancias externas para lo bueno y para lo malo. De hecho, el turismo está funcionando y está funcionando bien. Datos de este año de Frontur: en el mes de mayo España recibió un total de 5,3 millones de turistas internacionales, un 4,2% más que durante el mismo periodo de 2010. En lo que llevamos de año la evolución de flujo de llegadas internacionales ha crecido un 7,3%. Esos son datos importantes que hay que tener en cuenta. Y efectivamente, hablamos de continuar. Pues sí, hay que continuar con las cosas que funcionan bien. Evidentemente, cuando se implementan medidas que funcionan, hay que continuar con ellas.

Se ha referido someramente al turismo senior de Europa. Pues ahora les voy a dar algunos datos del Turismo Senior Europa en su primera edición, 2009−2010: llegaron a nuestro país 43 952 turistas senior, 36 052 a Andalucía y 7900 a Baleares, porque fue donde se empezó esa experiencia piloto. Pero es que el Turismo Senior Europa ha generado más de 22 millones de euros de actividad económica y ha creado más de 600 puestos de trabajo en meses de temporada baja. Además, hay un amplio porcentaje de nuevos clientes que provienen de otros sitios y que no acostumbraban a viajar a España, como Polonia, República Checa, Bulgaria o Rumania.

En la segunda edición se amplía el programa a nuevas comunidades autónomas, que han visto que es interesante y han querido firmarlo inmediatamente. Hay acuerdos con Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, pero también con Valencia en las localidades de Peñíscola, Gandía y Benidorm y además se amplía el número de provincias de Andalucía, se suman Almería y Granada a las que ya




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estaban, Málaga, Cádiz y Huelva. Por tanto, es un proyecto que está funcionando y que hay que potenciar y seguir con él, claro que sí. Además, señorías, un 73,45% de los que han llegado a través de este programa volverían a participar en él.

También hay que hablar de que se amplía el programa Imserso y se hace un esfuerzo considerable con más de 200 000 plazas, llegando a alcanzar 1,2 millones de personas que viajan con ese programa. Asimismo, se ha aumentado el Programa de Turismo Social en 30 000 plazas, hasta un total de 250 000 en 2010.

Señorías, como decían los antiguos, obras son amores y no buenas razones, y cuando se plantean cosas que, como bien decía el senador Esquerda, no tienen consignación presupuestaria, estamos haciendo un brindis al sol porque después no se pueden realizar.

Respecto a la formación, quiero hacer solo un apunte. Se ha trabajado para mejorar la calidad percibida por quien nos visita, y para ello, como sus señorías conocen, se pusieron en marcha dos programas: Cultura del Detalle y Destino en Detalle; se han impartido 843 cursos de formación presencial para cerca de 10 000 profesionales; se han editado manuales de buenas prácticas y la página web de estos programas ha recibido más de 22 000 visitas. Se está trabajando en formación continua de las personas del sector.

Me gustaría hacer también un pequeño apunte sobre el turismo seguro, que es otro de los puntos que se reflejan en esta extensa moción. El pasado 21 de junio se presentó el Plan de Turismo Seguro, un conjunto de actuaciones que permitirán impulsar nuevas medidas perfeccionar la coordinación y mejorar la seguridad del sector turístico español, teniendo en cuenta que la distribución competencial de nuestro país y de las distintas comunidades autónomas, como recordaba el senador Esquerda, tiene un panorama distinto en cada una de las comunidades autónomas y que, efectivamente, en algunos sitios, los que patrullan las playas o lo sectores turísticos no son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este Plan de Turismo Seguro tiene como principal objetivo incrementar de forma permanente la seguridad ciudadana en las zonas turísticas y proporcionar un entorno más seguro al turista durante su estancia en nuestro país, así como facilitarle los trámites y el apoyo cuando le pasa algo en nuestro país. Igualmente, pretende apoyar y contribuir activamente a las actuaciones en el sector, tanto por el Gobierno como por las propias comunidades autónomas y por las entidades locales y favorecer al sector turístico español, cooperando en el logro de un mayor grado de competitividad, porque es importante que las personas que se acerquen a nuestro país se sientan seguras aquí.

No me voy a extender mucho más, pero sí me gustaría hacer una referencia a las tasas aéreas. En materia de tasas aéreas, este Gobierno también ha hecho cosas. Por un lado, se rebajaron y congelaron en los años 2009 y 2010. La decisión la tomó el Consejo de Ministros y el coste ascendió a 58 millones de euros, y estamos hablando de un momento en que hacer esto es especialmente difícil por todos los ajustes que hay que realizar. Por tanto, hay que valorar esas cosas. Por cierto, era la primera vez que un Gobierno tomaba una medida de esas características. En 2011 se están bajando ya las tasas aeroportuarias en treinta y uno de los cuarenta y siete aeropuertos. La tasa de navegación se abarata en un 7,8% y la de aproximación se congela, tal como estaba previsto. En conjunto, la variación de las tasas aeroportuarias y de navegación aérea será una subida del 4,8% y la repercusión para un pasajero será de 60 céntimos de media por billete. Hay rebajas particularmente importantes en los aeropuertos en los que el servicio de control aéreo se ha sustituido por el servicio AFIS, caso de La Gomera, que reducirá un 15% y de El Hierro, que reducirá un 19%. Sin embargo, las tasas subirán en los grandes aeropuertos, evidentemente, en los que se han realizado fuertes inversiones en los últimos años, que, por otra parte, nos han situado en la vanguardia europea en cuanto a seguridad y calidad de servicio y que ofrecen a los pasajeros, como es el caso de Madrid y Barcelona, unas tasas aeroportuarias que todavía están muy por debajo de la Unión Europea. Las tasas aeroportuarias españolas, señorías, son un 47,8% más baratas que la media europea, si comparamos el tamaño y la calidad de los aeropuertos

Por todo ello, hay que destacar el importante esfuerzo que este Gobierno ha realizado en materia de turismo, y es de justicia reconocerlo. Lamentamos que el senador Almodóbar no haya presentado dos mociones —una con los puntos en los que estamos totalmente de acuerdo, y otra con los que tendríamos que discutir más ampliamente—, pero, en cualquier caso, quiero dejar claro que mi grupo político y el Gobierno de España están trabajando para que el turismo tenga las mejores perspectivas posibles, y de hecho se está trabajando en una buena línea porque está funcionando.

Por otra parte, quiero dejar clara una idea. Cuando se trata de hablar del techo de gasto, todos decimos: hay que ajustarse el cinturón, hay que aprobar techos de gasto, tenemos que hacer un esfuerzo.




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Pero, después, cuando hablamos de políticas sectoriales pedimos dinero y más dinero. Señorías, no sé si eso es la piedra filosofal, pero no es posible hacerlo.

Por tanto, nosotros no vamos a apoyar en este caso la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y enmendada por la senadora Candini, pero queremos dejar claro que nuestro grupo y nuestro Gobierno está trabajando seriamente por el futuro del sector turístico de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Gracias, señor presidente.

Señor Esquerda, fíjese si es importante el turismo que afecta a todos los ministerios, y lo necesario que sería aprobar esta moción para que todos los implicados se pusiesen a trabajar —en el buen sentido—. Y no es nada malévola; a nuestro entender, es responsable y comprometida con el sector y sobre todo con los ciudadanos, que son los que nos ponen aquí para intentar mejorar las condiciones de los sectores.

Nosotros les planteamos una serie de medidas y ustedes deciden qué hacer, si las apoyan o las rechazan. Usted viene de una zona turística —igual que yo—, explíquele usted a los empresarios de su zona que vota en contra de medidas, como usted sabe, muy beneficiosas y reclamadas por todos los agentes implicados.

En primer lugar, quiero agradecer la aportación del grupo catalán a esta moción, que no hace más que enriquecerla, demostrando una vez más su compromiso con el sector turístico y sus destinos, y nuestro compromiso con él, al margen de ideologías y de partidos.

Permítanme también dar las gracias a los senadores que van a apoyar la moción, ya que demuestran que son perfectamente conocedores de la importancia que el turismo tiene para España y para el sector; y nuestros destinos se lo agradecerán. A la senadora del Grupo de Senadores Nacionalistas le agradezco sus palabras. Entiendo que no pueda apoyarla, pero le agradezco sus palabras y que comprenda la importancia que tiene el sector turístico.

Senadora Durán, el gasto turístico aumenta porque vienen más turistas de esos países ya recuperados, no porque gasten más. Pero también conviene recordar que venimos de perder más de 5 millones de turistas, además de todos los que perdimos debido a la crisis del volcán —como todos recordarán—, la huelga de controladores, etcétera.

Y yo le hago una pregunta: ¿Cómo es posible que si todo va tan bien como dicen, todos los españoles piensen que va tan mal? Si todo va tan bien, ¿cómo es posible que ocho de cada diez españoles digan que la situación económica es mala o muy mala, y siete de cada diez digan que el año que viene irá peor?

Decía usted que este Gobierno ha sido el primero en aplicar esa política de tasas aeroportuarias; y también ha sido este Gobierno el primero el crear la Secretaría de Estado de Turismo, y hace ahora un año se la cargó de un plumazo.

Señorías, el presidente del Gobierno está desaparecido; demuestra que vive fuera de la realidad y que ya no sabe lo que pasa fuera de la Moncloa. El presidente del Gobierno presume de sus viajes a China, Kazajistán o Rusia, pero se nota que no ha viajado por España para ver cómo viven los españoles y entender así por qué no le han votado el pasado día 22 de mayo.

Señorías, las medidas puestas en marcha por el Gobierno en materia turística no han resuelto los problemas estructurales que sufre este sector. Es más, ¿cómo explicarían que a pesar de haber invertido tantos millones en la renovación y modernización de la oferta turística de alojamiento —el Plan Renove— hayamos perdido dos puestos en el ranking de competitividad turística que elabora el Foro Económico Mundial, pasando del sexto al octavo lugar? Quizás resultó escaso o quizás solo se pudieron beneficiar unos pocos debido a las dificultades para poder acceder al crédito. Y es que, señorías, a pesar de la gran fortaleza que siempre ha demostrado el turismo español han sido muchos los que no han podido resistir los envites de la crisis y han tenido que cerrar sus establecimientos. Además, son miles las agencias de viajes que también han tenido que cerrar con la consiguiente destrucción de empleo que ello conlleva, siendo un sector —el de las agencias de viaje— importantísimo, que está olvidado por el Gobierno. Conviene recordar que el 85% de los turistas que nos visitan pasan por manos de agentes de viajes españoles o por turoperadores europeos con sede en España dando trabajo y generando muchísima riqueza. Pues bien, la facturación de este sector hasta marzo pasado, y con lo que llevaba a sus espaldas, ya había caído un 2%, y con unas tasas negativas del 5,7% en lo que al empleo se refiere. Y es que,




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señorías, en los últimos meses el Gobierno de España ha tomado una serie de medidas que perjudican enormemente al sector turístico. Hagamos un poco de memoria. En julio del año pasado decidieron subir el IVA, en un momento en que todas las contrataciones con los turoperadores ya estaban firmadas y los precios fijados, con lo cual, el empresario tuvo que asumir en su cuenta de explotación ese punto de subida. Decisiones como esta son todo lo contrario a lo que hacen países competidores del nuestro, como Francia o Alemania, que demuestran la importancia que dan al turismo rebajando el IVA. Por cierto, en Francia esa rebaja ha supuesto un aumento de la facturación nada menos que de un 42%. Aquí en España, tras las continuas peticiones del sector, conseguimos aprobar en el Senado, como recordaba en mi anterior intervención, que se estableciera un tipo de IVA superreducido para el sector turístico, que el Gobierno sigue sin aplicar.

También conviene recordar la pérdida de relevancia política que se le otorga al turismo rebajando el rango, el nivel de prioridad y la importancia que le da el Gobierno con la supresión de la secretaría de Estado del ramo. Mientras, desde la Organización Mundial del Turismo ya han pedido en varias ocasiones mayor compromiso institucional por parte del Gobierno con el sector turístico. El propio secretario general de dicha institución ha reconocido sentirse muy decepcionado por la falta de presencia institucional del sector turístico en España y en particular con la carga simbólica negativa que ha comportado la degradación de la Secretaría de Estado de Turismo a la actual Secretaría General de Turismo y Comercio Exterior. Pero, señorías, esto no tiene sentido. Siendo España como es un líder mundial del sector, es una lástima que el turismo, la tercera industria del mundo, siga siendo contemplada como un sector periférico. Yo me permito recomendarle al Gobierno que convendría que tuviesen en cuenta que si la OMT, la Organización Mundial del Turismo tiene su sede en España desde 1974 será por algo. Llevan aquí 37 años, son la única agencia de la ONU aquí pero la gente no lo sabe.

Otra de las erróneas decisiones del Gobierno —permítame que la corrija, senadora Durán— fue la supresión de plazas del programa Vacaciones del Imserso, un programa que desde su implantación ha ayudado y sigue ayudando enormemente a vencer la estacionalidad turística manteniendo abiertos los establecimientos durante todo el año, y lo que es más importante, manteniendo miles de puestos de trabajo. Eso es algo que realmente no logramos entender. El año pasado ofertaron esas 200 000 plazas, de las que usted hablaba, además del millón que ya se ofertaba, y se cubrieron absolutamente todas. Este año esas 200 000 plazas se han suprimido; se han quedado en lista de espera 300 000 clientes. Y es que por cada euro invertido en el Imserso se recuperan 1,80 euros. Pero señorías, ¡si para el Estado eso es un negocio! Menos personas en paro y más impuestos que se recaudan de los hoteles que permanecen abiertos. Es un turismo social que además de desestacionalizar la temporada ayuda a las personas de todos los estratos sociales. Y podríamos seguir hablando de muchas más decisiones, señorías. Pero yo solo le pido al Gobierno que tome buena nota de esta moción. Que cumplan lo que aquí se propone, en caso de ser aprobada. Son propuestas muy beneficiosas para el sector y para nuestros destinos, sector y destinos que necesitan más y mejores recursos, siempre en sintonía, como bien recoge la moción, con ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos para evitar la dispersión de esfuerzos. Debemos recuperar todo nuestro atractivo como destino internacional de primer orden y nuestra competitividad frente a los nuevos destinos emergentes. Solo así podremos consolidar la recuperación y sentar las bases para que el turismo sea realmente un activador de la economía y del empleo en España. Las administraciones no construyen hoteles, no ponen restaurantes ni abren agencias de viajes. Eso lo hace la sociedad. Las administraciones crean las condiciones para que la sociedad pueda actuar. Y de eso se trata, de confiar en la gente. El Partido Popular confía en los españoles ya que siempre han estado a la altura de las circunstancias. Los españoles tuvieron gobiernos buenos, supieron crear más de 5 millones de puestos de trabajo; los creó la sociedad española.

Señorías, este Gobierno está lastrando la recuperación económica y el empleo en España. Nadie, ni dentro ni fuera, confía ya en ustedes. Es necesario un cambio de ciclo y de políticas. España se merece un Gobierno que pueda estrenar una confianza nueva, que diga la verdad y que sepa elaborar un plan a través de inversiones, crear empleo y despejar el horizonte, y les digo que el Partido Popular está en condiciones y preparado para hacerlo.

Por ello me van a permitir, aprovechando que esta es la última moción que mi grupo presenta en este periodo de sesiones, que diga al Gobierno, por el bien del turismo de España y de los españoles, que recapacite y que aplique un poquito de sentido común en el poco tiempo que le queda, y que al final sean los españoles los que decidan.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FOMENTAR LA DIVERSIDAD CULTURAL Y GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A ACCEDER A LOS CONTENIDOS CINEMATOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES EN VERSIÓN ORIGINAL.

(Núm. exp. S. 662/000189)

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de la primera moción —las votaciones, como saben, se harán esta tarde—, pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fomentar la diversidad cultural y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original.

Hay dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario de la Entesa. En la medida en que hay una transaccional firmada por todos los grupos, a excepción del Grupo Popular, solamente se mantiene viva la enmienda de este.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Conde.

El señor CONDE DEL CAMPO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista, del que formo parte y al que me honro en representar, presenta hoy esta moción para la promoción de la versión original en la exhibición de las obras cinematográficas y audiovisuales para su debate en el Pleno de esta Cámara.

Señorías, como seguro que muy bien saben, en los países de nuestro entorno cultural existen tres sistemas fundamentales de difusión de los contenidos audiovisuales cuya versión original está en idioma extranjero: el doblaje, el subtitulado y la traducción simultánea por una voz en off.

En la mayor parte de los países de la Unión Europea se sigue la práctica del subtitulado, frente al doblaje o la voz en off, como forma habitual de la transmisión de contenidos audiovisuales en la exhibición cinematográfica. En el medio televisivo, en cambio, la presencia del doblaje es comparativamente superior. No obstante, la situación en la práctica es de relativa complejidad, pues la elección de un sistema u otro varía en función de diversos parámetros: zonas lingüísticas, canal o ventana de distribución, cine, televisión, DVD o tipos de públicos y hábitos de consumo.

En el contexto europeo, España es, junto a Italia, el país donde el doblaje goza de un mayor arraigo en la exhibición en salas y en la emisión televisiva de contenidos audiovisuales. A pesar de esta circunstancia, en Madrid existen salas que exhiben películas en versión original subtituladas desde el año 1977. La aparición del doblaje en nuestro país se remonta a los años 40 del siglo XX. Como resultado, el hábito de consumo de cine en versión doblada tiene tales niveles de arraigo entre nuestra población que el acceso a los contenidos en versión original subtitulada tiene un carácter poco menos que residual. Por lo que respecta a exhibiciones en salas, los datos e índices de salas y de espectadores de la versión original subtitulada sobre el total —extraordinariamente bajos en términos absolutos, como respecto a los países de nuestro entorno cultural— así lo atestiguan. Hablamos, pues, de unos índices en torno a un 3% de salas con películas en versión original subtitulada con regularidad, es decir, con unos 150 días de proyección. Y hablamos de un 3,31% de espectadores de películas en versión original, según los datos de 2010 del Instituto Cinematográfico de Artes Audiovisuales, del ICAA. Sin embargo, no es menos cierto que las circunstancias sociales y hábitos culturales se han modificado sustancialmente en los últimos setenta años. Si bien es cierto que se percibe que la afición a la versión original subtitulada está relacionada con un tipo de cine muy concreto, cine de autor o independiente. Asimismo, algunos datos de público de ciertos títulos permiten pensar que existe en España un público potencial dispuesto a ver obras de perfil más comercial en versión original.

La globalización de las nuevas tecnologías y la expansión social mediática del lenguaje audiovisual ha generado una oferta y una demanda de contenidos mucho más diversificada y plural. En estos momentos además es preciso tener en cuenta dos hechos que están alterando lentamente la realidad audiovisual europea: por un lado, la progresiva implantación de la televisión digital terrestre, que supone la posibilidad de emisión de un mismo programa en diversas versiones lingüísticas con o sin subtitulado, todo ello a elección del espectador. Por otro, la progresiva e imparable implantación de la proyección digital en la exhibición cinematográfica, con un enorme impacto en la reducción del coste de fabricación de las copias




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de las películas. Un impacto que en el tema que nos ocupa permite ir modulando la oferta de versión lingüística de una misma película en una misma sala. En la exhibición digital todas las copias o, en su caso, archivos digitales pueden incluir sin incremento de coste varias versiones lingüísticas y de subtitulado, de forma que corresponde al exhibidor optar por una o por otra en función de los horarios, la demanda u otras variables. Todo ello permite flexibilizar la oferta audiovisual de una forma desconocida hasta hace unos años, y facilitar de manera formidable la difusión de obras en versión original subtitulada tanto en salas cinematográficas como en medios televisivos, sin apenas incremento de coste para productores, distribuidores, exhibidores u otros operadores televisivos.

La obra audiovisual en versión original subtitulada posee un valor cultural intrínseco en la medida que permite el acceso a la obra en su estado original, y como resultado facilita aprehender sus valores culturales inherentes de una forma directa y sin interferencias. La versión original acerca mejor la realidad que supone la diversidad de culturas, corrigiendo esa falsa homogeneidad artificial por la que personajes del mundo entero y de perfiles sociales completamente dispares se expresan en la pantalla en un único idioma y con unos mismos registros fonéticos. Señorías, sirva como ejemplo, Harrison Ford habla en español vía Camilo García, Salvador Vidal, Manuel Cano, Jesús Ferrer, etcétera. Marlon Brando tiene en la versión de doblaje de El Padrino de 1972 la voz de Francisco Sánchez y la de Miguel Ángel Jenner en el DVD de 2008. Incluso en una misma película la voz de un actor puede cambiar dependiendo de la versión.

En consecuencia, el estímulo al visionado de películas en versión original subtitulada es un elemento clave de una política cultural que favorezca comprensión de la diversidad y estimule una relación más directa entre el ciudadano y la obra audiovisual. El público asiduo a las exhibiciones de películas en versión original subtitulada entre 18 y 30 años considera que al escuchar las voces propias de los artistas se capta mejor el sentido que el director pretende darle a la producción. Podríamos pensar también que la proyección de películas en versión original subtitulada reforzaría y ampliaría la oferta de ocio para personas con algún tipo de discapacidad auditiva, al poder visionar los filmes leyendo los diálogos.

Por último, voy finalizando, si bien no existe una relación directa entre el acceso a los contenidos audiovisuales en versión original y el aprendizaje de idiomas, son diversos los estudios que certifican que los países donde predomina la versión original suelen tener mejores resultados educativos en este ámbito; de igual modo, el subtitulado de la producción audiovisual también mejora la competencia lectora de los alumnos.

Por tanto, un cambio paulatino de la cultura comunicativa de acceso a los productos audiovisuales, por un lado, para que a los técnicos del sector del doblaje no les suponga menoscabo en sus oportunidades profesionales, y, por otro, fomentando la versión original en el ámbito educativo, en concordancia con algunos países de nuestro entorno, ha de tener necesariamente consecuencias muy positivas en el aprendizaje de idiomas entre los niños y adolescentes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista proponía a la aprobación del Pleno una moción, que ha sido enriquecida y complementada con la enmienda presentada por Entesa Catalana de Progrés y transaccionada por los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Mixto, Catalán de Convergència i Unió, y, por supuesto, Entesa Catalana de Progrés, al que el Grupo Parlamentario Socialista agradece este gesto.

La moción que proponíamos —que ya está transaccionada— pretendía fomentar, en colaboración con las comunidades autónomas, la diversidad cultural, y al mismo tiempo tutelar y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los contenidos audiovisuales en el idioma que prefieran; impulsar para ello, en colaboración con las comunidades autónomas, medidas para ampliar y desarrollar la oferta de contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original, tanto en la exhibición cinematográfica como televisiva, con el fin de conseguir una oferta de contenidos audiovisuales plural, respetuosa con la diversidad cultural, y que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder a los bienes culturales en su idioma original; y poner en marcha desde los ministerios de Cultura y Educación y el resto de administraciones competentes políticas y acciones encaminadas a desarrollar la presencia de los contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original en el ámbito educativo como medida para mejorar el aprendizaje de idiomas en este país.

Señorías, escribía Juan Sardá en un artículo de El Cultural que la riqueza original de una lengua es intraducible.

Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para argumentar y defender nuestra posición respecto a la moción que hoy debatimos sobre los contenidos audiovisuales en versión original.

En este primer turno defenderé nuestra enmienda, que consta de cinco puntos, y que entiendo oportuna, pues nos encontramos ante un tema amplio, profundo, complejo, que no puede quedar resuelto en una propuesta voluntariosa, sin profundidad, y considero —y lo lamento— que sin ambición del grupo proponente, y que ahora, mediante una transacción con algunos grupos parlamentarios, pretende mejorar el texto original.

Pero he de decir que en el primer texto y en el que ahora se ha consensuado, excepto por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, existe alguna contradicción que haré constar con claridad, si no en este turno, en el siguiente.

Esta es una propuesta no calibrada, dados los elementos que confluyen e influyen en ella —quien no quiera verlo, allá él— porque no estamos hablando del audiovisual, el cine y la televisión, de la TDT y de las nuevas tecnologías, del doblaje versus el subtitulado, del aprendizaje de idiomas, del sistema educativo, del multilingüismo, etcétera. No es una cuestión para pasar con el poco rigor y la poca profundidad con la que se pretende pasar el debate de hoy. Es una cuestión que se ha vuelto a reabrir por las declaraciones del ministro de Educación en octubre de 2010, desde la óptica educativa, respecto al fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras en nuestro país vistos los estudios de la Unión Europea al respecto, que nos dejan en el lugar que nos dejan. Esta primera declaración del ministro de Educación conllevó la subsiguiente opinión/declaración desde Cultura respecto a los efectos negativos del doblaje, no sabemos si de una manera coordinada o no.

Nosotros entendemos que se debe tomar con más seriedad y más profundidad esta cuestión. Por eso en nuestras enmiendas hablamos de fomentar la promoción de prácticas plurilingües; hablamos de impulsar la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo como instrumentos que favorecen el multilingüismo, y ahí incluyo las comunidades españolas que tienen solo el castellano como lengua para que se promulguen las medidas oportunas para una lengua extranjera, predominantemente el inglés, y aquellas comunidades que tienen dos lenguas oficiales, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Galicia y Baleares, donde además del castellano y del inglés estarían el catalán, valenciano, gallego y euskera.

Por lo tanto, entendemos que no se concretan objetivos y por eso planteamos en los puntos 1 y 2, no de manera caprichosa, esa cuestión. Y es que tanto el punto 1 como el 2 y el 3 de nuestra enmienda vienen avalados por las comunicaciones reiteradas de la Comisión Europea al Consejo en materia de multilingüismo donde se habla de las nuevas tecnologías, las actividades culturales y de ocio y los medios de comunicación para fomentar ese multilingüismo que crea prosperidad, competitividad y empleabilidad —Bruselas, 18 de septiembre de 2008—, donde se habla del doblaje y del subtitulado, y que contraviene algunos de los argumentos que se han utilizado en el primer turno de esta moción porque no está ni mucho menos avalado por ningún estudio el que la versión original lleve consigo la mejora del aprendizaje. ¿Influye? Sí, pero no de una manera tan determinante como algunos quieren hacer ver. Ese mismo estudio pone de manifiesto que algo tendrán que decir los dobladores, los exhibidores; entiendo yo que algo deberían decir también los distribuidores, y en ese sentido la versión original puede conllevar algunos efectos beneficiosos —no seré yo quien lo ponga en duda—, pero hay que tener en cuenta con rigor y con profundidad que no se puede desnudar a un santo para vestir a otro con algunas cuestiones importantes para el sector audiovisual de nuestro país.

Por todo ello presentamos esta enmienda y luego en el turno de portavoces expondré algunas cuestiones que van a avalarla, como también han avalado el planteamiento original del Grupo Socialista algunos argumentos que después desmontaré de arriba abajo. Porque, señorías, no es un debate versión original/subtitulados, no estamos hablando de que la versión original va a garantizar que España sea el país más avanzado en aprendizaje de idiomas; hay más cuestiones, de más profundidad, de más sectores implicados en el sector audiovisual, y entiendo que hoy se pierde una gran oportunidad porque podríamos haber hecho un gran debate que hubiera podido ser consensuado y hubiera conseguido el objetivo final




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que abrió este debate en octubre de 2010, que es superar el actual nivel de aprendizaje de idiomas en nuestro país…

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.

El señor CHIQUILLO BARBER: …que los informes de la Unión Europea ponen a España en el lugar que la ponen, y entendemos que perdiendo esta oportunidad nuestro país pierde una gran posibilidad de situarse entre los países más avanzados de la Unión Europea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para manifestar la posición sobre la enmienda que acabamos de escuchar, tiene la palabra el senador Conde.

El señor CONDE DEL CAMPO: El Grupo Socialista no acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular por entender que no se ciñe exactamente al contenido de la moción que hemos presentado, derivando el tema central de la exhibición de películas en versión original y queriendo hacerlo extensivo a otros ámbitos distintos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Egun on, senatariok.

Gaur hemen aurkezten den mozio honetan, argi dago proposatzen duenaren helburua oso gaurkotasun handikoa dela. Gaur egunean hizkuntzen ezagutza ezinbesteko baldintza da, eta pertsonei gero eta gehiago exijituko zaien gauza bat da. Hortik bada, gazteen artean hizkuntza ezberdinak jakiteari ematen zaion garrantzia, alde batetik teknologia berrietan eta informazioa eskuratzeko orduan errazago jarduteko, eta bestetik, gero eta lan mundu globalizatuagoan sartu ahal izateko.

Gaurko honetan jorratzen ari garen mozioa hainbatetan eta gune ezberdinetan planteatu izan den auzia da; eta Estatuak beste hizkuntzak ikasteari, eta beraz, beste kulturak ezagutzeari ez dio bere historian, gure ustez, behar besteko garrantzia eman. Hemen aipatu dira alderdi ikus-entzunezkoen munduko alderdi teknologikoak, alderdi ekonomikoak, eta sektore horien guztien aipamena egin da. Mozio hau aurkezterakoan eta aztertzerakoan, alderdi ezberdin asko ukitzen dituela argi dago. Baina nik ekingo diot bakarrik, espresuki, batez ere sektore humanoari, edota giza-sektoreari. Hori da niretzat, teknologiaz gain geratzen den gauzarik garrantzitsuena.

Eta pittin bat mozio hau testuinguruan jartzeko, nik uste dut interesgarria izango dela ikustea zergatik planteatzen diren egoera hauek Estatu honetan.

Historia pixka bat egiten, testuinguruan jartzen, gogora ekar dezagun apur batean, gu hazi izan ginen gizarte hura. Jaun/andreok, gogoratzen al duzue pelikulak ikustera joaten ginenean, eta mozketak unerik interesgarrienetan gertatzen zirenean? Mozketa haiek? Agian, jakingura edo morbo gehiago sortzen zitzaigun pantailan gertatzen zena jakin gabe geratzen ginelako. Hori izan da guk bizi izan dugun historia. Eta hartan, hiritarren oinarrizko eskubideak urratzen ziren, besteak beste adierazpen askatasuna. Arrazoi horrekin ere, diktadorearen botereak pelikulen argudioak kontrolatzen eta kontrolatzea bilatu zuen, herri honi hainbesteko kaltea eragin dion autarkia kultural eta ekonomiko hartan mantentzearren. Bestalde, egia da bikoizketaren munduak ekonomia mundu bat eragin duela, lan handia eman dielako bikoizketa lan honekin soldata irabazten dutenei. Baina ez da ahaztu behar, hemen proposatzen diren neurriak hiritarra errespetatzeko direla, eta beste arrazoi batzuen artean, hiritarrak ez duela inongo bitartekoren beharrik.

Jatorrizko bertsioa da 40 urteotan bizi izan genuen mundu monolitiko hartatik irteteko ezinbesteko urratsa. Erlijio bakarra zen, alderdi bakarra zen, hizkuntza bakarra zen, historia bakarra, eta gainera ofiziala… Horrek guztiak munduratzeko zailtasun handiak izan zituen gizartea sortarazi zuen. Eta jabetu egin behar gara, gure gurasoak eta guk ere bai zelako arazoak izan ditugun munduratu ahal izateko. Zailtasun horien artean dago beste hizkuntzen ezagutza ez erraztearena.

Hari horretatik, senatari jaun/andreok, esan egin behar da hizkuntzak direla beste munduetara sartzeko giltza, ezberdina ulertzeko eta errespetatzeko giltza, ezberdintasun bat ala bestea partekatu ez arren. Ezberdinarekiko konfiantza sortzeko; gizartea hainbeste aberasten duen mestizaia eragiteko.




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Esandako horretaz gain, gai asko komentatu genezake, esan dizuedan bezala hasiera batean. Baina bikoizketaren historiaren inguruan egin ditzakegun interpretazioetatik kanpo geratzen den zerbait aipatu nahiko nuke, hemen aipatu ez dena, eta da ekonomia. Baina ez ekonomia sektore teknologikoetan, baizik eta ekonomia giza-sektorean, pertsonengan, une honetan, gizarte honetako guztia ekonomia delako. Bada egin dezagun analisia bide horretatik: ekonomia eta pertsonak. Arraro irudituko zaizue baina badago elementu bat aipatu gabe —lehen esan dudan bezala— geratzen dena, kontuan hartzen ez dena, baina ikasketa prozesu orotan ezinbesteko elementua dena, hau da, hizkuntzaren ezagutza pasiboa. Hau da, hizkutza ezberdinak entzuteko gaitasuna lantzea, musika ezberdinak aditzeko eta ulertzeko gaitasuna da. Eta irakurmena, baita ere lantzeko ulermena, arintasuna, ulermena, gero horrek ere laguntzen du. Bi gaitasun jorratzen dira horrelako egoera baten aurrean: irakurmena eta ulermen pasiboa.

Gero Chiquillo senatariari puntualizazio batzuk egin nahi nizkioke. Gai horri, bere alderik positiboenetik heldu nahiko nioke —bertsio originalari—, eta horretarako, umeek hizkuntza bat (edo batzuk) ikasteko jarraitzen duten prozesuaz arituko naiz. Umea ez da hitz egiten hasiko bigarren urtebetetzea betea izan arte. Bere bizitzako lehen aldi horretan entzumena eta ikusmena lantzen ditu, eta ematen zaizkion mezuak apurka-apurka dezifratzen ikasten du. Gero, egun batetik bestera, bat-batean hitz egiten hasten da, eta hiztun aktibo bilakatzen da, den-dena ondo ulertzen ez duen arren. Entzun, errepikatu eta ulertu. Hizkuntzaren barne arkitektura hori barneratu du, eta hasten da ordura arte era pasiboan jaso duen guztia erabiltzen eta hitz egiten. Ondo baino hobeto frogatuta dago horixe dela hizkuntza bat ikasteko modurik eraginkorrena, umeek erabiltzen dutena, aurre-iritzirik gabea, konplexurik gabea. Hizkuntza ezberdinak ulertzeko gaitasuna, entzumena landuaz baino ezin da lortu, irakurtzeko gaitasuna irakurriaz eta hitz egiteko gaitasuna hitz eginez lortzen den moduan. Horiek elementuek osatzen dituzte hizkuntzak. Gizarte eleanitza bilakatzen dugu. Hori delako mundu honek eskatzen diguna, eleaniztasuna. Monolitikotasun horretatik, homogeneitate guzti horretatik alde egin, atera eta beste mundu berrietara zabaldu ahal izateko. Horretarako, ezinbestekoa da hizkuntza ezberdinak, musika ezberdinak entzutera eta aditzera ohituta egongo den gizarteratzeko urratsak ematea. Jatorrizko bertsioa da bide horretan lagungarri gertatuko zaiguna.

Eta, ekonomiaren haritik, imajina dezakezue, senatari jaun/andreok, umeek hizkuntza ezberdinetan egindako saioak ulertzeko gaitasuna izatea? Imajina dezakezue frantsesa, alemaniarra, ingelesa edo txinatarra jakitea, eta mezu orokorrak ulertu ahal izatea, nahiz eta hizkuntza horiek guztiak ez hitz egin? Zalantzarik gabe, esan ahal dizuet musika ezberdinak, hizkuntza ezberdinak entzutera ohitzen diren umeek gehiago eta arinago ikasiko dutela, ama hizkuntza besterik entzuten ez duten umeek baino. Eta hori frogatuta dago. Frogatuta dago neuronek zenbat eta input gehiago izan, zenbat eta informazio gehiago jaso, ahal den eta azkarren, gero eta dentrita gehiago garatzen dute, informazio gehiago jasotzen dute eta gero gauza pasiboa dena aktiboki planteatu daiteke.

Beraz, hemen esan da ez dagoela argi laguntzen duela, esan du Chiquillo jaunak; ez dagoela argi laguntzen duela. Nik argi daukat, izugarrizko eragina duela, zeren hizkuntza da arkitektura bat, kontzeptuala, eta hori txiki-txikitatik jasotzen baldin bada, eta barneratzen baldin bada, ume horren barneko ezagutza hori askoz ere aberatsagoa izango da.

Eta nik uste dut, egiten ari garen mozio honen aurrean, egiten ari garen hausnarketa guzti horiek, batez ere direla bide berri bat ireki ahal izateko, eta pasilloetan hitz egin izan dugu, zenbaitetan gain horren inguruan.

Niri berdin zait hezkuntza ministroak esan duen edo ez. Nik garbi daukat gure herrian, Euskal Herrian, egin dugun esfortzua gaur egun argi geratzen dena, elebidun diren umeek askoz ere errazago hartzen dutela hirugarren hizkuntza edo laugarren hizkuntza. Zeren beraientzat joku bat da, beraientzat ez da lana; hori da joku bat. Orduan, etorkizunari begira baldin bagaude, erraztu egingo diogu haur guzti horiei, eta Estatuari, dirutan behintzat, eta esfortzutan, askoz ere arinago gertatuko zaio lan hori.

Mozio hau ongi planteatuta dago, iruditzen zait dela hasteko bide bat, bai daudela mila eta mila gauza zehaztu egin beharko liratekeenak, noski, baina hori ez da mozio baten helburua. Dena ezin daiteke landu mozio batetan. Baina garbi dagoena da, baita ere, mozio honek jaso dituela Bofil, edo Entesak planteatutako mozioa, eta hori hobetu egin duela.

Beraz, laburbilduz, senatariok, mozio hau babesteak abantailak baino ez dizkigu ekarriko. Guk hizkuntza ezberdinen ezagutzan sinesten dugulako, eta eleaniztasuna defendatzen eta sustatzen dugulako, hizkuntza guztiek sinfonia bat osa dezaketelakoan. Ondorioz, mozio honen aldeko botoa emango dugu.

Eskerrik asko.




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Buenos días, señorías.

Está claro que el objetivo de la moción presentada hoy es de gran actualidad. Hoy en día, el conocimiento de los idiomas es imprescindible, algo que se exige cada vez más a los individuos. A partir de ahí, es muy importante que los jóvenes conozcan diversas lenguas, tanto para desenvolverse mejor con las nuevas tecnologías y en el acceso a la información, como para acceder a un mundo cada vez más globalizado.

La cuestión presentada en esta moción ha sido planteada en diversos ámbitos, y, en nuestra opinión, el Estado no le da la suficiente importancia al hecho de aprender otros idiomas y de conocer otras culturas. Se han mencionado los aspectos tecnológicos y económicos de los contenidos audiovisuales, y también todos esos sectores. Cuando se examina esta moción, observamos claramente que afecta a muchos aspectos, pero yo voy a hablar del factor humano, porque es, en mi opinión, el más importante, más allá de la tecnología.

Y para contextualizar esta moción, considero muy interesante preguntarnos para qué se plantea en estas situaciones, en este Estado, y para ello, baste recordar la sociedad en la que fuimos educados. Señorías, ¿recuerdan que cuando íbamos a ver alguna película los cortes se hacían justo en el momento más interesante? A lo mejor, se despertaba en nosotros un mayor interés porque nos quedábamos sin saber lo que ocurría a continuación en la pantalla. Esa es la historia que hemos vivido; y en esa historia se violaban los derechos de los ciudadanos una y otra vez, por ejemplo, el derecho a la libre expresión. Y así, el poder de la dictadura intentó controlar los argumentos de las películas, y lo consiguió, con el objetivo de mantener la autarquía cultura y económica que tanto daño ha hecho a esta sociedad. Es cierto que el mundo del doblaje afecta a la economía porque genera un gran empleo para las personas que viven con el sueldo que les da el trabajo del doblaje, pero tampoco hay que olvidar que las medidas que se proponen aquí tienen como objetivo el respeto al ciudadano, porque, entre otras razones, el ciudadano no necesita ningún mediador.

La versión original es un paso imprescindible para salir del mundo monolítico al que estuvimos sometidos durante cuarenta años. Había una única religión, un único partido, un único idioma, una sola historia —demás, una historia oficial—, todo ello ocasionó una sociedad con una gran dificultad para abrirse al mundo, y nos tenemos que dar cuenta de ello porque nuestros padres, y nosotros también, tuvieron muchas dificultades para acceder al mundo. Entre esas dificultades, está también la de no facilitar el aprendizaje de nuevos idiomas.

A ese respecto, señorías, los idiomas son la llave para entrar en otros mundos, para comprender y respetar a aquellos que son diferentes, aunque no se comparta alguna que otra diferencia, para crear confianza con respecto al que es diferente, para dar lugar a los mestizajes que tanto enriquece a la sociedad.

