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DS. Senado, Pleno, núm. 21, de 12/11/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2008 IX Legislatura
Núm. 21
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ISIDRE MOLAS I BATLLORI
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 12 de noviembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Cuarto

MOCIONES (Continuación)

-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la identificación, señalización y posterior eliminación de los «puntos negros» existentes en las carreteras de la red estatal.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 119, de fecha 10 de noviembre de 2008). (Número de expediente 662/000033).


-- Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a realizar las operaciones necesarias para ampliar la pista de rodaje del aeropuerto de la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 119, de fecha 10 de noviembre de 2008). (Número de expediente 662/000031).


Quinto

INTERPELACIONES

-- De D.ª MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno en materia de apoyo a los profesionales sanitarios. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 119, de fecha 10 de noviembre de 2008). (Número de expediente 670/000024).


Página 864


-- De D.ª MONTSERRAT CANDINI I PUIG, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el control de la ejecución presupuestaria de los entes empresariales dependientes del Ministerio de Fomento, especialmente para los proyectos de inversión destinados a la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 119, de fecha 10 de noviembre de 2008). (Número de expediente 670/000025).


-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para reducir la siniestralidad viaria en las carreteras nacionales, en especial en la N-II y la N-232, a su paso por la Comunidad Autónoma de Aragón. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 119, de fecha 10 de noviembre de 2008). (Número de expediente 670/000023).


Sexto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 2, de fecha 6 de noviembre de 2008). (Número de expediente Senado 621/000002 y número de expediente Congreso 121/000002).


-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (antes denominado Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias).
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 3, de fecha 6 de noviembre de 2008). (Número de expediente Senado 621/000003 y número de expediente Congreso 121/000003).


Séptimo

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

-- Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de Aragón y la Comunidad de Castilla y León para la Asistencia Sanitaria en Urgencias y Emergencias en la zona limítrofe entre las dos Comunidades. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 111, de fecha 30 de octubre de 2008). (Número de expediente Senado 592/000008 y número de expediente Congreso 093/000008).


-- Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de Aragón y la Comunidad de Castilla y León para la Atención Primaria y Especializada.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 111, de fecha 30 de octubre de 2008). (Número de expediente Senado 592/000009 y número de expediente Congreso 093/000008).


-- Convenio marco de colaboración entre la Comunidad de Aragón y la Comunidad de Castilla y León para la coordinación en materia de Asistencia Sanitaria. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 111, de fecha 30 de octubre de 2008).
(Número de expediente Senado 592/000010 y número de expediente Congreso 093/000008).


Octavo Nuevo

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- Declaración de ciertos Gobiernos europeos en relación con la fase de explotación de los Lanzadores Ariane, Vega y Soyuz desde el Centro Espacial de la Guayana, hecho en París el 30 de marzo de 2007. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 15, de fecha 20 de junio de 2008). (Número de expediente Senado 610/000003 y número de expediente Congreso 110/000010).


Página 865


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


INTERPELACIONES (Página 868)

De D.ª MONTSERRAT CANDINI I PUIG, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el control de la ejecución presupuestaria de los entes empresariales dependientes del Ministerio de Fomento, especialmente para los proyectos de inversión destinados a la Comunidad Autónoma de Cataluña (Página 868)

La señora Candini i Puig expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir la señora Candini i Puig. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D.ª MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la política del Gobierno en materia de apoyo a los profesionales sanitarios (Página 873)

La señora Pan Vázquez expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms). Vuelve a intervenir la señora Pan Vázquez. Cierra el debate el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms).


De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para reducir la siniestralidad viaria en las carreteras nacionales, en especial en la N-II y la N-232, a su paso por la Comunidad Autónoma de Aragón (Página 880)

El señor Mur Bernad defiende la moción. En nombre del Gobierno responde la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve a intervenir el señor Mur Bernad. Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


MOCIONES (Continuación) (Página 885)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la identificación, señalización y posterior eliminación de los «puntos negros» existentes en las carreteras de la red estatal (Página 885)

El señor Presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.


El señor Sanz Pérez defiende la propuesta de modificación.


En turno de portavoces, intervienen los señores Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.


Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a realizar las operaciones necesarias para ampliar la pista de rodaje del aeropuerto de la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) (Página 890)

El señor Presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.


En turno de portavoces, intervienen los señores Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Corcuera Muguerza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Muñoz Hernández, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Gordo Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Luzardo de León, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la Cámara.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 895)

Página 866


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (Página 895)

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (antes denominado Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias) (Página 895)

Los dos dictámenes se debaten agrupadamente.


El señor Asensio Martínez presenta los dictámenes.


Comienza el debate del articulado.


El señor Presidente informa de la retirada del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Altava Lavall defiende el voto particular del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (enmiendas 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 al proyecto de ley y enmienda número 2 al proyecto de ley orgánica).


En turno en contra interviene el señor Pestana Padrón.


En turno de portavoces, intervienen los señores Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bolfill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Pestana Padrón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar el Proyecto de Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.


Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor y 127 en contra.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación con número de registro 12502.


Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 243 votos a favor.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Se procede a votar el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias (antes denominado Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias).


Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 117 votos a favor y 127 en contra.


Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Página 904)

Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de Aragón y la Comunidad de Castilla y León para la Asistencia Sanitaria en Urgencias y Emergencias en la zona limítrofe entre las dos Comunidades (Página 904)

Al no haberse presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales, la Cámara toma conocimiento de su celebración.


Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de Aragón y la Comunidad de Castilla y León para la Atención Primaria y Especializada (Página 904)

Al no haberse presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las

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Cortes Generales, la Cámara toma conocimiento de su celebración.


Convenio marco de colaboración entre la Comunidad de Aragón y la Comunidad de Castilla y León para la coordinación en materia de Asistencia Sanitaria.


Al no haberse presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes Generales, la Cámara toma conocimiento de su celebración.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 904)

Declaración de ciertos Gobiernos europeos en relación con la fase de explotación de los Lanzadores Ariane, Vega y Soyuz desde el Centro Espacial de la Guayana, hecho en París el 30 de marzo de 2007. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 904)

Al no haberse presentado propuestas, se entiende concedida la autorización.


Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.


Página 868


Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Se reanuda la sesión.


INTERPELACIONES:

-- DE D.ª MONTSERRAT CANDINI I PUIG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ENTES EMPRESARIALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE FOMENTO, ESPECIALMENTE PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (Número de expediente 670/000025).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelaciones.


La primera corresponde a la senadora Montserrat Candini, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el control de la ejecución presupuestaria de los entes empresariales dependientes del Ministerio de Fomento, especialmente para los proyectos de inversión destinados a la Comunidad Autónoma de Cataluña.


La senadora Candini ha tenido un pequeño problema personal, pero ahora ya está repuesta y, por tanto, podemos empezar la sesión. Esta es la razón por la que se ha demorado el comienzo, esperando que se repusiera y estuviera en plena forma.


Senadora Candini, seguro que todo el Senado se alegra de que se haya repuesto de su contratiempo. Puede usted comenzar su intervención.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president. Senyor vicepresident, li demano disculpes, estava amb una cuestió personal d'infermeria que ja s'ha solucionat.


Buenos días. Buenos días, señor vicepresidente y ministro de Economía.


Cuando el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó esta interpelación sobre el control de la ejecución presupuestaria de los entes empresariales dependientes del Ministerio de Fomento, especialmente para los proyectos de inversión destinados a Cataluña, pretendía abrir el debate sobre la necesidad de mejorar la transparencia en las liquidaciones presupuestarias de los entes empresariales -esto en el momento en el que presentamos la interpelación.


Señor vicepresidente, a partir de nuevas informaciones que hemos recibido, además de intentar abrir el debate sobre la necesidad de mejorar la transparencia, pediremos claridad en las respuestas facilitadas por el Gobierno.


Para contextualizar, en Cataluña, la importancia de los entes empresariales es superior a la del Estado, lo que explica gran parte de la evolución de la inversión del Estado en los últimos años. El 70 por ciento del crecimiento de la inversión en los últimos cuatro años corresponde a los entes empresariales, y un 40 por ciento corresponde a los entes dependientes del Ministerio de Fomento; el 76,5 por ciento de la inversión presupuestada en Cataluña en el año 2009 corresponde a entes empresariales, y el 82,9 por ciento de la inversión del sector empresarial corresponde a entes dependientes del Ministerio de Fomento.


Con estos porcentajes de inversión en asuntos vinculados con entes empresariales no es de extrañar que mi grupo haya presentado esta interpelación sobre el control real que existe en la ejecución de las inversiones del sector público empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, con la voluntad de iniciar un debate sereno sobre la necesidad de mejorar la transparencia en las liquidaciones presupuestarias de estos entes.


Actualmente, los grupos parlamentarios únicamente podemos ejercer un cierto control en la realización de las inversiones mediante preguntas parlamentarias. Pues bien, a recientes preguntas parlamentarias de mi grupo, el propio Gobierno admite que la ejecución de la inversión en Cataluña de los principales entes empresariales de Fomento ha sido muy inferior al inicialmente presupuestado; concretamente, el Gobierno reconoce que el año 2007 dejó de ejecutar proyectos de inversiones en Cataluña por valor de 826 millones de euros, repartidos de la siguiente forma: Adif, menos 775 millones; SEITT, menos 49 millones; Puertos del Estado, menos 43 millones, y AENA, menos 41 millones. En total, menos 826 millones.


Señor vicepresidente, son unas cifras astronómicas que le pueden sorprender, pero aquí tengo las respuestas parlamentarias con las informaciones suministradas por el propio Gobierno. En todo caso, pueden existir errores en las respuestas, pero si empezamos a dudar de las respuestas el sistema parlamentario actual puede quedar en crisis.


Lo que sucede, señor vicepresidente, es que nosotros hemos obtenido dos respuestas a una misma pregunta. En la primera, con fecha de 25 de agosto de 2008, se dice: en la provincia de Barcelona el grado de ejecución asciende a la cantidad de 132 millones. En la segunda, que llegó el lunes, justamente el mismo día en que el periódico L'Avui se hacía eco de la falta de cumplimiento en la ejecución de presupuestos, y respondiendo a la misma pregunta, se dice: en la provincia de Barcelona el grado de ejecución asciende a la cantidad de 492 millones de euros. En una respuesta se dice que asciende a 132 millones y, en la otra, que asciende a 492 millones. En la primera respuesta se dice que en la provincia de Girona el grado de ejecución asciende a 1,6 millones de euros y, en la segunda se dice que asciende a 65,5 millones. En la primera se dice que en Lleida asciende a 1,5 millones de euros y, en la segunda que asciende a 45,2 millones. En la primera se dice que en Tarragona asciende a 4 millones y, en la segunda, que asciende a 82,8 millones. Es evidente, señor vicepre-

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sidente, que esto no ayuda en absoluto a la claridad y a tener una conciencia clara y exacta de qué es lo que se ejecuta. A la falta de transparencia tenemos que añadir esta confusión.


Por tanto, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió quiere denunciar, a través de esta interpelación, que el grado de ejecución de las inversiones, con detalle de la distribución territorial, no se hace público de forma regular y periódica. El detalle por proyectos de inversiones no aparece en las liquidaciones facilitadas por el Gobierno; existe una nula información sobre la evolución de la inversión de los entes empresariales en la documentación anual de los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado, que, además, provoca confusión.
A la escasa información se le tiene que añadir la doble información oficial, respuestas que son totalmente opuestas, pero con un común denominador: en ellas tampoco se ha facilitado el grado de ejecución de los proyectos incluidos en el presupuesto.


Me gustaría, señor vicepresidente, que nos respondiera si, por parte de su ministerio, existe realmente esta voluntad de transparencia y de qué forma se va a materializar. Le digo esto porque tampoco se ha dado respuesta a las preguntas que nuestro grupo formuló en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Presupuestos de hace unas semanas, a la secretaria de Estado de Infraestructuras y al secretario de Estado de Planificación, pidiéndoles el detalle de la ejecución de los proyectos de inversión en Cataluña, del ministerio y de sus entes empresariales.


Para nuestro grupo la falta de transparencia en la información no es únicamente un problema estético, sino que también depende del cumplimiento o no de las previsiones aprobadas en el Estatut d'Autonomia a través de su disposición adicional tercera. Según la información de la que dispone nuestro grupo -información oficial dada por el propio Gobierno-, actualmente se están incumpliendo las inversiones previstas en el Estatut. Otro ejemplo numérico de la inversión no regionalizada, presupuestado por el Ministerio de Fomento para el año 2007 y que finalmente se destinó a inversiones con destino regionalizable, es que únicamente el 10 por ciento fueron inversiones en Cataluña, por debajo del teórico 18,7 por ciento; mientras que en comunidades como Andalucía se distribuye el 17,4 por ciento. Otros datos que no podemos contrastar por la falta de información por parte del Gobierno son los de la liquidación del presupuesto del Estado para el año 2007, que ha fijado un grado de ejecución para Cataluña del 75 por ciento, mientras el global del Estado es del 90 por ciento. La compensación que fija el Estado ahora es de 500 millones, mientras que hace un año pactó con la Generalitat la cifra pendiente de incluir, que era más de 800 millones.


Estas cifras me recuerdan una frase popular -y si me permite, señor vicepresidente, ahora que hay una sentencia que nos aproxima en la cuestión lingüística, la voy a recordar- que dice: «cornut i pagar el beure». No es suficiente que se ejecute menos en Cataluña, encima se pierden 300 millones en sólo un año de diferencia.


La solución depende únicamente del Gobierno y de la voluntad real de dar una respuesta. En este sentido, le tengo que recordar, señor vicepresidente, que la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, en el informe sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al año 2005, una de las conclusiones anteriores es que las cuentas generales de crédito de 2005 no proporcionan información alguna en materia de planificación de la actividad económica o financiera del sector empresarial y de la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que lo integran. Sobre esta carencia, el Tribunal de Cuentas añade que supone un total incumplimiento de lo establecido en el artículo 130.2 de la Ley General Presupuestaria, en el que se establece que la Cuenta General del Estado suministrará información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos, además de otra información.


Esta interpelación, señor vicepresidente, es esencialmente política. Yo sé que usted, evidentemente por la responsabilidades que tiene y por su trayectoria política, es una persona que nos inundará de cifras, de datos, de porcentajes. Pero, repito, esta es una interpelación con vocación esencialmente política. Queremos saber el nivel de legalidad; queremos saber el nivel de transparencia; queremos saber el nivel de eficacia.


Yo creo, sinceramente, señor ministro, que tal y como está la política, tal y como están los gobiernos y tal y como está el desánimo por parte de los ciudadanos, no nos podemos permitir una cierta opacidad administrativa y una lentitud en este sistema administrativo y político porque lo que ello podría hacer de una manera u otra es incrementar aún mucho más este desánimo.


Por tanto, nuestra voluntad en esta interpelación es de claridad, de legalidad, de transparencia, de eficacia, de saber exactamente cuáles son los números y qué números corresponden a cada cosa, pero, sobre todo, debe existir la voluntad política por parte del Gobierno de cumplir la legalidad -aquello que el propio Tribunal de Cuentas está diciendo que ustedes incumplen- y de clarificar esta propia transparencia -no es de recibo una misma pregunta con dos respuestas, como le señalé antes-. Así pues, es importantísimo, por el propio sistema democrático; por la propia credibilidad del Gobierno, del cual usted es vicepresidente; y por la propia dinámica parlamentaria de todos los partidos políticos, que estas cuestiones no únicamente se clarifiquen, sino que sean capaces ustedes de establecer unos mecanismos de legalidad, transparencia y eficacia que den garantías y seguridad por nuestra parte de seguir el control del Gobierno y por parte de ustedes de tener la tranquilidad de que más allá de la retórica de los números y de la voluntad manifestada políticamente, todo aquello que se dice se pueda cumplir con hechos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía tiene la palabra.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría. Buenos días.


No es mi intención hoy hablar de muchas cifras. Creo que hoy es un día para hablar de conceptos, porque en su interpelación usted está planteando algunos elementos muy importantes que conviene clarificar, y es cómo se hacen las cuentas del Estado, qué papel corresponde a la Administración General del Estado, qué papel corresponde a las empresas públicas, qué dependencia y qué relación hay entre las empresas públicas y la Administración General del Estado, sobre todo con la Intervención General del Estado, y por qué cifras que pueden ser perfectamente compatibles pueden aparecer en una primera visión como cuentas discrepantes, para comentar después por qué sí está garantizado que las obligaciones que el Estado tiene con Cataluña se cumplan cada año.


Por eso, antes de referirme a las cuestiones que plantea, quiero hacer unas consideraciones que creo que nos pueden ayudar en ciertos aspectos.
El primer punto, al que ya ha hecho usted referencia esto es, el grado de participación en la inversión real del sector público empresarial y fundacional en Cataluña respecto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado es distinto: el general es del 56,5 por ciento, y en Cataluña ese porcentaje -usted lo ha dicho- se eleva al 76,5 por ciento. Dicho de otra forma, hay más inversiones de empresas públicas en Cataluña que de presupuesto directo. Estos datos, evidentemente, incluyen también el sector fundacional, aunque es verdad que su peso es muy pequeño. No olviden sus señorías, sin embargo, que cuando se habla Cataluña -y este es un tema interesante también- no se incluye el agua que está transferida, cosa que sí se incluye a efectos de cálculo de la participación total, tema no menor en el debate que nos afecta.


Esta situación, sin embargo, no es un fenómeno nuevo. De hecho, desde mediados de la década de los noventa se viene registrando un deslizamiento del peso de la inversión pública desde el subsector Estado al subsector empresarial. En la raíz de este fenómeno pueden encontrarse distintas razones. En ocasiones se resalta la previsión de obtención de rentabilidad económica en algunos grandes proyectos de infraestructuras, lo cual es razonable. Este es el supuesto que está detrás de la idea de las inversiones en Puertos del Estado, pero también en los aeropuertos a través de AENA.


En otros casos se trata de tener capacidad para acudir al recurso del endeudamiento y, en su caso, efectuar aportaciones patrimoniales en el supuesto de entidades públicas empresariales o aportaciones de capital por parte de sociedades mercantiles estatales para así adelantar la ejecución de inversiones socialmente relevantes. En otros casos, los elementos que han dominado y nos han llevado al sector empresarial son argumentos de mayor capacidad para gestionar y acometer los proyectos que cuentan, por ejemplo, con financiación comunitaria porque nos permite un mejor control de estas actuaciones.


Si bien es cierto que este modelo da una mayor autonomía al sector público empresarial respecto al subsector administrativo, es verdad -y este es el punto que seguramente ayuda a entender parte de las discrepancias que usted plantea- que el objeto de control y forma de seguimiento periódico es distinto en el subsector administrativo que en el sector público empresarial. Eso es lo que yo creo que puede ayudarnos a entender bastante de lo que estamos hablando. El tipo de control que se realiza sobre el sector público empresarial y la información que facilita este sector viene determinado no por las normas generales de la Administración del Estado, sino por la configuración de sus propios presupuestos, distintos de los del sector administrativo.


De acuerdo con el artículo 33 de la Ley General Presupuestaria, es verdad que los Presupuestos Generales del Estado están integrados, primero, por los presupuestos de los órganos con dotación diferenciada y de los sujetos que integran el sector público administrativo, sin duda alguna la parte más fácil de conocimiento por la Intervención General del Estado; y, segundo, los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional. Ergo, por tanto, en un caso estamos hablando de los presupuestos totales del sector público administrativo y en otro estamos hablando de los presupuestos de operaciones corrientes y de capital y financieras del sector público empresarial.


Hablamos en este segundo caso de presupuestos de explotación y de capital.
Y estos presupuestos no son los presupuestos de los ministerios, no son presupuestos con carácter limitativo, son otra cosa. Estos presupuestos de explotación y capital están constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del cuadro de financiación correspondiente al ejercicio. Y es verdad que como anexo a dichos presupuestos, en general se acompaña una previsión del balance en la entidad, así como la documentación complementaria que como Ministerio de Economía y Hacienda le pedimos.


Este año, por ejemplo, en el caso de este sector y para adecuar el contenido del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 a la nueva regulación surgida tras la publicación de la Ley 16/ 2007 de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en Materia Contable y al nuevo Plan General de Contabilidad, se ha sustituido el cuadro de financiación por el estado de flujos de efectivo, que es la norma que regula al sector público empresarial y que es distinta a la general.


Unida a la información correspondiente al ejercicio que se refiere en el presupuesto de la Ley General Presupuestaria, se establece la obligación en el propio presupuesto de remitir los estados financieros correspondientes -y entrecomillo porque lo cito textualmente- a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de liquidación del ejercicio corriente. Dicho de otra forma, el tratamiento que estamos dando al sector público administrativo y al sector público empresarial no es de la misma naturaleza y las cifras no son estrictamente homogéneas.


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Por otra parte, la normativa presupuestaria incluye la obligación de incorporar como documentación complementaria un anexo -y también cito textualmente- de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública que incluirá su clasificación territorial. Así, por ejemplo, en la documentación de Presupuestos Generales de 2009 se incluyen dos tomos, uno que incorpora la información por entidades y otro por comunidades autónomas.


Por tanto, la Ley General Presupuestaria establece todo un conjunto de obligaciones de información que permite un seguimiento de la actividad de estas entidades. Estoy hablando del sector público empresarial. Pero además de la presupuestación, el seguimiento interno de la actividad del sector público empresarial se realiza básicamente por el ministerio del que depende funcionalmente, caso de las sociedades mercantiles o estatales, o al que está adscrita la entidad pública empresarial, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Dirección General de Patrimonio, a la de Presupuestos, en el caso de modificaciones presupuestarias, y a la Intervención General de la Administración del Estado.


Los ministerios de tutela, por tanto, efectúan un seguimiento periódico de la actividad del sector público empresarial, que es especialmente intenso respecto a la actividad inversora en los casos del Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, departamentos que son los que mayor inversión tienen y que son los que puntualmente pueden ofrecer información sobre la actividad de las empresas que ellos tutelan. La Dirección General del Patrimonio del Estado ejerce esa función para aquellas sociedades mercantiles estatales en las que el citado centro directivo asume la participación mayoritaria, y esta es una competencia de supervisión y seguimiento de acuerdo con lo que señala la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.


¿Qué hace la Dirección General de Presupuestos? Tiene una serie de competencias en estas materias, pero se centran sobre todo en la tramitación de modificaciones presupuestarias, tal como establece la Ley General Presupuestaria. ¿Y qué papel le corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado? Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público estatal y, evidentemente, formar la Cuenta General del Estado. El artículo 123.9 de la Ley General Presupuestaria señala -y este es un punto importante para ver las discrepancias- que las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales y el resto de los entes del sector público estatal estarán sometidos a los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad para la Empresa Española -por tanto, son tratados como empresas-, y las fundaciones del sector público estatal presentarán, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico y financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público. Por tanto, la Intervención General del Estado, que es la que normalmente facilita la información, se encuentra con dos tipos de información a su disposición: la del sector Estado propiamente dicho, cuya información tenemos prácticamente en las manos, y la información del sector público empresarial, que, evidentemente, se somete más a normas de empresas en el Plan General Contable, lo que hace que la situación sea distinta.


Por eso conviene recordar cuál es el contenido del informe al que hace mención el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria, que es, como le he dicho, la información necesaria para elaborar la Cuenta General del Estado. Esto está recogido en una orden ministerial de abril de 2005, que refleja la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital, que son los presupuestos que corresponden, así como de las inversiones territorializadas. La IGAE dispone, por tanto, de información regionalizada del importe de las inversiones de las entidades que forman parte del sector público empresarial y fundacional, desglosada por comunidades autónomas y por provincias. Sin embargo, no dispone de la información sobre proyectos, porque no se le tiene que proporcionar; sino que las citadas adquisiciones, las cuentas tal y como vienen reflejadas, figuran regionalizadas por su importe global, por provincia y por comunidad autónoma, y esta previsión tiene su lógica en el necesario equilibrio entre control y flexibilidad en la actuación de estas entidades.