Además de lo dicho, podemos comentar muchos temas, tal y como les he mencionado al principio, pero fuera de las interpretaciones que podemos hacer sobre la historia del doblaje, me gustaría referirme a lo que no se ha mencionado, y es la economía y no la economía en el sector tecnológico, sino la economía en el sector de la sociedad, en las personas. En este momento lo que prima más en esta sociedad es la economía —al hilo del análisis que hemos hecho— y las personas. Les parecerá raro, pero hay un elemento que queda sin mencionar, que no se tiene en cuenta, pero que es imprescindible en todo proceso de aprendizaje, es decir, el conocimiento pasivo del idioma. Trabajar, mejorar la capacidad de escuchar diferentes idiomas es precisamente la capacidad de escuchar y comprender diferentes idiomas. Aprender distintos idiomas facilita el aprendizaje de la lectura, es decir, la comprensión pasiva.

Luego me gustaría hacer una puntualización al senador Chiquillo, me gustaría abordar este asunto desde su perspectiva más positiva y para eso hablaré del proceso que desarrollan los niños y las niñas para aprender uno o varios idiomas. El niño no comienza a hablar hasta cumplir los dos años. En esa primera fase de su vida desarrolla la capacidad auditiva y va descifrando los mensajes que recibe poco a poco. Más adelante, de forma repentina, empieza a hablar y se convierte en hablante activo. A pesar de no entender todo lo que percibe, escucha, repite y entiende. Ya ha integrado la arquitectura del idioma y empieza a utilizar todo lo que ha recibido de forma pasiva. Está todo muy bien probado. Esa es la forma más efectiva de aprender un idioma, la forma que utilizan los niños, sin prejuicios ni complejos. La capacidad de comprender diferentes idiomas solo se puede desarrollar mejorando la capacidad auditiva, de igual manera que la capacidad lectora se puede conseguir a fuerza de leer y la capacidad oral a fuerza de hablar. Esos son los elementos que conforman un idioma y así se conforma una sociedad multilingüe. Eso es lo que el mundo nos exige, el multilingüismo para salir de esa homogeneidad, de esa historia




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monolítica, para integrarnos en otros mundos distintos. Para ello, es imprescindible escuchar y comprender distintos idiomas, dar pasos para que la sociedad se acostumbre a escuchar y comprender distintos idiomas.

Respecto a la economía, señorías, ¿se imaginan lo que supondría el hecho de que los niños fueran capaces de entenderse en diferentes lenguas, se imaginan que fueran capaces de entender cuando se habla en francés, alemán o en otros idiomas y que comprendan el mensaje general, a pesar de no hablar todas esas lenguas? Sin duda alguna les puedo decir que los niños que se acostumbran a escuchar distintos idiomas aprenden más y más rápido que aquellos que solo escuchan su lengua materna, y eso está probado. Yo misma cuanto más input tenga, cuanta más información tenga, cuanta más información reciba desarrollo el aprendizaje mucho más rápido. Lo recibido de forma pasiva se activa mucho más rápido.

El senador Chiquillo ha dicho que no está claro que esto ayude, pero yo sí tengo claro que tiene un gran efecto, porque la arquitectura de un idioma, si se recibe desde muy pequeño y se integra, el conocimiento de ese niño será mucho más rico cuando sea mayor.

Todas las reflexiones que estamos haciendo en esta moción pueden ser importantes para abrir una nueva vía. A mí me da igual lo que haya dicho el Ministerio de Educación. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en el País Vasco, que está patente hoy en día, en el sentido de que los niños bilingües reciben un tercer o cuarto idioma de forma mucho más fácil porque para ellos es un juego, no un trabajo, por lo que de cara al futuro se lo pondríamos más fácil a todos los niños porque aprenderán mucho más rápido, e incluso al Estado si pensamos en dinero y en esfuerzos.

Esta moción está muy bien planteada. Creo que es una vía con la que podemos empezar. Hay muchos aspectos que todavía habría que concretar, por supuesto, pero no es el objetivo de una moción porque en ella no se puede plantear todo, pero está muy claro también que esta moción se ha mejorado por los puntos planteados por Entesa.

Para resumir, les diré que esta moción solo nos va a aportar ventajas porque creemos en el conocimiento de los diferentes idiomas y porque defendemos y promovemos el multilingüismo con la idea de que todas las lenguas puedan componer una sinfonía. Por lo tanto, señorías, vamos a votar a favor de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies, president. Senyories, molt bon dia a tothom.

El senador Conde ens presentava al ple d’aquesta Cambra una moció que finalment ha estat transaccionada per diferents grups i que ens sembla molt interessant i a la qual evidentment nosaltres hem donat suport.

Es tracta d’una moció que té com a objectiu fonamental fomentar i garantir que els ciutadans puguin accedir als continguts audiovisuals en la llengua que prefereixin, i òbviament nosaltres hi estem absolutament d’acord.

En un món plurinacional i plurilingüístic hem de fer tot el possible per promoure les diferents identitats culturals que hi convivim. Tal com s’explica a la moció, les innovacions tecnològiques ofereixen noves oportunitats per fomentar la cultura i la conservació del patrimoni, i també per augmentar la comprensió mútua entre els diferents pobles i, per tant, contribuir de manera decidida a la cohesió social i des del nostre grup considerem que hem d’aprofitar aquestes noves tecnologies per fomentar la cultura.

Voldria aprofitar la meva intervenció per explicar en quina situació ens trobem a Catalunya respecte a aquest tema. La Llei 20/2010, del cinema, aprovada el 7 de juliol de l’any passat pel Parlament de Catalunya, estableix el marc normatiu que regeix la indústria cinematogràfica i audiovisual al nostre país. Concretament, els aspectes relacionats amb el foment, la preservació i la difusió del patrimoni cinematogràfic i el foment de l’oferta cinematogràfica original, doblada i subtitulada en català.

Tal com s’especifica al preàmbul de la Llei del cCinema, aquesta es fonamenta en dos pilars de referència. En primer lloc l’estatut d’autonomia, que dins l’àmbit de les competències exclusives en matèria de cultura atorga a la Generalitat les potestats legislatives, reglamentàries i executives en matèria cinematogràfica en diversos àmbits i estadis del seu desenvolupament. És en aquest pilar on trobem el fonament que ens porta a no donar suport a l’esmena presentada pel senador Chiquillo, doncs ens sembla




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que en els termes en els quals ha estat presentada o plantejada podria estar assumint o trepitjant competències clares de la Generalitat, que és qui té el poder de legislar, però també de decidir en què i com dedica els recursos en aquest àmbit.

El segon pilar de referència d’aquesta llei neix de la consideració de la cinematografia i l’audiovisual com a sector estratègic en els aspectes cultural, econòmic i social. En aquest sentit, i tal com s’explica en el redactat de la llei a la qual fem referència, la Declaració Universal de la Unesco sobre la Diversitat Cultural, del novembre del 2001, i la Convenció sobre la protecció i la promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, aprovada el 20 d’octubre de 2005 en el marc de la 33a Conferència general d’aquesta entitat de les Nacions Unides, reconeixen que la diversitat cultural constitueix el patrimoni comú de la Humanitat i ha d’ésser reconeguda, protegida i difosa en benefici de les generacions actuals i de les futures.

A la llei s’assenyala el paper important que les obres cinematogràfiques i audiovisuals tenen en la conformació de les identitats europees, tant pel que fa als aspectes comuns compartits en el conjunt d’Europa com pel que fa a la diversitat cultural que caracteritza les diferents tradicions i històries, posant un èmfasi especial en aspectes com el pluralisme i la diversitat cultural i lingüística. És per aquesta raó per la qual es disposen, en aquesta llei, nombroses iniciatives en favor de l’exhibició en versió original. Així, en l’article d’accés lingüístic, queden exemptes de doblar al català aquelles pel·lícules que s’estrenin exclusivament en versió original al territori de Catalunya. A l’article 24 es consagra la creació d’una xarxa concertada de pantalles cinematogràfiques de Catalunya; i a més en l’article 25 es diu que les obres programades en aquesta xarxa han de ser projectades en versió original en tots els casos.

A Catalunya el percentatge de consum de cinema en versió original es manté constant al llarg dels anys i oscil·la al voltant del 10% per les versions no subtitulades, en general en català i castellà, i del 6% per les versions originals subtitulades. Aquestes xifres demostren que avui en dia el mercat cinematogràfic a Catalunya, i en menor mesura el mercat audiovisual, no reflecteix en les seves pautes de consum la realitat sociolingüística del país.

Queda ben explicat a la llei que la llengua pròpia de Catalunya —majoritàriament parlada i compresa en el nostre territori i present en proporcions rellevants en diversos sectors culturals i mitjans de comunicació com el llibre, les arts escèniques, la música, els diaris, les revistes i altres mitjans de comunicació audiovisuals— no té actualment una presència significativa a les pantalles del país, tot al contrari. De fet, el cinema exhibit en llengua catalana no garanteix de manera efectiva el dret dels ciutadans de Catalunya a escollir veure’l en la llengua pròpia del país.

A Catalunya tampoc no apareix prou reflectida la diversitat cultural del cinema produït arreu del món. L’estructura de la distribució està dominada, principalment, per multinacionals que imposen els seus models d’explotació cinematogràfica i que dificulten enormement l’accés del públic a obres cinematogràfiques d’elevada qualitat artística i reconeixement internacional però possiblement menys comercials, la qual cosa limita alguns dels efectes fonamentals de tota obra cultural, com són l’enriquiment personal i la creació de valors col·lectius.

Des de Catalunya, i definits els objectius de la Llei sobre el consum en versió original, es prendran mesures que la beneficiaran de dues maneres: mitjançant l’impuls de la producció, distribució i exhibició de les obres en versió original catalana, amb Pa negre com a referent més important, però amb altres pel·lícules que han tingut un important ressò com Herois o Bruc, la Generalitat ha iniciat una política de suport a projectes en versió original catalana amb una demostrada alta capacitat d’exhibició i difusió. A través de la xarxa concertada es difondrà un espai per a la comercialització i l’accés al mercat de projectes procedents d’Europa i en especial de Catalunya, així com d’especial interès artístic i cultural, sempre en versió original.

Atès que la Generalitat de Catalunya ja ha posat en marxa aquest programa, aprofito la meva intervenció al ple per demanar al Govern de l’Estat que el promogui i, fins i tot, que hi participi activament per tal d’aprofitar possibles sinergies i l’aprofitament de coneixements i experiències amb altres territoris de l’Estat. Des de Convergència i Unió volem garantir el dret real a decidir quines obres es consumeixen i en quina llengua. Volem, no només poder escollir en quina llengua volem consumir aquests productes, sinó que volem que la nostra llengua i la nostra cultura utilitzin la plataforma cinematogràfica i audiovisual per arribar a tots els racons del món.

És per aquesta raó que donem plenament suport a la moció que ha estat transaccionada per diferents grups.

Moltes gràcies.




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Muchas gracias, presidente.

Señorías, muy buen día a todo el mundo.

El senador Conde nos presentaba en el Pleno de esta Cámara una moción que finalmente ha sido transaccionada por distintos grupos. Nos parece muy interesante y nosotros hemos dado nuestro apoyo.

Se trata de una moción que tiene como objetivo fundamental fomentar y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los contenidos audiovisuales en la lengua que prefieran y, obviamente, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ello.

En un mundo plurinacional y plurilingüístico debemos hacer todo lo posible para promover las distintas identidades culturales que convivimos en él. Tal como se explica en la moción, las innovaciones tecnológicas ofrecen nuevas oportunidades para fomentar la cultura y la conservación del patrimonio, y también para aumentar la comprensión mutua entre los distintos pueblos y, por lo tanto, contribuir de forma decidida a la cohesión social.

Desde nuestro grupo consideramos que debemos aprovechar estas nuevas tecnologías para fomentar la cultura.

Quisiera aprovechar mi intervención para explicar en qué situación nos encontramos en Cataluña respecto a este tema. La Ley 20/2010, del cine, aprobada el 7 de julio del año pasado por el Parlamento de Cataluña, establece el marco normativo que rige la industria cinematográfica y audiovisual en nuestro país, concretamente en los aspectos relacionados con el fomento, la preservación y la difusión del patrimonio cinematográfico y el fomento de la oferta cinematográfica original doblada y subtitulada en catalán.

Tal como se especifica en el preámbulo de la Ley del cine, este se fundamenta en dos pilares de referencia. En primer lugar, el estatuto de autonomía, que dentro del ámbito de las competencias exclusivas en materia de cultura otorga a la Generalitat las potestades legislativas reglamentarias y ejecutivas en materia cinematográfica en distintos ámbitos y estadios de su desarrollo. Es en este pilar en el que encontramos el fundamento que nos lleva a no dar apoyo a la enmienda del senador Chiquillo porque nos parece, por los términos en que ha sido planteada, que podría pisar competencias claras de la Generalitat, que es la que tiene el poder de legislar y de decidir en qué y cómo dedica los recursos en este ámbito.

El segundo pilar de referencia de esta ley nace de la consideración de este sector como estratégico. En este sentido, tal como se explica en el redactado de la ley a la que nos referimos, la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, de noviembre de 2001, y la Convención sobre la protección y la promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada el 20 de octubre de 2005 en la 33ª reunión de esta entidad de Naciones Unidas, dice que la diversidad cultural constituye el patrimonio común de la Humanidad y ha de ser reconocida, protegida y difundida en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

En la ley se señala el importante papel que las obras cinematográficas y audiovisuales tienen en la conformación de las identidades europeas, tanto en referencia a los aspectos compartidos con el conjunto de Europa como en cuanto a la diversidad cultural que caracteriza a las distintas tradiciones e historias, poniéndose un énfasis especial en aspectos como el pluralismo y la diversidad cultural y lingüística. Por ese motivo, en dicha ley se disponen numerosas iniciativas a favor de la exhibición en versión original. Así, en el artículo relativo al acceso lingüístico se establece que quedan exentas de ser dobladas al catalán aquellas películas que se estrenan exclusivamente en versión original en el territorio de Cataluña. En el artículo 24 se consagra la creación de una red concertada de pantallas cinematográficas de Cataluña. Y en el artículo 25 se dice que las obras programadas en esa red deben ser proyectadas en versión original en todos los casos.

En Cataluña, el porcentaje de consumo de cine en versión original se mantiene constante a lo largo de los años, y oscila alrededor del 10% para las versiones no subtituladas en general en catalán y en castellano y del 6% para las versiones originales subtituladas. Estas cifras demuestran que a día de hoy el mercado cinematográfico en Cataluña, y en menor medida el mercado audiovisual, no reflejan las pautas de consumo respecto de la realidad sociolingüística del país.

En la ley queda bien explicado que la lengua propia de Cataluña —mayoritariamente hablada y comprendida en nuestro territorio, y presente en proporciones relevantes en distintos sectores culturales y medios de comunicación, como el libro, las artes escénicas, la música, los periódicos, las revistas y otros medios de comunicación audiovisuales— no tiene actualmente una presencia significativa en las




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pantallas del país sino todo lo contrario. De hecho, el cine exhibido en lengua catalana no garantiza de forma efectiva el derecho de los ciudadanos de Cataluña a escoger verlo en la lengua propia del país.

En Cataluña tampoco aparece bastante reflejada la diversidad cultural del cine producido en todo el mundo. La estructura de la distribución está dominada principalmente por multinacionales que imponen sus modelos de explotación cinematográfica y que dificultan enormemente el acceso del público a obras cinematográficas de elevada calidad artística y reconocimiento internacional pero posiblemente menos comerciales, lo que limita algunos de los efectos fundamentales de toda obra cultural, como son el enriquecimiento personal y la creación de valores colectivos.

Desde Cataluña se han definido los objetivos de la Ley de consumo del cine en versión original, y se emprenderán medidas que beneficiarán de dos formas: mediante el impulso de la producción, distribución y exhibición de las obras en versión original catalana, con Pa negre como referente más importante, pero también con otras películas que han tenido una importante repercusión, como Bruc, se ha dado apoyo a películas en versión original catalana con una demostrada alta capacidad de exhibición y difusión. A través de la red concertada se difundirá un espacio para la comercialización y el acceso al mercado de proyectos procedentes de toda Europa y en especial de Cataluña, así como de especial interés artístico y cultural, siempre en versión original.

A la vista de que la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha este programa, aprovecho mi intervención en el Pleno para pedir al Gobierno del Estado que lo promueva, e incluso que participe en él activamente para aprovechar posibles sinergias y el conocimiento y experiencias de otros territorios del Estado. En Convergència i Unió queremos garantizar el derecho real de decidir qué obras se consumen y en qué lengua. Deseamos no solo poder escoger en qué lengua queremos consumir esos productos, sino también que nuestra lengua y nuestra cultura utilicen la plataforma cinematográfica y audiovisual para llegar a todos los rincones del mundo. Por eso damos soporte plenamente a la moción que ha sido transaccionada por varios grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.

Bon dia. En primer lloc, vull agrair al Grup Socialista, com a grup del Govern, que es plantegi ampliar l’oferta cinematogràfica i d’audiovisuals en versió original, ja que, culturalment, és el més adequat i respectuós amb els autors, i també amb els ciutadans; i pot tenir uns efectes molt positius en l’aprenentatge i el coneixement de llengües de la població.

També vull agrair-los que hagin acceptar incorporar literalment a la moció la major part del contingut de la nostra esmena de modificació, i d’aquesta manera, creiem que ha quedat molt més completa la moció. Així, en el punt u, s’ha associat el foment de la diversitat cultural a la difusió del català, el gallec i l’èuscar, que, més enllà dels fenòmens migratoris i de la globalització de la comunicació, són justament un dels elements centrals constitutius de la diversitat cultural a l’Estat espanyol.

En el punt 2, s’ha precisat que aquesta oferta en versió original ha de ser subtitulada en castellà, català, gallec i èuscar, perquè tingui els millors efectes en l’aprenentatge de l’idioma de la versió original i sigui alhora respectuosa amb la pluralitat lingüística dels ciutadans de l’Estat.

Hem afegit un punt 3 que és totalment coherent amb les intervencions que hi va haver a la Comissió de Cultura amb motiu de la compareixença del director de l’ICAA, l’Institut del Cinema i les Arts Audiovisuals, per tal que s’adoptin mesures perquè, en l’oferta televisiva, la versió per defecte sigui l’original, de manera que l’espectador acabi veient com a normal el que és normal. I és que no solament la imatge, sinó també la llengua original, la veu, són part consubstancial de l’obra, que com el seu nom indica, no és solament visual, sinó audiovisual.

Finalment, en el punt 4, s’ha precisat que els ministeris de Cultura i Educació han d’emprendre iniciatives per ampliar la presència de continguts cinematogràfics i audiovisuals en versió original, sempre d’acord amb les comunitats autònomes, ja que tenen bona part de les competències que ho haurien de permetre, i tenint en compte que, per exemple, com ja s’ha citat anteriorment, a Catalunya tenim una llei pròpia del cinema, que justament afavoreix clarament la versió original.

D’altra banda, i és molt important, ha quedat clar que aquesta oferta en versió original té com a finalitat afavorir l’aprenentatge, també, del català, el gallec i l’èuscar. En aquest sentit, insisteixo que el nostre grup considera fonamental que aquesta presència de versions originals en les nostres llengües en




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l’àmbit educatiu també es produeixi en tots els territoris, i molt significativament, en les comunitats autònomes castellanoparlants.

Sorprenentment, no s’ha acceptat el punt 5 de la nostra esmena, que instava el Govern a afavorir la tramitació parlamentària urgent de la Iniciativa Legislativa Popular Televisió sense Fronteres, presentada amb el suport de les signatures de més de 700 000 ciutadans, perquè pugui ser aprovada en aquesta legislatura. I dic que és sorprenent perquè si del que es tracta amb aquesta moció és d’instar el Govern a garantir el dret que tenen tots els ciutadans a accedir als continguts audiovisuals en la llengua que prefereixin, la primera obligació del Govern és garantir que els ciutadans, també els catalans, els valencians, els balears o els gallecs o els bascos, puguin accedir-hi en la seva pròpia llengua. I justament aquesta és la finalitat de la ILP, que vol que, quan les televisions d’una Comunitat Autònoma emetin continguts en català, gallec o èuscar, es garanteixi, automàticament, la recepció d’aquests continguts en el conjunt de comunitats autònomes que comparteixen aquestes llengües, encara que sigui en una part del seu territori.

Es tracta de garantir la reciprocitat automàtica, fora de consideracions i especulacions polítiques, de la recepció dels canals de les televisions de dues o més comunitats autònomes que emetin, per exemple, en català, i de superar definitivament situacions esperpèntiques, com l’actual, en ple segle XXI, en l’era de la comunicació global, en què s’impedeix que els ciutadans valencians puguin accedir als continguts del canals catalans de televisió.

Més enllà d’aquesta moció, el Govern ha de complir el seu compromís de tramitar aquesta ILP per la Televisió sense Fronteres en aquesta legislatura. D’altra banda, no seria comprensible que en un moment en què, des del carrer, amb un moviment ciutadà sense precedents, i des de tots els àmbits, s’està afirmant que cal més democràcia participativa, no s’escoltés la veu de més de 700 000 ciutadans. I són 700 000 perquè la pròpia Junta Electoral Central va demanar que ja no es presentessin més signatures perquè havien superat àmpliament les 500 000; però jo crec que fàcilment haurien arribat al milió de signatures, que és el demana la Unió Europea per a una iniciativa legislativa en el conjunt de la Unió Europea, amb centenars de milions d’habitants. Jo no entenc com, en un moment com l’actual, de crisi de la participació democràtica, no es tramita una iniciativa avalada per 700 000 ciutadans. Nosaltres no entendríem que no es tingués el mínim de sensibilitat democràtica per donar llum verda a la tramitació d’una ILP que fa massa temps que els partits majoritaris tenen aturada al Congrés dels Diputats. Seria un frau democràtic que s’acabés la legislatura sense que el Govern del PSOE no facilités aquesta tramitació. Vostès mateixos haurien de saber que si no es tenen en compte les iniciatives populars i es menystenen, creixerà el desencís i la indignació, en primer lloc, amb qui governa.

Per acabar, deixin-me tornar a subratllar la nostra satisfacció per l’acord assolit, encara que, com acostuma a passar amb les mocions que ens presenta el grup del Govern, està redactada de manera que compromet poc, obliga poc, el Govern, particularment pel que fa als terminis i a la despesa real; amb la qual cosa, una vegada més, potser ens haurem limitat a fer una declaració d’intencions a l’espera que arribin temps millors perquè es facin realitat. Tant de bo no sigui així i, a partir del setembre, als cinemes, a les televisions i a les escoles comencem a veure més pel·lícules i audiovisuals en versió original, amb l’opció de subtítols en totes les llengües oficials.

Gràcies, president.

Gracias, presidente.

Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista, como grupo del Gobierno, que se plantee ampliar la oferta cinematográfica y audiovisual en versión original, ya que culturalmente es lo más adecuado y respetuoso con los autores y también con los ciudadanos, y puede tener unos efectos muy positivos sobre el aprendizaje y el conocimiento de lenguas de la población.

También quiero agradecerles que hayan aceptado incorporar literalmente en la moción la mayor parte del contenido de nuestra enmienda de modificación. Creemos que de este modo la moción ha quedado mucho más completa. Así, en el punto 1 se ha asociado el fomento de la diversidad cultural a la difusión del catalán, el gallego y el euskera, que, más allá de los fenómenos migratorios y de la globalización de la comunicación, son uno de los elementos centrales constitutivos de la diversidad cultural en el Estado español.

En el punto 2 se ha precisado que esta oferta en versión original debe ser subtitulada en catalán, castellano, gallego y euskera, para que tenga los mejores efectos sobre el aprendizaje del idioma de la




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versión original y al mismo tiempo sea respetuosa con la pluralidad lingüística de los ciudadanos del Estado.

Hemos añadido un punto 3, que es totalmente coherente con las intervenciones que hubo en la Comisión de Cultura con motivo de la comparecencia del director del ICAA, del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, para que se adopten medidas a fin de que en la oferta televisiva la versión por defecto sea la original, de manera que el espectador acabe viendo como normal lo que es normal; y es que no solo la imagen sino también la lengua original, la voz, es parte consustancial de la obra, que, como su nombre indica, no es solo visual sino audiovisual.

Finalmente, en el punto 4 se ha precisado que los ministerios de Cultura y Educación deben emprender iniciativas para ampliar la presencia de contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original, siempre de acuerdo con las comunidades autónomas, ya que estas tienen buena parte de las competencias. Por ejemplo, como se ha dicho anteriormente, en Cataluña tenemos una ley propia del cine que favorece claramente la versión original.

Por otra parte, ha quedado claro que esta oferta en versión original tiene también como finalidad favorecer el aprendizaje del catalán, el gallego y el euskera. En este sentido, insisto en que nuestro grupo considera fundamental que la presencia de versiones originales en nuestras lenguas en el ámbito educativo se produzca en todos los territorios, y de forma muy significativa en las comunidades autónomas castellanoparlantes.

Y, sorprendentemente, no se ha aceptado el punto 5 de nuestra enmienda, que insta al Gobierno a favorecer la tramitación parlamentaria urgente de la iniciativa legislativa popular Televisión sin Fronteras, presentada con el apoyo de las firmas de más de 700 000 ciudadanos, para que pueda aprobarse durante esta legislatura. Y digo que es sorprendente, porque, si de lo que se trata con esta moción es de instar al Gobierno a garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a los contenidos audiovisuales en la lengua que prefieran, la primera obligación del Gobierno es garantizar que los ciudadanos, también los catalanes, valencianos, baleares, gallegos o vascos, puedan acceder a ellos en su propia lengua. Precisamente esa es la finalidad de la ILP, con objeto de que cuando las televisiones de una comunidad autónoma emitan contenidos en catalán, gallego o euskera se garantice la recepción automática de esos contenidos en el conjunto de comunidades autónomas que comparten esas lenguas, aunque sea en una parte de su territorio.

Se trata, pues, de garantizar la reciprocidad automática, fuera de consideraciones y especulaciones políticas, la recepción de los canales de las televisiones de dos o más comunidades autónomas que emitan, por ejemplo, en catalán, y de superar definitivamente situaciones esperpénticas como la actual, en pleno siglo XXI, en la era de la comunicación global, en que se impide que los ciudadanos valencianos puedan acceder a los contenidos de los canales catalanes de televisión.

Más allá de esta moción, el Gobierno debe cumplir su compromiso de tramitar esta ILP para la Televisión sin Fronteras durante esta legislatura. Por otra parte, no sería comprensible que en un momento en que en la calle hay un movimiento ciudadano sin precedentes, y en el que desde todos los ámbitos se está afirmando que hace falta más democracia participativa, no se escuchara la voz de más de 700 000 ciudadanos; y son 700 000 porque la propia Junta Electoral Central pidió que no se presentaran más firmas, ya que se habían superado ampliamente las 500 000, pero yo creo que fácilmente se habría llegado al millón de firmas, que es lo que pide para una iniciativa legislativa la Unión Europea, con centenares de miles de habitantes. Repito que no entiendo cómo en un momento como el actual, de crisis de participación democrática, no se tramita una iniciativa avalada por 700 000 ciudadanos. Nosotros no entenderíamos que no se tuviera un mínimo de sensibilidad democrática que permitiese dar luz verde a la tramitación de una ILP que hace demasiado tiempo que los partidos mayoritarios tienen parada en el Congreso de los Diputados. Sería un fraude democrático que se acabara la legislatura sin que el Gobierno del PSOE facilitase su tramitación. Ustedes mismos deberían saber que, si no se tienen en cuenta las iniciativas populares y se desprecian, crecerá el desencanto y la indignación, y en primer lugar con quien gobierna.

Para acabar, permítanme que vuelva a subrayar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado, aunque, como acostumbra a pasar con las mociones que nos presenta el grupo del Gobierno, está redactada de manera que compromete poco al Gobierno, que le obliga poco, particularmente en cuanto a los plazos y al gasto real, con lo cual quizá una vez más nos hayamos limitado a hacer una declaración de intenciones a la espera de que lleguen tiempos mejores en los que sea una realidad. Ojalá no sea así,




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y a partir de septiembre en los cines, las televisiones y las escuelas empecemos a ver más películas y material audiovisual en versión original con la opción de subtítulos en todas las lenguas cooficiales.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Conde.

El señor CONDE DEL CAMPO: Muchas gracias, señor presidente.

Tan seria como su propuesta, señor Chiquillo, es nuestra moción, no le quepa la menor duda.

Apela usted al sector de dobladores de películas, a aquellos que nos permiten poder verlas dobladas, pero tengo clarísimo que esta medida no va a ser fuerte ni dura y no va a afectarles drásticamente. Me explico. Tengo clarísimo que se van a seguir manteniendo los DVD, un soporte que en estos momentos recoge las versiones originales, subtituladas, dobladas, etcétera. Como ya he explicado al defender la moción que presenta este grupo, esos contenidos van a seguir existiendo y se podrán ampliar, y el coste será reducidísimo, no supondrá un coste.

Por otro lado, tampoco pretendemos que visionando las películas en versión original subtitulada quienes vayan al cine logren aprender un idioma, no. Pensamos que la versión original subtitulada acerca, impulsa y mejora el aprendizaje y el conocimiento de otros idiomas, pero no sirve para aprenderlos.

De todas formas, ya se ha puesto en marcha una comisión interministerial, integrada y participada por los ministerios de Cultura y de Educación, y que cuenta con la presencia de los de Industria, Turismo y Comercio y de Presidencia, que está estudiando medidas a medio plazo para el conjunto de los soportes audiovisuales. Y es consciente de que la enorme plasticidad de los niños y niñas de corta edad para aprender lenguas hace que los programas destinados a ellos resulten especialmente adecuados para incluir la versión original. Igualmente, la emisión de determinadas series sin doblaje puede resultar algo motivador para el público juvenil. El Ministerio de Educación tiene claro que pondrá a disposición de la ciudadanía las propuestas de la comisión de expertos, así como las medidas concretas que se aplicarán en los próximos meses, en coherencia con el desarrollo del Plan integral del aprendizaje de lenguas.

Por último, señor Bofill, usted conoce perfectamente que hay una disposición por parte del Ministerio de la Presidencia, de Ramón Jáuregui, para resolver y facilitar la posibilidad de levantar ese veto, con objeto de que hubiera una televisión sin fronteras. O sea, la voluntad política es clara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Chiquillo.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Señorías, agradezco el tono de todos los portavoces al referirse a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Pero vayamos por partes. En primer lugar, he calificado esta iniciativa de poco ambiciosa, pero no seré yo quien diga nunca si es seria o no es seria. Para mí todas las iniciativas son serias. Por tanto, no ha salido de mi boca esa expresión. Repito que he dicho que era poco ambiciosa, poco profunda, y que esta Cámara perdía la oportunidad de debatir una cuestión importante.

Por otro lado —con esto hago referencia a la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas—, he dicho que la versión original influye y afecta al tema del aprendizaje, pero no de una manera determinante; y después me referiré al estudio que así lo avala, que, incomprensiblemente, no ha sido citado por ninguno de los portavoces que han intervenido.

Nosotros justificamos nuestra enmienda partiendo de las declaraciones del ministro de Educación de octubre de 2010, cuando propone revisar la política de doblaje en España porque, según él, se dice que la presencia excesiva del doblaje dificulta el conocimiento de idiomas y nos pone en una situación muy inferior a la de países de nuestro entorno. Sin embargo, a los pocos meses el propio presidente del Gobierno rectifica y dice que el doblaje no tiene la culpa del vergonzoso y vergonzante ranking que ocupa España en materia de conocimiento de idiomas extranjeros respecto de la Unión Europea. Y el propio ministro dice que todos los estudios señalan que ver cine y televisión en versión original estimula desde niños el aprendizaje de idiomas. Pero el informe que voy a citar cuestiona algunas de esas afirmaciones.

En el tema educativo creo que está claro. Una de las cuarenta y seis medidas del Plan integral de aprendizaje de idiomas, de marzo de 2011, citado por el portavoz del Grupo Socialista, medida que implica a los ministerios de Educación y Cultura, es la que hoy vamos a aprobar aquí. Por tanto, si dicho plan ya




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está en marcha desde marzo del 2011, ¿por qué tenemos que reiterar hoy el impulso de lo audiovisual, de las versiones originales, etcétera? Si, como digo, ese objetivo está incluido en el Plan de aprendizaje que ha aprobado el ministerio de Educación, eso es perder el tiempo, es redundar en lo que ya está en un documento que ayer ya volvió a debatirse en el Congreso de los Diputados sobre el Programa integral de aprendizaje de idiomas 2011-2012. Porque los españoles hablan menos inglés que en cualquier otro país de Europa, un 22% frente a un 48%, y ese plan indudablemente es poco ambicioso.

En cuanto a los subtitulados y la versión original, en la moción —también se ha citado en algunas de las intervenciones— se habla de que toda Europa está en la versión original. Pues bien, eso es rigurosamente falso y manifiestamente discutible, porque se olvidan de que Francia, Alemania, Italia, Suiza y Austria, nada más y nada menos que cinco países que rondan el 50% de la población europea, doblan en cine y en televisión. Ese dato está ahí, con lo cual no hay nada más que hablar. Y en países que apuestan por la versión original subtitulada, como Portugal, Dinamarca, Holanda, países escandinavos, del este de Europa, los Balcanes, Gran Bretaña e Irlanda, en muchos de ellos nos superan en el aprendizaje de inglés, pero hay otros que apuestan desde los años cuarenta por el doblaje, como Portugal, donde este se prohíbe, que no están mejor que nosotros en materia de idiomas. Por lo tanto, la relación causa-efecto es dudosa. Además, en países que están en la élite mundial en temas de idiomas, como los países escandinavos y nórdicos, los programas infantiles y las películas en cine y televisión dirigidas al público infantil son dobladas por ley. Tampoco se ha dicho aquí nada de eso. Se ve que se escoge lo que conviene de los estudios de la Unión Europea.

Por eso me refiero a la influencia relativa, no determinante, entre el acceso a contenidos audiovisuales en versión original y el aprendizaje de idiomas, porque esto último es cuestión de la educación. El cine, la cultura, los recursos audiovisuales contribuyen, ayudan, favorecen, estimulan, pero no determinan el que salgamos de ese lugar tan lamentable que ocupamos en el ranking.

Y paso ahora a citar ese estudio. La Unión Europea, a través del Programa Media, en 2007 encargó un estudio sobre las necesidades y prácticas del doblaje y la subtitulación en la industria audiovisual europea, estudio que se hizo público el 28 de julio de 2008. En la conclusión para el tema que hoy nos ocupa y nos preocupa, se dice textualmente —abro comillas—: Vivir en un país que favorece cine y televisión en doblaje no se corresponde con un menor nivel de competencia lingüística. Esa es la conclusión de ese informe; o sea, no porque el doblaje esté impuesto se tiene mayor o menor nivel de idiomas. Y pondré algunos ejemplos: Alemania dobla y nos supera en idiomas; Francia dobla y nos supera en idiomas; Japón dobla y nos supera en idiomas; México, por hablar de países de fuera de la Unión Europea, dobla secularmente y también supera en idiomas extranjeros a los españoles. Mientras que en Portugal todo es versión original y está a los niveles que está; o Rumania; y en Bulgaria y Turquía se hablan menos idiomas extranjeros que en España y no se doblan películas. Por lo tanto, señora portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas, la versión original en el audiovisual, el cine y la televisión ayudan en cuestiones de aprendizaje, pero repito —y me avala ese informe— que no es determinante en la cuestión.

Somos el cuarto país por la cola. Eso es así; ahí están el nivel y el índice del estudio que he citado, en inglés, del que he traducido una de las conclusiones. Ahí están los países que doblan y también el tema de la competencia en inglés. Hay países que doblan más o lo mismo que nosotros y que tienen un nivel alto de conocimiento de idiomas. Así pues, es falso. Ese estudio de la Unión Europea cuestiona el doblaje, a pesar de que el ministro dijo que incidía en el conocimiento de lenguas, porque la versión original ayuda, pero repito una vez más que no es determinante en esta cuestión. Se cae, pues, ese mito que han argumentado algunos portavoces en el día de hoy.

Nuestra enmienda, de cinco puntos, habla de las resoluciones de la Unión Europea para promocionar el multilingüismo a través de las nuevas tecnologías, a través de los contenidos audiovisuales, no solo del cine y la televisión, sino también de multimedia, de textos literarios y demás soportes culturales, como aconsejan las resoluciones de la Unión Europea. Y se pide que se haga un estudio, como el que hizo la Unión Europea, del sector audiovisual en España, del doblaje y de la versión original, para ver qué pasa. Porque, ¿qué nos han dicho los exhibidores? Yo he hablado con ellos, con los dobladores, con los distribuidores, y nos dicen que sí, que les llega ese mensaje de cultura y de educación, pero que no se les pide su opinión. Y es que imponer la versión original significaría un 30% menos de recaudación en las salas de exhibición de cine, porque la demanda de la versión original en el último año ha sido del 1,5%. Por eso en nuestra enmienda pedíamos que el Ministerio de Cultura, a través de la Ley del Cine, incentivara la exhibición de películas en versión original, pero, desgraciadamente, no hay demanda. Eso




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tiene que realizarse mediante un proceso paulatino, en lugar de hacer un brindis al sol, como la moción que vamos a aprobar hoy; porque la moción de hoy es un brindis al sol, permítanme que lo diga.

Yo entiendo que hay que fomentar el aprendizaje y la difusión de las lenguas utilizando las herramientas innovadoras, como aconseja la Unión Europea, utilizando las tecnologías digitales, la sociedad tecnológica y del conocimiento, la TDT, Internet, los DVD, e involucrarlos de una manera decidida en el proceso educativo. Pero hay que tener en cuenta que setenta años no se cambian de la noche a la mañana, que un cambio tan importante respecto de una cuestión estructural requiere de un proceso, de unos plazos, de un tiempo, de un debate. Y, como decimos en nuestra enmienda, debe hacerse un estudio contando con el sector audiovisual, con los exhibidores, distribuidores y dobladores, para que digan lo que tengan que decir para mejorar el tema de las lenguas, en coordinación con las comunidades autónomas, el sector educativo y el sector cultural. Por ejemplo, nadie ha dicho aquí que el sector del doblaje proporciona 30 000 empleos directos y 300 millones de euros de facturación. Tenemos que escucharlos para ver qué dicen. Por otra parte, si se impone la versión original, como se intentó en el año 1982 por la tristemente desaparecida Pilar Miró, los exhibidores de cine hablan de que eso podría suponer un 30% menos de clientes potenciales.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor CHIQUILLO BARBER: Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario pretendía un debate, un estudio, rigor, profundidad y compromiso; una propuesta ambiciosa, porque, repito…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le que ruego termine.

El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo, señor presidente.

Repito que las cuestiones que hoy se van a incorporar en esta enmienda transaccional —que han firmado todos los grupos menos el Grupo Parlamentario Popular— ya se incluyen en muchos extremos en el Plan de idiomas, y no se concreta ninguna medida de cine ni de televisión rigurosa y de profundidad. Insisto en que esta es una oportunidad perdida, y entiendo que si el acuerdo de esta Cámara hubiera sido más ambicioso habría contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA CONSIDERAR A LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS COMO PARTE INTERESADA EN MATERIA AGRARIA Y RURAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS, PLANES Y POLÍTICAS QUE AFECTEN A ESTOS SECTORES.

(Núm. exp. S. 662/000188)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para considerar a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos como parte interesada en materia agraria y rural en los procedimientos de consulta en la elaboración de normas, planes y políticas que afecten a estos sectores.

A esta moción se han presentado tres enmiendas: del Grupo Popular, del Grupo de la Entesa y del Grupo Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, abans de començar l’exposició d’aquesta moció permetin que saludi la presència a l’hemicicle dels representants de la Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders que ens acompanyen.

Presentem aquesta moció al Ple del Senat per intentar reconduir i regularitzar una situació injusta que es va produir, com nosaltres Convergència i Unió i altres grups anunciàvem, quan varem aprovar la Llei de creació d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les organitzacions professionals agràries.