La información definitiva del ejercicio está disponible una vez recibidas en la Intervención las cuentas anuales aprobadas por las entidades, junto con el informe al que me he referido, y el plazo de rendición de cuentas finaliza el 31 de julio del ejercicio siguiente. Es decir, en el caso del sector público empresarial, su cuenta se forma una vez concluido el ejercicio, como en cualquier otra empresa del sector privado. A ello habría que añadir, desde el punto de vista de los tiempos, la necesidad de homogeneizar la información que se recibe de cada entidad para que pueda ser comparable y consolidable.


Para finalizar este aspecto, me gustaría recalcar lo siguiente. Hablar de información regionalizada de ejecución de inversión, por lo que hace referencia al sector público empresarial, es una realidad relativamente reciente. Ahora se da por hecho que tiene que ser así, pero esto supone un esfuerzo de elaboración y tratamiento de la información que tienen que realizar primero las propias entidades. Tradicionalmente no lo hacían, no era necesario; una empresa no tiene por qué hacer sus cuentas por proyectos específicos o aplicados a cada territorio e imputando qué parte del proyecto corresponde a cada territorio. Digamos que tras esa labor, que es bastante compleja, corresponde dar paso a la Intervención General; paso que tampoco ha existido siempre.


En línea con la transparencia que ya se inició en la pasada legislatura -de hecho, en la citada orden de abril del año 2005 se hablaba de esto-, se pone ya en marcha una regionalización de la ejecución de las inversiones de este subsector. Pero vuelvo a decirle lo que le he comentado antes: de esa información disponemos cuando nos rinden cuentas las empresas correspondientes, que no tienen obli-

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gación de rendirlas, como ocurre con la actuación del Estado, en períodos más cortos sino, de acuerdo con lo que establece la Ley general de contabilidad, cuando nos presentan sus resúmenes contables a final de año.


En resumen, señorías, los subsectores de la Administración empresarial y funcionarial están regulados de distinta forma, tanto desde el punto de vista presupuestario como contable, pero en ningún caso existe falta de información. Únicamente estamos ante diferencias de tratamiento, diferencias temporales y muchas veces ante problemas de homogeneización sobre la territorialización.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor vicepresidente, termine.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Eso es lo que da lugar a ciertas discrepancias de cifras y a determinados problemas de momento, pero le puedo asegurar que nuestras obligaciones y previsiones en Cataluña se cumplen al céntimo, de acuerdo con la metodología que se ha establecido.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor vicepresidente.


Senadora Canidini, tiene la palabra.


La señora CANDINI I PUIG: Muchas gracias, senyor president.


Señor vicepresidente, ya le he comentado en mi intervención inicial que se trataba sobre todo de una interpelación política, puesto que hemos demostrado, a partir de dos informaciones absolutamente opuestas, que la claridad no es un elemento de este Gobierno.


Usted dice que en Cataluña el nivel de ejecución se eleva al 76 por ciento, al menos esa es una de las cifras que ha dado. Permítame, en todo caso, que le cite una nota de prensa publicada por la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña, de fecha 7 de octubre, en la que se destaca la caída de la Administración central en un 37,2 por ciento.
Concretamente por administraciones, destaca la caída de la Administración General del Estado, que con 1.857 millones licitados disminuye un 37,2 por ciento en términos nominales y un 42 por ciento en términos reales.
Por su parte, las corporaciones locales licitaron obras por un montante de 1.782 millones, etcétera.


En todo caso, señor vicepresidente, insisto en que con nuestra interpelación queríamos garantizar la legalidad, y cuando hablamos de legalidad destaco de nuevo lo que dice la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Usted toma como referencia el punto de vista de la contabilidad pública -y seguro que es así-, pero yo me imagino que la referencia y las conclusiones más claras son las recogidas en el informe del 2005, que señala que las cuentas generales de crédito del 2005 no proporcionan información alguna en materia de planificación de la actividad económica o financiera del sector empresarial y de la ejecución; es más, sobre esta carencia el Tribunal de Cuentas añade que supone el incumplimiento de lo establecido en el artículo 130.2, e imagino que esto también es real. Pero cuando el Tribunal de Cuentas considera necesario poner de manifiesto el incumplimiento de este artículo de la Ley general, es que algo se está haciendo mal.


Respecto a la transparencia, insisto de nuevo en que tenemos la impresión de que cuesta muchísimo saber con claridad el grado de ejecución de los diferentes proyectos y partidas. Cuando planteamos el tema de la eficacia, nos encontramos ante la confusión que genera obtener dos respuestas, por mucho que usted haya explicado la compleja dinámica de los entes públicos y de los ministerios en sentido estricto.
Evidentemente, no se entiende que para una misma pregunta haya dos respuestas. Por tanto, insistimos en que lo que queremos es más legalidad, más transparencia y más eficacia. Y añado un cuarto punto, señor vicepresidente: cumplir la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? El pasado 25 de junio, el portavoz de nuestro grupo en el Congreso, el señor Durán i Lleida, le preguntaba al presidente Zapatero por qué el Gobierno incumplía la Ley general y no proporcionaba la información a la que yo me refería hace un momento. La respuesta del presidente Zapatero fue literalmente: el Gobierno es partidario de la máxima transparencia y, por supuesto, se va a atender el requerimiento del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Estado de 2005 y todas las posteriores. Porque usted tiene razón, señor Durán, el Gobierno va a dar cumplimiento a lo requerido. Por tanto, vamos a incorporar toda la información necesaria.
Sin embargo, a fecha de hoy, señor vicepresidente, el Gobierno sigue incumpliendo todas estas premisas en los presupuestos del año 2009. En el mes de septiembre, tres meses después del compromiso parlamentario, el Gobierno ha vuelto a incumplir al no haber suministrado nuevamente la información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos anteriores. Insisto, señor vicepresidente: a nuestro entender, y desde el punto de vista de nuestro grupo político, ustedes suspenden en eficacia, suspenden en lo que se refiere a esta parte de la legalidad, suspenden en transparencia y, además, incumplen los compromisos parlamentarios expresados por el propio presidente Zapatero el 25 de junio de este año.


Tal y como ya he manifestado, esta es una interpelación esencialmente política. La transparencia en la Administración, y, por tanto, no en el Gobierno, es una garantía de buena gobernabilidad. Estoy convencida de que usted tiene también muchísimo interés en la legalidad, en la transparencia y en la eficacia, pues son valores que no se pueden relegar en el ejercicio político. Esta interpelación no debe verse como algo negativo -usted me inunda con cantidades que, a la hora de la verdad, son muy difíciles de demostrar, pues ustedes mismos se contradicen-, sino como la voluntad de entablar un debate político que aporte mejoras y dé garantías -insisto- de transparencia y eficacia; como una oportunidad que

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mejore el sistema administrativo y político. En todo caso, se trata de que todo sea mucho más transparente y eficaz y que -vuelvo a insistir- se cumpla con la legalidad, según lo manifestado...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, por fovor.


La señora CANDINI I PUIG: Acabo, senyor president.


... según lo manifestado por el Tribunal de Cuentas.


Muchas gracias. Lamento el retraso.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.


Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero aclarar el malentendido respecto a la cifra de 76,5 por ciento. Cuando yo me refería a esa cifra, lo hacía en relación con el porcentaje de inversión del Estado que se ejecuta en Cataluña por parte del sector público empresarial y fundacional. Dicho de otra forma, el Estado actúa con dos brazos: los ministerios y el sector público empresarial y fundacional. El ministerio actúa cada vez menos y el sector público empresarial actúa cada vez más. En Cataluña, el sector público empresarial es mayor que en la media del Estado, pues mientras la media del Estado es de un cincuenta y tantos por ciento, en Cataluña es del 75 por ciento. Por lo tanto, me refería al sector público empresarial, sin entrar en absoluto en la ejecución en Cataluña.


En segundo lugar, no planteo su interpelación como algo negativo, sino, simplemente, como una serie de dudas perfectamente lícitas sobre cuestiones que ustedes creen que no estamos haciendo bien, y que yo estoy intentando demostrarle que lo hacemos bastante bien de acuerdo con la legalidad en vigor. Porque la legalidad vigente establece un tratamiento diferenciado para el sector estatal y para el sector público empresarial, y para el sector estatal disponemos con gran facilidad de la información.
Aunque no he visto esas dos notas a las que usted se refiere, muy posiblemente, y dada la relativa importancia de las cifras, me temo que en una de ellas le han dado la cifra de la inversión estatal y en otra le han calculado la inversión estatal más los sectores públicos empresariales; si no, no se entiende muy bien esa diferencia de cifras.
Nuestro interés es el mismo que el de ustedes respecto a la transparencia, a la eficacia y a la legalidad; y, además, cumplir al máximo las exigencias del Tribunal de Cuentas. La cuestión es que debemos tener una idea clara en la cabeza y es que cuando se trata de la actuación directa del Estado podemos pedir ciertas cosas, pero cuando estamos hablando de las empresas podemos pedir otras. Precisamente, una de razones por las que se crean empresas para actuar es conseguir más flexibilidad, mayor eficacia y menos burocracia que cuando hablamos del sector público estatal. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La empresa pública funciona mejor, puede licitar más deprisa y lleva a cabo la ejecución de obras más rápidamente, pero se pierde parte de la información porque las empresas nos facilitan esa información a final de año y, además, aparece territorializada según los criterios que se han establecido. Sin embargo, no se dispone de una territorialización temporal a lo largo del año, que es algo que sí se hace en el caso de las obras que lleva a cabo el Estado, porque interviene la Intervención General del Estado y es muy fácil hacer el cálculo de esa suma.


En consecuencia, cuando en un período temporal determinado intentamos definir dónde está el nivel de ejecución, se puede dar con gran facilidad en relación con las obras que realiza el Estado directamente, pero en el otro caso dependemos de la información que nos facilita el sector público empresarial, y muchas veces no nos ofrece una cifra correcta sino una evaluación de cómo creen que está el tema, sobre todo cuando territorializamos las obras para saber dónde estamos.


Evidentemente, su planteamiento es que las empresas públicas empresariales deberían estar sometidas al mismo seguimiento que la Intervención General del Estado, pero eso no está recogido en la ley; se puede discutir, sin embargo creo que presenta graves inconvenientes.


Quizá sea más útil para ustedes o para otros grupos disponer de información a lo largo del año que a final del año, pero eso implicaría una complicación adicional en las empresas públicas empresariales y no está entre sus obligaciones habituales. Por lo tanto, se limitan a realizar evaluaciones temporales sobre la situación.


Creo que su interés y el nuestro es el mismo: el máximo de transparencia, el máximo de eficacia y, en definitiva, el máximo de control. No tengo ningún problema con ese tipo de aproximaciones, pero sí puedo decirle que nuestro máximo interés es cumplir todas las normas, cumplir con el Tribunal de Cuentas en todo aquello en lo que tenga razón y, desde luego, puede tener la absoluta seguridad de que nuestra máxima preocupación es cumplir con el Estatuto de Cataluña y con nuestros compromisos de ejecución de inversión. Pueden subir o bajar en un momento determinado porque la participación se registra en términos porcentuales, pero eso dependerá de la evolución global de la inversión .


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


-- DE D.ª MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE APOYO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS (Número de expediente 670/000024).


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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de la senadora doña María Dolores Pan, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la política del Gobierno en materia de apoyo a los profesionales sanitarios.


Tiene la palabra su señoría.


La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, la grave situación que estamos sufriendo de carencia de profesionales, de demandas de nuevas especialidades a las que no se ha dado respuesta, de falta de apoyo y de reconocimiento social y económico, de falta de transparencia y agilidad en la homologación de títulos y la fragmentación de las políticas de recursos humanos son las que motivan la interpelación que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Le voy a formular una cascada de preguntas, muchas, porque su agenda social es amplia, pero con las Cámaras es un poquito más escasa; preguntas que guardan relación con el motivo de la interpelación y que tienen su base en el articulado legal vigente en materia de recursos humanos sanitarios, como la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el estatuto marco, etcétera, aunque realmente la primera pregunta, señor ministro, debería ser si tiene usted pensado mantener estas normas o tiene previsto modificarlas, porque en estos cuatro años no las ha desarrollado.


Los Gobiernos del Partido Popular dejamos las herramientas legales, pero usted, señor ministro, prefiere herramientas mediáticas. Nosotros le pedimos que utilice esas herramientas, que las desarrolle en favor de este colectivo, que supone, para quien no conozca su magnitud, en torno a un millón de personas. Un millón de profesionales magníficamente formados y reconocidos internacionalmente, pero cansados ya de sus políticos y de su Administración central, que no se compromete con el impulso que debe darse a sus demandas, y para eso, señor ministro, se necesita un ministerio fuerte que se haga escuchar y que consiga recursos para seguir mejorando.


Lo que tenemos hoy, señor ministro, no es ni la sombra de lo que fue ese ministerio. Hoy lo recoge la prensa, y denomina a su departamento el ministerio menguante. ¿Por qué no ha presentado, tal y como se comprometió a hacer, el resultado del estudio de las necesidades de recursos humanos? Dijo usted que lo haría público en septiembre, y estamos ya a mediados de noviembre. ¿Tiene ya diseñado un mapa de profesionales sanitarios? En la actual situación de carencia de profesionales, ¿tiene usted previsto elaborar alguna norma para evitar la jubilación forzosa al menos en los próximos cinco años?

Dado que tiene usted la competencia, ¿tiene previsto instar al Ministerio de Ciencia e Innovación para que se creen nuevas titulaciones y especialidades tanto médicas como de enfermería? ¿Para cuándo el desarrollo de la troncalidad? ¿Qué medidas va a adoptar para que se cubran todas las plazas de la convocatoria mir? ¿Qué va a hacer para que la atención primaria resulte más atractiva y ocupe de verdad la posición que debe tener en el Sistema Nacional de Salud, y que estos días la Organización Mundial de la Salud nos vuelve a recordar? ¿Cuántos registros de los contemplados en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias se han puesto en marcha? Hablo de especialistas en formación, especialistas en Ciencias de la Salud, centros acreditados. ¿Están al día estos registros, señor ministro?, ¿están en ellos las titulaciones falsas que recoge la prensa estos días?

Por cierto, ¿cuál es la magnitud de este problema, señor ministro? Porque algunas de las noticias que se publican en la prensa nos preocupan enormemente. ¿Qué sabe usted al respecto?, ¿qué medidas va a adoptar para que esta situación no se repita? Porque a usted no se le ha oído decir nada sobre ello, y estamos muy preocupados por la falta de confianza que temas como este pueden generar en nuestros profesionales. Es muy grave, señor ministro, que una parte del Gobierno sea cómplice de esta falsedad y que no se haya asumido ninguna responsabilidad. Ninguna.


¿Cuántos de nuestros profesionales sanitarios nacionales, de los que hemos formado nosotros, están desarrollando su labor sin homologación? Hoy la prensa recoge también que son en torno a unos 2.000. ¿Lo sabe usted? ¿Va a facilitarles esa homologación si reúnen las condiciones para ello? Nos estamos refiriendo a los mestos, aquellos médicos especialistas sin título oficial porque no lo consiguieron en 1999 con aquel real decreto, del Partido Popular, por cierto, en el que éramos muy exigentes. Lo demandaba así la situación de hace de 10 años, pero aquella no es la misma situación de hoy, señor ministro. Quizá hoy haya alguno que ya está en condiciones de cumplir aquellas exigencias; porque han seguido trabajando, siguen ejerciendo en el Sistema Nacional de Salud.


¿Cuántos profesionales tenemos fuera de España?, ¿lo sabe usted? ¿Qué ha hecho el ministerio para procurar que regresen a nuestro país? ¿Va a proponer usted una revisión del númerus clausus? ¿Le parece justo que a un estudiante español de bachiller se le exija una media por encima del 8,5 mientras que a un estudiante que no es de nuestro país se le permita el acceso con más facilidad y sin ese nivel de exigencia? ¿Qué ha hecho usted para variar esta situación? ¿Va usted a tener en cuenta la opinión de los profesionales en este tema?

¿Qué ha hecho la Comisión de Formación Continuada en más de cuatro años y medio? ¿Cuándo va a proponer la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud una homologación de reconocimiento de desarrollo profesional, una carrera profesional básica para todo el Sistema Nacional de Salud tal y como recogen la LOGSE, el estatuto marco y la Ley de cohesión? ¿Qué ha hecho la Comisión Consultiva Profesional? ¿Cuántas veces se ha reunido? ¿Por qué no reúne usted al Foro para el diálogo social? ¿Cuántas evaluaciones ha hecho el Observatorio de Carrera Profesional y qué criterios ha utilizado? Muchas preguntas. Deje usted sus herramientas mediáticas y dedíquenos un poquito más de tiempo a las Cámaras.


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Todas estas comisiones tienen unas funciones que desarrollar que están perfectamente clarificadas y que tendrían que haber desarrollado ya, señor ministro. Pero lo cierto es que alguna está sin constituir y otras están paralizadas por su falta de liderazgo. Estas son preguntas importantes, ministro, porque están en relación no solo con la planificación de los profesionales, sino también con su formación, con el reconocimiento de nuevas titulaciones, con la carrera profesional, con la participación de profesionales y con sus retribuciones.


A nosotros, al Partido Popular, siempre nos han preocupado los profesionales de la sanidad, su gestión, la calidad que reciben los pacientes, y creemos en los principios de accesibilidad, equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Lo hemos demostrado con el desarrollo normativo que hemos hecho mientras estábamos gobernando, y lo seguimos demostrando día a día con nuestras iniciativas. Por eso, el Partido Popular fue prolífico en legislación, como le digo. Tengo que recordarles que fue, además, respetuoso con las transferencias de las comunidades autónomas. Hay que recordar aquí que fue un Gobierno del Partido Popular el que completó las transferencias del Insalud. Teníamos y veníamos de una herencia socialista mala, muy mala, llena de temporalidad e inestabilidad, con aquellos famosos mestos, y fue el Gobierno del Partido Popular el que, en la Ley 16/2001, ejercitó algo que era de justicia, que fue aquella OPE extraordinaria para dar estabilidad a nuestros profesionales. Hay que recordarlo porque parece que ustedes olvidan con mucha facilidad ciertas cosas.


Señor ministro, ustedes entonces, en la anterior etapa socialista, no reconocieron la existencia de problemas, y en esta parece que tampoco lo han hecho. Cuando usted llegó al ministerio, cuando ustedes los socialistas llegaron al ministerio no había listas en atención primaria.
Pues bien, hoy, con un Gobierno socialista, tienen ustedes lista de espera hasta en atención primaria. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) No han previsto ustedes el efecto Caldera, 5 millones más de ciudadanos demandando asistencia sanitaria en este país, no lo previeron, señor ministro. Han estado ustedes ausentes de las demandas de los profesionales, de todas esas que le he comentado y, sin embargo, asistimos con sorpresa estos días a las prisas de última hora y, tras más de cuatro años de la más absoluta nada, les surgen a ustedes prisas por acreditar y homologar a profesionales foráneos que, como se ha visto, no lo han hecho con las debidas garantías.


Ha habido 2.029 homologaciones hasta el día 1 de agosto de 2007, según la respuesta parlamentaria, ministro. Lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo en la prensa es una vergüenza para este país, es un insulto a la labor de nuestros profesionales, con cuya formación hemos sido tan exigentes, y usted no ha dicho nada, nadie ha dado explicaciones, y sus compañeros de Gobierno tampoco. No se ha depurado ningún tipo de responsabilidad, y nosotros a usted, como ministro de Sanidad, se la exigimos, y le pedimos que sea usted el ministro de todos los profesionales sanitarios, que defienda usted sus intereses -es su obligación-, que los respalde, que les reconozca su profesionalidad y el esfuerzo que diariamente hacen para mantener la calidad asistencial y el bienestar de los ciudadanos.


Los profesionales sanitarios, ministro, son el eje, son la base sobre la que se sustenta el Sistema Nacional de Salud. Creo que en eso estamos de acuerdo. Si son la base y son el eje sobre el que se sustenta el Sistema Nacional de Salud, todo lo que influya negativamente sobre nuestros profesionales sanitarios influirá negativamente sobre el Sistema Nacional de Salud, ministro, y todo aquello que usted consiga hacer para que mejoren las condiciones de los profesionales sanitarios, sin duda, va a mejorar el Sistema Nacional de Salud.


La planificación de los recursos sanitarios se la concede a usted la legislación vigente, está recogido en las normas que ya le he mencionado.
Usted tiene una responsabilidad en la coordinación, en la planificación y en el liderazgo para afrontar las políticas que afectan a los recursos humanos. No puede usted escudarse siempre, ministro, en las comunidades autónomas y en las competencias solamente para echarle problemas encima de la mesa. Si esto es así, si todo es competencia de las comunidades autónomas, usted sobra y, a lo mejor, es eso lo que piensa el presidente Zapatero, por eso le ha menguado tanto las competencias al Ministerio de Sanidad.


Señor ministro, vuelvo a repetirle -lo recoge hoy la prensa sanitaria especializada-, ya le llaman a usted el ministro del ministerio menguante. Durante su etapa anterior este ministerio no ha tenido ni peso, ni relevancia, ni presupuesto. Tampoco se ha desarrollado legislación en el ámbito de los recursos humanos. Ni siquiera han cumplido ustedes sus compromisos, aquellas promesas de años sabáticos, de formación continuada y todas aquellas cosas. Señoría, que no cumplan ustedes sus ocurrencias es problema suyo, pero que les nieguen a los profesionales sanitarios la posibilidad de seguir manteniendo el nivel de calidad y de prestación asistencial es un problema que nos atañe a todos, señor ministro. Porque -se lo decía al principio- si les va mal a ellos, le va mal al Sistema Nacional de Salud y nos va mal a todos. Ustedes no han desarrollado ninguna norma para mejorar este problema en los últimos cuatro años. En este momento, señor ministro, ninguna organización, ningún profesional puede afirmar que la carga asistencial, que el reconocimiento que deben tener, que las retribuciones de los médicos y de los demás profesionales sanitarios son adecuados, correctos o justos.
Nadie puede hacerlo, porque sus profesionales no están bien, están en huelga permanentemente. Es necesario tomar medidas de manera urgente, con el fin de que la motivación, el reconocimiento y, también, la calidad de vida mejoren en estos profesionales, que cada vez están más desmotivados y frustrados.


Por otro lado, no es justo que haya diferente retribución dependiendo de en qué comunidad autónoma se trabaja, señor ministro. ¿Qué ha hecho usted en casi cinco años de Gobierno, qué han hecho los socialistas? Nada.
Señor

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ministro, hoy es más fácil para un profesional sanitario irse a otro país de la Unión Europea que moverse en España entre las diferentes comunidades autónomas. Esta es la realidad. Señoría, las comunidades autónomas, sin liderazgo ni coordinación, sin respaldo por parte del ministro de Sanidad y Consumo, hacen lo que pueden porque son ellas las que tienen que atender las demandas asistenciales de los ciudadanos, a pesar de que, a veces de forma desleal, son criticadas insistentemente por usted mismo y por su equipo. Lo vemos todos los días cada vez que comparece algún alto cargo en la Comisión de Sanidad. A ustedes nadie les ha oído una sola palabra, nadie conoce una sola medida de aliento, de respaldo o de ánimo, para afrontar esta problemática de falta de profesionales. Tampoco se ha reflejado en los presupuestos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Es el segundo ministerio por la cola y acabará descolgándose completamente del resto de los departamentos. No hay incremento en ninguna partida presupuestaria, y eso que ustedes prometieron preservar las políticas sociales. Señoría, no valen las fotos ni las promesas, se necesita compromiso político con todas las fuerzas, con todos los agentes implicados y, por supuesto, respaldo económico para ponerlas en marcha.