Ja advertíem en el debat de la llei que era una llei dolenta, que enteníem que no respectava els més elementals principis de democràcia i de llibertat. La llei, com vaig observar en la meva intervenció del 27




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de setembre de 2009, manca d’objectivitat, de proporcionalitat i d’equitat, és a dir, de justícia. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Tot i això els portaveus de la Cambra en aquell debat van voler interpretar l’article 4.3 en el sentit que només calia la presència en domicili de qualsevol organització agrària a un mínim de 10 comunitats autònomes per poder tindre cabuda en aquest article 4.3. Tot això mentre el conjunt de les comunitats autònomes no regulen i convoquen periòdicament les eleccions.

No obstant aquesta voluntat expressa del legislador, dels grups de la Cambra, el Govern, en adoptar el reglament que desenvolupa la Llei 10/2009, opta per exigir que hi hagi un reconeixement com organització agrària representativa a nivell autonòmic en un mínim de 10 comunitats autònomes.

I anem a la pregunta, al problema que ens ha portat a presentar aquesta iniciativa: Com certificaran algunes comunitats autònomes quines són les organitzacions més representatives, especialment quan no es fan eleccions i quan el cens d’agricultors s’ha modificat els darrers anys en més d’un 80%?

I diuen, i hi ha algú que manté —si més no en el debat de la llei que jo voldria que avui s’esmenés —que això és responsabilitat de les comunitats autònomes i l’Estat no s’hi pot ficar. És a dir, l’Estat, omnipresent, que ens diu quant hem de gastar, com hem de gastar, a quanta velocitat hem de circular, com hem de parlar, etcètera, no pot regular, d’acord amb les comunitats autònomes, una situació manifestament injusta.

La resposta, senyories, és més senzilla. Hi ha un status quo que no es vol canviar; incomoda que més organitzacions agràries puguin participar en els òrgans de debat sobre el sector agrari i incomoda que altres organitzacions, com la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos puguin participar en les bases i les convocatòries d’ajuts públics relacionats amb les activitats desenvolupades per les organitzacions professionals agràries.

Senyories, ja els avanço que a la nostra proposta de transacció —perquè intentarem tirar endavant una transaccional amb el màxim acord possible— desapareix el nom de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tot en nom de l’acord, perquè ens sembla que les reflexions que es fan sobre no posar noms i cognoms a la iniciativa és saludable si podem avançar en l’objectiu d’aquesta iniciativa. Però és evident, i això no se’ls pot escapar a ses senyories, la situació de la Unión, que es va constituir l’any 2008 —alguns d’aquí érem presents en el part— per organitzacions professionals de sis comunitats autònomes i que ara disposa ja d’once organitzacions agràries d’àmbit autonòmic confederades dintre seu. Què esperem per regularitzar aquesta situació?

La moció que presentem, insisteixo, pretén esmenar aquesta anomalia i per això demana no modificar la llei, no demanem la modificació de la llei que es va aprovar, sinó, i vaig a la transacció —que crec que és una bona transacció—, s’insta al Govern que mentre no es celebren eleccions democràtiques —que finalment direm que s’han de celebrar— amb cens actualitzats i criteris clars que clarifiquin la representació real del sector, s’apliqui la Llei 10/2009 amb criteris de justícia i de màxima participació, i es reconeguin totes les organitzacions agràries amb àmplia representació en algunes comunitats autònomes, tal com es reconeix en l’article 4.3 de la llei. Per tant, ens cenyim al marge estrictament de la llei.

Segona qüestió: Que en el procés d’elaboració de normes, plans i polítiques que afecten al sector agrari es consulti a totes aquelles organitzacions que resultin reconegudes en aplicació de la Llei 10/2009 —tornem a la llei— o tinguin àmplia representació en eleccions celebrades els últims 7 anys. És un procés i —nsisteixo de nou— democràtic i de transparència que obviarà i que resoldrà tots els debats que fins avui s’han produït.

Tercer. El mateix plantejament es fa en les convocatòries d’ajuts públics relacionats amb les activitats desenvolupades per les organitzacions professionals agràries. I finalment, instar a fer un exercici —jo crec que bàsicament tots, amb tots els portaveus que he parlat estem d’acord, amb l’essència, amb el fons de la qüestió—; fem un exercici de democràcia promovent, i dic promovent perquè efectivament demanem al Govern de l’Estat que promogui, però les competències són de les Comunitats Autònomes, però promovent la celebració d’eleccions democràtiques en el sector agrari.

Crec sincerament que aquesta iniciativa és d’una pulcritud, d’un rigor i d’una higiene indiscutibles. Per això em permeto demanar el recolzament de tots els grups.

I permetin-me acabar agraint la col·laboració de tots els portaveus perquè malgrat com pugui acabar aquesta iniciativa que es votarà més tard i que jo m’he compromès a no entrar cap transaccional fins que tinguéssim capacitat d’arribar fins a l’últim moment del debat i de l’acord, però jo els demano el recolzament a tots i els vull agrair la capacitat de diàleg que tots plegats hem tingut amb relació a aquest tema. Evidentment, vull agrair especialment al Grup Popular i al senador José Cruz Pérez Lapazarán perquè ha




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facilitat molt també aquest diàleg plantejant un text que he de reconèixer que millorava substancialment la proposta inicial que fèiem nosaltres. Però l’objectiu sempre és el mateix: el verdader objectiu de la iniciativa que, òbviament, senyories, és una iniciativa que no va en contra absolutament de ningú —nosaltres no ens podríem permetre presentar una iniciativa per perjudicar a no sé qui— sinó que el que volem és que aquesta sigui una iniciativa que no vagi en contra de ningú i sí en favor de la democràcia, també en el sector agrari.

Estem iniciant el debat. Aquest portaveu, lògicament, resta obert a totes les consideracions, propostes, modificacions que puguin fer els diferents grups. No volem cap mena de protagonisme en aquesta iniciativa. Creiem que es pot arribar a un acord entre tots per esmenar —insisteixo— definitivament un tema que tots reconeixen, o almenys tots plegats reconeixem amb la boca petita, que està mal resolt.

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyories.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, antes de empezar la exposición de esta moción permítanme que salude la presencia en el hemiciclo de los representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos que nos acompañan.

Presentamos en esta ocasión al Pleno del Senado esta moción para intentar reconducir y regularizar una situación injusta que Convergència i Unió y otros grupos anunciamos cuando aprobamos la Ley de creación de órganos consultivos en el ámbito agroalimentario para la determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.

Ya advertíamos en el debate de la ley que era una ley mala, que no respetaba los principios elementales de democracia y libertad. Como manifesté en mi intervención del 27 de septiembre de 2009, la ley no tiene objetividad, proporcionalidad y equidad, es decir, justicia. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Aun así, los portavoces de la Cámara en aquel debate quisieron interpretar el artículo 4.3 en el sentido de que solo era necesaria la presencia en domicilio de cualquier organización agraria de un mínimo de diez comunidades autónomas para poder tener cabida en este artículo 4.3. Todo ello, mientras el conjunto de las comunidades autónomas no regulan y convocan periódicamente las elecciones.

No obstante esta voluntad expresa del legislador, de los grupos de la Cámara, al adoptar el Gobierno el reglamento que desarrolla la Ley 10/2009 optó por exigir que haya un reconocimiento como organización profesional agraria representativa a nivel autonómico en un mínimo de diez comunidades autónomas.

Y vamos a la pregunta, al problema que nos ha movido a presentar esta iniciativa. ¿Cómo certificarán algunas comunidades autónomas cuáles son las organizaciones más representativas, especialmente cuando no se hacen elecciones y cuando los censos de agricultores se han modificado en los últimos años en más de un 80%?

Hay quien mantiene —al menos en el debate de la ley, que quisiera que hoy se subsanara hoy— que eso es responsabilidad de las comunidades autónomas y el Estado no puede meterse en ello. Es decir, el Estado, omnipresente, que nos dice cuánto debemos gastar, cómo, a qué velocidad debemos circular, cómo debemos hablar, etcétera, no puede regular de acuerdo con las comunidades autónomas una situación manifiestamente injusta.

Señorías, la respuesta es más sencilla. Hay un statu quo que no se quiere cambiar; incomoda que más organizaciones agrarias puedan participar en los órganos de debate sobre el sector agrario, e incomoda que otras organizaciones, como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, puedan participar en las bases de las convocatorias de ayudas públicas relacionadas con las actividades desarrolladas por las organizaciones profesionales agrarias.

Señorías, ya les avanzo que con nuestra propuesta de transacción —porque intentaremos llevar adelante una enmienda transaccional con el máximo acuerdo posible— desaparecería el nombre de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en aras del acuerdo. Estamos de acuerdo en no poner nombres ni apellidos a la iniciativa, nos parece saludable si podemos avanzar en el objetivo que esta persigue. Es evidente, y no se les puede escapar a sus señorías, que la situación de la unión que se constituyó en 2008 —algunos de nosotros estábamos presentes—, de la que formaban parte organizaciones profesionales de seis comunidades autónomas, cuenta ya con once organizaciones agrarias de ámbito autonómico confederadas. ¿Qué esperamos para regularizar esta situación?

Pues bien, la moción que presentamos pretende subsanar esta anomalía, y para ello, en primer lugar, no pide modificar la ley. No se solicita la modificación de la ley que se aprobó, sino que —y voy a la transacción, que creo que es una buena transacción— se insta al Gobierno a que, mientras no se celebren




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elecciones democráticas —que finalmente se dirá que deben celebrarse— con censos actualizados y criterios claros que cualifiquen la representación real del sector, se aplique la Ley 10/2009 con criterios de justicia y de máxima participación, y se reconozca a todas las organizaciones agrarias con amplia representación en algunas comunidades autónomas, tal como se reconoce en el artículo 4.3 de la ley. Por lo tanto, nos ceñimos al margen estricto de la ley.

Segunda cuestión: Que en el proceso de elaboración de normas, planes y políticas que afecten al sector agrario se consulte a todas aquellas organizaciones que resulten reconocidas en aplicación de la Ley 10/2009 —volvemos a la ley— o tengan amplia representación en elecciones celebradas en los últimos siete años. Es un proceso democrático y de transparencia —insisto de nuevo— que obviará y resolverá todos los debates que hasta la fecha se han producido.

Tercero. El mismo planteamiento se realiza en las convocatorias de ayudas públicas relacionadas con las actividades desarrolladas por las organizaciones profesionales agrarias. Por último, todos estamos de acuerdo, lo he hablado con los portavoces, en la esencia, en el fondo de la cuestión: se trata de hacer un ejercicio de democracia pidiéndole al Gobierno del Estado que promueva la celebración de unas elecciones democráticas en el sector agrario; las competencias son de las comunidades autónomas, lo que pedimos es que lo promueva.

Creo sinceramente que esta iniciativa es de una pulcritud, de un rigor y de una higiene indiscutibles. Por ello me permito pedirles el apoyo a todos los grupos parlamentarios.

Permítanme terminar agradeciendo la colaboración de todos los portavoces, se acepte o no esta iniciativa que se votará más tarde. Me he comprometido a no entregar ninguna transaccional hasta que lleguemos al último momento del debate y del acuerdo, pero solicito el apoyo de todas sus señorías agradeciéndoles su capacidad de diálogo. Quiero dar las gracias especialmente al Grupo Parlamentario Popular, y concretamente al senador José Cruz Pérez Lapazarán, que haya facilitado mucho este diálogo planteando un texto del que debo reconocer que mejoraba sustancialmente nuestra propuesta inicial. De todos modos, el verdadero objetivo de la iniciativa es siempre el mismo. Obviamente, la iniciativa no va en contra de nadie. No podríamos permitirnos presentar una iniciativa para perjudicar a alguien. No queremos que la iniciativa vaya en contra de nadie; sí queremos que vaya en favor de la democracia dentro del sector agrario.

Estamos iniciando el debate y este portavoz, lógicamente, queda abierto a todas las consideraciones y modificaciones que puedan hacer los grupos parlamentarios. No queremos ningún protagonismo en esta iniciativa. Creemos que se puede llegar a un acuerdo entre todos para subsanar definitivamente —insisto en ello— un tema que, aunque con la boquita pequeña, todos reconocemos que está mal resuelto.

Muchas gracias, señor presidente y señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

La enmienda transaccional es un propósito, pero no una realidad. Por tanto, se ha de seguir como si no hubiera ninguna transaccional. Así que pasamos al turno de defensa de las enmiendas.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán, en nombre del Grupo Popular.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Yo también doy la bienvenida a los representantes del sector agrario que se encuentran aquí para escuchar el debate que hoy se produce sobre la moción de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a reconocer y consultar a una organización agraria de reciente creación, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, como representativa en el ámbito del sector agrario de nuestro país.

La moción de Convergència tiene tres puntos. El primero dice: considerar la confederación de Unión de Uniones como organización estatal; el segundo: consultar a la Unión en los procedimientos de elaboración de normas del Gobierno y de la Administración General del Estado, así como en la elaboración de planes; y el último: tener en cuenta el tipo de colaboración con la Administración General del Estado de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. En definitiva, lo que pretende CiU es el reconocimiento de una organización agraria.

Por nuestra parte, no dudamos de que esta organización agraria aglutine a importantes sindicatos, como la Unió de Pagesos, la Unión de Campesinos Castilla y León o la Unió de Llauradors i Ramaders, de la Comunidad Valenciana, y otras organizaciones agrarias del resto de España. Por tanto, lo que nos propone CiU es que el Senado inste al Gobierno a reconocerla, y nosotros, con nuestra enmienda, quisiéramos remitirles al texto legal que aprobamos en esta Cámara y que aprobó posteriormente el




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Congreso de los Diputados; es decir, remitirles a la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos, como decía el portavoz de CiU, el senador Roig. Es al Gobierno al que le corresponde interpretar la ley y es al Gobierno al le que corresponde reconocer a la organización sobre la base de la norma legal. Hay que añadir que fueron las Cortes Generales las que aprobaron la ley y que es el Gobierno el que tiene que cumplirla. Esto es lo que dice el Grupo Parlamentario Popular en su enmienda. Esto es lo que le decimos al Gobierno en el apartado primero. Le decimos que, mientras no se celebren elecciones democráticas con censos actuales —insisto: censos actuales— y con criterios que clarifiquen la representación real del sector, aplique la Ley 10/2009, de creación de órganos consultivos del Estado; y le decimos que utilice este texto legal con criterios flexibles y de máxima participación.

Es bien cierto que, en esa enmienda que ha anunciado el senador Roig, que es un proyecto de enmienda transaccional, cambiamos «flexible» por «criterios de justicia», y nos parece bien hacerlo, pero siempre nos referimos a la ley. Por eso decimos que, con criterios de justicia y máxima participación, reconozca a todas las organizaciones agrarias con amplia representación en algunas comunidades autónomas, tal como reconoce y dice el artículo 4.3 de la ley. Es decir, no estamos incomodando a nadie ni estamos en contra de nadie, lo que queremos es aplicar la ley a las organizaciones agrarias en su conjunto.

Pero aún hay más. Le decimos al Gobierno en el segundo punto de esa enmienda que vamos a transaccionar que, las consultas sobre los procedimientos de elaboración de normas del Gobierno y de la Administración del Estado, así como en las que tengan lugar sobre la elaboración de planes y políticas que afecten al sector agrario, forestal y rural, tal como dice la enmienda de CiU, no se produzcan solo con organización, sino con todas aquellas que resulten reconocidas en aplicación de la ley o tengan máxima representación en elecciones celebradas en los últimos años en las comunidades autónomas. Es decir, siempre nos referimos a la ley.

En el tercer punto volvemos a decir algo obvio, como es que en cualquier tipo de colaboración se les reconozca a estas organizaciones, conforme a los puntos primero y segundo de la enmienda.

Y por último, como decía el senador Roig, tenemos que aclarar una situación confusa, poco clara, como es la representatividad del sector agrario. Hay criterios viejos, criterios antiguos, que se deben actualizar, y para ello, en el punto cuarto, proponemos que el Gobierno inste y promueva unas elecciones dentro del sector agrario, que clarifiquen y actualicen la representación actual del sector.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Esmena del Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés. Té la paraula el senador Batlle.

Enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gràcies, senyor president.

Com no, vull saludar també, en nom de l’Entesa Catalana de Progrés els il·lustres visitants de la Unión de Uniones, que avui estan compartint aquest plenari amb nosaltres.

Nosaltres hem presentat una esmena de substitució que preteníem, primer, que obrís el diàleg, en aquest procediment, corregir allò que nosaltres enteníem que calia, com eren les deficiències de l’esmena original que plantejava el Grup Parlamentari de Convergència i Unió; garantir la pluralitat representativa, perquè tal com ha reconegut el propi proponent de l’esmena, s’encarava únicament i exclusiva a una organització agrària, i nosaltres preteníem que fos a aquesta organització i les que hi hagi, i les hi pugui haver; i, per sobre de tot, respectar el caràcter autonòmic que la llei, en el seu moment, va donar a les comunitats autònomes. Per tant, la paraula clau de la nostra esmena és «agilitzar». I fixin-se que en cap cas diem com. Simplement «agilitzar» Per què? Perquè és evident que hem d’agilitzar complint la llei; si no, quin sentit tindria que s’aprovessin les lleis a les cambres si a les mateixes cambres on s’hi dóna suport després s’instés a alguna cosa que permetés saltar-les.

La segona pretensió de la nostra moció consistia a relaxar la interpretació dels articles 14 i 15 del reglament, que són els que fan que, en aquest moment, la Unión de Uniones tingui un tap que no deixa que prosperi el seu caràcter representatiu una vegada diu que ja són presents a deu comunitats autònomes. Per què? Perquè a l’hora d’emetre aquests certificats, quan diem «relaxar», respectant la competència autonòmica que s’ha de tenir, perquè la competència autonòmica és per convocar les eleccions a cambres agràries, que és un dels mecanismes que permeten obtenir representativitat, i és un dels mecanismes que permeten garantir aquesta representativitat. Però no és l’únic; hi pot haver altres mecanismes que permetin a les comunitats autònomes emetre els certificats, basant-se en què? Doncs




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basant-se en la implantació que té cada sindicat agrari, basant-se en el nombre d’empleats que tingui, el nombre d’afiliats o la implantació territorial que representi. I, per tant, nosaltres no hauríem de ser qui hagi de dir a la Comunitat Autònoma com ha d’emetre el certificat ni de quina manera ho ha de fer, perquè la Comunitat Autònoma pugui exercir el seu dret. I, per tant, les convocatòries electorals basades en censos reals, que evidentment han de ser així, no són l’únic mecanisme exclusiu, i per tant, nosaltres preteníem obrir amb aquesta esmena la possibilitat que la interpretació per part del Ministeri fos aquesta. Per què? Perquè cada Comunitat Autònoma, en funció de la informació que té, quan els sindicats agraris dipositen els seus estatuts en els registres generals, que compleixen unes determinades condicions, sap, i ha de saber, quina representativitat tenen. Per què? Perquè en funció de la implantació territorial que tenen saben on estan presents, saben ―perquè els coneixen, perquè els tenen com a òrgans consultors en aquestes comunitats autònomes― quina és la representativitat que tenen. I això no hauria de ser el tap que bloquegés que el certificat es pogués fer. I si el certificat es pogués fer, ―i els certificats s’haguessin de fer―, de problema no n’hi hauria cap. Per què? Perquè el mecanisme és automàtic. La llei preveu que el mecanisme sigui automàtic en el moment en què l’organització agrària, la que sigui, presenta la documentació i, per tant, compleix les condicions d’aquesta famosa llei que tots aquí hem anomenat i que nosaltres en la nostra esmena també anomenem.

Per tant, des d’aquesta perspectiva, i amb aquest objectiu, amb aquest triple o quàdruple objectiu, nosaltres havíem presentat aquesta esmena, que continuem defensant; i continuem plantejant a través del diàleg la possibilitat d’arribar a un acord transaccional que ens permeti a tots sentir-nos còmodes amb el que pensem i amb el que fem.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Cómo no, yo también saludo, en nombre de la Entesa Catalana de Progrés, a los ilustres visitantes de la Unión de Uniones que hoy comparten este plenario con nosotros.

Hemos presentado una enmienda de sustitución que pretende que se abra el diálogo en este procedimiento para corregir lo que nos parece que son deficiencias de la enmienda original que ha propuesto el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió: garantizar la pluralidad representativa porque, tal como ha estimado el proponente, se refería única y exclusivamente a una organización agraria, y nosotros pretendemos que se abra a todas las que haya y a las que pueda haber; y, por encima de todo, respetar el carácter autonómico que en su momento la ley otorgó a estas competencias. Por lo tanto, la palabra clave de nuestra enmienda es «agilizar». Fíjense en que en ningún caso decimos cómo, simplemente hablamos de agilizar. ¿Por qué? Porque es evidente que debemos agilizar cumpliendo la ley; si no, qué sentido tendría que las leyes se aprobasen en las cámaras, si las mismas cámaras instasen a algo que permitiera saltárselas.

La segunda pretensión de nuestra enmienda consiste en relajar la interpretación de los artículos 14 y 15 del Reglamento, que son los que hacen que en este momento la Unión de Uniones tenga un tapón que no deja que prospere su carácter representativo, toda vez que se dice que ya están presentes en diez comunidades autónomas. Pero decimos que hay que relajar la interpretación de estos artículos respetando las competencias autonómicas de convocar las elecciones a cámaras agrarias, que es uno de los mecanismos que permiten obtener la representatividad y garantizar la representatividad, aunque no es el único; puede haber otros mecanismos que permitan a las comunidades autónomas emitir los certificados sobre la base de la implantación que tenga cada sindicato agrario, sobre la base del número de empleados o de afiliados que tenga, o sobre la base de la implantación territorial que represente. Por tanto, no deberíamos ser nosotros quienes le dijeran a la comunidad autónoma cómo emitir el certificado y de qué manera hacerlo, para que la comunidad autónoma pueda ejercer su derecho. Por lo tanto, las convocatorias electorales, basadas en censos reales, no son el único mecanismo. Por eso pretendemos abrir con esta enmienda la posibilidad de que la interpretación por parte del ministerio fuera la que decía. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma, en función de la información de que dispone cuando los sindicatos agrarios depositan sus estatutos en los registros generales cumpliendo unas determinadas condiciones, sabe y debe saber qué representatividad tienen. ¿Por qué? Porque, en función de la implantación territorial que tienen, saben dónde están presentes, los conocen y los tienen como órganos consultores; saben cuál es su representatividad, y ese no debería ser el tapón que bloquease que el certificado pudiera hacerse. Y si el certificado pudiese hacerse —y los certificados debieran hacerse—, no habría ningún problema, porque el mecanismo es automático; la ley prevé que el mecanismo sea




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automático a partir del momento en que la organización agraria, sea cual sea, presenta la documentación y, por tanto, cumple las condiciones de esta famosa ley que todos hemos nombrado aquí y que nosotros citamos también en nuestra enmienda.

Con este triple o cuádruple objetivo, pues, presentamos nuestra enmienda, que seguimos defendiendo, aunque, a través del diálogo contamos con la posibilidad de llegar a un acuerdo transaccional que nos permita a todos sentirnos cómodos con lo que pensamos y con lo que hacemos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Fidalgo, del Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, para defender nuestra enmienda, quiero explicar por qué nace esta moción. En 2009, después de muchos años esperando la regulación de la participación de las organizaciones del sector agrario, se aprobó una ley que regula los órganos consultivos del Estado, y no de las comunidades autónomas, y las bases de participación en esos organismos; en concreto, en el Consejo Agroalimentario del Estado, en el que participan cooperativas, industrias, organizaciones sindicales, intersectoriales, etcétera, y en el Comité Asesor Agrario del Estado, donde está, entre otros, la representación de las organizaciones profesionales agrarias. La ley se desarrolló mediante un real decreto, que señaló, como es habitual, el desarrollo reglamentario, y que incluye un procedimiento en cuyo diseño participaron, por cierto, las tres grandes organizaciones profesionales agrarias. Hay que añadir que contó con un gran apoyo político y parlamentario, desde luego con el del Partido Socialista y el del Partido Popular, y también con el de gran parte de las organizaciones profesionales agrarias; se contó también con la participación de expertos. Este es, pues, el punto de partida de este debate.

Es verdad que a lo largo del tiempo ha surgido alguna organización que, legítimamente, aspira a estar presente en los órganos de consulta del Estado. Sin embargo, pensamos que no es el Estado el que debe modificar la norma para dar cauce a dicha aspiración, sino que esa aspiración legítima debe adaptarse a la norma, a la ley, que nació por consenso. Esa sería la forma de resolver esa aspiración: solicitarlo y tramitarlo mediante los procedimientos legales y con respeto a la ley. Esa es nuestra idea, y nuestra enmienda coincide con la sustancia de la moción de Convergència i Unió, aunque le quitamos el nombre y los apellidos, por así decirlo.

Nos parece que cualquier actuación debe basarse en el cumplimiento de esa ley, y queremos hacer constar que el ministerio tiene las puertas abiertas para el diálogo en los ámbitos que se solicite. La ministra ha anunciado incluso su disposición a tratar los problemas que surjan sobre esta cuestión en una conferencia sectorial. Desde luego, apoyamos la celebración de procesos electorales, pero con respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las competentes para convocar procesos electorales y para certificar la representatividad de las OPA; en Cataluña, por cierto, con un Gobierno de CiU, ha tenido lugar recientemente un proceso electoral. Para nosotros, ese es el único camino.

Esperamos llegar a un acuerdo en la transacción, marcando evidentemente las líneas rojas. Estamos hablando de la participación en los órganos del Estado de un sector importante, como es el agroalimentario, que tiene que ver con el desarrollo del mundo rural. Por eso le pedimos al PP que no cambie de posición, según se trate el asunto en el Congreso o en el Senado, o según se trate de un día o de otro. Es necesario mantener una posición de unión con este sector y, desde luego, si resolvemos la cuestión de una organización, no perjudiquemos a las otras más representativas del sector. Es necesario mantener una posición de unión, es positivo que haya una postura de unión; como la que nos manifestaron por escrito ayer, cuyo texto nos hicieron llegar, por cierto, a todos los grupos. Para resolver la cuestión de representación de una asociación no perjudiquemos a las demás.

Por supuesto, estamos abiertos a hablar de un texto común. Veremos si es posible.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

¿Hay texto común o no? (Denegaciones del señor Roig i Grau.)

No. Entonces, tiene usted la palabra para indicar las enmiendas que acepta, en el caso de que acepte alguna enmienda, o si mantiene el texto originario u ofrece un texto común. Usted debe indicarnos ahora lo que se votará en su momento.




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El señor ROIG I GRAU: Señor presidente, voy a aclarar la situación.

Nosotros tenemos en estos momentos una transaccional que podría tramitarse, porque está firmada por suficientes grupos; pero, en aras del acuerdo y dado que parece ser que se producirá votación, yo me permito pedirle a la Presidencia que aplacemos la entrega.

En estos momentos estamos intentando que se pueda votar esta transaccional. En el caso de que no se pueda votar, aceptaremos la enmienda propuesta por el Grupo Popular. Una vez hecha esta aclaración, insisto en que le agradecería a la Mesa que nos permitiesen avanzar con el fin de alcanzar el consenso que quizá podríamos encontrar.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): La Mesa no pondrá ninguna dificultad a que lleguen al consenso, es el tiempo el que puede poner alguna dificultad; y ahora era el momento en que se cumplía el tiempo.

En todo caso, por lo que usted dice, entiendo que incorpora, acepta o integra la enmienda presentada por el Grupo Popular. Por tanto, los portavoces que intervengan ahora lo harán sobre esa base, y no sobre otra.

El señor ROIG I GRAU: Estoy de acuerdo: técnica y formalmente es así, señor presidente. No obstante, estamos haciendo política, e insisto en que tengo un texto transaccionado que podría entregar a la Mesa ya, pero por el acuerdo al que ya hemos llegado y porque estamos avanzando en la búsqueda de un acuerdo mejor, hago la siguiente afirmación: si no se tramita este texto transaccional, aceptaríamos votar en su momento la enmienda que nos ha presentado el Grupo Popular.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): En su momento, no; ahora es cuando la puede aceptar.

El señor ROIG I GRAU: Cuando corresponda. En estos momentos…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Así los portavoces podrían hablar sobre eso, y no sobre un futuro hipotético.

El señor ROIG I GRAU: Sí, perfectamente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Si el futuro hipotético llega y se cumplen las condiciones, es lo que se votará; pero el debate se va a realizar sobre lo que usted diga ahora.

El señor ROIG I GRAU: Efectivamente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Usted dice: incorporo la enmienda del Grupo Popular a mi texto.

El señor ROIG I GRAU: Pero hago la aclaración siguiente, porque políticamente la tengo que hacer: si llegamos a un acuerdo, yo presentaré a la Mesa la transacción en forma, porque es lo que pretendemos todos los grupos.

¿De acuerdo, presidente?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): ¿Pero los grupos han firmado o no?

El señor ROIG I GRAU: Sí, sí, está firmada ya por suficientes grupos para ser presentada.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por suficientes, pero no por todos.

El señor ROIG I GRAU: Señor presidente, yo estoy a lo que diga la Mesa. De todos modos, podría presentar ahora la transaccional y, en todo caso, retirarla si no hay acuerdo. Esto es un compromiso político que he asumido con todos los grupos.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): No compliquemos las cosas, porque hay unas reglas y unos tiempos. Usted ahora dice: en este momento tengo una transaccional posible, pero no la presento aún, e incorporo en todo caso la enmienda del Grupo Popular a mi propuesta.

El señor ROIG I GRAU: De acuerdo.




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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Luego ahora procede que los grupos se manifiesten sobre eso y, si hay transaccional, la habrá; y, si no la hay, se va a votar lo que usted indica.

El señor ROIG I GRAU: Sí, señor presidente, efectivamente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Lo que no puedo hacer es interrumpir el debate de ese punto, tengo que llegar al final, ¿de acuerdo?

Ahora bien, si en el curso del debate usted suscita un tema nuevo, si alguien me pide la palabra se la tendré que dar.

El señor ROIG I GRAU: Señor presidente, muy rápidamente, le quiero formular una cuestión: ¿tenemos tiempo para presentar esta transaccional hasta que se lleve a cabo la votación esta tarde, o no?

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, la lógica dice que las transacciones que son objeto de votación sirven para que los grupos parlamentarios expliquen su posición de voto.

El señor ROIG I GRAU: Sí.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por tanto, esta cuestión es la que se ha de fijar antes de comenzar el turno de intervenciones. Como yo no puedo suspenderlo, me gustaría saber qué es lo que han decidido los grupos. Esa es la cuestión.

El señor ROIG I GRAU: Escucharemos a los grupos parlamentarios y al final de sus intervenciones decidiré si la presento esta mañana o la presento esta tarde, siempre antes de la votación, en aras de un posible acuerdo, insisto. Esto es lo que solicito.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): En su momento, se llevará a cabo el debate sobre su moción, a la que dice que se incorpora la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

El señor ROIG I GRAU: Como mínimo.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por tanto, llevamos a cabo el debate.

El señor ROIG I GRAU: Perfecto, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Si luego cambia el término, y todo el mundo está de acuerdo en ello, no hay problema.

El señor ROIG I GRAU: Efectivamente. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el señor Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Grazas, presidente

Bo día a todos, comentáballe ao portavoz do Grupo Parlamentario Catalán cando chegaba a este hemiciclo, que hoxe pola mañá cando me levantei estiven dando voltas, a ver se era posible mellorar o punto numero catro, pero cheguei a conclusión, despois de pensar, que non estaba eu inspirado, pero vexo que non son o único que non está inspirado hoxe pola mañá. (Risas.)

Pois ben, imos ir á cuestión que nos trae a este debate nesta Cámara no día de hoxe e quero saudar tamén aos representantes do mundo agrogandeiro que hoxe nos acompañan neste debate. Eu penso que aquí o problema de fondo é que vivimos nunha anarquía total e absoluta, onde hai unhas organizacións que son en teoría representativas do sector agrogandeiro pero, efectivamente, coincido en parte co que dicía o senador Valle, que hai outras fórmulas, aparte das eleccións, pero eu penso que en democracia, as eleccións é o método fundamental para saber quen representa a quen, con que representatividade, e en que territorios, polo tanto, o noso grupo parlamentario é firme defensor de que o sistema para medir a representatividade que ten cada organización agraria dentro do sector agroagandeiro no conxunto do estado e en cada unha das súas comunidades autónomas, non hai outro mellor, máis fiable, máis




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democrático que ir a unhas eleccións, entón si que teremos unha idea de cales son as máis representativas en cada territorio.

A gran virtude que ten esta moción é permitirnos debater sobre isto aínda que nun principio, nacía cunha idea de solucionar un problema concreto dunha organización concreta. Por iso eu penso que o senador Roig, como sempre, pois tivo a suficiente cintura política para aceptar algúns cambios na súa proposta inicial que a fai moito máis positiva porque aborda unha situación xeral que neste momento lle afecta a unha determinada organización de xeito máis directo pero que mañá, pasado, lle pode afectar a outra, e eu penso que o que hai que resolver é o problema de fondo de saber quen representa cada organización agrogandeira, a quen representa en cada territorio e que despois iso sexa o que lle dá o aval para poder participar neses órganos consultivos, tanto de comunidades autónomas, como do propio estado. Polo tanto, en aras a esa democracia, en aras a esa transparencia e en aras a superar esta anarquía, de que, ben, hai quen se arroga a determinadas representacións que despois non as ten, e a min non me vale só a implantación territorial, porque é moi fácil para unha organización agraria ter representación territorial, alugar unha sede en once comunidades autónomas distintas, pero non representar absolutamente a ninguén meses territorios, polo tanto, o termómetro que realmente mide a representatividade de cada quen, sexa en política, sexa no mundo sindical, sexa no mundo agrario ou sexa en calquera mundo, son unhas eleccións cuns censos perfectamente actualizados e nun proceso democrático como teñen que facerse as cousas nun Estado democrático como no que vivimos.

Polo tanto nós imos apoiar esta moción, fundamentalmente sentímonos a gusto coa transaccional por iso a asinamos, tiñamos algunha dubida como comentaba ao principio co punto 4, pensabamos que debía quedar máis explícito e máis claro, pero se cadra valía con darlle a volta á frase pero xa digo que non estiven inspirado para facer unha proposta mellor de que isto é competencia das comunidades autónomas. Son as comunidades autónomas as que teñen que convocar os procesos electorais que midan a representatividade de cada quen, e en todo caso o estado, pois pode facer un pouco, digamos, de motor, de buscar que as comunidades autónomas, todas fagan estes procesos, que midan a representatividade de cada quen.

En todo caso a transaccional parécenos acertada, asinámola e polo tanto dámoslle o noso apoio. Se finalmente esa transaccional non se sometera a votación e se sometera outra cousa pois votariámolo igualmente a favor, porque mais ou menos concorda co espírito que se recolle na transaccional, pero en todo caso, se podemos buscar o consenso de todos os grupos, sería o desexable neste caso, se non, pois entendo que o Senador Roig acabará presentando a transaccional coas firmas que ten neste momento, que son suficientes, e polo tanto será o acordo que se tome.

Nada máis e moitas grazas.

Gracias, presidente.

Buenos días a todos. Le comentaba al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán cuando llegué al hemiciclo esta mañana que hoy, al levantarme, estuve dándole vueltas a la cuestión de si sería posible mejorar el punto número cuatro, pero después llegué a la conclusión de que no estaba inspirado. Veo que no era yo el único que no estaba inspirado esta mañana. (Risas.)

Vamos al asunto que nos trae hoy a esta Cámara. Yo también quiero saludar a los representantes del mundo agroganadero que nos acompañan. En mi opinión, el problema de fondo es que vivimos en una anarquía total y absoluta: hay unas organizaciones que son, en teoría, representativas del sector agroganadero, y aunque coincido en parte con el senador Batlle en lo que decía de que hay otras fórmulas además de las elecciones, considero que en democracia las elecciones constituyen el método fundamental para saber quién representa a quién, con qué representatividad y en qué territorios. Nuestro grupo parlamentario es un firme defensor de que el mejor sistema, el más fiable y el más democrático, para medir la representatividad de cada organización agraria dentro del sector agroganadero en el Estado en su conjunto y en cada una de sus comunidades autónomas, no es otro que el de celebrar unas elecciones; entonces sí que tendríamos una idea de cuáles son las organizaciones más representativas en cada territorio.

La gran virtud que tiene esta moción es que nos permite debatir sobre ello, aunque en un principio haya nacido para solucionar el problema concreto de una organización concreta. El senador Roig, como siempre, ha tenido suficiente soltura política para aceptar algunos cambios en su propuesta inicial, que la hace mucho más positiva, porque aborda una situación general que en este momento afecta a una determinada organización de forma más directa, pero que mañana o pasado mañana, le puede afecta a




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otra. Y lo que hay que resolver es el problema de fondo; es decir, saber a quién representa cada organización agroganadera, a quién representa en cada territorio, y que, después, esto sea el aval para participar en los órganos consultivos, tanto de las comunidades autónomas como del Estado. Todo ello en aras de la democracia, en aras de la transparencia, y con el fin de superar esta anarquía que permite que alguien pueda pretender determinadas representaciones que después no tiene. A mí no me vale eso de la implantación territorial, porque es muy fácil para una organización agraria tener representación territorial: alquila una sede en once comunidades autónomas distintas, y puede no representar absolutamente a nadie en esos territorios. El termómetro que realmente mide la representatividad de cada uno, en política, en el mundo sindical, en el mundo agrario, o en cualquier otro, son unas elecciones, con unos censos perfectamente actualizados, en un proceso democrático, tal como se tienen que hacer las cosas en un Estado democrático como este en que vivimos.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción. Nos sentimos a gusto con la transaccional, por eso la firmamos. Teníamos alguna duda, como decía al principio, con el punto 4, porque pensábamos que debería quedar más explícito y más claro, pero a lo mejor simplemente valía con darle la vuelta a la frase. Pero ya les digo que no estaba inspirado para hacer una propuesta mejor acerca de que esto son competencias de las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que tienen que convocar estos procesos electorales que medirán la representatividad de cada uno. En cualquier caso, el Estado podrá hacer un poco de motor o buscar que todas las comunidades autónomas hagan estos procesos, que midan la representatividad de cada uno.

La transaccional nos parece acertada, la firmamos y, por lo tanto, le damos nuestro apoyo, y si finalmente esta transaccional no se sometiese a votación y se sometiese a otra cosa, la votaríamos igualmente a favor porque más o menos está de acuerdo con el espíritu que se recoge en la transaccional. En cualquier caso, lo deseable sería buscar el consenso de todos los grupos; si no, entiendo que el senador Roig acabará presentando una transaccional con las firmas que tiene en este momento y que son suficientes para conseguir el acuerdo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Tiene la palabra el senador Roig. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ROIG I GRAU: Senyor president, molt breument des de l’escó mateix. Jo crec que més enllà dels procediments legals i formals que s’han d’establir, hi ha una cosa que és important en el debat que s’està produint, i amb això contesto al senador Batlle. Senador Batlle, efectivament jo crec que hem tingut la virtut d’obrir el debat; el debat s’ha obert i per tant ens haurà de conduir a algun element positiu.

I al senador Miguel Fidalgo, al que agraeixo també la seva voluntat de negociar, de buscar el consens, dues coses. Bé, jo vaig parlar amb la ministra d’aquest tema i la ministra em va manifestar la voluntat de trobar una solució a aquest tema. Per tant, jo crec que la línia tant del Govern com del Grup Socialista que dona suport al Govern és de buscar una via d’acord. Però insisteixo, personalment la ministra em va dir a mi que intentava buscar la fórmula per resoldre una situació que ella mateixa reconeixia que era, com a mínim, irregular, per no aprofundir més en el tema.

A mi, senador Fidalgo, els debats sobre què voten uns al Congrés i els altres al Senat, i el Partit Popular i els Socialistes, en aquest debat la veritat és que no m’interessen massa. Jo he dit, i mantinc, que no volem cap protagonisme en aquesta iniciativa. Que a Convergència i Unió no ens cauran els anells per trobar una solució a aquesta fórmula. I miri, jo ja sóc suposo que per edat massa gran per intentar trobar protagonismes inútils. No és la pretensió d’aquest senador, però francament hi ha debats a les Cambres per la gent que hem lluitat durant molts anys a favor de la democràcia que ens sembla que estan per damunt de qualsevol altra consideració. Aquesta és una proposta que no pretén perjudicar a ningú, que pretén introduir un mecanisme de democràcia en aquests procediments, i el senador Bouza ho acaba de ratificar també en aquests moments i, per tant, nosaltres si podem arribar a un acord modificarem la transaccional; si no es pot arribar a un acord, lògicament, presentarem la transaccional que tenim en aquests moments damunt la taula.