De todas maneras -termino, señor presidente-, desde el Senado el Grupo Parlamentario Popular propuso la creación de una ponencia de estudio de necesidades de recursos humanos, que se aprobó gracias al compromiso de todos los grupos políticos. En esa ponencia, señor ministro, trataremos de hacer lo que usted y su equipo no han hecho durante cuatro años.
Escucharemos a todos los implicados, a los profesionales, a los agentes sociales, a los órganos colegiados, a las universidades y a los expertos, con el fin de aclarar la solución y de llegar a unas conclusiones que le ofreceremos, que esperamos que sean útiles y que usted las tenga en cuenta. Señor ministro, le queda mucho trabajo por hacer.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Gracias, señor presidente.


Señorías, señora Pan, buenos días. La vehemencia y las descalificaciones pueden ser útiles para animar a la bancada propia, pero no es mi estilo.
Usted lo sabe. Mi estilo es el trabajo sólido y continuado y, siempre que se puede, consensuado. De eso es de lo que le voy a hablar. Desde el inicio de la anterior legislatura, el Gobierno viene desarrollando un trabajo con esa norma, precisamente para llevar a cabo políticas eficientes en el ámbito de los recursos humanos.


En el año 2004, con nuestra llegada al Gobierno, detectamos los problemas que ahora usted ha detectado y desde entonces nos hemos esforzado en desplegar actuaciones en todos los ámbitos: en la formación de grado de los profesionales sanitarios, dignificando también las condiciones laborales de los especialistas en formación -eso se hizo en la anterior legislatura-, y las condiciones laborales de trabajo de los profesionales. Ha sido una tarea compleja, que, como usted sabe, exige el concurso de todas las comunidades autónomas y también de los agentes sociales, de la comunidad científica, de colegios y consejos, y me atrevo a decir que lo actual y lo previsto permite establecer el escenario definitivo de los profesionales sanitarios de nuestro país como miembros de la Unión Europea.


Como su señoría conoce, los desajustes entre la oferta y la demanda de profesionales sanitarios constituyen un problema generalizado a nivel mundial. El déficit de profesionales, especialmente de algunos especialistas médicos, afecta a todos los países. En un mundo globalizado, con posibilidades de movilidad internacional de los profesionales sanitarios, ningún país puede concebirse de forma aislada, ni producir y emplear a sus propios profesionales sin tener en cuenta la situación de las partes de su entorno geográfico y económico.
Concretamente, uno de los objetivos estratégicos de la Unión Europea es promover y facilitar un mercado interior de servicios y por ello la libre circulación de los profesionales que los procuran.


La directiva 93/16/CE, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos, y la más reciente 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, se orientan a promover el reconocimiento y la homologación de títulos oficiales y a facilitar el establecimiento profesional con la mayor agilidad y garantía en las profesiones sanitarias reguladas. Me refiero a las de médico, matrona o enfermera de cuidados generales.


Señorías, la movilidad de profesionales no puede verse como un problema, tal y como lo plantea su grupo, sino como una realidad y también como una oportunidad. Para poder trabajar de forma sólida, me gustaría saber cuál es la fuente y cuáles son los datos exactos para que su señoría afirme que son numerosos los profesionales sanitarios que se han marchado a otros países. Lo digo porque el rigor debe regir el tratamiento de esta materia, rigor que ha de acompañar a la planificación y a la adopción de medidas concretas de acuerdo a los resultados de trabajos de información y programación continuos y dinámicos a medio y largo plazo.


Precisamente, la falta de planificación es lo que ha generado en nuestro país la situación actual, porque un médico especialista -usted lo sabe- necesita diez u once años para completar su formación y, por tanto, la situación actual, aquella con la que nos hemos encontrado, refleja las decisiones de quien gobernaba en España hace una década, y no era un gobierno socialista.


Tampoco se previó que el Sistema Nacional de Salud dispusiera de una única fuente de información para determinar el número de profesionales que trabajan en él, cuestión clave para planificar y gestionar los recursos humanos. Por ello, una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de Sanidad y Consumo fue la elaboración de un estudio que abordaba el tema de la oferta y la necesidad de

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médicos especialistas en España; estudio cuya primera versión se presentó en marzo de 2007 y que ahora estamos completando con los datos aportados por las distintas comunidades autónomas. Y tiene usted razón: no lo he podido presentar en septiembre, porque una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular no facilitó los datos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ahora ya los tengo, de modo que estamos terminando ese estudio, que se podrá presentar en el primer trimestre de 2009. Además, recoge las proyecciones para veinte años. Eso es lo que necesitamos: la realidad, la estimación y las proyecciones.


Los datos se han recogido de los servicios de salud, de la organización médica colegial, de la encuesta de establecimientos sanitarios, del propio ministerio en cuanto a los mir, o de los registros de sociedades científicas, entre otros. De él se extraen las siguientes conclusiones.
La primera, que España tiene un número de profesionales en relación con su población superior a la media europea: según datos del European Health for All Database, de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, en el último año de comparación, el 2003, España contaba con un número de médicos por 100.000 habitantes de 322,11 y la media europea es de 317,9. Segunda, a pesar de la precariedad de los datos con los que nos encontramos, ya se detectó en 2006 un déficit que afectaba a cinco especialidades -se las relato-: anestesiología y reanimación, cirugía general y del aparato digestivo, pediatría, radiodiagnóstico y medicina familiar y comunitaria. Tercera, la formación de especialistas debe contemplar las necesidades de todo el sistema sanitario, tanto el público como el privado. Cuarta, las políticas de fidelización, jornada y carrera profesional son esenciales para la cobertura de necesidades en determinadas zonas, en determinadas áreas geográficas de España. Quinta, es esencial disponer de un registro vivo, dinámico, de los profesionales existentes. Sexta, es necesario conocer la previsión de necesidades de las diferentes comunidades autónomas. Y séptima, se debe revisar el estudio año a año para ir adoptando escenarios y decisiones.


Mi departamento, sobre la base de estas conclusiones, ha planteado una amplia batería de medidas, entre las que cabe destacar las siguientes.
Medidas con efectos a corto plazo. En primer lugar, la adecuación de la oferta de plazas mir a la demanda en coordinación con las comunidades autónomas; la oferta para 2008-2009 incluye 7.111 plazas de especialista, un incremento del 25 por ciento sobre la oferta de la convocatoria 2004-2005, que fue de 5.690 plazas.


En segundo lugar, incrementar cuantitativa y cualitativamente las unidades docentes, lo que ha supuesto que hayamos pasado de 6.727 plazas acreditadas en el año 2004 a 7.264 plazas en 2008, lo que implica un incremento del 8 por ciento.


En tercer lugar, garantizar la calidad en los procesos de incorporación de los profesionales extranjeros mediante un proyecto de real decreto, consensuado con las comunidades autónomas, que regula el reconocimiento a efectos profesionales de títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea. Un real decreto por el que se habrá de documentar la equivalencia de la formación teórica adquirida y la adquisición de las competencias profesionales de la especialidad que corresponda, pero además tiene incluido un período de ejercicio profesional en prácticas, lo que permite la evaluación directa de los conocimientos, habilidades y aptitudes, y exige también el dominio del idioma español, necesario para la comunicación con los pacientes y otros profesionales del mismo ámbito.


Por otra parte y con respecto a las medidas con efecto a medio y largo plazo, acordadas además en el pleno de la Comisión de Recursos Humanos, le puedo señalar lo siguiente. En primer lugar, el desarrollo de la troncalidad en el ámbito de las especialidades, para lo que el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ya ha elaborado una propuesta. Posteriormente se ha creado en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud un grupo de trabajo que, tomando como base la propuesta del consejo, elevará al ministerio una propuesta pactada y coordinada de todas las comunidades autónomas. Como su señoría conoce, la troncalidad es una fórmula más eficaz para adaptarnos a una realidad dinámica no solo en el número, sino también en el perfil de los profesionales sanitarios que necesita y puede necesitar en el futuro la sanidad española.


En segundo lugar, la creación de un registro de profesionales sanitarios, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial el 14 de marzo de 2007, herramienta fundamental para conocer la situación de los profesionales sanitarios en cada momento y planificar las necesidades futuras.


Por otra parte, para apoyar a las comunidades autónomas en la creación de los registros autonómicos, este Gobierno, aprobó el Real Decreto 1.269/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para la implantación de los suyos.


En el momento actual, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen ya un borrador de normativa que regulará el registro autonómico. Los datos que se generen se trasladarán al registro centralizado, ubicado en el Ministerio de Sanidad y Consumo.


Por último, y como otra de las medidas a largo plazo, vamos a realizar una planificación de las necesidades del Sistema Nacional de Salud en la oferta de plazas de las facultades de Medicina con el fin de poder hacerlas frente.


Señoría, ante la ausencia de mecanismos de planificación heredados de gobiernos anteriores, este Gobierno ha promovido que durante los tres últimos años se haya incrementado el número de ingresados en las facultades de Medicina, en torno a un 6 por ciento en el curso 2006-2007, a un 9 por ciento en el curso 2008-2009, y a algo más del 15 por ciento en el curso presente, y prevemos que las plazas de licenciatura puedan aumentar de forma gradual, adaptando el número de licenciados a las necesidades de especialistas.


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Es evidente que todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno deben completarse con las que realicen las propias comunidades autónomas en materias de su exclusiva competencia. No solo debemos formar, sino también estar en disposición de incorporar a nuestro sistema más especialistas. Las comunidades autónomas deben crear empleo, de forma que los nuevos puestos resulten atractivos, y se deben fomentar incentivos para los que ya están incorporados al Sistema Nacional de Salud.


Para terminar, quiero insistir en una medida que resume todas: el Pacto por la Sanidad. Dentro de los seis comités institucionales constituidos el pasado 30 de septiembre para hacer realidad ese pacto, uno de ellos es el Comité Institucional de Políticas de Recursos Humanos. Su objetivo es establecer con las comunidades autónomas y los agentes sociales un marco estratégico común en materia de recursos humanos. El grupo de trabajo considerará aspectos tan relevantes como la planificación de recursos humanos para la salud, el establecimiento de criterios comunes en relación con la gestión de personal y la organización de los servicios o la reforma del Sistema de Formación Sanitaria Especializada.


El economista sueco Leif Edvinsson, que acuñó el término de capital intelectual, utiliza la metáfora de comparar las organizaciones con un árbol. Hay una parte que es visible: los frutos; otra que está oculta: las raíces. Para que el árbol crezca y continúe dando sus frutos es necesario que las raíces estén sanas y bien nutridas. Los profesionales del Sistema Nacional de Salud son como esas raíces, en ellos están depositados mayoritariamente los activos intangibles del sistema: el conocimiento, la información y la experiencia. La definición de objetivos comunes en estos aspectos y el establecimiento de acuerdos que pueden entenderse como compromisos políticos a desarrollar de manera común por parte de todas las administraciones sanitarias en el marco de sus competencias nos ayudarán a consolidar un modelo de actuaciones basado en la motivación de los profesionales, la excelencia de su formación y su compromiso con el sistema sanitario público.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra la senadora interpelante.


La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, mi estilo, mi vehemencia, como usted dice, responden no a la búsqueda del aplauso de la bancada del Grupo Parlamentario Popular, responden única y exclusivamente a mi creencia firme en que hay que respaldar y apoyar a nuestros profesionales sanitarios porque están en uno de sus peores momentos. Ese es mi ánimo, señor ministro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Sí, le hace mucha gracia. Usted da poca seriedad a todas estas cosas. (El señor ministro de Sanidad y Consumo, Soria Escoms, hace signos negativos.) Su estilo, señor ministro, es éste: poco ruido para que no se note la ausencia de nueces. Este es el estilo que ha dominado su gestión, señor Soria: poco ruido para que no se note la ausencia de nueces. Y este otro -y se lo traigo porque no es que lo diga el Grupo Popular, es que toda la prensa sanitaria se hace eco día a día de la nefasta gestión que la política sanitaria socialista está llevando a cabo en estos años-: La política social de Zapatero se estrella en Sanidad. Este es un titular de hoy, señor ministro, no lo dice solo el Grupo Popular, sino la prensa sanitaria.


Con esta interpelación, señor ministro, le estamos pidiendo que usted apoye a los profesionales; que no siga respaldándose ni en las comunidades autónomas ni en las mesas de trabajo; que se comprometa con esta causa; que abandone usted el marketing en la foto. Tiene usted una oportunidad magnífica; cada vez tiene menos competencias; pues, las que le quedan, ejérzalas, señor ministro, no le queda otra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Le estamos pidiendo una homologación ágil, pero con garantías, con las mismas garantías que acrediten la cualificación profesional que le exigimos a nuestros profesionales sanitarios. Y, señor ministro, usted en esta tribuna no ha dado ni una sola respuesta a las preguntas que yo le he realizado, no ha adquirido ningún compromiso ni nos ha explicado qué pasa con las titulaciones falsas y qué es lo que ha ocurrido ahí, que es muy grave, como ya le dije en mi primera intervención.


Le pedimos también, señor ministro, no sólo que se incremente el número de plazas mir, sino que no queden vacantes, porque el sistema mir, que está reconocido internacionalmente como uno de los grandes sistemas de formación de profesionales, en los últimos años no es la sombra de lo que fue; están quedando plazas vacantes ¿Para qué las incrementa usted, si luego no se cubren con profesionales que quieran hacer, por ejemplo, atención primaria, que es la cenicienta del Sistema Nacional de Salud? Ustedes no han hecho nada tampoco con ellos. Le pedimos que haga atractivas esas especialidades. Le pedimos que haga usted atractivo el venirse a trabajar a España a todos esos profesionales que están trabajando fuera, donde sí les piden homologación como Dios manda, no como se está haciendo aquí, al revés. Le pedimos que estudie el problema de los mestos; tampoco se ha referido a ellos en su intervención. Le pedimos, señor ministro, que ese incremento del número de plazas en las facultades se haga en condiciones de justicia y de igualdad para nuestros estudiantes con los estudiantes que vienen de fuera; que no lo es, señor ministro. No vale sólo con incrementar unas cuantas plazas, le pedimos que se dén en una situación de igualdad de acceso para estudiar la carrera de medicina. En definitiva, se lo he dicho antes, le pedimos a usted que sea el ministro de los profesionales sanitarios.


Señor ministro, usted habla de las herencias que recibieron. Se lo dije ya en la primera intervención: recibieron una gran herencia; un problema que ustedes acumularon durante años, como el de la temporalidad y la inestabilidad, los recibieron resuelto. Esto afectó a decenas de miles

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de profesionales del Sistema Nacional de Salud, señor ministro. Ustedes fueron los que crearon ese problema y nosotros los que lo resolvimos. Y le pedimos que no repitan ustedes la historia en ese sentido, que no vuelvan a crear ustedes problemas en sanidad, porque ya se lo dije en mi primera intervención, cada vez que ustedes gobiernan, le va mal a los médicos, a los profesionales sanitarios y le va mal a la sanidad. Son ustedes los que crean los problemas. Se lo he contado antes, cinco millones más de ciudadanos que tienen que recibir asistencia sanitaria; eso no hay Gobierno que lo planifique, y eso viene de una medida, del efecto Caldera, que conocen ustedes muy bien; por eso ahora ya no tiene responsabilidades en el Gobierno, quizá. Fueron ustedes los que crearon todos esos problemas.


Y vuelvo a decírselo, no sólo es el Grupo Popular el que le dice que adopte ya medidas. Nos hacemos eco porque a nosotros nos preocupa, pero toda la prensa sanitaria se lo dice. Se lo dice aquí: El Sistema Nacional de Salud tiene contratados 2.000 mestos irregularmente. Ciencia -que éste es un tema al que no se ha referido usted- admite que homologó una parte de sus títulos falsos. ¿Dónde están esas..


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señora senadora, concluya, por favor.


La señora PAN VÁZQUEZ: Sí, concluyo, señor presidente.


¿Dónde están esas responsabilidades, señor ministro? ¿Le parece a usted justo tener médicos sin la debida homologación? ¿Qué va a hacer usted? A los médicos les es más fácil moverse por la Comunidad Europea que por las comunidades autónomas. Y otro que me parece especialmente preocupante: El 25 por ciento de los recién titulados, a los que tanto trabajo les cuesta entrar en las facultades y que tantos recursos consumen de los ciudadanos españoles, intenta irse fuera de España. No lo digo yo, lo dice la prensa especializada, señor ministro,

Le pedimos, única y exclusivamente, que admita y que cumpla sus competencias.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): El señor ministro tene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Señor presidente, señorías, señora Pan, hay una frase recurrente en sus afirmaciones, y es que no me escude en las comunidades autónomas. España tiene una Constitución donde las competencias están distribuidas, y precisamente donde hay competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, el Gobierno tiene que ser especialmente respetuoso. Yo hablo siempre del consenso con las comunidades autónomas, y este concepto lo incluyo en la relación de medidas a medio y largo plazo que le he relatado. Asimismo, también cuento con las comunidades autónomas en aquellas cuestiones que son competencia del Gobierno. Por lo tanto, no me escudo, sino que consensúo, respeto la Constitución y respeto las competencias.


Usted me habla de una homologación ágil. Eso es lo que pretende el real decreto que está en este momento en el trámite de audiencia, es decir, el real decreto que permite que cuando se contrate a un profesional extracomunitario, sus conocimientos, sus habilidades y sus aptitudes, no solo su título, estén perfectamente evaluados y homologados. Por eso hay también un período de prácticas y una exigencia del conocimiento del idioma. Y eso lo está haciendo este Gobierno.


Me ha hablado usted de unas cuantas plazas. Yo le puedo contar lo que ha hecho este Gobierno: un 6 por ciento de promedio en un año; un 9 por ciento de promedio de aumento en el siguiente año; un 15 por ciento de aumento en el último año. ¿Por qué no se ha referido usted a los aumentos en los años anteriores? Porque no existían -se lo he explicado antes-.
Por eso tenemos que trabajar juntos, y le invito a hacerlo.


Un médico tarda más de diez años en formarse. Por lo tanto, tenemos que generar medidas a corto y a largo plazo, y ahora estamos viendo el producto de lo que se hizo o no se hizo hace diez años. Simplemente es un diagnóstico.


Vamos a trabajar y estamos trabajando no solo con el Ministerio de Ciencia e Innovación, donde están esas competencias, sino con las comunidades autónomas, que es donde se pueden producir esos aumentos, para continuar trabajando adaptando la oferta de graduados a la demanda de especialistas. Ahí es donde sí puedo actuar yo, y por eso se produce ese aumento tan notable de plazas que no se cubren, porque estamos ofertando más plazas -y usted lo sabe- de formación de especialistas que de egresados de las facultades de medicina.


Yo estoy sacando las plazas que calculamos que necesitamos, y evidentemente ahí hay un déficit que habrá que resolver, pero de acuerdo con todos.


Me ha hablado usted también del problema de los médicos llamados mestos, que no tienen el título de especialista, y se ha referido a un real decreto excepcional, muy exigente, y me ha parecido entender que ahora podemos ser menos exigentes. No podemos ser menos exigentes. Es más, ahora tenemos que cumplir, además, lo que la nueva directiva de la Unión Europea nos exige en cuanto a la norma para obtener el título de especialista. En España está regulado cómo se consigue dicho título, y usted sabe que son dos problemas distintos. La obtención del título de especialista se obtiene por la vía mir, el reconocimiento de títulos extranjeros es a lo que me he referido antes, y lo que ahora me está pidiendo es que abramos de nuevo una vía que sea menos exigente. Ahí hay una cierta contradicción, y es que si la vía es exigente, si la formación de especialistas es rigurosa, es porque estamos trabajando para proteger la salud de los ciudadanos. Nosotros mantenemos el diálogo abierto, pero precisamente el artículo 25 de la

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nueva directiva europea, que usted debería conocer, impide procedimientos excepcionales.


Se ha referido también -y termino, señor presidente- a las dificultades de movilidad de los médicos. Precisamente estamos trabajando en ello para homologar los sistemas de acreditación y las diferentes carreras profesionales. Lo estamos haciendo en el marco competencial al cual usted y su grupo están invitados a participar, no solo en el Senado -donde les deseo mucha suerte en su trabajo-, sino también en los diferentes ámbitos de trabajo. En el Consejo Interterritorial, el real decreto que usted ha criticado de forma no vehemente fue aprobado por unanimidad, lo que significa que las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco votaron todas a favor. Y eso es lo que estamos haciendo y así es como tenemos que trabajar.


Yo le invito a que trabajemos juntos, a que trabajemos más -en eso siempre estaremos de acuerdo- y a que apoyemos a los profesionales. Y le invito a otra cosa: a no utilizar a los profesionales para criticar una gestión del Ejecutivo, porque este Gobierno -y antes le he hecho la relación- es el que está tomando medidas para favorecer a los profesionales.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

-- DE D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD VIARIA EN LAS CARRETERAS NACIONALES, EN ESPECIAL EN LA N-II Y LA N-232, A SU PASO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (Número de expediente 670/000023).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación de don José María Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para reducir la siniestralidad viaria en las carreteras nacionales, en especial en la N-II y la N-232, a su paso por la Comunidad Autónoma de Aragón.


Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra de Fomento, señorías.


El día 23 de junio del año 2005 -han pasado ya 40 meses-, señora ministra, usted compareció en este Senado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para informar sobre el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, el famoso PEIT, y decía usted en aquella fecha que el PEIT es la expresión de una nueva política de infraestructuras y transportes, y, además, usted se marcaba cuatro grandes objetivos: en primer lugar, lograr un sistema de transporte eficiente que satisfaga las necesidades de movilidad en condiciones de seguridad y calidad; impulsar la competitividad y el desarrollo económico; fortalecer la cohesión social y territorial; y contribuir a la sostenibilidad del sistema de transporte en nuestro país.


Para mejorar la seguridad, usted proponía, entre otras cosas, aumentar los recursos ya que la inversión en infraestructuras mejoraba el sistema productivo y aumentaba la competitividad. Decía, además, que los efectos positivos de la inversión en infraestructuras no se limitan al territorio en el que se realizan las obras y la inversión, sino que se extienden a otras zonas colindantes en lo que denominaba un efecto deslizamiento.
Hablaba también de la nueva Red de Altas Prestaciones y del importante papel que debía jugar el ferrocarril como elemento central del sistema intermodal de viajeros y mercancías.


He traído hoy aquí esto a colación porque el asunto que me ocupa de manera más concreta no es ajeno en absoluto a estos buenos planteamientos, a estos propósitos tan razonables pero que no se han puesto en práctica.


Quiero ir, señora ministra, de lo general a lo particular porque los hechos son tozudos y las estadísticas aterradoras. Del centenar de muertes en las carreteras aragonesas en el año 2008, 29 se han producido en los tramos sin desdoblar de la carretera nacional número II -tramo Alfajarín-Fraga- y de la carretera nacional número 232 -tramo Mallén-Figueruelas y Fuentes de Ebro-Alcañiz-. El último fin de semana, sin ir más lejos, dos nuevos accidentes con dos nuevas víctimas mortales.


En los 91 kilómetros de Alfajarín-Fraga, en la N-II, en el año 2007 hubo 123 accidentes con 85 víctimas; en lo que llevamos del año 2008, 79 accidentes con 46 víctimas. En los sólo 39 kilómetros que separan Figueruelas de Mallén, en la N-232, en el año 2007 se produjeron 122 accidentes con nueve fallecidos y 24 heridos graves. Hasta agosto de 2008 han sido 30 los accidentes, con cinco fallecidos y cuatro heridos graves.
En total, 29 víctimas mortales en el año 2007 y este año 2008 pueden ser más.