Moltes gràcies, senyor president, senyories.

Señor presidente, muy brevemente desde el escaño. Más allá de los procedimientos legales y formales que se deben establecer, lo importante —y con esto respondo al senador Batlle— es que el




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senador Batlle ha tenido el objetivo de abrir el debate. El debate se ha abierto y ello deberá conducir a algún elemento positivo.

Al senador Miguel Fidalgo, a quien también agradezco su voluntad de negociar, de buscar el consenso, quiero decirle dos cosas: hablé con la ministra sobre este asunto y ella me manifestó la voluntad de hallar una solución. Por consiguiente, creo que la línea, tanto del Gobierno como del Grupo Socialista, es la de buscar una vía de acuerdo. Insisto, personalmente la ministra me dijo que intentaba buscar la fórmula para resolver una situación que ella misma reconocía que era, como mínimo, irregular, por no profundizar más en el tema.

A mí, senador Fidalgo, lo que votan los socialistas, el Partido Popular, etcétera, en los debates en el Congreso o en el Senado, en este debate no me interesa demasiado. He dicho y mantengo que no queremos ningún protagonismo en esta iniciativa, que a Convergència i Unió no se le caerán los anillos por buscar una solución a esta fórmula. Supongo que por edad ya soy demasiado mayor para intentar encontrar protagonismos inútiles. No es la pretensión de este senador, pero francamente hay debates en las Cámaras que para los que hemos luchado durante años a favor de la democracia están por encima de cualquier otra consideración. Esta es una propuesta que no pretende perjudicar a nadie, lo que pretende es introducir un mecanismo de democracia en estos procedimientos, y el senador Pérez Bouza lo acaba de ratificar. Por lo tanto, si podemos llegar a un acuerdo, modificaremos la transaccional; si no podemos llegar a un acuerdo, presentaremos la transaccional que tenemos en estos momentos encima de la mesa.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gràcies, senyor president.

Acabava la intervenció anterior defensant la meva esmena, defensant el paper que han de jugar les comunitats autònomes a l’hora d’emetre certificats. Per què? Perquè jo he entès, amb la lectura de la llei i del reglament, que la voluntat del Govern no era pas tancar el debat a res. Per què li dic això? Doncs perquè entre els òrgans de consulta del Govern, a part de les entitats i les organitzacions agràries, també en són part integrant, sobretot del Consell, les organitzacions de la indústria alimentària, les diferents associacions de comerciants, les cooperatives agràries i les intersectorials i les interprofessionals del sector. Per tant, jo crec que la voluntat del Govern no era pas tancar el debat ni tancar la possibilitat a tots aquells que hi volguessin participar. I, de fet, les organitzacions agràries, les noves i les velles, en algun cas, ja han estat consultades; les velles perquè són conegudes, i les noves també.

Però feia referència a la forma en què havien d’emetre els certificats les comunitats autònomes; i llegint una nota del Ministeri, diu: «por ello, las administraciones deberán establecer los mecanismos de medición de representatividad necesarios para determinar qué organizaciones están realmente implantadas en el ámbito territorial en el que ejercen». Per tant, continuo reafirmant-me en la meva idea: jo crec que el tap es pot treure si som capaços de trobar un text que permeti a les comunitats autònomes emetre els certificats, perquè no hi ha cap Comunitat Autònoma que no sàpiga qui és representatiu en el seu territori. De fet, no hi ha cap conseller ni cap consellera autonòmics d’Agricultura i Medi Ambient que no consulti aquestes entitats que es mouen i operen en el seu territori. Per tant, la representativitat la coneix tothom. I si la coneix tothom, quin problema hi ha en emetre un certificat que permeti desbloquejar aquesta situació?

Jo crec que aquesta és la clau de volta, aquí està la clau que permetria que això es convertís en un tràmit ordinari en el moment en què qualsevol organització presentés la documentació amb aquestes regles i en aquests contexts. Si l’administració general de l’Estat no pot establir els mecanismes de representativitat de les comunitats autònomes perquè és una competència autonòmica, deixem que la competència autonòmica l’exerceixi en la lliure llibertat del coneixement de causa que té cadascuna de les autoritat autonòmiques, que per això ho són; i per això consulten; i per això negocien; i per això estableixen normes una vegada han consultat les organitzacions agràries. Per tant, que ningú digui que les comunitats autònomes no saben, no coneixen, quina és la representació i la representativitat de cadascuna d’aquestes organitzacions territorials agràries.

Per tant, com que això jo crec que és possible, nosaltres ens refermem en aquesta posició, i la defensem amb vehemència perquè considerem que és la possibilitat de desbloquejar una situació que, en aquest moment, evita que tots plegats firmem una transaccional, i jo crec que seria molt important que arribéssim a aquest acord.

Gràcies, senyor president.




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Gracias, señor presidente.

Acababa la intervención anterior defendiendo mi enmienda y el papel que debemos desempeñar las comunidades autónomas a la hora de emitir los certificados. ¿Por qué? Porque he entendido, de la lectura de la ley y del reglamento, que la voluntad del Gobierno no era cerrar el debate a nada. ¿Por qué le digo eso? Porque de los órganos de consulta del Gobierno, aparte de las entidades y las organizaciones agrarias, forman parte integrante, sobre todo del consejo, las organizaciones de la industria alimentaria, las asociaciones distintas a comerciantes, las cooperativas agrarias y las intersectoriales y las interprofesionales del sector. Por lo tanto, la voluntad del Gobierno no era cerrar el debate ni cerrar la posibilidad a todos los que quisieran participar. De hecho, las organizaciones agrarias, nuevas y antiguas, en algún caso ya han sido consultadas; las antiguas porque son conocidas y las nuevas también.

Hacía referencia a la forma en que debían emitir los certificados las comunidades autónomas, y hay una nota del ministerio que dice: Por ello las administraciones deberán establecer los mecanismos de medición de representatividad necesarios para determinar qué organizaciones están realmente implantadas en el ámbito territorial en el que ejercen. Por lo tanto, sigo reafirmándome en mi idea. Creo que el tapón se puede quitar si somos capaces de hallar un texto que permita a las comunidades autónomas emitir los certificados, porque no hay ninguna comunidad autónoma que no sepa quién es representativo en su territorio. De hecho, no hay ningún consejero ni ninguna consejera autonómica de agricultura y medio ambiente que no consulten a esas entidades que se mueven y operan en su territorio. La representatividad la conoce todo el mundo y, si la conoce todo el mundo, ¿qué problema hay en emitir un certificado que permita desbloquear esta situación?

Creo que esta es la llave. Aquí es donde está la clave que permitiría que esto se convirtiera en un trámite ordinario en el momento en que cualquier organización presentase la documentación con estas reglas y en estos contextos. Si la Administración General del Estado no puede establecer los mecanismos de representatividad de las comunidades autónomas porque es una competencia autonómica, dejemos que la competencia autonómica se ejerza con la libertad de conocimiento de causa que tiene cada una de las autoridades autonómicas, que para eso lo son, para eso consultan y para eso negocian. Por eso establecen normas y lo hacen una vez consultadas las organizaciones agrarias. Por lo tanto, que nadie diga que las comunidades autónomas no saben o no conocen cuál es la representación y la representatividad de cada una de estas organizaciones territoriales agrarias.

Por tanto, puesto que creo que esto es posible, nosotros nos reafirmamos en esta posición y la defendemos con vehemencia porque consideramos que es la posibilidad de desbloquear una situación que en estos momentos evita que todos firmemos una transaccional que creo que sería muy importante.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: El Grupo Parlamentario Socialista trae en este momento una propuesta que le va a formular al grupo proponente, a CiU, para resolver y subsanar con un paso adelante, más allá incluso del texto en el que estamos trabajando, la situación de déficit democrático que puede vivirse en el sector agrario. Por lo tanto, permítame que la relea con detalle para concretar.

Proponemos en su punto 1 que se promueva en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural un acuerdo de convocatoria de elecciones en todas las comunidades autónomas, con criterios homogéneos de elaboración de censos y de proceso electoral o de determinación de un sistema para elegir cuáles son las más representativas. Indicamos que los procesos deberán estar concluidos en el plazo máximo de seis meses. Asimismo, que se proponga a la conferencia sectorial la creación de un grupo de trabajo para el análisis y posible revisión de la legislación relativa a la representatividad agraria. Estamos, por lo tanto, formulando una propuesta de mandato al Gobierno que el Gobierno está dispuesto a hacer suya de un auténtico calendario electoral de representación en el sector agrario.

En el punto 2 de la propuesta planteamos que si en el plazo máximo de seis meses las comunidades autónomas no han procedido a la convocatoria de elecciones para medir la representatividad agraria y no existen datos claros y homogéneos a nivel de todo el Estado, que el Gobierno convoque un proceso específico para medir la representatividad, con lo cual se subsanarían las cuestiones que a veces se han planteado en este debate.

En el punto 3 decimos que mientras se celebren esos procesos electorales en esos seis meses se continúe aplicando lo previsto en la Ley 10/2009.




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En el punto 4 proponemos una afirmación clara en el sentido de que se consulte con todas las organizaciones agrarias que tengan implantación en varias comunidades autónomas las normas, los planes y los programas que elabore la Administración General del Estado.

Por último, en el punto 5 recomendamos distribuir las ayudas a las organizaciones agrarias con criterios de justicia, teniendo en cuenta, entre otros, su implantación en el territorio.

En definitiva, planteamos un proceso de convocatoria de elecciones, con un calendario electoral que sea pactado y acordado en la conferencia sectorial, por lo tanto con el impulso del Gobierno, pero teniendo en cuenta las competencias de las comunidades autónomas, de forma que se llegue a unos criterios homogéneos en el procedimiento electoral en todo el territorio y que se determine un sistema para elegir cuáles son las organizaciones más representativas. Ponemos un plazo, y es que estos procesos deberán estar concluidos en seis meses, y que la conferencia sectorial cree un grupo de análisis para ver si hay que revisar la legislación relativa a representación agraria. Ponemos un límite: si en el plazo de seis meses no se procede a convocar elecciones en todas las comunidades autónomas y no existen datos claros, que el Gobierno pueda convocar un proceso para medir la representatividad de las distintas organizaciones.

También proponemos una acción respecto de la consulta de las normas, planes y programas que elaboren la Administración General del Estado, el Gobierno y los organismos dependientes, así como con qué criterios se deben distribuir las ayudas agrarias, de modo que se haga una forma justa. Pensamos que es una salida adelante, más allá y en clave de profundización democrática, del proceso de transparencia en el mundo agrario, que esperamos pueda ser incorporada a una transacción que, desde luego, ofrecemos a todos los grupos y, en primer lugar, al grupo proponente, Convergència i Unió.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la moción presentada por Convergència i Unió, que hoy se está debatiendo y se someterá esta tarde a votación. Quisiera realizar algunas consideraciones y reflexiones, sobre todo después de escuchar al portavoz del Grupo Socialista.

Lo que nos ha traído hoy CiU es un tema que, a nivel estatal, está sin resolver. Es una situación en la que prácticamente no existe representatividad en la actualidad. Quisiera afirmar que es un problema antiguo, no es un problema nuevo; es un problema antiguo porque los procesos electorales que se han celebrado en el sector agrario en España son antiguos, incluso hay hasta seis comunidades autónomas que no han celebrado elecciones en los últimos veinte o veinticinco años. Durante el período democrático esas seis comunidades autónomas, que representan la mitad de la agricultura española, no han celebrado ningún proceso electoral; es decir, que es una situación compleja y complicada. Pero hay más, en muchas comunidades autónomas sus procesos electorales se han realizado hace ya más de diez años. Ayer una de las personas con la que nos entrevistamos nos dijo que se celebraron unas elecciones en el año 2002 y que tienen censos actuales. Pues bien, en el censo actual el 82% de las personas que votaron en aquella época ni están en el censo electoral; es decir, que en estos momentos tenemos un problema grave en España: por un lado, no se han celebrado elecciones; por otro lado, en las comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones estas son antiguas, y solamente hay tres que las hayan celebrado recientemente. Pero, además, hay un problema añadido: no hay leyes autonómicas en muchas comunidades autónomas para proceder a la elaboración de sistemas electorales, incluso en el año 2005 la percha que había a nivel estatal, como era la Ley de Cámaras Agrarias, se derogó; es decir, que en muchas comunidades autónomas tenemos un proceso de difícil solución.

¿Cómo hacemos, cómo elaboramos, cómo promovemos procesos electorales con esta complejidad? Es complicado, sobre todo para obtener una representación del sector agrario en los órganos consultivos del Estado. Y a mi grupo parlamentario le parece muy bien que sea a través de la representación indirecta y a través de las comunidades autónomas. Pero, ¿qué puede ocurrir si esas seis comunidades autónomas que representan la mitad de la agricultura española no celebran procesos electorales? ¿De qué manera se les puede forzar u obligar? Creo que son temas que habrá que debatir entre todas las fuerzas políticas para buscar soluciones.




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Por lo tanto, nos movemos en un terreno complicado, complejo, en el que hay organizaciones, y no es que se vaya en contra de ellas, sino que se van produciendo cambios, alteraciones y nuevas incorporaciones, y hay que darle solución.

Y todo esto en un país que tiene una agricultura fuerte y un sector agroalimentario más fuerte aún, y en un estamento como el Senado, en el que todos decimos que el sector agrario es estratégico, que además hay que defender con planteamientos y propuestas en la Unión Europea. Frente a esta situación de un sector agrario y agroalimentario fuerte, que tiene que defender sus intereses en la Unión Europea, tenemos unos déficits de actualización de representatividad y de representación en el sector agrario. Y esto es lo que tenemos que resolver.

El Grupo Socialista viene con una nueva propuesta, y es que dentro de seis meses se celebren elecciones o se les propongan a las comunidades autónomas. ¡Hombre, a estas alturas…¡ Fíjense que la Ley de Cámaras Agrarias se deroga en el año 2005 y se le dan dos años al Gobierno para que elabore un proyecto de ley, proyecto que se aprueba en el año 2009, es decir, con dos años de retraso. Pero era la única percha legal que había. Y ahora vienen con una propuesta para que se haga dentro de seis meses. ¡Hombre!, han tenido tiempo para hacerlo y probablemente van a coincidir con un proceso complicado de elecciones generales, con lo cual al final esto lo va a tener que realizar el Gobierno siguiente. Por tanto, creo que esta es una salida fuera de tono, pero hay que tomarla en sentido positivo, analizarla y valorarla seriamente. La propuesta del Gobierno llega tarde, a destiempo y quizá por lavar su cara un poco, pero la vamos a estudiar.

Es cierto que en nuestro país, en nuestras comunidades autónomas los procesos electorales que se han realizado son antiguos, viejos y probablemente no sirvan, por lo que hay que actualizarlos. Esto no es bueno y, por tanto, hay que aclarar el futuro, y este pasa por lo que nosotros proponíamos en el punto número 4: celebrar o promover procesos electorales. Pero no es una cuestión que se pueda solucionar en seis meses, es un proceso más lento, más complejo y, probablemente, tendríamos que ponernos de acuerdo en los censos electorales, algo que en seis meses va a ser complicado.

Mi grupo parlamentario, con esta enmienda que al final va a recogerse en esa transacción, ha pretendido tener como base la ley que en estos momentos se ha aprobado, así como una interpretación amplia, flexible, de justicia. Pero tenemos que basarnos y apoyarnos en esa ley.

Quisiera decirles que, pese a todas las críticas que se le han hecho al Partido Popular, es una ley que bien interpretada y una vez resueltos los sistemas de representación, puede servir en lo inmediato, eso sí, sin olvidar las elecciones generales. Esto es lo que hemos pretendido con nuestra enmienda, recogida después en la transacción.

En definitiva, se trata de resolver un problema de representatividad, como decía el señor Roig, sin ir en contra ni criticar a ninguna organización, que tiene su legítima representación. Lo que pretendemos es actualizar una situación regular, que el campo español tenga una representación actual, amplia, que pueda transmitir sus problemas, que son muchos y que han de plantearse en diferentes órganos. Para eso necesitamos que se resuelvan estos problemas de fondo que tiene el campo español.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 624/000016)

(Núm. exp. C.D. 122/000285)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto sexto del orden del día: Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

De la proposición de ley orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.




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A esta proposición no se ha presentado ninguna propuesta de veto.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Denegaciones.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000106)

(Núm. exp. C.D. 121/000103)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 24 de junio de 2011, siendo publicado ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el día 28 de junio, ampliándose posteriormente al 30 de junio. Durante dicho plazo se presentaron 30 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, de Convergència i Unió, de Entesa, Socialista, y Popular.

La comisión se reunió el día 7 de julio para dictaminar el proyecto de ley sin que el texto enviado por el Congreso de los Diputados, que se convirtió en dictamen de la comisión, sufriera variaciones. El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 12 de julio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de enmiendas.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Se ha presentado una transaccional sobre la enmienda número 10 y en este momento retiramos la número 11.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.

Como ha quedado claro, este proyecto de ley no es más que la adaptación normativa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a su protocolo de diciembre de 2006, ratificado por la Jefatura de Estado en abril de 2008. En ella se consolida una visión social de la discapacidad más allá de la puramente médica.

Por ello, y porque mi grupo parlamentario solo ha presentado tres enmiendas, seré muy breve. De estas tres enmiendas, la 22 y la 23 lo son de modificación, y coinciden con las números 12 y 26 de los grupos parlamentarios Popular y Socialista respectivamente. La enmienda número 22 propone en el artículo 1 la modificación del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades y no discriminación de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, para que en el caso de las medidas de arbitraje de carácter judicial contempladas en la ley estas se apliquen a las personas con




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discapacidad, con independencia del reconocimiento oficial de esta y de su transitoriedad. Como he dicho, nuestra enmienda es idéntica a la número 12 del Grupo Parlamentario Popular.

En la número 23, que es igual a la 26 del Grupo Parlamentario Socialista, proponemos la modificación del artículo 14.2, en el que se modifica el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 49/1960, sobre la propiedad horizontal, para que en el caso de que se adopten acuerdos para la realización de obras de adaptación la comunidad quede obligada a pagarlas aunque excedan de los 12 000 euros.

Por último, en nuestra enmienda número 24 se propone una disposición adicional nueva que establezca un mandato a la Administración General del Estado para que disponga permanentemente de ayudas públicas a las comunidades de propietarios con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad de los inmuebles derivadas de la normativa legal, muy importante en estos momentos de dificultades económicas como las actuales, y que estimularía, creemos, las obras de rehabilitación y adaptación.

Como no vamos a hacer uso del turno de portavoces ya les adelanto que mi grupo parlamentario apoyará las enmiendas números 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 20 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; evidentemente la número 12 del Grupo Parlamentario Popular por ser idéntica a la nuestra, así como las números 22, 15, 16, y las números 23 y 28 del Grupo Parlamentario Socialista, y la transaccional formada a partir de las enmiendas números 7, 10, 17 y 29.

Estamos esperando las transaccionales que surgirán a partir de la número 19 del Grupo Parlamentario Popular y de la número 27 del Grupo Parlamentario Socialista. Íbamos a votar en contra de la número 11 del Grupo de Senadores Nacionalistas, pero ha sido retirada, así como de las números 13 y 14 del Grupo Parlamentario Popular y de la número 21 del Grupo Parlamentario de Entesa. Sobre el resto nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta seis enmiendas a este proyecto de ley que, a nuestro juicio, o bien mejoran los derechos de las personas con discapacidad o bien ciñen de un modo más explícito los objetivos con los que nace este proyecto, que supone plasmar la adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, objetivos que se resumen, por otra parte, en la recogida normativa de las obligaciones que nuestro país como Estado parte tiene con respecto a esta cuestión.

Voy a centrar mi intervención en las enmiendas que, una vez hablado con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, no suscitan unanimidad, pero voy a dejar para el turno de portavoces, en el que intervendrá otra compañera, aquellas que están todavía en tramitación para ser transaccionadas.

La enmienda al artículo número 1 de mi grupo parlamentario propone suprimir el texto que reduce los plazos fijados en la Ley de accesibilidad universal de las personas con discapacidad para la adaptación de las condiciones de accesibilidad. Hacemos esta propuesta porque la modificación que se introduce no se deriva de ninguna de las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas, lo que puede suponer —para más inri— una carga acentuada para la asunción de costes, tanto del sector público como del privado.

En la enmienda al artículo 18 proponemos suprimir la nueva disposición adicional que se pretende añadir a la Ley general de publicidad. La justificación se deriva de que el plazo que se marca es extremadamente corto para imponer una nueva obligación no prevista en la normativa vigente sobre accesibilidad, la cual, por otra parte, prevé plazos más prolongados.

La enmienda de sustitución a la disposición adicional sexta trata de garantizar de una forma menos indiscriminada e ineficiente la adopción de medidas específicas para promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite. Esta enmienda está actualmente en trámite de transacción para lo que tendremos el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Por otro lado, me gustaría finalizar este turno felicitándonos por la transaccional firmada por los grupos parlamentarios relativa al artículo 57.1 de la Ley de integración social de minusválidos. Se trata de una enmienda que obliga a programar un mínimo del 4% en viviendas protegidas, con lo cual se sube un punto, con características constructivas adecuadas para garantizar el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. Ello supone, sin duda, una mejora significativa para este




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colectivo y propone, en cuanto a las viviendas destinadas al alquiler, la adjudicación no solo para personas con discapacidad, sino también para las asociaciones o entidades integradas en este sector.

Por tanto, quiero agradecer la disposición de los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Entesa Catalana de Progrés y Popular a la hora de llegar a una redacción que satisface a todos, y en particular, al colectivo de la discapacidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado ocho enmiendas a este proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que paso a defender muy brevemente.

La enmienda número 12 la ha defendido perfectamente la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió pues coincide con su enmienda 22. Por tanto, lo único que voy a detallar de esta enmienda es la solicitud de la votación conjunta de ambas.

Con nuestra enmienda número 13 añadimos al artículo 956 del Código civil el siguiente párrafo: El Estado garantizará que parte de las cantidades distribuidas entre las instituciones municipales y provinciales se destine a sufragar las acciones y programas de promoción de la autonomía personal por parte de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro de reconocida y acreditada trayectoria en el sector de la discapacidad.

En nuestra enmienda número 14, formulada al artículo 16.3 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, proponemos que, al igual que no están obligados al abono de peaje los vehículos de las Fuerzas Armadas, los de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los automóviles de autoridades judiciales, etcétera, que tampoco lo estén los vehículos de las personas con discapacidad o destinadas a su servicio que resulten titulares de la tarjeta de estacionamiento de vehículo para personas con movilidad reducida, emitida por el organismo competente, siempre y cuando no exista una vía alternativa a esa autovía de peaje.

En nuestra enmienda número 15 se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de tal manera que las administraciones públicas reservarán un 5% de la adjudicación de contratos a los centros especiales de empleo o empresas que superen la cuota de reserva para personas con discapacidad. En el anuncio de licitación se hará una referencia expresa a esta disposición.

Nuestra enmienda número 16 constituye una disposición adicional a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo y va en la línea de que no se perderá la bonificación cuando los contratos temporales se conviertan en indefinidos para las personas con discapacidad.

Nuestra enmienda número 17 ha sido objeto de un acuerdo, llegándose a una transaccional con las enmiendas números 29 del Grupo Parlamentario Socialista, número 7 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y número 10 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. Nos congratulamos, al igual que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por ese punto más que hemos conseguido en cuanto a la construcción de viviendas adaptadas para las personas con discapacidad y por todo lo referente a esta transacción.

La enmienda número 18 supone la supresión de los apartados b) y c) del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en tanto que en la legislación española vigente se mantiene el aborto eugenésico. Entendemos que esta regulación contiene una clara discriminación por razón de discapacidad, pues permite unos plazos mayores para interrumpir el embarazo cuando el nasciturus pueda tener una discapacidad. Existe, por tanto —y no solo lo decimos nosotros, también el CERMI lo adjunta en su informe—, un conflicto con la convención internacional que radica en que es menor la protección del no nacido, menos ventajosa cuando existe una discapacidad en el feto. Evidentemente, si España ha ratificado y firmado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no se debe mantener esta discriminación en razón de la discapacidad en el caso del no nacido.

Por último, nuestra enmienda número 19 ha sido también objeto de una transacción con el resto de los grupos, en la que se solicita que el Gobierno, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de




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esta ley, remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa al ordenamiento jurídico.

Querría finalizar, señorías, felicitando al resto de los portavoces y de los grupos por los acuerdos que se han obtenido a la hora de llegar a transacciones, por el espíritu de consenso que ha imperado a pesar de la premura con la que hemos tenido esta ley en esta Cámara. Mantengo que siempre en nuestro grupo, cuando hablamos de temas de discapacidad, impera el espíritu de acuerdo, el espíritu de consenso, el espíritu de llegar a transacciones frente a otras ambiciones que nosotros teníamos en esta ley —quizá más ambiciosas que ese 1%, como ha detallado la portavoz del Grupo Socialista, porque nosotros pedíamos un 6%—, pero, repito, nos mantenemos en ese acuerdo. Por tanto, como digo, quiero felicitar al resto de los grupos por estos acuerdos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la señora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señor presidente.

Me gustaría en este turno aclarar en voz alta un poco los criterios que el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido para no informar favorablemente o para no votar o no apoyar las distintas enmiendas que se han realizado por parte de los distintos grupos.

Empezaré por bloques, primero con el bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en algunas de las cuales hemos llegado a un acuerdo, entre ellas la transaccional anteriormente mencionada, donde hablamos del aumento en un punto, al 4%, en vivienda protegida en condiciones de accesibilidad y que las viviendas en alquiler puedan ser destinadas a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. Valoramos o apoyamos de forma explícita las enmiendas 1 y 2, pero consideramos que el resto de las enmiendas no resultan en muchos casos necesarias porque ya se reflejan en otro tipo de disposiciones normativas. Nosotros creemos que esta es una ley que de lo que trata es de armonizar la Convención de Naciones Unidas, por lo que no podemos hacer una ley con retales de diferentes leyes y proyectos, o artículos o derechos que ya vienen reflejados en otras leyes. Por lo tanto, no las apoyamos porque resultan innecesarias.

Me gustaría hablar de la adición de una nueva disposición adicional que hace el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. La Ley General de la Seguridad Social prevé que las reducciones funcionales que tengan en la fecha de afiliación a la Seguridad Social no impedirán que la calificación de la situación de incapacidad sobrevenida que empeore las circunstancias del trabajador se vuelva a revisar. Creemos que esta nueva disposición adicional supondría un factor de discriminación dentro del colectivo porque propone un trato mucho más favorable para los trabajadores que están en un centro especial de empleo, olvidándose del resto de trabajadores con discapacidad. Supondría, por tanto, al igual que la enmienda número 9 de Entesa, promover medidas de discriminación entre unos trabajadores y otros, que es lo contrario a la finalidad y objetivos que marca la norma.

He de decir en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Senadores Nacionalistas que lógicamente hemos transaccionado el tema del aumento al 4% relativo a la vivienda protegida y de las viviendas en alquiler para entidades sin ánimo de lucro.

Por supuesto, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, uno de los acuerdos es la inclusión del arbitraje porque lo consideramos totalmente correcto y necesario.

No podemos apoyar el artículo 20 que se añade al artículo 956 del Código civil. Creemos que el Código civil no es la sede adecuada para determinar el destino concreto que las instituciones municipales y provinciales han de dar a las asignaciones que reciban en las sucesiones del Estado; podría incluso —creemos— interferir en las competencias de las comunidades autónomas.

No podemos apoyar tampoco el artículo 21 que modifica el artículo 16.3 de la Ley de Carreteras. No parece justificable como política social adoptar medidas tales como la gratuidad del peaje para personas con discapacidad sin tener en cuenta otras consideraciones como el nivel de ingresos o renta especialmente en el actual contexto de crisis.

Tampoco podemos estar de acuerdo con el artículo 22 que modifica la disposición adicional séptima de la Ley de Contratos del Sector Público pues no tiene por qué plantearse esa cuota de reserva y, por supuesto, con lo que no podemos estar de acuerdo es con la nueva disposición adicional por la que se




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suprimen los apartados b) y c) del artículo 15 de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Señorías, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, no afecta o vulnera la convención, regula exclusivamente la interrupción del embarazo para determinar en qué supuestos y con qué requisitos podrá realizarse por voluntad de la madre. Por tanto, no existe ningún impedimento legal en España para llevar a término cualquier embarazo en cualquier situación, incluidas las tasadas y limitadas en las que la ley autoriza dicha interrupción a iniciativa de la madre. Por tanto, consideramos que no debe ser modificada. Además, conforme a criterios de técnica normativa, no puede ser objeto de modificación en este proyecto de ley que es ordinaria un artículo de ley orgánica.

Le diré respecto a dos de las enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrés que consideramos que la enmienda que habla de la exposición de motivos mejora bastante el texto que hemos recibido del Congreso de los Diputados, y en cuanto a la entrada en vigor de la ley —como decía la senadora del Grupo Popular—, que en temas de discapacidad tenemos que estar todos a una, y cuanto antes intentemos cumplir todos los objetivos que marcan nuestras leyes será mucho mejor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegaciones.) El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas no hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Denegaciones.) El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no hace uso de palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a hacer también uso de la palabra en el turno de portavoces para explicar las enmiendas.

El presente proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad modifica hasta 19 leyes para adaptarlas a los acuerdos adoptados el 3 de diciembre de 2006 en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. España ratificó la convención el 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo del mismo año. Por tanto, lo que hacemos aprobando este proyecto de ley es adaptar y modificar esas 19 leyes para hacer efectivos los derechos reconocidos por la convención. Tal como decimos en nuestra enmienda que modifica la exposición de motivos, esta convención supone la consagración del cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad pues se pasa a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social.

Señorías, hemos presentado once enmiendas al proyecto de ley de adaptación a la normativa de la convención. Para nosotros son muy importantes las enmiendas números 1 y 2, porque aunque por su extensión parezcan insignificantes, en ellas defendemos los derechos de personas sordas y sordociegas. Cuando aprobamos la Ley 27/2007 reconocimos las lenguas de signos españolas —en plural— y lo celebramos —creo que lo celebramos todas sus señorías con gran alegría—. Sin embargo, las leyes tienen una letra y deberían tener un espíritu, pero esto último a veces falla. El espíritu que reinó en esa ley fue el de máximo entendimiento y todos sabíamos lo que se había aprobado, pero la letra que escribimos tenía más de una interpretación, y, desgraciadamente, en la última campaña institucional del Ministerio del Interior para explicar la necesidad de participación en las elecciones municipales y autonómicas y cómo hacerlo, solo se utilizó una de las dos lenguas de signos españolas, con lo que resulta que en la práctica estuvimos igual que hace cuatro años, cuando se utilizaba sistemáticamente solo una de esas dos lenguas de signos españolas.

Señorías, esto que es tan evidente y tan reciente no nos puede volver a ocurrir y, por ello, les proponemos modificar esta ley para que quede totalmente garantizado que los poderes públicos utilizarán en las campañas institucionales siempre las dos lenguas, como mandata la ley y como rezaba su espíritu.

Las enmiendas números 3, 4, 5 y 6 afectan a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y persiguen mejorar los requisitos para las personas con discapacidad sensorial o para aquellas personas




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que necesitan una mayor capacidad de adaptación al puesto de trabajo, lo cual significa también mayor capacidad por parte de la Administración para adecuar este mismo puesto de trabajo.

La enmienda número 7 ha sido objeto de una transacción con diversos grupos y, por tanto, no voy a entrar en ella.

Pretendemos con las enmiendas números 8 y 9 que a las personas discapacitadas que después de contratadas en un centro especial de trabajo vieran agravadas sus patologías se les mejore la capacidad de acceder a las prestaciones por incapacidad, igual que los afectados por problemas de reestructuración o regulaciones de empleo de este tipo de centros, que pudieran acceder también a la jubilación anticipada.

La enmienda número 20 pretende mejorar la exposición de motivos desde la explicación, exponiendo el cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad al que responde esta ley, que supone la superación de la perspectiva asistencial de la discapacidad al considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, ciudadanos y no como meros objetos de tratamiento y protección social.

Finalmente, señorías, la enmienda número 21 solamente pretende que la ley entre en vigor al día siguiente de su publicación el Boletín Oficial del Estado.

Por lo tanto, señorías, este proyecto de ley persigue lo que provoca la convención, que es un cambio profundo y esencial, y creo que la aprobación de esta ley marcará un antes y un después del concepto social y humano de la discapacidad. Debemos congratularnos de que se hayan incluido muchas enmiendas entre el Congreso y el Senado, que han mejorado el proyecto de ley y que nos deja en un punto de partida que se tendrá que ir desarrollando en un futuro, porque este nuevo concepto, este nuevo paradigma abre nuevos horizontes a la discapacidad, y tenemos que felicitar a las asociaciones por el trabajo realizado y animarlas a seguir haciéndolo con estas nuevas perspectivas.

Entesa quiere felicitar y agradecer a los demás grupos los acuerdos y el consenso por haber hecho posible estas adaptaciones, porque en todo momento —y por tratarse de la materia que se trata— el debate ha sido muy positivo.

Señorías, señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Maestre.

La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos debatiendo, para su aprobación, un proyecto de ley que, tal y como mencionaba el presidente de la comisión, pretende adaptar el marco normativo de nuestro ordenamiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención que, junto con su protocolo facultativo, fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata, por tanto, de adaptar dos tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados de promover, proteger y asegurar tales derechos que asisten a alrededor de 650 millones de personas en todo el mundo, en torno al 10% de la población mundial. Estamos hablando de una convención tremendamente ambiciosa y tremendamente necesaria para que, de una vez por todas, podamos dar un paso firme y decidido en la consolidación y reconocimiento de los derechos de las personas con capacidades diferentes. Por ello se promovieron una serie de actuaciones en las que participaron los Estados miembros y observadores de la ONU, los cuerpos y organizaciones de especial relevancia, incluido el Relator Especial sobre discapacidad, las instituciones de derechos humanos nacionales y las organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias de nuestro país.

Se trata, como digo, de llevar a cabo un proyecto ambicioso y justo, a través del cual se consagre un cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad Se trataba de que, de una vez por todas, pudiéramos superar definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad para poderla abordar en el ámbito de los derechos humanos. Por eso se pasa a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de protección social.

En este sentido, la convención establece sus demandas y necesidades que deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al resto de los ciudadanos. Para ello se establecen como principios generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas




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y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y de la condición humana.

Como se ha dicho, nuestro país ratificó la convención en el año 2008 y ahora estamos armonizando aproximadamente una veintena de leyes en relación con ella, una convención muy importante para el mundo de la discapacidad. Queremos superar ese modelo médico rehabilitador predominante en la Constitución, que en su momento se tuvo en cuenta de esa forma y que en esta convención, gracias a la adaptación normativa de nuestro país, vamos a superar asumiendo la perspectiva social y de derechos y capacidades y que configura la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social.

Esta ley da un decidido impulso reformador puesto que se encarga de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad para favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de la vida personal y colectiva para avanzar hacia la propia autonomía y para garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva. Ahonda en ese modelo social e incorpora modificaciones a leyes de diferentes ámbitos —sanitario, de fomento y del empleo— y avanza, como decía antes, en esos derechos que se han de consolidar para las personas con discapacidad.

En materia de sanidad se modifican diversas leyes, de tal modo que se incluye la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias. Se regula el derecho a la información en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la prestación del consentimiento en diferentes campos sanitarios. Se incorporan modificaciones a la Ley General de Sanidad, a la Ley de autonomía del paciente, a la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida y a la Ley sobre extracción y trasplante de órganos, entre otras muchas del ámbito sanitario.

En relación con la accesibilidad, se modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal en la que se regulan las condiciones en que se pueden realizar las obras y zonas comunes de los edificios de vecinos.

En materia de empleo se aumenta el cupo de reserva de las vacantes para que puedan ser cubiertas por personas con discapacidad al 7%, y por primera vez se establece con rango legal una cuota específica para personas con discapacidad intelectual. Como decía, esta adaptación normativa supone un verdadero cambio de enfoque de las políticas sobre discapacidad y, como muy bien decía el resto de los compañeros, debemos sentirnos muy orgullosos por poder debatir y aprobar una adaptación normativa de estas características.

Por último, quiero unirme al agradecimiento y reconocimiento de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara porque se ha hecho un esfuerzo considerable para sacar adelante un importante número de transacciones. Felicito por ello a los grupos y especialmente a las diferentes organizaciones que con su trabajo han posibilitado que este importante texto haya surgido y sea satisfactorio para todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Font.

La señora FONT BONMATÍ: Gracias, señor presidente.

Señorías, si viviésemos en un mundo perfecto, los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos serían más que suficientes para protegernos a todos, pero en la práctica hay ciertos grupos como los de mujeres, niños, discapacitados o inmigrantes a los que les ha ido mucho peor que a otros. Por ello, las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos.

En el mundo hay más de 600 millones de personas con discapacidad. La mayoría reside en países en desarrollo y, por tanto, se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impide recibir educación o conseguir empleo incluso cuando están bien cualificados, tener acceso a la información o tener el adecuado cuidado médico, desplazarse, etcétera e incluso supone un hándicap llevar a término sus embarazos, impidiéndoles en muchas ocasiones nacer.

Algunos países han promulgado, como España, una detallada legislación al respecto, pero otros muchos no lo han hecho. Por tanto, se necesita una norma universal jurídicamente vinculante que asegure que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo, y por eso y para eso se realizó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo protocolo facultativo se aprobó el día 13 de diciembre del año 2006 y España ratificó en el 2008. Al ratificar estos acuerdos adoptados en la convención, España aceptó las obligaciones jurídicas que le




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corresponden en virtud del tratado. Por lo tanto, debe adaptar o adoptar la legislación adecuada para hacerla cumplir, y este es el momento en que nos encontramos.

En España hay 3,8 millones de personas con algún tipo de discapacidad y su atención supone una demanda social que ha de constituirse en prioridad política para las administraciones públicas. Por tanto, la adaptación de la legislación española al contenido de la convención va a tener una incidencia en la mejora de la calidad de vida de muchas personas en nuestro país, porque la convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de ser una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, reconociéndose que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. Pero no se trata solo de una recopilación de los derechos preexistentes, ni tan siquiera de crear ninguno nuevo, sino de marcar un calendario de trabajo que nos indique qué obligaciones hemos adquirido y qué medios necesitamos para atender a las necesidades de las personas con discapacidad.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular se encuentra razonablemente satisfecho por haber contribuido con su trabajo, tanto en la proposición de ley presentada en el Congreso y que se vio subsumida en la presente ley, como a través de las enmiendas, que, junto con las aportaciones de los demás grupos, creemos que han mejorado notablemente el texto. Pero, a fuerza de ser sinceros, a nuestro grupo le hubiese gustado que este proyecto hubiese sido más valiente y hubiese acometido de una vez todas las leyes a reformar, sin tener que esperar a una segunda vuelta. También tengo que lamentar que la tramitación de este proyecto de ley se produzca sin debate y que, siendo además la única ley que ha presentado el Gobierno en esta materia, pase sin pena ni gloria por esta Cámara. La más que probable disolución anticipada de las Cortes ha pesado más que la necesidad de un debate en profundidad en este sentido.

Finalizo ya, señorías. No cabe duda de que la convención marcó un punto de inflexión en la forma de tratar a los discapacitados, empezando por la recomendación de que no deben ser objeto de políticas orientadas a la caridad o ser tratados desde un punto de vista meramente asistencial, y pasando por el reconocimiento de que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Por tanto, el propósito de la convención, así como el de esta ley es la de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad. Sinceramente, señorías, creo que con el trabajo hecho por todos los grupos en la elaboración de esta ley nos hemos acercado bastante.

Paso a explicar nuestra posición sobre las enmiendas de los otros grupos parlamentarios. Tengo que decir que ante las enmiendas números 1 y 2 y 8 y 9, de Entesa Catalana de Progrés, nuestro grupo se va a abstener; que de la enmienda número 3 a la número 6 y las números 20 y 21 las votaremos a favor. La número 7 está sujeta a una transaccional.

Vamos a votar a favor las enmiendas de Convergència i Unió.

Votaremos en contra de las enmiendas 25 y 27, del Grupo Socialista, y a favor de las enmiendas números 26 y 28, del Grupo Socialista, y diré respecto a la enmienda número 30 que estamos sujetos a una transaccional y, por lo tanto, la votaremos a favor.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Queda finalizado el debate de este proyecto de ley.

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y DE INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE JULIO, SOBRE EL EJERCICIO DE DETERMINADOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS DE SOCIEDADES COTIZADAS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000107)

(Núm. exp. C.D. 121/000111)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades y de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Para la presentación del dictamen, el senador Asensio tiene la palabra.




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El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes.

Tengo el honor de hacer la presentación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el día 24 del pasado mes de junio, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 28 de junio de 2011 y fue ampliado hasta el día 30 de junio de 2011. Se presentaron 19 enmiendas así distribuidas: 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 11, del Grupo Parlamentario Popular.

El día 5 de julio la comisión designó ponencia que quedó integrada de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular, don Alfredo Belda Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, don Miquel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don Agustín Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular, don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista, doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Francisco Vallejo Serrano, del Grupo Parlamentario Socialista, y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 5 de julio, y emitió dictamen en el que se han introducido modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados como consecuencia de la aprobación de diversas enmiendas. Han presentado votos particulares a este dictamen los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Convergència i Unió y Popular.

Es todo, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias.

Señor presidente, con la brevedad que el tiempo de que dispongo me exige, me limitaré a defender estas enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas mantiene vivas para esta sesión plenaria. Las tres son de supresión y sé que están llamadas a ser rechazadas, pero me voy a permitir referirme a ellas en la medida en que tienen que ver con una clara y evidente justificación.

La primera de estas enmiendas tiene que ver con el artículo segundo, más concretamente con la nueva sección segunda que se añade al capítulo VI del título XIV del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y sostiene la supresión del punto 2 del artículo 519 que lleva como título derecho a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo. En dicho artículo 519.2 se regula el derecho a completar el orden del día que tienen los accionistas que representen al menos el 5% del capital social. Lo que sucede es que cuando se trata de sociedades cotizadas, eso solamente se puede hacer respecto de las juntas generales ordinarias y no en las extraordinarias. De ahí la supresión que defendemos.

La segunda de las enmiendas, que afecta igualmente al referido artículo segundo, propugna la supresión íntegra del artículo 523 por tratarse de un régimen, el establecido, de imposible cumplimiento precisamente en el caso normal para el que se pretende aplicar. En dicho artículo se trata de incluir con buen criterio el supuesto de que exista conflicto de intereses por parte del representante al que se le quiere otorgar la representación para asistir a la junta. Y se dice expresamente que antes de su nombramiento el representante deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Pues bien, en el caso de la sociedad cotizada, el supuesto ordinario es la representación que se recoge a través de las redes bancarias de las entidades de crédito, en la práctica en blanco, en favor del presidente del Consejo de Administración. Y precisamente ser administrador es uno de los supuestos de posible conflicto de intereses, según establece el punto 2 de este mismo artículo 523.

Finalmente, en virtud de la tercera enmienda solicitamos también para el artículo segundo la supresión del apartado 3 del artículo 524, que regula que los intermediarios podrán recibir instrucciones de voto de sus clientes que deberán contar en la comunicación transmitida a la sociedad emisora. Es decir, que en




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este apartado punto 3 se establece que antes de la Junta General deberán comunicarse a la sociedad las instrucciones de voto. Tal disposición solo tiene por objeto que los administradores de las grandes sociedades conozcan antes de la celebración de la junta el sentido del voto de las acciones, lo cual permite hacer las gestiones, llámense gestiones oportunas, para tratar de modificarlo o maniobrar. No hay otra razón en virtud de la cual haya que comunicar a la sociedad esa estrategia o con carácter previo el sentido del voto.

Hasta aquí, señor presidente, señorías, las tres enmiendas que mi grupo parlamentario sostiene y mantiene en este momento, a pesar, repito, de que están llamadas a ser rechazadas, pero doy por defendidas todas ellas en cuanto entiendo que tienen su lógica y su razón de ser.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, respecto a los tres votos particulares que mi grupo ha presentado, he de decir que la enmienda número 18 ha sido transaccionada con el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, vamos a mantener el voto particular sobre las enmiendas números 17 y 19, y simplemente doy por defendidas las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir desde el escaño, si me lo permite su señoría.

Como ya se ha dicho en la exposición de la tramitación de este proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado mantiene vivas una serie de enmiendas, que son las que van de la número 4 a la 8, la 10, la 11, la 13 y la 14, toda vez que dos de ellas fueron aprobadas en comisión.

Respecto a una enmienda que fue aprobada y, por tanto, incorporada al dictamen, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ha sugerido una transacción para incluir una mera corrección ortográfica a fin de abundar en el deber de cumplimiento de las obligaciones del apartado 1 del artículo 523 en el caso del ejercicio del derecho a voto por el administrador en caso de solicitud pública de representación. Entendemos que, si bien pudiera considerarse redundante, lo que abunda no daña, y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a prestar su apoyo a esta enmienda transaccional, tal y como ha sido presentada.

Para defender ya de modo estricto las enmiendas que hemos presentado, he de decir con toda brevedad y, en relación con la enmienda número 4, que se trata de una mejora técnica relativa a la convocatoria del consejo de administración.

La enmienda número 5 tiene más enjundia y se refiere a las causas de disolución de la sociedad. Entendemos que debe establecerse un plazo de dos años de inactividad de la sociedad cotizada como causa objetiva de disolución de la misma.

La enmienda número 6 trata sobre el artículo 36, es decir, sobre la responsabilidad de aquellos que hubiesen actuado en la sociedad aún no inscrita en el Registro Mercantil. Entendemos que debe disiparse de una vez la duda que en este momento existe respecto al actual artículo 36 de la Ley de Sociedades Anónimas, donde pudiera entenderse que hay una responsabilidad redundante, tanto de la sociedad no inscrita como de los administradores de la misma, y nuestra enmienda tiende precisamente a disipar tales dudas al establecer estrictamente la responsabilidad de la persona que actuase y no así la de la sociedad, salvo que fuese inscrita y, por tanto, ratificados los actos.

La enmienda número 7, relativa al periodo de liquidación, tiene por objeto lo que en nuestra opinión es muy importante, que es dejar sentado y clarificado en el texto de la ley que durante el periodo de liquidación subsiste la obligación de formular cuentas y someterlas a auditoría.

La enmienda número 8 trata sobre la cuantía máxima de las obligaciones que puede emitir la sociedad. Consideramos que el concepto de capital social, que es el límite máximo que establece la Ley de Sociedades Anónimas, ha quedado superado por el más amplio concepto de los fondos propios. Como es




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obvio, el sentido que tiene el texto de la norma es impedir que pueda haber obligaciones superiores al capital, esto es, lo que podría ser una pura y simple estafa a aquellos suscriptores de tales obligaciones, teniendo en cuenta que hay un criterio mucho más amplio que el del capital social, que es el de los fondos propios, es decir, que los fondos propios que incluyen el capital y otros activos pueden ser, entonces sí, el límite máximo de la cuantía de emisión de las obligaciones.

La enmienda número 10 se refiere al texto del artículo 524, al intermediario financiero reconocido como accionista. Señorías, como saben, dentro de este proyecto de ley estamos tratando la figura del representante. Hay unos accionistas de la sociedad cotizada que otorgan su representación a otra persona; el representante y portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas ha expresado al respecto cómo se suele emitir una serie de delegaciones de voto a favor de los presidentes de los consejos de administración; pues bien, se regula, por tanto, en este proyecto de ley qué sucede cuando se otorgan distintas representaciones y cómo el representante tiene la posibilidad de emitir el voto en sentido divergente en función de las instrucciones recibidas por cada uno de sus representados.

Ese es un caso. Pero hay otro caso distinto, que es, como estamos viendo, el del intermediario financiero reconocido como accionista, es decir, el intermediario financiero, que es el que ha comprado las acciones, el que figura como accionista en los libros de registro de la sociedad cotizada pero que, sin embargo, ha adquirido esas acciones por cuenta de otros inversores, de manera tal que figura, insisto, únicamente como accionista el intermediario financiero y en ese caso no podría emitir el voto en sentido divergente; no podría hacerlo porque el texto de la Ley de Sociedades de Capital impide a un mismo accionista votar en sentido distinto para cada una de las acciones de las cuales es titular. Sin embargo el intermediario financiero, por su propia esencia, por su propio negocio y por las razones que acabo de exponer, sí puede aparecer en realidad como representante de distintos accionistas.

Se nos ha pretendido hacer ver que esta situación estaba ya cubierta por el artículo 526 y por el texto de la ley tal y como nos venía propuesto, pero nosotros entendemos que son situaciones diferentes que deben tener diferente tratamiento. Y teniendo en cuenta que nuestra ley vigente prohíbe a un mismo accionista emitir el voto en sentido divergente para sus propias acciones, se estaría impidiendo, con base en la legislación española, lo que legislaciones extranjeras de países de nuestro ámbito económico y jurídico sí permiten y lo que la misma directiva cuya trasposición estamos intentando sí permite. Y por eso mantenemos esta enmienda y solicitamos el voto favorable para que España tenga —insisto— en el texto legal regulador del régimen jurídico de sus sociedades de capital el mismo régimen que tienen otros países.

La enmienda número 11 se refiere al conflicto de intereses del representante y es, por tanto, relativa al artículo 523. Ya hemos hecho mención todos los grupos al mismo y doy por defendida la enmienda en el sentido que ha sido presentada.

La enmienda número 13 se refiere a una pura mejora técnica y la enmienda número 14 se refiere a la insolvencia de las sociedades deportivas. Con ella pretendemos que se establezca un régimen distinto, es decir, que la situación de insolvencia de las sociedades deportivas no perjudique su presencia en las competiciones, en las distintas ligas tal y como están establecidas, y que no perjudique la situación puramente mercantil a la situación deportiva, a cuyo fin se solicita que el Gobierno haga una regulación al respecto en un plazo determinado.

Este es el sentido y la razón de ser de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Sí anticipamos que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las enmiendas presentadas por los Senadores Nacionalistas y por el Grupo de Convergència i Unió.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el señor Vallejo.

El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, presidente.

Con brevedad, me referiré en primer lugar a los votos particulares de los Senadores Nacionalistas, los tres votos particulares que el señor Zubia ha expuesto en esta tribuna.

El primero pretende suprimir el derecho de las minorías a presentar propuestas fundamentadas en acuerdos sobre asuntos que ya aparecen en el orden del día de la junta general. Nos parece que este es un tema importante. En nuestra opinión, es importante que se mantenga porque no se justifica por qué es posible que esa minoría proponga en las juntas generales ordinarias nuevos puntos del orden del día y, si




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embargo, no pueda proponer acuerdos diferentes sobre los puntos que ya aparecen en el orden del día. Creemos que esta posibilidad aporta flexibilidad a los acuerdos de las sociedades y, por lo tanto, no limita a votar sí o no a cualquier cuestión planteada, sino que permite abrir el abanico de posibilidades de acuerdo y por ello les permite a las sociedades tomar acuerdos mucho más ajustados a las necesidades concretas de cada momento.

La segunda pretende suprimir la obligación de los representantes que tienen algún conflicto de intereses de informar a los accionistas de ese conflicto y de abstenerse si no reciben un voto con unas instrucciones claras de en qué sentido va el voto. Nos parece un artículo esencial. Creemos que para cualquier tipo de sociedad cuando hay un conflicto de intereses del que vota en nombre de otros el representado tiene que saber que existe el conflicto y tiene que decirle expresamente y no simplemente de manera tácita cuál debe ser el sentido de su voto. Lo contrario conduciría incluso a la anulabilidad de los acuerdos por error por parte del representado, aparte de que si no incorporáramos esto a la norma en este momento sería incompleta la incorporación de la directiva y, por lo tanto, España podría ser condenada por tal hecho.

El tercero de los votos particulares pretende suprimir la obligación de comunicar al intermediario financiero con siete días de antelación los votos y el sentido de los mismos. Señorías, nos parece que aquí lo importante es que se conforme la voluntad del órgano de manera clara con la voluntad de los que participan en la sociedad y, por tanto, al igual que en el anterior voto particular, se trata de trasladar el artículo 10.4 de la directiva, y su objetivo no es otro que garantizar y asegurar que se cumplan las instrucciones del accionista representado.

Por lo que respecta a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, he de señalar que la número 17 pretende acotar la información de personas vinculadas al accionista o a los administradores que tengan intereses vinculados. Es razonable su propuesta, pero, en nuestra opinión, es de una complejidad muy importante, y no se puede tratar simplemente con una enmienda. La norma, tal y como está en estos momentos, permite reaccionar frente a cualquier abuso, es decir, a vinculación de intereses por parte de familiares de los administradores de la empresa, y, en todo caso, si desconocía el administrador esos intereses vinculados, ha de demostrar que tenía imposibilidad de conocerlos en cualquier momento, de manera que le exima de responsabilidad.

En cuanto a la enmienda número 18, he de señalar que hemos presentado una transaccional que Convergència acepta como tal y que da respuesta suficiente a los planteamientos que tanto Convergència como el Grupo Socialista han debatido en la comisión, respecto al intermediario financiero y su relación con los clientes en el momento del voto.

En cuanto a la enmienda número 19, he de manifestar que tenemos que rechazarla porque reitera lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Sociedades de Capital. El artículo 3 habla de todas las cuestiones con carácter general y, por tanto, dice que esta ley es de subsidiaria aplicación en caso de no tener regulación cualquier sociedad que no figure en la misma; por tanto, también le es de aplicación a las normas de publicidad, que es lo que plantea esta enmienda. Consideramos que está suficientemente recogido en tal sentido.

A continuación, voy a posicionarme con rapidez sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Tenemos que rechazar la número 4 porque pretende quitar a la minoría del consejo de administración la posibilidad de convocar un consejo en caso de que el presidente no lo haga. Consideramos que hay que defender los derechos de las minorías y que esto, además, serviría para desbloquear en muchos casos situaciones que se producen en las sociedades y que, si no se convocan los consejos, es imposible desbloquearlas.

La enmienda número 5 que plantea el Grupo Parlamentario Popular sobre las causas de disolución, en nuestra opinión, distorsiona los objetivos que persigue la reforma, hasta tal punto de que con esta enmienda se permitiría que en pleno proceso concursal se disolviera la sociedad, lo cual consideramos que es un abuso frente a terceros y que no puede aceptarse.

Respecto a la enmienda número 6, relativa a la responsabilidad de las sociedades en formación, igualmente tenemos que rechazarla porque puede desvirtuar la garantía a favor de terceros si no existe esa responsabilidad solidaria de quienes contratan en una sociedad que se está formando antes de su inscripción en el Registro Mercantil.

La enmienda número 7 también la rechazamos porque prácticamente conduce a que durante los periodos de liquidación desaparezcan las juntas generales ya que, según dicha enmienda, solamente




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podrían dedicarse a aprobar las cuentas anuales y la auditoría, cuando la sociedad sigue viva y pueden ser necesarios múltiples acuerdos.

En cuanto a la enmienda número 8, relativa al importe de la emisión de obligaciones, es cierto lo que dice el Grupo Parlamentario Popular sobre que se está abriendo camino el concepto de fondos propios para sustituir al de capital y reserva, pero también es cierto que la doctrina contable de este país actualmente no está de acuerdo en qué son los fondos propios: unos dicen que todo el capital; otros, que solamente el capital desembolsado. En un asunto tan importante, como es el de la emisión de obligaciones de una compañía, hay que dar seguridad jurídica y económica, y consideramos que hablar de capital desembolsado más reservas específica y acota exactamente la cuantía de una emisión de obligaciones, y es mucho mejor desde el punto de vista técnico-jurídico.

Lamentamos no haber podido transaccionar la enmienda número 10 con esta misma que hemos presentado a la número 18 de Convergència i Unió. En nuestra opinión, lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular es abrir una espita a la ocultación, a la falta de transparencia, a que accionistas de compañías no aparezcan como titulares de las acciones, sino que aparezca un intermediario financiero, con lo cual lo que planteo es que si existe conflicto de intereses, ¿cómo se sabe? Si el intermediario financiero es el titular formal de las acciones, aunque el titular real sea un tercero, por cuenta del cual ha comprado el intermediario las acciones, si existe conflictos de intereses, ¿cómo se sabe? En mi opinión, es que no debemos con la ley abrir caminos a esa opacidad de la titularidad de parte de una compañía que en un momento determinado puede ir en contra claramente de sus propios intereses. Por tanto, lamentamos no haber podido acceder a lo solicitado por el Grupo Popular.

La undécima se refiere al conflicto de intereses del representante y la enmienda viene a limitar el ámbito de tutela del accionista frente a su representante, que tiene un conflicto de intereses. Creemos que está mucho mejor el texto de lo que se plantea. Es mejor que se informe con detalle al representado, que se informe inmediatamente, que lo que propone el Partido Popular de informar expresamente o informar tan pronto sea posible. Creemos que cuando hay conflicto de intereses las cosas deben estar suficientemente claras.

La decimotercera plantea suprimir el artículo 518, según el Grupo Popular, por ser igual al 172. No son iguales, son totalmente distintos y, por consiguiente, pensamos que no es un argumento suficiente.

La última, de adición respecto al régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas, tengo que decir, como manifestamos en comisión, que no procede porque esta cuestión ya se está tratando en el proyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, que es justamente donde debe estar.

Quiero concluir mi intervención, señor presidente, haciendo notar lo que decía el portavoz del Grupo Popular: hay una nueva transaccional, firmada por todos los grupos, que si no presento ahora mismo es porque no hay nadie del Grupo Mixto, pero estamos todos de acuerdo en presentarla porque es una corrección técnica de un acuerdo que se hizo en comisión y que sustituyó el texto del dictamen en aquel momento. En unos minutos la presentaremos porque creemos que hay acuerdo de todos los grupos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Como era de prever, ninguna de las tres enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas mantiene vivas va a ser objeto de aceptación, ni tan siquiera de transacción alguna. Es bien cierto que el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda transaccional sobre la base de la número 18, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió, que da nueva redacción al artículo 524. Pero, a decir verdad, tal transacción no recoge en modo alguno la pretensión de nuestra número 3, por lo que no podemos hacerla nuestra y, por consiguiente, votarla a favor.

No obstante, somos conscientes de que en el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados han sido aceptadas varias de nuestras enmiendas, sobre todo referidas al artículo primero, como, por ejemplo, la que tiene que ver con la supresión del nombre de la persona o personas que realizan la convocatoria de la junta general en el artículo 264 o, por ejemplo, la que propugnaba también la supresión de la última frase del artículo 279, referido al depósito de las cuentas. Con buen criterio, se pretendía, con la




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modificación que se realizaba, aliviar trámites para el depósito de las cuentas y, en concreto, evitar la legalización de la firma de los administradores. Lo que ocurría es que a continuación se establecía algo tan contradictorio con lo anterior como que si las firmas no contaban sobre el nombre escrito y no fueran legibles, seguía exigiéndose la legitimación de firmas. Es una realidad que hay muy pocas firmas que pueden calificarse de legibles y, en consecuencia, existiría la misma falta de certeza de a quién corresponde realmente la firma si, siendo legible, alguien firma encima del nombre escrito a máquina. De ahí la supresión que propugnábamos y que, como digo, fue también aceptada. En consecuencia y fundamentalmente, repito, al artículo primero han sido varias las modificaciones introducidas vía enmienda en el proyecto de ley, merced a las propias enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Cuestión diferente es la relacionada con el artículo segundo, artículo este que, como bien dice el propio preámbulo del proyecto, es la parte más importante de la trasposición de la Directiva 2007/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio. La principal novedad, como también se dice, es la nueva sección II, que se contiene en el modificado capítulo VI, del título XIV, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a dicha nueva sección están dedicadas las tres enmiendas que hemos mantenido para este debate plenario, enmiendas que, en todo caso y como es de comprender, mantenemos para votación y contarán con nuestro apoyo, todo ello sin perjuicio de que, con reconocimiento de lo aceptado, votaremos a favor del resto del proyecto de ley.

Muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante un proyecto de ley obligado por la trasposición de una directiva comunitaria. Por tanto, no me voy a alargar en exceso. Simplemente quiero manifestar nuestro apoyo a este proyecto. Entendemos que con la modificación a través de las enmiendas presentadas estamos atendiendo principalmente a muchas de las reclamaciones que en la práctica ya se venían haciendo desde las propias sociedades de capital en su funcionamiento ordinario. Asimismo, introducimos mejoras en la reducción de costes en su organización y funcionamiento. Por lo tanto, nuestro más total apoyo a este proyecto de ley.

Únicamente quiero solicitar una votación separada de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 4 y 13.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones):

«Gràcies president. Estem debatent una llei molt tècnica transposició d’una directiva europea que ens arriba amb un gran consens del Congrés de Diputats. És bo que passi pel Ple, però huaria pogut tramitar-se perfectament en Comissió amb competència legislativa plena, justament el contrari del que hauria d’haver passat amb la llei de les pensions, una de les més importants de la legislatura i que afecta a milions de ciutadans, que es veurà avui gairebé amb nocturnitat premeditada en Comissió.»

Continúo en castellano protestando una vez más ante una imposición reglamentaria nada respetuosa con los ciudadanos catalanes y sus representantes.

Decía en catalán que estamos debatiendo una ley muy técnica, trasposición de una directiva europea, que nos llega con un gran consenso del Congreso de los Diputados, que es bueno que pase por el Pleno pero que habría podido perfectamente tramitarse en comisión con competencia legislativa plena, justamente lo contrario de lo que debería haber pasado con la ley de pensiones, una de las más importantes de la legislatura y que afecta a millones de ciudadanos, que se verá hoy casi con nocturnidad premeditada en comisión.

En el caso de una iniciativa tan importante, sin consenso de todos los grupos, a la cual los senadores de Esquerra Republicana de Catalunya y los de Iniciativa per Catalunya hemos presentado sendos vetos, su debate en una noche de verano en comisión con competencia legislativa plena es una merma de la




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pluralidad ya que en comisión no se refleja el voto de cada uno de los senadores. Es una merma de la participación democrática y de la transparencia ya que los ciudadanos deben saber con la máxima claridad qué dice y qué vota cada uno de sus representantes, y no será así.

Esa sustracción del debate de la ley de pensiones del Pleno perjudica, además, la imagen del Senado y nos sitúa a contrapelo de la demanda de más calidad democrática que, con razón, reclaman miles de ciudadanos en la calle. Tanto PP como PSOE, y muchos de sus senadores, dicen entender dichas demandas, pero en la práctica, como veremos hoy, actúan en sentido contrario. ¡Qué contraste! Ley de pensiones que afecta prácticamente a todos los ciudadanos a comisión y ley sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas en sociedades cotizadas a Pleno.

Termino precisando que nuestro grupo votará a favor de este último proyecto de ley y que si hubiera pasado por este Pleno, los senadores de Esquerra Republicana de Catalunya y los de Iniciativa hubiéramos votado en contra de la ley de pensiones tal y como la ha planteado el Gobierno con el apoyo de Convergència i Unió.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Vallejo tiene la palabra.

El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, señor presidente. Ya disponemos de las dos transaccionales firmadas por todos los grupos.

En síntesis, el proyecto que vamos a apoyar en este día tiene cuatro elementos esenciales que nos parece que son importantes. Uno es un nuevo impulso en la eficiencia del funcionamiento de las sociedades, tanto anónimas como limitadas, e incluso de otras sociedades no reguladas en la Ley de Sociedades de Capital, a las que subsidiariamente se les puede aplicar esta ley.

Fundamentalmente lo que se impulsa es mejorar los gastos de funcionamiento, organización y, sobre todo, de publicidad y difusión en diarios oficiales, en boletines oficiales, etcétera, por parte de los distintos tipos de sociedades. Por lo tanto, esto sería una reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, hay una segunda vertiente que va en la línea de modernización de esta ley, y lo hace recogiendo algunos de los aspectos de la propuesta de código de sociedades mercantiles, que en su momento se aprobó, desde la codificación, que acoge dos cuestiones que son muy importantes: el régimen jurídico del administrador, que no es una persona física o natural, sino una persona jurídica, y no estaba regulado en nuestra Ley de Sociedades de Capital, y la convocatoria, por parte de los consejos de administración, por minoría, por un tercio de los miembros del consejo de administración, que tampoco era una potestad de las minorías hasta este momento, hasta que esta ley se apruebe por las Cámara. Creemos que es un avance importante de respeto a las minorías y de mejora de las condiciones de funcionamiento de las sociedades de capital.

En tercer lugar, también hay un elemento de homogeneización y de simplificación en tanto en cuanto toda una serie de diferencias injustificadas en la regulación entre las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada desaparecen y se homogeneizan; se hace la misma formulación para ambos tipos de sociedades en todo aquello donde esas diferencias no tienen ninguna justificación.

Esos son los cambios que se producen en la Ley de Sociedades de Capital. Además, se hace la transposición de la Directiva Europea 2007/36, que fundamentalmente regula el ejercicio del derecho de los accionistas en las sociedades cotizadas, y se refiere de manera muy especial a cuando hay intereses vinculados de terceras personas: familiares, personas allegadas a los administradores, cuando hay intereses posiblemente contrarios a la compañía porque los responsables estén en otras que se dediquen a idénticos o similares objetos sociales, y se regula y se abre paso de manera muy clara en la doctrina europea dar más capacidad de participación a las minorías, tanto en los consejos como en las propias juntas generales de las sociedades, ya sean anónimas o de responsabilidad limitada.

En este sentido, creemos que es una buena ley, una ley que mejora sustancialmente la legislación existente en nuestro país; por lo tanto, dentro del ambiente de consenso que ha habido en la comisión y que hoy también se ha plasmado en este Pleno con la propuesta de dos enmiendas transaccionales, consideramos que el Senado mejora de manera manifiesta el texto legal que llegó a la Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Conde.




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El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.

Como se ha dicho ya, este proyecto de ley ha contado con un amplísimo consenso en el Congreso de los Diputados, que se ha reproducido también en esta Cámara Alta. Este proyecto de ley tiene dos finalidades: por una parte, una pura transposición de una directiva —y tenemos diferentes criterios sobre la fidelidad en cuanto a esa transposición hecha por el proyecto de ley, y de ahí proceden las enmiendas que mi grupo ha presentado— y, por otra parte, se aprovecha la circunstancia para hacer una serie de reformas del texto que se consideran convenientes, sobre las sociedades de capital.

Al margen de las enmiendas que hemos presentado y que he defendido en el anterior turno de palabra, sí quiero manifestar que vamos a apoyar, por supuesto, el texto en lo no modificado por las enmiendas. Vamos a manifestar nuestro voto favorable porque entendemos que ciertamente España debe cumplir con las obligaciones que nos impone nuestra presencia en la Unión Europea y las directivas emanadas del Parlamento y del Consejo, y esta ley razonablemente lo hace.

Sentimos no poder apoyar algunas enmiendas de otros grupos parlamentarios. En los trabajos de la comisión hemos intentado ponernos de acuerdo tanto con el Grupo se Senadores Nacionalistas como con CiU y, por supuesto, con el Grupo Socialista. Este proyecto de ley, como se ha dicho también, es muy técnico y carece de carga ideológica y política subyacente y, consecuentemente, ha sido relativamente fácil poder discutir en pura técnica jurídica más allá de nuestros planteamientos ideológicos, que a veces se constituyen en barrera infranqueable, pero no ha sido el caso.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS ÁMBITOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000108)

(Núm. exp. C.D. 121/000121)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente proyecto de ley. Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, voy a hacer la presentación del dictamen del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en los Ámbitos de la Defensa y de la Seguridad. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 24 de junio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 28, siendo ampliado hasta el día 30. Se presentaron seis enmiendas a este proyecto de ley, así distribuidas: tres, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, dos del Grupo Parlamentario Popular y una presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich Cano, don Manuel Arjona Santana, don Arturo Bagur Mercadal, don José Manuel Barreiro Fernández, don Hilario Caballero Moya, don José Manuel Pérez Bouza, don Francisco Javier Vázquez Requero y por el senador que tiene el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara.

La comisión dictaminó el día 5 de julio, y debo señalar, en primer lugar, que las enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no fueron ni debatidas ni votadas en comisión porque el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, se opuso a su tramitación por considerar que implicaban aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Tras el correspondiente debate, fue aprobada la enmienda número 3, siendo las demás rechazadas.

A este proyecto de ley han presentado votos particulares los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Popular.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. Por Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, presidente.

Intervengo para defender la enmienda número 6 que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, justificada de la siguiente forma: es práctica habitual de los operadores de capital-riesgo, tanto nacionales como internacionales, que las inversiones en empresas que están en fase de I+D de sus futuros productos se hagan en varios desembolsos ligados a la consecución de hitos de desarrollo, tecnológicos, regulatorios, etcétera.

Para ser más precisos, los inversores de capital-riesgo asumen el compromiso firme de financiar la compañía, pero en lugar de desembolsar la totalidad del importe comprometido en una única ampliación de capital, lo hacen mediante sucesivas ampliaciones a medida que la compañía va alcanzando una serie de hitos que, por mutuo acuerdo, los inversores y los promotores o accionistas previos fijaron en el momento de la primera toma de participación.

De esta manera, los operadores de capital-riesgo mitigan el riesgo inherente a este tipo de inversiones y las empresas acceden al capital que necesitan. Esta es también la forma de operar que demandan, a su vez, los inversores de los fondos y sociedades de capital-riesgo que invierten en empresas desarrolladoras de nuevas tecnologías, ya que lo ven como una vía de contrarrestar el riesgo del desarrollo tecnológico o científico implícito en dichas inversiones, puesto que permite ir incrementando la aportación de capital a medida que los desarrollos avanzan y, en consecuencia, disminuye el riesgo de fracaso.

Además, el esquema de desembolsos por hitos permite que los promotores o anteriores accionistas puedan verse beneficiados en el proceso, ya que, en muchas ocasiones, el cumplimiento de tales hitos supone un salto cualitativo en el desarrollo de los productos y de la empresa, salto que es reconocido por los inversores de capital-riesgo como un mayor valor de la sociedad y que, a su vez, se traduce en una menor dilución de los accionistas ya existentes. Es importante considerar este aspecto porque estamos en un momento en el que en este país nos estamos planteando que las empresas de I+D van a ser determinantes.

En este sentido, con esta enmienda pedimos un tratamiento fiscal adecuado, teniendo en cuenta que los doce meses que exige la ley se cumplan no desde cada inversión que se hace, sino desde la primera que tuviera lugar en la compañía y que se va desarrollando en el tiempo.

Este es el motivo de esta enmienda. Es importante y les pido a sus señorías que la apoyen, ya que está en la línea de la voluntad que tenemos todos de que este país avance para ofrecer productos con mayor valor añadido, basados en la innovación y en la tecnología.

Gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vázquez Requero.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.

Me va a permitir que haga desde el escaño este turno de defensa de nuestras enmiendas, porque únicamente tenemos dos y una de ellas, la número 4, que hacía referencia al artículo 7.1b), ha sido transaccionada por todos los grupos —supongo que ya se la habrán hecho llegar a la Mesa—, y era la referida a los negocios jurídicos excluidos, en la que pedíamos una letra b) en todos aquellos contratos que, de regirse por esta ley, —la Ley de contratos del sector público en materia de defensa y seguridad— resultaría necesario revelar una información contraria a los intereses de la seguridad, y, por lo tanto, conforme al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pudieran resultar perjudicados los intereses esenciales de la defensa y de la seguridad nacional. Creo que esto ha sido aceptado por todos los grupos en base a nuestra enmienda número 4, y en ese sentido no tengo nada más que decir.

En cuanto a la enmienda número 5, mantenemos al artículo 61.2 in fine. Se trata de una modificación meramente formalista referida concretamente a los subcontratistas, puesto que este artículo hace referencia al principio general de la subcontratación y, por tanto, a los supuestos en que se admite la subcontratación en estos contratos. Mantenemos que se pueda subcontratar hasta un límite máximo del 50% en lugar de lo establecido en el texto remitido por el Congreso, que hace referencia al 30%. Decimos que es un límite máximo, es decir no es obligatoria la subcontratación hasta ese límite, pero creemos que




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así se mantiene, además, una mejor coherencia con el artículo 210.7 de la Ley de contratos del sector público que aprobó esta Cámara en el año 2007, tras la nueva redacción dada por la Ley de Economía Sostenible aprobada este año, que elevaba el porcentaje de subcontratación hasta lo que precisamente pedimos aquí: el 50%. También, hay que tener en cuenta que va en consonancia con lo establecido en otras directivas de la Unión Europea y con el principio de pensar primero en el pequeño. Así, las empresas pequeñas y medianas de estos sectores de defensa y seguridad podrán tener más posibilidades de subcontratación.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Senador Arjona, tiene la palabra.

El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la tramitación de la presente ley fue objeto de un amplio consenso en su paso por el Congreso, llegando al Senado ampliamente consensuada.

En esta Cámara se presentaron un total de seis enmiendas y, tras su paso por comisión, permanecen vivas para su debate en Pleno un total de tres. Ha sido vetado por el Gobierno el debate de las enmiendas 1 y 2 de CiU, al no ser coherentes con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo conforme a los objetivos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

La enmienda número 3 fue firmada conjuntamente por el PP y el PSOE y aprobada en comisión, incorporándose al texto del dictamen.

La enmienda número 4, inicialmente presentada por el PP, ha sido transaccionada y firmada por todos los grupos parlamentarios, por lo que solo quedan vivas las enmiendas 5 y 6 del PP y CiU, respectivamente.

En cuanto a la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Popular, he de decir que en el proyecto de ley remitido por el Congreso está ya contenida la posibilidad de subcontratar una parte superior del porcentaje establecido, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice expresamente, lo que, desde nuestro punto de vista, da más seguridad jurídica al contrato. Aunque podemos compartir la filosofía que inspira la enmienda, el límite máximo del volumen de subcontratación que el órgano de contratación puede exigir viene determinado por la Directiva 2009/81/CE, que fija el porcentaje del 30%, por lo que la alteración al alza de ese tanto por ciento, considerado como máximo por la directiva, no cumpliría el principal objetivo de la ley, que es la trasposición de dicha directiva.

La enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se refiere a la modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Pensamos que esta enmienda se introduce de forma inadecuada, pues esta ley tiene otro objetivo completamente distinto: la trasposición de una directiva europea sobre contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad. De cualquier forma, rechazamos la presente enmienda al considerar que uno de los objetivos del beneficio fiscal establecido en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades es incentivar un tiempo mínimo de permanencia de la inversión —desde nuestro punto de vista, no es excesivamente largo— de las empresas de capital riesgo en las sociedades participadas. Al objeto de asegurar el cumplimiento de dicho objetivo, se debe mantener la norma en su redacción actual con el fin de promover una actividad con una función económica importante, como es la financiación temporal de las empresas, y evitar que se beneficien del mencionado régimen especial participaciones que consideramos meramente especulativas. Por ello, nos oponemos a la enmienda anteriormente referida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar diciendo que el Grupo de Senadores Nacionalistas está totalmente de acuerdo con el proyecto de ley. De hecho no hemos presentado ninguna enmienda, y por tanto, votaremos a favor. Pero he querido salir a la tribuna para intervenir en el turno de portavoces porque quiero manifestar




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nuestro desacuerdo con algunas cuestiones que han surgido en la tramitación de este proyecto de ley en el Senado.

En primer lugar quiero mostrar nuestro total desacuerdo con ese veto del Gobierno a dos enmiendas presentadas en tiempo y forma por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, basándose en unos argumentos jurídicos de muy poca fuerza e incluso absolutamente contradictorios, porque el Gobierno ha aceptado la tramitación de otras enmiendas en esta Cámara que, de ser aprobadas, dificultarían bastante el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Sin ir más lejos en el pasado Pleno yo mismo defendí aquí una enmienda que, de aprobarse, reduciría nada más y nada menos que en 9000 millones de euros los ingresos del Estado debido a esa previsible privatización de AENA que tienen en marcha. Pensamos, pues, que flaco favor hace el Gobierno a la democracia, al debate y a esta Cámara vetando estas dos enmiendas.

Pero yo creo que la justificación no viene por ahí y ese no es el motivo por el que se vetan estas enmiendas, sino que se hace porque se quiere consolidar un sistema eléctrico que se empezó a dibujar con la aprobación de dos reales decretos, el 14 y el 1565, de 2010, que han dejado absolutamente en bancarrota a los propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Dos decretos que a nuestro juicio son claramente retroactivos, que de facto suponen una expropiación de derechos que estos propietarios de instalaciones fotovoltaicas tenían adquiridos porque habían sido reconocidos en el Boletín Oficial del Estado, contribuyendo con ello, además, a reforzar un oligopolio que tienen montado tres grandes empresas energéticas de este país que, sumadas a alguna otra, controlan el 99% del negocio energético.

Ese es, pues, el verdadero motivo del Gobierno. Estas empresas presionan al Gobierno, y lo más triste es que el Gobierno ha cedido claramente a esa presión porque no tolera que en este negocio, que en ese reparto de la tarta entren nuevos competidores, como eran los propietarios de instalaciones fotovoltaicas, cuando la inmensa mayoría de ellos lo son porque el Gobierno incitó a que invirtieran en esa línea de negocio.

Así pues, nosotros estamos en total desacuerdo con que no se nos permita debatir y votar sobre estas enmiendas, que ya manifiesto que apoyaríamos con entusiasmo. Pero es curiosa la deriva del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, porque mientras vetan estas enmiendas permiten que se introduzcan otras que nada tienen que ver con esta ley, bastante menos que la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, bastante menos. Y no solo introducen, sino que la pactan con el Grupo Parlamentario Popular una enmienda que reduce claramente derechos adquiridos por un colectivo profesional tan importante como el de la Guardia Civil, al que se le elimina totalmente su derecho a manifestarse, un derecho que tenía reconocido desde 2007. Esa es la coherencia y la deriva del Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura.

Consideramos que es absolutamente increíble que un partido político como el suyo, que llevaba en su programa electoral la desmilitarización del cuerpo de la Guardia Civil, les reduzca ahora su derecho a manifestarse con una argumentación también muy pobre, y es que se dice que ello es porque la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar. Efectivamente lo es, pero con una clara vocación civil, algo que recoge su propio nombre. Se llama Guardia Civil, no guardia militar. Y una cosa es tener naturaleza militar y otra muy distinta es que sean militares. Por tanto, señorías, aquí lo que se ha producido es un claro recorte de los derechos que este cuerpo tenía adquiridos

Me resulta increíble que ustedes apoyen este tipo de cuestiones y que las saquen adelante; demandas que no sé de dónde parten, pero desde luego no de la sociedad, porque no creo que haya ningún ciudadano en el Estado español que esté preocupado porque la Guardia Civil pueda participar en manifestaciones sin uniforme y sin armas. No creo que haya nadie preocupado por eso, y por tanto, no sé a qué viene recortar estos derechos a un colectivo tan importante que desempeña un trabajo tan relevante como el cuerpo de la Guardia Civil.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero informar que vamos a votar a favor de la enmienda transaccional que se ha planteado con respecto a la número 4; consideramos que es interesante y positivo que se haya conseguido esta transacción.




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En segundo lugar, lamentamos que el Grupo Parlamentario Socialista no entienda que es positivo apoyar esta enmienda número 6. Como decía el senador Pérez Bouza, últimamente estamos acostumbrados a que el Gobierno coloque ciertos temas en la primera ley que tiene a mano. Un día decidió que ya no había ley de acompañamiento, y desde entonces hemos transformado prácticamente todas las leyes que se van tramitando en leyes de acompañamiento en las que metemos de todo. No es algo que nos parezca ni bien ni mal, porque nosotros también lo hacemos, pero, por favor, no me riña usted cuando —repito— estamos viendo sistemáticamente leyes en este Senado en las que tratamos de todo, y no digo ya la famosa Ley de Economía Sostenible, en la que no solo hablamos de todo, sino de todo y mucho más.