Los datos hablan por sí solos. Por eso, no es de extrañar las reacciones de dolor, de rabia, de impotencia de los vecinos e instituciones aragonesas, supongo que de todos los que conocen esta dramática y fría estadística, porque detrás de cada accidente hay dramas humanos y personas con nombres y apellidos.


Se da la paradoja -y usted lo sabe bien- de que, mientras en estos tramos de carretera -que esperan desde hace años el desdoblamiento y su mejora- sucede esto, con intensidades medias de tráfico altísimas (13.500 vehículos/día en el tramo Figueruelas-Mallén, de los cuales más de 6.000 son vehículos pesados, camiones), en la vecina y próxima AP-68, una autopista de gran capacidad paralela a la carretera, circulan 12.700 vehículos/día, de los que 1.200 son camiones; es decir que por la carretera circulan cinco veces más camiones que por la autopista. En la N-II, paralela a la AP-2, tramo Alfajarín-Fraga, los flujos de vehículos pesados superan en cuatro o cinco veces a los de la autopista. Pero no le voy a cansar con datos que usted conoce mejor que yo, señora

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ministra, porque los tienen en su ministerio. Me consta además que el problema que nos ocupa, el de estas dos carreteras, lo conocen perfectamente en el ministerio y lo han examinado desde todos los puntos de vista posibles, y, es más, estoy seguro de que les preocupa. Por otra parte, las Cortes de Aragón, el Gobierno aragonés, los ayuntamientos y las comarcas afectadas ya se encargan de transmitirles a ustedes la necesidad de buscar soluciones a este grave problema, que se produce en dos carreteras, señoras ministra, que son competencia del Ministerio de Fomento. Es verdad que el problema se produce a su paso por Aragón, pero afecta a usuarios de toda España y también a usuarios europeos dada nuestra situación -en el nordeste de España- de cruce de caminos.


Espero que en los datos del problema podamos estar de acuerdo, en su valoración y gravedad, y que nos aporte soluciones en las que podamos igualmente estar de acuerdo. Ya sé, señora ministra, que ante problemas complejos, no hay soluciones simples y de efectos inmediatos, por eso hay que abordar el problema con rapidez.


La Lofca dice que hay que agilizar las obras de desdoblamiento; autovías que están previstas desde hace muchísimo tiempo y que acumulan un gran retraso. Mire, la gente no entiende cómo los trámites administrativos de muchas de estas obras cuestan más años que la propia ejecución de la obra. La realidad es que, en el mejor de los casos, aunque usted pusiera a trabajar a varias empresas a la vez -cosa que no iría mal y, de paso, contribuiría a incrementar las inversiones del Estado en Aragón y a mantener actividad y puestos de trabajo-, aunque así fuera, harían falta años -tres o cuatro- para que las nuevas vías entraran en servicio y solucionaran el problema.


Por eso, señora ministra, es necesario buscar otras soluciones aunque sean provisionales, aunque sean de emergencia; soluciones que son de sentido común, como la de aprovechar la gran capacidad que tienen las autopistas de peaje próximas, eso sí, donde las hay, porque ya sabe usted que en el tramo de la N-232 entre Fuentes de Ebro y Alcañiz no tenemos una autopista de peaje en paralelo. Por otra parte, esta solución ya la ha aplicado su ministerio más de una vez, ya ha aplicado exenciones y descuentos en una decena de tramos en distintos puntos de España, ya tienen ustedes experiencia en solucionar el problema a través de las autopistas de peaje. Y las concesionarias, señora ministra, espero que estén a favor, porque también deben estar a favor del interés general puesto que prestan mediante concesión del Estado un servicio público.


Como dijo el otro día en las Cortes de Aragón el consejero de Obras Públicas de nuestro Gobierno, esta liberalización debe estar liderada por el Ministerio de Fomento pues se trata de una competencia estatal, por lo que cualquier modificación pasa porque el Gobierno central y las concesionarias lleguen a un acuerdo.


Señora ministra, usted tiene los medios para hacerlo, lo ha hecho en otros casos, solo falta que se ponga manos a la obra y que demuestre la voluntad política. Yo espero que en esta cuestión no ahorremos inversiones en seguridad vial.


En paralelo, no hay que parar, hay que agilizar las obras, hay que terminar los trámites administrativos. Es el momento de hacerlo, además, por muchas razones, y no solamente por la que le acabo de mencionar de la seguridad vial, y mientras, hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, por ejemplo, señalizar mejor los puntos negros, de los cuales hablaremos también en esta sesión del Senado. Hay más de ocho puntos negros en ese tramo de 130 kilómetros y, a mi juicio, no están suficientemente señalizados.


Hay que impulsar las variantes en el tramo de Fuentes de Ebro a Alcañiz.
Las variantes por las poblaciones son, además de un engorro para el tráfico, enormemente peligrosas, y allí se han producido muchos de los accidentes. Además, señora ministra, es el tramo donde no tenemos autopista para liberalizarlas.


Yo recuerdo la dotación presupuestaria para las variantes de Fuentes de Ebro, Quinto y Alcañiz, pero escasa para los proyectos y los estudios de impacto ambiental. No son obras importantes, de gran costo o gran dificultad y, sin embargo, se eternizan en el tiempo.


Señora ministra, necesitamos hechos y no solo palabras, aunque estas sean buenas. Esta situación se ha convertido en un problema grave y, además, genera en los vecinos de los municipios afectados -y le recuerdo que los hay de todos los colores políticos- cierta alarma social. Usted sabe perfectamente que se han cortado carreteras con manifestaciones y que en las pancartas estaban representados políticos de todos los partidos. Aquí no van unos contra otros, no es una batalla estrictamente partidaria. ¿Y sabe por qué hay manifestaciones, señora ministra, y por qué va a haber más si no solucionamos este problema? Pues porque no es más que un signo de desesperación.


Yo le invito a trabajar para la esperanza en soluciones, aunque sean parciales y provisionales, hasta que las obras se terminen para lo cual le pido agilidad en los procedimientos. Estoy seguro, señora ministra, de que usted y su equipo lo van a plantear de manera inmediata porque están igualmente preocupados, y lo van ha hacer con hechos y con medidas concretas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Señora ministra de Fomento, tiene la palabra para contestar a la interpelación.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, desde el principio la seguridad en todos los modos del transporte ha sido una prioridad de este Gobierno y del anterior; es decir, desde el 2004, la prioridad en todas las decisiones que hemos tomado sobre el sistema de transporte ha sido, precisamente, la seguridad, y la circulación viaria no es una excepción. Hemos adoptado múltiples medidas, y usted lo sabe, para incrementar la seguridad en todos los modos de transporte, especialmente en la carretera. Sin duda, todas estas medidas han contribuido a la reducción de los accidentes, como ahora le informaré.


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Señoría, en su intervención, que aparentemente se ha desarrollado con buenas formas, ha dicho cosas muy duras y ha insinuado cosas mucho más duras todavía. Dice que detrás de cada accidente hay un drama humano.
Pues claro, señoría, a mí me lo va a decir usted. Yo soy huérfana desde los 7 años por un accidente de coche en el que mi padre murió, y yo iba en el coche. Todavía tengo las cicatrices de ese accidente. Por tanto, me parece especialmente duro que para hablar de seguridad vial usted dé el número de fallecidos en las carreteras en un tiempo determinado. Esa es una carretera convencional a la que usted ha hecho referencia toda la vida, no solo en esta legislatura, y soy yo, como ministra de Fomento, la que tomo la decisión de desdoblarla y convertirla en autovía.


He echado de menos que hiciese referencia a las etapas anteriores y explicase cómo se negaron los anteriores gobiernos a convertirla en autovía. Efectivamente, hay que convertirla en autovía, pero soy yo la que lo está haciendo.


Ha hecho usted una afirmación que me parece increíble, al apuntar que los ciudadanos no entienden que se tarde tanto en el procedimiento administrativo. Explíquenselo ustedes, que son los que aprueban los trámites que tienen que seguir todas las obras para que se puedan iniciar.


Pero es verdad que hay un trámite largo, el que nos hemos dado todos para que se garanticen todas aquellas circunstancias que entendemos necesarias que se cumplan tanto en la red viaria como en el resto de las infraestructuras de transporte. En este sentido, es fácil de entender que el trámite sea largo, pues si el trazado es complicado -como al que usted se refería, que es un LIC y además pasa por una huerta- se tiene que someter a información pública y analizar, estudiar e informar muchas alegaciones para decidir si se incorporan o no. Por lo tanto, señoría, no diga usted que la gente no entiende, explíqueles por qué es necesario someter determinados proyectos a información pública una y otra vez. No le echen la culpa al Gobierno pues ha sido precisamente él el que ha decidido convertir el tramo en autovía y tomar todas las decisiones que den mayor seguridad a los ciudadanos.


Las actuaciones en la red viaria son muy amplias, tanto en el ámbito nacional como en Aragón. Concretamente, usted conoce el esfuerzo que estamos realizando en la construcción de nuevas autovías. En abril de 2004 había 8.250 los kilómetros de autovía, mientras que ahora contamos con 10.000 kilómetros, y vamos a terminar la legislatura con 12.000 kilómetros. Por tanto, señoría, hemos pasado de 8.000 kilómetros a 12.000 kilómetros. Ahora le daré el dato de Aragón. Por lo tanto, durante esta legislatura tenemos previsto poner en servicio 1.500 kilómetros más de autovía. Ese va a ser el gran esfuerzo de este Gobierno para garantizar la seguridad viaria: nuevas autovías que garanticen la seguridad, pero también autovías antiguas como la N-II, a la que usted se refería. En concreto, el Gobierno ha tomado la decisión de convertir en autovía el tramo Alfajarín-Fraga. Sin embargo, hasta Alfajarín, la N-II ha sido incluida en el Plan de acondicionamiento de las autovías, para equipararlo a los estándares de calidad de las autovías más modernas, pues era una autovía antigua.


En cuanto a la conservación y el mantenimiento, señorías, el refuerzo del firme, la señalización y el repintado de las carreteras son inversiones de este Gobierno, muy por encima de las llevadas a cabo hasta que nosotros establecimos la seguridad -también, por supuesto, la seguridad viaria- como un asunto prioritario. Durante los últimos cuatro ejercicios hemos aumentado los recursos para conservación y mantenimiento hasta 3.825 millones de euros, casi 1.500 millones de euros más en conservación y mantenimiento, un 60 por ciento más que con gobiernos de otro color político. La dotación en los presupuestos de 2009 ha sido de 1.251 millones de euros, cifra que duplica lo destinado a conservación y mantenimiento en los presupuestos de 2004, cuando llegamos al Gobierno.
Esto ha supuesto, por ejemplo, que en el refuerzo del firme hayamos multiplicado la dotación por 3,6 desde el año 2004.


Planes de barreras de seguridad especiales para motoristas. Ya le puedo decir que tanto en Aragón como en todo el territorio nacional, en el año 2008 vamos a cumplir, como estaba previsto, la licitación de la barrera específica para motoristas, cuya situación es un drama en nuestras carreteras.


Tramos de concentración de accidentes. Ya hemos suprimido en toda España casi 500 tramos y vamos a suprimir 776 más en esta legislatura.


Plan de viabilidad invernal. Señorías, hemos incrementado en un 80 por ciento las máquinas quitanieves y triplicado la capacidad de almacenamiento de sal.


Los túneles. Otro elemento importante para la seguridad: hemos presentado las actuaciones que llevaremos a cabo y se aprobará un plan de túneles en el Consejo de Ministros. De los 405 túneles existentes en todo el país, 125 ya están acondicionados y 280 los adaptaremos en los plazos establecidos en el real decreto aprobado por este Gobierno para la adaptación de los túneles. Además, hemos efectuado un diagnóstico de seguridad de todas las carreteras, así como analizado los índices y las causas de por qué se producen los accidentes y para comprobar si hemos avanzado en seguridad. El índice de peligrosidad se ha reducido en carreteras un 13 por ciento y el de mortalidad un 33 por ciento, pero este Gobierno no va a parar mientras haya un solo muerto y un solo accidente en nuestras carreteras. Todo nos parece insuficiente, señorías, y usted no puede denunciar o acusar indirectamente a este Gobierno y al Ministerio de Fomento de los accidentes en carretera.


Concretamente, señorías, la inversión ejecutada en carreteras en Aragón, entre 2004 y 2008, ha sido de 1.214 millones de euros; eso es un 35 por ciento más que la legislatura anterior. Hemos puesto en servicio 207 kilómetros de nueva autovía en Aragón, lo que representa un 45 por ciento en relación con las existentes con anterioridad; y vamos a avanzar en la construcción de 121 kilómetros más en la Legislatura 2008-2012.


En definitiva, señoría, en Aragón ya hay 667 kilómetros de autovía y al final de la legislatura contaremos con 788 kilómetros, lo que significa que habremos duplicado los

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kilómetros de autovía existentes en 2004. Esa es la medida que defendemos para mejorar la seguridad viaria.


Además, ya hemos adjudicado dos tramos en Aragón de la A-2 para el acondicionamiento de 191 kilómetros, con una inversión de 900 millones de euros. Hemos dedicado importantes esfuerzos en Aragón en conservación, mantenimiento y explotación. En el período 2004-2007 hemos invertido 223,8 millones de euros, es decir, casi 70 millones de euros más que en la legislatura anterior, o, lo que es lo mismo, se ha producido un incremento en conservación y mantenimiento del 45 por ciento en la legislatura 2004-2007, sin contar lo invertido en 2008 porque estamos en plena ejecución de ese presupuesto.


Señoría, ya le he comentado el Plan de barreras para motoristas. Me gustaría ahora darle el dato de su comunidad, la de Aragón, por su importancia, en relación con nuestras actuaciones sobre la vialidad invernal. En esta comunidad tenemos dispuestos 132 quitanieves, lo que supone casi duplicar para la campaña 2008-2009 los quitanieves existentes cuando llegamos al Gobierno; además, la capacidad de almacenamiento de sal es de 19.000 toneladas.


En relación con los doce túneles, cuatro ya cumplen la normativa existente; en dos hay obras de acondicionando; cinco están en proyecto, y uno tiene la orden de estudio.


Señoría, por lo que se refiere al tramo Alfajarín-Fraga, además de tomar la decisión de llevar a cabo las actuaciones para convertirlo en autovía -y, por lo tanto, duplicar ese tramo-, hemos iniciado el estudio informativo, hemos incluido 91 kilómetros y cuatro variantes para evitar los núcleos de población, hemos aprobado el estudio informativo, estamos analizando las alegaciones -que, como le dije, son complejas precisamente por la zona que atraviesa-, y cuando esté lista toda la información, se la enviaremos a Medio Ambiente para la DIA, con el fin de seguir ese procedimiento que es común para todas las carreteras que son responsabilidad de la Red del Estado.


Por lo que se refiere al tramo Figueruelas-Mallén, que tiene una longitud en la N-232 de 428 kilómetros de carretera convencional, le diré que también lo hemos incluido en el PEIT. Le recuerdo que tanto en el caso del tramo anterior como en este, mientras gobernó el Partido Popular no aceptó convertirlos en autovía y, además, amplió el plazo del peaje. Por lo tanto, señoría, creo que usted tenía que haber mencionado esas dos decisiones, que van tan en contra de las medidas que hoy está usted defendiendo. Como verá, desde que lo incluimos en el PEIT en el año 2005, no hemos perdido ni un solo minuto para llevar a cabo esa conversión en autovía, eso sí, respetando escrupulosamente el procedimiento legalmente establecido.


Por último, señoría, he de comentarle que por lo que se refiere a la reducción del peaje o al acuerdo sobre el peaje, el Gobierno de Aragón ya ha hecho una propuesta, y le recuerdo que en los otros casos que usted ha citado, por ejemplo, en la de Jerez-Cádiz, la comunidad autónoma es la que asume el coste total de la reducción o liberalización. Le recuerdo también que en la AP-9, por ejemplo, ha sido la concesionaria la que ha asumido todo el coste de la ampliación, y no se produce, como creo que ha pretendido dar usted a entender, un trato discriminatorio con respecto al peaje existente en Aragón. Y ya le digo -y lo sabía usted cuando ha presentado esta interpelación- que estamos trabajando y que hemos mantenido hasta siete reuniones con el Gobierno de Aragón para ver qué decisión adoptamos sobre el peaje, cuál es el coste, cuáles son las medidas adecuadas y cómo se financian para poder ofrecer oportunidades a fin de que se desvíe el tráfico pesado mientras convertimos esos dos tramos en autovía, para que utilicen también el peaje, algo que como usted sabe, no hacen para reducir los costes del transporte.


Sé que ha habido manifestaciones en ese sentido; y es más, en la Expo de Zaragoza me persiguió un grupo que me llamaba asesina porque todavía no se había convertido ese tramo en autovía, un planteamiento este que considero muy duro para alguien que está defendiendo y trabajando en la conversión y para un ministerio que desde el primer momento se ha planteado mejorar la seguridad en esos tramos por los que usted me pregunta.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, empiezo mi intervención lamentando su caso particular, pero comprenda usted que aquí no venimos a hablar de cuestiones personales. Yo en ningún momento he querido utilizar ningún argumento personal en un tema tan serio y tan grave como el que nos ocupa. Pero no me pida que olvidemos a las personas, porque la política se hace fundamentalmente para ellas, tanto en seguridad vial como en todo lo que hacemos en las Cámaras y por parte de los distintos gobiernos.


Señora ministra, los trámites administrativos -siempre es la excusa- son lartgos. Sí, claro, son los que nos hemos dado en las Cámaras, efectivamente, pero usted sabe que se pueden acortar en su aplicación.
Los trámites administrativos se pueden hacer sucesivamente o incluso algunos simultáneamente, y hay maneras de agilizarlos cuando la necesidad lo requiere, cuando es preciso actuar con rapidez por la emergencia y la gravedad del caso.


¿Quiere que le hable de un trámite administrativo abreviado hasta límites que ya me gustaría que se aplicaran para resolver la construcción de estas dos autovías? Hace poco supimos de ello; se publicó en el Boletín Oficial: el fallido trasvase de agua del Ebro a Barcelona no tuvo ningún problema de trámite administrativo. En esa ocasión utilizaron una ley -supongo que lo era y no solo un acto de voluntad política- para obviar todos los inconvenientes de impacto ambiental, etcétera, porque la obra era muy urgente ya que en Barcelona se morían de sed. Pues mire, aquí la gente se muere en los accidentes, señora ministra. Y le he puesto un ejemplo bien reciente, aunque seguramente haya más, pero no vienen en este momento al caso.


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Culpa usted a otros gobiernos que no hicieron la autovía, que no previeron, que no planificaron... ¡Pues claro! Tampoco los gobiernos de Felipe González, que estuvieron 14 años, lo hicieron, y esa carretera ya tenía un tráfico enorme en aquel momento. Pero eso no vale, señora ministra. Usted se refiere al Gobierno del Partido Popular, y ¿qué quiere que le cuente de ese Gobierno que ya no gobierna? Fíjese si lo hicieron mal que los ciudadanos decidieron no volver a elegirles; y nosotros, en Aragón, decidimos no gobernar más con ellos. ¿No le parece eso suficiente? Olvidémonos de ellos y busquemos soluciones; dejemos de echar la culpa a los demás. Ustedes llevan aquí ya cinco años.


Yo no pongo en duda sus datos, pero son insuficientes, y a los hechos me remito. Usted se ha ido por el espacio sideral en un problema concreto y localizado, y yo le pedía soluciones en Aragón y para Aragón, para la N-II y para la N-232, y no para el mundo mundial. Y aunque el problema ocurre en Aragón, no es solo para los aragoneses, es para todos los ciudadanos españoles y europeos que transitan por esas carreteras.


Las obras de conservación, las inversiones, los gastos, efectivamente, son proporcionales al territorio, son proporcionales al número de kilómetros de autopista y de autovías que hay que conservar y esa enorme inversión en conservación que usted me dice en la N-II, le recuerdo que es en el tramo que va desde Madrid hasta Zaragoza, que atraviesa otras comunidades autónomas y que, evidentemente, es un eje de gran capacidad, que articula la parte noreste de España.


La culpa no la tienen las prórrogas de las concesiones administrativas.
Usted tiene procedimientos, usted puede hacerlo, usted puede hacerlo igual. ¿O qué pasa, que ahora son las concesionarias las que le marcan a usted el ritmo o es que la negociación económica se pone más difícil? Pues ahí está su habilidad, señora ministra. Usted de números sabe mucho, usted de aplicar leyes sabe mucho. Las concesionarias tienen un delegado del Gobierno en la concesión, para algo servirá. No valen esas excusas.
Usted dice que en la AP-9 ha sido la propia concesionaria la que corre con el gasto.¡Qué milagro! ¿Cómo lo han hecho? ¿Que en otros sitios colaboran las comunidades autónomas? Estoy seguro de que en Aragón también están dispuestos a colaborar.


Pero, señora ministra, permítame que le diga que me ha decepcionado por la falta de concreción y por la falta de compromiso. No obstante, el trámite no termina y en la moción que presentaré subsiguiente a esta interpelación procuraré concretar y procuraré que la voluntad de esta Cámara se manifieste y a partir de entonces usted sabrá lo que tiene que hacer.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


Señora ministra de Fomento, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar, si usted no sabe las incidencias que tienen las prórrogas de un peaje en las posibilidades de reducirlo o de liberalizarlo es que no sabe nada de peajes. Yo eso no lo puedo evitar.


Hay una cuestión que usted ha querido malinterpretar y siento que haya sido así, porque usted ha sido el que ha dicho la frase que detrás de cada accidente hay un drama humano. No le he pedido a usted que olvide a las personas, le he dicho que yo soy una de esas personas. Por lo tanto, cuando usted me ha pedido que lo tenga en cuenta, le he dicho que no lo tengo que tener en cuenta porque lo tengo dentro. Usted lo tiene que recordar, yo lo llevo dentro y, por consiguiente, mi primera responsabilidad cuando asumí las competencias del Ministerio de Fomento fue dar respuesta a ese drama humano que es la falta de seguridad en los modos de transporte en general y en las carreteras en particular.


Si usted ha querido ridiculizar esa frase mía, pues lo siento mucho porque además demuestra poca sensibilidad. Le vuelvo a decir que no tengo que recordar algo que he vivido porque, señoría, usted lo sabrá de oídas, pero otros saben lo que significa y por eso la fuerza de la decisión aún es mayor, la fuerza del compromiso es mayor y la responsabilidad es mayor. Por eso le he dicho todas las medidas que estamos tomando para garantizar, para avanzar y para mejorar la seguridad de nuestras carreteras, porque sé de la necesidad de que sean seguras, pero también sé del drama que supone cada vez que se produce un accidente.


Y yo no le he echado la culpa a nadie, señoría. Es su problema si quiere defender a alguien o no, yo le he contado el histórico de los tramos por los que usted pregunta. ¿Que usted no le da ninguna importancia a que hasta el 2005, que es cuando se aprueba el PEIT, se incluya ese tramo, que era una carretera convencional en autovía? Pues usted sabrá, porque entonces es que desconoce todos los trámites por los que tiene que pasar un proyecto de este tipo para poder iniciar las obras. Y le he dado los datos para demostrarle, y así se lo he demostrado, que no hemos perdido ni un minuto desde que tomamos la decisión de convertir en autovía, se lo vuelvo a repetir, el tramo Alfajarín-Fraga.