Dicho esto debo manifestar que vamos a apoyar esta ley. Ya votamos a favor de la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular en comisión; repito que vemos bien la enmienda transaccional a la número 4, y nos vamos a abstener respecto de la 5.

Pero quiero hacer un comentario, aunque el senador Pérez Bouza ha contado lo que yo quería contar. A esta ley nosotros presentamos dos enmiendas porque entendíamos que había que hacerlo, y es que hay un sector, el fotovoltaico, que además ya defendimos en esta Cámara en una pregunta que le hice al presidente del Gobierno, en la que le hablé de lo mismo que en las dos enmiendas que planteamos, y es que en este sector hay un 66% de instalaciones de menos de 100 kilovatios que representan al 33% de la potencia instalada; que este real decreto ley, que nosotros también creemos que es retroactivo, va a provocar que miles de familias se encuentren en una situación económica muy, muy delicada, y esto se va a producir a partir del mes de octubre.

Ellos mismos reconocían que estas enmiendas no resolvían el problema, sino que eran paliativas, pero entendíamos que era un gesto que había que hacer, y nosotros lo hicimos. Y yo agradezco que el senador Pérez Bouza lo haya dicho con toda contundencia; yo también intenté hacerlo.

¿Y qué ocurrió? Pues que a 24 horas de su debate el Gobierno vetó. Este senador pidió un amparo al presidente de la Cámara, que ha analizado la situación; y ayer o anteayer me contestó que no podía aceptar mi amparo, algo que respeto, valoro y evidentemente acato, pero creo que hemos perdido una gran oportunidad de debatir este tema, de buscar solución a unas familias que lo van a pasar muy mal, y creo sinceramente que el Gobierno ha actuado de una forma discriminatoria y discrecional. ¿Y en qué sentido digo esto? Pues esta enmienda tenía evidentemente un componente económico, pero también es cierto que en esta Cámara se han debatido otras enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios que tenían un componente económico muy superior. Es cierto que en la respuesta que me da a esta petición de amparo me dice el presidente del Senado que el Gobierno tiene derecho —y seguro que es así, pues, además, está asesorado por magníficos letrados— a tomar en cada momento la decisión más oportuna. Pero, repito, yo esto lo considero discrecional, tiene un cierto punto de arbitrariedad y genera una indefensión que en este sentido este senador nota, y siente y lamenta que no se haya podido debatir este tema en esta Cámara y que no se haya podido encontrar una solución que tenía un coste económico razonable, comparado con el problema que plantea el que no lleguemos a un acuerdo en esta línea.

En cualquier caso quiero decir que este grupo y este senador va a llevar este recurso hasta el máximo nivel, vamos a llevar este tema al Constitucional, y yo espero y deseo que seamos capaces en el menor tiempo posible de volver a poner este asunto sobre la mesa y de encontrar una solución, que en estos momentos es la que esperan, repito, miles de familias que, de buena fe, a partir de una normativa que les beneficiaba, hipotecaron sus terrenos, en algunos casos sus casas, etcétera, y ahora se encuentran en una situación que no pueden afrontar. Creo que es lamentable. Este debate en esta Cámara ya se ha producido. Repito que al presidente del Gobierno le planteé exactamente la misma cuestión en esta Cámara, pensando en la misma gente. Me dijo el presidente que intentaría darme una respuesta. Es cierto que ha habido reuniones entre Industria y este grupo, pero no han llegado a un acuerdo. Por eso es imprescindible encontrar una solución a este asunto porque la que se ha encontrado no es la adecuada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Vilajoana.

Con la misma amabilidad que se ha dirigido a mí, quiero decirle que, efectivamente, no he hecho más que cumplir con mis obligaciones en el sentido de cumplir la Constitución, exactamente igual a toda la trayectoria que hemos tenido en la Cámara y en las resoluciones con otros grupos. Por tanto, a su intervención mi contestación.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caballero.




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El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor presidente.

Se están reproduciendo en este Pleno prácticamente los debates que se suscitaron en la comisión; es decir, seguimos hablando de protección del régimen tarifario del sector eléctrico, de líneas de financiación del ICO, de impuesto sobre sociedades y de leyes orgánicas de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. En comisión ya expuse las razones a este respecto y también ha hecho referencia a ello mi compañero el senador Arjona y, por lo tanto, quiero centrarme en lo que es el objeto de este proyecto de ley por la que se adapta la Ley de Contratos del Sector Público a las singularidades propias de los ámbitos de seguridad y de defensa en cumplimiento de los criterios fijados por una directiva, la 2009/81, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obra, de suministro y de servicio por las entidades o poderes adjudicatarios en estos ámbitos. Se crea un marco regulatorio específico que reconoce la singularidad de los contratos en materia de defensa y de seguridad y que garantiza los principios de igualdad, no discriminación, concurrencia y transparencia propios de los procesos de los contratos públicos, y además se impulsa la participación de las pymes en la ejecución de los contratos en estos ámbitos. El proyecto de ley permite a los órganos de contratación establecer determinadas exigencias adicionales en la documentación contractual para garantizar la seguridad de la información y del suministro, especialmente relevante en estos ámbitos. Del mismo modo la nueva normativa introduce una serie de ajustes legales para flexibilizar los procedimientos de contratación en este campo, como el incremento de plazo de vigencia de los acuerdos marcos o la posibilidad de que en el procedimiento negociado se pueda establecer un trámite previo de selección de contratistas orientados a limitar el número de licitadores. La norma también contribuye a desarrollar una base de suministradores para la defensa europea entre el universo de las pequeñas y medianas empresas, y en este sentido ha introducido la exigencia de que las subcontrataciones por parte de los adjudicatarios se lleven a cabo observando unas normas mínimas de publicidad y garantizando la mayor objetividad posible en la selección de las empresas. La finalidad primordial de estos requisitos es abrir este mercado de segundo nivel a todas las empresas que no pudiendo acudir a la licitación de forma directa por las características de su actividad o por tener un tamaño insuficiente puedan estar interesadas o capacitadas para participar en la ejecución de los contratos.

A nuestro país, como país intermedio, la trasposición de la directiva no le produce un gran cambio respecto a la normativa actual pero sí le produce impacto sobre la contratación como consecuencia de la función de control ejercida por la Comisión y el compromiso de habernos adherido al régimen intergubernamental de la Agencia Europea de Defensa. Los países grandes, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, tratan de adaptarse a la situación actual mediante una estrategia país.

En este sentido, considero importante la nueva disposición adicional novena, fruto de otra transacción en el Congreso de los Diputados, por la que el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley, determinará las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afecten a los intereses esenciales de la Defensa la Seguridad nacional También quiero resaltar otros dos aspectos y son que el nuevo escenario supone una oportunidad para la empresas españolas por las subcontrataciones que se abrirán en Europa ya que la directiva y la transposición afectan no solo al ámbito de Defensa, sino que incluye además el de la Seguridad.

Finalmente, quiero indicar respecto a la estrategia española de seguridad, que fue aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros el día 24 del pasado mes de junio, donde se dispuso su remisión al Congreso de los Diputados, con lo que se da cumplimiento al compromiso del señor presidente del Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Caballero.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente en relación con este proyecto de ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, que no es otra cosa que una transposición de la Directiva 2009/81, de 13 de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo.

En primer lugar, efectivamente, como han puesto de manifiesto los portavoces que me precedido en el uso de la palabra, se trata de una ley consensuada, pues en esta Cámara han tenido entrada seis —muchas menos de las que lo hicieron en el Congreso de los Diputados— a sus 68 artículos, por lo tanto,




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se puede decir que la mayoría estaban consensuadas. Además, de las 31 enmiendas tramitadas en el Congreso de los Diputados, la mayoría fueron aprobadas o transaccionadas. Así pues, es una ley que se puede calificar como consensuada.

También se pueden calificar de pacífica por lo que se refiere al texto que ha venido a esta Cámara y que sale de ella, porque las polémicas en el debate, precisamente, hacen referencia a otros temas que nada tienen que ver con la ley de contratos del Sector Público en estos ámbitos que tratamos hoy. Por tanto, esa polémica está fuera de lo que significa la aprobación material del texto legal.

Por lo que se refiere a su aprobación en el Senado, aunque si bien con cierto retraso, porque hace ahora dos años que se aprobó la directiva, era necesaria, porque con respecto a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, se produce una modificación importante en el procedimiento negociado con publicidad, concretamente en sus artículos 154 a 159, que se convierte en un procedimiento ordinario. Así pues, a mi juicio también más garantista.

La única controversia, si dejamos aparte las cuestiones fotovoltaicas, las sociedades de capital riesgo y las Fuerzas Armadas, que hemos citado antes y que nada tienen que ver con esta ley, pero que han sido objeto de enmienda, han sido dos enmiendas del Grupo Popular. Nosotros tenemos que estar satisfechos del trabajo realizado, tanto en la comisión como, posteriormente, hasta llegar a este Pleno.

Estamos a favor del proyecto, como lo demuestran las dos únicas enmiendas presentada a los 68 artículos y a las 21 disposiciones y anexos que lo complementan, pero nos vamos a abstener en la enmienda número 6, del Grupo Catalán de Convèrgencia i Unió, que sigue viva, porque creemos que no es este el lugar para su tramitación. Creemos que esta enmienda tendría mejora cabida en una proposición de ley que ahora mismo se está tramitando en el Congreso de los Diputados que hace referencia a la materia económica y a emprendedores, en vez de en esta ley de contratos del Sector Público, porque, precisamente, es materia económica de sociedades de capital riesgo. Es una iniciativa del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados que se está tramitando ahora y, por eso, nos vamos a abstener, porque, en definitiva, pensamos que es mejor introducirla en esa proposición y no en esta ley. Otro punto controvertido ha sido una enmienda presentada por nosotros que hace referencia a los secretos oficiales.Tenemos que agradecer la disponibilidad de todos los grupos para que, sobre la base de esta enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular, se haya podido presentar ante la Mesa una transacción. Por lo tanto, doy las gracias a todos los grupos, especialmente al senador Caballero, del Grupo Parlamentario Socialista, quien también ha estado en esta transacción y pendiente del ministerio durante varios días, al igual que a mi compañero del Congreso, Vicente Ferrer Roselló. Considero de justicia este reconocimiento y darles las gracias, especialmente por esta enmienda.

Nosotros mantenemos únicamente una enmienda, que hace referencia a la subcontratación, que es el único tema controvertido, ya que nosotros también creemos que es para el acceso de las pequeñas empresas. Pero las razones de la negativa del Grupo Parlamentario Socialista no nos parecen aceptables, puesto que deslegaliza el tope máximo de la subcontratación con lo que acaba de decir, porque señala que en un pliego de condiciones sí se puede establecer el tope máximo del 50% que nosotros pedimos en las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Voy terminando, señor presidente.

Por lo tanto, no entendemos ese razonamiento, aunque ellos han indicado que también comparten nuestra filosofía. Doy las gracias a todos los presentes por la tramitación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

— DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE DEPÓSITO LEGAL.

(Núm. exp. S. 621/000104)

(Núm. exp. C.D. 121/000118)

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de este dictamen, pasamos al dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley de Depósito Legal.

No hay presentación del dictamen.




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Pasamos al debate de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene tres enmiendas que espero que reciban el apoyo del resto de los grupos.

Respecto de las números 11 y 14, voy a hacer una reflexión global y conjunta. Tradicionalmente, la preservación de los documentos se ha garantizado mediante su depósito en la Biblioteca Nacional española y en la biblioteca pública del Estado correspondiente. En el marco del sistema autonómico, la mayoría de las comunidades autónomas disponen de bibliotecas conocidas como regionales o nacionales. En nuestro país, la biblioteca de Cataluña hace esta función de recoger y conservar todo lo publicado en Cataluña, con lo cual se dispone de las correspondientes copias depositadas en la Biblioteca Nacional española y en la de Cataluña.

Tal y como está redactada la propuesta, solo diferencia entre centros depositarios —las oficinas de depósito legal— y centros de conservación —Biblioteca Nacional de España— y las bibliotecas designadas por parte de las comunidades autónomas.

Debemos preguntarnos si realmente de todo lo que se publica hace falta tener las copias que se establecen en la ley. La cuestión es que en algunos casos sí será necesario conservar todas las copias, pero en otros consideramos que no. La biblioteca de Cataluña debería conservarlo todo, pero no es el caso del resto de las bibliotecas que designe la Generalitat. Consideramos que no debería ser necesario guardar algunos documentos como, por ejemplo, la pornografía, obras no editadas o boletines oficiales. Es decir, creemos que se debería dar margen a la Generalitat para decidir, según el caso, qué conservar y qué no en todos los centros, partiendo siempre de la base de que en la biblioteca de Cataluña sí se guarda todo.

En el caso concreto de Cataluña, la biblioteca pública de Barcelona estará a menos de 1000 metros de distancia de la biblioteca de Cataluña. ¿Tiene sentido preservar dos o más copias de lo mismo a menos de un kilómetro de distancia?

Aparte de la actualización del reglamento de las bibliotecas públicas —que obliga a las bibliotecas provinciales a ser depositarias de al menos un ejemplar de las obras procedentes del depósito legal de la respectiva provincia— pedimos crear una tercera categoría de centro —los de recepción—, de forma que estos no tengan la obligación de conservar todos los documentos de depósito legal e incluso no recibir copia de los documentos que a priori se sabe que no se conservarán. De esta forma, en algunos casos ahorramos al editor una de las copias.

Respecto de la enmienda número 12, simplemente estimamos que el proceso de desarrollo del reglamento para el depósito de los recursos electrónicos es muy importante y determinará el coste que este supondrá para las comunidades autónomas. No parece lógico, en consecuencia, que estas administraciones sean solamente oídas, y nos parece más adecuado utilizar el órgano de participación que se crea en la disposición adicional segunda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.):

«Gràcies president, la primera esmena del nostre grup és la número 4 que pretén la supressió de l’article 10.3 que atribueix a l’anomenada Biblioteca Nacional l’alta inspecció i el seguiment del compliment de la normativa sobre el dipòsit legal, una alta inspecció extemporània en el marc de la distribució competencial autonòmica actual.»

Decía que nuestra primera enmienda pretende la supresión del artículo 10.3, que otorga a la Biblioteca Nacional de España el ejercicio de la alta inspección y el seguimiento del cumplimiento de la normativa sobre el depósito legal porque nos parece que están fuera de lugar dadas las competencias autonómicas, en nuestro caso las que atribuye a la Generalitat de Cataluña nuestro estatuto, aparte de que creo que el propio concepto de alta inspección en cuestiones de cultura está fuera de lugar. Me extenderé más ampliamente en el turno de portavoces sobre esta cuestión.




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Con nuestra enmienda número 5 pretendemos que quede claro que son las bibliotecas públicas que determinan las comunidades autónomas los centros de conservación esenciales previstos en la ley para conservar los documentos objeto de depósito legal, y que son estos centros los que facilitarán a la Biblioteca Nacional un ejemplar de cada uno de los elementos que se deben conservar. Que quede claro, pues, el papel de estos centros de conservación en relación con la Biblioteca Nacional.

Nuestra enmienda número 6 abunda en lo mismo que decíamos en nuestra enmienda número 4 en relación con la alta inspección de la Biblioteca Nacional. En el artículo 11.2 pedimos la supresión de lo siguiente»: «… sin perjuicio de la alta inspección que corresponde a la Biblioteca Nacional». Nos parece algo fuera de lugar y ya obsoleto.

Consideramos muy importante nuestra enmienda número 7. Aunque se puede objetar que no está relacionada con el depósito legal, sí lo está en la medida en que se trata de bibliotecas públicas del Estado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que de una vez por todas se cumpla, más aún después de dos legislaturas del Partido Socialista Obrero Español, que terminen la presente legislatura habiendo hecho el traspaso de las bibliotecas provinciales a las comunidades autónomas junto con las obras pertinentes y los correspondientes recursos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Hurtado.

El señor HURTADO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Si me lo permite intervendré desde el escaño dada la hora.

Más que hacer un turno en contra quiero referirme en primer lugar a la realidad de esta ley, que viene del Congreso de los Diputados bastante consensuada. En el Senado se han presentado 22 enmiendas, siendo tres del Grupo Parlamentario Popular, seis del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, cinco del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y ocho del Grupo Parlamentario Socialista. De esas 22 enmiendas solamente han permanecido vivas para este pleno ocho, lo que quiere decir que en esta Cámara hemos tenido prácticamente el mismo nivel de consenso que en el Congreso. Creo que ha habido por parte de todos los grupos parlamentarios la suficiente flexibilidad para aceptar o transaccionar las distintas enmiendas presentadas y al final hemos conseguido una ley de la que todos podemos sentirnos satisfechos en cuanto a su grado de consenso.

En cualquier caso, lo único que quiero decir en este turno en contra, en relación con las enmiendas que plantea CiU, es que hemos estado hasta el último momento haciendo todos los esfuerzos necesarios para tratar de llegar a acuerdos, del mismo modo que llegamos a un acuerdo en las otras enmiendas que se habían presentado en ponencia.

Pero quiero hacer una única mención a los centros de recepción. Hay que tener en cuenta, aunque todos lo sabemos, que la legislación básica corresponde a las comunidades autónomas, y que en este caso concreto la Generalitat de Cataluña podrá hacer en su legislación básica esos centros de recepción sin ningún problema ,pero es un tema que está ya prácticamente solventado. Dicho de otra manera, no hemos querido entrar en una reglamentación excesiva de la ley, sino conseguir que esos centros de recepción puedan operar desde la legislación básica.

Respecto a Entesa, también se ha hecho un esfuerzo de aproximación, por ejemplo, en cuanto a la entrega de ejemplares. En general, se ha acordado que tan solo se entregue un ejemplar, y solo hay dos apartados referidos a dos ejemplares, lo que obedece más a cuestiones técnicas que a la voluntad legislativa de que sean uno o dos los ejemplares que se depositen.

Como sabe el senador Bofill, algunas de sus enmiendas no obedecen exclusivamente a esta ley. Son motivo de una transferencia del Estado a las comunidades autónomas.

Por los cambios producidos en ponencia y comisión, en la primera parte del preámbulo de la ley hay una referencia a la disposición adicional primera cuando debería ser a la disposición final tercera, pero creo que se puede llevar a cabo esta corrección.

En cualquier caso, quiero terminar como empecé, dando las gracias a todos los grupos por su comprensión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.




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¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Denegaciones.)

En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Como ya dije en comisión, nuestro grupo parlamentario comparte con el resto de los grupos la visión respecto a la necesidad de actualizar el marco legislativo en materia de depósito legal. A lo largo de todo el proceso ha habido un amplio consenso entre los diferentes partidos políticos y, a pesar de no haber podido incorporar la totalidad de las enmiendas presentadas por mi partido, estamos satisfechos del trabajo realizado y del contenido del proyecto de ley que finalmente se aprobará.

La aparición y extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación están cambiando totalmente los comportamientos y los hábitos generales de la sociedad. Han alterado los hábitos de consumo, de comunicación y de intercambio cultural. Han aparecido nuevas pautas sociales y nuevos estilos de vida que implican la adaptación de la regulación actual. La evolución de las TIC ha provocado cambios a nivel de equipos e infraestructuras pero también a nivel metodológico, y ha ocasionado un fuerte impacto cultural, económico y social.

Los avances tecnológicos tienen impactos amplios y profundos en todos los ámbitos, pero muy especialmente en la producción de servicios y productos. Debemos ser conscientes de que las TIC e Internet han tenido un impacto en el sector cultural, especialmente con la digitalización y la elaboración de nuevos contenidos culturales. Además, la movilidad de datos, ideas y contenidos que proporcionan los actuales sistemas de comunicación no tiene precedentes. El acceso a Internet y el uso de formatos digitales ha generado la aparición de lo que se conoce como la generación 2.0 y desde las administraciones debemos aprovechar al máximo estas tecnologías para asegurar la conservación y la transmisión de nuestra cultura a las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad defender los intereses de las generaciones futuras para acceder a la cultura de su presente pero también a la de su pasado. Asegurar el acceso a la historia tiene una relación directa con la educación de nuestra sociedad en el futuro.

Sin embargo y a pesar de ser plenamente conscientes de esta relación directa entre cultura y educación, queremos reiterar la necesidad de determinar criterios claros, lógicos y racionales sobre los materiales realmente interesantes de conservar y guardar, preocupación que ha quedado expresada en las enmiendas que he intentado defender con anterioridad y que lamentamos que no se puedan incorporar definitivamente al texto.

Desde nuestro punto de vista el proyecto de ley tiene un impacto directo en las funciones operativas que se realizan en las bibliotecas y, en consecuencia, en sus costes de gestión que asumen directamente las administraciones gestoras, en este caso la Generalidad. Debemos ser eficientes y eficaces en la gestión, y eso pasa por encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de acceso a toda esa documentación, pero también a los recursos disponibles por parte de las administraciones.

Y finalmente respecto a las enmiendas presentadas por parte de la Entesa, solo me resta anunciar nuestro voto a favor de todas ellas, exceptuando la enmienda número 9 que sería equivalente a nuestra enmienda número 12.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.):

«Gràcies president, aquesta llei del dipòsit legal té un caràcter principalment tècnic i, de vegades, fins i tot regula qüestions que són més aviat de caràcter reglamentari; però, malauradament, també té un rerefons, un regust centralista en relació amb el paper que es vol atorgar a l’anomenada Biblioteca Nacional de l’Estat, una institució que té sentit pels fons que conserva, però que s’ha d’adaptar a l’època de la digitalització i de la xarxa, que facilita la descentralització, que permet el multicentrisme i en què no cal la centralització, una centralització avui ja poc operativa que, a més, en el cas d’aquesta biblioteca de l’Estat, té origen farà aviat 300 anys en el despotisme i el centralisme borbònic.»

Continuaré mi intervención en castellano por una imposición reglamentaria que es una rémora más de ese centralismo e uniformismo impuesto por los Borbones, pronto hará trescientos años. Y decía en catalán que esta ley del depósito legal tiene un carácter principalmente técnico y, a veces, hasta regula




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cuestiones que son más de carácter reglamentario. Pero, desgraciadamente, también tiene un transfondo o regusto centralista en relación al papel que se quiere otorgar a la llamada Biblioteca Nacional del Estado, una institución que tiene sentido por los fondos que conserva, pero que se ha de adaptar a la época de la digitalización y de la red que facilita la descentralización, que permite el multicentrismo, y en la que no es necesaria la centralización, hoy ya poco operativa que, además, en el caso de esta biblioteca del Estado tiene su origen, pronto hará trescientos años, en el despotismo y el centralismo borbónico. Concretamente Felipe V ordenó la creación de la Biblioteca Real, origen de la actual Biblioteca Nacional en Madrid, con los fondos requisados, robados en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en los territorios que habían luchado por conservar sus fueros y libertades. Y debe saberse que los fondos originarios de esa Biblioteca Real proceden en su mayor parte de las bibliotecas y archivos de los patricios y nobles austriacistas, que habían muerto o se habían exilado en Viena como consecuencia de la Guerra de Sucesión, particularmente entre el 1707, año de la Batalla de Almansa, y el 1715 en que las tropas borbónicas entraron en la ciudad de Mallorca. Para nosotros, como ya hemos subrayado, no es de recibo que se quiera dar un papel especial, de alta inspección, a dicha biblioteca, cosa que por lo demás no tiene sentido con la actual distribución competencial y que, de hecho, quedará vacío de contenido.

En relación con las competencias autonómicas insistiremos en que esta ley es excesivamente reglamentista, y supone un coste adicional en la gestión de las bibliotecas por parte de las comunidades autónomas. En este sentido se debería haber previsto este coste. Y este es uno de los motivos por los cuales los senadores de Esquerra Republicana de Catalunya además de votar nuestras enmiendas, votaremos las enmiendas de Convergència i Unió, que de hecho son enmiendas que ha elaborado la Consejería de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Y lo que pediríamos a Convergència i Unió es que apoyara nuestra enmienda número 9 de la misma forma que nosotros apoyamos su enmienda número 12, porque justamente tienen el mismo objetivo, aunque un planteamiento un poco distinto. Nosotros creemos que la nuestra es mejor, entre otras cosas porque insiste más en la diferenciación entre las competencias de la comunidad autónoma que son preeminentes y, por lo tanto, tiene que haber necesariamente un acuerdo con ellas en relación con los intereses del sector que, evidentemente, se tienen que tener en cuenta, pero no están al mismo nivel que las competencias de la comunidad autónoma.

Por lo demás no dejaremos de insistir en los deberes pendientes que tiene el Gobierno, aunque le pese al Grupo Parlamentario Socialista. Es un deber pendiente en materia autonómica la construcción de las bibliotecas de Girona y de Barcelona y el traspaso del conjunto de las bibliotecas del Estado, en este caso a la Generalidad de Cataluña, pero en general el traspaso de estas bibliotecas a las comunidades autónomas atendiendo a la competencia exclusiva que tienen las comunidades autónomas en materia de justicia, perdón, en materia de cultura, ya me gustaría a mí que fuera también en materia de justicia tanto como en cultura.Pero veo que se está terminando la legislatura y que no van a cumplir con esto, y deberían hacerlo, se van a arrepentir pasado mañana de no haberlo hecho.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Hurtado.

El señor HURTADO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Senador Bofill, qué quiere que le diga. En cualquier caso, todos debemos sentirnos satisfechos por haber conseguido una ley con un amplio consenso, que siempre es lo importante.

Lo que no puede ser es, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hablar de transferencias en una ley como la que estamos hablando, sobre el depósito legal, su forma de constituirse, etcétera. Así lo dijimos en comisión, y estábamos totalmente de acuerdo, aunque, lógicamente, entiendo su planteamiento.

Y, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero resaltar muchas novedades y algunas cuestiones muy importantes que van a cambiar con esta ley sobre el depósito legal. Una novedad es el papel que se le atribuye al editor como sujeto depositante principal, que va a significar una gran mejora de las colecciones objeto de custodia, pues permite, entre otras cosas, que los documentos ingresen íntegros, que las publicaciones seriadas no queden faltas de fascículos, y que se ingrese todo lo que se edita en España, aun cuando no haya sido producido en el territorio; y, además, permite que las colecciones de las bibliotecas autonómicas respondan a su realidad editorial porque en esta ley se tiene muy en cuenta la realidad autonómica hasta el punto de que son precisamente las comunidades




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autónomas las que van a llevar a cabo toda la legislación básica, y la Biblioteca Nacional pretende realizar únicamente la labor de coordinación y el cumplimiento del conjunto de la ley.

Y para aquellos que están obligados a constituir el depósito legal también hay varias ventajas: en primer lugar, el incremento de la visibilidad y publicidad de sus publicaciones; en segundo lugar, mejor control bibliográfico; y, en tercer lugar, garantía a largo plazo de la disponibilidad de su material.

Por otro lado, existe una compatibilidad en la prestación del servicio público del depósito legal con la reducción de las cargas administrativas. Se ha disminuido sustancialmente el número de ejemplares que el sector editorial debe aportar a las administraciones públicas.

Otra novedad es el depósito de los nuevos soportes de la edición y de los documentos en red. La necesidad de renovación de contenidos normativos se suma a la de adecuar el ordenamiento jurídico del depósito legal al Estado de las Autonomías y a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Ya la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas puso de manifiesto la importancia de elaborar una ley sobre la materia que se adaptase a estas nuevas circunstancias; de este modo, como dice la enmienda a la disposición final tercera , el Gobierno, en el plazo máximo de un año, remitirá un proyecto de ley para adaptar la normativa vigente a la realidad del Estado de las Autonomías, a la aparición de nuevos soportes y a los cambios producidos en el sector editorial.

Por tanto, de una forma muy resumida, la ley del depósito legal se refiere no solo a la obligación de este depósito sino que señala cuáles son las publicaciones objeto del depósito legal, así como los sujetos obligados al mismo, conteniendo una especificación relativa a las publicaciones electrónicas en línea.

Por otro lado, la ley se refiere a la administración del depósito legal y a las instituciones implicadas en ella, como son los centros de conservación y las oficinas del depósito legal. Asimismo, determina las disposiciones relativas a la constitución del depósito legal y el número de ese depósito, con una consideración específica sobre las publicaciones electrónicas, regulando el sistema de infracciones y sanciones, los convenios de colaboración y los instrumentos de participación de los sectores afectados, a los que se ha tenido en cuenta precisamente para la redacción de esta ley, al igual que se ha tenido en cuenta el número de enmiendas que han presentado todos los grupos parlamentarios, lo que ha dado como resultado el que salga aprobada una ley prácticamente por unanimidad de todo el hemiciclo, salvo por ocho enmiendas que, como he dicho antes, han quedado vivas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.

No voy a entrar en el debate de la lengua como instrumento de separación en vez de comunicación, pero es que cada vez que se presenta alguna iniciativa, sea una moción, sea una ley, como en este caso, parece que todo se convierte en instrumento de separación.

Aquí estamos hablando del depósito legal, que es una institución que tiene unos objetivos, una institución que tiene unas obligaciones y que señala cuáles son esas obligaciones, la administración del depósito legal, cómo se constituye, el régimen de infracciones, la colaboración, los convenios de colaboración y el instrumento de participación entre sectores. Punto.

Esta no es una ley de transferencia ni de delegación ni para intentar transferir a las comunidades autónomas algún tipo de materia en este sentido. Es una ley estatal y, por lo tanto, en la que tiene que haber un punto de encuentro y en la que lo ha habido, porque les recuerdo que, de las veintidós enmiendas presentadas, como han dicho los portavoces anteriores, únicamente quedan vivas ocho. Se han transaccionado enmiendas de los grupos, se han aprobado y se han retirado. Así pues, en los veinte artículos hay una total sintonía en lo que es estrictamente la institución del depósito legal; luego podemos hablar de competencias o de la Biblioteca Nacional —creo que algo hizo bien Felipe V si creó la Biblioteca Nacional—, una institución en la que estamos de acuerdo; y, como sabe, nosotros —mi grupo— no somos partidarios de desmembrar archivos ni de desmembrar bibliotecas, con lo cual no vamos a tener en cuenta esas enmiendas.

Por lo tanto, repito que vamos a apoyar el texto legal que ha salido de la comisión y a rechazar las enmiendas de Convergència i Unió y de Entesa Catalana de Progrés que han quedado vivas —insisto: ocho en total—, puesto que se refieren a cuestiones relativas, por ejemplo, a modificar el Reglamento de bibliotecas, que yo creo que no tiene cabida en una ley del depósito legal, y a transferir bibliotecas del




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Estado a las comunidades autónomas. Se debe referir a la titularidad de aquellas, porque la gestión de todas las bibliotecas ya está transferida a las comunidades autónomas.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el debate de este proyecto de ley, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN

(Núm. exp. S. 500/000325 a 500/000327)

El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el punto séptimo del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de varios señores y señoras senadores. (Rumores.)

Señorías, les ruego que guarden silencio.

Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de la excelentísima señora doña María Jesús Ruiz Ruiz.

¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora RUIZ RUIZ: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, la excelentísima señora doña María Jesús Ruiz Ruiz ha adquirido la condición plena de senadora. (Aplausos.)

Procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Óscar López Águeda.

¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Óscar López Águeda ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)

Por último, procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Juan José Lucas Giménez.

¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor LUCAS GIMÉNEZ: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Juan José Lucas Giménez ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA DEL SENADO

— ELECCIÓN PARA CUBRIR EL CARGO DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA CÁMARA.

(Núm. exp. S. 520/000001)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto séptimo bis del orden del día: Elección para cubrir el cargo de vicepresidente segundo de la Cámara.

Como consecuencia de la baja del senador excelentísimo señor don Juan José Lucas Giménez, ha quedado vacante el cargo de la Vicepresidencia Segunda de la Cámara. Para cubrir dicha vacante, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado la candidatura del excelentísimo señor don Juan José Lucas Giménez, y el artículo 6 del Reglamento del Senado prevé que la votación para la elección de este cargo se realice por papeletas. En las papeletas se pondrá un solo nombre, y aquellas papeletas que estén en blanco o tengan alguna tachadura se considerarán nulas.




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Llamen a votación. Toquen los timbres. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, comenzará la votación por el senador Cascallana Gallastegui, Enrique. (Rumores.)

Silencio, por favor.

Ruego a los señores secretarios que comiencen el llamamiento.

Por las señoras secretarias Alborch Bataller y Parera Escrichs, y los señores secretarios Conde Matías y Rabanera Rivacoba, se procede al llamamiento de las señoras y señores senadores.

Finalizado el llamamiento, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿queda algún senador o senadora por votar? (Pausa.)

Abran las puertas. (Pausa.)

Señorías, acérquense al lugar de la urna, den su nombre y voten, si entienden que tienen que votar.

Cierren las puertas. (Pausa.)

Señorías, repito: aquellos senadores o senadoras que no hayan votado, si quieren ejercer su derecho, acérquense a la urna. (Pausa.)

Señorías, ha concluido la votación, por tanto se pueden abrir las puertas. (Pausa.)

Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa.)

Realizado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a leer el resultado de la votación: con 246 votos emitidos, cuatro votos nulos y dos votos en blanco, el candidato ha conseguido 240 votos, y en consecuencia, ha resultado elegido vicepresidente segundo de la Cámara el senador don Juan José Lucas Giménez, a quien ruego ocupe su puesto. (Fuertes y prolongados aplausos.)

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

— ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, SE FIJAN LOS UMBRALES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL PERÍODO 2014-2016, EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN PARA EL PERÍODO 2012-2014 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2012.

(Núm. exp. S. 702/000004)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto octavo del orden del día: Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Acuerdo del Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fijan los umbrales de crecimiento económico para el período 2014-2016, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran para el período 2012-2014 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2012.

La señora vicepresidenta del Gobierno tiene la palabra.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco ante esta Cámara, tras el pronunciamiento favorable del Congreso en el día de ayer, para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2012, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora vicepresidenta. Ruego silencio, señorías.




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La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Me permitirán que les recuerde los elementos que subrayé en la Cámara Baja y que considero relevante reiterar a sus señorías.

En primer lugar, conocen el contexto en el que se enmarcan estas decisiones. Evidentemente dedicaré mi intervención a presentar el objetivo de estabilidad y el techo de gasto, haciendo menciones al informe de posición cíclica, dando cuenta de las principales magnitudes y contenidos, puesto que entiendo que ese es el papel que le corresponde al Gobierno en este debate. Pero no por ello voy a dejar de mencionar el punto de partida del que, estoy segura, todos somos conscientes, el de una situación económica muy exigente con las dificultades que en absoluto son ajenas a sus señorías y que conocen perfectamente bien. En este marco, el ejercicio de responsabilidad por parte de los poderes y actores públicos adquiere una especial relevancia y, evidentemente, influye en todo lo que voy a señalar a continuación.

Nuestra economía se encuentra ya en una fase de recuperación, una recuperación aún lenta, que no permite todavía la creación de empleo de manera sostenida, pero que progresa, a pesar de la inestabilidad que afecta a los mercados financieros europeos. Y el papel que está asumiendo el Gobierno es el de apoyar este proceso. Para ello, para impulsar una recuperación económica sostenida que contribuya a crear empleo, tal como han tenido ocasión de escucharme en numerosas ocasiones, la política económica que desarrolla el Gobierno se apoya en dos pilares: la consolidación presupuestaria, preservando siempre el núcleo de protección social, y las reformas estructurales.

Como saben, el Gobierno sigue avanzando y lo va a seguir haciendo en su programa de reformas estructurales. Conocen bien cuáles han sido los ámbitos principales de actuación del Gobierno en esta materia, entre otros la reforma del mercado de trabajo y la reforma del sistema financiero, reformas que en muchos casos han sido objeto de tramitación en las Cortes. Los beneficios de estas reformas se materializan plenamente a medio plazo, aumentando el crecimiento potencial y dotando a la economía de mayor flexibilidad y competitividad. Pero además, junto a la reforma del sistema de pensiones, que está en este momento en la fase final de su tramitación y que va a permitir garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones en el medio plazo, las reformas que estamos llevando a cabo contribuyen, junto con el esfuerzo de consolidación presupuestaria, a reforzar la confianza, y la confianza, tanto interna como externa, es sin duda una condición necesaria para acelerar el crecimiento.

Señorías, como consecuencia y como resultado de una rigurosa política de austeridad presupuestaria en el conjunto de las administraciones públicas, el déficit se redujo del 11,1% del PIB en el año 2009 al 9,2% en el año 2010, es decir, cumplimos el objetivo fiscal planteado, incluso con un cierto margen. Hay que señalar, señorías, que el ajuste fue el más importante de los grandes países de la zona euro y además el esfuerzo fiscal fue de carácter estructural. La reducción, en el caso de la Administración central, implicó pasar de un 9,3% de déficit en el año 2009 a un 5,7% en el año 2010. Es decir, mejoramos en la Administración central la senda de consolidación fiscal en un punto.

Este año el objetivo para la Administración General del Estado se va a lograr fundamentalmente a partir de la necesaria restricción del gasto que contienen los presupuestos del ejercicio en curso, así como del incremento de ingresos asociado a las medidas adoptadas y a la incipiente reactivación económica. Los datos de ejecución presupuestaria, que sus señorías conocen hasta el mes de mayo, apuntan en ese sentido, en el de que los ingresos van a superar ligeramente lo presupuestado y los gastos se van a mantener de acuerdo con nuestro presupuesto. Por tanto, cumpliremos nuestro objetivo de consolidación fiscal.

Señorías, este año el procedimiento presupuestario y, en particular, la elaboración y aprobación del objetivo de estabilidad y del límite de gasto para el Estado se encuentran encuadrados en el nuevo esquema de gobernanza y de supervisión de las políticas económicas de los Estados miembros de la Unión Europea, aquello que hemos venido en denominar semestre europeo y que constituye el esfuerzo más amplio de coordinación de las políticas económicas para prevenir la aparición de desequilibrios macroeconómicos que puedan tener consecuencias en nuestra senda de consolidación fiscal. Por tanto, señorías, el semestre europeo ha implicado modificaciones respecto del calendario habitual del proceso en nuestro país; por ejemplo, el informe sobre la posición cíclica de la economía se anticipó al mes de abril, y la aprobación del objetivo de estabilidad por parte del Consejo de Ministros y su remisión a las Cortes han venido en este caso precedidos del pronunciamiento de las instituciones comunitarias, así como de las recomendaciones y opiniones de la Comisión, el Consejo de Ministros del Ecofin y el Consejo Europeo. En concreto, en el mes de junio la Comisión Europea ha valorado nuestro programa, ha




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respaldado la senda de objetivos establecida y la estrategia implementada para alcanzarlos. Y en la recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2011 de España y en el dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España se señala con toda claridad que la senda de ajuste planteada es apropiada.

Querría, además, destacar que en línea con los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno en el Pacto por el Euro Plus y anticipándonos a la reforma del Pacto de Estabilidad, el Gobierno ha aprobado, a través del Real Decreto Ley 8/2011, una regla de gasto que se aplicará directamente a la Administración General del Estado y sus organismos y a las entidades locales que participan en la cesión de impuestos estatales para reforzar el componente preventivo de nuestro marco institucional.

El objetivo es proveer para que la política fiscal tenga la necesaria orientación contracíclica, creando en los tiempos de bonanza los colchones necesarios para permitir suavizar los ajustes en la parte baja del ciclo. Por tanto, señorías, una vez más, es un objetivo, una regla de estabilidad adaptada al ciclo económico, algo que todas sus señorías, a buen seguro, entenderán como mucho más razonable que el objetivo de déficit cero, sea cual sea la situación de la economía dentro del ciclo económico. Así pues, una regla de estabilidad que permite estas actuaciones contracíclicas cuando son necesarias.

¿En qué consiste esa regla de gasto? Determina que los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas administraciones, insisto, Administración General del Estado y sus organismos y entidades locales en régimen de cesión de tributos, se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento del gasto computable no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española, que se define como el crecimiento medio del PIB expresado en términos nominales durante nueve años. Por tanto, señorías, al crecimiento real estimado del PIB, compuesto, como saben, de los tres años anteriores, el año presente y los años siguientes, se asigna, en todo caso, un crecimiento de los precios que se establece con carácter medio en el 1,75% para estar, de manera consistente, alineados con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que, como saben, es inferior al 2% —próximo al 2%—, como tiene siempre ocasión de repetirnos el presidente del Banco Central Europeo. De manera que esta regla de gasto establece que cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable podrá aumentar en la cuantía equivalente, y también su contraparte, cuando se aprueben cambios que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable deberá disminuirse en la cuantía equivalente. Por tanto, los ingresos que se obtengan por encima de lo proyectado deberán dedicarse íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Y también dice la regla de gasto que, en caso de incumplimiento, la Administración Pública responsable deberá adoptar las medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto acorde con esa regla que hemos establecido.

Y, como conocen también, aunque esta regla de gasto se aplica, insisto, directamente solo a la Administración General del Estado y organismos y a las entidades locales en régimen de cesión de tributos, para respetar, insisto, para respetar el principio constitucional de autonomía fiscal y financiera de las comunidades autónomas, sin embargo, estimamos que es una herramienta útil. Por ello, vamos a proponer en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que las comunidades autónomas adopten unas reglas, si es posible equivalentes, que las adopten, evidentemente, cada uno de los Parlamentos autonómicos en ejercicio de esa autonomía fiscal y financiera. Por tanto, sería deseable que la regla de gasto que se incorpore atienda también a esta consideración de ser una herramienta contracíclica que haga posible constituir colchones que permitan luchar contra los efectos derivados de una posible situación de dificultad económica que pueda presentarse; y por eso nos gustaría que incluyeran también el producto interior bruto en su crecimiento real de los cinco años anteriores, el año actual y los tres siguientes dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria, y que a todos ellos se les añadiera un objetivo de incremento de los precios que estuviera dentro de los límites de estabilidad de precios marcados en las instituciones europeas.

Esta es, señorías, la regla de gasto que quisiéramos y que entendemos que es una herramienta importante y que, aunque no afecta directamente a los años en los que estamos en este proceso de una acelerada consolidación fiscal para el cumplimiento de nuestros compromisos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin embargo, consideramos que para generar confianza es conveniente que se apruebe por parte de las comunidades autónomas en el plazo más breve posible.

Sí quisiera hablarles, brevemente, del informe de posición cíclica que contiene el marco macroeconómico, aunque entiendo que es por ustedes conocido, puesto que lo presentamos públicamente en el mes de abril.




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Como saben, contempla en el escenario central que la economía española crezca en el año 2011 el 1,3% de media anual, fortaleciéndose el crecimiento en los años posteriores. Prevemos que en el año 2011 la reactivación se base fundamentalmente en una contribución positiva de la demanda externa neta, aunque esperamos que la demanda interna aumente en la segunda parte del año.

Como saben, en los últimos meses han surgido algunos nuevos factores que pueden producir algún elemento de inestabilidad, fundamentalmente lo que hemos sufrido de aumento de los precios del petróleo y de los tipos de interés. Son dos elementos relevantes que van a hacerse notar con más intensidad previsiblemente en el próximo año, y por eso, al presentar el informe de posición cíclica, revisamos a la baja nuestra proyección de crecimiento para el próximo ejercicio 2012.

Con todo, contemplamos una recuperación que gana impulso en el año 2012, alcanzando un crecimiento del PIB real del 2,3%, lo que nos situará, con toda seguridad, en la media o ligeramente por encima de la media del crecimiento real del producto interior bruto en los países de la Unión Europea, en los países de la zona euro.

El crecimiento en el año 2012 va a venir tanto de la recuperación de la demanda interna como de la demanda externa. Y permítanme recordar que el buen comportamiento actual y futuro de la demanda externa contrasta extraordinariamente con la contribución negativa de esta demanda externa en los años previos a la recesión. Este cambio ha venido propiciado por el reequilibrio paulatino del patrón de crecimiento de nuestra economía desde el sector de la construcción; un sector que en su gran mayoría no es exportable —hay algunas actividades de servicio relacionadas con la construcción que sí que lo son— y que, sin embargo, tiene un gran consumo de bienes intermedios importados; es decir, no hay ninguna exportación, sin embargo, genera muchas importaciones de consumos intermedios.

Pues bien, estamos pasando de ese modelo —lo estamos haciendo a gran velocidad— hacia otro modelo centrado en sectores, en empresas, en una actividad con una mayor propensión exportadora. Por tanto, ese cambio —insisto— de modelo económico se está produciendo ya y se está haciendo de manera acelerada y va a seguir así en los próximos años.

Hablando de previsiones, es cierto —dirán algunos— que estamos en un contexto en el que la incertidumbre es significativa y parece que se ha acentuado en estas últimas semanas. Pero quiero señalar que las previsiones del Gobierno para los años 2009 y 2010 han demostrado ser más acertadas que las de la gran mayoría de organismos y analistas. Es más, si me permiten, les diré que, como saben, nuestra previsión para 2010 ha demostrado ser algo más pesimista de lo que después ha sido la realidad. Por tanto, se nos permite asegurar que existen razones para seguir confiando en el escenario macroeconómico que les presentamos.

Tomando como base ese escenario, conviene reafirmar el compromiso del Gobierno con los objetivos fiscales que hemos asumido tanto en el ámbito comunitario como en el internacional y que han sido ya refrendados por las administraciones territoriales. Son unos compromisos que nos deben llevar a reducir el déficit público hasta el 3% en el año 2013. Esos son los parámetros que están en nuestro plan de reequilibrio aprobado en ese procedimiento de déficit excesivo, pero no debemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando en la consolidación fiscal hasta alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario. Por tanto, nos planteamos reducir el déficit en el año 2014 desde el 3% hasta el 2,1%, una reducción que, evidentemente, se va a ver favorecida por la gradual mejora de la posición cíclica.

De acuerdo con la senda de consolidación fiscal que hemos planteado, el grueso del esfuerzo hasta el año 2014 va a recaer en el gasto público, viéndose también favorecido por la reducción del desempleo, pero evidentemente, también el aumento de ingresos asociado a una posición más favorable dentro del ciclo económico debe contribuir a esa consolidación fiscal. Con ello, vamos a estabilizar el peso de la deuda pública dentro de este horizonte temporal sin que supere el 70% del producto interior bruto para comenzar a descender a partir de ese momento. El objetivo de estabilidad contempla una situación de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en el año 2012 del 4,4% del PIB. Desagregando por agentes, el objetivo de estabilidad para la Administración central es del 3,2%. En el año 2013 el déficit previsto será del 2,1% y en el 2014 será del 1,5%. (Fuertes rumores.)

Para las comunidades autónomas el objetivo de déficit del año 2012 es el 1,3%. Señorías, quiero llamar su atención sobre que a pesar de mejorar gradualmente nuestra posición en el ciclo económico por vías de la recuperación de nuestra economía, el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en el año 2012 es exactamente el mismo que el del año 2011. Dicho de otra manera, la mayor parte del esfuerzo de consolidación fiscal en el año 2012 va a ser llevada a cabo por la Administración central del Estado.




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Las entidades locales deberán presentar un déficit agregado del 0,3% para el año 2012, del 0,2% para el 2013 y equilibrio en el año 2014. Estos objetivos han sido informados por la Comisión Nacional de Administración Local en paralelo con el informe que el Consejo de Política Fiscal y Financiera hizo sobre los objetivos del conjunto de las comunidades autónomas el pasado día 27 de abril.

Finalmente, la Seguridad Social continúa siendo la única administración que presentará superávit en el año 2012 y mantendrá el superávit del 0,4% en los años 2013 y 2014.

Como saben sus señorías, el acuerdo del Consejo de Ministros que fija el objetivo de estabilidad para el trienio 2012-2014 determina también el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2012 una vez realizada la previsión de ingresos para ese ejercicio. Teniendo en cuenta esa previsión de ingresos y el objetivo de déficit para el Estado, el límite del gasto no financiero, realizados los ajustes de contabilidad nacional y excluidos los gastos por la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, asciende a 117 353 millones de euros. Es decir, si analizamos el gasto en términos homogéneos, excluyendo el destinado a la financiación de las administraciones territoriales, el gasto no financiero del año 2012 desciende un 3,8% respecto al del 2011, reflejando así el importante esfuerzo de austeridad que continuamos realizando en los Presupuestos Generales del Estado. Es evidente, señorías, y conviene decirlo ya desde ahora, puesto que hay algunas partidas de este presupuesto de gasto que van a incrementarse, por ejemplo la referida al servicio de la deuda, que el presupuesto disponible para gasto en los ministerios se reducirá en una magnitud bastante más importante que ese 3,8% global que les indico. Por tanto, los ministerios tendrán que seguir haciendo los esfuerzos de austeridad que sean necesarios.

Les recuerdo que gráficamente a esta cantidad de 117 353 millones de euros la llamamos techo —en realidad se llama límite máximo y es fácil entender estas dos palabras—, es decir, se trata de una barrera, un importe que no debemos rebasar y que cobra su sentido en el objetivo prioritario de cumplimiento de la senda de consolidación fiscal. Nada impide que el presupuesto que vamos a presentar este año, como tampoco se impedía en los presupuestos que presentamos en años anteriores, que el presupuesto que se lleve a las Cortes o el presupuesto que finalmente aprueben las Cortes se sitúe en cifras inferiores. Lo digo porque parece que por parte de algún grupo parlamentario —el Grupo Popular, en concreto— no se entiende bien qué significa límite máximo. Insisto, límite máximo, por tanto, no podrá ser superior, pero nada impide este año, como en los anteriores, que sea inferior, o dicho de otra manera: será en el mes de septiembre cuando decidamos la oportunidad, la necesidad, la conveniencia de presentar un presupuesto que sea ligeramente inferior a esta cifra que les digo, sabiendo en todo caso que esta cifra es —insisto— el límite máximo.

Y para terminar, respecto a las administraciones territoriales, querría recordar que en función de los sistemas de financiación reciben desde el Estado ingresos por dos vías: por su participación en los ingresos: IRPF, IVA e impuestos especiales, y desde la Sección 36, del presupuesto de gastos, que para el año 2012 ascenderá a más de 38 000 millones de euros. Dicho de otra manera, comunidades autónomas y entidades locales van a disponer el año que viene de 10 200 millones de euros más en términos netos, descontado el efecto de las liquidaciones negativas, el efecto correspondiente: la quinta parte de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Por tanto, comunidades autónomas y entidades locales van a disponer en conjunto de 10 200 millones de euros más que la cantidad asignada desde los presupuestos de gasto este año.

Finalmente las cifras tendrán que ajustarse con ocasión de los presupuestos, pero les adelanto ya que la aportación estará distribuida aproximadamente en unos 8000 millones más para las comunidades autónomas —o muy cerca de esa cifra— y más de 2000 millones de euros adicionales para las entidades locales. Como el objetivo de déficit para las comunidades autónomas sigue siendo el 1,3%, al igual que en 2011, y el de las entidades locales también se mantiene para el próximo año en el 0,3% de este año. Por tanto, se mantienen los objetivos de déficit de este año pero en la medida en que van a disponer de más recursos. Por tanto, ese me parece un aspecto relevante que señalar a la hora de valorar los esfuerzos relativos que deberán hacerse en el marco de la senda de consolidación fiscal, esfuerzos que, repito, van a recaer fundamentalmente en la Administración central del Estado en este año próximo.

En definitiva, señorías, el Gobierno presenta un objetivo de estabilidad exigente y realista en línea con la reducción del déficit público, que es nuestra prioridad, orientada a consolidar la recuperación económica y la sostenibilidad presupuestaria en el medio plazo. Por todo ello, espero, señorías, que podamos hacer conjuntamente un ejercicio de gran responsabilidad y, en ese sentido, que se pronuncien favorablemente




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sobre el objetivo de estabilidad, cuya aprobación tiene una especial relevancia, que no les es desconocida, en el entorno económico de dificultad y exigencia, en el entorno de estabilidad de los mercados financieros.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Señor presidente, señoras y señores senadores, señora vicepresidenta del Gobierno, un año más debatimos el techo de gasto no financiero del Estado para el año 2012 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y un año más —he de decirlo— el Gobierno ha perdido —ya es difícil— algo más de credibilidad y nos presenta un conjunto de cifras y argumentos, incluso acertijos con esta reflexión última que usted hace sobre si sabemos lo que es un límite máximo o un límite mínimo —sabemos lo que son los límites máximos y mínimos, eso lo sabemos—, que no responden a la realidad ni de la grave situación de nuestra economía española ni tampoco aportan soluciones que permitan superar el estado de postración —de auténtica postración— en que nos encontramos y de dependencia exterior.

Un año más el Gobierno no tiene apoyos relevantes distintos al del Grupo Parlamentario Socialista para sacar adelante este acuerdo. En este debate, tal como vimos ayer en el Congreso de los Diputados, no tiene ningún apoyo, en absoluto, pero sí que cuenta con la aquiescencia implícita de los grupos, que me atrevo a afirmar que, por irresponsabilidad —por irresponsabilidad—, dicen que lo responsable es abstenerse y dejar hacer a un Gobierno acabado aunque sus discursos sean decididamente contrarios a una propuesta que no tiene valor alguno como el acuerdo que estamos debatiendo. Y digo irresponsabilidad por cuanto son estos grupos parlamentarios los que también por aparente responsabilidad apoyaron al Gobierno —algunos también con su abstención— mientras se hacía evidente que este Gobierno del que usted forma parte era incapaz de realizar la tarea necesaria tanto en el ámbito de las reformas estructurales como en el de la austeridad presupuestaria.

Desde el mes de mayo de 2010, cuando tocó a su fin la huida hacia adelante de este Gobierno, recordará usted muy bien —con la salida social de la crisis que usted nos prometía a todos, al tiempo que abrían las arcas del Estado— que entonces también había límite máximo, señora vicepresidenta. Lo que aprueban estas Cámaras, el Congreso y el Senado, es el límite máximo de gasto que el Gobierno está autorizado a realizar en el ejercicio de los presupuestos que se aplican. Y en el año 2009 ustedes han rebasado muy holgadamente los techos máximos, bien es verdad que con partidas de gasto ampliables, etcétera —lo conocemos muy bien—, pero quien menos parece haber entendido el concepto de límite máximo de gasto es precisamente usted, al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, y así nos encontramos en la situación en que nos encontramos ahora. Como digo, es precisamente desde el pasado mes de mayo cuando esa huída hacia adelante terminó, huída hacia adelante que recayó sobre los bolsillos de los españoles básicamente, además de los más desprotegidos —pensionistas, funcionarios, jubilados, parados de larga duración, etcétera—. A partir de ese momento la confianza en nuestro país desde fuera, desde el exterior, y también de los ciudadanos de nuestro país en su Gobierno se ha resquebrajado absolutamente. Es irresponsable mantener a un Gobierno que ha sido incapaz durante todo un año, a pesar de hacer promesas de cambio, para deteriorar la situación hasta el punto al que hemos llegado.

Estamos en un fin de ciclo, es evidente, estamos en un desvarío sin dirección concreta en el que el Gobierno ha perdido toda capacidad de hacer reformas y de iniciar la solución a los problemas de los españoles. Alargar esta agónica situación no es responsable. Por eso yo llamo al voto afirmativo, es decir, contrario al acuerdo propuesto por el Gobierno, a aquellos grupos parlamentarios, incluso a algunos que ya han manifestado su rechazo a los presupuestos que es consecuencia de este techo de gasto que hoy estamos debatiendo.

¿Y qué acuerdo en realidad estamos debatiendo hoy? Pues no lo sabemos porque con esta reflexión última que usted ha hecho sobre el límite máximo o techo de gasto máximo como límite máximo, resulta que podrían ser los 117 000 millones de euros que hoy aprobamos en un acto formal parlamentario o podría ser ninguno; claro que podría ser ninguno. A lo mejor este Gobierno ni siquiera presenta presupuestos, con lo cual, efectivamente, se estaría cumpliendo el límite máximo de los 117 000 millones de euros.




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Pero no me diga usted, señora vicepresidenta, que no es poco riguroso en este momento que nos diga que el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado Administración central va a ser de 117 000 millones de euros y al mismo tiempo añada que puede ser inferior. Debatamos entonces la cifra inferior ya que, caso contrario, usted ha quitado a este acuerdo todo significado.

¿Por qué no discutimos ahora un límite de gasto de 500 000 millones si a usted le da igual, si estamos hablando de un máximo que después acondicionará en el momento de presentar los Presupuestos Generales del Estado? Sencillamente este debate ha dejado de tener sentido porque no estamos hablando de cifra ninguna, sino de la que usted se le ocurra por debajo de los 117 000 millones de euros.

Pero es que, además, la credibilidad de estas cifras es poca, muy poca, y voy a referirme a tres aspectos concretos: en primer lugar, los ingresos públicos. Usted nos pide fe en las previsiones del Gobierno y nosotros, aunque poca —ninguna en realidad—, podríamos estar dispuestos a escuchar argumentos para los cuales justifica usted un incremento de ingresos para el próximo año de nada más y nada menos que de 23 000 millones de euros, es decir, algo más del 20%, el veintiuno y pico o el 22%. Y, claro, nos explica que eso se debe a lucha contra el fraude, mejor administración, menores aplazamientos solicitados por los contribuyentes, etcétera. ¿No será acaso que este crecimiento fiscal de recaudación de más del 20% tendrá algo que ver con un aumento de impuestos? No es que lo diga yo. Supongo que ustedes no estarán encubriendo una realidad que dentro de uno o dos meses sabremos, pero como pregunta retórica: ¿no será acaso que lo que está implícito en este aumento de recaudación prevista es precisamente un aumento de impuestos, un incremento de las figuras impositivas, de los tipos impositivos?

Quizá esté en línea con las propuestas de su candidato ya no miembro del Gobierno sobre aumentos fiscales —aumentos sectoriales fiscales además— lo cual, por otro lado, también es contradictorio con el reequilibrio del modelo económico del que usted nos ha hablado ahora porque a muy pocos se les puede ocurrir como válido el argumento de que aumentos fiscales pueden fortalecer la creación de empleo y la economía española cuando precisamente el modelo que se pretende es de exportación y de ganancia de competitividad exterior, porque iría justamente en sentido contrario. Aclárenos esto si es usted tan amable.

En segundo lugar, por el lado del gasto, una vez más, señora vicepresidenta, usted no dice toda la verdad, dice cosas, lo dice, pero lo presenta de tal forma que es difícil conectar la realidad de lo que usted está señalando, y yo lo voy a hacer en este momento.

Señoría, el límite de gasto de los Presupuestos Generales del Estado, cualquiera que este sea —que ya sabemos que el que estamos debatiendo puede ser o no— no se reduce respecto del año pasado un 3,8% sino que aumenta un 3,8%.

Nosotros compartimos la política de austeridad, compartimos también su afirmación de que el control del déficit público es esencial para salir de la situación en que nos encontramos, pero ocurre que sus palabras no guardan correspondencia con los hechos. El límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado crece un 3,8% porque si el año pasado ese límite de gasto era de 150 000 millones de euros, este año es de 155 635 millones de euros, incluyendo la financiación de las administraciones territoriales; o sea, es verdad que aumenta la financiación de las administraciones territoriales en esos 10 000 millones que apunta usted, pero también es verdad que en los Presupuestos Generales del Estado aparecen esos 10 000 millones de euros.

Por tanto, no es cierto que el gasto no financiero del Estado se reduzca de los Presupuestos Generales del Estado sino que aumenta en 5000 millones de euros el próximo año. Mal empezamos con ese criterio de austeridad lasa que usted aplica.

Por último, y en tercer lugar, usted nos pide fe en las previsiones económicas. Le quiero apuntar que en estos momentos es usted prácticamente la única que la tiene —bien es verdad que apela a un argumento de autoridad, que ustedes han acertado en el pasado, pero eso es así en algunos casos y en otros no—, pero lo cierto es que se está revisando a la baja internacionalmente el crecimiento de todos los países OCDE; lo cierto también es que el indicador sintético de actividad del propio Ministerio de Economía que usted dirige indica que en el segundo trimestre de este año se ha producido una recaída en la levísima aceleración que la economía española venía presentando desde el segundo/tercer trimestre del año pasado y que, como consecuencia, ese reequilibrio modélico que usted señalaba hacia el exterior lógicamente se verá afectado aunque solamente fuera…

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.




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El señor UTRERA MORA: Termino en un momento, presidente.

Decía, aunque solamente fuera por la caída del crecimiento en el exterior. Por tanto, este 1,3% sigue siendo un objetivo que nosotros cuestionamos, no el del año próximo porque estamos convencidos de que el año próximo se puede crecer más del 2% pero desde luego con un Gobierno distinto del que usted forma parte y desde luego muy distinto al que el candidato de los aumentos fiscales, el señor Rubalcaba, propondría. En definitiva, con un Gobierno del Partido Popular el año que viene sí podremos crecer al 2% y sí se podrá crear empleo en la tasa que usted apuntaba.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No hacen uso de la palabra.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.

Boa tarde, señorías. Boa tarde, señora vicepresidenta.

Comienzo anunciándole el voto distinto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas en coherencia con lo que hemos votado ayer en el Congreso de los Diputados: el Partido Nacionalista Vasco se va a abstener en esta votación, el Bloque Nacionalista Galego votará en contra, y yo trataré de justificar ese voto en contra del Bloque Nacionalista Galego, justificación que no va a diferir gran cosa de la que le dio ayer nuestro portavoz en el Congreso, nuestro compañero Jorquera. En todo caso espero no aburrirla porque, efectivamente, esta encadenación de los debates puede llegar a aburrirnos a todos.

Estamos en desacuerdo —usted lo sabe, se lo hemos manifestado por múltiples vías— con el objetivo y con el método empleado por el Gobierno para conseguir ese objetivo. Se lo dije yo directamente varias veces y se lo han dicho los compañeros en el Congreso: no estamos de acuerdo con el objetivo porque creemos que el Gobierno se equivoca desde el principio de la crisis en luchar con todas sus armas contra el déficit público, confundiendo el déficit con una causa de la crisis y no con una consecuencia, que es lo que es. El déficit público es una consecuencia de la crisis económica que estamos padeciendo y no una causa, por lo tanto, no tiene sentido utilizar todas las armas que tiene a su disposición un Gobierno en la lucha contra una consecuencia y no en la lucha contra las causas. Y en este sacrosanto objetivo de luchar contra el déficit público parece que todo vale siempre que vaya en la dirección de recortar gasto, sobre todo, de recortar gasto productivo y gasto social, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo en que las administraciones —en cualquier momento, pero más en este momento— han de ser austeras y han de recortar todo el gasto que sea posible, pero siempre que no sea gasto productivo, siempre que no sea gasto social. Y ahí tendríamos mucho que hacer. Hay mucho gasto que podemos recortar sin que se vea afectado ningún colectivo social: hay gastos militares que se pueden recortar porque estamos participando en misiones internacionales que no tienen ningún sentido, a las que íbamos para dos o tres días, o para dos o tres semanas, como en Libia, y llevamos dos o tres meses y lo que nos queda porque no se va a resolver el conflicto —como se decía— en poco tiempo. Hay múltiples intervenciones internacionales en las que se podría recortar gasto. Pero yo le voy a reiterar una propuesta que le iba a hacer ayer al vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial pero que no pudo ser; se la hago ahora a usted: si de verdad quieren recortar gasto, asuman una iniciativa que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo —en su partido político algunos también la defienden— que es la de entrar en el debate de si las diputaciones provinciales son necesarias o no. Tenemos una administración que nosotros consideramos que es absolutamente prescindible, que no necesitamos para nada porque es una administración intermedia que lo único que hace es gestionar unos recursos que el Estado le pasa para que esta le preste supuestamente unos servicios a los ayuntamientos. Pasémosles esos recursos a los ayuntamientos y en vez de 2000 millones de euros, que es lo que usted anuncia para el año 2012, ¿sabe cuánto le podíamos pasar? Nada más y nada menos que 7000 millones, que es el presupuesto que tienen las 38 diputaciones de régimen ordinario que hay en el Estado español.

La prueba del ocho de que son absolutamente prescindibles es que hay varias comunidades autónomas con ayuntamientos muy pequeñitos —de 100 o 200 habitantes— en los que no hay diputaciones provinciales, y le puedo asegurar que ningún vecino, ningún ciudadano de esos territorios las echa en falta, ni mucho menos. Por tanto, se trata de una administración totalmente prescindible, supondría un ahorro de 7000 millones de euros que podría destinarse a financiar directamente los ayuntamientos del Estado español.




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Como le he dicho anteriormente, no estamos de acuerdo en reducir gasto social y gasto productivo porque en momentos de crisis el gasto social no se debe reducir sino todo lo contrario, se debe aumentar porque es necesario dar cobertura a aquellos colectivos sociales más desfavorecidos y que más sufren en momentos de crisis. Y no se puede recortar el gasto productivo porque consideramos que debe ser el motor económico, que debe ser el que debe suplir esa falta de músculo de la iniciativa privada, además de que debe hacer de incentivador de la iniciativa privada para que pueda emprender nuevos proyectos, para que pueda generar riqueza, para que pueda generar empleo; por tanto, esas dos partidas de gasto no se deberían tocar.

Además, su señoría sabe que nosotros si de algo podemos presumir es de que no somos demagógicos. Nosotros queremos que el Estado, que el conjunto de las administraciones públicas tengan más recursos, por la vía del recorte del gasto en lo que sea posible, pero, sobre todo, por la vía de aumentar ingresos. Y solo hay dos posibilidades de aumentar ingresos: una es la de nuevas figuras impositivas. Nosotros no tenemos ningún miedo a hablar de este asunto, incluso sabiendo que puede tener cierto coste electoral, y estamos dispuestos a asumirlo. También algunos ahora en precampaña electoral hablan de ello en su partido, pero nosotros se lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo; y, dos, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio. ¿Sabe cuántos millones de euros de recaudación —usted lo sabe mucho mejor que yo— llevamos perdidos? Del orden de 6000, 7000 millones de euros por no tener, por eliminar el impuesto sobre el patrimonio. No se puede permitir un Estado como el español, con esa carencia de recursos que tenemos, eliminar un impuesto como el de patrimonio, que gravaba las rentas más altas, y hacer recortes en gasto social y en gasto productivo.

Por tanto, nuevas figuras impositivas y recuperación del impuesto sobre el patrimonio, pero ya, no esperen ustedes a las elecciones, no esperen ustedes a que lo anuncie Rubalcaba por toda España en los mítines que después no están dispuestos a hacerlo. Si están convencidos de que hay que hacerlo, plantéenlo ya en la Ley de Presupuestos del Estado y recuperémoslo ya, no esperemos más, porque ahí es donde empezaríamos a disfrutar de más recursos.

Hay otro mecanismo —sé que han estado haciendo algún esfuerzo en los últimos años, pero usted sabe también que aún queda mucho por hacer— que es la lucha decidida y contundente contra el fraude fiscal. Se está recuperando mucho dinero que no cotizaba, es cierto, pero aún hay mucho que no está cotizando. Le voy a dar una idea que me dieron a mí hace dos o tres días por si quiere abrir alguna línea de actuación. ¿Qué pasa con los billetes de 500 euros en el Estado español? Parece que en torno al 60%, al 70% de los billetes de 500 euros que se han emitido en el conjunto de la Unión Europea están en el Estado español. ¿Dónde están? Yo no los veo. No sé si los que están aquí los ven en su vida diaria, pero parece ser que no se ven, pero en algún sitio estarán. Pues abran por ahí alguna línea de actuación a ver qué pasa con esos billetes de 500 euros y dónde están. ¿Qué están encubriendo esos billetes de 500 euros? Ahí podría aflorar una importante bolsa de fraude fiscal.

Por tanto, señorías, señora vicepresidenta, como he dicho anteriormente, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con ese objetivo. Nosotros consideramos que hay que tener controlado el déficit pero que este no debe ser el objetivo único de la política económica, porque, además, la estrategia ha fallado estrepitosamente. Usted nos decía hace dos o tres años, cuando venía a defender el techo de gasto y justificaba esos corsés de déficit, que eso generaría confianza en la economía española. ¡Pues ya ve! Anteayer, ayer y hoy han sido los peores días en cuanto a la credibilidad de la economía española.

Por lo tanto, se ha fallado estrepitosamente en el objetivo, no ha valido para nada, nada más que para que amplias capas de la sociedad española lo estén pasando ahora bastante mal, incluso peor que hace dos o tres años.

En consecuencia, deben cambiar de estrategia porque esta ya se ha demostrado que no vale, que no funciona, que no se genera más riqueza, que no se genera más dinamismo económico, que no se genera más empleo y que no se consigue la confianza de los mercados, porque su confianza no depende de esos factores, no es un juego objetivo en el que si se hace algo existe una repercusión directa, sino que funcionan con otras lógicas y en este momento tienen el punto de mira puesto en Europa, igual que hace dos décadas lo tenían en Latinoamérica hasta que fundieron la práctica totalidad de aquellos países, y hasta que estos países se rebelaron en conjunto contra esas políticas no han conseguido salir de ese atolladero.

Por lo tanto, señorías, señora vicepresidenta, reitero que el Partido Nacionalista Vasco se abstendrá en la próxima votación y que nosotros votaremos en contra por los motivos que le he expresado y por el que le explicaré en el tiempo que me resta de intervención.




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No estamos de acuerdo con ese corsé que se impone a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Usted lo ha intentado justificar con los 8000 millones de euros que se destinarán a las comunidades autónomas y con los 2000 millones de euros para los ayuntamientos, que tendrán que hacer —por decirlo de alguna manera— menor esfuerzo que el año pasado. Es posible que sea cierto, pero usted también tendrá que reconocer que ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos son los responsables del alto déficit del conjunto de las administraciones del Estado, ni mucho menos de la deuda porque el porcentaje de participación de las comunidades autónomas y entidades locales tanto en el déficit como en la deuda es absolutamente mínimo.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

El señor PÉREZ BOUZA: Termino, señor presidente.

Por tanto, parece lógico que quien más deuda genera, quien más déficit genera sea también el que haga un mayor esfuerzo. Por eso no nos venda estas actuaciones como un gran esfuerzo de papá Estado una vez más, porque es lo lógico y razonable, máxime si tenemos en cuenta además que son precisamente las comunidades autónomas las que hacen una mayor aportación de gasto social ya que entre sus competencias figuran la sanidad, la educación y la Ley de dependencia, que son políticas que consumen muchas cantidades de dinero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora vicepresidenta, señor Utrera, amigo Utrera —no me escucha ahora, no pensaba discutir con él—, quiero decirles que mi grupo parlamentario se abstendrá en relación con el acuerdo que fija el objetivo de estabilidad presupuestaria, y lo vamos a hacer por responsabilidad, porque entendemos que en la coyuntura que estamos viviendo, con la situación de los mercados, con el día duro que sufrimos ayer, la abstención es un acto de responsabilidad para que sea posible disponer de un techo de gasto y elevar unos presupuestos que, ciertamente, no vamos a aprobar, del mismo modo que no los hemos aprobado otros años porque discrepamos en cuanto a su elaboración. En cualquier caso, entendemos que es bueno en este momento que sea posible marcar un plan de estabilidad. Además, estamos convencidos de que esto es lo que hay que hacer y por eso lo hacemos. No he querido entrar por aquí, pero he tenido que hacerlo.

Decía usted ayer en relación con su presentación del objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2012-2014 y el límite de gasto financiero del Estado para 2012 en el Congreso de los Diputados lo siguiente: La contención del déficit público se ha convertido en un objetivo urgente y prioritario para seguir avanzando en el camino de la recuperación.

Convergència i Unió está al cien por cien de acuerdo con usted; está tan de acuerdo que en la parte que nos corresponde —dado que en este momento estamos gobernando en Cataluña— lo estamos aplicando con la más absoluta dureza y no siempre con un apoyo adecuado, es decir, no siempre comprendidos por el Gobierno o por los partidos de la oposición. Sin duda, tienen derecho a hacerlo, pero lo cierto es que en este momento el Gobierno de Cataluña está aplicando esta política porque cree que es fundamental y no hay alternativa para levantar este país, como queremos hacer y haremos, y me refiero tanto a España como a Cataluña. Y no hay alternativa en primer lugar porque la Unión Europea ha decidido que no hay alternativa, pero es que, además, no hay alternativa a esta y si alguien la tiene, que la cuente, por favor, pero en toda su extensión.

Muchas veces se nos critica pero no se nos dice qué habría que hacer. Repito, en estos momentos lo que usted plantea, y nosotros compartimos, es que vamos a reducir los presupuestos para el año 2011, con el apoyo del Partido Popular, con su abstención, que creemos que es un acto de responsabilidad muy positiva y valoramos adecuadamente. Repito, vamos a conseguir reducir un 10% los gastos, esto supone 2600 millones de euros. Usted plantea reducir el 3,8%, que son 4669 millones, que también es mucho, pero entenderá que si Cataluña reduce dos mil y pico y usted cuatro mil y pico, el esfuerzo que está haciendo Cataluña es muy, muy significativo. Sé que usted y la Unión Europea lo valoran y creo que es positivo no solamente porque es necesario sino porque damos la imagen de que estamos dispuestos a




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sacar a este país adelante, y si parecía que las comunidades autónomas siempre en este debate eran las grandes culpables, sin embargo, cuando nosotros tenemos un déficit de las características del que nos hemos encontrado, intentamos resolverlo en dos años, si podemos, para intentar recuperar a este país.

Dicho esto, señora vicepresidenta, no se ha hecho por parte de este límite de gasto que usted nos plantea —y esto se lo decía antes el senador Pérez Bouza y yo lo comparto— el esfuerzo suficiente, es decir, la Administración General del Estado no ha hecho el esfuerzo suficiente y esto no solamente se lo decimos este año, sino en otras ocasiones en un debate parecido le hemos dicho que entendemos que la administración que debe hacer el esfuerzo más importante de reducción es la Administración General del Estado.

Es cierto que ustedes tomaron una medida muy importante, muy contundente, muy fuerte, que fue la de reducir los salarios de todos los funcionarios un 5%, pero creo que se podían haber hecho más cosas. ¿Qué quiere decir esto? Hay un concepto que llamamos las tres aes: adelgazar, menos Administración; agilizar y un concepto global de austeridad. Nosotros entendemos que sí se ha hecho una parte de este aspecto, pero no se ha reducido suficientemente la estructura y dimensión de la Administración General del Estado y creemos que se podía haber ido más lejos. Usted me dirá que está consiguiendo los objetivos que se había marcado de déficit. Estamos de acuerdo, es muy positivo, imprescindible, pero hay áreas que podían haberse reducido. Y, repito, hay un hecho que nos preocupa, y es que tenemos una Administración central que tiene cada vez menos competencias, pero que respeta su estructura. Otro elemento sorprendente, en relación con unas cifras que han salido hace poco, es que tenemos ahora más gente que hace dos años, cuando tenemos menos funciones. Todo este elemento estructural, de cantidad de gente en la Administración central es un factor que hay que trabajar, y aquí es donde nosotros discrepamos claramente de su programa. ¿Por qué nos preocupa este aspecto? Porque entendemos que hay áreas en la Administración, por ejemplo, local donde nos vamos a encontrar con grandes dificultades. Las administraciones locales lo están pasando francamente mal, las autonómicas también pero las locales mucho más, y creemos que en su plan las administraciones locales son la parte débil de la estructura. Y aquí hay un hecho, y es que en esta Cámara y en el Congreso hemos debatido y hemos planteado más de una vez la necesidad de elaborar una ley de financiación de las administraciones locales que no hemos sido capaces de hacer, y digo que no hemos sido porque todos somos responsables, pero el máximo responsable es el Gobierno, que es a quien le toca llevarlo adelante. Lamento que no hayamos hecho este esfuerzo porque es una cosa que tendremos que hacer con cierta celeridad y quizá no lo hagamos en el mejor momento posible. En esta legislatura ha habido oportunidades para afrontar este asunto, pero no hemos sido capaces de hacerlo, y me pongo en este lío, cuando podría no hacerlo.

Hay un aspecto que quiero decirle —por esto le apunto que nos abstendremos—, y es que valoramos positivamente que se hayan incorporado en el límite de gasto no financiero estos 10 000 millones, que suponen 8000 millones para las comunidades autónomas y 2000 para las corporaciones. El sábado escuché atentamente el discurso del candidato señor Rubalcaba. No entraré a detallar en qué estoy de acuerdo y en qué no, pero me sorprendió una cosa que usted hoy no ha comentado y que me parece positiva. Yo espero que estos 8000 millones no sean finalistas, es decir, él dijo que estos 8000 millones eran para la salud. Probablemente irán muchos a la salud. Tenemos un déficit muy importante en la sanidad de las comunidades autónomas, es un gasto muy importante, pero entiendo que estos 8000 millones no han de ser finalistas.

Usted me dice con la cabeza que no, y me alegro, porque lo que hemos de hacer es que cada autonomía lo ponga donde pueda o deba. ¿Que la salud se llevará mucho dinero? Seguro, porque es un problema que tenemos, y le aseguro que para el Gobierno de Cataluña su prioridad es salvar el Estado del bienestar, y cuando hacemos esta reducción en los gastos y buscamos este equilibrio de déficit es para salvar el Estado del bienestar porque, si no, resultará —es un tema que usted conoce perfectamente— que la primera partida de los presupuestos en los próximos años, si no hacemos este esfuerzo, será la de intereses a pagar.

El otro día el presidente Mas decía que si en dos años no arreglamos esto, la gran conselleria será la de pagar intereses y nos situaremos en cifras absolutamente impresentables. Esto no es posible. Este país ha de remontar y hemos de ser capaces de remontar.

Se me acaba el tiempo, pero quiero entrar en un tema concreto. Nos preocupan, señora vicepresidenta, las reformas que nos quedan pendientes, como la de la Administración o la laboral. Es una pena que no hayamos aprovechado el mes de julio para acabar dos temas muy importantes: las políticas activas —ya




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hay un proyecto de ley en marcha— y las políticas de convenios colectivos. Es imprescindible este tema, y es una pena que no hayamos aprovechado este mes porque nos hubiera gustado sacarlo adelante.

Finalmente, usted ha marcado unos objetivos de crecimiento. El señor Utrera decía que el año que viene seguro que tendremos el 2.3. Lo tendremos si somos capaces de hacer unas cuantas cosas: Uno, seguir apretando en el tema de agilizar la Administración y hacerla más ligera. Dos, ser capaces de sacar adelante una política laboral que genere confianza y que haga que la gente vuelva a contratar. Tres, ser capaces de que esta economía se dinamice y crezca. Si no conseguimos este 2.3 y no hacemos estas medidas no tendremos este crecimiento. Esto es fundamental para dos cosas, para crecer y para conseguir empleo.

A todo esto, y acabo aquí porque me quedan diez segundos, señor presidente, hay un factor que me parece importantísimo ligado a lo que he dicho al principio: la responsabilidad. Creo que sería bueno que fuéramos capaces —el Gobierno lo ha de intentar y los que podemos hemos de intentar apoyarle— de conseguir un mínimo de cosas en las que estemos de acuerdo con el doble objetivo de hacerlo y de generar en los mercados la confianza de que somos capaces de pactar conjuntamente un mínimo de cosas que nos permitan salir adelante. Este pacto de Estado ya lo planteó hace tres años el portavoz de Convergència en el Congreso, el señor Duran i Lleida, pero creo que es imprescindible que en este final de legislatura, en estos meses que nos quedan hasta que ustedes decidan o que quien sea presente una moción de censura, consigamos este mínimo de acuerdo para sacar adelante a este país y levantarlo, que es lo que creo que los ciudadanos esperan de nosotros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.

Intervengo solamente para anunciar que cada uno de los grupos que formamos la Entesa votará según lo realizado por sus respectivos grupos en el Congreso de los Diputados.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Vicepresidenta, señorías, estamos realizando hoy el debate en el Senado para fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria en su procedimiento habitual que acaba de presentarnos la vicepresidenta en esta Cámara.

Como no puede ser de otra manera, damos nuestro respaldo desde el Grupo Parlamentario Socialista, como ya lo hicimos ayer en el Congreso de los Diputados, además, con un voto afirmativo y responsable porque pretende estabilizar la credibilidad de nuestro país y porque creemos que también es necesario mostrar al resto de la Unión Europea, a los mercados, a los inversores, a todos aquellos que creen que nuestro plan de reducción del déficit iniciado por el Gobierno hace prácticamente un año realmente se está cumpliendo. Y los datos lo confirman. Es un proceso de consolidación fiscal que, como bien digo, se inició el año pasado y que está cumpliendo sus objetivos.