El 26 de enero de 2005 dimos la orden de estudio, el 10 de junio lo licitamos, el 23 de noviembre lo adjudicamos, el 6 de febrero de 2006 firmamos el contrato, el 4 de septiembre enviamos la memoria resumen para su consulta a Medio Ambiente, el 21 de diciembre de 2007 aprobamos provisionalmente el estudio informativo y el 19 de enero iniciamos la información pública. Le he explicado que en este caso, que no es similar al de Figueruelas-Mallén porque es menos conflictivo, el trámite de análisis, estudio, inclusión o no de las alegaciones, es mucho más largo porque es un LIC y, además, pasa por una zona de huerta.


Yo siento muchísimo, señoría, que para hablar de la seguridad viaria usted haya tenido que echar mano del trasvase porque no tiene absolutamente nada que ver, ni es

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comparable. Y perdone que le diga que su comparación ha sido demagógica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


MOCIONES (Continuación.)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y POSTERIOR ELIMINACIÓN DE LOS «PUNTOS NEGROS» EXISTENTES EN LAS CARRETERAS DE LA RED ESTATAL (Número de expediente 662/000033).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Finalizado el turno de interpelaciones, pasamos ya a las mociones.


Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la identificación, señalización y posterior eliminación de los «puntos negros» existentes en las carreteras de la red estatal. A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido incorporada mediante una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, procede ahora la defensa de esta enmienda transaccional.


Tiene la palabra el señor Sanz Pérez.


El señor SANZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, nadie duda hoy día de que la seguridad vial y los datos de siniestralidad en nuestras carreteras son cuestiones que merecen atención preferente por parte de los gobiernos, de los parlamentos y de la sociedad en su conjunto. Debería ser porque no es, querida ministra, un tema de Estado, razones como la humanitaria, la de salud pública y económicas son más que suficientes para que así fuese. Un tema de Estado para forjar consensos en una materia tan importante como la de la seguridad vial, dado que nos permitiría incluir permanentemente en la agenda política y, por lo tanto, de los grupos parlamentarios, y de ahí en la mente de todos los ciudadanos, una cuestión tan sensible y en el que tanta importancia tiene la concienciación social, probablemente, núcleo mismo del trabajo que debemos seguir haciendo en los próximos años.


Quiero comenzar recordando a sus señorías algunos datos de siniestralidad vial en nuestras carreteras. En el año 2003 tuvimos en España 3.443 accidentes mortales, con 4.100 víctimas mortales y 2.100 heridos graves, frente al año 2007, en el que hubo 2.415 accidentes mortales, 2.741 víctimas mortales y 1.150 heridos. En lo que va de año, señorías, han fallecido en las carreteras españolas 1.841 personas, eso sí, 505 menos, es decir, el 21,5 por ciento respecto al mismo período del año 2007. Por lo tanto, señorías, los datos nos marcan una evolución favorable a lo largo de estos años, pero no nos conformemos, estamos ante la primera causa de muerte violenta en nuestro país.


Creo que estas cifras ponen de manifiesto hasta qué punto deben preocuparnos, así como la importancia y responsabilidad del trabajo que tenemos las diferentes administraciones en esta materia, y la necesidad de dar un serio impulso a las iniciativas que, como esta, pretenden como único y loable objetivo ir recortando dígitos a esas escalofriantes cifras. Y lo digo, señor presidente, señorías, desde la satisfacción y la perspectiva de que podemos constatar que el trabajo concienzudo, coordinado, integral, desde la puesta en marcha de políticas transversales ya no sólo de las administraciones, sino del conjunto de la sociedad, van dando sus frutos. Pero, reitero, no nos relajemos, 1.841 personas han fallecido en lo que va de año, cifra que, como decía anteriormente, da buena cuenta del trabajo que nos espera y del sentido que, a mi entender, tiene la moción que hoy sometemos a la consideración de esta Cámara.


La seguridad vial, señorías, es una materia que se ha de abordar desde la transversalidad. Es un tema en el que tienen implicación diferentes organismos e instituciones. ¿O es que no tienen que ver con el estado de las carreteras su señalización, los puntos negros, el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los cabildos y los ayuntamientos? ¿No nos preocupa a todos la atención a los heridos en estos accidentes? ¿No tiene claras implicaciones la justicia, cuando en ocasiones las personas que son víctimas de accidentes de tráfico nos reclaman un Código penal distinto y que el fiscal actúe de forma diferente? Podría continuar enumerando las responsabilidades de unos y otros, pero no es el objetivo de esta moción.


Por su especial importancia, no quiero olvidar el papel de educadores y responsables políticos en esta materia para establecer e impulsar de una vez por todas unos planes de educación vial en la Educación Primaria y en la ESO al objeto de trasladar a los jóvenes unos valores que van más allá del aprendizaje del Código de Circulación. Por ello, reitero, señorías, se trata de un tema de Estado.


Afortunadamente, como decía antes, las cifras, las dolorosas estadísticas, que lo son, nos indican que las medidas tomadas van dando sus frutos, y ojalá podamos afirmar que, con la colaboración de todos, nos concienciemos haciendo pedagogía de seguridad vial, y no nos acostumbremos a una rutina de cifras asumidas cada fin de semana, y así, entre todos, podamos dar cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea que tiene como principal objetivo reducir en el 50 por ciento en 2010 las cifras de víctimas mortales en las carreteras españolas.


Quiero centrarme, señorías, en la moción objeto de debate, que denuncia -y denuncio- la existencia, por todos conocida, de trampas mortales en nuestras carreteras. En 2007, la Red de Carreteras del Estado contaba con 802 puntos negros, que causaron 3.300 siniestros en el año. Se trata de puntos negros, tramos conflictivos en cuanto a accidentes, tramos de alta siniestralidad, o tramos de concentración de accidentes, como le gusta definirlos a la ministra de Fomento, puntos donde en 2007 se localizaron tres o más accidentes con víctimas, a veces con una separación máxima entre uno y otro de cien metros; puntos negros, donde los accidentes se repiten una y otra vez, sin contar todos aquellos lugares donde, habiendo accidentes repetidamente, no hay víctimas mortales, por lo que no son catalogados como puntos negros.


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Por ello, el Grupo Parlamentario Popular plantea con esta iniciativa que las administraciones, todas en su conjunto, se pongan a la tarea para la eliminación de los llamados puntos negros o tramos de concentración de accidentes, que es como se definen por parte de la ministra de Fomento.
Sí, señorías, planteo y plantea el Grupo Parlamentario Popular la ambición de eliminar esos tramos de alta siniestralidad.


Somos conscientes en el Grupo Popular -soy consciente- de que su eliminación será un proceso lento, pero, mientras se están tomando medidas necesarias para ello, sería muy conveniente, y muy urgente, su señalización. Urgente señalización como método preventivo. Ese es el objetivo prioritario de esta moción, señalización temporal, que permitirá que los ciudadanos estén informados de la peligrosidad del escenario por el que conducen, extremando todos los mecanismos de atención y seguridad posibles.


Se trataría, por lo tanto, si se aprueba esta iniciativa, de una medida bien recibida por los españoles, como se indica en todas las encuestas.
Muy especialmente, la realizada por Demoscopia para la plataforma Ponle freno nos indica que el 59,3 por ciento de los conductores tomaría más precauciones, por ejemplo, ante la señal de tráfico que indicara Peligro, punto negro, y que el 64,7 por ciento de la población española y el 62,8 por ciento de los conductores consideran adecuada su señalización y el avisar del número de fallecidos en un tramo peligroso de carretera.


Señor presidente, señorías, ante estas estadísticas y números, fríos pero dolorosos, estaremos de acuerdo en que es necesario y urgente dar respuesta adecuada a esta propuesta, a esta moción, respuesta que mi grupo quiere que sea de consenso. Señorías, es ineludible adoptar todas aquellas medidas que tiendan a disminuir la sangría de vidas que anualmente dejan las carreteras y esta es una de ellas. Es necesario que se conceda la máxima atención a los tramos de concentración de accidentes y tramos de alto riesgo para incentivar que se proceda a su análisis, su investigación y su autoría.


Señorías, una señal de reducción de velocidad, de curva peligrosa, de cruce de ganado o de firme deslizante no es sino una señal de aviso de un tramo peligroso. Entonces cabe preguntarse: ¿por qué no señalizar también otras zonas de peligro aunque no exista aún señal tipificada para ellas? Porque la colocación de paneles informativos, señorías, que avisen de los puntos de especial peligrosidad no son un fin en sí mismos, sino que deben llevar incorporado un compromiso por parte de la administración competente para acometer las acciones necesarias que eliminen la peligrosidad del tramo definitivamente.


Si esta propuesta sale adelante, señorías, a nadie se le escapa que también habría que incorporar al Reglamento General de Conductores la información sobre la nueva señal, y que esta, la nueva señal, sea diseñada e introducida en el catálogo del Ministerio de Fomento.


Quiero destacar que en el tercer punto de la moción planteo impulsar un acuerdo con las administraciones autonómicas y locales para poner en marcha de forma urgente y aún provisional la colocación de estas señales de forma inmediata. Quizá alguien, algún grupo parlamentario, plantee cuestiones económicas o presupuestarias a la medida. Espero que no, señorías. No se puede escatimar recursos económicos para invertir en seguridad vial, porque estamos hablando, señorías, de vidas y de personas, y poner todos los medios a nuestro alcance para el objetivo loable de reducir de forma drástica la siniestralidad en nuestras carreteras es un objetivo que me consta persiguen todas las formaciones políticas.


Por ello considero que la colocación de estas señales por parte de las administraciones no supone un gran coste económico, no tiene contraindicaciones y permite una gran rapidez de actuación. Y además, señorías, señor presidente, porque trabajar desde el consenso para que la gente no muera en las carreteras es lo máximo a lo que se puede aspirar.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president.


Señorías, intervengo para posicionar a mi grupo, Convergència i Unió, ante esta moción del Grupo Parlamentario Popular, a la que se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Parlamentario Socialista que ha dado lugar a una transacción final.


Quiero empezar aplaudiendo la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular por la oportunidad del tema, porque este es un hecho que provoca en un año 134 personas fallecidas -una a una, dos a dos, en grupo, pero 134-, cifra escalofriante y terrible. Este es un problema que afecta a la sociedad, sin duda, pero también tiene que ver con la Administración y es un problema que concierne a la clase política. Por esto es una iniciativa necesaria y oportuna y nos alegramos del consenso que hemos logrado alcanzar entre todos y que hará que esta sea una moción que se apruebe.


También valoramos positivamente la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista de presentar una enmienda de sustitución, que para nuestro grupo es de mejora. Nos alegramos de este consenso y de esta transacción final que nos llevará a la aprobación de esta iniciativa, lo que nos permitirá ver si el Gobierno hace caso -cosa no muy frecuente en las mociones del Senado-. Por cierto, hablando del Gobierno y después de haber escuchado a la señora ministra de Fomento hace unos momentos, espero que al ser una moción de consenso esta no nos riña, porque es kafkiano para este senador que una ministra se

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dedique a reñir a los senadores que se atreven -entre comillas- a interpelarla: véase senadora Candini en su día, senador Mur hace unos minutos, y así un largo etcétera, triste o kafkiano, definámoslo como queramos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, le recuerdo que este es un tema ajeno al que estamos tratando en este momento.


El señor MALDONADO I GILI: No, señor presidente, no es ajeno porque esta moción la tendrá que llevar a cabo ella, porque este asunto pertenece a Fomento.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): No, tendrá que hacerlo el Gobierno.


El señor MALDONADO I GILI: Lo tendrá que hacer el Gobierno, y ella forma parte del Gobierno. Y el Gobierno nos riñe, y, por tanto, pido que el Gobierno no nos riña.


Decía que veremos aprobada una iniciativa que permitirá poner instrumentos en los vulgarmente llamados puntos negros. Estos instrumentos serán, en primer lugar, la colocación de unas señales que avisarán a los conductores de la peligrosidad de aquella zona. Sería una señal recordatoria. Y, en segundo lugar, se pasaría a su eliminación. Previa a esta incorporación de señales, se debe llevar a cabo la incorporación de las correspondientes partidas presupuestarias que llevaría a la eliminación de estas zonas peligrosas, de estos puntos negros.


Con esta aprobación, señorías, alcanzaremos dos objetivos. Primero, y más importante, conseguir rebajar las muertes en estos puntos negros, con lo cual esta será una iniciativa destinada a salvar vidas humanas.


Segundo, los familiares de centenares de miles de personas fallecidas en los últimos años en estos puntos negros verán que la clase política trabaja para evitar esta lacra y que, por tanto, la muerte de sus familiares no ha sido en vano. Ustedes saben, señorías, que muchas familias tienen la costumbre de que cuando se celebra el aniversario del fatal accidente, se desplazan al punto donde ocurrió y ponen flores; por ello, cuando vamos por carretera encontramos en algunos sitios ramos de flores depositados por las familias. Y uno se pregunta ¿Qué deben pensar estas familias al ver que año tras año aumenta el número de muertos en aquel mismo lugar y la Administración no elimina las zonas donde se acumulan los accidentes en los llamados puntos negros? Esta es una iniciativa que visualizará la voluntad de la clase política y del Gobierno para evitar más muertes donde ya las ha habido.


Aprovechando que este es un tema de seguridad vial, permítanme hacer un llamamiento al Gobierno para que, de una vez por todas, atienda un clamor popular que pide la sociedad: que se quiten los, por desgracia, famosos raíles quitamiedos, que yo llamaría raíles quitavidas. Ustedes saben, señorías, que las asociaciones de motoristas y de víctimas de accidentes de motocicletas llevan años reclamando que las carreteras españolas no tengan este riesgo, en el cual muchos, demasiados motoristas han fallecido, han quedado parapléjicos o tetrapléjicos.


Ustedes saben, señorías, que la cabeza, columna vertebral de los motoristas, es una de las partes con más riesgo en estos accidentes, y estos raíles, estas vallas, que yo definiría como quitavidas aunque se llaman quitamiedos, son causa de muchísimos accidentes. No quería perder esta oportunidad para dejar patente una vez más, en nombre de Convergència i Unió, esta solicitud de que se eliminen los puntos negros y que también se entiendan por puntos negros estos raíles quitamiedos o quitavidas.


Solo me queda agradecer la voluntad de consenso y esperar que, una vez aprobada la moción, el Gobierno lleve a cabo la dotación económica y la actuación inmediata de obras para quitar estos puntos negros que tantas vidas están sesgando.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.


Señorías, estamos ante una propuesta, una moción del Grupo Parlamentario Popular -que se supone bienintencionada, y estoy en la convicción de que es así-, que realmente plantea una continuidad en las actuaciones que los distintos gobiernos -sin duda, también el actual- deben hacer para garantizar la seguridad viaria y evitar la alta siniestralidad de la que adolecen nuestras carreteras, una plaga que ha ido asociada al desarrollo del automóvil y, en definitiva, al aumento de vehículos que circulan por nuestras carreteras.


Nuestro Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés ha suscrito la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista que, sin duda, mejora la redacción propuesta inicial, que ya he valorado como positiva.


A diferencia del senador Maldonado, yo rompería una la lanza a favor de la señora ministra de Fomento, y le diría al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que no se preocupe porque estoy seguro de que los ministerios, tanto el de Fomento como el de Interior, responsables de la materia, no sólo van a cumplir con lo que hoy acordemos aquí, sino que, en realidad, ya están en ello, porque buena parte de lo que estamos planteando son temas en los que los están actuando. Por tanto, no hay ningún motivo para la desconfianza.
Antes al contrario, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo lo que debemos hacer y estamos haciendo es colaborar para mejorar la situación de nuestras carreteras y, sobre todo, para evitar accidentes que, en definitiva, es lo que pretendemos colectivamente.


En realidad, lo que pide la moción es que se identifiquen los llamados puntos negros o tramos de concentración de accidentes, ciertamente en la nomenclatura que usa el Ministerio de Fomento. Ya la Dirección General de Carreteras publica anualmente la relación de tramos de un

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kilómetro con tres o más accidentes a lo largo de un ejercicio en la Red de Carreteras del Estado. Por tanto, de alguna forma esa identificación ya se produce. La cuestión, en todo caso, estaría en si es necesaria la señalización de los llamados puntos negros o tramos de concentración de accidentes porque su eficacia puede plantear algunas dudas. ¿Por qué? Pues porque, entre otra cosas, los conductores, dicen los expertos, prestan poca atención a los mensajes de tipo genérico. Si se particulariza y concreta la señalización, incidiendo sobre la peligrosidad concreta en un tramo determinado, puede caerse en un incremento excesivo del número de señales en carretera, lo cual evidentemente también abunda en su poca eficacia. También hay motivos de causas de siniestralidad que pueden variar anualmente. Por tanto, esto obligaría a modificar la señalización. Por otra parte, el hecho de señalizar esos tramos de concentración de accidentes podía llevar también a que los conductores, en general, bajasen la guardia en el resto de tramos de las carreteras no señalizados, pensando que, si están bien identificados todos los tramos peligrosos, el resto no tendría ningún tipo de peligrosidad. En cualquier caso, esto no quiere decir que la señalización no sea oportuna. Hay señalización en carreteras y abundan y son necesarias las señales de peligrosidad.


Por lo que a nuestro grupo parlamentario nos parece un acierto la propuesta del segundo punto de la enmienda transaccional, en el sentido de avanzar en lo que ya están de hecho trabajando los ministerios de Interior y de Fomento, que sería el estudio de una experiencia piloto que se podría desarrollar para ver realmente la eficacia concreta y, en todo caso, adaptar el tipo de señalización a lo que sería la mayor eficacia posible en aras, precisamente, al objetivo inicial de la moción y de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de reducir la siniestralidad.


Por tanto, apostamos por la experimentación, por una experiencia piloto que permita una mejora real de la seguridad en nuestras carreteras.


Finalmente, compartimos la necesidad de que se plantee el diálogo y la colaboración con el resto de las administraciones, pues la Red de Carreteras del Estado no deja de ser una parte pequeña del conjunto de la red viaria de nuestro país. En consecuencia, que se impulse, como dice el texto de la transaccional, o que se avance en la colaboración con las administraciones autonómicas y locales para que la actuación no se limite a la Red de Carreteras del Estado sino que afecte al conjunto del sistema viario de nuestro país.


Por todo lo dicho, y por supuesto como firmantes de la enmienda transaccional, votaremos favorablemente el texto de la moción con la incorporación de dicha enmienda.


Muchas gracias, señor presidente. Gràcies, senyor president.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: Señorías, en primer lugar quiero manifestar en esta Cámara el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista como principal bastión de la acción del Gobierno de España en el desarrollo de todas aquellas medidas eficaces, pero también aquellas medidas estructurales que permitan mejorar la seguridad vial y la siniestralidad en las carreteras españolas. La seguridad vial ha estado, está y estará siempre en la agenda del Partido Socialista.


Señor Sanz Pérez, estamos totalmente de acuerdo, al igual que el resto de los grupos, en que la seguridad vial es importante porque todos los grupos tenemos un compromiso -y me consta- para disminuir la siniestralidad y evitar el sufrimiento de las familias. Para nosotros siempre ha sido una política de Estado. Concebimos la seguridad vial como una política integral para avanzar y que nos ha permitido durante estos años contemplar actuaciones no solamente correctivas sino también preventivas, que se han traducido en unos indicadores de los que sin duda estamos muy orgullosos desde el Gobierno socialista. Así, España es uno de los países de la Unión Europea en el que el número de muertes en carreteras y el índice de accidentabilidad han experimentado un mayor descenso en los últimos años. En concreto, a día de hoy llevamos un 20 por ciento menos de muertes que a igual período del año anterior, casi 500 muertos menos, y en todas las comunidades autónomas, con excepción de una, ha bajado la accidentabilidad y el número de muertes. Pero si tomamos las cifras de referencia del año 2003, donde teníamos del orden de 128 muertos en carretera por cada millón de habitantes, y vemos que ahora estamos en el entorno de 90, comprobamos que, sin duda, es una gran noticia porque nos permite situarnos en un estándar similar al que tiene la Unión Europea.


Además, desde el Gobierno socialista estamos aplicando recursos. Tengo que decirles que en materia de seguridad vial los recursos que se han aplicado en estos momentos están en el orden del 1,82 por ciento del presupuesto sobre el valor patrimonial de la red. Se partía de un 1 por ciento y vamos a llegar a un 2 por ciento, lo cual implica un incremento del 83 por ciento en actuaciones como mejora de la señalización, del alumbrado, de la reposición del firme o de la eliminación de los puntos o tramos de concentración de accidentes, o puntos negros, como se suelen denominar en el argot y a los que me referiré.


Además, el Plan estratégico de infraestructuras contempla el Plan sectorial de seguridad vial, un programa que incluye no solamente el tratamiento de todos los tramos de concentración de accidentes que se han detectado, 807, sino los que se vayan detectando con carácter anual, que son del orden de doscientos cincuenta. Dicho plan contempla también auditorías periódicas sobre las carreteras y la inclusión de un anexo en los proyectos de carreteras de seguridad vial; todo un hito que, como ha manifestado la ministra de Fomento en la sesión de la comisión del 5 de junio de 2008, nos ha permitido ya eliminar 498 puntos negros en la última legislatura y, además, vamos a seguir avanzando para eliminarlos todos porque tenemos este compromiso.


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Quiero destacar la diferencia entre los tramos de concentración de accidentes y los puntos negros. Así como los tramos de concentración de accidentes contemplan el especial riesgo de algunos emplazamientos considerando no solamente el tipo de vía, la intensidad o exposición al tráfico sino también la zona, los puntos negros solamente contemplan en un determinado tramo, en el entorno de 100 metros, la siniestralidad de ese año. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto más amplio que engloba los últimos cinco años y que nos permite lo más importante: detectar aquellos tramos en los que hay que actuar para disminuir el riesgo y, por tanto, el número de muertes. Y esto lo estamos haciendo.


Lo que les tengo que decir es que el concepto de tramos de concentración de accidentes es aplicable a la Red de Carreteras del Estado. Por lo tanto, este concepto, que ya lo están extrapolando algunas comunidades autónomas y que, a su vez, está homologado en la directiva de seguridad vial de la Unión Europea, es más amplio y que en estos momentos se está aplicando exclusivamente al 15 por ciento de las carreteras españolas, que son las carreteras nacionales cuando sería deseable extenderlo a toda la red de carreteras autonómicas y también locales.


Pues bien, el Ministerio de Fomento está identificando periódicamente los tramos de concentración de accidentes y actuando sobre ellos con programaciones de corto alcance, programaciones que permiten actuar, conservar, eliminar el riesgo y programaciones de más alcance con proyectos de actuación que permiten evitar este tipo de accidentes, pero -insisto- se van a tratar todos los tramos de concentración de accidentes identificados en la red no solamente con actuaciones correctivas sino también preventivas.


La enmienda transaccional contempla un punto tercero donde se recoge que la Red de Carreteras del Estado es la única red donde Fomento puede actuar. Pero, señorías, hay un conjunto de carreteras más amplio que representa el 85 por ciento: son las carreteras autonómicas y comarcales, locales, donde también se requiere actuar y donde el pacto de Estado implicaría asignar presupuesto a las diputaciones, a las comunidades autónomas, para evitar estos puntos que tienen un especial riesgo, siempre respetando la titularidad de la vía y en el marco multilateral que permita avanzar en este sentido. Creo que es importante y lo incorpora la enmienda transaccional en su punto tres.