Hace unos minutos la vicepresidenta nos acaba de decir que es verdad que se han cumplido los objetivos parciales marcados por el Gobierno para el año 2010, reduciendo hasta el 9,2% el déficit, y estoy segura de que para el 2011 se llegará a una reducción del 6%.

El Gobierno no tiene apoyos relevantes, decía el senador Utrera, pero yo digo que sí son suficientes. Y lo son porque usted con esa adjetivación que ha utilizado descalifica realmente la representación parlamentaria de esta Cámara; son suficientes porque son apoyos que realmente van a sacar este acuerdo presentado por el Gobierno.

España no es una isla, señorías. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y formamos parte de la Unión Europea, que necesita coordinación y apoyo entre países. Por los acontecimientos que están ocurriendo estos últimos días —me refiero a los más recientes— vemos cómo de nuevo el mercado de la deuda asfixia a países de la zona euro —tenemos el caso de Italia, e incluso de España— con primas de riesgo por encima de los 300 puntos básicos, y, aunque no haya sido debido a causas económicas, sino por el efecto del arrastre de la deuda griega —afortunadamente hoy sabemos todos perfectamente que, en el caso de España, se ha reducido por debajo de los 300 puntos básicos—, nos podemos dar cuenta de que la crisis ha alcanzado una dimensión sistémica muy grande. Es importante que nos demos cuenta,




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aunque algunos creo que todavía no lo han hecho a tenor de las declaraciones de algunos líderes del Partido Popular, como la señora Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, que da titulares al Wall Street Journal, poniendo en duda la solvencia de las cuentas españolas, o el propio señor Montoro aludiendo a que este país es una carga para el euro. ¿No se dan cuenta de que desacreditar la política económica que se hace en España, desacreditar al propio país no solo daña su imagen sino que lo que realmente necesita este país es firmeza y determinación, incluso por parte de los propios representantes de la oposición en las Cámaras, en el Congreso y en el Senado? Eso, señorías, es lo que necesita este país: responsables políticos que actúen y estabilicen este país y que no pongan en riesgo al Gobierno o, mejor dicho, no es al Gobierno al que ponen en riesgo sino al propio futuro del país.

Señorías, la responsabilidad de los representantes políticos comienza creyendo y apostando fuertemente por la credibilidad de este país, y algo estará haciendo bien este Gobierno cuando el propio señor Van Rompuy ayer mismo afirmaba y mostraba su confianza en las reformas españolas que se han estado realizando y se están realizando actualmente. Y las calificaba no solo de muy importantes, sino de estar en el debido camino para reducir el déficit y la deuda española.

Es verdad que nos encontramos en una coyuntura económica difícil, extraordinariamente vulnerable, pero los indicadores económicos nos muestran una tendencia a la mejora. Los datos del primer trimestre de 2011 así lo certifican: crecimiento de exportaciones y aumento de bienes de inversión, entre otros. Pero también lo serán los del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2011. Y es que, señorías, se está recuperando la confianza en nuestra economía. España, señorías, es uno de los países que aprobó las medidas antidéficit antes que el resto de los países de la Unión Europea, gracias a la hoja de ruta marcada por el propio Gobierno.

El Grupo Socialista entiende que lo que pretendía el Gobierno era adelantar la salida de la crisis, no como otros grupos políticos —sobre todo el principal partido de la oposición— que lo que pretendían era adelantar las elecciones, que es su propuesta económica, y así lo manifiestan constantemente. Las previsiones que aquí se presentan abogan por el déficit público; un déficit por el que ustedes, señores del Partido Popular, están preocupados y del que dudan constantemente. Dudan hasta tal punto que no son capaces de tomar decisiones, y eso me genera una cuestión: si ustedes creen realmente que la política es un instrumento, por el bien de este país ¿por qué no deciden ustedes? Porque, señorías, ustedes simplemente miran para otro lado y no deciden nada.

La estrategia de política económica del Gobierno, basada en los tres ejes fundamentales, está surtiendo su efecto: consolidación fiscal, implementación de reformas estructurales y preservación de la cohesión social. Está teniendo sus frutos aunque es verdad que no en un plazo breve porque la crisis es muy fuerte y porque este país necesitaba reformas importantes para reordenar y reformular nuestra economía. Pero también es verdad que si miramos al otro lado de la bancada, el Partido Popular dice que tiene su propia hoja de ruta, su programa económico, pero, al final, nos venden humo, nos venden reformas milagrosas que, por cierto, todavía desconocemos y que no nos han presentado en ninguno de sus postulados.

Como bien he dicho, a lo largo de este año se han realizado reformas en el sector financiero, en el mercado laboral —la negociación colectiva—, la reforma de pensiones —que se está debatiendo en esta Cámara— y reformas para corregir los desequilibrios heredados de nuestra economía basada, especialmente, en la demanda interna y que precisa sectores que aporten un mayor valor añadido.

Otro de los puntos que me gustaría resaltar es el de la presión fiscal, tema recurrente en cada uno de los debates de esta Cámara. Como saben ustedes, la presión fiscal de España es una de las más bajas de la Unión Europea, veinte puntos por debajo de la media europea, y la deuda española es también de las más bajas, el 63% del PIB.

A nuestro juicio, el Gobierno está cumpliendo con ese compromiso de transparencia, porque nos presenta las cuentas tal y como están, sin ningún tipo de sortilegio.

Al objetivo de estabilidad presupuestaria que ha expuesto la vicepresidenta Salgado tenemos poco que añadir, salvo que es realista y que se ajusta a la evolución de la situación económica que estamos atravesando. La crisis económica, que incide no solo en España, sino también en el resto de los países, plantea para este año una reducción en la demanda nacional, como usted nos acaba de explicar. Asimismo, entendemos que el esfuerzo del resto de las administraciones públicas, no solo del Estado, sino también de las comunidades autónomas y ayuntamientos, es imprescindible para poder conseguir el objetivo de déficit público.




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Aplaudimos la reforma de estabilidad, que incluye una regla de gasto para las comunidades autónomas y entidades locales, aunque no podemos entender las manifestaciones de algunos presidentes autonómicos que ponen en cuestión el Estado de las Autonomías. Me refiero a la presidenta Aguirre, que, a la vez que pone en cuestión el Estado de las Autonomías, sigue pidiendo financiación porque ha dicho literalmente que van a pedir dinero ya que no pueden mantener los servicios públicos durante la crisis. Yo no sé, señorías, si esto tiene mucho sentido.

Coincidimos plenamente en que los déficits contemplan objetivos de estabilidad presupuestaria y que no deben prolongarse en el tiempo, porque entendemos que son prioritarios, así como las políticas de creación de empleo.

Señorías, quisiera terminar aludiendo a una cuestión que me parece fundamental y que he venido reiterando en todos los debates de este estilo. Me refiero a legitimar la política. Lo hice el año pasado, lo he hecho en años anteriores y lo vuelvo a hacer. Se está demostrando que la Política con mayúsculas está siendo el instrumento para resolver los problemas económicos y las situaciones complicadas que estamos atravesando a lo largo de esta crisis económica.

Desde 2007 tenemos una crisis financiera sistémica y global que afecta a la economía real y a cada uno de los sectores de la economía española. Esto significa adoptar decisiones, aunque sean difíciles, para buscar lo mejor para los ciudadanos y generar empleo y confianza en la economía, así como para afianzar el Estado del bienestar, que es una seña de identidad de este país y de la Unión Europea del que, desde luego, no podemos prescindir.

Por eso, señorías, apelo a su responsabilidad, porque los políticos representamos a los ciudadanos, que nos votan para que resolvamos los problemas. Utilicemos para ello la política como instrumento y no miremos a otro lado como hacen, en ocasiones, algunos representantes de esta Cámara.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Vicente.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, presidente.

Intervendré brevemente, porque a nadie tengo que replicar. La señora vicepresidenta no acostumbra a replicar en estos debates, cosa que hubiéramos agradecido. Yo le he hecho dos preguntas directas pero entiendo que no quiere contestar por alguna razón.

Únicamente, quiero añadir que de este debate sale un poco más de desconfianza hacia la acción de este Gobierno. Ya hemos visto que la señora vicepresidenta entiende bien pero explica mal y, desde luego, argumenta peor lo que significa el límite o el techo máximo de gasto en el que se puede incurrir.

Al mismo tiempo, hemos visto también que desde otros grupos parlamentarios se sigue en una actitud manifiestamente condescendiente con un Gobierno que nos ha hecho perder el tiempo, aparte de oportunidades de futuro.

En tercer lugar, en relación con el mensaje que subyace en la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no voy a entrar a analizarlo pero sí quiero decir que suena a tópico muy gastado el hablar de arrimar el hombro, de deslealtad, de ser antipatriotas y de este tipo de cosas, porque esto ya no se lo creen ni ustedes ni los españoles. Dice que no hay programa del Partido Popular, ¿en qué materia? ¿Impuestos? Nosotros proponemos bajarlos, el señor Rubalcaba propone subirlos. ¿Quiere que entremos en alguna otra materia? Podemos hacerlo.

Es decir, tenemos muy claros los planteamientos que hacen que la situación económica retorne a la normalidad y salgamos de la anormalidad en la que nos encontramos. Y el síntoma más evidente de esa anormalidad es que somos como muñecos rotos de trapo, pues se nos está moviendo por los mercados financieros y por los líderes de verdad de la Unión Europea, y digo de verdad porque este Gobierno, que nos iba a situar en el centro y el corazón de Europa, lo que ha hecho ha sido arrinconarnos a la pura periferia extrema. Aquello que señalan los mercados y los dirigentes europeos es lo que mueve a este muñeco de trapo en el que nos ha convertido este Gobierno tan poco cuidadoso, ni siquiera con las formas durante muchos años, con los procesos económicos, presupuestarios y de reformas. Este Gobierno, que ha cogobernado con formaciones políticas e institucionales para hacer lo que ha hecho, ahora no puede llamar a la responsabilidad cuando, fundamentalmente, ha incurrido en un desaguisado permanente en materia económica.

Y fíjense en que esto no lo digo solo yo, lo apunta el propio Felipe González. (Rumores.) Bueno, el señor González dice muchas cosas, eso es verdad, unas en un sentido y otras en otro, no hay que darle




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mayor valor. Pero hoy mismo ha dicho que cada vez es menos simpatizante del Partido Socialista, que es militante pero cada vez menos simpatizante porque no está de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho. No sé a qué se referirá ni tampoco quiero darle más relevancia a esta frase, que a lo mejor incluso está sacada de contexto, pero lo cierto es que el señor González simpatiza poco o menos que antes con el Partido Socialista y nosotros nada con un Gobierno que falsea la realidad de las cosas. Digo esto porque hoy no estamos aprobando una reducción del techo de gasto de los presupuestos generales del Estado de 5000 millones, sino un aumento de 5000 millones, y si tiene interés algún portavoz de cualquier grupo parlamentario le enseño ahora mismo los papeles oficiales, los del año pasado y los de este, para que lo pueda comprobar con facilidad.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Tomen asiento, señorías.

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación del Acuerdo del Gobierno por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 112; en contra, 123; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: El Acuerdo del Gobierno ha quedado rechazado y, por tanto, daremos traslado de él al Congreso de los Diputados para que se someta nuevamente a votación.

MOCIONES

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DINAMIZAR OTROS SECTORES PRODUCTIVOS ASOCIADOS A LA MISMA. (Votación.)

(Núm. exp. S. 662/000190)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar a la votación del resto de los asuntos que hemos debatido en el transcurso de este Pleno.

En primer lugar, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para recuperar la actividad turística y dinamizar otros sectores productivos asociados a la misma.

Ha sido aceptada una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a esta moción.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 125; en contra, 117; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Abran las puertas. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Rumores.) Silencio, por favor.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FOMENTAR LA DIVERSIDAD CULTURAL Y GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A ACCEDER A LOS CONTENIDOS CINEMATOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES EN VERSIÓN ORIGINAL. (Votación.)

(Nún. exp. S. 662/000189)




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El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para fomentar la diversidad cultural y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los contenidos cinematográficos y audiovisuales en versión original.

Esta moción tiene una enmienda transaccional firmada por todos los grupos con la excepción del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 131; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA CONSIDERAR A LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS COMO PARTE INTERESADA EN MATERIA AGRARIA Y RURAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS, PLANES Y POLÍTICAS QUE AFECTEN A ESTOS SECTORES. (Votación.)

(Núm. exp. S. 662/000188)

El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para considerar a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos como parte interesada en materia agraria y rural en los procedimientos de consulta en la elaboración de normas, planes y políticas que afecten a estos sectores. Esta moción tiene una transaccional que está firmada por todos los grupos, con la excepción del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 137; en contra, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Votación.)

(Núm. exp. S. 624/000016)

(Núm. exp. C.C. 122/000285)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a votar la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 248.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

En consecuencia queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.




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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

(Núm. exp. S. 621/000106)

(Núm. exp. C.D. 121/000103)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar los proyectos de ley.

De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas presentadas en su origen por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Enmiendas 1 y 2. (Rumores.) Silencio, por favor.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 131; abstenciones, 117.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación votamos la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 128; en contra, 113; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 4, 5 y 6, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, presentadas en su origen por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 137; en contra, 112.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación pasamos a votar las enmiendas números 8 y 9, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 113; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 20.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 244; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 240; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación, procedemos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 22 y 23.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 249.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 131; en contra, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, la enmienda número 25.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 117; en contra, 118; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación votamos las enmiendas números 26 y 28, del Grupo Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 248; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Popular. En primer lugar, la enmienda número 12.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 249.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas números 13 y 14, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 118; en contra, 131.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 15 y 16, del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 126; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 119; en contra, 123; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de modificación con el número de registro 66598.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 247.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 66599.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 246; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación con el número de registro 66615.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 131; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Finalmente, votamos la propuesta de modificación con el número de registro 66641.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 126; en contra, 122.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 249.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y DE INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE JULIO, SOBRE EL EJERCICIO DE DETERMINADOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS DE SOCIEDADES COTIZADAS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

(Núm. exp. S. 621/000107)

(Núm. exp. C.D. 121/000111)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación, a votar el dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas números 1 a 3.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 6; en contra, 235; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 17 y 19, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 15; en contra, 234.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 4 y 13, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 118; en contra, 131.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 5 a 8, 10, 11 y 14, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 118; en contra, 124; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las propuestas de modificación con números de registro 66616 y 66617. En primer lugar, la número 66616.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 131; en contra, 117.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la propuesta de modificación con el número de registro 66617.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 248.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos aquellas partes del proyecto de ley que han sido enmendadas en comisión y que aún no se han votado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 248; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 248.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS ÁMBITOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación.)

(Núm. exp. S. 621/000108)

(Núm. exp. C.D. 121/000121)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar a continuación el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad.

En primer lugar, enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 15; en contra, 116; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 123; en contra, 118; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la propuesta de modificación con número de registro 66606.




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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 248.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las partes del proyecto de ley enmendadas en comisión que no han sido votadas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 249.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 248.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE DEPÓSITO LEGAL (Votación.)

(Núm. exp. S. 621/000104)

(Núm. exp. C.D. 121/000118)

El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, votamos el dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley de depósito legal.

En primer lugar, las enmiendas 11, 13 y 14, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 17; en contra, 232.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de la Entesa.

En primer lugar, las números 4, 5, 6 y 7.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 14; en contra, 229; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de la Entesa, la número 9.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 19; en contra, 230.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión que no han sido votadas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 249.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 248.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

— INFORME DE LA PONENCIA SOBRE SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIA. CLAVES PARA EL FUTURO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS.

(Núm. exp. S. 573/000003)

(Núm. exp. C.D. 154/000007, 158/000017)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al punto noveno del orden del día: Informes aprobados por las comisiones del Senado.

Informe de la Ponencia sobre sistemas de tratamiento y atención en drogodependencia. Claves para el futuro, constituida en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

Para la presentación del informe, tiene la palabra la senadora Granado.

La señora GRANADO PANIAGUA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

Intervengo por acuerdo de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas para presentar el informe de la ponencia creada en el seno de esta comisión sobre sistemas de tratamiento y atención en drogodependencia. Claves para el futuro.

Esta ponencia se constituyó sobre la base de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que fue aprobada por unanimidad en la reunión que celebró la comisión el 18 de diciembre de 2008. Desde el 29 de abril de 2009, en que comenzó su andadura, hasta el 10 de mayo de 2011… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Es imposible escuchar.

Ruego silencio, señorías.

La señora GRANADO PANIAGUA: Como les decía, desde el 29 de abril de 2009, en que comenzó su andadura, hasta el 10 de mayo de 2011, la ponencia ha celebrado trece sesiones, en las que han comparecido veintisiete expertos propuestos por los distintos grupos parlamentarios. Señorías, ante todo me gustaría agradecer el trabajo de todos y cada uno de los portavoces y ponentes. Un trabajo que ha hecho posible el resultado que se plasma en este informe que desarrolla y detalla con claridad las líneas hacia donde deberían dirigirse en el futuro los tratamientos y atención a las drogodependencias.

En primer lugar, permítanme que les dé a conocer los miembros que han formado parte de la ponencia en representación de sus grupos parlamentarios: los senadores don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, doña María Teresa Cobaleda Hernández, doña Francisca Coloma Mendiola Olarte, doña Elvira Velasco Morillo, y los diputados don Ángel Pintado Barbanoj y doña Dolors Montserrat Montserrat, por el Grupo Parlamentario Popular; las senadoras doña María Isabel Flores Fernández, doña Cristina Maestre Martín de Almagro, y los diputados don José Alberto Cabañes Andrés, don Alberto Fidalgo Francisco, doña Gloria Gómez Santamaría y doña Vicenta Tortosa Urrea, en sustitución de don Herick Manuel Campos Arteseros, por el Grupo Parlamentario Socialista; los senadores doña Rosa Nuria Aleixandre i Cerarols y don Ramón Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; las senadoras doña Maite Arqué i Ferrer y doña María Burgués Bargués por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; los diputados don Francesc Canet Coma y doña Nuria Buenaventura Puig, en sustitución de don Joan Herrera Torres, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana—Izquierda Unida iniciativa per Cataluña; la senadora doña Miren Loren Leanizbarrutia de Bizkarralegorra por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y doña María del Mar Caballero Martínez por el Grupo Parlamentario Mixto.

Los ponentes, señorías, han tenido la oportunidad de escuchar las opiniones de los comparecientes, expertos de un altísimo nivel, especialistas en varias disciplinas como neurología, psicología, psiquiatría, farmacología, educadores sociales, responsables de asociaciones, fundaciones, organizaciones no




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gubernamentales, y también autoridades sanitarias. Los datos, la información y las opiniones extraídas de las diferentes comparecencias han proporcionado el material suficiente para elaborar el informe que hoy presentamos a su consideración. Un informe, señorías, que recoge las reflexiones de los ponentes a la luz de las completas e interesantes aportaciones de los expertos. Un informe que se estructura en siete apartados o capítulos. El primero de ellos es una introducción que enumera los miembros de la ponencia, los comparecientes y las reuniones celebradas por la ponencia. Un segundo capítulo donde se exponen las consideraciones generales a propósito del problema de las drogas. El tercero se dedica a la evolución histórica del consumo de drogas y de las medidas destinadas a combatirlas. En el cuarto se trata la situación de las más importantes sustancias estupefacientes en nuestro país. En el quinto se exponen algunos modelos de prevención y de lucha contra las drogas en España. El sexto sintetiza en forma de decálogo las propuestas de los comparecientes en materia de prevención y lucha contra las drogas. Y el séptimo y último comprende las conclusiones que la ponencia extrae de los trabajos realizados, así como las concretas recomendaciones de acción política.

Señorías, sin entrar en el fondo del informe, que sin duda harán los portavoces, sí me gustaría llamar su atención sobre un aspecto que me parece enormemente importante y que ha marcado prácticamente todas las comparecencias, que es cómo vamos a abordar el tratamiento y la atención a las drogodependencias y demás adicciones en un futuro próximo. La mayoría de los comparecientes han puesto de relieve la necesidad de abordar este tema desde la dignificación del paciente, superando situaciones de marginalidad y exclusión social, es decir, cambiando la imagen de las personas afectadas. Por ello creemos imprescindible considerar a la persona que se trata por drogodependencia u otras sustancias adictivas como cualquier otro paciente, considerando la adicción como una enfermedad más, una enfermedad crónica, y, por tanto, el drogodependiente debe ser tratado como cualquier otro enfermo crónico. Este concepto nuevo nos tiene que llevar necesariamente a una atención integral que preserve la dignidad y el respeto a la intimidad del paciente. Por tanto, señorías, nos planteamos la necesidad de integrar el tratamiento de las adicciones dentro del Sistema Nacional de Salud.

Para terminar, señor presidente, quiero agradecer en nombre de la comisión la amplia colaboración y la disponibilidad con esta ponencia de todos los comparecientes y sus valiosísimas e importantísimas aportaciones, y considero justo resaltar el altísimo nivel cualitativo de todas las personas que han comparecido y aportado numerosas e importantes ideas, informes y opiniones que han constituido la base fundamental para elaborar este trabajo.

Quiero agradecer también y destacar el ambiente de consenso, diálogo y negociación de todos los miembros de la ponencia; consenso que ha permitido que desde posiciones ideológicas y políticas distintas hayamos conseguido elaborar este importante documento sobre un problema grave que afecta a una parte significativa de nuestra sociedad.

Por último, señorías, y no menos importante, en nombre de la comisión y en el mío propio quiero expresar nuestro agradecimiento a los servicios de ambas Cámaras, principalmente al secretario de la comisión, don Juan Carlos Carrasco Abad.

Y finalmente, más allá de la estricta tarea de asesoramiento técnico jurídico, queremos agradecer de manera muy especial el trabajo riguroso y las aportaciones que a este documento ha realizado el letrado de la comisión, don Pablo García Mexía, que ha tenido un destacado papel en la redacción final de la ponencia. Muchas gracias a todos.

Termino, señor presidente, pero antes quiero pedirle que, dada la calidad de este trabajo y la importancia que tiene y va a tener para todas las partes afectadas e implicadas en el tratamiento, asistencia a estos pacientes, principalmente a profesionales, a los que sin duda va dirigido, y también a las instituciones que tienen que poner los medios necesarios, se publique por esta Cámara y se le dé la más amplia difusión; difusión a la que también se han comprometido tanto la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas como la ministra de Sanidad y Política Social e Igualdad, doña Leire Pajín Iraola, a las que quiero agradecérselo desde esta tribuna.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Así lo haremos.

Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegaciones.)




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Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.

Solo unas palabras para destacar el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios que, una vez más, sin fisuras, se han puesto de acuerdo en un tema tan sangrante como el de las adicciones, muy especialmente si estas adicciones lo son a sustancias como las drogas no legales, aunque también lo son a los dependientes de otros elementos, como el juego, directo o en videojuegos, a la telemática en sí, a las redes, a la alimentación o al sexo.

Como se ha dicho, después de más de un año de ponencia, de haber escuchado atentamente a 29 comparecientes de todos los ámbitos de la ciencia, desde la clínica a la social, se llegó a unas conclusiones y recomendaciones firmadas y apoyadas por todos los grupos parlamentarios, como así debía ser, de las cuales me gustaría destacar algunas, no porque las que no resalte no sean importantes sino porque quizá por deformación profesional son las que debe hoy destacar la que les habla.

En primer lugar, la ponencia sobre Sistemas de Tratamiento y Atención en Drogodependencia. Claves para el futuro, fue la continuación de una anterior de la misma comisión sobre los efectos nocivos de las drogas en jóvenes y adolescentes; una ponencia que tuvo un gran impacto y que dejó huella, tanto en el ámbito del plan nacional como en los distintos planes autonómicos.

En segundo lugar, quiero destacar el cambio de la denominación de drogadicción por el de adicción a sustancias, cosa que de una u otra forma ya se refleja en la denominación actual del plan nacional.

En tercer lugar, incidir, como ya se ha hecho, en la prevención pero también el diagnóstico en el tratamiento y en el seguimiento. ¿Por qué les hablo de diagnóstico? Porque precisamente una de las conclusiones que desearía remarcar es que el adicto es un enfermo, un enfermo crónico con una enfermedad recidivante con un componente genético claro, o sea, un enfermo crónico que sufre recaídas, una enfermedad que se desarrollará si se tiene una predisposición genética adecuada y, evidentemente, si entra en contacto con la sustancia química o con las conductas adictivas de riesgo sin conocer sus consecuencias, y como tal enfermo debe ser tratado. Una enfermedad que puede evitarse con una buena prevención, y si bien no es la única forma de hacerlo, al igual que en otros casos la prevención puede evitar la gravedad, en este es obvio que podemos evitar totalmente la enfermedad. Por tanto, prevención, o lo que es lo mismo, conocimiento de ella y de sus consecuencias por parte de toda la población, en los términos adecuados, con evidencia científica, pero de forma comprensible.

En cuarto lugar, puesto que es una enfermedad debe ser tratada en las mismas condiciones que cualquier otra enfermedad crónica, por tanto, en atención primaria y especializada habitual; en el caso de salud mental fusionando las redes ya existentes: la asistencia general, la atención primaria, la especializada y la que hasta ahora está separada de los planes estatal y autonómicos, de lucha contra la adicción.

Otro punto que desearía destacar de las conclusiones de la Ponencia es el de nuevos diagnósticos, ya que gracias a las nuevas tecnologías se pueden tener, por un lado, nuevos diagnósticos por la imagen que hacen posible la detección, los grados de afectación y la recuperación, si es posible, de las distintas áreas cerebrales; por otro lado, el mayor conocimiento de la genética y de la genómica nos llevará a conocer a los individuos predispuestos para estas dependencias.

Por último, los nuevos tratamientos en los distintos ámbitos, pero muy especialmente en la farmacología, algunos ya conocidos pero en distinto formato. Estamos hablando, por ejemplo, de la metadona en envase comercial, lo que permite su dispensación como cualquier otro medicamento y evitaría la estigmatización de estos pacientes, o por qué no la utilización de nuevos fármacos psicoactivos de nueva generación.

Evidentemente, todo ello comporta una apuesta por la investigación en estas áreas, pero muy especialmente en la farmacología y en las neurociencias, y la puesta al día, cómo no, de los profesionales que manejan los distintos ámbitos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

Para finalizar, hago hincapié de nuevo en que en algunos ámbitos, como es el caso de este, en las adiciones, para diputados y senadores —o sea, todos los integrantes de la comisión, pertenezcan al partido que pertenezcan— ha sido claro su objetivo: evitar la destrucción de una parte de nuestros jóvenes y adolescentes, o quizás no tanto. Todos juntos nos hemos puesto de acuerdo; es fácil ponerse de acuerdo.




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Solo me queda dar las gracias a los servicios de las dos Cámaras y, cómo no, a nuestro letrado, don Pablo García Mexía, que con su buen hacer y su disponibilidad lo ha hecho posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Arqué.

La señora ARQUÉ I FERRER: Señor presidente, señorías.

Quisiera empezar con el agradecimiento por la colaboración de todos los comparecientes, cuyas intervenciones han sido muy ilustrativas y han aportado elementos interesantísimos para nuestras propias reflexiones, que tienen que marcar una nueva forma de abordar los sistemas de tratamiento y atención en drogodependencias y adiciones en el futuro más próximo.

También creo que deberíamos felicitarnos por el trabajo de esta comisión —al menos así lo he sentido—, una comisión mixta Congreso-Senado que ha sabido superar cualquier problema para llegar a un consenso positivo, nada restrictivo y que da mucha más fuerza si cabe a estas conclusiones.

Quiero resaltar, de forma muy concreta y rápida, aunque es muy difícil resumirlos, unos puntos esenciales y me gustaría recordar a todos los senadores que el 31 de mayo, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se publicaron todas las conclusiones. Pienso que es un elemento importantísimo para que lo tengamos guardado y que en un momento lo podamos sacar, porque hay mucha gente a nuestro alrededor a la que le interesa saber qué pensamos, qué se debe hacer, e incluso puede servir para reflexionar cada uno de nosotros sobre estas cuestiones.

Por tanto, los puntos que yo resaltaría serían: en primer lugar, sustituir el concepto drogas y sus derivados por la de adicciones; es lo que deberíamos incorporar, y que nos lleva a aglutinar las adicciones con o sin sustancias, tanto legales como ilegales, como por ejemplo, incluir en un mismo concepto el alcohol, el tabaco, los sedantes, las anfetaminas, y también la ludopatía, el ciber poker, los móviles, así como nuevas tecnologías de la información y comunicación, que sabemos que en este momento crean un grave problema de adicción. En segundo lugar, el acuerdo existente con respecto a que los trastornos aditivos se pueden asociar en muchísimos casos a trastornos psiquiátricos. Esta doble patología es lo que se denomina patología dual, cuyo conocimiento es importantísimo para el abordaje unificado de la patología psiquiátrica y de la conducta adictiva.

En cuanto a la integración de adicciones dentro del Sistema Nacional de Salud, considero que ninguna de las personas que han dialogado sobre esta cuestión, que han elaborado este documento, han dejado de manifestar que deben incorporarse a dicho sistema como adicciones, que es una enfermedad crónica, con factores sociales, psicológicos, biológicos, y también genéticos, porque cuando se desarrollan se encuentran dentro del ámbito de la salud mental. Por tanto, proponemos una pronta, aunque cuidadosa integración, en el sistema sanitario en general, así como la integración de los profesionales de ambas redes.

En cuanto a la profesionalización y especialización de la atención dentro de la cartera de servicios de atención primaria y salud mental, he de señalar que la repercusión de algunas de estas adicciones nocivas debe tratarse de manera especial en las mujeres, ya que su impacto es mayor y, por tanto, hay que tenerlo en cuenta, investigando de forma muy especial su impacto en cuestiones de género.

Para finalizar, considero que la legislación y los nuevos materiales de detección se deben mejorar sobre todo en el control y en la conducción bajo el efecto de drogas legales e ilegales.

Por último, quiero acabar mi intervención manifestando que es una comisión, como otras, donde he encontrado un gran sentido de responsabilidad por parte de todos los que la hemos compuesto. Por tanto, felicito a los que están aquí y, evidentemente, a la presidenta de la comisión que ha ayudado a generar esta dinámica, así como a nuestro letrado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, voy a intervenir en este turno con brevedad en nombre de mi grupo parlamentario para agradecer a todas y cada una de las personas que han hecho posible, con su trabajo y aportaciones, la elaboración del informe que hoy presentamos, desde los comparecientes, el personal de las Cámaras, el




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secretario de la comisión, el señor Carrasco Abad, que ha estado en todo momento pendiente de que tuviéramos la documentación, hasta el señor letrado, don Pablo García Mexía, que en todo momento hizo fácil el desarrollo de la ponencia y la elaboración final del informe que hoy sometemos a la consideración de este Pleno. Gracias.

Por último, quiero resaltar, como lo han hecho las senadoras que me han precedido, el buen clima que en todo momento ha presidido el desarrollo de los trabajos. Todos los parlamentarios y parlamentarias hemos podido trabajar con tranquilidad en un objetivo común, que se refleja, señorías, en el título de esta ponencia: Claves para el futuro, porque, señorías, de lo que hemos hablado ha sido de futuro.

Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de conocer experiencias, trabajos, estudios de personas, que luchan día a día contra esta enfermedad. Hemos aprendido de ellos, y con ellos cómo han cambiado los patrones de consumo, cómo se están implantando otras adicciones no necesariamente relacionadas con sustancias tangibles, como las ludopatías, el mal uso de las nuevas tecnologías, etcétera. También el comienzo demasiado temprano en el consumo de sustancias legales e ilegales, y sobre todo, repito, cómo encarar el futuro.

Hemos intentado, espero que con acierto, reflejar todos esos aspectos en este informe, con el fin de que sea el instrumento sobre el que se basen los futuros planes que las administraciones públicas necesariamente tendrán que elaborar.

Las conclusiones y recomendaciones finales son fruto de todo lo que hemos escuchado, de todo nuestro trabajo. No voy a hacer un resumen de ellas, pero sí les pediría, por favor ,que las lean y las difundan en la medida de sus posibilidades porque creo que es un documento que merece la pena.

En una visita que hicimos nos dijeron que la antítesis de la drogodependencia no es la abstinencia sino la autonomía. Ojalá que con este modesto trabajo hayamos contribuido a que se puedan formar esos ciudadanos y ciudadanas autónomos que sean capaces de decir no.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, bien está lo que bien acaba, máxime cuando es el sentir personal de los miembros y de todos los expertos que han intervenido en esta ponencia sobre adicciones, que valoran de forma muy positiva sus conclusiones y recomendaciones.

Todos creemos que es un gran paso adelante y que marcará un antes y un después, en una nueva dimensión de abordaje integral de las drogas y de las adicciones.

Antes de nada, por supuesto, quiero felicitar a todos los miembros de la comisión, a todos los miembros de la ponencia y a todos los expertos que nos han ilustrado con sus conocimientos porque entre todos hemos llegado a puntos de consenso que han cristalizado en esta Ponencia sobre Sistemas de Tratamiento y Atención en Drogodependencia. Claves para el Futuro, constituida en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

No puedo dejar de nombrar a mis compañeros de partido, en especial a Ángel Pintado y María Teresa Cobaleda, por sus múltiples y enriquecedoras conclusiones y recomendaciones a esta ponencia y, por supuesto, al secretario y al letrado, don Pablo García Mexía, a quien agradezco su buen hacer y el que haya dirigido el barco, junto con la presidenta de la ponencia, hacia el buen puerto al que hemos llegado.

Creo que el grupo de trabajo ha sabido coger el toro por los cuernos y llegar a unas recomendaciones legislativas que asentarán las bases para el abordaje de las adicciones de las nuevas generaciones, ya que esperamos que, a partir de ahora, todos los partidos políticos que hemos consensuado las recomendaciones tengamos a gala su desarrollo y que esta ponencia sirva como hoja de ruta de obligado cumplimiento para el futuro abordaje de aquellas.

Quiero dar solamente unas pequeñas pinceladas de los grandes cambios cualitativos recogidos en las recomendaciones de esta ponencia. Por ejemplo, los cambios terminológicos, porque la palabra «droga» está muy estigmatizada y nos retrae a conceptos de finales del siglo pasado, de exclusión social, de marginación y de delincuencia. En este sentido, el nuevo término adicciones, con sustancias o sin sustancias, legales o ilegales, nos habla de una personalidad adictiva más un trastorno psiquiátrico, lo que se denomina patología dual: pacientes integrados en la sociedad que entroncan, sin solución de continuidad, con la adicción como enfermedad crónica recidivante, que igual que cualquier enfermedad




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debe ser atendida dentro del Sistema Nacional de Salud y, como patología dual, dentro de la psiquiatría, en el área de conocimiento de las adicciones.

La integración orgánica y funcional de las adicciones y del personal que actualmente las atiende dentro del sistema sanitario de las comunidades autónomas se debe hacer de forma gradual y siempre implementando los recursos públicos con los privados, orientados a la prevención y reinserción social de estos pacientes. Estas serán las bases para el abordaje integral de las adicciones, huyendo de la actual dicotomía de estos pacientes, a los que se atiende desde el punto de vista psiquiátrico en los equipos de salud mental y, desde el punto de vista de las adicciones, en un circuito paralelo al anterior.

Pedimos también que se imponga en la formación MIR de los médicos, tanto en atención primaria como en psiquiatría, una formación específica en adicciones. Hablamos de la prevención y de la educación para la salud desde la atención primaria y desde la escuela, donde se marcarán las nuevas líneas en la prevención de las adicciones. Las nuevas terapias e investigaciones marcarán hitos innovadores para futuros tratamientos con abordajes especializados individualizados. El abordaje específico de los pacientes adictos en el régimen penitenciario conseguirá llevar a las cárceles la educación pública y tratamientos alternativos de las penas. El control de droga en la conducción y su extensión en igualdad de condiciones que los controles de alcoholemia, aumentarán de forma significativa la seguridad vial y disminuirá de forma significativa la siniestralidad. Esto hasta un total de 13 recomendaciones, que esperemos que sean tomadas en cuenta por el Gobierno actual y los gobiernos que le sucedan.

Solo me resta comunicar a sus señorías que ha sido para mí una gran satisfacción y un honor haber trabajado codo con codo con todos ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizada la intervención y a juzgar por las intervenciones de los distintos portavoces, ¿se puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Por tanto, queda aprobado el informe de la ponencia sobre Sistemas de Tratamiento y Atención en Drogodependencia. Claves para el futuro, constituida en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

INFORMES SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

— INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2010.

(Núm. exp. S. 871/000006)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto décimo del orden del día: Informes sobre la actuación de la Comisión de Peticiones.

Tiene la palabra su portavoz.

El señor PIÑEIRO GARCÍA-LAGO: Con la venia, señor presidente.

Señorías, en el curso de la sesión celebrada el día 13 de junio de 2011, la Comisión de Peticiones aprobó el informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2010. Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de referencia, donde se ofrece relación de peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre las mismas y de las contestaciones recibidas de las autoridades a que se trasladaron.

Durante el período de sesiones a que se contrae el presente informe, la comisión ha recibido un total de 63 peticiones.

Como en informes anteriores, se acompaña la relación nominal de los peticionarios, número de peticiones e indicación sumaria de su contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los trámites siguientes, cuya totalidad no coincide con la de peticiones presentadas, puesto que una misma petición da lugar, en algunos casos, a dos o más trámites simultáneos y sucesivos y, por otra parte, las peticiones recibidas después de la última reunión de la comisión previa a las vacaciones parlamentarias son estudiadas en el siguiente período de sesiones.




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Archivo —sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios o si hay en el escrito datos que lo permitan— por no tener el carácter de petición, faltarles las indicaciones indispensables para conocer su objetivo o no tener otra finalidad que su conocimiento por la comisión o incluso tratarse de reiteraciones en temas ya resueltos anteriormente por la comisión sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo, son un total de 21.

Traslados a departamentos ministeriales: 2 a Asuntos Exteriores y de Cooperación; 1 a Defensa; 1 a Educación; 8 a Justicia; 1 a Economía y Hacienda; 1 a Política Territorial y Administración Pública; 4 a Trabajo e Inmigración; 1 a Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Traslado a otros organismos: 1 al Ayuntamiento de Anguiano; 1 al Ayuntamiento de Benasque; 1 al Ayuntamiento de O Porriño; 1 a la Generalitat de Cataluña; 5 al Fiscal General del Estado y 1 a Presidencia del Senado.

Durante el período de tiempo que comprende el presente informe se han recibido respuestas a las distintas peticiones, que se habían tramitado remitiéndolas a diferentes organismos.

Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros organismos, la comisión se ha preocupado del seguimiento de las mismas y a dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de cada petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de su tramitación.

Celebrada la comisión el día 13 de junio del 2011.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Hay intervenciones de los grupos parlamentarios? (Denegaciones.)

No parece que haya intervenciones.

Señorías, antes de levantar la sesión, quiero decirles a los miembros de la Diputación Permanente que una vez finalizado el Pleno nos reuniremos aquí para elegir al vicepresidente segundo de la Diputación Permanente.

Les quiero recordar que en la sala Giménez Abad se reunirá la Comisión de Cultura para designar la ponencia que ha de informar el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía; a continuación la Comisión de Vivienda al objeto de cubrir la Presidencia y la Secretaría primera, y finalmente la Comisión de Política Territorial.

En la sala Casas Vila se reunirá la Comisión de Fomento al objeto de cubrir la Vicepresidencia primera, y a continuación se reunirá la Comisión de Reglamento al objeto de cubrir la Secretaría segunda.

En la Sala Broseta, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca se reunirá al objeto de cubrir la Vicepresidencia primera y la Secretaría primera, y a continuación se reunirá la Comisión de Peticiones al objeto de cubrir la Secretaría segunda.

En el antiguo Salón de Sesiones, la Comisión General de las Comunidades Autónomas se reunirá al objeto de cubrir la Presidencia y la Vicepresidencia primera.

En la Sala Clara Campoamor se reunirá la Comisión de Trabajo e Inmigración para aprobar con competencia legislativa delegada el proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Por tanto, se levanta la sesión y se quedan los miembros de la Diputación Permanente en el Plenario.

Eran las diecinueve horas.


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