También tengo que decirles que el Estado, en este caso el Gobierno de España, está incorporando presupuesto para mejorar la red viaria. En concreto, el Plan de Conservación y Explotación de Carreteras entre el año 2005 y 2012 tiene un presupuesto asignado de 11.000 millones de euros; un presupuesto que nos está permitiendo acometer grandes actuaciones, como es el caso de la eliminación de puntos negros o la mejora de autovías de la primera generación, la eliminación de los pasos de vía de los trenes; en definitiva, tenemos un conjunto de actuaciones que están permitiendo -como decía antes- disminuir la siniestralidad.


Quisiera centrarme especialmente en el punto dos. Gracias a la transacción realizada, en la nueva redacción de dicho punto se establece la realización de una prueba piloto experimental que permite, en primer lugar, realizar estudios para poder evaluar con rigor técnico el comportamiento de los conductores y la accidentalidad, así como analizar si fuese conveniente cualquier otra medida asociada para mejorar la eficacia.


Tengo que decirles que la señalización sin más no aporta valor añadido, según los expertos, no disminuye los accidentes, sino que se requieren actuaciones concretas. En primer lugar, se requiere algo que rompa la generalidad, que marque un hito singular que llame la atención de los conductores. Esto se logra más en la medida en que la señalización del punto negro o TCA va asociada a medidas por medio de las cuales el conductor es capaz de percibir una señal de alarma que prevalezca en el tiempo. En segundo lugar, una proliferación de señales tendría efectos perniciosos para los fines deseados. Al final, el conductor no distingue entre unas señales y otras. De ahí la importancia de realizar previamente esta prueba piloto. Al mismo tiempo, hay que señalar en cuanto a la perdurabilidad de la medida de señalización del punto, que los puntos negros tienen una representatividad del 5 por ciento de un año a otro; es decir, que solamente perduran un 5 por ciento, y este podría ser un elemento de confusión.


De ahí la importancia de realizar esta prueba experimental que el Gobierno llevará a cabo con la Dirección General de Tráfico. Tiene un plan concreto que extenderá la señalización previa, pero acompañada de...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, vaya concluyendo.


El señor GORDO PÉREZ: Termino ya, señor presidente.


Como decía, tiene un plan concreto que va a extender la señalización previa pero acompañada por la instalación de radares.


Por último, les agradezco a todos los grupos políticos que hayan posibilitado hacer de la seguridad vial un tema de Estado, en el que alcanzar el consenso, para evitar, como ha recordado hace un momento la ministra, la tragedia de muchas familias y para disminuir la siniestralidad no solo en las carreteras estatales sino también y necesariamente en las carreteras autonómicas y locales, y esto requiere el compromiso y el pacto en todos los ámbitos de las distintas administraciones.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Sanz.


El señor SANZ PÉREZ: Gracias, presidente.


Intervendré muy brevemente para mostrar, de entrada, la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la valoración que los grupos que han intervenido han hecho de la iniciativa que hemos presentado.


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Quiero mostrar muy especialmente mi satisfacción por el consenso alcanzado al final del debate. Es muy importante -ya lo dije al principio de mi intervención- que en una cuestión de tanta envergadura política, en una cuestión que arroja como primer dato que hay un elevado número de fallecidos en las carreteras de España, los grupos parlamentarios lleguen al consenso. Y si esto es importante, es aún más importante que el Gobierno cumpla lo que aprobamos hoy aquí, y espero que así sea, porque en relación con la mayoría de las iniciativas que parten del consenso de los grupos políticos, nos tienen acostumbrados a hacer caso omiso de lo que se plantea en esta Cámara. Yo espero que el Gobierno se ponga a la tarea con esta y otras iniciativas y dé cumplida respuesta a lo que vamos a aprobar en esta Cámara.


Quiero hablar sobre algunas cuestiones que se han mencionado. Sobre todo, quiero decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que nadie duda del trabajo que tanto este Gobierno como los anteriores han venido realizando ni de las políticas que han venido aplicando para mejorar la seguridad vial en las carreteras autonómicas, locales, provinciales o estatales; nadie duda de eso. Yo dudo, sin embargo, de la voluntad del Gobierno tras ver los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el Gobierno, en los presupuestos que pronto debatiremos en esta Cámara, ha incorporado 1.241 millones de euros para arreglar nuestras carreteras, para su conservación y explotación. Si comparamos esto con los 130 millones de euros destinados a eliminar puntos negros, sinceramente me parece una cantidad un tanto pequeña cuando se trata de abordar con seriedad y rigurosidad lo que hoy vamos a aprobar aquí.


Por eso, insto al Grupo Parlamentario Socialista a que vea las enmiendas que mi grupo parlamentario va a presentar y encuentre una enmienda de 800.000 euros que, sumados a los 131 millones de euros, permite incrementar la cantidad destinada a mejorar la seguridad en los llamados puntos negros.


Hay quien plantea que la señalización por sí misma no puede eliminar accidentes en estos puntos de concentración de accidentes, lo cual es obvio y yo lo he dicho al principio de mi intervención. Pero, senador Gordo, lo cierto es que hay radares ubicados en sitios no peligrosos y el RACE y Automovilistas Europeos Asociados han manifestado al Gobierno que el 23 por ciento de los radares no coinciden con los puntos negros en la carreteras responsabilidad del Ministerio de Fomento y donde es competente, también, el Ministerio del Interior.


Por lo tanto, muestro mi satisfacción pero al mismo tiempo reclamo y exijo al Gobierno y al Partido Socialista que le sustenta que aplique las medidas que considere oportunas para mejorar o eliminar la siniestralidad en las carreteras españolas. Creo que este es un objetivo compartido por todos, de hecho el consenso alcanzado hoy aquí va encaminado a la reducción de la siniestralidad. Es importante interiorizar que no hay que bajar la guardia y ser conscientes de que sigue siendo alarmante el número de siniestros y de muertos en las carreteras españolas.


Dicho esto, quiero hacer un reconocimiento público en esta Cámara ante una de las iniciativas de los últimos años que considero positiva. Se trata del reconocimiento a la plataforma Ponle Freno, que auspiciada e impulsada por Antena 3, Onda Cero y el periódico La Razón y con la colaboración de un número importante de expertos y colectivos, da cumplida cuenta del papel que juegan y han de jugar los medios de comunicación social en esa labor pedagógica de concienciación social.


Con todo esto, reitero la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por el consenso logrado e insto al Gobierno y al Partido Socialista a que en los próximos meses podamos ver que se han puesto manos a la obra y han impulsado esta iniciativa, y ojalá sea con la aprobación de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar a los Presupuestos Generales del Estado y podamos tener más recursos económicos para conseguir eliminar esos puntos negros.


Eso sí, velaremos, porque así se ha logrado el consenso, para que en esas conversaciones multilaterales se llegue a un acuerdo impulsado por el Gobierno para que ayuntamientos, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas también se pongan manos a la obra, porque tiene usted razón: el 80 por ciento de los puntos negros de las carreteras españolas es competencia de las comunidades autónomas y de los cabildos y diputaciones.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


La propuesta que se somete a consideración de la Cámara ha sido firmada por todos los grupos.


¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMPLIAR LA PISTA DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE LA ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (Número de expediente 662/000031).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): La siguiente moción es la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a realizar las operaciones necesarias para ampliar la pista de rodaje del aeropuerto de la isla de El Hierro.


A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo, ha llegado a la Mesa una enmienda transaccional firmada por todos los grupos, a excepción del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular sigue

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vigente. (Denegación.) ¿Ha firmado la enmienda transaccional? (El señor Ortiz Pérez pronuncia palabras que no se perciben.) En mi texto no está firmada. Por lo tanto, si el Grupo Parlamentario Popular confirma que la ha firmado, quiere decir que su enmienda decae y que solo existiría un único texto presentado por todos los grupos. (Rumores.)

Pasamos directamente al turno de portavoces.


En primer lugar, tiene la palabra el senador Quintero en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, autor de la moción originaria.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hoy presento una moción de vital importancia y trascendencia para el presente y futuro de la isla de El Hierro. Se trata de una moción que pretende ampliar la pista de rodaje del aeropuerto de la isla de El Hierro.


En 1962, el Cabildo Insular de El Hierro consiguió del entonces Ministerio del Aire el nombramiento de una comisión técnica que se ocupó de realizar los estudios técnicos necesarios para buscar la mejor ubicación de un aeropuerto en la isla de El Hierro. El lugar elegido fue el Llano de los Cangrejos, donde actualmente se sitúa el aeropuerto de El Hierro.


En abril de 1967, el Ministerio del Aire autorizó la construcción del nuevo aeropuerto y en febrero de 1968 se adjudicaron las obras a la compañía Entrecanales y Távora, con un presupuesto de 52 millones de pesetas de entonces. La pista de vuelo inicial iba a tener 800 metros de largo por 30 de ancho. No obstante, en el transcurso de las obras se realizó una mejora y se amplió hasta 1.005 metros.


Siendo inaugurado oficialmente el aeropuerto el 11 de noviembre de 1972, su primer vuelo regular se realizó el 19 de diciembre, con un avión Focker F-27, proveniente de Los Rodeos, Tenerife, en una jornada memorable e histórica para la isla de El Hierro. Dieciocho años después, en julio de 1990, Binter Canarias asumió el servicio aéreo con la isla; actualmente la única compañía que sigue operando en la misma con los aviones ATR-72, que relevaron a los veteranos F-27 de Transeuropa. Todo ello justificó la necesidad imperiosa de ampliar la pista de El Hierro en 245 metros más -para que las maniobras de aterrizaje y despegue de los nuevos aviones ATR se hicieran con seguridad, y para ello las obras comenzaron en 1991 y finalizaron en 1992.


En el año 2007, señorías, más de 116.000 pasajeros y más de 4.000 aeronaves transitaron por el aeropuerto de El Hierro, con lo que ello supone para una isla de poco más de 10.000 habitantes. En ese mismo año, el aeropuerto de la isla de El Hierro registró un crecimiento del 7 por ciento, el mayor de Canarias. Por este motivo, los diferentes sectores de la isla -institucional, empresarial, social, cultural y otros- creen de gran importancia y urgencia la conexión de la isla de El Hierro vía aérea con aeropuertos de la Península y de Europa, como pueden ser los de Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera. El Gobierno insular ya ha mantenido diferentes encuentros con compañías aéreas para empezar con los trámites que establezcan posibles vuelos con los grandes aeropuertos españoles y europeos, teniendo en cuenta que un estudio revela que, actualmente, más de 200 personas procedentes de Madrid llegan a El Hierro vía Las Palmas de Gran Canaria, vía Tenerife, cifra que se triplica en verano. Estos pasajeros nos visitan por diversos motivos: turismo, deporte, trabajo o salud.


Las compañías que han realizado esos estudios pertinentes señalan como único impedimento para su establecimiento la seguridad aérea, pues la longitud de la pista es demasiado corta para efectuar con garantías de seguridad las maniobras de aterrizaje y despegue. Actualmente, la pista de rodaje del aeropuerto de El Hierro cuenta con 1.250 metros y ninguno de seguridad. Por tanto, la pista no cuenta con ningún mínimo margen para un posible fallo, ya que los dos vértices de la pista dan al mar, con un corte brutal y radical de la pista, lo cual no permitiría abortar una maniobra de aterrizaje o despegue a ningún avión. Esto supone que muchos de los aviones que van a aterrizar en la isla de El Hierro aborten las maniobras y se cancelen muchísimos vuelos, como ocurrió la semana pasada con motivo de condiciones adversas mínimas. Incluso, esta situación condiciona que muchas veces los ATR-72 de Binter Canarias tengan que dejar pasajeros y equipajes en tierra, con el pasaje comprado y facturado, por la imposibilidad de llenar las 72 plazas de que disponen los ATR-72 en el caso de despegues en determinadas condiciones meteorológicas. En un archipiélago como el canario, señorías, y en la isla de El Hierro es fundamental el transporte para su desarrollo social, económico y cultural.


Aparte de la seguridad, otro de los factores fundamentales que hace necesario la ampliación de la pista actual es el ámbito económico, con el fin de que exista mayor competencia y se puedan reducir los costes. Les pondré en antecedentes: el coste actual de un pasaje de El Hierro a Tenerife, ida y vuelta, para un residente canario cuesta 72 euros y cuesta 72 euros porque el 50 por ciento del pasaje está subvencionado por el Estado; desgraciadamente, en la actualidad esta subvención no tiene reflejo en el coste para los usuarios, puesto que en 2006, con un 37 por ciento de subvención, los pasajes costaban más baratos que en la actualidad, en 2008, con un 50 por ciento. Esto es algo que nadie entiende, pero no es este el motivo de mi moción y, además, lo podremos debatir en otras ocasiones.


Como decía un presidente canario, en media hora se puede ir de Tenerife a El Hierro, con un coste de 72 euros para los residentes pero, ¿y los no residentes? A los no residentes les cuesta 144 euros. Señorías, esta cifra es excesiva para media hora de transporte. Hoy en día, desde Madrid, cualquiera de nosotros se puede trasladar a otro aeropuerto de Europa por menos de 144 euros. Les contaré una anécdota, el otro día tuve la oportunidad de viajar a Segovia -una ciudad fantástica, en la que nos atendieron muy bien- y me trasladé en el AVE, que creo que es un medio de transporte adaptado a nuestros tiempos, seguro, rápido y eficaz, pero sobre todas las cosas, señorías, me sorprendió una y es que los treinta minutos de viaje costa-

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ron 9 euros; 9 euros, el mismo tiempo de transporte por el que nosotros pagamos 72 euros, entre El Hierro y Tenerife. Les aseguro, señorías, que si en El Hierro dispusiéramos de ese transporte, yo no estaría planteando esta moción, pero como los territorios son diferentes, las realidades y las soluciones también lo son.


El Gobierno, en el plan director del aeropuerto de El Hierro, tiene prevista la ampliación de la terminal de llegadas para poder albergar 250.000 pasajeros al año. Nos parece una buena estrategia para la actualidad de la isla pero, como decía, creo que para poder llegar a esos pasajeros sería también necesaria la ampliación de la pista de rodaje.


Señorías, El Hierro, con apenas 278 kilómetros cuadrados, es la más pequeña de las islas Canarias y la más occidental del archipiélago y, hasta hace poco, era por donde pasaba el meridiano cero, por lo que se la reconoce. Se trata de una isla que en la actualidad es Reserva de la Biosfera y que está muy alejada del concepto de turismo de masas; una isla que defiende la calidad por encima de la cantidad; una isla donde el nuevo plan insular y los nuevos planes generales se han adaptado a la realidad social actual, económica y cultural del mundo globalizado en el que vivimos; una isla que necesita nuevas infraestructuras y nuevos centros para mejorar la calidad de vida, pero todo ello pasa por disponer de buenas comunicaciones y de un buen aeropuerto.


Nuestra isla dentro de poco tiempo contará con un proyecto único y piloto en el mundo, como es el caso de la central hidroeólica, lo que conllevará el autoabastecimiento de energía y de agua para todos los habitantes de la isla, sin la utilización de combustible alguno, gracias únicamente a las energías limpias. Este proyecto está financiado por fondos europeos, por fondos del Estado, del Gobierno de Canarias y del cabildo insular.


Además, he de decir que varias universidades españolas y americanas se han preocupado por el estudio de los fondos de la isla, conocidos en todo el mundo por su gran riqueza y el aprovechamiento que se podría hacer de ellos, así como por la instalación de centros de investigación de los fondos marinos.


Teniendo en cuenta la importancia que tiene el aeropuerto para el desarrollo de la isla de El Hierro y de la ciudadanía nos parece fundamental que las infraestructuras -y nuestro intento de ampliación del aeropuerto de El Hierro- den una respuesta integral no solo a la exigencia del tráfico y transporte de Canarias, de España y de Europa sino también y, sobre todo, a los requerimientos y necesidades de los usuarios de nuestro entorno.


Esta moción persigue además la máxima eficacia de los servicios aeroportuarios y prevé los espacios para la actividad y servicios que garanticen una oferta que potencie el aeropuerto como puerta de entrada de turismo nacional e internacional, con la superficie necesaria para las actividades complementarias; sin olvidar, señorías, lo que supondría para nuestra isla poder comunicarnos, por ejemplo, con Madrid, centro cultural de Europa.


No quiero aburrirles más, pero sinceramente deseo agradecer a todos los grupos parlamentarios de la Cámara la sensibilidad que han tenido hacia esta moción para llegar a un acuerdo, y también la sensibilidad personal que han mostrado los senadores con los que he tenido el honor de discutirla. Agradezco de verdad a todos que entiendan que la isla de El Hierro sufre la doble periferia. No solo estamos alejados como archipiélago canario, sino que, como digo, sufrimos una doble periferia.
Esta es una isla con singularidades que tiene que tener actuaciones singulares para sus habitantes.


Sin más, reitero sinceramente mi agradecimiento por su esfuerzo a todos los grupos parlamentarios de la Cámara con los que hemos llevado adelante esta negociación para llegar a un acuerdo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Corcuera.


El señor CORCUERA MUGUERZA: Gracias, señor vicepresidente.


Intervengo simplemente para mostrar la satisfacción de mi grupo parlamentario por el acuerdo alcanzado con esta moción, que creo que es de justicia aprobar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gracias, senyor president.


Intervengo únicamente para mostrar nuestro apoyo a esta moción.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Muñoz.


El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Moltes gràcies, senyor vicepresident.


(El señor senador continúa su intervención en catalán.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hablar de la isla de El Hierro es hablar -y el senador Quintero lo sabe mejor que nadie- de autenticidad y de valores naturales. Sin duda es uno de los espacios geográficos más bonitos que baña el océano Atlántico.


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Sus 278 kilómetros suponen un continuo contraste de paisajes de coladas de lava, pinares y grandes acantilados. Sin duda no es Segovia, senador Quintero -y yo soy segoviano-, pero no traslademos el tren de alta velocidad a El Hierro porque desde luego los ciudadanos herreños no nos lo podrían perdonar. En definitiva, el gran valor que tiene la isla de El Hierro es el de ser un auténtico paraíso natural y reserva de la biosfera, a lo que se une su encanto y también la hospitalidad de la población herreña. Y este activo natural se convierte en su mayor activo económico.


La economía se fundamenta en estos momentos en la agricultura y en la ganadería, pero también cada vez más en el turismo; un turismo sostenible -algo que no hemos de perder de vista-, un turismo que disfruta, como reza el eslogan del cabildo, de una isla de tranquila diferencia, porque si algo tiene El Hierro es tranquilidad y adoración por la naturaleza.
Por ello creo que debemos ser extremadamente rigurosos y prudentes a la hora de proyectar cualquier tipo de infraestructura, como es la ampliación del aeropuerto.


El actual aeropuerto, con 1.250 metros de pista -lo ha dicho usted-, ha contribuido sin duda al desarrollo económico y social de la isla, pero con sostenibilidad. Es decir, que en este momento la isla de El Hierro es una referencia de sostenibilidad.


Según los datos que me proporciona el Ministerio de Fomento, actualmente salen de la isla de El Hierro aproximadamente 93.000 viajeros, cifra esta que incluso puede aumentar algo más, pero siempre garantizando esa sostenibilidad. El Gobierno encargó en su día un plan director para ver las posibilidades de ampliación del aeropuerto. Dicho plan constituía un documento de planeamiento en cuanto actuaciones a desarrollar al máximo sobre la base de las perspectivas y de distintos escenarios; un borrador, además, que contemplaba las alegaciones de todas las administraciones que tenían responsabilidades sobre la ordenación. Y contempla actuaciones necesarias para satisfacer la demanda prevista con dos objetivos: garantizar la seguridad aérea y un alto nivel de calidad.


Este plan director prevé también actuaciones que son coherentes con las directrices de ordenación del territorio y con las directrices de ordenación turística. Por ejemplo, recojo dos: fundamentalmente el uso eficiente de infraestructuras, pero también la planificación estable a medio y largo plazo, de tal manera que evitemos cualquier agresión medioambiental. Para ello contempla dos alternativas: la ampliación de la pista, de tal manera que permita intercambios con los principales aeropuertos de Europa y de la Península, y también un crecimiento pero manteniendo la actual pista.


Pues bien, en el caso de ampliación de pista para recoger vuelos que tengan una distancia superior a 3.700 kilómetros, la conclusión del plan director es que se necesitaría una pista de 1.800 metros; teniendo en cuenta que el actual tiene 1.250, la conclusión contundente es que ello implicaría un elevado impacto medio ambiental porque conllevaría incrementar la longitud de cabecera en dirección a La Caleta o hacia la población de Valverde. En ambos casos, la ampliación a Tamaduste o hacia La Caleta supone rellenar el mar o bien crear una gran plataforma, en algún caso con una altura superior a 30 metros, y quitar el terminal actual, con lo que ello implica de no respeto a las limitaciones de navegación aérea en cuanto a superficies limitadas de obstáculos.


El plan director hace un análisis sensato al diferenciar las distintas alternativas, desechando todas aquellas que por su alto impacto ambiental pueden crear problemas. Pero además contempla la idea de potenciar los vuelos interinsulares utilizando los Hub de comunicación de los dos grandes aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife.


Es cierto que los tiempos cambian, que la comodidad y el acercamiento hace necesario a veces mantener dinámicas continuas, pero con ese límite común que es el mantenimiento y la sostenibilidad. En este sentido, tengo que reconocer y agradecer al senador don Narvay Quintero el talante que ha puesto de manifiesto en el acuerdo, porque usted estaba planteando la opción, que ha reconsiderado, de ampliar la pista en 800 metros, lo que nos llevaría a una pista de 2.025 metros que, sin duda, tendría un fuerte impacto no solamente ambiental, sino también de ruido en las dos poblaciones más cercanas.


Parece lógico que la enmienda transaccional, tal y como se recoge, insta al Ministerio de Fomento a que AENA inicie a lo largo de 2009 el análisis económico, social y medio ambiental que tendría la ampliación de la pista de vuelo del aeropuerto de El Hierro, y que se acuerde, con las conclusiones obtenidas, plantear las actuaciones a realizar para su mejora y, en su caso, incorporación al plan director. Parece un planteamiento muy sensato, que si realmente demuestra que no tiene impacto medioambiental y social, se pueda incorporar al plan director y, por tanto, llevarlo a cabo.


Tengo que decir, en todo caso -y usted es herreño y yo soy segoviano-, que los habitantes de El Hierro no nos perdonarían nunca que no se respetase siempre, con una exquisita sensibilidad, el equilibrio entre el medio ambiente y la necesidad de la isla en cuanto a ampliación de instalaciones.

Hoy más que nunca es obligado guardar y mantener esos valores medioambientales que tienen las islas afortunadas, especialmente la isla de El Hierro. Con este paso, y también con la puesta en escena y la transacción del resto de los grupos parlamentarios, estamos contribuyendo desde el Parlamento, desde el Senado, a mejorar esa sostenibilidad, pero también a dar los pasos de una manera ordenada.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Luzardo.


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La señora LUZARDO DE LEÓN: Gracias, señor presidente.


Ruego a sus señorías que me disculpen si en algún momento me falla la voz, pero las gripes tenemos que pasarlas.


Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, para defender nuestra posición respecto de la moción del senador Quintero, relacionada con la solicitud de inicio de estudios técnicos para conseguir la ampliación de la pista de El Hierro y que facilite las conexiones directas con la Península y el centro de Europa. Lamento que la enmienda que presentó mi grupo en la que solicitaba también el inicio de los estudios técnicos para que se ampliara la pista de Lanzarote, una cuestión que ahora está generando bastante debate en la isla, haya decaído y no haya salido adelante.


El aeropuerto de Lanzarote tiene actualmente ciertas limitaciones reconocidas por el propio plan director, ya que la longitud de la pista restringe su utilización para ciertos tipos de aeronaves grandes, así como el radio de acción para algunas aeronaves medias, circunstancias que limitan la capacidad de atención a la demanda del aeropuerto. Eso hace que actualmente la pista no dé suficientes garantías para las maniobras de aterrizaje y despegue, y sus cortas dimensiones obliguen a reducir la cantidad de combustible para aliviar el peso del aparato y reducir la carga, con lo que algunos vuelos de más de seis o siete horas de duración deben hacer escalas técnicas desde el destino para repostar.


El objetivo de las instituciones de Lanzarote no es sólo contar con turistas que nos vienen de la Península y de Europa, sino que se pretende contar con turistas de países más lejanos. Las limitaciones de la pista los desvían a otros aeropuertos con mayor capacidad de carga y de horas de vuelo. Varias compañías aéreas ya han expresado sus quejas a AENA por las características del campo de vuelo. Hace pocos días, señorías -ustedes lo saben porque fue una noticia difundida ampliamente en los medios de comunicación-, ocurrió un incidente cuando un Boeing 737 de la compañía Air Europa procedente de Glasgow, con 74 personas a bordo, se salió de la pista al aterrizar por la pista 21, que es la cabecera norte, quedando a escasos metros de la playa de Guacimeta. Afortunadamente, todo se quedó en un susto para los pasajeros, pero se pusieron en evidencia las limitaciones de la pista, además de que el tráfico aéreo quedó interrumpido durante más de tres horas.


Desde hace varios años está abierto el debate en la sociedad conejera, sobre todo en los sectores empresariales y sociales, de las necesidades perentorias de ampliar la pista de vuelo para aumentar la capacidad operativa del aeropuerto, suscribiéndose incluso un convenio entre la Cámara de Comercio, el cabildo y los ayuntamientos donde está ubicado el aeropuerto: San Bartolomé y Tías. Se pretende consensuar entre todas las instituciones una propuesta para enviarla al Ministerio de Fomento al objeto de que sea incluida en el plan director del aeropuerto.


Señor Quintero, lamento que esta enmienda de adición del Grupo Parlamentario Popular en la que se solicita también la ampliación de la pista de Lanzarote no haya salido adelante. A mí me sorprende, señor Quintero, que un herreño dé la espalda a los conejeros. Estamos hablando de las islas Canarias, curiosamente de dos islas menores que compartimos muchos de los problemas. La verdad es que yo sabía que el señor Zapatero siempre da la espalda a Canarias, pero no esperaba -y se lo digo mirándole a la cara con cariño porque es canario, pero también con cierta decepción- que no aceptara esta enmienda para la mejora del aeropuerto de Lanzarte. Yo creo que ha sido insolidario con Lanzarote, pero, desde luego, Lanzarote y el Grupo Parlamentario Popular no van a ser insolidarios con El Hierro.


El Grupo Parlamentario Popular se suma al texto de la enmienda transaccional, a pesar de considerarla bastante ambigua e insuficiente.
Creo que su señoría no ha defendido con suficiente calor, como el que tenemos en Canarias, su moción. Y, como digo, la enmienda es bastante ambigua porque usted sabe que no explicita que esos estudios o informes técnicos han de tener como finalidad garantizar las conexiones directas entre la isla El Hierro y la Península o el resto de Europa.


Después de escuchar al portavoz socialista la solicitud de inicio de esos estudios técnicos, quizá al final se pueda llegar a la conclusión de que lo que hay que hacer es potenciar los enlaces a través de Gran Canaria y Tenerife, aunque usted sabe que esa no es la solución para ninguna isla.


Los canarios siguen estando a dos horas y media de la Península y a cuatro y media de los países del centro de Europa. Si salimos en vuelo directo desde cualquiera de las siete islas, tardaremos ese tiempo. Sin embargo, mientras nosotros seguimos así, en el resto de la Península, tras las inversiones realizadas en los últimos años en los trenes de alta velocidad y en la red de carreteras, el tiempo entre las distintas ciudades se ha acortado. Nosotros seguimos tardando dos horas y media, como hace cuarenta años, cuando las grandes aeronaves comenzaban a llevar pasajeros de un lado a otro.


Creo que hay que ser ambiciosos, hay que luchar por que cada isla tenga conexiones directas. Desde luego, me comprometo a presentar una moción en esta Cámara al respecto y trataré de convencer a todos los grupos para que se apruebe, entendiendo que los estudios técnicos necesarios han de ir en la línea encaminada a ampliar las necesidades de pista que tiene el aeropuerto de Lanzarote. Y, desde luego, estaré pendiente con lo que pase en El Hierro, porque yo creo, senador Quintero, que usted ha aceptado muy pronto las rebajas, y las rebajas, señoría, llegarán en enero.


Gracias a todos. Reitero que mi grupo apoyará la enmienda transaccional.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


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Todos los grupos, tanto los que han presentado la enmienda transaccional como el Grupo Parlamentario Popular, que dice que la apoyará aunque no la había firmado, están de acuerdo.


¿Es posible aprobarla por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS (Número de expediente Senado 621/000002 y número de expediente Congreso 121/000002).


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, COMPLEMENTARIA DE LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS. (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES QUE IMPONGAN SANCIONES PECUNIARIAS) (Número de expediente Senado 621/000003 y número de expediente congreso 121/000003).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Siguiente punto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.


Tenemos dos de la Comisión de Justicia: uno, en relación con el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, y el otro, en relación con el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.


Se efectuará un debate único, por acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces, sobre las dos leyes.


Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia.


El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como presidente de la Comisión de Justicia tengo el honor de presentar ante el Pleno los dictámenes de la comisión sobre el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.


El proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, tuvo su entrada en esta Cámara el día 10 del pasado mes de octubre, fecha en que se publicó también en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas terminó el pasado día 22 de octubre. A este proyecto de ley se presentaron 21 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 20 del Grupo Parlamentario Popular.


La comisión se reunió para dictaminar el día 30 de octubre. En dicha sesión fueron aprobadas la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las números 2, 6, 8, 9, 10, 14 y 15, del Grupo Parlamentario Popular, así como dos enmiendas que fueron transaccionadas fundamentadas en las enmiendas números 5 y 16, también del Grupo Parlamentario Popular, y algunas correcciones de estilo. En cambio, fueron rechazadas las demás enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


El proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, tal y como se somete a debate y votación del Pleno del Senado, consta de 19 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, tres disposiciones finales y un anexo, precedidos de un preámbulo.


Han presentado votos particulares para su defensa en el Pleno el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.


En cuanto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, que se somete también en este acto a la consideración del Pleno, al igual que el anterior tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 10 de octubre, fecha en la que también se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 22 de octubre. A este proyecto de ley se presentaron dos enmiendas, ambas del Grupo Parlamentario Popular.


La comisión se reunió para dictaminar el día 30 de octubre. En dicha comisión fue aprobada una enmienda transaccional fundamentada en la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popular, introduciéndose también una corrección de estilo. La enmienda número 2, asimismo del Grupo Parlamentario Popular, fue rechazada.


Este proyecto de ley orgánica, tal y como se somete a debate y votación del Pleno del Senado, consta de un artículo único y una disposición final, precedidos también de un preámbulo.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un voto particular para su defensa en el Pleno.


Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor presidente.


Anteriormente me han dicho que nadie quería usar el turno a la totalidad y, por lo tanto, pasamos al turno de defensa de las enmiendas.


A efectos de información, comunico que el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista ha sido retirado, por lo que pasamos a defender el voto particular del Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra el senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, agradezco al portavoz de mi grupo parlamentario y al portavoz de la Comisión de Justicia de mi grupo que me hayan permitido subir a esta tribuna por primera vez en esta legislatura para defender las enmiendas que quedaron vivas en la Comisión de Justicia, celebrada el pasado día 30 de octubre, de los primeros proyectos de ley que han entrado en esta Cámara en la presente legislatura: el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias.


Asimismo, agradezco al resto de grupos parlamentarios que de las 20 enmiendas que mi grupo parlamentario presentó al proyecto de ley, nueve fueran admitidas, dos de ellas transaccionadas, y de las dos enmiendas que presentamos al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otra también lo fue. Seguidamente, pues, paso a defender las que quedaron vivas.


Los presentes proyectos de ley tienen un principal contenido procesal y pretenden alcanzar una correcta transposición a nuestra legislación nacional del contenido de la Decisión marco 2005/214, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.


Nos encontramos ante un paso más de la puesta en marcha de la que supone una quinta libertad comunitaria. Después de la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, nos encontramos con la quinta libertad, que es la libre circulación de sentencias y títulos judiciales, en un avance en el espacio europeo de libertad, justicia y seguridad en la Unión Europea.


Así pues, el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que imponga sanciones pecuniarias presenta como objetivo fundamental establecer los instrumentos necesarios para garantizar la recaudación de las multas impuestas con carácter firme de un Estado miembro por otro Estado, que será el de residencia del ciudadano comunitario, bien entendido que dichas sanciones pueden corresponder tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Si bien el avance en esta materia ha sido lento, dada la tardanza en la transposición de la decisión marco de febrero de 2005, indudablemente la viabilidad del proyecto dependerá también de que nuestros juzgados y tribunales se encuentren dotados de medios e instrumentos eficientes y eficaces para hacer frente a tales ejecuciones. Actualmente, nuestros órganos jurisdiccionales carecen de estas herramientas, con gravosas demoras en la ejecución de sentencias, tanto en el ordenamiento civil como en el penal. Entendemos que para una correcta transposición de la decisión se deben realizar las matizaciones que indicamos. No obstante, les anuncio el voto favorable de mi grupo parlamentario a ambos proyectos de ley.


No hemos de perder de vista que los destinatarios de los anteproyectos son los órganos jurisdiccionales españoles pertenecientes al orden penal, y que la más adecuada transposición de la norma comunitaria en modo alguno se consigue por medio de la simple reducción de sus proposiciones sino que, por el contrario, exige un importante esfuerzo de adaptación de sus contenidos materiales con el fin de conseguir su asignación a las instituciones jurídicas, sustantivas y procesales propias de nuestro país.


Siguiendo el orden del día, comenzaré por defender, en primer lugar, las enmiendas al proyecto de ley y, posteriormente, la enmienda al proyecto de ley orgánica.


La primera enmienda al proyecto de ley es de modificación a todo el proyecto. Proponemos sustituir en todo el texto del proyecto las expresiones «autoridades judiciales» por la de «juzgados y tribunales», «resoluciones firmes» por la de «sentencias firmes» y «sanciones pecuniarias» por la de «pena de multa». Señorías, la justificación de esta enmienda se encuentra en una mejora técnica.


Como señala el informe emitido al respecto por el Consejo General del Poder Judicial, la terminología que emplea el articulado se presenta excesivamente sumisa a las modalidades léxicas y técnicas de expresión que utiliza la norma comunitaria, modalidades que se caracterizan por una cierta vaguedad o generalidad, comprensible en el instrumento comunitario si se tiene en cuenta que va dirigido a instituciones jurídicas dispares, pero que resulta extraña, e incluso inapropiada, en el contexto del ordenamiento sustantivo y procesal español, en el que, como es sabido, una resolución que imponga penas solo puede adoptar la forma de sentencia, y no existe otra modalidad de sanción pecuniaria que la pena de multa en la modalidad de multa por cuotas temporales o multa proporcional.


Señorías, sanciones pecuniarias solo las imponen las autoridades administrativas, la Administración pública, y el concepto de multas engloba tanto las que impone la Administración como los órganos jurisdiccionales. Hablando de sanciones, estamos dejando fuera a las autoridades judiciales. Señor presidente, los jueces, a no ser que se trate en el ejercicio de su función gubernativa, no sancionan, absuelven o condenan, y, en todo caso, imponen multas, pero nunca sancionan.


La enmienda número 3 al proyecto de ley lo es también al artículo 1.2, segundo párrafo del texto, donde abogamos por la supresión del último inciso del último párrafo de dicho artículo 1.2; esto es, donde se indica que en todo caso se exigirá que esa resolución hubiera sido recurrible ante órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal en dicho Estado, y ello es así por pura lógica. Al exi-

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girse que la resolución será necesariamente recurrible ante la justicia ordinaria, se están dejando fuera aquellos casos conocidos en única instancia por el Tribunal Supremo, que no son pocos, y que no tienen posibilidad de recurso ante la instancia ordinaria superior. No tiene sentido privar a un título judicial, expedido por el Tribunal Supremo, por ejemplo, como consecuencia de un arbitraje interno o internacional, muy común en la práctica comercial europea y recurrible en casación, que no pueda llegar a ejecutarse en el país de residencia del ciudadano a quien le ha sido impuesta la multa o sanción.


La enmienda número 4 hace referencia al artículo 4 del proyecto de ley.
Dicho precepto regula la competencia de las autoridades españolas. Como es por todos conocido, las normas de competencias son normas esenciales, pese a su carácter instrumental. Solo un cabal conocimiento del órgano judicial competente permitirá culminar la cooperación internacional de manera válida, ágil y operativa. En tal sentido, el proyecto presenta varios defectos esenciales a mi modo de ver. En primer lugar, no se establece con claridad que la competencia para todos los actos de ejecución corresponde a un solo juzgado español y no a varios. En segundo lugar, establece varios criterios para determinar la competencia pero no fija la preeminencia entre ellos. En tercer lugar, no fija la competencia en el supuesto de que todos los recursos económicos se encuentren ocultos.


Por otro lado, para determinar la competencia entre los distintos juzgados que pueden estar afectados, proponemos la regla de preeminencia del domicilio o residencia habitual de la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción económica. En la eventualidad de que tal residencia no se ubique en España, es cuando deberían entrar en funcionamiento una serie de reglas supletorias, siendo preferente la del lugar donde se encuentre la fuente periódica de ingreso, por dar una preferencia a la ejecución sobre dinero líquido respecto a los bienes que haya que vender o realizar. Y para los casos en que la ejecución se recibiera por fundadas sospechas de actividad económica en España, sin constatación de residencia o bienes concretos, habría de serlo el juez de lo Penal del territorio en el que se ubique la principal fuente de inferencia.


El proyecto establece la posibilidad de comunicación, asimismo directa, entre el órgano judicial emisor y el órgano de ejecución, y ante esta realidad la decisión marco dispone en su artículo 6.6 que, cuando una autoridad del Estado de ejecución que reciba una resolución no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su ejecución, la transmitirá de oficio a la autoridad competente e informará de ello a la autoridad competente del Estado de emisión. Por ello, entendemos que la previsión que recoge el artículo 13.3 del proyecto de ley, en una ubicación sistemática que se muestra inadecuada, debe entenderse como más conveniente la ubicación de la norma en este artículo 4 que proponemos.


La enmienda número 7 afecta al artículo 8, en su apartado 3 del proyecto de ley, e indicamos la supresión, como ya hicimos en la comisión, de la expresión: «o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado». Y ello encuentra su justificación en que, si estamos tratando de un proyecto de ley que va a ser de obligado cumplimiento solo para aquellos órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, es claro que el enunciado de la primera parte del mismo párrafo y precepto que obliga a la traducción a una lengua oficial del Estado, es al Estado ad quem. Esto implicará en todo caso que va a ser asimismo una lengua oficial de las instituciones comunitarias. Se trata, pues, de una pura redundancia. Mi grupo parlamentario también tuvo la oportunidad de defenderlo en la Comisión de Justicia al asumir la enmienda número 21 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y lo hicimos en cumplimiento y en coherencia con el artículo 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce que las actuaciones judiciales presentadas en idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia.


La enmienda número 11 afecta al artículo 12.2 y es de supresión. Mediante esta enmienda, señorías, advertimos que se está contradiciendo el apartado segundo del precepto con el carácter taxativo del apartado anterior, sin acogerse al principio de reciprocidad.


La enmienda número 12 hace referencia a la modificación que proponemos al artículo 13.1 del proyecto de ley, indicando que se haga expresa referencia, después del correo certificado, al correo electrónico, al ser este mucho más comúnmente utilizado.


La enmienda número 13 pretende la aprobación de un apartado nuevo al artículo 13 del proyecto de ley. De esta manera, entendemos que debe añadirse un nuevo apartado 4 en el que se indique lo siguiente: «Recibida la solicitud, el juez o tribunal dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal para que, con carácter previo a la adopción de la decisión judicial, emita informe favorable o desfavorable, al reconocimiento de la sanción», para no dejar fuera al Ministerio Fiscal en la existencia de este procedimiento.


En cuanto a la enmienda número 17, hace referencia a una modificación al artículo 15.1 del proyecto de ley, y ello, señor presidente, porque el precepto hace referencia a los profesionales que pueden estar presentes en la ejecución, y en concreto a que el ejecutado pueda serlo sin la presencia de asistencia letrada. Pues bien, proponemos modificar la expresión «asistencia letrada» por la de «postulación procesal», y ello es así porque, tal y como se dice en el propio párrafo, se prevé que el ejecutado pueda contar con la presencia de ambos profesionales para la representación y defensa de sus intereses, esto es, se está expresando que pueda haber tanto procurador, quien ostenta la representación, como abogado, que posee la defensa técnica. De esta manera, el concepto procesal idóneo es el de postulación procesal, toda vez que el propio párrafo se refiere a ambos profesionales y no excluye a la representación procesal de la parte.


Por la enmienda número 18 se propone modificar el apartado cuatro del artículo 16. Entendemos que al final del precepto se debe añadir la expresión «...con indepen-

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dencia de que el pronunciamiento haya sido objeto de confirmación posterior», y ello porque el propio significado del término imponer, el hecho de que corresponda al juez de instancia la determinación de la extensión de la multa y el que la resolución de alzada no haga sino revisar la legalidad y oportunidad de la decisión inicial, justifica que debamos estar a la fecha de la sentencia de instancia, salvo en los supuestos en los que la sanción pecuniaria sea impuesta o reformada en alzada. La posición debe quedar clara en la ley.


La enmienda número 19 lo es al artículo 17.1. En ella proponemos un añadido en el segundo apartado del párrafo primero, donde se dice: «En ningún caso se aplicará como sanción alternativa la privación de libertad». Ello es así porque, de actuar tal y como recoge el apartado del proyecto de ley, se está dando entrada a la prisión por deudas, proscrita, como es por todos conocido, por nuestra legislación en el artículo 25, apartado 3 de la Constitución. No puede haber una excepción que suponga privación de libertad ante el impago de una multa o sanción, y de no eliminarse el párrafo que proponemos el proyecto de ley está permitiendo que el juez de lo penal, que puede ejecutar títulos judiciales, no solo penales sino también civiles o administrativos, pueda sustituir el impago por la privación de libertad.


La enmienda número 20, al artículo 19 del proyecto, trata sobre los recursos susceptibles en el procedimiento. Con la presentación de esta enmienda pretendemos simplemente que se amplíe el plazo existente de cinco días a quince al hacerse referencia a que en el procedimiento lo vemos muy corto dada la tramitación que se exige.


Por último, en la enmienda número 2 al proyecto de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial pretende la modificación del artículo único. Dos, de modificación del artículo 89 bis, apartados 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, proponemos que se añada la palabra «judiciales» tras la de «autoridades»...


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya.


El señor ALTAVA LAVALL: Sí, muchas gracias, señor presidente.


... y ello porque existe una competencia exclusiva y excluyente en favor de las autoridades judiciales que, en todo caso, se debe respetar.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


¿Turno en contra de las enmiendas?

Tiene la palabra el señor Pestana.


El señor PESTANA PADRÓN: Señor presidente, solicito la acumulación de los tiempos.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): No, el turno en contra lo tiene que consumir ahora. Luego puede disponer de su tiempo de cinco minutos para seguir haciendo el turno en contra, pero el contenido de los cinco minutos finales no los puede acumular.


Tiene su señoría la palabra.


El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


Repito que el Grupo Parlamentario Socialista retira el voto particular al dictamen de la comisión en relación con la enmienda número 21, de Convergència i Unió, para que quede constancia en el acta.


También quiero pedirle benevolencia al señor presidente porque, dado que el número de enmiendas es importante, necesitaré un tiempo proporcional.


Señorías, intervengo, en primer lugar, para manifestar la posición de nuestro grupo en relación con las enmiendas que permanecen vivas hasta este instante y que fueron rechazadas en comisión porque nuestro grupo, si bien aceptó un número importante -fueron siete-, y transó otras tres -dos, en el proyecto de ley ordinaria y una en la orgánica-, considera que las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara hasta este instante -un total de 12 enmiendas, 11 en la ordinaria y uno en la Ley orgánica- empeoran los textos y llegan a producir contradicciones con los objetivos de la norma europea o con la propia legislación española. Espero que el resto de grupos de la Cámara también atiendan los argumentos que el Grupo Parlamentario Socialista va a exponer en estos momentos.


Lamento que nuestras reflexiones expresadas en comisión no hayan servido para que el Grupo Parlamentario Popular retirara sus enmiendas en la misma medida en que el Grupo Parlamentario Socialista reflexionó sobre las que se aprobaron y permitieron su incorporación al texto de los proyectos de ley. Lamento que el Grupo Parlamentario Popular no haya reflexionado en la misma medida.


En la enmienda número 1 se propone que se cambien en todo el texto del proyecto las expresiones «autoridades judiciales» por la de «juzgados y tribunales», la de «resoluciones firmes» por la de «sentencias firmes» y la de «sanciones pecuniarias» por la de «pena de multa».


Señorías, esta observación ya fue formulada por el Consejo General del Poder Judicial, y hemos entendido que tales cambios eran y son innecesarios toda vez que los utilizados en el anteproyecto son los mismos que los empleados por la decisión marco 2005/ 214 del consejo, de 24 de febrero, que se transpone a nuestro derecho y no inducen a confusión.


Señorías, la cooperación judicial penal tiene una terminología que habría de ser más abierta por cuanto ha de coordinarse con las figuras que regulan los ordenamientos de los demás países de la Unión Europea, y no emplear una terminología de la legislación española, pues no hay que olvidar que nos referimos también a decisiones judiciales o administrativas gubernativas extranjeras.


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El empleo de «autoridades judiciales» nos parece más genérico que el de «juzgados y tribunales». Además, se corresponde con la enmienda transada con el Grupo Parlamentario Popular, por lo que no entendemos por qué se mantiene todavía.


La expresión de «resoluciones firmes» es más adecuada porque no hay que olvidar que no todas las resoluciones a reconocer son sentencias judiciales. No olvidemos la posibilidad de reconocimiento de las resoluciones de las autoridades administrativas cuando tal resolución pueda ser recurrida judicialmente en la vía penal.


La de «sanciones pecuniarias» es la más adecuada porque es más amplia que la de «pena de multa», y se ajusta. Volvemos a insistir en que aquí no entendemos la postura del Grupo Parlamentario Popular, porque no se ajusta a las previsiones de la decisión marco, cuyo artículo 1.b) incluye otros conceptos significativamente distintos de los de la pena de multa, tales como las sanciones administrativas, las costas judiciales, la compensación en beneficio de las víctimas, la cantidad de dinero impuesta para su abono a un fondo público o a una organización de apoyo a las víctimas, tal y como correctamente realiza, además en esa norma, el artículo 3.2 del proyecto de ley del que hablamos.


En consecuencia, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se opondrá y votará en contra de la admisión de esta enmienda que empeora claramente el texto y viola el contenido de la decisión marco.


La enmienda número 3 propone la supresión del último inciso del artículo 1.2 del proyecto, en el que se exige la resolución que no proceda de órganos judiciales de otro Estado miembro de la Unión que debiera ser recurrible ante los tribunales del orden penal. Esta supresión va en contra de la propia decisión marco, cuyo artículo 1a), apartado tercero, exige que la resolución emane de una autoridad del Estado distinta de un órgano jurisdiccional respecto de hechos punibles con arreglo al derecho nacional del Estado de emisión por constituir infracción a normas legales, siempre que la persona afectada haya tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, asuntos penales. Por eso nos sorprende que la traslación de esa norma de la decisión marco se pretenda eliminar del texto de la ley. Como consideramos que la enmienda violaría la decisión marco y empeoraría el texto de la ley, anunciamos nuestro voto en contra.


En la enmienda número 4 se propone una nueva redacción del artículo 4, referido a las autoridades judiciales españolas competentes, y cuyos cambios principales son los siguientes: efectuar una prelación de los criterios que determinan la competencia territorial de los jueces de lo penal, atribuir competencia para la ejecución de las sanciones pecuniarias al Juzgado Central de lo Penal cuando sean de competencia de la Audiencia Nacional y la remisión, por el juez de lo penal que reciba una resolución y no sea competente para su ejecución, al que sí lo sea.
Estos tres cambios merecen apuntes separados, expresiones separadas.
Respecto a la primera de ellas, la prelación de criterios viola por completo las establecidas en la decisión marco, en el artículo 4.1, y, por tanto, debemos atenernos a los criterios de prelación que establece dicha decisión marco.


En relación con el segundo de los cambios propuestos, la competencia del Juzgado de lo Penal, no fue solicitada ni por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal. Si los propios órganos judiciales no lo han pedido, no nos parece aceptable admitirlo.


Por último, la remisión al juez de lo Penal competente ya se regula en similares términos en el artículo 13.3 del proyecto de ley, por lo que no parece necesario tener que repetirlo. Es más, la sistemática actual es la más adecuada, puesto que las normas generales señalan la competencia de los jueces de lo Penal, y el artículo 13 ya se incluye entre aquello que habrá de ser su actuación concreta en cada caso, donde se indica la actuación pertinente cuando no exista esa competencia territorial. Por todo ello, y considerando que le enmienda empeoraría gravemente el texto, anunciamos nuestro voto en contra.


Enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Pretende la supresión, en el apartado 8.3, del inciso en el que se dice: «o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado». Mostramos nuestro desacuerdo porque viola claramente la previsión de la decisión marco, cuyo artículo 16 señala que cualquier Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la presente decisión marco, bien en una fecha posterior, estipular en una declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo que aceptará traducciones a una o varias de las otras lenguas oficiales de las instituciones europeas. Es posible teóricamente que un Estado europeo permita, además de en su lengua oficial, el traslado de las resoluciones a otra de las lenguas oficiales en la Unión Europea. No entiendo tampoco por qué se empeña el Grupo Parlamentario Popular en el Senado en suprimir este apartado.


La enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se refiere a la supresión del apartado 2 del artículo 12. Entendemos que debe rechazarse por ir en contra del funcionamiento de los dos supuestos de no exigencia de la doble tipificación y de su control, pues el precepto pretende convertirse en una cláusula residual que permite a la cooperación judicial ir más allá de los tipos señalados inicialmente en la decisión marco. Además, se corresponde plenamente con el artículo 5.3 de la decisión, que permite dicha cooperación pero supeditando el reconocimiento a que constituyan infracción, lógicamente, en el derecho del Estado al que se le solicita la ejecución de la resolución.


La enmienda número 12 se refiere a la inclusión en el último párrafo del artículo 13.1 de la referencia al correo electrónico, junto a los demás medios de comunicación. El problema, que nos planteó muchas dudas, es que esa referencia se entiende comprendida en los términos ya empleados en la norma de medios informáticos o telemáticos, a los que se exige firma electrónica y verificación de autenticidad, sin que en la redacción propuesta en la

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enmienda quede claro el cumplimiento de esos requisitos. Además, los términos son mucho más genéricos que los previstos en la ley, y la referencia al correo electrónico impediría la incorporación de otras nuevas modalidades que permitan transmitir las resoluciones con esa seguridad y certeza. Entendemos, pues, que la enmienda no mejora el texto y votaremos en contra.


Enmienda número 13. Se propone que en el artículo 13 se incorpore un nuevo apartado 4, según el cual el juez dará traslado al ministerio fiscal cuando reciba una solicitud de ejecución, para que informe sobre ella con carácter previo. Se trata de un trámite no previsto en la decisión marco, señorías, cuyo artículo 6 dice que el reconocimiento de la resolución se producirá sin más trámite y que, en consecuencia, puede chocar con el automatismo que pretende la norma europea. Se considera innecesaria, por tanto, esa intervención del ministerio fiscal, que ya puede recurrir la decisión del juez de lo Penal -artículo 19.1 del proyecto-. Además, el apartado 1 del mismo artículo 13, no enmendado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, señala igualmente los términos sin más trámite.
Anunciamos, por tanto, nuestro voto en contra de la enmienda.


Enmienda número 17. Se refiere al artículo 15.1, párrafo segundo, y sugiere hablar de postulación procesal en lugar de hablar de asistencia letrada. Nuestro grupo considera que el término empleado en la norma es el más adecuado dado que la postulación procesal se refiere a la representación del interesado, cuando la norma quiere expresar específicamente la no necesidad de la asistencia letrada y las garantías de defensa que aquella puede aportar. Se refiere a un término mucho más concreto en cuanto a la asistencia letrada. Por tanto, votaremos en contra de la enmienda en caso de que se mantenga viva en el momento de la votación.


La enmienda 18 se refiere al artículo 16.4 y guarda relación con la conversión a euros de una sanción impuesta en otra divisa aplicando el tipo de cambio vigente en el momento en que aquella se impuso. El Grupo Parlamentario Popular pretende incorporar la expresión «con independencia de que el pronunciamiento haya sido objeto de confirmación posterior».
Señorías, nuestro grupo no alcanza a entender el sentido de esta enmienda por cuanto únicamente son susceptibles de ejecución las resoluciones cuando estas hubieran alcanzado firmeza. Por eso carece de sentido añadir la previsión de cualquier confirmación posterior. Por ello, anunciamos también nuestro voto en contra, porque empeora claramente el texto del proyecto de ley.


La enmienda número 19 se refiere al artículo 17.1, y con ella se propone suprimir parte del segundo párrafo. Este párrafo fue introducido con buen criterio en el Congreso mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y se debe mantener. Es más, el párrafo en cuestión es precisamente coherente con nuestra Constitución, a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular mantuviera en la comisión que no es así. El artículo 25.3 señala que la Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o indirectamente impliquen la privación de libertad y, por ello, el precepto viene a aclarar e impedir que en nuestro derecho se pueda aplicar como sanción alternativa a la pecuniaria la de privación de libertad cuando quien hubiera impuesto la sanción fuese una autoridad gubernativa, aunque esa sanción fuese recurrible en vía penal. En consecuencia, votaremos en contra de dicha enmienda.


En cuanto a la enmienda número 20, que modifica el artículo 19 para dar carácter suspensivo en algunos supuestos a la interposición de un recurso y elevar de cinco a quince días el plazo para que el informe del órgano judicial del Estado emisor. En relación a la suspensión de la ejecución, esta sería contraria a la decisión marco, que no contempla excepciones a la ejecución -antes hemos hablado del automatismo que pretende dicha decisión-, e igualmente, tratándose de sanciones pecuniarias, la estimación del recurso supondría la devolución de la cantidad sin más consecuencias. Es un tema de recursos económicos. Es más, los tribunales españoles son reacios a considerar la suspensión cautelar de las sanciones de carácter pecuniario si las sanciones provienen de resoluciones judiciales firmes de dichos países o fueron susceptibles de recurso en la jurisdicción penal de origen. Respecto a la ampliación del plazo de alegaciones del juez del Estado emisor, es innecesaria y contraria a la celeridad que la decisión marco pretende imponer en esa cooperación entre órganos judiciales en esta materia.


Paso a la enmienda número 2 que el Grupo Popular mantiene con relación al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. He de decirles, señorías, que la enmienda pretende la incorporación de términos judiciales cuando se hace referencia a las autoridades competentes. Consideramos que el término empleado en la redacción original es más amplio, incluye, por tanto, a las autoridades judiciales competentes, y es el más adecuado. Además, la enmienda es incoherente con el informe de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Estado y es contraria a la variación del nombre del propio proyecto de ley; el anteproyecto, inicialmente, aludía a resoluciones judiciales y cambió su nombre por uno más genérico, el que ahora se utiliza. Además, esta enmienda se contradice con las previsiones de la decisión marco por cuanto excluiría la aplicación en nuestro derecho de dos supuestos admisibles en la cooperación prevista, esto es, la de una resolución que emane de una autoridad distinta a la de un órgano judicial respecto de una infracción penal contemplada en la legislación del Estado de emisión, siempre que la persona interesada tenga la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en materia penal. Sirva de ejemplo, señorías, el caso de Suecia, que cita el profesor López Escudero. Suecia permite que la fiscalía o la policía impongan sanciones penales para delitos menos graves cuando el sospechoso admite la culpabilidad y acepta la multa con un límite económico determinado. Pero hay un segundo supuesto, que es cuando la resolución emane de una autoridad distinta a un órgano jurisdiccional respecto de los hechos punibles con arreglo al dere-

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cho nacional -no ya al derecho penal, sino al derecho nacional, pues estamos hablando del derecho administrativo- cuando el Estado de emisión por constituir una infracción a normas de carácter legal, siempre que la persona interesada tuviera la oportunidad de recurso ante la vía judicial penal, es decir en sanciones impuestas por una autoridad gubernativa o administrativa. Es más -y con ello concluyo, señor presidente-, el propio texto de la ley ordinaria, no la orgánica, señala en su disposición adicional primera que, en el caso del Reino Unido y de la República de Irlanda, la notificación se puede realizar a través de la autoridad o autoridades centrales especificadas en una declaración depositada ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.


Por tanto, porque violaría las previsiones del resto de los textos que estamos manejando, consideramos que debería votarse en contra. Nuestro grupo, en lógica coherencia con lo dicho, así lo hará.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Turno de portavoces.


¿Grupo Mixto? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré con mucha brevedad.


En primer lugar, quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión. Nuestro grupo había presentado una enmienda a este proyecto de ley que no pude defender en la comisión por razones que no vienen al caso pero que me impidieron estar presente.
Por este motivo, le pedí al portavoz socialista que defendiera mi enmienda -tal y como él hizo-, la cual prosperó sin el voto del Grupo Parlamentario Socialista. Por otro lado, hoy he tenido conocimiento de que el Grupo Parlamentario Socialista no va a presentar voto particular y que, por tanto, hacen suya esta enmienda. Con lo cual, la enmienda -que, de acuerdo con la normativa constitucional y los estatutos, tiene en cuenta las lenguas oficiales del conjunto del Estado- contará con el consenso de toda la Cámara.


Señorías, estos dos proyectos de ley se van a aprobar con un altísimo nivel de consenso, pues las enmiendas que hoy se mantienen son algunas de las pocas del Grupo Parlamentario Popular que no se aprobaron en comisión. En definitiva, se trata de un proyecto de ley que cuenta con un amplio consenso en la Cámara.


Por lo tanto, con la satisfacción de que nuestra enmienda haya contado con el acuerdo de todos los grupos, y agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista su deferencia, así como el apoyo manifestado por el resto de los grupos, anuncio nuestro voto favorable.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del Diario de sesiones): «Gràcies, president. Bon dia. Una vegada més he de començar la meva intervenció expressant la meva protesta pel fet que no es pugui utilitzar amb tota normalitat la llengua catalana en aquest Senat.»

En otras palabras, decía que, nuevamente, he de empezar mi intervención protestando por la imposición del uso del castellano en esta Cámara.


Los proyectos que hoy debatimos podemos calificarlos de técnicos, pues su trasfondo político no es otro que la construcción práctica de la Unión Europea, en la que, afortunadamente, participamos de unos consensos básicos que nos permiten avanzar. Por ello, apoyamos globalmente estos proyectos de ley, pues suponen un nuevo paso en la creación de un espacio común europeo de justicia en una cuestión fundamental como es el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.


Durante el trámite en comisión se mejoró el texto en cuestiones formales, pero importantes, especialmente con la incorporación de una enmienda al artículo 13, en virtud de la cual, cuando el certificado que acompaña la resolución de ejecución de una sanción pecuniaria no venga traducido al castellano o a cualquiera de las demás lenguas del Estado en los ámbitos territoriales en los que tienen carácter de lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, se requerirá la traducción correspondiente. Es decir, que ahora el texto reconoce y aplica el régimen de oficialidad de nuestras lenguas que rige en el Estado español. Por ello, nos parece importante que lo haga también en el marco de la trasposición de una normativa europea y en relación con las actuaciones judiciales dentro de la Unión Europea.


Quiero expresar nuestra satisfacción por que el Grupo Parlamentario Socialista haya retirado su voto particular y se sume a la mayoría, que ahora va a ser unánime, para defender nuestro marco jurídico plurilingüe.
La redacción original -cuando el certificado que acompaña la resolución de ejecución de una sanción no venga traducido al español requerirá traducción- no era, desde nuestro punto de vista, ajustado a nuestro marco jurídico. En primer lugar, porque la referencia al español para denominar al castellano en un texto jurídico con rango de ley era, cuando menos, inadecuado y confuso a la luz de la Constitución, ya que esta, en su artículo 3, no habla de una sola lengua española, sino de lenguas españolas y del castellano, no del español, como lengua española oficial del Estado. Pero aún hay más, porque la propia Constitución deja bien claro que esta oficialidad del castellano no excluye la

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oficialidad de las otras lenguas, al contrario, afirma que estas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.


Por lo demás, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 171.4, dice literalmente: las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. Esto quiere decir que si un órgano judicial europeo presenta un documento en catalán ante un órgano judicial radicado en Cataluña, este debe aceptarlo sin requerir traducción al castellano.


Así pues, en el nuevo redactado existe una disposición que reconoce la oficialidad del castellano y de las demás lenguas en plena armonía con el texto constitucional, con los estatutos y con la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Hoy damos un paso importante en relación con una ley sin gran debate político; toda la Cámara, por unanimidad, apoya el plurilingüismo. Para que nuestra satisfacción sea plena -y cuando digo nuestra, creo que puedo referirme a la de todo el Senado- ahora se trata de que tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista trasladen dicho acuerdo al Congreso de los Diputados, para que así terminemos definitivamente con el doble lenguaje en relación con esta cuestión, de manera que se haga efectivo este reconocimiento del derecho al uso de nuestras lenguas en ámbitos como el de la justicia y la Unión Europea, muy importantes para su desarrollo.


Quiero agradecer expresamente también al Grupo Parlamentario Popular que apoyara ya en la comisión este nuevo redactado, acorde con el plurilingüismo del Estado. Nos alegra su posición, y hoy la del Grupo Parlamentario Socialista, porque esperamos que sea un buen augurio para acabar con la utilización de las lenguas como arma arrojadiza en el debate político.


(El señor senador continúa su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Per acabar, aprofito l'oportunitat d'aquest acord per emplaçar-los perquè aquí al Senat, on només depèn de vostès, ens asseguem a parlar i fem el que calgui perquè puguem usar amb normalitat en aquest Ple unes llengües que són de tots i principalment de tots els que les parlem més enllà de diferències polítiques o ideològiques.»

Les decía que, para terminar, aprovecho la oportunidad de este acuerdo para emplazarles, de manera que en el Senado, donde solo depende de ustedes, nos sentemos a hablar y demos los pasos necesarios para que podamos usar con normalidad en el Pleno unas lenguas que son de todos y, principalmente, de todos los que las hablamos, por encima de diferencias políticas o ideológicas.


Moltes gràcies, president.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Pestana.


El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente, desde el escaño.


En definitiva, señorías, se trata del tercer paso que damos en el ordenamiento jurídico español para el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, como base de lo que denominamos un espacio judicial europeo. Por tanto, anuncio el voto favorable a ambos proyectos de ley.


Señorías, es evidente que la cooperación judicial en materia civil y penal ha de fundarse en la confianza mutua, en la seguridad de que las resoluciones que se van a reconocer y ejecutar cumplen los criterios de legalidad y proporcionalidad.


Con estos proyectos de ley se pretende la trasposición de la decisión marco 2005/214 del Consejo, de 24 de febrero, y tienen por objeto regular los dos procedimientos de los que hemos hablado con anterioridad: el reconocimiento de resoluciones de otros países de la Unión Europea en nuestro Estado y de resoluciones de nuestro Estado en el resto de países de la Unión Europea.


Obviamente, el proyecto de modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial realiza también los ajustes necesarios para incorporar en esta norma el importante paso que pretendemos dar con la trasposición de la decisión marco a la que antes he aludido.


En definitiva, y tal y como expresamos en comisión, se trata de dos excelentes normas que suponen un paso más a la hora de crear con solidez un espacio judicial europeo, reduciendo la posibilidad de que en el ámbito de la Unión Europea se establezcan áreas de impunidad.


Quiero expresar mi agradecimiento a quienes han participado y colaborado en la mejora del texto, a los partidos enmendantes y a sus portavoces, a mi compañero Mario Bedera Bravo, a nuestros asesores parlamentarios, en especial a nuestro compañero Julio Prieto, y al letrado, cuyos sabios consejos también nos permiten hoy disponer, a nuestro parecer, de un mejor texto.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.


Señorías, me gustaría recordar al senador Casas -que seguramente estará conforme conmigo- que quien aprobó la propuesta que recogía la enmienda fue el Partido Popular en la Comisión de Justicia y que el Partido Socialista, desde hoy, simplemente se ha sumado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Por otro lado, he tenido la oportunidad de indicar que los proyectos de ley tienen un principal contenido procesal y debemos lograr una correcta trasposición a nuestra legislación nacional del contenido de la decisión marco de 24 de febrero de 2005.


Las enmiendas a ambos proyectos de ley, que hemos defendido, simplemente pretenden mejorarlos técnica-

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mente. Se emplean términos vagos, imprecisos e inapropiados en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico, incumpliéndose así con lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, que establece que las normas deben, para su interpretación, corresponder con el sentido propio de sus palabras, el contexto en el que se encuentran los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que debe ser aplicada.


Se confunde la asistencia letrada con la postulación procesal; se dejan fuera las ejecuciones de las resoluciones dictadas en única instancia por el Tribunal Supremo, privando así de la posibilidad de aplicación de la ley a los títulos de ejecución generados por nuestro alto tribunal ordinario, y se comete un grave error al dejar la puerta abierta a que una eventual sanción administrativa o judicial pueda ser sustituida por una pena privativa de libertad.


En materia de competencia ocurre exactamente igual. La norma traspuesta debe fijar con claridad que solo un juzgado español puede abordar esas tareas de cooperación, debiéndose determinar el fuero entre los distintos juzgados que pueden resultar con competencia objetiva, la redundancia al hacerse mención sobre la lengua oficial de las instituciones comunitarias o el control de doble tipificación exigido para los tipos penales del artículo 12.2 del proyecto de ley, adoleciendo en otros casos de concretar el listado de penas, tal y como ocurre con el artículo 13.1 del proyecto.


Por otra parte tampoco se hace referencia al correo electrónico después del correo certificado, y en ese mismo precepto se olvida la falta de traslado de la solicitud al ministerio fiscal para que emita informe con carácter previo a la adopción de la decisión judicial favorable o desfavorable al reconocimiento de la sanción pecuniaria.


Y en cuanto a la previsión de que los recursos de reforma o subsidiarios de apelación no tengan efecto suspensivo, sino solo el efecto devolutivo, mi grupo parlamentario propone que nos encontremos ante un sistema que permita avanzar el proceso ejecutivo que ahora regulamos, pese a la interposición del recurso, y que permita una efectiva protección en las expectativas del ejecutante.


Por último quiero simplemente añadir respecto de la enmienda presentada al proyecto de ley orgánica que abogamos también por el reforzamiento de la competencia excluyente de jueces y magistrados, al ser estos los únicos que pueden ejercer la función jurisdiccional para transmitir el testimonio remitido desde otro Estado miembro.


Creemos, señorías, que con la aprobación de las presentes enmiendas conseguimos el propósito de todo legislador interno, cual es trasponer lo más fielmente posible una norma europea de obligado cumplimiento.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Una vez finalizado el debate, procedemos a la votación por separado de ambos proyectos de ley.


Vamos a votar primero, como he indicado antes, el proyecto de ley ordinaria y luego votaremos el proyecto de ley orgánica.


En primer lugar, votamos las enmiendas subsistentes del Grupo Popular números 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20. No hay ninguna petición de votación separada, por lo que podemos votarlas conjuntamente.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 118; en contra, 127.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Quedan rechazadas.


La propuesta de modificación con número de registro 12502, firmada por todos los grupos parlamentarios, es más bien de carácter técnico, como conocen ya todos los grupos parlamentarios, ¿se podría aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada por asentimiento.


Votamos las modificaciones al proyecto de ley introducidas en el dictamen de la comisión y no afectadas por las votaciones anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 243.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Quedan aprobadas las modificaciones introducidas en comisión por la unanimidad de los presentes.


Votamos el resto del dictamen.


¿Se puede aceptar una votación por asentimiento? ¿Alguien se opone? Si alguien se opone, que lo diga ahora. (Pausa.)

Si nadie se opone, queda aprobada por asentimiento. (Aplausos.)

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el Rey.


A la Ley Orgánica queda viva la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Votamos, en primer lugar, esta enmienda.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 117; en contra, 127.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Queda rechazada.


Ahora vamos a votar las modificaciones al proyecto de ley orgánica introducidas en el dictamen de la comisión y no afectadas por la votación anterior.


¿Se podría aceptar una votación por asentimiento en este caso? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas por asentimiento.


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Ahora votaremos el resto del proyecto de ley orgánica, en el que no ha habido modificaciones.


¿Se puede interpretar que también se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobado por asentimiento.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad el Rey.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE ARAGÓN Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA ASISTENCIA SANITARIA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA ZONA LIMÍTROFE ENTRE LAS DOS COMUNIDADES (Número de expediente Senado 592/000008 y número de expediente Congreso 093/000008).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto séptimo del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de Convenios entre comunidades autónomas. En primer lugar, Convenio específico de colaboración entre la comunidad de Aragón y la comunidad de Castilla y León para la Asistencia Sanitaria en Urgencias y Emergencias en la zona limítrofe entre las dos comunidades. No se han presentado propuestas respecto a que la celebración de este convenio necesite autorización de las Cortes Generales. ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.


CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE ARAGÓN Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA (Número de expediente Senado 592/000009 y número de expediente Congreso 093/000008).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Convenio específico de colaboración entre la comunidad de Aragón y la comunidad de Castilla y León para la Atención Primaria y Especializada. No se han presentado propuestas respecto a que la celebración de este convenio necesite autorización de las Cortes Generales. ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.


CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE ARAGÓN Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA (Número de expediente Senado 592/000010 y número de expediente Congreso 093/000008).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Convenio marco de colaboración entre la comunidad de Aragón y la comunidad de Castilla y León para la coordinación en materia de Asistencia Sanitaria. No se han presentado propuestas respecto a que la celebración de este convenio necesite autorización de las Cortes Generales. ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


DECLARACIÓN DE CIERTOS GOBIERNOS EUROPEOS EN RELACIÓN CON LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE LOS LANZADORES ARIANE, VEGA Y SOYUZ DESDE EL CENTRO ESPACIAL DE LA GUAYANA, HECHO EN PARÍS EL 30 DE MARZO DE 2007. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Número de expediente Senado 610/000003 y número de expediente Congreso 110/000010).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto octavo nuevo del orden del día: Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.


Declaración de ciertos Gobiernos europeos en relación con la fase de explotación de los Lanzadores Ariane, Vega y Soyuz desde el Centro Espacial de la Guayana, hecho en París el 30 de marzo de 2007. Se tramita por el procedimiento de urgencia.


No se han presentado propuestas. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Se autoriza.


Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y cincuenta minutos.

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